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UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
“LA NECESIDAD DE REFORMAR EL ARTÍCULO 75 DE LA LEY DE GARANTÍAS
MOBILIARIAS Y ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN DE LAS GARANTÍAS MOBILIARIAS”
TESIS
JENSEN LANDAZURY SAMAYOA ESTRADA Carné 1050904
Guatemala, noviembre de 2012 Campus Central
UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
“LA NECESIDAD DE REFORMAR EL ARTÍCULO 75 DE LA LEY DE GARANTÍAS
MOBILIARIAS Y ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN DE LAS GARANTÍAS MOBILIARIAS”
TESIS
Presentada ante el Consejo de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales
Por: JENSEN LANDAZURY SAMAYOA ESTRADA
Previo a optar los títulos de:
Abogado y Notario
En el grado académico de: Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales
Guatemala, noviembre de 2012 Campus Central
Tribunales que realizaron la Evaluación Comprensiva
Área Pública:
Lic. Hugo Leonel Maúl Figueroa Presidente
Licda. Sandra Eugenia Mazariegos Herrera Secretaria
Licda. Alma Esperanza Beltetón Herrera Vocal
Área Privada:
Licda. Ana Elly López Oliva de Bonilla Presidente
Lic. Oscar René Rivas Godoy Secretario
Lic. Mario Adolfo Maldonado Menéndez Vocal
Asesor de Tesis: Lic. Fernando José Figueroa Ovalle
Revisor de Forma y Fondo: M. A. Juan Francisco Golom Nova
DEDICATORIA
A DIOS, JESÚS y la VIRGEN MARÍA, por sus infinitas bendiciones y porque
saben la razón de mi existir
A SAN JUDAS TADEO, que por su ayuda he cumplido una de mis metas
A DON VÍCTOR y DOÑA MAGDA, que además de ser mis padres son la luz y
guía en mi vida; mi ejemplo y anhelación
A BÁRBARA, que sabe que la adoro y por apoyarme en esta carrera
A KENNETH, que compartió junto conmigo desvelos, todo para que pueda cumplir
una de mis metas y porque eligió de igual manera esta noble profesión que más
pronto que tarde ejerceremos juntos
A TÍA CONY, que me apoyaste en todo momento y fuiste un ejemplo de mujer
para mi papá y lo fuiste para mí, que en el cielo me sigues protegiendo como el
ángel que siempre fuiste
A MAMÁ MARTA que siempre me apoyo y su ejemplo de perseverancia son una
de las muchas cualidades que siempre quiero imitarle
A MARLENY POLANCO, que ha sido la inspiración y razón de mi vida, gracias
por apoyarme y dejarme compartir contigo estas metas, y sobre todo porque sos
mi ejemplo de lucha
A SANDRA GARCÍA PONCE DE ZEDÁN, que confió en mi capacidad y apostó
por mi persona; y de quien aprendí no solo Derecho sino aprendí ser mejor
persona
A MARCO ROBERTO GONZALEZ FLORES, que apostó por mi capacidad y
quien de una u otra forma ha influido para que sea un verdadero profesional del
Derecho
A ALFREDO SKINNER-KLÉE, que me dio la oportunidad de desarrollarme como
futuro abogado, por sus enseñanzas, profesionalidad y apoyo incondicional; y a
quien siempre estaré agradecido
A VERENA KUHSIEK RUIZ, que siempre creyó en mi capacidad y por el apoyo
que siempre me brindó
A FERNANDO VALLEJO, que sos mi hermano y siempre me ha apoyado, un
amigo de verdad
A NELSON PACHECO, con quien compartí la experiencia universitaria, quien
siempre me apoyó y mostró verdadera amistad; mi fiel amigo, juntos empezamos y
juntos terminamos
A FEDERICO PONCE, que juntos pasamos muchas adversidades, alegrías y
tristezas en la carrera, pero siempre estuvimos juntos para apoyarnos
A SUSY UMAÑA, que me has apoyado en las buenas y malas, por siempre estar
allí y ser una amiga de verdad
A PEPE CUSTODIO, que me apoyaste mucho en esta última etapa de mi carrera
A ANDREA y JOSE BOLAÑOS, quienes sin su apoyo esto no fuera posible
A MARIO VILLANUEVA, que sus enseñanzas lograron ser parte de esta meta
A mis compañeros y amigos de las firmas DECONSULTA, ASESORES LEGALES y ARENALES & SKINNER-KLÉE porque de una u otra forma
contribuyeron en la búsqueda de mis sueños
A mi demás familia y amigos que aunque no se encuentren de manera textual les
agradezco infinitamente el apoyo y el cariño que me han brindado.
Responsabilidad:
“El autor será el único responsable del contenido y conclusiones de la presente
Tesis.”
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN…………………………………………………………………….Pág.1
MARCO TEÓRICO
CAPÍTULO 1: DE LA INAPLICABILIDAD DE UNA NORMA EN EL DERECHO GUATEMALTECO EN REFERENCIA AL ÁMBITO TEMPORAL DE VALIDEZ……………………………………………………………………………...Pág.5
1.1 De la aplicación de leyes en el tiempo en el derecho
guatemalteco………………………………………………………………………...Pág. 9
1.2 De las teorías de la retroactividad de la
ley………………………….……........................................................................Pág.10
CAPITULO 2: DE LA PRENDA………………........…………………………….Pág.14
2.1 Generalidades…………………………………………………………………Pág. 16
2.2 Definición…………………………………………………………….………….Pág.23
2.3 Naturaleza Jurídica…………………………………………………….………Pág.26
2.4 Bienes sobre los cuales se puede constituir prenda……………………....Pág.29
2.5 Constitución……………………………………………………………….……Pág.33
2.6 Ejecución………………………………………………………………….…….Pág.41
CAPÍTULO 3: DE LA GARANTÍA MOBILIARIA…………………….…………Pág.43
3.1 Definición……………………………………………………….………………Pág.50
3.2 Naturaleza Jurídica…………………………………………………………….Pág.52
3.3 Bienes sobre los cuales se puede constituir garantía mobiliaria……...…Pág. 53
3.4 Constitución……………………………………………………………………Pág. 56
3.5 Inscripción en el Registro de Garantías Mobiliarias………………….……Pág. 60
CAPÍTULO 4: DE LA NECESIDAD DE LA INAPLICACIÓN DE LA PRENDA EN VIRTUD DE LA VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS MOBILIARIAS Y LA NECESIDAD DE LA REFORMA DEL ARTÍCULO 75 DEL DECRETO NÚMERO 51-2007……………………………………………………………………….…..…Pág.66
CAPÍTULO 5: ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN DE LAS GARANTÍAS MOBILIARIAS……………………………………………………………..……… Pág.78
CAPITULO 6: PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN………………………………………………………………...……..Pág.100
CONCLUSIONES……………………………………………………..……….…Pág.120
RECOMENDACIONES…………………………………………….……………Pág. 124
REFERENCIAS…………………………………………………….…………….Pág. 125
RESUMEN EJECUTIVO
La aprobación de la Ley de Garantías Mobiliarias en Guatemala, desencadenó una serie
de modificaciones a otras leyes como consecuencia de la vigencia de éstas, entre ellas
algunas normas relacionadas con la institución jurídica de la Prenda.
La forma en que se redactó la no aplicación de la Prenda se considera errónea, por lo que
se dio la necesidad de realizar un análisis a los términos “derogación”, “inaplicabilidad”,
“prenda” y “garantía mobiliaria”; para así realizar un análisis comparativo de éstas para
determinar el espíritu de lo establecido en el artículo 75 de la Ley de Garantías
Mobiliarias.
Asimismo la innovación respecto de las formas en que se pueden ejecutar las garantías
mobiliarias como consecuencia del incumplimiento de la obligación garantizada, fue un
elemento que constituyó un análisis de parte del autor.
1
INTRODUCCIÓN
La entrada en vigencia de la normativa que regula las garantías mobiliarias
ayudó de manera significativa al marco jurídico guatemalteco, en el sentido de
dar una herramienta de crédito a la pequeña y mediana empresa, cuya
consecuencia es la inutilización de la institución de la prenda, en ciertos casos.
En ese orden de ideas, la inutilización de una norma en el sistema jurídico
nacional, consta de un procedimiento específico de conformidad con la Ley del
Organismo Judicial, con el objetivo de establecer y entender la diferencia entre
la inaplicabilidad de una norma y la derogación de normas.
Asimismo se debe determinar el alcance de la ejecución de las garantías
mobiliarias, y sobre todo la diferencia entre la ejecución judicial y la voluntaria,
de ahí el título de este trabajo es “La necesidad de reformar el artículo 75 de la Ley de Garantías Mobiliarias y análisis de la ejecución de las garantías mobiliarias”.
La falta de seguridad jurídica en las garantías reales no hipotecarias, y la falta
de acceso al crédito de la pequeña y mediana empresa en Guatemala; tuvo
como resultado directo la vigencia de la institución de la garantía mobiliaria en
la normativa jurídica del país. Y es que el acceso directo a los créditos distintos
a las hipotecas, implica un aumento en el capital de trabajo como complemento
de las transacciones, lo que se relaciona con la productividad, eficiencia y
eficacia en los servicios de los comerciantes.
Con la aprobación del Tratado de Libre Comercio, se hace necesario que los
empresarios, puedan competir en iguales condiciones con los empresarios de
la región. Sin embargo, la vigencia de la Ley de Garantías Mobiliarias implica la
derogatoria expresa de ciertos artículos que abarcan la Prenda regulada en el
Código Civil Decreto número 106. Ahora bien, las disposiciones finales de la
Ley de Garantías Mobiliarias, Decreto número 51-2007 del Congreso de la
República de Guatemala; indican la inaplicabilidad de normas que regulan la
institución de la prenda; cuando a todas luces debió de haber una derogatoria
2
expresa para esos artículos; tal y como lo refiere la Ley del Organismo Judicial,
en el caso de la aplicación de las leyes en el tiempo y en el espacio.
La ejecución judicial de los derechos reales, en el caso de la prenda, es lento,
por ende la posibilidad que regule la nueva ley con la ejecución voluntaria de
las garantías mobiliarias, es una figura acorde a la realidad del pequeño y
mediano empresario, y, sobre todo porque la naturaleza de ciertos bienes
muebles es que tienden a desaparecer. De tal suerte que, las partes pueden
pactar la ejecución de las garantías mobiliarias en forma privada, teniendo
como límites los derechos constitucionales de cada uno.
El objetivo general de la investigación es: determinar la necesidad de la
reforma del artículo 75 de la Ley de Garantías Mobiliarias, en el sentido de que
se haga constar la derogatoria expresa de ciertos artículos que regulan la
institución de la prenda.
Los objetivos específicos, consistirán en: Diferenciar las instituciones de la
prenda y la garantía mobiliaria; analizar la ejecución voluntaria de las Garantías
Mobiliarias y su alcance.
Es de tomar en cuenta, que la inaplicabilidad de una norma se refiere al no uso
de la misma, sin embargo dicho mecanismo no lo reconoce la ley
guatemalteca; asimismo la ejecución voluntaria de las garantías mobiliarias
refiere una intervención judicial, sobre todo para la otorgamiento de las
medidas precautorias; presentándose la posibilidad de una ejecución mixta y
no como lo tipifica la ley de garantías mobiliarias. Por lo anterior es imperante
la siguiente pregunta principal de la investigación: “¿Existe la necesidad de la
reforma del artículo 75 de la Ley de Garantías Mobiliarias?”. Así como el
análisis de la ejecución de las garantías mobiliarias.
La presente investigación tendrá como alcances establecer la necesidad de la
reforma del artículo 75 de la Ley de Garantías Mobiliarias al desarrollar a través
de un estudio correlacional la vinculación de los términos de la inaplicabilidad
de una norma con la derogación o abrogación de una norma jurídica. Ya que el
3
propósito es la viabilidad de la reforma del artículo referido en virtud de la forma
incorrecta al referir la inutilización de ciertos artículos del Código Civil; cuando
la normativa legal vigente establece las formas de dejar sin efecto una ley.
En ese orden de ideas, es necesario hacer un análisis de la Ejecución de las
Garantías Mobiliarias, de tal suerte se hará un estudio exploratorio, ya que la
ejecución de una garantía mobiliaria es un proceso desconocido y novedoso en
la legislación, al regular que las partes puedan pactar una ejecución de las
garantías mobiliarias de forma voluntaria.
Asimismo se realizó una investigación descriptiva en el sentido de explicar el
funcionamiento, las ventajas y desventajas de la constitución de una garantía
mobiliaria. Paralelamente se realizó una investigación exhaustiva al relacionar
la institución de la Prenda con la Garantía Mobiliaria.
Entre los límites de este estudio, por ser un tema novedoso el de las garantías
mobiliarias, existe poca bibliografía que relaciona la utilización directa de esta
institución jurídica; así como la forma de ejecución de las mismas. Por ello, es
necesario contar con la opinión de profesionales del derecho al determinar la
utilización equívoca del término de la inaplicabilidad, respecto de la forma de
dejar sin efecto una norma; así como de la opinión de procesalistas en el tema
de la ejecución de las garantías mobiliarias.
El presente estudio tendrá la utilidad de ayudar al lector a diferenciar la
inaplicabilidad de una norma respecto de la derogación o abrogación de la
misma, y sobre todo percibir la necesidad de la reforma del artículo 75 de la
Ley de Garantías Mobiliarias.
Así también, el aporte consistirá en el análisis de la funcionalidad de la
ejecución de la garantía mobiliaria y las ventajas y desventajas de pactar una
ejecución voluntaria.
Como unidades de análisis que se utilizó en el presente estudio fue la
4
Constitución Política de la República de Guatemala, Código Civil, Código de
Comercio, Código de Notariado, Código Procesal Civil y Mercantil, Ley de
Garantías Mobiliarias, Reglamento del Registro de Garantías Mobiliarias,
Reglamento de los Registros de la Propiedad, Arancel Temporal del Registro
de Garantías Mobiliarias. Los anteriores de la legislación guatemalteca.
5
CAPÍTULO 1
DE LA INAPLICABILIDAD DE UNA NORMA EN EL DERECHO GUATEMALTECO EN REFERENCIA AL ÁMBITO TEMPORAL DE VALIDEZ
Las normas en el sistema jurídico guatemalteco son emanadas de los órganos
que tienen la facultad de crearlas. Es la Constitución Política de la República de
Guatemala, la que establece dichos órganos, dándoles la facultad y el poder de
la creación de normas para que éstas tengan un efecto en un Estado de
Derecho. Al efecto, las normas pueden ser emanadas de una Asamblea
Nacional Constituyente (Constitución), de una Asamblea Legislativa (leyes
ordinarias), del Organismo Ejecutivo (reglamentos) o de un gobierno de facto
(decretos leyes).
Una vez creadas las leyes y reglamentos las mismas tienen un efecto erga
omnes. Por lo anterior, la aplicación de una norma en un Estado de Derecho va
de la mano de la interpretación y del ejercicio mental correcto que se realice al
efecto, para que la manifestación de voluntad emanada de una persona
encuadre dentro de lo descrito en la norma. De esa suerte, existe la técnica de la aplicación del derecho, que ésta regula la Interpretación del Derecho, y tal
como lo indica el tratadista Leonel Péreznieto Castro, en su obra
“Introducción al Estudio del Derecho”: “De poco servirá que el legislador
construya esquemas jurídicos ideales si su normatividad no se aplica. La
aplicación del Derecho, es por tanto, una fase fundamental en el desarrollo del
mismo. Para aplicar el derecho, los tribunales, los jueces, y demás funcionarios
estatales facultados para ello deben traducir en términos actuales y prácticos
las ideas expresadas por el legislador.”1 Con lo anterior, la interpretación de
una norma es el verdadero entendimiento de la misma, logrando que ésta se
aplique en un caso concreto o bien general. Ahora bien, la pregunta obligada,
¿El derecho es la norma escrita o bien es la interpretación de la misma? A
criterio del autor, el derecho consiste en la correcta interpretación que se le da
a la norma, realizando el ejercicio mental para que la norma tenga un
1 Pereznieto Castro, Leonel. “Introducción al estudio del Derecho”. México. Oxford University Press. 4ta. Edición. Página 288.
6
verdadero efecto erga omnes. Así lo indica, el jurista García Máynez, citado
por Pereznieto Castro, en su obra ya referida: “…los textos legales no son el
derecho, sino la forma de expresión de este…”2
La interpretación de una norma jurídica conlleva un proceso de análisis cuya
finalidad es extraer el verdadero significado o espíritu de una norma para
aplicarla a un caso concreto.
Es importante que también se tome en cuenta al Derecho, como un sistema de
normas y que éstas se clasifican de acuerdo al ámbito de validez que refiere
cuatro escenarios sencillos para su entendimiento: material, temporal, espacial
y personal.
La interpretación y aplicación de una norma jurídica, depende de la vigencia de
la misma, es decir del “ámbito de validez temporal de aplicación” de la
misma, contrario sensu la inaplicabilidad de una norma en el Derecho
Guatemalteco tiene como consecuencia lógica que dicha norma no se
encuentre dentro del ámbito de validez temporal.
Asimismo debe tomarse en cuenta que si desde el punto de vista, el Derecho
no es obra de la naturaleza sino mas bien es obra y producto del hombre,
sucede muchas veces que el legislador no se limita a dictar normas, sino que
además las organiza, tomando como base el método científico. La tarea del
legislador es dictar normas, el organizar y ordenar la misma es un acto que el
legislador muchas veces realiza y que tales actuaciones son bien recibidas por
la sociedad; tales normas se valen como fundamentos para el jurista. En ese
orden de ideas, y tal como lo relaciona el autor Luís Recaséns Siches: “…El
jurista, si considera correcto, desde el punto de vista científico, el método que
empleo el legislador, podrá aceptarlo, con lo cual recibirá realizada ya de
antemano una parte de la faena que le incumbe al jurista, por el legislador se la
dio hecha. Pero si no considera correcta la ordenación del legislador, el
jurista deberá y podrá hacer otra…La ciencia propiamente no esta en el
2 Loc. Cit.
7
Derecho, sino en el conocimiento, en el estudio y en la ordenación de este por
el jurista…”3 (La negrita es propia).
El jurista debe valerse de la interpretación que se le da a una norma en base a
su conocimiento y raciocinio. Por lo anterior, las normas deben de revertir de
validez y vigencia para que estas formen parte del mundo del derecho
aplicable.
Con la premisa anterior, si cada jurista tiene como derecho toda norma vigente,
y al efecto que el ordenamiento jurídico es la conceptualización del derecho
vigente, contrario sensu, la derogación o abrogación de una norma, se
convierte en un derecho que no es aplicable y por ende sujeto de una
interpretación para un caso concreto que se dé en la actualidad.
El Diccionario de la Lengua Española, señala que derogar es: “Abolir, anular
una norma establecida como ley o costumbre.” 4 Asimismo tal Diccionario
señala que abrogar es: “Abolir, revocar.” 5 Ahora bien, el Diccionario de
Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales del autor Manuel Osorio, señala que
derogación es: “Literalmente, derogar significa dejar sin efecto o suprimir
parcialmente una ley; pero, comúnmente, se usa como sinónimo de abrogar o
suprimir la ley en su totalidad. Derogación, entonces, es el acto de proceder,
mediante disposición posterior, a dejar sin efecto, en todo o en parte un
precepto jurídico precedente.” 6 En tanto que tal obra, remite la abrogación a
la abolición, y ésta se entiende como: “Acción o efecto de abolir, abrogar,
suprimir o anular una ley, decreto, uso, costumbre.” 7
Asimismo el término en sí de “inaplicabilidad”, el Diccionario de la Lengua
Española, claramente menciona que tal término es: “Que no se puede aplicar”8
3 Recaséns Siches, Luis. “Introducción al Estudio del Derecho”. México. Editorial Porrúa. 1993. Página. 178 4 “Derogar”. Real Academia Española. “Diccionario de la Lengua Española”. España. 1994. 21era Edición. Pág. 485 5 Ibid. Pág. 9 6 Osorio, Manuel. “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales”. Argentina. Editorial Heliasta. 30 Edición. 2004. Pág. 314 7 Ibid. Pág. 24. 8 “Inaplicable”. Real Academia Española. Op. Cit. Pág. 812
8
En tanto, el Diccionario de Osorio, ya referido, indica que: “Que carece de
aplicación, por haber perdido su energía o vigencia, o debido a que no se
adapta a la situación, al caso. Cuando la ley resulte inaplicable a un acto,
contrato o proceso, en lo civil se recurre a las fuentes legales
supletorias…Derogada la ley expresamente, no cabe como aplicarla ni como
precepto supletorio. Ha de recurrirse a la ley genérica, a la analogía, proceder
como ante una laguna legislativa.”9.
Utilizando la correcta aplicación del derecho y la interpretación del mismo, se
entiende, que la inaplicabilidad o la no aplicabilidad de una norma en el
derecho guatemalteco esta subyacente a la derogatoria o abrogación de una
norma. La inaplicabilidad o ineficacia de una norma, en nuestro sistema jurídico
se da por la acción de derogar o abrogar, a lo cual es imperante que para que
exista una ineficacia de una norma se dé una derogatoria o abrogación de la
misma. En ese orden de ideas, el artículo 8 de la Ley del Organismo Judicial,
Decreto 2-89, establece que: “Artículo 8. Derogatoria de las leyes. Las leyes se
derogan por leyes posteriores:
a) Por declaración expresa de las nuevas leyes;
b) Parcialmente, por incompatibilidad de disposiciones contenidas en las leyes
nuevas con las precedentes;
c) Totalmente, porque la nueva ley regule, por completo, la materia
considerada por la ley anterior;
d) Total o parcialmente, por declaración de inconstitucionalidad, dictada en
sentencia firme por la Corte de Constitucionalidad.
Por el hecho de la derogación de una ley no recobran vigencia las que ésta
hubiere derogado.”
Por lo anterior, el ámbito de validez temporal se relaciona directamente con la
inaplicabilidad de una norma; al efecto Carmen María Gutiérrez Colmenares y Josefina Chacón de Machado indican que el ámbito temporal de validez,
9 Osorio Manuel. “Op. Cit.” Pág. 477.
9
“Se refiere al tiempo de duración de una norma jurídica, cuya validez principia
en un momento y termina en otro…”10 Es decir, la vigencia de una ley.
Es claro que en el sistema jurídico guatemalteco se refiere expresamente
cuando posee vigencia una normativa pero escasamente relaciona cuando deja
de tener validez la misma.
1.1 De la aplicación de leyes en el tiempo en el derecho guatemalteco
Se ha hecho referencia en el presente estudio acerca del “conflicto de leyes en
el tiempo”, ahora bien la aplicación de una ley en el tiempo se encuentra en
función del momento en que esta entra en vigencia dentro de la esfera
normativa de un Estado de Derecho y deja de tener vigor en el momento en
que la misma es derogada de forma expresa o tácita. La Constitución Política
de la República de Guatemala, en su artículo 180 y la Ley del Organismo
Judicial en su artículo 6, indican de forma expresa, que una ley entra en
vigencia para su aplicación en el territorio guatemalteco ocho días después de
su publicación en el Diario Oficial. La excepción a lo anterior, lo relacionan
dichos artículos al señalar que será la propia norma la que indicará un plazo
mayor o menor al de los ocho días referidos. Tal es el caso de la Ley de
Garantías Mobiliarias, Decreto del Congreso de la República de Guatemala 51-
2007, la cual fue emitida por el Congreso de la República el veinticuatro de
octubre de dos mil siete, sancionada por el Presidente de la República de
Guatemala, el ocho de noviembre de dos mil siete, y que en el artículo 82 de la
norma referida indica que la ley en cuestión entrará en vigencia a partir del uno
de enero de dos mil ocho.
Por su parte, el artículo 36 de la Ley del Organismo Judicial, indica la forma en
que puede procederse en caso de que llegase a existir problemas en caso se
emite una ley nueva, en relación a las circunstancias que en su momento
10 Gutiérrez de Colmenares, Carmen María y Josefina Chacón de Machado. “Op. Cit.” Pág. 23
10
surgieron al amparo de una ley anterior y que aún producen un efecto o se
encuentran pendientes de resolverse cuando entra en vigor una ley.
Debe tomarse en cuenta lo que señalan las autoras Gutiérrez de Colmenares
y Chacón de Machado, en su obra citada: “Sin embargo, a pesar de lo
establecido en el inciso m), del artículo 36 de la Ley del Organismo Judicial, El
Código de Trabajo y el Código Procesal Penal, en sus disposiciones
transitorias, señalan expresamente que los procesos ya iniciados que se
encuentren en trámite se continuarán y fenecerán de acuerdo con las
disposiciones vigentes al momento en que fueron iniciados (aplicación de la ley
antigua). Por ser la Ley del Organismo Judicial una ley general y los Códigos
de Trabajo y Procesal Penal leyes específicas, se aplicará lo dispuesto en
éstos últimos en virtud de la supletoriedad de la Ley del Organismo Judicial,
según lo establecido en su artículo 23.” 11
1.2 De las teorías de la retroactividad de la ley
La aplicación de las normas va en función de la interpretación de las mismas
así como de la integración que se hace de aquellas, en un ejercicio mental que
conlleva el ejercicio del Derecho. Al efecto, el jurista José Castán Tobeñas, da
una definición del término interpretación: “La interpretación es la indagación del
verdadero sentido y alcance de norma jurídica, en relación con el caso que por
ella ha de ser reglado.” 12 Por otro lado, la integración, es aquel procedimiento
por cual ante la falta o deficiencia de una norma para un caso concreto se
integra o une al Ordenamiento Jurídico para llenar aquel vacío. Ahora bien,
para que las normas sean correctamente aplicadas deben de tener una
vigencia en el momento de su aplicación. El problema que puede suscitarse en
este caso es la resolución de un “conflicto de las leyes en el tiempo”
La creación de las normas tiene como función la aplicación de las mismas para
hechos futuros, de situaciones o supuestos nacidos con posterioridad a la
creación y entrada en vigor de una norma jurídica. Ahora bien, se considera
11 Gutiérrez de Colmenares, Carmen María y Josefina Chacón de Machado. “Op. Cit.” Pág. 162 y 163 12 Castán Tobeñas, José. “Derecho Civil Español”. España. 1980. Pág. 185
11
que existe retroactividad de una norma jurídica, cuando de la interpretación y
aplicación de la misma se produce un efecto sobre una situación o un supuesto
que se haya suscitado con anterioridad a la vigencia de la norma. En el
Derecho Romano para hacer referencia a una norma retroactiva se utilizaba la
frase “EX TUNC”, la cual se define como: “Desde entonces; característica de
las normas que tienen efecto retroactivo”13
La Corte de Constitucionalidad en reiteradas ocasiones se ha pronunciado
acerca de la retroactividad de la ley y señala que: “La regla general es que la
ley es de aplicación inmediata y que rige para el futuro a partir de su promulgación; que se aplica en el presente, que no puede ser aplicada al
pasado y que rige los efectos posteriores a su vigencia, aunque deriven de
hechos anteriores a ella. La retroactividad consiste en la traslación de la
aplicación de una norma jurídica creada en un determinado momento, a uno
anterior al de su creación, por lo que se contemplan ciertas situaciones fácticas
pretéritas que estaban reguladas por normas vigentes al tiempo de su
realización... En armonía con esa disposición, el artículo 7 de la Ley del
Organismo Judicial dice: "La ley no tiene efecto retroactivo ni modifica derechos
adquiridos"... Para que una ley sea retroactiva, es indispensable que obre
sobre el pasado y que lesione derechos plenamente adquiridos bajo el amparo
de leyes anteriores, para modificarlos... Por esto, el principio de irretroactividad
sólo es aplicable a los derechos consolidados, asumidos plenamente, a las
situaciones agotadas o a las relaciones jurídicas consagradas; y no a las
simples expectativas de derechos ni a los pendientes o futuros… Lo que
prohíbe el artículo 9.3 es la retroactividad entendida como incidencia de la
nueva ley en los efectos jurídicos ya producidos de situaciones anteriores, de
suerte que la incidencia en los derechos, en cuanto a su proyección hacia el
futuro, no pertenece al campo estricto de la irretroactividad" (Sentencias
99/1987 de once de junio; 42/1986 de diez de abril y 129/1987 de dieciséis de
julio). El principio debe aplicarse con suma prudencia, y relacionarse con el
esquema general de valores y principios que la Constitución reconoce y
adopta, así como con el régimen de atribuciones expresas que corresponden a
13 Cisneros Frías, German. “Diccionario de Frases y Aforismos Latinos Una Compilación Sencilla de Términos Jurídicos”. México. 2003. Pág. 82
12
los diversos órganos constitucionales. Planiol afirma al respecto: "La ley es retroactiva cuando ella actúa sobre el pasado; sea para apreciar las
condiciones de legalidad de un acto, sea para modificar y suprimir los efectos de un derecho ya realizado. Fuera de esto no hay retroactividad, y la
ley puede modificar los efectos futuros de hechos o de actos anteriores sin ser
retroactiva". Como ha asentado esta Corte, no hay retroactividad en "la
disposición que regula situaciones pro futuro pero que tienen su antecedente en hechos ocurridos con anterioridad”. (La negrita es propia)14
Este criterio ha sido reiterado por la Corte de Constitucionalidad en las
sentencias 281-92, 3832-2007, 1075-2008 de fechas dos de septiembre de mil
novecientos noventa y dos, diez de julio de dos mil ocho y veintinueve de enero
de dos mil nueve, respectivamente.
Por lo anterior, es importante se tome en cuenta que la retroactividad de una
norma jurídica modifica o extingue situaciones jurídicas, tal y como lo refiere el
autor Bonnecase, quien fue citado por la Magistrada de la Honorable Corte de
Constitucionalidad Josefina Chacón de Machado en su voto razonado en la
Sentencia de Amparo citada con anterioridad: “Bonnecase afirma que hay
retroactividad cuando la ley modifica o extingue una situación jurídica concreta;
no la hay, dice, cuando limita o extingue una situación abstracta creada por la
ley precedente. Para determinar si se trata de una situación jurídica abstracta o
concreta habrá que establecer si se ha producido el supuesto que determina el
nacimiento de la consecuencia y si ésta ya se ha realizado o si es una simple
expectativa…”15
La sentencia de amparo promulgada por la Honorable Corte de
Constitucionalidad que se ha hecho mención, relaciona varias teorías acerca
de la “retroactividad de una norma jurídica” y que varios autores refieren como
“teorías que explican el problema de la retroactividad de la ley”; las cuales
se enumeran a continuación:
14 Corte de Constitucionalidad. Apelación de Sentencia de Amparo, expediente 364-90 de fecha 27 de junio de 1991. Guatemala. Pág. 7 y 8. 15 Ibid. Pág. 13
13
1. Teoría de los derechos adquiridos
2. Tesis de Julián Bonnecase
3. Tesis de Paul Roubier
4. Tesis de Planiol
De las anteriores, la “teoría de los derechos adquiridos”, cuyo principal
expositor fue Felipe Antonio, Conde de Merlín de Douai, indica que la
retroactividad de una norma jurídica es cuando se destruye o restringe un
derecho que ha sido adquirido; por su parte el derecho adquirido se entiende
como: “…aquél que ha entrado en nuestro dominio y no nos puede ser
arrebatado…”16. Por su parte la “tesis de Paul Roubier” relaciona dos
supuestos en los cuales se puede dar la retroactividad de una norma jurídica:
1. A hechos consumados bajo el imperio de una ley anterior
2. A situaciones jurídicas en curso, modificando los efectos realizados
antes de la vigencia de la ley.17
Con lo anterior, se puede indicar que la retroactividad de una norma consiste
en “el ejercicio de aplicar una ley vigente a un hecho del pasado, cuando sus
efectos se retrotraen al pasado”. La Ley del Organismo Judicial, Decreto 2-89,
en el artículo 7, refiere: “Artículo 7. Irretroactividad. La ley no tiene efecto
retroactivo, ni modifica derechos adquiridos…”
La promulgación de una norma jurídica tiene como corolario normar hechos
futuros, en ese orden de ideas, el Código de Derecho Canónico, en su
respectivo canon número 10, indica que: “Las leyes miran a lo futuro, no a lo
pasado, a no ser que nominalmente en ellas se haga referencia a lo pasado”18,
el cual concuerda con el canon número 4, el cual indica: “Los derechos
adquiridos, así como los privilegios hasta ahora concedidos por la Sede
Apostólica, tanto a personas físicas como jurídicas, que estén en uso y no
16 Gutiérrez de Colmenares, Carmen María y Josefina Chacón de Machado. “Op. Cit.” Pág. 158 17 Ibid. Pág. 159 18 Domínguez, Miguelez y otros. “Código de Derecho Canónico (Texto latino y versión castellana)”. España. 1951. Pág. 6
14
hayan sido revocados, permanecen intactos a no ser que sean revocados
expresamente por los cánones de este Código”19
CAPÍTULO 2
DE LA PRENDA
En el Derecho Romano, se denominaba ius tanto al derecho objetivo como
subjetivo, y de los anteriores se realizaron clasificaciones para una correcta y
mejor aplicación. De esa suerte, resulta el derecho de propiedad, que faculta a
una persona a disponer sobre las cosas y los derechos reales consistían en la
disposición sobre la cosa ajena, lo que se denominaba “iura in re aliena” y
finalmente los derechos reales de garantía que facultaban a tener algo de otra
persona o pedir su posesión para garantizar el pago de una deuda anterior.
“Pignus”, es el término que en el derecho romano se establecía para lo que hoy
se establece como Prenda, lo anterior tal y como lo establece el Diccionario de
Frases y Aforismos Latinos: “Como derecho real sobre cosa ajena de garantía,
ius in re aliena, consiste en la transmisión de la posesión de una cosa al
acreedor, la cual conservará hasta la satisfacción de la deuda que garantiza; el
acreedor va logrando sucesivamente en su favor ventajas en su situación por el
pactum de distrahendo pignore y pactum commissorium, quedando configurado
su derecho como verdadero derecho real cuando se le confiere el interdictum
Salvianum y la actio Serviana…”20
Asimismo lo relaciona los autores Daniel Ramírez y Lavinia Figueroa, al
indicar las excepciones al derecho que posee el acreedor de retención en
relación al bien que le fue entregado como garantía para el cumplimiento de
una obligación dentro del plazo fijado: “…salvo ciertos pactos como: Lex
comissoria o convenio que faculta al acreedor para hacerse pago con el bien; y
el Pactum de Distrahendo pignore, que autorizaba al acreedor a vender el bien
en caso de incumplimiento y hacerse pago con el producto de la venta, con la
19 Loc. Cit. 20 Cisneros Frías, German. “Op. Cit.” Pág. 90.
15
limitación posterior para el acreedor de avisarle por tres veces al deudor, previo
a proceder a la venta.”21
En cuanto a los bienes que comprendía la prenda, eran sujetos de garantía
aquellos bienes muebles que fueran exclusivamente enajenables, corpóreos o
incorpóreos, así como el usufructo, servidumbres rústicas, superficie, créditos y
el propio derecho de prenda, en este último caso, la garantía no era el bien
mueble en cuestión sino el derecho real sobre las cosas.
Ahora bien, el derecho real, de acuerdo a los autores Ramírez y Figueroa,
consiste en: “entendido como aquellos derechos que otorgan a su titular un
poder director e inmediato sobre una cosa, frente a cualquier persona, es decir,
erga omnes…”22, y como derecho real de garantía: “es aquel derecho que
afecta determinados bienes del deudor, asegurando el cumplimiento
obligación…”23
El derecho real de garantía, conlleva un aseguramiento al crédito que el
acreedor otorga a favor del deudor, robusteciendo de seguridad jurídica, así
como lo expresa el tratadista Federico Puig Peña: “La previsión de un posible
incumplimiento de su obligación por parte del deudor hizo pensar a los titulares
del crédito en la conveniencia de conseguir un mayor refuerzo del vínculo,
obteniendo con ello un mejor aseguramiento de sus intereses…”24
La Prenda es un derecho real de garantía que es reconocido en nuestra
legislación de acuerdo a lo estipulado en el Código Civil, Decreto Ley 106, en el
Libro II del Capítulo III. Al efecto el artículo 880 de dicho cuerpo legal, establece
que: “Artículo 880. Concepto. La prenda es un derecho real que grava bienes
muebles para garantizar el cumplimiento de una obligación.”
21 Ramírez Gaitán, Daniel Ubaldo y Claudia Lavinia Figueroa Perdomo. “Las Garantías Mobiliarias en el Derecho Guatemalteco”. Guatemala. 2008. Pág. 21-22. 22 “Ibid”. Pág. 17. 23 Loc Cit. 24 Puig Peña, Federico. “Compendio de Derecho Civil Español”. Volumen 2: Derechos Reales. España. Editorial Arazandi. 1979. Pág. 778
16
La clasificación de la Prenda, de acuerdo al instrumento legal citado con
anterioridad es: Prenda Común, Prenda Agraria, Ganadera e Industrial
2.1 GENERALIDADES
El derecho real de garantía de la prenda, como se mencionó con anterioridad,
se constituye sobre bienes muebles, así lo indica el artículo 880 del Código
Civil, Decreto Ley 106, y que se hiciera relación con anterioridad. Dicho artículo
tiene relación directa con el artículo 451 del mismo cuerpo legal al indicar éste
cuales son los bienes muebles. La prenda y la hipoteca son reconocidos como
tales por el derecho pretoriano y tienen como origen y antecedente la fiducia, la
cual Guillermo Floris Margadant refiere como: “…la operación a través de la
cual un deudor, o un tercero, en su nombre, transmitían una cosa al acreedor
para garantizar el pago de una deuda. La transmisión iba acompañada de un
convenio de fidelidad –fiducia-, en virtud del cual se consideraba que el objeto
entregado para garantizar la obligación no entraba a formar parte del
patrimonio del acreedor de una manera definitiva, sino únicamente de modo
transitorio, por ser el titular de un crédito a su favor, tanto es así que el
acreedor no podía quedarse con el bien dado en fiducia como pago de la
deuda ni tampoco venderlo para cobrarse la misma con el precio que obtuviese
de ella salvo que se establecido previamente un pacto para tal efecto…”25
La prenda como derecho real de garantía, para algunos autores tales como
Puig Peña, ha estado paulatinamente en desuso, las tendencias y la evolución
del derecho ha hecho que la misma no sea una figura jurídica que se busca
para asegurar al acreedor el cumplimiento de una obligación. Así lo indica en
su obra citada al indicar que: “Dentro de los derecho reales de garantía,
procede estudiar el derecho de prenda que aunque tiene una larga tradición
histórica y gozo en tiempos pasados de gran predicamento, ha sufrido, sin
embargo, largos períodos de oscurecimiento en el mundo de las realidades
jurídicas. Y es que hay que reconocer que, si bien goza este derecho de
bastantes y considerables ventajas en su propia función de garantizar los
25 Floris Margadant, Guillermo. “Derecho Romano”. México. Editorial Universitaria. 3era Edición. 1986. Pág. 135
17
créditos, tiene también el enorme inconveniente de privar al deudor de la
posesión de la cosa y obligar además al acreedor (que en la relación prendaria
se convierte en el principal obligado) a la observancia de determinada
conducta, enojosa en la mayoría de los casos. Por ello ha habido ocasiones en
que este derecho perdido mucha influencia y apenas si ha vivido en los
cuerpos legales y acaso solo en las referencias concisas de la obra jurídica. En
los últimos tiempos, sin embargo, asistimos a resurgir de los derechos de la
prenda, que cobran extraordinaria pujanza en la vida mercantil, y aún en el
área exclusivamente civil, donde se determina su aplicación por el
desarrollo constante del tráfico de los valores mobiliarios en sus diversas formas, el gran auge de la producción moderna y el extraordinario incremento
de las instituciones de empeño y ahorro.”26 (La negrita es propia).
Por otro lado, en la actualidad la institución jurídica de la prenda tiene
características y mecanismos de aplicación distintos a los regulados en nuestra
legislación, tal es el caso del Derecho Alemán, en donde el Pfandrecht
(Derecho de Retención) se encuentra intrínseco a la prenda, y como
consecuencia ésta última se considera un derecho real limitado que posee el
acreedor sobre una cosa o de un derecho que suele ser nombrado para
garantizar un crédito. El Derecho de Retención es un auxiliar diseñado
estrictamente para que pueda existir el crédito garantizado. El artículo 1204 del
Código Civil Alemán establece los contenidos estatutarios de la prenda sobre
bienes muebles, y los detalla:
“(1) A los bienes muebles para garantizar un crédito en la forma de percibir,
que el acreedor tiene derecho a buscar la satisfacción de la cosa.
(2) El derecho de retención también se pueden pedir para un reclamo futuro o
condicional.”27
26 Puig Peña, Federico. “Op. Cit.”. Pág. 811 27 BGB-Einzelnorm. Bundesministerium der justiz. “Gesetzlicher Inhalt des Pfandrechts an beweglichen Sachen”. Alemania. 2012. http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__1204.html. Fecha de Consulta: 27 de noviembre de 2012.
18
Es decir, que desde el punto de vista del Código Civil Alemán, el Derecho de
Retención que se encuentra contenido dentro de la prenda, trata de ser
explícito en cuanto a la funcionalidad y ámbito de su aplicación, ya que induce
a que cualquier obligación sea mercantil o civil puede ser garantizada a través
de la prenda y permite a través de la retención que el bien mueble dado como
garantía se encuentre afecto para un reclamo futuro o bien que la retención sea
una condicionante al crédito garantizado.
Los contenidos estatutarios referidos, son distintos a lo que se regulan en
nuestro país para el caso de la prenda, pues si bien es cierto el espíritu de
aceptar una garantía real por parte del acreedor es que la misma garantice el
cumplimiento de la obligación y que en cualquier momento pueda ser ejecutada
la misma para el pago de la obligación garantizada; el Código Civil Alemán
establece un parámetro claro y concreto respecto a que los bienes muebles
que son objeto de garantía se otorgan en la forma que perciben las partes y el
acreedor garantizado tiene derecho a buscar la satisfacción de la cosa, aunado
al derecho de retención que posee.
Con lo anterior, se busca proteger de forma concreta al acreedor, asegurándole
la satisfacción con los bienes dados en garantía y como consecuencia un
resguardo a la inversión que realiza. Por lo tanto, se fomenta el acceso al
crédito dando certeza y seguridad jurídica al que otorga los créditos y
robusteciéndolos de seguridad con el derecho de retención, por lo cual el
crédito prendario es una opción viable y eficaz, en este caso a la economía
alemana para el desarrollo de las empresas desde un punto de vista mercantil,
caso distinto al de Guatemala.
Importante hacer mención que el Derecho de Retención se considera una
característica principal de la prenda en la actualidad, ya que de acuerdo Diez Picazo que fuera citado por la Esther Gómez Calle, el Derecho de Retención,
se entiende: “como la facultad que ostenta el legítimo poseedor de un bien
ajeno para llegado el momento en que debe restituirlo a quien corresponda,
19
retenerlo en si poder en tanto no se le satisfaga el crédito del que es titular por
razón del bien poseído”.28
Si bien es cierto, la característica del Derecho de Retención no ha sido incluida
inclusive en la Ley Modelo Interamericana sobre Garantías Mobiliarias, que fue
base para la creación de la Ley de Garantías Mobiliarias, Decreto 51-2007 del
Congreso de la República de Guatemala, la misma es incluida dentro del
ámbito internacional en la Guía legislativa sobre las operaciones garantizadas
elaborada por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil
Internacional (CNUDMI), específicamente en el Capítulo I, al referirse a los
“instrumentos de garantía tradicionales” y, dentro de éstos a las “garantías
reales sobre bienes muebles”.
Continuando con el análisis de la prenda el Código Civil Argentino, refiere que:
“Habrá constitución de prenda cuando el deudor, por una obligación cierta o
condicional, presente o futura, entregue al acreedor una cosa mueble o un
crédito en seguridad de la deuda”. Para este caso, se hace una alusión clara y
concreta que los créditos son pignorables.
En ese orden de ideas, la autora Ana Isabel Gil Bellorini de Chavarría29 que
cita a las autores Heywood Fleisg y Nuria de la Peña, establece que en
países como Puerto Rico y Rumania y ciudades como Louisiana (Estados
Unidos) y Québec (Canadá), donde existen leyes de naturaleza romano-
germánica en la materia; así como, en Argentina, El Salvador, Nicaragua y
Bolivia, donde existen proyectos de ley sobre la materia de garantías
mobiliarias, se ha optado por un cambio conceptual porque resulta difícil
modernizar el concepto de “prenda” para que bajo tal concepto se abarque,
además de su contenido actual, el gravamen de inventarios flotantes, bienes a
adquirirse en el futuro, inventarios de bienes no identificados plenamente o
cuentas por cobrar no representadas en títulos valores.
28 Gómez Calle, Esther. “El derecho de retención sobre bienes muebles”, Revista para el Análisis del Derecho. España. Octubre 2011. Pág. 5 29Gil Bellorini de Chavarría, Ana Isabel. “Las garantías mobiliarias no convencionales”, Guatemala. 2009. Tesis de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Pág. 24
20
Los antecedentes en el derecho guatemalteco de la prenda, datan del Código
Civil de 1877, promulgado por el Decreto Gubernativo número 176 del 08 de
marzo de 1877, que comenzó a regir a partir del 15 de septiembre de 1877, en
el gobierno del General Justo Rufino Barrios; el cual le daba el carácter de un
derecho real en virtud de la cual el deudor entregaba cosa mueble al acreedor
para dar seguridad jurídica al crédito otorgado. Es importante hacer relación
que en el Código Civil relacionado, refiere que se denominaba prenda a la
misma cosa mueble que se daba en garantía. Por lo anterior, la prenda de
acuerdo al cuerpo legal referido tenía dos definiciones, una encaminada al
derecho real de garantía estudiado, y otro como el bien mueble dado en
garantía. De igual forma dicho cuerpo legal relacionaba, que para que el
acreedor gozara del derecho de prelación, la prenda debía constituirse por
pacto expreso y que dentro de las condiciones de dicho pacto, el bien debía
permanecer, ya sea con el acreedor o con un tercero quien tenía el encargo de
la guarda del mismo; lo que en la actualidad está regulado con la figura jurídica
del “depositario”. En virtud de que no existía un traslado de dominio de la
propiedad o posesión de la cosa dada en garantía, el dueño del bien, es decir
el deudor, no podía darla en garantía o empeñarla a un tercero, mientras la
cosa misma no fuera devuelta por el único acreedor que la poseía libre de
responsabilidad; por lo que no permitía que el bien mueble dado en prenda
sirviera de garantía de varias obligaciones con diferentes personas a la vez,
toda vez no existiera la devolución que la norma relaciona. De acuerdo al
Código Civil referido no procedía que se hiciera el pago el acreedor con el bien
mueble dado en garantía, al existir incumplimiento de parte del deudor de las
obligaciones pactadas, siendo nulo todo pacto que se celebrara en contra de la
prohibición relacionada. Al existir un incumplimiento de parte del deudor de
cualquiera de las obligaciones pactadas, procedía la pública subasta, como
único medio de hacer efectiva la deuda al acreedor.
El Código Civil de 1877, fue derogado de forma expresa al entrar en vigencia el
Decreto Legislativo 1932 de fecha 13 de mayo de 1933, que contenía el nuevo
Código Civil, en éste cuerpo legal la prenda consistía en un derecho real que
se constituía sobre bienes muebles para garantizar el cumplimiento de una
obligación y su preferencia en el pago. Refieren los autores Ramírez y
21
Figueroa que: “…aquella normativa, se preveía la posibilidad de dar en
garantía prendaria bienes muebles, créditos, títulos nominativos o al portador,
facturas, granos, etc.”30 Se incluyó como requisito que además de ser un pacto
expreso entre las partes, como lo preveía el Código Civil anterior, dicho pacto
debía estar contenido en escritura pública o documento privado y pudiendo ser
depositario de los bienes dados en garantía el acreedor o un tercero nombrado
al efecto. Tal y como lo establecía el Código Civil anterior, existía una
prohibición legal en cuanto a no poder empeñar de nuevo el bien, en tanto no
se tuviera por cumplida la obligación garantizada, ahora bien, contrario sensu
de lo que el Código Civil de 1877 indicaba acerca de dar en garantía
nuevamente el bien mueble, el Código Civil promulgado en 1933 reguló que se
podía dar en garantía de una nueva obligación el mismo bien mueble dado en
garantía antes, toda vez el deudor y el acreedor fueran los mismos. De igual
forma en el Código Civil de 1933 se hizo constar la nulidad del pacto de
adquisición por parte del acreedor garantizado del bien mueble dado en
garantía. Ahora bien, dicha normativa legal, incluyó de una manera amplia la
ejecución ante el órgano jurisdiccional correspondiente, la subasta notarial, o
ante corredor o martillero31 Asimismo, dicha normativa indicaba que los jueces
u otros funcionarios, no podían procederá la ejecución o la subasta, sino se
presentaban títulos inscritos en el Registro para poder darle trámite a la
demanda; norma que en la actualidad tendría su ex pari en el artículo 1129 del
Código Civil, Decreto Ley 106, que citado textualmente indica: “En ningún
tribunal ni oficina pública se admitirán escrituras ni documentos sujetos a
inscripción, que no hubieren sido razonados por el registrador”, aunque no
obstante lo anterior, como más adelante se referirá existe doctrina legal que
indica lo contrario.
Ahora bien, el Código Civil, Decreto Ley 106 hace una gran diferencia al definir
la prenda como tal, pues establece y regula a la prenda como un “derecho real
de garantía”, estableciendo la diferencia de un derecho real de dominio. Por
otro lado, la viabilidad del saldo insoluto fue motivo de correcciones y
ampliaciones de parte de la Comisión Revisora del Código Civil, pues tal y
30 Ramírez Gaitán, Daniel Ubaldo y Claudia Lavinia Figueroa Perdomo. “Op. Cit.”. Pág. 23 31 De acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española, martillero es sinónimo de subastador.
22
como lo indica la Exposición de Motivos del Código Civil en cuestión, citado por los autores Ramírez y Figueroa: “La posibilidad del saldo insoluto, fue objeto
de modificación, entre el proyecto presentado y la normativa final; originalmente
se señalaba la prohibición del saldo insoluto y, sin embargo, la comisión
revisora de dicho proyecto consideró pertinente el regular que la prenda si
pudiere dejar el saldo insoluto, esto según se indica, motivado por parte de los
acreedores, que al tener como garantía un bien mueble, visualizaban de
entrada el desgaste natural del bien, entre otras circunstancias y el riesgo de la
pérdida del mismo…”32 El Código Civil actual siguió con la misma línea de sus
antecesores en establecer la prohibición de la adjudicación en pago,
declarando nulo todo pacto que autorice al acreedor para apropiarse de la
prenda o disponer de ella por sí mismo en virtud de la falta de pago del deudor,
sin embargo rompió la tradición de casi un siglo, al permitir al propio deudor ser
considerado como un depositario del bien dado en garantía, toda vez existiera
la anuencia del acreedor. De igual forma, se da la facultad al deudor de
garantizar el mismo bien dado en prenda, para el cumplimiento de varias
obligaciones con varias personas sucesivamente; en ese orden de ideas, el
jurista Gustavo Adolfo Sigüenza Sigüenza, que en su obra señala lo que la
Exposición de Motivos del Código Civil indica para este punto: “Estado
asegurado el primer acreedor prendario que tiene preferencia en el pago con el
precio que se obtenga en la venta del bien pignorado, no hay razón jurídica
para impedir que se acepte por un nuevo acreedor la garantía de una cosa que
puede perfectamente satisfacer con su precio los dos créditos. Todo depende
de que el prestamista bien enterado de la existencia de un gravamen anterior,
la acepte y que al verificarse el remate, sean notificados los acreedores para
que concurran a defender sus intereses”.33 Se regula con claridad lo relativo a
la prenda agraria y su convivencia con la hipoteca; así como la su orden pagos,
limitación del saldo insoluto y el riesgo posible en cuanto a la segunda cosecha
que no llegue a cubrir el monto garantizado. Con la vigencia del Código Civil
actual se suprimió de forma definitiva la figura jurídica de la anticresis por
32 Ramírez Gaitán, Daniel Ubaldo y Claudia Lavinia Figueroa Perdomo. “Op. Cit.”. Pág. 25 33 Sigüenza Sigüenza, Gustavo Adolfo (Comp). “Código Civil, Decreto Ley 106 Anotado y Concordado”. Guatemala. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Rafael Landívar. 2da Edición. 2011. Pág. 157-158.
23
considerarla obsoleta, por falta de aplicación práctica y la evolución del derecho
mercantil tendiente a la creación y constitución de fideicomisos.
2.2 DEFINICIÓN
Aunado a las definiciones que a lo largo del presente estudio se han acotado
para el término de prenda, es menester se haga constar la definición que del
término hace referencia el Diccionario de la Lengua Española de la Real
Academia Española: “PRENDA: (Del lat. pignŏra, pl. n. de pignus). Cosa
mueble que se sujeta especialmente a la seguridad o cumplimiento de una
obligación…”34 En ese orden de ideas, el autor Rafael Rojina Villegas, en su
obra citada define el término de prenda como: “…es un derecho real que se
constituye sobre bienes muebles o enajenables, determinados, que se
entregan real o jurídicamente al acreedor, para garantizar el cumplimiento de
una obligación principal y su preferencia en el pago, concediéndole los
derechos de persecución y de venta sobre los citados bienes, en caso de
incumplimiento.” 35 Desde la perspectiva de un derecho real y un contrato real y
accesorio, de acuerdo al autor anteriormente citado se puede definir a ésta
como: “…contrato real accesorio por virtud del cual el deudor o un tercero
entregan al acreedor una cosa mueble enajenable, determinada, para
garantizar el cumplimiento de una obligación principal, concediéndole un
derecho real de persecución, venta y preferencia en el pago para el caso de
incumplimiento, con la obligación de devolver la cosa recibida, una vez que se
cumpla dicha obligación.”36
Por su parte, el jurista Puig Peña, quien ya fue citado con anterioridad, define a
la institución de la prenda de la siguiente forma: “…es el derecho real sobre la
cosa mueble, establecido en garantía de una obligación, por cuya virtud se
entrega aquélla al acreedor o a un tercero, de común acuerdo, con el fin de que
quede en su posesión hasta el completo pago del crédito y pueda procederse
en caso de incumplimiento a instar la venta de la cosa empañada, satisfaciendo
34 Prenda”. Real Academia Española. “Diccionario de la Lengua Española”. España. 1994. 21era Edición. Pág. 703 35 Rojina Villegas, Rafael. “Op. Cit.”. Pág. 320. 36 “Loc. Cit”.
24
entonces, con su importe, las responsabilidades pecuniarias que nazcan de la
obligación garantizada”37
El Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Osorio, indica que
el término de prenda consiste en: “Contrato por el cual el deudor de una
obligación, cierta o condicional, presente o futura, entrega al acreedor una cosa
mueble o un crédito en seguridad de que la obligación ha de ser cumplida.
Faltando el deudor, el acreedor puede hacerse cobro de su crédito con el
precio que produzca la venta en remate público de la cosa dada en prenda y
con citación del deudor. La garantía prendaria es corriente en el contrato de
préstamo. Desde el punto de vista del acreedor, prenda es la cosa prendada.
Desde el punto de vista del acreedor pignoraticio o prendario (v.), la prenda
integra además un derecho real sobre lo prendado.”38
Asimismo los autores Ricardo José Papaño, Claudio Marcelo Kiper y otros,
en su obra, señalan como definición de prenda: “…Habrá constitución de
prenda cuando el deudor, por una obligación cierta o condicional, presente o
futura, entregue al acreedor una cosa mueble o un crédito en seguridad de la
deuda”39
Ahora bien, la autora Laura Buendía Grigoriu, señala que la prenda consiste
en: “…el contrato por virtud del cual una persona constituye un gravamen sobre
bien mueble a favor de un tercero para amparar una obligación propia o
ajena.”40 Continúa manifestando la autora citada que la Superintendencia de Sociedades de Colombia señala que la prenda es: “un derecho real accesorio
de garantía de cumplimiento de una obligación, que recae únicamente sobre
muebles, por el cual el acreedor prendario tiene un poder de hecho actual y
efectivo sobre la cosa pignorada, ya sea que la tenga en su poder a título de
37 Puig Peña, Federico. “Op. Cit.”. Pág. 811 38 Osorio, Manuel. “Op. Cit”. Pág. 760. 39 Papaño, Ricardo José y otros. “Derechos Reales”. Tomo III. Argentina. 1951. Ediciones Depalma. Pág. 1. 40 Buendía Grigoriu, Laura. “El Contrato de Prenda Comercial”. Colombia. 2004. Tesis de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Especialización en Derecho Comercial. Pontificia Universidad Javeriana. Pág. 6
25
mera tenencia o no la tenga en su poder sino que el derecho conserva su
tenencia”.41
A criterio del autor, una definición de prenda que pueda abarcar todos los
conceptos anteriormente señalados, es: “Es un derecho real de garantía por medio del cual se grava un bien mueble para el cumplimiento de una
obligación. Dicho bien debe ser plenamente identificado y que por su naturaleza económica pueda ser susceptible de individualización”
De las definiciones citadas, es menester se tome en cuenta las siguientes
consideraciones o características:
1. La prenda como un derecho de naturaleza eminentemente real: Tal y
como se ha hecho referencia en el presente estudio, la prenda es un
derecho real, pues como bien lo indica el autor Puig Peña, “…es de
esencia típicamente real, puesto que da nacimiento a las facultades
propias de los mismos, como son el hecho de realización de valor, el
derecho de preferencia y la producción de una acción real, valederas
erga omnes”.42
2. Derecho de naturaleza accesoria o de garantía: La característica de
accesoria para la prenda va en función de que para que exista ésta sea
como un derecho real de garantía, como un contrato o como en la
doctrina señala como bien mueble garantizado propiamente, previo debe
de existir una obligación que se quiera garantizar por el propietario del
bien mueble, es decir por el titular del derecho de dominio. Así lo
establecen los autores Papaño, Kiper y otros, en su obra citada al
indicar que: “…admite que se puedan garantizar obligaciones puras y
simples, sujetas a un plazo o una condición-suspensiva o resolutoria-. La
condicionalidad a que esté sujeta la obligación que se garantiza,
subordina la vigencia o la existencia del gravamen como efecto propio
del carácter accesorio de este último.”43 Por su parte el autor Rojina
41 “Loc Cit.” 42 Puig Peña, Federico. “Op. Cit.”. Pág. 811. 43 “Ibid.” Pág.812
26
Villegas, ya citado indica que: “Como consecuencia de ser la prenda un
contrato accesorio, solo puede constituirse para garantizar hasta el
monto de la obligación principal, o una cantidad inferior, pero nunca
superior.”44
3. Derecho de carácter mobiliario: Desde su nacimiento y origen la prenda,
es un derecho real constituido sobre bienes muebles, y con la evolución
del derecho, los bienes muebles deben ser plenamente identificables e
individualizados para que sobre éstos recaiga el derecho real de
garantía. En ese orden de ideas, el autor anteriormente citado refiere
que “conforme a la trayectoria histórica del instituto, recae siempre sobre
bienes muebles…”45
4. De naturaleza Indivisible: Si bien es cierto, la indivisibilidad de la prenda
como tal, pueda quedar suprimida por acuerdo de las partes como lo
relacionan los autores Baudry Lacantinerie así como Papaño, Kiper y
otros, en sus respectivas obras; estos últimos autores en su obra citada
indican que: “Se trata de un beneficio concedido al acreedor prendario,
quien puede resistir la entrega del objeto prendado hasta que la deuda
esté saldada por completo, aun cuando ésta es divisible.”46
2.3 NATURALEZA JURÍDICA
En el presente estudio se ha hecho referencia a tres puntos de vista acerca de
la prenda, ya que tanto la doctrina como la legislación nacional e internacional
han coincidido en dichos puntos de vista en algún momento. Dichos puntos que
constituyen la naturaleza jurídica de la prenda son:
1. La Prenda es un contrato real: El artículo 1517 del Código Civil, Decreto Ley
106 relaciona que: “Hay contrato cuando dos o más personas convienen
crear, modificar o extinguir una obligación” y tomando en cuenta lo que el
jurista Rubén Alberto Contreras Ortiz define para el término de contrato:
“El negocio jurídico bilateral, constituido por el acuerdo pleno, consciente y
44 Rojina Villegas, Rafael. “Op. Cit”. Pág. 321. 45 Puig Peña, Federico. “Op. Cit.”. Pág. 812 46 Papaño, Ricardo José y otros. “Op. Cit.”. Pág.9
27
libre de voluntades de dos o más personas particulares, iguales ante la ley,
que fundado en una causa licita produce efectos jurídicos idóneos para
crear, modificar, transmitir, o extinguir obligaciones de naturaleza
patrimonial.”47 Asimismo el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y
Sociales del autor Osorio, indica: “…En una definición jurídica, se dice que
hay contrato cuando dos o más personas se ponen de acuerdo sobre una
declaración de voluntad común, destinada a reglar sus derechos. Capitant
lo define como acuerdo de voluntades entre dos o más personas, con el
objeto de crear entre ellas vínculos de obligaciones, y también documento
escrito destinado a probar una convención. Los contratos han de ser
celebrados entre personas capaces y no han de referirse a cuestiones
prohibidas o contrarias a la moral o a las buenas costumbres. Los contratos
lícitos obligan a las partes contratantes en iguales términos que la ley.”48
Ahora bien, en virtud de las definiciones de contrato, y tal como arriba se
relaciono, la prenda como contrato real sólo existe desde el momento en
que se hace entrega de la cosa al acreedor, verbigracia de lo anterior, se
toma como ejemplo el artículo 866 del Código Civil, Decreto Ley 106 al
indicar que: “…La prenda de títulos al portador se hace por la mera
tradición…” (La negrita es propia), entendiéndose tradición como la
entrega a alguien de algo en este caso de los títulos al portador; es decir
que la prenda como contrato, consolida la característica de real, pues existe
una entrega de la cosa como tal, muchas veces ficticia como varios autores
a lo largo de la doctrina refieren, como ejemplo el autor Rojina Villegas,
que en su obra citada, refiere: “…Tradicionalmente el carácter real de la
prenda se ha establecido en términos absolutos, exigiéndose una entrega
material de la cosa, de tal manera que si ésta no se entregaba, no se
llegaba a constituir el contrato, existiendo solo una promesa de prenda o
antecontrato, para el caso de que el deudor o un tercero se obligaran a
entregar la cosa al acreedor”.49 Continua manifestando el autor citado que:
“El objeto de la desposesión está en hacer imposible que el deudor pueda,
después de la constitución del bien en prenda, enajenarlo a otro sujeto
47 Contreras Ortíz, Rubén Alberto. “Obligaciones y Negocios Jurídicos Civiles. Parte General”. Guatemala. 2007. Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Rafael Landívar. Pág. 207. 48 Osorio Manuel. “Op. Cit.” Pág. 218. 49 Rojina Villegas, Rafael. “Op. Cit”. Pág. 325.
28
desprotegiendo así los derechos del acreedor, por lo que es necesario como una medida de publicidad, que la cosa sea puesta a disposición del
acreedor prendario en condiciones tales, que terceros sean advertidos de
que el deudor no puede disponer de la cosa para obtener otro crédito. En
relación a la entrega, no es indispensable que se conceda al acreedor la
posesión inmediata cuando el acreedor y deudor acuerdan una entrega jurídica y convienen en que el bien quede en poder de un tercero o del
mismo deudor, ya que lo importante es evitar que el constituyente de la
prenda haga uso de ella.”50 (La negrita es propia).
2. La Prenda es un derecho real: El autor Puig Peña hace la siguiente
anotación al respecto: “la prenda puede ser definida teniendo en cuenta el
acto jurídico (contrato) que la constituye o la situación jurídica (derecho) resultante de este acto. Aunque nuestro Código estudia la prenda en el
primer aspecto, ya que la disciplina en el Libro dedicado a los contratos, sin
embargo, la segunda faceta es la más trascendental y la que da un tono singular a esta institución.”51 (La negrita es propia). Con ésta
introducción, se pretende señalar que si bien es cierto la prenda tiene como
naturaleza jurídica el contrato, es la prenda como derecho la figura notable
de estudio, puesto como lo establece la definición de parte de nuestra
normativa civil vigente, en el artículo 880: “La prenda es un derecho real que grava bienes muebles para garantizar el cumplimiento de una
obligación” (La negrita es propia). Se debe tomar en cuenta que el deudor
que garantizara con un bien mueble la obligación acordada con el acreedor
deberá tener la disposición del bien mueble como tal, es decir un derecho
real de dominio, que por así convenir a los intereses del deudor, tal derecho
sobre el bien mueble se dará como garantía, haciendo la traslación de un
derecho real de dominio a un derecho real de garantía. Tal y como lo
establece la autora Ingrid Alejandra Martínez Rodas, cuya obra ha sido de
gran aporte al presente estudio, que cito al jurista Rojina Villegas: “En
cambio, cuando se considera la prenda como un derecho real, se refiere a
las potestades jurídicas que asisten al acreedor, en forma directa e
inmediata sobre la cosa, para retenerla y poder exigir su venta y pagarse
50 “Ibid.” Pág. 609 51 Puig Peña, Federico. “Op. Cit.”. Pág. 811
29
preferentemente con el producto obtenido.”52 Importante hacer constar que
anteriormente se han citado a diversos autores en relación a la prenda
como un derecho real.
3. La prenda como el bien mueble dado en garantía: La prenda en el derecho
guatemalteco fue reconocida en el Código Civil de 1877 como se relacionó
anteriormente, y particular mención requiere este apartado pues, nuestra
normativa civil para ese entonces daba a la prenda otra naturaleza jurídica
aparte de ser un “derecho” o un “contrato”, y es que dicho cuerpo legal
relacionaba de forma expresa que de igual se le denominaba prenda a la misma cosa mueble que se dio como garantía para el cumplimiento de
una obligación.
En Guatemala, la figura de la prenda, es utilizada mayormente como un
derecho real de garantía por medio del cual a través de un bien mueble, se
garantiza el cumplimiento de una obligación, así lo establece nuestra
legislación en su artículo 880 del Código Civil, Decreto Ley 106, al indicar que
“la prenda es un derecho real”.
2.4 BIENES SOBRE LOS CUALES SE PUEDE CONSTITUIR PRENDA
Tal y como se ha establecido en el presente estudio, el derecho real de
garantía de la prenda, recae únicamente sobre bienes muebles, así lo indica la
autora que fuere ya citada, Buendía Grigoriu, que: “La noción de bienes
muebles comprende las cosas corporales muebles y los derechos de créditos muebles”53. (La negrita es propia).
Asimismo los autores Papaño, Kiper y otros, señalan dos tipos de prenda,
una prenda fija y una prenda flotante, de la primera refieren que se puede
constituir: “…sobre todos los bienes muebles o semovientes y los frutos,
aunque estén pendientes o se hallen en pie…”54 (La negrita es propia);
52 Martínez Rodas, Ingrid Alejandra. “Las garantías mixtas y su función en el acceso al crédito para la pequeña y mediana empresa”, Guatemala. 2003. Tesis de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Pág. 38 53 Buendía Grigoriu, Laura. “Op. Cit”. Pág. 7. 54 Papaño, Ricardo José y otros. “Op. Cit.”. Pág. 1
30
mientras la segunda, refieren que: “…sobre mercaderías y materias primas en
general pertenecientes a un establecimiento comercial o industrial…”55.
En ese orden de ideas, de acuerdo a nuestra normativa legal vigente, se
considera bienes muebles, los descritos en el artículo 451 del Código Civil,
Decreto Ley 106, los cuales son:
“Artículo 451. Bienes muebles
Son bienes muebles:
1º. Los bienes que pueden trasladarse de un lugar a otro, sin menoscabo de
ellos mismos ni del inmueble donde estén colocados;
2º. Las construcciones en terreno ajeno, hechas para un fin temporal;
3º. Las fuerzas naturales susceptibles de apropiación;
4º. Las acciones o cuotas y obligaciones de las sociedades accionadas, aun
cuando estén constituidas para adquirir inmuebles, o para la edificación u otro
comercio sobre esta clase de bienes;
5º. Los derechos de crédito referentes a muebles, dinero o servicios
personales, y
6º. Los derechos de autor o inventor comprendidos en la propiedad literaria,
artística e industrial.”
Por otro lado, otras normativas legales que se encuentran vigentes reputan
otras cosas como bienes muebles, por ejemplo en el Código de Comercio de
Guatemala, Decreto 2-70 del Congreso de la República de Guatemala, se
indican entre otros los siguientes:
Articulo 4. Cosas mercantiles. Son cosas mercantiles:
1º Los títulos de crédito.
55 “Ibid.” Pág. 2
31
2º La empresa mercantil y sus elementos.
3º Las patentes de invención y de modelo, las marcas, los nombres, los avisos
y anuncios comerciales.
Articulo 99. Títulos de Acciones. Las acciones en que se divide el capital social
de una sociedad anónima estarán representadas por títulos que servirán para
acreditar y transmitir la calidad y los derechos de socio. A los títulos de las acciones, en lo que sea conducente, se aplicarán las disposiciones de los títulos de crédito. (La negrita es propia).
“Artículo 385. Títulos de Crédito. Son títulos de crédito los documentos que
incorporan un derecho literal y autónomo, cuyo ejercicio o transferencia es
imposible independientemente del título. Los títulos de crédito tienen la calidad de bienes muebles.” (La negrita es propia).
“Artículo 655. Empresa mercantil. Se entiende por empresa mercantil el
conjunto de trabajo, de elementos materiales y de valores incorpóreos
coordinados, para ofrecer al público, con propósito de lucro y de manera
sistemática, bienes o servicios. La empresa mercantil será reputada como un bien mueble.” (La negrita es propia).
Asimismo en la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de
la República de Guatemala, también reputan como muebles los derechos de
propiedad industrial, tal es el caso de: “Artículo 17. Adquisición del derecho.
Las marcas tienen la calidad de bienes muebles, la propiedad de las
mismas se adquiere por su registro de conformidad con esta ley y se prueba
con el certificado extendido por el Registro.”
De acuerdo al jurista Puig Peña, los bienes sobre los cuales recae la prenda se
consideran el “elemento real” de la institución jurídica, y refiere expresamente
que: “…estas cosas muebles objetos del derecho de prenda pueden ser de las
más diversas especies; así, cabe que aquel derecho se constituya tanto sobre
las cosas consumibles y fungibles como las no consumibles y no fungibles y
también sobre los bienes muebles corporales como los incorporales, créditos
32
ordinarios, pólizas de seguros, acciones de Sociedad, letras de cambio,
patentes, etc.”56
Por lo anterior, es menester acotar el término de bien mueble, ya que éste se
considera el elemento real de la prenda. El Compendio de Documentación
Registral, emanada del Registro General de la Propiedad, en su guía número
12, cita a los autores Papaño, Kiper y otros para hacer constar lo referido a
bien mueble, lo cual me permito transcribir: “Bienes muebles: Por su naturaleza
son muebles las cosas que puedan ser transportadas de un lugar a otro por sí
mismas o por una fuera externa. Las cosas registrables son aquellas que por
su importancia económica y por ser individualizables…cuentan con un
régimen legal especial, que en cierta medida las asemeja a los inmuebles.
Obvio que se les denomina “registrables”, por cuanto su adquisición o
transmisión está vinculada con la inscripción en registros especiales”57 (La
negrita es propia).
Como más adelante se expondrá, la constitución de la prenda conlleva el
desarrollo de: (i) elementos personales, (ii) elementos reales y (iii) elementos
formales; el segundo de los elementos señalados posee la directa relación con
el tema que nos acata, ya que el elemento real para la constitución de la
prenda, se contrae y se subyace a las cosas que pueden ser objeto de la
constitución del derecho real de prenda, y tal como lo señala el jurista Puig
Peña debe reunir los siguientes caracteres: “1. Ha de tratarse de bienes
muebles; 2. La cosa, ha de estar en el comercio de los hombres y 3. La prenda
solamente puede consistir en objetos individualizados…” 58 (La negrita es
propia).
En reiteradas definiciones acá citadas llama la atención que refiere que la
prenda recae sobre aquellos bienes muebles que tengan la característica de
ser objetos individualizados y que por ende sean plenamente identificables.
56 Puig Peña, Federico. “Op. Cit.”. Pág. 816. 57 Registro General de la Propiedad. “Guía No. 12 Inscripción de Bienes Muebles Identificables y unidades Económicas” “Compendio de Documentación Registral” Guatemala. 2004. 58 Puig Peña, Federico. “Op. Cit.”. Pág. 816.
33
Para que exista la característica de la plena identificación de los bienes
muebles que son objeto de la garantía, la figura de la “Unidad Económica”
merece atención especial ya que ésta se entiende, de acuerdo al Compendio
Registral ya citado como: “Conjunto de Cosas. Cuando de éstos se habla, se
ésta haciendo referencia a las universalidades. Una pluralidad de bienes
exteriores tal, que pueda ser considerada como una unidad, como un todo. Si
es por la intención del propietario es universitas facti; si por el derecho,
unniversita iuris”59.
2.5 CONSTITUCIÓN
Como se mencionara en el presente estudio, la constitución de la prenda
conlleva que subsistan ciertos elementos necesarios para que la prenda nazca
a la vida jurídica, éstos son: (i) elementos personales, (ii) elementos reales y
(iii) elementos formales
(i) Elementos Personales
Para que exista la prenda, es necesario que las personas que la constituyen
sean: el acreedor pignoraticio y el deudor de la obligación, asimismo el depositario y el tercero que puede dar en garantía el bien mueble. Dichos
papeles se han desarrollado en el presente estudio, y de ahí puede resumirse
que la primera persona es aquella a quien se le garantiza el cumplimiento de
una obligación a través de la constitución de un derecho real de la prenda,
mientras que la segunda persona, es aquella que adquiere para sí una
obligación y que para garantizar dicho cumplimiento constituye un derecho real
de garantía sobre un bien mueble que sea de su propiedad. El segundo
adquiere para sí una obligación garantizándola con un bien de su propiedad o
con un bien propiedad de un tercero. Claro está, que las personas que
intervienen en la constitución de la prenda, deben de gozar de la capacidad
que señala nuestra legislación y para la segunda persona, se debe de agregar
59 Registro General de la Propiedad. “Op. Cit.”
34
la libre y legitima disposición sobre el bien mueble con el que se garantiza la
obligación.
Otra persona que puede intervenir en la constitución de la prenda y forma parte
de los elementos personales de la misma, es la figura del “depositario”, que
de acuerdo a nuestra legislación puede ser recaída en cualquiera de los arriba
relacionados o bien en un tercero. Dicha figura se encuentra regulada en el
artículo 885 del Código Civil, el cual indica: “Los bienes pignorados, al
constituirse la garantía, deberán ser depositados en el acreedor o en un tercero
designado por las partes, o bien en el propio deudor si el acreedor consiente en
ello. La persona que reciba la prenda tiene las obligaciones y derechos de los
depositarios”. Las obligaciones y derechos de los depositarios se encuentran
reguladas en el contrato de depósito, el cual se encuentra regulado en la
normativa señalada de los artículos 1974 al 1999.
(ii) Elementos Reales
Tal y como se estableció con anterioridad, el elemento real de la prenda ha de
ser que la constitución de la misma recae sobre un bien mueble, que dicho bien
se encuentre en el comercio de los hombres y que se encuentre plenamente
individualizado.
Muchos bienes muebles, por su característica no son susceptibles de
individualización e identificación plena, razón por la cual muchas veces las
personas no pueden adquirir obligaciones con un acreedor garantizado o
pignoraticio, puesto que el bien mueble con el que se pretende garantizar la
obligación no robustece de dichas características; verbigracia de lo anterior,
que muchas personas no tienen acceso al crédito y ahí uno de los comentarios
que Federico Puig Peña realiza acerca de la institución de la prenda, al llamarla
obsoleta como anteriormente se citó; pues la evolución del comercio conlleva la
necesidad de que los comerciantes, en este caso, busquen maneras y
soluciones eficaces y prontas a sus problemas de acceso al crédito.
35
Una de éstas, lo constituye la creación e identificación de la “Unidad
Económica” con lo cual, la universalidad de bienes muebles constituidos en una
unidad, facilita a muchos al crédito al poder garantizar sus obligaciones con la
universalidad de bienes muebles; sin embargo se debe tomar en cuenta, que
no todos poseen la capacidad y el dominio de varios bienes muebles y
constituir la Unidad Económica, lo que implica la búsqueda de otras soluciones
para que la economía de la pequeña y mediana empresa pueda subsistir y ser
una base de la economía nacional.
(iii) Elementos Formales
Los elementos formales de la constitución de la prenda, los señala el jurista
Puig Peña, quien indica que: “En cuanto a los elementos formales, el Código
exige, para que la prenda quede válidamente constituida y sea eficaz contra los
terceros, las dos circunstancias siguientes: entrega de la cosa al acreedor
pignoraticio y constancia por documento público de la fecha cierta en que se
constituye la relación prendaria.”60 Tomando en cuenta, que el jurista citado
toma como base el Código Civil Mexicano, el análisis comparativo con nuestra
legislación permite asegurar que de igual forma, los elementos formales para la
constitución de la prenda son los anteriormente señalados, ya que en nuestro
Código Civil, Decreto Ley 106, al hacer relación de la figura del depositario,
implica la necesidad de la entrega de la cosa, en ese orden de ideas, me
permito citar al jurista Ernesto Vitteri, que a su vez cita al jurista Sánchez Medal para definir el contrato de depósito: “…un contrato por el que el
depositario se obliga hacia el depositante a recibir una cosa mueble o
inmueble que aquél lo confía y a guardarla para restituirla individualmente
cuando lo pida el depositante”61 (La negrita es propia).
El recibir la cosa, lleva implícito la entrega del mismo, y que el citado autor
señala como un elemento real del contrato de depósito al indicar que: “El
concepto del artículo 1974 del Código Civil, nos señala con claridad que para
60 Puig Peña, Federico. “Op. Cit.”. Pág. 816. 61 Vitteri, Ernesto. “Los Contratos en el Derecho Civil Guatemalteco (Parte Especial)”. Guatemala.1992. Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Rafael Landívar. Pág. 391.
36
que se perfeccione el contrato de depósito es necesario que una persona haya
recibido de otra una cosas para su custodia…no es que la entrega de la cosa
substituya al consentimiento de las partes, sino que es un complemento
necesario de éste, para que el contrato exista y adquiera vigencia”62. El artículo
886 del Código Civil, en su parte conducente hace referencia a: “…La prenda
de títulos al portador se hace por la mera tradición de éstos, describiéndolos
en el contrato respectivo, y el deudor recibirá un resguardo para su propia
garantía” (La negrita es propia), entendiendo la tradición como la entrega a
alguien de algo.
Por otro lado, como elemento formal de la prenda se consideran las
formalidades y requisitos que deben de cumplirse para que la garantía
constituida a favor del acreedor se tenga como bien hecha. En ese orden de
ideas, el artículo 884 del Código Civil, expresamente señala que: Artículo 884.
Formalidades para la constitución de la prenda. La prenda debe constar en escritura pública o documento privado, haciéndose constar la especie y naturaleza de los bienes dados en prenda, su calidad, peso, medida,
cuando fueren necesarios, y demás datos indispensables para su identificación; nombre del depositario y especificación de los seguros que
estuvieren vigentes sobre los bienes pignorados. La aceptación del acreedor y
del depositario deberá ser expresa.” (La negrita es propia).
Del artículo anterior, se desprenden las siguientes características que es
necesario se realicen los comentarios de merito:
De la Escritura Pública
Es notable que el legislador plasmara que la constitución de la prenda se
documentara a través de un medio escrito, en este caso en “escritura pública” o
“documento privado”, por lo anterior, el jurista Nery Roberto Muñoz, define la
escritura pública como tal, indicando que: “Podemos concluir diciendo, que es
la autorizada por Notario en el protocolo a su cargo, a requerimiento de parte,
62 “Ibid.” Pág. 393
37
en la que se hacen constar negocios jurídicos y declaraciones de voluntad,
obligándose sus otorgantes en los términos pactados”63. Con la formalidad que
la constitución de la prenda debe estar en escritura pública, de ahí se
desprenden ciertos requisitos mínimos que deben ser considerados para la
constitución de la misma, es el caso de lo estipulado en los artículos 29 y 31
del Código de Notariado.
Con los requisitos anteriores se denota la formalidad y solemnidad que las
escrituras públicas poseen para plasmar en ellas las declaraciones de voluntad
de las partes para el acuerdo de un negocio jurídico. Razón por la cual, el
artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil le da el valor probatorio de
autenticidad a los documentos autorizados por Notario.
Aunado a lo anterior, el artículo 1125, del Código Civil, Decreto Ley 106,
establece que:
“Articulo 1125.: En el Registro se inscribirán:
…10. La prenda común, la prenda agraria, ganadera, industrial o comercial;”
De la Individualidad de los Bienes Muebles
Es entendido que uno de los elementos formales de la prenda, consiste en que
ésta se encuentre documentada, por lo cual es menester hacer referencia a la
característica de “individualidad” que los bienes muebles deben de contener
para que sean sujetos de garantía para el cumplimiento de una obligación.
Toda vez que los bienes muebles sobre los cuales se constituye un derecho
real de garantía como la prenda, éste debe de estar plenamente identificado,
para dar así seguridad y certeza jurídica a la operación a favor del acreedor
pignoraticio; verbigracia de lo anterior, la constitución de la Unidad Económica,
en la cual se logra individualizar de una manera cierta una universalidad de
63 Muñoz, Nery Roberto. “El Instrumento Público y el Documento Notarial”. Guatemala. Infoconsult Editores. 2003. 8ava Edición. Pág. 18.
38
bienes muebles, que por su característica no es posible que cada uno pueda
constituir un bien mueble sujeto a prenda.
De esa suerte, en el Compendio de Derecho Registral anteriormente citado, la
Guía de Calificación número 12, indica los requisitos que deben de contener las
escrituras públicas u otros documentos que tienen como objeto la inscripción
de bienes muebles identificables y unidades económicas, las cuales me
permito indicar:
I. “En relación con la primera inscripción de dominio de bienes muebles
identificables y unidades económicas es título suficiente para originar
inscripción registral cualquiera de los documentos siguientes:
i. Factura cancelada de compraventa, en original; o
ii. Testimonio o copia legalizada de la escritura pública donde
conste:
i. La declaración jurada del interesado, relativa a que el
respectivo bien no se encuentra inscrito con anterioridad,
así como la advertencia del notario respecto al delito de
perjurio; la declaración puede efectuarse en el mismo
instrumento donde se disponga o grave el bien.
ii. Descripción completa, es decir, serie, modelo, marca,
chasis, motor, tipo, o cualquier otro dato facilite su
diferenciación con los demás bienes del mismo género o
especie
iii. Valor estimado.
iv. Nombre de la persona de quien se adquirió
v. Los gravámenes que pesen sobre el bien.
En las unidades económicas la descripción y el valor estimado global e
individualizado de los bienes que las conforman podrán sustituirse por
inventario protocolizado en el propio instrumento público
II. La tarjeta de circulación o de solvencia aduanal, la póliza de importación
ni el certificado de propiedad de vehículos extendido por la
Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, no constituyen
títulos inscribibles en el Registro de la Propiedad
39
III. En el caso de que el interesado haya fabricado un bien, bastará con que
así lo indique, lo describa, estime su valor y señale los gravámenes que
pesen sobre el mismo; deberá declarar bajo juramento que no ha sido
inscrito con anterioridad en el Registro de la Propiedad.
IV. Para la inscripción de un bien mueble mediante factura y el sucesivo
registro de la disposición o gravamen del mismo deberá presentarse
cada documento en su orden y con diferente fólder o carátula,
advirtiéndose al encargado de la ventanilla del Registro que se trata de
documentos relacionados entre sí.
V. El registro de bienes muebles puede modificarse o cancelarse
cumpliendo con similares requisitos a los establecidos para su
inscripción;
VI. La modificación de la inscripción de la unidad económica deberá
hacerse con declaración jurada del propietario en la que indique
expresamente la causa o razón de la modificación o cancelación, bien
por destrucción total o parcial de los bienes que los hacen inservibles o
por la exclusión de bienes que han quedado obsoletos. Igualmente,
debe hacerse declaración jurada para la integración de nuevos bienes
incorporados a la unidad o inclusión de otro u otros para sustituir los que
haya sido excluidos.”64
Con lo anterior, se denotan los requisitos que aunado a las formalidades para
el otorgamiento de una escritura pública u otros documentos, para el caso de la
inscripción de bienes muebles identificables y unidades económicas, deben de
ser tomadas en cuenta. El resultado de la inscripción de los anteriores, facilita
al deudor poder otorgar dichos bienes muebles como constitutivos de un
derecho real de garantía a favor del acreedor pignoraticio o garantizado.
Del Saneamiento y Aceptación
El artículo 890 del Código Civil, Decreto Ley 106 indica expresamente que:
“Artículo 890. Saneamiento. El deudor está obligado al saneamiento de la
64 Registro General de la Propiedad. “Op. Cit.”
40
cosa dada en prenda, pero si se tratare de créditos u otros valores, únicamente
responderá de su existencia y legitimidad en el momento de la pignoración.”
(La negrita es propia). Ahora bien, el Código de Notariado, Decreto 314 del
Congreso de la República de Guatemala, en su artículo 30 la responsabilidad
acerca de la declaración sobre gravámenes: “Artículo 30. En todo acto o
contrato el otorgante que se obligue hará constar, de manera expresa, si
sobre los bienes que motivan el acto o contrato, existen o no gravámenes o
limitaciones, cuando éstos puedan afectar los derechos del otro otorgante; y el notario les advertirá las responsabilidades en que incurran si
así no lo hicieren.” (La negrita es propia).
Es decir, que en virtud del objeto y finalidad de la prenda, es necesario que el
deudor responda en el caso que sobre los bienes dados en garantía existan
anotaciones, gravámenes o limitaciones y que puedan afectar a la otra parte. Y
es que, el saneamiento es aquella indemnización que realiza la persona que
dispone de los bienes, en este caso el deudor, en la que si existiesen vicios
ocultos, el deudor responderá ante tal extremo.
Por lo anterior, el saneamiento tendrá lugar por evicción en el caso exista una
privación del derecho que posee el adquirente por sentencia judicial firme
anterior a la enajenación, así lo indica el artículo 1548 del Código Civil, Decreto
Ley 106: “Artículo 1548. Tendrá lugar la evicción cuando se prive al adquirente,
por sentencia firme en virtud de un derecho anterior a la enajenación, de todo o
parte de la cosa adquirida.” O bien, como lo indica el artículo 1559 del mismo
cuerpo legal citado, el saneamiento por vicios ocultos podrá ser: “Artículo 1559.
El enajenante está obligado al saneamiento por los vicios o defectos ocultos de
la cosa enajenada que la hagan impropia o inútil para uso a que se la destina, o
que disminuya este uso de tal modo que, de haberlos conocido el adquirente,
no hubiera aceptado la cosa o el precio convenido.”
Importante la anotación que realiza el jurista Sigüenza Sigüenza, al referir lo
que la Exposición de Motivos del Código Civil indica acerca del saneamiento:
“En cuanto al saneamiento de la cosa dada en prenda cuanto ésta consista en
41
un crédito u otros valores el deudor no queda obligado a responder de la
solvencia del que se obligó sino sólo de la existencia y legitimidad del crédito”
La responsabilidad del notario de advertir a la persona que se encuentra
disponiendo del bien mueble para que éste sea pignorado está íntimamente
relacionado con el saneamiento, pues el artículo 1543 del cuerpo legal
señalado en el párrafo precedente indica que: “Artículo 1543. El enajenante
está sujeto al saneamiento por evicción o por vicios ocultos, en todo contrato
oneroso en que se transfiere la propiedad, la posesión, el uso, goce o disfrute
de una cosa.”
Teniendo en cuenta las características anteriores, la aceptación de la
constitución de la prenda por ende debe ser expresa y así lo indica el artículo
884, del Código Civil que ya fuere transcrito. En ese orden de ideas, el
Compendio de Derecho Registral citado, en su Guía de Calificación Registral
número 07 expresa lo siguiente:
“I. Consideraciones Generales:
i. Para que el Registro inscriba prendas o hipotecas, el documento
respectivo deberá indicar las condiciones a que estén sujetos los
créditos, el importe de la obligación garantizada y el plazo de la
obligación en forma expresa, indicando en su caso fecha de inicio
o terminación del mismo.
a. La aceptación de la prenda y la hipoteca deber de manera
expresa en el documento en que se constituye la obligación y
la garantía. Si se hubiere omitido, se podrá hacer en acto
separado en el que será necesaria únicamente la
comparecencia del acreedor…”
2.6 EJECUCIÓN
De acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española, el término
“Ejecución”, refiere: “…Der. Procedimiento judicial con embargo y venta de
42
bienes para pago de deudas.”65 Nuestra legislación regula la ejecución de un
contrato o de un crédito prendario, en el artículo 294 del Código Procesal Civil y
Mercantil, Decreto Ley 107, el cual indica que: “Artículo 294. Procedencia de la
ejecución en vía de apremio. Procede la ejecución en vía de apremio cuando
se pida en virtud de los siguientes títulos, siempre que traigan aparejada la
obligación de pagar cantidad de dinero, líquida y exigible:
1º. Sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada.
2º. Laudo arbitral no pendiente de recurso de casación.
3º. Créditos hipotecarios.
4º. Bonos o cédulas hipotecarias y sus cupones.
5º. Créditos prendarios. 6º. Transacción celebrada en escritura pública.
7º. Convenio celebrado en el juicio.” (La negrita es propia)
El autor Mario Aguirre Godoy, indica que el concepto de la ejecución de la vía
de apremio “se reguló por primera vez en el Código Procesal la vía de apremio,
con el propósito de que se acudiera directamente a la realización de los bienes
del deudor, si la ejecución se basa en títulos a los cuales se les atribuye
eficacia jurídica privilegiada.”66 Es decir, que el crédito prendario como tal, es
considerado el título ejecutivo eficaz para solicitar en la vía judicial la ejecución
de la garantía sobre un bien mueble, y a todas luces dicho título deberá traer
aparejada la obligación de pagar cantidad de dinero líquida y exigible.
El crédito prendario se considera un título con fuerza ejecutoria, lo que implica
que no haya un proceso de conocimiento de parte del Juzgado que está a
cargo del asunto, como lo es en el caso de un Juicio Ejecutivo, extremo que lo
indica Eduardo Couture, citado por Aguirre Godoy al indicar que: “Pero-nos
dice Couture-si por el contrario, el acreedor no dispone de título ejecutorio, sino
de título ejecutivo, un nuevo proceso de conocimiento interfiere dentro del
ejecutivo...”67
65 “Ejecución”. Real Academia Española. “Diccionario de la Lengua Española”. España. 1994. 21era Edición. Pág. 480 66 Aguirre Godoy, Mario. “Derecho Procesal Civil”. Tomo II Volumen I. Guatemala. Centro Editorial Vile. 2007. Pág. 179. 67 “Ibíd.” Pág. 181.
43
Ahora bien, es importante hacer mención que a diferencia de la hipoteca, la
constitución de la prenda da la facultad de que el deudor quede obligado a
garantizar el “saldo insoluto”, y así lo indica el artículo 881 del Código Civil, al
indicar en su parte conducente: “…sin que el deudor quede obligado
personalmente, salvo pacto expreso”
CAPÍTULO 3
DE LA GARANTÍA MOBILIARIA
ANTECEDENTES
Los Estados han estado en constante evolución económica, social y
culturalmente entre otras. La evolución económica ha conllevado el
planteamiento de nuevos retos y el afrontar situaciones que a lo largo del
tiempo han venido ocurriendo.
Guatemala, no ha sido la excepción, y ha tenido que afrontar nuevos retos con
el objetivo de equiparar el comercio nacional. Las diversas relaciones entre
Estados y la apertura a los mercados internacionales han hecho que los
distintos gobiernos implementen políticas monetarias y económicas acordes a
las necesidades de los guatemaltecos. Dichas políticas conllevan la necesidad
de promulgar leyes en materia bancaria y económica acordes a la realidad.
El economista José Molina Calderón, divide en distintas épocas la legislación
bancaria: “cuatro épocas, de larga duración: 1877-1926, en la que operaron los
bancos por concesión gubernamental; 1926-1946, cuando hubo legislación
general, por medio de la Ley de Instituciones de Crédito; 1946-2002, en la que
estuvo vigente con modificaciones La Ley de Bancos originada en el cambio de
gobierno causado por la Revolución de Octubre de 1944; y finalmente la Ley de
Bancos de 2002.” 68
68 Molina Calderón, José. “Guatemala: Un Siglo y Seis Lustros de Banca, Bancos y Banqueros (1877-2007”. Guatemala. Editores Autores. 2007. Pág. 10.
44
Ésta última etapa citada por el autor Molina Calderón, tiene su fundamento en
la Resolución de la Junta Monetaria 235-2000. La Junta Monetaria, en virtud de
las funciones que la Constitución Política de la República de Guatemala, le
otorga en el artículo 133, determino las políticas monetarias, cambiarias y
crediticias del país; innovando de esta manera con la creación de instrumentos
legales acordes a la realidad de país de ese momento.
Con la resolución de la Junta Monetaria mencionada con anterioridad, se
aprobó la base del programa de fortalecimiento del sistema monetario nacional,
cuyo eje principal fue la implementación de un paquete de instrumentos legales
que buscaron como objetivo la actualización del sistema que se encontraba
vigente.
Dentro de los instrumentos legales que fueron aprobados en virtud de lo
anterior son el Decreto 16-2002 del Congreso de la República de Guatemala,
que contiene la “Ley Orgánica del Banco de Guatemala”; el Decreto 17-2002
del Congreso de la República de Guatemala que contiene la “Ley Monetaria”; el
Decreto 18- 2002 del Congreso de la República de Guatemala que contiene la
“Ley de Supervisión Financiera”; el Decreto 19-2002 del Congreso de la
República de Guatemala que contiene la “Ley de Bancos y Grupos
Financieros”; y el Decreto 94-2000 del Congreso de la República de
Guatemala, que contiene la “Ley de Libre Negociación de Divisas”, entre otras.
Los instrumentos legales anteriormente citados robustecieron de seguridad y
certeza a la banca nacional permitiendo tener un marco legal de aplicación. Sin
embargo y en virtud de la globalización, Guatemala no era ajena a las crisis
financieras y económicas mundiales de países de primer orden. Así lo
establecen los autores Ramírez y Figueroa, quienes en su obra ya citada,
indican que: “A finales del 2007, los mercados de valores de los Estados
Unidos de Norteamérica, comenzaron una precipitada caída, que en poco
tiempo se extendió a todo el mundo. En distintos países ocurrieron pérdidas de
45
los bancos de inversión, y tanto el Banco Federal de los Estados Unidos como
el Banco Central Europeo, trataron de reformar los mercados con dinero,
inyectando fondos considerables a los bancos y tomando otras medidas de
política monetaria; sin embargo, estas ayudas y medidas, no resolvieron la
crisis de liquides (falta de dinero disponible para los bancos)”69 (La negrita
es propia).
La falta de disponibilidad de capital de parte de los bancos entre ellos y hacia
sus clientes, conllevaba la amenaza de una recesión económica que tendría
como resultado a corto plazo un alce al costo de la vida. Si bien es cierto, esta
crisis no afecto tanto a nuestro país si tuvo los efectos que los autores
anteriormente citados ilustran de mejor forma: “Aunque en nuestro país, los
efectos de la crisis financiera han afectado en menor grado que a otros países
del continente, son precisamente las pequeñas y medianas empresas las que
sufren la contratación del crédito y la baja en el consumo, trayendo como
consecuencia, la debilitación de las mismas.”70
La creación de las Garantías Mobiliarias surgen en medio de una crisis
financiera y económica mundial, como un medio para superar la contratación
del crédito y un impulse a las economías nacionales a través de uno de los
grandes actores de la misma, los pequeños y medianos empresarios.
El autor Daniel Ramírez, señala que “al iniciar el año 2002, el sistema bancario
nacional, contaba con más de 30 instituciones Bancarias…de conformidad con
Publicación de la Superintendencia de Bancos, correspondiente al mes de
octubre del año dos mil nueve, además de otras entidades financieras, de
seguros y de crédito, en nuestro país operan bajo su vigilancia, 18 instituciones
bancarias nacionales, 15 sociedades financieras, una casa de cambio, 8
entidades fuera de plaza, 12 casa de bolsa.”71
69 Ramírez Gaitán, Daniel Ubaldo y Claudia Lavinia Figueroa Perdomo. “Op. Cit.”. Pág. 3 70 “Ibíd.” Pág. 4 71 Ramírez Gaitán, Daniel Ubaldo. “Derecho Bancario y Bursátil”. Guatemala. 2009. Pág. 15.
46
Con lo anterior, se quiere hacer constar que la Banca juega un papel
preponderante en las Garantías Mobiliarias, pues dentro del paquete de leyes
que se buscaban aprobar en virtud de la Resolución de la Junta Monetaria 235-
2000, fue la Ley de Garantías Mobiliarias, la cual tal y como lo indica la
Exposición de Motivos de la Iniciativa de Ley que realizaré la Comisión
respectiva del Congreso de la República de Guatemala: “…la Ley de Garantías
Mobiliarias, busca apoyar el financiamiento para la pequeña y mediana
empresa en Guatemala, sector que a la fecha cuenta con insuficientes
instrumentos para acceder al crédito bancario debido, principalmente a una
inadecuada infraestructura jurídica que lo respalde.”72
En nuestro país, un factor importante en la economía son las “pequeñas y
medianas empresas”, pues han sido generadoras de empleo. El acceso al
crédito a las pequeñas y medianas empresas conlleva la capacidad de poder
optar por parte de éstas de material de producción a bajo costo, de manera
rápida y eficiente; teniendo como resultado el crecimiento económico del país,
pues estimulan el consumo interno y aumentan el ingreso de tributos.
El acceso al crédito de sector económico del país los pone en igualdad de
competitividad resto a otros países, logrando que se logren mejores precios en
el mercado, tomando en cuenta los diferentes Tratados de Libre Comercio que
ha suscrito el país.
Así lo indica la Comisión de Economía y Comercio Exterior, en su dictamen
citado, al referir que: “De tal cuenta, el Ministerio de Economía conjuntamente
con otros agentes financieros del país, tales como el Banco de Guatemala y la
Superintendencia de Bancos, iniciaron un proceso de consulta para formular un
proyecto de ley que respondiera a las tendencias mundiales y que permitiera a
los pequeños empresarios ser más competitivos de cara a la apertura
comercial que a la fecha vive Guatemala...”73
72 Comisión de Economía y Comercio Exterior. Congreso de la República de Guatemala. “Dictamen 04-2007 de la Iniciativa 3588 Ley de Garantías Mobiliarias”. Guatemala. 2007. Pág. 1. 73 “Loc. Cit.”
47
Los autores Ramírez y Figueroa, en su obra citada, ponen un ejemplo de la
necesidad del acceso al crédito de este sector, al indicar que: “En nuestro país,
la mayoría de pequeños y medianos empresarios, son propietarios de bienes
inmuebles en forma limitada, y regularmente, operan en establecimientos que
toman en alquiler o arrendamiento, sin embargo, cuentan con bienes
muebles materiales e inmateriales, sobre los cuales la posesión y el control, pero estos no son aceptados como garantía para los prestamistas privados.”74 (La negrita es propia).
El no poder garantizar un crédito con un derecho real de garantía distinto al de
la hipoteca, pues la prenda recae sobre bienes muebles plenamente
identificables, da como consecuencia la limitación que los pequeños y
medianos empresarios afrontaban. Así lo indica la Comisión de Economía y de
Comercio Exterior, del Congreso de la República de Guatemala: “El acceso al
crédito por medio de garantías distintas a la hipoteca, implica para este sector
un aumento de su capital de trabajo, lo que debiera traducirse en una producción más eficiente a fin de reducir sus costos de producción, con
ello se incrementará su capacidad productiva. En este sentido, es importante
mencionar que existen numerosos estudios que afirman la relación que existe
entre el acceso al crédito y la reducción de la pobreza.”75 (La negrita es
propia).
Con lo anterior, podemos indicar que una de las herramientas necesarias en
nuestro país es la adecuada legislación que permita el acceso al crédito a un
sector económico que compite en desigualdad, pues Guatemala ha firmado y
ratificado diversos Tratados de Libre Comercio, ha si lo indica los autores
anteriormente citados al indicar: “Nuestra legislación, por años no había
desarrollado una normativa que facilitara proponer como garantías estos
bienes, y como consecuencia los pequeños y medianos empresarios habían
visto legalmente limitada la posibilidad de obtener financiamiento de fuentes
nacionales en condiciones favorables.”76
74 Ramírez Gaitán, Daniel Ubaldo y Claudia Lavinia Figueroa Perdomo. “Op. Cit.”. Pág. 8-9. 75 Comisión de Economía y Comercio Exterior. Congreso de la República de Guatemala. “Op. CIt.”. Pág. 3 76 “Ramírez Gaitán, Daniel Ubaldo y Claudia Lavinia Figueroa Perdomo. “Op. Cit.”. Pág. 9
48
En Guatemala, actualmente existe un procedimiento para que los empresarios
sean sujetos de crédito. Dicho procedimiento consiste en una serie de pasos
ordenados que preceptúa el Reglamento de Asistencia Financiera del Vice
ministerio de la MIPYMES, emitido por el Consejo Nacional para el Fomento de
la Micro Empresa y Pequeña Empresa que establece los requisitos para poder
beneficiarse de dicho programa. Lo que la Ley de Garantías Mobiliarias junto
con el Registro de Garantías Mobiliarias, son consideradas herramientas de
fortalecimiento de dicho programa.
A lo largo de estos últimos años, las leyes de Garantías Mobiliarias a nivel
mundial, han sido una de las prioridades de las agendas de organizaciones
internacionales tales como la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho
Mercantil Internacional (CNUDMI por sus siglas en inglés) y la Organización de
Estados Americanos (OEA).
De acuerdo a la Comisión de Economía y de Comercio Exterior, del Congreso
de la República de Guatemala, el anteproyecto de ley de Guatemala, incorpora
todos los principios formulados por la guía legislativa recomendada por las
instituciones internacionales arriba relacionadas.
La Organización de Estados Americanos, en el área de Derecho Internacional
Privado, está elaborando los formularios estándar que debieron ser adoptados
por los Estados, en los Registros Electrónicos de Garantías Mobiliarias.
Internacionalmente, se volvió una necesidad que los países que
tradicionalmente son exportadores, tal es el caso de nuestro país, contaran con
legislación que pudiera dar igualdad de condiciones al comercio, por ejemplo,
en la Reunión Anual de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo
levada a cabo en Guatemala, la gerente legal del Banco Interamericano de
Desarrollo-BID- manifestó la importancia que tiene una normativa certera en
materia de garantías reales sobre todo para acreedores mundiales.
49
El Registro de Garantías Mobiliarias, en su Boletín Informativo, hace la
interrogante siguiente: “¿En qué favorece el Registro de Garantías Mobiliarias a
las Mipymes? Fomenta el uso de garantías mobiliarias de diversa índole para
garantizar adecuadamente las obligaciones crediticias que contraigan las
diferentes personas individuales o jurídicas en el país, principalmente de
aquellos sectores, que como los micro, pequeños y medianos empresarios,
tradicionalmente no han calificado como sujetos de crédito.”77
La Comisión de Economía y de Comercio Exterior, del Congreso de la
República de Guatemala, indica que dentro de las justificaciones de la creación
de las Ley de Garantías Mobiliarias, se encuentran: “La ley de Garantías
Mobiliarias busca ser un instrumento a efecto que se puedan constituir,
registrar, publicitar y ejecutar las garantías reales que comprende, dentro de un
marco jurídico de seguridad tanto para el acreedor como para el deudor. Es por
eso que incluye dentro de su articulado la creación de un Registro de Garantías
Mobiliarias, que debe ser automatizado, sencillo, cuya calificación sea mínima,
a efecto que los costos de operación sean bajos y así lograr que el pequeño y
mediano empresario puedan inscribir sus garantías y hacerlas oponibles a
tercero, tanto a nivel nacional como eventualmente regional e incluso
internacional. Con esta ley, se pretende simplificar los procedimientos para la
constitución, prórroga, publicidad, extinción y ejecución de garantías mobiliarias
y, por lo tanto ampliar la gama de bienes muebles que pueden ser objeto de
éstas.”78
Aunado a lo anterior, debe de tomarse en cuenta que dentro de las
consideraciones legales que realizo la Comisión de Economía y de Comercio
Exterior, del Congreso de la República de Guatemala, se encuentran: “Según
diversos estudios, las normas relativas a las garantías mobiliarias en
Guatemala, se hallan dispersas: el Código Civil regula la prenda común
(Capítulo III, artículos 880-903; y las prendas agrarias, ganadera e industrial
(Capítulo IV, artículo 904-916); el Código de Comercio regula la tenencia de
certificados de depósitos y bonos de prenda por Almacenes Generales de
77 Registro de Garantías Mobiliarias, “Boletín Informativo # 1 Año 2012” Guatemala. Febrero, 2012. Pág. 2 78 Comisión de Economía y Comercio Exterior. Congreso de la República de Guatemala. “Op. CIt.”. Pág. 4
50
Depósito (artículos 584-588); de cartas de porte y conocimiento de embarque
(artículos 588-590); facturas cambiarias (artículos 591-604), cédulas
hipotecarias (605-606), vales (artículo 607), bonos hipotecarios (artículo 608),
certificados fiduciarios (artículos 613-614), crédito con garantía (artículo 738),
fideicomiso de garantía (artículo 791), y préstamos sobre póliza (artículo 1015).
Además, existen disposiciones relativas a las garantías mobiliarias en leyes
especiales como la Ley de Almacenes Generales de Depósito y la Ley de
Bancos y Grupos Financieros”.79
3.1 DEFINICIÓN
La definición de las Garantías Mobiliarias, va de la mano con la finalidad y el
objeto de las mismas, ya que a lo largo del presente estudio, se ha hecho
relación a “los derechos reales de garantía”. Con la vigencia de las Garantías
Mobiliarias, se introduce a nuestro sistema jurídico, un derecho real de garantía
moderno.
Previo a indicar conceptos y definiciones, es menester hacer referencia al
vocablo “Mobiliarias”, que de acuerdo a la autora Silvia María Morales González: “El término mobiliaria es un derivado de la palabra mueble, la cual
viene del latín mobilis que significa "móvil". Es decir las pertenencias que se
pueden trasladar (muebles, maquinaria, herramientas, etc.) La palabra "móvil"
también viene de mobilis, y éste del indoeuropeo. De ahí también las palabras
"mover", "movimiento", "motor", etc.”80
Ahora bien, de acuerdo al artículo 3 de la Ley de Garantías Mobiliarias, Decreto
51-2007 del Congreso de la República de Guatemala, el concepto de las
Garantías Mobiliarias es:
“Artículo 3. Concepto de garantía mobiliaria. La garantía mobiliaria es el derecho real de garantía constituido por el deudor garante a favor del
79 “Ibíd.” Pág. 16. 80 Morales González, Silvia María. “Análisis Jurídico de la Ley de Garantías Mobiliarias”. Guatemala. 2011. Tesis de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Universidad Rafael Landívar, Sede Quetzaltenango. Pág. 15
51
acreedor garantizado, para garantizar el cumplimiento de una o varias obligaciones del deudor principal o de un tercero. Consiste en la
preferencia que le otorga al acreedor garantizado para la posesión y ejecución de los bienes muebles dados en garantía. La garantía mobiliaria
se constituye en la forma que establece esta ley:
a) Sobre bienes muebles corporales, incorporales o derivados;
b) Sobre bienes inmuebles por incorporación o destino; o,
c) Sobre los derechos que recaen en los mismos.
El concepto de garantía mobiliaria comprenderá, además, aquellos contratos,
pactos o cláusulas comúnmente utilizados para garantizar obligaciones
respecto de bienes muebles, tales como la venta con reserva de dominio, los
fideicomisos en garantía, la prenda flotante de establecimiento comercial o de
fondo de comercio, el descuento de créditos o cuentas por cobrar en los libros
del acreedor, el arrendamiento financiero y cualquier otra garantía mueble
contemplada en la legislación con anterioridad a la presente ley.” (La negrita es
propia).
Para el autor Diez-Picazo, las garantías mobiliarias, consisten en: “El derecho
real de garantía por el cual un deudor asegura el cumplimiento de una
obligación, mediante la entrega de un bien mueble al acreedor u otra persona
autorizada, pudiendo realizarse con o sin desplazamiento del bien.” 81
En la República de Perú, con la Ley 28677 “Ley de la Garantía Mobiliaria”, se
modifico total y de forma expresa el Código Civil, y con ello derogó todo el
capítulo de la Prenda; y de acuerdo a dicha normativa, la definición de las
Garantías Mobiliarias es: “La afectación de un bien mueble mediante un acto
jurídico destinada a asegurar el cumplimiento de la obligación”.
Asimismo la autora Morales González, quien fuera citada con anterioridad,
indica que las Garantías Mobiliarias, “son derechos reales, que consisten en la
81 Diez-Picazo, Luis. “Fundamentos del Derecho Patrimonial”. España. Editorial SL. LU. 2da Edición 2002. Pág. 114
52
preferencia que les otorga al acreedor garantizado para la posesión y ejecución
de los bienes muebles dados en garantía”.82
Los autores Ramírez y Figueroa, indican que la Garantía Mobiliaria: “…es un
derecho real de garantía que constituido por el deudor garante, a favor del
acreedor garantizado, para el cumplimiento de una o más obligaciones, recae
sobre bienes muebles corporales, incorporales o derivados; sobre bienes
inmuebles por su incorporación o destino y/o sobre los derechos que recaen
sobre unos u otros…”83
En tanto que para el autor del presente estudio, las garantías mobiliarias
consisten en: “Derecho real de garantía que tiene por objeto garantizar una
obligación con cualquier clase de bien mueble o créditos, a diferencia de la
prenda, ésta puede constituirse sobre cualquier bien mueble que sea aceptado
por el acreedor como garantía de la obligación, el cual se incluye pero no se
limita a los inventarios de empresas, cuentas por cobrar, facturas por cobrar,
títulos de crédito, entre otros.”
3.2 NATURALEZA JURÍDICA
Las Garantías Mobiliarias tienen como naturaleza jurídica la de ser un derecho
real de garantía, toda vez que recae sobre bienes muebles o que por
disposición de la ley, entre otros casos recae sobre arrendamientos financieros,
reservas de dominio, fideicomisos de garantía, entre otros.
La autora Morales González, indica que dentro de los derechos reales hay
reglas comunes entre estos, los cuales son que se: “Le atribuyen a su titular un
poder directo e inmediato sobre el bien afectado, configuran así el estatuto
jurídico del bien sobre el que recaen. Son derechos reales accesorios de las
obligaciones garantizadas; estos derechos no pueden existir ni subsistir sin la
82 Morales González, Silvia María. “Op. Cit.”. Pág. 15 83 Ramírez Gaitán, Daniel Ubaldo y Claudia Lavinia Figueroa Perdomo. “Op. Cit.”. Pág. 163.
53
obligación cuyo cumplimiento garantizan, de cuya validez dependen, a la que
siguen sus vicisitudes, y con la que se trasmiten y extinguen”84
El jurista Alfonso Brañas, refiere que los derechos reales de garantía, “se
llaman así estos derechos porque van encaminados a asegurar o garantizar un
crédito, y tienen una condición jurídica, es la de ser derecho accesorios, que se
constituyen siempre en relación de dependencia de una obligación principal.”85
La característica de las garantías mobiliarias de ser un derecho real de garantía
sobre bienes muebles viene de la necesidad de dar acceso al crédito a
sectores económicos que con anterioridad tenían dificultades para acceder al
mismo. Tal es el caso, que dentro de las justificaciones de parte de la Comisión
de Economía y de Comercio Exterior, del Congreso de la República de
Guatemala, para la creación de la Ley de Garantías Mobiliarias, citaron
estadísticas que demostraban la necesidad de normatizar este derecho real de
garantía.
3.3 BIENES SOBRE LOS CUALES SE PUEDE CONSTITUIR GARANTÍA MOBILIARIA
El artículo 3 de la Ley de Garantías Mobiliarias, en su parte conducente, indica
los bienes sobre los cuales puede recaer la constitución de las Garantías
Mobiliarias:
“…a) Sobre bienes muebles corporales, incorporales o derivados;
b) Sobre bienes inmuebles por incorporación o destino; o,
c) Sobre los derechos que recaen en los mismos.
El concepto de garantía mobiliaria comprenderá, además, aquellos contratos,
pactos o cláusulas comúnmente utilizados para garantizar obligaciones
respecto de bienes muebles, tales como la venta con reserva de dominio, los
fideicomisos en garantía, la prenda flotante de establecimiento comercial o de
fondo de comercio, el descuento de créditos o cuentas por cobrar en los libros
84 “Ibíd.” Pág.18 85 Brañas, Alfonso. “Manual de Derecho Civil Libros I, II y III”. Guatemala. Editorial Estudiantil Fenix. 2003. Pág. 229.
54
del acreedor, el arrendamiento financiero y cualquier otra garantía mueble
contemplada en la legislación con anterioridad a la presente ley.” Exceptuando
en este artículo, los vehículos motorizados.
De lo anterior, me permito realizar los siguientes comentarios:
Sobre bienes muebles corporales, incorporales o derivados: De acuerdo al
autor Osorio, un bien corporal es: “Se llama así el que, por su materialidad,
puede ser apreciado por nuestros sentidos o, más propiamente, por la vista o
por el tacto. Pero, en realidad, las cosas materiales objeto de la referida
apreciación sólo tienen el carácter de bien cuando son susceptibles de valor.”86
En tanto que bienes muebles incorporales son aquellos que: “El que no tiene
existencia material; es una concepción meramente intelectual que, a la inversa
del bien corporal (v.), no cae bajo la acción de nuestros sentidos y no puede,
en consecuencia, ni verse ni tocarse. En general se conceptúan de
incorporales todos los derechos, abstracción hecha de las cosas sobre las que
recaigan.”87 Para el caso de los bienes derivados, me permito citar al autor
Juan Pablo Chupina Cardona, que refiere: “que son los que se obtienen de
otros originalmente gravados como frutos nuevos, entre otros.”88
Sobre bienes inmuebles por incorporación o destino: El autor
anteriormente citado, refiere en su obra que los bienes inmuebles por
incorporación son: “las construcciones adheridas al suelo de manera fija y
permanente, las cañerías conductoras de agua, gas, electricidad entre otras.
Éstos se consideran muebles por naturaleza, en virtud de ser insertos en forma
permanente y material al inmueble que es el suelo… También dentro de esta
categoría se encuentran los inmuebles por destino. La ficción legal, los
convierte en ellos, y como ejemplo de éstos se encuentran todos los objetos
que están reservados al uso o beneficio de un bien raíz, aunque puedan
separarse de él sin detrimento o depreciación, como el cableado eléctrico, los
86 Osorio Manuel. “Op. Cit.” Pág. 111. 87 “Ibíd.” Pág. 112-113 88 Chupina Cardona, Juan Pablo. “Garantías Mobiliarias, una Solución Diferente y Novedosa para Garantizar el Cumplimiento de Obligaciones en Guatemala”. Guatemala. 2009. Tesis de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Universidad de San Carlos de Guatemala. Pág.75
55
ascensores de un hotel o las parabólicas de una casa de habitación. Su
fundamento legal lo encontramos en los Artículos 445, 447 y 449 del Código
Civil guatemalteco, Decreto Ley 106”89
Sobre los derechos que recaen en los mismos: Para este caso, se
consideran aquellos derechos que pueden recaer sobre un bien mueble. Es el
caso, que el Registro General de la Propiedad, en la opinión recabada por la
Comisión de Economía y de Comercio Exterior, del Congreso de la República
de Guatemala, indica que: “…en virtud de que además de la prenda existen los
derechos reales de uso y usufructo que no son objeto de la nueva ley, sino
derechos reales que deberán seguirse inscribiendo en el Registro de la
Propiedad sobre los bienes muebles sobre los que se constituyeran.”90
Asimismo la autora Morales González, en su obra citada refiere acerca de los
bienes derivados, como aquellos que: “…se puedan identificar como
provenientes de los bienes originalmente gravados, tales como los frutos,
nuevos bienes o dinero en efectivo o en forma de depósitos en cuentas
bancarias que resulten de la enajenación, transformación o sustitución de los
bienes muebles dados en garantía de la obligación original,
independientemente del número y secuencia de éstas enajenaciones,
transformaciones o sustituciones. En el caso de dinero en efectivo depositado
en cuentas bancarias, siempre que así se identifique, así se declare al banco y
éste acepte la recepción de los fondos con tal gravamen.”91
Ahora bien, ya determinados los bienes sobre los cuales se pueden constituir
garantías mobiliarias, es menester hacer constar que la constitución de las
mismas podrá ser:
• Sobre uno o varios bienes muebles específicos,
• Sobre categorías genéricas de bienes muebles,
89 “Loc. Cit.” 90 Comisión de Economía y Comercio Exterior. Congreso de la República de Guatemala. “Op. CIt.”. Pág. 15. 91 Morales González, Silvia María. “Op. Cit.”. Pág. 15
56
• Sobre la totalidad de los bienes del deudor garante
Puede ser respecto de bienes:
- Presentes o futuros,
- Determinados o determinables
- Susceptibles de valoración pecuniaria al momento de su
constitución o posteriormente.
Lo anterior, en virtud de lo estipulado en el artículo 3 de la Ley de Garantías
Mobiliarias, Decreto 51-2007 del Congreso de la República de Guatemala.
Tomando en cuenta lo anterior, y en virtud de los bienes sobre las cuales se
puede constituir, las Garantías Mobiliarias podrán ser:
• Garantías Mobiliarias posesoria o con posesión
• Garantías Mobiliarias sin transmisión de posesión o garantía sin
posesión.
3.4 CONSTITUCIÓN
De acuerdo con la Comisión de Economía y de Comercio Exterior, del
Congreso de la República de Guatemala, en el Dictamen ya citado, un título en
especifico corresponde a la Constitución de la Garantía Mobiliaria, y lo refiere
de la forma siguiente: “El TÍTULO II: CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA
MOBILIARIA: En este título se establecen las formas como se constituyen las
garantías mobiliarias, los requisitos que deben establecerse en el contrato y los
efectos generados por las garantías mobiliarias posesorias y sin
desposesión.”92
Tal y como lo indicará el proyecto de la Ley, presentado por la Comisión
anteriormente enunciada, la Ley de Garantías Mobiliarias, Decreto número 51-
92 Comisión de Economía y Comercio Exterior. Congreso de la República de Guatemala. “Op. CIt.”. Pág. 17
57
2007 del Congreso de la República de Guatemala, refiere que la Constitución
de las Garantías Mobiliarias se encuentra en el Título II del artículo 10 al 14 de
dicho cuerpo legal.
En ese orden de ideas, el artículo 10, del cuerpo legal citado establece que la
Constitución de las Garantías Mobiliarias podrá ser:
• Contractualmente a través del acuerdo del deudor garante y el acreedor
garantizado
• Por disposición de la ley
Asimismo el artículo 12 del mismo cuerpo legal, establece que el contrato de
garantía sin posesión, deberá constar por escrito, sea esto a través del
otorgamiento de la escritura pública respectiva, en documento privado con
firmas legalizadas en forma electrónica o cualquier medio que deje constancia
permanente del consentimiento de las partes de la constitución de la garantía.
La Comisión de Economía y de Comercio Exterior, del Congreso de la
República de Guatemala, al momento de realizar el dictamen respectivo ya
citado, refiere que dentro de las justificaciones se tomo en cuenta que: “Debe
de mencionarse que actualmente el costo del proceso de crédito y escrituración
es alto; no todas las garantías reales son inscribibles en registros públicos.
Para varias de ellas es obligatoria la intervención de un notario.”93
Si bien es cierto, el otorgamiento de una escritura pública conlleva cumplir con
los requisitos mínimos de un instrumento público que se encuentran detallados
en el Código de Notariado, el artículo 12 de la Ley de Garantías Mobiliarias, en
su parte conducente indica los requisitos mínimos que un Contrato de
Garantías Mobiliarias debe contener.
Especial mención merece que la Ley enunciada permite la formalización de
contratos de forma electrónica, significando lo anterior un avance en la
93 “Ibíd.” Pág. 5.
58
negociación y ejecución de los negocios jurídicos. Así lo indica el autor Chupina Cardona, en su obra citada al indicar que: “Éste, sin lugar a dudas,
es un avance para la legislación guatemalteca. Aparentemente, los
documentos electrónicos, no son más ni menos que un vínculo jurídico que se
realiza utilizando medios informáticos a través de la red. Pero la concepción de
dichos pactos de voluntades va más allá de eso. Un contrato virtual, por decirlo
de este modo, es un punto de partida para la realización de un sin número de
negocios en el mercado mundial. Permite el desarrollo del comercio
internacional con una celeridad desconocida hasta ahora.”94
Los artículos 10 y 12 de la la Ley de Garantías Mobiliarias, Decreto número 51-
2007 del Congreso de la República de Guatemala, tienen relación estrecha con
el artículo 2, literal i), del mismo cuerpo legal, toda vez que se hace alusión al
acuerdo de voluntades celebrado entre el acreedor garantizado y deudor
garante, cuya obligación será garantizada con los bienes muebles que se
encuentren dentro del ámbito patrimonial del deudor garante.
Por otro lado, el referido artículo 10 del cuerpo legal citado con anterioridad,
estipula que la constitución de la garantía mobiliaria podrá ser “por disposición
de ley”. Es de tomar en cuenta, que normalmente y por tradición jurídica, las
garantías se constituyen por el acuerdo de voluntades de las partes que en ella
intervienen.
El supuesto jurídico referido, tiene relación directa con la constitución de la
garantía mobiliaria posesoria, y como lo refieren los autores Ramírez y
Figueroa: “…es decir, aquella garantía que la ley presume constituida, desde
el momento en que el deudor garante, entrega la posesión o el control de los
bienes muebles en garantía, al acreedor garantizado, o a un tercero designado
por este, cuando no existe pacto contrario entre las partes. Así lo establece el
artículo 13 de la Ley.” 95
94 Chupina Cardona, Juan Pablo. “Op. Cit.” Pág. 81 95 Ramírez Gaitán, Daniel Ubaldo y Claudia Lavinia Figueroa Perdomo. “Op. Cit.”. Pág. 94.
59
De conformidad con el artículo 2 de la Ley referida, el contrato de garantía
mobiliaria, puede ser celebrado de forma conjunta, o independientemente con
el de financiamiento. Con lo anterior, permite que un contrato de financiamiento
de crédito se encuentren las condiciones, derechos y plazos sujeto para el
mismo, mientras que en un contrato aparte exista solamente la constitución de
las garantías mobiliarias. Verbigracia de lo anterior, las declaraciones que en
su momento realizo el Registrador de Garantías Mobiliarias, en su Boletín
Informativo, al indicar que: “Dado que los inventarios y las cuentas por cobrar
tendrían que permanecer en posesión del deudor, el método más práctico y
eficaz para hacer pública la existencia de un gravamen mobiliario sobre estos
bienes seria mediante el registro por deudor y no por bienes.”96 Es decir, la
praxis de otorgar las garantías mobiliarias en contrato independiente del crédito
financiamiento ayuda a la inscripción y publicidad de dicho acto en el Registro
de Garantías Mobiliarias.
Por otro lado, de conformidad con el artículo 11 de la Ley referida
expresamente indica que el contrato por el cual se constituye la garantía
mobiliaria surte efectos entre las partes, salvo pacto en contrario, desde el
momento de su firma, y frente a terceros, desde el momento de su publicidad.
Asimismo el artículo 13 de dicho cuerpo legal indica que la constitución de las
garantías mobiliarias, son de carácter real, pues se presumen constituidas y
surten efectos frente a terceros desde el en que el deudor garante entregue la
posesión o el control de los bienes muebles en garantía al acreedor
garantizado o a un tercero designado por éste, salvo que exista un pacto que
establezca lo contrario.
La constitución de las garantías mobiliarias, conlleva que se ejerciten ciertos
derechos y obligaciones, los cuales se detallan en el artículo 14 del cuerpo
legal ya citado, el cual refiere:
“Artículo 14. Derechos y obligaciones en las garantías mobiliarias sin posesión.
96 Registro de Garantías Mobiliarias, “Boletín Informativo Agosto 2009” Guatemala. Agosto, 2009. Pág. 7.
60
En las garantías mobiliarias sin posesión, el deudor garante o su cesionario,
salvo pacto en contrario, tendrá los derechos y obligaciones siguientes:
a) Usar, disponer, preservar y conservar los bienes muebles en garantía y los
bienes muebles derivados en el curso normal de los negocios del deudor
garante con la diligencia debida, definida en esta ley;
b) Suspender el ejercicio de los derechos mencionados en la literal anterior en
caso de que el acreedor garantizado le notifique al deudor garante o a su
cesionario de su intención de proceder a la ejecución de la garantía mobiliaria
en los términos de la presente ley;
c) Permitir que el acreedor garantizado inspeccione los bienes muebles en
garantía, a fin de verificar su cantidad, calidad y estado de conservación;
d) Contratar un seguro adecuado, cuando la naturaleza del bien en garantía lo
requiera, contra la destrucción y por las pérdidas o daños no provenientes del
uso normal de los bienes, que le pudieren ser ocasionados durante la vigencia
de la garantía; y,
e) Las demás qué pacten las partes y que no contravengan a la presente ley.”
3.5 INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS
Muchos autores confirman que los sistemas registrales aplicados y usados en
Guatemala, tienen mucha relación con los aplicados en España, sin embargo
claro está, que cada país tiene sus características propias. En nuestro país, de
acuerdo a los autores Nery Roberto Muñoz y Rodrigo Muñoz Roldán, en su
obra en conjunto indica que una de las características del Derecho Registral
Inmobiliario es:
• “La utilización del folio real para sus inscripciones, eso hace que cada
finca esté individualizada por su propio número y, en el mismo folio
constan todas sus operaciones, incluso las canceladas. El folio real es
de suma importancia, ya que se conoce todo el historial de la finca
desde su creación hasta su cancelación o extinción…”97
97 Muñoz, Nery Roberto. Rodrigo Muñoz Roldán. “Derecho Registral Inmobiliario Guatemalteco”. Guatemala. Infoconsult Editores. 2005. Pág. 16-17
61
En el caso del Registro de Garantías Mobiliarias, éste utiliza un sistema de
“folio personal”, toda vez que los índices de búsqueda se realizan a través de
los registros de los titulares o bien de los deudores, en contraposición con el
sistema que utiliza el Registro General de la Propiedad.
El proyecto de Ley que elaboro la Comisión de Economía y de Comercio
Exterior, del Congreso de la República de Guatemala, estableció en su Título
IV lo relativo al Registro de Garantías Mobiliarias, lo cual se estipulo de la
siguiente forma: “El TÍTULO IV: DEL REGISTRO DE GARANTÍAS
MOBILIARIAS: Este título consta de once artículos en los cuales se establece
el mecanismo para el registro de las garantías mobiliarias. Para ello se propone
la creación de un Registro de Garantías Mobiliarias, el cual será una
dependencia del Ministerio de Economía. El fin del registro será el de inscribir
la constitución, modificación, prorroga, extinción y ejecución de garantías
mobiliarias y la publicidad de las mismas. Los siguientes artículos establecen
los mecanismos operativos para darle vida a esta dependencia.”98
Al momento de exponer la necesidad de la creación de un Registro de
Garantías Mobiliarias, se hizo referencia por parte de la Comisión
anteriormente nombrada, lo relativo al Registro General de la Propiedad, pues
de conformidad con el artículo 1,125 del Código Civil, son inscribibles en dicho
Registro los vehículos automotores y demás muebles fácilmente identificables
por los números y modelos de fabricación. De esta suerte, solo cierto tipo de
bienes puede ser objeto de inscripción, quedando fuera otro tipo de bienes de
tipo mercantil (empresas, unidades económicas, derechos de propiedad
intelectual, entre otros) como los bienes susceptibles de identificación por
número o modelo de fabricación (mobiliarios, inventarios, cuentas por cobrar).
De lo anterior, surge la duda cuando la misma Comisión en su dictamen indica
que se queda fuera de la inscripción ciertos bienes muebles, tales como la
Unidad Económica, sin embargo el autor de este estudio, considera que a
todas luces existe un error en la justificación indicada, toda vez que la
98 Comisión de Economía y Comercio Exterior. Congreso de la República de Guatemala. “Op. CIt.”. Pág. 18
62
constitución de una universalidad de bienes muebles, Unidad Económica, es
con la finalidad de poder inscribirla y con el objeto a su vez que sobre la misma
se puede constituir un derecho real de garantía, como la prenda.
Desde la justificación, existen errores que más adelante se expondrán al tratar
de diferenciar dos instituciones jurídicas que tienen la misma finalidad, y que
sin embargo siguen vigentes en nuestro ámbito jurídico; este tema será
expuesto más adelante en el presente estudio.
Continuando con el tema que nos acata, los autores Ramírez y Figueroa, en
su obra citada expresamente indican que: “El Registro de Garantías Mobiliarias
en Guatemala es un Registro Público, pues es creado dentro del ámbito
estatal, y como la misma ley señala, como una dependencia del Ministerio de
Economía.”99
La Comisión de Economía y de Comercio Exterior, del Congreso de la
República de Guatemala, evidencia en su dictamen la necesidad de la creación
de un registro específico que tuviera como finalidad la inscripción de Garantías
Mobiliarias: “Sin embargo, actualmente otros registros tampoco tienen la
posibilidad de publicitar las garantías que graven bienes inscrito en ellos. De
ahí la importancia de la creación del Registro de Garantías Mobiliarias, como
una dependencia del Ministerio de Economía, para que publicite todo tipo de
garantía mobiliaria, pero no en atención al bien (pues como ya se señalo, por la naturaleza de los bienes en garantía resultaría poco operante), sino en atención a la persona del deudor garante. Se trata de un registro de
deudores, cuya información debiera ser posible acceder en forma electrónica y
que debe interconectarse con los demás Registros, a efecto de anotar en forma
electrónica y automática en ellos cualquier gravamen que afecte los bienes
inscritos en tales Registros.”100 (La negrita es propia).
99 Ramírez Gaitán, Daniel Ubaldo y Claudia Lavinia Figueroa Perdomo. “Op. Cit.”. Pág. 160 100 Comisión de Economía y Comercio Exterior. Congreso de la República de Guatemala. “Op. CIt.”. Pág. 6
63
Ahora bien, justificado la creación del Registro de Garantías Mobiliarias, y
teniendo como naturaleza jurídica la inscripción, modificación, ampliación y
extinción de una Garantía Mobiliaria; dicho Registro empezó con sus
actividades no de forma inmediata como lo indica la Ley de Garantías
Mobiliarias, Decreto 51-2007 del Congreso de la República de Guatemala.
Al efecto los autores Ramírez y Figueroa, realizan un pequeño resumen en su
obra citada del inicio de operaciones del Registro en cuestión, y que al efecto
cito: “El Registro de Garantías Mobiliarias es creado en Guatemala por ley,
mediante el Decreto 51-2007, norma que se publica en el Diario Oficial el 16 de
noviembre de 2007, producto de la emisión del Congreso del 24 de octubre de
2007…norma que de acuerdo al Decreto indicado entraba en vigencia el 1 de
enero de 2008. Sin embargo, por razones variadas, entre ellas presupuestarias
fundamentalmente, no entra en funcionamiento el Registro de Garantías
Mobiliarias, y la norma que lo contiene debe de modificarse, lo cual se hace
mediante la emisión de un nuevo Decreto, el 46-2008 de fecha 12 de agosto de
2008 y publicado en el Diario Oficial el 12 de septiembre de 2008. En dicho
Decreto se establece, entre otras modificaciones, la que se refiere a la
constitución y entrada en funcionamiento del Registro Garantías Mobiliarias con
fecha no posterior al 2 de enero de 2009, bajo pena de sancionar a los
funcionarios responsables.” 101
Por otro lado, se emitió uno de los Reglamentos previstos en la norma referida;
mediante el Acuerdo Gubernativo 386-2008 del 18 de diciembre de 2008 y
publicado en el Diario Oficial el 30 de diciembre del mismo año. Dicho
reglamento tiene por objeto regular el funcionamiento y operatividad del
Registro de Garantías Mobiliarias.
Teniendo un panorama acerca de la creación del Registro de Garantías
Mobiliarias, el artículo 43 de la Ley referida indica la necesidad de contar con
un formulario especial para que se pueda inscribir las Garantías Mobiliarias:
“Artículo 43. Formulario registral.
101 Ramírez Gaitán, Daniel Ubaldo y Claudia Lavinia Figueroa Perdomo. “Op. Cit.”. Pág. 166.
64
Las inscripciones a que dé lugar esta ley se realizarán por medio del formulario
de inscripción registral, ya sea en forma de un documento en papel o en forma
electrónica, el cual como mínimo, deberá contener los datos siguientes:
a) Del deudor garante:
1. Datos de identificación personal y número del documento que lo
identifique;
2. Cuando corresponda, datos de identificación personal, número del
documento que lo identifica y relación del mandato o carta poder del
tercero que gestiona con autorización del deudor garante;
3. Cuando corresponda, datos de identificación personal, número del
documento que lo identifica y relación de la personería del representante
legal del deudor garante.
b) Del acreedor garantizado:
1. Datos de identificación personal y número del documento que lo
identifique;
2. Cuando corresponda, datos de identificación personal, número del
documento que lo identifica y relación del mandato o carta poder del
tercero que gestiona con autorización del acreedor garantizado;
3. Cuando corresponda, datos de identificación personal, número del
documento que lo identifica y relación de la personería del representante
legal del acreedor garantizado.
c) Nombre y demás datos que permitan identificar plenamente al
deudor, de cualquier otra persona individual o jurídica;
d) Motivo de la inscripción; es decir, si se trata de una constitución,
modificación, prórroga, extinción o ejecución de la garantía
mobiliaria;
e) Descripción de los bienes muebles en garantía, que podrá ser
genérica o específica;
f) Condiciones generales del contrato de garantía mobiliaria;
g) Fecha de la solicitud de inscripción; y,
h) Firmas correspondientes.
Cuando exista más de un deudor garante otorgando una garantía sobre los
mismos bienes muebles, dichos deudores garantes deberán identificarse
separadamente en el formulario.”
65
Importante hacer relación que si bien es cierto nuestra legislación permite la
constitución de garantías mobiliarias con posesión y sin posesión, se ha de
notar que la lógica jurídica indica que se inscribirán en el Registro de Garantías
Mobiliarias, aquellas garantías mobiliarias que no estén en posesión del
acreedor garantizado, es decir aquellas que continúan en posesión del deudor
garante.
En el Registro de Garantías Mobiliarias, se pueden realizar las siguientes
gestiones:
1. Registro de Constitución de Garantía Mobiliaria: La solicitud de
inscripción de la Constitución de una Garantía Mobiliaria debe solicitarse
por el acreedor garantizado, el deudor garante, cualquier persona
autorizada por ellos por medio de mandato carta por el Notario que haya
autorizado el contrato de garantía. El mismo Notario que autorizo por
medio de carta poder.
2. Registro de Modificación de Garantía Mobiliaria: La modificación de una
Garantía Mobiliaria únicamente podrá hacerla el acreedor garantizado o
la persona que él autorice. Es importante hacer mención que de acuerdo
al Reglamento respectivo se indica que toda modificación debe de
avisársele al deudor garante y presentar un documento donde conste la
anuencia de éste, existiendo a todas luces una contradicción en este
aspecto.
3. Registro de Prorroga de Garantía Mobiliaria: Para solicitar esta
inscripción no se indica quien es la persona que se encuentra con la
legitimidad de solicitar la inscripción. Esta “modificación” debe de
realizarse dentro del plazo que se encuentra vigente la obligación
garantizada, y por ende se sigue el procedimiento mencionado en el
numeral anterior.
4. Registro de Extinción de Garantía Mobiliaria: Cumplida la obligación,
vencida la misma o bien transmitida; tanto el deudor garante como el
acreedor garantizado tienen legitimidad para solicitar la extinción de la
66
Garantía Mobiliaria, sin embargo deberá acreditarse dicha extinción. Por
ejemplo con el acompañamiento de la Carta de Pago, si fuera el caso.
5. Registro de Ejecución de Garantía Mobiliaria: Para este caso, tal y como
lo indican los autores Ramírez y Figueroa, se requiere como mínimo:
“nombre del acreedor garantizado que inicia la ejecución, la descripción
del incumplimiento; descripción del derecho que motiva la ejecución;
designación de los bienes dados en garantía, la forma en que se llevará
a cabo la ejecución, incluyendo el procedimiento voluntario, si es el
procedimiento que se seguirá.”102
6. Enmienda de Errores: Tomando en cuenta el principio registral de
“rogación”, el Registro realiza las enmiendas solicitadas en virtud de una
solicitud de parte, tomando como base dicha solicitud para enmendar los
errores en los que se haya incurrido.
CAPÍTULO 4 DE LA NECESIDAD DE LA INAPLICACIÓN DE LA PRENDA EN VIRTUD DE
LA VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS MOBILIARIAS Y LA NECESIDAD DE LA REFORMA DEL ARTÍCULO 75 DEL DECRETO NÚMERO 51-2007
En el presente estudio se ha desarrollado de forma precisa y con sus
antecedentes respectivos, los derechos reales de garantía tales como “la
prenda” y “las garantías mobiliarias”. Asimismo en el primer capítulo se trato de
inducir al lector en los mecanismos que son correctamente utilizables para que
una ley o norma entre dentro del sistema de normas de un Estado de Derecho.
Muchos autores actualmente han entrado en una discusión que va más allá de
lo doctrinario, centrando la misma en la praxis de la aplicación de una norma
jurídica, específicamente en el caso de los derechos reales de garantía
anteriormente enunciados. Así lo señalan los autores Ramírez y Figueroa, al
referir que: “En relación con los derechos reales de garantía, específicamente
Prenda y Garantía Mobiliaria, se han tenido opiniones encontradas respecto de
que si éste último desplazó a la prenda o no.”103
102 “Ibíd.” Pág. 177 103 “Ibíd.” Pág. 28
67
Haciendo un análisis del caso, nuestros legisladores a criterio del autor, al
momento de realizar el dictamen por medio del cual se aprobó la “Ley de
Garantías Mobiliarias”, no realizaron el estudio necesario en diferenciar dichas
instituciones jurídicas, ya que en el ámbito jurídico ambas instituciones se
encuentran vigentes, sin embargo existen contradicciones en la aplicación y
utilización de las mismas.
Dentro de las contradicciones y errores que realizo la Comisión de Economía y
Comercio Exterior, en su dictamen citado, me permito señalar los siguientes:
• “Según diversos estudios, las normas relativas a las garantías
mobiliarias en Guatemala, se hallan dispersas en: El Código Civil regula la prenda común (Capítulo III, artículos 880-903) y las prendas
agrarias, ganadera e industrial (Capítulo IV…)”104 (La negrita es propia).
En el punto anterior, claramente refiere como fundamento de la creación de las
Garantías Mobiliarias, “diversos estudios”, lo que implícitamente refiere que
existe un fundamento doctrinal para la aseveración que continúa.
Seguidamente a la alocución indicada, refiere que “las normas relativas a las
garantías mobiliarias en Guatemala se hallan dispersas”; para esta oración
indica plenamente que las garantías mobiliarias guardan estrecha relación con
los artículos que cita, en este caso al tomar de forma textual el término
“relativas”, el Diccionario de la Real Academia Española indica, tomando como
base la palabra “relativa”, y no en su conjugación como señala el texto del
presente análisis: “Que guarda relación con alguien o con algo.”105 Es decir,
hace una separación de las instituciones como tales, y hacen ver al lector del
Dictamen la relación que existen entre ambas instituciones.
Sin embargo, posteriormente refiere el Dictamen que:
104 Comisión de Economía y Comercio Exterior. Congreso de la República de Guatemala. “Op. Cit.”. Pág. 16 105 “Relativa”. Real Academia Española. “Diccionario de la Lengua Española”. España. 1994. 21era Edición. Pág. 803
68
• “Con la presente iniciativa, se pretende unificar en un solo
instrumento jurídico, lo relativo a las Garantías Mobiliarias aplicables en el país, con el objeto de establecer un marco legal que
permita el desarrollo del capital y la inversión financiera por medio de un
sistema ágil de garantías mobiliarias.”106
Ahora bien, en el primer párrafo analizado, la Comisión de Economía y
Comercio Exterior, hizo una separación de las instituciones jurídicas, al decir
que guardan relación, empero en el presente párrafo de análisis, la
interpretación de la lectura del mismo, hace creer al lector que las Garantías
Mobiliarias ya se encontraban reguladas con anterioridad y que la finalidad
primordial es unificar en un solo instrumento jurídico “el derecho real de
garantía sobre bienes muebles”.
En la oración que se indica con negrita, en el párrafo citado, refiere el término
“relativo”, que como se indico en el análisis anterior, refiere “que guarda
relación con algo”. Por el significado de dicho termino, la oración puesta en
negrita se leería así: “se pretende unificar en un solo instrumento jurídico, lo que guarda relación a las Garantías Mobiliarias aplicables en el país” Es decir, que todo lo que tiene relación a las Garantías Mobiliarias, en este
caso “La Prenda”, se pretendió unificar en una sola ley que es la “Ley de
Garantías Mobiliarias”, y por ende en virtud de una nueva ley, ya no existiría
relatividad de las Garantías Mobiliarias con otra institución del derecho civil,
toda vez que se unifico en un solo instrumento jurídico.
• Por otra parte, la iniciativa de la ley presentada plantea que para
democratizar el crédito se requiere no sólo de la simplificación de los actuales procedimientos para la constitución de garantías mobiliarias, sino la ampliación de los bienes muebles que pueden ser
objeto de garantía.107
106 Comisión de Economía y Comercio Exterior. Congreso de la República de Guatemala. “Op. Cit.”. Pág. 16 107 “Loc. Cit.”
69
Este punto es medular dentro del presente análisis, toda vez que en el primer
punto la Comisión de Economía y Comercio Exterior, en su dictamen citado,
hace referencia a dos instituciones jurídicas que guardan relación entre sí, pero
que indistintamente son independientes; mientras que en el segundo punto, se
habla de que ambas instituciones guardan una relación entre sí, y que se
pretende unificar en una sola norma, dicha situación y la finalidad implícita es
que no exista relatividad entre las instituciones jurídicas toda vez existirá una
norma jurídica que agrupe las mismas.
El punto de análisis, trae a todas luces una contradicción en la exposición de
motivos referida anteriormente, pues hace ver al lector que la vigencia de la
Ley de Garantías Mobiliarias, simplificara “los actuales procedimientos para la constitución de las garantías mobiliarias”
Con la aseveración anterior, es imperante la siguiente pregunta: ¿Dentro de las
normas jurídicas vigentes, es decir dentro del derecho positivo y aplicable
dentro del Estado de Guatemala, para el 19 de abril de 2007 (fecha del Informe
citado), existían procedimientos para la constitución de las garantías
mobiliarias? La respuesta a tal cuestión es NO, ya que la institución de la
“Garantía Mobiliaria” no se encontraba regulada en nuestro país para esa
fecha, por lo cual es inoperante hacer referencia a la frase “actuales procedimientos”.
En el caso anterior, el legislador quiso hacer referencia claramente a los
procedimientos para la constitución del derecho real de garantía de la prenda;
el cual como denotamos en su apartado correspondiente conlleva una serie de
requisitos formales para su constitución, sin embargo en un claro error de
instituciones jurídicas hace referencia a “los procedimiento para la constitución
de las garantías mobiliarias”, cuando lo correcto era referir al “procedimiento
para la constitución de la prenda”. En ese sentido, el jurista José Augusto Toledo, expresa que: “En la actualidad el uso de garantías sobre bienes
muebles se encuentra en desuso. Ello se debe a que tanto la formalización de la prenda como la recuperación de la misma en caso de incumplimiento de
70
pago por el deudor (usualmente llamada “ejecución judicial”) eran difíciles y costosos.”108 (La negrita es propia).
Por otro lado, no solo los legisladores al momento de presentar el proyecto
para la discusión de la “Ley de Garantías Mobiliarias”, pues se encontraron con
estos errores de conceptualización y diferenciación de las instituciones
estudiadas, sino también los funcionarios públicos, con la vigencia ya de la Ley
de Garantías Mobiliarias, han tenido dificultades para hacer la diferenciación
respectiva, tal es el caso del quien fuera viceministro para la Inversión y la
Competitividad, del Ministerio de Economía, el señor Erasmo Velásquez,
quien en la publicación del Boletín Informativo del Registro de Garantías
Mobiliarias hizo la siguiente declaración: “La intención, explica Velásquez, es
agilizar los trámites de registro: “Queremos que los interesados en solicitar un
préstamo a cualquier banco del sistema, poniendo una garantía prendaria,
puedan registrarla de manera ágil”109 (La negrita es propia).
En la expresión anterior, el entonces viceministro quiso hacer referencia a la
agilidad y eficiencia en las operaciones registrales que desempeñaría el
Registro de Garantías Mobiliarias, sin embargo hizo referencia al momento en
que los interesados obtienen y tramitan una “garantía prendaria”. Sin embargo
el termino correcto era “garantía mobiliaria”.
Así pues, se pueden citar varios errores y contradicciones en la diferenciación
de las instituciones jurídicas perce, y que la misma se agrava a juicio del autor,
no teniendo claro, la vigencia de la institución de la prenda, ya que el artículo
75 de la Ley en cuestión refiere el término inaplicabilidad, cuando el termino
como tal, no tiene en injerencia en la aplicación y en la hermenéutica jurídica,
pues tal y como se menciono en el primer capítulo del presente estudio, “el
derecho guatemalteco esta subyacente a la derogatoria o abrogación de una
norma. La inaplicabilidad o ineficacia de una norma, en nuestro sistema jurídico
sólo se da por la acción de derogar o abrogar que hace el legislador en primera
108 American Chambers of Commerce, “Boletín de PYME # 12 Marzo 2009” Guatemala. Marzo, 2009. 109 Registro de Garantías Mobiliarias, “Boletín Informativo # 1 Año 2012” Guatemala. Agosto, 2009. Pág. 5
71
instancia, a lo cual es imperante que para que exista una ineficacia de una
norma se dé una derogatoria o abrogación de la misma”
Contrario sensu de lo que acontece en nuestro país, en otros países tales
como el Perú, de manera expresa la Ley 28677 de 2006, deroga cualquier
regulación de la prenda general y las prendas especiales, por lo que tal y como
indican los autores Ramírez y Figueroa: “…por lo que queda claro que la
Garantía Mobiliaria sí desplazo a la prenda, tal como hemos visto sucedió en
Guatemala, respecto de la anticresis.”110
Haciendo constar en primera instancia las contradicciones y las justificaciones
no muy claras y concretas en el Informe emanado por la Comisión de
Economía y Comercio Exterior, es menester realizar los comentarios de mérito
respecto de la norma como tal, es decir de la Ley de Garantías Mobiliarias,
Decreto número 51-2007 del Congreso de la República de Guatemala.
En ese orden de ideas, me permito citar el último párrafo del artículo 3 de la
norma en cuestión:
• “…El concepto de garantía mobiliaria comprenderá, además,
aquellos contratos, pactos o cláusulas comúnmente utilizados para
garantizar obligaciones respecto de bienes muebles, tales como la venta
con reserva de dominio, los fideicomisos en garantía, la prenda flotante
de establecimiento comercial o de fondo de comercio, el descuento de
créditos o cuentas por cobrar en los libros del acreedor, el
arrendamiento financiero y cualquier otra garantía mueble contemplada en la legislación con anterioridad a la presente ley.”
(La negrita es propia)
En lo citado anteriormente, existe una contradicción al momento de indicar
que el concepto de las garantías mobiliarias comprende de igual forma
cualquier otra garantía mueble contemplada en la legislación, expulsando
110 Ramírez Gaitán, Daniel Ubaldo y Claudia Lavinia Figueroa Perdomo. “Op. Cit.”. Pág. 29
72
tácitamente de la legislación cualquier otro derecho real de garantía sobre
bienes muebles. Así lo establece el artículo 8 de la Ley del Organismo
Judicial, Decreto 2-89 que indica que:
“Artículo 8. Derogatoria de las leyes:
… c) Totalmente, porque la nueva ley regule, por completo, la materia
considerada por la ley anterior;..”
Por otro lado, de igual forma se hace referencia al ámbito de validez de una
norma jurídica al indicar la alocución “con anterioridad”; es decir que
textualmente de ahora en adelante y de acuerdo a éste artículo el derecho
real de garantía de la Prenda no tiene cabida en nuestro sistema jurídico,
pues la misma es una garantía que se constituye sobre un bien mueble con
el objeto de garantizar una obligación, y ésta institución es anterior a la
creación de la Ley de Garantías Mobiliarias; y el contenido de la Prenda
como derecho real de garantía sobre bienes muebles ahora se le atribuye a
las Garantías Mobiliarias.
Seguidamente, el artículo 76 de la norma en cuestión indica que se reforma
el artículo 916 del Código Civil, Decreto Ley 106, y el cual queda ahora así:
Se reforma el artículo 916 del Código Civil, el cual queda así:
• "Artículo 916. Las disposiciones de la prenda común y de la hipoteca son aplicables a la prenda agraria o industrial en cuanto no contraríen su naturaleza y lo preceptuado en la Ley de Garantías Mobiliarias."
(La negrita es propia).
En el artículo citado de la Ley de Garantías Mobiliarias, que reforma un artículo
del Código Civil a todas luces es confuso en cuanto a su aplicación práctica,
toda vez el artículo 3 de la Ley citada indica que cualquier derecho real sobre
bienes muebles contempladas en la legislación con anterioridad a la vigencia
de la norma referida, se comprende como una Garantía Mobiliaria. Sin
embargo, el artículo 916 del Código Civil, Decreto Ley 106, con la reforma
citada, refiere expresamente que las disposiciones de la prenda, son aplicables
73
a la prenda agraria en cuanto no contraríen la Ley de Garantías Mobiliarias. La
interrogante a tal reforma radica en: ¿Cómo se puede aplicar la disposición de
la prenda común a una figura como la prenda agraria o industrial, si la prenda
común ahora se comprende como Garantía Mobiliaria?, o bien, ¿Cómo puedo
aplicar una institución jurídica como la Prenda que ahora se comprende como
Garantía Mobiliaria a otra institución jurídica como la Prenda Agraria o
Industrial?
El artículo 77 de la Ley analizada, reforma el artículo 1124 del Código Civil,
Decreto Ley 106, quedando éste de la siguiente forma:
• "Artículo 1124. El Registro de la Propiedad es una institución pública que
tiene por objeto la inscripción, anotación y cancelación de los actos y
contratos relativos al dominio y demás derechos reales sobre bienes
inmuebles y muebles identificables, con excepción de las garantías
mobiliarias que se constituyan de conformidad con la Ley de Garantías
Mobiliarias."
Nuevamente se trae a colación lo indicado en el artículo 3 de la Ley analizada,
toda vez que este artículo da la viabilidad de la coexistencia de ambas
instituciones jurídicas, haciendo la referencia que Prenda podrá constituirse
sobre bienes muebles identificables, y la Garantía Mobiliaria sobre cualquier
bien mueble. El Compendio de Documentación Registral, emanada del
Registro General de la Propiedad, en su guía número 28, hace alusión a que:
“La legislación común no fue derogada sino es inaplicable a la Ley de
Garantías Mobiliarias de conformidad con el artículo 75 de dicha ley…”111 Con
lo anterior, y tomando en cuenta el ámbito de validez de la norma, la Prenda tal
y como lo refiere la Guía en cuestión se encuentra vigente, ya que no se
encuentra derogada, sin embargo la derogatoria de una norma conlleva
explícitamente a que las normas no sean aplicadas, asimismo tal y como se ha
referido, si las garantías mobiliarias comprenden tácitamente la prenda como
derechos reales de garantía sobre bienes muebles de conformidad con el
111 Registro General de la Propiedad. “Guía No. 28 Constitución de Prenda” “Compendio de Documentación Registral” Guatemala. 2004
74
artículo 3 de la norma analizada, no es viable que pueda inscribir un derecho
real de garantía como la Prenda, si la misma se subyace al concepto y
aplicación de una Garantía Mobiliaria.
El Compendio citado, refiere que: “El Registro de la Propiedad no puede
inscribir garantías mobiliarias que se constituyan con la Ley de Garantías
Mobiliarias sin importar el tipo de bien…ésta exclusión es extensiva a los
vehículos los cuales podrá poder inscribirse como garantía en el Registro de la
Propiedad se sujetan a la legislación común de la prenda”112
En igual sentido, el artículo 41 literal c) de la Ley de Garantías Mobiliarias,
indica que:
• “Artículo 41…c) En el Registro de Garantías Mobiliarias, deberán
centralizarse e inscribirse las garantías mobiliarias, a excepción de los
vehículos automotores que continuarán inscribiéndose en el Registro de la Propiedad que corresponda;…” (La negrita es propia).
Este artículo difiere en los criterios registrales emanados por el Registro
General de la Propiedad, que en el Compendio citado se señala que: “2.3.3
Cuando en un mismo instrumento se solicite al Registro de la Propiedad que se
inscriba el dominio de un vehículo y sobre éste se constituya garantía mobiliaria, el Registro operará la inscripción de dominio del bien siempre que se cumpla con todos los requisitos legales sin prejuzgar sobre la forma y constitución de la garantía mobiliaria.”113 (La negrita es propia).
El artículo 78 de la Ley de Garantías Mobiliarias, expresamente indica que:
• “Artículo 78. Aplicabilidad de la ley. En las disposiciones legales en
las que se haga alusión a la prenda, debe entenderse que se trata de garantía mobiliaria, por lo tanto, en lo pertinente le serán aplicables las disposiciones de esta ley. En materia de garantías
112 “Loc. Cit.” 113 “Loc. Cit.”
75
mobiliarias, es permitido el pacto de adquisición en pago.” (La negrita es
propia).
El artículo anteriormente citado, deja fuera del ámbito de validez la prenda,
toda vez que se indica que todo lo que se haga alusión a Prenda debe
entenderse de que se trata de garantía mobiliaria. Este artículo se encuentra
ligado con el artículo 3 de la Ley en cuestión pero se contradice con el artículo
75 de la misma, toda vez que al no derogar la institución de la prenda, dicha
institución se encuentra vigente. Pareciera que los legisladores redactaron la
ley de forma separada y sin orden lógico, pues algunos artículos tienen como
espíritu la unificación de los derechos reales de garantía sobre bienes muebles
en una sola institución jurídica como la Garantía Mobiliaria, mientras otros
artículos dan la impresión que las instituciones de la Prenda y la Garantía
Mobiliaria coexisten en un mismo ámbito de aplicación pero con un objetivo y
finalidad distinta.
De igual forma, los artículos 8 y 80 de la Ley de Garantías Mobiliarias,
presentan ciertas confusiones en su análisis.
• “Articulo 8. Aplicación supletoria. En lo no dispuesto por esta ley, se estará a lo establecido por la legislación mercantil, civil y a los usos
y costumbres, siempre y cuando no contradigan los principios que sustentan la presente ley y que en todo caso, deben interpretarse de
conformidad con los mismos.” (La negrita es propia).
• “Artículo 80 Contratos y las situaciones jurídicas existentes… En el
momento en que comience a operar el Registro de Garantías
Mobiliarias, las inscripciones de garantías mobiliarias hechas en el
Registro de la Propiedad o en otros registros conservarán su prioridad registral, la que deberá mantenerse al momento del traslado
de información de un registro a otro. Cuando comience a operar el
Registro de Garantías Mobiliarios, se establece un período de tres
meses, para que sin recargo alguno, quien hubiere inscrito una garantía
76
mobiliaria en otro registro la inscriba en el Registro de Garantías
Mobiliarias conservando la prelación obtenida.” (La negrita es propia)
Los autores Ramírez y Figueroa, en su obra tantas veces citada, refieren la
necesidad de poder determinar la vigencia de la institución jurídica de la
Prenda: “Consideramos realmente relevante el poder determinar la vigencia o
no de la prenda como derecho real de garantía, ya que ello permitirá no sólo
denominarla como corresponde, que en todo caso es lo menos trascendente,
sino que más bien, el tenerlo claro, permitirá saber a cabalidad cuál es el
ordenamiento jurídico aplicable, desde su constitución registro y ejecución.
Debe entenderse esta como una institución jurídica, con sus propios principios -
tan particulares- reglas, motivaciones, de tal forma que además de aplicar la
ley, se aplique el derecho a la situación concreta”114
Si bien es cierto en nuestro ordenamiento jurídico pueden coexistir ambas
instituciones jurídicas, el fin de ambos derechos reales de garantías es el
mismo, y evocando al aforismo maquiavélico, los medios para llegar a ese fin,
justifican a cada institución jurídica de forma independiente.
Nuestra legislación no hace una distinción clara, concreta y eficaz de ambas
instituciones, sino más bien confunde y mezcla ambas instituciones; ya que
como lo indican los autores anteriormente citados: “…en la Ley no se distingue
con claridad, entre la denominación de la garantía, la normativa aplicable, el
Registro correspondiente para inscribir las garantías, la exclusión en cuanto a
los bienes sobre los cuales se puede constituir la garantía mobiliaria o bien la
exclusión en cuanto a la inscripción de la garantía mobiliaria en el Registro de
Garantías Mobiliarias. Esta falta de claridad, hace en nuestra opinión
complicado para los actores involucrados, el tener reglas precisas, que
cumplan con los fines nobles para los cuales surge la creación de las Garantías
Mobiliarias en Guatemala, que fundamentalmente redundan en el acceso al
crédito, para la micro, pequeña y mediana empresa, otorgando garantías
muebles no tradicionales.”115
114 Ramírez Gaitán, Daniel Ubaldo y Claudia Lavinia Figueroa Perdomo. “Op. Cit.”. Pág. 31 115 “Loc. Cit.”
77
Con lo anterior, es válida la afirmación que las Garantías Mobiliarias
constituyen un derecho real de garantía constituida sobre un bien mueble con
el objeto de garantizar una obligación, que tiene una finalidad mercantil; en
tanto que la Prenda constituye un derecho real de garantía constituida sobre un
bien mueble con el objeto de garantizar una obligación, que tiene una finalidad
civil; pero que no excluye ni impide que la aplicación de cualquiera de ambas
instituciones sean aplicadas a otra materia, como el caso de la Prenda sea
aplicada en el área mercantil como de las Garantías Mobiliarias sean aplicadas
al área civil.
Es menester, que se realicen las modificaciones pertinentes a la Ley de
Garantías Mobiliarias, en el sentido de sintetizar dos puntos, uno que es
excluyente del otro:
• Modificación de la Ley de Garantías Mobiliarias en el sentido de plasmar
la existencia y vigencia del derecho real de garantía de la ”Prenda”, y
hacer las distinciones y finalidad de ambas instituciones
• Modificación de la Ley de Garantías Mobiliarias, en el sentido de derogar
expresamente la institución jurídica de la “Prenda”, toda vez se
encuentran en vigencia las “Garantías Mobiliarias”, y así cumplir con la
finalidad de unificar en un solo cuerpo legal, todo lo relativo a los
derechos reales de garantía constituido sobre bienes muebles.
Es de hacer constar, que igual sentido se han pronunciado los autores Ramírez y Figueroa, al hacer referencia que: “Sin pretender dar una respuesta absoluta,
consideramos que desde el punto de vista conceptual la Prenda y la Garantía
Mobiliaria, en nuestro país coexisten, como derechos reales de garantía, con
su propia forma de constitución, registro y ejecución y restringida la prenda,
para recaer sobre vehículos automotores. Asimismo consideramos que para
poder decir esto con certeza, son necesarias ciertas modificaciones a la ley,
que diluciden lo enunciado en este capítulo”116 (La negrita es propia).
116 “Ibíd”. Pág. 32
78
CAPÍTULO 5
ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN DE LAS GARANTÍAS MOBILIARIAS
De conformidad con el Diccionario Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales del
autor Osorio, refiere que el término “Ejecución” es: “Ultima parte del
procedimiento judicial, que tiene como finalidad dar cumplimiento a la sentencia
definitiva del juez o tribunal competente. | Exigencia de determinada deuda
mediante el procedimiento ejecutivo, de tramitación más rápida que el juicio
ordinario”117
Por otro lado, el Diccionario Jurídico Elemental del autor Guillermo Cabanellas,
indica que la Ejecución es: “Efectuación, realización, cumplimiento; acción o
efecto de ejecutar o poner por obra alguna cosa. I. Efectividad o cumplimiento
de una sentencia o fallo de juez o tribunal competente; como cuando se toman
los bienes del deudor moroso para satisfacer a los acreedores mediante dicha
orden judicial. I. Exigencia o reclamación de una deuda por vía ejecutiva…”118
Las definiciones acerca del término “Ejecución” radican en un común
denominador: “Efectividad y Rapidez”, sin embargo la Ejecución de las
Garantías Mobiliarias en nuestro país carece de dichas características. Así lo
señalan los autores Ramírez y Figueroa, quienes en su obra indican que: “No
obstante que en nuestro país, se tuvo como referente la Ley Modelo
Interamericana de Garantías Mobiliarias de la Organización de los Estados
Americanos, que a nuestro juicio contiene una estructura lógica y proporciona
lineamientos de carácter general, susceptibles de sea adaptados a nuestra
legislación, es lamentable que la Ley de Garantías Mobiliarias, contenida en el
Decreto número 51-2007 del Congreso de la República y sus reformas,
contenidas en el Decreto número 46-2008 del mismo congreso, se traduce en
una deficiente adaptación, que carece de claridad, para ser estudiada,
interpretada y aplicada; lo cual conlleva que sea de difícil comprensión, e
117 Osorio Manuel. “Op. Cit.” Pág. 357 118 Cabanellas, Guillermo. “Diccionario Jurídico Elemental”. España. Editorial De Torres. 2003. Pág. 161
79
ineficiente para lograr una ágil y certera ejecución de la garantía, como
paradójicamente se enuncia en sus considerandos.”119
La Comisión de Economía y de Comercio Exterior, del Congreso de la
República de Guatemala al momento de realizar el Informe que ha sido citado
en el presente estudio, indicó como parte de sus justificaciones que: “El
Proyecto de Ley de Garantías Mobiliarias, incluye una parte de ejecución. En la
misma se regula la posibilidad de ejecutar las garantías mobiliarias tanto ante
los órganos jurisdiccionales como en forma privada. Al efecto queda a la
libertad de las partes, para que en el ejercicio de la autonomía de la voluntad,
pacten la forma en que se ejecutará su garantía. Si quieren hacerlo ante un
Juez, se regula un proceso de ejecución que busca ser sumario, en el que las
excepciones están limitadas. Si las partes acuerdan una forma de ejecución
privado, pueden pactarlo, en cuyo caso el único límite es el más absoluto
respecto a los derechos constitucionales”120
Ahora bien, la Ley de Garantías Mobiliarias, Decreto 51-2007 del Congreso de
la República de Guatemala, refiere, tal y como el Informe citado lo indica que
hay dos formas para iniciar la Ejecución de una obligación garantizada a través
de la constitución de una Garantía Mobiliaria, las cuales son: (i) Ejecución
Voluntaria y (ii) Ejecución Judicial.
En referencia al párrafo anterior, la Ley en cuestión refiere expresamente en su
artículo 58 que:
“Artículo 58. Tipos de ejecución. En caso de incumplimiento de la obligación, el
acreedor garantizado podrá iniciar el proceso de ejecución de la garantía. A tal
efecto podrá iniciar el proceso de ejecución voluntaria, en la forma que se hubiera pactado o sí no se hubiera pactado debe seguir el proceso Judicial establecido en este título…” (La negrita es propia)
119 Ramírez Gaitán, Daniel Ubaldo y Claudia Lavinia Figueroa Perdomo. “Op. Cit.”. Pág. 203 120 Comisión de Economía y Comercio Exterior. Congreso de la República de Guatemala. “Op. Cit.”. Pág. 7
80
Asimismo el artículo anteriormente enunciado, refiere que: “…En ambos casos,
el acreedor garantizado debe inscribir el hecho de la ejecución en el Registro de Garantías Mobiliarias, en la forma que dicho registro establezca.
La no inscripción del formulario de ejecución no es razón para rechazar el
escrito que la solicita, pudiendo el juez dar un plazo de cuarenta y ocho (48)
horas para que se le presente, sin que este plazo interrumpa el plazo para que
se dicte la primera resolución y se notifique y requiera al deudor garante, como
se establece en el artículo siguiente…” Con lo anterior, expresamente se indica
la obligación de parte del acreedor garantizado, de la inscripción en el Registro
de Garantías Mobiliarias del hecho de la ejecución, aunque esto no sea un
requisito sine quanon para el inicio de la misma, aunque como más adelante se
expondrá, la redacción de éste artículo, en la correcta aplicación de la
hermenéutica jurídica se torna complicado por la mala utilización de
expresiones.
Por otro lado, y continuando con el análisis del referido artículo, éste impone al
acreedor garantizado la obligación de notificar del hecho de la ejecución al
deudor garante, al deudor principal, a la persona que se encuentre en posesión
de los bienes, al depositario; y a todos los acreedores que aparezcan en la
inscripción registral relativa a la ejecución. Lo anterior se indica así: “…El Registro de Garantías Mobiliarias hará público el hecho de la ejecución, sea ésta judicial o voluntaria. Además, el acreedor garantizado debe
notificar del hecho de la ejecución: al deudor garante, al deudor principal, a la persona que se encuentre en posesión de los bienes o al depositario, así como a todos los acreedores que aparezcan en esa inscripción registral. Deberá enviar notificaciones electrónicas a los registros que
corresponda en donde se hubiere anotado la garantía mobiliaria, al momento
de inscribir la ejecución…” (La negrita es propia).
Como consecuencia de lo anterior, los autores Ramírez y Figueroa,
anteriormente citados indican que: “Entendemos que el acreedor tiene que
hacer estas notificaciones, previamente a plantear la ejecución en forma
voluntaria o judicial, como una prevención a todos los sujetos que pudieren
estar interesados en el destino de los bienes dados en garantía. En cuanto a
81
que sea el propio acreedor garantizado, el que notifique en estas circunstancias
al deudor garante, no lo vemos conveniente, ya que prácticamente lo pone
sobre aviso de la eminente ejecución, sin que previamente exista una medida
precautoria que le impida maliciosamente disponer de la posesión o titularidad
de los bienes, ya que la Ley de Garantías Mobiliarias, no es clara en cuanto a
los efectos del registro de la ejecución antes de que la misma éste promovida
efectivamente ante el tribunal competente.”121
El mismo artículo indica los requisitos mínimos, en cuanto a la información, que
deberá de darse para inscribir la ejecución de la garantía mobiliaria: “…Al
momento de inscribir la ejecución de una garantía mobiliaria se requerirá como
mínimo la información siguiente:
a) El nombre del acreedor garantizado que inicia la ejecución. b) La descripción
del hecho del incumplimiento; c) La descripción de los derechos con base en
los cuales se inicia el proceso de ejecución; d) La designación de los bienes
dados en garantía y que serán objeto de ejecución; e) La forma en que se
llevará a cabo la ejecución de la garantía; f) Si la ejecución fuera con base en
un acuerdo de ejecución voluntaria, la descripción de tal procedimiento.
Para el caso de la ejecución judicial de la garantía mobiliaria, el acreedor garantizado presentará al juez competente la demanda de ejecución, acompañado del título ejecutivo. Por la forma en que funciona la publicidad
en materia de garantías mobiliarias, en ningún caso el Juez requerirá que el
título esté razonado por el Registro de Garantías Mobiliarias. El juez
iniciará el expediente respectivo precediéndose como se señala en el artículo
siguiente.” (La negrita es propia)
Es de tomar en cuenta, que la notificación que se refiere este artículo en cuanto
a la obligación del acreedor garantizado es totalmente diferente a los efectos
materiales del emplazamiento que indica el artículo 112 del Código Procesal
Civil y Mercantil, Decreto Ley 107:
121 Ramírez Gaitán, Daniel Ubaldo y Claudia Lavinia Figueroa Perdomo. “Op. Cit.”. Pág. 208
82
“Artículo 112. Efectos del Emplazamiento: La notificación de una demanda
produce los efectos siguientes:
1º. Efectos materiales:
…e) Hacer anulables la enajenación y gravámenes constituidos sobre la cosa objeto del proceso, con posterioridad al emplazamiento. Tratándose
de bienes inmuebles, este efecto sólo se producirá si se hubiese anotado la
demanda en el Registro de la Propiedad.” (La negrita es propia)
Lo anterior se indica ya que es incomparable un efecto material de una
notificación de una demanda realizada de forma legal, con los requisitos y
características que al efecto se requieren, por un juzgado reconocido; con la
notificación realizada por el acreedor garantizado. Es decir, a criterio del autor
del presente estudio, existe una incongruencia legal en este apartado.
De la Ejecución Voluntaria
El artículo 2 de la Ley de Garantías Mobiliarias, establece dentro de sus incisos
la definición acerca del Procedimiento de Ejecución de las Garantías
Mobiliarias:
“Artículo 2… bb) Procedimiento de ejecución voluntaria: Mecanismo de
ejecución extrajudicial que las partes podrán pactar en el contrato de garantía,
durante la vigencia de éste, durante el proceso de ejecución, o en cualquier
momento de conformidad con esta ley...”
Ahora bien, indistintamente del pacto de la ejecución de forma voluntaria, la
obligación de la inscripción de la ejecución no es excluyente y al efecto el
Registro de Garantías Mobiliarias proporcionará al acreedor garantizado, el
formulario físico, o bien éste realizará la inscripción referida de forma
electrónica.
El artículo 58 de la Ley de Garantías Mobiliarias, conlleva un conflicto en su
interpretación, pues no indica de forma expresa lo que debe de inscribirse en el
Registro de Garantías Mobiliarias, ya que refiere los términos “inscribir el hecho
83
de la ejecución” e “inscripción del formulario de ejecución”. Lo anterior conlleva
a no establecerse de forma clara de lo que debe de inscribirse en el Registro
de Garantías Mobiliarias. Se denota que muchas veces, los legisladores no
hacen reparos en ciertos términos y expresiones que se refieren en las Leyes
Modelo que sirven de base para algunas de nuestras normas, como es este
caso en particular.
Por otro lado, el artículo 65 de la Ley analizada hace alusión a la Ejecución
Voluntaria y se señala como pilar fundamental que el proceso que las partes
acuerden no debe vulnerar derechos constitucionales de éstos y de
terceros.
Con lo establecido en el artículo anteriormente citado, la legislación permite
que las partes pacten un procedimiento distinto al que indica la Ley para la
ejecución de la Garantía Mobiliaria. El artículo referido es demasiado amplio,
pudiendo las partes pactar lo que mejor convenga a sus intereses, limitados
únicamente por los derechos constitucionales del derecho de defensa, debido
proceso, entre otros que puedan ser aplicados. Como consecuencia de lo
anterior, la voluntad de las partes juega un papel preponderante para este
apartado, toda vez que la creación de un procedimiento de ejecución llega a
ser una creación para cada caso en concreto.
Al efecto, el autor sugiere dos procedimientos que pudiesen ser pactados en el
contrato respectivo.
“EJECUCIÓN JUDICIAL O EJECUCIÓN VOLUNTARIA DE LA GARANTÍA
MOBILIARIA EN CASO DE INCUMPLIMIENTO Y CLÁUSULA COMPROMISORIA. Las partes convienen que en Caso de Incumplimiento de
la obligación garantizada, para iniciar la ejecución del bien en garantía, el
acreedor garantizado deberá optar, a su sola discreción, entre: a) La ejecución
judicial dispuesta en la Ley de Garantías Mobiliarias, en cuyo caso para efectos
del remate el precio base del bien en garantía, será el monto del capital
adeudado y demás rubros establecidos en la cláusula tercera de este contrato
y la ejecución se regirá por el procedimiento establecido en la referida Ley de
84
Garantías Mobiliarias; o, b) La ejecución voluntaria que se pacta en la presente
cláusula (en adelante indistintamente la “Ejecución Voluntaria”).
En caso el acreedor garantizado opte por la ejecución voluntaria, de
conformidad con lo estipulado en el artículo sesenta y cinco (65) de la Ley de
Garantías Mobiliarias, las partes convienen que la ejecución del bien en
garantía se llevará a cabo en forma privada, de conformidad con los siguientes
términos y condiciones, los que pactan y acuerdan libremente:
EJECUCIÓN VOLUNTARIA:
I. En Caso de incumplimiento de la obligación garantizada y que el
acreedor garantizado haya optado por la ejecución voluntaria, la
FUNDACIÓN CENAC deberá designar un tribunal integrado por un
árbitro único de conformidad con el Reglamento de Conciliación y
Arbitraje de la FUNDACIÓN CENAC, el cual las partes aceptan desde
ahora en forma irrevocable. La FUNDACIÓN CENAC será la institución
encargada de administrar el proceso y tendrá a su cargo, de
conformidad con las disposiciones que se establecen más adelante, el
realizar los actos regulados en los artículos sesenta y tres (63) y sesenta
y cuatro (64) de la Ley de Garantías Mobiliarias (Decreto 51-2007 del
Congreso de la República) y los que sean necesarios para la conclusión
del procedimiento que se inicie en su seno, incluyendo la elaboración y
presentación al Registro correspondiente del formulario de ejecución.
II. En caso de Incumplimiento de la obligación garantizada y que el
acreedor garantizado haya optado por la ejecución voluntaria, el
acreedor garantizado deberá presentar la demanda prevista en el
artículo cincuenta y nueve (59) de la Ley de Garantías Mobiliarias –LA
LEY en lo que sigue- ante la FUNDACIÓN CENAC. La Gerente de la
FUNDACIÓN CENAC o la que ésta designe procederá dentro de las
veinticuatro (24) horas siguientes a notificar la demanda al deudor
garante y a requerir a ésta el pago de la cantidad reclamada. La
notificación y el requerimiento se harán constar en acta notarial. En caso
85
no fuere posible notificar personalmente al deudor garante, la
notificación y el requerimiento deberán hacerse mediante edicto
publicado en el Diario Oficial y en algún otro medio de comunicación que
surtirá efectos a partir del día hábil siguiente de su publicación.
III. El deudor garante tendrá un plazo de tres (3) días hábiles contado a
partir del día en que fue notificado y requerido para hacer valer
únicamente las excepciones de pago total y prescripción que se basen
en prueba documental.
IV. Si se plantean excepciones, en un plazo de dos (2) días hábiles contado
a partir del día siguiente de la recepción del memorial presentado por el
deudor garante, la FUNDACIÓN CENAC procederá a nombrar al árbitro
único quien tendrá un plazo de dos (2) días hábiles para aceptar el
cargo. Una vez aceptado el cargo, la FUNDACIÓN CENAC lo hará del
conocimiento de las partes para que, si fuere el caso, hagan del
conocimiento de la FUNDACIÓN CENAC si existen causales de
recusación de las previstas en la Ley del Organismo Judicial, que
impidan al árbitro único conocer del caso que se somete a su
consideración. Si la FUNDACIÓN CENAC, previa consulta con el Árbitro,
estima que las causales invocadas son fundadas, procederá
inmediatamente al nombramiento de un nuevo árbitro y seguirá el
procedimiento previsto en este numeral para la aceptación y
comunicación a las partes. Si la FUNDACIÓN CENAC estima que la
recusación ningún fundamento tiene, confirmará al árbitro previamente
nombrado.
V. De la o las excepciones que hubiesen sido admitidas para su trámite, el
Árbitro correrá audiencia al acreedor garantizado por el plazo de dos (2)
días hábiles. Si fuere necesario se recibirá la prueba en las audiencias
orales que el Árbitro estime pertinentes, las que se llevarán a cabo en un
plazo no mayor de ocho (8) días hábiles. Concluido el período de prueba
las partes podrán presentar sus alegatos en una audiencia oral que se
llevará a cabo en un plazo no mayor de dos (2) días hábiles. Dos (2)
86
días hábiles después, el Árbitro deberá dictar el laudo que será
inimpugnable.
VI. Si el deudor garante no hubiere planteado excepciones o éstas no
hubieran sido admitidas para su trámite o hubiesen sido declaradas sin
lugar en el laudo correspondiente, dentro de los dos (2) días hábiles
siguientes el Árbitro nombrado o el acreedor garantizado solicitará a un
Juez de Primera Instancia del Ramo Civil del departamento de
Guatemala, que libre de inmediato la orden de desapoderamiento que se
ejecutará de inmediato con el auxilio de la fuerza pública, si el bien en
garantía se encuentran en posesión del deudor garante o de un tercero,
siempre y cuando no se hubiesen entregado voluntariamente.
VII. (VII) Oportunamente, la FUNDACIÓN CENAC procederá al remate del
bien de acuerdo con el siguiente procedimiento:
(vii.i) Si el bien en garantía se cotiza habitualmente en el mercado o plaza
donde se lleva a cabo el remate, podrá venderlos: (vii.i.i) Directamente a un
precio acorde con el valor que tengan en dicho mercado o plaza de que se
trate; o (vii.i.ii) Mediante pública subasta, de acuerdo a las reglas que fije de
común acuerdo con el acreedor garantizado.
El bien en garantía podrá ser vendido privadamente por el acreedor
garantizado o adjudicados en pago a éste a su precio de tasación o valuación.
Para esos efectos, el perito será nombrado por la FUNDACIÓN CENAC.
Ante la falta de postores, el bien en garantía el bien garantizado podrá
adjudicarse en pago al acreedor garantizado, cuyo precio base será el monto
de la deuda, intereses, gastos y costas.
VIII. Una vez concluidos los procedimientos de remate, deberá hacerse la
liquidación de la obligación garantizada en los términos del artículo
sesenta y cuatro (64) de la Ley de Garantías Mobiliarias.
87
IX. En lo no previsto en este procedimiento relativo a la Ejecución
Voluntaria, serán aplicables las disposiciones de la Ley de Garantías
Mobiliarias.”
X. Las atribuciones, facultades y obligaciones establecidas para la
FUNDACIÓN CENAC, podrán ser asignadas a otro centro, a la sola
discreción del acreedor garantizado.”122
La anterior Cláusula de Procedimiento de Ejecución de Garantía Mobiliaria,
está íntimamente ligada a un “Arbitraje”, si bien es cierto no es un acuerdo de
arbitraje como tal, la figura del árbitro está íntimamente relacionada. A
diferencia de un acuerdo de arbitraje, que dependerán del Centro de Mediación
que se elija para el efecto por los contratantes, la anterior clausula indica de
una vez el procedimiento que será utilizado en el mismo y quien está a cargo
como tal es un árbitro nombrado por un Centro de Mediación, en este caso la
“Fundación Cenac”. El “Acuerdo de Arbitraje” que señala la Ley, será expuesto
más adelante.
Siguiendo con lo anterior, se sugiere la siguiente Cláusula de Procedimiento
Ejecución de las Garantías Mobiliarias, que al igual que el anterior, éste es un
acuerdo que se pacta en el contrato que da origen a la obligación garantizada.
“DE EJECUCIÓN JUDICIAL O EJECUCIÓN VOLUNTARIA DE LA GARANTÍA MOBILIARIA EN CASO DE INCUMPLIMIENTO Y CLÁUSULA COMPROMISORIA. Las partes convienen que en Caso de Incumplimiento de
la obligación garantizada con garantía prendaria, para iniciar la ejecución de los
bienes muebles dados en garantía prendaria mobiliaria, LA PARTE
ACREEDORA deberá optar, a su sola discreción, entre: a) La ejecución judicial
dispuesta en la Ley de Garantías Mobiliarias, en cuyo caso para efectos del
remate el precio base de los bienes muebles dados en garantía prendaria, será
el monto del capital garantizado y demás rubros establecidos en el presente
122 “Cláusula de Procedimiento de Ejecución de Garantía Mobiliaria” proporcionada al autor del presente estudio en Curso de Derecho Notariado III, impartida por el Catedrático Mario René Archila Cruz. Guatemala. 2009. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Universidad Rafael Landívar.
88
contrato y, la ejecución se regirá por el procedimiento establecido en la referida
Ley; o, b) La ejecución voluntaria que se pacta en la presente cláusula (en
adelante indistintamente la “Ejecución Voluntaria”). En caso LA PARTE
ACREEDORA opte por la ejecución voluntaria, de conformidad con lo
estipulado en el Artículo sesenta y cinco (65) de la Ley de Garantías
Mobiliarias, las partes convienen que la ejecución de los bienes dados en
garantía prendaria se llevará a cabo en forma privada, de conformidad con los
siguientes términos y condiciones, los que pactan y acuerdan libremente las
partes: EJECUCIÓN VOLUNTARIA: En Caso de incumplimiento de la
obligación garantizada con prenda según las condiciones pactadas por las
partes y que, LA PARTE ACREEDORA haya optado por la Ejecución
Voluntaria las partes acuerdan que, se podrá promover la venta de los bienes
muebles dados en garantía, en pública subasta ante notario, quien será elegido
a su entera discreción por LA PARTE ACREEDORA. Al efecto se deberá seguir
el procedimiento siguiente: a) Se deberá publicar un aviso en el Diario Oficial
dando a conocer la forma, modo, lugar y la hora en que se llevará a cabo la
pública Subasta ante notario, así como las condiciones para participar en la
misma. La publicación de éste aviso sustituye para todos los efectos legales las
notificaciones a los interesados. Y ha de hacerse con anticipación no menor de
tres días hábiles al del día señalado para el remate; b) La base del remate será
el monto del capital garantizado y demás rubros establecidos en la cláusula
quinta del presente contrato; c) Solo podrán ser postores quienes al momento
del remate exhiban ante notario cheque de caja a favor de LA PARTE
ACREEDORA por un monto equivalente al veinte por ciento de la base del
precio fijado para los bienes objeto de remate; d) El remate no puede
suspenderse, cualquiera que sea la causa que se invoque u orden que se
reciba, salvo por el pago de la base hecha por LA PARTE DEUDORA y/o LOS
GARANTES; e) El remate debe fincar en la persona que presente la mejor
oferta y ésta podrá retirar los bienes dados en garantía inmediatamente previo
pago del precio; f) Cuando no se hubiere presentado postor en el remate, el
notario a cargo del proceso, sin más trámite adjudicará en pago los bienes a LA
PARTE ACREEDORA; g) El notario a cargo del proceso deberá documentar lo
resuelto y dejar constancia de todo lo actuado; h) El importe de la venta de los
bienes dados en garantía debe ser distribuido en el orden siguiente: (h.i) Pago
89
del monto garantizado y demás rubros establecidos en la cláusula quinta del
presente contrato, así como de los gastos acumulados en el remate a LA
PARTE ACREEDORA; y, (h.ii) Cuando haya sobrante deberá ponerse a
disposición de LA PARTE DEUDORA y LOS GARANTES; y i) Cuando el
producto de la venta o remate fuera insuficiente para cubrir el inciso (h.i) serán
responsables automáticamente, en forma mancomunada y solidaria del Saldo
Insoluto LA PARTE DEUDORA y LOS GARANTES según lo establecido en el
presente contrato. Sin perjuicio de lo anterior, en caso los bienes dados en
garantía no se encontraren en posesión de LA PARTE ACREEDORA ésta
deberá requerir el secuestro de los mismos a la autoridad competente,
condición previa indispensable para la ejecución en subasta notarial
establecida con anterioridad.”123
En el Procedimiento de Ejecución de Garantía Mobiliaria citado anteriormente,
se toma como base un procedimiento en el cual el Notario cumple una función
preponderante dentro del mismo. Sin embargo, a criterio del autor existe la
necesidad del auxilio judicial en ciertos casos, tales como el secuestro de los
bienes dados en garantía que no se encontraren en posesión del acreedor
garantizado.
De la Ejecución Judicial
La Ley de Garantías Mobiliarias establece un procedimiento para la ejecución
en la vía judicial como consecuencia del incumplimiento de una obligación
garantizada con Garantía Mobiliaria, que tiene la intención de que el mismo sea
rápido, sencillo, seguro y confiable. Sin embargo tales características no se
reflejan en el procedimiento establecido en la Ley analizada.
Si bien es cierto el artículo 8 de la Ley en cuestión indica que: “Artículo 8.
Aplicación supletoria. En lo no dispuesto por esta ley, se estará a lo establecido
por la legislación mercantil, civil y a los usos y costumbres, siempre y cuando
no contradigan los principios que sustentan la presente ley y que en todo caso,
123 “Cláusula de Procedimiento de Ejecución de Garantía Mobiliaria” elaborada por Alfredo Skinner-Klée, Ana Verena Kuhsiek Ruiz y Jensen Samayoa Estrada. Guatemala. 2009.
90
deben interpretarse de conformidad con los mismos.” Al efecto los autores
Ramírez y Figueroa, en su obran hacen relación a lo siguiente: “…por su
redacción y ubicación, dentro del texto y contexto de la misma, adolece de
claridad suficiente para poder afirmar contundentemente, que hace permisible,
la aplicación supletoria del Código Procesal Civil y Mercantil, para los aspectos
procesales no regulados, o regulados deficientemente en la ley…Por la
ubicación que el artículo citado tienen dentro del conjunto de la ley, y por las
disposiciones especiales que la misma contiene en la parte relativa a la
ejecución de la garantía mobiliaria, es válido preguntarse, si cabe la aplicación
supletoria del Código Procesal Civil y Mercantil para el proceso de ejecución de
la Garantía Mobiliaria; o si dicha aplicación, se refiere al derecho sustantivo
mercantil y civil, contenido en el Código de Comercio de Guatemala y el Código
Civil, respectivamente” 124
Aunado a lo anterior, el artículo 75 de la Ley de Garantías Mobiliarias,
establece en su parte conducente que: “…Asimismo, no es aplicable a las
garantías mobiliarias el inciso quinto (5°) del artículo 294 del Código Procesal Civil y Mercantil y el artículo 50 del Código de Notariado; así como
todas las disposiciones legales que se opongan a lo establecido por la presente
ley.” (La negrita es propia). Es decir, que por la vigencia de la Ley de Garantías
Mobiliarias, únicamente son ejecutables a través del procedimiento de la
Ejecución en la Vía de Apremio, aquellas obligaciones o crédito garantizados a
través del derecho real de garantía de la prenda, que únicamente podrán ser
objeto de garantía aquellos bienes muebles que no se encuentren
comprendidos dentro de las Garantías Mobiliarias. Por lo anterior, podemos
referir como un ejemplo de Ejecución en la Vía de Apremio de un Crédito
prendario, sería el constituido sobre un vehículo automotor, ya que tanto el
dominio sobre el bien como la garantía constituida sobre éste, es inscrito en el
Registro General de la Propiedad.
Dentro de los problemas que se señalan dentro de la Ley de Garantías
Mobiliarias, Decreto 51-2007 del Congreso de la República de Guatemala, es lo
124 Ramírez Gaitán, Daniel Ubaldo y Claudia Lavinia Figueroa Perdomo. “Op. Cit.”. Pág. 212.
91
que contiene el párrafo tercero del artículo 61 de dicha ley, ya que establece
que cualquier excepción, defensa, recurso que el deudor principal o cualquier
tercero con interés legítimo en los bienes en garantía pretenda hacer valer o
interponer contra la ejecución iniciada, deberá plantearse por vía de acción,
recurso o apelación judicial de manera independiente a la ejecución, en la
forma prevista por la ley. Aunado a lo anterior, se debe de tomar en cuenta que
no se establece la supletoriedad de las normas procesales contenidas en el
Código Procesal Civil y Mercantil dentro de la Ley de Garantías Mobiliarias, lo
que a todas luces denota error de los legisladores al momento de la redacción
de este artículo así como de otros que se ha discutido con anterioridad.
Demanda de Inicio de Ejecución de Garantías Mobiliarias
El inicio de una Ejecución de Garantías Mobiliarias se da con la presentación
del escrito de Demanda por medio del cual el acreedor garantizado solicita la
ejecución de la obligación garantizada ante un órgano jurisdiccional con la
competencia para conocer del caso.
Como todo escrito inicial de demanda, en principio, la misma debería llenar los
requisitos establecidos en el artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil,
Decreto Ley 107. Si bien es cierto, la Ley de Garantías Mobiliarias, no
establece tal obligación.
Por otro lado, si el acreedor garantizado llegase a presentar un escrito de
demanda sin contemplar los requisitos establecidos en el artículo indicado en el
párrafo anterior; el ejecutado no posee la facultad de interponer alguna
excepción de demanda defectuosa o similar, toda vez que la Ley de Garantías
Mobiliarias, como más adelante expondré solamente hace alusión a las
excepciones de pago total y de prescripción.
Se debe de tomar en cuenta, que los documentos que se deben de acompañar
a cada escrito inicial de demanda, dependerá de cada caso concreto en
particular, sin embargo, el artículo 58 de la Ley de Garantías Mobiliarias, refiere
92
que el acreedor garantizado presentará al juez competente la demanda de
ejecución, acompañado con el título ejecutivo.
Asimismo, y como se menciono con anterioridad, la falta de inscripción del
formulario por medio del cual se solicita la ejecución de una garantía mobiliaria,
y que la Ley establece que éste debe de inscribirse, no es razón para que el
Juez a cargo del conocimiento de la ejecución, rechace la misma por falta del
referido requisito. Al efecto el juez da un plazo de 48 horas para que se
presente tal inscripción, sin interrumpir el plazo para que se dicte la primera
resolución.
El artículo 63 de la Ley analizada establece que en el escrito inicial de
demanda, el acreedor garantizado podrá designar un perito para realizar la
tasación y valuación de los bienes: “…En el memorial que contenga la
demanda de ejecución de garantía mobiliaria, el acreedor garantizado podrá designar un perito para realizar la tasación o valuación de los bienes. En caso el acreedor no lo designare, lo nombrará el juez quien fijará el
plazo para que se efectúe la tasación. Dicho plazo no podrá exceder de tres
días…” (La negrita es propia).
El objetivo de iniciar una Ejecución de una Garantía Mobiliaria se traduce en
obtener los siguientes posibles escenarios:
1. Venta privada de los bienes dados en garantía
2. Remate en Pública Subasta
3. Adjudicación en Pago
Competencia
Si bien es cierto, la Ley de Garantías Mobiliarias no establece expresamente el
Juez competente para conocer de la Ejecución de las Garantías Mobiliarias, se
debe de tomar en cuenta las reglas de la Competencia, tales como como la
razón del territorio, de la cuantía y materia, así como la prórroga de la
competencia.
93
Al no estar establecido claramente que juez es el que debe de conocer la
ejecución respectiva da la facultad para que el acreedor garantizado pueda
solicitar la ejecución de una garantía mobiliaria ante cualquier juez, y tomando
en cuenta que las únicas excepciones que se pueden platear en una ejecución
de garantía mobiliaria son las de pago total y de prescripción, da la puerta
abierta para que un juez que no sea del ramo civil y mercantil, de trámite a la
ejecución de una garantía mobiliaria.
El ejecutado, ante la imposibilidad jurídica de plantear una excepción de
incompetencia, podrá plantear una incompetencia pero en el ejercicio de una
acción. Aunque debe de tomarse en cuenta, que dicha probabilidad vuelve el
procedimiento de ejecución lento, engorroso y oneroso, a contrario sensu de
los principios que inspiran las Garantías Mobiliarias.
Con la deficiencia de uso de forma supletoria del Código Procesal Civil y
Mercantil, como anteriormente se enunció; se debe tomar en cuenta que la Ley
del Organismo Judicial, Decreto 2-89 del Congreso de la República de
Guatemala, establece que: “Artículo 23. Supletoriedad. Las deficiencias de
otras leyes se suplirán por lo preceptuado en ésta.” Asimismo para el caso
anteriormente planteado se toma en cuenta: “Artículo 116. Declinatoria. Toda
acción judicial deberá entablarse ante el juez que tenga competencia para
conocer de ella; y siempre que de la exposición de los hechos, el juez aprecie
que no la tiene, debe abstenerse conocer y sin más trámite mandará que el
interesado ocurra ante quien corresponda, en cuyo caso, a solicitud del
interesado se remitirán las actuaciones al tribunal o dependencia competente.
Lo anterior no tiene aplicación en los casos en que es admisible la prórroga de
la competencia.”
De la Notificación de la Ejecución y Requerimiento Personal
El artículo 59 de la Ley de Garantías Mobiliarias establece que: “Presentada la
demanda de ejecución de garantía mobiliaria ante juez competente, éste procederá dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a requerir al
deudor garante el pago de la cantidad reclamada. Dicho requerimiento y
94
notificación también podrán efectuarse en forma notarial, a opción del
acreedor garantizado. En caso no fuera posible notificar personalmente al
deudor garante, la notificación y el requerimiento deberán hacerse mediante edicto publicado en el Diario Oficial, y en algún otro medio de comunicación que surtirá efectos a partir del día hábil siguiente de su publicación.” (La negrita es propia).
De la lectura del artículo anterior, claramente brinda dos probabilidades para
realizar la notificación y requerimiento personal:
1. Notificación y Requerimiento Personal que hace el Juez
a. Notificación y Requerimiento Personal mediante actuación
notarial a elección del acreedor garantizado.
2. Notificación y Requerimiento mediante Publicación de Edicto
Para el caso enunciado en el numeral 2, la redacción no obedece a resguardar
el derecho de defensa contenido en el artículo 12 de la Constitución Política de
la República de Guatemala. En cambio, el artículo 66 del Código Procesal Civil
y Mercantil tiende a velar por el cumplimiento del artículo constitucional
anteriormente enunciado, ya que establece: “Artículo 66. Clases de
notificaciones. Toda resolución debe hacerse saber a las partes en la forma
legal y sin ello no quedan obligadas ni se les puede afectar en sus derechos. También se notificará a las otras personas a quienes la resolución
se refiera.
Las notificaciones se harán, según el caso: 1º. Personalmente…” (La negrita es
propia).
Respecto de la publicación de edictos, refiere expresamente que deberá
realizarse uno en el Diario Oficial y otro en algún medio de comunicación. De la
interpretación a ese apartado, genera una confusión respecto de la alocución “y
en algún otro medio de comunicación”, pues no indica de forma expresa que
deba ser una publicación en otro periódico, sino que puede ser a través de otro
medio de comunicación distinto al escrito.
95
De la Oposición del Deudor Garante
De acuerdo al artículo 60 de la Ley en cuestión, el deudor garante tendrá un
plazo de 3 días hábiles para oponerse a la ejecución. El plazo se contará a
partir del día en que fue notificado y requerido de pago.
“Artículo 60. Plazos y audiencias. El deudor garante tendrá un plazo de tres (3)
días hábiles, contado a partir del día en que fue notificado o requerido para
oponerse a la ejecución…”
Ahora bien, la oposición que realice el deudor garante deberá estar
fundamentada, y será admitida si ésta tiene como base en la interposición de
las excepciones de pago total y de prescripción. Así lo indica el artículo
anteriormente citado en su parte conducente:
“Artículo 60… Sólo serán admisibles las excepciones de pago total y de prescripción. En caso de falta de oposición fundada en las excepciones antes
mencionadas, acreedor garantizado podrá proceder de conformidad como se
señala en esta ley al desapoderamiento o sin posesión del bien; o bien podrá
darse por terminado el proceso en forma anticipada de conformidad con lo
establecido en esta ley; y si fuera el caso, proceder al remate.”
La consecuencia directa en este apartado, es que la falta de oposición
fundamentada en las excepciones referidas con anterioridad, da la facultad al
acreedor garantizado de hacer efectivo lo relativo al desapoderamiento del
bien; o como lo indica dar por terminado el proceso de forma anticipada y
proceder al remate si es el caso.
Como se ha referido con anterioridad, la limitación que realizó el legislador
respecto de las excepciones que el deudor garante puede interponer en la
ejecución de una garantía mobiliaria, deviene en la necesidad de estipular un
procedimiento ágil y rápido. Sin embargo, la limitación en cuanto a las
excepciones conlleva el problema de no poder interponer excepciones tales
como la incompetencia, falta de personería, personalidad, entre otras; y que
96
devengan de la buena fe del deudor garante respecto de la Litis, pues se
depuraría el proceso si pudiese plantear tales excepciones.
Por otro lado, se debe hacer constar, que la legislación no indica si el Juez que
conoce de la ejecución de una garantía mobiliaria tiene la facultad de calificar el
título tal y como se realiza en la ejecución en la vía de apremio, ya que como
se ha advertido en el presente estudio y en otras obras, no existe una
disposición transitoria que remita total o parcialmente a la aplicación supletoria
del Código Procesal Civil y Mercantil.
Del Desapoderamiento de la Garantía Mobiliaria
El artículo 61 de la Ley analizada indica:
“Artículo 61. Orden judicial de desapoderamiento. En el caso de garantía mobiliaria sin posesión sobre bienes corporales, transcurrido el plazo
indicado en el artículo anterior, el acreedor garantizado podrá pedir al juez
que libre de inmediato orden de desapoderamiento, que se ejecutará de inmediato, con el auxilio de la fuerza pública.
Los bienes objeto de garantía mobiliaria deberán ser entregados al acreedor
garantizado o a un tercero que éste designe, de conformidad con la orden
judicial…”
Lo señalado por el artículo citado, refiere la orden judicial que con auxilio de la
fuerza pública, el acreedor garantizado solicita al juez que conoce de la
ejecución para solicitar el desapoderamiento de los bienes que fueron dados en
garantía, es decir la entrega de los bienes que constituyen la garantía. Al
efecto, tales bienes tienen que tener la característica de ser bienes muebles
corpóreos y sin posesión; características que debieron de hacerse constar en el
contrato por medio del cual se otorgó como garantía para el cumplimiento de
una obligación los referidos bienes muebles.
El Desapoderamiento de la garantía mobiliaria por orden judicial no es
considerado un traspaso de dominio de los bienes muebles entregados en tal
97
circunstancia. El objetivo de tal solicitud ante el Juez que conoce de la
ejecución respectiva, es que el acreedor garantizado tenga el control de forma
real de los bienes muebles, es decir que pueda aprovecharse de los mismos
hasta que exista una resolución judicial firme en la que decida que se realizara
con los mismos o bien exista un acuerdo entre las partes.
Es importante hacer constar que el artículo anteriormente analizado, hace
referencia a las excepciones, defensas o recursos distintos a las excepciones
permitidas en la ejecución de una garantía mobiliaria. Lo anterior al indicar que:
“Artículo 61…Cualquier excepción, defensa o recurso que el deudor principal o
cualquier tercero con interés legítimo en los bienes en garantía pretenda hacer
valer o interponer contra la ejecución iniciada, deberá plantearse por vía de
acción, recurso o apelación judicial de manera independiente a la ejecución, en
la forma prevista por la ley. Dicha actuación judicial no tendrá efecto
suspensivo ni impedirá el ejercicio de los derechos de ejecución del acreedor
garantizado respecto de los bienes en garantía.”
El dar la facultad de interponer alguna excepción, defensa o recurso de forma
independiente a la ejecución, sin que la misma se suspenda da complejidad a
la forma práctica como se utiliza, toda vez que como lo indican los autores
Ramírez y Figueroa, en su obra citada: “Esta disposición, hace inviable la
interposición de excepciones, nulidades y tercerías, que normalmente para el
caso de las ejecuciones prendarias e hipotecarias, se han tramitado dentro del
mismo proceso o en la vía de los incidentes, pero nunca en proceso
independiente a la ejecución; porque ello conlleva, que se formen dos
expedientes judiciales, que se refieran a un mismo asunto, entre las mismas
partes, conocido eventualmente por jueces diferentes; lo cual consideramos, no
se traduce en agilidad, sino en complejidad; especialmente si tomamos en
cuenta que de conformidad con la Ley de Garantías Mobiliarias, la acción,
recurso o apelación, no suspende la ejecución; lo cual estimamos, pone en
situación crítica, no sólo al deudor garante, sino al propio Juez responsable de
la realización de los bienes dados en garantía, realización que podría
98
consumarse, antes de resolver la excepción, tercería o recurso tramitado en
expediente independiente.”125
Terminación Anticipada
El artículo 62 de la Ley de Garantías Mobiliarias, establece que:
“Artículo 62. Terminación anticipada de la ejecución. La ejecución terminará en
cualquier momento, antes de que el acreedor garantizado disponga de los
bienes en garantía, si el deudor garante u otra persona interesada:
a) Paga el monto total adeudado al acreedor garantizado, así como los gastos
incurridos por el acreedor garantizado en el procedimiento de ejecución,
incluidas las costas legales. Si el pago lo realiza un tercero, el mismo se
subrogará en todos los derechos, acciones y garantías de la obligación, tal y
como se regula en la presente ley;
b) Si la obligación garantizada es pagadera en cuotas, y el contrato de
préstamo o de garantía no contiene cláusula de vencimiento anticipado de
todas las cuotas debidas en caso de incumplimiento, el deudor garante podrá
terminar los procedimientos de ejecución restableciendo el cumplimiento del
contrato de garantía pagando las cantidades adeudadas al acreedor
garantizado, así como los gastos incurridos en el procedimiento de ejecución.”
Este artículo da la posibilidad al deudor garante de poder recuperar los bienes
dados en garantía y que se encuentran en ejecución, situación similar que se
estipula en el artículo 332 del Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley
107 que establece:
“Artículo 322. Rescate de los bienes rematados. El deudor o el dueño de los
bienes rematados, en su caso, tienen derecho de salvarlos de la venta,
mientras no se haya otorgado la escritura traslativa de dominio, pagando
íntegramente el monto de la liquidación aprobada por el juez.”
125 “Ibíd.” Pág. 225
99
Remate de los Bienes dados en Garantía Mobiliaria y Liquidación de la
Obligación Garantizada
El artículo 63 de la Ley de Garantías Mobiliarias, establece las reglas bajo las
cuales se procederá a realizar el remate de los bienes muebles. Los supuestos
son:
a) Si los bienes muebles en garantía se cotizan habitualmente en el mercado o
plaza donde la ejecución se lleva a cabo, podrán ser vendidos directamente por
el acreedor garantizado a un precio acorde con su valor en dicho mercado o
plaza;
b) Si los bienes muebles en garantía son créditos, el acreedor garantizado
tendrá el derecho a cobrarlos o ejecutarlos en contra de los deudores del
crédito, conforme a las disposiciones del Título III de esta ley;
c) Si los bienes muebles en garantía son créditos documentarios o sus
correspondientes derechos de pago, títulos valores, incluyendo acciones y
bonos, el acreedor garantizado podrá ejercer todos los derechos del deudor
garante relacionados con dichos bienes, inherentes a su posesión tales como
los de reivindicación, cobro, voto y percepción de dividendos y otros ingresos
derivados de los mismos.
Ahora bien, la Ley analizada estipula en el artículo 64 lo referente a la
liquidación de la obligación garantizada. Sin embargo dicho artículo no estipula
lo relativo a la liquidación de la obligación y de las costas del proceso, así como
de la formalización del traslado de dominio de los bienes dados en garantía.
Del Remanente del Remate y del Saldo Insoluto
La Ley de Garantías Mobiliarias, establecen que una vez hecho el pago de la
obligación garantizada al acreedor garantizado, se hará el pago de otras
obligaciones garantizadas con la misma garantía mobiliaria; si llegase a existir
un remanente, éste se entregará al deudor garante.
100
Del Saldo Insoluto, y en virtud de la “inaplicabilidad” del artículo 75 de la Ley de
Garantías Mobiliarias; el artículo 881 del Código Civil, Decreto Ley 106 no es
aplicable a las Garantías Mobiliarias, por lo que el deudor garante queda
obligado a responder personalmente con su patrimonio ante el acreedor
garantizado, toda vez que el producto de la venta de la garantía mobiliaria, no
sea suficiente para cubrir el importe de la obligación reclamada.
Del Arbitraje
El artículo 70 de la Ley de Garantías Mobiliarias establece que:
“Artículo 70. Cláusula compromisoria. Las partes pueden incorporar a los
contratos de garantía mobiliaria cláusula compromisoria, en la que se estipule
que en caso de controversia respecto de la interpretación, cumplimiento o
cualquier situación que surja con ocasión del contrato de garantía mobiliaria, la
cuestión se resolverá mediante arbitraje.”
El sometimiento de controversias relativas a Garantías Mobiliarias, según sea
el caso concreto, debe tenerse presente lo establecido en instrumentos
internacionales, tales como: La Convención de New York, la Convención
panameña y la Ley Modelo Uncitral, el Reglamento de arbitraje de la Corte de
Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional entre otros.
CAPÍTULO 6
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las garantías mobiliarias son derechos reales de garantía que han sido
creados con la finalidad de apoyar a un sector económico en especifico, es
decir que las garantías mobiliarias tienden a ser mercantiles, sin embargo no
indica que el uso mercantil excluya que puedan ser utilizados para fines civiles.
En Guatemala, el derecho real de garantía de la Prenda, tuvo incidencia sobre
todo a inicios de los años 90´s, ya que los Bancos que se encontraban en
101
operaciones en esos momentos establecieron dentro de sus políticas crediticias
otorgar créditos menores que tuvieran como un único fin la adquisición de un
vehículo, y como consecuencia la constitución de una garantía prendaria sobre
el vehículo, la cual se inscribía en el Registro General de la Propiedad.
La Ley de Garantías Mobiliarias, Decreto 51-2007 del Congreso de la
República de Guatemala, para muchos vino a llenar un vacío que la Prenda no
podía cubrir, ya que ésta únicamente podría ser utilizada si los bienes muebles
que se pretenden garantizar para el cumplimiento de una obligación son bienes
muebles plenamente identificables, a contrario sensu, que las garantías
mobiliarias pueden constituirse sobre bienes muebles corpóreos o incorpóreos,
con la finalidad de garantizar una obligación.
Una de las soluciones que permitía nuestra legislación antes de la vigencia de
la Ley referida, era que se pudiera identificar o constituir una universalidad de
bienes muebles, para que éstos se convirtieran en uno solo y como
consecuencia de esta constitución se pudiera prendar dicha universalidad. Tal
institución jurídica es la conocida actualmente como la Unidad Económica. Sin
embargo, no todas las personas podían constituir una Unidad Económica, no
porque hubiese una prohibición legal, sino más bien porque existe una serie de
requisitos que se deben de contar para que la Unidad Económica, exista dentro
del ámbito jurídico, que incluye pero no limita la participación y asesoría de un
Notario. Tales requisitos fueron enunciados con anterioridad dentro del
presente estudio.
El diseño de presupuestos de una familia, de una Empresa o de un Estado, son
ejercicios totalmente diferentes, ya que el presupuesto del Estado está
diseñado para “gastar”, mientras que los presupuestos de las Empresas están
diseñados para generar “utilidades”, y el de las familias, para ahorrar.
En el ejemplo anterior, y tomando en cuenta que Guatemala es un país en vías
de desarrollo, el presupuesto familiar no está diseñado para que se “gaste” en
constituciones de ciertas figuras jurídicas ad hoc a una finalidad, sino más bien,
se trata que dentro de un presupuesto familiar, las figuras jurídicas que
102
conlleven más ingresos sean adecuadas al mismo. En otras palabras, la
constitución de una Unidad Económica, para que ésta sea garantizada para la
obtención de un crédito no se encuentra en el presupuesto familiar, menos aún,
en un presupuesto de Empresas, cuya finalidad directa sea generar utilidades
en un marco de ahorro y austeridad.
Ahora bien, la figura de las Garantías Mobiliarias, abre la posibilidad para que
tanto familias como Empresas (pequeños y medianos Empresarios) tengan un
acceso al crédito, pudiendo como consecuencia garantizar sus obligaciones
mediante bienes muebles que no son tradicionalmente objetos de garantía.
El objeto y la finalidad entre Prenda y Garantía Mobiliaria, son a todas luces
similares; que un Estado de Derecho ambas instituciones jurídicas pueden
coexistir, haciendo las diferencias y salvedades del caso; pero si no llegase a
realizarse la tarea investigativa de diferenciar las instituciones jurídicas
señaladas, la coexistencia de ambas instituciones jurídicas solamente traerá
confusiones y errores en su aplicación. Ahora bien, de la pregunta central de la
presente investigación que consiste en si “¿Existe la necesidad de la reforma
del artículo 75 de la Ley de Garantías Mobiliarias?” La respuesta a todas luces
es que sí, y como consecuencia es necesario que exista una reforma de parte
del Congreso de la República de Guatemala a la Ley de Garantías Mobiliarias
en el sentido de derogar expresamente la institución jurídica de la prenda, o
bien indicar las diferencias, situaciones y momentos de aplicación de la misma
para que tanto la prenda como la garantía mobiliaria puedan coexistir.
Asimismo es imperante que se actualice nuestra legislación en el sentido de
incluir ciertas características tales como el Derecho de Retención con la
finalidad de robustecer de certeza y eficacia la contratación de un crédito, tal y
como otros países de economía desarrollada lo hacen en la actualidad. Por lo
anterior se hace referencia que se cumplieron con los objetivos trazados en la
presente investigación.
Al inicio del presente estudio se hizo un breve, claro y concreto análisis
respecto de la aplicación y vigencia de las leyes en el espacio, de la
103
hermenéutica jurídica, de la derogación de las leyes y sobre todo del verdadero
significado del término inaplicabilidad.
En ese orden de ideas, el referir en el artículo 75 de la Ley de Garantías
Mobiliarias, que ciertos artículos tanto del Código Civil, Decreto Ley 106, del
Código de Notariado, del Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107
son inaplicables en virtud de la entrada en vigencia de las Garantías
Mobiliarias, responde claramente a un error en la interpretación jurídica
respecto de la vigencia de una norma. Bien lo indica el jurista Péreznieto Castro al expresar con sus frases: “De poco servirá que el legislador construya
esquemas jurídicos ideales si su normatividad no se aplica... los textos legales
no son el derecho, sino la forma de expresión de este…”126
Es importante que sea discutido el verdadero significado de las palabras que
nuestros legisladores utilizan, toda vez que es imperante hacer las diferencias.
Con lo anterior, es importante hacer constar que el término “derogar” de
acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española, es un “verbo transitivo”,
es decir que el término referido por sí solo muestra la capacidad que poseen
ciertos verbos de hacer recaer la acción en una persona o cosa que es término
o complemento de la acción.
En tanto, el término “inaplicable”, de acuerdo al Diccionario de la Real
Academia Española, es un “adjetivo”, es decir es una parte de la oración o
clase de palabra que complementa a un sustantivo o nombre para calificarlo;
expresa características o propiedades atribuidas a un sustantivo, ya sean
concretas.
Con lo anterior, Los términos “derogar” e “inaplicable” no tiene el mismo
significado, ni gramaticalmente dentro de una oración tienen significados y
funciones idénticas; y por ende no son sinónimos.
126 Péreznieto Castro, Leonel. “Op. Cit.” Pág. 288.
104
La “inaplicabilidad” como institución jurídica no es reconocida en nuestra
legislación, sin embargo la “derogación” se encuentra regulada en el artículo 8
de la Ley del Organismo Judicial, e indica, entre otras cosas, que las leyes
dejan de tener efecto o validez de aplicación de forma expresa o tácita.
Al referir la prenda como inaplicable la misma, ¿ésta tiene vigencia dentro de
nuestra normativa legal? Sí pues no existe una derogación expresa de la
misma. Ahora bien, al indicar el artículo 3 de la Ley de Garantías Mobiliarias,
que las Garantías Mobiliarias comprenderán entre otros cualquier otra garantía
mueble contemplada en la legislación con anterioridad a la presente ley, ¿El
derecho real de garantía de la Prenda, se encuentra vigente? No, pues la
misma es derogada tácitamente por la entrada en vigencia de las Garantías
Mobiliarias.
Los legisladores, no solo confundieron, a criterio del autor las instituciones
jurídicas de la Prenda y la Garantía Mobiliaria, sino confundieron la utilización
de ciertos términos en especial como el de “inaplicabilidad” y de ahí que es
necesario la reforma del artículo 75 de la Ley de Garantías Mobiliarias, en lo
relativo a la Prenda.
Tal es el caso, que el Registro General de la Propiedad, publico un criterio
registral para el caso del registro e inscripción de Prenda de vehículos
motorizados, toda vez que no existía claridad en cuanto al lugar de inscripción
del derecho real de garantía de la prenda.
Por lo anteriormente expuesto, es menester hacer un cuadro comparativo de
ambas instituciones jurídicas (Prenda y Garantía Mobiliaria), y por la notable
distinción que realizan los autores Ramírez y Figueroa, se considera oportuno
transcribir en lo conducente tal cuadro comparativo para hacer constar las
diferencias que allí se enuncian:
Figura Bienes sobre los
que recae
Traslado de
Dominio
Registro
105
Prenda Muebles No Si, el de la
Propiedad como
gravamen
indispensable
para publicidad
frente a terceros y
poder ejecutar.
Garantía
Mobiliaria
Muebles
(ampliamente
definidos)
No Sí, el de
Garantías
Mobiliarias, como
gravamen,
atendiendo a su
hubo
desposeimiento
del bien dado en
garantía de
manos del
deudor127
Ahora bien, en el siguiente cuadro y en base a las unidades de análisis del
Código Civil, Decreto Ley 106 y la Ley de Garantías Mobiliarias, Decreto 51-
2007 del Congreso de la República de Guatemala, se muestra una
comparación en cuanto a la Prenda y las Garantías Mobiliarias
respectivamente, en su definición, los bienes sobre los cuales recaen y la
finalidad que ambas instituciones poseen; en contraposición la Ley del
Organismo Judicial, que en virtud del artículo 8 de dicho cuerpo legal establece
las contradicciones que se tiene al efecto:
Código Civil
Ley de
Garantías Mobiliarias
Ley del Organismo Judicial
Artículo 880. Concepto Artículo 3. Artículo 8:
127 Ramírez Gaitán, Daniel Ubaldo y Claudia Lavinia Figueroa Perdomo. “Op. Cit.” Pág. 28
106
Concepto de
garantía
mobiliaria.
Derogatoria de Leyes.
La prenda es un derecho real que grava
bienes muebles para garantizar el
cumplimiento de una obligación.
La garantía
mobiliaria es el
derecho real de
garantía
constituido por
el deudor
garante a favor
del acreedor
garantizado,
para garantizar
el cumplimiento
de una o varias
obligaciones
del deudor
principal o de
un tercero.
b) Parcialmente, por
incompatibilidad de
disposiciones
contenidas en las
leyes nuevas con las
precedentes;
Artículo 451. Bienes Muebles.
Artículo 3.
Concepto de
garantía
mobiliaria.
Artículo 8:
Derogatoria de Leyes.
Son bienes muebles:
a) Sobre
bienes
muebles
corporales,
incorporales o
derivados;
b) Parcialmente, por
incompatibilidad de
disposiciones
contenidas en las
leyes nuevas con las
precedentes;
107
1°. Los bienes que pueden trasladarse de
un lugar a otro, sin menoscabo de ellos
mismos ni del inmueble donde estén
colocados;
b) Sobre
bienes
inmuebles por
incorporación o
destino; o,
2°. Las construcciones en terreno ajeno,
hechas para un fin temporal;
c) Sobre los
derechos que
recaen en los
mismos.
3°. Las fuerzas naturales susceptibles de
apropiación;
4°. Las acciones o cuotas y obligaciones
de las sociedades accionadas, aun cuando
estén constituidas para adquirir inmuebles,
o para la edificación u otro comercio sobre
esta clase de bienes;
5°. Los derechos de crédito referentes a
muebles, dinero o servicios personales, y
108
6°. Los derechos de autor o inventor
comprendidos en la propiedad literaria,
artística e industrial.
Artículo 880. Concepto
Artículo 3.
Concepto de
garantía
mobiliaria.
Artículo 8:
Derogatoria de Leyes.
La prenda es un derecho real que grava
bienes muebles para garantizar el
cumplimiento de una obligación.
El concepto de
garantía
mobiliaria
comprenderá,
además,
aquellos
contratos,
pactos o
cláusulas
comúnmente
utilizados para
garantizar
obligaciones
respecto de
bienes
muebles, tales
como la venta
con reserva de
dominio, los
fideicomisos en
garantía, la
prenda flotante
de
establecimiento
c) Totalmente, porque
la nueva ley regule,
por completo, la
materia considerada
por la ley anterior;..”
109
comercial o de
fondo de
comercio, el
descuento de
créditos o
cuentas por
cobrar en los
libros del
acreedor, el
arrendamiento
financiero y cualquier otra garantía mueble
contemplada en la legislación con anterioridad a la presente ley
Por otra parte, es importante hacer referencia al procedimiento de ejecución de
las garantías mobiliarias, en comparación con las ejecuciones de los créditos
prendarios los cuales se realizan en el procedimiento ejecutivo en la vía de
apremio.
El espíritu de la Ley de Garantías Mobiliarias, es que la ejecución de las
mismas sea ágil, rápida y sobre todo sencilla; sin embargo en la práctica a
juicio del autor del presente estudio, la mala adaptación de algunos artículos de
la Ley Modelo Interamericana de Garantías Mobiliarias de la Organización de
los Estados Americanos, que posee una estructura lógica y concatenada, hace
que la ejecución de las garantías mobiliarias sea difícil de ser interpretada.
110
Tal y como se mencionó en su oportunidad, el lugar en el que se encuentra
dentro de la Ley de Garantías Mobiliarias lo relativo a la supletoriedad de las
normas, hace que exista una deficiencia en la ley, ya que el artículo 8 de la Ley
indicada refiere que en lo no dispuesto en la ley se estará a lo establecido en la
legislación mercantil y civil, empero no hace relación en materia procesal.
Lo anterior conlleva, que como se indicó, por ejemplo al no referir el Juzgado
que deberá conocer el proceso de ejecución de garantías mobiliarias se deja la
puerta abierta para que el acreedor garantizado plantee la ejecución por
ejemplo ante un juez laboral o penal, y en virtud de que las únicas excepciones
permitidas dentro del proceso como bien indica la Ley analizada, son aquellas
que se fundamenten en el pago total o la prescripción, pero nada indica acerca
del caso anteriormente referido, el cual pudiese complementarse con la norma
procesal civil y mercantil, facultando al deudor garante a interponer una
excepción de incompetencia; entre otras deficiencias que se desarrollaron a lo
largo del presente estudio.
Es de tomar en cuenta, que la Ley de Garantías Mobiliarias no específica ni
hace constar un procedimiento por medio del cual se haga el traslado de
dominio en virtud de una ejecución judicial. Tal vacío legal podría
complementarse al poder utilizar de forma supletoria las normas procesales
contenidas en el Código Procesal Civil y Mercantil, ya que en éste se establece
lo relativo a la escrituración del traslado de dominio de los bienes muebles que
fueron objeto de la ejecución.
Asimismo, la referida Ley de Garantías Mobiliarias de igual forma permite que
la Ejecución de las mismas sea a través de un acuerdo de voluntades entre las
partes por medio de la cual, se pacta un procedimiento especifico que se debe
de cumplir para que se dé la ejecución respectiva; teniendo como límites los
derechos constitucionales de las partes. Si bien es cierto, constituye un
adelanto en materia de respetar la autonomía de la voluntad, el no establecer
lineamientos básicos para que se realice el procedimiento conlleva que en
cualquier momento se tenga la asistencia judicial, se adecuen procedimientos
111
de ejecución como el estipulado en la Ley General de Almacenes de Depósito,
o bien que se adecue un procedimiento arbitral.
Por lo anterior, es importante que se tome nota del procedimiento actual en la
vía de apremio, en el caso de la ejecución de los créditos prendarios
ESQUEMA DE EJECUCIÓN EN LA VÍA DE APREMIO
CALIFICACIÓN DEL TÍTULO Y MANDAMIENTO. El juez califica el título y si lo considerase suficiente, despachará el mandamiento de ejecución, ordenando el requerimiento y embargo de bienes. No será necesario el requerimiento ni el embargo, si la obligación estuviere garantizada con prenda o hipoteca. 297 CPCYM
DEMANDA Debe cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 61, 106, 107 CPCYM
ACTITUD DEL DEMANDADO En esta clase se juicio la oposición del ejecutado únicamente puede fundamentarse en excepciones que destruyan la eficacia del título, se fundamenten en prueba documental y se interpongan dentro de tercero día de ser requerido o notificado. Las excepciones se tramitan por la vía de los incidentes.296 CPCYM, 135-140 LOJ.
TASACIÓN Posteriormente al embargo, se procede a la tasación, salvo que las partes se pongan de acuerdo en el precio. Cuando fueren bienes inmuebles, puede servir de base para el remate, el monto de la deuda o el valor de la matrícula fiscal, a elección del acreedor, 312 CPCYM.
ORDEN DE REMATE Hecha la tasación o fijada la base del remate, se ordena la venta en pública subasta, anunciándose tres veces, por lo menos, en el Diario Oficial y en otro de mayor circulación. Los postores depositarán el 10%, para participar en la subasta. 313 CPCYM
REMATE El día y hora señalados para el remate, se declara fincado en el mejor postor o al ejecutante a falta de postores. El término para el remate será no menor de 15 días ni mayor de 30 días. 313 CPCYM.
LIQUIDACIÓN Practicado el remate, se hace liquidación de la deuda con intereses y costas librando orden a cargo del subastador. 319 CPCYM.
ESCRITURACIÓN Llenados los requisitos, el juez señala 3 días al ejecutado para que otorgue la escritura traslativa de dominio y en caso de rebeldía el juez la otorga de oficio. Previo a la escrituración, el deudor o dueño aún puede rescatar los bienes de la venta. En la escritura se transcriben el acta de remate y el auto que apruebe la liquidación. 324 CPCYM.
112
ENTREGA DE BIENES Otorgada la escritura, el juez procede a dar posesión de los bienes al adjudicatario, fijando un plazo no mayor de 10 días, bajo apercibimiento de decretar el lanzamiento o el secuestro, a su costa. 325 CPCYM
RECURSOS Solamente podrá deducirse apelación contra el auto que no admita la vía de apremio y contra el que apruebe la liquidación. 325 CPCYM
113
En tanto la Ejecución Judicial de las Garantías Mobiliarias tiene el siguiente
esquema:
Remate
Liquidación de la Obl igación Garanti zada
EJECUCIÓN JUDICIAL DE LAS GARANTÍAS MOBILIARIAS
En caso no se noti fica nirequiera de forma personal sedeberá publicar un Edicto enel Diario Oficial y en otromed io de comunicación quesurtirá los efectos al día hábilsiguiente.
Se otorga plazo de 3 días hábiles, a partir deser notificado, para que el deudor garantehaga u so de la oposición, sólo podrainterponer excepciones de pago total yprescripción
El acreedor garantizado podrá solicitar laOrden Judicial de Desapoderamiento
Terminación Anticipada
Cualquier excepcion, defensao recurso que el deudorprincipal o tercero con interéspretenda hacer valer seplanteará por vía de acción,recurso o apelación judicialde forma independiente
Inscripcion de Ejecución en el Registro deGarantías Mobiliarias
Registro de Garantías Mobil iarias harápúblico el hecho de la ejecución
Notificación del acreedor al deudor garante,deudor principal, persona que tenga posesiónde los bienes muebles o depositario yacreedores que tengan inscripcion registral
Interposición de la Demanda por parte delacreedor garantizado acompañando el títuloejecutivo
Juez da plazo de 48 horaspara inscribir el hecho de laEjecución en Registro deGarantías Mobiliar ias
Se notifica y se realiza el requerimiento depago dentro de las 24 horas siguientes aldeudor garante. La notificacion yrequerimiento podrá real izarse de formanotaria l
114
Con el objeto de conocer acerca de la opinión de profesionales del derecho de
la necesidad de la reforma del artículo 75 de la Ley de Garantías Mobiliarias,
así como establecer el conocimiento actual de la Ejecución de las Garantías
Mobiliarias, se realizó una entrevista a estos para dilucidar la necesidad que se
plantea y establecer el conocimiento y alcances que se tienen al momento de
Ejecutar una Garantía Mobiliaria. Así se se cumple con el objetivo del trabajo
de tesis de realizar un análisis exhaustivo en el tema que nos acata.
Del Análisis y Discusión de Resultados (Entrevistas):
Pregunta 1:
¿Conoce las formas de dejar sin efecto una ley o una norma en nuestro
sistema jurídico nacional y puede indicar las formas que conoce para dejar sin
efecto sin una ley? SI_____ NO_____.
El objetivo de realizar esta pregunta es determinar básicamente si la
inaplicabilidad de una norma, es para algunos profesionales del derecho una
forma de dejar sin efecto una ley. Asimismo establecer la opinión que cada
profesional tiene acerca del artículo 8 de la Ley del Organismo Judicial. Al
efecto todos los entrevistados indicaron que sí conocen las formas en que se
deja sin efecto una ley e hicieron referencia a la derogación expresa o tácita
como un medio de dejar sin efecto una ley, y se hizo relación al artículo 8 de la
Ley del Organismo Judicial.
Importante hacer constar, que no se hizo mención al termino “inaplicabilidad”
por parte de ningún entrevistado.
Pregunta 2:
¿Qué supone la Derogación?
La pregunta anterior, está enfocada a que el profesional del derecho con sus
propias palabras pueda expresar lo que para éste significa el término
“Derogación” y las consecuencias jurídicas que implica el mismo. Los
115
entrevistados indicaron en su mayoría que el término “Derogación” supone
dejar sin efecto una ley.
Pregunta 3:
¿Qué entiende por inaplicabilidad de una norma?
Ésta pregunta tiene una finalidad directa e importante dentro de la entrevista
que se realizó a cada profesional del derecho, y es que fue de suma
importancia lo que para cada profesional supone el término “inaplicabilidad”. La
mayoría de entrevistados, hicieron relación que la inaplicabilidad es una
consecuencia de la derogación de una norma jurídica.
Pregunta 4:
¿Considera usted, que hay diferencia entre la Inaplicabilidad y la Derogación
de una norma, indicando la misma?
El objetivo de ésta pregunta está directamente relacionada con la respuesta
que se dio por parte del entrevistado en la pregunta anterior. La mayoría de
entrevistados hicieron referencia que la inaplicabilidad de una norma jurídica se
establece como una consecuencia directa de la derogación de una norma de
acuerdo a la ley.
Pregunta 5:
¿Considera que la prenda es utilizada en la actualidad?
116
Ésta pregunta tuvo como finalidad establecer los criterios doctrinales respecto
de la prenda; pues para algunos autores la prenda es una institución jurídica
que se encuentra en desuso. Los entrevistados hicieron constar que la Prenda
es poca utilizada.
Pregunta 6
Si su respuesta anterior es afirmativa, ¿puede indicar en qué casos es utilizada
la Prenda?
El objetivo de ésta pregunta era determinar en qué casos la institución jurídica
de la prenda era más utilizada. Al efecto se indicó que generalmente es
utilizada cuando el bien mueble que se da en garantía es un vehículo
motorizado. Asimismo, uno de los entrevistados refirió que utilizaba la
institución jurídica de la prenda luego de que se constituyera una Unidad
Económica, para que con ésta universalidad de bienes muebles se pudiera
tener un acceso al crédito de una forma más rápida y eficiente.
Pregunta 7:
¿Qué entiende por Garantías Mobiliarias?
Ésta pregunta era importante para el desarrollo de la entrevista, pues era
necesario contar con la opinión de los profesionales del derecho entrevistados,
en el sentido de poder establecer si el término de las Garantías Mobiliarias era
asimilado de forma correcta y atendiendo al espíritu de lo que fue creado. Los
entrevistados, no hicieron una distinción crucial entre Prenda y Garantía
Mobiliaria, más que ésta última tendía a lo mercantil.
117
Pregunta 8:
¿Entre la prenda y la garantía mobiliaria, cuál considera usted beneficia más a
la pequeña y mediana empresa?
La finalidad de ésta pregunta era clarificar si los entrevistados entendían el
espíritu con lo cual se crearon las garantías mobiliarias. Al efecto, como se
estableció en las respuestas anteriores, la respuesta fue afirmativa pero dado
que para los entrevistados la Garantía Mobiliaria tiende más ser una institución
jurídica de ámbito de aplicación mercantil, más que al beneficio que puedan
tener la pequeña y mediana empresa.
Pregunta 9:
¿Considera necesario, la vigencia de la prenda en el sistema jurídico nacional?
SI______ NO______ Explique en qué casos.
La anterior, consistía en parte medular de la entrevista y con esto determinar si
para los entrevistados la Garantía Mobiliaria sustituyo a la Prenda. Los
entrevistados, no pudieron establecer de forma certera la necesidad de la
vigencia de la prenda, respondiendo en algunos casos “si” y en otros “no”; sin
embargo coincidieron que de una u otra forma, las instituciones jurídicas de la
Prenda y Garantía Mobiliaria son similares en cuanto a la finalidad con las que
se constituyen.
Pregunta 10:
¿Considera correcta la forma, en que se dejo sin efecto la prenda, a través de
su inaplicabilidad, como lo indica el artículo 75 de la Ley de Garantías
Mobiliarias?
118
La pregunta anterior, tenía como objeto que el entrevistado hiciera un análisis
de las respuestas brindadas en especial acerca de la inaplicabilidad,
derogación, prenda y garantía mobiliaria. Como consecuencia de lo anterior,
los entrevistados coincidieron en su mayoría en que la forma en que se dejo sin
efecto la prenda no fue la correcta de acuerdo a la ley.
Pregunta 11:
¿Cuáles son las formas de Ejecución de las Garantías Mobiliarias?
El objetivo de ésta pregunta era determinar si los entrevistados tenían un
conocimiento exacto de las formas en que la Ley de Garantías Mobiliarias
prevé la ejecución de las mismas. Los entrevistados tuvieron un conocimiento
claro y concreto de las dos formas que establece la ley para la ejecución de las
garantías mobiliarias.
Pregunta 12:
En su opinión, ¿cual recomienda de forma más continua a sus clientes?
Atendiendo a los procedimientos de ejecución de las Garantías Mobiliarias, el
objetivo de ésta pregunta era determinar si los entrevistados recomendaban y
planteaban a sus clientes nuevas formas y procedimientos para ejecutar la
garantía mobiliaria en caso hubiere incumplimiento. La mayoría de
entrevistados recomendaban el arbitraje como un medio para la solución de los
conflictos que surgían en el contrato pactado entre las partes. Sin embargo
algunos entrevistados si han diseñado un procedimiento para la ejecución de
las garantías mobiliarias y lo han recomendado a sus clientes.
Pregunta 13:
119
¿Qué características de seguridad jurídica debe cubrir al momento de pactar
una ejecución voluntaria de las garantías mobiliarias?
Ésta pregunta estaba enfocada en aquellos entrevistados que sugirieran a sus
clientes un procedimiento voluntario para la ejecución de las garantías
mobiliarias. En ese orden de ideas, los entrevistados que dieron lugar a esta
pregunta, indicaron de forma expresa y clara que para el pacto de un
procedimiento de ejecución voluntaria los únicos limitantes eran los derechos
constitucionales de la otra parte.
Pregunta 14:
¿En la ejecución voluntaria de las garantías mobiliarias puede haber
intervención judicial?
La finalidad de ésta pregunta era determinar si para los entrevistados que
dieran lugar a esta respuesta, el procedimiento voluntario en cualquier
momento pudiera ser judicial, dado las limitaciones de ciertas actuaciones,
tales como el embargo de bienes, secuestro o intervenciones. Como
consecuencia, de lo anterior, los entrevistados concluyeron que de una u otra
forma, siempre un proceso voluntario de ejecución de las garantías mobiliarias,
habría una intervención judicial.
Pregunta 15:
Si su respuesta anterior es afirmativa, ¿qué utilidad considera usted, posee
pactar una ejecución voluntaria de las garantías mobiliarias?
La pregunta tuvo como finalidad establecer si el proceso de ejecución
voluntaria de las garantías mobiliarias, es eficiente y eficaz en la práctica. Por
120
lo anterior, los entrevistados que dieron lugar a que se realizará ésta pregunta,
indicaron que existe un acortamiento de plazos en la ejecución así como
menos posibilidad de que exista una corrupción.
Con las entrevistas realizadas, existió un claro indicativo respecto de poder
determinar el entendimiento jurídico y práctico a términos e instituciones
jurídicas tales como “derogación”, “inaplicabilidad”, “prenda”, “garantía
mobiliaria”; asimismo poder determinar la finalidad práctica de la ejecución
voluntaria de las garantías mobiliarias. Con lo anterior, pudimos aseverar la
necesidad de que existan cambios a la Ley de Garantías Mobiliarias en cuanto
a la aplicabilidad o inaplicabilidad de la prenda.
CONCLUSIONES
1. La correcta interpretación de una norma es el verdadero entendimiento
que la persona realiza de la misma, logrando que ésta se aplique en un
caso concreto o bien general.
2. El derecho, en su concepción más general, consiste en la correcta
interpretación que se da a una norma, cuando una persona una vez de
interpretada la norma jurídica, ésta se aplica.
3. Las normas jurídicas que se plasman en Decretos, Acuerdos
Gubernativos, Decretos Leyes, etcétera, no son el derecho, sino el
derecho consiste en la más amplia expresión e interpretación que se le
da a las normas jurídicas.
4. Toda persona tiene como derecho aplicable a toda norma que se
encuentre vigente, y tomando en cuenta que el ordenamiento jurídico es
la conceptualización del derecho vigente; la derogación o abrogación de
una norma, a contrario sensu, se convierte en un derecho que no es
121
aplicable y por ende deja de ser interpretado y aplicado para un caso
concreto que se dé en la actualidad.
5. La “inaplicabilidad” como institución jurídica no es reconocida en nuestra
legislación, sin embargo la “derogación” se encuentra regulada en la Ley
del Organismo Judicial, e indica que las leyes dejan de tener efecto o
validez de aplicación de forma expresa o tácita.
6. El referir en el artículo 75 de la Ley de Garantías Mobiliarias, que ciertos
artículos tanto del Código Civil, Decreto Ley 106, del Código de
Notariado, del Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107 son
inaplicables en virtud de la entrada en vigencia de las Garantías
Mobiliarias, responde claramente a un error en la interpretación jurídica
respecto de la vigencia de una norma.
7. Los legisladores, al momento de redactar la Ley de Garantías
Mobiliarias, no solo confundieron las instituciones jurídicas de la Prenda
y la Garantía Mobiliaria, sino confundieron la utilización de ciertos
términos en especial como el de “inaplicabilidad”.
8. En la correcta aplicación del derecho y la interpretación del mismo, se
entiende, que la inaplicabilidad o la no aplicabilidad de una norma en el
derecho guatemalteco esta subyacente a la derogatoria o abrogación de
una norma.
9. La inaplicabilidad o ineficacia de una norma, en nuestro sistema jurídico
sólo se da por la acción de derogar o abrogar que hace el legislador en
primera instancia, a lo cual es imperante que para que exista una
ineficacia de una norma se dé una derogatoria o abrogación de la
misma.
10. Los términos “derogar” e “inaplicable” no tienen el mismo significado, ni
gramaticalmente dentro de una oración tienen significados y funciones
idénticas; y por ende no son sinónimos
122
11. La Prenda y las Garantías Mobiliarias, ambas son derechos reales de
garantía cuya finalidad es garantizar el cumplimiento de una obligación
que recae sobre bienes muebles.
12. La Prenda, como un derecho real de garantía recae y se constituye
sobre bienes muebles que sean plenamente identificables.
13. La Garantía Mobiliaria como un derecho real de garantía recae y se
constituye sobre bienes muebles.
14. El artículo 3 de la Ley de Garantías Mobiliarias, establece que las
Garantías Mobiliarias comprenderán entre otros cualquier otra garantía
sobre bienes muebles, contemplada en la legislación con anterioridad a
la presente ley, y como consecuencia de lo anterior existe una
derogación tácita del derecho real de garantía de la Prenda.
15. De igual forma, el mencionado artículo de la Ley de Garantías
Mobiliarias se contradice con el artículo 75 de la misma, toda vez que al
no derogar la institución de la prenda, dicha institución se encuentra
vigente.
16. Pareciera que los legisladores redactaron la ley de forma separada y sin
orden lógico, pues algunos artículos tienen como espíritu la unificación
de los derechos reales de garantía sobre bienes muebles en una sola
institución jurídica como la Garantía Mobiliaria, mientras otros artículos
dan la impresión que las instituciones de la Prenda y la Garantía
Mobiliaria coexisten en un mismo ámbito de aplicación pero con un
objetivo y finalidad distinta.
17. Que el Derecho de Retención que no fue incluido en la Ley Modelo
Interamericana sobre Garantías Mobiliarias y como consecuencia no
incluido en la Ley de Garantías Mobiliarias, Decreto 51-2007 del
Congreso de la República, conlleva que los créditos no posean la
123
característica de seguridad y eficacia respecto de la garantía a favor del
acreedor.
18. La notificación que refiere el artículo 58 de la Ley de Garantías
Mobiliarias, en cuanto a la obligación del acreedor garantizado es
totalmente diferente a los efectos materiales del emplazamiento que
indica el artículo 112 del Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley
107.
19. Es incomparable un efecto material de una notificación de una demanda
realizada de forma legal, con los requisitos y características que al
efecto se requieren, por un juzgado reconocido, en virtud de la
aplicación de las normas contenidas en el Código Procesal Civil y
Mercantil; con la notificación realizada por el acreedor garantizado que
se indica en el artículo 58 de la Ley de Garantías Mobiliarias.
20. Si el acreedor garantizado llegase a presentar un escrito de demanda sin
contemplar los requisitos establecidos en el artículo 61 del Código
Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107; el ejecutado no posee la
facultad de interponer alguna excepción de demanda defectuosa o
similar, toda vez que la Ley de Garantías Mobiliarias, solamente hace
alusión a las excepciones de pago total y de prescripción.
21. Al no estar establecido claramente que juez es el que debe de conocer
la ejecución respectiva da la facultad para que el acreedor garantizado
pueda solicitar la ejecución de una garantía mobiliaria ante cualquier
juez.
22. La legislación no indica si el Juez que conoce de la ejecución de una
garantía mobiliaria tiene la facultad de calificar el título tal y como se
realiza en la ejecución en la vía de apremio, regulada en el Código
Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107, ya que no existe una
disposición transitoria que remita total o parcialmente a la aplicación
supletoria del Código Procesal Civil y Mercantil.
124
23. El lugar en el que se encuentra dentro de la Ley de Garantías Mobiliarias
lo relativo a la supletoriedad de las normas, hace que exista una
deficiencia en la ley, ya que el artículo 8 de la Ley indicada refiere que
en lo no dispuesto en la ley se estará a lo establecido en la legislación
mercantil y civil, empero no hace relación en materia procesal.
24. La Ley de Garantías Mobiliarias no especifica ni hace constar un
procedimiento por medio del cual se haga el traslado de dominio en
virtud de una ejecución judicial. Tal vacío legal podría complementarse
al poder utilizar de forma supletoria las normas procesales contenidas en
el Código Procesal Civil y Mercantil, ya que en éste se establece lo
relativo a la escrituración del traslado de dominio de los bienes muebles
que fueron objeto de la ejecución.
RECOMENDACIONES
1. Que el Congreso de la República de Guatemala reforme el artículo 75 de
la Ley de Garantías Mobiliarias, en el sentido de plasmar la existencia y
vigencia del derecho real de garantía de la “Prenda”, y hacer las
distinciones y finalidad de ambas instituciones, si ese fuera el caso.
2. Que el Congreso de la República de Guatemala reforme la Ley de
Garantías Mobiliarias, en el sentido de derogar expresamente la
institución jurídica de la “Prenda”, toda vez se encuentran en vigencia las
“Garantías Mobiliarias”, y así cumplir con la finalidad de unificar en un
solo cuerpo legal, todo lo relativo a los derechos reales de garantía
constituido sobre bienes muebles.
3. Que el Congreso de la República de Guatemala, en virtud de una
reforma de la Ley de Garantías Mobiliarias, establezca los requisitos
mínimos que debe constar en el procedimiento de ejecución voluntaria
de las Garantías Mobiliarias.
125
4. Que el Congreso de la República de Guatemala, reforme la Ley de
Garantías Mobiliarias en el sentido de incluir la supletoriedad de las
normas procesales contenidas en el Código Procesal Civil y Mercantil
en cuanto al procedimiento de ejecución judicial de las Garantías
Mobiliarias.
5. Que el Congreso de la República de Guatemala, incluya en la Ley de
Garantías Mobiliarias, el Derecho de Retención que refiere la Guía
legislativa sobre las operaciones garantizadas elaborada por la Comisión
de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional
(CNUDMI).
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