Políticas y Medidas propuestas por Julián Serulle, Candidato a la presidencia del Frente Amplio

Para la Educación2012- 2016

Idea General.

Las propuestas de políticas públicas del candidato del Frente Amplio parten de un presupuesto de Nación; del ideal de nación que se propone construir. En resumen, ese ideal se expresa en un país productivo, en armonía con la naturaleza y el medioambiente; empeñado en fomentar y diversificar la producción real y las fuerzas productivas nacionales, desarrollar un mercado interno y hacer del trabajo estable y bien remunerado un elemento central del desenvolvimiento económico y la buena convivencia social.

Sugiere además, una sociedad democrática, participativa, asentada en la equidad social y de género. Una nación que haga parte activa del concierto de naciones democráticas, que respetan el derecho a la autodeterminación de los pueblos y establecen relaciones económicas, políticas y culturales con ventajas recíprocas.

Es en esa visión que Julián Serulle y el Frente Amplio conciben la política y medidas educativas para el período de gobierno 2012- 2016.

Sobre las políticas y medidas de gestión administrativas orientadas al logro de un uso optimo de los recursos asignados al MINERD.

Trabajaremos para hacer eficiente la gestión administrativa del sistema educativo, transformando el ejercicio de dirección basado en la individualidad del directivo, de una cultura esencialmente inspectora en una administración con capacidad tecnifica, gerencial ,

visión social y compromiso, de ejercicio colectivo y participativo enfocado en garantizar el servicio educativo al que tiene derecho cada ser humano.

Nos proponemos desterrar el partidismo político y el clientelismo en la gestión administrativa del ministerio de educación, la selección de personal administrativo se hará en estricto apego a las políticas y procedimientos establecidos, y sobre todo tomando en cuenta la calidad o competencia profesional de las personas para el ejercicio del puesto para el cual se le ha contratado. Todos los puestos serán contratados mediante concurso de oposición

De igual manera, nos proponemos eliminar los puestos inorgánicos, para reducir gastos en un personal que no rinde ninguna función específica al ministerio o la existencia del puesto resulta innecesaria (viceministros/as, subdirectores regionales y distritales, numero de técnicos por distritos, regionales y nacionales).

Nos proponemos evaluar la pertinencia o no de la existencia de 18 regionales y 98 distritos educativos, ubicaremos las estructuras gerenciales en función de las características socio-económicas, poblacionales y tomando en cuenta además, el vínculo con los gobiernos locales y los planes de desarrollo de estas comunidades.

Según el reglamento los distritos educativos se conforman en función del número de estudiantes y de centros educativos. Existen distritos educativos a los cuales están asignados menos de 200 docentes, 2,690 estudiantes, 23 centros educativos (la mayoría pequeños centros) y 161 secciones y otros con más de 29 mil estudiantes, 3,272 secciones, más de 270 centros educativos. En muchos casos estos distritos se han conformado en función del interés de crear puestos para alguien y no de ejercer el rol para el cual han sido concebidos.

Los procesos de compras y contrataciones de bienes y servicios se ejecutarán en estricto cumplimiento de las normas y procedimientos vigentes en la materia

Sobre el Fortalecimiento del Consejo Nacional de Educación.

Garantizar la mayor independencia de acción del Consejo Nacional de Educación, respecto al ministerio, de manera que pueda cumplir con su papel en la definición de políticas, planes, reglamentaciones generales, y de fiscalización de la gestión educativa.

Potenciar la actuación del Consejo Nacional de Educación, como órgano colegiado, representativo de todos los actores y sectores de la sociedad. Proponernos revisar la composición actual del consejo, para alcanzar un mejor equilibrio entre la representación de las instancias gubernamentales y las instancias de la sociedad. Prestaremos atención a la forma de selección de las distintas representaciones; en especial aquellas en cuya selección se pueda ejercer algún tipo de influencia externa.

Garantizar la asignación del presupuesto de funcionamiento del Consejo Nacional de Educación, de manera que su operatividad no dependa, ni esté condicionada a las acciones y decisiones del ministerio.

Sobre la Descentralización del Sistema Educativo

Nos proponemos fortalecer la estrategia de descentralización definida en la Ley General de Educación como eje clave del ejercicio democrático en el sistema educativo nacional, estimulando la capacidad de decisión y adaptación curricular en función de las realidades específicas de cada entorno. Para esto:

Fortalecer las distintas instancias que componen las juntas regionales, distritales y de centros educativos.

Promover una cultura de gestión compartida, en donde el funcionario del nivel correspondiente se entienda y asimile como uno dentro de un equipo de gestión.

Garantizar la participación de la comunidad, afianzar las políticas y estrategias de responsabilidad compartida en la gestión escolar, en donde todos los sectores: directores/as, maestros/as, padres, madres, estudiantes, organizaciones comunitarias, gobiernos locales, sean parte

de la planeación, ejecución, evaluación y fiscalización de las ejecutorias pedagógicas y administrativas.

Ampliar los programas de fortalecimiento institucional de las asociaciones de padres, madres y amigos de las escuelas, los comités de cursos y los consejos estudiantiles, potenciado su capacidad de incidir en la gestión, cumpliendo su rol dentro de las juntas de centros,

Garantizar una composición diversa en las juntas descentralizadas de manera que los seleccionados sean reales representantes de sectores y actores.

Evitar toda manipulación de los espacios de selección, afianzar los métodos democráticos, transparentes de elección de las representaciones en las juntas descentralizadas.

Impulsaremos la creación del Fondo Nacional de Fomento a la Educación

Aplicaremos fielmente y de inmediato el articulado de la Ley General de Educación que establece la creación del Fondo Nacional de Fomento de la Educación.(articulo 201,ley 66-97)

Someteremos y aprobaremos en el Consejo Nacional de Educación el reglamento administrativo que garantice el uso transparente y eficiente de los recursos.

Dispondremos la conformación de la personería jurídica que indica la ley en su artículo 202.

Daremos los pasos para operativizar la forma de canalizar los recursos provenientes de las distintas fuentes nutrientes del fondo establecidas en la ley, entre estas fuentes se encuentra: las herencias que no hayan sido reclamadas, el 5% de todos los impuestos sucesorales existentes, el 5% por ciento de cualquier bien inmueble que venda el Estado, el 20% del monto total de las cuentas inactivas en los bancos y en las asociaciones de ahorros y préstamos, todas las incautaciones que realicen las autoridades aduanales,

fiscales o de policía, por evasión, contrabando u otra causa.

Estableceremos los mecanismos que garanticen la estricta vigilancia y uso transparente, instalando los sistemas de auditoría interna y externa como lo ordena la ley.

Analizaremos además, la búsqueda de otras fuentes internacionales, nacionales y locales que puedan ampliar los recursos disponibles para proyectos especiales gestionados desde las juntas distritales y las de centros educativos.

Cumpliremos lo establecido en el párrafo del artículo 201 de la ley 66-97, que plantea conformar la directiva cuya función es la de administrar el fondo, garantizando la presencia de personas de reputada solvencia moral y goce del consenso de los sectores más representativo de la sociedad.

Movilizaremos las Comunidades para garantizar el Cumplimiento de las Políticas educativas y enfrentar los principales Problemas que afectan al Sistema Educativo

Para nosotros, la participación de la comunidad en la gestión escolar es un tema de derecho, consustancial con el ejercicio de la democracia y la formación para este ejercicio. Pero además su incorporación activa se constituye en una necesidad para enfrentar las problemáticas que afectan la vida escolar.

La realidad socioeconómica que existe en las comunidades, (violencia, drogadicción, delincuencia, etc.) son resultado de la marginación, la desigualdad, la falta de oportunidades, que impacta a las familias y la dinámica escolar. Enfrentar con posibilidades de éxito esta realidad, requiere de una escuela viva, fuertemente articulada con todos los actores sociales de su entorno. En este orden, la participación comunitaria cobra un sentido especial en la gestión escolar.

Desarrollar un amplio y sistemático programa de formación y capacitación de los miembros/as de las asociaciones de padres, madres y amigos de las Escuelas (APMAES) y los consejos estudiantiles, a fin de que manejen y se apropien de una visión clara y crítica de la gestión

educativa y articulado a los equipos de gestión, contribuyan a la aplicación efectiva del currículo escolar, desarrollen además, capacidad para promover la auditoria social de las gestiones de los centros y competencias para la administración, planificación y liderazgo.

Estimularemos la participación de las distintas instancias comunitarias, mediante la formación de los Comités de Desarrollo Educativo en cada comunidad, como espacios de articulación, propuestas, acción y supervisión de la calidad del servicio educativo y el uso transparente y adecuado de los recursos disponibles.

También, estimularemos la convocatoria de los mecanismos escolares de amplia consulta como las Asambleas de Padres y Madres, Asamblea General de Centros, las Asambleas Estudiantiles.

Entendemos fundamental para una participación consciente de las comunidades, garantizar la transparencia de las informaciones sobre los recursos recibidos y en que fueron gastados. De manera que las informaciones financieras deben ser debidamente auditadas y publicadas por todas las vías que garanticen el acceso de las comunidades a las mismas.

Sobre el Plan de Acción a partir del Plan Decenal vigente

Ratificamos los fines y principios en que se sustenta el modelo educativo dominicano, en cuanto a la filosofía y la concepción constructivista del aprendizaje. En tanto asume la educación como un derecho y factor primordial del desarrollo.

Este modelo se soporta en el principio del respeto a la vida, a la naturaleza, a la convivencia democrática y la solidaridad. Un modelo que se define como promotor de la identidad y la soberanía nacional, la formación de seres humanos libres, con visión crítica y capacidad creativa, constructores de la justicia y equidad social, generacional y de género.

Nos proponemos por tanto, la aplicación efectiva del currículo vigente en los aspectos señalados anteriormente y propiciar una práctica docente en correspondencia con esta concepción. Lo anterior no implica invalidar reforma a determinados aspectos del currículo, en ese sentido evaluaremos el resultado del proceso de revisión en curso actualmente en el MINERD, siempre en coordinación con todos los actores.

Estrechar el vínculo entre las escuelas y sus comunidades, colocando como centro del proceso de aprendizaje la investigación social en el aula, en la escuela, en su entorno local y nacional, para que el alumno comprenda la realidad social, económica, política y cultural de las comunidades y del país desde una perspectiva crítica y transformadora. De manera tal, que las escuelas se transformen en entes activos en las búsquedas de soluciones a las problemáticas que afectan estas comunidades y la formación que allí se promueve responda a las necesidades de la vida digna.

El plan decenal de educación 2008-2018, aunque no ha contado con la voluntad política del gobierno de turno para su implementación, fue el resultado de un amplio y participativo proceso de reflexión y formulación, que involucró amplios sectores de la sociedad, sus diez políticas reflejan las necesidades y demandas más urgentes de la sociedad. En este sentido, este plan se constituye en una referencia de acción, que nuestra gestión asumirá para su ejecución.

Garantizar el acceso a la educación a los/as niños/as de 3 y 4 años constituye una alta prioridad para nuestra gestión, en virtud de la importancia de la educación temprana en los propósitos de la formación integral.

Continuaremos ampliando la cobertura escolar del nivel básico hasta universalizarla y de la educación media general, técnica profesional y artística.

Dado que la educación debe responder al aprendizaje, por tanto al alumno, impulsaremos los distintos programas dirigidos a eliminar el analfabetismo en el país. Sentando las bases para que una vez alfabetizado/as, las personas puedan continuar en el proceso educativo.

Habilitaremos y fortaleceremos variadas posibilidades de ofertas de estudios formales y no formales, presénciales, semi- presénciales y no presénciales, que respondan a la necesidad de vinculación de estos adultos con los procesos productivos según las características de cada región o comunidad.

Bajo el entendido que se nos hará difícil avanzar y reducir la pobreza con la rapidez deseada si no somos capaces en convertir nuestras materias primas en productos sofisticados, con mayor valor agregado o con nuevas tecnología de producción que nos den una ventaja sobre nuestros competidores. No podemos conformarnos en ser poseedores de materia prima, debemos involucrarnos en el mundo cibernético, de la ingeniería, farmacéutico, entre otros, en particular, preparar a nuestros campesinos y a sus hijos hacia el conocimiento de la nueva tecnología con el interés en dar lugar al desarrollo de la agropecuaria y la agroindustria.

La política hacia el desarrollo industrial que el FRENTE AMPLIO pondrá en vigencia con la integración de nuestros industriales requerirá de hombres y mujeres completos, cuyas aptitudes estén desarrolladas en todos los sentidos, que sean capaces de captar todo el sistema de producción. En tal sentido, la educación permitirá a los jóvenes participar rápidamente en todo el sistema de producción, pondrá las necesarias premisas para que puedan trasladarse de una rama industrial a otra, cada uno según las necesidades de la sociedad según sus propias aptitudes.

Utilizaremos la educación a distancia, el uso del internet para educar a través de los medios de comunicación y complementar la educación formal, promover valores, reforzar aprendizaje, conocer la historia, amar la naturaleza y proteger al medio ambiente.

Será norma el uso de la diversidad de ambiente en que se desarrolle el proceso educativo y múltiples recursos de aprendizaje y una formación personalizada tomando en

cuenta la característica del alumno. Promoveremos el aula intercultural como espacio de respeto a la diversidad.

Haremos atractiva la profesión docente, mediante un salario digno, incentivos múltiples y el reconocimiento social, de manera que podamos atraer los mejores profesionales al proceso educativo.

Captaremos y promoveremos un modelo de profesor-a comprometido-a, con sensibilidad social y profunda vocación de servicio.

Fortaleceremos el concurso de oposición como mecanismo de selección del personal docente, endureciendo las exigencias para el ingreso. Previamente someter a un profundo y participativo proceso de revisión las políticas de formación docente.

Desarrollaremos procesos permanentes de evaluación de la calidad docente, para identificar fortalezas y debilidades, tomando las medidas correctivas que cada caso requiera.

Cada escuela recibirá mediante subvención, los recursos que requiere para operar con ambientes adecuados para al proceso de aprendizaje.

Dispondremos del 4% PIB a la educación y un aumento sostenido hasta alcanzar el 5% al concluir el periodo.

Lo qué y cómo haremos para la Dignificación de lo-as maestros/

La docencia es una profesión establecida en el Estatuto del Docente, es nuestra decisión respectarlo en todos sus componentes, en especial lo correspondiente a la forma de ingreso, promoción y retiro.

La dignificación de la labor docente comienza por reconocer al-a maestro-a como un profesional, asumirlo-a no sólo como un-a ejecutor-a, sino como un-a hacedor-a, un-a elaborador-a, un actor fundamental en la toma de decisiones. Respetar su libertad y capacidad de crear, de innovar su práctica pedagógica. Esta concepción del

maestro-a ha de permear las políticas y programas de formación docente.

Lo segundo es crearle condiciones de trabajo digna, propiciarle tiempo pagado para pensar y planificar su trabajo educativo y reflexionar individual y colectivamente su práctica docente.

Implementar la política salarial contemplada en la ley 66/97, según la cual la remuneración del maestro y la maestra debe estar un 25% por encima del costo de la canasta familiar e indexarlo anualmente, además de aplicar rigurosamente los incentivos salariales que la ley establece.

Asegurar un oportuno y efectivo servicio de salud y el disfrute pleno de todos los componentes de la seguridad social.

Llevar a cabo un estudio de factibilidad orientado a establecer el año sabático en escala de tiempo que asegure su sostenibilidad.

Expandir y desarrollar experiencias exitosas que existen en el país a los fines de garantizar un efectivo sistema de acompañamiento pedagógico que contribuya a elevar la calidad de la educación y a elevar la autoestima del maestros/as, así como la pasión por la tarea de acompañar los aprendizajes de los niños y las niñas.

Implementar una política habitacional orientada a facilitar a cada docente el disfrute del derecho a una vivienda digna.

En manos de los/as docentes esta la perspectiva de desarrollo de la sociedad dominicana, ellos/as forman a los demás profesionales y resultan clave en los propósitos de lograr la calidad de la educación del país.

Reorientaremos los programas de formación y actualización de docentes, incluyendo los que forman a los formadores/as.

Brindar todas las facilidades para el acceso de los docentes a la tecnología de la información y la comunicación, mediante su inclusión a programas

especiales para la adquisición de equipos informáticos, y acceso a los servicios de internet.

A fin de garantizar la inclusión de los amplios segmentos poblacionales excluidos de este derecho fundamental, y garantizar un promedio de 25 estudiantes por aula, pondremos en marcha un programa de construcción de aulas en atención a las necesidades de cada nivel educativo (Inicial, Básica, Media y politécnica) observando rigurosamente las normas antisísmicas.

Santo Domingo, DN.

17 de febrero, 2012.-