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CISA / Co mu ni ca ción e In for ma ción, SA de CV CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: Presidente, Ju lio Scherer García; Vicepresidente, Vicente Leñero;Tesorero, Enrique Maza

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semanario de información y aná lisis

REPORTE ESPECIAL 6 El infierno en San Felipe /Gloria Leticia Díaz 10 Los militares se van quedando sin fuero

/Jorge Carrasco Araizaga

LA GUERRA DE CALDERÓN14 La DEA, presuntamente involucrada /Jorge Carrasco Araizaga

18 Un éxodo imparable… /José Gil Olmos 21 La transición imposible /Homero Campa

CONFLICTO POSELECTORAL

28 IZQUIERDA: Rumbo a la calificación, en el IFE y el Trife ni ven ni oyen /Rosalía Vergara

ESTADOS34 CHIAPAS:La ciudad fantasma de Sabines /Isaín Mandujano

ANÁLISIS38 Todo en venta /Denise Dresser 39 Qué huevos /Naranjo 40 MVS y el autoritarismo mexicano /Jesús Cantú 41 El cristiano Álvarez Icaza /Javier Sicilia

42 Aciertos e ilusiones de una caravana /Olga Pellicer 44 La tentación de la violencia /Sabina Berman

INTERNACIONAL46 ESTADOS UNIDOS: Obama: En apuros /J. Jesús Esquivel

No. 1869 • 26 de agosto de 2012Portada: Octavio Gómez

Índice 14

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Polo, Andrés Velázquez. Suscripciones: Cristina Sandoval Tel. 5636-2080 y 01 800 202 49 98. DelnaCervantes, Luis Coletor, Ulises de León.

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AÑO 35, No. 1869, 26 DE AGOSTO DE 2012IMPRESIÓN: Quad Graphics. Democracias No.116, Col. San Miguel Amantla, Azcapotzalco, C.P. 02700.México, DFDISTRIBUCIÓN: Voceadores DF y Zona Metropolitana: Comunicación Telefónica en Línea, SA de CV. Tel.5535-0732. Voceadores Puebla, Pue.: Jorge López Morán; Tel. 467-4880. Resto de la República y LocalesCerrados: Publicaciones Citem, SA de CV. Tel. 5366-0000.

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50 SUDÁFRICA: Afloran los racismos /Témoris Grecko 53 COREA DEL NORTE: Brisas de cambio

/Adrián Foncillas

ENSAYO56 La nueva identidad de los museos, a debate /Jorge Sánchez Cordero

CULTURA60 Indignado, el INAH se subleva /Columba Vértiz de la Fuente 68 Estro Armónico /Samuel Máynez Champion Páginas de crítica Arte: Arte emergente en La Esmeralda

/Blanca González Rosas Música: Dimitri Hvorostovsky en Bellas Artes

/Mauricio Rábago Palafox

Teatro: Ajvetik Sots de Zinacantán /Estela Leñero Franco Cine: Nostalgia de los muertos

/Javier Betancourt

Televisión: Propaganda gubernamental /Florence Toussaint

Libros: Las grietas de la historia /Tomás Domínguez Guzmán

DEPORTES

74 Hambre de gol /Raúl Ochoa 77 La meta, superar las 20 medallas /Beatriz Pereyra 80 Palabra de Lector 82 Mono Sapiens / Véase en caso de que no pase nada /Helguera y Hernández

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Asesinatos, hostigamiento a familias enteras, falsas acusaciones, golpesy torturas son cosa de todos los días para los habitantes de San Felipe,puerto de Baja California que padece a los soldados de la II Región Militar.En menos de un año los uniformados han ejecutado extrajudicialmente ados vecinos sin que hasta la fecha se les haya castigado. Ante los fallosde la Suprema Corte de Justicia, en abono del acotamiento al fuero mili-tar, Proceso inicia con este reportaje una serie de trabajos testimonialessobre la brutalidad que ejercen miembros del Ejército mexicano al ampa-ro de la guerra declarada por Felipe Calderón contra el narcotráfico.

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IGLORIA LETICIA DÍAZ

S AN FELIPE, BC.- Enclave en el tra-siego de drogas a Estados Unidos,este pequeño puerto de alrede-dor de 17 mil habitantes ha si-do escenario de numerosos agra-vios de militares contra civiles.

En el municipio de Mexicali y a orillasdel Mar de Cortés, a 200 kilómetros de lafrontera con Estados Unidos, San Felipe esun pueblo de pescadores al que suelen lle-gar desde Sinaloa lanchas con cargamen-tos de enervantes. Desde que el Ejércitofue metido en la guerra contra el narco-tráfico, elementos de la II Región Militarresguardan la zona. Su presencia se per-cibe en este pequeño puerto desde que secruza el retén construido como caseta decobro en la carretera Mexicali-San Felipe.

Los militares, sin identificación a lavista, revisan minuciosamente todos losvehículos. No hay criterios ni protocolosclaros en la revisión: pueden tardar 10 mi-nutos o hasta hora y media en hacerlo; omás si alguien protesta, cuentan quienesfrecuentan el tramo carretero.

–¿Cuál es el motivo de la revisión? –pre-gunta Raúl Ramírez Baena, director de laComisión Ciudadana de Derechos Huma-nos del Noroeste (CCDH), al soldado que leordena apagar el motor, y a él y a la repor-tera que bajen del vehículo.

–Es una revisión de rutina con motivode la Ley de Armas y Explosivos –respondeel uniformado con el fusil al hombro.

–Los retenes son inconstitucionales yuna ley secundaria no puede estar por en-cima de la Constitución –revira RamírezBaena.

–Es una orden del presidente de la Re-pública –insiste el soldado.

–El presidente no puede estar por en-cima de la Constitución –le recuerda eldefensor.

–Es una orden del presidente y noso-tros sólo obedecemos –alega el militar, queno proporciona su nombre “por seguridad”y está determinado a no dejar pasar al de-fensor y a la periodista sin revisar palmo apalmo el vehículo en el que viajan.

Al salir del puerto la revisión se repiteen tanto que otro militar –quien tampocomuestra nombre ni rango en el uniforme–anota las placas del automóvil y le exigea Ramírez Baena que diga su nombre, a loque éste se niega.

En la indefensiónEl de San Felipe es uno de los 42 puestosde control que tiene el Ejército en la II Re-

gión Militar, que comprende Baja Califor-nia, Baja California Sur y Sonora y quecomanda el general de división AlfonsoDuarte Múgica, ascendido por Felipe Cal-derón el 19 de febrero de este año, pese aque contra él hay decenas de denunciaspenales por torturas cometidas en insta-laciones a su cargo (Proceso 1847).

Extitular de la Procuraduría de Dere-chos Humanos de Baja California (PDH),Ramírez Baena dice a este semanario que“las violaciones a los derechos humanosderivadas de la militarización –la otra ca-ra de la guerra contra el narcotráfico– em-pezaron en forma alarmante en 2009 enTijuana; a partir del segundo semestre de2010 y más en 2011 los abusos se despla-zaron a Mexicali, Tecate, Ensenada e hicie-ron crisis en San Felipe”.

De esta situación tienen conocimien-to la PDH, la Comisión Nacional de los De-rechos Humanos (CNDH), la Alta Comi-sionada de las Naciones Unidas para losDerechos Humanos y la Comisión Intera-mericana de Derechos Humanos, así co-mo organizaciones civiles nacionales einternacionales.

“Pero el Ejército, y en particular Duar-te, que tiene el control de la seguridad pú-blica de los tres estados de la II Región, esbien visto mediáticamente; recientemen-te el general dio un informe de asegura-mientos importantes en Baja California apartir de 2007: 72 mil millones de pesos,más de 2 millones de kilos de mariguana,casi 7 mil kilos de cristal, 500 mil kilos deheroína; pero sin el compromiso de res-petar los derechos humanos”, afirma Ra-mírez Baena.

En mayo pasado, recuerda, “de las 40aplicaciones del Protocolo de Estambul(procedimiento para determinar torturafísica y psicológica) que hizo la CNDH en

todo el país, 20 fueron en Baja California”.Los bajacalifornianos están indefen-

sos, sostiene Ramírez Baena, quien haconfirmado que “si el C-4 –que atiende lla-madas de emergencia– recibe una denun-cia por un allanamiento o por un cateo ile-gal, por una detención arbitraria en la queesté involucrado el Ejército o haya presen-cia de vehículos militares u hombres en-capuchados vestidos de negro, tiene ins-trucciones de no intervenir”.

El tema de los derechos humanos nole preocupa a Duarte. El 27 de julio los me-dios locales reportaron que al salir de lareunión del Consejo Estatal de SeguridadPública en Mexicali, el general dio res-puesta a las cifras presentadas por la de-legada de la CNDH en Tijuana, GabrielaNavarro, quien dos días antes había infor-mado que en 2011 su oficina tuvo 117 que- jas contra elementos castrenses y en losprimeros siete meses de 2012 llevaba 103.

“Son ínfimas las quejas que se tienenen comparación con la cantidad de ope-raciones, que son millones en estos cin-co años, frente a 656 quejas de derechoshumanos y seis recomendaciones (de laCNDH)”, declaró Duarte.

Los pobladores de San Felipe se ventensos. Las secuelas de la militarizacióntraducidas en historias de abusos, tortu-ra y muerte se cuentan en voz baja. En laconferencia del 27 de julio con medios lo-cales, Duarte dijo que hay 36 quejas en laCNDH contra sus soldados destacamenta-dos en este puerto; muchas de ellas estánrelacionadas con detenciones por supues-ta posesión de droga.

Las víctimas de abusos confían a la re-portera que algunos adictos trabajan paralos militares a cambio de dosis o dinero:señalan domicilios donde presuntamente

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venden enervantes. A ellos se les atribu-yen las “llamadas anónimas” que llevan ala tropa a catear casas ilegalmente.

Personas que han sido torturadas en elcuartel para que se acusen de vender dro-gas aseguran que mandos castrenses lesofrecieron protección si aceptan trabajarpara ellos.

“Si trabajas conmigo y vendes mi dro-ga, nada te va a faltar; vas a tener carro, di-nero y quitas del camino a quien quieras”,narra una fuente con base en lo que le di- jo un teniente. Esta persona, que pidió elanonimato, fue detenida en su domicilioy entregada al Ministerio Público federal“cargada” de cristal, pero fue puesta en li-bertad al comprobarse su inocencia.

Ramírez Baena apunta: “El Poder Judi-cial de la federación ya advirtió el juegodel Ejército y desde 2011 las personas acu-sadas ilegalmente y torturadas son libera-das después de estar en prisión unos tresmeses. Lo inconcebible es que el Ministe-rio Público federal, que conoce esta situa-ción, consigne a las personas inocentes”.

Asesinato del “Yei”La muerte del pescador Francisco IsmaelOrtiz Bon, cuyo cuerpo fue hallado en unaHummer el pasado 17 de mayo, es el másreciente de los abusos militares en San Fe-lipe. La indignación hizo que los habitan-tes del puerto se movilizaran el 19 de ma-yo, día en que aquél fue sepultado.

“Justicia. No somos perros” y “El Ejer-cito haora asecina. Que no es para cuidar”(sic) decían las pancartas que llevaron losdolientes la tarde en que enterraron aFrancisco Ismael (sus amigos le decían El

Yei) y que luego fueron colocadas enla reja de la casa de María Elena Iri-qui, su viuda.

La versión oficial –difundida porel encargado de la Subprocuraduríacontra la Delincuencia Organizadade la Procuraduría General de Justi-cia de Baja California, Miguel ÁngelGuerrero Castro– señala que a las2:30 de la mañana del 17 de mayoun convoy del Ejército detuvo a Or-tiz Bon cuando éste trataba de huirpor calles del puerto.

Según el parte militar retoma-do por Guerrero Castro, Ortiz Bontraía “153 envoltorios de ice, dosde heroína y cuatro de cristal”, yque al subirlo a la Hummer “su-frió una convulsión” y murió. Elagente del Ministerio Público Ri-cardo Villarreal fue informadopor los militares tres horas y me-dia después de los hechos.

María Elena Iriqui narra aProceso lo que ocurrió: “Entre

las dos y dos y media de la mañana llega-ron los militares, tumbaron las puertas ycuando abrimos los ojos ya los teníamosencima; a mi domicilio entraron cuatro,pero afuera, en la calle, había más en unaHummer y en una Windstar gris; a pun-ta de groserías se dirigieron a mi esposo:‘¡Levántate hijo de tu puta madre!’ Lo sa-caron de la cama en bóxers y calcetas”.

La casa de María Elena tiene sólo doscuartos: recámara y cocina. En ésta tressoldados golpearon al Yei con los fusiles.“Me pusieron a un militar como custodio,estaba mi niño de nueve años conmigo; losdos vimos cómo le pegaban a su papá, loinsultaban y le preguntaban por la droga yél decía que no sabía de qué le hablaban”.

El militar al mando le gritó: “¡Así quepara golpear policías eres muy bueno, hijode tu pinche madre!” Y es que 20 días an-tes del allanamiento El Yei “no dejó que losmunicipales lo subieran a una patrulla”.

Después de golpearlo durante 15 o 20minutos, dice María, su marido fue saca-do de su casa. A unos tres metros, desdela ventana de una cámper, su hija mayor,Perla, y sus nietos de cuatro y seis añosatestiguaron las agresiones.

De tres a siete de la mañana María pre-guntó por su marido en el cuartel y en lapolicía. Todo el tiempo se lo negaron. “Llo-rando suplicaba a los militares: ‘¡Díganmesi está golpeado o detenido, qué les cues-ta, no sean malos!’ Y me decían: ‘No estáaquí, váyase tranquila’. Y yo les respondíaque cómo me voy a ir tranquila si mi espo-so está desaparecido”, recuerda.

A mediodía llegó una hermana deFrancisco Ismael y le informó que el pes-cador estaba muerto. El acta de defunción

asienta como causa de muerte “asfixia porbroncoaspiración”.

La viuda muestra fotografías del ca-dáver de su esposo, que al morir tenía40 años. Pese al maquillaje que asegurale aplicaron en la funeraria, el rostro delhombre se ve deformado por los golpes; eltorso y los brazos están llenos de hema-tomas, y en los dedos de los pies se venunos puntos morados. “Me dicen que fuepor los toques eléctricos”, confía María.

No era la primera vez que Francisco Is-mael era agredido por los militares. “Entres ocasiones anteriores se metieron a lacasa buscando droga; decían que era porllamadas anónimas y que cada vez que lashubiera, entrarían”.

En octubre de 2011 su hija Perla Kris-tel Ortiz Iriqui interpuso una queja ante laCNDH, con el número CNDH/5/2011/9371.Tras el crimen, personal de la delegaciónde la CNDH acudió a recabar los testimo-nios de la familia Ortiz Iriqui.

Por la muerte de Francisco Ismael, Per-la y María fueron llamadas a declarar enlas oficinas de la PGR en Mexicali, dondeestá integrada la averiguación previa AP/PGR/BC/73/2012-MU.

En días recientes, dice la viuda, reci-bió la visita de la subprocuradora de Dere-chos Humanos de la delegación de la PGR,María García Alba Idañarte, quien le ofre-ció atención psicológica a ella y su familia.

Además, sin recordar la fecha exacta,María cuenta que en julio fue visitada porun teniente y un coronel, cuyos nombresno recuerda, quienes se disculparon porla muerte de su marido y ofrecieron una“reparación del daño”, así como gestionarcon el gobierno de Baja California becaspara su hijo y uno de sus nietos.

A más de tres meses de la muerte desu esposo, con quien vivió 25 años, MaríaElena Iriqui no tiene copia de la averigua-ción previa ni sabe si los responsables es-tán siendo procesados.

La ejecución de AudeloEl 20 de agosto de 2011 los habitantes deSan Felipe se enteraron de la ejecuciónde Guillermo Audelo Murrieta, soldador,pescador y mecánico.

El caso fue remitido al fuero militar el13 de septiembre de 2011 y desde noviem-bre de ese año, a solicitud de la CCDH, leda seguimiento el relator especial de lasNaciones Unidas para Ejecuciones Extra- judiciales, Sumarias o Arbitrarias, Chris-tof Heyns.

Entrevistadas por Proceso , Nidia Sofíay Brenya Janeth Audelo Amador, hijas dela víctima, hacen un recuento de la com-plicada trama.

Las jóvenes, de 23 y 22 años respecti-

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vamente, cuentan que su padre se con-frontó con el cabo Pedro Guadalupe PérezGarcía, quien se negó a reconocer al hijoque tuvo con Nidia, su expareja; la con-frontación fue después con el teniente Ja-vier Luciano Aquino, quien empezó hos-tigando a la familia para apoyar al cabo yterminó acosando sexualmente a la espo-sa de Guillermo, Imelda Amador.

El acoso militar empezó por las revi-siones a Guillermo Audelo y a su automó-vil al cruzar el retén; luego fue cada vezque pasaba frente a un vehículo militar enlas calles de San Felipe; después vinieronlos allanamientos a su casa y las de sus fa-miliares; luego, la detención de sus hijos, alos que torturaron en el cuartel y una acu-sación de narcomenudista contra su es-posa... y al final vino la muerte.

El 1 de mayo de 2011 Nidia interpusouna queja ante la PDH que fue remitida ala CNDH dos días después; el 30 de junio deese año el organismo estatal pidió al nacio-nal medidas cautelares para Nidia y su fa-milia ante el hostigamiento constante.

Además de Luciano Aquino, quien “laSedena niega que exista”, Nidia identifi-ca como responsable del acoso al tenien-te Gonzalo Varela del Rincón, apodadoMalandro , Pega Duro y El Sapo. Afirma Ni-dia: “Es el que ha golpeado a toda la gentede San Felipe, es un psicópata; dicen queestá en la cárcel, pero tenemos informa-ción de que sigue aquí en el cuartel”.

La madrugada del 19 de agosto del añopasado Imelda Amador fue sacada de sudomicilio por un piquete de militares, acu-sada de posesión de 13 envoltorios de ice;fue llevada a Tijuana y su proceso todavíasigue, aunque ella está libre bajo caución.

La mañana siguiente Brenya se ente-ró de un supuesto enfrentamiento entremiembros del Ejército y presuntos narco-traficantes en el hotel Alborada, donde sa-bía que estaba hospedado Audelo Murrie-ta con los hermanos Julio César y LorenzoAntonio Ruiz Lara, a quienes les reparabauna camioneta.

Acudió al lugar y ahí supo que la únicavíctima era su padre.

La versión oficial dice que los militaresacudieron al hotel por una llamada anó-nima; que a las 5:30 llegaron al lugar, de-tuvieron a los hermanos Ruiz Lara con ar-mas cortas y 38.3 gramos de cristal; queescondido bajo una de las camas estabaGuillermo Audelo, que atacó al cabo Mar-celo Luna Contreras, quien lo había des-cubierto y quien accionó su arma “pro-duciéndole al civil una herida mortal a laaltura de la región infraclavicular derecha,misma que le provocó la muerte”.

Visitadores de la CNDH inspecciona-ron el cuarto donde mataron a GuillermoAudelo y confirmaron que bajo la cama no

cabe una persona de complexión regular,en tanto que en el acta de defunción seasentó como causa de muerte “herida pe-netrante de tórax producida por arma defuego de alto calibre”.

Con el apoyo de la CCDH y la CNDH Ni-dia pidió que se exhumara el cuerpo de supadre para practicarle una nueva necropsia.“La Procuraduría Militar que lleva elcaso se negó, a pesar de que hay razonespara pensar que mi papá no murió comoellos dicen, porque he investigado y su he-rida no era mortal, le dispararon por atrásy ni siquiera tocó el pulmón, sólo le rom-pió la clavícula derecha; el del Semefo deMexicali (Francisco Acuña Campa) dijoque el balazo que le dieron había sido amenos de tres metros.”

Las declaraciones de los hermanosRuiz Lara rendidas ante el juez de su cau-sa sostienen la sospecha de la familia Au-delo Amador.

En la declaración ante el juez federal–integrada en el expediente 355/2011-5–los hermanos Ruiz afirmaron que milita-res vestidos de civil y con pasamontañassacaron a los tres (Julio César, Loren-zo Antonio y Guillermo) por la fuerza delas habitaciones 113 y 114 en las que des-cansaban; les amarraron las manos, losobligaron a hincarse y los encapucharon.

“Los hermanos advirtieron que los mi-litares metieron a Guillermo en un cuartoy escucharon sus lamentos. Los Ruiz La-ra fueron sacados del hotel y escucharonuna detonación antes de que el vehículoen el que los subieron arrancara.”

Declararon que fueron torturados enel cuartel de San Felipe con descargaseléctricas y golpes en los costados y la ca-beza. Los interrogaban sobre una personaapodada La Yegua y después los golpea-ban para que sostuvieran la versión mili-tar: que Audelo atacó a un soldado y ésterepelió la agresión.

Los Ruiz fueron absuel-tos días después por faltade pruebas, pero el hosti-gamiento militar no acabó. Julio César, Lorenzo Anto-nio y José Alonso Ruiz La-ra fueron detenidos por mi-litares en cinco, dos y tresocasiones respectivamen-te, llevados al cuartel mili-tar, torturados y consigna-dos a juzgados de Distritopor posesión de drogas yarmas. Cada vez fuerondeclarados inocentes porfalta de pruebas y por lashuellas de los abusos. Ynunca se ha procesado alos militares responsables.

El 13 de noviembre

de 2011 Jesús Manuel Moreno, hermano deImelda Amador, murió quemado en la cám-per en la que vivía.

Ese mismo día, al domicilio de JoséAlonso Ruiz Lara llegó un anónimo sin-gular: en una hoja estaban dibujadas trescruces, una con el nombre de GuillermoAudelo, otra con el de Manuel Moreno yuna más con el suyo.

Este año fue detenido el actual esposode Nidia, Miqueas Mendoza Romero; fuetrasladado a la oficina de la PGR en Mexi-cali supuestamente por transportar seisdosis de cristal. “Vendí hasta la ropa demis hijos para conseguir 6 mil pesos queme pidió el Ministerio Público para sacar-lo, pero no me dio comprobante”.

Apoyada por Ramírez Baena y el dipu-tado perredista local Francisco SánchezCorona, Nidia logró que en septiembre de2011 el Congreso de Baja California ex-hortara a Felipe Calderón a investigar “lasdenuncias en contra del personal militarque sirve en la plaza del puerto de San Fe-lipe, Baja California, por violaciones gra-ves y reiteradas a los derechos humanosy la seguridad jurídica en contra de veci-nos del citado puerto”; en específico, el ca-so de la muerte de Guillermo Audelo y loshostigamientos a su familia.

Para Nidia el tormento no acaba. Ca-da vez que pasa por el retén militar ellay su vehículo son revisados exhausti-vamente. “Una vez iba a Mexicali a unaconferencia de prensa y me retuvieronhora y media; otra, iba a una audienciaal juzgado y fueron una hora y 20 minu-tos. Le pregunté a un soldado por quétardaban tanto en revisarme y me dijo:‘Levántate más temprano para que nose te haga tarde’”.

(En la siguiente edición: El ancia-no “narco” muerto a golpes)

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JORGE CARRASCO ARAIZAGA

La Suprema Corte de Justicia dela Nación (SCJN) dejó pasar todoel sexenio y cuando está por ter-minar el gobierno de Felipe Cal-derón, el de mayor número decasos de violaciones a los dere-

chos humanos en tiempos recientes, de-cidió acotar el fuero militar, la vía de esca-pe que ha tenido el cuerpo castrense parano ser sancionado incluso por delitos delesa humanidad.

A fuerza de presiones internacionalesel tribunal terminó por aceptar que habíaargumentos suficientes para acabar con laimpunidad de la justicia militar. Duranteaños la mayoría más conservadora de laCorte se opuso a revisar la constituciona-lidad del Código de Justicia Militar (CJM),cerrando las puertas a las víctimas de vio-laciones a los derechos humanos cometi-das por soldados.

Ministros tan conservadores como Ser-gio Salvador Aguirre Anguiano terminaronpor aceptar que el CJM se opone a la Cons-titución, que prohíbe la aplicación de la justicia militar a los civiles, y se prepara pa-ra mandar a la justicia ordinaria casos degraves violaciones a los derechos humanoscometidos por el Ejército al amparo de laguerra de Calderón contra el narcotráfico.

Se trata de delitos como tortura, homi-cidio, desaparición forzada e inhumación

clandestina cometidos este sexenio. Al am-paro del CJM esos delitos habían sido con-siderados hasta ahora “faltas a la disciplinamilitar”, por lo que se radicaron en tribuna-les castrenses. Lo mismo hará la ministraOlga Sánchez Cordero con casos que inclu-yen encubrimiento y colaboración de mili-tares con la delincuencia organizada.

La CNDH ha abierto 8 mil 556 expe-dientes contra elementos de las FuerzasArmadas en lo que va del sexenio. Núme-ro sin precedente. De ese total, 7 mil 529involucran a efectivos del Ejército y mil 27a miembros de la Marina. Se trata de que- jas registradas entre el 1 de diciembre de2006 y el pasado lunes 20 de agosto.

La decisión presidencial de sacar a losmilitares de sus cuarteles para enfrentara los narcotraficantes terminó por exhi-bir la inconstitucionalidad del CJM que sedieron los militares en 1933. El código fuepublicado como decreto presidencial porAbelardo L. Rodríguez y no fue sanciona-do por el Congreso.

La SCJN ha dedicado las sesiones deagosto a desmontar la aplicación de la justicia militar a civiles al amparo de eseCJM. La discusión en el máximo tribunalcomenzó bajo un intenso cabildeo previodel Ejército. A principios de mes, cuandoacabó el receso judicial, por los pasillos dela Corte se vio durante varios días a mili-

tares uniformados que entraban a las ofi-cinas de los ministros.

No era para menos. Los efectos de lasresoluciones del tribunal serán inmedia-tos: La justicia militar deberá declararseincompetente y turnar los expedientes ala justicia ordinaria en los casos donde lasvíctimas sean civiles y los familiares deéstas podrán solicitar que los jueces mili-tares dejen de conocer las causas que aúnestán en los tribunales castrenses.

Presencia de la Corte InteramericanEl máximo tribunal se tomó su tiempo parallegar a esta decisión, calificada de históri-ca por las organizaciones de derechos hu-manos. La iniciativa llegó de afuera. En no-viembre de 2009 la Corte Interamericanade Derechos Humanos falló contra el Esta-do mexicano por la desaparición del cam-pesino guerrerense Rosendo Radilla Pache-co, detenido en un retén militar en 1974. Elcaso quedó en la jurisdicción castrense, sinque se sepa hasta ahora quiénes fueron losresponsables.

El organismo condenó la aplicacióndel fuero militar en México en casos don-de hay civiles y pidió a la SCJN revisar laconstitucionalidad del CJM, mientras queal Ejecutivo y al Poder Legislativo les soli-citó que lo reformen.

Los militares se vanquedando sin fuero

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En octubre de 2010 Calderón propu-so una reforma que sólo planteaba sacardel fuero militar la desaparición forzada,la violación sexual y la tortura. Pretendíaque el homicidio y otros delitos contra ci-viles siguieran siendo investigados pormilitares cuando estuvieran implicadoselementos del Ejército, la Fuerza Aérea ola Marina. La propuesta se empantanó enel Congreso al vincularse con la fallida re-forma de seguridad nacional.

En 2010 hubo otros dos fallos de laCorte Interamericana contra México porla aplicación del Fuero Militar, y Calde-rón “amplió” su propuesta. En abril pa-sado pretendió que los delitos cometidospor militares contra la población civil fue-ran investigados por jueces militaresen retiro.

Sólo el máximo tribunal actuó an-te el fallo del caso Radilla. Después devarias sesiones, en julio de 2011 resol-vió el expediente “Varios 912/2010”,en el que hizo su propia interpreta-ción del fallo de la Corte Interamerica-na para sentar jurisprudencia restric-tiva del fuero militar, y decidió atraerlos asuntos que ya se ventilaban en los juzgados sobre la aplicación de la jus-ticia militar en casos donde hubieravíctimas civiles.

Después de casi un año llegaron ala Corte 30 asuntos, que comenzarona discutirse el lunes 6, bajo las ponen-cias de los ministros Sánchez Corderoy Aguirre Anguiano. De ese total doscorrespondían a conflictos de com-petencia entre juzgados civiles y mi-litares, y 28 a recursos de amparo. Losconflictos competenciales y el primeramparo ocuparon tres semanas dediscusión del pleno y fijaron los crite-rios para la solución del resto de losrecursos.

El conflicto de competencia que fi- jó la primera restricción a la jurisdic-

ción castrense fue el asesinato de JethroRamsés Sánchez Santana, el 1 de mayo de2011, torturado en las instalaciones delXXI Batallón de Infantería en Cuernava-ca. Uno de los acusados, como encubri-dor, fue el coronel José Guadalupe AriasAgredano.

A propuesta de Sánchez Cordero elpleno de ministros resolvió, por ocho vo-tos a dos, que la jurisdicción civil tienecompetencia por encima de la militar entodos aquellos casos en los que un efecti-vo castrense haya cometido un delito con-tra un ciudadano. Precisó que esos casosno deben ser considerados “faltas a la dis-ciplina militar”. En consecuencia ordenóque el caso pasara del Juzgado Quinto Mi-

litar a la justicia penal federal: el JuzgadoQuinto de Distrito en Morelos.

Los dos votos a favor de la compe-tencia castrense fueron de los ministrosAguirre Anguiano y Margarita Luna Ra-mos, quien incluso en su intervención dellunes 6 dijo que a los militares “se les pa-só la mano” cuando torturaron a SánchezSantana.

En el segundo conflicto competencial,también a cargo de la ministra SánchezCordero, la Corte resolvió a favor de la ju-risdicción ordinaria y determinó que éstadebe investigar los delitos cometidos pormilitares cuando la falta no atente contrala disciplina castrense.

Con ese criterio, asimismo rechazadopor Aguirre Anguiano y Luna Ramos,ordenó que la justicia común investi-gue a tres militares acusados de fal-sedad de declaraciones para justificarla detención de un civil en Morelia enmarzo de 2010.

En esa ocasión los militares sem-braron un saco de mariguana en elauto que conducía Jesús Piedra Vi-llalobos, por lo que fueron acusadosde obstrucción a la justicia, delito decompetencia civil y no militar. El casoquedó en el Juzgado Séptimo de Distri-to en Michoacán y no en el Juzgado Mi-litar adscrito a la V Región Militar, consede en Jalisco.

Interés jurídico de las familiasEl alcance del fuero militar quedó to-davía más reducido cuando el plenoresolvió el primero de los 28 ampa-ros. El martes 21, la misma mayoríadel pleno declaró inconstitucional elCJM en su artículo 57, fracción II, in-ciso a). Esa disposición era la que per-mitía a los juzgados castrenses atraerlos casos de violaciones cometidas pormilitares contra civiles, interpretadas

En una decisión sin precedente, aunque tardía, la Suprema Corte de-terminó que los delitos cometidos por militares contra la poblacióncivil no deben ser juzgados por instancias castrenses. Fue precisa-

mente sacar a la fuerza armada a las calles para librar la guerracalderonista contra el narcotráfico lo que terminó por exhibir a lossoldados en sus constantes y flagrantes violaciones a los derechoshumanos. El hecho también dio pie a las presiones internacionalesque influyeron para que el pleno de ministros acotara el fuero basa-do en el Código de Justicia Militar vigente desde hace casi 80 años.

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Sánchez Cordero. Propuesta polémica

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como “faltas a la disciplina militar”. En lapráctica ese criterio implicaba que los mi-litares se investigaran a sí mismos, lejosdel escrutinio público.

En ese mismo recurso el tribunal de-terminó que los familiares de una víctimacivil de delitos cometidos por militarestienen “interés jurídico” para interponerun juicio de amparo, con lo que abando-nó el criterio asumido en 2009 cuando lenegó el amparo a Reynalda Morales, viudade Zenón López Medina, uno de los cuatrohombres ejecutados un año antes por unapartida del Ejército en la sierra de Badira-guato, Sinaloa.

El cambio de criterio se dio a partir deotro caso de asesinato de un civil a ma-nos del Ejército ocurrido en junio de 2009,cuando el indígena Bonfilio Rubio Villegasfue ejecutado en un retén militar en Hua-muxtitlán, Guerrero.

En su argumentación los ministros di- jeron que bastaba la interpretación delCJM en relación con el artículo 13 de laConstitución para favorecer a la justiciacomún, por lo que no era necesario remi-tirse al fallo de la Corte Interamericana enel caso Radilla. Esa interpretación, preci-samente, fue la que omitieron cuando ne-garon el amparo a Reynalda Morales.

En su resolución del martes 21 los mi-nistros hicieron valer ese artículo cons-titucional, según el cual “los tribunalesmilitares en ningún caso y por ningúnmotivo podrán extender jurisdicción so-bre personas que no pertenezcan al Ejér-cito”. También establece que “cuando enun delito o falta del orden militar estuvie-re complicado un paisano, conocerá delcaso la autoridad civil que corresponde”.

Los ministros que cambiaron su cri-terio fueron Guillermo Ortiz Mayagoitia ySergio Valls Hernández. “Se trata de unadecisión histórica porque es el primer ca-so de un amparo que se gana en contra dela extensión del fuero militar”, expresó altérmino de la sesión el abogado Santiago

Aguirre, del Centro de Dere-chos Humanos de la MontañaTlachinollan, de Guerrero, re-presentante de la familia Ru-bio Villegas.

Añadió que el caso tras-ciende a la familia del indíge-na asesinado porque con estadecisión los ministros ratifi-caron el control de las auto-ridades civiles sobre las Fuer-zas Armadas. La investigacióny sanción del homicidio yano le corresponderá al Juzga-do Sexto Militar, adscrito a la IRegión Militar, con sede en elDistrito Federal.

El resto de los amparos se-rá resuelto con base en esos criterios. To-dos están relacionados con la actuaciónmilitar en el marco de los operativos orde-nados por Calderón.

Sin retroactividadSin embargo casos importantes comoel de Badiraguato; el asesinato de unafamilia en Sinaloa de Leyva, en 2007;la muerte de la indígena Ernestina As-censio, en Veracruz, en febrero del mis-mo año; el de dos estudiantes del Tec deMonterrey en 2009, y el de los menoresejecutados en Tamaulipas en 2010, no es-tán incluidos por haber sido ya “resuel-tos” o están por reclamarse en la vía civil.Tampoco se incluyen violaciones atribui-das a elementos de la Marina.

Entre los amparos que resolverá laCorte y que están a cargo de los minis-tros Sánchez Cordero y Aguirre Anguia-no se encuentran la desaparición forza-da de personas en Jalisco; el asesinato deciviles en Nuevo León; la tortura, asesi-nato e inhumación clandestina de per-sonas en Chihuahua; la tortura y muertede una persona en Veracruz; el asesina-to de dos civiles en Oaxaca, así como lacolaboración de militares con los cárte-les de Sinaloa y del Golfo en varios esta-dos del país.

De esos recursos de amparo 11 es-tán relacionados con el Operativo Chi-huahua. En cinco de ellos, los más gra-ves –tortura, asesinato y desaparición delos cadáveres– aparece implicado el ge-neral Manuel Moreno Aviña, excoman-dante de la guarnición militar de Ojina-ga, aunque no figura como promotor dealgún recurso legal.

Los amparos fueron interpuestospor algunos de los 31 militares señala-dos por la Secretaría de la Defensa Na-cional (Sedena) como autores materialeso cómplices en la desaparición de por lomenos ocho personas.

Según los testimonios de los militares,incluidos en las demandas de amparo, encuatro de esos casos de personas acusa-das de pertenecer a La Línea –el grupo desicarios del Cártel de Juárez–, además delgeneral Moreno Aviña están implicadosel mayor Alejandro Rodas Cobón y el te-niente Gonzalo Arturo Huesca Isai.Los testimonios de los propios milita-res subordinados hablan de tortura, asesi-nato y quema de cadáveres para desapa-recer a los detenidos, hechos ocurridosen junio de 2008. Varios de esos militaresacusados por la Sedena solicitaron que elcaso pasara a la justicia civil al conside-rar que no tenían posibilidades de defen-derse en los tribunales militares. Los am-paros están en la ponencia de la ministraSánchez Cordero y plantea que pasen a la jurisdicción penal federal.

El ministro Aguirre, quien en las sesio-nes públicas del pleno de la Corte ha si-do defensor del fuero militar, propone la jurisdicción civil en casos que tienen quever con desaparición forzada de cuatropersonas, también en Chihuahua.

Lo mismo ocurre con la desapariciónde seis civiles detenidos por militares en Jilotán de los Dolores, Jalisco, en octubrede 2010. En ese caso están implicados 16efectivos, entre ellos el entonces tenien-te de infantería Fabián Rebulloza Hernán-dez, al mando de la partida militar.

En el amparo se indica que esa ac-ción está relacionada con la directiva dela Sedena para el Combate al Narcotráfi-co 2007-2012. Precisa que por órdenes deRebulloza los seis civiles fueron bajadosde los vehículos en que los transportaban“para que se los llevaran otros civiles quellegaron a bordo de camionetas tipo Su-burban, quienes se los llevaron”.

Aguirre Anguiano, quien se retirará elpróximo 30 de noviembre, propone tam-bién que pase a la justicia civil el caso del joven Otilio Cantú Cantú, asesinado enMonterrey en abril de 2011 por militarescomisionados a la Secretaría de SeguridadPública de Nuevo León.

Lo mismo plantea en torno al asesi-nato de Silvestre Melchi Velazco a manosdel teniente Ambrosio Hediño Sánchez,del Primer Batallón de Infantería, en SanAndrés Tuxtla, Veracruz, y de los civilesVenancio Olivera Ávila y Cecilio VázquezMiguel, en el que están involucrados unsargento y dos soldados, en Santiago La-chivía, Yautepec, Oaxaca.

Junto con la ministra Sánchez Corde-ro, aunque con argumentos diferentes,Aguirre plantea que los casos de militaresacusados de colaborar con el narcotráficotambién sean investigados por la justiciacivil y que esos ilícitos no se considerenfaltas a la disciplina militar.

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2007, Badiraguato. Crimen impune

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La DEA, presuntamente

El ataque del viernes 24 contra dos supuestos emplea-dos de la embajada estadunidense, en la carretera fe-deral México-Cuernavaca, sume en otro escándalo algobierno calderonista, en especial a su secretario deSeguridad Pública. Según la información oficial, losextranjeros, que eran escoltados por un capitán de laMarina mexicana, fueron emboscados por elementosde la Policía Federal. Los comunicados emitidos tantoen México como en Estados Unidos, lejos de aclarar el“incidente”, sólo crearon confusión. Fuentes confia-bles deProceso aseguran que los estadunidenses sonen realidad agentes de la DEA que participaban en unamisión para localizar al narcotraficante Héctor BeltránLeyva,El H .

JORGE CARRASCO ARAIZAGA

La Policía Federal, a cargo del se-cretario de Seguridad Pública,Genaro García Luna, quedó denuevo en entredicho la maña-na del viernes 24 cuando efec-tivos de esa corporación par-ticiparon en una emboscada

contra un vehículo de la embajada esta-dunidense en el que presuntamente via- jaban dos agentes de la DEA que buscabana Héctor Beltrán Leyva, El H, escoltadospor un capitán de la Marina mexicana.

El gobierno de Felipe Calderón se enre-

involucrada

Carreteraal Capulín

El Capulín

Gasolinería

Km. 50

N

Tres Marías

Carretera federalMéxico - Cuernavaca

Secuencia del ataque, según la versión oficial

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dó en un confuso comunicado conjunto delas secretarías de Seguridad Pública (SSP)y de Marina (Semar) para intentar explicarla participación de los efectivos de GarcíaLuna en el ataque, ocurrido a las 08:00 delviernes 24 en el tramo carretero Tres Ma-rías-Huitzilac.

Revuelto, el boletín oficial señaló quea esa hora “un vehículo diplomático de laembajada de Estados Unidos de Américarecibió múltiples impactos de bala en eltramo carretero Tres Marías-Huitzilac departe de la Policía Federal que se encon-traba en la zona realizando labores de per-secución del delito”.

Aseguró que los hechos ocurrieron“cuando dos funcionarios de la Embajadade Estados Unidos de América, en compa-ñía de un elemento de la Secretaría de Ma-rina, que se dirigían a una visita a instala-ciones de la Armada de México en el cerroEl Capulín, municipio de Xalatlaco, fue-ron alcanzados, al ingresar en un caminode terracería aproximadamente a cuatrokilómetros de la carretera libre México-Cuernavaca, por un vehículo cuyos tripu-lantes les mostraron armas de fuego”.

Ante ello “el conductor del vehículo di-plomático maniobró para evadirse y rein-gresar a la carretera, momento en el cual

los tripulantes del vehículo agresor abrie-ron fuego sobre el vehículo diplomático”.

Sin precisar por qué los efectivos de laPolicía Federal atacaron el vehículo de laembajada estadunidense, las dependen-cias a cargo de García Luna y del almiranteFrancisco Saynez Mendoza continuaronsu historia: “Momentos después otros tresvehículos se sumaron a la persecución yrealizaron diversos disparos con armas defuego sobre el vehículo de la embajada”.

El marino a bordo del vehículo alertóal personal de la Armada de México que seencontraba en las instalaciones del Capu-lín para prestar apoyo, “llegando éstos una

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los dos está registrado como personal di-plomático estadunidense acreditado enMéxico, arrojó una búsqueda hecha poreste reportero.

No obstante en Estados Unidos el De-partamento de Estado informó a la agenciamexicana Notimex que los dos estaduni-denses atacados trabajan en su embajadaen la Ciudad de México.

“Estamos trabajando con las autori-dades mexicanas para investigar un inci-dente esta mañana en el que dos emplea-dos de nuestra embajada en México fueronatacados”, declaró la vocera del Departa-mento de Estado Victoria Nuland a la agen-cia oficial mexicana.

Al cierre de esta edición Proceso cono-ció la versión –proveniente de una fuenteacreditada- de que el confuso ataque fueuna acción de elementos de la Policía Fe-deral contra dos agentes de la Agencia Fe-deral Antidrogas (DEA) que hacían laboresde inteligencia para ubicar a Héctor Bel-trán Leyva, El H.

Según un funcionario de seguridad delgobierno federal, que pidió el anonima-to, los agentes de la DEA que se traslada-ban en una camioneta Toyota con placasdiplomáticas y conducida por un marinoiban acompañados de un informante dela propia organización de El H para ubicarlos lugares donde se oculta éste, hermanode Arturo Beltrán Leyva,El Barbas.

Este último fue ejecutado en diciem-bre de 2009 en un operativo de infantesde Marina en el que también participa-ron agentes de la DEA vestidos de mari-nos mexicanos.

En el caso del incidente de Tres Marías,

no se trató de un operativo, sino de unainvestigación para ubicar unas casas don-de estaba El H. Al detectar la camioneta lagente de Beltrán, según la fuente, mandóa la Policía Federal a revisarla, por lo queimprovisaron un filtro de revisión. El ma-rino que conducía no se detuvo, por lo quelos policías federales les dispararon, diceesa versión.

Lo ocurrido el viernes es otra demos-tración de que la DEA está operando ac-tivamente en México, pero eso nunca lova a admitir el gobierno federal, añadióla fuente, que recordó los operativos de laMarina para ejecutar al Barbas , en diciem-bre de 2009, y a Ezequiel Cárdenas Guillén,Tony Tormenta , en noviembre de 2010, líderdel Cártel del Golfo en sustitución de suhermano Osiel.

En ambos casos el propósito era ejecu-tar a los capos con la participación de agen-tes de la DEA que llevaban uniformes de laMarina o iban encapuchados, aseguró.

En enero del año pasado infantes deMarina realizaron un operativo en la co-lonia Del Valle, en el sur de la Ciudad deMéxico –fue su primera incursión en la ca-pital del país– para detener a Héctor Bel-trán Leyva en un departamento que ocu-paba en la calle Miguel Laurent, esquinacon Tejocotes.

El “incidente” –como lo definió el gobier-no de Estados Unidos– del viernes 24 ocu-rrió dos meses después de que la Policía Fe-deral se volviera escándalo cuando tres desus elementos murieron en un tiroteo consus compañeros de corporación en el Aero-puerto Internacional de la Ciudad de Méxi-co por asuntos de narcotráfico.

Margarito Pérez Retana / Procesofoto

El objetivo, con placas diplomáticas

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EL PASO, TEXAS.- En los años ochen-ta fueron las guerras en Gua-temala y en El Salvador las queexpulsaron a miles de familiasa Estados Unidos. Treinta añosdespués, el éxodo hacia este país,

más específicamente a los estados del sur,proviene de México, atizado por la violen-cia derivada de la guerra contra las drogasdel gobierno calderonista.

El año pasado 80 de esas familias pro-venientes de Chihuahua, Veracruz, Mi-choacán y Coahuila fundaron la organiza-ción Mexicanos en el Exilio, cuyo propósitoes proporcionar todo tipo de ayuda a susconnacionales en territorio estaduniden-se: psicológica y alimenticia, así como ase-soría jurídica y laboral.

Sus 154 miembros están conscientesde que la violencia en el país no cede y deque, por tanto, la migración podría seguirincrementándose. Muchos de los despla-

imparable...

JOSÉ GIL OLMOS zados aún no superan el miedo, por lo quecambian de casa con frecuencia, pues te-men que los sicarios o policías en activo losbusquen en las ciudades que eligieron co-mo refugio. Saben que las bandas crimina-les mexicanas no respetan fronteras.

Para Cipriana Jurado Herrera, la prime-ra mexicana defensora de derechos huma-nos que recibió el estatus de exiliada enEstados Unidos, hay denuncias en el sen-tido de que sicarios de bandas criminalesse internan en Estados Unidos, sobre todoen esta localidad, para llevarse a la gentea México.

“Yo por eso no estoy en El Paso”, co-menta la exdirectora del Centro de In-vestigación y Solidaridad Obrera (CISO),quien sobrevive limpiando casas y no tie-ne residencia fija. Oriunda de Ciudad Juá-rez, admite que muchos de los refugiadosno se atreven a denunciar por miedo. Pre-fieren, dice, estar en sus casas e incluso notrabajar para evitarse problemas, pero esoimpide que las quejas prosperen.

Las historiasLa de Cipriana es sólo una de las múlti-ples historias que ha recogido la Carava-na por la Paz en su itinerario por las en-tidades fronterizas. En Las Cruces, NuevoMéxico, Cristina presentó su caso. Diceque en abril de 2011 ella y su familia hu-yeron de Valle de Guadalupe, Chihuahua,tras sobrevivir a la matanza de noviembrede 2010 en el Bar Castillo.

Dice que cuando ella y sus hijos, her-manos, cuñada y sobrinos llegaron a Esta-dos Unidos se creyeron a salvo, pero pron-to se desengañaron:

“Un día que salí llegaron unos hom-bres a la casa de la viejita donde trabaja-ba. Querían llevarme a fuerza, pero ellales dijo que yo no laboraba ahí. Me salíde esa ciudad y me fui a otra porque su-pe que me estaban buscando. Ya no ten-go paz tampoco aquí. Desde que empeza-ron a buscarme, en febrero pasado, ya novivo bien.”

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Un éxodo

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Durante su segunda semana de trayecto, la Caravanapor la Paz que encabeza Javier Sicilia recogió testimo-nios de migrantes mexicanos que buscan un nuevo es-tatus legal en Estados Unidos, así como adhesiones de

organizaciones como Mexicanos en el Exilio, dedicadaa la defensa de los paisanos que huyen de la violen-cia e intentan convertirse en exiliados. El éxodo hacerecordar al que agobió a países como Guatemala y ElSalvador, en la época de sus guerras internas.

Meses antes de la matanza en el BarCastillo, en Valle de Guadalupe, una ban-da criminal de la zona ejecutó al esposode Cristina, quien tenía un lote de autos,por negarse a pagar la cuota. En febrero de2010 buscó trabajo y el único lugar dondeencontró fue precisamente en el bar, don-de a finales de ese año un grupo de sicariosacribilló a los clientes y quemó el negocio.

Cristina relata que fue testigo de queagentes federales iban custodiando a losagresores. Ella logró escapar cuando llega-ron los policías municipales. Más tarde, losfederales implicados comenzaron a intimi-darla para que no los denunciara. En unaocasión, dice, secuestraron a su padre paraobligarla a entregarse. Esa acción la obligó airse a Estados Unidos, pero aquí –comenta –también se siente acorralada.

Juan Frayre Escobedo, hijo de la activis-ta Marisela Escobedo, ejecutada en diciem-bre de 2010 frente al palacio de gobierno deChihuahua al lado del campamento quemontó para exigir justicia a las autorida-des por el asesinato de su hija Rubí Marisol,es otro de los exiliados mexicanos.

“Nosotros teníamos que salir de Méxi-co para conservar nuestra vida. No tuvi-mos otra opción. Ahora es volver a empe-zar, con el dolor y la impotencia de lo queha sucedido”, comenta Juan al reportero através del teléfono.

Desde diciembre pasado, él se mue-ve por varias ciudades fronterizas, luegode que un hombre en un centro comercialde esta ciudad se le acercó y le dijo que ély su familia serían asesinados: “Él y otraspersonas me querían sacar del centro co-mercial, pero se detuvieron cuando vieronel video. En el estacionamiento lo estabanesperando cuatro personas”.

El que amenazó a Juan en esa ocasiónera Héctor Miguel Flores Morán, un pisto-lero del crimen organizado a quien las au-toridades atribuyeron el asesinato de Ma-risela. Pero él no fue quien la ejecutó, dice Juan, “pues mi tío nunca lo reconoció”. Re-lata que aun cuando presentó la denuncia

ante las autoridades de esta ciudad no lehicieron caso, por lo que decidió mudar-se más lejos.

A esos testimonios se suman los deMartha Valles García, Daniel Vega Hernán-dez y Diana Hernández, del Valle de Gua-dalupe, la zona más peligrosa de Juárez,donde los cárteles controlan la región fron-teriza. En esa región han sido asesinadasdecenas de personas. Los tres pertenecena Mexicanos en el Exilio, que la semana pa-sada se sumó a la caravana encabezadapor el escritor Javier Sicilia.

“Tengo 16 años –dice Diana–. Estoy enMexicanos en el Exilio porque desaparecie-ron a mi mamá, Isela Hernández Lara, el 14de agosto de 2011 en el Valle de Guadalupe.Amenazaron a mi familia, nos dijeron queya no nos querían en el pueblo, que nosquerían fuera. Por eso tuvimos que salir.”

El pecado de Isela fue cuidar a un bebéde dos años, hijo de una de las mujeres dela familia de Olga Reyes Salazar, a la cualle han matado siete de sus miembros. Ol-ga es una de las principales activistas delMovimiento por la Paz con Justicia y Dig-nidad que se dirige a Washington.

Entrevistada en El Paso, Texas, la ado-lescente recuerda el día que se llevaron asu madre: “Nosotros llegamos en la tarde.Estaba toda la familia. De repente llega-ron cinco personas armadas en una troca.Nunca nos imaginamos que fuera a pasaralgo. Se metieron a la casa y nos gritaronque nos tiráramos en el piso. Éramos pu-ras mujeres y mi papá.

“Nos preguntaban dónde estaba el pa-pá del niño. Mi mamá fue la única que seatrevió a contestar. Golpearon a mi pa-pá hasta dejarlo inconsciente y se la lle-varon”. Les dijeron que ya no los queríanahí; que los iban a matar. “Por eso nos ve-nimos a El Paso a pedir asilo, somos 10, in-cluyendo a mis tías, primas y a mi papá”.

Entre los familiares de Isela Hernán-dez que salieron de México se encuentraDaniel Vega Hernández, de 18 años, quiense crió en Estados Unidos. El adolescente

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La transición

Los afanes de transición política en México, que se hi-cieron patentes con la alternancia iniciada por VicenteFox, nunca cristalizaron. Quienes frenaron estos cam-bios son los poderes fácticos que se mantuvieron ac-tuantes durante las siete décadas de dominio del PRIy que se desataron en los gobiernos de Vicente Fox yFelipe Calderón ante un debilitamiento gradual del Es-tado. En entrevista exclusiva conProceso , la periodistabritánica Jo Tuckman, corresponsal deThe Guardian yautora del libroMéxico: democracia interrumpida , re-cientemente publicado por la Universidad de Yale, afir-ma que Televisa y TV Azteca mantienen como rehenesa los políticos y que la estrategia de Felipe Calderóncontribuyó a multiplicar los frentes de batalla.

HOMERO CAMPA

Cuando en febrero de 2000 la pe-riodista Jo Tuckman llegó a Méxi-co como corresponsal del diariobritánico The Guardian , creyó quetendría la oportunidad de cubrirun periodo de mucha eferves-

cencia, rico en ángulos noticiosos: la tran-sición del país a la democracia, después de71 años de gobiernos priistas.

Para esas fechas el candidato del Par-tido Acción Nacional (PAN), Vicente Fox,se perfilaba como posible ganador de laselecciones presidenciales. Su triunfo enlos comicios de julio acrecentaron las ex-pectativas de la periodista: imaginó queen México se iniciaba una era de cambiosfascinantes como los que experimentó Es-paña tras la muerte de Francisco Franco ola Unión Soviética tras el colapso del régi-men comunista.

Pero eso no sucedió. “Todo se tranqui-lizó. No pasaban grandes cosas”, recuer-da Tuckman. Y enfrentó dificultades para

imposible

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colocar notas sobre México en su periódi-co. En el contexto de la guerra en Afganis-tán en 2001 y luego en Irak en 2003, deca-yó el interés sobre México en los medioseuropeos.

En la medida en que Tuckman se aden-traba en los problemas del país y en la idio-sincrasia de su gente, se percató de que laidea de que “aquí no pasa nada” era muysuperficial. “Debajo de la normalidad apa-rente sucedían muchas cosas importan-tes, las cuales estallaron en 2006 durante elsexenio de Felipe Calderón”:

–¿Qué cosas? –se le pregunta.–El progresivo debilitamiento del Esta-

do que propició vacíos institucionales, loscuales fueron llenados por poderes fácticos,legales e ilegales: los monopolios empre-sariales, los cacicazgos regionales, el corpo-rativismo sindical y, sobre todo, el narcotrá-fico y el crimen organizado.

“Esos poderes fácticos ya existían–advierte–, pero estaban contenidospor el antiguo régimen. Cuando éste sefragmentó, aquéllos aprovecharon el

debilitamiento del Estado para fortale-cerse e, incluso, desafiarlo.”

En ese marco de “debilitamiento del Es-tado y fortalecimiento de los poderes fác-ticos”, Tuckman analiza actores e institu-ciones y describe hechos que han marcadoal país en los últimos dos sexenios. Lo ha-ce en su libro Mexico democracy interrupted (México, democracia interrumpida) que,publicado por la Universidad de Yale, em-pezó a circular el mes pasado en Gran Bre-taña y Estados Unidos.

Tuckman estudió antropología socialy tiene una maestría en estudios latinoa-mericanos. Antes de llegar a México fue co-rresponsal de prensa en Rusia y en Amé-rica Central. Cobró notoriedad en el paíscuando el pasado 7 de junio publicó en TheGuardian un reportaje en el que, con baseen “docenas de archivos informáticos”, in-formó que Televisa suscribió con el equipodel priista Enrique Peña Nieto un conveniode asesoría y venta de cobertura favorableen la televisión a fin de proyectarlo a la Pre-sidencia de la República.

Son precisamente Televisa y, en me-nor medida, TV Azteca dos de los pode-res fácticos que se han aprovechado de ladebilidad del Estado mexicano. En su li-bro Tuckman señala: “Las dos cadenas detelevisión explotan su influencia sobre laopinión pública para mantener como re-henes a los políticos. Sus decisiones edi-toriales son regularmente definidas nosólo por la competencia de los altos ra-tings , o incluso por simpatías políticas, si-no por intereses corporativos y vendettaspersonales”.

“Estrategia equivocada”En entrevista con Proceso , Tuckman con-sidera al crecimiento del crimen organi-zado como uno de los mayores desafíosque debe enfrentar el país. Señala que “laequivocada y contraproducente estrategiadel gobierno de Calderón” también es res-ponsable del fortalecimiento de los cárte-les de la droga.

“Hizo lo peor: su estrategia fragmentó

Construye tumbas para ganarse la vida… y se la gana bas-tante bien. No son tumbas ordinarias, sino extravagan-cias de dos pisos en mármol que hacen que el cementerioJardines de Humaya, en la afueras de Culiacán, la capital

de Sinaloa, parezca un suburbio acomoda-do para los muertos; los muertos del nar-co. “Pagan bien y a tiempo, y son buenosclientes en tanto entregues lo que pro-metiste”, me dijo mientras hacía una pau-sa en su proyecto en turno. “Si no lo ha-ces, ya no están tan contentos”, agregócolocando su mano en la cabeza como sifuera una pistola y tirando del gatillo. Es-to es exactamente lo que le pasó a un ami-go suyo hace unos meses, porque rebasóel presupuesto.

Este lujo mortuorio no es barato. Elconstructor me señaló un mausoleo de cin-co metros de alto con columnas dóricas yuna aparatosa escalera curva que condu-ce al segundo piso. Dijo que la construccióncostó 1.2 millones de pesos, aunque no es-pecificó si éstos incluían los paneles solaresdel techo (que dan energía al aire acondicio-nado y al entretenimiento dentro de la tum-ba) o al vidrio a prueba de balas que cubre laimagen de la vitrina. “Están hechas de modo

que la familia pueda reunirse y relajarse. Tienen que ser muy cui-dadosos en estos tiempos”.

La vista desde donde platicamos sugiere que las cúpulas sonprácticamente obligatorias, los balcones comunes y que el estilo

arquitectónico más popular puede ser defini-do sin mucho rigor como neoclásico. El ba-rroco recargado también es uno de los favo-ritos y hay algunos atisbos de modernismominimalista, que dijo empezaba a ponersede moda.

El tráfico de drogas tiene una larga tradi-ción en muchas partes del país, pero en nin-guna está tan orgánicamente integrado a loscimientos políticos, económicos, sociales yculturales como en Sinaloa. El estado tienemuchas facetas: tiene una agricultura indus-trializada y es uno de los últimos reductos delos tradicionales juegos de pelota precolom-binos; pero el negocio de la droga acechaprácticamente por todas partes.

Pese a ser el bastión del Cártel de Sina-loa, la organización de tráfico de drogas máspoderosa de la actual coyuntura, y de Joa-quín El Chapo Guzmán, su capo más famoso,el estado es también la patria sentimental demuchos otros líderes de organizaciones riva-les. Aunque tengan sus centros de operación

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a los cárteles de la droga y multiplicó losfrentes del conflicto”, dice.

En la introducción de su libro, Tuck-man recuerda que Calderón lanzó la ofen-siva contra el crimen organizado tan pron-to tomó posesión a finales de 2006. Indicaque la justificó “con el argumento de quelas instituciones de seguridad locales seencontraban rebasadas. Desde entonces,las fuerzas federales no han sido capacesde, al menos, contener el derramamientode sangre en casi todos los frentes. El pro-blema va más allá de la muerte y el ho-rror. De hecho, la estrategia de Calderónpareciera alimentar tanto la violencia co-mo la corrupción que ha creado el espacioen que actúan los cárteles”.

Y añade: “Una vez que un cártel po-ne la mira en una plaza en particular, to-das las instituciones que son consideradasimportantes para salvaguardar o expandirsus actividades se encuentran bajo ame-naza. Fuerzas policiacas, prisiones, tribu-nales judiciales, burocracias locales, par-tidos políticos, periódicos y muchas otras

en otras partes, no es infrecuente que cuando llega su hora seantraídos de regreso a casa para ser enterrados en el cementerio Hu-maya. La anciana madre de los hermanos Carrillo Fuentes, del Cár-tel de Juárez, siguió viviendo en el estado por lo menos hasta 2011.Ocasionalmente permitía a los periodistas entrar a su casa, dondetenía un altar dedicado a sus varios hijos muertos.

Sinaloa se encontraba relativamente en paz al inicio de la ofen-siva de Calderón, hasta que una escisión en el núcleo de la Federa-ción de Sinaloa lo convirtió a principios de 2008 en un frente de pri-mer orden, casi al mismo tiempo en que se desató el conflicto enCiudad Juárez. La chispa se encendió con el arresto en enero de Al-fredo Beltrán Leyva, uno de los cuatro hermanos cuya organizaciónhabía llegado a ser una de las más poderosas del país dentro de laFederación.

Rápidamente se extendió el rumor de que Alfredo, detenido pormilitares en una casa de seguridad en Culiacán, había sido “entrega-do” a las autoridades por El Chapo . Otros dijeron que El Chapo no hi-zo lo suficiente para apoyar un plan de escape inmediatamente des-pués de la detención de Alfredo. La creciente tensión estalló en unenfrentamiento armado cuando uno de los hijos del Chapo fue balea-do en mayo a las afueras de un centro comercial de Culiacán, supues-tamente por órdenes de los hermanos Beltrán Leyva que todavía es-taban libres. En el conflicto que sobrevino, IsmaelEl Mayo Zambada ylos otros principales líderes de Sinaloa se alinearon con El Chapo . LosBeltrán Leyva consolidaron su incipiente alianza con Los Zetas, quepueden haber sido la causa más importante de la ruptura original.

La batalla se extendió a todos los estados donde los gruposcoincidían, pero fue más intensa en el propio Sinaloa. El Chapo yla familia Beltrán Leyva habían nacido en la misma parte de la sie-rra, estaban lejanamente emparentados y habían crecido juntos enel negocio, al tanto de los secretos de unos y otros. Conocían laubicación de las casas de seguridad de cada uno y qué policías ypolíticos estaban en las nóminas respectivas. Sabían qué compa-ñías lavaban el dinero de quién, qué restaurantes gustaban de fre-cuentar sus antiguos aliados y a qué escuelas asistían sus hijos. Laguerra de las drogas había llegado a casa.

AmbivalenciaDurante un viaje que hice a Culiacán en enero de 2009 platiqué conun taxista que se había topado con siete diferentes batallas a tirosen el transcurso de dos meses. Una joven madre recuerda haberpresenciado cómo hombres armados secuestraron a otro progenitorcuando fueron a recoger a sus respectivos hijos de una guardería.Un pequeñín trota detrás de su madre mientras ésta cuenta cómo lareciente fiesta de cumpleaños de su otra hija terminó cuando no le- jos de ahí se desató una balacera entre varios vehículos cargadosde pistoleros; dos de los pequeños invitados acabaron con metrallaen las piernas. Un comerciante confesó su preocupación de conver-tirse en un blanco, porque tenía amigos que sabía eran narcos. Otrafamilia describió cómo cambiaron de lugar su recámara para no te-ner que dormir junto a la pared que compartían con sus vecinos, aquienes habían visto portando armas. El dueño de una vulcanizado-ra contó cómo instruyó a sus empleados a trabajar a toda velocidadcuando evidentes traficantes se detuvieran a adquirir nuevas llan-tas… por miedo a que atrajeran a sus rivales. Una mujer afirmó quenunca se recuperaría de la muerte de su hijo adolescente, abatidocuando pistoleros atacaron el taller mecánico donde se encontraba.El médico de una clínica privada hizo un recuento de las veces queha sido obligado a ponerle suero intravenoso a un cadáver, por par-te de familiares armados con rifles de asalto que se niegan a aceptarque su ser querido está muerto, a pesar de estar viendo que tienederramados los sesos.

Las historias no sólo eran notables por ser tan íntimas y tan fáci-les de encontrar, sino también revelaban una profunda ambivalenciaentre la población sobre la condición de su ciudad como centro delcrimen organizado.

El taxista dijo que una vez que las cosas se calmaran, conside-raría traficar un poco con drogas para elevar sus ingresos. La jovenmadre dijo comprender a sus amigas que buscaban los lujos quesus novios narcos podían proporcionarles (aunque ella personal-mente preferiría un político… era menos riesgoso). La madre de laniña cuya fiesta de cumpleaños fue arruinada por una balacera sólo

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Fox y Calderón. Era de cambios... fallidos

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instituciones requieren defenderse de lasinfiltraciones o entrar en ellas. La crisis degobernabilidad que ya se encuentra atrin-cherada en algunas partes del país amena-za con propagarse”.

–¿La cobertura del narcotráfico implicadesafíos para un corresponsal extranjero?

–Sí, pero no implica los mismos ries-gos que enfrenta un periodista mexica-no que trabaja en un estado o en una ciu-dad debido a una sencilla razón: uno entray sale del lugar. Los reporteros locales sequedan a enfrentar las consecuencias delo que publican.

Se le comenta que el gobierno federalnormalmente es muy sensible a las críti-cas de la prensa extranjera. Se le refiereque funcionarios de prensa de Los Pinos ode secretarías de Estado suelen reaccionara las notas “negativas” con invitaciones atomar café para hacer reclamos abiertos o“amistosos”.

“Ello depende del medio de comuni-cación extranjero –sostiene–. En mi caso,hasta antes de mis notas sobre Peña Nieto

expresó su deseo de que los pistoleros tuvieran más cuidado deenfrentarse en lugares menos vulnerables. El dueño de la vulca-nizadora reconoció que su negocio se iría a pique si no fuera porel insaciable apetito de los traficantes por tener llantas nuevas ensus vehículos. La madre del adolescente muerto estaba enojadacon los cárteles, pero dirigió la mayor parte de su ira contra las au-toridades, por no atrapar a sus asesinos. Únicamente el médicoachacó la violencia totalmente a los narcos, consideró que la so-lución era expulsarlos de la ciudad y saludó la llegada de los 2 milsoldados que entonces la patrullaban como un primer paso positi-vo hacia ese fin.

Aunque difícilmente representa una muestra científica, estosugiere que aun aquéllos directamente afectados por la violenciaencuentran difícil imaginarse a un Culiacán sin traficantes de dro-gas que jueguen un papel significativo. La ciudad está también re-pleta de gente ordinaria que expresa abiertamente su afinidad conlos criminales.

Un ama de casa, que vive junto a una pared cacariza de balas,se balanceaba en una mecedora con su bebé en brazos y se que- jaba de que la economía se ha visto severamente afectada des-de que la ofensiva obligó a los traficantes a mantener un bajo per-fil cuando no se estaban matando los unos a los otros. Un meserode mi hotel me dijo, con evidente orgullo, que su hermano cocina-ba para un capo. Un grupo de niños de siete años que acababa departicipar entusiastamente en un taller contra la violencia, organi-zado por las autoridades estatales en su escuela, alardeó que sa-bía cómo disparar rifles Kalashnikov. Un voceador de 12 años queofrecía periódicos a los automovilistas dijo que quería ser narco. Acabábamos de ver pasar una pick up nueva, lo que lo llevó a so-ñar que un día tendría una exactamente igual.

La ciudad también se mueve al ritmo de los narcocorridos queemanan de los estéreos de los coches (…) Las pocas líneas deuna canción cantada por una banda conocida sólo como El Cár-tel, tienen un tono casi existencial: “Un sicario llegó al infierno parainspeccionar un trabajo que había hecho. No sabía que sus vícti-mas ya lo estaban esperando”.

Los narcocorridos más conocidos embellecen las biografíasde destacadas figuras del narco y cumplen una función similar alos cantos que entonaban los juglares sobre los caballeros medie-vales. Jóvenes traficantes ambiciosos pagan miles de dólares porun corrido sobre ellos, pero a los capos establecidos probable-mente se les pide permiso, antes que una cuota.

“Los narcocorridos son como películas de acción; permiten ala gente sentirse parte de algo excitante, aunque no lo sean y enrealidad tampoco quieran serlo”, me dijo el productor de discosConrado Lugo.

Una noche Lugo me llevó a visitar algunos de los lugares deinterés en Culiacán. Me mostró la casa donde Alfredo BeltránLeyva fue arrestado. Había sido garabateada con las palabras“Te amamos, Mochomo ”, refiriéndose a su apodo que alude aun tipo de hormiga roja. Circulamos despacio alrededor de unacruz de metal bien cuidada y rodeada de flores frescas y globosde helio, ubicada en el lugar donde fue asesinado el hijo de ElChapo Guzmán. Pasamos frente a la agencia de modelos don-de solía trabajar Miss Sinaloa, antes de ser arrrestada junto conun traficante y quedar detenida durante 40 días. Mientras cami-nábamos, el jovial Lugo hablaba sobre sus planes de enseñar asus tres hijas a disparar para que no se sintieran intimidadas porla violencia. Estaba preocupado de que ya fuera demasiado tar-de para la mayor: tenía 12 años.

(…) “El narco aquí no es un problema militar; ni siquiera un pro-blema policiaco”, me dijo Javier Valdez Cárdenas, un reportero delsemanario local de investigación Ríodoce , quien también ha es-crito tres extraordinarios libros que respaldan su afirmación: Ma-

layerba , Miss Narco y Los morros del narco . “Le hemos permitidoque entre a nuestras casas, a nuestras cocinas, a nuestros come-dores, a nuestros baños, a nuestras recámaras y que se meta de-bajo de nuestras sábanas. Soy pesimista de que podamos volver-lo a sacar”. (Traducción: Lucía Luna)

* Fragmentos del libro de Jo Tuckman, Mexico democracy inte-rrupted (Yale University Press, 2012).

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El emporio de Azcárraga. Malos hábitos

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y Televisa, fui una especie de correspon-sal anónima. Mis notas no tenían un se-guimiento, como sí lo tienen diarios co-mo The Financial Times , The Washington Post o The New York Times . A pesar de que TheGuardian es un periódico importante a ni-vel global, es en realidad poco conocido enMéxico. Todavía hay encargados de prensade oficinas públicas que no lo reconocen;por tanto, yo no he estado en esa lista decorresponsales de “medios importantes” yno he recibido reclamos. Creo que eso yacambió a partir de lo que publiqué sobreTelevisa y Peña Nieto.

“Las reglas de las televisoras”En su libro, Tuckman hace un breve repa-so de la historia de Televisa. Refiere comoésta y TV Azteca paulatinamente han au-mentado su poder de influencia al gradode que funcionarios, líderes de partidospolíticos y legisladores temen enfrentár-seles o buscan congraciarse con ellas. Des-cribe la construcción del candidato presi-dencial Peña Nieto como si se tratara deun actor de telenovela. Cita los contratospor unos 74 millones de dólares publica-dos en Proceso por el reportero Jenaro Vi-llamil, mediante los cuales Televisa realizóuna cobertura favorable para el entoncesgobernador del Estado de México.

Y anota: “Una fuente que asistió areuniones entre los máximos ejecutivosde la compañía (Televisa) y un represen-tante de alto nivel de Peña Nieto, confirmólos alegatos de un acuerdo promocional”.

Luego apunta: “Un asistente cercanoa Peña Nieto me dijo en 2009 que las ne-gociaciones para las coberturas periodís-ticas con el duopolio (Televisa y TV Az-teca) es una práctica común entre todoslos aspirantes presidenciales. Su jefe (Pe-ña Nieto) estaba siendo favorecido en ese

momento, pero –dijo– su equipotenía la expectativa de que es-te predominio se desvanecie-ra conforme se acercaran laselecciones y los jefes de la tele-visión empezaran a jugar en elcampo de los candidatos. El go-bernador, insistió, hubiera pre-ferido mayor competencia eneste sector (de las telecomu-nicaciones), pero, dado que élquiere ganar la elección, no tu-vo más opción que jugar conlas reglas de las televisoras”.

Durante la entrevista Tuckman reconoce que ese tes-timonio no lo utilizó en sustextos que publicó The Guar-dian . Dice que el libro lo escri-bió antes de que obtuviera losarchivos informáticos en losque basó sus notas periodís-

ticas. Comenta que cuando obtuvo los do-cumentos ella y sus editores en Londresfueron “bastante cuidadosos: tardamosdos meses en verificar la información”.

Cuando el 7 de junio el diario británicopublicó el texto de Tuckman, El PRI y Tele-visa desmintieron la información. Esta úl-tima fue más allá: exigió una disculpa pú-blica y amenazó con una demanda legalen Londres.

–¿Calculó el efecto de su nota en TheGuardian ?

–Sabía de su importancia, pero no es-peraba el impacto que provocó. Es más,pensé que tendría mayores repercusio-nes una nota posterior: la que fue publi-cada el 26 de junio. Con base en nuevosdocumentos y de fechas más recientes, eltexto reveló que había una unidad secretade Televisa –llamada “equipo Handcock”–que encargó videos promocionales sobreel candidato y su partido, a la vez que des-acreditaba a sus rivales. Y pensé que ten-dría más repercusiones debido a que unode los líderes de esa unidad secreta de Te-levisa, de nombre Alejandra Lagunes, fueposteriormente integrada al equipo de Pe-ña Nieto como “coordinadora de estrate-gia digital y de redes sociales”. Pero esa se-gunda nota no tuvo mayor efecto.

Contrario a las exigencias de Televi-sa, no hubo disculpa alguna por parte deThe Guardian . Por el contrario, el 10 de ju-nio Martin Hogdson, subdirector del dia-rio, publicó un texto en el que defendió elcontenido de la nota de Tuckman del 7 de junio. Hasta donde ella conoce, la televiso-ra no acudió a los tribunales.

“Después Televisa emitió un comu-nicado en el que informó que The Guar-dian había iniciado una investigación so-bre mis notas. Lo hizo parecer como unareivindicación de su reclamo y una san-ción en mi contra. Fue tramposo debido ala siguiente razón: Cuando un lector envía

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una carta de queja, ésta se publica y unaespecie de defensor de audiencias del dia-rio inicia en automático una investigacióninterna. Eso se hace con todos y ocurre demanera regular. Esa pesquisa interna con-cluyó en que no había elementos para elreclamo de Televisa”, cuenta la periodista.

Dice que antes de publicar el textobuscó a los representantes de Televisa yde Peña Nieto para que fijaran su postura,pero que éstos se negaron.

–Televisa argumentó que solicitó verlos “archivos informáticos”, pero que us-

ted se negó a mostrárselos, por lo que nopodía opinar sobre documentos que no co-nocía. ¿Por qué no se los mostró?

–Porque en ese momento no tenía au-torización de mi fuente para hacerlo. Des-pués la obtuve y los documentos se subie-ron en línea. Pero ese alegato de Televisa–que también utilizó el PRI– no es váli-do: mis editores y yo estábamos haciendopreguntas claras y buscábamos respues-tas claras en las que no era necesario verlos documentos. Por ejemplo ¿Televisa havendido o no paquetes de promoción que

incluyen la venta de contenidos informa-tivos sobre Peña Nieto? Para contestar esapregunta, la televisora no requería ver do-cumento alguno.

–¿Después de que se armó el revuelo,la buscó algún funcionario de Televisa?

–No. Más bien fui yo quien insistió enbuscarlos. Pedí entrevistas para medir susreacciones. Después solicité una entrevis-ta con Alejandro Quintero u otros funcio-narios debido a que nos proponíamos ha-cer una nota más global sobre la televisora.Nunca accedieron a mi solicitud… Con elPRI sí hubo respuesta cuando obtuve los do-cumentos de la unidad Handcock. Les mos-tré incluso algunos de ellos. Su posiciónaparece en la nota que se publicó después.

–¿Por qué el tema Televisa-Peña Nietoera importante para The Guardian ?

–En primer lugar porque la nota teníaméritos propios: documentaba la compli-cidad del poder político con el poder me-diático. Además, tradicionalmente es-te tema ha sido parte de la agenda de TheGuardian . Recuerde que el diario tuvo unpapel activo en el escándalo de las escu-chas ilegales en Gran Bretaña que deriva-ron en un cuestionamiento público y enuna investigación oficial sobre las relacio-nes entre los medios de Rupert Murdoch yel gobierno de David Cameron.

Tuckman añade otro factor: “ The Guar-dian está interesado en posicionarse comoun diario global y está consciente de quehay lugares del mundo, como América La-tina, en los que no ha puesto la atenciónque se merecen”.

–¿Había conciencia de que esa nota te-nía un efecto electoral, que se le estabapegando al candidato puntero?

–Nunca lo calculé así. Había una coyun-tura periodística. En ese momento ya ha-bía surgido el movimiento #YoSoy132, querechazaba los contenidos informativos deTelevisa y se oponía a Peña Nieto. Pero nohabía intención de afectar a un candida-to. Mis motivaciones eran periodísticas, nopolíticas.

A Tuckman se le comenta que sus notasy los documentos en que éstas se apoya-ron –así como los textos que este semana-rio ha publicado acerca de este tema– for-man parte de la queja que el PRD presentóante el IFE el pasado 9 de junio, debido aque el PRI habría incurrido en “publicidadencubierta” de su candidato. La queja fuedesechada y el lunes 20 el PRD apeló tal de-cisión ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Comenta que ese hecho la satisfacepero a la vez la incomoda. “No estoy acos-tumbrada a participar de los hechos noti-ciosos, sino a observarlos e informarlos”,dice. Y señala que, en todo caso, “hay aquíun asunto de fondo: el cuestionamiento ala opaca relación de los medios de comuni-cación y el poder político”.

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Para la coalición MovimientoProgresista, a nadie le quedóduda de la sobrexposición delpriista Enrique Peña Nieto enel “Canal de las Estrellas” desde2005, cuando fue electo gober-

nador del Estado de México, hasta el 27 de junio pasado, cuando terminó la campañapor la Presidencia de la Repú