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EL PAPEL DEL DEL SAJ-A 1
2
a) La situación actual 3
4
Nos encontramos en un momento de 5
cambios en CC.OO., y en particular en la 6
Federación, y por ello debemos 7
prepararnos para los mismos, si bien 8
nuestra labor esencial, como sector, es 9
elaborar, diseñar y llevar a la práctica la 10
política sindical de la Federación en el 11
ámbito de la Administración de Justicia, y 12
colaborar con otras estructuras en lo 13
organizativo. 14
15
Para ello debemos conocer nuestra 16
realidad, sin ánimo de exhaustividad, ni 17
de profundidad, misión que corresponde 18
al informe del coordinador, y partiendo 19
de que somos un sector pequeño, es una 20
realidad que realizamos nuestra labor 21
sindical en una de las Administraciones 22
más importantes y de mayor de 23
trascendencia social, a pesar de su 24
pequeña dimensión y escasos medios 25
presupuestario. 26
27
Esta situación no se traduce en una gran 28
sensibilidad política hacía dicha 29
administración, sino todo lo contrario, a 30
pesar de los años transcurridos desde la 31
llegada de la democracia, el modelo de la 32
administración de justicia sigue anclado 33
en el pasado y sin inversiones 34
significativas que supongan una mejora 35
en la acción de la Justicia y en la 36
atención al ciudadano. El cúmulo de 37
reformas legislativas que hemos sufrido, 38
hasta la fecha, poca o nula incidencia 39
han tenido en la realidad, siendo en 40
muchos casos actuaciones meramente 41
electoralistas, faltas del más mínimo rigor 42
y participación social para que surtieran 43
efectos verdaderamente positivos. 44
45
Una parte de nuestra administración es 46
dada al pesimismo y a la introversión, lo 47
cual se ha de combatir enérgicamente, 48
pues dichos fenómenos son 49
catalizadores del corporativismo que 50
sufrimos en la actualidad, y de 51
posicionamientos reaccionarios e 52
insolidarios en el colectivo. Estas 53
actitudes nos hacen perder visión de 54
conjunto como colectivo, y nos perjudica 55
seriamente como sector a la hora de 56
presentar y defender los planteamientos 57
de un sindicato de clase como es 58
CC.OO., que aporta una visión 59
progresista, renovadora, global y solidaria 60
de la acción sindical. 61
62
En la vertiente interna, hemos sufrido y 63
sufrimos un proceso de reubicación tras 64
los acuerdos de 2005 con la Junta de 65
Andalucía, que junto a otros factores 66
internos y externos nos ha provocado 67
una perdida de peso en las elecciones 68
sindicales, y un estancamiento 69
preocupante en el crecimiento afiliativo, 70
3
así como una desubicación orgánica, que 1
se ha ido atemperando con el trascurso 2
del tiempo, pero sin resolverse 3
definitivamente. 4
5
Un problema que se ha acentuado con el 6
tiempo es la escasa participación de la 7
mujer en nuestras estructuras, muy por 8
debajo de su peso afiliativo y laboral, y 9
que es prueba evidente de que no hemos 10
sabido ejecutar políticas de igualdad 11
efectivas en el interno de nuestra 12
organización. 13
14
b) Las acciones 15
16
Ante esta situación, que nos presenta 17
una serie de nuevos y viejos retos, 18
debemos plantearnos objetivos y 19
acciones que nos permitan enfrentarnos 20
a los mismos con el objetivo de 21
superarlos o atemperarlos en el peor de 22
los casos. 23
24
1. Debemos partir desde el interno, 25
reforzando nuestras estructuras a todos 26
los niveles, desde la sección sindicales, 27
pasando por el sector andaluz y estatal y 28
la coordinación e imbricación con los 29
Sindicatos Provinciales y la Federación. 30
31
Nuestras secciones sindicales deber 32
revitalizar su actividad, con mayor 33
participación en el debate y construcción 34
del proyecto, así como una mayor 35
implicación en la vida de los sindicatos 36
provinciales, que son un apoyo 37
fundamental e ineludible en la acción 38
sindical diaria, pues el apoyo estructural y 39
material parte de los sindicatos 40
provinciales, que son la estructura más 41
cercana de las secciones sindicales y el 42
canal natural de la actividad organizativa 43
de CC.OO., y de acceso a los servicios a 44
los afiliados, especialmente la asesoría 45
jurídica, que requiere por nuestra parte 46
un esfuerzo de información a la afiliación 47
y de apoyo en su funcionamiento para 48
evitar situaciones que perjudiquen a 49
nuestras posiciones, a los intereses de 50
nuestra afiliación y al interés general del 51
servicio público. 52
53
Nuestro sector como colaborador en la 54
extensión del sindicato debe impulsar la 55
coordinación y colaboración con los 56
sindicatos provinciales en la ejecución de 57
las acciones encaminadas a conseguir 58
los objetivos de incremento afiliativo y 59
mejora de los resultados electorales, 60
dentro de los parámetros que marque las 61
estructuras superiores. 62
63
2. Esta mayor actividad, no solo se refiere 64
a la organización interna, sino que se 65
debe concretar en planes de afiliación y 66
de extensión del sindicato en nuestros 67
centros de trabajo, con una mayor 68
presencia en las oficinas judiciales y una 69
mayor actividad de información de los 70
4
trabajadores y trabajadoras, tanto de 1
nuestra actividad sindical, como de que 2
es CC.OO. , informando de nuestros fines 3
frente a los mensajes corporativistas e 4
insolidarios de otros sindicatos. 5
6
3. En el ámbito del Sector estatal, 7
debemos implicarnos en la negociación 8
ante el Ministerio de los temas de 9
alcance general, y de aquellos que 10
tengan trascendencia para Andalucía, 11
pidiendo nuestra participación en la Mesa 12
del Ministerio, lo cual supone reactivar 13
nuestra participación en el sector estatal, 14
haciendo valer nuestro peso dentro del 15
sector, y buscando alianzas, o acuerdos, 16
con los compañeros y compañeras de 17
otras Comunidades Autónomas, para 18
abrir a la participación de los sectores 19
autonómicos la Mesa del Ministerio, y, 20
también, la redifinición del sector estatal 21
ante los cambios que se van a producir 22
como consecuencia del desarrollo de la 23
reforma de la justicia y de las 24
transferencias en materia de justicia que 25
se van llevando a cabo. 26
27
4. Nuestro papel dentro de la Federación 28
es ser el agente responsable de la acción 29
sindical en el sector de justicia, que nos 30
obliga a participar activamente en el área 31
de acción sindical, trasladando, 32
adaptando o elaborando para el sector 33
las líneas fundamentales del proyecto 34
sindical de la Federación, en el cual 35
debemos colaborar para su definición y 36
construcción. En esta actividad 37
tendremos la autonomía de gestión que 38
nos da la implicación y responsabilidad 39
en la construcción y defensa del proyecto 40
común, conforme a lo que se establece 41
en los documentos de la Federación, y 42
que en cualquier caso requiere una 43
coordinación permanente con el área de 44
acción sindical. 45
46
5. Es ineludible y prioritario diseñar una 47
estrategia de implicación de la mujer en 48
la vida de las secciones sindicales y, por 49
ende, en el sector, ya que el actual indice 50
de participación es totalmente 51
inaceptable. Debemos hacer un esfuerzo 52
permanente y grande en estos cuatro 53
años para que las estructuras de las 54
secciones sindicales y del sector reflejen 55
fielmente el peso de la mujer en la 56
administración de justicia, con planes de 57
conciliación de la actividad sindical y 58
familiar, y políticas de discriminación 59
positiva en la incorporación de nuevos 60
cuadros sindicales. 61
62
6. Por último, hay que realizar acciones 63
informativas que combatan la visión 64
sesgada de la realidad que los sindicatos 65
corporativistas quieren implantar en 66
nuestra administración. En un mundo 67
cada vez más interconectado, es 68
imposible pretender aislarse del mismo y 69
querer retrotraernos al pasado, con ideas 70
5
reaccionarias y retrogradas de lo que es 1
la administración de justicia y el 2
sindicalismo, debemos ganar la batalla de 3
las ideas, y para ello debemos potenciar 4
nuestra capacidad de informar, utilizando 5
todos los medios de los que disponemos 6
(internet, correos electrónicos, hojas 7
informativas, asambleas, jornadas, etc...) 8
para demostrar lo falso de los 9
planteamientos corporativistas y al 10
callejón sin salida que, a medio plazo, 11
nos llevan dichos planteamientos frente a 12
una administración cada vez más global, 13
tecnificada y con grupos de presión cada 14
vez más grandes y mejor organizados. 15
16
17
LA OFICINA JUDICIAL 18
19
A pesar del tiempo transcurrido desde la 20
aprobación de los documentos de la 3ª 21
Conferencia del Sector de la 22
Administración de Justicia de Andalucía, 23
en febrero de 2005, todos sus 24
planteamientos en cuanto a la oficina 25
judicial, Rpt´s y Vpt´s siguen plenamente 26
vigentes, pues la acción política ha 27
brillado por su ausencia en la reforma de 28
la oficina judicial, y solo la presión pública 29
de los últimos meses, a raíz de la huelga 30
de los compañeros no transferidos y de 31
los casos de catastrófico funcionamiento 32
de la administración de justicia que se 33
han conocido ultimamente, han obligado 34
a nuestros gestores a tomarse el asunto 35
en serio y poner en marcha algunas 36
medidas de reforma y actualización. 37
38
Pero debemos concretar algunos 39
aspectos de nuestra posición en la oficina 40
judicial, que complementen a los 41
documentos ya existentes, matizando 42
algunos puntos, desarrollando otros e 43
introduciendo nuevos planteamientos. 44
45
a) La negociación 46
47
Es ineludible nuestra participación en 48
todas las mesas de negociación y foros 49
de debate de la oficina judicial. Esta 50
presencia es un objetivo prioritario, pues 51
no podemos dejar en manos de 52
asociaciones profesionales y políticos el 53
debate del modelo y de la implantación 54
de la oficina judicial. Para conseguir 55
dicho objetivo tenemos que buscarnos 56
nuestro hueco en el mismo, con el fin de 57
evitar encontrarnos en las mesas 58
posiciones ya cerradas con otros 59
interlocutores, que tienen el derecho y 60
obligación participar, pero no monopolizar 61
y ha excluir al resto del debate. Esto 62
grupos de presión existentes en la 63
administración de justicia, generalmente, 64
no tienen en cuentan ni nuestras 65
propuestas, ni nuestro punto de vista, 66
mucho más cercano al ciudadano y al 67
trabajador, que son los verdaderos 68
destinatarios de las reformas. 69
70
6
En cuanto al contenido de la negociación 1
debemos exigir que ésta sea única, 2
simultánea y sucesiva. En ningún caso se 3
puede partir la negociación en bloques 4
que hagan perder sentido a lo negociado 5
o generen discriminaciones intolerables 6
entre los trabajadores en atención a 7
espurios intereses electoralistas o de 8
carácter oportunista. 9
10
De tal forma que la negociación del 11
modelo de oficina judicial para Andalucía, 12
debe llevar aparejada, acto seguido y sin 13
interrupción, la negociación de la RPT y 14
de la VPT de los puestos necesarios para 15
poner en marcha la nueva configuración 16
de la administración de justicia. No 17
podemos consentir que se trocee en el 18
tiempo, y con momentos de eficacia 19
distintos, las consecuencias de la nueva 20
oficina judicial, como ha sido el caso de 21
los Registro Civiles y Juzgados de 22
Violencia sobre la Mujer. 23
24
La negociación ha de ser un todo, que si 25
bien se pueda descomponer en bloques, 26
sus resultados tengan carácter general y 27
al unísono para todos los trabajadores de 28
la administración de justicia de 29
Andalucía, y no solo para aquellos 30
colectivos sobre los que muestre interés 31
la administración en razón a 32
motivaciones electoralistas u oportunistas 33
en un momento concreto, ya que somos 34
un sindicato que representa a todos los 35
trabajadores y no un lobby de un 36
concreto colectivo. 37
38
b) Difusión de nuestro proyecto 39
40
Desde el sector hay que defender la 41
posición de la Federación para la 42
administración de justicia en Andalucía, y 43
difundir nuestro proyecto e ideas, tanto 44
en las oficinas judiciales como a la 45
opinión pública, utilizando los medios e 46
imagen de nuestra organización, así 47
como organizando jornadas, mesas 48
redondas, ruedas de prensa, encuentros 49
de distintos colectivos con intereses en la 50
administración de justicia (asociaciones 51
profesionales, de consumidores, partidos 52
políticos, plataformas ciudadanas, 53
defensor del pueblo, etc...), y cualquier 54
otro instrumento que permita difundir 55
nuestra opinión y recabar apoyos a la 56
misma. 57
Debemos conseguir un mayor respaldo 58
social y en los centros de trabajo a 59
nuestras posiciones y proyectos, con una 60
política informativa dirigida a crear una 61
opinión favorable a nuestro 62
planteamientos, y que el conjunto de los 63
trabajadores los asuman como objetivos 64
a conseguir, o modelos a defender, frente 65
a posiciones corporativistas o interesadas 66
de algunos colectivos. 67
68
Sin este trabajo previo no podemos 69
abanderar proyecto ninguno, sindo por 70
7
tanto necesario que tengamos el mayor 1
respaldo posible del colectivo que 2
representamos, y no dar por sentado que 3
defendemos lo mejor, si primero no 4
hemos convencido de que es lo mejor a 5
sus destinatarios. 6
7
c) La provisión de puestos y la carrera 8
administrativa 9
10
En el marco de la regulación existente 11
para la provisión de puestos, seguimos 12
apostando por el concurso como el 13
instrumento fundamental y prioritario para 14
la provisión de los puestos de trabajo, 15
tanto genéricos como singularizados. En 16
los cuales deben primar criterios 17
objetivos para la obtención de la plaza, 18
distinguiendo entre requisitos y méritos 19
para conseguir el puesto. 20
21
En cuanto a los puestos que se han de 22
recoger en la RPT, no sólo han de estar 23
los propios de la oficina judicial, hay que 24
conseguir, coordinados con otras 25
estructuras de la Federación, la 26
posibilidad de que las Unidades 27
Administrativas existan puestos que 28
puedan ser ocupados por funcionarios 29
de justicia dentro de las RPT´s de la 30
Consejería de Justicia y Administración 31
Pública, usando la figura de la doble 32
adscripción de algunos de sus puestos, o 33
de adscripción única, según el puesto. 34
35
Con respecto al sistema de libre 36
designación, debemos defender un uso 37
supletorio y restringido de dicho 38
mecanismo de provisión, limitándolo a 39
puestos muy concretos, y que hayan sido 40
resultado de la negociación de la RPT. 41
No podemos admitir este sistema como 42
preferente o prioritario de forma general, 43
ya que podría suponer una grave lesión 44
de los derechos a la carrera 45
administrativa de nuestro colectivo, al 46
politizar la provisión de la mayoría o de 47
todos los puestos con mayor 48
responsabilidad y dedicación, y que, por 49
ende, llevan aparejado mejores 50
retribuciones. 51
52
El otro gran objetivo es diseñar un 53
modelo de carrera administrativa, tanto 54
horizontal como vertical, que cubra las 55
expectativas de los trabajadores de 56
justicia, permitiendo su desarrollo 57
profesional y personal, evitando la actual 58
situación de frustración con el actual 59
modelo, que supone en la mayoría de los 60
casos el traslado a otra provincia o 61
comunidad autónoma, con todos los 62
problemas que ello supone, para dar 63
realidad a la carrera administrativa. 64
65
Esta cuestión es primordial tenerla en 66
cuenta a la hora de diseñar la RPT, 67
donde se ha reseñar la prioridad a la 68
carrera administrativa a la hora de ofertar 69
puestos singularizados, tanto en las UPA, 70
8
SC y UA. 1
2
d) El desarrollo de los servicios 3
comunes 4
5
El eje primordial sobre el debe girar 6
nuestro proyecto son los servicios 7
comunes. El decimonónico diseño actual 8
de órganos unipersonales o tribunales 9
colegiados ha demostrado su ineficacia e 10
ineficiencia, por lo que es un modelo 11
superado y requiere su cambio lo antes 12
posible. 13
14
Tras la reforma de 2004 de la LOPJ, se 15
apuntó un nuevo modelo cuya piedra 16
angular serían los servicios comunes, si 17
bien el Ministerio en su modelo de 18
desarrollo desnaturalizó el modelo 19
potenciando las Unidades de apoyo 20
directo a los jueces en exceso, 21
dotándolas de una plantilla excesiva y 22
con demasiadas funciones. 23
24
Es por esa razón por lo que debemos 25
impulsar en Andalucía la constitución de 26
verdaderos servicios comunes de la 27
actividad judicial, como instrumentos 28
necesarios para la reforma del 29
funcionamiento de la administración de 30
justicia. Los servicios comunes no 31
suponen la panacea universal, dado que 32
un mal diseño e implantación de este 33
nuevo modelo de organización del trabajo 34
puede ser catastrófico y justificar la 35
posición de sus detractores, por lo que 36
debemos trabajar para un diseño eficaz y 37
una implantación eficiente del modelo. 38
39
La puesta en marcha de los servicios 40
comunes requiere una graninversión en 41
nuevas tecnologías y la correspondiente 42
formación de los trabajadores y 43
trabajadoras de la administración de 44
justicia, ya que, a corto plazo, debería 45
contemplar la creación del expediente 46
digital, que deberá ser el soporte sobre 47
el cual actuarán realmente tanto las 48
unidades de apoyo como los servicios 49
comunes, quedando reducida la actividad 50
sobre el expediente físico y evitando su 51
trasiego físico a lo imprescindible. 52
53
El diseño de los nuevos servicios 54
comunes no puede caer en los errores de 55
los actuales macroservicios comunes de 56
difícil gestión, donde los secretarios 57
naufragan ante la escasez de medios, 58
ausencia de niveles intermedios de 59
responsabilidad y la falta de formación en 60
gestión de recursos humanos. La 61
experiencia de otras administraciones 62
debe ser tomada en cuenta, tanto la 63
Agencia Estatal Tributaria como el INSS 64
o TGSS, en las cuales la organización 65
pivota sobre unidades interrelacionadas, 66
que su vez se componen de grupos de 67
trabajo más pequeños. 68
69
Un modelo donde se sumen trabajadores 70
9
sin orden ni concierto, sin un diseño 1
previo de la organización del trabajo y 2
vertebración de la responsabilidad es un 3
modelo condenado al fracaso de 4
antemano. Por lo que debemos defender 5
un modelo organicista, flexible, acorde a 6
la dimensión del partido judicial, 7
estructurado en distintos niveles de 8
responsabilidad y conformado por 9
unidades de trabajo especializadas y 10
coordinadas entre sí, y estás a su vez en 11
grupos de trabajo, como unidad básica 12
del modelo. 13
14
Tanto los Servicios Comunes de 15
ordenación del procedimiento no son más 16
que una parte de la figura del servicio 17
común, por lo que dentro del concepto de 18
servicio común sedebe de encuadrar el 19
SCOP, por lo que debemos trabajar 20
sobre el concepto más amplio de servicio 21
común al construir el nuevo modelo de 22
constitución de la oficina judicial. 23
24
Este modelo debe permitir su propia 25
evolución, ningún diseño es perfecto en 26
el momento de su puesta en marcha, por 27
lo que se han de prever los instrumentos 28
necesarios para su evaluación periódica 29
y permanente, con el fin de corregir o 30
introducir los cambios necesarios para la 31
mejora del modelo. 32
33
En dichos instrumentos debemos estar 34
siempre presentes, pues sin nuestra 35
presencia los intereses del conjunto de 36
trabajadores y de los ciudadanos 37
quedaría en una posición muy débil 38
frente a una administración presa de los 39
grupos de presión de jueces y 40
secretarios. 41
42
43
10
TRANSFERENCIAS 1 2
3 4
a) La situación actual 5 6 7 En la Ponencia de nuestra 3ª 8 Conferencia del Sector de la 9 administración de Justicia en Andalucía, 10 al referirnos al “Desarrollo de la Reforma 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial”, 12 tuvimos ocasión de referirnos de forma 13 somera a las, aún hoy en día, mal 14 llamadas “Transferencias en materia de 15 Justicia a las Comunidades Autónomas” 16 17 Ya en aquella oportunidad, 18 intentamos explicar que, en realidad, lo 19 que se había producido era un traspaso 20 de funciones y servicios de los medios 21 materiales y personales a las 22 Comunidades Autónomas. Es importante 23 hacer esta distinción porque no es lo 24 mismo hablar de transferencia que de 25 traspaso. Para entendernos, cuando se 26 transfiere una competencia atribuida 27 constitucionalmente al Estado y, por 28 concreción, al Gobierno de la Nación, la 29 Comunidad Autónoma que acepta dicha 30 transferencia, asume la titularidad plena 31 de la competencia en cuestión. Al 32 contrario, cuando se traspasa la gestión 33 de una competencia que, la Constitución, 34 tiene atribuida al Estado y, por tanto, 35 ejecutivamente al Gobierno de la Nación, 36 la Comunidad Autónoma que asume 37 dicho traspaso, solo puede gestionar la 38 competencia en cuestión dentro de los 39 límites establecidos en el instrumento 40 legal mediante el que se produce dicho 41 traspaso, mientras que el Estado, esto 42 es, el Gobierno de la Nación sigue 43 asumiendo la plena titularidad de la 44 competencia de que se trate. Decimos 45 que es importante esta distinción, porque 46 en la actualidad y después de más de 11 47 años de asunción por parte de la Junta 48 de Andalucía de la gestión de las 49 competencias en materia de 50 administración de justicia, hay 51 trabajadores en los edificios judiciales de 52
Andalucía que creen que estamos 53 transferidos a la administración andaluza 54 cuando, en realidad, solamente se ha 55 traspasado a favor de la Junta de 56 Andalucía la gestión de una pequeña 57 parte de nuestro Estatuto Jurídico. 58 59 Por tanto, en la actualidad no se 60 puede hablar, propiamente, de 61 transferencias de la administración de 62 justicia en Andalucía. 63 64 Sentado lo anterior, desde 65 Comisiones Obreras no podemos valorar 66 positivamente la gestión que la 67 Administración de la Junta de Andalucía 68 ha hecho de las competencias 69 traspasadas en los últimos cuatro años. 70 Más allá del posicionamiento crítico que, 71 toda central sindical de clase, debe tener 72 frente a la Administración no podemos, 73 por menos, de acusar la reiterada 74 dejación, cuando no abandono absoluto 75 en la asunción de las competencias 76 traspasadas, que ha venido haciendo 77 gala la Consejería de Justicia y 78 Administración Pública de la Junta de 79 Andalucía en gran parte de estos cuatro 80 años, y de forma acusadísima desde el 81 principio del segundo trimestre de 2006 82 en adelante. 83 84 El ser un sindicato sociopolítico, 85 tal y como se recoge en nuestros 86 principios inspiradores, hace que 87 debamos ser beligerantes y estar, 88 permanentemente, en guardia con la 89 política que en materia de administración 90 de justicia ha desarrollado la Junta de 91 Andalucía en este período entre 92 Conferencias. 93 94 En primer lugar, debemos señalar 95 el cáncer que supone para cualquier 96 avance significativo en materia de 97 administración de justicia en nuestra 98 Comunidad Autónoma, la existencia de la 99 denominada “Comisión Mixta de 100 Cooperación y Coordinación constituida 101 entre la Consejería de Justicia y 102 Administración Pública y el Tribunal 103 Superior de Justicia de Andalucía”. Esta 104
11
Comisión Mixta supone, de hecho y, lo 1 que es peor, de derecho, el cepo al que 2 se aferra lo más recalcitrante del Poder 3 Judicial en nuestra Comunidad Autónoma 4 para obstaculizar cualquier avance a 5 favor de los ciudadanos andaluces en 6 materia de justicia siempre que, por ellos, 7 se interprete que dichos avances puedan 8 suponer una perdida de “poder” de los 9 Jueces y Magistrados de los órganos 10 judiciales andaluces. 11 12 En segundo lugar, se ha de 13 denunciar el saco sin fondo al que van 14 cuantiosos recursos económicos con 15 cargo a los Presupuestos aprobados por 16 el Parlamento de Andalucía, en virtud de 17 jornadas, seminarios y planes de 18 formación costeados íntegramente por la 19 Junta de Andalucía, para jueces, 20 magistrados, fiscales y secretarios 21 judiciales, sin que el Gobierno ni la 22 Administración andaluces tengan 23 competencia alguna sobre Jueces y 24 Magistrados (Consejo General del Poder 25 Judicial) y Fiscales y Secretarios 26 Judiciales (Ministerio de Justicia). 27 28 En tercer lugar, la falta de coraje 29 de la administración andaluza para 30 enfrentarse a Jueces, Magistrados, 31 Fiscales y Secretarios Judiciales a la 32 hora de ejecutar, desarrollar, cumplir y 33 hacer cumplir las competencias que en 34 materia de justicia le fueron traspasadas, 35 lo que supone, de hecho una dejación y 36 abandono total de dichas funciones, 37 como por ejemplo ha sucedido en casos 38 tan dolorosamente clamorosos como las 39 guardias en las Fiscalías de Menores; 40 expedientes por falta de capacitación del 41 personal interino; vacaciones del 42 personal interino e, incluso, un gran 43 número de personal de carrera; 44 incumplimiento generalizado de la 45 prohibición de no fumar en las 46 dependencias judiciales; prohibiciones, 47 por la vía de los hechos, de que 48 trabajadores públicos puedan participar 49 en el turno de guardia cuando tienen 50 derecho y obligación a hacerlas; y, en 51 general, permitir los cotidianos abusos de 52
poder que por parte de los Cuerpos 53 superiores se practica en los órganos 54 judiciales de Andalucía; etc. 55 56 En cuarto lugar, la racanería de la 57 Consejería de Justicia y Administración 58 Pública de la Junta de Andalucía para 59 cumplir obligaciones, previstas en las 60 leyes o, incluso, reinterpretando 61 unilateralmente acuerdos alcanzados con 62 los Sindicatos, normalmente, económicas 63 para con el personal al servicio de la 64 Administración de Justicia (Cuerpos 65 inferiores, obviamente), como por 66 ejemplo, el pago de los trienios a los 67 trabajadores interinos de la 68 administración de justicia en Andalucía; 69 el hecho de haber disminuido en un 70 punto el Complemento Transitorio del 71 Cuerpo de los trabajadores de los 72 Servicios Comunes de Partido Judicial o, 73 en algunos casos, Servicios Comunes de 74 Actos de Comunicación; el 75 incumplimiento de la “Mejora por 76 Incapacidad Temporal (I.T.)”, etc. 77 78 En quinto lugar, la falta de una 79 verdadera política de coordinación en el 80 funcionamiento cotidiano de las 81 Delegaciones Provinciales, permitiéndose 82 por la Consejería de Justicia y 83 Administración Pública que, en 84 numerosas ocasiones, cada una de ellas 85 de soluciones distintas a casos idénticos 86 en virtud de la interpretación del jefe de 87 turno que hayamos tenido que soportar 88 los trabajadores al servicio de la 89 administración de justicia. Respecto a las 90 Delegaciones Provinciales, es obligado 91 denunciar en esta ponencia de nuestra 4ª 92 Conferencia que después de más de 11 93 años de haber asumido competencias en 94 materia de justicia, la Consejería de 95 Justicia y Administración Pública de la 96 Junta de Andalucía tiene infradotada de 97 personal a varias de sus Delegaciones 98 por lo que no pueden realizar a 99 satisfacción las obligaciones que tienen 100 respecto a los edificios judiciales, 101 recursos materiales y, lo que es más 102 importante, en cuanto a los trabajadores 103 públicos de juzgados y Tribunales y 104
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demás servicios judiciales de Andalucía. 1 2 En resumen y para no alargar 3 demasiado aquellas situaciones en la que 4 entendemos que la Junta de Andalucía 5 ha dejado pasar la oportunidad de ejercer 6 íntegramente las competencias que en 7 materia de justicia traspasadas, diremos 8 que lo único por lo que podemos 9 sentirnos medianamente satisfechos es 10 haber alcanzado el Acuerdo Marco junto 11 a U.G.T. en el año 2005 con la 12 Administración Andaluza porque, con 13 todos sus defectos, ese Acuerdo tan 14 denostado por algunos, ha permitido que 15 los trabajadores públicos al servicio de la 16 administración de justicia en Andalucía 17 no nos descolgásemos del resto de las 18 Comunidades Autónomas con 19 competencias traspasadas en el aspecto 20 retributivo. 21 22 Pero como la dinámica de los 23 acontecimientos es tozuda, desde el 20 24 de Marzo de 2007 en que entró en vigor 25 la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, 26 de reforma del Estatuto de Autonomía 27 para Andalucía, que no hay que olvidar 28 que además de ser aprobada por el 29 Parlamento de Andalucía y el Congreso 30 de los Diputados y Senado de España, 31 ha sido refrendada por los ciudadanos 32 andaluces, se le vuelve presentar una 33 nueva oportunidad a la Junta de 34 Andalucía de asumir, impulsar, 35 desarrollar y ejecutar las competencias 36 que en materia de Justicia tiene y que se 37 contienen en el artículo 80 y en todo el 38 Título V de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 39 de marzo, ya mencionada. 40 41 Por tanto, la situación actual 42 respecto a las transferencias en materia 43 de Justicia, podemos resumirla como la 44 de tener la sensación de un tiempo 45 valioso perdido y la falta de coraje político 46 de la Junta de Andalucía para ejercer 47 dichas competencias por temor a 48 “represalias” corporativista de aquellos 49 que siguen pretendiendo perpetuar sus 50 “seudoderechos”. Esperemos que con la 51 nueva oportunidad reseñada en el 52
párrafo anterior, la Justicia en Andalucía 53 mejore tanto para los ciudadanos 54 andaluces como para los que trabajamos 55 en ella. 56 57 58 b) Objetivos prioritarios 59 60 Partiendo de la situación analizada 61 en el apartado anterior y como 62 continuación de las líneas aprobadas en 63 nuestra 3ª Conferencia Sectorial de 64 Andalucía, deberíamos marcarnos unos 65 objetivos prioritarios que alcanzaran el 66 máximo consenso de todas nuestras 67 Secciones Sindicales. A este fin, sin duda 68 alguna, ha contribuido la celebración de 69 la Jornada de Acción Sindical en 70 Archidona el pasado 8 de Julio de 2008 y 71 las conclusiones en ella alcanzadas. 72 Una de nuestras prioridades, pues, 73 habrá de ser apostar por el desarrollo 74 íntegro de las competencias de la Junta 75 de Andalucía en materia de Justicia, para 76 lo cual tendremos que ser a la par que 77 críticos con la Administración 78 Autonómica, colaboradores leales, en la 79 medida de nuestras posibilidades, para la 80 verdadera asunción, impulso, desarrollo y 81 ejecución de aquellas competencias que 82 en materia de Justicia previene la Ley 83 Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de 84 reforma del Estatuto de Autonomía para 85 Andalucía, a la par que exigir la 86 aplicación en el territorio de nuestra 87 Comunidad Autónoma del marco 88 normativo obligatorio en materia de 89 personal. 90 91 Otra de nuestras prioridades, 92 debería ser exigir al Gobierno de la 93 Comunidad Autónoma de Andalucía el 94 ejercicio íntegro de sus competencias en 95 materia de Justicia y la defensa de dichas 96 competencias frente a aquellos colectivos 97 que, por distintos motivos, pretendan 98 desvirtuarlas o ponerles freno a su 99 aplicación, como también deberíamos 100 exigir la defensa, por parte de la 101 Administración Andaluza, de todos los 102 trabajadores al servicio de la 103 Administración de Justicia cuando tienen 104
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problemas en sus puestos de trabajo por 1 querer cumplir dichas competencias. 2 3 Se hace necesario, por otra parte, 4 exigir la unificación de criterios básicos 5 para que las respuestas de las 6 Delegaciones Provinciales sea la misma 7 en todo el territorio de Andalucía ante 8 situaciones similares cuando no 9 idénticas, para lo cual se hace necesario 10 una mayor participación sindical en la 11 gestión de las Delegaciones Provinciales 12 en aquellas materias que afecten al 13 colectivo de trabajadores al servicio de la 14 administración de justicia. En este mismo 15 sentido, deberíamos ser beligerantes en 16 la falta de medios personales en las 17 Delegaciones Provinciales para llevar a 18 efecto estos fines administrativos y 19 plantear, tantas veces como sea 20 necesario, la falta de personal en las 21 mismas hasta alcanzar el objetivo de un 22 mínimo de plantilla en cada Delegación 23 Provincial que permita un mejor servicio a 24 nuestro colectivo. 25 26 Deberíamos tener la imaginación y 27 voluntad sindical necesarias para 28 impulsar políticas y plantear propuestas 29 innovadoras y modernizadoras que 30 mejoren la Administración de Justicia en 31 Andalucía, al objeto de que los 32 ciudadanos perciben una mejora de la 33 administración de justicia como servicio 34 público y que nosotros percibamos una 35 mejora en las condiciones laborales de 36 todo tipo en nuestro quehacer cotidiano. 37 38 Finalmente y, no por ello, menos 39 importante deberíamos de elaborar una 40 plataforma reivindicativa propia que 41 acelere el proceso de convergencia, en 42 aquello que constitucional y legalmente 43 sea posible, con las condiciones 44 laborales del personal al servicio de la 45 Administración General de la Junta de 46 Andalucía. Esta plataforma debería de 47 recoger aspectos básicos que, en su 48 momento y sin mucha dificultad, 49 pudiéramos trasladar a nuestras 50 propuestas más concretas para la 51 elaboración de unas Relaciones de 52
Puestos de trabajo acordes con nuestro 53 trabajo real y que permita una valoración 54 objetiva de todos y cada uno de los 55 puestos de trabajo susceptibles de ser 56 ocupados por el personal al servicio de la 57 administración de justicia. 58 59 Para la consecución de los 60 objetivos prioritarios que acabamos de 61 plantear, seria oportuno que nos 62 dotásemos de los siguientes 63 c) Instrumentos y acciones 64 65 1.- Tenemos que tener la 66 capacidad de involucrar a los partidos 67 políticos con implantación en el territorio 68 andaluz en la asunción, impulso, 69 desarrollo y ejecución de aquellas 70 competencias que en materia de Justicia 71 previene la Ley Orgánica 2/2007, de 19 72 de marzo, de reforma del Estatuto de 73 Autonomía para Andalucía o, al menos, 74 de aquellos partidos políticos que, en 75 principio, parezcan tener una mayor 76 conciencia autonomista. 77 78 2.- Crear un frente común con 79 aquellos partidos políticos, sindicatos, 80 asociaciones profesionales y 81 asociaciones de consumidores y usuarios 82 más proclives a un verdadero desarrollo 83 competencial en materia de justicia en 84 Andalucía. 85 86 3.- Con independencia de que las 87 transferencias en materia de justicia es 88 un hecho que, como ya hemos dicho, 89 incluso ha sido refrendado por los 90 ciudadanos andaluces, deberíamos de 91 ser capaces de transmitir un mensaje de 92 tranquilidad al objeto de mejorar la 93 imagen pública de las transferencias de 94 justicia en Andalucía. En este sentido, 95 habría que insistir en la idea de que las 96 transferencias no son un ataque al 97 concepto de “Cuerpos Nacionales”, toda 98 vez que cualquier trabajador al servicio 99 de la administración de justicia puede 100 optar a ocupar cualquier puesto de 101 trabajo en todo el territorio nacional. 102 103 104
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4.- Deberíamos diseñar acciones con la 1 propia administración y demás sindicatos 2 e, incluso, propiciando coaliciones leales 3 en aquellos casos que sea posible para 4 el desarrollo y ejecución, en la forma más 5 consensuada posible, de las 6 transferencias de justicia en Andalucía. 7 8 5.- Previamente a todo lo anterior, 9 deberíamos volver a hacer campañas 10 informativas para que nuestra afiliación 11 conozca lo que significan las 12 transferencias de justicia y el alcance de 13 las mismas y como pueden afectarnos y 14 así desmitificar el, al parecer, 15 generalizado sentimiento de que las 16 transferencias son malas. 17 18 Una vez realizada esta campaña 19 informativa, deberíamos celebrar 20 asambleas y jornadas propiciando la 21 participación de la afiliación para, en la 22 medida de lo posible, alcanzar el apoyo y 23 respaldo afiliativo necesario que nos 24 permita alcanzar los objetivos 25 propuestos. 26 27 Sin duda alguna es un arduo el 28 trabajo el que tenemos por delante, pero 29 a eso estamos acostumbrados en 30 Comisiones Obreras y estamos seguros 31 que no será por falta de ganas, trabajo e 32 ilusión por nuestra parte el que podamos 33 o no alcanzar los objetivos marcados. 34
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SALUD LABORAL Y MEDIOAMBIENTE 1 2 3 c) I.- SALUD LABORAL 4
La salud es un derecho que el 5 trabajador posee y que se corresponde 6 con la obligación que el empleador tiene 7 de poner los medios necesarios para que 8 las condiciones laborales no pongan en 9 peligro ese derecho. La salud es un bien 10 que debe ser protegido. 11 12
El papel de CC.OO. en esta 13 materia consiste precisamente en 14 controlar el cumplimiento de esas 15 obligaciones por parte de la 16 Administración y en participar en las 17 cuestiones relacionadas con la 18 prevención de riesgos en el trabajo para 19 hacer efectivo el derecho a la salud de 20 los trabajadores, exigiendo la 21 implantación de un dispositivo preventivo 22 eficaz y la aplicación de la normativa de 23 salud laboral en todos y cada uno de los 24 centros de trabajo de la Administración 25 de Justicia en Andalucía. 26 27 SITUACIÓN ACTUAL: 28
El Actual modelo preventivo de la 29 Junta de Andalucía es inoperante. Así lo 30 hemos denunciado reiteradamente. 31 El Acuerdo de participación del 32 año 2001 fue denunciado en mayo de 33 2005. Los mecanismos previstos para 34 facilitar la participación no han 35 funcionado. En los 4 años de vigencia del 36 Acuerdo, no se han constituido la 37 mayoría de los Comités de Seguridad y 38 Salud ni se ha reunido más de dos veces 39 la Mesa Técnica de Prevención 40 encargada de coordinar la ejecución de 41 las políticas en materia de prevención de 42 riesgos y fomentar la participación de los 43 Comités de Seguridad y Salud. A fecha 44 de hoy, pasado 3 años desde la denuncia 45 del Acuerdo, no han cambiado estas 46 circunstancias. 47 Ante la inactividad de la 48 Administración, fruto de la insuficiencia 49 de recursos del actual modelo de 50 Servicios de Prevención que define el 51 Decreto 117/2000, y el bloqueo de los 52
mecanismos de participación, desde 53 CC.OO. se ha propuesto la negociación 54 de un nuevo acuerdo que contemple no 55 sólo el apartado de participación sino 56 también la definición de un nuevo 57 dispositivo preventivo descentralizado y 58 con medios personales y materiales 59 suficientes. Hemos entendido que sin un 60 dispositivo preventivo eficaz nuestra 61 participación nos hace copartícipe de la 62 inoperancia denunciada. 63 Planteado así el alcance de la 64 negociación, nos encontramos, en razón 65 de las materias a negociar, que deben 66 intervenir dos Consejerías: la Consejería 67 de Empleo, en cuanto a la organización 68 de los Servicios de Prevención; y la 69 Consejería de Justicia y Administración 70 Pública, en cuanto a la participación y la 71 RPT de la nueva organización preventiva. 72 Nos encontramos, pues, con 73 representantes de la Administración con 74 criterios propios y diferenciados en 75 ocasiones, lo cual dificulta evidentemente 76 el diálogo que está condicionado a que la 77 parte patronal pueda presentarse con un 78 discurso común. 79 Ante esta situación y el silencio 80 prolongado de la Administración, desde 81 CC.OO. se lanza en el primer trimestre 82 de 2006 una campaña general de 83 denuncias en el ámbito de la Junta de 84 Andalucía. Esta campaña ha puesto de 85 relieve los incumplimientos manifiestos 86 de la Administración de la Junta de 87 Andalucía en materia de prevención de 88 riesgos laborales en todos sus centros de 89 prevención. Si bien la Inspección de 90 Trabajo ha tardado en contestar, cuando 91 lo ha hecho, bien entrado 2007, ha sido 92 mediante requerimiento enérgico para 93 que se subsanen los incumplimientos 94 denunciados, en especial la implantación 95 de un plan de prevención. 96 A raíz de este toque de atención 97 de la Inspección de Trabajo, la Junta ha 98 tratado de dar cumplimiento a estos 99 requerimientos, poniendo de manifiesto la 100 incapacidad del actual modelo preventivo 101 al tener que contratar Servicios de 102 Prevención externos, en calidad de 103 asesores, para poder llevar a cabo las 104
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evaluaciones iniciales de riesgos. 1 Asimismo, se ha conseguido 2
entablar conversaciones con la Junta en 3 la que por fin asume la necesidad de dar 4 un giro al actual modelo preventivo que 5 centraliza toda la actividad preventiva de 6 la Junta de Andalucía en unos deficientes 7 Servicios de Prevención Provinciales 8 para ir hacia un modelo descentralizado 9 que otorgue un papel preponderante a 10 cada Consejería, las cuales deberían de 11 definir su propio Plan de Prevención de 12 acuerdo con la diversidad de las 13 actividades que desarrollan, la 14 complejidad y dispersión de su estructura 15 organizativa. 16 17 18 ACTUACIÓN: 19 Los objetivos de nuestra 20 organización en la negociación que se 21 avecina son, por tanto: 22
Asegurar la implantación de un 23 modelo descentralizado que cuente 24 en cada caso con medios propios y 25 suficientes para que las distintas 26 Consejerías puedan desarrollar 27 directamente una política de 28 prevención de riesgos laborales 29 eficaz y acorde a la normativa de 30 salud laboral. 31 Asegurar unos mecanismos ágiles de 32 participación para desbloquear la 33 actual parálisis de la mayoría de los 34 CSS y facilitar el nombramiento y 35 sustitución de los Delegados de 36 Prevención. 37
Asegurar un funcionamiento regular 38 de la Mesa Técnica de Prevención u 39 órgano de participación que lo 40 reemplace para el desarrollo y 41 coordinación de la política de 42 prevención. 43 Abordar el desarrollo de un 44 procedimiento especial de actuación 45 de la Inspección de Trabajo en la 46 Administración de la Junta de 47 Andalucía que sustituya en su ámbito 48 al inoperante RD 707/2002 de la 49 Administración General del Estado, 50 que rige en la actualidad en defecto 51 de normativa propia. Hay que evitar 52
que los requerimientos de la 53 Inspección ante incumplimientos de la 54 normativa de salud laboral sean 55 considerados meras 56 recomendaciones. 57
58 En cuanto a lo que concierne a 59
este Sector de Justicia, propondremos 60 que dentro de los órganos de 61 participación que se definan en el 62 ámbito de la Mesa General de 63 Negociación, se habilite algún 64 mecanismo que permita un nivel de 65 participación adecuado del Sector de 66 Justicia en la política de prevención 67 de riesgos laborales que se tenga que 68 desarrollar en el ámbito de la 69 Administración de Justicia en la Junta 70 de Andalucía. 71
72 Por otra parte, en cuanto a la acción 73
sindical que debe desarrollarse 74 directamente en los centros de trabajo, 75 nuestros objetivos son: 76
Implantación de un plan de 77 prevención en los centros de trabajo 78 de la Administración de Justicia. 79 Realización de las evaluaciones 80 iniciales de riesgos. Debemos exigir 81 que se contemple todos los riesgos, 82 inclusive los riesgos psicosociales. 83 Adopción de medidas de emergencia 84 y evacuación en todos los edificios 85 judiciales. 86 Vigilancia de la salud a todos los 87 trabajadores. 88
89 Para ello, debemos ejercer un control 90
sistemático de las condiciones de trabajo 91 en relación a la salud y prevención de 92 riesgos laborales. 93
A tenor de la actual situación, donde 94 la participación en materia de salud 95 laboral está definida en un acuerdo 96 denunciado por su inoperancia, y a la 97 espera de la próxima negociación de un 98 nuevo Acuerdo, nuestra actuación en 99 este campo puede llevarse a cabo a 100 través de dos vías. Bien a través de los 101 Delegados de Prevención, cuando sea 102 posible; bien a través de los Delegados 103 Sindicales de nuestras secciones 104
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sindicales. En cualquier caso, la labor de 1 control y vigilancia debe consistir en: 2
detectar las insuficiencias en materia 3 de prevención y los incumplimientos 4 de la Administración. En este punto, 5 hay que considerar y tener en cuenta 6 la actividad de externalización y 7 privatización de muchos servicios, 8 como por ejemplo la limpieza de los 9 edificios judiciales y la gestión de los 10 archivos judiciales. Es importante, por 11 tanto, que hagamos uso del RD 12 171/2004 que desarrolla el art. 24 de 13 la LPRL para intervenir frente a los 14 incumplimientos de estas empresas y 15 exigir la coordinación de actividades 16 empresariales en materia preventiva. 17 Poner en conocimiento de las 18 Delegaciones Provinciales de la 19 Consejería de Justicia y 20 Administración Pública las 21 deficiencias e incumplimientos 22 detectados para su subsanación en 23 un tiempo prudencial. 24 Denunciar, en su caso, ante la 25 Inspección de Trabajo y Seguridad 26 Social los incumplimientos no 27 subsanados. 28
29 30 II.- MEDIOAMBIENTE 31 32
La preocupación por el 33 medioambiente está cada vez más 34 presente en la sociedad. Cada vez 35 somos más conscientes del daño que 36 infligimos al planeta y que pone en 37 peligro nuestra calidad de vida y la 38 capacidad para satisfacer nuestras 39 necesidades y las de las generaciones 40 que nos han de seguir. 41 42 SITUACIÓN ACTUAL: 43 Prácticamente todas las 44 actividades humanas transforman el 45 medio natural o provocan cierto grado de 46 degradación. Algunas resultan evidentes, 47 como puede ser en los sectores agrícola, 48 industrial, de producción de energía o el 49 transporte. Otras pasan algo más 50 desapercibidas como en los sectores 51 residencial, comercial e institucional. 52
En todos estos sectores de 53 actividad, en los que incluimos a la 54 Administración Pública, se contribuye a la 55 degradación del medioambiente: 56
derroche y contaminación 57 del agua 58 derroche energético y 59 contaminación del aire 60 calentamiento global y 61 cambio climático 62 destrucción de la capa de 63 ozono 64 destrucción de los bosques 65 acumulación de residuos 66 industriales y urbanos. 67 Etc. 68
Es necesario, pues, actuar 69 también frente a los posibles impactos 70 negativos que genera la actividad de la 71 Administración Pública sobre el 72 medioambiente. 73 Un aspecto al que debemos 74 prestar especial consideración es el de 75 los desplazamientos a los centros de 76 trabajo. El transporte ha experimentado 77 un crecimiento entre 1990-2005 de las 78 emisiones de GEI del 83%, alcanzando el 79 24% del total de las emisiones, es decir, 80 que es una de las actividades que más 81 están contribuyendo al calentamiento 82 global y al cambio climático. 83 El uso masivo del coche no sólo 84 produce problemas ambientales, también 85 es la causa de la congestión de nuestras 86 ciudades y carreteras con el consiguiente 87 aumento de accidentes de tráfico que 88 toman la consideración de accidentes de 89 trabajo “in itinere” en el caso de los 90 sufridos durante el desplazamiento al 91 centro de trabajo. 92 La Administración debe asumir su 93 responsabilidad en esta problemática, 94 tanto desde la vertiente medioambiental, 95 en cuanto a reducción de la 96 contaminación y despilfarro de energía, 97 como de la Prevención de riesgos 98 laborales en cuanto a los accidentes 99 laborales “in itinire”. Si bien no tenemos 100 datos en relación a los trabajadores de la 101 Administración de Justicia, si sabemos en 102 términos generales que la cifra de 103 accidentes “in itinire” aumenta todos los 104
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años y ha llegado a suponer un 21% de 1 los mortales. 2 Es necesario, pues, incentivar una 3 movilidad al trabajo que sea menos 4 dañina en relación tanto al 5 medioambiente como a la salud de los 6 trabajadores. 7 8 CC.OO. Es pionera en nuestro 9 sector en la reivindicación de Planes de 10 Movilidad. 11 En la campaña de las elecciones 12 sindicales de 2007 en Málaga y ante el 13 inminente traslado a la nueva Ciudad de 14 la Justicia figuraba como propuesta, que 15 desembocó en una petición por escrito a 16 la Administración para que la asumiera. 17
Si bien podemos considerar que 18 hemos tenido éxito en nuestro 19 planteamiento a la vista de las 20 actuaciones que a partir del primer 21 trimestre de 2008 la Junta de Andalucía 22 ha emprendido para la implantación de 23 un Plan de Movilidad en la ciudad de la 24 justicia de Málaga, no podemos dejar de 25 reconocer que no se ha contado con 26 nuestra participación en este caso. Ahora 27 bien, esto no debe ser motivo para que 28 no sigamos exigiendo nuestra 29 participación en estos planes como 30 exigencia de calidad de los mismos. 31 32 33 ACTUACIÓN: 34
En lo que concierne a este Sector 35 de Justicia debemos defender que se 36 integre el factor ambiental en la gestión 37 de la Administración de Justicia en 38 Andalucía. Debemos exigir, por tanto, 39 que se realicen ecoauditorías que 40 permitan determinar el impacto sobre el 41 medioambiente y corregir las deficiencias 42 detectadas así como los incumplimientos 43 de la normativa, planes y estrategias 44 públicas diversas elaborados tanto por la 45 Administración Central como por la Junta 46 de Andalucía en relación a los siguientes 47 aspectos: 48
- Consumo de Agua 49 - Consumo de energía 50 - Consumo de papel y 51
material de oficinas 52
- Producción y tratamiento 53 de residuos 54
- Movilidad 55 Estas auditorías deberán contar 56
con la participación de los Delegados de 57 Prevención y a partir de ellas se deberán 58 establecer los oportunos planes de 59 acción que permitan reducir el impacto 60 negativo sobre el medioambiente de una 61 mala gestión de estas materias. 62 En relación a la movilidad, vamos 63 a proponer la implantación de Planes de 64 Movilidad para la gestión de los 65 desplazamientos a los centros de trabajo 66 que congreguen a más de 200 67 trabajadores, como en la actual ciudad de 68 la justicia de Málaga o las proyectadas en 69 Almería, Córdoba y Sevilla. Estos Planes 70 de Movilidad tienen que contar con la 71 participación del Sindicato como garantía 72 de calidad de los mismos. 73 También hay que introducir 74 medidas para favorecer la movilidad 75 sostenible en general y mejorar la 76 accesibilidad, la economía y la salud de 77 los trabajadores, independientemente de 78 la dimensión del centro de trabajo. En 79 este sentido, formularemos una serie de 80 propuestas para incentivar y compensar: 81 - el uso del transporte público. 82 Esta medida sería incompatible con el 83 uso del 84
aparcamiento del centro de 85 trabajo. 86 - el uso de coche compartido, 87 facilitando el acceso al centro de 88 trabajo de aquellos que opten por 89 esta modalidad de movilidad 90 sostenible. 91
92 La gestión del aparcamiento en los 93
centros de trabajo es fundamental en una 94 buena política de movilidad sostenible. 95 Se debe favorecer aquellos que practican 96 una movilidad más sostenible, o que 97 puedan acreditar algún impedimento, 98 frente a la ocupación del mismo como 99 privilegio de jueces, magistrados y altos 100 cargos. Propondremos que se tomen 101 medidas para garantizar una plaza de 102 aparcamiento a: 103
- los que acuden en coche 104
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compartido. 1 - los que tienen discapacidad. 2 - las embarazadas 3
- los que acrediten tener hijos en 4 guarderías o colegios lejos del domicilio. 5
- los que acrediten tener la 6 vivienda en lugares a más de 1 7 km. de una parada de transporte 8 público o donde éste tenga una 9 frecuencia superior a 30 minutos. 10 11 En cuanto a las compensaciones 12
económicas para incentivar una 13 movilidad sostenible, un posible 14 mecanismo se puede establecer a través 15 de la Acción Social, reclamando la 16 incorporación de este concepto como una 17 partida más que se añadirían a las que 18 ya disfrutamos. Propondremos que se 19 compense por este mecanismos los 20 gastos del transporte público y el uso 21 compartido del coche. 22 23 24 25
IGUALDAD 26 27 La aprobación y entrada en vigor 28
de la Ley Orgánica 3/2007 de Igualdad 29 Efectiva de Mujeres y Hombres y de la 30 Ley 7/2007 del Estatuto Básico del 31 Empleado Público, han modificado las 32 condiciones de la negociación colectiva, 33 repercutiendo de manera importante en 34 el ámbito de la Administración Pública y 35 por ende en la Administración de Justicia. 36 37
La Ley de Igualdad asume la 38 erradicación de la desigualdad de género 39 y la construcción de una sociedad libre 40 de los obstáculos y estereotipos del 41 patriarcado como cuestión de Estado, 42 con el consiguiente enriquecimiento del 43 Estado Social y Democrático de Derecho. 44 45 Desde el Sector de Justicia 46 debemos colaborar y contribuir a la 47 erradicación de esta desigualdad a través 48 de nuestro ámbito de actuación tanto a 49 nivel interno como externo. 50 51 Avanzar hacia la plena igualdad de 52
género en el medio laboral requiere 53 cambios, modificaciones y ajustes en 54 ámbitos diversos para contribuir al 55 necesario cambio de mentalidad, 56 debiendo ser el papel de este sindicato el 57 de proponer y adoptar medidas que 58 afecten tanto a hombres como a mujeres, 59 favoreciendo con ello que las tareas 60 asumidas tradicionalmente por las 61 mujeres las desempeñen también los 62 hombres y viceversa. 63 64 La negociación colectiva es el 65 marco regulador por excelencia de las 66 condiciones laborales, lo que da cuenta 67 de su importancia. Es una ocasión 68 estratégica para la introducción de 69 medidas antidiscriminatorias y a favor de 70 la igualdad, que garanticen el 71 cumplimiento y mejora de la legislación 72 laboral. Como medida de partida, desde 73 el Sector hemos de contribuir a la 74 presencia equilibrada de mujeres en las 75 mesas de negociación. 76 77 Plan de Igualdad 78 79 Debemos proponer la negociación 80 para la elaboración y aplicación de un 81 Plan de Igualdad con la Administración 82 que contemple medidas dirigidas por 83 igual y de forma explícita a trabajadores y 84 trabajadoras, previa realización de un 85 diagnóstico de situación. 86 87 Este Plan de Igualdad deberá 88 incorporar medidas que garanticen la 89 igualdad de mujeres y hombres en el 90 acceso al empleo, en la formación y en la 91 promoción profesional. 92 93 Así, en cuanto a la formación, 94 siendo conscientes de las mayores 95 dificultades que tienen las mujeres para 96 participar en cursos y actividades 97 formativas, propondremos medidas para 98 paliar estas dificultades, tales como: 99 100
• Preferencia en la adjudicación de 101 plazas en los cursos de formación, 102 durante el año siguiente a la 103 incorporación al servicio activo de 104
20
las personas procedentes del 1 permiso de maternidad o 2 paternidad, excedencia por razón 3 de guarda legal y atención a 4 personas mayores dependientes o 5 con discapacidad. 6
• Reserva del 50% de las plazas en 7 los cursos de formación a las 8 empleadas públicas, siempre que 9 reúnan los requisitos exigibles 10 para participar en los mismos. 11
• Negociar con la Administración el 12 horario así como la forma de 13 impartición de los cursos de 14 formación, de manera que se 15 fomente la igualdad. 16
• Proponer y negociar con la 17 Administración la impartición de 18 cursos sobre igualdad y sobre 19 prevención de la violencia de 20 género. 21
22 El Plan de Igualdad deberá contener 23
también medidas de prevención del 24 acoso sexual y del acoso por razón de 25 sexo, con aplicación del protocolo de 26 actuación frente a este tipo de acoso, una 27 vez que el mismo sea negociado y 28 aprobado. 29 30
Hemos de vigilar que el Plan de 31 Igualdad contenga medidas que 32 garanticen la igualdad en las condiciones 33 de trabajo, con reconocimiento de todas 34 las relaciones de pareja que puedan 35 establecerse, con una ordenación del 36 tiempo de trabajo para favorecer la 37 conciliación laboral, personal y familiar, 38 haciendo un uso no sexista de estas 39 medidas y sin menoscabo de la 40 formación profesional. 41
42 Lenguaje no sexista 43
44 El lenguaje utilizado para redactar 45 los acuerdos, convenios y documentos 46 sindicales (hojas informativas, etc), es 47 susceptible también de generar 48 discriminación de oportunidades y de 49 trato entre mujeres y hombres. Hemos de 50 superar el lenguaje tradicional que 51 invisibiliza y discrimina a las mujeres. 52
53 Las trabajadoras en ejercicio de 54 sus derechos laborales quieren verse 55 reconocidas como tales y que las 56 condiciones laborales pactadas las 57 incluyan expresamente. 58 59 Si persiste la desigualdad en el 60 lenguaje del acuerdo o convenio, puede 61 tener efectos perjudiciales sobre las 62 condiciones laborales de mujeres y 63 hombres, y ayudamos a que persista en 64 el imaginario colectivo la percepción de 65 que las mujeres son subsidiarias, 66 secundarias, prescindibles. 67 68 Ámbito interno 69 70 Todo lo expuesto anteriormente 71 debe reflejarse también a nivel interno, 72 no solo cumpliendo con el mandato 73 confederal de conseguir paridad en los 74 órganos del sindicato, sino que debemos 75 ir más allá en orden a fomentar la 76 participación de las mujeres en el 77 sindicato. 78 79 Para ello, y como punto de partida, 80 hemos de comprometernos a hacer un 81 estudio o diagnóstico sobre la situación 82 de las mujeres en el Sector de Justicia, a 83 partir del cual podamos detectar y 84 eliminar las barreras con las que se 85 encuentran a la hora de participar de 86 forma activa en el trabajo sindical. 87 88 89
90 91 92 93 94 95 96 97 FORMACIÓN 98 99
Con la creación en la estructura 100
del IAAP del Servicio de formación y 101
selección del personal de Justicia, los 102
21
cuerpos auxiliares de la administración 1
de justicia fuimos integrados en la 2
dinámica formativa de la Junta de 3
Andalucía, lo que a lo largo de estos 4
años nos ha traído no pocos quebraderos 5
de cabeza, tanto en la forma en que se 6
han desarrollado los distintos Planes de 7
Formación por parte de las distintas 8
Delegaciones provinciales de Justicia 9
(falta de información, convocatorias 10
apresuradas, falta de material en algunos 11
cursos...), así como en los criterios 12
seguidos por el propio IAAP para la 13
selección de alumnos y para la 14
designación de los tutores/coordinadores 15
responsables de impartir y organizar los 16
mismos, que se han venido 17
seleccionando sin tener en cuenta un 18
mínimo de criterio y sin la transparencia 19
necesaria, a pesar de las propuestas y 20
criterios aportados en numerosos escritos 21
por el SAJ-A de CC.OO. 22
23
La oferta formativa programada 24
por el IAAP ha ido aumentando en los 25
últimos años, pasando de unas 30 26
acciones formativas a las más de 50 que 27
se han ofertado para el año 2008, 28
ofertándose más de 5.000 plazas 29
destinadas tanto al personal titular como 30
al interino de la admón. de justicia, 31
aunque ésta oferta formativa se ha 32
venido centrando principalmente en los 33
cursos a distancia, con la repetición hasta 34
el hastío de algunos de ellos, y con una 35
progresiva introducción de los cursos 36
presenciales y de teleformación. 37
Debemos reconocer el avance 38
tanto en el número de plazas ofertadas 39
para el ámbito de Andalucía como el 40
incremento de acciones formativas, 41
novedosas e íntimamente relacionadas 42
con el puesto de trabajo, y en el que 43
empiezan a vislumbrarse breves 44
pinceladas sobre el diseño de la nueva 45
oficina judicial, como así lo ha venido 46
solicitando año tras año este sindicato. 47
48
En cuanto a la gestión del IAAP en 49 la selección del alumnado desde este 50 sindicato venimos reiterando la 51 necesidad de transparencia en dicha 52 selección, por lo que se hace 53 imprescindible se publiquen los listados 54 de personal seleccionado, en los que 55
22
conste detallada la puntuación en los 1 distintos apartados, la prioridad de 2 adjudicación y se prevea la concesión de 3 un plazo para alegaciones con el que 4 poder basar cualquier tipo de 5 reclamación, baremándose la antigüedad 6 total en la Administración tanto para el 7 personal titular como para el personal 8 interino y la publicación de todos los 9 listados de personal seleccionado en la 10 página web de la Consejería (PORTAL 11 ADRIANO/funcionariosdejusticia/formació12 n) y/o en la página web del IAAP, para la 13 comprobación del curso adjudicado. 14
15 Con lo que respecto a la 16
designación de 17
profesores/tutores/coordinadores de los 18
mencionados cursos es cuando menos 19
lamentable el método que viene 20
utilizando la administración para la 21
selección y nombramiento de tutores y 22
coordinadores, un método oscurantista y 23
sin criterios, a pesar de que el propio 24
IAAP dispone de un registro público de 25
profesores/tutores, por lo que desde el 26
SAJ-A debemos exigir la transparencia 27
en la selección y designación y que la 28
misma se realice con criterios objetivos 29
consensuados con la participación 30
sindical, bien a través del IAAP o a través 31
de las comisiones provinciales. 32
Es necesaria una mayor dotación 33 en el número de plazas para 34 profesores/tutores entre el personal de 35
los cuerpos de la Administración de 36 Justicia, dada la preparación y 37 cualificación de los mismos, acabando 38 con la comodidad en la que está anclada 39 la administración y en la que el 40 profesorado se ha ido manteniendo 41 reiteradamente año tras año en la 42 mayoría de los casos, e integrado en 43 parte por Jueces, Fiscales y Secretarios, 44 siendo hasta ahora un porcentaje menor 45 el de los cuerpos auxiliares de la Admón. 46 de Justicia. 47 48
Dentro de la programación de las 49 acciones formativas que desde CC.OO. 50 organizamos debemos mejorar la 51 cantidad y calidad de los cursos dirigidos 52 al personal de la admón. de justicia, 53 como un elemento más de nuestra acción 54 sindical y de incremento afiliativo, 55 introduciendo en nuestra oferta formativa 56 la formación a distancia y la 57 teleformación a través de la 58 correspondiente plataforma por internet. 59
Con una oferta formativa suficiente 60
por parte de la administración se hace 61
imprescindible desmontar el negocio de 62
algunos sindicatos que hacen de su 63
oferta de formación una fuente de 64
ingresos y de financiación, por lo que 65
nuestro objetivo se debe centrar en 66
conseguir de la administración el que no 67
tengan ningún tipo de validez, a todos los 68
efectos, los cursos de formación que se 69
hayan obtenido con algún tipo de 70
contraprestación económica, así como 71
conseguir del IAAP el compromiso de 72
erradicar las homologaciones masivas, y 73
23
que en su caso se homologuen sólo 1
aquellos cursos que hayan sido 2
supervisados y controlados por el órgano 3
administrativo correspondiente. 4
5
El momento en que nos 6 encontramos, y en pleno proceso de 7 reforma de la nueva oficina judicial, 8 requiere de todos nuestros esfuerzos por 9 conseguir que la formación para el 10 personal de la Administración de Justicia 11 en Andalucía sea un auténtico método de 12 aprendizaje y reciclaje constante, y no 13 sólo en materias meramente 14 procedimentales; también es importante 15 recibir formación en materia de 16 Prevención de Riesgos Laborales en la 17 modalidad presencial, tal y como expresa 18 la propia ley 31/95 de Prevención de 19 Riesgos Laborales, de los nuevos 20 derechos de los funcionarios, de la 21 relación sindical y el derecho a 22 negociación colectiva, de las relaciones 23 entre la Administración de Justicia y el 24 ciudadano, del funcionamiento de la 25 Justicia en otros países de nuestro 26 entorno, nuevos cursos de contenido 27 informático, de acceso a la promoción 28 interna, de formador de formadores y 29 formador de teleformadores y otros 30 temas que hagan posible un mayor nivel 31 de capacitación del personal de la 32 Administración de Justicia, y que además 33 posibiliten el que las trabajadoras y 34 trabajadores de la Administración de 35 Justicia puedan impartir cursos como 36 tutores y/o coordinadores. 37
38
Ante la futurible negociación de las 39
RPT’S en nuestro ámbito, el S.A.J.-A de 40
CC.OO. deberá impulsar un nuevo 41
modelo en la gestión de la formación en 42
nuestra administración, modelo que pasa 43
por implantar una formación de acceso 44
práctica y eficaz, la preparación para el 45
concurso-oposición en los procesos de 46
promoción interna, los cursos de 47
especialización en aquellas materias que 48
así lo precisen, también para el personal 49
interino. Debemos impulsar la efectiva y 50
total descentralización de la gestión de 51
los procesos de formación y la 52
irrenunciable defensa de la formación 53
presencial en horario laboral, como 54
método indiscutible para la conciliación 55
de la vida laboral y familiar, por lo que la 56
resolución por la que se publica y oferta 57
la programación por parte del IAAP debe 58
contener una previsión de fechas 59
estimativas de inicio y finalización de los 60
cursos, respetando que las acciones 61
formativas no se desarrollen en el 62
periodo vacacional comprendido entre el 63
16 de Junio y el 15 de Septiembre. 64
En el ámbito provincial, sigue 65
siendo un objetivo prioritario el consolidar 66
el funcionamiento de las comisiones 67
paritarias de formación allí donde vienen 68
24
funcionando, y obligar a la administración 1
a dinamizar las comisiones provinciales 2
que o bien todavía no se han constituido 3
o han dejado de funcionar por la dejadez 4
de la Delegación Provincial 5
correspondiente, y dotar a las mismas de 6
un reglamento general de 7
funcionamiento, negociado en Mesa 8
Sectorial, con el fin de remover los 9
obstáculos con que nos encontramos en 10
algunas Delegaciones y garantizar el 11
derecho del personal al servicio de la 12
Administración de Justicia no sólo a 13
recibir formación, sino a participar en su 14
gestión, y a que la misma sea de calidad 15
y los programas se ejecuten con 16
transparencia, siendo la misma una 17
herramienta indispensable para el 18
desarrollo personal y profesional de este 19
colectivo. 20
21
Debemos exigir a la Junta de 22
Andalucía la elaboración de unos planes 23
de formación acordes con nuestras 24
necesidades, tanto personales como 25
profesionales, con la misma publicidad y 26
esmero que desde la Consejería se 27
establecen para los colectivos de Jueces 28
y Secretarios, y como se ha diseñado 29
para el personal de Medicina Forense de 30
los Institutos de Medicina Legal, con una 31
oferta formativa basada en la 32
progresividad y especialización por áreas 33
de conocimiento, lo que redunda en un 34
mayor grado de especialización. 35
36
Por último y haciendo referencia a 37
la introducción en la reciente reforma de 38
la LOPJ de los novedosos cursos teórico-39
prácticos para los aprobados de las 40
oposiciones, a pesar de haber sido 2008 41
el primer año de celebración de los 42
mismos, la improvisación y la falta de 43
coordinación han demostrado que este 44
sistema de formación es poco eficiente, 45
por lo que se debería plantear la 46
necesidad de reformar la LOPJ y cambiar 47
el sistema de formación de los opositores 48
aprobados, eliminando el carácter 49
selectivo de dicho curso, y desarrollar un 50
verdadero curso formativo para el puesto 51
de trabajo a desempeñar. El actual 52
25
sistema supone un derroche de recursos 1
públicos, un retraso en la toma de 2
posesión del opositor aprobado, además 3
de la caótica organización y el pésimo 4
diseño de los distintos cursos selectivos. 5
Desde CC.OO. consideramos que 6 esta formación se debe impartir en el 7 primer destino del opositor aprobado, 8 donde se nombre tutor para el periodo 9 teórico-práctico, en base a unos criterios 10 cuantificables y previamente negociados 11 entre la administración y las centrales 12 sindicales. 13 14
15
16
COMUNICACIÓN 17 18
En nuestro sindicato, al igual que 19 en otras organizaciones, el intercambio 20 de información constituye uno de los 21 elementos esenciales para su 22 funcionamiento, implantación y 23 crecimiento. 24 25
La comunicación ha de ser un 26 instrumento que funcione como 27 verdadero vínculo entre lo que el Sector 28 hace y lo que los trabajadores y 29 trabajadoras perciben de nuestro trabajo, 30 facilitando, así que la acción sindical e 31 institucional se transforme en afiliación, 32 reforzamiento organizativo y extensión 33 electoral. Por tanto, el objetivo es 34 fomentar el interés por el sindicato, 35 asegurando la circulación de la 36 información hacia el exterior y hacia la 37 afiliación, de forma estratégica, 38 homogénea y profesional. 39 40
La información es un derecho que 41 tiene nuestra afiliación y en este sentido 42 se convierte en un servicio que debemos 43 prestar. Por otra parte, en la medida en 44 que la acción del sindicato trasciende los 45
límites de nuestra afiliación y afecta a 46 todos los trabajadores y trabajadoras, y 47 por extensión, al conjunto social, se 48 puede decir que la información es una 49 responsabilidad. Pero al mismo tiempo, 50 es un medio para revalorizar nuestra 51 imagen como organización útil, por lo que 52 una buena imagen corporativa difundida 53 adecuadamente nos permite incrementar 54 nuestro poder sindical. 55 56
Debemos informar de la actualidad 57 sectorial, pero también de otras 58 cuestiones de carácter más general, así 59 como de los principios e iniciativas del 60 sindicato, y ser con ello capaces de 61 transmitir la utilidad y necesidad de 62 afiliarse y pertenecer a una organización 63 sindical como Comisiones Obreras. 64 65
Nuestras propuestas deben llegar 66 de forma constante al conjunto de 67 centros de trabajo y para ello es 68 necesario prestar la máxima atención 69 posible a nuestra afiliación, reforzando 70 los instrumentos de que disponemos y 71 poniendo en marcha otros nuevos que 72 signifiquen la presencia estable en los 73 centros de trabajo. 74 75
Debemos organizar y atender a 76 nuestra afiliación, y construir con ellos las 77 opiniones, propuestas y decisiones de 78 forma democrática y eficaz, haciendo que 79 participen en la vida cotidiana del 80 sindicato. 81 82
Se hace necesario crear 83 instrumentos que sirvan para conocer la 84 opinión de la afiliación y del resto del 85 colectivo respecto a su situación laboral, 86 acuerdos firmados, nuestra organización 87 y el trabajo sindical llevado a cabo, 88 abriendo un cauce de comunicación para 89 realizar consultas, dudas, sugerencias, 90 etc., utilizando como instrumentos para 91 ello la creación de buzones de 92 sugerencias de la afiliación. En este 93 sentido propondremos a la Federación 94 que se active un correo de sugerencias a 95 través de la web y una encuesta en 96 soporte web. 97
26
1 Debemos continuar reivindicando 2
la incorporación de las nuevas 3 tecnologías de la información a nuestro 4 trabajo cotidiano, mejorando la página 5 web de la que disponemos y trabajando, 6 en coordinación con el área de acción 7 sindical, para que la Administración 8 permita el libre acceso a través de la 9 intranet de la Junta de Andalucía a 10 nuestra página web y a nuestro correo 11 electrónico. Sería interesante y de gran 12 utilidad que la página web de la 13 Consejería incluyera un enlace con la 14 nuestra y un tablón electrónico de 15 información sindical. 16
17 En la 3ª Conferencia del Sector de 18
Justicia de Andalucía, celebrada en 19 febrero de 2005 nos marcamos como 20 objetivo conseguir que la red judicial se 21 utilizara también como instrumento de 22 comunicación e información de los 23 funcionarios y funcionarias con el 24 sindicato y viceversa, pero nos hemos 25 encontrado con varios obstáculos, el más 26 importante de ellos la Ley de Protección 27 de Datos, que han impedido que este 28 objetivo se haya desarrollado en la 29 medida de nuestra propuesta. No 30 obstante debemos seguir velando por 31 que se extienda la utilización de Internet 32 en los centros de trabajo. 33 34
La comunicación externa es un 35 gran instrumento que nos permite crecer 36 en valoración y prestigio social, por lo 37 que debemos trabajar para aumentar 38 nuestra presencia en el Tribuna mensual 39 y en los medios de comunicación 40 difundiendo nuestro discurso y llegando 41 al resto de la sociedad y al colectivo al 42 que representamos, consiguiendo con 43 ello el debido apoyo exterior. 44 45
Tenemos que mejorar la 46 comunicación interna para conseguir 47 que la información que generamos desde 48 el Sector llegue a toda nuestra estructura 49 y sea rentable al conjunto de la afiliación, 50 trasladando a todos los niveles del 51 sindicato el trabajo que llevamos a cabo. 52
53 Asimismo propondremos a la 54
Federación la incorporación de los 55 medios necesarios para que podamos 56 trabajar en red, y mejorar con ello el 57 funcionamiento y la coordinación del 58 trabajo sindical entre las secciones 59 sindicales. 60 61
ACCION SOCIAL 62 63
La Acción Social como conjunto de 64 medidas, actividades o programas, 65 encaminadas a promover el bienestar 66 social del personal trabajador y de sus 67 familiares, siempre que queden 68 acreditadas las condiciones que se 69 establezcan en cada caso, debe tener 70 como finalidad primordial, la de 71 compensar determinados gastos o 72 atender la actuación de las contingencias 73 cubiertas. 74
75 Desde que se produjeron las 76
transferencias de la gestión del personal 77 de Justicia a la Junta de Andalucía, y 78 gracias a la presión de CCOO, la gestión 79 de estas ayudas ha mejorado de manera 80 notable sobre todo en lo referente a los 81 criterios básicos de adjudicación. 82
83 A pesar de estos avances, existen 84
importantes deficiencias sobre todo de 85 carácter burocrático provocados 86 básicamente por el interés de la 87 Administración en fiscalizar todos y cada 88 uno de los datos de las personas 89 solicitantes, llevando incluso a 90 duplicidades innecesarias. Esto, junto a 91 la falta de interés por parte de la 92 Administración, hace que las 93 convocatorias y las resoluciones de 94 Acción Social sufran año tras años 95 continuos retrasos. 96
97 Además en los últimos años y tras 98
desarrollarse las grandes líneas del 99 Acuerdo Marco de julio de 2005, hemos 100 sufrido un grave retroceso en la 101 negociación colectiva a todos los niveles, 102 pero especialmente y como venía siendo 103 ya habitual, en la Acción Social esta 104
27
deficiencia se acentúa. 1 2
En los años 2006 y 2007, la 3 Administración se ha limitado a cumplir el 4 trámite obligado y presentar a los 5 sindicatos las bases de la Acción Social 6 sin intención de negociar y sin tener en 7 cuenta sus aportaciones. 8 9
Así en 2006, CCOO nos 10 mostramos en desacuerdo con la 11 cantidad presupuestada que no llegaba ni 12 al IPC presupuestado, incumpliendo la 13 Administración su compromiso de llegar 14 al 1% de la masa salarial. CCOO 15 propusimos un nuevo concepto de ayuda 16 que no fue tenido en cuenta por la 17 Consejería, que era la “ayuda por 18 transporte” dirigida en primer lugar y con 19 carácter preferente a las funcionarias 20 víctimas de violencia de género que se 21 vean obligadas a cambiar de residencia 22 fuera de la localidad donde radica su 23 centro de trabajo, y en segundo lugar 24 para financiar el transporte público en las 25 áreas metropolitanas. 26 27 En 2007, la Consejería de Justicia 28 convocó las ayudas con la oposición de 29 todos los sindicatos. En esta ocasión 30 CCOO también mostramos nuestra 31 disconformidad con las bases por 32 continuar sin realizarse el incremento del 33 porcentaje de la masa salarial destinado 34 a las ayudas, y por no realizarse ninguna 35 mejora en la forma y tiempos de 36 convocatoria y resolución. 37 38
En 2008 y con el nuevo equipo de 39 la Consejería, la situación no solo no ha 40 mejorado sino que parece empeorar ya 41 que la convocatoria ni siquiera se ha 42 llevado a mesa de negociación, no 43 ejerciéndose ningún tipo de presión por 44 parte de las nuevas mayorías sindicales. 45
46 Ante esta situación, nuestro 47
objetivo durante los próximos años debe 48 consistir en continuar reivindicando 49 mejoras en la Acción Social no solo en la 50 cuantía sino también la forma y tiempos 51 de convocatoria y adjudicación. 52
53 Debemos seguir manteniendo 54
nuestra posición de reivindicar el 55 aumento de los fondos hasta alcanzar 56 como mínimo el 1% de la masa salarial. 57 Así como continuar con el 58 establecimiento del nivel de ingresos de 59 la unidad familiar como principal criterio a 60 la hora de adjudicar los diferentes tipos 61 de ayudas. 62
63 Continuaremos proponiendo 64
mejoras en cuanto a los requisitos 65 administrativos, en las condiciones y los 66 tiempos de las convocatorias, que cada 67 año sufren amplios retrasos debido a la 68 excesiva burocratización, algo que podría 69 optimizarse utilizando los recursos 70 informáticos de la Administración. 71
72 Todo ello, sin perjuicio de realizar 73
una propuesta de otro modelo de Acción 74 Social que, partiendo de la comparativa 75 con otros modelos, sirva para compensar 76 necesidades realmente demostrables y 77 no cubiertas por otros sistemas o 78 conciertos con MUGEJU o Seguridad 79 Social. 80 81 82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
28
ANEXO ORGANIZATIVO 1 2 3 El Sector de la Administración de Justicia 4 de Andalucía, (SAJ-A) como estructura 5 funcional, se encuadra dentro de la 6 Federación Andaluza de CCOO, 7 agrupando a las Secciones Sindicales y a 8 todos y todas las afiliadas de dicha 9 Federación, con relación funcionarial en 10 los Juzgados y Tribunales de nuestra 11 Comunidad. 12 13 Dentro del marco de la política sindical y 14 organizativa aprobada por la Federación 15 andaluza, estatal y de la Confederación 16 Sindical de CCOO en el ámbito de la 17 administración de justicia en Andalucía, 18 le corresponde al SAJ-A desarrollar la 19 política reivindicativa y la acción sindical, 20 así como dirigir la negociación colectiva y 21 ostentar la representación sindical en los 22 foros que a tal efecto se establezcan, 23 24 Sus órganos son: 25 26 Conferencia sectorial. 27 Plenario de Coordinación. 28 Comisión de Coordinación. 29 El Coordinador o Coordinadora del 30 Sector. 31 32 33 LA CONFERENCIA SECTORIAL.- 34 35 Es el máximo órgano del sector, se 36 convocará cada cuatro años con carácter 37 ordinario y extraordinario conforme a lo 38 que prevén los estatutos federales. 39 40 En la Conferencia se elegirá tanto la 41 Coordinadora o Coordinador, así como a 42 la Comisión de Coordinación y se 43 aprobarán los documentos sobre acción 44 sindical para la actuación en su marco 45 competencial dentro de las líneas 46 marcadas por la Federación. 47 48 EL PLENARIO DE COORDINACION.- 49 50 Será de su competencia la deliberación y 51 toma de decisiones para el desarrollo de 52
la acción sindical y que la negociación 53 demanden, así como la determinación de 54 las líneas sindicales generales 55 estratégicas del sector, dentro de las de 56 la Federación. 57 58 Su composición será la siguiente: 59 El Coordinador o Coordinadora del 60 Sector. 61 Los integrantes de la Comisión 62 Coordinadora. 63 El resto de miembros, hasta un máximo 64 de 20, serán elegidos por las distintas 65 Secciones Sindicales en proporción a sus 66 cotizaciones, garantizando al menos un 67 representante por Sección Sindical. 68 69 Se reunirá, previa convocatoria del 70 Coordinador o Coordinadora, al menos 71 una vez al año de forma ordinaria, y con 72 carácter extraordinario, cuando las 73 circunstancias así lo aconsejen. 74 75 LA COMISION DE COORDINACION.- 76 77 Tendrá un número de componentes 78 preciso para su funcionamiento dinámico 79 y lo determinará la Conferencia del 80 Sector. 81 82 Esta Comisión funcionará de forma 83 colegiada y periódica, dotándose de las 84 correspondientes normas y fijando la 85 frecuencia de sus reuniones, 86 convocándose por el Coordinador o 87 Coordinadora de sector o por al menos 88 un tercio de sus miembros. 89 90 El funcionamiento de la misma, así como 91 las funciones que ha de desempeñar, 92 dentro de su ámbito de actuación en el 93 SAJ-A, serán las que le correspondan en 94 analogía al órgano similar establecido en 95 los estatutos federales. 96 97 LA COORDINACION.- 98 99 El Coordinador o la Coordinadora del 100 Sector ostentará la máxima 101 representación del sector. Velará por el 102 correcto funcionarios de sus órganos, 103 convoca y preside las reuniones del 104
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Plenario de Coordinación y de la 1 Comisión de Coordinación de las que 2 forma parte como miembro de pleno 3 derecho, ejecutando los acuerdos de la 4 Comisión de Coordinación y de los 5 órganos federales, siguiendo el principio 6 de dirección y representación colectiva. 7 8 Para lo no establecido se aplicará por 9 analogía lo dispuesto en los estatutos 10 federales. 11 12 13 14