posicionamiento de edad&vida para un marco regulador en la
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POSICIONAMIENTO DE EDAD&VIDAPARA UN MARCO REGULADOREN LA PROVISIÓN DE SERVICIOS YFINANCIACIÓN DE LA DEPENDENCIA
Junio 2005
Edita:Edad&VidaGuadalquivir, 5 bajo dcha.28002 Madrid
Aribau, 195, 3º izq.08021 Barcelona
Teléfono de información: 93 488 27 20
Maquetación: Xeixa Rosa
Depósito legal
Índice
5 1. Presentación
7 2. Principios rectores
7 3. Definición de dependencia
8 4. Cuestiones técnicas4.1. Integración de servicios4.2. Cartera de servicios4.3. Acreditación4.4. Criterios de acceso4.5. Formación4.6. Calidad
12 5. Valoración de la dependencia
13 6. Sistemas de clasificación
14 7. Orientaciones básicas del modelo de atención
15 8. Niveles de dependencia
17 9. Financiación
21 10. Conclusiones
23 Bibliografía
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1. Presentación
Edad&Vida, Instituto para la Mejora, Promoción e Innovación de la Calidad de Vida de lasPersonas Mayores, tiene como principal objetivo contribuir con nuestras actividades amejorar la calidad de vida de las personas mayores.
El Instituto es un catalizador, tanto de las inquietudes de la sociedad civil como de las delmundo empresarial, y quiere colaborar estrechamente con las administraciones públicasen dar una respuesta eficaz a los retos de una población envejecida.
Nuestro Instituto ha sido promovido por un grupo de empresas procedentes de diferentessectores de la economía productiva, que quieren llevar a cabo actuaciones conjuntas paradar respuesta a las oportunidades y a los problemas asociados al envejecimiento y quereflejan una indudable voluntad de corresponsabilidad social con los poderes públicos.
Nuestra intención es identificar los problemas y necesidades asociados a las personasmayores. Pretendemos ser interlocutores con los poderes públicos y diseñar solucionesy estrategias que hagan frente a los retos y oportunidades de una población cada vezmás envejecida. Con este fin, en Edad&Vida potenciamos la generación de conoci-miento, trabajando con Universidades, Centros de Investigación y Formación, paradisponer de instrumentos de diálogo sólidos desde el punto de vista técnico/científico.
Actualmente, el debate en torno a las claves socio-políticas y económicas de la dependen-cia se produce en un contexto de creciente sensibilidad institucional, junto a un impor-tante esfuerzo legislador plasmado, en su inicio, en el Libro Blanco de la Dependencia.Esta publicación ha abierto un periodo de reflexión y discusión para profesionales, admi-nistraciones, asociaciones y demás actores públicos y privados que deberá culminar conuna propuesta de ley general de carácter integrador y sostenible.
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Desde Edad&Vida queremos expresar nuestra satisfacción ante la presentación del LibroBlanco de la Dependencia por parte del IMSERSO, en el que se realizan un conjunto de refle-xiones y, considerando que el actual es un momento decisorio de gran trascendencia, quisié-ramos aportar nuestras reflexiones que esperamos ayuden a avanzar en el desarrollo de laLey de la Dependencia.
El presente documento, de carácter abierto y no finalista, recoge el posicionamiento deEdad&Vida sobre la futura Ley, tomando como punto de partida el Libro Blanco y el trabajodesarrollado por el Instituto en los últimos años, que comprende diversas publicacionesdetalladas en la bibliografía.
Quiero agradecer el esfuerzo del Grupo de Trabajo sobre Dependencia de Edad&Vida en laelaboración de este documento de posicionamiento, así como la colaboración de todos lossocios promotores para conseguir un documento de consenso que contribuya a mejorar lacalidad de vida de los mayores.
Higinio RaventósPresidente de Edad&Vida
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2. Principios rectores
Consideramos que una Ley sobre Dependencia de ám-bito Estatal debería tener las siguientes características:
1. Universalidad: Que ofrezca una determinada cobertura del riesgode dependencia a todos los ciudadanos.
2. Eficacia:Que proporcione solución al problema presente y asu dimensión futura.
3. Equitativa:Que garantice igual acceso a los servicios ante igualnecesidad.
4. Eficiente: Que contribuya a obtener el mayor valor de losrecursos empleados tanto públicos como privados.
5. Sostenible económicamente:Que aporte soluciones de financiación sostenibles enel presente y en el futuro, en base a las proyeccionesde necesidades.
3. Definición de dependencia
Se asume como concepto válido el del Consejo deEuropa, que define la dependencia como “aquel estadoen que se encuentran las personas que, por razones liga-das a la falta o a la pérdida de autonomía física,psíquica o intelectual, tienen necesidad de asistenciay/o ayudas importantes a fin de realizar los actoscorrientes de la vida diaria" (Libro Blanco, XII: 4).
Desde Edad&Vida quisiéramos introducir una reflexióncon respecto a las diferencias entre las AIVD y lasABVD en la futura ley de Dependencia.
Cuando la necesidad de ayuda sea exclusivamente paralas actividades instrumentales de la vida diaria,éstas deberían ser cubiertas por la propia familia(pensión + familia) o en su defecto por los mecanismosnormalizados de Protección Social articulados a travésdel sistema de Servicios Sociales.
De lo anterior se deduce que la nueva Ley deberíaregular la atención a la dependencia a partir delNivel I (pág. 15) lo que supondría la cobertura de lasactividades instrumentales de la vida diaria y al menosuna actividad básica de la vida diaria. Este sería unpaso esencial en la delimitación de las situaciones acubrir por la futura Ley.
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4. Cuestiones técnicas
El establecimiento de un marco regulador para la provisiónde servicios y financiación de la dependencia requiere laconsideración de varios puntos fundamentales para desa-rrollar una ley que permita alcanzar los objetivos generalesrecogidos en los principios rectores. Las principales cuestio-nes técnicas, a nuestro entender, son las siguientes:
4.1. Integración de servicios
Es necesario un nuevo consenso que permita avanzaren la integración de servicios de atención a la depen-dencia. En este sentido, desde Edad&Vida, pensamosque la coordinación y comunicación entre nivelesson requisitos imprescindibles, pero constituyen sóloun primer paso en la integración. Para lograrla seproponen las siguientes medidas:
a. Establecer políticas de atención integral quepermitan proveer los servicios necesarios indepen-dientemente de su naturaleza sanitaria o social ydel servicio donde se presten. Nuevo modelo derelación entre Sanidad y Servicios Sociales.
b. Impulsar un acuerdo marco sectorial entre Admi-nistraciones Autonómicas y proveedores que rede-
fina la estructura de la oferta en función de lasnecesidades de la población de referencia y losrecursos existentes. Esto supondría la participaciónpública y privada en la definición del modelo, lafinanciación y la compra.
c. Poner en marcha Unidades de Coordinaciónencargadas de la conexión entre los distintosniveles de atención. Este instrumento presenteen varias Comunidades bajo distintas denominacio-nes y formas (Comisión de Área en Madrid, Enfer-mero de Enlace en Málaga y Comisión Interdiscipli-nar Mixta Sociosanitaria (CIMSS)- en Cataluña) esparticularmente útil para una mejor gestión indivi-dualizada de los casos y para un conocimientomutuo entre profesionales de ámbitos habitual-mente alejados entre sí.
d. Financiación por procesos incluidos en la oferta,reconociendo el peso sanitario de la dependencia ydefiniendo el peso social a soportar con financia-ción pública o privada. En lo referente a los siste-mas de pago de los servicios, se deberían fijarsistemas basados en la carga de cuidados delos mismos y de garantía de calidad en laprovisión. Es necesario señalar que no todos los
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proveedores pueden cubrir todos los niveles dedependencia.
Como se pone de manifiesto, la integración de servicioses un proceso que implica a diferentes Departa-mentos y Administraciones.
En este sentido, el objetivo último de una atención inte-gral es el mantenimiento de la autonomía, no sólo conactuaciones preventivas (primarias, secundarias y tercia-rias), sino potenciando cualidades residuales y tratandode anticiparse a los procesos desencadenantes dedependencia.
4.2. Cartera de servicios
Edad&Vida señala en su propuesta que la futura Ley deDependencia debería definir el catálogo de prestacio-nes y las formas de acceso para las personasdependientes.
Las prestaciones se incluirían dentro de una cartera deservicios que debería contemplar las siguientes áreas:
a. Adaptación del entorno: actuación en el hábitaty en el medio físico, adecuación de viviendas, elimi-nación de barreras...
b. Ayudas técnicas: sillas de ruedas, camas articula-das, grúas, etc.
c. Nuevos sistemas tecnológicos: telealarma, tele-asistencia y telemedicina.
d. Servicios sociales en el domicilio: ayuda a domi-cilio, catering, limpieza, lavandería…
e. Servicios sanitarios en el domicilio: enfermería,equipos de gestión de casos, etc.
f. Servicios discontinuos: diurnos, nocturnos, tem-porales o de respiro.
g. Cobertura sanitaria pública en residencias.
h. Servicios de media o larga estancia: residenciasy centros sociosanitarios.
Como se recoge en el Libro Blanco, junto a todasestas prestaciones específicas se contemplaría unnivel más genérico que englobaría la prevención, elfomento de estilos y hábitos de vida saludables,preparación a la jubilación/vejez, ocio activo, forma-ción y participación de las personas mayores en lavida social.
4.3. Acreditación
Se debería establecer un sistema de acreditación delos servicios a prestar dirigido a:
a. Aumentar los esfuerzos de regulación y controladministrativo de las entidades (de titularidadpública o privada) que prestan servicios de aten-ción a las personas mayores con dependencia yde los sistemas de atención informal en situaciónirregular.
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b. Esto debería ir unido a una simplificación de lostrámites de autorización administrativa de losservicios de atención a las personas mayores condependencia.
c. Aprovechar los criterios existentes en la UniónEuropea para la homologación e implantación delas condiciones mínimas de funcionamiento de losservicios de atención a las personas mayores condependencia.
d. Introducir criterios de control en lo que se re-fiere al procedimiento de aperturas y autoriza-ciones, los requisitos materiales, de recursos huma-nos y de programas de intervención, estableciendo,fruto del consenso, un lenguaje común, unos siste-mas de clasificación de clientes comunes y unosrequerimientos mínimos acordes con la carga decuidados y la tipología del servicio. Por ello, notodos los proveedores tienen que estar acreditadospara los mismos servicios.
Dicho sistema de acreditación debería recoger y docu-mentar el régimen de regulación de precios y deconciertos vigente en cada Comunidad Autónoma,aunque las diferencias no deberían influir en el costodel proceso.
Consideramos que los esfuerzos actuales de lasAdministraciones deberían ir orientados a la plani-ficación, compra y evaluación de los servicios yno a la gestión directa ni a la construcción deequipamientos.
4.4. Criterios de acceso
Las formas de acceso a la cartera de servicios definidadebiera hacerse, al menos en un primer momento, através de las actuales puertas de entrada conven-cionales de los servicios sociales, como servicios máspróximos al ciudadano y por razones de elementaloperatividad: red consolidada, de alguna formamadura, ya conocida por los usuarios y comúnmenteaceptada, a pesar de sus sesgos e inconvenientes.
Como se ha señalado en el punto c de la Integración deservicios, la forma más deseable en un segundo nivel dedesarrollo sería a través de la creación de un órganoespecífico, comisión de área o de zona geográfica, queactuase a modo de gestor de casos asignando recursosy prestaciones en función de la valoración de cada soli-citud. Actualmente, el único modelo legislado es el deCataluña donde funcionan las CIMSS, que son Comi-siones Interdisciplinarias Mixtas Sociosanitarias, enmar-cadas en las disposiciones del Programa Vida als Anys(Decreto 215/1990 de 30 de julio de promoción y finan-ciación de la atención sociosanitaria) y dirigidas a opti-mizar y coordinar los recursos sociosanitarios específi-cos con los otros ámbitos de atención.
Desde Edad&Vida consideramos que sería necesarioimpulsar la máxima de “a igual proceso, igual dere-cho”: se debería favorecer la equidad de acceso a losservicios en función del grado de dependencia delos usuarios, independientemente del territorio en elque vivan y de la pensión que perciban, para así noperjudicar a las pensiones medias, que habitualmenteson las más castigadas.
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4.5. Formación
Tal y como se afirma en el Libro Blanco de la Dependen-cia, ‘nadie puede ni debe sentirse ajeno al impulso quenecesitará nuestro sistema de atención a la dependen-cia, ni las Administraciones, ni las entidades privadas, nilos proveedores públicos o privados ni el conjunto de lasociedad’ (Libro Blanco, XII: 80). Se reconoce así lanecesidad de marcar unos principios fundamenta-les para la regulación de las nuevas profesiones,con un criterio único en todo el Estado, que favo-rezca el desarrollo de los profesionales en esteámbito. De esta forma, los nuevos currículos deberíaninstituirse a nivel de formación reglada para permitiruna cierta homogeneización de títulos (actualmentese habla de gerocultores, auxiliares de geriatría, cuida-dores...) y un desarrollo profesional por nivel de cuida-dos que sea equivalente en todo el Estado.
Desde Edad&Vida, estamos de acuerdo en que losprogramas formativos propuestos deben tener encuenta los siguientes grupos: cuidadores informales,cuidadores profesionales de atención directa yprofesionales especializados.
4.6. Calidad
Es fundamental el desarrollo de un modelo de aten-ción a la dependencia desde un marco quecontemple la calidad del proceso de atención. Laincorporación de elementos de información (indicado-res) y de un sistema estructurado con definición deprocesos y contemplando la posibilidad de trazabilidad
del proceso asistencial, podrían ser elementos que regu-lasen las características de la atención, y por ende laconfianza del interesado y/o su entorno con el presta-dor del servicio.
Asumimos la postura recogida en el Libro Blanco sobrela necesidad de que sea la Administración la quecontrole la calidad en la prestación de los servicios,fomentando la innovación y estableciendo mecanismosde regulación y homologación de los centros y presta-dores externos de servicios, con criterios rigurosos decalidad aplicables a las entidades y empresas prestado-ras de servicios.
Por tanto, se espera que la Administración consensue yarticule instrumentos de seguimiento y control quegaranticen el cumplimiento de la norma y de los requi-sitos exigidos para el funcionamiento y evaluación delos recursos, así como de los sistemas de gestión.
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5. Valoración de la dependencia
Edad&Vida solicita desde hace algún tiempo que se esta-blezcan criterios equivalentes en las distintas Comu-nidades Autónomas valorados por una Agenciaúnica. En el campo de la valoración de la dependencia esnecesario diferenciar entre la valoración inicial y los siste-mas más complejos de clasificación de la dependencia.
Tal y como se refiere en el Libro Blanco, el estableci-miento de un sistema de valoración común es decisióndel Ministerio, por lo que aconsejaríamos la adopción deherramientas de valoración sencillas, periódicas,que valoren la evolución de la dependencia, defácil acceso y aplicación que puedan ser asumidaspor diferentes niveles y servicios. Algunos de estosinstrumentos sería Barthel, MEC o el Indice de Katz.
Valoración Inicial
Los recursos de soporte a la dependencia debensolicitarse según el nivel de severidad obtenido enla valoración inicial. La valoración inicial requiere:
a. La promoción de un instrumento único de valo-ración de la dependencia funcional de los solicitan-tes que permita clasificar según el nivel de severi-dad de la dependencia. El nivel de severidad se
convertiría en el principal criterio a emplear por lasAdministraciones para asignar los servicios.
b. La utilización del Plan Terapéutico Individuali-zado cuyo objetivo prioritario es obtener un planintegral personalizado con la intervención de todoslos profesionales del equipo interdisciplinar.
c. La utilización de instrumentos de valoración delos cuidados a domicilio con el fin de analizar suadecuación a las necesidades reales de los usuarios.
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6. Sistemas de clasificación
Los sistemas de evaluación y clasificación son herra-mientas utilizadas para conocer el perfil de los usua-rios atendidos en un determinado recurso sanitario conel fin de valorar los recursos necesarios, organizar losequipos asistenciales y planificar actuaciones futuras.
Son, por tanto, instrumentos más complejos, suscepti-bles de ser utilizados en un segunda etapa de clasifi-cación en los centros de formación avanzada y conuna oferta integral de servicios.
Aconsejamos la generalización del uso de sistemas deevaluación integral como el RAI (Resident Assess-ment Instrument) que facilitan la valoración integral,el uso de protocolos y señales de alarma para los prove-edores con cartera de servicios más avanzada.
La utilización de sistemas de este tipo permitiría:
a. La definición de variables para la creación de unConjunto Mínimo Básico de Datos de los usua-rios de establecimientos residenciales que recojalos principales datos sobre la población residente.
b. La definición por consenso de un modelo básicode recogida de información estadística sobre
dependencia que se incluya de forma sistemáticaen las encuestas oficiales que investigan en esteámbito.
c. El establecimiento de un objetivo de índice(mínimo) de cobertura residencial, centros dedía y actividades preventivas que sea flexible ydinámico en función de las necesidades de lapoblación de cada Administración Autonómica.
El modelo de atención debería definirse en base a lassiguientes orientaciones básicas:
7.1. Orientada a las personas: que tenga encuenta las preferencias, necesidades y valoresde los individuos en la medida que sea posible.El apoyo al sector informal (familias y cuidado-res) debe considerarse como un pilar funda-mental de la atención junto a los recursosformales.
7.2. Orientada a la prevención: que promuevaactuaciones preventivas desde los sectores sani-tarios y sociales sobre las patologías más preva-lentes con el fin de retrasar las situaciones dedependencia entre las personas mayores. Posibi-lidad de utilizar servicios de prevención y rehabi-litación en Centros Residenciales Acreditados dereferencia.
7.3. Orientada al mantenimiento de la autono-mía: que promueva una labor asistencial orien-tada hacia la estimulación y potenciación de lascapacidades de las personas en lugar de dirigirsea la compensación de sus dependencias.
7.4. Orientada a resultados: que promueva laeficiencia, efectividad y calidad de los servicios.
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7. Orientaciones básicas del modelo de atención
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8. Niveles de dependencia
Edad&Vida está de acuerdo en el establecimiento de tresniveles de dependencia tal y como se recoge en el LibroBlanco. La estructura de niveles sería la del cuadro 1.
Entendemos que el último nivel entra totalmenteen la acepción sociosanitaria y, por tanto, dentro
de la Ley de Cohesión y Calidad del SistemaNacional de Salud que regula en el artículo 14 laPrestación de Atención Sociosanitaria (LEY 16/2003,de 28 de mayo). Dicho artículo ofrece varios elemen-tos importantes para el futuro desarrollo de la aten-ción sociosanitaria:
Nivel de dependencia Financiador públicoFinanciador público Afectación y horas
y privado de ayuda
NIVEL ICobertura
Pensión + Familia + AIVD + 1AVD
sanitaria universalsoporte público a (entre 3 y 7 h. a la semana;la dependencia 1 vez al día)
AIVD + 2AVD(entre 8 y 12 h. a la semana;1 vez al día y en ocasiones 2)
Pensión + Familia + AIVDNIVEL II
Cobertura sanitaria soporte público a 3AVD + complejidad clínica universalla dependencia y algunas curas especiales (a partir de
13 y hasta un máximo de 30 h. a la semana; 2 veces al día y en
muchos casos 3)1
AIVD90% de las AVD con
Pensión + Familia + fuerte componente sanitarioNIVEL III Cobertura sanitaria soporte público de complejidad clínica y
universal de gran riesgo a la dependencia curas especiales (más de 40 h. a la semana)
Atención sociosanitaria
Cuadro 1 1 Sumando profesionales sanitarios y sociales
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Artículo 14. Prestación de atención sociosanitaria.1. La atención sociosanitaria comprende el conjunto de
cuidados destinados a aquellos enfermos, general-mente crónicos, que por sus especiales característi-cas pueden beneficiarse de la actuación simultáneay sinérgica de los servicios sanitarios y sociales paraaumentar su autonomía, paliar sus limitaciones osufrimientos y facilitar su reinserción social.
2. En el ámbito sanitario, la atención sociosanitaria sellevará a cabo en los niveles de atención que cadaComunidad Autónoma determine y en cualquiercaso comprenderá:
a. Los cuidados sanitarios de larga duración.
b. La atención sanitaria a la convalecencia.
c. La rehabilitación en pacientes con déficit funcio-nal recuperable.
3. La continuidad del servicio será garantizada por losservicios sanitarios y sociales a través de laadecuada coordinación entre las Administracionespúblicas correspondientes.
Este marco legal es un elemento de oportunidadimportante ya que establece la base para la elabora-ción de acuerdos entre Administraciones y los distintosniveles de atención, señalando de forma explícita lanecesidad de coordinación. Asimismo, acota tanto lapoblación susceptible de atención como los cuidadosque comprende la atención sociosanitaria. Ofrece, en
principio, un campo amplio de actuación, que debe serasumido por las CCAA, lo que no debería suponer unadiscontinuidad y desigualdad en la atención sociosani-taria (Fontanals, 2005).
La nueva Ley de Dependencia ha de tener en cuenta lalegislación y dispositivos existentes, para así optimizarlos recursos disponibles. De acuerdo con la Ley decohesión y calidad del SNS, sería posible que en unaresidencia asistida con una cartera de servicios integra-dos se pudiera concertar un número de camas paraindividuos de nivel III (gran dependencia).
Es necesario puntualizar que la cobertura sanitaria esuniversal en todos los niveles. Por lo tanto, la vía seríaproporcionar esta cobertura universal en cualquierdomicilio o servicio, bien por la entrada de profesiona-les sanitarios en los domicilios o residencias, bien por elpago a entidades especializadas por el trabajo de susprofesionales sanitarios. Se podría tomar como ejemploel modelo Francés.
Se observa además que en el nivel II, la dependenciatiene un abanico muy amplio, porque lo que se podríaajustar el número de horas a considerar.
Pensamos, además, que deberían ser más concretos ycuantificables los criterios de definición de cadagrupo y, además, sería necesario definir estricta-mente los servicios que deben cubrir las necesida-des funcionales de las personas dependientesdiferenciándolos claramente de los servicios sani-tarios cubiertos de forma universal por el SNS.
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9. Financiación
En general, la participación del Estado debería sermayor cuanto mayor nivel de dependencia tuvieseel individuo o más débil fuese su situación econó-mica. El esquema de financiación podría ser el siguiente:
• Financiación pública. Cobertura universal paralas situaciones de gran dependencia, que seconseguiría mediante impuestos generales.
La financiación de los procesos de gran dependen-cia debería tener una cobertura universal de finan-ciación pública bajo el modelo de atenciónsociosanitaria y dentro de la Ley de Cohesión yCalidad del Sistema Nacional de Salud que ya reco-noce el peso sanitario de la dependencia y defi-niendo en la nueva Ley el peso social a sopor-tar con financiación pública y privada.
Dentro del nivel de gran dependencia se incluiríanaquellos individuos que tienen necesidad deapoyo continuado y durante mucho tiempo parallevar a cabo las actividades de la vida diaria. Por logeneral, estos casos precisan de internamiento y elnivel de dependencia está asociado a un conjuntode problemas de salud de carácter crónico.
• Financiación privada (mixta). Cobertura de losotros niveles de dependencia. Sería voluntaria,asumiendo por ello los ciudadanos su financiaciónmediante los instrumentos de previsión queestuviesen disponibles, sin plantear restriccionespara dar entrada al máximo número de alternati-vas a efectos de activar el mayor volumen de recur-sos económicos. El Estado establecería un incen-tivo económico, de carácter público, inversamenteproporcional al nivel de renta, para la adquisiciónde los instrumentos de previsión citados anterior-mente. Este incentivo podría materializarse a travésde un ‘cheque-seguro’ (voucher) que fomente eldesarrollo de los instrumentos de previsión citados.Con ello, cuando el ciudadano se encuentre ensituaciones distintas a la gran dependencia, el Esta-do no asumiría los costes de los servicios de aten-ción necesarios, que quedarían a cargo del instru-mento de previsión seleccionado en su día por elciudadano.
Para aquellos ciudadanos que voluntariamentecompleten, o mejoren, el nivel de cobertura ofrecidopor el ‘cheque-seguro’ se ofrecerían incentivosfiscales en forma de deductibilidad de sus aportacio-
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nes o primas satisfechas para financiar cualquiera delos instrumentos de previsión disponibles para cubrirdicha contingencia.
La incentivación fiscal de los diferentes sistemas deprevisión permitiría:
• Conseguir una base amplia de asegurados parti-culares (de diferentes edades, clase social y situa-ción de no-dependencia) con la que lograr abaratarcoberturas, al hacer posible el cálculo de las primas
con bases técnicas aseguradoras. Se evitarían asíproductos caros y de contratación minoritaria porsu elitismo, que por otra parte no ayudarían asoportar los elevados costes asistenciales necesariosen el medio y largo plazo para atender a los ciuda-danos dependientes.
• Significar estos nuevos sistemas de previsión comouna fuente de ahorro de previsión finalista conefectos notablemente beneficiosos para el propioEstado.
Administración Pública
Estado-CCAA
Ciudadanos
Personas mayores
dependientes
Pago prima voluntaria riesgos ordinarios
Pago servicios prestados
Pago manutención alojamientoEmpresas públicas y privadas
Proveedoras
Subsidios a cuidado informal
Empresas públicas y privadas
Aseguradoras
Pago prima ajustada grandes riesgos y subsidios a primas
voluntarias/vouchersPago impuestos
Figura 1. Esquema básico de Financiación del Riesgo de Dependencia
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Costes de manutención: en cualquiera de los nivelesde dependencia se mantendrá la aportación de finan-ciación privada por parte de los ciudadanos paralos costes de manutención. El alcance de esta apor-tación estará relacionada con la pensión disponible yserá necesaria su regulación.
Por lo tanto, desde Edad&Vida proponemos unsistema mixto, en que la cobertura del riesgo de depen-dencia quedaría establecida mediante el mecanismode financiación que se muestra en la Figura 1.
El esquema de financiación que aquí se propone siguelas recomendaciones de la OCDE en relación a unabordaje de financiación mixto para la cobertura dela dependencia. De hecho, este esquema no es más queun perfeccionamiento del sistema mixto de finan-ciación (Estado + familias) de la atención a perso-nas dependientes que ya se está llevando a caboen el Estado español. Las situaciones de más depen-dencia están siendo cubiertas actualmente bien porsanidad o a través de los programas del IMSERSO. A suvez, es de todos conocidos el esfuerzo económico quellevan a cabo las familias españolas para solucionar losdéficits de atención a sus familiares dependientes.
En la Figura 2 reflejamos el detalle de este modelo definanciación mixto.
Paralelamente, deberían incentivarse sistemas alter-nativos para mejorar la capacidad económica delos mayores como la conversión de activos inmo-biliarios en renta, con la finalidad de completar losingresos en un segmento de edad avanzada, a fin de
poder pagar situaciones de dependencia presente ofutura. Como en su momento con las pensionesprivadas (Planes de Pensiones y Jubilación), debedarse la incentivación de este tipo de productos clara-mente favorecedores en lo social y necesarios para unadecuado equilibrio presupuestario actual y sobretodo futuro.
Periodo transitorio (personas que han caído en unestado de dependencia): la Ley debería regular paralos ya dependientes un tratamiento diferenciadosegún sus medios:
a. Por debajo de determinado nivel económico, elacceso enteramente gratuito a recursos públicos;
b. Por encima de esta situación, y por debajo de lasiguiente, subvenciones que les ayuden a pagar elcoste de utilización de recursos privados, excepto ladel nivel de gran dependencia;
c. Por encima de determinados niveles de renta,ninguna ayuda, excepto la del nivel de gran depen-dencia.
Para llevar a cabo esta propuesta, para los casos detransición, es necesaria una regulación explícita de laprueba de medios.
En relación con estos aspectos, Edad&Vida advierte quedebe tenerse en cuenta la falta de sostenibilidadeconómica del modelo alemán, que se pone comoejemplo en el Libro Blanco, al establecer las cuantíasque deben financiarse públicamente.
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Los costes de hostelería y/o complementarios debe-rían separarse de los costes reales de la dependencia, yaque deberían ser financiados por el beneficiario.
Se considera asimismo importante incentivar la perma-nencia del beneficiario en su hogar, a través demecanismos directos e indirectos.
Figura 2. Sistema mixto de financiación.
Financiación pública
Gran dependencia
Financiación privada
Otros niveles de dependencia
Cobertura universal
Incentivos fiscales
Incentivos económicos inversamente
proporcionales a la renta"Vouchers" de la parte pública
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10. Conclusiones
Es necesario generar un gran consenso nacionalentre las Administraciones (Estatales, Autonómicas yLocales), profesionales y proveedores, con el objetivoque la Ley de la Dependencia sea una Ley de Basesde carácter Estatal, que permita regular los mínimosque se establezcan para todas las personas dependien-tes, sea cual sea su origen y lugar de nacimiento.
En cuanto a la financiación, el Libro Blanco analizadistintos escenarios de nuestro entorno más próximo yrealiza diversas consideraciones de cómo podría abor-darse, partiendo del principio que deberá existir la parti-cipación económica de los usuarios. Paradójicamenteno se designa ningún papel a la financiación privadainstrumentada a través de productos financieros o deprevisión (seguros, planes de pensiones, etc.). Esevidente que la financiación será el gran elemento dedebate de esta futura ley, aunque quisiéramos mani-festar que, para abordar la dependencia con éxito,debería partir de un gran pacto social, donde se dejende lado los intereses partidistas y cuyo eje de discusiónsea la atención a los ciudadanos y su sostenibilidadfutura. Y todo ello sin obviar ninguna de las alternativasde financiación y aseguramiento existentes en la actua-lidad, o que se pudieran derivar en el futuro, para acti-var recursos económicos que tengan como finalidad
sufragar en última instancia los gastos derivados de unasituación de dependencia.
Es fundamental la implicación de las Consejerías deSanidad y Servicios Sociales para que el proyectoevolucione y se consolide en los próximos años. En estesentido, se requiere una mayor comunicación e inte-gración de niveles, junto a una modernización de lossistemas de acceso, compra y seguimiento de los servi-cios. Al hablar de financiación sostenible, es necesarioexplicar a las familias que tendrán que asumir una parteimportante de la consecuencia social de la dependencia.
En la reflexión sobre la situación actual que propone elLibro Blanco, hemos echado en falta un mayor reco-nocimiento a la labor del sector privado en la aten-ción a las personas mayores durante estos últimos años,que ha sido clave a nuestro entender, en la implanta-ción de servicios especializados y de calidad para laspersonas mayores dependientes.
Desde Edad&Vida siempre hemos manifestado elgran impacto económico que provocará el enve-jecimiento de la población y que sólo podrá resol-verse con la participación, en ningún caso subsidiaria,del sector privado y en estrecha colaboración con el
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sector público. Por todo ello, es necesario un marcode actuación claro, con unas reglas de juego clarasque permitan la participación de la iniciativaprivada (proveedores de servicios, aseguradoras,sector financiero y otros), y definan claramente elreparto de responsabilidades para abordar, encolaboración con el sector público y con lospropios afectados y sus familias, el fenómeno de ladependencia en España.
Solamente en el caso que se consiga perfilar con clari-dad hasta dónde llega la participación pública y a partirde dónde se permite actuar a la iniciativa privada, segenerarán las sinergias necesarias para que los recur-sos que se destinen cumplan con los criterios de eficien-cia y sostenibilidad económica futura.
Es fundamental tener en cuenta que el sector asisten-cial puede permitir el desarrollo de mayores niveles debienestar para la población. Hay que tener en cuentaque, en función del modelo que fije la ley, puede asen-tarse definitivamente como un sector económico devalor añadido, con suficiente base y viabilidad futurapara que cree y reparta riqueza, aportando inversionesal país y creando puestos de trabajo estables.
Desde Edad&Vida consideramos que los seis elemen-tos esenciales a tener en cuenta en una futura Leyde Dependencia son los siguientes:
1. Prevención2. Integración de servicios3. Acreditación y cartera de servicios4. Sistemas de valoración comunes
5. Sistemas de evaluación de la dependencia6. Financiación
Asimismo, quisiéramos realizar las siguientes considera-ciones:
• Apoyamos la creación de Agencias Autonómicasque administren la compra de servicios.
• Defendemos una financiación por proceso conflexibilidad en la gestión.
• Es necesario establecer la libre elección de servicioscomplementarios, pero no solamente hoteleros.
Bibliografía
• Edad&Vida (2004) Estudio del modelo de atención a las personas mayores con dependencia en EspañaBarcelona: Edad&Vida
• Edad&Vida (2001) Propuesta de Edad&Vida sobre la definición estatal de un seguro de dependencia estatalBarcelona: Edad&Vida
• Fontanals, M.D. (2005) De la cronicidad a la dependencia: Definición y perspectiva histórica. Primera JornadaSociosanitaria de Castilla La ManchaToledo: SESCAM (Pendiente de Publicación)
• MTAS (2005) Libro Blanco de la DependenciaMadrid: MTAS
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Sr. José Ramón CamposDirector Técnico de MAPFRE QUAVITAE
Sr. Albert VergésDirector General de Edad&Vida
Sra. Anna MitjansDirectora Técnica de Edad&Vida
y en estrecha colaboración y coordinación con losmiembros de la Junta Directiva de Edad&Vida.
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El Posicionamiento de Edad&Vida para un marco regulador en la provisión de servicios y financiación de ladependencia ha sido realizado por expertos del Grupo de Trabajo sobre Dependencia de Edad&Vida, formado por: