PROYECTO PILOTO DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS EN TURBO

EL DESPLAZAMIENTO FORZADO, LAS TIPOLOGIAS DEL DESPOJO Y LAS RUTAS

PARA LA RESTITUCIÓN.

Tipologías del Despojo de Tierras y Resultados del Proyecto Piloto en

las veredas La Teca, California, Calle Larga y Nueva Unión del

Corregimiento Nueva Colonia del Municipio de Turbo (Antioquia)

Análisis general y estudio de casos emblemáticos

2010

Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación

© Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR)

Esta publicación es posible gracias al apoyo de la Agencia del Gobierno de Estados Unidos para el Desarrollo

Internacional (USAID) y contó el apoyo técnico de la Organización Internacional

para las Migraciones (OIM).

Los contenidos expresados en este libro pertenecen a los autores y no necesariamente reflejan la opinión

de USAID y OIM.

Impreso en ColombiaPrinted in Colombia

Bogotá, Octubre de 2010

Diseño y diagramación: Dígitos y Diseños

PROYECTO PILOTO DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS EN TURBO

EL DESPLAZAMIENTO FORZADO, LAS TIPOLOGIAS DEL DESPOJO Y LAS RUTAS

PARA LA RESTITUCIÓN.

Jaime Jaramillo Panesso: Comisionado de la CNRR

Nubia Hoyos Ardila: Ministerio del Interior y de Justicia

Sandra Rojas: Defensora del Pueblo de Antioquia

Fabio Herrán Vargas: Personero de Medellín

Rosa Julia Palacio Hincapié: Procuradora Agraria y Ambiental

Eduardo Medina Sánchez: Gerente de Restitución de Tierras de la OIM.

María Ángela Mejía: Coordinadora Proyecto Apoyo a CNRR.

Gerardo Vega: Coordinador Regional de la CNRR de Antioquia

Nelson Enrique Restrepo: Coordinador Operativo de Conciudadania

Nervelia Avilez Ortega-Abogada Jennifer Mojica Flores-Abogada Alexander Fonnegra: Abogado

Carmen Palencia: Líder comunitaria de la asociación de victimas de Urabá.

Corporación para la participación Ciudadana-CONCIUDADANIA

Paola Cadavid: Abogada Sede Antioquia de la CNRR Juliana Londoño: Aboga Personería de Medellín

Fernando García: Abogado Personería de Medellín.

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural-INCODER

Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional

Instituto Geográfico Agustin Codazzi,-IGAC, Dirección Territorial Antioquia

Procuraduría Departamental de Antioquia

Defensoría del Pueblo-Regional Antioquia

Gobernación de Antioquia; Asesoria de Paz, Secretaria de Agricultura y Catastro Departamental.

Comisión Regional de Restitución de bienes de Antioquia

Comité Tecnico del Proyecto piloto de Restitución de tierras de Turbo

Equipo operativo consultores

Entidad operadora del proyecto

Secretaria Técnica de la Comisión Regional de Restitución de Bienes de Antioquia.

Comité tecnico especializado organismo asesor de la CNRR –Antioquia:

Mesa Departamental de TierrasPolicía Nacional de Colombia

Ejército Nacional de ColombiaAlcaldía Municipal de Turbo

Personería Municipal de TurboOficina de Registro de Instrumentos Públicos de Turbo

Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP-OEA)

EDUARDO PIZARRO LEONGÓMEZ, Presidente de la CNRR,

Delegado del Vicepresidente de la RepúblicaANA TERESA BERNAL MONTAÑEZ,

Integrante de la Sociedad CivilPATRICIA BURITICÁ CÉSPEDES,

Integrante de la Sociedad CivilJAIME JARAMILLO PANESSO,

Integrante de la Sociedad CivilÓSCAR ROJAS RENTERÍA,

Integrante de la Sociedad CivilMONSEÑOR NEL BELTRÁN SANTAMARÍA,

Integrante de la Sociedad CivilPATRICIA HELENA PERDOMO GONZÁLEZ,

Representante de las organizaciones de víctimasRÉGULO MADERO FERNÁNDEZ,

Representante de las organizaciones de víctimasMARIO GONZÁLEZ,

Delegado del Procurador General de la NaciónVOLMAR ANTONIO PÉREZ ORTIZ,

Defensor del PuebloSANDRA ALZATE,

Directora (e) de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional

FABIO VALENCIA COSSIO, Ministro del Interior y de Justicia

RUTTI PAOLA ORTIZ JARA, Delegada del Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación

Entidades de apoyo al proyecto:

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IDO

PRESENTACIÓN ................................................................................

INTRODUCCIÓN ................................................................................

DESPLAZAMIENTO FORZADO .........................................................El desplazamiento forzado en Antioquia ..................................... El desplazamiento forzado en el municipio de Turbo ..................El desplazamiento forzado en las veredas California, ................Calle Larga, La Teca y Nueva Unión del Corregimiento Nueva Colonia del Municipio de Turbo

TIPOLOGÍAS DE DESPOJO IDENTIFICADAS ...................................Tipologías de despojo detectadas en las reclamaciones ...........de restitución de tierras presentadas a la CRRB de AntioquiaTipologías del despojo identificadas en las veredas La Teca, ..... California, Calle Larga y Nueva Unión de Turbo

CASOS EMBLEMÁTICOS ...................................................................Caso Asociación Campesina de La Teca, ASOTEC .......................Caso California: LA ESTAFA .........................................................Caso cancha de fútbol de Nueva Unión ......................................Caso de resolución forzada de situaciones familiares .................Caso de venta forzada en La Guacamaya ...................................

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........................................

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Página

CONTENIDO

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Esta publicación es el reflejo de un arduo trabajo y de una impecable coordinación intersectorial, en la que participa-ron los niveles nacional, regional y local, y cuyo resultado presentamos en este documento.

Buscamos, sin ninguna pretensión, documentar un proceso de articulación interinstitucional que muestra el inmenso esfuerzo realizado por un nutrido grupo de instituciones, durante algo más de dos años, y cuya única intención fue construir un modelo de intervención en restitución de tie-rras para favorecer a cientos de familias del municipio de Turbo, en el Urabá antioqueño. Esto servirá como modelo para beneficiar a miles de familias que requieren, de ma-nera urgente, les sea restituido su derecho a gozar de su propiedad y territorio.

De esta misma manera se relata el largo y tortuoso camino que debieron recorrer estos beneficiarios desde su mismo desplazamiento, hasta llegar a este proceso de restitución en el marco de la justicia transicional que se está imple-mentando en Colombia y gracias al cual se han logrado es-tos importantes resultados.

Celebramos esta publicación, que ilustra las lecciones aprendidas durante el proceso, y celebramos aún más que esto haya abierto la puerta para replicar este modelo y be-neficiar a miles de familias a lo largo y ancho del territorio colombiano. Esperamos que estas sigan abiertas para to-das las víctimas de despojo que buscan la restitución.

Agradecemos el constante y valioso apoyo de la Agencia del Gobierno de Estados Unidos para el Desarrollo Interna-cional (USAID) y la asistencia técnica de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Eduardo Pizarro Leongómez Presidente CNRR

PRESENTACIÓN PR

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PRESENTACIÓN

Con el apoyo de la Agencia del Gobierno de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Organización Internacio-nal para las Migraciones (OIM), se concertó con la Comisión Na-cional de Reparación y Reconciliación (CNRR) la ejecución de tres proyectos piloto de restitución de tierras y bienes, focalizados en cuatro veredas del Municipio de Turbo, en la región de Montes de María, en el corregimiento de Mampuján en el Municipio de María La Baja, Bolívar y en el corregimiento de Chengue, Municipio de Ovejas, Sucre.

En esta primera publicación se presenta la sistematización del proyecto de restitución de tierras del Municipio de Turbo, Antio-quia, y en esta se relatan los desplazamientos forzados y des-pojos de tierras que, de manera masiva y sistemática, aplicaron los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley, en especial los del Frente Arlex Hurtado de las AUC, en las veredas California, La Teca, Calle Larga y Nueva Unión del corre-gimiento Nueva Colonia del municipio de Turbo, Antioquia, entre los años 1996 y 2004. Además, identifica y describe las tipolo-gías del despojo usadas con mayor frecuencia, y presenta una serie de casos emblemáticos de los sucesos de despojo ocurridos en cada una de las veredas.

El objetivo del Proyecto Piloto de Restitución de Tierras en Turbo fue el de contribuir a la construcción de una caja de herramien-tas en los temas de la caracterización de las tipologías del des-pojo, la construcción de rutas judiciales y/o administrativas de restitución y la construcción de protocolos, que han contribuido al desarrollo de la política publica para la restitución de tierras en Colombia. Este proyecto se ejecutó en el segundo semestre del 2009 y hasta el mes septiembre de 2010, en cuatro veredas que ocupan un poco más de 3.034 hectáreas. En el desarrollo de este trabajo se ha obtenido información de 860 casos de víctimas que perdieron sus derechos sobre la tierra como propietarios, ocu-pantes y/o poseedores.

El documento está compuesto por tres partes. En la primera se tratará lo relativo al conflicto y el desplazamiento forzado en la región; la segunda abordará las tipologías de despojo identifica-das y en la última se expondrán casos definidos como emblemá-ticos. El documento finaliza con unas conclusiones.

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El Proyecto Piloto de Restitución de Tierras de cuatro veredas del municipio de Turbo – Antioquia tuvo como objetivos: 1) Poner a prueba las alternativas para lograr restituciones de tierras; 2) Identificar las conductas delictivas cometidas para el despojo; 3) Allanar las posibles rutas para lograr el restablecimiento de esos derechos. Para alcanzar tales propósitos se combinaron normas de justicia ordinaria con normas de justicia transicional; ese procedimiento dio importantes resultados. La selección del territorio y de las familias obedeció a la certeza de que éstas eran víctimas del despojo de tierras por el conflicto armado y que los responsables del hecho eran grupos de autodefensa; es-tos criterios fueron fundamentales para reconocer que allí se de-bía propiciar una restitución.

Entre abril de 2009 y marzo de 2010 se puso en marcha el Pro-yecto Piloto de Restitución de Tierras en Turbo. Dicho proyecto abarcó cuatro veredas del municipio: Calle Larga, La Teca, Cali-fornia y Nueva Unión. Eran 401 predios que contaban con pro-tección colectiva de tierras desde los años 2002 y 2004 y cuya extensión ascendía a 3.034 hectáreas1. Según fuentes institu-cionales, en las cuatro veredas vivían 458 propietarios, equiva-lentes al 51.99% de la población; de ellos 279 eran ocupantes (31,67%) y 142 poseedores (16,12%).

En estas mismas veredas de Turbo, en las fincas bananeras de Honduras, La Negra y Punta Coquitos, ocurrieron las primeras masacres de la historia reciente del país. Allí, en marzo de 1988, fueron asesinadas 29 personas y desaparecidas otras 21. Allí mismo estuvo el centro operativo del Bloque Bananero de las AUC, bajo el mando de Raúl Hasbún, alias “Pedro Bonito” o “Pe-dro Ponte.”

Las declaraciones de integrantes de 109 familias afectadas per-mitieron al Proyecto Piloto establecer que el desplazamiento for-zado masivo se dio a través de varios mecanismos de coacción entre los que se destacan las amenazas directas a los residen-tes, la violencia generalizada en la región, los continuos hostiga-mientos a la población civil, el control armado de los grupos de las AUC, los homicidios selectivos, las desapariciones forzadas, el reclutamiento forzado de menores y los hurtos y extorsiones. Finalmente, se produjo el desplazamiento forzado.

1  De conformidad con las Resoluciones 001 y 002 de 2007 del Comité Local de Atención Integral       a Población Desplazada de Turbo.

INTRODUCCIÓN IN

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Por este desplazamiento masivo, el 23 de junio de 2009 el Juzga-do Segundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia dictó sentencia contra Rafael Emilio García, alias “El Viejo”, segundo al mando del frente Arlex Hurtado del Bloque Bananero de las AUC; a él se le impuso una condena de 4 años y 6 meses de prisión por los delitos de concierto para delinquir agravado y desplazamien-to forzado.

De acuerdo con los registros de Acción Social2 , Turbo es el mu-nicipio de Antioquia que ha expulsado mayor número de perso-nas por causa del conflicto. De las 473.838 personas desplaza-das en todo el departamento, 45.614 provienen de Turbo (casi el 10% del total), le siguen Apartadó, con 25.369 personas expul-sadas; Cocorná, con 19.206; San Carlos, con 18.248; San Luís, con 17.478 y Medellín, que alcanza 16.4573 . Según el Registro Único de Predios y Territorios Abandonados, RUPTA, hasta el año 2009 en Turbo se habían protegido 728 derechos sobre la tierra a 599 personas desplazadas, medida que afectaba un total de 710 predios que ascendían a 27.615 hectáreas.

El Proyecto Piloto de Turbo trabajó una combinación de normas del derecho ordinario y del derecho transicional. En ese marco se aplicaron normas consagradas en la Ley 975 de 2005, de acuerdo con la conducta delictiva que ocasionó el despojo. Se establecie-ron, así, cuatro modalidades:

1) Aplicar la restitución directa cuando las víctimas del despojo perdieron la posesión material pero conservaban los títulos a su nombre; durante las versiones libres se buscó la confesión de los miembros de las autodefensas del Bloque Bananero y, en conse-cuencia, el restablecimiento del derecho de las víctimas.

2) Cuando personas que ocupaban baldíos fueron despojadas de sus territorios, se aplicó el restablecimiento de este derecho me-diante la expedición de resoluciones de adjudicación, hechas por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER), conforme a la Ley 160 de 1994.

3) En el caso de las víctimas que perdieron la posesión material del bien y fueron obligadas a transferir la propiedad a través de ventas coactivas, o que les fueron falsificados los documentos de propiedad, la Comisión Regional de Restitución de Bienes de An-tioquia solicitó al Tribunal de Justicia y Paz, Magistrado de Control de Garantías (Ley 975 de 2005), la celebración de una audiencia en la que se cancelaran los títulos obtenidos de forma fraudu-lenta, con fundamento en el artículo 66 de la Ley 600 (derecho

2  Tomado de http://www.accionsocial.gov.co/Estadisticas/publicacion marzo 312009.htm 3  En perspectiva nacional, el número de personas expulsadas de Turbo es comparable con el       observado en El Carmen de Bolívar (68.429), Tierralta (51.383) y Riosucio, en Chocó (49.834). 

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ordinario), y se registraran de nuevo los títulos a nombre de los verdaderos propietarios.

4) Cuando las parcelas y fincas estaban abandonadas como consecuencia de la violencia en las cuatro veredas, se aplicó el retorno acompañado con garantías de no repetición, mediante el establecimiento de una mesa de seguridad y convivencia, in-tegrada por autoridades militares, policiales, Procuraduría, De-fensoría, CNRR, personeros, alcaldías, Ministerio del Interior y asociación de víctimas.

La aplicación de la primera modalidad propició la restitución del derecho a la propiedad y el restablecimiento del derecho al uso, goce y disposición de 105 predios de entre 3 y 5 hectáreas, a 177 propietarios, para una extensión total de 534.590 hectáreas con un valor de 13.350 millones de pesos.

Esta ruta se enmarca en el proceso de Justicia y Paz definido por la Ley 975 de 2005, que en el artículo 46 determina: “la resti-tución implica la realización de los actos que propendan por la devolución a la víctima a la situación anterior a la violación de sus derechos. Incluye el restablecimiento de la libertad, el retor-no a su lugar de residencia y la devolución de sus propiedades”. También se fundamenta en lo dicho por la H. Corte Constitu-cional, mediante sentencia de tutela: “Las personas que se en-cuentran en situación de desplazamiento forzado y que han sido despojadas violentamente de su tierra (de la tierra de la cual son propietarios o poseedores), tienen derecho fundamental a que el Estado conserve su derecho a la propiedad o posesión y les restablezca el uso, goce y libre disposición de la misma (…)4 ”

La norma no es restrictiva, no establece que la restitución deba hacerse mediante sentencias de jueces o resoluciones adminis-trativas, por el contrario, es amplia y comprende múltiples ac-tos que facilitan la devolución de la víctima al estado anterior a causado el daño. Con base en este criterio se implementaron las metodologías y rutas antes señaladas.

Esta restitución se adelantó con la entrega de la posesión mate-rial de los bienes y de los títulos de propiedad que ya habían sido expedidos por las entidades correspondientes (notarías, INCO-DER, Oficina de Registro e Instrumentos Públicos, planos catas-trales), con acompañamiento interinstitucional y con las garan-tías de no repetición suscritas por las instituciones encargadas.

4  H. Corte Constitucional, sentencia T-821 de 2007.

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De otra parte, el Proyecto Piloto pudo identificar 69 casos de poseedores que lo eran a causa de ventas informales, escrituras y resoluciones sin registrar, y de separación de bienes y sucesio-nes ilíquidas; a ellos se les sugirió la formalización de la propie-dad, se les orientó respecto a los trámites de notariado y registro necesarios, y se acudió a las normas del derecho ordinario. De este total, 38 casos fueron beneficiados con la respectiva expe-dición de los títulos de propiedad.

Las experiencias aprendidas, los protocolos y metodologías apli-cadas en el Piloto de Turbo, permiten afirmar que estas prácticas pueden ser las medidas de emergencia que faciliten, en conjun-to con una nueva legislación sobre tierras, el camino eficaz para el derecho a la restitución.

La CNRR hace un reconocimiento a la Agencia del Gobierno de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) por su aporte financiero para llevar a cabo esta iniciativa, a la Organiza-ción Internacional para las Migraciones (OIM), por su asistencia técnica y apoyo administrativo, a CONCIUDADANIA por la opera-ción del proyecto y a la Asociación de Víctimas de Urabá por su compromiso y acompañamiento.

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En el contexto nacional Antioquia aparece, de lejos, como el departamento con mayores índices de población afectada por el desplazamiento forza-do. De conformidad con las estadísticas de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, Acción Social, hasta el mes de marzo de 20095 , Antioquia registraba 106.463 familias en situación de desplazamiento, lo que equivale a 473.838 personas. Esta cifra convierte al departamento en el expulsor de, aproximadamente, el 16% de la población víctima de desplazamiento forzado en el país.

Asimismo, es el departamento más receptor de población en situación de desplazamiento, concentra cerca del 16%, representado en 101.433 fami-lias y 453.337 personas.

En el Registro Único de Población Desplazada (RUPD), y en comparación con las demás regiones del país, Antioquia es el departamento en el que más confluyen las dos condiciones, expulsor y receptor de población vícti-ma de desplazamiento forzado en Colombia.

Antioquia también registra cifras alarmantes en cuanto a la pérdida y aban-dono de bienes inmuebles a causa de la violencia. De acuerdo con las esta-dísticas de Pastoral Social6 , del total de personas desplazadas en Antioquia que acudieron a la Iglesia entre los años 1997 y 2007, el 41,5% manifes-taron ser propietarios, el 8,8% arrendatarios, el 2,65% colonos, el 5,6% poseedores, el 5,25% estaban en tierras mediante otra forma de tenencia y el 6,2% en tierra colectiva. El 83,2% de las personas, además del despla-zamiento forzado, también fue víctima de pérdida o despojo de bienes; sólo el 16,8% de las personas desplazadas no había dejado tierras.

5  Tomado el 11 de mayo de 2009 de http://www.accionsocial.gov.co/Estadisticas/publicacion%20marzo%2031%202009.htm6  Fuente: Secretariado Nacional de Pastoral Social, “Modalidad de tenencia de la tierra”.

El desplazamiento forzado en Antioquia

DESPLAZAMIENTO FORZADO

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Según la misma fuente, el total de hectáreas abandonadas en Antioquia asciende a 97.4827 . Las reclamaciones de las víctimas de la violencia sobre tierras se han concentrado en la Mesa Departamental de Tierras8 , instan-cia que viene adelantando el estudio y trabajo interinstitucional respecto al despojo y la restitución de tierras en el departamento. La sistematización de casos de pérdida de bienes que ha hecho la Mesa dio origen a una matriz de información que fue adoptada por la Comisión Regional de Restitución de Bienes de Antioquia, y que registra cerca de 1.750 reclamaciones de tierras en todo el departamento, incluidos los 880 casos identificados por el Pro-yecto Piloto de Restitución de Tierras en las 4 veredas de Turbo.

De acuerdo a la información registrada en la matriz de recepción de casos de reclamación de tierras de la CRRB de Antioquia, en la actualidad las reclamaciones de tierras9 interpuestas por las víctimas comprometen 25.817 hectáreas.

El desplazamiento forzado en el municipio de Turbo10

El Urabá Antioqueño11 ha sido una de las regio-nes colombianas más afectadas por el conflicto; por su estratégica posición geográfica y por la alta productividad y gran vocación agrícola de sus suelos, la guerra por la tenencia de la tierra en esta región es álgida.

En ese sentido, Alejandro Reyes identifica al Urabá como una de las regio-nes críticas en el abandono de tierras por parte de población desplazada, así lo hace citando un testimonio: “(…) Hubo zonas geoestratégicas para los paramilitares, como Pueblo Bello, San Pedro, Turbo y Necoclí. En esta vía, donde a la izquierda está el mar y a la derecha buenas fincas ganaderas, se ve el dinero. Ese fue el plan estratégico para sacar a la gente, pues es una zona clave para sacar armas y para entrar droga12”. Esta Región también se ha caracterizado por las reiteradas violaciones a los derechos humanos por

7  Dato tomado de la Tabla “Desplazados y hectáreas abandonadas en Municipios de Antioquia. 1997-2007”, en Guerreros y      campesinos. El despojo de la tierra en Colombia, de Alejandro Reyes Posada. Grupo Editorial Norma, 2009, pág.: 239. 8  Conforman  esta  Mesa  de  Tierras:  Comisión  Nacional  de  Reparación  y  Reconciliación,  Sede  Antioquia;  Procuradu-ría  Regional;  Defensoría  del  Pueblo;  Unidad  de  Justicia  y  Paz  de  la  Fiscalía  General  de  la  Nación;  Instituto  Colom-biano  de  Desarrollo  Rural  (INCODER);  Instituto  Geográfico  Colombiano  Agustín  Codazzi  (IGAC);  Notariado  y  Regis-tro  Departamental;  Acción  Social  Programa  de  Protección  de  Tierras;  Gobernación  de  Antioquia  (Asesoría  de  Paz  de la  Gobernación);  Secretaría  de  Agricultura  departamental;  Catastro  departamental;  Oficina  de  Víctimas  de  la  Al-caldía  de  Medellín;  Personería  de  Medellín;  Procuraduría  Agraria;  Misión  de  Apoyo  al  Proceso  de  Paz  de  la  OEA.

9  Información obtenida a 24 de agosto de 2009. 10  Mapa tomado de LEA, La Enciclopedia de Antioquia, agosto de 2009.11  Subregión conformada por los municipios de Mutatá, Chigorodó, Garagoa, Apartadó, Turbo, San Pedro de Urabá, Arbole-             tes, San Juan de Urabá y Necoclí.  12  Reyes, A. “Guerreros y campesinos. El despojo de la tierra en Colombia”, Editorial Norma, Bogotá, 2009. pág.: 152. 

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parte de múltiples actores armados: “el primer ensayo de copamiento te-rritorial fue el de Urabá, desde 1994, que marginó a las FARC de la región y asimiló a muchos desmovilizados del EPL, que estaban siendo perseguidos por las FARC 13” .

Turbo ha sido un punto focal del conflicto en Urabá. Si se utilizara un péndu-lo para identificar el epicentro de la violencia, indicaría la zona rural de Tur-bo, específicamente las veredas del Corregimiento de Nueva Colonia. Allá ocurrieron las primeras masacres del país, una forma masiva y sistemática de exterminio de la población, basta con recordar los casos de las masacres de Honduras, La Negra y Coquitos en 198914. Esas mismas veredas fueron el centro de las operaciones del Bloque Bananero de las AUC, en especial del frente Arlex Hurtado bajo el mando de Raúl Hasbún Mendoza, alias “Pedro Bonito” o “Pedro Ponte”.

El municipio de Turbo, por sí solo, agrupa casi el mismo número de personas víctimas de desplazamiento forzado que fueron expulsadas de los departa-mentos de Arauca, Cundinamarca y Huila; supera al Guaviare y representa casi la mitad de las cifras de Sucre.

Otra característica muy particular de este municipio es ser el tercero del país en población retornada. Hasta marzo de 2009, con el acompañamiento de Acción Social, 10.775 personas habían regresado al municipio.

Los casos reportados ante la CRRB de Antioquia muestran que los munici-pios del departamento con una mayor problemática de tierras son, en su orden: Turbo (1.140 reclamaciones de tierras), Mutatá (46), Necoclí (33), EL Bagre (26), Ituangó (24), Medellín (14), Dabeiba (13), Arboletes y San Roque (10)15

13  Reyes, 2009, pág.: 128.14  Al  respecto,  Alejandro  Reyes,  antes  citado,  reconoce  que  el  primer  ensayo  de  copamiento  territorial  por  el  fenó-meno  paramilitar  fue  el  de  Urabá,  desde  1994.  “Los  grupos  de  autodefensas,  o  paramilitares,  son  los  que  ma-yor  incidencia  han  tenido  en  el  abandono  de  tierras  de  las  subregiones  antioqueñas  del Magdalena Medio,  Bajo  Cau-ca  y,  especialmente,  el  Urabá  antioqueño.  Desde  1998,  con  la masacre  de  la  vereda  de Mejor  Esquina  del Municipio de  Buenavista  (Córdoba),  se  dio  inicio  a  las  acciones  de  las  autodefensas  en  el  Urabá.  En  esa masacre murieron  36 personas.  Luego  en  las  fincas  “Honduras”,  “La  Negra”  y  “Coquitos”  se  registraron  más  de  20  muertes”.  Pág.:  158.

15  Reclamaciones recibidas hasta agosto 24 de 2009.

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El desplazamiento forzado en las veredas California, Calle Larga, La Teca y Nueva Unión del Corregimiento

Nueva Colonia del Municipio de Turbo El Proyecto Piloto de Restitución de Tierras en estas cuatro veredas del Mu-nicipio de Turbo en Antioquia, recolectó información institucional y comuni-taria sobre predios, personas con derechos sobre la tierra, tipo de derechos, forma de adquisición y modalidades de desplazamiento y pérdida o despojo de bienes. Las propuestas de restitución a la luz de la justicia transicional se basaron en el análisis de esos datos. La información institucional fue aportada por el Comité Local de Atención Integral a la Población Desplaza-da (CLAIPD) de Turbo, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y el Catastro Municipal. Una parte de la información de fuente comunitaria se tomó del Programa de Protección de Tierras de Acción Social; con ella se realizó el primer informe sobre derechos en predios y territorios de Turbo, adoptado mediante la Resolución 005 de 17 de marzo de 2009 del CLAIPD de ese municipio. Otra parte de dicha información se obtuvo de la aplica-ción de formularios e instrumentos diseñados por el Proyecto Piloto16 a las personas de las 4 veredas.

Tras la recolección de toda esta información se logró confirmar que en las veredas objeto del Piloto hay 401 predios que tienen protección colectiva de tierras17 desde los años 2002 y 2004; la extensión de esas tierras ascien-de a un poco más 3.034 hectáreas18. Sobre las cuatro veredas recaen dos medidas de protección colectiva de tierras, por riesgo de desplazamiento y de desplazamiento masivo.

16  En el diagnóstico inicial del pilotaje, luego de recaudar y sistematizar datos, se realizó un análisis lógico y secuencial de la información obtenida. El siguiente fue el orden seguido: 1. Estudio de la Resolución 005 de 17 de marzo de la Alcaldía de Turbo, CLAIPD. Este documento se analizó para identificar a las personas que contaban con una medida de protección de tierras vigente, detectar el tipo de relación jurídica que tenían las personas sobre los predios, las formas de recolección de información, y posteriormente de restitución. Con esta información sobre propietarios, se solicitó a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Turbo la totalidad de los certificados de libertad y tradición. 2. Estudio de títulos. Los certificados de libertad y tradición entregados por la mencionada Oficina de Registro fueron estudiados analizando el actual propietario, la cadena de tradiciones, el título originario y el estado de la protección. Después se verificó la fuente institucional en lo relativo a propietarios y las ventas posteriores a la protección de las tierras. 3. Fichas catastrales de Catastro Municipal de Turbo. Una vez obtenidas la totalidad de las fichas catastrales se constató, mediante compara-ción, la ubicación del predio, actual propietario u ocupante, límites, colindantes y extensión. 4. Ubicación sobre mapas catastrales de las veredas, datos de propietarios, ocupantes y poseedores. Con el apoyo técnico de una empresa experta en manejo de planos topográficos y autocad, se ubicó a cada uno de los predios dentro de los planos catastrales, así como las personas con derechos sobre la tierra y el tipo de derecho. También se constató el área y ubicación de los predios. 5. Fuente comunitaria. Después del proceso se realizaron tres  jornadas de trabajo con  la comunidad de  las cuatro veredas de Turbo, en  las cuales se aplicaron dos  instrumentos diseñados por el Piloto para el  levantamiento de información comunitaria de casos de despojo de bienes, y para el análisis de viabilidad de la adjudicación de baldíos. Esa actividad se desarrolló entre el 27 y el 29 de mayo en el corregimiento Nueva Colonia de Turbo; asistieron 540 personas de las cuatro veredas objeto del Proyecto Piloto, que fueron atendidas por un equipo de 20 profesionales de la Asesoría de Paz de la Gobernación de Antioquia, la Secretaría Departamental de Agricultura, INCODER, CNRR, Fiscalía 17 de Justicia y Paz, y el proyecto piloto. Así se logró verificar información de fuente primaria. De 338 casos de reclamación de tierras, 137 corresponden a predios de propietarios (119 de esas familias manifestaron haber sido víctimas directas del Bloque Bananero de las AUC, por conductas como homicidio, desplazamiento, despojo, venta forzada y estafa), 124 baldíos de ocupantes y 69 como poseedores. 

17  La protección colectiva de tierras es la medida de protección de tierras otorgada de manera colectiva a una población que se encuentra desplazada o en riesgo de desplazamiento a causa del conflicto armado, y su efecto práctico es el de sacar los predios del comercio. Al respecto, consultar Ley 387 de 1997.

18  De conformidad con las Resoluciones 001 y 002 de 2007 del Comité Local de Atención Integral a Población Desplazada       de Turbo.

17

En la Resolución No. 001 del 30 de agosto de 2007 fue consagrado el fenó-meno masivo el desplazamiento forzado, así:

Que, de acuerdo con la información consignada en las actas No. 18 y 24 del 2006 y No. 37 del 30 de agosto de 2007 del CLAIPD de Turbo, en la vereda Nueva Unión corregimiento Nueva Colonia, desde el mes de junio de 2004 se viene evidenciando riesgo de desplazamiento for-zado como consecuencia de acciones de hostigamiento, presión de grupos desmovilizados, hechos violentos que atentan contra la vida, la integridad y los bienes patrimo-niales de sus habitantes, lo que hace necesario iniciar el trámite de protección de tierras.

De igual forma por la información consignada en el acta 37 de agosto 30 de 2007 del CLAIPD de Turbo, en la vere-da California del mismo corregimiento, desde el mes de junio de 2000 se viene evidenciando riesgo de desplaza-miento forzado, por evidencia de extorsión, hostigamien-to y presión de grupos desmovilizados, hechos violentos (sic)”19 (subrayados fuera del texto)

De la misma forma, la Resolución 002 del 19 de septiembre de 2007, señala:

“7. Que, de acuerdo con la información consignada en el acta No. 38 del 2007 del CLAIPD de Turbo, en la vereda La Teka corregimiento Nueva Colonia, desde el mes de abril de 2002 se viene evidenciando riesgo de desplazamien-to forzado como consecuencia de acciones de hostiga-miento, presión de grupos desmovilizados, presión para la venta de 50 has establecidas en potrero, hechos violen-tos que atentan contra la vida, la integridad y los bienes patrimoniales de sus habitantes, lo que hace necesario iniciar el trámite de protección de tierras.

De igual forma por la información consignada en el acta 38 de septiembre 19 de 2007 del CLAIPD de Turbo, en la vereda Calle Larga del mismo corregimiento, desde el mes de marzo de 2002 se viene evidenciando riesgo de desplazamiento forzado, por evidencia de extorsión, hos-tigamiento y presión de grupos desmovilizados, hechos violentos que atentan contra la vida, la integridad y los

19  CLAIPD de Turbo, Resolución No. 001 de agosto 30 de 2007.

18

bienes patrimoniales de sus habitantes, lo que hace ne-cesario iniciar el trámite de protección de tierras20.” (su-brayados fuera del texto)

Al tenor de los documentos citados, podría decirse que en las poblaciones objeto del pilotaje hay un fenómeno de victimización masiva e indiscrimina-da de desplazamiento forzado y despojo de bienes. Para reafirmar lo ante-rior, en la Sentencia Anticipada 024, proferida el 23 de junio de 2009 por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia, se impuso a Rafael Emilio García, alias “El Viejo”, segundo al mando del Frente Arlex Hurtado del Bloque Bananeros de las AUC, una condena de 4 años y 6 me-ses de prisión, multa de 1.100 salarios mínimos mensuales e inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas por 6 años, por los delitos de con-cierto para delinquir agravado y desplazamiento forzado cometidos en las veredas La Reforma (la misma Nueva Unión) y La Teca21. Como resultado de la aceptación de cargos por parte del procesado en la sentencia citada, también hubo un reconocimiento de responsabilidad penal por cadena de mando, bajo la modalidad de coautoría impropia, de parte de Raúl Emilio Hasbún Mendoza, en la audiencia de versión libre rendida ante la Fiscalía 17 de Justicia y Paz el 2 de julio de 2009.

De las 3.034 hectáreas que, según fuente institucional, están bajo protec-ción colectiva de tierras, casi 2.400 tienen propietarios definidos; un poco más de 600 hectáreas corresponderían a ocupantes de baldíos. Estas úl-timas, según fuente comunitaria, ascenderían a 730 hectáreas22. En las 4 veredas hay un total de 458 propietarios, que corresponden al 51.99% de la población; 279 ocupantes, el 31,67%, y 142 poseedores que equivalen al 16,12%, tal como aparece en la siguiente tabla23 :

20  CLAIPD de Turbo, Resolución No. 002 de septiembre 19 de 2007. 21  Debe agregarse que la sentencia citada se dicta por el desplazamiento forzado de las veredas La Reforma y La Teca, en 

el texto no se hace discriminación o especificación alguna sobre casos particulares, es decir, la aceptación de las cargos, y la posterior condena, así como la subsiguiente aceptación por línea de mando de parte del excomandante Raúl Hasbún, se dio sobre todos los pobladores de las 2 veredas que para la época comprendida entre el 2000 y 2004 fueron víctimas. 

22  Ver Resolución 005 del 17 de marzo de 2009 del Comité Local de Atención Integral a Población desplazada de Turbo.23  Fuente: RUPTA, Superintendencia de Notariado y Registro, SNR, y Comité Territorial para la Atención Integral a la Pobla-      ción Desplazada, CTAIPD.

19

Estos hallazgos sobre el tipo de relación jurídica de las víctimas de despojo con la tierra, coinciden en parte con los registros del Consolidado Nacional de Protección de los Bienes, del Registro Único de Predios y Territorios Aban-donados por Causa de la Violencia (RUPTA). Según esta fuente 53.878 per-sonas (el 45,7%) son propietarias, 36.865 (31,3%) son poseedoras y 19.441 (16,5%) son ocupantes20. La diferencia sustancial de Turbo radica en que el segundo grupo afectado en este municipio fue el de ocupantes, y el de los poseedores pasa a un tercer lugar debido a los grandes sectores de predios baldíos no adjudicados que hay en la región.

Hallazgos y cifras del pilotaje en las cuatro veredas

La base de datos diseñada por el Proyecto Piloto para la sustanciación de los casos (ver adjunto 1), contiene información aportada por 540 personas que diligenciaron 338 formularios en los que narraron las circunstancias que rodearon su desplazamiento. A continuación se exponen algunos de esos hallazgos

Formas de adquisición del derecho sobre la tierra:

Las personas víctimas de desplazamiento forzado y despojo de bienes en las cuatro veredas de Turbo mencionadas a lo largo de este documento, tenían diferentes tipos de derechos sobre la tierra; algunos eran propietarios, otros poseedores y otros ocupantes. La forma como cada una de estas personas adquirió el derecho se clasificó en las siguientes variables: adjudicación, compra, herencia, invasión y ocupación.

TABLA 1PERSONAS CON DERECHOS SOBRE LA TIERRACUATRO VEREDAS DE TURBO - PORCENTAJES

20

Se puede observar que la forma de adquisición más frecuente en el caso de los propietarios es la adjudicación24, y en el de los ocupantes y poseedores es la compra.

24  La adjudicación comprende la titulación de baldíos realizada por el INCORA o el INCODER, con ocasión de un proceso de       adjudicación de baldíos.

TABLA 2IDENTIFICACIÓN DE LAS CAUSAS DE ADQUISICIÓN DEL DERECHO NUMERO DE PERSONAS

TABLA 3IDENTIFICACIÓN DE LAS CAUSAS DE ADQUI-SICIÓN DEL DERECHO NÚMERO DE PERSONAS / DISCRIMINADAS POR VEREDAS

TABLA 4IDENTIFICACIÓN DE LAS CAUSAS DE ADQUISICIÓN DEL DERECHO NÚMERO DE PERSONAS / DISCRIMINADAS POR TIPO DE RELACIÓN JURÍDICA

21

Causas del desplazamiento forzado:

El número de personas entrevistadas que contestó la pregunta por la cau-sa del desplazamiento forzado se redujo significativamente, lo cual podría obedecer a múltiples factores, entre ellos: i) el entrevistador no explicó las opciones de respuesta de forma adecuada; ii) las personas no lo consideran un delito sino una circunstancia cotidiana, iii) aún persiste el temor a de-nunciar y señalar a los culpables. Esta pregunta sólo fue contestada en 109 formularios, las respuestas obtenidas fueron:

Las causas del desplazamiento forzado más señaladas fueron la violencia generalizada en la región25 y por amenazas directas26 .

25  Por violencia generalizada se entienden los casos en que las personas se desplazaron por los continuos hostigamientos, control armado de los grupos ilegales y por las constantes violaciones de derechos humanos expresadas en homicidios selectivos, desapariciones forzadas, reclutamiento forzado de menores, hurtos, extorsiones, entre otros.

26  En  las amenazas directas  las personas se desplazaron por una amenaza en contra suya o de su  familia, con un plazo perentorio para desalojar y abandonar la región. Al respecto se conoció el caso de una víctima de la vereda La Guacama-ya de Turbo, quien al narrar su caso contó que el desplazamiento de su familia se dio inicialmente con una reunión que hicieron algunos miembros del Bloque Bananero de las AUC en un colegio de la vereda donde vivían, a la cual convocaron a la totalidad de los pobladores, y les dijeron que en ocho días tenían que vender las tierras e irse. Según el testimonio de la víctima, su familia fue la última en partir de la vereda porque el padre, que aparecía como propietario en el registro de matrícula inmobiliaria, huyó a la ciudad para no ser obligado a vender, pero tras las serias y constantes amenazas de los paramilitares, tuvo que regresar para suscribir la escritura pública de venta. Finalmente la venta y el desplazamiento forzado de esta víctima ocurrió al mes de la primera reunión.

GRÁFICA 1CAUSAS DE ADQUISICIÓNDEL DERECHO A LAPROPIEDAD

TABLA 5IDENTIFICACIÓN DE LASCAUSAS DEL DESPLAZAMIENTO / No. DE PERSONAS

22

A pesar de que 222 personas no respondieron la pregunta sobre causa del desplazamiento, un número superior a las 109 que sí lo hicieron manifestó haber adelantado trámites para la protección individual de tierras, solicitud que sólo pueden hacer quienes se encuentren en estas circunstancias; eso significa que algunos de los que se rehusaron a contestar sobre el desplaza-miento sí fueron desplazados o estuvieron en riesgo inminente de estarlo. Por otra parte, 246 personas hicieron algún tipo de trámite judicial y/ o ad-ministrativo para la protección o reclamación de sus tierras, entre ellas 242 pidieron protección individual de tierras.

TABLA 6IDENTIFICACIÓN DE LAS CAUSAS DEL DESPLAZAMIENTO

No. DE PERSONAS /DISCRIMINADAS POR VEREDA

TABLA 7IDENTIFICACIÓN DE LAS CAUSAS DEL DESPLAZAMIENTONo. DE PERSONAS /DISCRIMINADAS POR TIPO DE RELACIÓN JURÍDICA

GRÁFICA 2CAUSAS DEL DESPLAZAMIENTO

23

Responsables del desplazamiento forzado y/o despojo de tierras:

Tal vez por las mismas razones señaladas en el numeral anterior, sólo en 117 formularios se indicó el responsable del desplazamiento forzado y/o de la pérdida de los derechos sobre las tierras. El paramilitarismo con 102 casos, es el mayor causante. Dentro de la categoría de “paramilitares” se señalaron los siguientes nombres específicos: Rafael García, Antonio Arbo-leda, Felipe Echeverry, AUC, Bloque Bananero, Carlos Castaño, Cartagena, alias “Cepillo”, alias “H.H.”, alias “El Chocoano” y Hasbún.

Hasbún era el Comandante del Frente Arlex Hurtado de las AUC; Rafael Gar-cía es el mismo alias “El Viejo”, segundo de Hasbún; alias “Cepillo” era del frente bajo el mando de Hasbún; alias “El Chocoano” pertenecía al Bloque Bananero; alias “H.H.” es Heber Veloza García, ex comandante del Bloque Bananero de las AUC; Cartagena es señalado por las víctimas como el sue-gro de alias “Cepillo”, quien luego de su muerte asumió el control en las tierras de las que se había apropiado Cepillo. Antonio Arboleda, por su par-te, era el administrador de algunas fincas en la región, reconocido por la comunidad como paramilitar, aunque no se desmovilizó; contra él se sigue un proceso penal ordinario por el caso de la Convivir Papagayo. Según lo afirmado por el mismo Hasbún en sus versiones libres, Felipe Echeverry fue su representante para el tema de tierras; aunque no es considerado como paramilitar, en estos momentos se sigue contra él un proceso penal ordina-rio por los delitos de constreñimiento ilegal y estafa.

TABLA 8TIPO DE TRÁMITESADELANTADOS / No. DE PERSONAS

GRÁFICA TRÁMITES REALIZADOS

24

TABLA 9RESPONSABLE DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO Y/O DEL DESPOJO DE BIENES / No. DE PERSONAS

GRÁFICO 4RESPONSABLES DEL DESPLAZAMIENTO Y/O PERDIDA DEL BIEN

TABLA 10RESPONSABLES DEL DESPLAZA-MIENTO FORZADO Y/O DEL DESPOJO DE BIENES

No. DE PERSONAS / DISCRIMINADO POR TIPO DE RELACIÓN JURÍDICA

TABLA 11RESPONSABLES DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO Y/O DEL DESPOJO DE BIENES No. DE PERSONAS / DISCRIMINADO POR VEREDAS

25

TIPOLOGÍAS DE DESPOJO IDENTIFICADAS

De los 1.746 registros que agrupa la matriz de recepción de casos de la Comisión Regional de Restitución de Bienes de Antioquia, hasta finales de agosto de 2009 sólo 520 tienen información completa sobre la causa de la pérdida del predio. También se encuentran 281 casos de ocupantes frente a los cuales, independientemente del motivo de la pérdida, pueden trami-tarse solicitudes de adjudicación de baldíos. Entre las causas de la pérdida de los derechos reportadas por los reclamantes de tierras, la más frecuente es el abandono por la violencia con 203 casos; le siguen las ventas forzadas con 154 y los despojos con 128.

El abandono producido por la violencia y el despojo son similares porque en los dos casos las personas fueron obligadas a desplazarse y a dejar sus tierras por vías de hecho, sin que mediara negocio jurídico alguno. La dife-rencia es que en el despojo se expulsa a la persona de su tierra para que la ocupe otro en su lugar, persona que aún permanece en la propiedad; en el abandono, los predios quedan desocupados lo cual facilita el retorno porque no hay terceros.

CAUSA DE LA PÉRDIDA DELBIEN EN ANTIOQUIA

(SEGÚN EL AFECTADO)

VENTA FORZADA Y FALSEDAD

LESIONDESPLAZAMIENTO

FALSEDADESTAFA

DESPOJOSVENTA FORZADA

ABANDONO POR CAUSA DE LA VIOLENCIA

Tipologías de despojo detectadas en las reclamaciones de restitución de tierras

presentadas a la CRRB de Antioquia

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Tipologías más frecuentes:

Víctimas con títulos y despojadas:

Este es el caso de quienes eran propietarios y se vieron forzados a aban-donar la tierra; aquí operó el despojo de bienes de hecho sin que hubiera ninguna transacción o negocio jurídico, por lo tanto en los certificados de matrícula inmobiliaria las víctimas desplazadas todavía aparecen como pro-pietarias.

Ventas forzadas, falsedades y adulteraciones de títulos y registros:

Propietarios obligados a deshacerse de sus tierras por medio de un negocio jurídico, o algún tipo de transacción, en el que se formalizó el traspaso de la propiedad a otra persona. El tipo más repetido es el de las ventas forzadas, presionadas por amenazas directas en contra de la vida o la integridad per-sonal; en estos eventos además fue usual que confluyeran también bajos precios o que no se efectuara el pago del dinero..

Falsedades:

La venta de las tierras se realizó suplantando al vendedor, con identifica-ciones falsas e incluso con el concurso de notarios para la suscripción de escrituras públicas a nombre de otra persona. Un ejemplo frecuente fue la venta realizada por una persona que figura como fallecida con anterioridad a la fecha de la firma de la escritura pública.

Adulteraciones:

Son traspasos de la propiedad a través de anotaciones falsas en las matrí-culas inmobiliarias; en estos casos, las personas forzadas a dejar sus tierras pierden su propiedad porque, mucho tiempo después del abandono de su predio, aparecen adulteraciones en las matrículas inmobiliarias.

Ocupantes obligados a vender a la fuerza:

Aunque jurídicamente no es posible vender o transferir el derecho de ocu-pación, en la práctica rural suele venderse la posesión material de la tierra, bien sea que se tenga como poseedor u ocupante, cuando se trata de bienes baldíos. A quienes eran ocupantes se les obligó a vender la posesión mate-rial y a desplazarse; estas personas fueron además constreñidas a vender sus mejoras y tiempos de posesión u ocupación a muy bajos precios o sin pago.

27

Tipologías del despojo identificadas en las veredas La Teca, California,

Calle Larga y Nueva Unión de Turbo.

Dos grupos representativos de personas con derechos sobre la tierra so-bresalen en la región objeto del Proyecto Piloto: el primero conformado por propietarios, el segundo por ocupantes de predios baldíos. Los dos tienen una característica común: pese a que sus predios gozaban de la garantía de protección de tierras, fueron víctimas de alguna de las modalidades de desplazamiento forzado y pérdida o despojo de tierras.

Un tercer grupo es el de los poseedores, personas que obtuvieron su dere-cho por medio de negocios jurídicos de venta de tierras privadas, escrituras y títulos sin registrar, sucesiones sin resolver, ventas parciales sin autoriza-ción del INCODER, entre otras. Más que el conflicto de intereses entre los propietarios, estas circunstancias generan un problema de informalidad en la propiedad.

El diagnóstico de cada una de las veredas objeto del pilotaje en Turbo, ob-tenido a partir de la información institucional recaudada y analizada, es el siguiente:

La vereda California tiene una extensión de 148,7996 hectáreas, los predios oscilan entre las 3 y las 4 hectáreas, de ellos 26 tienen definida la propie-dad como consecuencia de las adjudicaciones hechas por el INCODER en el 2006 a igual número de familias. Los 19 predios restantes figuran todavía a nombre de la Nación puesto que estas tierras, en el año 1999, habían sufri-do una extinción parcial de dominio.

VEREDACALIFORNIA

28

La vereda La Teca, con 299,195 hectáreas de extensión, tiene 91 predios entre 2 y 3 hectáreas cada uno, la mayor parte de ellos (70) son de propie-tarios definidos, sólo hay 21 baldíos.

La vereda Calle Larga, una de las más grandes, ocupa 439,4427 hectáreas. Son 136 predios de entre 2 y 2,5 hectáreas, que tienen una distribución muy ordenada; la excepción es el predio número 108, que puede verse en la parte izquierda del plano de la vereda, colindante con el Golfo de Urabá, con una extensión de 57,0276 hectáreas. Esta vereda es la más poblada del pilotaje. Debido a la adjudicación de baldíos desarrollada por el INCORA en la década del noventa, en 91 de los predios hay propietario definido.

VEREDALA TECA

VEREDACALLELARGA

VEREDANUEVAUNIÓN

29

Nueva Unión, también conocida como La Reforma, es la vereda de mayor extensión: tiene 2.151,5354 hectáreas; contiene el casco urbano del corre-gimiento de Nueva Colonia, ubicado en la parte inferior derecha del plano. De las 4 veredas, Nueva Unión es la que tiene la propiedad menos definida, 59 de los predios aún son baldíos y 54 registran propietario. Por lo regular los predios oscilan entre 3 y 6 hectáreas, pero hay varios casos de predios superiores a las 20 hectáreas, lo que no ocurre en las demás veredas. El predio grande que se localiza a la izquierda en el plano, tiene 533,4184 hec-táreas, limita con el Golfo de Urabá y sigue a nombre de la Nación.

Tipologías del despojo de las 4 veredas

Sólo en 123 entrevistas se especificó la causa de la pérdida del derecho sobre la tierra como propietarios, poseedores u ocupantes. Sin embargo, aún así es posible identificar las modalidades de despojo de las tierras apli-cadas por los miembros de los grupos armados ilegales en esta región de Turbo. En las 4 veredas del pilotaje, entre los años 2000 y 2004, los grupos paramilitares aplicaron las siguientes formas de despojo de las tierras a los pobladores27 :

27 El  periodo  se  limitó  al  transcurrido  entre  el  2000  y  el  2004 porque  fue  en ese  lapso en el  cual  un mayor  número de       personas manifestó haber sido víctima.

GRÁFICO 6CAUSAS DE LA PÉRDIDA DEL DERECHO SOBRE LA TIERRA CASOS FRECUENTES / DISCRIMINADO POR TIPO DE RELACIÓN JURÍDICA

TABLA 12CAUSAS DE LA PÉRDIDA DEL DERECHO /CASOS

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Desplazamiento forzado a causa de la violencia

En 76 casos la tierra fue abandonada por violencia o desplazamiento forza-do; de ellos, 45 personas eran ocupantes, 20 propietarias y 11 poseedoras. Conviene recordar que el desplazamiento forzado en la región fue masivo y que fue la principal causa de la pérdida de la tierra en las veredas. Se regis-traron 109 casos de víctimas de desplazamiento forzado (ver tabla 5), y 246 casos de tramitación de solicitud individual de protección de tierras (ver ta-bla 8). Por otro lado, la Resolución 005 de 2009 del CLAIPD de Turbo incluyó dentro de la protección colectiva de tierras a 637 personas con algún tipo de derecho sobre la tierra28 .

La modalidad de despojo de tierras más utilizada en las veredas de Turbo fue el desplazamiento forzado en sus diferentes formas: la violencia gene-ralizada, las amenazas directas con un término perentorio para desalojar, o la comisión de otros delitos29 que conminaron a las personas a huir y abandonar sus propiedades. Fueron recurrentes las acciones de hecho para despojar a las personas de sus bienes y en pocos casos se apeló a algún tipo de artificio jurídico para conseguir la transferencia formal de la propiedad. Estos hechos se presentaron especialmente entre los años 2000 y 2002.

Por lo general el despojo de los ocupantes y poseedores estuvo precedido por la orden de entrega del predio proferida por los miembros de los grupos ilegales porque necesitaban las tierras para “el patrón”30, del que se decía, además, que era el legítimo dueño y que exigía la devolución de su propie-dad. Después de la orden se daba a las personas un tiempo para vender las mejoras e irse. Cumplido el plazo, quienes no habían accedido a entregarlas eran obligados a desplazarse sin haber recuperado nada de lo perdido. A quienes eran expulsados de sus tierras se les arrebataban los documentos que tuvieran para demostrar sus derechos: escrituras, resoluciones, docu-mentos de compraventa privada, promesas de compraventas, certificados de libertad y tradición, certificados de pago de impuesto predial, despren-dibles de pago de la venta de las cosechas, entre otros. Esa era una forma de prevenir futuras y posibles reclamaciones de tierras de los despojados, pero la medida también buscaba producir un impacto fuerte en las víctimas, pues en esa zona rural se acostumbra vender y comprar la tierra entregan-do los documentos y así, personas a las cuales les arrebataron sus papeles, aún hoy en día creen que perdieron sus propiedades por ese motivo31 .

28  La Resolución 005 del CLAIPD de Turbo confirió protección colectiva a 401 predios, con los cuales 637 personas tenían       algún tipo de relación jurídica como propietarios, poseedores u ocupantes. 29  El otro delito cometido con frecuencia fue el homicidio de algún familiar30  Al respecto se recomienda ver el video de la jornada de víctimas adelantada en el corregimiento Nueva Colonia del muni-      cipio de Turbo, durante los días 25, 26 y 27 de mayo, por parte del Proyecto Piloto para la Restitución de Tierras de Turbo.31  En el restablecimiento del derecho a  las 105 familias realizado el 10 de  julio de 2009, se  les entregaron copias de  los       títulos que los acreditaban como propietarios, sus certificados de libertad y tradición, escrituras y resoluciones, como        parte de lo que restablece el derecho a la propiedad.

31

En las cuatro veredas de Turbo que se analizan, es significativo el retorno de un gran número de las personas que habían sido obligadas a desplazarse, en algunos casos han regresado por su propia cuenta a sus tierras.

Venta forzada

Los 27 registros de la pérdida de la tierra por ventas forzadas se refieren a 18 ocupantes, cinco poseedores y cuatro propietarios; a estas personas se les obligó a vender la tierra e irse. En algunos casos dichas ventas se hicie-ron de acuerdo a las formalidades legales a través de escrituras públicas registradas, y en otros se recurrió a documentos privados de compraventa. Para la venta de las posesiones materiales hubo suscripción de escrituras públicas. En todas las ocasiones estas ventas forzadas se hicieron por un bajo precio; por ejemplo, a las 21 familias de la Asociación Campesina de la Teca (ASOTEC) que eran ocupantes, los grupos ilegales les ofrecieron $300.000 por hectárea y la negociación culminó en el pago de $1.000.000 por hectárea, cuando el precio comercial de estas tierras, así sea en la ven-ta de la ocupación, es muy superior a esa suma. Hay un agravante en este caso y es que la venta forzada de lo socios de ASOTEC se negoció con pos-terioridad al desplazamiento forzado, cuando las víctimas ya no se encon-traban en posesión de su tierra32 .

En algunas circunstancias, además de la venta forzada y del bajo precio no se canceló el pago convenido, por lo que el negocio jurídico se suscribía únicamente con fines probatorios a favor de los despojadores. En las cuatro veredas del Proyecto Piloto no se identificó ningún caso de éstos, pero en Guacamayas, otra vereda de Turbo, se hicieron ventas forzadas en las que se vendió la propiedad a una persona, pero en el registro de instrumentos públicos aparecía como propietario un tercero desconocido. Por ejemplo, A fue obligado por B a venderle y a suscribir escritura pública a su nombre, pero al consultar hoy el registro de matrícula inmobiliaria del bien, aparece una venta de A a C, A no firmó dicha escritura pública y B no aparece en ninguna parte de la transacción.

Estafa

La estafa fue una de las modalidades de despojo aplicadas en las veredas objeto del pilotaje. El delito de estafa está definido en el artículo 246 del Código Penal (Ley 599 de 2000) de esta manera: “El que obtenga provecho ilícito para sí o para un tercero, con perjuicio ajeno, induciendo o mante-niendo a otro en error por medio de artificios o engaños (…)”.

32  En el capítulo de Casos Emblemáticos se describirá de manera más completa el fenómeno caso de ASOTEC. 

32

En la vereda California 45 familias que ocupaban tierras fueron inducidas a creer que estaban comprándoselas al propietario. La historia se remonta a la década del ochenta cuando familias entraron a ocupar este predio, deno-minado Finca “La Niña”, que por entonces pertenecía a Emilio Hasbún y Cia. S. en C. Por medio de la Resolución 1316 del 22 de junio de 1999, el INCORA declaró la extinción parcial del derecho de dominio privado, por lo cual esas tierras pasaron a nombre de la Nación. En el año 2000 Raúl Hasbún, en ese momento comandante del Frente Arlex Hurtado del Bloque Bananero, envió a Felipe Echeverry en representación suya, acompañado de miembros del frente que comandaba, entre ellos alias “El Viejo” y alias “Camacho”, para que negociaran con las familias ocupantes con el fin supuesto de venderles las tierras. Como resultado de las negociaciones con los delegados de Has-bún, quienes acudían a las citas con las personas portando armas, las 45 familias se comprometieron a pagar cada semana una cuota que era des-contada por Banacol del pago de cada embarque de plátano que sacaban. Así se hizo hasta que en el año 2004 las primeras familias completaron su pago, la venta no pudo realizarse y las familias supieron así que quien se reputaba dueño no lo era desde 1999 y que los había mantenido en engaño para apropiarse de sus dineros.

La extensión total del predio “La Niña” es de 104 hectáreas, de ellas 59,68 fueron adjudicadas a 22 familias el 24 de julio de 2006, mediante resolucio-nes del INCODER 0213 a la 0235, durante la instalación de la Sede Antio-quia de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Las 23 familias restantes continúan despojadas; desde su desplazamiento durante los años 2002 a 2004, sus propiedades están ocupadas de manera indebida y están siendo explotadas por empresarios que las adquirieron desde el despojo que efectuó el paramilitarismo. En la actualidad se adelanta por este caso un proceso penal ordinario en contra de Felipe Echeverri por los delitos de constreñimiento ilegal y estafa.

Venta a bajo precio

La venta a bajo precio también hizo parte de los mecanismos de despo-jo que se aplicaron en la zona y casi siempre estuvo asociada a la venta forzada porque fueron transferencias de derechos sobre la tierra hechas a precios irrisorios; en estas transacciones hay lesión enorme33 . Por ejemplo, se obligó a un propietario a vender la hectárea por $1.000.000, cuando el precio comercial en la zona, por esa época, era de diez millones. En ocasio-nes la venta a bajo precio se hizo parecer voluntaria; esa fue la situación de personas amenazadas y obligadas a desplazarse, que para recuperar algo, por la oportunidad de una oferta y ante la urgencia de irse, vendieron a ter-ceros por un valor ínfimo. Hay que resaltar que quienes así actuaron por lo

33  “Lesión enorme es una figura jurídica a la que puede recurrir un comprador o vendedor para exigir que se rescinda un contrato de compraventa, cuando el valor del contrato difiere desproporcionadamente del valor real”. Tomado de http://www.gerencie.com/lesion-enorme.html. Página consultada en octubre de 2010

33

general no se consideran víctimas de despojo de tierras y, en consecuencia, no adelantan reclamaciones por tal asunto.

Otras

Aparecen definidas por parte de los entrevistados las siguientes: 1. Enfermedad 2. Retornados (2 casos) 3. No hubo pérdida del bien 4. No aparecen escrituras

Cuadro de de síntesis de las tipologías del despojo identificadas en el Proyecto Piloto

Para lograr una mayor comprensión de las tipologías del despojo identifi-cadas en el pilotaje en Turbo, se presenta a continuación un cuadro en el cual se relacionan las tipologías, su descripción, la problemática que repre-sentan, la ruta de solución sugerida y los obstáculos y recomendaciones planteadas:

TABLA 13CAUSAS DE LA PÉRDIDADEL DERECHO CASOS DISCRIMINADOSPOR VEREDA

TABLA 14CAUSAS DE LA PÉRDIDADEL DERECHO CASOS DISCRIMINADOSPOR TIPO DE RELACIÓNJURÍDICA

5. No puede vivir allá por falta de energía 6. No precisa la razón (3 casos)

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Desplazamiento forzado a causa de la violencia

Venta forzada

Estafa

Venta a bajo precio

Uso de violencia generalizada, las amenazas directas con un término peren-torio para desalojar, o la comisión de otros delitos que conmina-ron a las personas a huir y abandonar sus tierras

Constreñimiento para vender la tierra en contra de la voluntad, apelando al uso de la violencia, seguida por un desplazamiento forzado. Siempre asociada a un bajo o nulo precio, por lo general mediante el uso de testaferros.

Inducir o mantener en error por medio de artificios o engaños, para obtener prove-cho ilícito.

La venta a bajo precio asociada a la venta forzada, con media-ción del uso de la violencia. De ello también se aprove-charon terceros oportunistas.

Despojo material. La problemática principal es que a pesar de la conservación de los títulos de propiedad, las personas no tienen la posesión material del inmueble.

Despojo jurídico. Las personas perdieron la titularidad de su propiedad, y tampoco tienen la posesión material del inmueble.

Despojo jurídico. Las personas sufrieron dos menoscabos económicos: el dinero que pagaron producto de la estafa, y el inmueble. No tienen ni la titularidad de la propiedad, ni la posesión material.

Despojo jurídico. Las personas perdieron la titularidad de la propiedad, y sufrieron perjuicio económico por el bajo precio recibido.

Restitución directa y restablecimiento del derecho para la recuperación de la posesión material del bien.

Incidentes de cancela-ción de títulos fraudu-lentos (artículo 66 Ley 600 de 2000) para retrotraer el título. Luego, restitución directa y restableci-miento del derecho para la recuperación de la posesión material.

Recuperación de baldíos indebidamente ocupados ante el INCODER, para la recuperación de la posesión material del predio. Trámite de adjudicación de baldíos productivos ante el INCODER, para la titularidad de la propiedad a los ocupantes.

Depende de la intención de la víctima: o cancelación de títulos fraudulentos (artículo 66 Ley 600 de 2000) en los casos asociados a ventas forzadas, o indemnización de los perjuicios económicos mediante incidente de reparación integral.

Hacer un actualizado estudio de títulos de propiedad, junto con una inspección ocular del bien, para verificar propietarios y bienes con posibilidad de restitución directa. Cuando los afectados sean poseedores, acudir a otras rutas que no vulneren sus derechos.

El principal obstáculo es la demostración del testaferro o su vincula-ción con los grupos armados ilegales. Se recomienda ampliar denuncias penales en contra de esos terceros vinculados. El incidente se puede practicar tanto en escenarios procesa-les de justicia ordinaria, como en justicia y paz.

Con la inexequibilidad de la Ley 1152, el INCODER debe reajus-tar sus competencias internas para decidir sobre la recuperación de baldíos. Frente a la adjudicación el principal obstáculo es el costo económico que representa, para lo cual deben buscarse acuer-dos interinstitucionales.

Por lo general en estos casos no se consideran víctimas de despojo de tierras, y no se adelan-tan reclamaciones por tal asunto. La figura de la lesión enorme en civil, apunta a la legitimación de ésta.

TIPOLOGÍA DESCRIPCIÓN RUTA DE SOLUCIÓN

OBSTÁCULOS Y RECOMENDACIONES PROBLEMÁTICA

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Tipologías del despojo de bienes de las cuatro veredas, en comparación con otras tipologías

de despojo detectadas a nivel nacional

En comparación con las tipologías identificadas por el Ministerio de Agricultura y desarrollo rural,

mediante CONRET

En el documento diagnóstico del Programa de Consultas en Recuperación de Tierras (CONRET) del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, presenta-do en marzo de 2009, se identificaron y clasificaron las siguientes tipologías de despojo: 1) desplazamiento de propietarios; 2) transferencias forzadas de dominio; 3) ventas falsas; 4) caducidad administrativa; 5) desplazamien-to poseedores y ocupantes; 6) informalidad de la propiedad; 7) varios.

Hay plena coincidencia entre las siguientes modalidades de despojo iden-tificadas en el pilotaje en las cuatro veredas de Turbo y las clasificadas por CONRET: desplazamiento forzado de propietarios, poseedores y ocupantes; despojo de la posesión material de los predios; casos de lesión enorme (ven-ta a bajo precio) y fuerza (venta forzada) como vicio del consentimiento. En el diagnóstico del pilotaje se encontraron eventos de informalidad en la re-lación jurídica con la tierra; CONRET no considera que esta modalidad sea una tipología del despojo de tierras y cree que es una generalidad presenta-da en la zona rural de Turbo, independientemente del conflicto armado.

Hubo dos modalidades de despojo que no se encontraron en el pilotaje ade-lantado: i) ventas en las que la escritura o el registro son falsos, y en realidad en ellas no hubo manifestaciones de voluntad ni recepción del costo; y ii) caducidad administrativa, que ocurre cuando el INCORA genera declarato-rias de caducidad y revocatorias de las resoluciones de adjudicación porque los adjudicatarios de tierras abandonan la propiedad que se les otorgó. Sin embargo, la Asociación de Víctimas para la Restitución de Tierras y Bienes (ASOVIRESTIBI) sí conoce algunos casos de éstos que se presentaron en otras veredas de Turbo y en otros municipios de Antioquia como Mutatá.

TABLA 15COMPARATIVO ENTRE LAS TIPOLOGÍAS DEL DESPOJO DE CONRET Y DEL PROYECTO PILOTO DE TURBO

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Comparación con las tipologías expuestas por Alejandro Reyes, en su libro “Guerreros y Campesinos. El despojo

de la tierra en Colombia”

En su libro “Guerreros y Campesinos. El despojo de la tierra en Colombia”, Alejandro Reyes dedica un capítulo especial al análisis del despojo de la tierra en Antioquia. El autor clasifica las causas o razones que motivaron el despojo de tierras en el departamento y las modalidades aplicadas para llevarlo a la práctica, de la siguiente manera:

1.Causas o razones del Despojo34: Desocupar corredores estratégicos. Los títulos de los predios localizados en estas zonas fueron transferidos bajo la modalidad de estafa y la pre-sión armada; la población de estos territorios fue amenazada por grupos armados.

2.Despojo de tierras productivas: En el caso de Urabá fueron tierras adjudicadas por el INCORA (ahora IN-CODER). Es una modalidad despoblamiento-repoblamiento en la que se desplaza a campesinos de sus propiedades para instaurar en las tierras así desalojadas una base social que legitima a diferentes grupos arma-dos, sean paramilitares o guerrilla. Casi siempre esta dinámica es gene-rada por narcotraficantes, quienes además de comprar grandes extensio-nes de tierra para lavado de dinero y cultivos ilícitos, hacen ocupaciones de facto para cumplir objetivos de goce y localización estratégica. En muchos casos no se hicieron registros de titularidad de los predios y és-tos siguen a nombre de los despojados. También se presentan casos en que emisarios o mensajeros respaldados por el poder y la violencia de un grupo armado, intimidaron a los campesinos para que vendieran sus predios a bajos costos. Se presenta así un traspaso legal de predios, con el agravante de ser una operación sujeta a condiciones de intimidación, constreñimiento y estafa. Según Acción Social, en un escenario de repa-ración estos son los casos más difíciles de tratar porque las tierras fueron vendidas legalmente, en la medida que se cumplieron los procedimientos de titulación. Ocurre con frecuencia que la tierra obtenida por despojo sea dedicada a la siembra de cultivos ilícitos y cuando los desplazados retornan a sus predios se encuentran con extensas plantaciones de estos productos. Esta circunstancia es un problema adicional para ellos, porque si denuncian el despojo pueden incurrir en la extinción de dominio de sus tierras por el vínculo jurídico que tienen con dicha propiedad. “En el Urabá ha sido ligeramente distinto, porque los territorios colectivos que fueron abandonados y la gente que fue desplazada, ahora que sus due-ños originales retornan los encuentran llenos de cultivos extensivos de palma”35.

34  Op. Cit. Guerreros y Campesinos35  Ibíd. Pág.: 230.

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En la tabla 16 se muestra que la mayoría de tipologías de despojo identi-ficadas coinciden con los hallazgos del pilotaje en las cuatro veredas de Turbo. No se constató información precisa en cuanto a los fines del despojo, pero aún así es posible inferir que en la zona impera el cultivo y explotación económica de plátano, banano, arroz y ganado. También se encontró el fe-nómeno de concentración de la tierra 36, pero no asociado con el narcotrá-fico sino con el surgimiento y empoderamiento de haciendas y empresas productoras de plátano, banano y ganadería.

En todas las modalidades de despojo aplicadas, se apeló al envío de emisa-rios respaldados por la fuerza del grupo armado ilegal.

Comparación con las tipologías identificadas en el extinto Proyecto de Ley de Víctimas No. 157 de 2007 del Senado y

044 de 2008 de la Cámara de Representantes.

El 18 de junio de 2009 el Senado de la República decidió no aprobar el Proyecto de Ley de Víctimas 157 de 2007 del Senado y 044 de 2008 de la Cámara de Representantes, que pretendía el establecimiento de un esta-tuto jurídico para regular todo lo concerniente a las víctimas del conflicto armado, sus derechos y su reparación. En el Capítulo 2 de dicho proyecto, destinado a regular la restitución de bienes, se contemplaba la creación de figuras jurídicas, judiciales y administrativas que resolvieran el problema de

36  Para mayor desarrollo de este tema, ver documento de Caracterización

30. Si bien en ninguna de las 4 veredas objeto del pilotaje se constató el repoblamiento, durante el trabajo con la comunidad y con la Fiscalía 17 de Justicia y Paz, se tuvo  conocimiento  del caso de la vereda Punto Rojo de  Turbo,  en  la  cual  el desplazamiento  y  abandono  forzado  de  tierras   por   parte  de  los   pobladores,   fue seguido  por el  repoblamiento  con  personas  que   venían acompañadas por los grupos ilegales. 

TABLA 16COMPARATIVO ENTRE LAS TIPOLOGÍAS DEL DESPOJO FORMULADAS POR ALEJANDRO

REYES Y LAS IDENTIFICADAS EN EL PROYECTO PILOTO DE TURBO.

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la restitución de inmuebles en la perspectiva de la justicia transicional. Pese al fracaso del proyecto de ley, sus aportes en materia de nueva legislación para restitución son muy importantes, por cuanto en ese documento figura una aproximación a las tipologías del despojo más identificadas en el país, y porque formuló rutas para la restitución. En el estudio del extinto proyecto de ley se propusieron las siguientes tipologías o modalidades de despojo: i) despojo de la propiedad, ii) despojo de la posesión y ocupación, iii) usurpa-ción de tierras colindantes o baldías por parte de propietarios inscritos, iv) usurpación de la mera tenencia, y v) ventas forzadas y falsas.

Al comparar las tipologías identificadas en el pilotaje con las del menciona-do proyecto de ley, se encuentra que hay coincidencia en todas ellas, salvo en lo previsto por el proyecto para la perturbación de la mera tenencia y la usurpación de tierras colindantes o baldías. Para las tipologías coincidentes, como las del despojo de la posesión material de propietarios, poseedores y ocupantes mediante el abandono de tierras y desplazamiento forzado, las ventas forzadas, las estafas y las ventas a bajo precio, el proyecto men-cionado formulaba soluciones de justicia transicional prontas, efectivas y eficaces. Resulta lamentable que esta parte del documento se haya perdido por darle prelación a otros aspectos, no menos importantes por supuesto, pero que terminaron por anular un aspecto de gran desarrollo procesal y jurídico.

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CASOSEMBLEMÁTICOS

Tipologías de despojo detectadas en las reclamaciones de restitución de tierras

presentadas a la CRRB de Antioquia

Para finalizar este documento que identifica las tipologías de despojo apli-cadas por los miembros de los grupos paramilitares, se presentan a conti-nuación algunas narraciones de quienes sufrieron el desplazamiento forza-do y el despojo de las tierras en la región de Urabá. En ellas se describirán distintas formas sobre cómo los paramilitares, además de despojar a las víctimas de sus tierras, las estafaron y les causaron pánico generalizado.

Caso Asociación Campesina de La Teca, ASOTEC

Unos campesinos que poseían terrenos baldíos en la vereda la Teca decidie-ron inventarse, en 1998, una forma de trabajo colectiva y sostenible que generara ingresos para todos y mejorara sus condiciones de vida. Así narra los comienzos de ASOTEC don Alberto Padilla Ruíz, Presidente de la Asocia-ción y representante legal de ASOTEC, fundada el 16 de marzo de 1998 por las siguientes personas: Rafael Enrique Galarcio Páez, Edelmira Chiquillo Fuentes, Carlos Alberto Camacho Castro, Modesto Bravo Barrios, Bernabé Quintana Padilla, Manuel Serrano, Aquibaldo Palacio Agualimpia, Darío de Jesús Bolívar, Jerónimo Ballesteros Burgos, Lilian Yonadis Camacho Castro, Jorge Eliécer Mona Grajales, Lacides Martínez Guerrero, Elio Antonio Anaya Causil, Urbano Suárez, Mauricio Ríos Santos, Javier Herrera Salazar, Jorge Ricardo Serrano, Reinaldo Anzuza Padilla, John Jet Bravo Olivares y Arnoi Julio Vélez.

Testimonio: “Nos pusimos a trabajar, cultivamos pas-to y sembramos arroz, las tierras eran más de 300 hec-táreas, pero solo en pasto teníamos 50 hectáreas para la ganadería y en el resto cultivábamos arroz, nos financia-mos por esfuerzo propio poniéndonos cuotas semanales

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de diez mil pesos y así fuimos sintiendo la necesidad de ir aumentando las cuotas hasta que llegamos a treinta mil pesos quincenal; este dinero lo utilizábamos para ali-mentación y compra de animales (…), hasta que el 10 de febrero de 2003 llegaron dos hombres armados y un topógrafo y tomaron a uno de los asociados y le dijeron que fuera a mostrarles la finca porque era una orden del patrón, y el día 06 de marzo de 2003 nos llamaron a una reunión donde nos entregaron unos cheques que suma-ron cincuenta millones de pesos y que ese era el pago de la finca y que teníamos que desocuparla (…). En este momento [las tierras] están siendo ocupadas por Felipe Echeverri Zapata que las tiene con ganado”

Caso California: LA ESTAFA

En busca de mejores oportunidades, hacia mediados de la década del ochen-ta los campesinos decidieron ocupar unas tierras que sus dueños habían abandonado y que no estaban cultivadas. Estas tierras habían sido expro-piadas por el Gobierno en 1999 y pasaron a ser bienes baldíos de la Nación, por eso los campesinos estaban cumpliendo una función social al ocupar y cultivar esos predios y, con el pasar de los años, podrían ser adjudicados a sus legítimos ocupantes. Pero el ex comandante paramilitar del Frente Ar-lex Hurtado del Bloque Bananero, tenía un especial interés en estas tierras pues era su familia la que había sido expropiada. La victimización de los ocupantes fue diversa: homicidios selectivos, desplazamientos forzados y estafa por parte de los paramilitares; un hijo de los reclamantes fue asesi-nado y hubo varios heridos.

Testimonio: “En el año 2000 llegó FELIPE ECHEVERRI ZAPATA con hombres armados y nos dijeron que la nego-ciación de las tierras se hace hoy porque él decía que era el representante del propietario RAUL HASBUN y que te-nían que pagar las tierras (…) que la manera de pagarlas era por medio de descuentos y que ese descuento lo iban hacer las comercializadoras (de plátano, especialmente Banacol), el descuento sería de $124.000 semanales.”.

Caso cancha de fútbol de Nueva Unión

Cuenta un campesino que en 1990, cuando invadieron las tierras de la ve-reda NUEVA UNIÓN, entonces terrenos baldíos, habían dejado un pedazo de terreno libre y disponible para una cancha de fútbol para la recreación de los mayores y los niños. En el año 2002, FELIPE ECHEVERRI ZAPATA dijo

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que ese terreno libre era de él, que pertenecía a su finca, por eso la Junta de Acción Comunal se lo compró por quinientos mil pesos. En esa cancha se formó un pueblito, habitado por las personas que fueron llegando a causa del desplazamiento de otros sectores de la vereda, por familiares de los par-celeros y por algunos amigos. La población alcanzó un total de 21 familias que han construido sus viviendas en la extensión de una cancha de fútbol. En cuanto a quién tiene la tierra, manifestó una de estas personas:

Testimonio: “Nosotros los parceleros sólo tenemos 93 hectáreas que están sembradas en plátano, el resto es ga-nadería y están en manos del suegro de “cepillo”, como 200 hectáreas en potrero y de allí se sale al mar, el resto es terreno pantanoso y hay más o menos como 1000 hec-táreas para llegar al mar.”.

Caso de resolución forzada de situaciones familiares

La señora MARIA ELORZA ESCOBAR convivió con el señor EDGAR CASTAÑE-DA y tuvieron dos hijos; el señor Castañeda se fue del hogar hacia 1991. A partir de ahí y durante 8 años no se volvió a saber de él, hasta que en el año 2000 regresó a la casa diciendo que la parcela se tenía que dividir porque él tenía derecho a la mitad. El INCODER había adjudicado la parcela a la se-ñora Elorza en 1996 y por esta razón ella consideró que no estaba obligada a compartir su tierra con quien la abandonó. Lo representativo de este caso es que después de que la señora Elorza dijo a su ex compañero que ella no estaba de acuerdo en compartir con él su parcela, éste llegó al predio acompañado de reconocidos miembros de las autodefensas para presionar la división y entrega de la mitad de las tierras.

Testimonio de la Señora Elorza: “pues yo fui la que la trabajé, como yo no quise [compartirla] (…), un día me mandó a citar para una reunión con mis hijos, yo acudí con ellos y la reunión era con mi ex compañero y un pa-ramilitar llamado “Camacho” donde me dijo que la cita era para arreglar un problema porque yo tenía que darle la mitad a EDGAR y que allí se hace es lo que ellos dije-ran, yo les pregunté ¿Qué lo hacía acreedor de esas tie-rras? Me dijo que se hace lo que yo diga y que si yo me creía superdotada (…) mi hijo reclamó diciéndoles que eso es de mi mamá, ¿qué documentos tiene él para pe-dir parte?, si los papeles están a nombre de mi mamá. Camacho lo tiró al piso boca abajo y le puso el pie en la espalda y desenfundó el arma; el padre se retiró y silbó a

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Camacho, él lo miró y se retiró hacia el padre de mi hijo y éste le dijo: “a él déjalo quieto que él no sabe nada de eso”; mi hijo seguía reclamando y la hermanita le decía: “hermanito cállate, no digas nada para que no te maten”; él le gritaba: “que me maten para que mi mamá sepa quién me mató” (…). A los ocho días nuevamente me citaron y se presentó “el Viejo” con otras tres personas y me dijeron que iban a dividir la parcela y que firmara un papel en blanco para hacer el acuerdo, yo le respondí que no iba a firmar nada, los hombres que llevó midieron y cortaron el plátano por la división haciendo la calle y clavaron estacas de matarratón; al mes el señor Edgar las arrancó y las sembró cincuenta centímetros más ha-cia mi parte, (…) después de la partición el señor Edgar paró un rancho en su parte y tiene a un señor viviendo y yo me desplacé la misma semana para Apartadó y dejé mi parte sola, desde entonces vivo en Apartadó. Después me enteré que existía un acuerdo hecho por la Junta de Acción Comunal y firmado por algunos testigos, al tiem-po lo conocí porque el Edgar lo llevó a la empresa de energía para que le colocaran la luz”.

Caso de venta forzada en La Guacamaya

La Guacamaya es una vereda del municipio de Turbo y aunque no hace parte del pilotaje, por la particularidad de su caso se consideró importante narrarlo aquí. Cuenta el señor CARLOS YAMITH PEREZ DÍAZ que vivía en la vereda la Guacamaya del Corregimiento de Macondo, de Turbo, con su fami-lia, compuesta por su padre Víctor Páez, su madre María Candelaria Díaz y un hermano, que salió de la vereda antes de que ingresaran los paramilita-res, cuando empezaron a escucharse en Turbo rumores de que los paramili-tares habían llegado al Urabá para combatir a la guerrilla. En ese entonces el grupo armado era conocido con el nombre de los Tangueros.

Testimonio: “Llegaron a la vereda un 10 de marzo de 1996, nos reunieron a todos en la escuela de la vereda para contarnos que eran las autodefensas campesinas para contrarrestar la guerrilla y nos presentaron al co-mandante “Lázaro”, también nos dijeron que para ellos combatir la guerrilla necesitaban que despejáramos la zona, que daban ocho días de plazo para desocupar la vereda. A los tres días entró el señor Juan Mejía com-prando todas las fincas que existían por allá, a algunos les compró y otros nos quedamos esperando hasta el úl-

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timo día; pero yo no salí, me demoré un mes más, pero todos los días iba el señor Juan Mejía diciéndome que le vendiera la finca (…). Y después del mes llegó un día armado y fue cuando descubrí que era paramilitar, por-que me amenazó y llegó acompañado de un señor que decía ser el Notario, con máquina de escribir elaboró las escrituras, la venta fue por cuarenta millones de pesos, eran 200 hectáreas hechas en potrero, para ganadería, pero sólo entregó veinte millones y que el resto lo entre-gaba al año y el año nunca ha llegado (…) y sacó todo el ganado, treinta cabezas, dos caballos, cinco mulas y la plata nunca la entregaron; este señor Juan Mejía supe que murió en un combate con la guerrilla. En las escritu-ras obligaron a mi padre a firmar y a mí no me dejaron leer las escrituras, hoy día recibí una sorpresa, cuando saqué el certificado de libertad y tradición y se encuentra a nombre de las Guacamayas Ltda. Y en las escrituras de venta número 473 donde fue obligado mi padre a firmar, ese señor Fernando actuaba como representante de las Guacamayas.”

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El principal hallazgo del Proyecto Piloto en Turbo fue la identificación de tipologías del despojo y rutas de restitución. A partir de estas tipologías se pueden establecer acciones jurídicas y administrativas ágiles y alternativas para la restitución de tierras a las víctimas, siempre y cuando se vincule la institucionalidad pública con competencias en la reparación a las víctimas y garantías de derechos sobre la tierra (restitución-adjudicación).

Entre las tipologías del despojo identificadas están:

Los propietarios: Son aquellas víctimas que fueron desplazados de la tierra pero conservaron sus títulos, y al momento del retorno no encontra-ron terceros de mala fe o segundos ocupantes; es decir, sobre su derecho de propiedad no existe controversia con otros.

Esta tipología de despojo fue identificada y validada como tal porque la violencia generalizada, las amenazas y las muertes, constituyeron las prin-cipales modalidades utilizadas por los grupos armados para ejercer control territorial sobre estas veredas, obligando a los campesinos a desplazarse y privándolos de sus derechos al goce y uso de sus tierras.

Aún así, estas víctimas del desplazamiento forzado necesitan del acompa-ñamiento de la institucionalidad como garantía para el retorno y la no repe-tición de los hechos. Se identificó entonces una ruta denominada Restitu-ción directa con garantías de no repetición, la cual se puso en marcha por parte de la Comisión Regional de Restitución de Bienes de Antioquia, que en su instalación hizo entrega de títulos a 105 familias el 10 de julio de 2009, y a otras siete el 17 de noviembre. Ambos casos acompañados por una Mesa de Seguridad instalada en Urabá para ofrecer garantías de no repetición a las víctimas.

CONCLUSIONESY RECOMENDACIONES

Identificación de tipologías del despojo y rutas de restitución

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Ventas falsas o ventas forzadas. Aunque varios estudios sobre estas tipologías identifican una serie de variaciones, el Proyecto Piloto en Turbo encontró en común la obtención fraudulenta (por vías legales e ilegales) de los títulos por parte de los grupos armados.

Esta situación permitió la identificación de la ruta Solicitud de cancela-ción de títulos obtenidos fraudulentamente. Aunque esta es una fi-gura de la justicia ordinaria, la novedad explorada por el Piloto consistió en que la Comisión Regional de Restitución de Bienes de Antioquia hizo dicha solicitud ante un juez de garantías de Justicia y Paz y no ante un juez de justicia ordinaria. Con ello se espera mayor agilidad del proceso y a la vez mayores garantías de protección de derechos para 19 víctimas reclamantes con expectativas de restitución de sus derechos sobre sus tierras.

Adicionalmente, el Piloto identificó rutas de formalización del derecho, entre las cuales se encuentran la adjudicación de baldíos y la formalización de herencias inconclusas. Son rutas ya establecidas en el derecho ordinario y especialmente por vías administrativas; entre estas se destacan los Trámi-tes de recuperación de baldíos indebidamente ocupados.

En el pilotaje se detectaron casos en los cuales, quienes eran ocupantes de baldíos y fueron obligados a desplazarse y a perder sus tierras, aún se mantienen despojados. En estos casos las tierras, siendo de la Nación, son explotadas por quienes tuvieron algún tipo de relación con los miembros del grupo ilegal que causó el desplazamiento. Por esto se ha trabajado en lograr la recuperación de la posesión material de las tierras a favor de la Nación y, con posterioridad, quienes eran ocupantes puedan retornar a ellas; para ese momento las víctimas reunirán los requisitos de una posible titulación de baldíos.

Acompañamiento y asesoría jurídica a las víctimas del desplazamiento

y despojo de tierras.

Asesoría jurídica. El proyecto contó con el trabajo de dos abogados en Turbo y otra abogada en Medellín. Este equipo humano brindó asesoría ju-rídica a las víctimas reclamantes. En especial, ofreció orientación sobre sus derechos a la tierra, las modalidades de atención o rutas de restitución y las instituciones competentes para hacerlo.

Este equipo diseñó herramientas e instrumentos de información para acer-car a las víctimas reclamantes y la institucionalidad con competencias en la restitución. Esto sirvió para la sustentación de casos con objetivos de

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reparación en audiencias libres de Justicia y Paz, y para solicitar adjudica-ción ante el INCODER. Se trabajó en tres direcciones: 1.) la conformación de pruebas y sustentación de casos con base en la información institucional y comunitaria; 2.) la entrega de mapas catastrales con información georre-ferenciada sobre predios, y 3.) la elaboración de matrices de información compuestas por las mismas víctimas.

Organización de Víctimas. Para la realización de procesos de restitu-ción de tierras, es de vital importancia que estas personas estén reunidas en asociaciones que asuman mayor interlocución, participación y acompa-ñamiento en estos procesos y proyectos. En Urabá es muy importante el trabajo adelantado por la Asociación de Víctimas para la Restitución de Tie-rras y Bienes (ASOVIRESTIBI). Las víctimas y sus asociaciones deben ser actores que acompañen los procesos y tengan voz activa y decisiva. En un proceso de Justicia Transicional, además de hacer uso de las diferentes con-cepciones de justicia, es necesario ampliar la discusión hacia otros campos, más allá del derecho, e incluir las concepciones sociales y de víctimas37 .

La organización, con el objeto específico de la restitución, permite la capa-citación e información sobre el complejo y costoso proceso técnico, jurídico y administrativo que una víctima debe realizar para recuperar el derecho sobre la tierra. El caso de Turbo facilitó la visibilidad de la magnitud del despojo de la tierra en Urabá y contribuyó a la construcción de memoria colectiva entre las víctimas. Esto aclaró también las dinámicas del conflicto armado alrededor de las luchas y disputas por la tierra.

La organización de las víctimas, entendida como la construcción de capaci-dades para la gestión y desarrollo de procesos transicionales, es además el principal capital social y una apreciable contribución desde la sociedad para prevenir la no repetición de la violencia. Entre otros aspectos, el trabajo de ASOVIRESTIBI fue fundamental para concentrar las reclamaciones; realizar el trabajo de campo; levantar la información comunitaria y canalizar las demandas, los intereses y los modos de reclamación de las víctimas,, varia-bles fundamentales para la reconciliación.

Al mismo tiempo, es necesario que se creen los mecanismos y se destinen fondos para el fortalecimiento y/o la creación de este tipo de asociaciones. Como se mencionó, ASOVIRESTIBI se ha constituido en la principal aliada del Proyecto Piloto, en especial para la realización de actividades cotidianas y como puente de comunicación entre las víctimas, en procesos de gestión jurídica y administrativa de las rutas”38, aspectos básicos para la eficiente ejecución de una política pública.

37 Michael Reed, Seminario de Reparación y Reconciliación. Medellín 12 y 13 de Noviembre38 Informe Proyecto Piloto de restitución de Tierras en Turbo OIM – CNRR – CONCIUDADANIA

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El aprendizaje conjunto, entre los ejecutores técnicos y jurídicos del pilotaje, las víctimas organizadas y las instituciones participantes, es una experien-cia que se debe multiplicar. Este aprendizaje, que se manifiesta en la asimi-lación de múltiples enseñanzas y la identificación de resultados concretos, constituyen aportes clave para el restablecimiento de la confianza entre las víctimas y la institucionalidad pública.

Cooperación Interinstitucional.

El apoyo y la cooperación interinstitucional son fundamentales en la pers-pectiva de alcanzar la reparación y el reconocimiento de las víctimas. Por tal razón se propone el trabajo conjunto en la visibilización, el compromiso, la gestión y la voluntad política de las instituciones del Estado en sus dis-tintos órdenes (Fiscalía, Procuraduría, Ministerio del Interior, Gobernación de Antioquia, Asesoría de Paz Departamental, IGAC Departamental, Catas-tro Departamental, INCODER Antioquia, Defensoría del Pueblo Antioquia, Comisión Regional de Restitución de Bienes de Antioquia, CNRR Antioquia, Policía de Urabá, Brigada XVII del Ejército en Urabá, Defensoría del Pueblo Urabá, Alcaldía de Turbo, Secretaría de Agricultura Municipal, Secretaría de Planeación Municipal, Catastro Municipal, Comité Local de Atención Integral a Población Desplazada de Turbo) y de las organizaciones internacionales (USAID y OIM). Así mismo, juega un papel importante la participación de organizaciones de la sociedad civil como CONCIUDADANIA, IPC y ASOVIRES-TIBI, en la medida que ponen a disposición pública y colectiva experiencias valiosas de defensa de Derechos Humanos, construcción de paz y reconci-liación.

Esta cooperación interinstitucional incluye declaraciones y actos públicos de reconocimiento y visibilización, pero en lo fundamental se traduce en acuerdos institucionales de gestión que facilitan los procesos, minimizan los procedimientos y subsidian costos de trámites jurídicos o civiles para las víctimas; además ofrecen seguridad y garantías de no repetición y repara-ción integral. En este sentido, para un proceso ágil y de resultados, es vital la decisión institucional de reparar los derechos de las víctimas mediante la división de tareas y acciones que buscan un objetivo final que comprende un acto integral de reparación y restitución . Esta división de tareas y com-promisos por igual, son parte de unas alianzas institucionales establecidas a nivel municipal y departamental que le dan mayor dirección y fortaleza a la ejecución y resultados del Piloto.

Así, en el Proyecto Piloto, el trabajo interinstitucional se configuró como un intento de generar una completa oferta institucional que priorice e inclu-ya, en la agenda pública, la restitución de los derechos de las víctimas del desplazamiento y despojo de tierras y bienes a causa del conflicto en sus

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diferentes expresiones, intereses y violencias.

Toda esta articulación interinstitucional se ha dado en gran parte gracias a la voluntad de las entidades y no porque exista un marco normativo e insti-tucional que lo oriente y administrativo que le de soporte. Por lo tanto, este diseño institucional resulta uno de los principales retos del Estado con el acompañamiento internacional. El espíritu y la letra de la justicia transicio-nal reconocen que es necesario fortalecer el Estado democrático y acome-ter reformas institucionales para favorecer las garantías de no repetición; ello implica la puesta en marcha de una política pública del orden nacional (actualmente en diseño) que contenga, entre otros:

•Institucionalidad pública específica y transitoria dedicada a la restitución. • Definición de competencias y obligaciones de los diferentes niveles de gobierno y entidades territoriales para la restitución, que supere la sola voluntad política en esta materia. • Definir programas y planes territoriales integrales para la restitución que considere, en sus diseños y estrategias, las particularidades de las regiones y los territorios. • Facilitar la articulación de dichos planes territoriales para la restitu- ción con otros planes dirigidos a las víctimas y a los excombatientes, que permita la complementariedad de acciones orientadas a la repa- ración integral. • Puesta en marcha de una estrategia urgente de formación de recur- sos humanos con capacidades jurídicas, técnicas y administrativas, propias de la justicia transicional, que participen en la ejecución y seguimiento a lo implementado. • Acuerdos institucionales que permitan agilizar procedimientos jurídi- cos y administrativos, exonerar de impuestos y créditos asociados a las tierras y bienes de las víctimas, y exonerar de gastos de notaria- do y registro a las víctimas.

Desarrollo Mesa de Seguridad.

Durante el proyecto funcionó una Mesa de Seguridad, donde participaron las diferentes instituciones competentes que acompañan a las víctimas en sus territorios y predios. Esta mesa se creó con el objetivo de favorecer un ambiente de seguridad en la zona que permitiera la reconstrucción de rela-ciones de confianza y convivencia entre la población y las instituciones. Se trataba de contar con un espacio donde las víctimas tuvieran las condiciones y libertades para hacer efectivas sus reclamaciones, sin que se repitieran las amenazas, las persecuciones y los homicidios. A pesar de que esta Mesa de Seguridad hacía parte de la cooperación interinstitucional, se realza su

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importancia porque suministraba compromiso, visibilización y herramientas de participación, reclamación y seguridad a la población.

La Mesa de Seguridad es un compromiso hacia la garantía de no repetición de violaciones a los derechos humanos, que se configuran por la precarie-dad de los sistemas de protección que deben garantizar los mínimos vitales y estándares humanitarios para avanzar hacia esquemas más completos de reparación.

Procesos de documentación.

Es necesario agrupar las experiencias y los resultados obtenidos durante la ejecución del Piloto, con el objetivo de hacer pequeñas contribuciones a la reconstrucción de la verdad en el conflicto colombiano; además, para la do-cumentación y el análisis de investigaciones históricas, la comparación de contextos político-sociales y como punto de referencia para la agenda públi-ca, el deber institucional y la identidad social. En otras palabras, identificar y explicar víctimas, responsables, magnitud, tipologías y consecuencias.

Es fundamental la utilización de una metodología que facilite la gestión jurí-dica y administrativa para la restitución de tierras a las víctimas del despla-zamiento forzado. Como una contribución en el propósito de enriquecer esta metodología, el Proyecto Piloto en Turbo aporta los siguientes documentos:

Línea de base que contiene la matriz de información que comprende la sustentación del caso, la implementación de mapas catastrales, la infor-mación institucional y comunitaria, los filtros y el estudio de casos que se utilizan para la selección de personas beneficiarias.

Contexto del Urabá que permite comprender las dinámicas del control territorial de los grupos armados ilegales, las luchas sociales sobre la tierra, las políticas agrarias adelantadas en la subregión, las características so-cioeconómicas del territorio y sus pobladores. Este documento académico permite comprender las particularidades de la construcción social del terri-torio y es soporte para el entendimiento de las tipologías del despojo. Rutas de restitución, un documento que reúne las posibilidades de su realización en el marco de la justicia transicional. En este documento puede verse el marco normativo, las condiciones de elegibilidad de las víctimas, la secuencia de pasos de la gestión de la ruta y los instrumentos de sustancia-ción de caso, entre otros.

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Además de lo anterior, se requiere fortalecer las alianzas interinstitucionales para aumentar el acceso a la información de los procesos de protección de tierras y patrimonio de los desplazados adelantados por Acción Social, y lo-grar la interlocución con los equipos técnicos y humanos interdisciplinarios de expertos en los temas de tierras, tipos de derechos, víctimas y predios.

Para el tratamiento del tema de restitución de tierras, se requiere contar con fuentes de información institucional oficial, actualizadas, accesibles y completas, sobre predios y personas con derechos sobre ellos. Lo anterior representa uno de los principales retos institucionales y fiscales en el me-diano plazo, en lo posible, ajustados a criterios y principios vigentes de la descentralización administrativa tales como la subsidiariedad, en particular con los municipios de categoría sexta y con población con pobreza superior al 80%, ya que no cuentan con los recursos para acometer esfuerzos de ac-tualización de la información con soportes tecnológicos adecuados.

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A continuación se relacionan los ítems de información que forman la matriz consolidada y estructurada en desarrollo del Proyecto Piloto de Restitución de Tierras en Turbo:

A. Información de fuente Institucional

1. Tipo de relación jurídica con el predio (propietario, poseedor, ocupante o tenedor)2. Estado de la protección de tierras colectiva 3. Nombres y apellidos de las personas con derechos 4. Identificación de las personas 5. Género 6. Pertenencia a grupo étnico (si o no) 7. Vereda 8. Número predial (Identificación y ubicación del predio) 9. Nombre del predio 10. Número de matrícula inmobiliaria 11. Extensión del predio fuente institucional 12. Extensión del predio fuente comunitaria 13. Actividad de destinación del predio 14. Título de adquisición del derecho (Tipo de trámite, No. del documento, entidad que lo expide, fecha y ciudad de expedición) 15. Registro del título 16. Fecha de vinculación con el predio 17. Análisis de resultado, cruce de información comunitaria e institucional

ANEXO 1

Información que conforma la base de datos para la sustanciación de los

casos del Proyecto piloto para la restitución de tierras en Turbo

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B. Información de fuente Comunitaria

1. Teléfonos de contacto 2. Grupo étnico a que pertenece 3. Predio (Número y nombre) 4. Extensión del predio (categorías: menos de 2000 mts., hasta 1 Hta., hasta 5 Hta., hasta 10 Hta., Más de 10 Hta., cuántas) 5. Colindantes 6. Observaciones sobre la identificación catastral del predio: a. No corresponde con la identificación catastral porque el predio es realmente: Otro predio, es mayor, es menor, no aparece en el mapa, otro. b. Si aparece en el mapa pero debe modificarse porque: Hubo un desenglobe, hubo un englobe con otro, causa. 7. Tipo de relación jurídica con el predio (propietario, poseedor, ocupante o tenedor) 8. Comparte el predio con alguien más (con familiares, socios, otros) 9. Forma de adquisición del derecho (compra, herencia, adjudicación, invasión, arriendo, ocupación, otro) 10. Posesión actual del predio: a. Está actualmente con la posesión material b. Está abandonado o hay alguien más c. Razón por la cual otra persona diferente a usted está en el predio d. Por qué (venta, arriendo, invasión, otro) 11. Información sobre el desplazamiento y/o pérdida del derecho sobre el predio: a. Fecha de ocurrencia de los hechos b. Responsable (Guerrilla, paramilitares, otros) c. Causa de la pérdida de la tierra (Abandono por causa de la violencia, venta forzada, venta a bajo precio, venta falsa, estafa, asunto civil, otra) d. Causa del desplazamiento (Violencia generalizada en la región, amenazas directas, víctima de otro delito, otra) 12. Trámites iniciados (Protección de tierras, denuncia penal, justicia y paz, CONRET, reivindicatorio, otro) 13. Prueba documental (Certificados de libertad y tradición, escrituras, promesa de compraventa, compraventa, certificados de pago de impuesto predial, venta de cosecha, pago de servicios públicos, registro en el RUPD, mejoras, otros.)

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C. Información recaudada en el análisis de viabilidad de adjudicación de baldíos

1. Estado civil 2. Cónyuge o compañero(a) permanente 3. Edad 4. Información sobre inhabilidades (Es o ha sido adjudicatario de baldíos, es propietario o poseedor de predios rurales, está obligado a declarar renta o patrimonio, ha vendido baldíos que le habían sido adjudicados, desempeño de cargos públicos dentro de los 5 años anteriores) 5. Información sobre la ocupación: a. Vereda b. Predio c. Área aproximada d. Baldío (Si o No) e. Fecha de vinculación con el predio f. Tiempo total de la ocupación g. Explotación económica del predio (porcentaje) h. Actividad económica mediante la cual explota el predio (agrícola, ganadera, mixta) i. Ocupa actualmente el predio 6. Información sobre prohibiciones (explotación de recursos no renova- bles, reserva ambiental, zona de alto riesgo) 7. Trámite de adjudicación iniciado 8. Prueba documental de la ocupación (plano del predio, prueba de mejoras, venta de cosecha, pago de impuesto predial)

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