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Política

La SCJN y el equilibrio

de poderes

El desarrollo político más im-

portante de la semana fue la

presentación de una iniciati-

va de reforma constitucional,

impulsada por el líder de la

fracción parlamentaria de

Morena en el Senado, el

Senador Ricardo Monreal,

cuyo propósito es crear una

nueva sala en la Suprema

Corte de Justicia de la Nación

(SCJN) que estaría especiali-

zada en casos de presunta

corrupción. Esta iniciativa

tiene especial relevancia por

tres motivos: 1) de ser apro-

bada, sería la primera refor-

ma constitucional del Poder

Judicial en cerca de veinte-

cinco años (la anterior se

llevó a cabo en 1995, durante

la presidencia de Ernesto

Zedillo). 2) Elevaría el

número de Ministros de la

Corte de 11 a 16, lo que

significaría que, para 2021,

ocho de sus integrantes ha-

brían sido designados por el

actual Presidente. 3) En los

hechos, dada la actitud mos-

trada por el Ejecutivo en el

proceso de designación de

los nuevos integrantes de la

Comisión Reguladora de

Energía (ver más abajo), le

daría al Presidente de la

República el control del más

alto tribunal del país y, con

ello, del Poder Judicial.

Al igual que en el caso de

la regulación de comisiones

bancarias, la propuesta pare-

ce surgir del Senado. No obs-

tante, tomando en cuenta su

trascendencia y sus implica-

ciones, es inverosímil supo-

ner que su contenido no haya

sido discutido —e, incluso,

acordado—previamente con

el Ejecutivo. Una reforma de

tal magnitud supone no

solamente un cambio en la

estructura actual del Poder

Judicial, sino una modifica-

ción del equilibrio de

poderes.

Diversos analistas han

cuestionado la necesidad de

crear una nueva sala para

atender casos de corrupción,

dado que el número de am-

paros relacionados con ese

tipo de delitos es muy limita-

do y que existen otras instan-

cias en nuestro sistema judi-

cial para conocer y resolver

sobre esos temas. Si el propó-

sito de la iniciativa es fortale-

cer las capacidades del Esta-

do para atender esos asuntos,

lo pertinente sería proponer

reformas específicas para

dichas instancias, no crear

una nueva sala en la SCJN.

De ahí que exista una

sospecha generalizada de

que el verdadero propósito

de esta iniciativa de reforma

—de la que, a pesar de su

importancia, no se había

hecho mención alguna en la

agenda legislativa de More-

na— sea obtener el control

político del máximo tribunal

del país.

Será prioritario dar segui-

miento al proceso legislativo

que habrá de tener esta ini-

ciativa de reforma. De su

desenlace dependerá, por

ejemplo, la posibilidad de

declarar inconstitucionales

leyes aprobadas en el Con-

greso de la Unión o políticas

que adopte el gobierno

(como ocurrió, por ejemplo,

en el caso de la Ley de

Seguridad Interior durante la

pasada administración). Lo

que está en juego, por tanto,

es la independencia del

tribunal de última instancia

en nuestro marco constitu-

cional. La SCJN es un contra-

peso esencial en el sistema

político de México, pero sólo

puede ser eficaz si, actuando

con apego a derecho, goza de

una autonomía, genuina y

plena.

P e r s p e c t iv a Política, economía y sociedad 08/04/2019 Número 12, Volumen 1

2

Nombramientos en la

CRE: ¿Quién regula a

los reguladores?

Durante poco más de dos

meses, tras la renuncia de

cuatro integrantes de la

Comisión Reguladora de

Energía (CRE), el organismo

se había visto imposibilitado

para sesionar —y, por tanto,

para desempeñar su función

normativa— dada la falta del

quórum exigido por la legis-

lación vigente. La designa-

ción de nuevos comisionados

constituía una tarea priorita-

ria, dada la importancia de la

CRE para el desarrollo del

sector energético del país.

El proceso de postulación

—por parte del Presidente—

y de escrutinio y aprobación

—por parte del Senado—

puso de manifiesto, una vez

más, las diferencias ideoló-

gicas entre el partido gober-

nante y las principales

fuerzas políticas opositoras

con representación en el

Congreso. El tema reviste

importancia tanto por las

visiones en conflicto como

por la actitud que asumió el

Ejecutivo en el proceso de

designación ante el rechazo

de la primera lista de aspi-

rantes que propuso al

Senado.

Si bien el gobierno no ha

presentado aún una estrate-

gia integral para el sector

energético, ya ha difundido

ampliamente su condena al

modelo impulsado en años

anteriores —el cual privile-

giaba las asociaciones entre

el sector público y el privado

y, en general, la participación

de las empresas, tanto

nacionales como extranjeras,

en las distintas ramas del

sector energético. Esa política

hacía énfasis en la producti-

vidad y en la rentabilidad

para el Estado de los proyec-

tos, antes que en el control

directo de los procesos de

producción o de distribución.

El modelo energético que

impulsa la actual administra-

ción alienta una mayor parti-

cipación estatal en el sector

energético, con la consecuen-

te disminución de la activi-

dad privada.

El trasfondo de la contro-

versia en torno a las designa-

ciones de los nuevos inte-

grantes de la CRE es una

manifestación más —entre

muchas— del cambio de

modelo económico que

impulsa el Presidente de la

República. Se trata de un

objetivo absolutamente legíti-

mo, en especial si se tiene en

cuenta el inobjetable manda-

to legal que obtuvo en las

elecciones de 2018, siempre

que se haga con apego al

orden legal y constitucional

vigente. En otras palabras, la

ostensible legitimidad políti-

ca del gobierno actual no

debe usarse como justifica-

ción para imponer decisiones

que, por diseño constitucio-

nal, requieren alcanzar un

acuerdo entre el Ejecutivo y

una amplia mayoría de los

miembros del Senado, lo que

equivale a exigir la adopción

de una visión de Estado, no

de partido.

Ante la pregunta “¿quién

regula a los reguladores?”, la

respuesta es muy clara: el

Congreso y, en particular, el

Senado de la República, que

tiene un papel preponderan-

te en la aprobación de los

nombramientos presidencia-

les en este ámbito y en las

tareas de vigilancia y super-

visión de los órganos regula-

dores en materia energética.

Se trata de una función aná-

loga a la que desempeña el

Senado en otra área de políti-

ca pública prioritaria para el

país: la política exterior. En

ambos casos, el propósito es

asegurar, mediante la inter-

vención del Poder Legislati-

vo, el apego a principios y

directrices congruentes con

nuestro marco constitucional,

al mismo tiempo que se

promueven los más altos

estándares técnicos y

profesionales en el desem-

peño de tareas vitales.

En ejercicio de sus faculta-

des, pero acaso desatendien-

do el espíritu de lo dispuesto

por la ley, ya han sido nom-

brados los nuevos integran-

tes de la CRE. Senadores de

oposición han interpuesto un

recurso ante la Suprema

Corte de Justicia de la Nación

con el fin de impugnar esa

decisión. Más allá de la de-

terminación que, en su opor-

tunidad, adopte el Tribunal

Supremo, es indudable que

los órganos autónomos del

Estado serán uno de los

escenarios en que habrá de

librarse la batalla entre dos

visiones no sólo de modelo

económico, sino de país.

3

Economía

Los Pre-criterios

Generales de Política

Económica

En días pasados, la Secretaría

de Hacienda y Crédito Públi-

co (SHCP) dio a conocer su

perspectiva de la economía

nacional para este año y el

próximo mediante la emisión

de los Pre-Criterios Genera-

les de Política Económica

2020 (PCGPE), que contienen

las proyecciones guberna-

mentales de las finanzas

públicas y del entorno ma-

croeconómico que serán

utilizadas para elaborar el

paquete económico del año

siguiente. Los PCGPE cons-

tituyen un ejercicio de carác-

ter técnico y muestran, en el

mediano plazo, un panorama

económico distinto del que el

Presidente ha descrito en su

discurso durante los prime-

ros meses de esta administra-

ción.

Mientras que la narrativa

presidencial habla de una

tasa de crecimiento de 2%

este año y de 3% el año

entrante, Hacienda plantea

una disminución del rango

del crecimiento esperado en

2019, de 2.5% - 1.5% a 2.1% -

1.1%, lo que confirma la

continuación de la etapa de

desaceleración del crecimien-

to que inició en 2016. La

SHCP aún sostiene que en

2020 se observaría un mayor

crecimiento respecto al año

anterior. Sin embargo, redujo

significativamente la tasa del

crecimiento esperado para

ese año, de 3.1% - 2.1% a

2.4% - 1.4%. Desde el punto

de vista de la Secretaría, es

factible que en el primer ter-

cio del sexenio el crecimiento

promedio esté por debajo del

2% que se observó en los dos

últimos años del sexenio

anterior.

En el ámbito de las finan-

zas públicas, la disciplina

fiscal es un elemento central

de la visión que orienta los

PCGPE, en los que se prevén

superávits primarios para

2019 y 2020. Sin embargo,

estos se lograrían no a través

de mayores ingresos públi-

cos, sino mediante un gasto

menor al esperado. Una

reducción de los ingresos

petroleros y una menor acti-

vidad económica llevarían al

gobierno a pasar de una

austeridad republicana a lo

que algunos podrían calificar

de “pobreza franciscana.” De

ser así, tampoco se podría

mantener estable la deuda

como porcentaje del PIB. Los

PCGPE también indican que

el Saldo Histórico de los

Requerimientos Financieros

del Sector Público (SHRFSP)

se incrementaría, de 44.8% en

2018 a 45.1% en 2019.

Nuestra lectura es que, en

esencia, los PCGPE buscan

ser un pilar de certidumbre

ante una agenda de políticas

públicas poco convencional

por parte del Ejecutivo Fede-

ral. En primer lugar, la

expectativa de crecimiento es

más congruente con las esti-

maciones del mercado. En

segundo lugar, la SHCP está

enviando la señal de que el

4

crecimiento puede decaer y

los ingresos del sector públ-

ico pueden contraerse, pero

que, en cualquier caso, la

política de superávits prima-

rios continuará –por ejemplo,

mediante un menor gasto. En

cuanto a la deuda, la SHCP

no anticipa incrementos

adicionales más allá de 2019.

Finalmente, los datos

expuestos en los PCGPE

desmienten la noción de que

la hacienda pública habrá de

ser el motor del crecimiento a

través de un mayor gasto en

este sexenio.

Distorsiones al

comercio: el conflicto

EUA-China

Al mismo tiempo que el

Tratado México-Estados

Unidos-Canadá (TMEC)

recorre los pasillos legislati-

vos de los tres países

signatarios para lograr su

aprobación, los equipos

negociadores de los Estados

Unidos y de China han

avanzado—y, en ocasiones,

retrocedido— para establecer

las bases de un nuevo acuer-

do comercial bilateral. Se

trata de crear el marco legal

que regirá el comercio entre

las dos economías más

grandes del mundo y, al

igual que su símil en

América del Norte, ha sido

una bandera electoral y un

constante blanco de amena-

zas para el Presidente

Trump. La conclusión de las

negociaciones en curso (la

cual podría ocurrir tan pron-

to como esta semana) quita-

ría uno de los principales

factores de incertidumbre

global y, al mismo tiempo,

pondría fin a medidas que en

meses recientes han dañado

seriamente al comercio

internacional, y, en última

instancia, al crecimiento

económico. Estamos a dos

años, exactamente, de la

reunión entre los Presidentes

Xi y Trump, en Mar-a-Lago,

Florida, en la que se anunció

un plan de acción de 100 días

para resolver sus diferendos

en materia comercial. A

pesar de la buena voluntad

mostrada en ese encuentro,

la tensión continuó

aumentando durante los

siguientes meses hasta

desembocar en una de las

“guerras comerciales” más

serias que se hayan visto en

décadas. Durante 2018 los

anuncios de tarifas de EU

tuvieron como respuesta

inmediata la adopción de

acciones compensatorias por

parte China.

5

La bitácora de hechos

revela la estrategia “ojo por

ojo” de lo que, por

momentos, parecía una

carrera al precipicio.

Al día de hoy, EU ha

impuesto tarifas a importa-

ciones provenientes de china

que suman 250 mil millones

de dólares (mmd) anuales y

ha amenazado con incluir

265 mmd adicionales (es

decir, imponer tarifas a todas

las importaciones prove-

nientes de ese país). Las

tarifas de China a Estados

Unidos equivalen a 110

mmd. Es difícil tener una

estimación precisa sobre el

impacto de estas medidas,

pero lo que ya resulta evi-

dente es que han inducido

graves distorsiones en los

patrones de comercio

mundial. Por ejemplo, las

importaciones chinas de soya

producida en Estados Unidos

tuvieron una contracción de

casi 75% el año pasado,

causando una caída del

precio de 25%, un

pronunciado aumento en

inventarios y un cambio

significativo en la logística

mundial de comercio del

grano.

Indicador Anual 2018

PIB (%, a/a) 1.7 (2018T4) 2.5 (2018T3) 2.0

IGAE (%, a/a) 1.3 (ene) 0.04 (dic) 1.9

Afiliaciones IMSS (personas) 125,982 (feb) 94,646 (ene) 660,910

Inflación (%, a/a) 3.9 (1qmar) 4.0 (2qfeb) 4.8

Producción industrial (%, a/a) -0.9 (ene) -2.5 (dic) 0.2

Inversión Extranjera Directa (MDD) 5,030 (2018T4) 5,104 (2018T3) 31,604

Exportaciones (%, a/a) 3.5 (feb) 5.7 (ene) 10.1

Balanza comercial (MDD) 1,222 (feb) -4,810 (ene) -13,704

Datos Coyunturales

Pedidos manufactureros (pts, a/a) 1.0 (mar) 0.4 (feb) 0.1

Confianza del productor (pts, m/m) 0.1 (mar) 0.2 (feb) 2.4

Confianza del consumidor (%, m/m) -3.1 (mar) 6.3 (feb) 11.9

Venta de vehículos (%, a/a) -1.5 (mar) -5.5 (feb) -7.2

Remesas (%, a/a) 6.4 (feb) 6.5 (ene) 10.5

Economía Real

Fuente: INEGI, IMSS, SE, Banxico y AMIA

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Perspectiva. Política, Economía y Sociedad es elaborado por Simbiosis Económica, despacho

especializado en asuntos públicos, economía y finanzas.

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(05-abr-2019) (29-mar-2019) En el año 12 meses

Tipo de cambio 19.08 19.37 19.65 +2.9% -5.4%

CETES 28 días 7.80 7.85 8.17 -0.37 +0.34

Bono a 10 años 8.00 7.98 8.64 -0.64 +0.73

Riesgo México EMBI+ 201 207 251 -50 +22

IPC de la BMV 44,990 43,281 41,640 +8.0% -6.2%

Mezcla mexicana de petróleo 63.49 61.28 44.69 +18.80 +8.10

Cierre 2018Variación

Datos Financieros

Tipo de cambio, Fix Banxico, pesos por dólar; Cetes y Bonos en porciento; EMBI, puntos base; BMV en unidades del índice y mezcla de petróleo en dólares por barri l .

Fuentes : Banxico, Yahoo Finance, El Financiero, Pemex y ámbito.com