ponencia participacion ciudadana y cuestiones ambientales

8/19/2019 Ponencia Participacion Ciudadana y Cuestiones Ambientales

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Participación política/ciudadana: marco conceptual, evidencia empírica y orientaciones

Patricia Mariel Sorribas

CIPSI/CONICET y Fac. C. Política y RRII/UCC.

PP y participación ciudadana

PUNTO DE PARTIDA: van Deth (1986) el repertorio no se restringe sólo a aquellas acciones

específicamente dirigidas hacia los gobernantes, ya que éstos no tienen el monopolio de la creación y

posicionamiento de los valores en la sociedad.

“la participación política incluye aquellos tipos de comportamientos que permiten a los

ciudadanos tomar parte en los procesos de creación y posicionamiento de valores para la

sociedad” (…) “es el vínculo entre las necesidades y los intereses de los individuos, y los

procesos de creación y posicionamiento de valores sociales” (van Det h, 1986:262).


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PARTICIPACION POLITICA

“la acción individual o colectiva a nivel nacional o local que apoya o se opone a las estructuras, autoridades y/o

decisiones relacionadas con la distribución o asignación de los bienes públicos” ( Conge, 1988:247).

“el comportamiento que influye o intenta influir la distribución de los bienes públicos” (Booth y Seligson

(1978)… consideran parte del repertorio tanto a las huelgas como a las “actividades desarrolladas en el barrio

o la comunidad para proveer servicios públicos que el gobierno no puede proporcionar o no

suministrará (por ej.: mejorar calles o rutas en zonas rurales)”.

El término “bienes públicos” es comúnmente utilizado para referirse a carreteras, escuelas, centros de salud y otros

servicios prestados por los gobiernos y suministrados, más o menos abiertamente a todos los miembros de la

sociedad.


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PARTICIPACION POLITICA

Las actividades de participación política son “... las dimensiones de la actividad que están diseñadas para influir

directamente en las agencias gubernamentales y los procesos políticos, o indirectamente para impactar en la

sociedad civil, o que tratan de alterar los patrones sistemáticos de comportamiento social ”. Tal

definición incluye en su repertorio a “las protestas políticas ilegales, las actividades implementadas por organizaciones y

redes de organizaciones, y aquellas que intentan influenciar a otros actores distintos de los representantes elegidos”

(Milner, 2010:19).

Dimensionalidad de la PP en Córdoba: un repertorio partidario-electoral ; un repertorio de contacto

con organizaciones y referentes políticos; acciones más directas y con mayor nivel de violencia y

por sus objetivos constituyen acciones reivindicativas principalmente en el plano laboral – organizacional; acciones de

apoyo o rechazo a proyectos de leyes del Poder Legislativo (Escala de Participación Política de Sorribas, 2011)

NO PP ciudadana


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LA PARTICIPACION CIUDADANA

En lugar de un descenso absoluto de la acción política (participación electoral), el cambio en las normas ciudadanas está

contribuyendo a un cambio en las formas en que los estadounidenses participan en política” (Dalton, 2006:9).

La naturaleza política de este repertorio queda reafirmada por la respuesta que le ofrecen las

instituciones del Estado, aceptando y hasta promoviendo estas nuevas formas de acceso de los

ciudadanos (Cain, Dalton & Scarrow, 2003).

Así los Informes de Impacto Ambiental (EIR) y otras audiencias consultivas se van convirtiendo en una

parte regular de la formulación de políticas estadounidenses, lo que requiere que los gobiernos proporcionen nuevos

medios para la participación ciudadana, y que la gente utilice estos nuevos canales de influencia.

Participación ciudadana y “extensión de la ciudadanía” . En los últimos años, en Sudamérica, el concepto de

participación ciudadana ha sido apropiado y estimulado desde el propio Estado, constituyéndose en un indicador clave del desempeño

democrático.


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No sólo el resultado de la participación, sino la experiencia de la participación como tal es muy importantepara apoyar la vitalidad del sistema democrático (Imbrasaitė, 2009).

Participación ciudadana y Prácticas institucionalizadas: el activismo en el gobierno local (como asistir a

reuniones del gobierno para presentar proyectos y pedir servicios).

Otras formas de institucionalidad : el activismo organizacional (por ejemplo en asociaciones de padres y

docentes), la participación en proyectos comunales (verbigracia el involucramiento activo en proyectos de la

comunidad), y la participación desde el lugar de trabajo.

Participación ciudadana y actividades cívicas como el voluntariado y el compromiso social ” (van

Deth, 2001:6).


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La participación ciudadana o cívica se establece en función del objetivo de las acciones y es aquella forma de

participación que vincula a las personas específicamente con las políticas públicas

y puede adoptar

cuatro (Velásquez y Martínez, 2004):

(1) la toma de decisiones y control social de compromisos públicos;

(2) asociada a la gestión pública;

(3) uso activo de beneficios sociales y

(4) participación como proceso de fortalecimiento del capital social de la comunidad.

Con estas cuatro formas se conforman 2 ejes:

(1) asociado al grado de influencia que pueden llegar a tener o a utilizar las personas, que fluctúa desde la

mera utilización de la oferta pública a la participación en la toma de decisiones y,

(2) referido al grado de apropiación de la participación, que va desde la simple satisfacción de

necesidades a la acumulación de capital social (Servicio Nacional de la Mujer, 1999).


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EVIDENCIA EMPÍRICA: Datos basados en muestra representativa de 2010.

Se identificó una modalidad que implica una ejecución y una orientación individual —es decir un beneficio directo

personal— pero que sí puede calificarse como político, ya que se trata de adquirir un mayor conocimiento

relativo a los asuntos públicos (JPV) y al sistema partidario (mítines y a reuniones de equipos técnicos), el

cual puede redundar en una mayor sofisticación política (Lawrence, 2007) que podría impactar en involucramientos

futuros y en la percepción de mayor eficacia atribuida a las acciones ejecutadas.

Correspondiente al ámbito provincial , la ciudadanía se involucró en actividades en torno a la Ley de Bosques,

más precisamente con relación a la propuesta de ley elaborada por la Comisión de Ordenamiento

Territorial del Bosque Nativo (COTBN), en cumplimiento de la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos para Protección del

Bosque Nativo N° 26.331 mediante un proceso pre-legislativo que implicó la realización de 7 talleres regionales, instancias

de diálogo y Audiencias Públicas. En octubre de 2009, la propuesta de la COTBN comenzó a ser tratada en la Legislatura de la

Provincia de Córdoba. El 27 de julio de 2010 un grupo de legisladores presentó el trabajo consensuado en la Comisión de Asuntos Ecológicos de la

Legislatura. Finalmente, el 4 de agosto de 2010 el proyecto 5662/L/2010 fue tratado, aunque se aprobó un contenido acordado entre los bloques

mayoritarios una noche antes de la sesión; naciendo así la Ley provincial 9814. A pesar de la indignación y el reclamo popular

ante lo sucedido, el Gobernador de la Provincia la publicó el 10 de agosto de 2010. Se continúa solicitando su derogación (COTBN, 2010).


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EVIDENCIA EMPÍRICA: Datos basados en muestra representativa de 2010.

De la sub-muestra de participantes (N=349) luego del voto en elecciones regulares y voto en CONSULTA POPULAR (contrato de aguas

cordobesas) sigue la participación en alguna actividad vinculada a la ley de bosques Córdoba (18%)

92% lo hizo para apoyar al proyecto de la COTBN y evalúo su accionar como Bastante o Muy útil e

importante (73,5%).

La mayoría de los encuestados (87,33%) no participa estable y frecuentemente en organizaciones.

La mayoría participa en Organizaciones Civiles (28%) con algún grado de formalidad, luego en Organizaciones Religiosas

(19,3%) y en Partidos Políticos (14%).

Quienes indicaron pertenecer a Partidos Políticos son los que más modalidades de acción protagonizan

(88% realizó 6 ó más comportamientos).

El nivel de participación de los afiliados a partidos políticos se incrementa en torno a la Ley de Bosques (20%).

22% firma de petitorios. Los dos principales objetivos hacia los cuales se orientó este comportamiento fueron la

protección del medio ambiente (29%) y la atención a problemáticas barriales, sectoriales y organizacionales (30%), a los

que se le atribuyó una evaluación entre Bastante y Muy útil e importante.


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La participación directa o colectiva si bien masiva, estaría relegada a un rol secundario de

visibilización del apoyo o del rechazo. Los canales ideados para una participación más sostenida y con mayor capacidad

de influir en la toma de decisiones (audiencias públicas, presupuestos participativos, audiencias por reforma política, consulta popular)

son mucho menos activados por la ciudadanía general.


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EVIDENCIA EMPÍRICA: Datos 2014

Participación política / ciudadana

6. Audiencia Pública (municipal o provincial) F % %

no participó 218 81,3 81%solo porque es Importante 8 3,0

19%

Poco útil y poco importante 13 4,9

Más importante que útil 9 3,4

Más útil que importante 4 1,5

Bastante útil e importante 8 3,0

Muy útil e importante 8 3,0

Total 268 100,0

32. Participaste de alguna actividad por la Ley deBosques presentada por la COTBN?

F % %

no participó 242 90,3 90

solo porque es Importante 6 2,2

10Poco útil y poco importante 5 1,9Más importante que útil 3 1,1

Más útil que importante 1 ,4

Bastante útil e importante 4 1,5


Total 268 100,0


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34. Participaste de alguna actividad en reclamo porlos basurales y/o inundaciones del barrio?

F % %

no participó 200 74,6 74,6

solo porque es Importante 8 3,0

25,4

Poco útil y poco importante 5 1,9

Más importante que útil 8 3,0

Más útil que importante 1 ,4

70%Bastante útil e importante 10 3,7


Total 268 100,0 100,0


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EVIDENCIA EMPÍRICA: Datos 2014

PARTICIPACION POLITICA: Redes sociales de pertenencia

Un grupo, u organización para laprotección del medio ambiente

F % %

NO 257 95,9 95,9

si pero ya no 1 ,44,1

si y continua 10 3,7

Total 268 100,0

Frecuencia del involucramiento con org. protección delmedio ambiente

F

No corresponde 257

una vez al año 3

algunas veces al año 2

una vez al mes 2

algunas veces al mes 3

algunas veces a la semana 1

Total 268


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PARTICIPACION POLITICA: Redes sociales de pertenencia

Organizaciones civiles(ONG, Fundaciones) F % %NO 249 92,9 92,9

si pero ya no 4 1,57,1

si y continua 15 5,6

Total 268 100,0


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Percepción de eficacia participativa

28.12. Si uno quiere evitar un daño futuro – comolos ambientales - el amparo colectivo es una

herramienta que realmente funciona. F % %

Totalmente en desacuerdo 12 4,5

9algo en desacuerdo 12 4,5

ni de acuerdo ni en desacuerdo 76 28,4 28,4

algo de acuerdo 63 23,556

Totalmente de acuerdo 87 32,5

Total 250 93,3

no responde 18 6,7

Total 268 100,0

28.13. Las Audiencias Públicas a nivel municipalfuncionan si los medios de comunicación masivos

se hacen presente F % %

Totalmente en desacuerdo 16 6,012

algo en desacuerdo 16 6,0

ni de acuerdo ni en desacuerdo 64 23,9 23,9

algo de acuerdo 83 31,0

61,2Totalmente de acuerdo 81 30,2

Total 260 97,0

no responde 8 3,0

Total 268 100,0


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Conocimiento político “participativo”

10. En la ciudad de Córdoba: ¿un grupo deciudadanos puede promover un proyecto de

ordenanza? F % %

no sabe - incorrecta 99 36,9 36,9

parcialmente correcta 2 ,763

correcta 167 62,3

Total 268 100,0

11. En Córdoba: ¿Cómo cómo se participa en unaAudiencia Pública?

F % %

no sabe - incorrecta 209 78,0 78

parcialmente correcta 49 18,3 22correcta 10 3,7

Total 268 100,0

13. Si ud. presenta un amparo para defender suderecho a gozar de un ambiente sano, ¿en qué

tiempo un Juez debe responderle si efectivamente seestán violando sus derechos?

F % %

no sabe - incorrecta 250 93,3 93,3parcialmente correcta 1 ,4

6,7correcta 17 6,3

Total 268 100,0


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CASOS: desafíos al diseño de instituciones de participación ciudadana en cuestionesambientales

1.

El caso de CRISIS HIDRICA – SALSIPUEDES. Acción directa y acceso a Información La situación “crónica” de la localidad de Salsipuedes con déficit en el abastecimiento de agua para consumo humano y la preocupacióneconómica de productores frutihortícolas de Colonia Caroya. Frente a esta situación conflictual que remite a encuadres diferenciablesaparece la figura del gobierno provincial – a través de la subsecretaría de Recursos Hídricos – como mediadora. Posteriormente lasacciones y demandas desde Colonia Caroya involucran a más protagonistas (autoridades municipales y de la Cooperativa de Servicios) a lavez que extienden el perjuicio hacia otras poblaciones (Jesús María y Sinsacate) y se enfatiza la cuestión de consumo humano del agua. Tal

modificación en el modo de visibilizar el conflicto obedece al establecimiento de una causa que configura el principalfactor que condiciona la crisis futura por la escasez de agua: el emprendimiento del

empresario Euclides Bugliotti en el ejido municipal de Salsipuedes. Los propios vecinos de Salsipuedes sealinean con esta forma de definir el conflicto en tanto las obras inmobiliarias previstas afectarían aún más la situación de crisis hídrica. Enseptiembre de 2011, en los medios son visibilizados más actores (autoridades de Colonia Caroya, Jesús María y Colonia Vicente Agüero,referentes de sectores productivos locales, integrantes de la cooperativa de energía eléctrica y asesores del Inta) que accionan para

“detener el proyecto del acueducto” que prioriza la provisión de agua al emprendimiento

inmobiliario, es decir no obedece a una preocupación por garantizar a la actual población de Salsipuedes el acceso al agua. Plantearla oposición a las obras a nivel de los medios de prensa obliga a estos actores a clarificar que “la reacción no implica una lucha contra losvecinos de Salsipuedes y otros pueblos de las Sierras Chicas, que sufren una recurrente crisis hídrica que podrían solucionar con ese

acueducto” . El mantenimiento del conflicto deriva en acciones más directas: marchas y manifestaciones de vecinos de ColoniaCaroya bajo el lema “Defendamos todos el agua de Colonia Caroya”. A su vez desde las autoridades municipales de Salsipuedes se planteaun encuadre diferente: la obra sí tendría como destinatarios a los habitantes actuales de la localidad y garantiza que los informes técnicospermiten inferir que ese beneficio para Salsipuedes se logra sin afectar el acceso al agua de los habitantes de las otras localidades. En

respuesta a la postura del intendente de Salsipuedes respecto del informe técnico que garantiza agua para todos ,múltiples actores (vecinos, estudiantes, ex intendentes, concejales y también el diputado nacional radical Heriberto Martínez) refuerzan la


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situación conflictual contra el gobierno provincial argumentando que no han tenido acceso a una copia del proyectode la Subsecretaría de Recursos Hídricos. Por ende no pueden llegar a la misma conclusión que el intendente deSalsipuedes.Entre los discursos y acciones más visibilizados mediáticamente podemos indicar aquellos referidos a la iniciativa privada (Estancia LaOvera, un emprendimiento urbanístico de 150 hectáreas) para la localidad de Salsipuedes. Tal iniciativa es identificada como un factorclave para entender cómo la crisis hídrica es significada por los diferentes actores afectados (beneficiados y perjudicados). A partir de

dicho protagonismo se torna pertinente profundizar en su análisis recurriendo a otras fuentes de información. En tal sentido seconsideran los discursos visibilizados mediante otros recursos por parte de organizaciones sociales que participan de la definición de lacrisis hídrica y la identificación de sus factores explicativos.El Colectivo Salsipuedes1 viene analizando el emprendimiento en torno a la información que se ha visibilizado por las voces de los

responsables del emprendimiento. En primer término se ha sostenido públicamente que La Overa seautoabastecerá de agua, en cambio estudios independientes demuestran que el proyecto estécnicamente imposible. A pesar de tales discrepancias en los informes técnicos, el Gobierno

provincial, a través de la Subsecretaría de Recursos Hídricos y la Secretaría de Ambiente yaaprobó el estudio de impacto ambiental presentado por el Grupo Dinosaurio. Es decir les da lafactibilidad en base a información que sólo ellos tienen. Lo del autoabastecimiento contrasta con la información obtenida por la Secretariade Recursos Hídricos (que hay 4 pozos, de los cuales uno no posee prácticamente agua, y uno solo produce un caudal aceptable) y porestudios independientes de investigadores de la Universidad, que demuestran que es técnicamente imposible que la Cuenca de la Estanciala Overa pueda producir los alrededor de 400.000 litros diarios de agua que necesitará el emprendimiento.

1 Diego Gurvich, docente en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), biólogo e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).


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2. El caso del informe de la CNEA, el Proyecto de Restitución Ambiental de la Minería delUranio (PRAMU) para el Complejo Minero Fabril Los Gigantes (CMFLG). Participaciónciudadana y acceso a información.Una Propuesta de mitigación que contempla el tratamiento de los efluentes contenidos en el dique principal priorizando el destinado a los

iones que se presentan en cantidades más elevadas (amonio, radio y manganeso). La CNEA en este mismo documento además deaportar esta información técnica recalca que “es necesario desarrollar la estrategia de consulta yparticipación con la comunidad” ya que “no existen antecedentes en lo que refiere a trabajos previos que permitan

disponer de información sistematizada sobre opiniones y conocimiento acerca de la problemática ambiental en general, y delas colas de mineral de uranio en particular, por parte de la población”. Como parte de esas estrategias comunicacionales sepromovió la constitución de un Grupo de Trabajo Técnico (GTT)2 y de un Foro Social (FS). Éste último mecanismo departicipación a pesar de calificarse como social, llamativamente se constituyó mediante un convenio entre la CNEA y la Universidad

Tecnológica Nacional. Estos actores a partir de dicho convenio debían favorecer la ‘representación’ de “lasorganizaciones no gubernamentales y las distintas organizaciones de la comunidad,considerando también la inclusión del Banco Mundial” (CNEA, 2005:69). Si bien el propósito era favorecer laparticipación de la sociedad tendiente a influenciar la toma de decisiones, explícitamente el mecanismo diseñado prevé que en últimainstancia es el GTT el que tiene la atribución de aceptar o rechazar lo decidido en torno a las propuestas técnicas en el Foro Social. Si bien

se concretó la participación de organizaciones de la sociedad civil (entre ellas Greenpeace, APROAS(Asociación de Protección al Ambiente Serrano - La Calera) ADARSA (Asociación Amigos Río San Antonio), CEDHA y FUNAM) desde Funam

sostuvieron que “la CNEA nunca brindó información sobre sus planes de remediación al Foro, pero sila proporcionó al Banco Mundial. En el Foro Social documentamos todas las veces que le pedimos esos datos. Pero nuncarespondieron. Todo parece indicar que nos usaron para poder obtener el crédito de 28,4 millones de dólares que la CNEA gestiona ante elBanco Mundial para remediar varias minas de uranio en Argentina y también Dioxitek.

2 Integrado por 10 personas como máximo. Según el documento en dicho grupo deberán estar representadas las áreas y/u organismos como así también los distintos ámbitos jurisdiccionalesinvolucrados.


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Por otra parte y en relación al vínculo entre sociedad civil y Estado desde la organización FUNEAT más recientemente califican de

“tardía la intervención del Señor Defensor de la Provincia de Córdoba. Desde hace muchísimos años lasONGs y ciudadanos venimos reclamando por la Remediación (ya que es imposible Restituir) del Ex Yacimiento Uranífero Los Gigantesexplotado de forma irresponsable por la CNA - Comisión Nacional de Energía Atómica”. Desde la perspectiva de esta organización“tampoco se vio compromiso responsable de parte de la Municipalidad de Villa Carlos Paz (Poder Ejecutivo y Concejo de Representantes)

y Comunas del Sur de Punilla” ya que en dos oportunidades ocuparon la Banca del Ciudadano y en dichasocasiones fueron ellos los que solicitaron la reglamentación de las Leyes de las Reservas Hídricas en particular la Ley N° 8941 ReservaHídrica Los Gigantes, donde se encuentra este Ex Yacimiento”3.

3 Fuente: http://cordobacontaminada.blogspot.com.ar/2011/04/al-respecto-del-ex-yacimiento-uranifero.html

http://cordobacontaminada.blogspot.com.ar/2011/04/al-respecto-del-ex-yacimiento-uranifero.htmlhttp://cordobacontaminada.blogspot.com.ar/2011/04/al-respecto-del-ex-yacimiento-uranifero.htmlhttp://cordobacontaminada.blogspot.com.ar/2011/04/al-respecto-del-ex-yacimiento-uranifero.htmlhttp://cordobacontaminada.blogspot.com.ar/2011/04/al-respecto-del-ex-yacimiento-uranifero.html


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3. El caso del Consejo Hídrico Provincial (COHIPRO): Participación ciudadana para Informar alEstado.

Un diseño institucional capaz de brindar respuestas integrales. En el año 2004 se lo creó por Decreto N° 1544/044 como órganoconsultivo y de coordinación, con injerencia en todos los aspectos de carácter global, estratégico e inter-jurisdiccional enmateria de recursos hídricos; al que concurren el Estado, el sector privado y la sociedad civil ; con la finalidad deasesorar a los poderes públicos respecto de medidas, actos, planes, programas, proyectos o acciones que se consideren detrascendencia para la Provincia. En relación al Plan Director de Recursos Hídricos para la provincia para los recursos hídricos se pudorastrear que a fines de 2006 se desarrolló un documento “llamado a ser la base de un Plan Provincial de Recursos Hídricos denominado

‘Plan de Gestión de los Recursos Hídricos de la Provincia de Córdoba’”. A inicios de 2007 se implementó un taller provincial dondelos miembros del COHIPRO debatieron y analizaron el plan, y luego fue entregado a la DIPAS para su revisión y análisis.Más allá de lo ambicioso de sus objetivos y lo racional de su diseño los actores de la sociedad civil han remarcado el fracaso del COHIPRO.

Miembros de ADARSA5 en el marco del Foro regional del Agua (mayo de 2008) remarcaron las deficiencias decomunicación entre los ciudadanos (aislados o unidos en una ONG) y los gobiernos de la región. En suspropias palabras “… todos los años tenemos que estar rogando a través de notas y pedidos de Pronto Despacho para laconstitución del mismo [COHIPRO], como el Decreto de creación lo establece

4 Se señala que su d iseño fue “concordante con los instrumentos fundacionales y orgánicos del Consejo Hídrico Federal (CoHiFe), constituido el 27 de marzo de 2003 y con los Principios Rectores

de la Política Hídrica (Acuerdo Federal del Agua), los que han merecido el impulso de la Provincia de Córdoba, mediante Decreto N° 1482/03”.5 El químico y doctor en Ciencias Geológicas Juan Carlos Ferrero, y el ingeniero químico especialista en Población y Medio Ambiente Juan Carlos Paesani, integrantes de ADARSA (Asociación deAmigos del Río San Antonio).


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4. el caso sobre la CONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY 9526: participación ciudadana doble y judicializada. Petitorio para solicitar AL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA QUE ACTUE EN DEFENSA DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LALEY 9526.Sancionada por unanimidad por la Legislatura de la Provincia y promulgada por el Decreto 1.499 de 2008 del Poder Ejecutivo, siendogobernador el Cr. Juan Schiaretti.Artículo 1º) PROHÍBESE en todo el territorio de la Provincia de Córdoba la actividad minera metalífera en la modalidad a cielo abierto y entodas sus etapas, constituidas por cateo, prospección, exploración, explotación, desarrollo, preparación, extracción y almacenamiento desustancias minerales. Artículo 2º) PROHÍBESE en todo el territorio de la Provincia de Córdoba la actividad minera, en todas sus etapas, deminerales nucleares tales como el uranio y el torio. Dicha prohibición regirá, asimismo, para las minas actualmente concedidas las quedeberán proceder al cierre. Artículo 3º) PROHÍBESE en todo el territorio de la Provincia de Córdoba el uso de cianuro, cianuro de sodio,bromuro de sodio, yoduro de sodio, mercurio, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, ácido fluorhídrico, ácido nítrico y toda otra sustanciaquímica contaminante, tóxica y/o peligrosa incluida en el Anexo I de la Ley Nacional Nº 24.051, y/o que posea alguna de las característicasenunciadas en el Anexo II de la Ley Nacional Nº 24.051 y normas concordantes o las que en el futuro las reemplacen, en los procesos

mineros de prospección, cateo, exploración, explotación, desarrollo, preparación, extracción, almacenamiento, industrialización y/oprocesos detallados en el inciso “b” del artículo 249 del Código de Minería, de minerales metalíferos obtenidos a través de cualquiermétodo extractivo, cualquiera sea el lugar de la Provincia en el que éstos se desarrollen. Artículo 4º) Los titulares de concesiones y/o dederechos mineros que involucren minerales metalíferos y/o aquellas personas que los ejerciten, deberán adecuar todos sus procesos a lasprevisiones de los artículos 1º y 3º de la presente Ley en el término de seis (6) meses a partir de la publicación de la misma, bajoapercibimiento de declarar la caducidad de la concesión minera. Artículo 5º) FACÚLTASE al Poder Ejecutivo Provincial a adecuar lasdisposiciones reglamentarias vigentes a lo establecido por la presente Ley. Artículo 6º) COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.

EN DEFENSA DE LAS SIERRAS, EL AGUA Y LA VIDA.

Amicus Curiae para expresar una opinión fundada.“CEMINCOR Y OTRA c/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA – ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD” Cámara EmpresariaMinera de Provincia de Córdoba) y la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional deEnergía Atómica y la Actividad Nuclear (APCNEAN) promueven "... acción declarativa de inconstitucionalidad, enlos términos del art. 165, inc. 1º, ap. “a” de la Constitución Provincial, en contra del Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba, ...solicitando que al tiempo de resolver se declare inconstitucionalidad de la Ley N° 9.526


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Afirman que reclaman la inconstitucionalidad de la Ley porque la misma “…viola los derechos constitucionales de nuestras representadasexpresados en los artículos 18°, 20°, 66°, 68° y 69° de la Constitución Provincial y concordantes de la Constitución de la Nación (14°, 16°,17°, 28°, 31°, 75 inciso 12° y 126°), como así también los arts. que se citarán a lo largo de este escrito del Código de Minería, y los arts. 9 y10 de la Ley N° 25675, al desconocer derechos fundamentales de los asociados de las mismas, vulnerando de esa manera el OrdenJurídico, ya que su aplicación provoca la amenaza cierta, actual e inminente de de producir daños a nuestros asociados…” (fs. 68 vta./69).


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5. Caso proyecto de Ordenamiento Ambiental del Territorio ingresado 24/8/15 a la Legislatura.Iniciativas y participación ciudadanas no contempladas.

El Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos convocó (¿) el 2 de septiembre de 2014 a todos los actores sociales delterritorio provincial a conformar un equipo de trabajo interdisciplinario e interjurisdiccional para la elaboración del proyecto de ley del

Ordenamiento Ambiental Territorial. La invitación se cursó a organismos nacionales, provinciales, Universidades, organismos

intermedios y ONGs, entre otros.En la identificación de las ZONAS ROJAS se omitieron reservas naturales privadas y estatales.

6. Caso Plan de Metas para la ciudad de Córdoba. Participación ciudadana y obligaciones de lagestión pública.Incremento de la cantidad de residuos recuperados en relación al volumen total generado

META Al menos un 10% de residuos recuperados en la ciudad: 4.4 (183 Votos)Erradicación de basurales a cielo abierto con participación de vecinos y recicladores formalizados

META 100% de predios saneados, controlados y con plan de erradicación/reconversión como espacio verde: 4.4 (196 Votos) Remediación de predios de enterramiento de Residuos sólidos urbanos en desuso

META 100% de predios remediados: 4.3 (152 Votos)Incremento de la cantidad de centros verdes gestionados por recicladores

META 1 centro verde de reciclaje y recuperación de residuos como mínimo por CPC: 4.4 (179 Votos)

7. Caso ley de Forestación de la provincial. Participación ciudadana no prevista.


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APORTES…

- Conocimiento participativo

- Prácticas participativas pre-existentes en la población

-

Acceso a la Información en doble sentido

- Institucionalidad de la participación de carácter integral: JPC – Defensoría del Pueblo –

Audiencias – Planes de Meta – Consejos consultivos - COMISION DE FORESTACIÓN

- Disponibilidad y accesibilidad de la información: consumo de información política.

-

Equilibrio entre cuestiones técnicas y cuestiones sociales.

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