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Propuesta de
Plan Nacional de
Seguridad Ciudadana
para el país
Mayo 2013
Partida Registral INDECOPI N°00770-2012; Asiento 01 del 17 de Julio 2012;
Expediente N° 001206-2012
Documento formulado por el Instituto de Investigación y Capacitación Municipal-INICAM a cargo de su Director
Ejecutivo Arq. Álvaro UGARTE UBILLA y bajo la dirección técnica especializada del Mg. Félix M. MURAZZO CARRILLO,
Teniente General de la Policía Nacional del Perú (r), Abogado y Licenciado en Administración; con el apoyo del equipo
consultor de expertos en Seguridad y otras especialidades profesionales
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RESUMEN EJECUTIVO
Plan Nacional de Seguridad Ciudadana
Breve Descripción del Plan El Plan que se presenta toma como punto de partida la actual situación de inseguridad ciudadana que afronta
el país, como consecuencia de las acciones delictivas y otros riesgos, buscando que se inicie un proceso
planificado basado en análisis de la realidad, en el desarrollo de estrategias y tácticas que lo hagan sostenible
y viable; y que por tanto, no se limita a la acción policial sino a un conjunto de acciones de las diversas
entidades del Estado y sobre todo de la Comunidad Organizada con roles específicos.
Justificación de la Acción 1. La Inseguridad Ciudadana constituye uno de los más graves y quizás el más importante problema del
país, que hasta la fecha ha sido enfrentado sin éxitos en toda la república, dado que los mecanismos
que se han venido planteando a través de los diferentes gobiernos nacionales, regionales y locales,
devienen en infructuosos y es menester revertirlos.
2. Se impone la necesidad y urgencia de hacer un replanteamiento de todo lo efectuado a la fecha contra
la inseguridad ciudadana, con una visión diferente, que sea holística, integral y efectiva en su
concepción y acción; y que sea a su vez aceptada, consentida y defendida con la participación
proactiva de gobernantes y gobernados.
3. La aplicación de un Plan Nacional constituye la primera acción cierta y necesaria de un conjunto de
acciones estratégica y tácticamente estructuradas, orientadas a minimizar los factores sociales
negativos que repercuten en la inseguridad ciudadana, en procura del logro de metas y objetivos de
desarrollo del país.
Objetivo del Plan Nacional Contar con una herramienta para inducir la adecuada administración y gestión de la Seguridad Ciudadana en
el país. Este Plan comprende un conjunto de acciones -estratégica y tácticamente estructuradas- orientadas a
administrar los factores que ponen en riesgo la Seguridad Ciudadana y cuya gestión corresponde asumir a las
autoridades nacionales, regionales y locales, de manera sinérgica.
Enfoque del Trabajo La Formulación del “Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018”, consta de las siguientes componentes
y productos:
Diagnóstico hipótesis y alternativas, así como el Plan de Acción para ser ejecutado de acuerdo con el
cronograma de actividades, presupuesto operativo, plazos y responsabilidades. El documento del Plan
Nacional de Seguridad Ciudadana, será aprobado por la más alta instancia del Gobierno para ser ejecutada
a través del CONASEC.
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La propuesta del texto que debe contener la Política de Estado en Seguridad Ciudadana en nuestro país,
conjuntamente con la descripción de la Visión y Misión del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana.
Incluye como consecuencia de la aplicación de la metodología alemana ZOPP para el diagnóstico, de la
identificación de las causas y objetivos del problema, las vulnerabilidades del Sistema Nacional de
Seguridad Ciudadana, el planteamiento de objetivos estratégicos, el diseño de actividades estratégicas
para el corto, mediano y largo plazo, proyección de las actividades tácticas de acuerdo a los roles de las
entidades públicas y privadas comprometidas, conclusión y propuestas con recomendación final
complementaria; adicionalmente se plantean propuestas de proyectos de iniciativas legislativas.
Resultados del Trabajo:
1. Se han identificado cuatro dimensiones del Problema.- Las mismas que actúan en cuatro escenarios:
Normativa-Jurídico-Legal, Política-Técnico-Profesional; Social-cultural-educativa; y Económica-
financiera-presupuestaria; y para estas dimensiones se diseñaron para el Plan Nacional las siguientes
políticas, en materia de Seguridad Ciudadana:
Priorización del logro de la eficacia del Sistema Jurídico Penal y Penitenciario.
Potenciación de la eficacia del accionar del Estado en Seguridad Ciudadana.
Consolidación del fortalecimiento del compromiso entre el Gobierno y la Comunidad organizada.
Reducción de la rentabilidad económica de los infractores de la Ley.
2. Se ha identificado cinco vulnerabilidades principales.- A partir de los Árboles de Problemas y
Objetivos, se ha identificado las principales vulnerabilidades, fallas, defectos o deficiencias en el
Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, y son las siguientes:
Deficiencias en el Sistema de Identificación Personal en la población y vacíos del Sistema Jurídico
Penal, Procesal Penal, Penitenciario y Administrativo.- Éstas dificultan -entre otros-la
individualización de los infractores de la ley, los potenciales agraviados del delito y las víctimas de
siniestros; debido a la no utilización de equipos de tecnologías modernas de última generación
aplicables; lo que se agrava con la existencia de diversos vacíos normativos- legales en el Sistema
Jurídico Penal, Procesal, Penitenciario, y Administrativo.
Carencia de un canal de comunicación efectivo entre los miembros de la comunidad y sus
autoridades, incluso entre estas últimas.- Esta situación no permite efectividad en el accionar
contra la Inseguridad Ciudadana; no obstante existir mecanismos tecnológicos idóneos, simples y
reservados.
Falta de capacidad de gestión, de compromiso social y motivación para una participación
proactiva de algunos gobernantes y gobernados en acciones contra la inseguridad.- Se complica
con la falta de una adecuada actitud y sensibilidad sociales, la no aplicación de integrales y
coordinadas medidas estratégicas y tácticas factibles de ejecución; así como la carencia de un
soporte presupuestario suficiente y adecuado que brinde sostenibilidad a la labor conjunta a favor
de la Seguridad Ciudadana.
Carencia de suficientes cuadros de líderes Gubernamentales y Comunales.- Genera la ausencia de
un rol protagónico en las acciones a favor de la Seguridad Ciudadana que se afecta por la ausencia
de un enfoque estratégico que viabilice la identificación, captación, registro, capacitación y
participación dinámica de personas que reúnen perfiles de líderes.
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Democracia debilitada y con cierta resistencia y/o indiferencia de sectores de la población a
involucrarse.- En tareas contra la inseguridad para la defensa y sostenibilidad del Régimen y
Sistema Democrático; generado por una actitud colectiva de incredulidad, desconfianza,
escepticismo, insatisfacción e intolerancia, producto de la percepción de cierta ineficacia del Estado
y/o situación de impunidad del infractor de corrupción y otros delitos que afectan la Seguridad
Ciudadana.
3. Se han identificado cinco Objetivos Estratégicos.- Para enfrentar las cinco vulnerabilidades precitadas,
se han proyectado cinco (05) objetivos estratégicos que a su vez han permitido señalar treinta y cinco
(35) actividades estratégicas que constituirán el lineamiento a seguir en el cortísimo (06 meses), corto
(01 año), mediano (hasta 05 años) y largo plazo (Después de los 05 años) con la aplicación del Plan
Nacional de Seguridad Ciudadana.
4. Se ha priorizado un Programa de Actividades de Cortísimo Plazo.-Las diez(10) Actividades Estratégicas
priorizadas en el marco de los cinco (05) Objetivos Estratégicos antes citados, para ser ejecutadas en el
cortísimo plazo de seis meses (julio - diciembre 2013) por las entidades nacionales, regionales y locales
según corresponda, tienen la finalidad de dar inicio a las acciones orientadas a mejorar la Seguridad
Ciudadana y mostrar resultados inmediatos; pero, al mismo tiempo, para evaluar sus resultados y
proponer los ajustes que eventualmente fueran necesarios incorporar para el perfeccionamiento de las
35 actividades estratégicas que aparecen descritas con detalle en el cuerpo del presente documento.
5. Presupuesto de Inversiones de Cortísimo Plazo.-La ejecución de las diez (10) Actividades Estratégicas
de cortísimo plazo (seis meses) propuestas, se viabilizarán con los propios presupuestos de las
entidades comprometidas y servirán de base para programar y fijar el presupuesto tentativo para el
mediano y largo plazo.
6. La propuesta del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana a ejecutarse a partir del año 2013.-
Considera el enfoque metodológico utilizado en el Plan Nacional y que será objeto de evaluación de
sus resultados, con la finalidad de proponer los ajustes que eventualmente fueran necesarios para
continuar con la ejecución de las actividades estratégicas priorizadas, y que permitan proseguir con
acciones tácticas a determinar por las entidades comprometidas, diseñadas en base a las actividades
estratégicas pre establecidas; así como, la incorporación de otras que surjan, para el logro de los fines
propuestos en el presente plan, que buscan reducir los diversos factores de inseguridad ciudadana.
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Equipo Consultor
Consultores Álvaro Ugarte Ubilla Director Ejecutivo INICAM
Félix M. Murazzo Carrillo Consultor en Seguridad Ciudadana y Crimen Organizado
Asistentes Carlos A. Medel Vidal
Máximo R. Laví Zapata
Walter A. Carrión Cotrina
Jaime Salazar Bolívar
Oscar Solano Lamas
Manuel Danny Pino Ayulo
Roberto Guerra Román
Gabriel Baglietto Figuerola
Apoyo institucional de: Asociación Promoción y Capacitación para el Desarrollo PROMCAD-INICAM
Instituto de Investigación y Capacitación Municipal
Cooperación de la Fundación Konrad Adenauer
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Integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana
Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC)
Consejo Nacional (CONASEC), Regionales (CORESEC); Provinciales (COPROSEC); Distritales (CODISEC)
Poder Judicial (Distritos Judiciales)
Ministerio Público (Juntas de Fiscales)
Gobernadores y Tenientes Gobernadores (Ministerio del Interior)
Policía Nacional del Perú Representante PNP de la Jurisdicción-(Ministerio del Interior)
Defensoría del Pueblo
Cámara de Comercio y Producción
Comisionado para la Paz y el Desarrollo
Sectores Gubernamentales del Gobierno Central/Direcciones Regionales
Obispado/Arzobispado
Instituto Penitenciario (INPE)
Ministerio de Justicia
Universidades Nacionales y Universidades Particulares
Contraloría General de la República
Secretarios Técnicos (CONASEC/CORESEC/COPROSEC/CODISEC)
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Índice de contenidos:
Resumen Ejecutivo Pág. 02
Resultados del trabajo Pág. 03
Presentación Pág. 10
Generalidades Pág. 13
i. Introducción Pág. 14
ii. Antecedentes Pág. 14
iii. Aspectos Conceptuales Pág. 15
iv. Aspectos Normativos Pág. 19
v. Aspectos Metodológicos Pág. 22
Capítulo I: Diagnóstico General
1. Problemática de la Seguridad Ciudadana Pág. 27
1.1. Dimensión Normativa Jurídica-Legal Pág. 27
1.2 Dimensión Política-Técnico-Profesional Pág 27
1.2.1 Roles Funcionales de las entidades públicas y privadas Pág 38
1.3 Dimensión Socio-Cultural-Educativa Pág. 47
1.4 Dimensión Económica-Financiera-Presupuestaria Pág. 51
1.5 Estadística Pág. 53
Capítulo II: Declaración de la Política de Estado del país y la Visión y Misión
del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana
2.1 Política de Estado en Seguridad Ciudadana Pág. 58
2.2. Visión Pág. 58
2.3 Misión Pág. 58
Capítulo III: Problemas de la Inseguridad Ciudadana
3.1. Esquema General del Árbol de Problemas Pág. 60
3.2. Construcción de Árbol de Problemas Pág. 61
3.3. Descripción del Árbol de Problemas Pág. 61
Capítulo IV:
Identificación de Vulnerabilidades del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana Pág. 70
Capítulo V: Objetivos a lograr en Seguridad Ciudadana
5.1 Esquema General de Objetivos Pág. 73
5.2 Construcción de Árbol de Objetivos Pág. 74
5.3 Descripción del Árbol de Objetivos Pág. 74
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Capítulo VI: Formulación de Hipótesis y Proyección de Objetivos Estratégicos.
6. Formulación de Hipótesis Pág. 85
6.1 Hipótesis Principal Pág. 85
6.2 Hipótesis Secundarias Pág. 85
6.3 Proyección de Objetivos Pág. 86
Capítulo VII: Fundamentación de Hipótesis
7. Fundamentación de las hipótesis Pág. 88
Capítulo VIII: Conclusiones
8. Formulación de Conclusiones Pág. 94
8.1 Conclusión General Pág. 94
8.2 Conclusiones Específicas Pág. 97
Capítulo IX: Propuestas
9.1 Propuestas Generales de Corto, Mediano y Largo Plazo Pág. 98
9.2 Propuestas de Cortísimo Plazo y Programación Pág. 102
9.3 Síntesis de efectos por logros de Objetivos Estratégicos Corto Plazo Pág. 104
9.4 Instrumentalización de la Propuesta Pág. 108
9.5 Instrucciones de Coordinación Pág. 109
Capítulo X: Anexos Pág. 113
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Presentación
Frente a la problemática de la inseguridad ciudadana, principalmente generada por el incremento de la
delincuencia en el país, el gobierno Central ha difundido la propuesta de un Plan Nacional de Seguridad
Ciudadana estructurado con gran esfuerzo gubernamental; y sobre el cual, ha solicitado aportes que pudieran
coadyuvar a la concreción del mismo; razón por la cual INICAM, con el apoyo de un equipo de profesionales
denominado “Detectives en acción” ha analizado el contenido del mismo y por tal motivo, considera
conveniente realizar aportes para ser analizados por el Gobierno. El Plan Nacional de Seguridad Ciudadana,
que en adelante se denominará simplemente “Plan Nacional”, consta de:
Introducción
Que comprende los antecedentes del Estudio, acompañado de los aspectos conceptuales, normativos y
metodológicos, que han sido tomados en consideración para la formulación de la investigación.
Capítulo I: Diagnóstico General
Identifica las principales expresiones de la problemática de la inseguridad ciudadana el país, las principales
causas del problema central y los efectos inmediatos que ocasiona. El diagnóstico analiza las causas desde sus
orígenes con la finalidad de atacar el problema en sus raíces y no solamente en sus efectos; asimismo,
identifica los principales efectos de la inseguridad ciudadana.
Capítulo II: Declaración Política de Estado, Visión y Misión del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana
Comprende el diseño de los aspectos tácticos y los proyectos estratégicos con la definición de una Política de
Estado en el tema de Seguridad Ciudadana, una visión integral, multisectorial, holística, intergubernamental,
transversal, participativa e inclusiva, que se deben ejecutar para lograr los objetivos del plan.
Política de Estado
Es aquella concepción que se formula en función a intereses generales a favor del pueblo
independientemente del interés del gobierno de turno e involucra su cumplimiento obligatorio en el país
pensando en un largo plazo
Visión del Plan Nacional
Consiste en la proyección del anhelo de vida de la población nacional y que debe ser presentada de manera
tal, que sea viable y capaz de transmitir la convicción y energía que aglutine a los ciudadanos en pos de tal
imagen, que el presente trabajo, debe convertir en objetivos y acciones para su aplicación a nivel nacional.
Misión del Plan Nacional
Determina los actores que involucra la gestión de la Visión, así como las actividades y servicios que brindan las
instituciones involucradas responsables, así como la imagen que proyecta. Constituyen los instrumentos
operativos del Plan en tanto responde a las preguntas: ¿Quién o quiénes son los responsables de
ejecutarlo?;¿Qué actividades deben ejecutarse para el efecto?;¿Cuándo debe ejecutarse?; ¿Dónde debe
ejecutarse? en función de una priorización táctica. ¿Para qué debe ejecutarse?; ¿El cómo se realizará? con la
finalidad de definir los impactos socio-económico-políticos a lograr.
Capítulo III: Problemas de la Inseguridad Ciudadana
Comprende la descripción analítica de todos los factores que involucra el problema en estudio, puntualizando
cada una de las variables referidas al marco jurídico, la función del Estado, el compromiso Gobierno-
Comunidad organizada; y la rentabilidad económica de las acciones delictivas que involucran dimensiones
tales como: Normativa-Jurídica-Legal, Político-Técnico-Profesional, Social-Cultural-Educacional; y Económico-
Financiero-Presupuestario.
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Capítulo IV: Identificación de Vulnerabilidades del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SNSC)
Es vital, si se quiere realmente atacar el problema, identificar previamente las vulnerabilidades del sistema;
porque hay que entender primero que una vez identificado el mismo, el cual tiene factores relacionados con
dos ámbitos de la Seguridad Ciudadana, que incluye el delito y las acciones violentas; pero también otros
riesgos que genera en sí mismo el hombre y la propia naturaleza; y todos estos factores afectan la paz y
tranquilidad sociales y por ende la Seguridad Ciudadana.
De inmediato, un segundo paso, es el de identificar las vulnerabilidades, defectos o fallos del tema analizado;
es decir, que debemos utilizar el diagnóstico para confirmar cuáles son esos elementos que gravitan en la
existencia y el desborde del problema, que es una tarea, que lamentablemente no se ha hecho y está ausente
en las diversas opiniones que se emiten sobre este tema.
Por ello, hemos considerado importantísimo, suplir esta omisión, mediante la identificación puntual de las
situaciones que afectan el problema, por ser éstas las generadoras del mismo; nos estamos refiriendo a las
vulnerabilidades detectadas, sin las cuales o prescindiendo de ellas, sería imposible, enfrentar con éxito la
problemática.
Capítulo V: Objetivos a lograr en Seguridad Ciudadana
A partir de la identificación de las causas de la Inseguridad Ciudadana se han determinado los objetivos que
deben lograrse para que el problema central se constituya en el objetivo principal a lograr, proyectando en
positivo cada una de las variables negativas, referidas al marco jurídico, la función del Estado, el compromiso
Gobierno-Comunidad organizada y la rentabilidad económica de las acciones delictivas señaladas en el
capítulo anterior.
Capítulo VI: Formulación de Hipótesis y Proyección de Objetivos Estratégicos
La sistematización y procesamiento de la información del Diagnóstico General, permitió la formulación de
diversas hipótesis una principal y diez hipótesis secundarias que permitieron la organización de los Objetivos
Específicos que permitirán alcanzar el Objetivo Central del Plan Nacional.
A partir de éstos, se realizó el análisis de diversas alternativas para encarar este problema mediante la
construcción de hipótesis de gestión de la Seguridad Ciudadana, orientadas a la disminución de la
delincuencia, la violencia social y otros riesgos diversos; y así construir indicadores que permitan verificar la
evolución en el logro de los objetivos.
Capítulo VII: Fundamentación de Hipótesis
Comprende las proposiciones que establecen relaciones entre los hechos que condicionan una posible
solución al problema: En este capítulo se ha fundamentado cada una de las hipótesis obtenidas del análisis de
la realidad en estudio. Estos supuestos que condicionan los resultados se deben verificar en la ejecución del
Plan Nacional.
Capítulo VIII: Conclusiones
El análisis de las Alternativas y las Hipótesis de Gestión, generaron las conclusiones sobre “lo que hay que
hacer” para conseguir el objetivo general.
En términos generales, las conclusiones constituyen la hoja de ruta o el camino más apropiado para lograr el
éxito, lo que comúnmente se denomina diseño de las estrategias y tácticas del cómo conseguirlo. Concluye
con las recomendaciones para el diseño de las propuestas e instrumentos del Plan Nacional.
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Capítulo IX: Propuestas
Producto del análisis del Árbol de Problemas y el Árbol de Objetivos, se obtuvieron múltiples actividades por
ejecutar; habiéndose seleccionado de éstas, las que inciden directamente en la superación de las
vulnerabilidades del Sistema de Seguridad Ciudadana. En este Capítulo se precisa el “cómo se lograrán” en
forma genérica los objetivos y los impactos esperados.
Capítulo X: Anexos
Contiene las ayudas gráficas, técnicas y los aportes legales y tecnológicos que coadyuvarán a la adecuada
interpretación y administración de la problemática de la Inseguridad Ciudadana.
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Generalidades
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Generalidades
i. Introducción
La creciente inseguridad que se viene enfrentando en el país –en las ciudades y áreas rurales- como en
muchos otros países de América Latina, constituye actualmente uno de los problemas de mayor relevancia
para los ciudadanos, las autoridades y las entidades públicas y privadas; y su incidencia negativa que tiene en
la paz y tranquilidad sociales que es el sustento del desarrollo del país.
La caracterización de la problemática se ha realizado a partir de la información proporcionada por actores a
quienes metodológicamente se les denomina “informantes calificados”; es decir, los representantes de las
entidades públicas y privadas que poseen la información más precisa, por estar más cerca del problema, tanto
como víctimas de los delitos o como agentes del desarrollo local y lucha contra los vectores de la
delincuencia.
ii. Antecedentes
El Estado Peruano frente a un problema crónico que se ha ido agravando en el tiempo, a través de los
diferentes gobiernos, han venido realizando esfuerzos para enfrentar la Inseguridad Ciudadana,
lamentablemente, sin lograr los éxitos esperados, lo que exige hacer un replanteamiento de todo lo
realizado a la fecha, para determinar las bondades y defectos que tiene lo ejecutado; de tal manera,
que nos permita repensar el tema y encontrar alternativas distintas, que no signifiquen por lo tanto,
más de lo mismo, y por el contrario se pueda atender con eficacia las exigencias de la comunidad
entera, actualmente agobiada por este creciente y desbordante problema de la inseguridad ciudadana.
Tomando en cuenta, por la experiencia ya vivida en nuestro país con el terrorismo, que ha dejado un
pérdida de vidas humanas de aproximadamente treinta mil personas y de un deterioro económico de
aproximadamente treinta millones de dólares; se puede advertir, que estos hechos no habrían
ocurrido, si se hubieran adoptado las medidas preventivas y disuasivas correspondientes; por el
contrario, se lograría traducir en gastos de inversión para el desarrollo de nuestro país, en los sectores
de la educación, vivienda, etc., que a la fecha, nos permitiría seguramente ser un país con menores
índices de pobreza, con más inclusión social, mejor seguridad y bienestar para los ciudadanos.
Asimismo, debemos tomar en cuenta, que no debe pasar inadvertidos los hechos suscitados en un país
vecino, conocido como el icono de la maldad “el traficante de drogas Pablo Escobar”, que ha causado
pérdida de vidas humanas y un gran deterioro económico, y lo que es más grave, arremetió contra las
propias instituciones del Estado, sus autoridades de gobierno, el Poder Judicial y otras instituciones,
imprimiendo su manejo delictivo a través de la corrupción, chantaje, extorsión, asesinatos selectivos,
sicariato, etc., manteniendo de esta manera, en jaque a los gobiernos.
Una reciente publicación periodística difundió a nivel nacional un artículo muy interesante a la forma
“Cómo se crean los Narco-Estados” que tienen los siguientes indicativos que calificó como alarmantes
y a continuación se transcriben literalmente: “1) Cuando un país se convierte en el primer productor de
cocaína en el mundo; 2) Cuando el delito de lavados de activos en un país genera unos US $ 6,000.oo
millones; de los cuales, US $ 2,000.oo millones provienen del narcotráfico; 3) Cuando se empiezan a
erigir grandes corporaciones y fortunas de clanes familiares, con ingresos que provienen del tráfico de
drogas; 4) Cuando los policías que investigan el tráfico de drogas y el lavado de activos terminan siendo
ellos los acusados; 5) Cuando se producen balaceras y asesinatos a plena luz del día y la impunidad
campea; 6) Cuando los tribunales archivan investigaciones de traficantes, negando los esclarecimientos
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finales de un juicio oral; 7) Cuando los cárteles de las drogas de infiltran en las unidades de la policía a
cargo de la lucha contra el tráfico de drogas; 8) Cuando el país mayor consumidor de drogas es a su vez
el principal abastecedor de armas a las mafias del tráfico en los países productores o de trasiego; 9)
Cuando empiezan a elegirse congresistas vinculados y denunciados por tráfico de drogas; 10) Cuando
magistrados, abogados y periodistas son amenazados o victimados y el miedo cunde; 11) Cuando
abogados relacionados a la defensa de traficantes terminan colándose en los más altos niveles del
Estado”. Lo transcrito y las coincidencias que pudieran colegirse, merece una reflexión frente este gran
problema social.
Como se podrá advertir de los hechos mencionados, los ciudadanos peruanos no queremos que se
repita la historia de zozobra y caos que vivimos en algún tiempo en nuestro país, ni queremos pasar las
malas experiencias vividas por nuestros hermanos de algunos países de la región, en donde por falta
de decisiones acertadas y oportunas, tengamos que llegar a la violencia generalizada, y esperar recién
allí tomar acciones y tomar conciencia de que se debieron adoptar las acciones preventivas y
disuasivas oportunas y eficaces, para enfrentar la Inseguridad Ciudadana; para lo cual, debemos tomar
en cuenta el adagio “el que no reflexiona sobre su pasado, no podrá proyectar su futuro”.
Asimismo, es necesario que las diversas autoridades internalicen que, para enfrentar esta
problemática, se debe evitar el individualismo protagónico de personas naturales o personas jurídicas,
ya que la delincuencia ha tomado en cuenta, que las autoridades sobreponen, superponen o
diversifican recursos y duplican esfuerzos, cuando debería ser lo contrario, se debería unificar criterios
y sistematizarlos, para enfrentar como una sola fuerza con el crimen organizado y la delincuencia, así
como, realizar acciones preventivas de otros riesgos, con la finalidad de coadyuvar a la Seguridad
Ciudadana.
Siendo así, es necesario, que los representantes del Gobierno Central y todas las autoridades
gubernamentales, así como la sociedad organizada, internalicen que los gastos en recursos humanos,
logísticos y otros, para la Seguridad Ciudadana, no deben ser considerados como un gasto, sino por el
contrario, deben ser considerados como una inversión para el desarrollo y bienestar del país.
Es por ello, que la Asociación Promoción y Capacitación para el Desarrollo PROMCAD-INICAM, con
apoyo de la Fundación Alemana Konrad Adenauer-KAS desde principios del año 2011 iniciaron un
trabajo de análisis de este problema nacional como lo es la Inseguridad Ciudadana.
iii. Aspectos Conceptuales
La Seguridad Ciudadana, es un tema del cual muchos hablamos, y que a todos preocupa; pero muy
pocos entienden y lo destacamos así, porque bastaría escuchar o leer las apreciaciones, opiniones y
comentarios diversos, para convencernos que son tan variadas, disímiles y hasta contradictorias, que
lo que sí generan es mayor confusión en la comunidad. Unos dicen que esta problemática incumbe a
las municipalidades, otros que a los Gobiernos Regionales, otros al Gobierno Central, otros se
descargan directamente con la Policía Nacional del Perú; y todo esto, ¿Por qué sucede?
Pues, hay que reconocer que la expresión seguridad ciudadana, es un vocablo que como binomio
gramatical, no deja de ser novísimo en nuestro país, pues fue incorporado en la Constitución de 1993,
dado que tuvo y/o tiene vigencia en países del orbe mundial; aunque respondiendo a realidades
distintas a las nuestras y por ende no necesariamente aplicables a nuestro querido Perú. Todo ello se
refleja en los vacíos, imprecisiones y omisiones del marco jurídico.
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En este punto, se debe realizar algunas precisiones previas que consideramos muy importantes tener
en cuenta en la lectura y aplicación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana.
1. La Inseguridad Ciudadana es un concepto dinámico que está vinculado con la condición de
habitantes de una ciudad que tienen los moradores, tanto de áreas urbanas como rurales,
subrayando al mismo tiempo, que la inseguridad no está restringida solamente a las ciudades.
2. La Inseguridad Ciudadana está esencialmente referida a los efectos generados directamente por
acción de los riesgos y peligros físicos existentes en la comunidad y de la delincuencia en sus
distintas formas; y por tanto, en esta etapa, también se deben incorporar aspectos de inseguridad
ciudadana producidos por fenómenos naturales o conmoción civil por causas políticas.
3. La solución al problema de la Inseguridad Ciudadana no se limita al uso de la acción preventiva y
represiva por parte de las fuerzas de seguridad y otros medios de defensa, como el Serenazgo y
vigilantes particulares, en la medida que la delincuencia es un problema de múltiples
dimensiones; por tanto la seguridad no se lograría solamente con el incremento del número de
efectivos policiales en las calles u otros medidas que recaen en el ámbito de las consecuencias del
delito lo que no está mal, pero no es suficiente; sino están enfocadas las acciones a atacar
paralelamente también las causas.
4. La información para el diseño del Plan Nacional, su organización y su aplicación en la gestión de la
Seguridad Ciudadana es de carácter multisectorial; por lo que, se requiere la participación e
involucramiento de todos los actores sociales que tienen la posibilidad de intervenir en el
diagnóstico y en las acciones. No obstante, es condición sine qua non que la acción multisectorial
debe ser estrechamente articulada y combinada para construir sinergias que se requieren para
lograr efectividad y pro actividad.
5. Aunque la lectura de la problemática de la Inseguridad Ciudadana pueda tener connotaciones de
carácter político, el diseño y ejecución del Plan Nacional, debe estar claramente delimitada de la
inapropiada y desproporcionada injerencia política; por ser una temática que en sí exige una
labor y manejo eminentemente de índole técnico-profesional.
6. Reconociendo de que siendo la Seguridad Ciudadana un hecho relacionado con los fenómenos
sociales, es importantísimo, destacar que éstos pueden mejorarse, empeorarse, neutralizarse,
minimizarse, etc., pero nunca desaparecen, porque está en la esencia misma del ser humano que
es potencialmente proclive a protagonizar infracciones normadas por ley. Igualmente, los
planteamientos del presente documento, en ese sentido, no pretenden convertirse en la panacea
de solución inmediata al problema; ya que lo planteado, son medidas que responden a un
proceso que toma su tiempo, cuyos resultados con indicadores puntuales de valoración, se
apreciarán progresivamente en la medida del involucramiento de todos los actores; es decir, de
gobernantes y gobernados.
7. Igualmente, es menester señalar que, la labor de la consultoría efectuada es producto del análisis
de los diferentes factores que afectan la Seguridad Ciudadana en el ámbito nacional para plantear
desde el punto de vista técnico, algunas fórmulas de acción, cuya ejecución corresponderán
directamente ejecutarlas en primera instancia a los servidores públicos vinculados como
responsables de este quehacer funcional de la Seguridad Ciudadana, como autoridades
representativas; y también de la comunidad en general, cuya pro actividad y compromiso
deberán ser una garantía de participación en búsqueda de resultados concretos para lograr la paz
y la tranquilidad en la jurisdicción; en este sentido, de ninguna manera, debemos interpretar la
labor de la consultora como una fórmula mágica para revertir de la noche a la mañana un
problema social que acarreará mucho tiempo el encararlo con efectividad.
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8. Asimismo, las autoridades y los ciudadanos están saturados de muchos diagnósticos realizados
por entidades gubernamentales, que son muy dispersos, y no ajustados a la realidad de la
jurisdicción donde se requiere su aplicación, buscando con justa razón, que se les brinde una
receta más proactiva de solución inmediata, ante la sensación de inseguridad ciudadana; sin
embargo, no han tomado en cuenta, que si bien es cierto existen muchos diagnósticos, éstos no
han sido enfocados y articulados desde el punto de vista conceptual, estructural y operacional, y
que nos pueda permitir llegar a conclusiones y recomendaciones acertadas, que viabilicen la
ejecución adecuada de alternativas sobre esta problemática.
9. Observamos que aún no se ha interiorizado el nivel de compromiso tanto de gobernantes y
gobernados frente a esta problemática que nos afecta a todos y que puede llegar a lesionar
irreversiblemente lo más importante que tiene el ser humano, que es su vida; también su
dignidad y por último su patrimonio; bastaría dar un vistazo a las convocatorias del Gobierno
Central, para tratar este problema social, y veremos que el ausentismo de los titulares de
entidades vinculadas con el quehacer de Seguridad Ciudadana es notorio y es más preocupante
cuando vemos que se trata de las principales autoridades, amén de la actitud positiva, por parte
de algunos ciudadanos que concurren a los eventos, que demuestran una intolerancia para
abordar este tema, al pretender desconocer que el análisis de un problema tan grave como es la
inseguridad ciudadana, tiene un proceso, el mismo, que hay que ir paulatinamente venciendo;
como se dice ir quemando etapas, para dar pasos firmes en la adecuada administración de este
problema; no se puede prescindir del diagnóstico, con el enriquecimiento corporativo de los
participantes, se nota, un comportamiento -que si es verdad es comprensible-pero prioriza la
búsqueda de soluciones inmediatistas que no ayudan ni a abordar, menos a entender,
comprender y encarar su adecuada administración.
10. Lo aquí expuesto, nos lleva al convencimiento y confirma la existencia de serios problemas de
conceptualización, con enfoques difusos y contradictorios, partiendo de la legislación y
desembocando en la interpretación individual y colectiva, en donde debemos priorizar como
exigencia, el tener el enfoque conceptual totalmente definido, como condición sine qua non, para
intentar regular la problemática de la Seguridad Ciudadana. Así podremos identificar, definir y
delimitar el problema, que responde al “qué” o “cuál” es el problema; que esencial para tener
éxito en este propósito cuando ingresemos al ámbito estructural/organizacional, que a su vez
responde al “quién” o “quienes” tienen la responsabilidad de hacerlo y, en el ámbito operacional,
que responde al “cómo” administrar adecuadamente el problema. (Ver Gráfico N° 1)
Gráfico N° 1
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11. Análogamente, hay que reconocer que la llamada Seguridad Ciudadana, tiene dos ámbitos: i) uno
que es estrictamente delictivo, relacionado con la Administración de Justicia y otro ii) no delictivo,
relacionado con la administración dentro de la comunidad.
En el primero, tenemos el escenario de la prevención e investigación de los delitos y faltas para
combatir la delincuencia y velar por la seguridad del patrimonio público y privado, así como vigilar
y controlar las fronteras, que es un mandato constitucional (Art. 166º de Política del Perú) dentro
del accionar complementario de otras autoridades competentes que cumplen labores de
operadores de justicia; y el segundo involucra la labor del Gobierno Central, de los Gobiernos
Regionales y Gobiernos Locales, las acciones de Defensa Civil, de los Sectores Gubernamentales y
de la sociedad organizada en general. (Ver Gráfico N° 2)
Gráfico N° 2
Entonces, debemos interiorizar que el ámbito de los hechos que afectan la llamada Seguridad
Ciudadana, no es exclusivamente policial, hay situaciones como por ejemplo: un buzón abierto en
la vía pública, una rotura en la vereda, un rompe muelle o vía construida sin especificaciones
técnicas, la falta de alumbrado público en una calle determinada, la falta o falla de un semáforo
en el tránsito vehicular, la edificación de un inmueble que se encuentre en ruinas o riesgos de
derrumbe, una calzada, pista o carretera inapropiada, una infraestructura física por colapsar, una
propagación de enfermedad endémica, etc. son situaciones que afecta la seguridad de las
personas. Al igual, que acciones creadas por la propia naturaleza cuando se producen
inundaciones, sismos, etc.
Bastaría tan sólo mencionar casos recientes ocurridos a nivel nacional como desastres naturales
(huaycos) con muertes; y otros siniestros en Centros de Rehabilitación de Adictos que ocurrieron
en San Juan de Lurigancho y en Chosica; también como el derrumbe de una mina informal en Ica,
etc. que afectaron la Seguridad Ciudadana con repercusión a nivel nacional e internacional; sin
embargo, en este ámbito no tiene la autoridad policial una injerencia directa para su solución
comunitaria, porque escapa al ámbito de los efectos que es el escenario de la comisión de delitos
y faltas previstos en la legislación penal; en este sentido, la atención y solución a estos hechos,
involucra a nivel preventivo a otras Entidades o Sectores Públicos; por lo tanto, la responsabilidad
es multisectorial e intergubernamental, las que deben obedecer a una Política de Estado, que en
la actualidad, hay que aceptar, que es imprecisa, deficiente e ineficaz.
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iv. Aspectos Normativos
iv.a Base Legal
1. Constitución Política del Perú - 1993
2. Constitución Política del Perú - 1979
3. Acuerdo Nacional - 22 de julio 2002
4. Plan Bicentenario (Aprueba Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2021-D.S. N° 54-2011-
PCM 22 de junio de 2011)
5. Ley de Bases de la Descentralización Ley N° 27783
6. Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Ley N° 27867
7. Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 (Art. 85°. Funciones Municipales en Seguridad
Ciudadana)
8. Ley N°27238 22.12.1999 (Ley de la Policía Nacional del Perú). Art. 7 inc. 3°; Decreto Legislativo
N°1148 del 10/12/2012
9. Ley N° 28478 del 27.03.2005 (Ley del Sistema de Seguridad y Defensa Nacional)
10. Ley N° 27933 del 12.02.2003 (Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana)
11. Ley Nº 29372 Ley que modifica el artículos 259º y 260º del Código Procesal Penal (D. L. Nº 957
del 29 de julio 2004)
12. Ley Nº 27934 (Intervención de la Policía y el Ministerio Público en investigación preliminar del
delito) y su modificatoria el D. L. Nº 989 del 22 de julio de 2007)
13. Ley Nº 27935 (Ley que modifica artículos de la ley Nº 27030, Ley de Ejecución de las Penas de
Prestación)
14. Ley Nº 27936 (Ley de Condiciones del Ejercicio de la Legítima Defensa)
15. Ley Nº 27937 (Ley que Modifica los Artículos 366 y 367 del Código Penal. Violencia contra la
autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones)
16. Ley Nº 27938 (Ley que autoriza uso de los bienes incautados en caso de delitos de secuestro o
contra el patrimonio, cometidos en banda)
17. Ley Nº 27939 (Ley que Establece el Procedimiento en Casos de Faltas y Modifica los Artículos
440º, 441º y 444º del Código Penal de Servicios a la Comunidad y de Limitación de Días libres).
18. Ley N° 27908 (Ley de Rondas Campesinas)
19. Decreto Supremo N° 012-2003-IN Reglamento de la Ley N° 27933
20. Decreto Supremo N° 016-2006-DE Reglamento de la Ley N° 28478
21. Decreto Supremo N° 008-2000-IN Reglamento de la Ley N° 27238
22. Decreto Supremo N° 003-2003-IN (Incorporan a la Secretaría Técnica del CONASEC en
estructura orgánica MININTER)
23. Decreto Supremo 054-2011-PCM del 22JUN2011 que aprueba el Plan Estratégico de Desarrollo
del país al año 2021.
24. Resolución Ministerial N° 0970-2008-IN (Disponen Procedimientos para la aplicación de la
Directiva N° 002-2008-IN/0101.0, y Selección de Secretarios Técnicos de los Comités Regionales,
Provinciales y Distritales).
25. Resolución Directoral N° 2142-2004-DIRGEN EMG PNP del 19 de octubre 2004 (Aprueba Manual
de Organización y Funciones de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana promovidas por la
PNP)
26. Directiva N°. 001-2007-IN/0101.01, modificada por la Directiva Nº 08-2008-IN/0101.01
(Procedimientos para la Formulación, Aprobación y Evaluación de los Planes Locales de
Seguridad Ciudadana y las responsabilidades de los miembros que conforman los Comités de
Seguridad Ciudadana)
27. Plan Nacional de Seguridad Ciudadana formulada por el CONASEC en diciembre 2011.
28. Plan Regional de Seguridad Ciudadana y convivencia social de la Región Piura para el año 2012.
29. Otros dispositivos legales referidos a diferentes aspectos que repercuten indirectamente en la
Seguridad Ciudadana.
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iv.b Comentarios
La Seguridad Ciudadana, como toda acción del Estado y de la comunidad organizada requiere de un
marco normativo sobre el que sustente jurídicamente. Por ello aquí revisamos los aspectos más
relevantes de su definición, denominación, competencias, funciones y otros factores que inciden en su
gestión y administración.
Nuestra Carta Magna vigente, establece de manera expresa en el artículo 197º: “Las Municipalidades
promueven, apoyan y reglamentan la participación vecinal en el desarrollo local. Asimismo, brindan
Servicios de Seguridad Ciudadana, con la cooperación de la Policía Nacional del Perú, conforme a ley.
Este vocablo, no se expresa puntualmente, ni se alude en ningún otro artículo de la Constitución
Política del Perú del año 1993 en vigencia.
Hay que precisar que la alusión a “servicios de Seguridad Ciudadana” nos induce a pensar que existen
actividades propias de las Municipalidades, como las de ornato, salubridad, limpieza pública, etc. que
no comprenden ámbitos referidos a la comisión de delitos y faltas donde la Policía Nacional, sí tiene
competencia funcional, en su labor propia de prevenir, investigar y combatir la delincuencia, la misma
que es respaldada constitucionalmente en el artículo 166º de la Norma Fundamental; además no
puede existir en un Estado, que constitucionalmente se califica como de Gobierno unitario, el tener
dos o más organismos para realizar una misma función gubernamental; más aún si existen entidades
como la PNP, creadas, organizadas, presupuestadas e implementadas con el presupuesto del erario
nacional; y a cuya entidad (PNP), lo que se tiene que hacer es exigir competitividad y productividad en
su quehacer funcional constitucional.
Esta situación, determinó que en la Ley de Municipalidades, cuando se señala lo referente a la
Seguridad Ciudadana, en su artículo 85º aluda: “Las Municipalidades, en Seguridad Ciudadana, ejercen
las siguientes funciones:
1. Funciones exclusivas de las Municipalidades Provinciales
a) Establecer un sistema de Seguridad Ciudadana, con participación de la Sociedad Civil y de la
Policía Nacional, y normar el establecimiento de los servicios de Serenazgo, vigilancia
ciudadana, rondas urbanas, campesinas o similares, de nivel distrital o del de centros
poblados en la jurisdicción provincial, de acuerdo a ley.
Como vemos, las Municipalidades conceptualizan la Seguridad Ciudadana, como su función
exclusiva en la que incorpora a la sociedad y a la Policía Nacional del Perú (PNP).
La Constitución Política del Perú de 1993, en su artículo 166º al referirse a la finalidad
fundamental de la PNP no señala en ningún momento la expresión “Seguridad Ciudadana”; lo
curioso es que, lo que sí se ha omitido en este artículo constitucional, es la institución jurídica
denominada “Orden Público” (Que sí figuraba en el artículo 277º de la Constitución Política de
1979); responsabilidad funcional que en el mundo (y también en nuestro país) corresponde a
las instituciones que son responsables de dicha labor pública como Fuerzas de Seguridad.
De otro lado, el Acuerdo Nacional suscrito el 22 de julio 2002 por el Presidente de la República y
los representantes de los Partidos Políticos, se comprometieron, dentro de uno de sus
objetivos, el referido a la “Democracia y el Estado de Derecho”, a “preservar el Orden Público y
la Seguridad Ciudadana, garantizando que la expresión de nuestras diferencias no afecte la
tranquilidad, justicia, integridad, libertad de las personas y el respeto a la propiedad pública y
privada”; y en su Séptima Política de Estado a la: "erradicación de la violencia y fortalecimiento
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del civismo y la seguridad ciudadana"; y -dentro de ésta- se comprometieron a: (f) desarrollará
una política de especialización en los organismos públicos responsables de garantizar la
Seguridad Ciudadana; (h) promoverá un Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana en la
totalidad de provincias y distritos del país, presidido por los alcaldes y conformado por
representantes de los Sectores Públicos y de la Ciudadanía; como se puede observar -al parecer-
no se percataron de que constitucionalmente no se consigna la institución jurídica denominada
“Orden Público”, expresión que fue excluida de la Carta Magna en un solo acto; sin embargo, lo
mencionan en el Acuerdo Nacional.
Cabe precisar que la Constitución Política vigente (1993) a diferencia de su similar del año 1979,
ha omitido el término “Orden Público”; sin embargo, es válido señalar, que el Acuerdo Nacional
de marras, así como el Plan Bicentenario aprobado con el DS N°054-2011-PCM del 22 de junio
2011 proyectado como Plan Estratégico hasta el año 2021, aluden a una institución jurídica
inexistente en la fecha, tanto a niveles constitucional y de la normatividad institucional en la
PNP; igualmente alude la PNP en su normatividad Ley N°27238 del 14 de diciembre 1999 y
Decreto Legislativo N°1148 del10 de diciembre 2012 la expresión “Orden Público” sin tener
respaldo constitucional para ello, dado que fue desaparecido prácticamente de un plumazo;
igualmente la expresión “Seguridad Ciudadana” no aparece en la finalidad fundamental de la
PNP señalada en la Constitución Política del Perú vigente.
De la lectura y análisis de lo transcrito en el acápite inmediato precedente, se desprende que a
diferencia del enfoque de la Ley de Municipalidades (Ley Nº 27972 del 27 de mayo 2003) que
habla de exclusividad en el tema de Seguridad Ciudadana, vemos que el Acuerdo Nacional,
incorpora otros actores como los Organismos o Sectores Públicos y la Ciudadanía; que es
contrario, al enfoque municipal. Aquí tenemos otra contradicción. (Ver Cuadro N°1)
Cuadro N° 1 Comparación de Constituciones 1979 - 1993
Sobre la Finalidad Fundamental de la PNP
En otro contexto, la Ley Nº 27933 de fecha 12 de Febrero 2003 (Ley del Sistema Nacional de
Seguridad Ciudadana) prescribe otros actores, al considerar dentro de su estructura a los
Gobiernos Regionales; es decir, de manera específica señala a otras autoridades que no son
Gobiernos Locales o Municipales.
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La Constitución Política del Perú de 1993, en el título, capitulo y artículo 166º, al referirse a la
Policía Nacional, no sólo ha omitido como responsabilidad funcional la expresión “Orden
Público”, pues tampoco menciona de manera puntual, la expresión “Seguridad Ciudadana”; sin
embargo, como se ha dicho anteriormente, sin tener sustento constitucional alguno (porque no
lo prescribe la Carta Magna), la Policía Nacional del Perú especifica en su Ley Nº. 27238 del 22
de Diciembre 1999 “Titulo II Funciones. Atribuciones. Facultades y Código de Conducta previsto
en el capítulo i. artículo 7º inciso 3) señala como funciones de la PNP, textualmente: “Garantizar
la Seguridad Ciudadana…”con esta alusión vemos de manera específica un actor directo, nada
menos, que con una expresión (que está subrayada) que al entender colectivo, lo hace
responsable del activo y pasivo de este problema social. Por lo tanto, tenemos otra
interpretación que genera más confusión y contradicción normativa.
Igualmente el Decreto Supremo Nº 054-2011-PCM del 22 de junio de 2011 que aprobó el Plan
Estratégico de Desarrollo Nacional al 2021, insistimos, también reincide en la utilización de esta
institución jurídica denominada “Orden Público” que se ha omitido y que debe incorporarse
nuevamente al texto constitucional. Como vemos, las diversas normatividades, incluyendo la
constitucional, han generado mayor desconcierto en cuanto a los actores y sus consiguientes
responsabilidades en la temática de la Seguridad Ciudadana, hasta el extremo de no
interiorizarse con claridad el cómo concebir este problema y sobretodo como administrarlo
efectiva y adecuadamente; lo que agrava la situación.
v. Aspectos Metodológicos
El desarrollo de la Investigación para la formulación del “Plan Nacional de Seguridad Ciudadana se ha
basado en las siguientes consideraciones
v.a Enfoque General
Como punto de partida, resulta evidente que los magros resultados obtenidos en la búsqueda de
mayor Seguridad Ciudadana, demuestran que las estrategias usadas en el combate del accionar
delictivo -basadas en medidas esencialmente policiales- no serían la solución para enfrentar de manera
eficiente y sostenible este problema.
Ello demanda, entonces, realizar un análisis más apropiado de la problemática para determinar sus
causas y, a partir de los resultados, diseñar estrategias para combatir el problema atacando las causas
y no solamente los efectos a través de acciones policiales de represión y sanción de los delitos
cometidos. En este sentido, se formula cinco premisas fundamentales:
Premisa fundamental N° 1: La reducción de las causas que generan inseguridad ciudadana redundará
en el logro de los objetivos planteados, con mayor efectividad.
Premisa fundamental N° 2: La inseguridad ciudadana es un problema de origen esencialmente social,
la solución del problema debe involucrar tanto a todos los actores -administradores y administrados-
de la problemática de la Seguridad Ciudadana.
Premisa fundamental N° 3: El desarrollo tecnológico de las comunicaciones, que caracteriza el proceso
de globalización, es una poderosa herramienta que debe ser empleada para procurar condiciones de
Seguridad Ciudadana y enfrentar las acciones delictivas y no delictivas, poniendo sistemas de
información en apoyo a las acciones de los Operadores de Justicia y de la sociedad en su conjunto.
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Premisa fundamental N° 4: Que la ejecución de los planes demanda el soporte, institucional,
administrativo, operativo, económico y financiero, sin el cual cualquier plan deviene en impracticable,
por ello. “Todo lo propuesto requiere presupuesto”
Premisa fundamental N° 5: Los planes, a la vez que propuestas técnicas son instrumentos políticos de
decisión y acción; por lo tanto, sin un compromiso real de los actores políticos involucrados no se
podrá llevar a cabo ningún planteamiento técnico.
v.b Enfoque Técnico
El “Plan Nacional de Seguridad Ciudadana” -para los efectos de esta investigación- se diseña como
medidas inmediatas y mediatas, que comienza con acciones de cortísimo plazo para enfrentar de
manera eficaz algunos de los efectos que vienen generando la delincuencia y otros riesgos; y al
finalizar su aplicación sea evaluado con el propósito de extraer conclusiones que constituirán insumos
valiosos para corregir o adicionar otras acciones estratégicas.
Para la formulación del Plan Nacional, INICAM ha conformado un equipo técnico integrado por
personal con reconocida experiencia en el campo de la Seguridad Ciudadana y especialmente en la
lucha contra la delincuencia por un lado; y por otro, con amplia experiencia en el derecho y en la
planificación y dominio de técnicas y métodos administrativos apropiados para enfrentar otros riesgos.
En el Capítulo de Anexos se incluye información de los especialistas. El Plan Nacional,-en cuanto a
contenido tiene cuatro partes:
i) La caracterización de la problemática o diagnóstico;
ii) El análisis y procesamiento de la información;
iii) Las conclusiones con el diseño de estrategias, y;
iv) El desarrollo de propuestas e instrumentos.
v.c Enfoque Operativo
Para la formulación del diagnóstico del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, se ha tomado en
consideración la información generada en diversos eventos realizados durante los años 2010 al 2013
con la finalidad de promover una convocatoria amplia y a partir de ella integrar e involucrar a los
actores claves del problema.
Considerando las premisas fundamentales, para promover el diálogo e intercambio de información se
recurrió al método alemán denominado ZOPP1 por su alta eficiencia en la recopilación de información
consensuada con los participantes -denominados “informantes calificados” por cuanto son quienes
mejor conocen la problemática a caracterizar- y cuyo propósito principal es identificar
fehacientemente las raíces de las causas que generan el problema central que se desea corregir.
Procesamiento y Sistematización.- Esta información se complementó con trabajo de campo, mediante
entrevistas con actores claves de la seguridad en el país; el procesamiento de la información se realizó
como trabajo de gabinete. A partir de la información recopilada y procesada se formularon las
conclusiones que los autores denominan “el qué hay que hacer” y recomendaciones para la
formulación de las propuestas de acción, que constituyan las estrategias y tácticas, que los autores
denominan “el cómo se hace”.
1 El vocablo ZOPP, proviene del alemán Zielorienterte Projecktp lannung, o planificación de proyectos por objetivos. Método utilizado
eficazmente por INICAM desde 1994, en actividades de planeamiento estratégico y prospectivo.
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Proceso de Validación del “Plan Nacional”.-El contenido del documento que contiene el Plan Nacional,
se presenta al Gobierno, con el propósito de proceder a su validación y observaciones por parte de las
autoridades y funcionarios de la Administración Pública y representantes de organizaciones de la
sociedad en general; y a partir de ello, se desarrollarían complementariamente propuestas para
enriquecer el “Plan Nacional” que igualmente se presenta para su validación por parte de los
integrantes del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC). Con el consenso y los aportes
recibidos de estas reuniones se daría por concluido el documento
Ejecución del Plan Nacional.- El Gobierno Central con el apoyo al más alto nivel gubernamental, de un
equipo de profesionales especializados en la problemática de Seguridad Ciudadana como consultoría
Ad Hoc, transmitiría disposiciones de cumplimiento obligatorio por los comprometidos en el Sistema
Nacional de Seguridad Ciudadana (Integrantes del CONASEC, CORESEC, COPROSEC y CODISEC)
asumiendo el liderazgo el señor Presidente de la República, como primer mandatario de la Nación
convocando a todos las entidades públicas y privadas, así como los habitantes de la comunidad en
general para su participación proactiva en la gestión de la Seguridad Ciudadana del país, para la
ejecución de las acciones de inducción de la Seguridad Ciudadana en el cortísimo plazo de los próximos
meses del año 2013, de acuerdo con los lineamientos generales traducidos en la Política de Estado en
este tema. Al término de este lapso, los integrantes del SINASEC, estarán en condiciones de evaluar los
resultados alcanzados en esta primera fase y formular las conclusiones correspondientes para realizar
los ajustes y precisiones que eventualmente fueran necesarios. Hay que destacar que desde la
ejecución misma del Plan Nacional se podrán lograr resultados cuyos efectos, percibirá gradualmente
la población con el consiguiente impacto social-económico y político.
Plan Integral de Seguridad Nacional.- Las acciones posteriores a partir de la implementación del Plan
Nacional, su evaluación y ajustes para la perfección del mismo, permitirá la ejecución de las diez
actividades estratégicas iniciadas en el año 2013 y la implementación paralela y progresiva de las
demás actividades programadas para el corto, mediano y largo plazo, sin perjuicio de otras acciones y
que surjan producto de la ejecución del Plan Nacional, con acciones colaterales inicialmente no
previstas. Finalmente, para definir y priorizar los objetivos estratégicos, es necesario lograr la
concertación a través de un plan fundamentalmente entendido como un acuerdo de voluntades en
torno a un objetivo común, con una orientación muy nítida, en este caso, la lucha contra la
delincuencia y otros riesgos- y no como un instrumento que tienda a constituir un objetivo en sí
mismo.
v.d Bases para la consolidación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y una propuesta metodológica
para su formulación
El presente Plan de Seguridad Ciudadana, contiene un diagnóstico que ha identificado cuatro factores
de la inseguridad ciudadana en las dimensiones Normativa-Jurídica-Legal, Político-Técnico-Profesional,
Socio-Cultural-Educacional y Económico.Financiero.Presupuestario; lo que ha determinado la
descripción de cuatro ítems para la gestión de estos factores, con el soporte de las siguientes políticas:
Priorización del logro de la eficacia del Sistema Jurídico Penal y Penitenciario.
Potenciación de la eficacia del accionar del Estado en Seguridad ciudadana.
Consolidación del fortalecimiento del compromiso entre el Gobierno y la Comunidad Organizada.
Reducción de la rentabilidad económica de los infractores de la Ley
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De este análisis exhaustivo de cada uno de estos factores se ha desprendido la existencia de cinco
principales vulnerabilidades que consideramos las más importantes en la coyuntura actual en el
territorio nacional, que son las siguientes:
Deficiencias en el Sistema de Identificación Personal en la población dentro de otros vacíos del
Sistema Jurídico Penal y Penitenciario.
Carencia de un canal de comunicación efectivo entre los miembros de la comunidad y sus
autoridades.
Falta capacidad de gestión, cierto compromiso social y motivación para una participación proactiva
de algunos gobernantes y gobernados en acciones contra la inseguridad.
Carencia de suficientes cuadros de líderes Gubernamentales y Comunales en Seguridad Ciudadana.
Democracia debilitada por la percepción de la población de ineficacia del Estado contra los delitos
de corrupción y otros delitos de gran impacto social y rentabilidad económica e impunidad, que les
genera resistencia y/o indiferencia para involucrarse en tareas contra la Inseguridad Ciudadana.
Dichas vulnerabilidades han dado lugar al diseño de cinco objetivos estratégicos que sustentan el
surgimiento de treinta y cinco (35) actividades estratégicas; dentro de las cuales, diez (10) se deben
ejecutar en el cortísimo plazo (seis meses) y su evaluación y eventuales reajustes constituirán insumos
para la reformulación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana para enriquecer las demás actividades
estratégicas planteadas que se ejecutarán en el corto, mediano y largo plazo. De esta manera, la
consolidación de dichas actividades estratégicas y la evaluación de éstas en función a resultados,
determinarán las acciones para la consolidación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana,
incorporándose como se ha dicho, los reajustes necesarios, que darán lugar a la propuesta de objetivos
y metas adecuados en función al nuevo escenario de los años venideros.
Metodología para la Formulación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana
Los contenidos metodológicos para la formulación son:
1. Ejecución de la Fase “Plan Nacional” Cortísimo plazo (6 meses del año 2013)
2. Evaluación y propuestas de reajuste (45 días) de las diez (10) actividades estratégicas
3. Socialización y validación de los resultados de la evaluación por el SINASEC
4. Ejecución de la fase corto y mediano plazo (2013- 2018) con las treinta y cinco actividades
estratégicas
5. Evaluación y propuestas de reajuste de las 35 actividades estratégicas ejecutadas y otras que
eventualmente surjan
6. Socialización y validación de los resultados de la evaluación por el SINASEC
7. Elaboración del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018
Criterios de Puntuación de priorización actividades estratégicas:
Importancia motriz y necesidad de la actividad
Monto de la inversión requerida
Disponibilidad Financiera
Influencia Tecnológica
Plazos de ejecución
Impactos en la Opinión Pública
Costo - Beneficio
Sector o porcentaje de la población involucrada
Efectos o impactos en el medio ambiente
Impacto en la economía nacional, regional, provincial y distrital
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Capítulo I:
Diagnóstico General
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Capítulo I: Diagnóstico General
1. Problemática General de la Seguridad Ciudadana En la caracterización de la problemática de la Seguridad Ciudadana concurren tres componentes. a) El
problema central, b) Las causas -estructurales, causas generadoras (principales y secundarias) y, c) Los
efectos, derivados del problema central. Por tanto, constituye el objetivo central: neutralizar,
disminuir, reducir, atacar al problema central. En el país el problema central es definido de la siguiente
manera:
“Existencia de Inseguridad Ciudadana por creciente comisión de delitos y presencia
de otros riesgos”
Las causas primarias de esta situación problemática se sitúan en cuatro dimensiones:
1.1 Dimensión Normativa-Jurídico-Legal.- Generalidades Claro está, que la solución a problemas sociales, no puede estar sujeta tan sólo a la existencia de leyes;
incluso se dice, que la ley no es la solución a estos problemas, porque aquél que está acostumbrado a
violar las normas lo volverá a hacer; y aquél que está acostumbrado a cumplir las normas, tampoco
necesita de una ley para ser consecuente con sus deberes u obligaciones. Sin embargo, hay que ser
honestos en reconocer, que la relación entre miembros de una comunidad, debe regularse por el
derecho, sino se convertiría en una selva donde el desconocimiento de los derechos de unos y de
otros, afectarían la convivencia humana.
En este sentido, hay que partir de la premisa, de que existen vacíos, omisiones, benignidades y otras
que hacen al Sistema Jurídico actual un instrumento ineficaz para enfrentar la Inseguridad Ciudadana,
por los vacíos y benignidad del Sistema Jurídico Penal, Procesal, Penitenciario y Administrativo, la
aplicación inadecuada de las leyes, algunas dificultades de aplicación del Nuevo Código Procesal Penal
eminentemente garantista, algunos casos de corrupción en la Administración de Justicia y de
ineficiencia en la Administración Pública. En tal sentido, el equipo consultor, con apoyo de
profesionales en derecho, ha estudiado esta problemática, que surge de un cuerpo de leyes que
adolece de claridad y aplicabilidad; y cuyas propuestas son producto del análisis de esta realidad
jurídica, que es fundamental encarar, como una de las formas que coadyuvará a la adecuada
administración del problema de Inseguridad Ciudadana, mediante la concepción de propuestas de
proyectos de Iniciativas Legislativas.
1.2 Dimensión Política-Técnica-Profesional La temática de la Seguridad Ciudadana tiene un ámbito esencialmente técnico; sin embargo, hay que
reconocer que usualmente el poder político interviene con disposiciones encaminadas a resolver los
diferentes conflictos sociales; y justamente es ahí, cuando convergen acciones y divergen
conceptualizaciones que se traducen en una falta de eficacia del Estado en la administración de la
Seguridad Ciudadana.
La problemática referida al ámbito policial, relacionada con la Administración de Justicia, es un
quehacer funcional que compete a profesionales que dominan la técnica de Seguridad Ciudadana
vinculada con la prevención e investigación de delitos y faltas; las mismas, que deben ser
adecuadamente administradas en este ámbito que es eminentemente técnico y no político.
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Se ha dado, a lo largo de la historia policial, hechos en que justamente, por el no respeto del área
técnico profesional referida a la seguridad; y más bien por la injerencia del poder político, es que se
han producido resultados negativos frente a las circunstancias de enfrentar hechos graves de violencia,
que han tenido un desenlace fatal, debido a la falta de respeto a la institucionalidad de las entidades
públicas, como lo es la Policía Nacional del Perú (PNP) con disposiciones o medidas que ignorando el
dominio de conocimientos y técnicas específicas, han desencadenado en situaciones de crisis y
convulsión social con irreparables pérdidas de vidas.
Igualmente, estas medidas gubernamentales dictadas por el poder político que son desacertadas,
tienen una gran repercusión en los miembros de la institución policial, que deben tener en su moral
combativa contra el delito su principal fortaleza, la misma que es crónicamente minada, con
disposiciones tales como frecuentes reorganizaciones, permanentes reformas institucionales, cambios
súbitos de comandos policiales, que inciden en la inestabilidad y consecuentemente la no aplicación de
estrategias institucionales, etc. que finalmente se convierten en acciones temporales sin garantizar el
logro de propósitos en el tiempo; pero sí una gran incertidumbre en la PNP y lo que es más grave un
debilitamiento en la lucha contra el delito, a costas de la desmoralización del personal policial.
Si realmente, lo que se quiere es buscar una adecuada administración de la inseguridad ciudadana,
tiene que comenzarse, por dictar reglas claras que respeten la institucionalidad y el derecho a
organizarse en términos de modernidad técnica y tecnológica; así como de especialización ocupacional
dentro de la institución policial, situación que también se re-edita en otros ámbitos de la
Administración Pública; así como, también tiene implicancia la mejora de remuneraciones, bienestar y
estabilidad laboral.
En el escenario de los hechos que constituyen delitos o faltas en el ordenamiento penal, hay
claramente dos mecanismos que deben utilizarse para su adecuada administración; éstos son: la
prevención y la investigación involucradas en la institución jurídica denominada Orden Público.
Tanto la prevención como la investigación son sumamente importantes para la administración del
problema; claro está que en ambos mecanismos, debe utilizarse la información que procesada se
denomina inteligencia operativa; estos mecanismos son igual de importantes y también
complementarios.
La prevención policial, muy venida a menos, tiene que potenciarse; para ello, debe sujetarse a
disposiciones que obedezcan a un plan preconcebido, con prioridad en lugares, fechas, días y horas
que el mapeo delictivo geo-referencial existente señala, en donde acuse mayor incidencia delictiva;
pero no tan sólo para prevenir la comisión de delitos, sino para intervenir en los casos de la comisión
de faltas (que también ha sido descuidada por la misma PNP) , que es el escenario que constituye la
antesala del delito el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana (donde están incluidos los hechos
delictivos y no delictivos);el cual, se alimentará de la información proveniente de otras jurisdicciones a
nivel regional, provincial y distrital; debiéndose incorporar progresivamente las entidades que tengan
el presupuesto para estos efectos y paulatinamente, el Gobierno Central programará el presupuesto
para las entidades que no cuenten con dichos recursos, a fin de lograr la red de información adecuada
que permitan la adopción y decisión de las acciones estratégicas adecuadas.
El Libro III del Código Penal establece una lista de hechos que afectan en una dimensión menor a la
sociedad, comparada con la comisión de delitos establecidos en el Libro II del mismo cuerpo de leyes;
aunque debe precisarse que dentro de las propuestas de iniciativas formuladas, se ha formulado un
listado de proyectos de Iniciativas Legislativas, que sugieren la incorporación de algunos otros hechos
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que deben reportarse como faltas; para cuya aplicación debe retomarse la medida de crear Juzgados
de Paz que laboren estrechamente con las Comisarías PNP y Municipalidades.
Recordemos que el tema de Seguridad Ciudadana tiene un gran espectro y esencialmente dos ámbitos:
Delictivo y no delictivo; el primero -como se ha puntualizado anteriormente- está referido a la misión y
funciones que corresponden a la PNP en el escenario de prevenir e investigar los delitos y faltas para
combatir la delincuencia, así como a otros Operadores de Justicia; y el segundo, referido a las
funciones preventivas que deben realizar en el marco de la ley, las Municipalidades, Defensa Civil, los
Sectores Públicos diversos, las entidades que reflejen un accionar intergubernamental y la Sociedad
Organizada.
De otro lado, vemos que la Ley Nº 27933 (Ley del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana)
establecen diversos Comités en el ámbito Regional, Provincial y Distrital respectivamente; y en esta
estructura territorial, se advierte una situación de no involucramiento efectivo, en el ámbito más bajo
de la estructura, es decir, a nivel de agrupación humana, llámese barrio, asentamiento humano u otro.
Hay que resolver esta situación, puesto que es en este nivel inferior de la estructura, en donde se
ejecuta la acción a favor de la seguridad ciudadana, dado que los acuerdos que llegan desde lo más
alto de la estructura del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC) y que llegan hasta el nivel
distrital no puntualiza el cómo hacer las cosas especificas en la base de las población; es decir, normar
en forma sincronizada el quehacer de las Juntas Vecinales en los barrios, asentamientos humanos, etc.,
que es en donde se realizan las acciones concretas contra los peligros, riesgos y amenazas a la
comunidad.
Igualmente, reparamos en que si es verdad, que la Ley del SINASEC establece una responsabilidad
funcional a nivel regional; sin embargo, la ley que determina las normas sobre la regionalización, no
prescribe ningún articulado que ponga en práctica lo señalado por el CONASEC; tanto es así, que en el
caso de la regiones del país no existen Gerencias de Seguridad Ciudadana, responsables de la adecuada
administración de esta importante función pública.
Consecuentemente, hay que plantear una estrategia territorial, cualquier medida que se adopte, debe
estar referida al territorio y las estrategias diseñadas para un manejo integral; de otra manera, los
programas sociales, económicos e institucionales se convierten en acciones aisladas y su efecto se
diluye perdiendo efectividad.
Igualmente hay que incorporar acciones e informaciones a través de claros roles de entidades públicas
y privadas. El Estado tiene como fin supremo la defensa de la persona humana y su dignidad; para ello
tiene que posibilitar el logro del Bien Común que se viabilizará a través del Bienestar General y la
Seguridad Integral que son las bases del Desarrollo Nacional.
Los diferentes gobiernos han procurado atender dicho escenario, aplicando diversas estrategias de
inclusión social, cada cual, con sus características y resultados que se han medido en el tiempo; que sin
embargo, no han logrado alcanzar metas deseadas que se pudieran alcanzar.
Se conoce que las acciones del gobierno siempre han encontrado retos que vencer, porque es
realmente complicado poder cubrir las expectativas de los grupos mayoritariamente desposeídos; que
dicho sea de paso, es bueno señalar, que se quedan insatisfechos y hasta resentidos, cuando el
asistencialismo no llega a tocar sus puertas. Esta actitud social, a veces es el engendro de críticas e
incluso de acciones violentas por parte de la población, que se considera con el derecho a que
permanentemente el Estado satisfaga sus necesidades, postura que no es buena para la salud de la
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sociedad en general. Sobre el particular, cabe hacer una puntualización, en el sentido, de que hay una
tendencia a confundir el concepto del Estado con el que es gobierno, que la doctrina señala para el
primero que tiene tres componentes: El territorio, la población y el Poder Político; es decir, el primero
al decir territorio, nos referimos al suelo, subsuelo, mar y espacio aéreo; al segundo, al decir,
población, nos referimos a la comunidad en general; y tercero y último, el Poder Político, representado
por los diferentes Gobiernos (Central o Nacional, Regionales y Locales y los funcionarios que ejercen
autoridad pública).
Para la consecución de las acciones de gobierno, hay un adagio chino que dice: “No le des el pescado,
dale una caña de pescar”, este dicho es muy sabio, porque al poblador hay que darles las herramientas
para que a través de su trabajo personal reivindique su rol y dignidad; y por otro lado, se aleje de
posturas pasivas, por no decirlo, parasitarias que no contribuyen a la solución de los problemas
sociales. Hemos visto con frecuencia que como consecuencia de que algunas veces no pueden
mantenerse programas asistenciales, han surgido protestas a nivel nacional de manera crónica y
violenta; justamente porque se hizo lo contrario a lo señalado en este acápite; el Estado Peruano, tiene
que realizar acciones a favor de la comunidad, pero sin perder el horizonte de una realidad como la
descrita.
El Gobierno debe acortar distancias entre las clases pudientes y desposeídas económicamente, para
que éstas últimas se identifiquen con el sistema, sólo así, se logrará que lo conozcan, asuman como
suyo y lo defiendan; por eso, las acciones del Estado debe llegar a esos ámbitos donde la pobreza y la
extrema pobreza cunden a diestra y siniestra; y es allí, desde donde se exportan hacia otras partes de
la comunidad, a infractores de la ley caracterizados por su empobrecimiento no sólo material, sino
moral y espiritual que también hay que encararlo.
Las entidades públicas tienen sus propios programas de acción gubernamental, los aplican
indistintamente de acuerdo a sus planes y metas por alcanzar; lo que está bien, pero que sería mejor
que dichas acciones estén articuladas dentro de un enfoque estratégico con visión integral y
compartida. Por ejemplo, vemos que el Ministerio de Salud por dar una muestra, tiene sus propios
programas de vacunación, el Ministerio de Educación su programa de alfabetización, el Ministerio de
la Mujer sus campañas sociales; y así por el estilo, todos los Sectores Gubernamentales tienen sus
propias acciones, que responden a su enfoque sectorial, lo que no es malo; pero que sería mejor, qué
respondan a una visión integral y coordinada, para centrar de común acuerdo, en qué lugares de
manera prioritaria donde las condiciones sociales provocan acciones delictivas en sus integrantes y en
cuyos lugares, deberían priorizarse este tipo de acciones del Estado, regularmente llamadas Acciones
Cívicas, donde el poblador podrá encontrar en el mismo día de la campaña o acción cívica, la asistencia
e información sobre temas de seguridad ciudadana, salud, educación, vivienda, agricultura,
producción, etc., lo cual hasta reduciría los costos en la ejecución de las acciones tácticas programadas
por los Sectores, logrando internalizar en las familias de estos lugares marginados y olvidados, la
sensación de la preocupación del Estado, logrando empoderarse su presencia, que para las acciones
del presente plan, resultarían beneficiosas, ya que contaríamos con la participación activa de estos
pobladores en los temas de Seguridad Ciudadana.
El escenario de las causas del delito, que es tan importante como el escenario de las consecuencias;
incluye la presencia de una serie de variables que afectan la inseguridad ciudadana, como el consumo
de drogas y bebidas alcohólicas, el desempleo, el subempleo, la desocupación, la promiscuidad sexual,
la violencia familiar, etc. que se traducen en hogares disfuncionales, donde, como se ha manifestado
fluyen los condicionantes que se traducen en infracciones de la ley; por lo tanto, es ahí en donde se
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encuentran el valioso insumo como lo es la información; sin la cual, no hay prevención e investigación
eficaz de los delitos y faltas, que es una tarea eminentemente policial.
Debemos internalizar en el ciudadano de barrio que la Seguridad Ciudadana es un compromiso
solidario, que le permitirá a través del trabajo en equipo, tener una mejor sensación de seguridad
personal, familiar y comunitaria, que en tanto, no piensen en el vecino como un aliado, tendrán menos
oportunidades para poder enfrentar a un enemigo común que es la delincuencia.
De igual forma, en la medida en que no exista como Política de Estado, la promoción de una lucha
frontal contra la violencia familiar y se busque relievar la imagen del hogar como foco de amor y de
estabilidad emocional para los hijos, y en la medida de que no pongan un esfuerzo por comunicarse
con ellos (hogares disfuncionales), por la no existencia de talleres, seminarios y otros, para capacitar,
motivar y levantar la autoestima de los padres, para que sean un ejemplo para sus hijos, ya que de no
hacerlo, tendrán como consecuencia, niños y adolescentes fácilmente captados por las pandillas
juveniles, barras bravas y otras formas de violencia social, qué incrementará la inseguridad ciudadana;
ya que es de conocimiento público, que hoy en día, ante la falta de comunicación y atención por parte
de los padres, los hijos buscan espacios donde obtener reconocimientos, y definitivamente, se están
dando en las formas desviadas de conductas, como el “bullying”,“las peras malogradas”,“perreo”,
pandillas “mara salva truchas”, fiestas semáforos, etc., como una forma de llamar la atención a la
sociedad. Ante ello, las Juntas Vecinales por influjo de las autoridades, no están organizadas para
generar espacios motivacionales, de esparcimiento sano, de fuentes ocupacionales y otras, que
permitan a sus hijos, tener las oportunidades, que serán generadas a partir de ese compromiso vecinal,
que con el liderazgo y labor promotora de los Gobiernos Nacional, Regionales y Locales, y puedan
participar proactivamente en los llamados presupuestos participativos, crear microempresas
autogestionarias que ayuden a obtener recursos para los proyectos, talleres y otros; y de esta manera,
mejorar su precaria economía que los aqueja.
De otro lado, la institución policial, con su sola presencia en dichos lugares, no podrá garantizar que se
pueda aprovisionar de la ansiada información; más aún hay que reconocer que existe actualmente una
falta de respeto a la autoridad, por no decir, rechazo; y no vamos a pronunciarnos que sea esto
justificado o no, sino que es una situación que hay que revertir. Para ello, fusionando esfuerzos, para
que las acciones programadas por los diferentes Sectores Gubernamentales orientadas a dar bienestar
a la población, se hagan en coordinación con la autoridad policial, como entidad técnica que
garantizará a la vez que la seguridad física para el desarrollo normal de esta actividad gubernamental,
la que se ejecutará en el medio geográfico preestablecido, dada sus características antes comentadas y
que responden al mapeo delictivo y el respectivo Observatorio de Seguridad Ciudadana de la
jurisdicción; esta medida acortará la distancia entre población y su policía.
Igualmente uno de los hechos que afectan la vida y la salud de los miembros de la comunidad, son los
producidos por accidentes de tránsito, tanto en la zona urbana como rural; claro está, que existen
diversas razones para que éstos se produzcan: Estado de operatividad, conservación y mantenimiento
de los vehículos, nivel de capacitación de conductores, estado de la infraestructura vial en pistas y/o
carreteras; y lo que es más importante la cultura cívica, como la manifiesta conducta con
predisposición infractora de las normas viales tanto de conductores como de peatones.
En este sentido, existen normas que regulan los hechos descritos anteriormente; sin embargo, vemos
que en la práctica estas disposiciones son violadas permanentemente; por lo tanto, es ahí en ese
escenario, en la que hay que trabajar y no sólo los policías, sino los profesores en el sistema educativo
y los padres en el hogar. Entonces, debe instruírseles a conductores y peatones en cuya tarea deben
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intervenir las autoridades y la sociedad organizada; pero una vez que se cumpla esto, debe aplicárseles
la efectiva sanción a los infractores, como medida ineludible contra las personas que violan las
disposiciones y no tan sólo como se viene haciendo, contra el vehículo.
Un aspecto que debe también tomarse en cuenta, es que hay conductores de motos particulares,
bicicletas, etc. que no son conscientes que al usar sus medios de movilización, deben también respetar
las señales de tránsito, así como las disposiciones que sobre este particular se emiten, observándose
que no respetan la luz roja, el sentido del tránsito y que son causales o provocadores de accidentes en
la vía pública.
Igualmente, debe incorporarse dentro de la asignatura de “Seguridad Ciudadana” en los colegios de los
diferentes niveles, entre otros, el ítem relacionado con la Seguridad Vial; e incluso, debe ser política de
las autoridades tanto nacionales, regionales, provinciales, como locales, el construir parques temáticos
que sirvan de medios pragmáticos para educar a niños, jóvenes y adultos.
Es conveniente señalar algunas consideraciones especiales, como el tema de la carcelería. La cárcel no
es sólo privación de la libertad; es decir, carcelería y barrotes; la parafernalia de la cárcel es terrible,
con un escenario en donde la incapacidad de generar ingresos, a veces, pago de coimas para el ingreso
de familiares, exposición al abuso de las mujeres e hijas, el dolor del alejamiento de la familia, entre
otras cosas, hace que la rehabilitación no sea real. La solución no es la cárcel; no hay que pensar en
una cárcel, ya que se debe cambiar por enfoques modernos de estrategias que permitan cambiar la
mentalidad del interno primario y logren su readaptación, resocialización e incorporarlos a la sociedad,
a través de ideas de vanguardia, como el construir Centros de Estudios Tecnológicos, con la
características de seguridad propias de un centro penitenciario, que logrará que el interno esté
preocupado por trabajar en diversas actividades programadas al interior de este moderno centro
penitenciario, que le permitirá percibir una remuneración diaria que podrá costear su estancia y
también enviar una suma de dinero a su familia ya afectada por su actitud delictiva cometida, e
internalizando su cambio de actitud a futuro de no infringir nuevamente las normas. Que es lo que a la
fecha no existe; debemos propender a que los criterios para la construcción de Centros tecnológicos
con mecanismos de seguridad prevalezcan para la estructuración de cárceles. Planteamiento que es
aparentemente similar al existente; pero no es así.
El tema legal, es importantísimo resolver; aunque la propuesta de la sumatoria de las penas -que se
abordó en algunos talleres- ya ha sido dada, a través de la Ley Nº 28730 del 20 de abril 2006; pero
obvio que su aplicabilidad está supeditada a la existencia de infraestructura carcelaria que
actualmente como se ha dicho es precaria; y la idea es como se ha dicho, es concebir una cárcel como
un Instituto Tecnológico encargado de dar capacitación y generar fuentes de trabajo en los internos;
para ello, la idea no es crear un establecimiento penal para adaptar en él, un instituto tecnológico; sino
construir la infraestructura de un Instituto Superior Tecnológico moderno y luego acondicionarlo como
centro de reclusión; que insisto, es aparentemente igual, pero no es lo mismo.
En la fecha dentro de precarias instalaciones carcelarias se busca establecer talleres acondicionando al
local pre existente que fue construido con una infraestructura distinta para convertirlo en actividades
labores y de producción; pero ello, es como preparar primero un vestido o traje y después tomar las
medidas a la persona para adaptarla a su anatomía. Consideramos que dada la necesidad de una
rehabilitación, readaptación o resocialización efectiva de los internos, se debe buscar mantenerlos
activamente en tareas de capacitación con fines de producción; por eso pensamos que en vez de
continuar creando talleres en instalaciones preconcebidamente hechas para cárceles; invirtamos el
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enfoque y más bien construyamos talleres como parte de Institutos Tecnológicos y después dotémosle
de mecanismos de seguridad carcelaria.
Si nos permiten esta licencia gramatical, podemos proponer que en vez de “Tallerizar las cárceles”
debemos “Carcelizar los talleres”, con lo cual, se lograría en el marco de los derechos humanos, que un
interno lejos de tener una actitud parasitaria que lo dedica a planificar robos en el exterior del centro
penitenciario o fugar de éste; por el contrario, se le dotaría por propia participación y esfuerzo, la
oportunidad de involucrarse en la actividad productiva para la obtención de recursos para mantener
sus hogares; y es más en una acción inclusiva social, se incorporarían -previo estudio- a los mismos
familiares de los internos en el ciclo de comercialización de los diversos productos que se sabe, pueden
ser elaborados en dichos centros carcelarios; y en donde el empresariado también sería favorecido, al
tener una mano de obra que previamente capacitada y calificada, garantizaría la rentabilidad de la
actividad empresarial.
Aquí tiene sentido, también que se promueva la creación de un Instituto Tecnológico Andino en
lugares de conflicto social, para darle capacitación específica en los aspectos que requiere la zona, por
ejemplo, agricultura, ganadería, y derivados con capacitación especial pero del tipo que requiere el
área, para generar fuentes de trabajo en un marco de adecuada comercialización e industrialización, lo
que repercutirá favorablemente en la Seguridad Ciudadana.
En esos proyectos, se seleccionarían alumnos del quinto año de secundaria, para que se queden en el
lugar y en vez de estar pidiendo trabajo a entidades cuyos cupos están cubiertos, como es el caso de
las minas; esto generaría que los jóvenes se formen en lo que requiere la comunidad; y de esta
manera, desarrollarían competencias en aspectos técnicos, no sólo de seguridad, sino de productividad
y con lo cual se convertirían en mano de obra técnica que involucrara a dichos jóvenes, que es lo que
está faltando en el Perú; actualmente los estudiantes se forman en las universidades y al egresar no
consiguen trabajo, por tanto, este planteamiento constituye algo de lo que todavía hay mucho que
debatir.
En cuanto a la sociedad, al comienzo hablamos de una gran indiferencia gubernamental, social,
familiar; eso hay que vencerlo a través de la sociedad organizada,. Se necesita saber cuántas Juntas
Vecinales existen–juramentadas o no- o sea, cuantas hay potencialmente. El trabajo de inteligencia
requiere información, para lo cual hay que ponerse en la mentalidad del delincuente y cómo actuaría
éste, eso se denomina inteligencia operativa.
Los canales de comunicación son un factor que está fallando, la gente no confía en la policía. Hay
quienes están pensando tan sólo en poner más policías en la calle, sin que se responda a una
estrategia; y esa no es la solución…!
Para vencer la incomunicación, la tecnología, es indispensable, las cámaras de video vigilancia y el uso
de correos electrónicos, redes sociales como el Facebook, el Twiter, etc.; hay que proporcionar una
motivación, estímulos, para su empleo en la seguridad, por ejemplo ofrecer una beca universitaria al
dirigente vecinal más destacado, así la gente se esforzaría por lograr esto.
Se necesita conocer y fortalecer las políticas de imagen institucional en las autoridades del país. Para
incorporar en el plan el tema de la imagen, porque si el trabajo operativo como es de esperar, se
traduce en éxito tiene que haber todo un despliegue de difusión, marketing de lo realizado y tiene que
tenerse claro ¿Cuál es la estrategia del Gobierno Central para este tema de la imagen nacional? El
gobierno Nacional requiere de obra civil, nosotros estamos apuntando a eso, no es sólo mandar gente
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a la cárcel, no. El Plan de Seguridad Ciudadana propuesto, debe convertirse en un referente a nivel
nacional, regional, provincial y distrital, por tanto también a nivel internacional.
En cuanto a Infraestructura, recursos materiales, económicos y financieros en la PNP hay que
encontrar la forma de resolverlos con apoyo del Gobierno Central, Regionales, Provinciales o
distritales; o con apoyo del empresariado, porque muchas acciones no se hacen por falta de recursos.
Los mecanismos sociales, (como Escuela de Padres) son diversos y hay muchos más que instituir,
porque se debe involucrar a los colegios profesionales, para que aporten ideas y acciones a favor de la
comunidad; sobre el particular, hay interesantes iniciativas como: “El Centro de Formación para el
Desarrollo de Jóvenes”, gestado por responsables ciudadanos. Igualmente, las universidades con
alumnos de los últimos años, tipo SECIGRA o SERUM; debemos buscar la articulación de la demanda y
la oferta de capacitación y trabajo.
Por último, debe haber una central de operaciones y manejo de la información, donde la policía y las
autoridades del Gobierno Central, y Gobiernos Regionales, Provinciales y Distritales del país cuenten
con mecanismos de mapeo delictivo y respectivos observatorios de seguridad ciudadana, con una
adecuada estrategia para resolver el problema de la identificación individual, utilizando -como se va a
describir más adelante-los datos contenidos en el Documento Nacional de Identidad (DNI).
Merece una mención especial, el tema del análisis de la problemática de identificación personal de los
infractores de la Ley y alternativa de utilización de mecanismos de identificación a través del DNI. Los
avances científicos (tecnología) y su aplicación a favor del hombre, ha traído también consigo retos,
aspiraciones, riesgos, ansias, frustraciones etc. que sumergen al hombre en un escenario. donde las
preocupaciones, las tensiones y la desesperación por alcanzar metas o sobrevivir en esta vida,
devienen en un creciente y permanente estrés que lo predispone a cambios de conductas, de estado
de salud y de mentalidades, que no son al parecer tratadas, corregidas o reorientadas con prioridad y
esto nos convierte en una sociedad donde los valores y los principios no se toman en cuenta; situación
que determina la creación de una sociedad compleja, difícil, confrontacional, conflictiva, etc. que los
estudiosos denominan como “una sociedad anómica”, en la que sus integrantes suelen estar ubicados
en la antesala de las conductas indebidas e infractoras de la ley y de espaldas a la convivencia pacífica.
En nuestro País, los peruanos mayores y menores de edad, tienen un (01) Documento Nacional de
Identidad (DNI), expedido por el RENIEC, que debe convertirse en un elemento fundamental para
resolver el tema de la inseguridad ciudadana, ya que la identificación de las personas, seria requisito
indispensable para la solución de esta problemática social, recurriendo a las posibilidades reales que
ofrece actualmente dicho documento, que tiene entre otros datos en el reverso un (01) código de
barras y un (01) código bidimensional (que contiene el código único de identificación-CUI y otros
datos) y la impronta digital del dedo índice derecho, que permite identificar al titular en forma
biométrica y la certificación de la autenticidad del documento, con el empleo de equipos periféricos
informáticos para acceder a la base de datos del RENIEC y establecer según el caso verificación o
autenticación de identidad consultada; pero vemos que en la práctica social, estos elementos que
actualmente tiene el DNI no se utilizan; esta situación hay que revertir, dado que su aplicabilidad
devendría en una estrategia de trabajo a ser aplicada en el ámbito de la Seguridad Ciudadana.
Igualmente el recientemente publicitado Documento Nacional de Identidad Electrónico (DNIe) también
contiene a través de un chip información privilegiada, que es susceptible de lectura tecnológica con
equipos de última generación.
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Debemos considerar que a las diversas modalidades delictivas que afectan actualmente la Seguridad
Ciudadana en el país, que a continuación se señalarán, también se les puede aplicar este avance
tecnológico identificatorio:
1. Los robos y asaltos a domicilios; los robos extorsivos y los robos y hurtos al paso (en lugares que son señalados en el mapeo delictivo y el respectivo observatorio de seguridad ciudadana), utilizando vehículos menores (motos lineales y mototaxis)
2. Los robos (asaltos a mano armada) con la modalidad de “marcas” (a partir de acciones realizadas por los delincuentes en los interiores y/o exteriores de entidades bancarias, crediticias, etc. para luego abordar a sus víctimas con la interceptación física)
3. Los delitos contra la libertad individual como los secuestros (muchos de éstos se planifican desde
las cárceles).
4. Las barras bravas (a raíz de espectáculos deportivos públicos)
5. Las pandillas juveniles (Barrios, asentamientos humanos, etc.) y el consumo de drogas y bebidas alcohólicas.
6. Las movilizaciones sociales violentas (marchas, paros, etc.).
7. Los asaltos a viajeros cuando salen de las instalaciones de aeropuertos y en carreteras del país como pasajeros de buses interprovinciales.
8. El sicariato con participación de personas que vienen de otros países a cometer sus fechorías.
Casi la totalidad de delincuentes cuando son detenidos, proporcionan nombres falsos o indican no
tener documentación alguna; razón por la cual, son investigados policialmente, juzgados, sentenciados
y cumplen condena con una identidad que muchas veces no les pertenece; motivo por el cual se deben
tomar las acciones en forma oportuna, tendentes a lograr desde la etapa policial y durante todo el
proceso judicial, su plena identificación por medio de sus improntas digitales a través de la
homologación biométrica por parte del RENIEC con los datos que contiene el DNI.
Estas modalidades delictivas pueden y deben ser neutralizadas; para ello, es fundamental interiorizar
la importancia que tiene la identificación plena, que se ve vulnerada en los ámbitos del derecho penal
y procesal penal; en el campo de la criminología y criminalística; no obstante ser un paso
preponderante para el esclarecimiento de los hechos delictivos y de cuya falencia se aprovechan los
delincuentes para afectar a la comunidad en general.
Las modalidades delictivas que vienen generando zozobra e inseguridad ciudadana en el país están
identificadas; sus modus operandi se vienen acrecentando al burlar los delincuentes las medidas de
control, referidas al uso del DNI que de alguna manera les favorece, desde el momento en que la
obligatoriedad de su posesión y presentación ante el requerimiento de la autoridad competente que
señala la Ley Orgánica del RENIEC, no tiene por contrapartida ninguna sanción. Por lo tanto, es urgente
dar aplicabilidad al código de barras y el bidimensional que obra al reverso del DNI, como instrumento
de identificación personal, durante las acciones de control de las autoridades competentes en el
contexto de la Seguridad Ciudadana; obviamente, dentro del marco de la Ley y respeto irrestricto a los
derechos humanos de todas las personas, acciones que se harían con la utilización de la tecnología que
existe en el mercado.
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Reiteramos que constituye un hecho tangible y reconocido que desde aproximadamente una década,
nuestro país viene demostrando un crecimiento y desarrollo sostenido, como producto -entre otros
factores- del modelo económico implementado y mantenido en el devenir, por los últimos gobiernos,
aunado al incremento del precio de nuestros minerales a nivel internacional, lo cual ha posibilitado un
incremento en los índices de trabajo directo e indirecto, el fortalecimiento comparativo de nuestra
moneda nacional, el incremento del ahorro interno y de las exportaciones de productos tradicionales y
otros con valor agregado; así como, el incremento del turismo receptivo e interno. En contraposición a
dichos logros expuestos, se ha elevado exponencialmente los índices de comisión de ilícitos penales
por parte de la delincuencia común y del crimen organizado; así como de los niveles de corrupción, en
detrimento de la población nacional, lo que de no ser debidamente controlado, incidirá negativamente
en el riesgo-País, al producirse un serio declive de las inversiones y el turismo receptivo, por la carencia
de Seguridad Ciudadana en general, así como del control de índices gubernamentales de corrupción.
En las principales ciudades del país y por ende en la capital de la República, desde un tiempo atrás se
ha incrementado la seguridad privada y/o particular, citándose a manera de ejemplos, los casos de las
entidades bancarias y crediticias, en que contratando personal policial de vacaciones y/o de franco, se
ha reducido al mínimo los robos agravados en el interior de dichos establecimientos con la modalidad
del asalto a mano armada; lo cual “ha obligado” a que los delincuentes realicen asaltos en el interior y
exterior de dichos locales, previo “reglaje” y seguimiento de aquellas personas, que hacen retiro de
elevadas sumas de dinero en moneda nacional y/o extranjera. Asimismo se ha incrementado
exponencialmente los secuestros al paso, para el retiro “obligado” de Ingentes sumas de dinero de
cajeros automáticos, y en algunos casos se producen delitos contra la vida, integridad física y la
libertad sexual de las víctimas. Por las estadísticas señaladas a través de los diversos medios de
comunicación social, se tiene conocimiento que existen bandas criminales que ejecutan actos
delictivos, cuyo planeamiento y/o autoría intelectual, se planifican desde el interior de las cárceles de
alta seguridad, con el empleo de celulares y/o a través de las visitas “familiares”, que actúan en
complicidad. Debiéndose tener en consideración que todo lo expuesto en los numerales precedentes,
favorecen la impunidad y el incremento de las acciones delincuenciales, ya que la Policía sólo puede
aprehender en comisión flagrante y/o por mandato judicial (requisitoria); aunque recientemente se ha
promulgado una norma que posibilita la retención del autor por un lapso, que no exceda las 04 horas,
después de haberse cometido el delito; previa identificación, detención y/o captura del autor (es), con
elementos probatorios.
En ese sentido, a través de los medios periodísticos de difusión nacional (Diario La República), se ha
tomado conocimiento de que el acceso directo al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil
(RENIEC), a Registros Públicos, al Sistema de Denuncias Policiales (SIDPOL) y a la base de datos de
procesos judiciales y condenas del Poder Judicial es de extrema importancia para la Policía Nacional en
su lucha contra la delincuencia la y el crimen organizado. Sin embargo, de las 1,397 comisarías de todo
el país, al menos seis de cada diez no cuentan con ninguno de los servicios de información, de acuerdo
con el Censo Nacional de Comisarías (CENACOM), que ha tenido acceso el Diario La República.
La base de datos del RENIEC es una herramienta clave para la identificación de criminales de todo tipo,
y facilita a Ias víctimas a reconocer a los agresores o denunciados. La información del RENIEC incluye
una fotografía de la persona- es vital para acelerar las investigaciones policiales y obtener buenos
resultados. El censo de la Policía Nacional indica que seis de cada 10 comisarías en el Perú (62 por
ciento) no tienen conexión con dicho servicio. Los efectivos que combaten al tráfico ilícito de drogas, al
crimen organizado, a los traficantes de madera, a los tratantes de personas, a los terroristas, en
diferentes partes del país, están desprovistos de la importante herramienta que representa el RENIEC.
Las cuatro comisarías limeñas tienen acceso a la base de datos del RENIEC, pero es muy limitado. Cada
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dependencia puede hacer como máximo hasta 25 búsquedas por día. La cobertura para la
investigación, en consecuencia, resulta poco significativa. Nueve de cada diez comisarías del país (90
por ciento) no pueden acceder al Sistema de Denuncias Policiales (SIDPOL), que se supone es una
información con la que deberla contar toda la organización de la Policía Nacional. Pero no es así. El
SIDPOL es de gran utilidad para identificar a los sospechosos con gran rapidez. Igualmente, ocho de
cada diez comisarías cuentan con el servició de Registros Públicos por Internet. En Lima, ninguna de
sus 111 comisarías tiene disponible dicho acceso, (de acuerdo con el último Censo Nacional de
Comisarias-CENACOM). Sin Registros Públicos, se dificultan sensiblemente las investigaciones sobre
robo de vehículos, estafas, suplantaciones, apropiaciones ilícitas, usurpaciones y otros delitos
similares. La comisaría de Apolo, que cuenta con une moderna infraestructura y que, está ubicada en
el Distrito de La Victoria, la cual, es una localidad con alto índice de actos delictivos, pero allí sus
efectivos deben pagar con su dinero si necesitan información de Registros Públicos.
Lo mismo se repite en el caso de la base de datos del Poder Judicial. La situación es peor. Según
Información del censo de la Policía Nacional, el 92 por ciento de las dependencias policiales, no puede
recurrir a la información judicial, con el propósito de identificar a procesados y sentenciados. Por si
fuera poco, la policía tampoco cuenta con un dispositivo que le permita acceder al registro
penitenciario, en el que se consigna información relevante sobre internos y ex presidiarios. Además, la
policía no es notificada cuando algún delincuente es liberado por decisión judicial, lo que dificulta el
seguimiento de los elementos más peligrosos. En Lima todas las comisarías pueden obtener
información inmediata del Registro de Requisitorias, pero esta situación ideal no se repite en el interior
del país, donde el 50 por ciento de las comisarías (un total de 658) no dispone de este sistema vital
para la identificación de los sospechosos. La falta de conexión con el Registro de Requisitorias es más
grave y sorprendente en zonas de intensa actividad de Sendero Luminoso y de las organizaciones del
Tráfico Ilícito de Drogas.
La mayor parte de las 34 comisarías del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) están fuera
del sistema de Registro de Requisitorias. La ausencia de conexión es un gran obstáculo con el que
deben lidiar los policías todos los días. Este problema merma hondamente la labor de los agentes
contra el terrorismo y el tráfico ilícito de drogas; de otro lado,, de acuerdo con oficiales de las
comisarías de San Francisco, Sivia y Echarate, entre otras, consultados por el Diario La República. Ese
es el caso de la comisaría de Santa Rosa, ubicada en el Distrito de Caballococha, en Loreto, en la
frontera con Brasil y Colombia. Esta unidad policial que lucha contra las drogas, los sicarios del crimen
organizado y las traficantes de madera no cuentan con conexión de Internet y mucho menos puede
revisar información en el RENIEC. El Diario La República lo comprobó en el mismo lugar. En cambio, las
localidades cercanas a Santa Rosa, como la colombiana Leticia y la brasileña Tabatinga, disponen de
Internet y de todos los servicios. Lo mismo se repite en otras áreas con presencia de los traficantes de
drogas.
La provincia de San Miguel, ubicada en Cajamarca, es un paso obligado de los cargamentos de drogas
que salen del Alto Huallaga con destino a la costa de Lambayeque o Piura, y que continúa con destino a
Ecuador. Las comisarías de Niepos, La Florida y Nanchoc, en la provincia de San Miguel, cuya misión es
detener el flujo de la cocaína que proviene del Huallaga, están desprovistas de acceso al RENIEC y al
Registro de Requisitorias. Para obtener la información de ambos servicios, los oficiales deben llamar
por teléfono a la Policía Judicial de Chiclayo. Sin ir muy lejos, las cinco comisarías de Huaral, en el Norte
Chico, en Lima, tampoco están conectadas a la base de datos del RENIEC.
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1.2.1 Roles de las diferentes entidades del Estado en Seguridad Ciudadana
En la dimensión política y técnica observamos un aislamiento de los diferentes entidades de la
sociedad en cuanto a sus roles dentro de la administración del Estado, incluso se llega a pensar que
el problema de la Seguridad Ciudadana corresponde solamente al Ministerio del Interior, y dentro de
éste principalmente a la Policía Nacional, lo cual, es erróneo, dado de que existen en dicho sector
otras entidades con roles muy importantes que pueden coadyuvar independientemente, de sus
responsabilidades específicas, a reducir la inseguridad ciudadana; lo mismo sucede con otros
sectores de la Administración Pública incluso entidades privadas, cuya participación sería valiosísima
en las acciones a favor de la Seguridad Ciudadana en la medida que se integren a un accionar
conjunto y con visión unitaria; concibiendo el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana como una
fórmula de sistematización que debe ser mejorada haciéndola funcional e eficiente, con ámbitos de
competencia con funciones y responsabilidades bien pre establecidas, que generen un pacto con
todos los sectores, tanto públicos como privados; y sobre todo con un soporte presupuestario
suficiente y adecuado; con un esquema organizativo y articulado como el siguiente:
PODER JUDICIAL
1. Cortes y Juzgados
a. Cumplir plazos de procesos judiciales.
b. Talleres y seminarios sobre problemática judicial a la comunidad.
c. Asignar magistrados y apoyo para Juzgados de Paz Letrados en Comisarías, en coordinación
con municipios.
d. Difundir a la población contenidos de figuras delictivas de mayor incidencia y las penas
e. Seminario / talleres mecanismos de administración de justicia
f. Mejora la calidad y acceso a los servicios de justicia
g. Fortalecer la transparencia, la ética y la lucha contra la corrupción en el sistema de la
administración de justicia, sancionado ejemplarmente a los infractores
h. Fortalecer en forma efectiva la labor de la oficina de Control de la magistratura
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i. Profesionalizar y fortalecer capacidades de los operadores del sistema de administración de
justicia
j. Promover un sistema articulado y fortalecido de política criminal para mejorar la justicia
penal
PODER LEGISLATIVO
1. Congreso de la República y Comisiones
a. Analizar problemática de seguridad ciudadana convocando a expertos
b. Dictar leyes para mejor administrar problemática de la inseguridad ciudadana
c. Promulgar normas legales que incrementan las penas para los delitos calificados o
agravados y los cometidos por funcionarios públicos, sin derecho a beneficios penitenciarios
d. Promulgar normas que faciliten y protejan la labor de los Operadores de la Administración
de justicia y la sociedad en su conjunto en ejercicio de sus funciones a favor de la seguridad
ciudadana.
e. Promulgar –entre otras- normas legales que disminuya la responsabilidad restringida con
pena privativa de libertad de menores de edad a partir de los 14 años comprometidos en la
comisión de delitos agravados o en banda
ÓRGANOS AUTÓNOMOS
1. Ministerio Público
a. Ejecutar campañas educativas y sensibilización en prevención de delitos y faltas penales
b. Promover seminarios sobre etapas y procedimientos en el proceso penal con operadores de
justicia.
c. Potenciar labor de la oficina de Control Interno del Ministerio Público y aplicar sanciones
ejemplares a infractores.
d. Descentralizar servicio médico legal en Juzgados Paz Letrados en Comisarías.
e. Seminario / talleres población de incidencia delictiva sobre rol funcional del Ministerio
Público.
f. Profesionalizar y fortalecer capacidades de los fiscales y personal administrativo.
2. Contraloría General de la República
a. Ejecutar campañas educativas y sensibilización con la labor de la entidad.
b. Promover seminarios sobre la misión y funciones de la entidad.
c. Potenciar la labor de contraloría para imposiciones de sanciones ejemplares a infractores
d. Potenciar descentralización de labor contralora de la entidad a nivel nacional.
e. Seminarios/ talleres u otros medios para difundir a la opinión pública resultados de labor
funcional.
3. Consejo Nacional de la Magistratura
a. Ejecutar campañas educativas y sensibilización con la labor de la entidad.
b. Promover seminarios sobre la misión y funciones de la entidad.
c. Potenciar la labor funcional para imposición de sanciones ejemplares a infractores
d. Seleccionar, nombrar y controlar con eficiencia la labor idónea de los magistrados.
e. Seminarios/ talleres u otros medios para difundir a la opinión pública resultados de labor
funcional.
4. Defensoría Del Pueblo
a. Ejecutar acciones de participación y supervisión de conformidad al rol como integrante del
Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC).
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b. Capacitar grupos poblacionales, autoridades políticas, ediles y policiales en respeto a los
derechos humanos.
c. Seminarios / talleres en zonas de mayor incidencia delictiva para formar conciencia
ciudadana.
d. Propiciar la afectiva participación de la población en acciones preventivas de seguridad
ciudadana.
e. Intervenir en el tratamiento oportuno y adecuado de las diferencias y controversias de los
conflictos sociales.
f. Desarrollar campañas para fortalecer la conciencia ciudadana, respeto irrestricto de la ley y
las personas para una convivencia pacífica en irrestricto respeto a los DDHH
5. Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Protección de la Propiedad Intelectual-
INDECOPI
a. Realizar campañas de información a través de los medios de comunicación, sobre aspectos
que desconocen la propiedad intelectual generando conflictos personales que afectan la
seguridad ciudadana.
b. Difundir un ideario para fortalecer la conciencia ciudadana con relación al fortalecimiento de
la cultura de la calidad.
c. Estructurar boletines con contenido de los procedimientos a seguir por la comunidad para
efectivizar los reclamos y superar barreras burocráticas en defensa de los derechos del
consumidor.
d. Desarrollar seminarios / talleres para fomentar la protección de los derechos de los
consumidores.
PODER EJECUTIVO
1. Gobiernos Central, Regionales, Locales (Provinciales y Distritales)
a. Coordinar con la Policía Nacional del Perú (PNP) programas de extensión educativa de apoyo
a la Seguridad Ciudadana.
b. Emitir ordenanzas orientadas a velar por la salubridad y tranquilidad pública.
c. Optimizar la coordinación con los vecinos y personas jurídicas de su jurisdicción, a fin de
prevenir conflictos sociales.
d. Promover alianzas estratégicas con organizaciones internacionales y nacionales.
e. Coordinar con autoridades del Poder Judicial y Policía Nacional del Perú (PNP) para
efectivizar penas de servicio comunitario.
f. Promover acciones de bienestar y desarrollo vecinal, priorizando zonas críticas proclives a
conflictos sociales.
g. Asumir decididamente el liderazgo de los Comités de Seguridad Ciudadana.
h. Seminarios / talleres diversos: manualidades, forestación, recreación, deportes, etc.
i. Impulsar la legislación sobre Seguridad Ocupacional.
j. Difundir permanentemente programas culturales y promoción de convivencia pacífica, para
reducir la violencia familiar, la violencia de niños, jóvenes y adolescentes.
k. Desarrollar e incentivar permanentemente programas de concursos, actividades culturales,
artísticas y deportivas en los barrios, promoviendo la práctica de convivencia pacífica a nivel
nacional
l. Establecer un canal de coordinación e información permanente con la PNP en acciones
preventivas de Seguridad Ciudadana
m. Compartir información oportuna con la PNP en el ámbito de prevención de conflictos
sociales
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n. Fortalecer las operaciones integradas con la PNP para mejorar la vigilancia y prevención de
los delitos y faltas que afectan la Seguridad Ciudadana.
2. MINISTERIO DEL INTERIOR
2.1. Dirección General de Gobierno Interior
a. Acopiar, sistematizar y compartir información con la Policía Nacional del Perú (PNP) en el
ámbito de prevención de conflictos.
b. Optimizar los niveles de coordinación y comunicación con las autoridades del Sector Público
y Privado para atender problemas sociales proclives de conflictos.
c. Desarrollar campañas para fortalecer el civismo e identidad nacional en su jurisdicción.
d. Propiciar mayor participación de las autoridades políticas en los Comités de Seguridad
Ciudadana.
e. Coordinar con Policía Nacional del Perú (PNP) y autoridades municipales acciones
preventivas de seguridad ciudadana.
2.2 Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior
a. Propiciar el funcionamiento de un subsistema de información para la seguridad ciudadana.
b. Propiciar inteligencia estratégica a las grandes unidades de la Policía Nacional del Perú (PNP)
para el planeamiento de sus operaciones en seguridad ciudadana.
c. Intensificar la producción de inteligencia predictiva para detectar posibles conflictos
sociales.
2.3 Superintendencia de Migraciones y Naturalización
a. Optimizar la seguridad de documentos de viaje e identificación.
b. Optimizar los niveles de coordinación con la PNP para ejecutar operativos contra
transgresores de la ley migratoria.
c. Ampliar la cobertura del control de ingresos y salidasde personas.
2.4 Superintendencia de Control de Armas Municiones y Explosivos de Usos Civil
a. Ampliar la cobertura de dependencias DICSCAMEC en las sedes regionales.
b. Sensibilizar a las empresas privadas de seguridad para participar en acciones de seguridad
ciudadana en apoyo de la PNP.
c. Creación de alianzas estratégicas con empresas privadas.
d. Potenciar los operativos contra la fabricación, comercialización e importación ilícita de
productos pirotécnicos.
e. Desarrollar campañas de sensibilización y concientización sobre medidas de seguridad sobre
el uso y tenencia de armas, explosivos y municiones.
f. Optimizar las acciones de control y monitoreo de los servicios de seguridad que prestan las
empresas privadas.
g. Banco de datos con informaciones de empresas privadas de vigilancia y registros de armas.
2.5 Policía Nacional del Perú
a. Misión y funciones de acuerdo Constitución Política del Perú y sus leyes.
b. Potenciar la labor de registro y organización de juntas vecinales, rondas urbanas y rurales a
favor de la seguridad ciudadana.
c. Coordinaciones con sectores públicos y privados nacionales, regionales y locales para
adoptar medidas contra la inseguridad ciudadana.
d. Coordinación con el instituto de estadística (INEI) para empadronamiento de pobladores.
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e. Coparticipar en seminario/ taller programados en zonas de alta incidencia delictiva, sobre
seguridad ciudadana y derechos humanos.
f. Priorizar modernización organizacional de la PNP
g. Fortalecer sistema de régimen disciplinario, la lucha contra la corrupción y las prácticas de
transparencia y rendición de cuentas en la PNP
h. Fortalecer la operatividad de la PNP orientada al eficaz y eficiente servicio al ciudadano a
nivel nacional, estableciendo claro indicadores de productividad
i. Optimizar el nivel de coordinación con el Ministerio Público, los gobiernos, nacional,
regionales, locales, entidades públicas y privadas para reducir los factores que afectan la
inseguridad ciudadana
j. Fortalecer las operaciones policiales en coordinación con otras entidades, mediante el
diseño y ejecución de planes tipos específicos para garantizar una mejora vigilancia y
prevención de los delitos y faltas que afectan la Seguridad Ciudadana
3. Ministerio de Justicia
a. Capacitar y difundir aspectos legales y judiciales en derechos y deberes ciudadanos.
b. Ampliar cobertura de abogados de oficio en Juzgados de Paz Letrados en Comisarías.
c. Compartir estadísticas sobre ejecución de penas.
d. Realizar campañas para denunciar la impunidad de los delitos.
e. Fortalecer mecanismos de conciliación extrajudicial a nivel nacional.
f. Acelerar transferencia penales al Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
g. Personal INPE en Juzgados de Paz Letrados para aplicación de penas.
h. Seminario / talleres para familiares de internos.
i. Mejorar programas de reinserción de internos.
j. Fortalecer Procuradurías públicas con profesionales competentes para ejercer la defensa del
estado contra los funcionarios corruptos y corruptores.
k. Difundir permanentemente la relación de funcionarios Públicos sentenciados y cesados de la
administración pública por corrupción comprobada.
l. Propiciar normas legales que incrementen las penas de los delitos cometidos por
funcionarios públicos en ejerció de sus funciones, sin beneficios penitenciarios.
f. Crear centros penitenciarios para sentenciados por delitos calificados o agravados en zonas
alejadas de las urbes; y para otro tipo de infractores, establecer centros tecnológicos
dotados de medidas de seguridad carcelaria para que cumplan los fines de readaptación,
rehabilitación y resocialización.
m. Promover –entre otras- normas legales que disminuya la responsabilidad restringida con
pena privativa de libertad de menores de edad a partir de los 14 años comprometidos en la
comisión de delitos agravados o en banda
4. Ministerio de Economía y Finanzas
a. Ampliar cobertura de programas de incentivos por resultados a Comisarías.
b. Esfuerzos para que policías tengan remuneraciones justas y suficientes.
c. Presupuesto para brigadistas y colaboradores.
d. Promover normatividad para otorgar recursos adicionales en zonas de conflictos sociales.
e. Atender crónico déficit de apertura del presupuesto del MININTER
f. Crear fondo temporal para escuelas regionales Policía Nacional del Perú (PNP) con
aprobación de crédito suplementario.
g. Asesorar a órganos del sistema de Seguridad Ciudadana en proceso presupuestario.
h. Aprobar créditos suplementarios para equipamiento y capacitación en Seguridad Ciudadana.
i. Seminario / talleres a población sobre administración de recursos familiares.
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j. Garantizar mediante la creación de un fondo económico la asignación de recursos
financieros suficientes para el funcionamiento eficiente del SINASEC y demás entidades del
Estado comprometidas en el Plan Nacional
5. Ministerio de Educación
a. Promover participación en “Escuela de Padres”, educación familiar y comunidad en general.
b. Asesorar a órganos del Sistema de Seguridad Ciudadana en proceso educativo.
c. Incrementar programas educativos, deportivos, recreativos y preventivos de reinserción
de menores en riesgo.
d. Coordinar con PNP programas de autoprotección escolar.
e. Otorgar becas y/o estímulos con programas educativos en zonas sociales críticas con apoyo
dela PNP.
f. Intensificar campañas de alfabetización y cultura de valores con instructores PNP y
voluntarios.
g. Incorporar formación cívica y seguridad ciudadanía en tema curricular con apoyo de
participación de personal PNP.
h. Seminarios / talleres a población de zonas de mayor incidencia delictiva sobre hogares.
i. Promover la práctica de normas morales, éticas y respeto irrestricto de la ley
j. Difundir permanentemente programas culturales y promoción de convivencia pacífica
k. Apoyar las acciones cívicas en coordinación con la Policía Nacional del Perú
6. Ministerio de Salud
a. Intensificar campañas contra pandemias, sida, etc.
b. Intensificar campañas contra el uso indebido de drogas y alcoholismo.
c. Realizar campañas sobre educación sexual.
d. Apoyar las acciones cívicas en coordinación con la Policía Nacional del Perú.
e. Desarrollar programas de capacitación en primeros auxilios.
f. Desarrollar programas de rehabilitación física y de salud mental.
g. Promover centros educativos y comunidades saludables.
h. Seminario / talleres preventivos de salud.
i. Ampliar cobertura de campañas de vacunación masiva.
7. Ministerio de Transportes y Comunicaciones
a. Optimizar proceso de otorgamiento de licencias de conducir.
b. Autorizar a la Policía Nacional del Perú (PNP) consulta en línea del Registro Nacional de
Vehículos.
c. Exigir cumplimiento de procedimientos de entrega de autorizaciones para transportes
masivo.
d. Crear módulos que sirvan de ensayo para los conductores y peatones (parques temáticos).
o. Mejoramiento de infraestructura vial y apoyo a la Policía Nacional del Perú para el
desbloqueo de vías en conflictos sociales.
p. Impulsar la legislación sobre Seguridad Ocupacional.
e. Generar centros de descanso para conductores y transportistas en carreteras con custodia
policial.
f. Mayor control a radios clandestinas generadoras de conflictos.
g. Apoyar las acciones cívicas en coordinación con la Policía Nacional del Perú
h. Seminarios / talleres sobre reglamento de tránsito y seguridad vial.
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8. Ministerio de la Producción
a. Promover el apoyo de la empresa privada para desarrollar programas de acción cívica,
previsión de conflictos y reinserción social.
b. Incentivar la promoción de las PYMES en la producción nacional.
c. Intensificar el control al tratamiento de insumos químicos y residuos industriales.
d. Talleres a la población de zonas de mayor incidencia delictiva sobre pequeñas y medianas
empresas (PYMES).
e. Impulsar la legislación sobre Seguridad Ocupacional.
f. Apoyar las acciones cívicas en coordinación con la Policía Nacional del Perú
9. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo e Integración
a. Intensificar campañas desensibilización de respeto y apoyo al turista.
b. Desarrollar programas de promoción del turismo entre operadores de la seguridad
ciudadana.
c. Promover con la Policía Nacional del Perú (PNP) la seguridad tecnológica en los circuitos
turísticos.
d. Plan para incorporar población de zonas de mayor incidencia delictiva en labor a favor del
turismo.
e. Seminarios / talleres sobre el rol del ciudadano en el turismo nacional al fomento del
turismo.
f. Apoyar las acciones cívicas en coordinación con la Policía Nacional del Perú
10. Ministerio de Relaciones Exteriores.
a. Canalizar cooperación internacional para programas de proyección social en Seguridad
Ciudadana y defensa del medio ambiente.
b. Alertar oportunamente sobre hechos internacionales que impliquen riesgo inminente para
la Seguridad Ciudadana en el país.
c. Promover capacitación de operadores nacionales de seguridad ciudadana en el extranjero.
d. Informar experiencias exitosas de otros países sobre aspectos de Seguridad Ciudadana.
e. Informar avances de sistemas y equipamiento tecnológicos en Seguridad Ciudadana en el
extranjero.
f. Fomentar alianzas estratégicas con organismos internacionales con reconocido éxito en
acciones de Seguridad Ciudadana.
g. Seminarios / talleres sobre rol del consulado del Perú en el extranjero a favor de ciudadanos
peruanos; así como contribuir a difundir la imagen del país en el mundo.
11. Ministerio de Agricultura
a. Promover creación de granjas taller y capacitación agrícola para programas de reinserción
social.
b. Intensificar acciones de control a través de INRENA para contrarrestar la tala ilegal.
c. Diseñar mecanismos para una gestión ambiental integrada y solucionar conflictos sobre el
aprovechamiento del agua en actividades agropecuarias.
d. Optimizar los niveles de coordinación y comunicación entre actores de la producción agraria
para prevenir conflictos sociales.
e. Implementar programas de arborización y reforestación.
f. Seminarios / talleres: población en riesgo para la creación de granjas / huertas.
g. Apoyar las acciones cívicas en coordinación con la Policía Nacional del Perú
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12. Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo
a. Alertar a la Policía Nacional del Perú (PNP) sobre potenciales medidas de fuerza de gremios
en conflicto.
b. Potenciar programas sociales como “a trabajar urbano”.
c. Potenciar e intensificar el trabajo de las mesas de concertación laboral y del Consejo
Nacional del Trabajo.
d. Intensificar los programas de apoyo al empleo.
e. Seminarios / talleres derechos y deberes del trabajador.
f. Impulsar la legislación sobre Seguridad Ocupacional.
g. Apoyar las acciones cívicas en coordinación con la Policía Nacional del Perú
13. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
a. Identificar sectores de la población para priorizar acciones para mejorar calidad de vida.
b. Impulsar campañas orientadas a que la población tome conciencia del ejercicio de sus
derechos ciudadanos.
c. Diseñar estrategias para la adecuada difusión de información relacionada con la
identificación de oportunidades y desarrollo de capacidades de integrantes de la comunidad
de mayor pobreza.
d. Fomentar el desarrollo de programas sociales específicos orientados a superar las
vulnerabilidades de sectores de la población en riesgo en coordinación con otros sectores
gubernamentales y la PNP.
e. Desarrollo de seminarios talleres para potenciar la capacitación de población en estado de
pobreza para neutralizar la marginación y discriminación sociales.
f. Apoyar las acciones cívicas en coordinación con la Policía Nacional del Perú
14. Ministerio de Defensa
a. Fortalecer la cooperación con la PNP, proporcionando la inteligencia que procese sobre
hechos que afecten la seguridad ciudadana.
b. Colaborar con los operadores de seguridad en los programas de acción cívica y proyección
social en zonas de fronteraspara fortalecer el civismo nacional.
c. Seminarios / talleres sobre rol Fuerzas Armadas con la intensificación de programas de
visitas a instalaciones militares.
15. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
a. Apoyar programas sociales diversos como “a trabajar rural”.
b. Promover programas de orientación y reinserción para menores en riesgo.
c. Desarrollar cursos de capacitación para operadores de Seguridad Ciudadana.
d. Potenciar y ampliar centros de atención a víctimas de violencia familiar y menores en riesgo.
e. Seminarios / talleres: efectuar programas de orientación y prevención de violencia familiar.
f. Apoyar las acciones cívicas en coordinación con la Policía Nacional del Perú
16. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
a. Promover programas de ampliación de servicios básicos en viviendas en zonas urbana y
rural.
b. Fomentar la conciencia de seguridad en las construcciones de edificaciones.
c. Promover talleres de capacitación laboral en el área vivienda y construcción como
programas de reinserción social.
d. Seminarios/talleres sobre medidas de seguridad en viviendas.
e. Impulsar la legislación sobre Seguridad Ocupacional.
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f. Apoyar las acciones cívicas en coordinación con la Policía Nacional del Perú
17. Ministerio de Energía y Minas
a. Fomentar la seguridad en el comercio y transporte de material y/o residuos radioactivos.
b. Establecer mecanismos preventivos de conflictos entre empresas mineras energéticas y la
población.
c. Controlar impacto ambiental negativo en explotación de yacimientos (relaves) de minería
informal.
d. Seminarios / talleres sobre defensa de contaminación ambiental y riesgos de la minería
informal.
e. Impulsar la legislación sobre Seguridad Ocupacional.
f. Apoyar las acciones cívicas en coordinación con la Policía Nacional del Perú
18. Ministerio del Ambiente
a. Identificar y difundir zonas en riesgo en el tema del medio ambiente y ecología a nivel
nacional.
b. Fomentar campañas educativas para la comunidad nacional sobre medidas de protección
del medio ambiente y ecología.
c. Fomentar el desarrollo de seminarios talleres para informar a la población de las amenazas
existentes contra el medio ambiente y la ecología; y sus efectos en la vida y seguridad de las
personas.
d. Apoyar las acciones cívicas en coordinación con la Policía Nacional del Perú
ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS
1. Instituto Peruano del Deporte
a. Desarrollar campañas motivacionales, promocionando la práctica del deporte en todas sus
disciplinas.
b. Promover la construcción de complejos deportivos en zonas de menor desarrollo.
c. Desarrollar programas de capacitación para promotores deportivos PNP.
d. Implementar, desarrollar y potenciar programas deportivos y recreativos a nivel nacional.
e. Seminarios / talleres población en riesgo, sobre importancia del deporte en el desarrollo
humano.
f. Apoyar las acciones cívicas en coordinación con la Policía Nacional del Perú
2. Instituto de Defensa Civil
a. Fomentar la conciencia de seguridad en la población.
b. Organizar simulacros permanentemente e informar a la comunidad sobre las acciones
preventivas que deben adoptarse.
c. Incentivar a la participación proactiva de las autoridades nacionales, regionales y locales
sobre seguridad de la población.
d. Prestar auxilio y apoyo a los damnificados de siniestros.
e. Llevar a cabo seminarios / talleres para la población, sobre diversos temas de defensa civil.
ENTIDADES DE LA SOCIEDAD
1. Consejo Nacional de Prensa
a. Fomentar en sus agremiados el sentido de la repercusión de las noticias y el impacto social
en la conciencia de seguridad ciudadana y el respeto a la dignidad de las personas.
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b. Educar a la ciudadanía difundiendo mecanismos de autoprotección y prevención sobre
temas de Seguridad Ciudadana.
c. Incentivar la participación proactiva de la población en acciones de Seguridad Ciudadana.
d. Impulsar la adopción de mecanismos que coadyuven a la protección de la identidad de
agraviados y testigos de hechos delictivos fin de evitar represalias contra éstos.
e. Seminarios / talleres sobre rol social de la prensa objetiva y veraz en la transmisión
ponderada de noticias.
2. Sociedad en General ( Organizar y/o participar en Seminarios/Talleres)
a. Boys scouts.
b. Bomberos.
c. Colegios profesionales.
d. Fundaciones, asociaciones y clubes departamentales y provinciales.
e. Organismos comunales diversos.
f. Iglesias sin distingos de credo religioso.
g. Instituciones educativas, culturales y deportivas.
h. Organismos no gubernamentales.
i. Universidades públicas y privadas.
j. Empresas privadas.
Finalmente, convergen otras causas como la poca competitividad y compromiso de los actores de las
acciones a favor de la Seguridad Ciudadana, la inadecuada estrategia para captar información y
ampliar base de datos de infractores, el desprestigio de la imagen institucional por actos de
corrupción, la improductividad en la función pública por parte de los operadores de justicia, y otros
riesgos de diverso origen (natural o social) que incrementan la inseguridad ciudadana.
1.3 Dimensión Socio-Cultural-Educativa
Las condiciones de pobreza, exclusión, inequidad y marginalidad, en amplios sectores de la sociedad,
se traducen en el debilitamiento del país y una crisis de valores y modelos en la sociedad, lo que
constituye un campo fértil para la delincuencia.
Entre otras, son causas de este hecho: Los hogares disfuncionales que generan violencia familiar que
tienen expresiones diversas, como crisis de valores en sus miembros, sea por falta de formación o por
pérdida sistemática de ellos, por efecto de la presión social o por necesidades urgentes no atendidas,
en el marco de la pobreza. Los hogares disfuncionales, favorecen la desviación de conductas juveniles
antisociales; por ejemplo, si ambos progenitores deben trabajar y cuando llegan al hogar ya no pueden
ejercer ninguna influencia positiva; esos niños y jóvenes crecen expuestos a las malas influencias y
oportunidades. Igualmente, se considera hogar disfunción; aquél en que, a pesar de la presencia o no
ausencia de uno o de los dos padres, éstos no garantizan ser buenos referentes en el hogar, más bien
lejos de ayudar a la buena educación de los hijos; por el contrario, acrecientan las deficiencias en el
modelo educativo, sobre todo en lo relacionado a la débil formación de valores y la desinformación
educativa para generar oportunidades laborales, por falencia de ejemplos positivos.
La escasez de liderazgo proactivo y pérdida de valores, facilita la proclividad criminal y coadyuva a la
labor delincuencial; es decir, se retro-alimenta negativamente, cuando a través de actos delictivos se
pueden lograr satisfacciones inmediatas, que no se obtiene fácilmente con la honradez. El creciente
descrédito de las instituciones, ya sea justificadamente o no, en particular de la policía e instituciones
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cuya función es cautelar el Orden Interno, la seguridad, la adecuada Administración de Justicia y el
ejercicio de los valores, son factores que favorecen la tendencia criminal.
A falta de un compromiso entre el Estado y la sociedad basada en mutuas recriminaciones de falta de
intereses comunes y de cooperación. El Estado, con sus altísimos niveles de corrupción, entendido
como el sector público: Gobiernos Nacional, Regionales Provinciales y Distritales, instituciones en que
actúan los Operadores de Justicia en las instancias policiales, Ministerio Público, Poder Judicial,
Régimen Penitenciario entre otros; el Congreso de la República y el Ministerio de Justicia, por un lado;
la sociedad, organizada en entidades y las representaciones vecinales y territoriales, también con
algunos niveles de corrupción y descrédito.
Esta situación se produce por la poca presencia del Estado en el territorio nacional, tanto en las
ciudades como en las áreas rurales, la escasez de políticas y estrategias de acercamiento y escucha a
las reales necesidades sociales. La débil identidad de la población con el Estado Peruano, que en lo
real, no reconoce la interculturalidad y donde algunas veces los medios de comunicación difunden una
imagen negativa de nuestra realidad, con exagerados enfoques violentistas o sensacionalistas.
La falta de participación ciudadana por la inadecuada coordinación y acción entre las organizaciones
comunales y autoridades, en parte, debido a la insuficiencia de espacios de encuentro y coordinación
de los miembros de la sociedad con el Estado, que adolece de adecuados canales de comunicación que
sean reservados, confiables, respetuosos y efectivos.
La pobreza, exclusión, vicios, violencia, condiciones sociales de inseguridad, no se combate por esa
falta de confianza, ausencia del Estado, la mala actitud de muchas autoridades y; finalmente, el miedo
de la sociedad a organizarse para derrotar a la delincuencia, por falta de credibilidad en el accionar del
Estado, así como por la ausencia de formación en valores, educación que promueva la conciencia y
sensibilidad y el convencimiento de que una forma eficaz con la que se puede derrotar a la
delincuencia es la acción coordinada del binomio Gobierno-Sociedad.
Las sociedades en el tiempo, experimentan cambios, los mismos, que responden a la presencia de
personajes que con ciertos atributos, se convierten en guía hacia el desarrollo de sus propias
comunidades; este atributo irremplazable, se denomina Liderazgo.
Una sociedad sin líderes, recorta las posibilidades de reales cambios en sus estructuras sociales; y
cuando se alude al liderazgo, no nos estamos refiriendo tan sólo, al liderazgo gubernamental, sino al
liderazgo comunal.
En este sentido, los Gobiernos Central, Regionales, Locales (Provinciales y Distritales), deben
fundamentar su administración, en el descubrimiento, incorporación y fortalecimiento de aquellas
personas que dentro de la comunidad, por sus perfiles personales y/o profesionales, son en el campo
de los hechos, verdaderos líderes a quienes se les debe convocar y apoyar como una política
gubernamental para encaminar hacia el logro de metas y objetivos comunitarios. Se observa que las
acciones gubernamentales, descuidan como política, la identificación de estos personajes, que gozan
del apoyo de los ciudadanos en donde domicilian o viven; con los cuales, cualquier tarea a ejecutar
garantizará su resultado en términos exitosos.
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Potenciales líderes que viven en la comunidad deben ser incorporados a la tarea gubernamental, con
aquellos que gocen de la ascendencia y respeto del vecindario y que incluso generan propuestas de su
propia comunidad; ésta sería una mejor forma de garantizar la identificación y defensa de las
disposiciones que emiten las autoridades y defensa de obras realizadas en un clima de gobernabilidad.
De otro lado, la vida en sociedad tiende siempre a alterarse por la existencia de una serie de
situaciones, generadoras de tensión y conflicto; y que últimamente se han acrecentado, hasta el
extremo de producir zozobra, intranquilidad en los lugares en que se presentan; tenemos dentro de
estos gremios al que aglutina a los choferes de taxi o moto taxi, construcción civil, ambulantes,
Programa Vaso de Leche, Programa Regulación de rutas, etc.; los mismos, que deben ser materia de
Registro y adecuada administración por ser a veces generadoras de actos de violencia pública que
afectan la Seguridad Ciudadana.
Por último, reconocemos la importancia que tiene la información estadística para medir situaciones o
problemas sociales y su incidencia en la toma de decisiones gubernamentales; pero es el caso, que por
ser una técnica muy especial y a veces de difícil entendimiento por los miembros de la comunidad; es
menester, que se diseñen, desarrollen y apliquen dentro de criterios extremadamente profesionales
pautas técnicas, para evitar distorsiones u otra situación, en donde no se puede descartar que existan
sesgos que no coadyuven a conocer verdaderamente las circunstancias que afectan la Seguridad
Ciudadana.
Es conveniente, evitar la difusión de este tipo de estadística que sesgadamente interpreta una realidad
y desorienta a la opinión pública; para ello, sería importantísimo, contar con una entidad nacional que
sustente sus apreciaciones en información real, cierta y comprobable, a través de mecanismos, como
el sugerido; es decir, el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana de los delitos y acciones
violentas y de toda otra información sobre hechos que afectan la seguridad ciudadana (hechos
delictivos y hechos no delictivos); que elimine lo que se denomina “cifra oculta”, que es aquella que no
registra la incidencia real de los hechos, debido a que los agraviados, no denuncian ante las
autoridades competentes, porque no confían en la eficacia de su labor, porque piensan que será una
pérdida de tiempo y recursos, dado que el porcentaje de esclarecimiento es muy bajo; o sencillamente
no quieren correr riesgos a represalias o amenazas por los autores de los delitos.
De otro lado hay que reconocer que nuestra sociedad acusa en la actualidad, una serie de males, que
nos permite decir, que va camino a una sociedad complicada, dentro de un escenario de violencia
social con diversas manifestaciones, que son el producto, del influjo de años de fricciones,
confrontaciones colectivas a nivel gubernamental y comunal; alguien calificó a nuestra sociedad, como
un escenario en donde convergen culturas múltiples, cada cual con sus esquemas propios, pero a la
vez confrontacionales unos con otros, somos en el Perú un mosaico pluricultural, con sus
características propias en cuanto, a costumbres, ideas, idiosincrasias, religiones, etc. que en el tiempo
los gobiernos no han sabido administrar en términos de igualdad, inclusión e integración real; donde
los complejos fluyen sin llamarlos, encontrándose una diferencia sustancial entre los hombres, donde
el menos cholo, cholea y desprecia al más cholo; el menos negro, negrea y menosprecia al más negro;
el más blanco minimiza al menos blanco; y así sin mayores argumentos surgen criterios diferenciales
sin mayores reflexiones que determinan la existencia de una sociedad de complejos y acomplejados.
Además hay que contemplar que el Perú vivió por más de una década un fenómeno de violencia social
sin parangón en la historia nacional, era común ver y testimoniar a diario, actos violentos que eran
publicitados por los medios de prensa, que han impactado en el tiempo las conciencias de las
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personas, generando trastornos en las conductas sociales, que no han sido para el Estado Peruano
prioridad atender, provocando las secuelas que ahora de alguna manera todos sufrimos como lo es la
inseguridad ciudadana.
La sociedad, como se ha dicho anteriormente, está plagada de hogares disfuncionales, donde la
presencia física paterna y/o materna se encuentran ausentes de la casa por razones de trabajo u otro
privando a los hijos del cuidado y educación; o en su defecto, existiendo estos progenitores en casa, no
significan ningún referente de buen ejemplo para el desarrollo de los críos; recayendo en el mejor de
los casos en las personas que cumplen la labor de empleadas del hogar, la sustitución del referente
educativo con todas las complicaciones que ésta representa; esta situación es cada vez más frecuente
y peligrosa, generando un caldo de cultivo muy negativo para el desarrollo normal de los niños y
jóvenes; y por ende de los futuros ciudadanos del Perú.
El influjo de la tecnología moderna, con el uso del internet y las redes sociales, sin control, cuyos
contenidos muchas veces son inciertos y preocupantes, para la salud psicológica de los menores de
edad; que se ven bombardeados por acción de la violencia social, la pornografía, etc. que afectan al ser
humano, generando estigmas que en el tiempo que son difíciles de revertir, sobre todo cuando no hay
un seguimiento social a este pernicioso accionar.
Una persona cuando tiene una determinada enfermedad física, ya sea por el dolor o el malestar que la
provoca, recurre al profesional médico para que le resuelva el problema de salud; pero qué sucede
cuando los síntomas no son físicos , ni percibidos tan fácilmente, y por el contrario, van minando la
conciencia y la salud mental de la persona afectada, convirtiéndola en un peligro latente, que muchas
veces, logramos conocer o descubrir muy tarde, cuando ya se produjo los efectos de estos problemas
que se llevan en el alma y por lo tanto, no se exteriorizan, como sucede con otros males del cuerpo.
Esto no solamente involucra al ciudadano de a pie; sino también aquellas personas que como el caso
de los operadores de justicia, dada la carga emocional que significan las labores complicadas que
realizan, se ven bombardeados cotidianamente por hechos extremadamente crudos y violentos, que
afectan su salud psicológica y que se convierten en detonadores sociales que se grafican en resultados
nefastos para la administración de la convivencia pacífica en la comunidad.
En este sentido, alcanza una gran relevancia, que el actual Congreso de la República, se encuentre
evaluando una iniciativa legislativa tendiente a abordar esta temática tan apremiante para la salud
moral, espiritual y psicológica de los ciudadanos, planteando un Proyecto de Ley de Prevención de la
Salud Psicológica para disminuir la inseguridad ciudadana en una sociedad que ahora se califica como
anómica (“Donde lo bueno es malo y lo malo es bueno”).
Cabe señalar que la población nacional a marzo de 2013, alcanzó a 30’135,865 habitantes, con una
superficie de 1’285,216 Km2, con una extensión de sus costas de 2,414 km, con una dotación de
103,666 efectivos policiales (1 efectivo por cada 290 personas) con una geografía en costa, sierra y
selva con una variedad de climas, diversidad de flora y fauna, con idioma español como lenguaje
preponderante, pero con otras lenguas o idiomas y múltiples dialectos; con una estructura social
diversificada en cuanto a costumbres, idiosincrasia, creencias, etc. y con un crecimiento inorgánico,
que alguien comentó se asemejaba al efecto de los “hipos” pero sin una planificación de desarrollo
mantenida en el tiempo; situaciones comentadas que complican las acciones para enfrentar la
inseguridad.
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El Estado tiene como sustento la sociedad organizada, por lo que, la población constituye un factor
preponderante en el logro de las metas y objetivos de los gobiernos; en este sentido, siendo la persona
humana el actor principal como sujeto activo y pasivo de cualquier acción gubernamental, hay que
detenernos para evaluar el potencial de este elemento social.
Se dice que a grandes males, grandes remedios, y la sociedad en pleno debe tener una capacidad de
reacción importante para resolver proactivamente sus propios problemas; y la Seguridad Ciudadana no
es más que parte de esta realidad. Los problemas siempre van a existir, y existen para ser resueltos, no
para evadirlos, ya que uno aprende no cuando elude los problemas, sino cuando los enfrenta y
sobretodo los resuelve; porque ahí está el verdadero aprendizaje.
El accionar del Estado a través de sus autoridades es una vertiente pero no lo es todo, hay que saber
administrar e involucrar en la solución de los problemas sociales, a la propia población, esa persona
con sus virtudes, sus potencialidades, sus afanes y propósitos; y la capacidad de asumir lo que se
conoce con el nombre de “resiliencia”; es decir, la capacidad humana de asumir con flexibilidad
situaciones límite y sobreponerse a ellas e interiorizar la importancia que significa revertir una
situación negativa y desfavorable en otra positiva y favorable; como una demostración de lo que
puede, ser capaz el ser humano de bien.
Finalmente, vemos que este ámbito o dimensión que se califica como la falta de compromiso
Gobierno-Sociedad organizada, involucra temas como: La población no participa proactivamente en las
acciones a favor de la Seguridad Ciudadana, la Falta de respeto a las leyes y a los derechos de los
demás, la cifra oculta en la información estadística difundidas sobre actos que afectan la Seguridad
Ciudadana, la sociedad demuestra temor y/o conformismo frente a hechos violentos y/o delictivos,
Debilidad o falta de liderazgo gubernamental y comunal.
1.4 Dimensión Económica-Financiera-Presupuestaria
La delincuencia es una forma de negocio -obviamente no lícito- que se rige por las leyes naturales del
mercado informal; existe una fuerte relación de oferta y demanda. Los artículos robados se ofertan a
un precio sustantivamente menor que los precios de venta del mercado formal e informal por los
mismos artículos nuevos -o eventualmente usados también- porque los delincuentes no han invertido
capital en su obtención. Al mismo tiempo, la gente inescrupulosa adquiere artículos robados,
precisamente por su bajo costo y, en muchos casos, no necesariamente por carestía económica, lo que
se da, cuando los compradores son personas con solvencia económica y una alta dosis de cinismo.
El Estado observa al delito de receptación como un tema que no reviste peligrosidad, habiéndose
propuesto modificatorias de leyes con penas casi benignas, no tomando en cuenta, que el ciudadano
de a pie, al ver que el Estado no enfrenta esta problemática como un tema álgido como primera
cadena del incremento de la incidencia delictiva, por el contrario, lo ha tomado muy a la ligera, como
un tema de delito menor, que no reviste peligrosidad; sin embargo, bajo el pretexto de que al no
existir oportunidades y fuentes de trabajo, bajo la cubierta de recicladores y vendedores de segunda
mano, y por último bajo la cubierta de micro y medianos empresarios informales y formales, vienen
comprando y vendiendo productos de latrocinios, a vista y paciencia de las autoridades, quienes se ven
atados de manos, al no tener herramientas legales que permitan de manera frontal enfrentar esta
problemática, y una de ellas, sería la de investigar a estas personas por delito de lavado de activos y
enriquecimiento ilícito (donde hay una alarmante falencia de expertos en este tipo de investigaciones
técnico-contables), con el consecuente proceso de pérdida de dominio de sus bienes. Ya que por
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casuística se tiene conocimiento que los denominados “cachineros” tienen en la mayor parte, casas de
dos pisos, vehículos, etc., que no corresponden a personas indigentes y que no tienen oportunidades
laborales y otras.
Se hace necesario, crear una Oficina de Especies y Bienes recuperados que al momento de la
intervención policial y fiscal, superen los inconvenientes para los agraviados de dichos viene,
relacionados con el hecho de que no puedan ser demostrada su preexistencia con documentos fuentes
(factura, boletas de compra, etc.) o sino no registra denuncias policiales o ante la fiscalía; como hemos
referido, muchos de estos son parte de la cifra oculta que no son denunciados, en algunos casos por
temor y la falta de confianza en sus autoridades, otras por temor a ser agredidos por los delincuentes
ya detenidos, debemos tener alternativas para los casos en que los afectados no tengan los
documentos para acreditar la preexistencia ante las autoridades, con relación a sus denuncias, y
debería tomarse en cuenta para llenar este vacío legal, que se permita a los afectados puedan
denunciar con fotografías, testigos y otros documentos que den la certeza de tener la condición de
agraviados sobre estos bienes que ha sido motivo de latrocinios.
Si el Estado, tiene el firme compromiso de romper este primer eslabón del delito, que es la
rentabilidad económica de los ilícitos penales, estaríamos contribuyendo a reducir la incidencia
delictiva en el país, y que los ciudadanos de hoy en día con una mentalidad de que se encuentran ante
una sociedad anómica (que piensan que lo bueno es malo y lo malo es bueno), adviertan que vender y
comprar objetos de procedencia ilícita, no es una ganga, sino que es un problema que le acarreara
sanciones drásticas.
De igual forma, existe otro eslabón de la cadena de la rentabilidad económica ilícita, el delito de
usurpación (tráfico ilegal de tierras, posesión ilegal de inmuebles y otras modalidades que no han sido
motivo de análisis por el Estado), que el Crimen Organizado, ha visto como fuente de su
enriquecimiento ilícito y lavado de activos, sumado al boom del crecimiento inmobiliario en el país,
que también está muy unido a los delitos de extorsión, lesiones, homicidios, sicariato, fe pública, etc.,
que han permitido que organizaciones delictivas bajo la cubierta de empresas inmobiliarias (que
cuentan con un staff de abogados y contadores), asociaciones de viviendas, urbanizaciones, etc., que
cuentan con el asesoramiento de abogados, contadores, con soporte notarial, etc., hayan advertido
que los vacíos de la normas y la falta de actitud coercitiva de sus autoridades, para lograr despojar a los
verdaderos posesionarios o propietarios de sus bienes inmuebles o predios, dejando a estas personas
en una situación precaria, con el incrementos de suicidios y otras formas de impacto en las víctimas o
agraviados de estos ilícitos penales.
En un segundo orden de ideas, existe oferta de bienes y servicios obtenidos de manera ilegal para
cubrir la falta de atención de determinados servicios que la población de áreas marginales demanda.
En este escenario, se puede ubicar las conexiones clandestinas, el tráfico de tierras, los tramitadores y
muchos otros negocios donde personas sin escrúpulos estafan a ciudadanos que recurren a ellos para
evadir tasas tributarias a veces excesivas, controles y trámites onerosos, con la complicidad de
autoridades y funcionarios de entidades públicas.
La situación de pobreza, exclusión, inequidad y marginalidad, en amplios sectores de la sociedad, que
no justifica el accionar de la delincuencia, no es un indicador directo, ni la causa principal de la
delincuencia, pero sí constituye un factor que puede propiciar el debilitamiento y hasta la ruptura de
los valores, sobre todo cuando las autoridades y funcionarios del más alto nivel como los líderes
llamados a dar el ejemplo, son quienes dan señales negativas, con el mal ejemplo a la sociedad,
generando frustración en quien o quienes ya llevan una carga social producto de su pobreza. En otra
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dimensión social, este paradigma vicioso se reproduce al interior de los hogares, formando así,
ciudadanos sin ética ni valores. Estos hechos producen el debilitamiento del capital social en el país
retroalimentando la crisis de valores y modelos en la sociedad, lo que constituye un campo fértil para
la delincuencia.
Los servidores públicos que forman parte de los circuitos económicos de la corrupción, son de dos
tipos: Por un lado, algunas autoridades o funcionarios que buscan llegar al poder con la finalidad de
lucrar indebidamente con los recursos del Estado y esgrimen expresiones tan infelices como “ahora
nos toca a nosotros” o “la plata viene sola”, y que muchos ciudadanos equivocadamente validan con
expresiones como: “no importa que robe con tal que haga obras” que descarnadamente demuestran
la ineficiencia del Estado. Y de otro lado, servidores públicos que al claudicar e infringir la ley se
justifican a sí mismos, pretextando descaradamente las limitaciones económicas derivadas de sus bajas
remuneraciones; y ello es lamentable, si vemos que entre éstos están los llamados a hacer cumplir la
ley en el marco de la Administración de Justicia en un escenario de respeto mutuo, paz y tranquilidad
sociales; situación que se agrava, cuando el mismo ciudadano de a pie se convierte en parte de la
cadena de corrupción, como agente provocador o consentidor de coimas o sobornos que corrompen el
sistema, afectando la convivencia de la sociedad en donde corruptos y corruptores deben tener igual
descalificación social y sanción penal; porque tan delincuente es el corrupto como el corruptor, e
inclusive este último a diferencia del primero ( quien recibe la coima o soborno) actúa este corruptor
en dos momentos (Primero ejecuta la acción ilegal incluso a sabiendas que generará la impunidad con
el soborno, para en un segundo paso consolidar esta acción a través de la coima)
Igualmente, en este aspecto económico-financiero-presupuestario, no podemos dejar de lado
situaciones que de alguna manera provocan desilusión en la comunidad, cuando se observa en las
entidades gubernamentales, un manejo de la cosa pública que a la vez que es burocrática recae en
irregularidades; sobre todo en el tema de las adquisiciones, las compras logísticas en donde la
honestidad, no es justamente una característica. Sobre este tema, debemos encontrar fórmulas que
proscriban en la gestión pública, las conocidas “coimisiones”, se tiene que encontrar una forma de
reducir al mínimo este perverso comportamiento que debilita el Sistema Democrático.
El aspecto económico tiene una preponderancia vital en las personas, tanto es así, que existen adagios
como “Don dinero, poderoso caballero”; lo que genera en los delincuentes, el propósito de
involucrarse en el delito, porque anteponen el hecho de que podrá burlar la ley y a las autoridades;
porque adicionalmente hay “fórmulas” para “arreglar” sus complicaciones; éstos dan por descontado
todo ello, y es por eso que convierten la habitualidad delictiva en una forma de supervivencia..
Finalmente, esta dimensión económica-financiara-presupuestaria ubica al Estado atendiendo las
necesidades, pero no las vulnerabilidades del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana; y
adicionalmente el problema, que se traduce en la rentabilidad que genera el accionar delictivo,
presentan varias causas: Impunidad del infractor del delito por existencia de sobornos, la informalidad
que favorece el comercio de bienes obtenidos ilegalmente, no hay efectividad en la investigación por
lavado de activos, además dela ineficacia de las leyes frente al accionar de los infractores de los
delitos, falta de información sobre identidad de autores y cómplices de los delitos.
1.5 Estadística Esta es una debilidad que afecta la Seguridad Ciudadana y que se relaciona con los mecanismos de la
adecuada administración de la información; entrega, articulación y coordinación entre las entidades
del Gobierno, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Instituto Penitenciario, la Policía Nacional del
Perú, los Gobiernos Regionales, Provinciales y Locales, y otras entidades públicas y privadas, que
generan que no se pueda contar con los datos reales y verificables para el planeamiento estratégico y
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táctico de la lucha contra la inseguridad ciudadana. En este sentido, es necesario generar sistemas de
datos compatibles y accesos cruzados que contribuyan a reducir los tiempos para optimizar la
investigación y persecución penal de los delitos en general y, dentro de ellos, el crimen organizado, el
tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, y otros riesgos.
Es factible comprobar que el sistema no es capaz de producir información sobre su funcionamiento o
que la produce parcialmente –por ejemplo, se presentan datos sobres el ingreso de las denuncias, pero
no información sobre los tiempos de duración de los mismos, entre otros indicadores indispensables
para conocer el funcionamiento del sistema. Por otro lado, la recolección y producción de la
información no es uniforme, lo que genera desconfianza respecto a los datos producidos por ciertas
instituciones. Así, datos o estadísticas de cierta institución se consideran más confiables que los de
otra. Lo anterior lleva a que los datos y las estadísticas del sistema de información no se compartan, es
decir, cada organismo elabora sus cifras o indicadores de acuerdo con sus criterios, lo que implica que
no se haga viable cruzar información y delinear el trabajo conjunto entre los distintos operadores e
instituciones del sistema de administración de justicia. Sin la producción de información sustancial
relativa al funcionamiento del sistema, los actores trabajan sin coordinación e individualmente,
además al resultar difícil medir el trabajo de las distintas instituciones es posible también que la
información sea contradictoria en cuanto a la realidad de los delitos complejos y otros riesgos que se
presentan en el país, destacando la existencia de lo que se conoce con el nombre de “cifra oculta”. Por
estas razones, los distintos órganos deberían unir sus esfuerzos para crear un sistema, en el cual, hayan
métodos compartidos de información. Tener acceso a esas bases de datos contribuye a mejorar las
fuentes de información, que permite optimizar la labor funcional de cada una de las entidades
comprometidas en la Seguridad Ciudadana. En ese orden de ideas, se hace necesario, la creación del
Observatorio de Seguridad Ciudadana, que permitirá contar con la información estadística oportuna,
que redundará en un mejor análisis permanente y sistémico del flujo y reflujo de la información, que
producirá información procesada de forma oportuna, eficiente y eficaz, para ser utilizada en las
decisiones y acciones que se adopten para contrarrestar la inseguridad ciudadana.
A continuación hemos analizado los cuadros estadísticos del Instituto Nacional de Estadística e
Informática (INEI), que tiene datos interesantes y actualizados hasta el año 2012 (incluso en algunos
casos hasta el 2013) referidos a la Seguridad Ciudadana que han coadyuvado al análisis de la
problemática de la inseguridad ciudadana, siendo interesante conocer lo siguiente:
Datos Estadísticos 2010-2013 en Seguridad Ciudadana Fuente Instituto Nacional de Estadística e
Informática (INEI)
1. Casi el 40% de encuestados fue víctima de un hecho delictivo (individual, familiar o amicalmente); el 12% denunció y el 6% denunció y tuvo resultados.
2. Se ha incrementado del 45% (2010) a 65% (2012) el número de denuncias.
3. La victimización en agravio de mujeres con relación a los hombres ha aumentado en el lapso de agosto 2012-enero 2013 (antes era 3% ahora es 1% de diferencia)
4. El 68% de hechos delictivos denunciados tienen que ver con robo
5. La victimización en delitos de estafa es mayor en personas mayores de 65 años (53.2%).
6. Se ha incrementado porcentualmente (1%) la comisión de hechos delictivos con armas de fuego; éstos, mayoritariamente se cometen en Lima
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7. La población que denunció y obtuvo resultado positivo disminuyó con relación al lapso de agosto a enero entre el 2012 y 2013
8. El 86.7% de la población percibe que será víctima de un hecho delictivo.
9. Entre el lapso de octubre a diciembre de 2012 en comparación a 2011 los hechos delictivos contra la vida el cuerpo y la salud aumentaron en 13.7%; casos de feminicidio 15.8%; delito contra el patrimonio 15.4%; accidentes de tránsito 15.3%
10. Entre el cuarto y tercer trimestre 2012 se han incrementado las denuncias por homicidios en 15.2%
11. Aumento de denuncias por violencia familiar cuarto trimestre 2012 (29,621) en comparación con tercer trimestre mismo año (30,395)
12. El número de denuncias por violencia sexual aumentó en el lapso comprendido entre el año enero-2010 (1,477) a dic- 2012 (1,616)
13. El 92.7% de las víctimas de violencia sexual son mujeres; y de éstas el 72.4% son menores de edad.
14. La PNP ha desarticulado a nivel nacional 4,293 agrupaciones delictivas en el 2012; significando en comparación con el 2011 que se desarticularon 3,845 (diferencia 448).
15. Los accidentes de tránsito considerando el lapso octubre-diciembre 2012 (24,785) comparándolo con el mismo lapso 2011 aumentaron (a 25,346)
16. Las causas de los accidentes de tránsito por ebriedad del conductor (37.7%); exceso de velocidad
(33.5%)
17. Entre los meses de octubre-diciembre 2012 fallecieron por accidentes de tránsito 1,269 personas, comparado con el anterior trimestre del mismo año se incrementaron 386 fallecimientos (1,655) aumentando en 43.7%. (la tercera parte eran menores de edad).
18. El registro de número de detenidos entre 2010 y 2012 se ha incrementado fluctuando entre 18,770 a 25914 en ese lapso.
19. De cada 100 personas detenidas 33 no tenían trabajo, 40 disponían de trabajo eventual.
20. Comparando el cuarto y tercer trimestre 2012 las protestas sociales aumentaron en un 13.4 %
Igualmente, también el INEI estructuró una encuesta dirigida a los jóvenes menores de 30 años de
edad, cuyos datos también resultan interesantes y se precisan a continuación:
Encuesta Nacional sobre la Juventud de 15 a 29 años del Instituto Nacional de Estadística e
Informática (INEI)
1. El 30% de la población nacional son menores de 0 a 14 años.
2. El 60% de la población nacional son menores de 30 años
3. La población femenina supera en 1% a la masculina
4. La población femenina es mayor en el medio urbano y menor en el medio rural
5. Solo el 25% de la población tienen parejas establecidas; de las cuales solamente el 5% han formalizado en matrimonio y el 20% mantiene el estado civil de conviviente.
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6. Los jóvenes en un 66% viven con sus padres, el 7% vive en casa alquilada; y el 7% vive en casa propia
7. El 5% llegan a ser profesionales
8. Solo el 35% de parejas planificaron el embarazo; y el 70% no utiliza métodos anticonceptivos.
9. La percepción de la problemática social se determina con mayor porcentaje en cuatro aspectos en el siguiente orden: la pobreza, la corrupción, inseguridad ciudadana y el desempleo.
10. Los problemas más importantes que afectan a los jóvenes se determinan en el orden siguiente: la delincuencia (pandillaje), falta de oportunidades de trabajo, consumo excesivo de alcohol y drogas.
11. Los atractivos más importantes del Perú: paisajes turísticos, historia y tradiciones, gastronomía y las inversiones.
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Capítulo II
Declaración de Política de Estado en Seguridad
Ciudadana, Visión y Misión del Plan Nacional
de Seguridad Ciudadana
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Capítulo II: Declaración de la Política de Estado en Seguridad Ciudadana; y la
Visión y Misión del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana
2.1 Política de Estado en Seguridad Ciudadana
“Reducción sistemática, permanente, progresiva y efectiva de los factores que favorecen la comisión
de infracciones penales, las acciones violentas y otros riesgos creados por el hombre y la propia
naturaleza que afectan la paz y tranquilidad sociales generando inseguridad ciudadana”.
2.2 Visión del Plan
“Que los integrantes de la sociedad peruana tomen conciencia del rol proactivo que les corresponde
para lograr la paz y tranquilidad en la comunidad, en el marco de la Seguridad Ciudadana con metas y
objetivos de desarrollo nacional, que permita ubicar al país a la vanguardia mundial como modelo a
seguir ante este problema”.
“PERÚ AL AÑO 2018 BALUARTE Y EJEMPLO REFERENTE EN AMÉRICA
LATINA DE UNA ADECUADA GESTIÓN EN SEGURIDAD CIUDADANA”
2.3 Misión del Plan
“El Estado Peruano, en el marco de las Políticas de Estado, con la participación proactiva y
cumplimiento de roles de gobernantes y gobernados, bajo el liderazgo del Presidente de la República,
enfrenta las vulnerabilidades del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, desarrolla actividades
estratégicas y tácticas a nivel nacional en el corto, mediano y largo plazo, y alcanza metas y objetivos
gubernamentales diseñados por el CONASEC, que permitan crear un clima de paz y tranquilidad para
garantizar el desarrollo del país”.
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Capítulo III: Problema de la Inseguridad Ciudadana
Con la aplicación metodológica ZOPP, antes citada, se construyó el Árbol de Problemas, que estableció el
Problema central y sus causas generadoras (Primarias o directas y a partir de éstas, las secundarias y
derivadas), hasta identificar las raíces básicas del problema.
3.1. Esquema General del Árbol de Problemas
Problema Central:
Existencia de Inseguridad Ciudadana por creciente
comisión de delitos y presencia de otros riesgos
Causas Primarias:
Este problema se debe a cuatro causas primarias, las que a su vez tienen causas secundarias, derivadas
y raíces. Los Árboles de cada uno de los problemas y sus raíces se detallan en anexo.
Las Causas Primarias son:
a. Sistema jurídico es ineficaz
b. Ineficacia del Estado en Seguridad Ciudadana
c. Falta de Compromiso Gobierno - Sociedad Organizada
d. Rentabilidad de la Comisión Delictiva
Grafico N° 03 Árbol de Problemas
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Efectos: El problema central es a su vez causante de efectos sobre el territorio. Estos son:
1. Deterioro de la imagen de las Instituciones en el país, debido a:
1.1 Incremento de comisión de delitos y acciones violentas
1.2 Gestión Ineficiente frente a diversos riesgos en el territorio
2. Disminución de las inversiones y el empleo en el país, a causa de:
2.1 Temor e intranquilidad social genera inestabilidad y afecta la gobernabilidad
2.2 Incremento de infractores de la ley y recrudecimiento del crimen organizado
Consecuencia final:
“El país se ve afectado en su desarrollo”
3.2 Construcción del Árbol de Problemas
Para definir y priorizar los objetivos estratégicos es necesario conocer las causas del problema central
tanto primarias como secundarias y derivadas; sólo así se podrá lograr un Plan de Desarrollo
concertado, consentido, defendido y mantenido en el tiempo; pero fundamentalmente entendido
como un acuerdo de voluntades con una orientación clara del desarrollo comunitario.
3.3 Descripción del Árbol de Problemas, Causas y Efectos
Problema Central: “Existencia de Inseguridad Ciudadana por creciente comisión de delitos y presencia
de otros riesgos”
Originado por cuatro causas principales:
1. Causa Principal: Sistema jurídico es ineficaz (Dimensión Legal)
Vacíos y benignidad del sistema penal y penitenciario
El magistrado no puede aplicar medidas contra irresponsabilidad de padres por infracciones
de menores
No hay figura penal que sancione a padres de menores infractores de la ley
Infractores actúan impunemente y se favorecen por la no sumatoria de montos denuncias
en procesos por comisión de faltas
Magistrados no aplican sumatorias de montos señalados en las denuncias por comisión
de faltas debido a la inexistencia de norma penal
Los agraviados y testigos en proceso no colaboran lo necesario por temor a represalias
Las normas son ineficaces en la protección de agraviados y testigos en procesos
judiciales
Ineficacia del sistema penitenciario no impide que delincuentes organicen represalias
Centros de reclusión son inadecuados para la re-educación, readaptación y resocialización
de los internos
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Partida Registral INDECOPI N°00770-2012; Asiento 01 del 17 de Julio 2012; Expediente N° 001206-2012
Infraestructura física inadecuada no favorece rehabilitación y readaptación del interno.
Falta de cuadros profesionales idóneos no favorece rehabilitación y readaptación del
interno.
No hay privación libertad efectiva para delitos que tienen penas menores de 4 años; y esta
medida no es disuasiva.
Legislación vigente posibilita a magistrado el no encarcelamiento de los procesados por
delitos con penas menores a cuatro años
Libre discrecionalidad para la aplicación de los beneficios penitenciarios en los procesos
judiciales afecta la administración de justicia.
Legislación vigente posibilita concesión de beneficios a criterio del magistrado.
Hechos que afectan la Seguridad Ciudadana y que no están calificados en el ordenamiento
Legal del Código Penal Libro III como Faltas siendo infracciones menores que son la antesala
del delito y que deben prescribirse.
Plantear iniciativa legislativa que incorpore al Libro III del Código Penal hechos menores
que deben reprimirse como faltas porque afectan la Seguridad Ciudadana
Aplicación inadecuada de leyes
El control de productividad de la labor de magistrados no es efectivo
Sistema de evaluación de la productividad del Órgano de Control institucional no es
eficaz
No hay una efectiva rehabilitación de internos procesados y condenados
Los mecanismos que son aplicados no garantizan rehabilitación de internos procesados y
condenados
Procedimientos de identificación utilizados actualmente son inoperantes
Se usa la tecnología obsoleta para identificación infractores de las leyes penales
No existen Juzgados de Paz en las jurisdicciones territoriales cercanas a las Comisarías PNP
No se cumple disposición de instalar Juzgados de Paz en jurisdicciones cercanas a las
Comisarías
Dificultades de aplicación de algunos artículos del Nuevo Código Procesal Penal
Reducido número de operadores de justicia e insuficiente capacitación
Falta de presupuesto para la captación de mayor número de operadores de justicia.
Procesos de capacitación de operadores de justicia es insuficiente.
Condiciones de trabajo no son las adecuadas para un ejercicio eficiente de operadores de
justicia
Carencia de proyectos para edificación de infraestructura física para labor de Operadores
de Justicia.
No hay un adecuado aprovisionamiento, racionalización y control de medios materiales.
No existe un procedimiento unitario y descentralizado en labor criminalística.
Existencia de descoordinación, duplicidad de funciones, dispendio de recursos
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No existe una buena coordinación funcional permanente entre miembros PNP y Fiscales
para desarrollo de diligencias investigatorias.
No existe apoyo criminalístico para las diligencias investigatorias en la región; y se cuenta
en Lima con dos entes del Estado (MP y PNP) para brindar el mismo servicio.
Pérdida de tiempo y recursos cuando se tienen que duplicar o replantear el desarrollo de
diligencias producto de las descoordinaciones funcionales.
Existencia de situaciones en los procesos favorecen indebidamente al infractor y son
explotados por su defensa
Ausencia del Fiscal en diligencias ocasiona cuestionamiento y desestimación de pruebas
acumuladas u obtenidas en el proceso investigatorio.
Existencia de factores en diligencias preliminares conducidas por el MP dificultan
obtención / validez de indicios y pruebas
Casos de corrupción funcional en Administración de Justicia
No hay sanción penal y/o administrativa ejemplar a involucrados en corrupción.
Existiría debilidad en la acción efectuada por las autoridades contra los infractores.
Existiría complacencia en la acción efectuada por las autoridades contra los infractores.
Aparentemente no existiría una política que genere una acción efectiva por parte de
las autoridades para aplicar sanciones justas y ejemplares a los infractores
No se difunden resultados de hechos comprobados de investigaciones por corrupción
No se aplica mecanismos obligatorios de difusión de casos comprobados, en campaña de
moralización
Existen casos de ineficiencia funcional en gestión de la Administración Pública
No hay sanciones ejemplares por falta de una política de gestión administrativas y estímulo
al personal
Existiría aparente debilidad y complacencia de algunas autoridades para aplicar
sanciones justas y ejemplares a los infractores.
No se aplican medidas de estímulo a servidores competentes.
Instrumentos de gestión de recursos humanos serían obsoletos e inadecuados.
No hay una ejemplar sanción administrativa a conductas infractoras menores en la labor de
rutina diaria, que reportan el incumplimiento de obligaciones funcionales.
Los mecanismos de control ineficaces generan inercia e improductividad en el ejercicio
funcional.
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2. Causa Principal: Ineficacia del Estado en Seguridad Ciudadana (Dimensión Política y Técnica)
Conceptualización de Seguridad Ciudadana es inadecuada
Normatividad vigente (incluyendo la constitucional) es difusa y contradictoria referente a la
seguridad ciudadana.
No se han planteado normas claras sobre roles de actores y misiones institucionales en el
ámbito de la “Seguridad Ciudadana”.
Poca competitividad, compromiso y especialización en los actores de la Seguridad Ciudadana
Carencia de suficientes cuadros de profesionales especializados en la función policial contra
la Inseguridad Ciudadana.
No se ha privilegiado la función policial de prevención de delitos y faltas penales.
No se reconoce gubernamentalmente la importancia de la especialidad operacional en la
función pública de las Fuerzas del Orden.
No se respeta la institucionalidad de las entidades u organismos del Estado en la función
pública vinculada con la Seguridad Ciudadana.
Inadecuada estrategia para captar información e incrementar base de datos tecnológica en la
región.
Procedimientos empleados para la captación de información son inoperantes
No hay un canal de comunicación de los vecinos de zonas con presencia delictiva.
Se carece de una base de datos tecnológica con información idónea y actualizada.
Desprestigio de imagen institucional por actos de corrupción
Los mecanismos utilizados para cautelar la imagen y prestigio de la administración pública
por actos negativos son ineficaces.
No se ha hecho patente la implantación de una férrea voluntad gubernamental para
controlar actos de corrupción.
No se utiliza indicadores técnicos en la medición de productividad e idoneidad
funcionales.
Improductividad en la función pública por parte de los Operadores de Justicia.
El Estado no garantiza la existencia de condiciones favorables de Seguridad Ciudadana.
Algunas medidas u omisiones gubernamentales generan desmoralización y desaliento en
los operadores de justicia (Ceses o pases al retiro arbitrarios, incumplimiento de
promesas de mejoras económicas, etc.).
Existe falta de compromiso con la función de parte de los operadores de justicia.
Preparación técnica y/o profesional de Operadores de Justicia es insuficiente.
Bajas remuneraciones de algunos Operadores de Justicia.
Programas de Bienestar social a favor de la familia de Operadores de Justicia son
deficitarios.
Modalidad del servicio policial que desconoce el derecho a descanso y reposo no
contribuye a eficiencia en el desempeño de la labor funcional.
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Existencia de riesgos de diverso origen que incrementan la inseguridad ciudadana.
Existen personas con trastornos de salud mental en las calles, sin atención médica.
No se monitorean casos de personas afectadas en su salud mental con los consiguientes
riesgos para la seguridad de la comunidad que ello representa.
No se efectúa un adecuado tratamiento y control de las personas adictas a las drogas y
bebidas alcohólicas
Presencia de factores de riesgo que afectan la salud pública.
Falta de adecuado control de la propagación de enfermedades que afectan la salud
pública en casos relacionados con la prostitución en sus diversas formas.
Existencia de prácticas abortivas ilegales y clandestinas.
Incremento de delitos de tráfico de armas, drogas, de personas, órganos y otros.
Falta de una estrategia gubernamental eficaz para frenar delitos de tráfico de drogas
globalizado en sus diversas modalidades.
Se carece de una eficaz estrategia gubernamental para frenar delitos de tráfico ilegal
de personas y de órganos, armas y otros.
Existencia de numerosos accidentes de tránsito que ocasionan víctimas.
Inadecuadas condiciones de las vías e infraestructura vial inciden en aumento de
accidentes.
Ineficaz control de calidad del servicio ofrecido por empresas de transporte público.
Medidas correctivas de tránsito son insuficientes para asegurar la idoneidad de
conductores.
Falta de conciencia ciudadana de los peatones en temas de Seguridad Vial.
Ocurrencias de fenómenos naturales ocasionan siniestros que podrían neutralizarse.
No es suficientemente planificado el sistema de previsión social frente a casos críticos
que se presentan por influjo de la naturaleza.
Falta de conciencia y de colaboración por parte de la ciudadanía frente a medidas
gubernamentales preventivas para reducir riesgos de seguridad.
Delitos en materia de contrabando son factores adicionales de riesgos.
Medidas son insuficientes para controlar actos de contrabando y comercio informal
Actitud impropia de la población favorece contrabando
Otras acciones humanas que impactan negativamente en la Seguridad Ciudadana.
Medidas gubernamentales son insuficientes para controlar actos que afectan la ecología
y el medio ambiente.
Actitud impropia de la población contra hechos que atentan contra la ecología y el medio
ambiente.
Desborde de conflictos sociales exacerbados por desatención del Estado y/o intolerancia
de la población frente a problemas no resueltos
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3. Causa Principal: Falta de Compromiso Estado - Sociedad (Dimensión Social y Cultural)
Falta de participación proactiva de la población en actividades de Seguridad Ciudadana
Ausencia de una férrea cultura cívica, falta de identidad y ejercicio de principios y valores en
los miembros de la población.
Política de Estado es difusa e inefectiva para crear una cultura cívica, identidad y ejercicio
de principios y valores en la población.
Mayoría de la población desconoce e incumple sus deberes como ciudadano ni ejerce
sus derechos en materia de Seguridad Ciudadana.
Los medios de comunicación y de entretenimiento masivos promueven antivalores sin
que exista una acción efectiva de evaluación y censura por parte del Estado y la propia
Comunidad.
La sociedad no confía en la idoneidad del personal de las entidades u organismos vinculados
con la problemática de la Inseguridad Ciudadana.
Los resultados a la fecha en el tema de la Seguridad Ciudadana muestran niveles de
ineficacia e improductividad.
Hay muy poca difusión del rol y resultados de acciones exitosas de las entidades públicas
y privadas referentes al tema de la Seguridad Ciudadana.
Falta de respeto a las leyes y derechos de los demás
Sistema educativo acusa debilitamiento de su esfuerzo para formación y ejercicio del
respeto a leyes y derechos ciudadanos
Se dejó de priorizar o intensificar el dictado dentro del Sistema Educativo de asignaturas
de humanidades (Educación Cívica, ética, Seguridad Ciudadana, Seguridad Vial, etc.).
Con frecuencia los padres no participan con efectividad en la creación de cultura cívica,
identidad, y ejercicio de principios y valores.
No existe en los programas del Sistema Educativo Nacional una asignatura relacionada
con los diferentes aspectos que contiene la temática de la Seguridad Ciudadana y que
incorpore asignaturas de Seguridad Vial, Contaminación y Medio Ambiente, Orden
Público prioritariamente el tema de la prevención, etc.)
Tendencia a imitar actos de ineficiencia y corrupciones de algunas autoridades o actores
vinculadas con la Administración Pública y Privada.
Se ha debilitado la imagen de la autoridad moral de algunos líderes sociales.
Percepción de impunidad de los infractores de hechos delictivos, constituyen aliciente
para acrecentar la voluntad de delinquir de algunas personas.
Existencia de cifra oculta en estadísticas sobre Seguridad Ciudadana
Las estadísticas privadas publicitadas no son confiables por uso de instrumentos
inadecuados y/o en su defecto no se puede descartar la existencia de sesgos de algún tipo.
No existe una entidad gubernamental que registre datos fidedignamente sobre hechos
violentos o comisión de delitos en forma global y pormenorizada que afectan la
Seguridad Ciudadana.
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Carencia de suficientes cuadros profesionales especializados en la Administración Pública
capacitados y expertos en la metodología empleada y dominio de instrumentos idóneos
en estadísticas sobre Seguridad Ciudadana.
No se asignan suficientes recursos por parte del Estado para impulsar la capacitación,
investigación, generación de datos y procesamiento de información estadística en
Seguridad Ciudadana, que puedan hacer observaciones a resultados de estadísticas
publicitadas por particulares sobre esta temática.
Falta de credibilidad en los resultados estadísticos de algunas entidades particulares.
Algunas veces los resultados publicitados en estadísticas, podrían responder a intereses
particulares o sesgos que son contrarios a los objetivos del Estado en Seguridad
Ciudadana.
Sociedad demuestra temor y/o conformismo frente a hechos violentos y/o delictivos que son
exacerbados en la difusión de noticias por parte de algunos Medios de Prensa.
Permanente exacerbación de hechos violentos y/o delictivos en la difusión de material
potencialmente nocivo para la formación de niños y jóvenes por parte de algunos Medios de
Prensa.
No existe una política nacional compartida entre gobernantes y gobernados para
cautelar la difusión de material potencialmente nocivo en la buena formación de la niñez
y juventud.
La población demuestra interés indebido y/o excesivo por la difusión de información
violentista y delictiva.
Se prioriza y privilegia el enfoque de rentabilidad económica por parte de los difusores de
algunos medios de prensa con noticias de contenido violentista y/o delictivo, sin considerar
que es a costa de la salud y moral públicas.
Demanda de la población a lectura de información violentista y/o delictiva que contienen
las noticias difundidas por algunos Medios de Prensa, coadyuvan al incremento de la
rentabilidad de éstos.
No se han encontrado mecanismos para fortalecer la salud y moral públicas en la
comunidad frente a la difusión y rentabilidad que generan las informaciones violentistas
y/o delictivas; dado que hay que reconocer que el Consejo Nacional de Prensa no es
efectivo en la autorregulación de excesos en difusión de este tipo de noticias.
Debilidad o ausencia de Liderazgo Gubernamental y Comunal en aspectos relacionados con la
Seguridad Ciudadana.
Escasa identificación, compromiso y participación por parte de las autoridades y ciudadanía
en general en el desarrollo de acciones conjuntas en pro de la Seguridad Ciudadana.
El mal ejemplo de algunos líderes en el Gobierno Nacional, Regional y Locales, el
Congreso; y autoridades en general generan o incentivan conductas infractoras de la ley
en los ciudadanos.
Desorganización gubernamental y comunal denotan carencia de estrategia para la
identificación, captación y formación de líderes en el tema de Seguridad Ciudadana.
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4. Causas Principal: Rentabilidad de la Comisión Delictiva (Dimensión Económica)
Impunidad del infractor del delito por existencia de sobornos
Subsiste un sistema de corrupción en la Administración Pública
Falta voluntad de algunas autoridades para la administración en forma adecuada de los
casos de corrupción.
No se sanciona al agente de la población que promueve el soborno y genera corrupción
de funcionarios para obtener indebidamente ventajas legales y no legales a su favor o de
terceros.
La informalidad es un mercado idóneo para el comercio de bienes y/o productos obtenidos
ilegalmente
Falta control en puntos críticos donde se comercializan dichos bienes y/o productos
No se ha sistematizado la solución al problema de existencia de receptadores.
Actitud inadecuada de la población que constituye la demanda de bienes obtenidos
ilegalmente y que le permite obtener ventajas económicas indebidas que no son
adecuadamente sancionadas
No hay efectividad en la investigación por lavado de activos
Deficiencia investigatoria de lavado de activos en aspectos técnico-contables.
Insuficiencia de cuadros con personal idóneo en investigación técnico-contable por
lavado de activos.
Procedimiento gubernamental con poca efectividad para concretar con éxito
investigación técnico contable por lavado de activos.
Ineficacia de las leyes frente al accionar de los infractores del delito
Por existencia de vacíos, benignidad y flexibilidad de la ley a favor de infractores
Dispositivos legales, no responden al impacto deseado para una realidad social que
busca enfrentar con éxito la lucha contra el delito.
Falta de información suficiente sobre identidad de autores y cómplices de los delitos
Mecanismos de recopilación de información no son confiables ni efectivos.
Los testigos y agraviados no cooperan para la generación de información por temor y
porque piensan que es infructuoso.
No se aplica sistemática y tecnológicamente obtención de inteligencia operativa
integrada a nivel local y nacional.
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Capítulo IV
Vulnerabilidades del Sistema Nacional de
Seguridad Ciudadana
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4.0 Vulnerabilidades del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana Un paso importante para enfrentar adecuadamente un problema, parte del hecho de que en función a
un diagnóstico pre establecido, se pueda identificar con claridad las vulnerabilidades, fallas o defectos
de la situación analizada; este vital paso, vemos que ha sido omitido en la forma cómo se viene
buscando una alternativa eficaz para reducir la inseguridad ciudadana. Si revisamos las opiniones
vertidas por diversos actores de la política nacional, veremos que, los comentarios de éstos,
generalmente están enfocados a que el problema de la inseguridad se va a resolver con medidas que
permitan atacar los efectos de los hechos delictivos; y esta situación no es así, porque no se trata de
incrementar el número de policías, comprar más vehículos, dotar de mayor combustible a los mismos,
adquirir equipos de comunicación, video-vigilancia, etc., ni crear mayor número de unidades o
entidades policiales, entre otros; lo que es preponderante señalar, que no está mal atender las
necesidades; pero podría estar mejor, si estas medidas responden a un enfoque estratégico y táctico
madurado, conocido, ejecutado con carácter obligatorio de manera uniforme y permanente por todos
los involucrados pero atacando el meollo del problema; pero para hacer ello, es imprescindible, que se
parta del conocimiento de cuáles son las fallas, vacíos, defectos y principalmente vulnerabilidades del
Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, información importante que está ausente en el análisis del
problema; y por tanto es una grave omisión gubernamental. Es por ello que en el presente trabajo han
sido identificado las vulnerabilidades, producto de la aplicación de la metodología ZOPP que nos
permitió observar y analizar de manera integral, multisectorial, holística, intergubernamental,
transversal y participativa el problema y determinar las siguientes vulnerabilidades:
2. El Sistema Penal, Procesal Penal, Penitenciario y Administrativo es ineficaz y entre otros aspectos
no permite la individualización personal plena y fehaciente de los infractores de la ley, víctimas de
acciones violentas y otras afectadas por siniestros que afectan la Seguridad Ciudadana. Situación
que hay que resolver encarándolo con mecanismos técnico-profesionales que conviertan en
eficiente la labor de los operadores de justicia; aunque debe aclararse, que de por sí solo la
atención de este grave y crónico problema, de ninguna manera, excluye otros factores externos a
éste, que deben también ser parte del análisis y atención.
3. La carencia de un adecuado canal de comunicación entre las autoridades y la comunidad en
general; porque hay que reconocer que el dominio de la información sobre los hechos que
afectan La carencia de un adecuado canal de comunicación entre las autoridades y la
comunidad en general; porque hay que reconocer que el dominio de la información sobre los
hechos que afectan la Seguridad Ciudadana, se encuentran en la misma población, quienes por
vivir en determinada localidad o barrio, les consta la existencia de conductas negativas por parte
de algunos pobladores, la misma población sabe, quien en un determinado medio, es la persona
que infringe la ley, el vicioso, el vago, el trabajador, el que tiene malas costumbres, el foráneo, el
sospechoso, etc.; pero que sucede, se queda con la información relacionada con la identificación
de estas personas; y por qué sucede ello, porque tiene temor a involucrarse, porque el sistema
establecido para enfrentar el problema de la inseguridad, no le garantiza que al revelar datos, no
pueda ser víctima de represalias por parte de los delincuentes, amén de otros factores, que la
pueden afectar en términos de pérdida de tiempo, de dinero e incluso de sus propia salud y vida.
Esta situación tiene que revertirse, porque no es posible que en plena modernidad, en donde
tenemos al alcance instrumentos para favorecer la comunicación entre las personas, como el
correo electrónico, las redes sociales (Twiter, Facebook, etc.), las mismas vías telefónicas, no
estemos utilizando estos mecanismos, para que sobre la base de un sistema de comunicación
ágil, reservado, confiable y efectivo, podamos centralizar y analizar dicha información sobre
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comisión de delitos y otros, para dar golpes certeros a la delincuencia y acabar con el mito del
“delincuente invisible”.
4. Problemas de gestión y falta de compromiso para una participación proactiva de gobernantes y
gobernados y poder enfrentar los diversos factores que generan inseguridad; de revertirse esto, a
nivel gubernamental y de la comunidad en general, no se producirían postergaciones de medidas
gubernamentales urgentes, aprobación de leyes, se dotarían de los medios y presupuestos
necesarios a las entidades que protagonizan la lucha contra el delito y la reducción de otros
riesgos, se actuaría con sensibilidad social, se tomarían las decisiones imprescindibles a nivel de
gobierno que demostrarían que realmente se quiere enfrentar y administrar adecuadamente el
problema de la Inseguridad Ciudadana.
4. Insuficiente cuadros de líderes en la comunidad y el Sector Público gubernamental, lo que es
preponderante, puesto que es el liderazgo con acciones y no tan sólo con palabras, la que
permitirá ser capaces de lograr a través del ejemplo, asestar los golpes vitales a los factores de
inseguridad; en donde vale decir, que las palabras impresionan pero los hechos arrastran.
5. Democracia Nacional está debilitada porque existe una percepción en un sector de la población,
de que el Estado a través de sus autoridades de gobiernos demuestran ineficacia o falta de
voluntad para enfrentar problemas tan graves como la corrupción y otros delitos; y que no
obstante el impacto que tienen la comisión de estos hechos negativos en la conciencia
colectiva de la comunidad, no son priorizadas, generándose impunidad de los infractores; y con
ello, viene el desaliento, la desesperanza, la incredulidad, el escepticismo que grave daño hace a
la salud moral pública.
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Capítulo V
Objetivos a lograr en Seguridad Ciudadana
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Capítulo V: Objetivos a lograr en Seguridad Ciudadana
A partir de la identificación del problema central y las causas que concurren en la configuración de cada uno
de los problemas, se ha determinado el objetivo central y los objetivos estratégicos que contribuirán a
disminuir los impactos de esta situación a superar.
5.1. Esquema General del Árbol de Objetivos
Objetivo Central:
Se reduce sistemática y progresivamente factores que favorecen la
comisión de delitos y otros hechos que afectan la Seguridad Ciudadana
Objetivos Primarios:
Los objetivos primarios definidos son:
a. Se logra eficacia del Sistema Jurídico
(Dimensión Normativo-Jurídico-Legal)
b. Se incrementa la eficacia del Estado en Seguridad Ciudadana
(Dimensión Política-Técnico-Profesional)
c. Se fortalece compromiso del Estado y la sociedad
(Dimensión Socio-Cultural-Educativa).
d. Se reduce en forma gradual rentabilidad de actos delictivos
(Dimensión Económica-Financiera-Presupuestaria)
Grafico N° 04 Árbol de Objetivos
Cada uno de estos objetivos estratégicos se sustenta en los respectivos objetivos específicos
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Indicadores de Logro
Logrando los objetivos específicos, objetivos estratégicos y el objetivo central, se deben alcanzar los
siguientes indicadores de logro:
1. Mejora la imagen de las Instituciones del país, gracias a que:
1.1 Se reduce la comisión de delitos en el país.
1.2 El país es considerado modelo en accionar contra inseguridad.
2. Aumentan las inversiones y el empleo en la región, como efecto de que:
2.1 Se consolida la seguridad y bienestar de la población.
2.2 Se controla accionar del delito y Crimen Organizado sobre la economía nacional.
Indicador superior: “El país logra metas y objetivos para su desarrollo”.
5.2 Construcción del Árbol de Objetivos
Para definir y priorizar los objetivos estratégicos es necesario conocer las causas del problema central
tanto causas generadoras (Primarias como secundarias y derivadas); sólo así se podrá lograr un Plan de
Desarrollo concertado, consentido, defendido y mantenido en el tiempo; pero fundamentalmente
entendido como un acuerdo de voluntades con una orientación clara del desarrollo comunitario.
5.3 Descripción del Árbol de Objetivos
Objetivo Central: Reducir sistemática y progresivamente factores que favorecen la comisión de
delitos y otros aspectos que afectan la Seguridad Ciudadana
1. Objetivo Primario: Lograr eficacia del Sistema Jurídico (Dimensión Normativo-Jurídico-Legal)
Eliminar vacíos y benignidad del sistema penal y penitenciario
Dotar a los magistrados de normas para sancionar penalmente a padres irresponsables
que no cumplan con informar a la autoridad de la situación de pérdida del control sobre
menores que se convierten en infractores de la ley.
Planteando iniciativa legislativa para procesar y sancionar padres irresponsables en el
control de menores infractores de la ley.
Acumular sumatoria de montos de denuncias por infracciones penales menores para el
procesamiento del infractor de la ley por comisión de delitos.
Planteando iniciativa legislativa para sumatoria de montos de denuncias por
infracciones penales menores, cometidas aisladamente para motivar el
procesamiento judicial del infractor por comisión de delitos.
Combatir el temor de agraviados y testigos a represalias de delincuentes en procesos
penales.
Planteando iniciativa legislativa para dotar de mayor protección a la identidad de
agraviados y testigos en procesos penales.
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Ejerciendo mayor control a los internos en los centros de reclusión para neutralizar la
planificación de acciones delictivas en contra de la comunidad, especialmente que
agravia a testigos y agraviados; así como otras personas vinculadas con los procesos
judiciales.
Modernizar procedimientos y centros penitenciarios idóneos para promover efectiva re-
educación, readaptación, rehabilitación y resocialización de los internos.
Planteando iniciativas legislativas de creación de Institutos Tecnológicos adaptados
como centros carcelarios que favorezcan re-educación, readaptación, rehabilitación y
resocialización de los internos.
Promoviendo programas con becas y otros para el perfeccionamiento del personal
penitenciario; así como la intensificación del programa denominado ”FOCOS” que se
conoce se viene aplicando por funcionarios del INPE con éxito en Piura en el
propósito de readaptación de procesados sujetos a medidas de beneficios
penitenciarios.
Hacer efectiva la privación de libertad en delitos con penas menores a cuatro años.
Plantear iniciativa legislativa que permita a magistrados imponer en algunos casos
sanción a delitos con pena efectiva en estos casos
Regular aplicación de beneficios penitenciarios por parte de los magistrados.
Planteando iniciativa legislativa que regule aplicación de beneficios penitenciario
para casos que ofendan gravemente el interés público.
Incorporar en el Código Penal Libro III Faltas las infracciones por hechos menores cuya
comisión con frecuencia afectan la Seguridad Ciudadana y no están previstas en el
ordenamiento legal.
Planteando iniciativa legislativa que incorpore al Libro III del Código Penal
infracciones menores de frecuente comisión y que deben reprimirse como faltas
penales porque afectan la Seguridad Ciudadana.
Aplicar las leyes en forma adecuada.
Optimizar a través de la Oficina del Órgano de Control la productividad de la labor de los
magistrados y personal judicial.
Perfeccionando las acciones del Órgano de control sobre el Sistema de evaluación de
la productividad en la labor de los magistrados.
Crear condiciones para garantizar una efectiva rehabilitación de procesados y
condenados.
Optimizando los mecanismos que coadyuven a la rehabilitación de procesados y
condenados.
Utilizar la tecnología moderna para procesamiento de datos contenidos en el
Documento Nacional de Identidad (DNI) para lograr la identificación plena y fehaciente
de las personas.
Aplicando equipos que ofrece la tecnología moderna para la identificación plena y
fehaciente de infractores de las leyes.
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Partida Registral INDECOPI N°00770-2012; Asiento 01 del 17 de Julio 2012; Expediente N° 001206-2012
Instalar progresivamente sedes de Juzgados de Paz próximos a los locales policiales y
municipales a nivel nacional para la aplicación de sanciones de servicio comunitario.
Planteando la necesidad de cumplir con el compromiso por parte del Poder Judicial
de instalar Juzgados de Paz de coordinación directa con las Comisarías PNP y
municipalidades para la aplicación efectiva de sanciones con servicios comunitarios a
los infractores de la ley.
Eliminar las dificultades que afectan la aplicación del Nuevo Código Procesal Penal
revisando, validando e instrumentalizando con eficacia algunos artículos del Nuevo Código
Procesal Penal.
Incrementar mayor número de Operadores de Justicia con mayor capacitación y
especialización profesional.
Presupuestando el incremento de cuadros idóneos de operadores de justicia.
Programando procesos de capacitación y especialización profesional para los
operadores de justicia.
Dotar de fondos para fortalecer los medios, infraestructura, asignación justa y suficiente
de medios materiales y efectivo apoyo criminalístico.
Priorizando el desarrollo de proyectos de construcción de nuevas sedes para
cumplimiento de labores funcionales de los Operadores de Justicia.
Controlando y supervisando el adecuado presupuesto, provisión y racionalización de
medios materiales para el cumplimiento de sus funciones de los operadores de
justicia.
Concibiendo, programando y presupuestando la existencia de una sola entidad
criminalística del Estado a nivel regional para que cumpla labor de apoyo
criminalístico a las investigaciones por comisión de delitos.
Reducir y/o eliminar las descoordinaciones, duplicidad de funciones y dispendio de
recursos.
Privilegiando y fortaleciendo las coordinaciones funcionales permanentes entre
miembros PNP y Fiscales para desarrollo exitoso de diligencias investigatorias.
Creando un laboratorio de Criminalística regional responsable del apoyo técnico
científico a las investigaciones y no tener que recurrir a los laboratorios de
criminalística que existen en la capital (MP y PNP) que repercute en costos de
tiempo, recursos y muchas veces en la ineficacia de la acción por parte de los
Operadores de Justicia.
Cumpliendo las diligencias investigatorias en el tiempo, lugar y hora programadas en
sujeción al principio de oportunidad e inmediatez para garantizar la adecuada
Administración de Justicia.
Evitar situaciones dentro del proceso que favorezcan indebidamente al infractor y
permitan a su defensa invocar nulidades de actuados.
Diseñando el procedimiento para otorgar valor legal de pruebas obtenidas en
diligencias en donde no se encuentre presente el Fiscal y garantizar el éxito de la
investigación.
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Partida Registral INDECOPI N°00770-2012; Asiento 01 del 17 de Julio 2012; Expediente N° 001206-2012
Diseñando y ejecutando una política y estrategia para eliminar factores que dificultan
obtención / validez de indicios y pruebas en diligencias preliminares
Reducir casos de corrupción en la Administración Pública
Imponer sanciones penales y/o administrativas ejemplares a los que incurren en casos
de corrupción.
Promoviendo la detección y sanción a funcionarios de los Órganos de control que
demuestren debilidad frente a casos de corrupción.
Promoviendo la detección y sanción a funcionarios de los Órganos de control que
demuestren complacencia frente a casos de corrupción.
Colaborando con la implantación de una política firme contra los actos de
incompetencia funcional en la labor de la Administración de Justicia.
Establecer y ejecutar programas de difusión de medidas y acciones moralizadoras del
Órgano de Control.
Creando mecanismos para la aplicación de un programa de difusión de las acciones
moralizadoras.
Elevar el nivel de eficiencia funcional en la Administración Pública
Imponer sanciones administrativas a personal ineficiente; así como premios y
reconocimientos como estímulo al servidor que demuestre eficiencia así como
responsabilidad en el cumplimiento de su función.
Detectando y sancionando a funcionarios y/o servidores que demuestren
insensibilidad en la función pública.
Detectando y sancionando a funcionarios de los Órganos de control que demuestren
complacencia frente a la ineficiencia en la función pública.
Implantando una política firme de sanciones justas y ejemplares a los infractores de
las normas y de estímulo a la gestión eficiente en la administración pública.
Imponer sanciones administrativas a infractores por incumplimiento de obligaciones en
sus labores rutinarias de trabajo.
Creando mecanismos de control más eficaces para generar actitudes proactivas y de
mayor productividad.
2. Objetivo Primario: Lograr eficacia del Estado en Seguridad Ciudadana (Dimensión Política-
Técnico-Profesional)
Clarificar y difundir el concepto y alcance adecuado de lo que significa Seguridad
Ciudadana.
Estructurar normatividad clara y precisa de conceptualización de la Seguridad Ciudadana.
Proponiendo iniciativa legislativa para definir jurídicamente conceptualización y
alcances del término “Seguridad Ciudadana” y su incorporación así a otros artículos
constitucionales.
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Partida Registral INDECOPI N°00770-2012; Asiento 01 del 17 de Julio 2012; Expediente N° 001206-2012
Dotar de competitividad y compromiso de los actores de la Seguridad Ciudadana a través
de la capacitación, especialización y motivación.
Formar cuadros de profesionales especializados en el cumplimiento de la labor en la
función pública relacionada con la Seguridad Ciudadana.
Fortaleciendo la función policial de prevención e investigación de delitos y faltas
penales.
Logrando el reconocimiento gubernamental y el desarrollo de la especialidad
funcional de la PNP en la Seguridad Ciudadana.
Logrando el reconocimiento y respeto a la institucionalidad de las entidades públicas
que velan por la Seguridad Ciudadana.
Aplicar estrategias para optimizar acopio y sistematización de información de inteligencia
operativa en base de datos contra la Inseguridad Ciudadana.
Innovar procedimientos para lograr captación de información de inteligencia contra
inseguridad ciudadana.
Creando un canal de comunicación y base de datos informatizada con apoyo de
sociedad organizada para la Seguridad Ciudadana.
Celebrar alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas para generar un
canal fluido de información para la base de datos a favor de la Seguridad Ciudadana
(RENIEC, entidades bancarias, etc.)
Mejorar la imagen institucional de las entidades vinculadas con la Seguridad Ciudadana
con acciones concretas y efectivas contra la corrupción.
Convocar a las organizaciones públicas y privadas para formar un frente social contra la
corrupción regional.
Promover la suscripción de un Acuerdo Regional de lucha frontal contra la Corrupción
con participación ciudadana; que según información obtenida en los eventos
programados para la validación del diagnóstico, se han dado notorios avances por
parte de la Presidencia de la Corte Superior de Piura.
Establecer un ideario regional contra la corrupción.
Fortalecer las capacidades de gestión administrativa para incrementar la productividad en
la función pública regional.
Fomentar el compromiso, la preparación y la capacitación permanente en la
Administración Pública.
Medidas políticas gubernamentales deben ceñirse al respeto y acatamiento de la
norma constitucional y la institucionalidad de los organismos del Estado y entes
Privados que caracterizan el Estado de Derecho.
Identificando y corrigiendo factores que propician la falta de compromiso por parte
de operadores de justicia.
Reforzando medidas de preparación técnica y/o profesional de Operadores de
Justicia.
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Partida Registral INDECOPI N°00770-2012; Asiento 01 del 17 de Julio 2012; Expediente N° 001206-2012
Evaluando -dentro del marco presupuestario nacional- el incremento de
remuneraciones a los operadores de Justicia y la adopción de otras acciones
regionales para la superación de esta problemática.
Coadyuvando al fortalecimiento a nivel regional de los programas de Bienestar social
a favor de la familia de Operadores de Justicia.
Estableciendo un servicio policial que considere y respete la delicada naturaleza de la
función policial y sus consiguientes días de descanso y reposición de fuerzas como
derecho consustancial de todo trabajador.
Diseñar estrategia que reduzcan riesgos de origen diverso que afectan la Seguridad
Ciudadana.
Auxiliar a las personas con evidentes trastornos de salud mental que merodean las calles
generando un riesgo a la seguridad de las personas.
Desarrollando programas de prevención y control de personas notoriamente
afectadas en su salud mental y que merodean las calles constituyendo un factor de
riesgo contra la seguridad.
Desarrollando programas para el tratamiento y control de personas adictas a las
drogas y a las bebidas alcohólicas.
Reducir los factores de riesgo que afectan la Salud Pública
Desarrollando programas preventivos de salud para reducir el riesgo de contagio de
enfermedades de origen sexual producto de la prostitución clandestina en sus
diversas modalidades en la población vulnerable.
Desarrollando programas y ejecutando campañas contra el aborto ilegal.
Lograr una clara reducción de las diferentes modalidades delictivas relacionadas con el
Tráfico (drogas, armas, personas, órganos, etc.).
Planeando estrategias para frenar comisión de delitos vinculados con las diversas
modalidades de tráfico por parte del crimen organizado (Drogas, armas, personas,
órganos, etc.).
Ejecutando estrategias para el diseño y ejecución de planes modelos o tipos contra
las diversas modalidades de tráfico del crimen organizado.
Reducir los accidentes de tránsito y el número de víctimas.
Mejorando las condiciones de las vías e infraestructura vial para la reducción de
accidentes de tránsito.
Implantando un control eficaz en la calidad del servicio público de las empresas de
transporte.
Imponiendo medidas correctivas de tránsito para mejorar idoneidad de conductores
de vehículos motorizados.
Generando conciencia ciudadana en los peatones sobre el tema de Seguridad Vial.
Adoptar medidas para mitigar y/o evitar los efectos de los fenómenos naturales en la
región.
Priorizando el diseño y ejecución de planes orientados a la identificación y previsión
de riesgos en la comunidad.
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Partida Registral INDECOPI N°00770-2012; Asiento 01 del 17 de Julio 2012; Expediente N° 001206-2012
Masificando campañas educativas para concientizar y fomentar colaboración de los
pobladores frente a los siniestros diversos de índole social o por influjo de la
naturaleza.
Reducir el delito de contrabando en sus diferentes modalidades y el comercio informal
que lo complementa como factor adicional de riesgo para la seguridad.
Diseñando planes específicos y efectivos para controlar actos para reducir el
contrabando y su correlato en el comercio informal.
Ejecutando programas para fomentar en la población, actitudes sociales de rechazo al
contrabando y su correlato en el comercio informal; y el impacto que tienen en la
economía regional.
Regular y controlar otras acciones infractoras que impactan negativamente la Seguridad
Ciudadana.
Identificando casos para contrarrestar desde el gobierno acciones contra la ecología y
el medio ambiente.
Desarrollando programas para fomentar en la población, actitudes sociales de
defensa de la ecología y el medio ambiente.
Adoptando y desarrollando políticas y medidas preventivas, oportunas y eficaces
para evitar desborde de conflictos sociales
3. Objetivo Primario: Lograr mayor compromiso del Gobierno y la Sociedad en la gestión de la
Seguridad Ciudadana. (Dimensión Socio- Cultural-Educativo).
Promover la participación proactiva de la población en la problemática de la Seguridad
Ciudadana.
Crear una férrea cultura cívica, sólida identidad y real ejercicio de principios y valores en
la población
Fijando una Política de Estado de aplicación regional que priorice el fortalecimiento
de la Cultura Organizacional en Piura.
Ejecutando y desarrollando a nivel regional los diversos programas de acercamiento a
la comunidad (Policía Escolar, Taxi y Moto taxi cívico, Club de Menores amigos de la
Policía, Vecino vigilante, Patrullas Juveniles, Gaviota, Colibrí, organización de Juntas
Vecinales, etc.).
Concertando con medios de recreación, esparcimiento y entretenimiento regionales;
sobre este particular, se ha llegado a conocer durante los eventos programados, que
existen acciones promovidas por miembros de la comunidad organizada en Juntas
Vecinales, encargados de la recuperación de parques, que es una labor muy
importante para el desarrollo de una actitud de práctica y promoción de valores y
buenos hábitos.
Mejorar la percepción ciudadana sobre la idoneidad y esfuerzo desplegado por el
personal de las entidades vinculadas con la Seguridad Ciudadana.
Logrando mayor eficacia en los resultados de acciones contra la inseguridad
ciudadana.
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Partida Registral INDECOPI N°00770-2012; Asiento 01 del 17 de Julio 2012; Expediente N° 001206-2012
Difundiendo más el rol y resultados de acciones de las entidades públicas y privadas
que laboran a favor de la Seguridad Ciudadana.
Fomentar conciencia ciudadana del irrestricto respeto a la ley y a los derechos de los
demás
Privilegiando e impulsando la educación teórico y práctica en aspectos relacionados con
el respeto a la ley y derechos de los demás; así como el ejercicio real de principios y
valores.
Reinstaurando el dictado de asignaturas de humanidades (Educación cívica, ética y
deontológica, etc.) en programas escolarizados en los diferentes niveles educativos.
Impulsando programas de información y formación en valores, dirigidos a los padres.
Incorporando en los programas del Sistema Educativo Nacional una asignatura
relacionada con la temática de la Seguridad Ciudadana.
Promoviendo conductas de honestidad que honren la palabra empañada y proscriban la
mentira en los actos de la actividad pública y privada como parte de una nueva cultura
organizacional regional, privilegiando la cultura de la excelencia en las autoridades y
actores sociales diversos de la comunidad.
Fortaleciendo el principio de autoridad en los líderes de moral con acendrado amor a la
verdad y a la justicia.
Proscribiendo drásticamente los niveles de impunidad e inmunidad frente a los hechos
delictivos.
Eliminando distorsión de cifra oculta en estadísticas de incidencia delictiva en Seguridad
Ciudadana.
Utilizando instrumentos idóneos para la recopilación y difusión confiable de información
con fines estadísticos en la temática de la Seguridad Ciudadana, fomentando la
participación proactiva de las entidades públicas y privadas en la entrega de insumos de
información confiable a nivel regional.
Proponiendo norma para la creación de un Observatorio Regional del delito y
acciones violentas con procedimientos que prevean la entrega y recopilación de
información real y comprobada de los diferentes estamentos públicos y privados de
la región.
Estableciendo incentivos para el fomento de investigaciones relacionadas con la
disciplina de estudio estadístico en temas referidos a la Seguridad Ciudadana en las
universidades de la región.
Fijando la asignación de fondos para impulsar la investigación, generación y
procesamiento técnico científicos de datos estadísticos vinculados con la
problemática regional.
Garantizar la veracidad y confiabilidad del contenido y difusión de estadísticas en
materia de Seguridad Ciudadana.
Efectivizando la aplicación de la ley que sancione como delito contra la Fe Pública-
Falsedad, la difusión de información de resultados estadísticos distorsionados
carentes de sustento alguno.
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Crear conciencia ciudadana en la población de rechazo a la exacerbación de hechos
violentos y delictivos.
Solicitando a la Presidencia del Consejo Nacional de la Prensa su apoyo efectivo para
prevenir la adecuada administración de las noticias que exacerban la violencia y delitos
que afectan la salud de la moral y conciencia pública.
Promoviendo Política de Estado regional que sea sostenida, compartida y defendida
para evitar la exacerbación de hechos violentos y delictivos por parte de los
miembros de la comunidad.
Apoyando a la sociedad organizada dentro de la comunidad regional para una toma
de conciencia a través de una actitud de distanciamiento individual y/o colectivo a la
difusión de hechos que constituyan exacerbación permanente y crónica del delito y
de toda forma de violencia social.
Fijar una posición dialogante como autoridades regionales y locales frente a la rentable
actividad de las empresas que difunden crónicamente y en forma exacerbada
información violentista y/o delictiva; que afectan la formación de la niñez y juventud
piurana; y repercute en la salud de la moral pública.
Asintiendo la censura social colectiva firme, seria y pacífica frente a la difusión de
información noticiosa que exacerba crónica y permanentemente hechos
violentistas y/o delictivos que afecta la formación de la niñez y juventud piurana y
repercuten en actos que afectan la Seguridad Ciudadana.
Creando e instituyendo reconocimientos públicos y premios estímulos por la
difusión de información calificada de gran contenido social que difundan valores y
principios a la comunidad y que cautelen la salud de la moral pública regionales
fortaleciendo la identidad regional.
Fortalecer el Liderazgo Gubernamental y Comunal en Seguridad Ciudadana.
Priorizando acciones para lograr la identificación, el compromiso y la participación
proactiva de autoridades y ciudadanos en acciones conjuntas a favor de la Seguridad
Ciudadana.
Promoviendo campañas con apoyo de los medios de comunicación para reconocer y
fomentar conductas ejemplares en los líderes de la sociedad.
Diseñando y ejecutando estrategias para identificar líderes en el Gobierno Regional,
Gobiernos Locales, autoridades; así como en los diferentes estamentos de la
comunidad en aspectos de Seguridad Ciudadana.
4. Objetivo Primario: Reducir gradualmente la Rentabilidad que produce la comisión delictiva
(DimensiónEconómica-Financiera-Presupuestaria).
Librar lucha contra el soborno y la corrupción a nivel regional y su repercusión a nivel
nacional.
Aplicando medidas con sanciones ejemplares por igual tanto al corrupto (sujeto activo)
como al corruptor (sujeto pasivo).
Imponiendo medidas severas contra de autoridades que no administran en forma
adecuada las medidas en los casos de corrupción.
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Suscribiendo un acuerdo regional de rechazo y difusión de hechos comprobados de
soborno y/o corrupción en sus diversas modalidades en la región.
Combatir con efectividad la informalidad que favorece el delito de receptación y
vinculación con el accionar delictivo.
Difundiendo la identidad de personas y lugares donde operan los receptadores de los
bienes productos de la comisión de delitos para conocimiento y dominio público de la
comunidad.
Sistematizando el accionar de las autoridades y población en general para enfrentar a
los receptadores.
Poniendo en práctica medidas de sanción a las personas que siendo parte de la
población adquieren bienes obtenidos en forma ilegal.
Lograr mayor efectividad en investigaciones por lavado de activos en las diversas
modalidades delictivas sistematizando los procedimientos desde su inicio, acción y
resultados.
Incrementando la eficiencia en el resultado de las investigaciones técnicas contables de
lavado de activos en las diversas modalidades delictivas.
Solicitando al MININTER y DIRGEN PNP la priorización, permanencia y fortalecimiento
de cuadros de personal especializado en la investigación de lavado de activos y otros
en la PNP.
Exigir como política regional la difusión en su momento de los resultados –con
responsabilidad comprobada-de casos de las investigaciones técnicas contables por
lavado de activos.
Asegurar la aplicación eficaz de las leyes para reducir la incidencia de infractores del
delito.
Eliminando vacíos y benignidad de las leyes proponiendo alternativas de solución
producto de reuniones de trabajo entre los operadores de Administración de Justicia.
Planteando iniciativa legislativa para sancionar ejemplarmente el delito de
receptación de bienes obtenidos ilegalmente.
Plantear iniciativa legislativa que disponga la investigación de oficio de lavado de
activos en caso de delito de receptación en todas sus modalidades.
Crear una central Nacional con bases de datos tecnológico con registro de los autores y
cómplices en la comisión de los diversos delitos.
Optimizando los mecanismos para obtener mayor información que ayuden a enfrentar la
inseguridad ciudadana.
Identificando los mecanismos para potenciar la obtención y utilización de
información puntual, cierta y comprobada.
Institucionalizando la sistematización de la información en el esquema de la
inteligencia operativa en el país.
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Capítulo VI
Hipótesis y Proyección de Objetivos
Estratégicos
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Capítulo VI: Hipótesis y Objetivos Estratégicos
6 Formulación de Hipótesis
La formulación de Hipótesis como supuesto condicionado para la validación de sus resultados,
constituye el punto departida para el diseño de las estrategias que se aplicarán en este Plan Nacional
orientadas a incrementar los índices de Seguridad Ciudadana y bienestar de su población.
6.1 Hipótesis Principal
Del análisis de las causas primarias y secundarias que se encuentran en el ámbito Normativo-Jurídico-
Legal, Político-Técnico-Profesional, socio-cultural-Educacional; y Económico-Financiero-Presupuestario,
se ha obtenido una caracterización de la problemática que constituye el punto de partida para la
formulación de las hipótesis, como escenarios virtuales para determinar alternativas de solución. En
este contexto, las Hipótesis constituyen las condiciones previas que se tiene que dar para asegurar el
logro de objetivos y el diseño de soluciones con mayor posibilidad de éxito. La hipótesis principal se ha
definido de la siguiente manera:
“La inexistencia de una Política de Estado firme y eficaz en el ámbito de la Seguridad Ciudadana,
afecta el propósito de lograr éxito en la lucha contra la delincuencia y reducción de otros riesgos”
6.2 Hipótesis Secundarias
A partir de la hipótesis principal se ha formulado diez hipótesis secundarias que sustentan el diseño de
Objetivos.
1. A mayor ineficacia del marco jurídico, mayor será el incremento de la criminalidad.
2. El debilitamiento del compromiso del binomio Gobierno-población fortalece el accionar
delictivo en la comunidad.
3. La falta de utilización de mecanismos modernos disponibles para luchar contra el delito,
repercute negativamente con el incremento de la inseguridad ciudadana.
4. A mayor corrupción, inmoralidad pública y resquebrajamiento del principio de autoridad,
menor posibilidad de éxito en la lucha contra el delito.
5. La motivación de rentabilidad económica generada por la comisión de delitos en los infractores
de la ley, es inversamente proporcional a la eficacia que demuestre el Estado en la investigación
de lavado de activos.
6. El ejercicio proactivo de principios y valores de los miembros de la comunidad involucrados en
la solución del problema de la inseguridad, coadyuva al logro de éxitos contra la delincuencia.
7. La exacerbación de hechos violentos y/o delictivos que acrecientan la sensación de inseguridad,
repercute desfavorablemente en el nivel de sensibilización, compromiso y participación social.
8. La duplicidad de esfuerzos, la superposición y/o descoordinación funcional, fallas
administrativas en la labor de operadores de justicia, organismos de gobiernos nacional,
regionales y locales, así como entidades encargadas de la seguridad; influyen negativamente en
el resultado de las acciones para la aplicación de la ley a los infractores, lo que genera
impunidad.
9. Los escenarios sociales en donde existe violencia, desintegración familiar, desocupación y/u
ocio; así como consumo de drogas y excesivo alcohol son causas de proclividad para el delito y
repercuten negativamente al convertirse en proveedores de infractores de la ley a la
comunidad.
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10. Las acciones de inclusión social del Estado contribuyen a la creación de un clima de respeto, paz
y tranquilidad en la población favoreciendo la Seguridad Ciudadana.
6.3 Proyección de Objetivos Estratégicos
A partir de las hipótesis formuladas y en el marco del presente Plan Nacional, es importante contar con
objetivos estratégicos para administrar adecuadamente una situación problema que se logrará
mediante la aplicación de un conjunto de actividades estratégicas de conformidad a una priorización,
basadas en variables técnicas.
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Capítulo VII
Fundamentación de las Hipótesis
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7 Fundamentación de las Hipótesis
Las hipótesis enunciadas anteriormente, se sustentan en las siguientes condiciones a observar:
Hipótesis Principal
“La inexistencia de una Política de Estado firme y eficaz en el ámbito de la Seguridad Ciudadana,
afecta el propósito de lograr éxito en la lucha contra la delincuencia y reducción de otros riesgos”
Existen defectos en el enfoque y la comprensión en el ámbito de la conceptualización del problema,
afecta la adecuada concepción, diseño y toma de decisiones gubernamentales para la ejecución de
estrategias en los ámbitos estructurales y operacionales en la lucha contra la inseguridad.
Hipótesis Secundaria 1
“A mayor ineficacia del marco jurídico, mayor será el incremento de la criminalidad”
La Legislación penal, procesal, penitenciaria y administrativa adolece de:
1. Acumulación de montos señalados en denuncias por comisión de faltas. 2. Sanción a padres o tutores ante infracciones cometidas por menores. 3. Apoyo logístico y capacitación a Rondas Campesinas y Juntas Vecinales.
4. Sanción penal y/o administrativa a miembros de CONASEC que incumplen con su juramento.
5. Incorporación de otras figuras delictivas para delitos de robo, secuestro agravado, etc.
6. Presidencia del CONASEC en ausencia del Presidente de la República, sea asumida por
Presidente del Consejo de Ministros (Premier).
7. Aportes a la creación del Observatorio Nacional, Regional, Provincial y Distrital de Seguridad
Ciudadana.
8. Penalizar como falta el no uso del DNI que debe ser de posesión y uso obligatorio.
9. Incorporación de nuevas figuras penales al delito de receptación.
10. Creación de tecnológicos acondicionados como centros de reclusión para garantizar la
reeducación, rehabilitación y readaptación de los internos.
11. Sobre inaplicabilidad de beneficios a procesados y condenados (privación de libertad reales y
efectivas a delitos penados con menos de cuatro años y reincidentes; restricción de beneficios diversos a internos).
12. Sobre posesión y comercialización de armas de cuya procedencia se presuma ilicitud o comisión
de hechos graves.
13. Medidas de protección de la identidad de agraviados, denunciantes y testigos en los procesos
penales.
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14. Incorporar como figura agravada al infractor de delitos graves que de manera comprobada para la comisión de los delitos que cometa o ejecución de los mismos, previamente se administra drogas o alcohol con la intención de beneficiarse procesalmente con la exención o atenuación de la pena.
15. Sobre la prostitución clandestina y ofensas al Pudor Público.
16. Comisión delictiva de peruanos en el extranjero y aplicación de la ley penal nacional.
17. Regulación de beneficios penitenciarios a internos
18. Propuesta de Iniciativa Legislativa para promover modificación constitucional referido a la
Seguridad Ciudadana.
19. Propuestas normativas para los Gobiernos Regionales en el tema de Seguridad Ciudadana. 20. Incorporación de las Juntas Vecinales, Rondas Urbanas y Rurales a la estructura orgánica
funcional del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.
21. Modernización a la PNP en el área de educación.
Hipótesis Secundaria 2
“El debilitamiento del compromiso del binomio Gobierno-población fortalece el accionar delictivo en la
comunidad”
Es vital el compromiso de autoridades del Gobierno Central, Regional, Provincial y Distritales, Poderes
del Estado, Entidades Multisectoriales, Organismos Autónomos, Sociedad Organizada y Población en
General, fortaleciendo la conciencia cívica mediante acciones de apoyo diversas, así como de un
proceso de educación y re-educación permanentes y diversificado en temas de principios y valores,
convivencia digna y pacífica, respeto a las leyes y derechos de los demás, fortalecimiento de la
identidad nacional, identificación y defensa del Sistema Democrático, el Estado de Derecho y el Orden
Constitucional.
Hipótesis Secundaria 3
“La falta de utilización de mecanismos modernos disponibles para luchar contra el delito, repercute
negativamente con el incremento de la inseguridad ciudadana”.
La modernidad ofrece mecanismos, que a la fecha se adolece, en forma suficiente y adecuada para la:
1. Utilización de la información del DNI que tiene capacidad instalada para asegurar, mediante aplicación de equipos tecnológicos modernos, una identificación plena y fehaciente durante las intervenciones de las autoridades competentes a través del Código de barra y bidimensional.
2. Uso de la tecnología moderna (equipos de comunicación, videos, equipos de escaneo, etc.) para
el control de las actividades que afectan la Seguridad Ciudadana. 3. Observatorio de la criminalidad a nivel nacional, con apoyo de entidades públicas y privadas,
que permita entre otros, tener una estadística oficial y confiable, dada la proliferación de empresas encuestadoras con diversidad de apreciaciones que son muchas veces contradictorias; y además, por la existencia de la llamada “cifra oculta” producto de la
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recopilación sesgada de la información; dado que existen personas o agraviados, que no formalizan denuncias ante la autoridad ya sea policial, Ministerio Público u otro, debido a criterios que se vinculan a la falta de confianza en el resultado de la actuación policial, fiscal o judicial, temores a represalias de terceros, ahorro de tiempo, malestar y dinero frente a la improductividad de los Operadores de Justicia.
4. Canal de comunicación en escenarios sociales de las causas y consecuencias de los delitos que
contemple reconocimientos y premios a facilitadores de información puntual, comprobada y confiable para identificación e intervención a infractores de la ley.
5. Participación proactiva en acciones sociales de miembros de los colegios profesionales y
estudiantes universitarios de los últimos ciclos de estudios universitarios de las diferentes facultades o profesiones.
6. La incorporación como método de rehabilitación y resocialización de la resiliencia, (Capacidad
humana que permite la superación personal al revertir psicológicamente un hecho negativo que termina favoreciendo su desarrollo como persona de bien) tanto para agraviados como para los infractores de la ley.
7. La utilización de mecanismos que la tecnología moderna ofrece actualmente, que están al
alcance de los usuarios con fácil acceso y economía; tales como el e-mail, Facebook, Twiter, Páginas Web de internet, y otras formas de comunicación a través de las redes sociales y la telefonía.
Hipótesis Secundaria 4
“A mayor corrupción, inmoralidad pública y resquebrajamiento del principio de autoridad, menor
posibilidad de éxito en la lucha contra el delito”.
Es un factor clave, puesto que el corrupto y el agente corruptor, ambos son responsables y debe
aplicárseles la ley de manera efectiva por igual; y de esta manera advertir a todos los miembros de la
comunidad de sus consecuencias; e incluso hasta se podría pensar en una especie de “INFOCOR” para
la difusión de los infractores de la ley en casos que estén debidamente comprobados; igualmente, es
importante que la autoridad lidere como abanderado de la lucha contra este mal, haciendo pública su
posición y propósito a través de un ideario nacional contra la corrupción, plasmado en un acta de
suscripción pública por gobernantes y gobernados de rechazo a esta modalidad delictiva; lo que tendrá
un gran impacto social.
Hipótesis Secundaria 5
“La motivación de rentabilidad económica generada por la comisión de delitos en los infractores de la
ley, es inversamente proporcional a la eficacia que demuestre el Estado en la investigación de lavado
de activos”.
El escenario de informalidad coadyuva a la habitualidad en la comisión delictiva y opera como un
incentivo para el desarrollo de estas actividades reñidas con la ley; los delincuentes roban porque
tienen donde comercializar el producto de sus latrocinios, porque consideran que gracias al soborno y
corrupción se mantendrán en la impunidad; y que su modus operandi que se realiza explotando las
vulnerabilidades del Estado en el tema de la Seguridad Ciudadana, los mantendrá en el anonimato,
etc... De igual forma, a los receptadores deben incluirse en una base de datos similares a INFOCOR,
como una medida disuasiva, que permita que no vuelvan a cometer estos hechos; y también debe
crearse una base de datos tipo INFOCOR para las personas que concurren a comprar objetos de
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dudosa procedencia y que dichos objetos son encontradas en su poder, como una medida disuasiva
para reducir estos espacios del primer eslabón de la rentabilidad económica.
Hipótesis Secundaria 6
“El ejercicio proactivo de principios y valores de los miembros de la comunidad involucrados en la
solución del problema de la inseguridad, coadyuva al logro de éxitos contra la delincuencia”.
Creación de una central como base de datos, que sistematice la información proporcionada referente a
infracciones de la ley que constituya un canal de comunicación, reservado, seguro, oportuno, confiable
y eficaz con la población proactiva que en ejercicio de principios y valores utilice este mecanismo para
enfrentar el mal social; así como permitir el monitoreo del accionar de las autoridades contra la
inseguridad ciudadana en términos de productividad, en el marco de una férrea cultura organizacional
con ejercicio de principios y valores corporativos e individuales, tendrá un gran impacto en el
enfrentamiento al delito; hay que vencer y/o eliminar la tendencia de la indiferencia del
comportamiento social resuelto frente a la delincuencia; pues éste es un factor que conoce el
delincuente y juega a su favor, por eso actúan con la confianza de que no hay capacidad de reacción
colectiva y orgánica de la comunidad frente a su actuación delictiva.
Hipótesis Secundaria 7
“La exacerbación de hechos violentos y/o delictivos que acrecientan la sensación de inseguridad,
repercute desfavorablemente en el nivel de sensibilización, compromiso y participación social”.
Creación o fortalecimiento en el ente gubernamental nacional de una entidad responsable de analizar
y medir el nivel de afectación psicológica de la población por influjo de la violencia y la difusión
exagerada de la misma; sobre el particular hay una magnífica propuesta como iniciativa legislativa que
se está estudiando en el Congreso de la República para el tratamiento psicológico de los afectados;
pues hay que reconocer que cuando tenemos un malestar físico o enfermedad, concurrimos de
inmediato al médico, dentista, etc.; sin embargo, cuando la persona tiene enferma el alma, el espíritu
o la mente, pasa inadvertido también ante el Estado, hasta que se presenta una circunstancia que lo
pone al descubierto y genera violencia o infracción de la ley.
Hipótesis Secundaria 8
“La duplicidad de esfuerzos, la superposición y/o descoordinación funcional, fallas administrativas en la
labor de operadores de justicia, organismos de gobiernos nacional, regionales y locales, así como
entidades encargadas de la seguridad; influyen negativamente en el resultado de las acciones para la
aplicación de la ley a los infractores, lo que genera impunidad”
Producto de la aplicación del Nuevo Código Procesal Penal, cuyos defectos deben superarse, mediante
convocatorias del CONASEC
a mesas de trabajo de las autoridades competentes con responsabilidades funcionales en este tema;
en este sentido, se alcanza en documento anexo el texto que contiene algunos aportes emitidos por
hombres de derecho y expertos en la problemática de inseguridad para análisis, evaluación y
enriquecimiento; adicionalmente se deben establecer indicadores que permita a la comunidad medir
el nivel de idoneidad y productividad de la labor de operadores de justicia; evitar la inestabilidad y
temporalidad en los cargos de funcionarios con comprobada eficiencia y competitividad funcional en la
región.
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Hipótesis Secundaria 9
“Los escenarios sociales en donde existe violencia, desintegración familiar, desocupación y/u ocio; así
como consumo de drogas y excesivo alcohol son causas de proclividad para el delito y repercuten
negativamente al convertirse en proveedores de infractores de la ley a la comunidad”.
Combatir el delito atacando las consecuencias de la comisión delictiva con la adquisición de bienes
diversos (vehículos, combustible, equipos de comunicación, armamento y municiones, etc.) es bueno,
pero no es suficiente, porque hay que atacar también el escenario de las causas del delito, en donde se
encuentra la información que es el insumo principal para garantizar el éxito en la prevención e
investigación policiales (escenario de los hogares disfuncionales, violencia familiar, desintegración
familiar, desempleo, subempleo, desocupación crónica, consumidores habituales de drogas y alcohol,
enfermedades endémicas, etc.), reconocemos que éste es un escenario, en donde no se podrá
encontrar solución inmediata o súbita; sin embargo, paralelamente a paliar esta situación por parte del
Estado, también se buscará la oportunidad de tender un puente o canal de comunicación entre las
autoridades y esa población desguarnecida y expuesta en un lugar en donde habita o domicilia por el
simple hecho de haber nacido pobre y no precisamente porque sea de por sí una mala persona.
Hipótesis Secundaria 10
“Las acciones de inclusión social del Estado contribuyen a la creación de un clima de respeto, paz y
tranquilidad en la población favoreciendo la Seguridad Ciudadana”
Es de suma importancia el rol del Estado con acciones de inclusión social que reducen no sólo la
pobreza, sino que evitan la frustración y germinación de sentimientos negativos en el poblador
desposeído y que lo convierten en un potencial infractor de la ley, al no conocer los efectos en su
persona, de un sistema que pregona igualdad y con el cual no se identifica, quiere y menos defiende.
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Capítulo VIII
Conclusiones
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Capítulo VIII: Conclusiones
8. Formulación de Conclusiones
Se ha establecido y confirmado un diagnóstico con propuestas de acción para estructurar y ejecutar un
Plan Nacional de Seguridad Ciudadana; habiéndose identificado las variables que conforman las causas
del problema y objetivos por alcanzar, basados en aspectos vinculados con la normatividad jurídica-
Legal; Político-Técnico-Profesional; Socio-Cultural-Educacional; y Económico-Financiero-Presupuestario
que han permitido identificar las Vulnerabilidades del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana
(SNSC), que a su vez han devenido en la concepción de acciones estratégicas, producto de la aplicación
de la metodología alemana ZOPP, (Planificación de Proyectos Orientada a Objetivos). Con la utilización
de Matrices de Objetivos Estratégicos y Priorización de actividades estratégicas y sus impacto socio-
económico y político; producto de un trabajo de consultoría formulado por un equipo de consultores
profesionales con el apoyo de PROMCAD-INICAM. En este sentido lo expresado, nos permite formular
las siguientes conclusiones:
8.1 Conclusión General La gestión adecuada de la Seguridad Ciudadana sólo será posible a partir de un enfoque integral,
multisectorial, holístico, intergubernamental, transversal y participativo, que sobre la base de la
identificación de las vulnerabilidades del SNSC se enfrenten las causas de la problemática de
inseguridad ciudadana en todo el país y no sólo a la actuación sobre sus efectos o sus consecuencias;
con decisiones políticas y acciones técnico profesionales en forma permanente, progresiva, sostenida
defendida en el tiempo, como condición sine qua non para que sea exitosa.
8.2 Conclusiones Específicas Las Conclusiones Específicas que se formulan en las líneas siguientes, constituyen el sustento de los correspondientes Objetivos Estratégicos, que se enuncian a continuación, sobre los que se estructura el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana; y son las siguientes:
Conclusión Específica N° 01.- Siendo imprescindible contar con una Política de Estado puntual
sobre el problema de la Seguridad Ciudadana en el país, se plantea un texto sobre el particular;
igualmente, se han definido la Visión y Misión y las cuatro Políticas (04) como lineamientos para la
ejecución del Plan Nacional, así mismo, se han identificado las cinco (05) Vulnerabilidades, fallas o
deficiencias del SNSC que han permitido la proyección de cinco objetivos con sus correspondientes
actividades estratégicas precisadas en el contenido del presente plan.
Conclusión Específica N° 02.-Es necesario contar instrumentos normativos de índole jurídico
eficaces, y con mecanismos de identificación plena y fehaciente de las personas para prevenir actos
delictivos y otros riesgos; dentro de otras iniciativas legislativas que acusan vacíos que generan
condiciones de inseguridad ciudadana.
Objetivo Estratégico.-Implantar un mecanismo de identificación personal con equipos tecnológicos
modernos a través de los Códigos de barras y bidimensional insertos en el Documento Nacional de
Identidad (DNI en el marco de la Seguridad Ciudadana, motivando la aprobación de iniciativas
legislativas vinculadas con este propósito entre otras.
Conclusión Específica N°03.-No existe una efectiva y real comunicación entre los ciudadanos y las
autoridades no obstante existir mecanismos tecnológicos idóneos, simples y reservados para
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obtener información puntual y cierta que sirva para prevenir y minimizar los riesgos derivados de
actos delictivos, siniestros, fenómenos naturales y otros; por tanto, es necesario facilitar un
intercambio de información para la adopción de medidas de previsión, prevención, investigación,
control de gestión, y otras orientadas a lograr paz y tranquilidad; y por ende bienestar y desarrollo
sociales.
Objetivo Estratégico.-Establecer un canal de comunicación efectivo entre las autoridades y la
comunidad, con mecanismos entre otros de un Portal Web para el reporte de hechos vinculados
con personas o situaciones que afectan la Seguridad Ciudadana.
Conclusión Específica N° 04.-Para lograr resultados es vital fortalecer la capacidad de gestión, así
como la participación proactiva de gobernantes y gobernados en las acciones a favor de la
Seguridad Ciudadana; para ello, es necesario preparar cuadros de gestores y fortalecer el
compromiso social mediante la aplicación de medidas estratégicas y tácticas, articuladas y factibles
de ejecución, que permitan contar con las decisiones eficaces y oportunas de las autoridades, así
como con el soporte presupuestario suficiente.
Objetivo Estratégico.- Fortalecer la capacidad de gestión y el compromiso social y motivacional
para una participación proactiva de gobernantes y gobernados en actividades a favor de la
Seguridad Ciudadana.
Conclusión Específica N° 05.-Para la adecuada gestión de la Seguridad Ciudadana es imprescindible
contar con líderes gubernamentales y comunales con disposición de asumir un rol protagónico en
acciones para enfrentar situaciones de riesgo y superación de vulnerabilidades. Ello requiere el
soporte de una estrategia de desarrollo de capacidades de liderazgo.
Objetivo Estratégico.- Identificar, captar, registrar, organizar y emplear suficientes cuadros de
líderes gubernamentales y comunales con rol protagónico en las acciones a favor de la Seguridad
Ciudadana.
Conclusión Específica N° 06.- El bajo nivel de eficacia del Estado en los resultados y la impunidad de
los infractores de la ley que afectan la Seguridad Ciudadana, producen descredito institucional y
frustración, así como rechazo y no identificación de los ciudadanos con el sistema democrático,
sus autoridades y su propia comunidad. Esta situación debe ser revertida para recuperar la
credibilidad y confianza de los ciudadanos en el país y sus instituciones.
Objetivo Estratégico.- Neutralizar la percepción de un sector de la población de cierta ineficacia del
Estado en el cumplimiento de sus obligaciones gubernamentales y/o impunidad en el accionar de
los infractores en delitos contra la Corrupción y otros delitos graves que afectan la Seguridad
Ciudadana.
Conclusión Específica N° 07.-Frente a la necesidad y conveniencia de que el Jefe de Estado lidere
las acciones del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana propuesto, se genera la necesidad de crear
al más alto nivel gubernamental; es decir, a nivel presidencial, una instancia que opere como
Equipo Consultor integrado por profesionales calificados, responsables de garantizar el monitoreo y
la evaluación de las actividades estratégicas y tácticas que deben ser de cumplimiento obligatorio
por todos los involucrados, coordinando acciones dispuestas por el mandatario a nivel nacional
para el logro de los objetivos contra la inseguridad ciudadana.
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Conclusión Específica N° 08.- El éxito en la ejecución del Plan Nacional propuesto dependerá del
nivel de participación y compromiso de las autoridades vinculadas con la problemática de
Inseguridad Ciudadana; por lo que, es necesario la individualización de las labores participativas
señaladas en las actividades estratégicas y de las cuales, se deducirán las acciones tácticas a
ejecutar por parte de cada una de las entidades comprometidas que se plasmarán -de acuerdo a su
realidad organizacional- en el correspondiente plan de conformidad a la Matriz de Roles de
entidades en el logro de Objetivos.
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Capítulo IX Propuestas
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Capítulo IX: Propuestas
A partir de los análisis e información precedente se han formulado un conjunto de propuestas generales y
específicas, de corto, mediano y largo plazo. Para la implementación inmediata se ha seleccionado un grupo
de propuestas de cortísimo plazo. Están referidas a las actividades estratégicas para enfrentar las
vulnerabilidades de mayor connotación e impacto sociales.
9.1 Propuestas Generales de Corto, Mediano y Largo Plazo
Considerando las cinco (05) vulnerabilidades señaladas en las conclusiones específicas del presente
documento; a continuación se plantean las acciones o actividades estratégicas (35) a desarrollar para
superar cada una de éstas:
Objetivo Estratégico N° 01.- Superar deficiencias en el Sistema de Identificación Personal; y vacíos
en el Sistema Jurídico Penal y Penitenciario
Actividad N° 01 (94 Puntos en matriz de Priorización)
Nombrando un equipo de trabajo para que evalúe entre otras, las propuestas de Iniciativas
Legislativas elaboradas en un número de veintiún (21) proyectos formulados por el Equipo
Profesional de Consultoría, para reducir las limitaciones del Sistema Jurídico Penal y
Penitenciario en el marco de la Seguridad Ciudadana para que sean canalizadas por el Gobierno
Regional al Congreso de la República.
Dentro de éstas, de manera prioritaria, la referida a la deficiencia administrativa y operativa en
los procedimientos de identificación personal plena y fehaciente de infractores de la ley.
Iniciativas legislativas propuestas se ha visto por conveniente desarrollar un paquete de
iniciativas (21) con el fin de dar un enfoque integral y mayor eficacia del Estado a la
Administración adecuada de la Seguridad Ciudadana, cuyos títulos quedan desarrollados en el
texto completo de estas propuestas (Ver anexo).
Actividad N° 02 (94 Puntos en Matriz de Priorización)
Estudiando el mercado para indagar sobre empresas que ofrecen el servicio tecnológico para la
identificación personal con sistemas modernos de infractores dela ley, agraviados de delitos y
víctimas de siniestros diversos que afectan la Seguridad Ciudadana.
Actividad N° 03 (91 Puntos en Matriz de Priorización)
Convocando a licitación pública al más breve plazo para la efectivización de la obtención de
equipos tecnológicos de identificación personal de última generación para el país.
Actividad N° 04 (91 Puntos en Matriz de Priorización)
Nombrando un equipo de trabajo para el diseño, análisis y ejecución de la táctica a aplicar que
considere los procedimientos a seguir en la utilización estratégica de equipos tecnológicos
modernos de identificación personal a favor de la Seguridad Ciudadana.
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Objetivo Estratégico N° 02.- Implantación de un canal de comunicación efectivo entre los
miembros de la comunidad y sus autoridades en actividades a favor de la Seguridad Ciudadana
Actividad N° 06 (97 Puntos en Matriz de Priorización)
Creando un Portal Web para establecer un canal de comunicación reservado, simple, confiable y
efectivo con la comunidad en general, así como el uso de las redes sociales (Facebook, Twiter,
etc.) que se utilicen para el reporte de información sobre la comisión de delitos y faltas en sus
diferentes modalidades, orientado específicamente a la identificación de los infractores de la
ley y la consecuente intervención de las autoridades competentes.
Actividad N° 09 (97 Puntos en Matriz de Priorización)
Designando un equipo conformado por autoridades idóneas comprometidas en el Plan Nacional
estructurado, responsables de evaluar la situación en que operan los equipos tecnológicos de
cámara y videos que deben ser sistematizados y estandarizados.
Actividad N° 29 (94 Puntos en Matriz de Priorización)
Registrando en una base de datos de información obtenida, con apoyo de los diferentes medios
de comunicación y la opinión pública sobre hechos diversos (Peligros, riesgos y amenazas) que
afectan la paz y tranquilidad sociales.
Actividad N° 08 (91 puntos en Matriz de Priorización)
Creando un Observatorio Nacional del Delito, Acciones Violentas y registro de los hechos
diversos que pueden afectar la Seguridad Ciudadana, que sería alimentado de información
provenientes de jurisdicciones regionales, provinciales y distritales.
Actividad N° 22 (91 puntos en la Matriz de Priorización)
Programando reuniones de trabajo con el empresariado regional y los representantes de
Entidades Públicas para la designación de un representante como coordinador ante las
diferentes instancias del SINASEC en temas de Seguridad Ciudadana, elaborando una agenda de
trabajo.
Actividad N° 07 (88 puntos en la Matriz de Priorización)
Suscribiendo un convenio de alianza estratégica entre el Gobierno y Empresas de telefonía para
la creación e implementación de una línea telefónica dedicada y exclusiva para el reporte de
emergencias y delitos; así como otros fines.
Objetivo Estratégico N° 03.- Fortalecer la capacidad de gestión y el compromiso social y
motivacional para una participación proactiva de gobernantes y gobernados en actividades a
favor de la Seguridad Ciudadana
Actividad N° 15 (100 Puntos en Matriz de Priorización)
Desarrollando un Plan Específico para la identificación, captación y registro oficiales integral de
las Juntas Vecinales con número de integrantes activos en la labor contra la Inseguridad
Ciudadana que se encuentra normado institucionalmente en la PNP para su aplicabilidad
inmediata.
Actividad N° 18 (91 Puntos en Matriz de Priorización)
Desarrollando cursos o talleres como programas sociales de educación en sus diferentes niveles
para diversos estamentos de la sociedad que fomente conciencia ciudadana y cimiente sólida
cultura a favor de la Seguridad Ciudadana con apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP).
Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 100
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Partida Registral INDECOPI N°00770-2012; Asiento 01 del 17 de Julio 2012; Expediente N° 001206-2012
Actividad N° 17 (85 Puntos en Matriz de Priorización)
Desarrollando programas de bienestar, deporte y recreación priorizando actividades la
recuperación de espacios y áreas verdes en forma permanente en zonas críticas de la
comunidad en donde se producen frecuentemente hechos que afectan la Seguridad Ciudadana,
con apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP).
Actividad N° 19 (85 Puntos en Matriz de Priorización)
Desarrollando programas sociales y/o talleres a cargo de los diferentes Sectores
Gubernamentales que repercuten positivamente en un clima de paz, tranquilidad y bienestar en
el marco de la Seguridad Ciudadana, con apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP).
Actividad N° 16 (84 Puntos en la Matriz de Priorización)
Desarrollando cursos y acciones de motivación y reconocimiento a la labor de integrantes de la
comunidad, de las Juntas Vecinales, Rondas Urbanas y Rurales que destaquen en su desempeño
social a favor de la Seguridad Ciudadana con apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP).
Actividad N° 12 (82 Puntos en la Matriz de Priorización)
Nombrando un equipo de trabajo orientado a crear alianzas estratégicas con entidades públicas
y privadas del país y del extranjero para encontrar apoyo de diferente índole y buscar diversas
alternativas que coadyuven a favor de la Seguridad Ciudadana en la región.
Actividad N° 20 (81 Puntos en la Matriz de Priorización)
Presupuestando y disponiendo de recursos para dotar -de acuerdo a la disponibilidad
presupuestaria- en forma progresiva de equipos básicos de Seguridad Ciudadana (Chalecos,
silbatos, equipos de radio, etc.) a los integrantes de las Juntas Vecinales, Rondas Urbanas y
Rurales, como un estímulo al desempeño y colaboración voluntaria en tareas de Seguridad
Ciudadana enmarcadas por la ley.
Objetivo Estratégico N° 04.- Captación de suficientes cuadros de líderes gubernamentales y
comunales con rol protagónico en las acciones a favor de la Seguridad Ciudadana
Actividad N° 24 (100 Puntos en Matriz de Priorización)
Nombrando un equipo de trabajo responsable del diseño de una estrategia orientada a la
identificación de líderes de las Juntas Vecinales, Rondas Urbanas y Rurales que participen
activamente a favor de la Seguridad Ciudadana en coordinación con las autoridades
competentes.
Actividad N°23 (94 Puntos en la Matriz de Priorización)
Designando funcionarios del Gobierno Central, Gobiernos Regionales, Locales (Provinciales y
Distritales) comprometidos en el Plan Nacional diseñado para el país, responsables como líderes
y representantes de sus respectivas entidades de las coordinaciones e integración de esfuerzos
para garantizar el éxito de las actividades programadas en la forma y plazo previstos.
Actividad N°21 (94 Puntos en la Matriz de Priorización)
Nombrando un equipo responsable de la planificación, identificación, organización, dirección,
incorporación, capacitación y empleo de líderes comunales de la jurisdicción en acciones a favor
de la Seguridad Ciudadana.
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Partida Registral INDECOPI N°00770-2012; Asiento 01 del 17 de Julio 2012; Expediente N° 001206-2012
Objetivo Estratégico N° 05.- Neutralización de la percepción de un sector de la población de cierta
ineficacia del Estado y/o impunidad en el accionar de los infractores en delitos contra la
Corrupción y otros delitos que afectan la Seguridad Ciudadana
Actividad N°11 (97 Puntos en Matriz de Priorización)
Nombrando un equipo conformado por Operadores de Justicia responsables del diseño y
ejecución de Planes de Operaciones Tipos en la prevención e investigación de delitos y faltas en
sus diferentes modalidades basados en el mapeo geográfico referencial delictivo; así como en
los procedimientos de inteligencia operativa para enfrentar con éxito la delincuencia en la
región.
Actividad N° 26 (97 Puntos en Matriz de Priorización)
Designando un equipo profesional integrado por personas notables del país, encargados de la
estructuración, suscripción y difusión en acto público del contenido de un Acta de Acuerdo
Nacional de lucha frontal contra la corrupción en sus diferentes modalidades, sentando un
precedente de firme voluntad para enfrentar este fenómeno social que repercute
negativamente en la Seguridad Ciudadana.
Actividad N° 25 (94 Puntos en Matriz de Priorización)
Designando un equipo responsable de la concepción, formulación y consolidación de un Ideario
Nacional (Decálogo) contra la corrupción en todas sus modalidades, que sirva de permanente
guía educativa y de comportamiento social que influya positivamente en la conducta de los
integrantes de la Comunidad
Actividad N°27 (94 Puntos en Matriz de Priorización)
Nombrando un equipo responsable de monitorear y evaluar las medidas de interdicción y
difusión nacional de hechos relacionados con la actuación de corruptos (sujeto activo)y
corruptores (sujeto pasivo) a manera de “INFOCOR” dentro del marco de la ley, que afectan la
moral pública y por ende la Seguridad Ciudadana.
Actividad N° 28 (94 Puntos en Matriz de Priorización)
Diseñando, programando y ejecutando operativos coordinados y complementados con
investigaciones por Lavado de Activos, enriquecimiento ilícito, pérdida de dominio sobre bienes,
etc. que coadyuven a reducir actos de corrupción, y otros delitos graves en el país
Actividad N° 31 (94 Puntos en Matriz de Priorización)
Instituyendo como fórmula de trabajo, el oportuno balance de acciones y adecuada difusión de
resultados de los operativos contra el delito, mediante conferencias de prensa-enmarcadas en
la ley-para conocimiento y dominio de la Opinión Pública.
Actividad N° 32 (94 Puntos en Matriz de Priorización)
Propendiendo a complementar el aprovisionamiento a la PNP con algunos medios tecnológicos,
medios materiales diversos, y equipamiento criminalístico moderno para garantizar el éxito en
el esclarecimiento de los hechos delictivos que afectan la Seguridad Ciudadana.
Actividad N° 33 (94 Puntos en Matriz de Priorización)
Cautelando que un equipo profesional de representantes de los Operadores de Justicia, sea el
encargado de analizar y prescribir procedimientos uniformes, coordinados y conjuntos de
intervenciones a los infractores del delito con la sujeción al respeto irrestricto de los Derechos
Humanos de las personas, cualquiera que sea su rol social, cultural, económico, político, etc.
Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 102
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Partida Registral INDECOPI N°00770-2012; Asiento 01 del 17 de Julio 2012; Expediente N° 001206-2012
Actividad N° 35 (94 Puntos en Matriz de Priorización)
Nominando un equipo profesional responsable del diseño, organización, dirección y ejecución
de las acciones tendientes a la detección, intervención y sanción de las infracciones penales
menores (faltas) mediante la imposición de penas de servicios comunitarios en cautela de la paz
y tranquilidad sociales base de la Seguridad Ciudadana.
Actividad N° 14 (91 Puntos en Matriz de Priorización)
Nombrando un equipo multidisciplinario responsable de analizar y evaluar la realidad social en
el país, para proponer medidas preventivas y reguladoras, orientadas a reducir o impedir el
impacto social en la población, frente a la presentación de hechos naturales o sociales
vinculados con la salud pública, economía regional, fenómenos ambientales u otros conflictos
sociales que repercuten negativamente en la Seguridad Ciudadana.
Actividad N° 30 (91 Puntos en Matriz de Priorización)
Estableciendo cuadros de profesionales expertos e idóneos para la labor que comprende el ciclo
de Inteligencia operativa en apoyo a los Planes de Operaciones a ejecutar de manera sagaz,
selectiva, simultánea, sorpresiva y sumaria en cada jurisdicción, como parte de la estrategia y
táctica para frenar la inseguridad ciudadana.
Actividad N° 34 (91 Puntos en Matriz de Priorización)
Nombrando un equipo con representantes del Gobierno Central, Gobiernos Regionales,
Gobiernos Locales (Provinciales y Distritales) comprometidos en el Plan Nacional de Seguridad
Ciudadana; así como de las entidades que cumplen labor como Operadores de Justicia, para el
diseño de una estrategia conjunta entre personal policial, serenazgo y empresas privadas de
seguridad para enfrentar la delincuencia en el país.
Actividad N° 05 (81 Puntos en Matriz de Priorización)
Nombrando un equipo de trabajo para estudiar la realidad social en el país, complementando
las acciones efectuadas actualmente como es el caso del programa “FOCOS” a nivel nacional,
con respecto al régimen penitenciario y sus procesos de re educación, rehabilitación,
resocialización y readaptación de los internos en el marco de la Seguridad Ciudadana.
Actividad N° 13 (81 Puntos en Matriz de Priorización)
Nombrando un equipo multidisciplinario para estudiar y proponer medidas nacionales
orientadas a consolidar la idoneidad, competitividad, productividad, honestidad, eficiencia y
cultura de la excelencia en la labor de los funcionarios y servidores que cumplen roles de
Operadores de Justicia y de la Administración Pública en general,
Actividad N° 10 (83 Puntos en Matriz de Priorización)
Nombrando un equipo ad hoc responsable del análisis de la realidad nacional en todo el ámbito
que afecta la Seguridad Ciudadana para evaluar la factibilidad, de que progresivamente se
pueda ir implementando frente a siniestros naturales y fenómenos sociales graves, el apoyo
efectivo con infraestructura, medios de transporte y equipos a las operaciones terrestres,
aéreas y/o marítimas.
9.2 Propuestas de Cortísimo Plazo y Programación Referido a la selección de las diez (10) actividades estratégicas priorizadas dentro de las 35 descritas en
el acápite anterior, éstas son para su ejecución en el cortísimo plazo (seis meses), en el marco de los
Objetivos Estratégicos del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y su proceso presupuestario será
determinado por la entidad encargada de su ejecución.
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Partida Registral INDECOPI N°00770-2012; Asiento 01 del 17 de Julio 2012; Expediente N° 001206-2012
Objetivo Estratégico N° 1.- Superar deficiencias en el Sistema de Identificación Personal; y en el
Sistema Jurídico Penal, Procesal, Penitenciario y administrativo
Actividad N° 01 y 02 (94 Puntos en matriz de Priorización……
Superación de vacíos del Sistema Jurídico Penal, Procesal, Penitenciario y Administrativo; y de
las deficiencias en el Sistema de Identificación Personal de los infractores de la ley y comunidad
en general.
Objetivo Estratégico N° 2.- Implantar un canal de comunicación efectivo entre los miembros de
la comunidad y sus autoridades en actividades a favor de la Seguridad Ciudadana
Actividad N° 06 y 29 (97 Puntos en Matriz de Priorización)
Creación de un portal web como canal de comunicación entre la población con sus autoridades.
Actividad N° 09 (97 puntos en la Matriz de Priorización)
Sistematización y estandarización de cámaras de video vigilancia de circuito cerrado, sistema de
Radio Comunicación, dispositivos portátiles, Sistemas de Comunicación Telefónica para
conexión en puntos críticos establecidos en el mapeo geo referencial delictivo.
Objetivo Estratégico N°3.- Fortalecer la capacidad de gestión y el compromiso social y
motivacional para una participación proactiva de gobernantes y gobernados en actividades a
favor de la Seguridad Ciudadana
Actividad N° 15 (100 Puntos en Matriz de Priorización)
Desarrollando un Plan Específico para la identificación, captación, registro, organización,
capacitación y registro oficial e integral de las Juntas Vecinales
Actividad N° 18 (91 Puntos en Matriz de Priorización)
Desarrollo de cursos o talleres como programa social de educación para fomentar conciencia
ciudadana en la población a favor de la Seguridad Ciudadana
Objetivo Estratégico N° 4.- Captación de suficientes cuadros de líderes gubernamentales y
comunales con rol protagónico en las acciones a favor de la Seguridad Ciudadana
Actividad N° 24 (100 Puntos en Matriz de Priorización)
Nombrar un equipo de trabajo responsable del diseño de una estrategia orientada a la
identificación, captación y capacitación de líderes de las Juntas Vecinales, Rondas Urbanas y
Rurales.
Objetivo Estratégico N° 5.- Neutralización de la percepción de un sector de la población de cierta
ineficacia del Estado y/o impunidad en el accionar de los infractores en delitos contra la
Corrupción y otros delitos que afectan la Seguridad Ciudadana.
Actividad N° 11 (97 Puntos en Matriz de Priorización)
Nombrando un equipo conformado por Operadores de Justicia responsables del diseño y ejecución
de Planes de Operaciones Tipos en la prevención e investigación de delitos y faltas en sus
diferentes modalidades.
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Partida Registral INDECOPI N°00770-2012; Asiento 01 del 17 de Julio 2012; Expediente N° 001206-2012
Actividad N° 26 (97 Puntos en Matriz de Priorización)
Designando un equipo profesional integrado por personas notables de la región y autoridades
regionales encargados de la estructuración, suscripción y difusión en acto público del contenido de
un Acta de Acuerdo Nacional, Regional, Locales (Provinciales y Distritales) de lucha frontal contra la
corrupción en sus diferentes modalidades.
9.3 Síntesis de Efectos por logros de Objetivos Estratégicos de Corto Plazo
Objetivo Estratégico N° 1.- Superar deficiencias en el Sistema de Identificación Personal; y en el
Sistema Jurídico Penal y Penitenciario
Actividades 1 y 2. Superación de vacíos del Sistema Jurídico Penal y Penitenciario; y de las
deficiencias en el Sistema de Identificación Personal de los infractores de la ley y comunidad en
general.
Efectos:
1. Se obtendrá mayor información para optimizar resultados en operativos policiales.
2. Reducirá el temor de la población frente a medidas adoptadas por autoridades.
3. Frenará al accionar delictivo de los infractores de la ley por ejecución de planes operativos
puntuales y exitosos.
4. Mejorará la percepción de seguridad por parte de la comunidad en general.
5. Fortalecerá el marco jurídico nacional para enfrentar con eficacia la delincuencia.
Supuesto Previo
1. Aprobación de iniciativas legislativas por el Congreso de la República. 2. Convocatoria y aprobación de Licitación Pública para adquisición de equipos.
Objetivo Estratégico N° 2.- Implantar un canal de comunicación efectivo entre los miembros de la
comunidad y sus autoridades en actividades a favor de la Seguridad Ciudadana
Actividades 6 y 29. Creación de un Portal Web como canal de comunicación de la población con
autoridades y Registro de base de datos distrital con proyección a nivel provincial, regional y
nacional.
Efectos:
1. Se obtendrá información puntual y adecuada sobre identidad de infractores de la Ley.
2. Fomentará participación proactiva con mecanismos simples, reservados y confiables por parte
de la población.
3. Seleccionará los objetivos en alcanzar en los operativos policiales al contar con información
exacta y suficiente que aminoran costos sociales.
4. Asestará golpes certeros a los infractores de la ley que se verán neutralizados con la dinámica
del accionar policial.
5. Reducirá los casos de comisión delictiva en la jurisdicción para elevar el nivel de percepción de
seguridad en la población.
Supuesto Previo
1. Constituir equipo consultor para definición de acciones para crear Portal Web 2. Convocatoria y aprobación de Licitación Pública para adquisición de equipos. 3. El proceso presupuestario estará a cargo personal designado.
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Actividad 9: Adquisición de Cámara de Video Vigilancia de circuito cerrado, sistema de radio
comunicación, dispositivos portátiles, sistemas de comunicación telefónica para conexión a puntos
críticos establecidos en el mapeo geo referencial delictivo; así como capacitación del personal.
Efectos:
1. Permitirá el monitoreo en los lugares considerados como puntos críticos de las ciudades en
donde de acuerdo al mapeo geo referencial se producen acciones delictivas.
2. Favorecerá el registro de información de todo acto que guarde relación con la comisión de
delitos en dichas jurisdicciones.
3. Provocará la intervención policial oportuna para la detención o captura de infractores de la ley y
puestas a disposición de las autoridades competentes.
4. Constituirá un factor de disuasión para los vinculados con hechos delictivos que afectan la
Seguridad Ciudadana.
5. Coadyuvará a reducir el alto nivel de percepción de inseguridad por parte de la población lo que
repercutirá favorablemente en el nivel de aceptación a las gestiones de las autoridades
responsables de enfrentar la delincuencia.
Supuesto Previo
Nombramiento de equipo de profesionales que evalúe realidad operacional sobre equipos
existentes
Convocatoria a Licitación Pública.
Objetivo Estratégico N° 3.- Fortalecer el compromiso social y motivacional para una participación
proactiva de gobernantes y gobernados en actividades a favor de la Seguridad Ciudadana
Actividad 15: Desarrollando un Plan Específico para la identificación, captación, organización,
capacitación y registro oficial e integral de las Juntas Vecinales
Efectos:
1. Favorecerá el diseño de una estrategia de inclusión social, de calificados integrantes de la
comunidad en acciones a favor de su propia seguridad y por ende de la comunidad en general.
2. Permitirá tener una base de datos actualizada y disponible para la ejecución de una estrategia
que involucre a integrantes de la comunidad representativa.
3. Enriquecerá la calidad de la información obtenida sobre la problemática de la inseguridad
ciudadana con datos puntuales proporcionados por las JJ. VV.
4. Viabilizará la optimización de resultados en los operativos policiales en un marco de mayor
dinamismo y efectividad contra el delito.
5. Demostrará que el esquema de seguridad que parte de la adecuada captación y procesamiento
de información producto de datos proporcionados por la población aseguran el éxito en los
resultados y el prestigio regional por su repercusión a nivel nacional.
Supuesto Previo
Decisión Política para la ejecución del Plan Nacional en función al contenido de la RD 2142-2004-
DIRGEN/EMG del 19 de octubre 2004Congreso de la República.
Actividad 18: Desarrollo de cursos o talleres como programa social de educación para fomentar
conciencia ciudadana en la población a favor de la Seguridad Ciudadana.
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Partida Registral INDECOPI N°00770-2012; Asiento 01 del 17 de Julio 2012; Expediente N° 001206-2012
Efectos:
1. Transmitirá contenidos programáticos que van a fortalecer la identidad regional y ejercicio de
principios y valores en la población.
2. Formará conciencia social en la comunidad frente al delito, sensibilizándola a favor de la
Seguridad Ciudadana.
3. Fomentará mejores relaciones interpersonales y familiares entre los integrantes de la
comunidad.
4. Fortalecerá la relación entre la población y sus autoridades en función a objetivos comunes en
contra de la delincuencia y logro de metas de desarrollo regional.
5. Elevará del nivel de prestigio de la comunidad regional ante el país por los éxitos alcanzados por
su labor proactiva en la Seguridad Ciudadana y su repercusión en actividades productivas en la
región.
Supuestos Previos:
Nominación de equipo de profesionales responsable de la acción.
Objetivo Estratégico N° 4.- Captar suficientes cuadros de líderes gubernamentales y comunales
con rol protagónico en las acciones a favor de la Seguridad Ciudadana.
Actividad 24: Nombrar un equipo de trabajo responsable del diseño de una estrategia orientada a
la identificación, captación y capacitación de líderes de las Juntas Vecinales, Rondas Urbanas y
Rurales.
Efectos
1. Proveerá una estrategia que a través de la inclusión social viabilice la participación de
pobladores con potencialidades de líderes en su realización como personas e integrantes de la
comunidad.
2. Estructurará cuadros de representantes calificados de la comunidad con protagonismo social
ejemplar en las actividades programadas por las autoridades regionales a favor de la Seguridad
Ciudadana.
3. Creará y consolidará referentes sociales inmediatos con gran impacto positivo en la educación
de los demás integrantes de la sociedad.
4. Incorporará a las medidas gubernamentales un especial componente de participación social
constituida por la pro actividad en las acciones contra la inseguridad ciudadana de líderes
reconocidos por la población.
5. Constituirá un modelo a seguir a nivel nacional como acción ejemplar para la identificación,
registro, captación, capacitación y empleo de líderes sociales contra la inseguridad ciudadana.
Supuestos Previos:
Nominación de equipo de profesionales responsable de la acción.
Objetivo Estratégico N° 05.- Neutralizar la percepción de un sector de la población de cierta
ineficacia del Estado en el cumplimiento de las obligaciones gubernamentales y/o impunidad en
el accionar de los infractores en delitos contra la Corrupción y otros delitos graves que afectan la
Seguridad Ciudadana
Actividad 11: Nombrando un equipo conformado por Operadores de Justicia responsables del
diseño y ejecución de Planes de Operaciones Tipos en la prevención e investigación de delitos y
faltas en sus diferentes modalidades.
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Partida Registral INDECOPI N°00770-2012; Asiento 01 del 17 de Julio 2012; Expediente N° 001206-2012
Efectos:
1. Uniformará los procedimientos y criterios que aplican los Operadores de Justicia para enfrentar
con eficiencia y eficacia a la delincuencia que afecta la Seguridad Ciudadana.
2. Superará la falta de coordinación y complementación funcional de los Operadores de Justicia en
la lucha contra la delincuencia.
3. Elevará el nivel de productividad del accionar funcional de los Operadores de Justicia
contribuyendo a reducir la comisión delictiva en la región.
4. Fortalecerá el nivel de confianza y credibilidad de la población en sus autoridades responsables
de enfrentar al delito.
5. Reducirá la sensación de inseguridad ciudadana que ha alcanzado niveles alarmantes en la
sociedad.
Supuestos Previos:
Nominación de equipo de profesionales responsable de la acción..
Actividad 26: Designando un equipo profesional integrado por personas notables del encargados
de la estructuración, suscripción y difusión en acto público del contenido de un Acta de Acuerdo
Nacional de lucha frontal contra la corrupción en sus diferentes modalidades.
Efectos:
1. Permitirá que las autoridades regionales en pleno fijen una posición institucional como
funcionarios públicos que determine y garantice una lucha frontal; así como el rechazo
corporativo a todo acto de corrupción, fomentando en la comunidad credibilidad social y
sostenibilidad del sistema y gobernabilidad como parte de la estrategia para enfrentar la
inseguridad ciudadana.
2. Sentará un precedente gubernamental con una manifiesta actitud solidaria y participativa para
enfrentar la corrupción en sus diferentes manifestaciones delictivas que afectan la Seguridad
Ciudadana
3. Reducirá el impacto negativo en la conciencia comunitaria que generan los actos de corrupción
en razón a la impunidad que gozan los infractores, generando escepticismo y desconfianza en la
población frente al accionar de sus autoridades.
4. Facilitará la individualización de los miembros de la comunidad que actúan súbita o
habitualmente en actos vinculados con la corrupción, generando el repudio ciudadano.
5. Fomentará en la niñez y juventud una actitud responsable cuando ciudadanos les corresponda
enfrentar a esta lacra social que satisfaciendo intereses personales egoístas de los infractores
lesionan la salud y moral públicas.
Supuestos Previos:
Nominación de equipo de profesionales responsable de la acción.
Organización, programación y convocatoria al evento.
9.4 Instrumentalización de la Propuesta El exhaustivo trabajo efectuado, que como se ha señalado, partió del diagnóstico formulado con la
metodología ZOPP, el cual permitió la determinación de las diversas causas del problema, luego la
identificación de las vulnerabilidades del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana; y éstas a su vez
permitieron utilizar la matriz de priorización, la determinación de 35 objetivos y actividades
estratégicas para el corto, mediano y largo plazo; entre las cuales, se seleccionaron 10 actividades
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estratégicas para el cortísimo plazo (seis meses). Pero, para instrumentalizar los objetivos estratégicos
antes priorizados, es condición sine qua non contar con la adecuada administración de la información
relacionada con hechos que permitan adoptar previsiones, prevenciones e investigaciones frente a los
diferentes factores que afectan la Seguridad Ciudadana.
En este sentido, la fórmula de acción tiene que estar basada en cómo instrumentalizar toda esta
información, buscando la participación coordinada de los principales protagonistas responsables de
enfrentar este problema social antes dicho; por esta razón finalmente, la propuesta instrumental es la
creación del Observatorio de la Seguridad Ciudadana, que no es un observatorio limitado al crimen;
sino a la centralización, análisis, difusión y utilización adecuada de todo tipo de información, ya sea
delictiva o no, que ponga en riesgo la paz, tranquilidad, bienestar y desarrollo de la comunidad; pero
para que sea exitosa nuestra propuesta, creemos que se debe iniciar esta tarea con la instalación de
Observatorios Distritales de Seguridad Ciudadana (OSECID), como plan piloto.
Como esquema piloto el OSECID contaría con una estructura orgánica y funcional, que tendría una
Dirección Colegiada integrada por representantes de tres entidades públicas: Municipalidad, Ministerio
Público y Policía Nacional del Perú, quienes tendrían bajo su responsabilidad, a un Director Ejecutivo
con perfiles prestablecidos y encargado de las tareas ejecutivas, con sus correspondientes órganos de
apoyo (Secretaría y Oficina de Estadística), una oficina de recopilación centralizada, procesamiento y
difusión de información transformada en inteligencia, que es la que recabaría la información
procedente de los órganos de línea del OSECID que serían las siguientes Oficinas: Portal Web, Cámaras
de Video-Vigilancia, Línea telefónica dedicada, Juntas Vecinales y Vigilantes Particulares, Programas
Sociales diversos, Mapeo Geo Referencial de puntos críticos, Comunicaciones/Serenazgo y
Operaciones.
La información recibida, será ingresada y procesada por la Oficina de Data Center del OSECID, la que
determinará la pertinencia de los datos, clasificando los mismos por el grado de exactitud y
credibilidad de la fuente y de la información, para proceder a su difusión a través de la oficina de
operaciones, la misma, que remitirá la información a la organización o entidad pública competente
para su ejecución, respetando de esta manera la institucionalidad de la función y rol de competencia
públicas. Si el riesgo, amenaza, peligro o eventualidad de un siniestro, corresponde a aspectos
policiales, se remitirá la información a la dependencia policial de la jurisdicción u organismo
especializado PNP; si la información escapa a este ámbito, la discreción se hará en función al tipo de
problema o siniestro, es decir, si corresponde a un sector gubernamental (Vivienda, transporte, etc.) o
algún organismo ya sea público o privado.
Los sectores y organismos públicos así como las entidades privadas comprometidas deberán cumplir
con carácter obligatorio los pedidos del OSECID en cuanto a la participación de la solución del evento
que afecta la Seguridad Ciudadana, para lo cual, se emplearán la infraestructura y recursos disponibles
en cada entidad; lo que permitirá en el corto plazo, diseñar y proyectar el presupuesto requerido en
los próximos años para la exitosa ejecución del Plan Nacional propuesto.
El OSECID sería el impulsor e integrador de la actividad contra la inseguridad ciudadana, centralizando,
analizando, retransmitiendo y difundiendo la información procesada, para que con respeto a la
institucionalidad de las entidades oficialmente establecidas por el Estado Peruano, cumplan con la
función que a nombre de la Nación les correspondan, sin superposiciones de funciones; labor cuyo
resultado será permanentemente auditada, por la oficina respectiva de este observatorio, la que
también contaría con un equipo de profesionales responsables como consultores, de garantizar la
buena marcha de la administración del observatorio en función a resultados.
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Los OSECID deben multiplicarse a nivel nacional, para en forma paralela y progresiva se logre sentar las
bases de lo que serían los Observatorios Provinciales (OSECIP), los Observatorios Regionales (OSECIR) y
por ende el Observatorio Nacional (OSECIN); para la implementación de este último, se recomienda la
designación de un equipo consultor, encargado del Monitoreo a nivel nacional de este enfoque
estratégico, que debe operar al más alto nivel gubernamental y encargado también de la retransmisión
de las decisiones que a nivel presidencial emita el Primer Mandatario de la República en su rol de líder
de las acciones estratégicas y tácticas contra la Inseguridad Ciudadana en el país; para mayor
entendimiento ver ilustración de cuadro e información anexa.
9.5 Instrucciones de Coordinación
Los representantes de las entidades públicas y privadas comprometidas, se rigen según lo dispuesto por la presente instrucción de coordinación en la ejecución de operaciones para el mejor cumplimiento de la misión del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. Para el éxito del Plan Nacional es fundamental comprender que las propuestas obedecen a un enfoque sustentando en el sistema nacional de seguridad ciudadana prevista en la ley 27933 que establece una organización a nivel nacional, regional, provincial y distrital bajo las pautas del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC). Igualmente, es imprescindible entender que la problemática de inseguridad ciudadana tiene dos campos, el primero el que comprende los hechos considerados como delictivos en donde los protagonistas son los operadores de justicia; y el segundo el no delictivo, en el cual, se hacen presentes los hechos diversos provocados por el hombre y por la naturaleza y por ende afectan la paz y tranquilidad sociales; lo que nos obliga a adoptar previsiones, prevenciones e investigaciones tanto en el escenario de los efectos como el de las causas de los mismos; solamente así se garantizarán el logro de objetivos de desarrollo nacionales. Las presentes instrucciones de coordinación del Plan Nacional formulado se sustenta en un diagnóstico integral, multisectorial, holístico, intergubernamental, transversal y participativo, que han permitido lo siguiente: 1. Identificar las causas del problema
2. Identificar los objetivos generales y específicos del plan
3. Identificar las vulnerabilidades/fallas/defectos del sistema nacional de seguridad ciudadana.
4. Plantear el proyecto de la política general del estado en seguridad ciudadana
5. Diseñar las políticas gubernamentales como lineamientos para el logro de objetivos estratégicos del
presente plan
6. Establecer los objetivos estratégicos del plan nacional.
7. Definir las actividades estratégicas con determinación de tareas, indicadores, acciones para el
cortísimo, corto, mediano y largo plazo; responsables y ámbitos de acción.
8. Inducir a la formulación obligatoria de las acciones tácticas que contendrán los planes a formular
por cada una de las entidades comprometidas en la ejecución del plan nacional; tomando en
cuenta las responsabilidades pre establecidas en el mismo.
9. Finalmente, siendo la problemática de la inseguridad ciudadana, tarea y compromiso de todos, es
menester que se interiorice la conveniencia y necesidad de que los peruanos conozcan el contenido
del presente plan en lo referente a la descripción de nuestra realidad nacional y propuestas
alternativas para una adecuada administración del problema; para lo cual, el gobierno tiene un rol
preponderante de difusión. Sin ello, no será posible lograr la seguridad, bienestar y desarrollo que
todos nos merecemos.
Para estos efectos el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana formulada, se desarrollará en dos fases:
Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 110
Instituto de Investigación y Capacitación Municipal- INICAM
Partida Registral INDECOPI N°00770-2012; Asiento 01 del 17 de Julio 2012; Expediente N° 001206-2012
A. Primera fase Se aplicarán medidas y esfuerzos para recuperar la seguridad en los espacios y establecimientos públicos, restableciendo el principio de autoridad y la confianza de la población, mediante la ejecución de las diez acciones estratégicas propuestas en el cortísimo plazo (seis meses), las que serán instrumentalizadas a través del Observatorio de Seguridad Ciudadana planteado.
B. Segunda fase 1. Las actividades iniciales programadas, se reforzarán y complementarán con las establecidas
para el corto y mediano plazo, a efectos de garantizar a largo plazo (más de cinco años - 2018) la adecuada administración de la inseguridad ciudadana, enfrentando eficientemente las vulnerabilidades que afectan la Seguridad Ciudadana y consolidar un clima de paz y tranquilidad en la población.
2. A la recepción del presente Plan Nacional, los responsables de cada entidad del Sector Público –
con participación de representantes del Sector Privado comprometidos- formularán sus planes específicos o documentos de acción correspondientes para la ejecución de las tareas o actividades que les corresponda de las treinta y cinco actividades estratégicas del Plan Nacional; debiendo emplear o comprometer en esta etapa los medios y recursos propios; y solicitar al ente rector para su programación y su atención oportuna por el MEF, en caso de requerir presupuesto adicional con la justificación del caso.
3. El MEF creará un fondo económico de soporte financiero adicional e inmediato a las
operaciones para cubrir los gastos que demande la ejecución del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana que se financiará con recursos del tesoro público no ejecutados al 31 de diciembre del año fiscal, hasta por un monto no menor al 10% de estos saldos; para lo cual, se diseñarán los mecanismos administrativos de gestión que permitan la asignación inmediata de los recursos requeridos por las entidades públicas comprometidas. Para los siguientes años de ejecución del plan se incorporarán los presupuestos específicos de las entidades comprometidas en las actividades tácticas sustentadas en sus respectivos planes de seguridad.
4. El CONASEC, como ente rector, será responsable por delegación del Presidente de la Republica
del cumplimiento de las disposiciones emanadas del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC), mediante el permanente seguimiento, supervisión, control y evaluación de los resultados de gestión asignados a los representantes de las entidades comprometidas, de acuerdo a los objetivos y metas trazadas.
Resulta esencial que el Presidente de la República, como responsable de dictar las Políticas de
Estado en Seguridad Ciudadana entre otras en el país, disponga la creación de un ente consultor del más alto nivel gubernamental, integrado por profesionales seleccionados en la materia, que actuará como Secretaría Técnica, por delegación de autoridad del mandatario; con la función de coordinar con los representantes del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC) y coadyuvar al monitoreo, corrección, replanteamientos, supervisión, control y evaluación de las actividades encomendadas a las entidades comprometidas; para garantizar el cumplimiento cabal de la misión.
5. Los titulares de cada una de las entidades públicas comprometidas en el presente plan, serán
responsables del cumplimiento de las tareas asignadas a su sector, debiendo designar o acreditar un representante ante la instancia correspondiente del SINASEC, para las coordinaciones del caso. Su omisión contraerá las responsabilidades y sanciones civiles, penales y/o administrativas que correspondan según el caso.
6. Los responsables de los sectores públicos y otros entes comprometidos deberán reportar
obligatoriamente cada trimestre a la instancia correspondiente del SINASEC, bajo responsabilidad penal, civil y/o administrativa, el cumplimiento de las tareas asignadas y resultados alcanzados. Esta información será puesta en conocimiento del Presidente de la República, para la evaluación, ajustes y decisiones oportunas y conocimiento de la ciudadanía.
Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 111
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7. Los presidentes de los Poderes del Estado y los titulares de cada Sector Público comprometidos podrán si el caso lo amerita -y solo para el debido cumplimiento del Plan Nacional- ejecutar actividades complementarias a las asignadas con conocimiento del ente rector, en sus respectivas instancias; proponiendo, de ser el caso, iniciativas legislativas u otras propuestas. Con este fin, dispondrán que los responsables de la ejecución de las actividades asignadas en forma permanente impartan instrucciones al personal comprometido, sobre el contenido e importancia del presente plan, y comprometer de esta manera con el éxito la misión encomendada.
8. La Contraloría General de la República, los Órganos de Control Interno y/o Inspectoría de cada
sector, se encargarán en el ámbito de su competencia de la supervisión, control e investigación respectiva a los responsables por las acciones u omisiones punibles de las tareas asignadas al cumplimiento del Plan Nacional.
Para el cumplimiento de la función contralora, las autoridades competentes, tendrán atribución
de acceder a todo tipo de información que obre en poder de los entes comprometidos en el Plan Nacional; así como, la potestad de solicitar informes a cualquier autoridad o entidades públicas y privadas en general, para los fines propios del control a su cargo. Si como consecuencia del ejercicio de una acción de control, surgen indicios razonables de la existencia de cualquier ilícito penal, comunicaran -de inmediato- al Ministerio Público tal hecho, para que ejerza su atribución de investigación conforme a la constitución y a la Ley.
9. La comunidad en general –empresas privadas, medios de comunicación social, organizaciones
vecinales, organizaciones no gubernamentales, entre otros- deben tener una participación proactiva y principalmente responsable para garantizar el éxito del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana propuesto y sumarse a las iniciativas gubernamentales a través de mecanismos adecuadamente estructurados y organizados previstos en dicho plan.
10. En este orden de ideas, surge la imperiosa necesidad de crear e implementar los Observatorios
de Seguridad Ciudadana Distritales -denominados OSECID- a partir de los cuales se crearán simultáneamente Observatorios Provinciales, Regionales y Nacional; bajo la responsabilidad de los respectivos ámbitos de gobierno, los que permitirán una gestión sinérgica de la información relativa a los factores de inseguridad ciudadana y riesgos diversos.
Estos observatorios, desarrollados con planteamientos administrativos y operativos, deben
contar con oficinas encargadas de centralizar, canalizar, procesar y difundir información veraz, pertinente, y oportuna procedentes de sus unidades de ejecución (Portal Web, Cámaras de video-vigilancia, Línea telefónica dedicada y exclusiva, Información de Juntas de Vigilancia y vigilantes particulares, Programas Sociales, Mapeo Geo-referencial de puntos críticos, Comunicaciones del Serenazgo, etc. Finalmente, y no menos importante, es que esta información procesada también se remitirá a la Oficina de Control de Gestión del OSECID, la misma, que será la responsable del monitoreo de las acciones y sobretodo de los resultados alcanzados por la entidad comprometida; de tal manera, que se auditará en función al resultado.
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Capítulo X
Anexos
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Capítulo X: Anexos
10.00 Ayudas
10.01 Cuadro de Árbol de Problemas
10.02 Vulnerabilidades del SNSC
10.03 Cuadro del Árbol de Objetivos
10.04 Matriz de Priorización de Actividades Estratégicas
10.05 Matriz de Objetivos Generales
10.06 Matriz de Objetivos Específicos
10.07 Propuestas de Iniciativas Legislativas.
10.08 Información Tecnológica Aplicada al DNI
10.09 Formato tentativo de Portal Web
10.10 Rol de los Sectores Gubernamentales y Privados
10.11 Cuadros estadísticos de inseguridad ciudadana en el país.
10.12 Matriz de Efectos por logros de Objetivos Estratégicos
10.13 Matriz de Roles Funcionales Específicas para Entidades, SINASEC
10.14 Cuadro de propuesta de estructura orgánico-funcional OSECID
10.15 Propuesta de MOF de OSECID