A la comunidad Universitaria,

Dentro de sus 40 años de existencia, el Movimiento Gremial de la Universidad Católica se ha

planteado de manera firme en el medio universitario, defendiendo los intereses de los

estudiantes en relación a los distintos temas de la contingencia. Como herederos de esta

tradición, no podemos ser menos ante el debate actual respecto de aquellos temas que tienen

una incidencia directa en nuestra Universidad y en el quehacer de la Educación Superior. De

igual modo, mantenemos nuestro estilo de hacer primar la razón por sobre la violencia. Las

controversias no se resuelven en las calle sino en el debate y en las ideas creativas. Estamos

convencidos de que las piedras no son para lanzar, sino para construir. De esta forma hoy

venimos a reafirmar una vez más nuestro compromiso con la Comunidad Universitaria,

planteándonos como un Referente de Ideas, cimiento esencial para construir una mejor

universidad.

Manteniéndonos firmes en la defensa de nuestros principios fundadores, las siguientes

propuestas pretenden reafirmar el papel subsidiario que el Estado debe tener en relación a la

Educación Superior, consagrado en la Constitución. Hoy en día lo que este rol implica está

siendo debatido específicamente en dos instancias: las garantías del acceso de todos los

chilenos a la Educación Superior y la libertad de enseñanza.

FINANCIAMIENTO

Desde hace mucho tiempo se ha venido peleando por el financiamiento de la

Educación Superior y que todos quienes quieran estudiar puedan hacerlo, independiente de su

situación socioeconómica. Aun cuando se han hecho esfuerzos no hay una solución definitiva.

Actualmente rigen 5 sistemas de financiamiento para los estudiantes pertenecientes a

las Universidades del Consejo de Rectores. Queremos referirnos a dos de ellos: Fondo

Solidario de Crédito Universitario (FSCU) y el recién aprobado crédito con Aval del Estado.

Los problemas del FSCU son de estructura, ya que está pensado para que no se

recuperan los créditos por lo que termina siendo una beca. Al tener una tasa fija de 2% real, y

al cancelar sólo 5% del sueldo mensual por un período máximo de 15 años, después de lo cual

se perdona el crédito, no se están recuperando los fondos. Año a año se meten 55 mil millones

de pesos al fondo, que no se recuperan (dineros provenientes de que los impuestos lo pagan

todos, aun cuando los beneficiados son unos pocos. Los egresados ganas entre 4 y 6 veces más

que alguien sin estudios). El sistema es discriminatorio, ya que sólo es para Consejo de

Rectores (42% total estudiantes) lo que produce una desigualdad ya que instituciones privadas

y carreras técnicas sólo pueden optar a crédito con aval del Estado. (10.300 MM vs. 69.000

MM del FSCU durante el 2005). Por esto, a pesar de que aumenta el presupuesto, no se mejora

la desigualdad. Además ambos créditos están definidos de acuerdo al arancel de referencia, por

lo que no se cubre el total de la carrera. No da libertad a los alumnos para elegir su carrera y

establecimiento con anterioridad a la postulación al no saber el monto del crédito.

En relación al crédito con aval de Estado, se logra un sistema que sea justo para todos

estudiantes, pero hay dos problemas. La Universidad es el aval del crédito durante los estudios

del alumno, lo que crea un incentivo para que las Universidades no aseguren la calidad de los

estudiantes y además una barrera de entrada a los alumnos porque deben asumir un riesgo.

Además el Estado no es aval del 100% del crédito una vez que el estudiante egresa de la

carrera, lo que hace que las tasas de interés aumenten.

Ante estos problemas se plantean los siguientes puntos:

• Ajustar fondo solidario, ampliarlo a las instituciones privadas, (58% que estaba

excluido) de manera de hacer un sistema justo para todos los estudiantes. Además se debe

aumentar el período de pago y no condonar la deuda, de forma que los recursos vuelvan y así

beneficiar a más alumnos. Además se propone flexibilizar la cuota de pago, de manera de

adecuarse a la realidad de cada egresado.

• Evaluación del arancel de referencia, ya que es una forma de restringir la

calidad. Se debe estipular un arancel para cada carrera de cada universidad, evaluando cada

programa, de forma de fortalecer la calidad.

• Exigimos que la FEUC debe preocuparse de los intereses de los estudiantes de

la Educación superior desde la CONFECH, pero en ocasiones en que se esté perjudicando los

intereses de los estudiantes de la PUC, actué firmemente para defenderlos.

• El Estado debe ser aval por el 100% del crédito con aval del estado, de forma

de disminuir el riesgo por estudiante y hacer más baratos los créditos. De esta manera se hace

más justo para todos los estudiantes, ya que las tasas tienden a igualarse.

• Durante los estudios el aval debe ser mixto (Universidad-Estado), de manera de

garantizar la calidad de los profesionales y además establecer un esfuerzo por parte de las

Universidades de apoyar a que sus alumnos logren obtener sus títulos.

• El Estado no puede establecer que carreras están sobresaturadas, sino que debe

informar cuales son las condiciones de empleo y de sueldo una vez egresado para que cada

persona que quiera ingresar sepa cuales son las condiciones futuras.

• Actualmente para obtener el crédito se debe estar matriculado en alguna

universidad. Exigimos que el crédito sea para el alumno y no para la Universidad, es decir, que

antes de estar matriculado en una determinada universidad, el estudiante sepa cual va a ser el

monto del crédito antes de postular.

Propuestas Aporte Fiscal Directo (AFD)

• Actualmente no se conoce con transparencia la forma en que se asignan estos

recursos. En nuestro país urge la necesidad de asignarlos eficientemente dado

que escasos y claramente es más justo que estos sean no sean asignados por

criterios históricos sino que por méritos. De esta forma promovemos que se

creen fondos concursables de manera de fortalecer la calidad e incentivar a ala

educación.

• Ampliar los fondos a todos los establecimientos de educación superior.

• Fondo destinado a Investigación y Postgrado.

• Configurar una política de evaluación de rendimientos de los fondos.

Propuestas Aporte Fiscal Indirecto (AFI)

El espíritu con que fue creado el AFI es el de premiar la excelencia de las

universidades. Para que la decisión de a quién premiar por esta excelencia no pasara por un

burócrata sentado en su oficina, se decidió, en un paso democratizador tremendo, empoderizar

a los 27.500 mejores puntajes en la PSU de manera que sean ellos quienes eligen qué

universidades se deben premiar por su excelencia.

El AFI no fue creado con motivos de generar equidad en el ingreso a la

Ecuación Superior, sino que se creó para determinar a qué universidades se debe

otorgar financiamiento.

Tomando esto en consideración, y dado que las universidades consideran dentro de sus

puntajes de postulación las NEM, se debería considerar ésta variable en el sentido que ésta

podría ser capaz de entregar información sobre los méritos académicos de los postulantes, en

consecuencia proponemos:

• Criterios de asignación del AFI que tomen en consideración tanto el puntaje de

la PSU como las NEM. Sin embargo, todos sabemos que existen amplias

diferencias en la dificultad de obtener una misma nota en diferentes

establecimientos. Entonces se requiere de un mecanismo que permita corregir

esta diferencia, de manera de poder comparar a los diferentes alumnos y sus

puntajes, no solo en su generación, sino que en comparación con alumnos de

otros colegios. En definitiva, se estaría transformando una variable

dicotómica en una continua, que es lo más adecuado para este caso.

• Proponemos que la inclusión del criterio de las NEM en la asignación del AFI

sea corregido por puntaje promedio que el establecimiento educacional

obtuvo en la PSU. Esto aparte de permitir comparar las notas entre distintos

colegios, genera un círculo virtuoso por el cual los mejores estudiantes de la

clase tienen incentivos para compartir sus conocimientos con el resto de sus

compañeros.

ACREDITACIÓN

Desde el año 2003 que se está discutiendo en el Congreso el proyecto de Ley de

Acreditación que hoy se encuentra en discusión por parte de una comisión mixta. En este

proyecto, el Estado, a través de la Comisión Nacional de Acreditación, se estaría nombrando a

sí mismo como árbitro de qué es lo que constituye una educación universitaria de calidad. ¿Le

corresponde al Estado declarar qué se puede o no se puede enseñar alguna institución de

educación superior? Eso sería a todas luces un atentado contra la autonomía propia de las

universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica, a la vez que un grave

atropello de la libertad de enseñanza.

Si bien todavía se discute en el Congreso si en esta ley la acreditación sería obligatoria o

voluntaria, es necesario tener en cuenta que la nueva Ley de Financiamiento de la Educación

Superior sólo será aplicable para alumnos que deseen ingresar a las instituciones acreditadas.

Así, el Estado estaría ejerciendo implícitamente una coerción sobre las instituciones de

Educación Superior, medida que nos parece reprobable e injusta. El Estado estaría

instrumentalizando el financiamiento de los sectores más pobres con el fin de hacer primar sus

propios criterios de “calidad”.

Ante esta realidad, no podemos sino levantar la voz y hacer una nueva propuesta. La

solución para el problema de la calidad no está en que el Estado se convierta en árbitro y

decida qué educación es buena, utilizando la presión del financiamiento para que las

instituciones se adecúen a sus criterios. Estamos convencidos que el papel del Estado en esta

situación es del garantizar un sistema de información adecuado, que permita al estudiante

informarse, según sus propios criterios, sobre los datos institucionales de las universidades,

institutos y centros de formación técnica. a las que puede postular. Corresponde al Estado

asegurar también que la publicidad y campañas que realicen los establecimientos estén acorde a

la información recopilada por las agencias pertenecientes al Sistema de Acreditación de Calidad

de la Educación Superior. Asimismo, creemos que la acreditación, por consiguiente, debe ser

voluntaria, con el fin de que sean las mismas instituciones las que tomen la iniciativa de

acreditarse, generando competencia que a la larga mejorará los programas que cada instituto

ofrece. Recordemos que los costos del proceso de acreditación son financiados por los propios

establecimientos, lo que nos parece otro motivo fundamental para que ellos mismos decidan

libremente si se acreditan o no.

Aun cuando ya es parte de los cambios al proyecto, con respecto a la participación

estudiantil en los procesos de acreditación que las casas de estudios emprendan, manifestamos

absolutamente necesario que la Comisión Nacional de Acreditación establezca como uno de

los criterios básicos para las agencias acreditadoras, o los pares evaluadores, la consideración

obligatoria de la opinión de los alumnos a través de distintos canales. Consideramos que son

los estudiantes de cada institución los qué mejor conocen la realidad de su casa de estudios y

consecuentemente serán los mejores capacitados para aportar debidamente dentro del proceso.

PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL

Dado que los estudiantes son el principal actor de la vida universitaria, es de suma

importancia para ésta que se pueda contar con una participación estudiantil activa. Las formas

de participación hay que verlas desde un punto de vista global y no centrarlas únicamente en el

derecho a voto en el consejo superior, sino que hay que explorar múltiples canales de

participación de los estudiantes frente a la educación que reciben. Con respecto al voto de los

estudiantes ante el consejo superior, creemos que esto puede ser un buen medio para dejar

testimonio de la opinion de los estudiantes frente a la toma de decisiones de la Universidad. Al

no entenderse esto como una forma de cogobierno, no existe ningún riesgo de la no

sustentabilidad del proyecto educativo en el largo plazo.

Por lo anteriormente señalado, exigimos que tengan opinión y voto en la toma de

decisiones, teniendo voto en el consejo superior por medio del Consejero Superior, por lo

que deben cambios a la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) en su artículo 49,

donde prohíbe expresamente la participación con derecho a voto de estudiantes y funcionarios

en los órganos encargados de la gestión y dirección de las Universidades, así como en la

elección de sus autoridades.

SISTEMA DE INGRESO

Además de los problemas relacionados con el financiamiento universitario mencionados

en este documento, existen problemas de desigualdad entre los alumnos de colegios privados,

subvencionados y municipales. No todos tienen las mismas oportunidades por la diferencia en

la calidad de la educación recibida. Por esto exigimos que el estado revise los efectos de la

reforma educacional dado el tiempo que ha transcurrido y evalúe nuevas políticas.

Además se exige que se estudie si la PSU hace más justo o no el ingreso, comparando los

resultados obtenidos por lo colegios municipales con los privados. La información debe ser

pública para que todos podamos hacer estudios de calidad y mejorar así el sistema. Hemos

visto con los últimos años que la diferencia existente entre ambos tipos de establecimientos se

ha mantenido, por lo que creemos imperante que el sistema de ingreso se encargue de

solucionar esto. Los criterios de evaluación y de ingreso a la Universidad deben exigir una

evolución rigurosa y justa para todos. De esta forma proponemos estudiar establecer un

criterio de corrección de las notas de enseñanza media en la ponderación de los puntajes de

ingreso. Se puede establecer un índice, relacionado con el los resultados SIMCE de cada

establecimiento para establecer dicha corrección.

Finalmente, como Movimiento Gremial de la Pontifica Universidad Católica, hemos

querido mantener siempre nuestro estilo de hacer las cosas, es decir, haciendo primar la razón

por sobre los actos violentistas en temas de importancia que implican cambios en la educación,

los que manifiestan controversias y hacen surgir problemas.

Consejo Ampliado, Mayo 2006