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RI-139/2013
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA
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RECURSO DE INCONFORMIDAD: EXPEDIENTE No. RI-139/2013 RECURRENTE: JOSÉ ANTONIO ESTRADA PONCE ORGANO RESPONSABLE: CONSEJO GENERAL ELECTORAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA TERCERO INTERESADO: COALICIÓN COMPROMISO POR BAJA CALIFORNIA Y MARÍA ALICIA MARTÍNEZ MENDOZA MAGISTRADO PONENTE: ARMANDO BEJARANO CALDERAS
SECRETARIA DE ESTUDIO Y CUENTA: CECILIA RAZO VELASQUEZ
Mexicali, Baja California, nueve de septiembre de dos mil trece.----
V I S T O S para resolver los autos del expediente RI-139/2013,
formado con motivo del RECURSO DE INCONFORMIDAD (sic)
interpuesto por JOSÉ ANTONIO ESTRADA PONCE, en su
carácter de integrante de la Planilla de Munícipes de Mexicali, Baja
California, postulado por el Partido Movimiento Ciudadano, en
contra del “CÓMPUTO RELATIVO A LA ASIGNACIÓN DE
SÍNDICO SOCIAL Y DE REGIDORES POR EL PRINCIPIO DE
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL PARA INTEGRAR EL
XXI AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MEXICALI DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA”, y
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R E S U L T A N D O:
I. ANTECEDENTES
a) El siete de julio de dos mil trece1, se eligieron en el Estado,
Gobernador, Munícipes a los Ayuntamientos y Diputados del
Congreso del Estado.
b) El dieciséis de julio, el Consejo General Electoral del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana de Baja California -en
adelante Consejo General-, en la Vigésima Séptima Sesión
Extraordinaria, llevó a cabo el cómputo de la elección de
Munícipes al Ayuntamiento de Mexicali, Baja California,
mismo que arrojó los resultados siguientes:
PARTIDO POLÍTICO O COALICIÓN NÚMERO DE VOTOS
COALICIÓN “ALIANZA UNIDOS POR
BAJA CALIFORNIA”
133,220
COALICIÓN “COMPROMISO POR
BAJA CALIFORNIA”
111,225
PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO 17,944
VOTOS VÁLIDOS 262,482
VOTOS DE CANDIDATOS NO
REGISTRADOS
888
VOTOS NULOS 8,194
VOTACIÓN TOTAL 271,277
c) El veintidós de agosto, en su Vigésima Novena Sesión
Extraordinaria, el Consejo General realizó, entre otros, la
“ASIGNACIÓN DE SÍNDICO SOCIAL Y DE REGIDORES
1 Las fechas que se citan en esta sentencia corresponden a este año de 2013, salvo mención
expresa en contrario.
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POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL PARA INTEGRAR EL XXI
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MEXICALI DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA”, correspondiendo a la
Coalición “Compromiso por Baja California”, la constancia de
Síndico Social para integrar el XXI Ayuntamiento de Mexicali,
Baja California.
II. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO
Disconforme con la asignación precisada en el inciso c)
anterior, el veintiséis de agosto, JOSÉ ANTONIO ESTRADA
PONCE presentó ante el Consejo General el recurso que
nos ocupa.
III. DE LA PUBLICIDAD
A las veinte horas con veintiséis minutos del veintiséis de
agosto, la autoridad responsable, en cumplimiento al artículo
406, fracción II de la Ley de Instituciones y Procedimientos
Electorales de Baja California -en lo subsecuente la Ley-, hizo
del conocimiento público la interposición del recurso; cabe
manifestar, que dentro del plazo de publicidad se
presentaron como terceros interesados la Coalición
“Compromiso por Baja California” y María Alicia Martínez
Mendoza, respectivamente.
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IV. DE LA RECEPCIÓN Y TURNO DEL RECURSO EN EL
TRIBUNAL
a) El treinta de agosto, el Secretario Fedatario del Consejo
General remitió a este Tribunal de Justicia Electoral -en
adelante Tribunal-, el recurso materia de la presente, rindiendo
el informe circunstanciado en términos de la fracción V, del
artículo 408 de la Ley, y anexando los documentos a que se
refiere dicho precepto.
b) Una vez recibido el recurso en Oficialía de Partes de este
Tribunal y turnado a la Secretaría General de Acuerdos, se le
asignó por ésta el número de expediente RI-139/2013, y por
Acuerdo de Presidencia de la misma fecha, se designó como
encargado de la instrucción y substanciación del mismo al
Magistrado Armando Bejarano Calderas.
V. DOCUMENTOS RECIBIDOS
El cinco de septiembre, se recibió en Oficialía de Partes de
este órgano jurisdiccional, escrito signado por el recurrente,
mediante el cual señala domicilio para oír y recibir
notificaciones y autoriza para tales efectos a la persona que
en el mismo se menciona.
VI. DEL AUTO DE ADMISIÓN Y CIERRE DE INSTRUCCIÓN
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El ocho de septiembre de dos mil trece, se admitió a trámite
el presente recurso, así como todas y cada una de las
pruebas ofrecidas por las partes, las cuales acorde a su
naturaleza se tuvieron por desahogadas; en ese mismo Auto
se acordó el cierre de instrucción, ordenando formular el
proyecto de resolución, y
C ON S I D E R A N D O:
PRIMERO. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. El Tribunal de
Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado de Baja California,
tiene jurisdicción y es competente para conocer y resolver el
presente RECURSO, como máxima autoridad jurisdiccional estatal
encargada de garantizar que los actos y resoluciones electorales
se sujeten invariablemente al principio de legalidad, con
fundamento en los artículos 116, fracción IV, inciso b) de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5 Apartado
D, 57, párrafo sexto y 68 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Baja California; 398, 399, fracción III, 402,
fracción IX y demás relativos y aplicables de la Ley, este último
relativo al recurso de revisión.
Lo anterior, porque si bien en la demanda que dio origen al
presente expediente, el actor expresa que promueve Recurso de
Inconformidad (sic), lo cierto es que se trata de un Recurso de
Revisión, dado que el acto que se combate es, prima facie, la
asignación de munícipes por el principio de representación
proporcional, efectuada por el Consejo General, que se
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controvierte a través de dicho medio de impugnación, en términos
del artículo 402, fracción IX de la Ley; de ahí que lo procedente sea
reencauzarlo en esta vía, con independencia que se le haya
identificado con el carácter de Recurso de Inconformidad.
SEGUNDO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Previo al
examen de fondo, este Tribunal analizará la existencia o no de
causales de improcedencia, por ser su examen oficioso y
preferente, dado que se trata de una cuestión de orden público.
En la especie, la responsable considera que en el presente
expediente se actualizan las causales de improcedencia previstas
en las fracciones II y V del artículo 415 de la Ley, consistentes en
que se impugnen, por quién no tenga personería, legitimación o
interés jurídico; así como actos o resoluciones respecto de las
cuales hubiere consentimiento expreso o tácito; aunado a que
señala que “el recurrente promueve el presente medio de
impugnación por la vía del recurso de inconformidad y no la
idónea, como lo es el recurso de revisión para el presente recurso”
Respecto de la causal relativa a la personería, legitimación o
interés jurídico con la que se ostenta el impugnante, la
responsable manifiesta que: “es necesario que los sujetos
legitimados para el ejercicio de la acción impugnativa, a través de
los medios de impugnación previstos en la legislación electoral
aduzcan ante las autoridades electorales competentes para
conocer tale vías de defensa, que se realizaron hechos concretos,
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constitutivos de violación, generalizada y sistemática, en grado
importante, desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo, de los
principios rectores mencionados.”
Al efecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación -en lo subsecuente Sala Superior- se ha pronunciado
en la Jurisprudencia 36/20092, de rubro: “ASIGNACIÓN POR EL
PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. ES
IMPUGNABLE POR LOS CANDIDATOS A TRAVÉS DEL JUICIO
PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO” sosteniendo que la
asignación por el principio de representación proporcional, sí es
impugnable por los candidatos postulados a cargos de elección
popular bajo dicho principio, cuando consideran que de haberse
aplicado correctamente las reglas y fórmulas del procedimiento
respectivo, habrían obtenido una constancia de asignación de
diputado federal de representación proporcional, por lo que mutatis
mutandis es aplicable en el orden local al cargo de diputado local o
regidor, por el principio de representación proporcional.
De lo contrario, los candidatos quedarían en estado de
indefensión, al estar supeditados a la voluntad del partido o
coalición que los postuló respecto a la decisión de combatir un
acto que les perjudica directamente.
Además, debe ponderarse que se trata de un recurso en el que se
involucra el derecho político-electoral de ser votado del actor, el
2 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, Año 3, Números 5, 2010, Página 18.
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cual en su carácter de candidato a munícipe por el Ayuntamiento
de Mexicali, Baja California, aduce interés jurídico para impugnar,
toda vez que reclama la presunta vulneración del citado derecho -
derecho sustancial- merced a la incorrecta aplicación de la Ley que
dice le impide integrar el referido Ayuntamiento -planteamiento para
obtener el dictado-, y, en consecuencia de ello, solicita a este
Tribunal -intervención del órgano jurisdiccional- la correcta aplicación de
la Ley.
Dicho de otra manera, se trata de la probable vulneración de un
derecho fundamental que requiere de tutela incluso de manera
extensiva, en aras de salvaguardar la justicia, colocando el interés
de la persona en el centro de la función jurisdiccional cuando de
resolución de controversias atinentes a derechos fundamentales
se trate.
Ello es acorde con lo sostenido en reiteradas ocasiones por la Sala
Superior, en el sentido que la interpretación de los derechos
fundamentales de carácter político-electoral debe hacerse con un
criterio extensivo, toda vez que no se trata de una excepción o de
un privilegio, sino de derechos consagrados constitucionalmente,
como son los derechos de votar, ser votado, de asociación y de
afiliación, con todas las facultades inherentes a tales derechos.
En esa medida las disposiciones constitucionales sobre derechos
humanos, en la especie, el derecho de voto pasivo y el acceso a la
jurisdicción demandan una interpretación extensiva y correctora,
fundada en el principio pro homine que establece el segundo
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párrafo del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
En efecto, dicho estándar interpretativo autoriza ampliar el
significado de las normas de derechos humanos para comprender
dentro de las mismas situaciones que no están expresamente
incluidas en su ámbito de aplicación, siempre que con ello queden
mejor protegidos los derechos fundamentales de la persona. Esta
tesis presupone una doctrina de la interpretación constitucional
que prescribe que a la Constitución se le interprete de modo que
se circunscriba lo más posible el poder del Estado en beneficio de
los ciudadanos y, al mismo tiempo, se amplíe la esfera de los
derechos. De suerte que se realice a la par una interpretación
restrictiva de todas las disposiciones que confieren poderes a los
órganos del Estado y una interpretación extensiva de todas las
disposiciones constitucionales que reconozcan derechos
fundamentales.
La teoría jurídica contemporánea ha dejado de poner el énfasis en
la estructura de la norma, en la validez formal o en el
ordenamiento en su conjunto, para trasladar la atención al
operador jurídico con un objetivo determinado: proteger derechos
fundamentales.
En ese sentido, el acceso a la justicia es un derecho fundamental
que sólo puede restringirse a través de disposiciones de rango
constitucional o legal que sean idóneas, necesarias y
proporcionales para alcanzar los fines de un Estado constitucional
de Derecho.
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Bajo ese contexto, esto es, los criterios de interpretación de los
derechos fundamentales y la importancia de que gozan los
operadores jurídicos, es válido y procedente interpretar
extensivamente una disposición que regula un derecho
fundamental como lo es el acceso a la justicia para atribuir a su
texto, no su significado literal más inmediato, sino uno diverso,
directamente relacionado con el principio fundamental de acceso a
la jurisdicción.
Lo anterior, es así dado que de la literalidad del artículo 402 de la
Ley que establece los sujetos legitimados para interponer el
Recurso de Revisión que es el medio de impugnación previsto
para controvertir asignación de munícipes por el principio de
representación proporcional efectuada por el Consejo General, no
prevé su interposición por parte de un candidato que contendió en
la elección. Más aún, la Ley no le otorga vía alguna para
cuestionar la referida asignación, incluso no se le reconoce la
calidad de coadyuvante en caso de que el partido o coalición que
lo postuló interpusiera el recurso; en otras palabras, carece de
posibilidad jurídica para promover algún medio de impugnación
encaminado a su defensa.
Luego, es necesario vía interpretativa adscribirle a la disposición,
esto es, al texto lingüístico del artículo 402 precitado, un
significado que amplíe o comprenda la legitimación de los
candidatos como en el caso, esto es, extraer una norma que con
ese contenido proteja de mejor forma el derecho fundamental del
actor consistente en la tutela judicial efectiva; aun cuando en
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apariencia se desnaturalice el sistema de medios de impugnación
electoral o que se desvirtúe la finalidad que determinó el legislador
al instituir esos medios jurisdiccionales de defensa electoral.3
Sostener lo contrario, como lo ha dicho la Sala Superior,
entrañaría una restricción injustificada del derecho de acceso a la
jurisdicción que tiene todo ciudadano, para reclamar los actos que
considera afectan su esfera de derechos, con detrimento a la
garantía de tutela judicial efectiva amparada en el artículo 17 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (SUP-JDC-
28/2010).
En esa tesitura, se sostiene que José Antonio Estrada Ponce
cuenta con interés jurídico y legitimación para impugnar la
asignación de munícipes por el principio de representación
proporcional efectuada por el Consejo General.
En otro punto, como se indicó en el considerando precedente, si
bien es cierto el recurrente señala como vía de impugnación el
recurso de inconformidad, igualmente cierto es que el acto que
combate es, prima facie, la asignación de munícipes por el principio
de representación proporcional, efectuada por el Consejo General,
supuesto previsto en el artículo 402, fracción IX de la Ley.
Ahora bien, la Sala Superior ha sostenido en la Jurisprudencia
9/20124 de rubro “REENCAUZAMIENTO. EL ANÁLISIS DE LA
3
Galván Rivera, Flavio, “Justicia Electoral”, a veinticinco años de distancia, estudios, reflexiones y anécdotas, Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la República Mexicana, México, D.F., 2012, p.34. 4 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, Año 3, Número 10, 2012, Páginas 34 y 35.
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PROCEDENCIA DEL MEDIO DE IMPUGNACIÓN
CORRESPONDE A LA AUTORIDAD U ÓRGANO
COMPETENTE” que en los casos en que el promovente
equivoque la vía y existiendo otra que contemple el supuesto
normativo, como es el caso, procederá el reencauzamiento del
medio de impugnación, sin prejuzgar sobre la procedencia del
mismo, con lo que se garantiza el derecho fundamental de acceso
a la justicia.
Por ello, es que esta autoridad determinó que habiendo
equivocado la vía, es procedente decretar el reencauzamiento al
Recurso de Revisión.
Finalmente, la responsable hace valer la causal consistente en que
hubiere consentimiento expreso o tácito del acto impugnado, sin
embargo, se hace patente la voluntad del doliente de controvertir
el cómputo relativo a la asignación del síndico social y regidores
por el principio de representación proporcional para integrar el XXI
Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, al promover el presente
medio de impugnación en la forma y tiempo debidos, como se
evidencia en el sello de recepción por parte de la autoridad
responsable del libelo recursal, que para mayor claridad se inserta
a continuación:
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En efecto, el acto que hoy se impugna fue emitido por el Consejo
General, el veintidós de agosto del año corriente, y el recurrente
promovió el presente recurso el veintiséis del mismo mes y año, es
decir cuatro días después de su emisión, por lo que se encontraba
dentro del plazo establecido en el artículo 411 de la Ley.
Se robustece lo anterior con la ratio decidendi contenida en la
Jurisprudencia 15/985 emitida por la Sala Superior, que a la letra
dice:
“CONSENTIMIENTO TÁCITO. NO SE DA SI SE INTERPONE UNO DE VARIOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN ALTERNATIVOS PARA COMBATIR EL ACTO.- El consentimiento tácito se forma con una presunción en la que se emplean los siguientes elementos: a) la existencia de un acto pernicioso para una persona;
5
Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 2, Año 1998, Página 15.
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b) la fijación de un medio de impugnación para combatir ese acto, dentro de un plazo determinado, y c) la inactividad de la parte perjudicada durante el citado plazo. Esto en razón de que, cuando una persona está en posibilidad de combatir un acto que la perjudica, pero únicamente dentro de un plazo determinado, y no obstante se abstiene de hacerlo, resulta lógicamente admisible inferir que se conformó con el acto. Sin embargo, cuando el afectado dispone de dos o más medios para impugnar, indistintamente, un acto o resolución, el hecho de que no ocurra a uno de ellos no es elemento suficiente para formar la inferencia indicada, especialmente si expresa de manera clara y contundente su voluntad de combatirlo mediante la utilización del medio legal distinto, previsto para el mismo efecto.”
En esa tesitura, del contenido de la trasunta Jurisprudencia se
puede advertir que no se actualiza el consentimiento tácito cuando
se expresa claramente la voluntad del recurrente de controvertir el
acto que a su dicho le causa perjuicio.
En razón de lo anterior, se desestima la causal de improcedencia
prevista en el artículo 415 fracción V, de la Ley.
Por lo anterior, procede entrar al estudio de fondo de la cuestión
planteada, máxime que del medio de impugnación no se advierte
prima facie si impugna la asignación del Síndico Social o la de
regidores por el principio de representación proporcional, lo que
constriñe a este Tribunal a realizar pronunciamiento respecto de lo
planteado, y en consecuencia, asomarse a cuestiones de fondo
para decidir lo concerniente a la vulneración de los principios a que
se refiere el impetrante.
TERCERO. RESUMEN DE LOS AGRAVIOS, DEL INFORME
CIRCUNSTANCIADO Y DE LOS ESCRITOS DE TERCEROS
INTERESADOS
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I. En breve, aduce el recurrente en sus “Conceptos de
Agravio”, lo siguiente:
a) Que se le niega su derecho a integrar el Cabildo del XXI
Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, toda vez que se
introdujo la figura del Síndico Social, que acorde a la Ley es
una posición de representación proporcional, que no
corresponde a la votación de mayoría, sin embargo, se
asigna sin justificación legal, teleológica, funcional, doctrinal
a la segunda minoría o segundo lugar en la elección, en
demerito de las diversas fuerzas electorales que hubieren
contendido en la elección a munícipes.
b) Que el artículo 35 de la Ley, concede inequitativamente al
segundo lugar electoral, al momento de hacer la asignación
a los partidos que hubieren rebasado el umbral del tres por
ciento de la votación municipal, un voto en cabildo, por lo
que hace a la primera asignación de regidores, cuando al
resto de las minorías, rebasado el tres por ciento,
únicamente les concede un voto, colocándolos en un plano
de disparidad por lo que hace a la representación de dichas
minorías en la operación y votaciones que se tomen en el
Ayuntamiento, dando con ello a una aplicación desvirtuada
del principio de representación proporcional, lo que sería
subsanable si correspondiera al recurrente.
c) Que no existe justificación legal ni lógica para tratar en
ventaja al segundo lugar en los comicios, por encima y en
perjuicio del resto de las minorías, lo que no sucede respecto
a los regidores de representación proporcional, quienes
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están en un plano de equidad pues se toman en cuenta los
votos obtenidos. En suma, que el síndico social no se asigna
por porcentajes de votación en donde todos contienden por
igual, sino que se privilegia al segundo lugar comicial,
cuestión de inequidad que debe ser reparada en sentencia.
d) Que la representación proporcional debe responder al
principio de equidad, por lo que ante el defecto de la Ley,
ésta puede ser inaplicada e integrada para hacer prevalecer
aquel principio, pues no puede tratarse desigual a los
iguales, como es el caso de la Coalición Compromiso por
Baja California y el Partido Movimiento Ciudadano, quienes
al momento de la primera asignación están en un plano de
igualdad.
II. La autoridad responsable, en defensa del acto recurrido,
en resumen, manifiesta:
Que el acto que se combate se encuentra apegado al principio
de legalidad electoral, por haberse fundado y motivado en
términos de la normatividad aplicable, dando con ello
cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 145, fracción XXVI,
383, 384, fracción II y 385 de la Ley.
III. Por lo que a los terceros interesados se refiere, en
esencia expresan:
a) Que el procedimiento de asignación que establece el artículo
35 de la Ley, se respetó a cabalidad, razón por la cual no es
dable conceder dos regidurías al Partido Movimiento
Ciudadano.
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b) Que el actor carece de interés jurídico para controvertir la
asignación de Síndico Social, ya que ésta se realiza de forma
individual y separada a la de regidores, en consecuencia, a
quien le correspondería impugnar, sería a quien aspiraba a tal
cargo.
c) Que hubo consentimiento expreso del acto que reclama, toda
vez que el Partido Político que lo postuló no hizo manifestación
en ninguno de los otros municipios de la entidad.
d) Que el recurrente centra su reclamo en la primer regiduría,
sin objetar la asignación de la segunda regiduría que sería en
todo caso el puesto al que aspira.
e) Que el recurrente pretende confundir a este Tribunal, al
interpretar que la asignación de Síndico Social y Regidores
forman parte de un mismo proceso, siendo el caso que son
procedimientos separados e individuales.
f) Que es falso que la asignación del Síndico Social no tenga
justificación legal, puesto que encuentra asidero en la
Constitución local, la cual de manera sencilla establece quien
debe ocupar dicho cargo.
g) Que la asignación de regidores se llevó a cabo en total
apego y observancia a lo instruido en el artículo 35 de la Ley, tal
como consta en el Dictamen Número 8 de la Comisión.
CUARTO. FIJACIÓN DE LA LITIS. Del examen de los agravios
expresados y demás constancias que obran en autos, se
desprende que la materia de la litis se centra en determinar si la
asignación de munícipes trastoca los principios de representación
proporcional y de equidad en la contienda, y por consecuencia, si
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al Partido Movimiento Ciudadano le corresponden dos regidurías
de representación proporcional, o si por el contrario, dicha
asignación encuentra sustento en Derecho, tal y como lo afirma la
autoridad responsable.
QUINTO. ESTUDIO DE FONDO. De la lectura integral del escrito
de demanda por el que se promueve el presente medio de
impugnación, se advierte que el actor se duele de la aplicación de
la porción normativa que contiene el artículo 35 de la Ley, con
relación a los numerales 32, 33 y 34 de la misma normativa,
habida cuenta que en términos del primero se asignó, según
señala, INEQUITATIVAMENTE el Síndico Social que integrará el
XXI Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, al segundo lugar en
la contienda electoral, que en el caso es la Coalición “Compromiso
por Baja California”, a quien por haber rebasado el umbral del tres
por ciento de la votación en el referido municipio se le concedió un
voto en el cabildo con dicha asignación, pero además se le
concedió otro voto por lo que hace a la primera asignación de
regidores, haciendo con ello una aplicación desvirtuada del
principio de representación proporcional, que sólo se subsanaría si
se concede al Partido Movimiento Ciudadano una posición
adicional de regidores, toda vez que por equidad y haber rebasado
igualmente el tres por ciento de la votación municipal, dicho
Partido debió recibir “DOS ASIGNACIONES DE
REPRESENTANTES EN CABILDO”, y en ese tenor, dicha
posición le correspondería al recurrente.
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En suma, el inconforme alega que el Síndico Social no se asigna
por porcentajes de votación “…en donde todos contiendan por
igual sino que se privilegia al segundo lugar comicial, cuestión de
inequidad que debe ser reparada en sentencia”, de ahí que
solicite la inaplicación de la Ley para hacer prevalecer el principio
de equidad, “…pues no puede tratarse desigual a los iguales, y la
Coalición Compromiso por Baja California y el Partido Movimiento
Ciudadano al momento de la primera asignación están en un plano
de IGUALDAD...”. (Énfasis añadido).
Para sustentar la lectura del escrito recursal y la identificación del
agravio con la connotación precisada, este Tribunal basa su actuar
en lo dispuesto en el artículo 442 de la Ley, en el sentido de que,
en los medios de impugnación como en el presente, se le impone
el deber de suplir las deficiencias u omisiones en los agravios,
cuando los mismos puedan ser deducidos claramente de los
hechos expuestos.
Lo anterior encuentra apoyo en la Jurisprudencia 4/996, de la Sala
Superior, de rubro:
“MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR. Tratándose de medios de impugnación en materia electoral, el juzgador debe leer detenida y cuidadosamente el ocurso que contenga el que se haga valer, para que, de su correcta comprensión, advierta y atienda preferentemente a lo que se quiso decir y no a lo que aparentemente se dijo, con el objeto de determinar con exactitud
6 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, Suplemento 3, Año 2000, página 17.
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la intención del promovente, ya que sólo de esta forma se puede lograr una recta administración de justicia en materia electoral, al no aceptarse la relación obscura, deficiente o equívoca, como la expresión exacta del pensamiento del autor del medio de impugnación relativo, es decir, que el ocurso en que se haga valer el mismo, debe ser analizado en conjunto para que, el juzgador pueda, válidamente, interpretar el sentido de lo que se pretende.
Tercera Época:
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-074/97. Partido Revolucionario Institucional. 11 de septiembre de 1997. Unanimidad de votos.
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-099/97. Partido Acción Nacional. 25 de septiembre de 1997. Unanimidad de votos.
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-058/99. Partido del Trabajo. 14 de abril de 1999. Unanimidad de votos.
La Sala Superior en sesión celebrada el catorce de abril de mil novecientos noventa y nueve, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria”.
En se orden de ideas, los motivos de reproche resumidos, resultan
INFUNDADOS, toda vez que contrario a lo manifestado por el
recurrente, en términos de la Ley la asignación del Síndico Social
que nos ocupa atiende al principio de representación proporcional
previsto en la misma y al de equidad en la contienda, como se
analiza a continuación:
El recurrente endereza sus denominados “Conceptos de agravio”
aduciendo primordialmente violación al principio de representación
proporcional, que se relaciona con el tema de sistema electoral,
por lo que se impone abordar a priori esta temática.
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El concepto de sistema electoral hace referencia a la existencia del
conjunto ordenado y coherente de elementos que, relacionados e
interdependientes entre sí, contribuyen al propósito de lograr la
cabal expresión de la voluntad popular a través de la emisión del
sufragio. Dicha interdependencia pesa de tal manera que la
modificación de un elemento puede influir en otros o en las
funciones que cumple todo el sistema7.
Señala Nuñez Jiménez que los tratadistas distinguen dos
conceptos de sistema electoral: uno amplio y otro estricto. El
concepto amplio se define como el conjunto de instituciones,
normas y procedimientos involucrados en el proceso que se inicia
en la etapa preparatoria de las elecciones y concluye con la
calificación final de éstas y la integración de los correspondientes
órganos del Estado con los candidatos triunfadores.
Por lo que al concepto estricto se refiere, se define al sistema
electoral como el conjunto de elementos técnicos que permiten
traducir voluntades políticas en posiciones de poder estatal. En tal
sentido dichos elementos técnicos involucran procedimientos a
través de los cuales los electores expresan su voluntad en votos, y
los votos, a su vez, se convierten en puestos gubernamentales
distribuidos entre los diferentes partidos políticos participantes en
la contienda.
7 NUÑEZ JIMÉNEZ, Arturo, “El nuevo sistema electoral mexicano”, Colección Popular Fondo
de Cultura Económica, México 1991, páginas 33 y 34.
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Para Nohlen8 , los sistemas electorales pueden definirse en un
sentido amplio o restringido. El primero abarca todo lo relacionado
con el proceso electoral, partiendo del derecho al sufragio,
pasando por la administración electoral hasta llegar al contencioso
electoral. En el segundo, los sistemas electorales determinan las
reglas a través de las cuales los electores pueden expresar sus
preferencias políticas y mediante las cuales es posible convertir los
votos en escaños parlamentarios (en caso de elecciones
parlamentarias) o en cargos de gobierno (en caso de elecciones
para presidente, gobernador, munícipes, etcétera).
El sistema electoral en sentido estricto comprende los elementos
siguientes: 1) La división del país en circunscripciones o distritos
electorales -áreas o zonas en que se divide el territorio de un país (un
Estado o Municipio) para servir de fundamento en el reparto de cargos de
elección entre los candidatos-; 2) Las formas de las candidaturas -
individuales o de lista-; 3) El procedimiento de votación -hace referencia
al número de votos que puede emitir cada elector-, y 4) Las reglas para la
atribución de escaños o curules, o bien cargos electivos -
denominadas por algunos autores escrutinio o fórmulas-. Con relación a
éstas últimas, existen dos tipos básicos de sistemas electorales:
a) El que se basa en la aplicación del principio de mayoría, y
8 NOHLEN, Dieter, “Gramática de los sistemas electorales, una introducción a la ingeniería de
la representación”, Instituto de la Democracia, Quito, Ecuador 2012, página 3.
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b) El que se apoya en el principio de representación
proporcional.
Ambos principios de elección son igualmente válidos para
determinar en los comicios a quiénes corresponden los cargos de
elección objeto de la competencia, no obstante, cada principio
tiene características propias.
En el caso del principio de mayoría, se da prioridad a la capacidad
que le es inherente para determinar en forma clara e inequívoca
quién triunfó en la elección. Una característica esencial de este
principio estriba precisamente en que la obtención de cada cargo
es determinada por la mayoría -que puede ser relativa o absoluta- de
los votos emitidos a favor de un candidato o partido político en la
demarcación territorial correspondiente.
Para Figueroa Alfonzo9, el sistema mayoritario se conforma a partir
de tomar en cuenta que debe ser electo el candidato que obtiene
el mayor número de votos en un distrito.
Por lo que al principio de representación proporcional se refiere, su
característica fundamental consiste en que el criterio que
determina que un partido obtenga los cargos por los que se
compite es la proporción de votos que se hayan emitido a su
favor, aun cuando éstos no alcancen a formar la mayoría.
9 FIGUEROA ALFONZO, Enrique “Derecho electoral”, IURE editores, México, 2006, página
110.
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La representación proporcional persigue el objetivo de distribuir
proporcionalmente los escaños o cargos electivos con respecto a
la respectiva votación que obtuvo cada uno de los partidos
políticos, es decir, refleja las preferencias políticas existentes en el
electorado y, de esta forma, expresa el número y la fortaleza de
los partidos políticos de acuerdo con los resultados de la votación.
Refiere Figueroa Alfonzo que la primera concepción explicita más
aceptada de representación proporcional se debe a Víctor
Considerant (1808-1893), quien afirmara que una asamblea sólo
podrá representar fielmente al electorado si en su seno se
encuentran representadas, en forma proporcional, todas las
corrientes políticas relevantes que se producen en el mismo
electorado; es decir, que este sistema tiene como objeto
fundamental atribuir a cada partido el número de cargos de
elección popular que resulte proporcional a los votos obtenidos en
la contienda electoral; así, las curules o escaños se reparten entre
las listas de candidatos que participan en el proceso electoral en
proporción al número de votos obtenidos por cada una de ellas.
Sentado lo anterior, es dable advertir que el sistema electoral se
refiere al conjunto de normas y principios que regulan la elección
de los representantes populares, y en general a todos aquellos
elementos o instituciones que contribuyen a la emisión del voto
-sentido amplio-, y también se refiere al sufragio mismo y a la forma
de convertir los votos en escaños o cargos electivos -sentido
estricto-, circunstancia ésta última que atiende a dos elementos o
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parámetros básicos, como son: el principio de mayoría -relativa o
absoluta- y el principio de representación proporcional.
En Baja California, la elección de munícipes a los ayuntamientos
atiende a los dos principios de representación que han quedado
señalados, como lo dispone el artículo 78, primer párrafo, de la
Constitución Política local, que en la parte que interesa señala:
“ARTÍCULO 78.- Los ayuntamientos se compondrán de munícipes electos por el sufragio universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible y mediante los principios de mayoría relativa y de representación proporcional”. (Se agregan negrillas).
Porción normativa que es acorde a lo dispuesto
constitucionalmente en el artículo 115, que en su primer y segundo
párrafos, así como en la fracción VIII, mandata:
“Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes: Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado.”. “VII. Las leyes de los estados introducirán el principio de la representación proporcional en la elección de los ayuntamientos de todos los municipios”.
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En esa tesitura, a la integración de los ayuntamientos concurren
un Presidente Municipal; hasta dos Síndicos, uno electo por el
principio de mayoría relativa, y otro, por el principio de
representación proporcional; y por Regidores de mayoría relativa y
de representación proporcional -quienes contarán con sus respectivos
suplentes-, en el número que resulte de la aplicación
correspondiente, de acuerdo al artículo 79 de la referida
Constitución; regulación que recoge la Ley del Régimen Municipal
para el Estado de Baja California, en su artículo 4, primer párrafo,
con relación al numeral 9, que disponen:
“ARTÍCULO 4.- Del Órgano de Gobierno Municipal.- El Ayuntamiento, es el órgano de Gobierno del Municipio; se integra por un Presidente Municipal, un Síndico Procurador, un Síndico Social en los Municipios en que proceda, y por el número de Regidores que establezca la Ley Electoral, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California”.
“ARTÍCULO 9.- Los Regidores, en conjunto con el Presidente Municipal, Síndico Procurador, y el Síndico Social en los casos que así corresponda, conforman el Ayuntamiento que es el órgano deliberante de representación popular de los ciudadanos del Municipio…”.
De igual manera, la Ley establece lo atinente sobre la elección de
munícipes e integración de los ayuntamientos, en sus artículos 32
y 33 que se transcriben:
“ARTÍCULO 32.- El Gobierno del Municipio se deposita en un cuerpo colegiado que se denomina Ayuntamiento, compuesto de munícipes electos mediante sufragio universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible, por los principios de mayoría relativa y de representación proporcional. Los integrantes de los Ayuntamientos contarán con sus respectivos suplentes”.
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“ARTÍCULO 33.- El Ayuntamiento se integra por un Presidente Municipal, un Síndico Procurador, un Síndico Social y por Regidores de mayoría relativa y de representación proporcional, en el número que dispone la Constitución del Estado”.
(Se añaden negrillas).
De los trasuntos preceptos, se tiene que la composición de los
ayuntamientos se obtiene de la manera siguiente:
a) Se eligen por el principio de mayoría relativa, el
Presidente Municipal, el Síndico Procurador y el número de
Regidores, que de acuerdo a la población corresponde, en
términos del artículo 79, fracción I de la Constitución local,
como se anota:
Los Municipios cuya población sea menor de
doscientos cincuenta mil habitantes, tendrán cinco
regidores electos según el principio de mayoría
relativa.
Los municipios cuya población se encuentre en el
rango comprendido de doscientos cincuenta mil a
quinientos mil habitantes, tendrán siete regidores
electos según el principio de mayoría relativa.
Los Municipios cuya población exceda de quinientos
mil habitantes, tendrán ocho regidores electos según el
principio de mayoría relativa.
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Ahora, tomando en cuenta que el registro de las
candidaturas de esta elección, se hace por planillas
completas integradas precisamente, por propietarios y
suplentes de los cargos de Presidente Municipal, Síndico
Procurador y Regidores, según lo dispone el artículo 254 de
la Ley, dichas posiciones se asignan al partido político que
obtuvo la mayor cantidad de votos en la elección municipal.
b) Se eligen por el principio de representación
proporcional, el Síndico Social, y de acuerdo a la población
que corresponda, los regidores en términos del artículo 79,
fracción I de la Constitución local, como se anota:
Los Municipios cuya población sea menor de doscientos
cincuenta mil habitantes, tendrán hasta cinco regidores de
representación proporcional.
Los municipios cuya población se encuentre en el rango
comprendido de doscientos cincuenta mil a quinientos mil
habitantes, tendrán hasta seis regidores de
representación proporcional.
Los Municipios cuya población exceda de quinientos mil
habitantes, tendrán hasta siete regidores de
representación proporcional.
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En ese orden de ideas, la asignación del Síndico Social y de los
regidores de representación proporcional se hará atendiendo a las
preferencias políticas existentes en el electorado, es decir,
tomando en cuenta el número y la fortaleza de los partidos
políticos -o coaliciones- que compitieron en la elección, de acuerdo
con el resultado de la votación. De esta manera, el criterio que
determina que un partido político o coalición obtenga las referidas
posiciones, es la cantidad o proporción de votos que se hayan
emitido a su favor; por ello, aun cuando no alcancen a formar la
mayoría, pueden alcanzar representatividad en el Ayuntamiento de
que se trate, según la proporción de sufragios obtenidos.
Ahora bien, en términos del artículo 79 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Baja California, se desprende que
el legislador local estableció como reglas para la asignación de
representación proporcional, de las posiciones que nos ocupan,
las siguientes:
1. Primeramente, los municipios que tendrán derecho a contar
con un Síndico Social electo por el principio de
representación proporcional son los que se encuentren en el
rango comprendido de doscientos cincuenta mil a quinientos mil
habitantes, o bien, que excedan de quinientos mil habitantes, y
dicha posición le será asignada al partido político que, por sí
mismo o en coalición, haya ocupado el segundo lugar en
número de votos para la elección de munícipes,
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correspondiendo al candidato a Síndico registrado en la planilla
respectiva.
2. Hecha la asignación anterior, se procederá a la de regidores
de representación proporcional, para lo cual se debe
determinar, previamente, qué partidos políticos cumplen con los
requisitos siguientes: a) haber obtenido el registro de planilla
completa de candidatos a munícipes en el Municipio que
corresponda; b) haber obtenido por lo menos el tres por ciento
(3%) de la votación emitida en la elección de munícipes
correspondientes, y c) no haber obtenido la constancia de
mayoría respectiva. Determinado este punto, primeramente se
asignará un regidor a cada partido político o coalición con
derecho a la representación proporcional, y en caso de que el
número de partidos políticos sea mayor que el de regidurías por
asignar, éstas se otorgarán a los que tengan mayor porcentaje
en orden descendente hasta agotarlas. Si después de
efectuada la operación indicada, aún hubiera regidurías por
asignar, se realizarán las siguientes operaciones:
Se sumarán los votos de los partidos políticos o coaliciones
con derecho a la representación proporcional, que servirá
como base para obtener los nuevos porcentajes de
participación a que se refiere el numeral siguiente:
Se deberá obtener el nuevo porcentaje de cada partido
político o coalición, que tenga derecho a la asignación
mediante el cociente natural que se obtiene multiplicando la
votación municipal de cada partido político o coalición por
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cien, y dividiendo el resultado entre la suma de los votos de
los partidos políticos o coaliciones participantes;
Se obtendrá la expectativa de integración al Ayuntamiento de
cada partido político o coalición, con derecho a ello mediante
el cociente natural que se obtiene multiplicando el porcentaje
obtenido en el numeral anterior de cada partido político o
coalición por el número de regidurías de representación
proporcional que corresponda, según la fracción I de este
Artículo, dividiéndolo entre cien, y
Se le restará de la expectativa de integración al
Ayuntamiento a cada partido político o coalición, la
asignación efectuada en los términos del inciso b) de esta
fracción;
Se asignará a cada partido político o coalición
alternadamente, tantas Regidurías como números enteros se
hayan obtenido de la operación realizada en el numeral 4 del
inciso anterior;
En caso de que aún hubieren más regidurías por repartir, se
asignarán a los partidos políticos o coaliciones que
conserven los restos mayores, después de deducir las
asignaciones efectuadas en el inciso anterior, y
La asignación de las regidurías de representación
proporcional que correspondan a cada partido político o
coalición, la hará el Instituto Estatal Electoral de la lista de
candidatos a Regidores que haya registrado cada partido
político o coalición
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Como se observa de lo anterior, el procedimiento de asignación de
los cargos de representación proporcional comienza con el de
Síndico Social, y hecho lo anterior, se designa a los
correspondientes regidores. Asimismo, se advierte que para
determinar qué partidos políticos tendrán derecho a estas
asignaciones, el legislador local estableció elementos y
restricciones legales -elemento que igualmente compone a los sistemas
electorales-, para cada caso.
Así, el elemento o requisito para obtener la posición de Síndico
Social en los ayuntamientos es en razón del número de votos
obtenidos por los partidos políticos, que los deben conducir a la
segunda posición en la contienda, lo que es acorde al principio de
representación proporcional que prevé la Ley para los municipios,
pues tiene por finalidad que los entes políticos contendientes en
una elección municipal cuenten con un grado de representatividad
suficiente, acorde a su presencia electoral en el correspondiente
municipio, esto es, que sean poseedores de fuerza electoral
importante; lo que no agravia a las “…diversas fuerzas electorales
que hubieren contendido en la elección a Munícipes, privilegiando
a los Partidos o Coaliciones Mayores, concediéndoseles de esa
manera un voto en Cabildo por el hecho de ser segundo lugar
electoral”, como lo señala el recurrente, pues precisamente esta
representatividad o presencia electoral es una compensación por
el grado de proporcionalidad de votos a favor de un partido
político, que refleja su preferencia política ante el electorado de
acuerdo con el resultado de la votación, es decir, se asigna la
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posición en proporción de la fuerza electoral (segundo lugar),
según lo prescribe expresamente la normativa electiva atinente.
En el caso concreto, el grado de representatividad y
proporcionalidad que obtuvieron los contendientes se representa
de la manera siguiente:
Por otra parte, para la asignación de regidores,-no aplicable a la
figura del sindico social- el legislador estableció como restricción,
además de haber obtenido el registro de la planilla completa de
candidatos a munícipes en el Municipio que corresponda y no
haber obtenido la constancia de mayoría respectiva, un umbral
mínimo, que consiste en haber obtenido por lo menos el tres por
ciento (3%) de la votación emitida en la elección de munícipes
correspondiente, de tal manera, que se excluye a los partidos
111,225
17,944
0 0
COALICIÓN Y PARTIDO POLÍTICO PERDEDORES
COALICIÓN COMPROMISO POR BAJA CALIFORNIA PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO
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políticos que no alcancen este parámetro legal, y en consecuencia,
sólo tendrán derecho los que alcancen dicha barrera legal10.
In summa, se puede afirmar que las condiciones de asignación
señaladas obedecen a la necesidad de dar una representación
más adecuada a todas las corrientes políticas relevantes que se
manifiestan en la sociedad, así como para garantizar de manera
más efectiva el derecho de participación política de la minoría y
evitar los efectos de la distorsión de la voluntad popular, tanto de
subrepresentación como de sobrerrepresentación que sería el
caso de acoger la pretensión del actor.
No es obstáculo para afirmar que se aplican diferentes elementos
y restricciones legales, en los términos anotados, que en el artículo
34 de la Ley se establezca que para tener derecho a la asignación
del Síndico Social se deberán cumplir los presupuestos
inmediatamente anotados, entre ellos, el umbral del tres por ciento
(3%) de la votación emitida en la elección de munícipes
correspondiente, toda vez que de una interpretación sistemática y
funcional de los numerales 79 de la Constitución Política local, y
33 y 35 de la Ley, se desprende la intención tanto del
constituyente local como del legislador ordinario, de asignar -
primeramente- al Síndico Social al partido político o coalición que
ocupó el segundo lugar, sin que se le requiera cumplir con los
10
Las llamadas barreras legales tienen importancia especial en la conversión de votos en escaños. Se habla de barreras legales cuando los partidos tienen que alcanzar un determinado porcentaje de votos o un determinado número de mandatos (directos) para ser tomados en cuenta en la distribución de escaños en el nivel de la circunscripción plurinominal o nacional. NOHLEN, Dieter, “Gramática de los sistemas electorales, una introducción a la ingeniería de la representación”, Instituto de la Democracia, Quito, Ecuador, 2012, página 15.
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presupuestos señalados, pues ello es acorde a la sistematización
de dichas normas; esto porque el artículo 79 invocado dispone en
su primer párrafo, fracción I, inciso c), último párrafo que “El
Síndico Social le será asignado al partido político que, por sí
mismo o en coalición, haya ocupado el segundo lugar en número
de votos para la elección de munícipes, correspondiendo al
candidato a Síndico registrado en la planilla respectiva”, y en forma
coincidente, el numeral 33, fracción IV, de la Ley, establece: “IV. El
Síndico Social le será asignado al partido político que, por sí
mismo o en coalición, haya ocupado el segundo lugar en número
de votos para la elección de munícipes, correspondiendo al
candidato a Síndico Procurador registrado en la planilla respectiva,
en los términos dispuestos por el artículo 79 de la Constitución
Política del Estado de Baja California.”; es decir, ni uno ni otro
precepto refieren a los presupuestos establecidos en el artículo 34
de la Ley.
Con base en las razones legales y doctrinales expuestas, es dable
afirmar que no le asiste la razón al recurrente cuando afirma que al
Partido Movimiento Ciudadano, por el solo hecho de haber
obtenido más del tres por ciento (3%) de la votación emitida en la
elección de munícipes para integrar el XXI Ayuntamiento de
Mexicali, Baja California, le corresponden dos asignaciones, es
decir, dos votos en el Cabildo, circunstancia que lo deja en un
plano de desigualdad, con relación a la coalición Compromiso por
Baja California, pues al momento de hacer la primera asignación
de integrantes de dicho órgano colegiado, a la referida Coalición
ya se le habían entregado dos asignaciones de representación
proporcional, tal y como se argumentó en líneas precedentes.
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Ciertamente, este órgano jurisdiccional electoral advierte que el
actor se duele que por una presunta indebida aplicación de los
preceptos que regulan la forma y fórmula de asignación de
miembros del ayuntamiento por el principio de representación
proporcional, realizada por la autoridad responsable, se le priva al
Partido Movimiento Ciudadano de contar con una regiduría de
representación proporcional más, misma que, a su juicio, le
correspondería por ser el segundo regidor de la planilla de
munícipes por dicho partido. Asimismo, sostiene que la posición
del Síndico Social se asigna sin justificación legal, teleológica o
funcional al segundo lugar en la elección.
Como se advierte, el recurrente tiene una apreciación errónea de
lo dispuesto en los artículos 79 de la Constitución Política del
Estado y 35 de la Ley, analizados líneas arriba, pues como ya se
señaló -y se reitera-, atendiendo a dichos preceptos, primeramente
se asigna el Síndico Social, a quien obtuvo el segundo lugar en
número de votos para la elección de munícipes, y hecho lo
anterior, se procede a la asignación de regidores, asignando uno a
cada partido político o coalición con derecho a ello, y si quedan por
asignar, se aplica el correspondiente procedimiento; y es el caso,
que el Partido Movimiento Ciudadano no logró cumplir con el
presupuesto para obtener la sindicatura social, como se advierte
de la siguiente tabla de resultados:
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PARTIDO POLÍTICO O
COALICIÓN
NÚMERO DE
VOTOS
% DE
VOTACIÓN
COALICIÓN “ALIANZA
UNIDOS POR BAJA
CALIFORNIA”
133,220 49.1084
COALICIÓN “COMPROMISO
POR BAJA CALIFORNIA”
111,225 41.0005
PARTIDO MOVIMIENTO
CIUDADANO
17,944 6.6146
VOTOS VÁLIDOS 262,482 96.7579
VOTOS DE CANDIDATOS NO
REGISTRADOS
888 0.3273
VOTOS NULOS 8,194 3.0205
VOTACIÓN TOTAL 271,277 100.0000
En efecto, tomando en cuenta la votación obtenida, que se refleja
en el cuadro anterior, se advierte claramente que la coalición
“Compromiso por Baja California” obtuvo el segundo lugar en la
contienda electoral dos mil trece, de ahí que le fuera asignado el
Síndico Social, como se advierte del Dictamen número ocho
atinente, al que se concede valor probatorio pleno en términos del
artículo 439 de la Ley, por su carácter de documental pública, en
que se determinó:
“…la coalición que reúne satisfactoriamente los presupuestos legales para tener derecho a que le sea asignado el Síndico Social, en virtud de haber obtenido el segundo lugar en número de votos en la elección de munícipes al Ayuntamiento de Mexicali es la:
Coalición “Compromiso por Baja California”
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Ciertamente, del referido Dictamen se advierte que la responsable
aplicó el marco constitucional y legal atinente, como se señala:
“Asimismo, como resultado del mismo cómputo contenido en el antecedente 6
y del Considerando II, la coalición y el partido político que reúnen satisfactoriamente los presupuestos legales para tener el derecho a que se les sean (sic) asignados Regidores por el principio de representación proporcional son:
Coalición “Compromiso por Baja California”
Y
Partido Movimiento Ciudadano
Por lo tanto, se asigna un Regidor a la coalición y partido político mencionados, de conformidad con el artículo 35, fracciones I y III de la Ley Electoral vigente en el Estado, en los términos siguientes:
PARTIDO POLÍTICO O COALICIÓN
ART. 34 F. I.
ART. 34 F. II
ART. 34 F. III ART. 35 F. III
Planillas completas
>3%
Constancia de Mayoría
I era Asignación
COMPROMISO POR BAJA CALIFORNIA
SI SI NO I
41.0005 %
PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO
SI SI NO I
6.6146%
TOTAL DE ASIGNACIONES
2
Como se denota, hasta este momento se han asignado dos regidurías, por lo que restan cinco asignaciones por el principio de representación proporcional. VIII.- Continuando con el procedimiento de asignación, el artículo 35, fracción IV de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Baja
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California, indica que si después de asignadas las regidurías señaladas en la fracción III, aun quedasen regidurías por asignar, como es el caso, se otorgarán a los partidos políticos o coaliciones, en los siguientes términos: (…) Al aplicar lo señalado en la fracción IV, incisos a) y b) del citado numeral, para realizar la sumatoria de los votos obtenidos por la Coalición “Compromiso por Baja California” y por el Partido Movimiento Ciudadano, se obtienen los resultados y porcentajes siguientes:
Partido político y/o
coalición
ART. 35, F. IV. A) ART. 35 F. IV B)
V.R.P.P. P.V.R.P.P.
Votación Nuevo %
Compromiso por Baja California
111,225 86.1081 %
Partido movimiento ciudadano
17,944 13.8918 %
total 129,169 100%
V.R.P.P.- Votación por partido político o coalición P.V.R.P.P.- Nuevo Porcentaje de votación de por partido o coalición Por lo que, el nuevo porcentaje de votación de las coaliciones y el partido político es el indicado en el recuadro anterior. En el inciso c) de la fracción IV del artículo 35, se indica que después se procederá a obtener la expectativa de integración del Ayuntamiento de cada partido político o coalición con derecho a ello, multiplicando el porcentaje obtenido en el inciso anterior, por el número de regidurías de representación proporcional que corresponda, dividiéndolo entre cien, tal y como se refleja en el siguiente cuadro descriptivo:
PARTIDO POLÍTICO Y/O
COALICIÓN
Art. 35 F.IV
Inciso b)
No. de Regidurías
de RP
Art. 35 F. IV inciso c)
Expectativa de
integración del
Ayuntamiento
COMPROMISO POR BAJA CALIFORNIA
86.1081 % 7 602.7569/100 6.0275
PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADADO
13.8918 % 7 97.2426/100 0.9724
Total: 100 % 6
El inciso d) de la fracción IV del artículo 35 de la Ley de la materia, establece que a la expectativa de integración del Ayuntamiento de cada partido político o coalición, se le restará la asignación efectuada conforme a la fracción III, del mismo numeral, resultando de esta operación, la siguiente gráfica:
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40
PARTIDO POLÍTICO Y/O
COALICIÓN
Expectativa de
integración al Ayuntamiento
Ira Asignación RP Art. 35,
F.III
No. de enteros
2da Asignación
RP
COMPROMISO POR BAJA
CALIFORNIA 6.0275 1 5.0275 5
PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO
0.9724 1 0.0276 0
Total: 6 (sic) 2 5
La fracción V del artículo 35 del mismo ordenamiento se indica que se asignará a cada partido político o coalición alternadamente, tantas regidurías como números enteros se hayan obtenido de la operación realizada en el inciso d) de la fracción anterior, y como se puede observar, del resultado obtenido le corresponde a la Coalición “Compromiso por Baja California” cinco regidurías en razón de los números enteros; en tanto que el Partido Movimiento Ciudadano no le corresponde regiduría en esta segunda asignación por no alcanzar numero entero. IX.- Por último la fracción VI del multicitado artículo 35, indica que una vez hechas las asignaciones anteriores, si aún existieren regidurías por repartir, las asignará a quienes conserven los restos mayores, después de deducir las asignaciones efectuadas en el procedimiento previsto en el inciso d) fracción IV del citado artículo, y en virtud de que se han asignado la totalidad de regidurías por el principio de representación proporcional, resulta inaplicable esta disposición. X.- Que de acuerdo con los datos asentados en los Considerandos VII y VIII del presente dictamen, le corresponde seis asignaciones a la Coalición “Compromiso por Baja California”, y una asignación al Partido Movimiento Ciudadano. XI.- Que la fracción VII, del artículo 35 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Baja California, establece que la asignación de regidurías de representación proporcional, se hará de la planilla de candidatos a Regidores que haya registrado cada partido político o coalición, en el orden que los mismos fueron registrados, por lo tanto, al realizarse el procedimiento anterior, se arroja las siguientes listas:
COALICIÓN “COMPROMISO POR BAJA CALIFORNIA”
Regidor Cargo NOMBRE
1 PRIMER REGIDOR PROPIETARIO C. JORGE CAMACHO ÁLVAREZ
PRIMER REGIDOR SUPLENTE C. ÁLVARO ALDRETE GRUEL
2 SEGUNDO REGIDOR PROPIETARIO C. IGNACIO SÁNCHEZ LUA
SEGUNDO REGIDOR SUPLENTE C. BALTAZAR GARCÍA ISLAS
3 TERCER REGIDOR PROPIETARIO C. ALEJANDRO GUDIÑO FLORES
TERCER REGIDOR SUPLENTE C. OCTONIEL HERNÁNDEZ NORIEGA
4 CUARTO REGIDOR PROPIETARIO C. BRENDA ARACELI CASTRO ÁNGULO
CUARTO REGIDOR SUPLENTE C. REBECA ALICIA MURILLO PALACIO
5 QUINTO REGIDOR PROPIETARIO C. MAYRA ALEJANDRA FLORES
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PRECIADO
QUINTO REGIDOR SUPLENTE C. ANA PRISCILA CARRANCO PALOMERA
6 SEXTO REGIDOR PROPIETARIO C. MARÍA ALICIA MARTÍNEZ MENDOZA
SEXTO REGIDOR SUPLENTE C. ROSA ÍCELA IBARRA CALDERA
PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO
REGIDOR CARGO NOMBRE
1 PRIMER REGIDOR PROPIETARIO C. JOB MONTOYA GAXIOLA
PRIMER REGIDOR SUPLENTE C. JUAN CARLOS MARTÍNEZ ARREOLA
XII…”
Para mayor claridad de lo resuelto, se insertan dos gráficas en las
que se muestra, primeramente, la votación recibida por cada
fuerza política, diferenciando éstas por colores, la coalición Alianza
Unidos por Baja California en color azul; la coalición Compromiso
por Baja California verde; y el Partido Movimiento Ciudadano en
naranja.
Ahora bien, de los quince regidores que integran el Ayuntamiento
de Mexicali, Baja California, corresponden a las distintas fuerzas
políticas, a saber, coalición “Alianza Unidos por Baja California” -
color azul-; la coalición “Compromiso por Baja California” –verde-; y el
133,22051%
111,22542%
17,9447%
Votación recibida
coalición Alianza Unidos por Baja California
coalición compromiso por Baja California
Partido Movimiento Ciudadano
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Partido Movimiento Ciudadano –naranja-, como se observa en la
siguiente gráfica:
De las gráficas anteriormente insertadas, se puede inferir que el
porcentaje de votación obtenida es similar (más menos dos por
ciento), y en el caso del partido Movimiento Ciudadano es igual al
porcentaje de representación en Cabildo.
Por otra parte, in adiecto, al realizar un ejercicio matemático,
tomando como base la votación obtenida por las coaliciones y el
partido político contendientes, los regidores que le corresponden
son, en suma:
PARTIDO POLÍTICO O COALICIÓN
VOTACIÓN RECIBIDA
REGIDORES VOTACIÓN/REGIDORES
Coalición Alianza Unidos por Baja
California 133,220 8 16,652.5
Coalición Compromiso por Baja California
111,225 6 18,537.5
Partido Movimiento Ciudadano
17,944 1 17,944
853%
640%
17%
Regidores Asignados
coalición Alianza Unidos por Baja California
coalición compromiso por Baja California
Partido Movimiento Ciudadano
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Así las cosas, de la votación obtenida por el Partido Movimiento
Ciudadano, es suficiente para la obtención de una regiduría, pero
no está en aptitud de obtener otra.
En conclusión, y toda vez que de lo razonado anteriormente queda
evidenciado que en términos de Ley, el Partido Movimiento
Ciudadano no se encuentra en un plano de igualdad con la
Coalición “Compromiso por Baja California”, habida cuenta que
ésta obtuvo mayor votación en la contienda electoral dos mil trece,
y en virtud de que la asignación de munícipes que nos ocupa se
realizó atendiendo a las reglas de representación proporcional
aplicables en términos de Ley, es inconcuso que no se transgrede
el principio de equidad, como lo refiere el recurrente; por lo que no
le asiste la razón para solicitar la inaplicación de la Ley.
Por lo expuesto y fundado, se
R E S U E L V E:
ÚNICO. Son INFUNDADOS los agravios expuestos, por lo que se
confirma la asignación de munícipes del XXI Ayuntamiento de
Mexicali, Baja California, efectuada el veintidós de agosto de dos
mil trece, por el Consejo General Electoral del Instituto Electoral y
de Participación Ciudadana de Baja California.
Notifíquese en términos de Ley.
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Archívese en su oportunidad el presente expediente, como asunto
total y definitivamente concluido, una vez hechas las anotaciones
correspondientes en el Libro de Gobierno.
Así por UNANIMIDAD de votos lo resolvieron, los Magistrados
que integran el Pleno del Tribunal de Justicia Electoral del Poder
Judicial del Estado de Baja California, LICENCIADOS ARMANDO
BEJARANO CALDERAS, GERMÁN LEAL FRANCO y ELVA
REGINA JIMENÉZ CASTILLO, siendo ponente el primero de los
mencionados, ante el Secretario General de Acuerdos,
LICENCIADO JORGE ANTONIO MONREAL MEZA quien
autoriza y da fe.
LIC. ARMANDO BEJARANO CALDERAS MAGISTRADO PRESIDENTE
LIC. GERMÁN LEAL FRANCO MAGISTRADO
LIC. ELVA REGINA JIMENÉZ CASTILLO MAGISTRADA
LIC. JORGE ANTONIO MONREAL MEZA SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS