pÚblico amnistía internacional...un ejemplo de ello quedó patente el 3 de marzo del 2000, día en...

PÚBLICO

Amnistía Internacional

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Malograr el futuroNoticias sobre la pena de muerte,marzo de 1998 - marzo del 2000

Abril del 2000 RESUMEN ÍNDICE AI: AMR 51/03/00/s

DISTR: SC/CO/GR/DP (16/00)

El 22 de marzo del 2000, día en que Estados Unidos ejecutó al preso número 26 de este año y el número 192 desde el 1 de enero de 1998, el presidente de Ucrania firmó la ley que abolía la pena de muerte en su país. Al día siguiente, Estados Unidos ejecutó a otro condenado. Un día más tarde, el presidente de Filipinas anunció la suspensión de las ejecuciones en su país. Cada día queda más patente que, en lo relativo a la pena de muerte, Estados Unidos va a contracorriente del resto del mundo.

En marzo del 2000, 108 países habían abolido la pena de muerte en la ley o en la práctica. No obstante, en Estados Unidos, país que se autoproclama adalid de los derechos humanos, las ejecuciones se están acelerando. En 1999, Estados Unidos ejecutó a 98 personas, más que en ninguno de los años transcurridos desde 1951. Desde que, en 1977 se reanudaron los homicidios judiciales en este país, han sido ejecutadas más de 620 personas. De esas ejecuciones, más de 400 se realizaron después de 1993. En el primer trimestre del nuevo siglo, Estados Unidos ha ejecutado a más personas que en ninguno de los quince años que siguieron a la reanudación de dicha práctica.

Pocos líderes estadounidenses se oponen a la pena de muerte ante los resultados de las encuestas de opinión, que siguen indicando un gran apoyo a las ejecuciones. Con demasiada frecuencia las autoridades cuyos cargos dependen de las urnas consideran que el apoyo a la pena capital es una postura necesaria para obtener el éxito electoral. Con demasiada frecuencia esto significa que este castigo se convierte en un instrumento político que pone en peligro la imparcialidad de su imposición y la independencia del poder judicial.

Como Estados Unidos acostumbra a señalar en los foros internacionales cuando defiende su uso de la pena de muerte, ésta no está prohibida (todavía) en el derecho internacional. Sin embargo, este aparente respeto al derecho internacional suena a falso. Por ejemplo, desde marzo de 1998, Estados Unidos ha ejecutado a siete personas que eran menores de 18 años en el momento en que se

cometió el delito, lo que conculca el derecho internacional. El total de ejecuciones de menores conocidas en el mundo durante ese periodo fue de ocho. En marzo del 2000, había 74 personas de estas características condenadas a muerte en 16 estados del país.

Aunque la pena de muerte no está aún prohibida totalmente, existen estrictas salvaguardias y restricciones internacionales que regulan su aplicación. Las autoridades estadounidenses violan de forma habitual estas normas mínimas. Entre las personas ejecutadas desde marzo de 1998 había algunas a quienes no se les había permitido ejercitar su derecho reconocido internacionalmente a contar con una defensa adecuada, otras que sufrían serios problemas mentales y ciudadanos extranjeros a quienes se les había denegado el derecho de comunicar con su consulado tras la detención, según disponen en los tratados internacionales. La forma en que se han desarrollado los acontecimientos en 1999 confirmó el temor de que la Ley Antiterrorista y de Pena de Muerte Efectiva de 1996, concebida para aumentar el número de ejecuciones, se aplicara en detrimento del derecho de los procesados a un juicio justo.

Amnistía Internacional considera que toda condena a muerte es una afrenta a la dignidad humana, y toda ejecución, un síntoma de una cultura de la violencia. La pena de muerte es un castigo cruel, falible y anticuado, cuyo uso en Estados Unidos está plagado de arbitrariedades: desde las disparidades causadas por la libertad de los fiscales para elegir en qué casos piden su imposición, hasta el sorteo final de lotería que es la concesión del indulto. La pena capital continúa imponiéndose de forma discriminatoria a los que tienen pocos recursos y no pueden permitirse contratar a un abogado competente, y siguen existiendo preocupantes disparidades raciales en su aplicación. Los casos de dos hombres ejecutados en 1999 en Alabama y Carolina del Norte ilustran cómo la discriminacion racial puede contaminar el proceso por el que se impone la pena capital, sin que se consiga corregirlo. corregido.

El sistema de justicia por el que se impone la pena capital vigente en Estados Unidos sigue siendo increíblemente propenso al error. Entre 1973 y marzo del 2000, han sido excarcelados 87 condenados a muerte en Estados Unidos una vez que salieron a la luz pruebas de su inocencia. Uno de los ocho casos de pena capital impuesta erróneamente que se conoció en 1999 fue el de un hombre cuya ejecución había sido aplazada cuarenta y ocho horas antes de la fecha fijada en 1998 y que permaneció dieciséis años en prisión condenado a muerte, hasta que un grupo de estudiantes demostró su inocencia y fue puesto en libertad en febrero de 1999. Sólo en el primer trimestre del 2000, tres personas más fueron absueltas de los asesinatos por los que habían sido condenadas a morir. Entre las tres habían pasado casi dos decenios en prisión antes de ser exoneradas. Otros condenados han ido al patíbulo pese a las dudas sobre su culpabilidad, algunos de ellos después de marzo de 1998.

A pesar de estos reiterados errores, los políticos siguen pidiendo que se recorte el proceso de apelación. Alegan que durante el tiempo que los condenados pasan en prisión se niega a los familiares de las víctimas del asesinato su derecho a «cerrar» ese capítulo de su vida, sin tener en cuenta que la pena de muerte crea más víctimas: la familia del ejecutado. Un estudio reciente concluía que los familiares de los condenados pueden sufrir una grave estimagtización y «duelo crónico».

Aparte de las cuestiones relativas a la culpabilidad y a la inocencia, este informe habla de personas que han sido declaradas culpables de cometer crímenes brutales contra otros seres humanos. Las 166 personas condenadas a muerte en Estados Unidos en 1998 y 1999 fueron declaradas culpables de matar a alrededor de 230 de sus congéneres. La campaña de Amnistía Internacional, dirigida a que el gobierno deje de añadir víctimas a la lista de muertos, no pretende menospreciar la magnitud de los crímenes ni sus consecuencias. Como organización que trabaja a diario con víctimas de la violencia humana y en favor de ellas, Amnistía Internacional se identifica

totalmente con los sentimientos de las personas que han perdido a sus familiares y seres queridos en un asesinato. Su sufrimiento es inconmensurable, y quienes trabajan para encontrar soluciones a la delincuencia violenta no deben olvidarlo. Sin embargo, en la búsqueda de esas soluciones, los que están en el poder tienen la obligación de asumir el liderazgo para fijar ciertas normas mínimas.

La postura de Estados Unidos ante las normas internacionales, consistente en elegir sólo las que le convienen, es un mal ejemplo para el mundo. Amnistía Internacional ve con preocupación el hecho de que varios países más han tratado de obviar las salvaguardias internacionales sobre la pena de muerte, incluido uno cuyo fiscal general al parecer se entrevistó con algunas autoridades estadounidenses a principios de 1998, poco antes de tomar medidas en este sentido. Pero el propio uso acelerado por Estados Unidos del homicidio judicial lo aleja cada vez más de la mayoría de los países del mundo. Un ejemplo de ello quedó patente el 3 de marzo del 2000, día en que el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia condenó a un general croata de Bosnia a cuarenta y cinco años de prisión por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. La comunidad internacional está de acuerdo en que la pena de muerte no es una respuesta adecuada, ni siquiera para los que comúnmente se consideran los peores crímenes del mundo. El mismo día en que fue condenado el general croata, Estados Unidos ejecutó a su preso número 20 desde el inicio del nuevo siglo. Entre estas 20 personas había tres jóvenes ejecutados por asesinatos que cometieron cuando eran menores de edad, un hombre que no había recibido tratamiento para su grave enfermedad mental antes de cometer el crimen por el que fue condenado a muerte, una bisabuela a quien se le había diagnosticado el síndrome de la mujer maltratada y un hombre cuya posible condena injusta indujo al presidente y al primer ministro de Francia a intervenir en su favor.

Sin embargo, se vislumbran algunas señales positivas en medio de esta cinta transportadora de la muerte que funciona sin tregua. En 1999, fracasaron las iniciativas legislativas encaminadas a reintroducir la pena de muerte en varios estados que la habían abolido. La comunidad religiosa, considerada desde hace tiempo el «gigante dormido» de la abolición en Estados Unidos, se hace oír más a medida que aumenta la oposición nacional e internacional a la pena de muerte. Un número cada vez mayor de familiares de víctimas de asesinatos se pronuncian contra la pena capital, contradiciendo así a los políticos que justifican las ejecuciones en el nombre de los «derechos de las víctimas». Montana y Dakota del Sur se han convertido hace poco, respectivamente, en el estado número 15, de los 38 estados donde está vigente la pena de muerte, que ha prohibido su aplicación a menores de edad, y en el estado número 13 que ha prohibido la ejecución de retrasados mentales. En el ámbito estatal, son cada vez más numerosas las peticiones de que suspendan las ejecuciones, que han obtenido el apoyo de algunos legisladores. El 31 de enero del 2000, el gobernador de Illinois anunció la suspensión de las ejecuciones en su estado debido a su «vergonzoso» historial de condenas injustas, medida que podría alentar a las autoridades elegidas en las urnas a empezar a pensar lo que hasta ahora ha sido impensable para ellas: la vida sin la pena de muerte. Ya es hora de que Estados Unidos abandone la práctica del homicidio judicial. Al aferrarse a un castigo que pertenece a siglos pasados, Estados Unidos está envenenando su presente y malogrando su futuro.

PALABRAS CLAVE: PENA DE MUERTE1 / EJECUCIONES1 / CONDENA A MUERTE1 / POLÍTICOS / TORTURA/MALOS TRATOS / JUICIOS / DISCRIMINACIÓN RACIAL / SALUD MENTAL / MENORES / EXTRANJEROS / FOTOGRAFÍAS

Este texto resume el documento titulado Estados Unidos: Malograr el futuro. Noticias sobre la pena de muerte, marzo de 1998 - marzo del 2000 (Índice AI: AMR 51/03/00/s), publicado por Amnistía Internacional en abril del 2000. Si desean más información o emprender acciones sobre

este asunto, consulten el documento principal. Pueden encontrar una amplia selección de materiales de Amnistía Internacional sobre éste y otros temas en http://www.amnesty.org, y recibir nuestros comunicados de prensa por correo electrónico: http://www.amnesty.org/news/emailnws.htm.Para los documentos traducidos al español consulten la sección «centro de documentación» de las páginas web de EDAI en http://www.edai.org/centro/.

SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 0DW, REINO UNIDOTRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA

CAMPAÑA CONTRA LA PENA DE MUERTE EN ESTADOS UNIDOS

Éste es uno de los numerosos informes publicados por el Secretariado Internacional de Amnistía Internacional como parte de una campaña mundial contra la pena de muerte en Estados Unidos. Desde marzo de 1998 se han publicado los siguientes informes:

Ángel Francisco Breard: Enfrentarse a la muerte en tierra extranjera(AMR 51/14/98/s, marzo de 1998)

La pena de muerte en Texas: Injusticia letal(AMR 51/10/98/s, marzo de 1998)

«Una macabra cadena de montaje» Noticias sobre la pena de muerte en 1997(AMR 51/20/98/s, abril de 1998)

La ejecución de Ángel Breard. Las disculpas no bastan(AMR 51/27/98/s, mayo de 1998)

En la página equivocada de la historia: Los menores y la pena de muerte en Estados Unidos(AMR 51/58/98/s, octubre de 1998)

Sumar oprobio al daño: El caso de Joseph Stanley Faulder(AMR 51/86/98/s, noviembre de 1998)

Errores fatales: Inocencia y pena de muerte en Estados Unidos(AMR 51/69/98/s, noviembre de 1998)

Matar a la esperanza: La ejecución inminente de Sean Sellers(AMR 51/108/98/s, diciembre de 1998)

Prejuicios que matan: La dimensión racial de la pena de muerte en Estados Unidos(AMR 51/52/99/s, mayo de 1999)

Matar sin piedad: Los procedimientos de concesión de indulto enTexas(AMR 51/85/99/s, junio de 1999)

Es hora de intervenir por motivos humanitarios: La ejecución inminente de Larry Robison(AMR 51/107/99/s, julio de 1999)

Hablando claro: Voces contra la muerte(AMR 51/128/99/s, octubre de 1999)

Vergüenza en el siglo XXI: Está previsto que tres menores sean ejecutados en enero del 2000(AMR 51/189/99/s, diciembre de 1999)

Más allá de la razón: La ejecución inminente de John Paul Penry(AMR 51/195/99/s, diciembre de 1999)Mumia Abu-Jamal: Una vida en juego(AMR 51/01/00/s, febrero del 2000)

Véase también: Estados Unidos de América: Derechos para todos(AMR 51/35/98/s, octubre de 1998)

Desde marzo de 1998, Amnistía Internacional ha publicado asimismo numerosos documentos sobre diversas violaciones de derechos humanos, como la brutalidad policial y la tortura y los malos tratos en los centros penitenciarios. También ha emitido decenas de documentos para la acción en favor de personas cuya ejecución era inminente.

Visiten la página web de Amnistía Internacional: www.amnesty.org. Para los documentos traducidos al español, consulten la sección «centro de documentación» de las páginas web de EDAI en http://www.edai.org/centro/.

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Malograr el futuroNoticias sobre la pena de muerte,marzo de 1998 - marzo del 2000

Abril del 2000Índice AI: AMR 51/03/00/s

Distr: SC/CO/GR/DP

SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 0DW, REINO UNIDOTRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA

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El 14 de noviembre de 1998, se celebró en la Northwestern University, Illinois, una Conferencia Nacional sobre Condenas Injustas y Pena de Muerte. Entre los asistentes estuvieron 31 de los más de 75 condenados a muerte excarcelados después de haber sido declarados culpables y condenados a la pena capital por crímenes que no habían cometido. Algunos habían estado muchos años en prisión y otros estuvieron a punto de ser ejecutados antes de que salieran a la luz las pruebas que demostraban su inocencia. Uno a uno, dijeron ante el micrófono: «Si el Estado se hubiera salido con la suya, yo hoy estaría muerto». Cada uno de ellos escribió su nombre en un tablero que decía: «Estamos vivos hoy a pesar de los esfuerzos del sistema de justicia penal para matarnos».1

1 En la conferencia, Amnistía Internacional hizo público un informe titulado Errores fatales: Inocencia y pena de muerte en Estados Unidos (Índice AI: AMR 51/69/98/s).

ÍNDICE

Aferrarse al pasado: La pena de muerte en Estados Unidos en un mundo cada vez más abolicionista1

Falta de definición y de liderazgo: Las ejecuciones en el ámbito político 5

¿Consentimiento sin conocimiento de causa? Un castigo remoto para el ciudadano normal 12

La pena de muerte: Siempre cruel, siempre inhumana, siempre degradante 16

Una crueldad añadida: Tortura y malos tratos a condenados 21

Pasar a mejor vida: Presos que acceden a ser ejecutados 24

A sangre fría: Cuando la sociedad mata a quienes condena por matar 26

Una defensa inadecuada y una acusación entusiasta: juicios injustos 28

Una libertad de decisión mortal: el poder discrecional de la fiscalía 33

¿Racismo aún, después de tantos años? La dimensión racial de la pena de muerte 35

El último sorteo de la lotería: El indulto 39

Irrevocabilidad frente a imparcialidad: La Ley Antiterrorista y de Pena de Muerte Efectiva 43

Crear más víctimas en nombre de los derechos de las víctimas: Las familias 47

Matar a los niños que matan: La violación del derecho internacional 51

Un insulto a la dignidad: La pena de muerte y los discapacitados mentales 57

Arrebatar libertades: La violación de los derechos de los ciudadanos extranjeros establecidosen los tratados internacionales 61

Otro error más: Reiterados fallos injustos en casos de pena capital 64

Un paso en la dirección correcta: Iniciativas en favor de la suspensión de las ejecuciones 67

Sentar un mal ejemplo: La pena de muerte en Estados Unidos en el ámbito internacional 70

Envenenar el presente, malograr el futuro: Conclusión 74

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICAMALOGRAR EL FUTURO

Noticias sobre la pena de muerte, marzo de 1998 - marzo del 20002

–Hace trescientos o cuatrocientos años, la policía detenía a las personas como Reich para matarlas. Lo llamaban pena capital.–Estás bromeando.

The Demolished Man (El hombre demolido), de Alfred Bester, cuya acción se sitúa en el año 2301.

Aferrarse al pasado: La pena de muerte en Estados Unidos en un mundo cada vez más abolicionista

En 1951, año en que Alfred Bester publicó su novela de ciencia ficción The Demolished Man3, aclamada por la crítica, fueron ejecutadas en su país 105 personas. Fue la última vez que la cifra de muertos por el sistema judicial estadounidense superó los tres dígitos en el mismo año. Sin embargo, las 98 ejecuciones de 1999 hicieron que Estados Unidos estuviese más cerca que ningún otro año de repetir esta ignominiosa marca histórica. A menos que los dirigentes del país adopten una visión de la justicia moderna hasta ahora notoriamente ausente, no falta mucho para que Estados Unidos repita o supere el número total de personas ejecutadas de 1951. No obstante, tras reabrir la caja de Pandora del homicidio judicial en 1977, pocos dirigentes del país parecen inclinados a cerrarla de nuevo.

No mucho antes de la publicación de The Demolished Man –una historia que acontece en un mundo en el que hace mucho que dejó de existir la pena capital–, la comunidad internacional había creado su propio programa para el futuro. La Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada el 10 de diciembre de 1948, primer Día de los Derechos Humanos, imaginaba un mundo en el que se respetaba plenamente el derecho a la vida y el derecho a no ser sometido a penas crueles, inhumanas o degradantes. Una medida de los avances logrados hacia este fin es el número de países que han dejado de utilizar la pena de muerte. Mientras que en 1948 sólo había ocho países abolicionistas, únicamente en 1998 y 1999 otros nueve países abolieron la pena de muerte para todos los delitos.4 En marzo del 2000, había 108 países abolicionistas en la ley o en la práctica.

Durante un breve momento de 1972, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos resolvió que la pena de muerte, tal como era aplicada, conculcaba la Constitución, pareció que Estados Unidos podría estar dispuesto a considerar la abolición. Sin embargo, los estados promulgaron nuevas leyes sobre la pena capital, la Corte Suprema levantó la suspensión de las ejecuciones en

2 Este documento forma parte de una serie de informes de «noticias sobre la pena de muerte en Estados Unidos» que recopila y redacta el Secretariado Internacional de Amnistía Internacional desde la publicación, en 1987, de su informe titulado United States of America: The Death Penalty (AMR 51/01/87). El número anterior, «Una macabra cadena de montaje» Noticias sobre la pena de muerte en 1997 (AMR 51/20/98/s, abril de 1998) incluía algunos datos del primer trimestre de 1998.3 Publicado por primera vez en la revista Galaxy, The Demolished Man se editó en formato de libro en 1953 y fue la primera obra galardonada con el premio Hugo de novela. Alfred Bester murió en Pensilvania en 1987.4 1998: Azerbaiyán, Bulgaria, Canadá, Estonia, Lituania y el Reino Unido; 1999: Timor Oriental, Turkmenistán y Ucrania. Letonia abolió la pena de muerte para los delitos comunes en 1999.Amnistía Internacional, abril del 2000 Índice AI: AMR 51/03/00/s

1 EE.UU.: Malograr el futuro. Noticias sobre la pena de muerte, marzo de 1998 - marzo del 2000

1976, y la era moderna de los homicidios judiciales en Estados Unidos se inauguró el 17 de enero de 1977 con el fusilamiento de Gary Gilmore en Utah. Hoy, las leyes de 38 estados de la Unión, así como las leyes federales y militares, permiten la pena de muerte, y en los últimos años el ritmo de las ejecuciones está aumentando de forma espectacular. En 1998, y según los informes, sólo China y la República Democrática del Congo ejecutaron judicialmente a más personas que Estados Unidos, y en 1999, sólo Arabia Saudí, China, Irán y la República Democrática del Congo superaron a Estados Unidos en número total de ejecutados.5

Entre enero de 1977 y marzo del 2000, ambos inclusive, fueron ejecutadas 625 personas en 30 estados de Estados Unidos. El 60 por ciento de estas ejecuciones se realizaron sólo en los cinco últimos años, y el 30 por ciento (193) desde el 1 de enero de 1998. En 1999, Estados Unidos realizó como media una ejecución cada tres días laborables. En el primer trimestre del nuevo siglo se ha ejecutado en el país a más personas que en ninguno de los primeros quince años siguientes a la reanudación de las ejecuciones.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte incondicionalmente. Considera que toda condena a muerte es una afrenta a la dignidad humana, y que toda ejecución es un síntoma de una cultura de la violencia, y no una solución a ella. La pena de muerte es un castigo cruel, falible y anticuado, y su uso en Estados Unidos sigue siendo arbitrario, discriminatorio racial y socialmente, así como proclive al error. Uno de los ocho casos de pena capital impuesta injustamente que se conoció en 1999 fue el de un hombre cuya ejecución fue suspendida en 1998, 48 horas antes de la fecha fijada, tras permanecer dieciséis años en prisión condenado a muerte hasta que un grupo de estudiantes demostró su inocencia y fue puesto en libertad en febrero de 1999. Sólo en las primeras 12 semanas del 2000, tres personas más fueron absueltas de los asesinatos por los que habían sido condenadas a morir. Entre las tres habían pasado casi dos decenios en prisión antes de ser exoneradas.

Aparte de las cuestiones relativas a la culpabilidad y a la inocencia, este informe habla de personas declaradas culpables de cometer crímenes brutales contra otros seres humanos. Las 166 personas condenadas a muerte en Estados Unidos en 1998 y 1999 fueron declaradas culpables de matar a alrededor de 230 de sus congéneres. En los últimos dos años, activistas de Amnistía Internacional de todo el mundo han enviado cientos de miles de llamamientos pidiendo a las autoridades de Estados Unidos que dejen de añadir víctimas a la lista de muertos. Esta campaña no pretende menospreciar la magnitud de los crímenes ni sus consecuencias. Como organización que trabaja cada día con víctimas de la violencia humana y en favor de ellas, Amnistía Internacional se identifica totalmente con los sentimientos de las personas que han perdido a sus familiares y seres queridos en un asesinato. Su sufrimiento es inconmensurable, y quienes trabajan para encontrar soluciones a la delincuencia violenta no deben olvidarlo. Sin embargo, en la búsqueda de esas soluciones, los que están en el poder tienen la obligación de asumir el liderazgo para fijar ciertas normas mínimas de conducta. A mediados del siglo XX, la Corte Suprema de Estados Unidos subrayó que «las normas en evolución de la decencia» debían seguir modificando la definición de castigo cruel y excepcional –prohibido por la Constitución estadounidense–, a medida que la

5 En 1998, China (1.700, aunque se cree que la cifra total fue superior), la República Democrática del Congo (más de 100), Estados Unidos (68) e Irán (66) fueron responsables del 86 por ciento de las ejecuciones conocidas que hubo en todo el mundo. Los totales registrados en 1999 en China (1.077, aunque se cree que la cifra total fue superior), Irán (165), Arabia Saudí (103), la República Democrática del Congo (100) y Estados Unidos (98) representaron el 85 por ciento de todas las ejecuciones realizadas en el mundo. Aunque se denunciaron cientos de ejecuciones en Irak, Amnistía Internacional no pudo confirmar la mayoría de los informes.Índice AI: AMR 51/03/00/s Amnistía Internacional, abril del 2000

EE.UU.: Malograr el futuro. Noticias sobre la pena de muerte, marzo de 1998 - marzo del 2000 1

sociedad vaya alcanzando una mayor ilustración.6 Para la vergüenza y el creciente aislamiento de Estados Unidos, a comienzos de un nuevo siglo gran parte de los dirigentes judiciales y políticos del país siguen sin reconocer la indignidad inherente e irrevocable de la pena de muerte.

Un ejemplo del creciente aislamiento de Estados Unidos en un mundo cada vez más abolicionista quedó patente el 3 de marzo del 2000. Ese día, el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia condenó al general croata de Bosnia Tihomir Blaskic a cuarenta y cinco años de prisión por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, entre ellos haber ordenado el asesinato de más de 100 hombres, mujeres y niños. La comunidad internacional está de acuerdo en que la pena de muerte no es una respuesta adecuada, ni siquiera para los que comúnmente se consideran los peores crímenes del mundo. El mismo día en que fue condenado el general Blaskic, Estados Unidos ejecutó a su preso número 20 desde el inicio del nuevo siglo. Entre estas 20 personas –más otras siete ejecutadas en el resto del mes de marzo– había tres jóvenes ejecutados por asesinatos que cometieron cuando eran menores de edad (véase página 55), un hombre que no había recibido tratamiento para su grave enfermedad mental antes de cometer el crimen por el que fue condenado a muerte (véase página 59), una bisabuela de 62 años a quien se le había diagnosticado el síndrome de la mujer maltratada (véase página 41), un hombre cuya posible condena injusta indujo al presidente y al primer ministro de Francia a intervenir en su favor (véase página 73), y un padre de familia que, según todos los indicios, habría sido condenado a cadena perpetua si el jurado hubiera comprendido las penas que podía imponerle (véase página 50).

Sin embargo, en medio de esta cinta transportadora de la muerte que funciona sin tregua, se vislumbran algunas señales positivas. En 1999, fracasaron las iniciativas legislativas encaminadas a reintroducir la pena de muerte en Iowa, Maine, Massachusetts y Michigan.7 Los sondeos de opinión indican una disminución del apoyo popular a la pena de muerte en algunos estados. La comunidad religiosa, considerada desde hace tiempo el «gigante dormido» de la abolición en Estados Unidos, se hace oír más a medida que aumenta la oposición nacional e internacional a la pena de muerte. Un número cada vez mayor de familiares de víctimas de asesinatos se pronuncian contra la pena capital, contradiciendo así a los políticos que justifican las ejecuciones en el nombre de los «derechos de las víctimas». En aplicación de las normas internacionales, en 1999 Montana se convirtió en el estado número 15, de los 38 estados donde está vigente la pena de muerte, que ha prohibido su aplicación a menores de edad, y Dakota del Sur se ha convertido recientemente en el estado número 13 que ha prohibido la ejecución de retrasados mentales. En noviembre de 1999, un senador de Wisconsin introdujo la Ley Federal sobre Abolición de la Pena de Muerte y pidió que los estados suspendieran las ejecuciones. El 31 de enero del 2000, el gobernador de Illinois anunció la suspensión de las ejecuciones en su estado debido a su «vergonzoso» historial de condenas injustas, medida que podría alentar a las autoridades federales y de otros estados a empezar a pensar lo que hasta ahora ha sido para ellas algo impensable: la vida sin la pena de muerte.

Falta de definición y de liderazgo: Las ejecuciones en el ámbito político

Tal vez haya circunstancias en las que, históricamente, se pueda justificar [la pena de muerte]. No estoy seguro de que haya ninguna más. Confío en que entremos en una época en la que se replantee seriamente esa cuestión.

Reverendo Philip Wogaman, 13 de febrero del 2000

6 Trop v. Dulles (1958).7 Los estados donde no hay pena de muerte son 12, más el distrito de Columbia: Alaska, Dakota del Norte, Hawai, Iowa, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Rhode Island, Vermont, Virginia Occidental y Wisconsin.Amnistía Internacional, abril del 2000 Índice AI: AMR 51/03/00/s


El 13 de febrero del 2000, el ministro principal de la Iglesia Metodista de la Fundición, de Washington D.C., pidió que se reconsiderase la pena de muerte en una ceremonia religiosa a la que asistió el presidente Bill Clinton. En una conferencia de prensa celebrada tres días después, el presidente declaró que si siguiera siendo gobernador, «estudiaría muy de cerca la situación [...] y decidiría cuáles son los hechos», pero que no veía la necesidad de decretar la suspensión de las ejecuciones federales. También afirmó que la suspensión declarada por el gobernador Ryan en Illinois era «probablemente una medida audaz, porque la mayoría del pueblo estadounidense apoya, como yo, la pena capital».

Siete años y medio antes, durante la campaña presidencial de 1992, Bill Clinton, entonces gobernador de Arkansas, interrumpió la campaña en Nuevo Hampshire para regresar a su estado natal y supervisar la ejecución de Ricky Ray Rector, un condenado con graves discapacidades mentales. Esa ejecución violó las normas internacionales, como muchas de las más de 400 realizadas en todo Estados Unidos desde que el presidente Clinton tomó posesión de su cargo el 20 de enero de 1993. Al parecer, en lo que se refiere a la pena de muerte, poco ha cambiado desde 1992. Ante la percepción del apoyo de la opinión pública a las ejecuciones, muchos destacados políticos estadounidenses, tanto en el nivel federal como en el estatal, siguen expresando su apoyo a la pena de muerte y a la ampliación de su ámbito de aplicación «en caso necesario». Pocos se referirán, por ejemplo, al informe de 1998 sobre el uso de la pena de muerte en Estados Unidos elaborado por el relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias (en adelante, «el relator especial»), que declaró que la ampliación de la pena de muerte conculcaba las normas internacionales.8

El gobierno estadounidense parece haber hecho prácticamente caso omiso del informe del relator especial, sumamente crítico hacia el uso de la pena de muerte por parte de Estados Unidos. Por ejemplo, el informe había concluido que «[p]arece haber una grave laguna en las relaciones entre el gobierno federal y los gobiernos estatales, sobre todo en lo que atañe a las obligaciones internacionales contraídas por el gobierno de los Estados Unidos». Lejos de tomar las riendas para comenzar a corregir esta situación y poner fin a los abusos que cometen los estados, el gobierno estadounidense ha confirmado, por ejemplo, su política de permitir que los estados conculquen el derecho internacional en el caso de los menores acusados de delitos punibles con la muerte. En 1999, el subsecretario de Justicia presentó un informe amicus curiae ante la Corte Suprema solicitando que ésta no examinara las obligaciones de Estados Unidos en relación con la prohibición internacional de imponer la pena de muerte a menores, es decir, a personas que tenían menos de 18 años en el momento en que cometieron el delito (véase infra el apartado «Matar a los niños que matan: La violación del derecho internacional»). Desde esa fecha han sido ejecutados tres menores, y varios han sido condenados a muerte.

En el ámbito estatal, Texas sigue siendo el estado que más recurre al homicidio judicial, superando con creces a cualquier otro estado en número absoluto de ejecuciones. El 12 de enero del 2000, Earl Heiselbetz se convirtió en el recluso número 200 ejecutado en Texas desde que se reanudaron los homicidios en este estado, en 1982. El aumento del ritmo de ejecuciones queda

8 E/CN.4/1998/68/Add.3: Informe presentado por el Sr. Bacre Waly Ndiaye, Relator Especial encargado de la cuestión de las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, de conformidad con la resolución 1997/61 de la Comisión. Adición. Misión a los Estados Unidos de América. Si desean conocer más datos de este informe, consulten«Una macabra cadena de montaje» Noticias sobre la pena de muerte en 1997 (AMR 51/20/98/s, abril de 1998).Índice AI: AMR 51/03/00/s Amnistía Internacional, abril del 2000


ilustrado por el hecho de que más de 120 se han realizado a partir de enero de 1995. Esto significa que, en los últimos cinco años, Texas ha ejecutado a más reclusos que ningún otro estado de Estados Unidos durante más de dos decenios. De hecho, el ritmo de ejecuciones de Texas es superior al de la mayoría de los países del mundo, y contrasta enormemente con la tendencia abolicionista global. Entre las más de 120 ejecuciones realizadas desde enero de 1995 hay muchas que se llevaron a cabo en violación de las normas internacionales. Entre los ejemplos de los últimos dos años figura la ejecución de tres personas por delitos cometidos cuando eran menores de edad, que vulneró el derecho internacional.9 En marzo del 2000, la tercera parte de los 74 menores condenados a muerte del país estaba en Texas.

Amnistía Internacional sostiene desde hace tiempo que, en Texas, la calidad de la labor de los defensores de oficio asignados a las personas sin recursos procesadas por delitos punibles con la muerte ha sido muchas veces inferior a la que exigen las normas mínimas internacionales. Investigaciones recientes han concluido que a los defensores de oficio en los procedimientos penales de Texas «no se les suele proporcionar incentivos económicos adecuados para defender enérgicamente a sus clientes, ni se les facilitan suficientes medios. Lo más preocupante es que el sistema actual parece proporcionar una calidad de justicia inferior a los ciudadanos del estado que carecen de recursos».10

Ricky Eugene Kerr iba a ser ejecutado el 25 de febrero de 1998. La Corte de Apelaciones en lo Penal de Texas se negó a suspender la ejecución, pese a que había recibido una declaración jurada del defensor de oficio de Kerr en la que admitía que no había comprendido el proceso de apelación. El abogado no había alegado nada en el recurso y había presentado un documento prácticamente en blanco al tribunal. El juez Morris Overstreet, que discrepó de la opinión de la mayoría de denegar el aplazamiento, calificó la apelación de «no solicitud» de recurso contra la declaración de culpabilidad y la pena impuesta y advirtió de que, si Kerr era ejecutado, la Corte tendría «las manos manchadas de sangre».11 La intervención en la apelación de un abogado con experiencia y de un juez federal permitió que la ejecución se suspendiera cuarenta y ocho horas antes de la fecha prevista. El juez de distrito Orlando L. Garcia calificó la designación de un abogado sin experiencia, cuyos problemas de salud le impidieron actuar en varias ocasiones, de «intento cínico y censurable de acelerar la ejecución a expensas de toda apariencia de imparcialidad e integridad».12

A la vista de estos casos, en 1999 las dos cámaras legislativas de Texas aprobaron una ley

9 Según los datos disponibles, la única jurisdicción del mundo que ha ejecutado a igual número de menores durante el mismo periodo es el estado de Virginia. Irán es el único país, aparte de Estados Unidos, del que se sabe que ha ejecutado a un número igual de menores en la última década; desde 1990 ha ejecutado a tres.10 En el estudio se solicitaron las opiniones de jueces, fiscales y abogados defensores. Por ejemplo, el 90,3 por ciento de los fiscales y el 87,3 por ciento de los jueces encuestados afirmaron que los defensores de oficio en procedimientos penales dedican a los clientes sin recursos menos tiempo que a quienes contratan sus servicios como particulares. Además, el 65,6 por ciento de los fiscales y el 66 por ciento de los jueces señaló que los defensores de oficio «hacen una defensa menos enérgica» que la que ofrecen en casos similares con clientes particulares. And Justice for Some: Indigent Criminal Defense in Texas. Allan K. Butcher y Michael K. Moore, University of Texas, 15 de marzo del 2000. 11 El 15 de julio de 1998, la Corte de Apelaciones en lo Penal de Texas desestimó las apelaciones de LaRoyce Lathair Smith y de Paul Colella porque sus defensores de oficio las habían presentado fuera de plazo. El juez Overstreet, discrepando de la mayoría, afirmó que la decisión «rayaba en la barbarie». En 1999, Texas aprobó una enmienda al Código de Procedimiento Penal para permitir que estos procesados fueran juzgados de nuevo defendidos por otro abogado.12 Kerr v. Johnson, 24 de febrero de 1998.Amnistía Internacional, abril del 2000 Índice AI: AMR 51/03/00/s


destinada a mejorar la selección de defensores de oficio para los procesados sin recursos. Sin embargo, el 20 de junio de 1999, el gobernador de Texas vetó la ley. Según los informes, el gobernador se opuso también a otra ley que, conforme a las normas internacionales, prohibía la imposición de la pena de muerte a retrasados mentales, lo que impidió su promulgación en 1999.13

Lamentablemente, el ejemplo de Texas en lo relativo a la pena de muerte parece tener atractivo para otras jurisdicciones que tratan de aumentar la eficiencia y la rapidez de las ejecuciones. Unos funcionarios de Nuevo México y Tennessee, que preparaban sus primeras ejecuciones desde 1960, visitaron la cámara de ejecución mediante inyección letal de Texas en septiembre de 1999 para aprender de la experiencia de dicho estado en homicidios judiciales. El 21 de septiembre, dos funcionarios del Departamento de Prisiones de Nuevo México presenciaron la ejecución de Richard Wayne Smith como parte de su visita. Un portavoz del Departamento de Justicia Penal de Texas señaló que también habían visitado la cámara de ejecución del estado «representantes del gobierno federal».14 El 23 de febrero del 2000, mientras estaba pendiente de aprobación ante la asamblea legislativa de Alabama un proyecto de ley por el que se sustituiría la silla eléctrica por la inyección letal, tres funcionarios penitenciarios de dicho estado visitaron la cámara de ejecución de Texas para aprender de la ejecución de Cornelius Goss, que iba a tener lugar esa noche.15

Puede que estas visitas oficiales a la cámara de ejecución de Huntsville sean menos inquietantes que los esfuerzos que han hecho algunos estados para emular el ritmo de ejecuciones de Texas. En diciembre de 1999, el gobernador de Florida anunció su objetivo de acelerar el proceso de apelación, pese al terrible historial del estado en condenas a muerte injustas.16 En un comunicado de prensa emitido para anunciar una sesión especial de dos días de la asamblea legislativa destinada a aprobar dichas reformas, el gobernador afirmaba: «Desde 1994, los delincuentes han asesinado a más de 4.000 personas en nuestro estado. Durante ese mismo tiempo, sólo 12 asesinos condenados han sido ejecutados. Y los retrasos siguen aumentando, en lugar de disminuir [...]. El retraso de la justicia es denegación de justicia. Nuestro objetivo es que los casos de pena capital se resuelvan en cinco años».17 Brad Thomas, asesor político del gobernador de Florida, manifestó: «Lo que espero es que lleguemos a ser como Texas. Traigan a los testigos, pónganlos [a los condenados] en una camilla18 y todos a bailar».19 Uno de los legisladores que respaldaron las propuestas en la sesión especial que se celebró entre los días 5 y 7 de enero fue el representante republicano Ken Pruitt, que recibió una larga ovación de las familias de las víctimas

13 Dallas Morning News, 19 de mayo de 1999, y New York Times, 18 de agosto de 1999. El 1 de septiembre de 1999 entró en vigor en Texas una ley sobre los procedimientos para abordar los casos de los condenados que alegan incapacidad, es decir, que no comprenden el motivo o la realidad de su ejecución.14 Associated Press, 12 de septiembre de 1999. Al parecer, también presenció una ejecución en Texas un funcionario del Estado de Filipinas. Véase «Una macabra cadena de montaje» (AMR 51/20/98/s, abril de 1998).15 Birmingham News, 24 de febrero del 2000.16 Desde 1973, Florida ha excarcelado a 19 presos condenados injustamente a muerte, más que ningún otro estado (incluido Illinois, cuyo gobernador ha reaccionado ante el índice de condenas a muerte injustas decretando una suspensión de las ejecuciones). Además, sigue siendo alarmantemente elevado el número de errores judiciales que exigen la reimposición de condena o un nuevo juicio, descubiertos por la Corte Suprema de Florida al revisar automáticamente las nuevas condenas a muerte. En 1998, la Corte encontró errores en el 77 por ciento de los casos, cifra que en los primeros ocho meses de 1999 aumentó al 83 por ciento.17 Governor Bush, Senate and House Leaders Call Special Session on Death Penalty Reforms . Comunicado de prensa, 9 de diciembre de 1999.18 Se refiere a la camilla a la que atan a los condenados a muerte para aplicarles la inyección letal.19 Bush backs off firm limits to death row appeals. St. Petersburg Times, 5 de enero del 2000. Índice AI: AMR 51/03/00/s Amnistía Internacional, abril del 2000


de asesinatos presentes cuando instó a los miembros de la Cámara a que votaran a favor de las reformas: «Las familias de las víctimas han visto cómo los tribunales conceden el beneficio de la duda a los asesinos de sus madres e hijas y padres e hijos. La mayoría de las veces, los tribunales han mostrado escasa deferencia a la asamblea legislativa. Quieren ser quienes dictan la política en este estado. Y es evidente que tenemos que trazar la línea divisoria [...] Es hora de que se haga justicia».20 La Ley de Reforma de la Pena de Muerte del 2000 fue aprobada por la asamblea legislativa estatal el 7 de enero, y firmada y promulgada por el gobernador de Florida. Al parecer, sigue el modelo de la ley de Texas, y fija límites y plazos temporales a las apelaciones.21

En su discurso sobre el estado del estado de 1 de febrero del 2000, el gobernador Siegelman, de Alabama, se hizo eco de su homólogo de Florida: «Las familias de las víctimas de asesinatos deben revivir su tragedia un año tras otro mientras apelaciones inacabables, innecesarias y sin sentido atascan nuestros sistemas judiciales. El retraso de la justicia es denegación de justicia. Y la justicia tarda demasiado en los casos de pena de muerte [...] Ya basta». Dos semanas después, el gobernador y el fiscal general de Alabama anunciaron que habían pedido a la Corte Suprema del estado que «racionalizase» el proceso de apelación en los casos de pena capital para acelerar las ejecuciones. El fiscal general Bill Pryor añadió: «Creo firmemente que esta es una cuestión que pueden asumir los dos partidos y agradezco el liderazgo que ha mostrado el gobernador Siegelman al respecto».22

Aunque en el momento de redactar este informe no se conoce la reacción de la Corte Suprema de Alabama, la Corte Suprema de Florida respondió a las medidas recién promulgadas por el gobernador del estado suspendiendo su aplicación el 7 de febrero, mientras estudia su constitucionalidad. El presidente de la Cámara de Representantes de Florida reaccionó con ira ante la burla que hacían al poder legislativo «unos jueces no elegidos en las urnas», y el presidente del Consejo de Justicia Penal y Penitenciario de la Asamblea Legislativa amenazó con introducir una enmienda constitucional para apartar a la Corte Suprema del estado del proceso de apelación en los casos de pena de muerte.23 Los legisladores republicanos propusieron la introducción de un proyecto de ley que permitiría que el gobernador Jeb Bush —cuyo gobierno había sido criticado en 1999 por planear buscar candidatos «ideológicamente compatibles» para ocupar los puestos vacantes de juez— nombrara dos nuevos jueces de la Corte Suprema del estado.24 Un destacado

20 Constitutional issues remain death penalty session. Florida Bar News, 15 de enero del 2000.21 Florida lets speed govern executions. Chicago Tribune, 28 de febrero del 2000.22 Siegelman and Pryor Call for Changes in Death Penalty Appeals Process. Ask Alabama Supreme Court to Eliminate Two-Tiered Review of Capital Cases. Comunicado de prensa, 14 de febrero del 2000.23 Assault on the courts. St. Petersburg Times, 13 de febrero del 2000. En un intento de evitar la influencia de la política en el sistema de nombramiento de los jueces, Florida cuenta con unas Comisiones de Designación de Jueces que seleccionan a los candidatos a ocupar el cargo de juez y recomiendan una lista final al gobernador. Después, los miembros de la Corte Suprema son sometidos a una «votación sobre su continuidad en el cargo en función de los méritos» en las primeras elecciones generales que se celebren una vez que cumplen un año en el cargo de juez. Si los electores los mantienen, ocupan su cargo en la Corte Suprema otros seis años, transcurridos los cuales vuelven a someter su continuidad a la votación de los electores.24 En un artículo publicado el 1 de octubre de 1999 con el título Plan would find judges compatible with Bush, el St. Petersburg Times dio a conocer los detalles de un mensaje enviado por correo electrónico al gobernador Bush el 13 de agosto por uno de sus asesores jurídicos, el asesor general adjunto Frank Jiménez. Éste sugería un plan para animar a las personas con opiniones «ideológicamente compatibles» con las del gobernador a que solicitasen los puestos de jueces vacantes. También decía que, ese mismo año, la administración Bush había hablado con dirigentes de la Coalición Cristiana y había pedido a este grupo religioso conservador que facilitasen nombres de posibles candidatos a jueces. En una carta abierta dirigida al Colegio de Abogados de Florida el 1 de noviembre, el gobernador Bush aseguró que apoyaba la independencia del poder judicial y que nunca había respaldado ni apoyado el plan expuesto en el Amnistía Internacional, abril del 2000 Índice AI: AMR 51/03/00/s


representante republicano que expresó su apoyo a este proyecto de ley declaró: «En general, el tribunal viene siendo detestable y estrambótico. Gracias a un poder judicial muy poco estricto y muy liberal, una persona declarada culpable de un delito castigado con la pena capital puede presentar 12 apelaciones y vivir quince años hasta que se lleva a cabo la ejecución».25

La politización de las ejecuciones amenaza regularmente con suprimir la línea divisoria que separa al poder judicial del legislativo. En su informe de 1998 sobre Estados Unidos, el relator especial de la ONU expresó su preocupación por que «el factor político subyacente en la pena capital, sobre todo electorales, suscita dudas sobre la objetividad de su imposición».26 Por otra parte, afirmó que el sistema para elegir a los jueces para mandatos relativamente breves en la mayoría de los estados de Estados Unidos donde está vigente la pena capital «puede suponer una injerencia en la independencia e imparcialidad de la judicatura».27 Los últimos sucesos acaecidos en Colorado, donde los jueces son nombrados por el gobernador para ocupar su cargo durante dos años y después someten su permanencia a la votación de sus electores, ponen en evidencia el riesgo de que se politice el nombramiento y la continuidad de los jueces. En 1999, se impusieron las primeras condenas a muerte en Colorado en aplicación de una ley de 1995 en virtud de la cual la determinación de la condena dejaba de estar en manos de un jurado de 12 miembros y pasaba a depender de un tribunal compuesto por tres jueces. Para imponer la pena capital, la decisión debe ser unánime. Durante 1999, estos tribunales condenaron a muerte a dos procesados, y a cadena perpetua a cuatro. Dos de estos últimos se salvaron del patíbulo porque uno de los jueces votó en contra. Frustrado por estas sentencias, que algunos partidarios de la pena de muerte interpretaban en el sentido de que un solo juez procedente de un condado distinto a aquel donde se cometió el crimen podía bloquear las ejecuciones por motivos de conciencia, el presidente del Senado de Colorado decidió introducir una ley para sustituir al tribunal de tres jueces por un único juez. Su última tentativa fue derrotada por un estrecho margen de votos en el Senado el 24 de marzo del 2000, entre acusaciones de que estaba tratando de influir en el resultado de un juicio que estaba celebrándose en aquellas fechas.28

mensaje.25 Plan in works to expand state Supreme Court. Miami Herald, 4 de marzo del 2000. El 14 de marzo, poco antes de la fecha prevista para su comparecencia ante la Corte Suprema para defender la nueva ley sobre la pena de muerte, el representante Feeney pidió disculpas al tribunal por sus declaraciones al Miami Herald.26 El relator especial señaló que se había entrevistado con «con varios abogados y miembros de los Colegios de Abogados de diferentes estados, que reconocieron haber recibido cartas de jueces en las que se solicitaban contribuciones financieras a sus campañas para la reelección», y expresó su preocupación por los efectos que podría tener este electoralismo. Según una reciente encuesta realizada entre jueces de condado de Texas, aproximadamente un tercio de ellos tenía en cuenta si un abogado es un simpatizante político o ha contribuido a su campaña a la hora de nombrar defensores de oficio a los procesados sin recursos. And Justice for Some: Indigent Criminal Defense in Texas (op. cit.). Al parecer, en 1998, un estudio patrocinado por la Corte Suprema de Texas, la Oficina de Administración Judicial y el Colegio de Abogados del estado, sobre la confianza de la opinión pública de Texas en los tribunales y en la profesión jurídica, concluyó que el 43 por ciento de los ciudadanos del estado pensaba que las contribuciones a las campañas electorales de los jueces tenían un efecto «muy significativo» sobre las decisiones que éstos tomaban en la sala de juicios; otro 40 por ciento pensaba que este efecto era «algo significativo».27 En marzo del 2000, la pena de muerte se convirtió en una cuestión electoral entre dos candidatos que aspiraban a ocupar un puesto de juez en la Corte Suprema de Illinois. El anuncio de televisión de uno de ellos, el juez de la corte de apelaciones Morton Zwick, acusaba a su contrincante, el juez de condado Thomas Fitzgerald, de supervisar un sistema judicial que ha «condenado a muerte a hombres inocentes, mientras los asesinos caminan por la calle. Fitzgerald quiere ser ascendido a la Corte Suprema. Nos merecemos algo mejor». Zwick attacks Fitzgerald on death sentence issue. Chicago Tribune, 9 de marzo del 2000. El Colegio de Abogados de Chicago declaró que el anuncio era contrario a la ética y engañoso.28 El proyecto de ley fue derrotado por 18 votos contra 16, después de que el Senado se negó a aplazar la Índice AI: AMR 51/03/00/s Amnistía Internacional, abril del 2000


Otro proponente de este tipo de medidas legislativas en Colorado es un senador cuyo apoyo a las ejecuciones se vio reforzado, según los informes, por el asesinato de una tía suya, y que declaró: «El objetivo que persigo es aumentar el uso de la pena de muerte. Estoy harto de que continúen los asesinatos violentos y de que los jueces mimen a los asesinos convictos».29 El senador voló hasta Oklahoma el 7 de marzo del 2000 para presenciar la ejecución del hombre a quien habían declarado culpable del asesinato de su tía, prevista para los primeros minutos del 9 de marzo. La ejecución de Loyd LaFevers fue aplazada por los tribunales poco antes de la hora fijada, al surgir nuevas pruebas de ADN que ponían en duda su implicación en el crimen. Según las informaciones, el senador de Colorado dijo: «Es un verdadero insulto dejar que este individuo continúe respirando el aire de Oklahoma [...] ¿Cómo ha podido decir un tribunal que tenemos que dar más tiempo a este individuo?»30

En California, el gobernador Davis, recién elegido, fue criticado en 1999 por convertir el apoyo a la pena de muerte en uno de los requisitos para ser nombrado juez. Un profesor de Derecho que habló con varios de los candidatos a jueces declaró que éstos habían salido de la entrevista «absolutamente traumatizados» por el interrogatorio sobre su postura ante la pena de muerte: «Ninguno de los candidatos dijo que creía que la pena capital era el mejor invento desde la rueda, que es lo que exige Davis».31 En febrero del 2000, el concepto de independencia judicial del gobernador Davis quedó en entredicho cuando, según los informes, declaró ante unos periodistas que los jueces que nombraba debían seguir sus opiniones políticas o dimitir: «Los jueces que nombro deben reflejar mis opiniones. No están ahí para ser agentes independientes. Están ahí para reflejar los sentimientos que he expresado durante la campaña electoral [a gobernador]». Cuando le preguntaron qué ocurriría si expresaban opiniones diferentes de las suyas, el gobernador respondió: «No deberían ser jueces. Deberían dimitir». Y prosiguió afirmando: «Obviamente, los jueces tienen que cumplir la ley. Pero al interpretarla, espero que se mantengan fieles a lo que yo he prometido a los electores. En caso contrario, estaríamos haciendo un enorme daño al sistema democrático».32

En Idaho, un juez de condado elegido para ocupar el cargo durante un mandato de cuatro años en 1997, provocó las iras de gran parte de los ciudadanos cuando, a mediados de 1999, decidió condenar a Scott Yager a cadena perpetua sin posibilidad de obtener la libertad condicional en lugar de a la pena de muerte, por el asesinato en 1998 de un agente de policía.33 El juez decidió que no podía condenarlo a muerte por no darse las circunstancias agravantes que, en virtud de las leyes de

votación. Algunos legisladores consideraron que la propuesta inicial del presidente del Senado de aplazar la votación era un intento de influir en el resultado de las actuaciones que se seguían contra George Woldt, que fue declarado culpable de un delito de asesinato punible con la muerte por un tribunal del condado de El Paso el 23 de marzo (el tribunal de tres jueces que iba a imponer la condena fue nombrado el 24 de marzo). El líder de la minoría en el Senado afirmó que había oído al presidente del Senado decir que quería mantener la presión sobre los tribunales del condado de El Paso. Lucas Salmon, procesado con Woldt en la misma causa, había sido condenado a cadena perpetua sin posibilidad de obtener la libertad provisional en 1999, después de que uno de los tres jueces se negó a votar a favor de la pena de muerte, resultado que suscitó las iras del presidente del Senado, entre otras personas. Vote retains 3-judge panels in death penalty cases. Denver Post, 25 de marzo del 2000.29 Denver Post, 24 de enero del 2000.30 Court upholds execution stay for Oklahoma County killer. Tulsa World, 9 de marzo del 2000.31 Los Angeles Times, 13 de noviembre de 1999.32 Associated Press, 29 de febrero del 2000. El gobernador Davis estaba en Washington D.C. para asistir a una reunión de la Asociación Nacional de Gobernadores.33 Por ejemplo, el capellán de la policía de Idaho pidió la destitución del juez: «Si un hombre busca con tanto ahínco un motivo para no imponer la pena de muerte, no debería juzgar un caso de pena capital». Spokesman-Review, 19 de agosto de 1999.Amnistía Internacional, abril del 2000 Índice AI: AMR 51/03/00/s


Idaho, convierten un asesinato en un delito punible con la muerte. En respuesta a este caso, el recién elegido gobernador del estado, Dirk Kempthorne, propuso una ley para asegurar que el homicidio de un agente de policía constituye una circunstancia agravante clara por la que los jueces pueden considerar la posibilidad de imponer la pena capital. El proyecto de ley fue aprobado por una mayoría abrumadora en el Senado el 24 de febrero del 2000, aprobado también por la Cámara de Representantes el 29 de marzo, por 60 votos frente a 7, y sólo falta la firma del gobernador para que entre en vigor.

En el ámbito federal, los jueces son nombrados su cargo con carácter vitalicio. El riesgo de que su nombramiento se politice en función de cuál se considere que ha sido su actuación respecto de la pena de muerte quedó patente en 1999, en el caso del juez Ronnie White, el primer juez afroamericano de la Corte Suprema de Misuri, a quien el presidente Clinton propuso como juez del distrito federal. Sin embargo, el Senado estadounidense votó en contra de su candidatura, en parte porque el juez White era presuntamente reacio a apoyar condenas a muerte. La campaña del Partido Republicano contra el juez White fue encabezada por el senador de Misuri John Ashcroft, que se presentaba a la reelección con un programa a favor de la pena de muerte, y que calificó al juez de «partidario de los criminales» y afirmó que era el juez más contrario a la pena de muerte de la Corte Suprema de Misuri. No obstante, el juez White había ratificado la pena capital en 41 de los 59 casos de pena de muerte que había juzgado, y en 10 de los 18 casos en los que votó en contra, lo hizo de forma unánime con el resto de los jueces del tribunal.34 Ese mismo año, el senador Ashcroft había dejado claro su objetivo de limitar las facultades de los jueces federales sobre las sentencias de los tribunales estatales. En respuesta a un miembro de Amnistía Internacional en Suecia que había expresado su preocupación por la pena de muerte, el 7 de julio de 1999 el senador Ashcroft escribió: «Como senador, apoyo las leyes destinadas a racionalizar el proceso de apelación y a poner fin al interminable cuestionamiento de las sentencias condenatorias de los tribunales estatales por los jueces federales, tan alejados en el tiempo y en el espacio de la sentencia condenatoria inicial. En el 106º Congreso, seguiré luchando para abreviar el proceso».

En lugar de tratar de acelerar las ejecuciones o de ampliar el ámbito de aplicación de la pena de muerte, o de permitir que la politización de la pena capital menoscabe la independencia del poder judicial, los políticos estadounidenses deberían asumir un auténtico liderazgo en materia de derechos humanos y educarse y educar a la opinión pública sobre las normas internacionales y las respuestas alternativas a la delincuencia violenta.

¿Consentimiento sin conocimiento de causa? Un castigo remoto para el ciudadano normal

Sus votos no se basan en pruebas ni en argumentos, sino en los terrores nocturnos, y la mejor forma de aliviarlos es una actuación policial eficaz, no el linchamiento de un chivo expiatorio.35

Las encuestas de opinión muestran una y otra vez que una reflexión con conocimiento de causa sobre la pena de muerte, incluidas sus posibles alternativas, dan como resultado una respuesta diferente a las peticiones reflejas de matar a los asesinos. En su informe de 1998, el relator especial

34 The Ghost of Ronnie White. Washington Post, 9 de octubre de 1999.35 Crimes against Humanity: The struggle for global justice. Geoffrey Robertson QC. Allen Lane/The Penguin Press, 1999.Índice AI: AMR 51/03/00/s Amnistía Internacional, abril del 2000


de la ONU citó una investigación estadounidense que concluía que «la gente tiende a apoyar rápidamente esta sanción, pero retira con igual rapidez su apoyo cuando se le ofrece información concreta sobre su aplicación».36

Sin embargo, los votantes estadounidenses distan mucho de estar plenamente informados sobre los homicidios judiciales que se cometen en su nombre, y la realidad humana de la pena de muerte parece seguir siendo en gran medida algo remoto para la conciencia ciudadana. En octubre de 1998, el entonces jefe de la administración municipal de Huntsville, en Texas, señaló esta circunstancia al afirmar: «Yo diría que si alguien se diera una vuelta por la ciudad y preguntase a cinco personas, éstas no sabrían decir cuándo fue la última ejecución ni cuándo será la siguiente, ni sabrían decir el nombre de ningún condenado a muerte. Es así de aséptico si uno quiere: indiferente, impersonal; no es una preocupación cotidiana para esta comunidad, salvo para muy pocas personas».37 Sin embargo, en la cámara de ejecución mediante inyección letal de Huntsville se han llevado a cabo más de 200 ejecuciones –más de 100 desde 1995–, más que en ninguna otra de Estados Unidos.

En uno de los últimos insultos del siglo XX a la Declaración Universal de Derechos Humanos, cinco presos estadounidenses fueron ejecutados treinta horas antes del Día de los Derechos Humanos de 1999, dos de ellos en Texas.38 El primero de ellos, David Martin Long, un preso con un largo historial de enfermedad mental, había tratado de suicidarse con una sobredosis de narcóticos dos días antes. Estaba aún en la unidad de cuidados intensivos del hospital de Galveston, a unos 200 kilómetros de Huntsville, cuando se acercó la fecha prevista para la ejecución. Las autoridades de Texas no vieron ninguna razón para esperar, y contrariamente a lo sucedido en el juicio por asesinato celebrado en 1987, en el que el estado había negado a sus abogados los recursos necesarios para realizar una evaluación completa de la discapacidad psíquica de Long,39 no repararon en gastos para matarlo. Lo trasladaron en un avión hasta Huntsville, acompañado por un equipo médico completo para garantizar que llegaba sano y salvo. Cuando le administraron la inyección letal, David Long «resopló y comenzó a emitir gritos ahogados. Empezó a salirle un líquido marrón oscuro por la nariz y la boca que chorreó hasta el suelo».40 Era la solución de carbón que le habían administrado para desintoxicar el cuerpo, sólo unas horas antes de inyectarle sustancias químicas letales. La sobrina de una de las víctimas de David Long, que había acudido a presenciar la ejecución, abandonó la sala de testigos presa de la angustia. David Long tardó nueve minutos en morir.

36 El relator especial se refería a la investigación de Dennis R. Longmire, director del Criminal Justice Center de la Sam Houston State University, Huntsville, Texas.37 Entrevista de la BBC Radio 5 con Gene Pipes, 7 de octubre de 1998. El jefe de la administración municipal, nombrado por el consistorio, es el encargado de la administración del ayuntamiento y su máximo responsable ejecutivo.38 David Long fue ejecutado en Texas la noche del 8 de diciembre, y el 9 de diciembre murieron D.H. Fleenor (Indiana), Bobby Lynn Ross (Oklahoma), James Beathard (Texas) y Andre Graham (Virginia). Era la primera vez desde 1977 que Estados Unidos ejecutaba a cuatro personas el mismo día.39 Un psicólogo, que declaró que Long era probablemente demente, a los efectos legales, en el momento en que cometió el crimen, pidió un examen neurológico completo debido a la «elevada probabilidad» de que existieran daños cerebrales que hubieran influido en el comportamiento del procesado, y afirmó que era imposible un diagnóstico completo sin dicho examen. El tribunal denegó la petición. El psiquiatra de la acusación declaró, sin haber examinado a Long, que éste era un «sociópata», pero no un demente. Las pruebas neurológicas realizadas después del juicio confirmaron que Long sufría daños cerebrales.40 Man who tried suicide executed. Dallas Morning News, 9 de diciembre de 1999. Los tribunales desestimaron las peticiones para que se aplazara la ejecución. El juez de distrito estatal Ed King declaró: «El deseo de engañar al verdugo o de burlarse del estado no significa que alguien sea incompetente para ser ejecutado».Amnistía Internacional, abril del 2000 Índice AI: AMR 51/03/00/s


Los medios de comunicación informaron ampliamente de la ejecución. No obstante, por lo general las ejecuciones generan poca atención entre la opinión pública, especialmente fuera del estado en que se llevan a cabo.41 Aunque todas las ejecuciones representan un fracaso de visión política, el hecho de que se considerase que las circunstancias «excepcionales» de la ejecución de David Long la hubieran hecho más noticiable parece reflejar un fracaso más general de la imaginación, en el seno de una sociedad cuya mayoría ha perdido la sensibilidad ante los homicidios que se cometen en su nombre.42 Parece más fácil apartar la vista de un cruel ritual que se ha convertido en algo normal y que, aunque ya se ha repetido en unas 600 ocasiones, se diluye en el tiempo y en el espacio en la inmensidad del país.

Por ejemplo, ¿qué habría ocurrido si el avión que transportaba a David Long desde el hospital hasta la cámara de ejecución, en lugar de llevar a un solo preso, hubiera sido un jumbo con 600 condenados (número aproximado de ejecutados desde 1977)? ¿Y si los pasajeros hubieran salido del avión uno a uno, los hubieran atado y después los hubieran matado? ¿En qué momento se habrían sentido asqueados los votantes estadounidenses? ¿Después de la muerte de los primeros 100 presos? ¿O del segundo? ¿O de los 600?

¿Pediría la gente antes el fin de los homicidios si supiera hasta qué punto cada ejecución ha alejado a su país de la mayoría de las naciones del mundo? ¿Se conmoverían las conciencias si se les proporcionara más información sobre los condenados, no por sentir más compasión hacia ellos que hacia sus víctimas, sino por reconocer que otro homicidio no sirve a los fines de la justicia y de la humanidad? ¿Qué ocurriría si la opinión pública supiera que muchos de los presos sufrían graves discapacidades psíquicas? ¿O que, debido a la pobreza, tuvieron una defensa terriblemente deficiente en el juicio? ¿O que la discriminación racial influyó en la imposición de la condena? Saber que varios de los presos podrían ser inocentes de un delito castigado con la pena capital, ¿produciría un cambio de opinión sobre este castigo irrevocable?

Existen muchas interrogantes en torno a la aplicación de la pena de muerte. Una de ellas, que es fundamental para la justicia penal, es la posibilidad de rehabilitación.43 ¿Qué sucede si los reclusos muestran un remordimiento genuino por lo que han hecho, o han cambiado tanto desde que cometieron sus crímenes que no se parecen en nada a los individuos violentos, maltratados o discapacitados por el alcohol o las drogas que fueron condenados? Una encuesta realizada en Texas en 1999 indicaba que el apoyo a la pena de muerte desciende hasta el 53 por ciento (desde alrededor

41 «Puede que Estados Unidos se haya acostumbrado al restablecimiento de la pena de muerte, aunque gran parte de Europa occidental siente consternación ante ella. Aunque las ejecuciones ya no obtienen apenas espacio en los periódicos estadounidenses, es frecuente que aquí [en Europa] se analice con detalle la disposición de Estados Unidos de matar a sus presos». Europeans deplore executions in the US. New York Times, 26 de febrero del 2000.42 Otra ejecución reciente en Texas que recibió una publicidad adicional fue la de Ponchai Wilkerson, realizada el 14 de marzo del 2000, que escupió una llave como último acto antes de recibir la inyección letal. Los guardias habían utilizado un pulverizador químico para sacarlo de la celda y llevarlo a la cámara de ejecución de Huntsville. En otro caso anterior ocurrido también en Texas, los guardias recurrieron a un pulverizador para llevar a Desmond Jennings a la celda de observación antes de ejecutarlo el 16 de noviembre de 1999.43 «El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados» (artículo 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).Índice AI: AMR 51/03/00/s Amnistía Internacional, abril del 2000


de un 70 por ciento) si el condenado ha «mostrado señales de haber cambiado su vida».44 No obstante, la pena de muerte, por definición, niega la capacidad de cambio de las personas.

La hipótesis de que el apoyo a la pena de muerte es sensible a la aportación de información adicional sobre su uso parece confirmarse cada vez que un miembro de un jurado u otra persona que ha intervenido en un caso concreto de pena capital expresa después su oposición a ella, tras haber conocido más datos sobre el delito o el procesado.45 En la vista sobre concesión del indulto celebrada en el caso de Patrick Poland en Arizona, el 14 de marzo del 2000, los dos fiscales y uno de los agentes de la policía federal que dos decenios antes habían trabajado juntos para lograr que fuera condenado a muerte solicitaron que no se llevase a cabo la ejecución, tras haber tenido conocimiento de las circunstancias atenuantes que habían concurrido en el papel que desempeñó Patrick Poland en el crimen cometido en 1979 y por el que su hermano Michael había sido ejecutado en junio de 1999. Patrick Poland no fue indultado y fue ejecutado el 15 de marzo. Cuando se acercaba la fecha prevista para la ejecución de Philip Workman, en Tennessee, varios miembros del jurado que lo había juzgado expresaron sus dudas sobre la condena a muerte, ante las pruebas reveladas después de las actuaciones judiciales de 1982. En la vista sobre la concesión del indulto a Sean Sellers, celebrada el 27 de enero de 1999, una mujer que había formado parte del jurado que lo juzgó en 1986 pidió que Sellers, menor de edad cuando cometió el delito, no fuera ejecutado, y recordó que los miembros del jurado creían que Oklahoma no iba a llevar a cabo realmente la ejecución, pero temieron que si le imponían una pena de prisión, el procesado saldría en libertad en poco tiempo. La ex miembro del jurado dijo que había conocido la evolución personal experimentada por Sean Sellers en prisión, lo que le había conmovido, así como su labor de ayuda a otros adolescentes con problemas. Sellers fue ejecutado el 4 de febrero de 1999. Cinco días después, Jaturun Siripongs fue ejecutado en California. Una de las personas que pidieron el indulto para este ciudadano tailandés fue un miembro del jurado que lo había juzgado y que destacó la «adaptación a la prisión» de Siripongs y la «cuestionable defensa» que tuvo en el juicio. En octubre de 1998, dos miembros del jurado que juzgó en 1991 a Dwayne Wright en Virginia declararon que, de haber conocido el alcance de su discapacidad psíquica, no habrían votado a favor de la pena de muerte. Wright fue ejecutado el 14 de octubre de 1998 por un asesinato que había cometido cuando era todavía un niño.

Algunos miembros de jurados cambian de opinión muy pronto. En octubre de 1999, un miembro de un jurado se negó a votar la pena de muerte en el juicio de Justin Walker Sincock, en Wyoming. Los otros 11 miembros querían imponer la pena capital, pero el voto en contra hizo que Sincock fuera condenado a cadena perpetua. El miembro del jurado que discrepó de la mayoría había sido partidario de la pena de muerte, pero cambió de parecer cuando se enfrentó a la realidad de participar personalmente en la ejecución de una persona: «No podría matar a nadie. Antes

44 Fort Worth Star Telegram, 14 de enero de 1999. Quizá el resultado de esta encuesta indique que la opinión pública seguía preocupada por la ejecución, el 4 de febrero de 1998, en Texas, de Karla Faye Tucker, que durante el tiempo que permaneció en prisión había estudiado y se había convertido en una persona profundamente religiosa. Su ejecución desató un aluvión de protestas en Estados Unidos, incluso de los partidarios de la pena de muerte. Véase «Una macabra cadena de montaje» (AMR 51/20/98/s, abril de 1998). El caso sigue alimentado la polémica. A mediados de 1999, el gobernador de Texas fue criticado cuando un periodista dijo que se había burlado de Karla Faye Tucker al ser preguntado sobre su caso durante una entrevista. Un portavoz declaró posteriormente que sin duda el periodista había malinterpretado su respuesta, «porque el gobernador Bush no se burló, ni nunca se burlaría de la difícil y seria responsabilidad de hacer cumplir la pena de muerte». Reuters, 11 de agosto de 1999.45 En la selección de los miembros del jurado en los casos de pena capital, las personas que se oponen a la pena de muerte son descartadas del grupo de posibles miembros.Amnistía Internacional, abril del 2000 Índice AI: AMR 51/03/00/s


pensaba que la pena de muerte era adecuada».46

En Estados Unidos, las ejecuciones se llevan a cabo en nombre de todos sus ciudadanos, y no sólo de los jurados que han impuesto la pena capital, de sus fiscales o de sus legisladores. La indignación y frustración legítimas que sienten los ciudadanos ante un delito violento no deben impedirles informarse exhaustivamente de la realidad humana de la política de homicidios judiciales que se está poniendo en práctica en su nombre.

46 Associated Press, 22 de octubre de 1999.Índice AI: AMR 51/03/00/s Amnistía Internacional, abril del 2000


La pena de muerte: Siempre cruel, siempre inhumana, siempre degradante

Indudablemente intentamos hacer que el proceso sea lo más aséptico posible. Y la clave es hacer que lo que se ve transcurra de la forma más tranquila posible.

Funcionario de Florida, sobre la inyección letal, febrero del 2000.47

La inyección letal, con la que se llevaron a cabo 179 de las 193 ejecuciones realizadas entre el 1 de enero de 1998 y el 31 de marzo del 2000, se fomenta ampliamente como un método que ha actualizado un castigo antiguo y le ha dado una forma moderna y aceptable.48 Algunos lo comparan con el método que se emplea para eliminar a los animales enfermos. En octubre de 1998, un periodista radiofónico que había presenciado más de 100 ejecuciones, dijo de la inyección letal: «Es un proceso que se parece mucho a lo que ocurre en los refugios para animales, cuando hay demasiados animales y no hay personas suficientes que quieran tenerlos y amarlos. Los animales no deseados son eliminados con un método similar al que se usa para los seres humanos que han cometido un delito [...]».49

Un ejemplo reciente de burocracia que perpetúa el mito de la ejecución humana es la declaración de la Corte Suprema de Connecticut, por cinco votos contra dos, de que la muerte por inyección letal no es un castigo cruel. El presidente de la Corte escribió que la razón por la que la mayoría de los estados que ejecutan a personas han adoptado la inyección letal es «porque está reconocido universalmente como el método de ejecución más humano». Aunque estas opiniones influyen sin duda a la hora de proteger la sensibilidad de los ciudadanos frente a la realidad del homicidio judicial, no pueden ocultar la crueldad inherente a la pena de muerte, como señaló el juez Katz, uno de los dos jueces de Connecticut que discreparon en dicha resolución: «Reconozco que algunos métodos de ejecución son peores que otros, pero ninguno es mejor. Por tanto, se lleve a cabo por empalamiento o por electrocución, por crucifixión o en la cámara de gas, por fusilamiento o en la horca, por inyección letal o por cualquier otro método no inventado aún, la quintaesencia de la pena capital es la crueldad».50

Las inyecciones letales, como cualquier otro método de ejecución, no siempre actúan según lo previsto. Por ejemplo, en Texas, cuando el 22 de abril de 1998 la solución letal comenzó a entrar en el cuerpo de Joseph Cannon, que había cometido el delito por el que fue condenado cuando era menor de 18 años, la aguja se salió del brazo y hubo que hacer salir a los testigos mientras volvían a introducirla. Luego los testigos entraron de nuevo para observar el segundo intento de matarlo, que culminó con el resultado deseado. Su madre se desmayó después de ver cómo mataban a su hijo y tuvo que ser asistida en un hospital. En la ejecución de James Ronald Meanes, realizada en Texas el 15 de diciembre de 1998, el técnico sanitario tuvo dificultades para encontrar una vena adecuada en los brazos del condenado, por lo que le introdujo las agujas en el lado izquierdo del cuello y en la mano derecha. Las autoridades dijeron que la dificultad se debió probablemente a sus antecedentes

47 Lethal injection more secretive than electric chair, Naples Daily News, 28 de febrero del 2000.48 Las otras 14 ejecuciones se llevaron a cabo por electrocución (12) y gas letal (2). De las 432 ejecuciones realizadas en Estados Unidos entre 1977 y 1997, 287 fueron por inyección letal, 131 por electrocución, nueve por gas letal, tres por ahorcamiento y dos por fusilamiento.49 BBC Radio 5, 7 de octubre de 1998. Entrevista con el director de los servicios informativos de KSAM Radio, Huntsville.50 State v. Webb, 15 de febrero del 2000.Amnistía Internacional, abril del 2000 Índice AI: AMR 51/03/00/s


como drogadicto. La ejecución de Wilford Berry en Ohio el 19 de febrero de 1999 se aplazó unos veinte minutos por los problemas que surgieron a la hora de introducir la aguja en el brazo derecho del preso. De modo similar, la ejecución de Eddie Lee Harper en Kentucky el 25 de mayo se retrasó diez minutos mientras el equipo de verdugos buscaba una vena adecuada. Dos minutos después de comenzar a entrar en su cuerpo la solución letal, la cara de Harper «se amorató un poco y se hinchó». La muerte se certificó diez minutos más tarde.51

Parece existir una gran variación en el tiempo que tarda una inyección letal en provocar la muerte. Según los informes, el 22 de marzo del 2000, en Misuri, James Hampton tardó tres minutos en morir. El 8 de septiembre de 1999, en Arkansas, Mark Gardner fue declarado muerto trece minutos después de comenzar a entrar la solución letal en su cuerpo. Una hora después, en la misma cámara de ejecución, Alan Willett murió a los dieciséis minutos de recibir la inyección. En Carolina del Norte, las ejecuciones de Zane Hill (14 de agosto de 1998), James Rich (26 de marzo de 1999) y David Brown (19 de noviembre de 1999) tardaron, respectivamente, veintitrés, veintiún y veinte minutos desde que comenzó a administrárseles la inyección letal hasta que se declaró oficialmente que habían fallecido.

El 24 de septiembre de 1999, la Corte Suprema de Florida decidió por un estrecho margen de votos que la ejecución por electrocución no violaba la constitución del estado, aunque instó a la asamblea legislativa a que adoptase la inyeción letal como alternativa a la silla eléctrica. Esta exhortación se produjo tras la electrocución, el 8 de julio de ese mismo año, de Allen Lee Davis, la última de una serie de ejecuciones chapuceras realizadas en Florida, en la que la víctima comenzó a sangrar por la nariz y la sangre se extendió por su pecho. Tres de los jueces de la Corte Suprema criticaron el uso de la silla eléctrica, calificándola de «bárbara», «salvaje», «inhumana» y «más propia de un asesino violento que de un estado civilizado».52 Uno de los jueces publicó en Internet unas fotos de Allen Lee Davis tomadas tras la ejecución para expresar su opinión de forma más gráfica. Sin embargo, lamentablemente, ninguno de los jueces aprovechó la ocasión para señalar que, con independencia del método empleado para poner fin a la vida del preso, la pena de muerte es una violación de los derechos humanos que embrutece a la sociedad y promueve el mensaje de que el homicidio es una respuesta adecuada al homicidio.53 Los legisladores de Florida votaron a favor de la adopción de la inyección letal (véase el recuadro anterior), y después un grupo de funcionarios de ese estado se desplazaron hasta Virginia para presenciar, los días 10 y 13 de enero del 2000, la ejecución de Chris Thomas y Steve Roach, menores de edad cuando cometieron sus respectivos delitos. En la ejecución de Steve Roach estuvieron presentes seis ciudadanos de Virginia que se habían ofrecido voluntarios para ser testigos (la ley de Virginia exige la presencia de dichos testigos). Dos de ellos explicaron sus motivos para estar allí: «Una testigo dijo que era su tercera ejecución. Declaró que seguía acudiendo porque son “interesantes” [...] Otro testigo dijo que había acudido a ver la muerte de Roach como una forma de vengar la muerte de su propio hijo, a quien

51 Louisville Courier-Journal, 26 de mayo de 1999.52 Thomas H. Provenzano c. Michael W. Moore, 24 de septiembre de 1999.53 Algunos estudios han indicado la posibilidad que el número de asesinatos aumente después de una ejecución. Un estudio publicado en 1998 reveló que en Oklahoma hubo un aumento significativo de determinados tipos de asesinato tras la reanudación de las ejecuciones en este estado, en 1990. Deterrence, Brutalization, and the Death Penalty: Another examination of Oklahoma’s return to capital punishment. (36 Criminology 711-733). Otro estudio, publicado en 1999, reveló que en Los Ángeles los asesinatos aumentaron durante los ocho meses siguientes a la ejecución de Robert Harris en California, en 1992. Effects of an Execution on Homicides in California (3 Homicide Studies 129-150). Fuente: Centro de Información sobre la Pena de Muerte, www.essential.org/dpicÍndice AI: AMR 51/03/00/s Amnistía Internacional, abril del 2000


habían matado de una paliza, crimen del que nadie había sido declarado culpable».54 Un testigo voluntario de la ejecución de Anthony Chaney en Arizona, el 16 de febrero, ofreció un motivo similar: «Tenía un hermano en Tennesse que fue asesinado. Al tipo que lo hizo le permitieron pactar la condena [diecisiete años de prisión] [...] eso fue lo único que le hicieron».55

¿Y cuál es el efecto que tienen las ejecuciones sobre los funcionarios y sobre los propios verdugos? El obispo Kenneth Carder, en Tennessee, ha declarado hace poco: «Los ponemos en una situación muy difícil al hacerles soportar la peor parte del trauma emocional que supone llevar a cabo una ejecución en nuestro nombre».56 Don Cabana, que ha supervisado seis ejecuciones como guardia de la prisión de Parchmon, en Misisipi, ahora lucha contra la pena de muerte, que considera cruel para todos los que intervienen. Por ejemplo, hace poco habló del trauma que sufrió al ejecutar a Edward Earl Johnson, que tal vez era inocente del crimen por el que fue condenado a morir, y a Connie Ray Evans, que se había convertido «en otro hijo más de los seis que tengo».57 En 1999, el juez Paul Pfeifer, de la Corte Suprema de Ohio, se refirió a la facultad de conceder el indulto de los gobernadores como «la decisión más difícil y solitaria que tiene que adoptar un gobernador», cuando Ohio se disponía a ejecutar a su primer condenado desde 1963. El juez Pfeifer, que participó en la redacción de la ley sobre pena de muerte del estado, de 1981, ahora duda: «Ante el umbral de la historia, me pregunto si es un paso que queremos dar realmente. ¿Debe ocuparse el estado de arrebatarle la vida a las personas, con independencia de lo censurable que sean esas personas?».58

Con independencia del método de ejecución empleado, el condenado padece años de tormento mental, evocando imágenes de su muerte inminente, exacerbadas cada vez que tiene conocimiento de la ejecución de otro preso. Como dijo Randy Arroyo, de 20 años, que había cometido el delito por el que fue condenado cuando era menor de edad: «Cada vez que veo que ejecutan a alguien, sé que falta menos para que llegue mi turno».59 Hoy, unos 3.600 presos están sometidos a esta misma crueldad diaria en Estados Unidos. Uno de ellos, Wesley Quick, de 22 años, dijo en Alabama en diciembre de 1999: «Uno intenta quitárselo de la cabeza, pero realmente piensa en ello. Sigue estando allí. No se puede olvidar del todo».60

El 15 de octubre de 1999, el gobierno estadounidense presentó ante el Comité contra la Tortura de la ONU el informe inicial de Estados Unidos sobre su cumplimiento de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. El informe, que debía haberse presentado en noviembre de 1995, hacía hincapié en que el gobierno creía que no estaba obligado a informar sobre el uso de la pena de muerte en Estados Unidos debido a las diversas condiciones con las que ratificó en 1994 la Convención. En esencia, dichas condiciones establecían que Estados Unidos sólo se consideraba obligado a prevenir los «tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes», como exige el artículo 16 de la Convención, en tanto dicha expresión coincida con los castigos «crueles y excepcionales» que prohíbe la Constitución de Estados Unidos en la interpretación que le da la Corte Suprema estadounidense. Estados Unidos también incluyó una «interpretación» en el sentido de que la Convención no limitaba «ningún periodo constitucional de confinamiento previo a la imposición de la pena de muerte».

54 Watching Steven Roach die, APB News, 14 de enero del 2000.55 Wall Street Journal, 31 de marzo del 2000.56 Religious coalition’s postcard blitz tries to prevent executions, The Tennessean, 6 de marzo del 2000.57 The painful world of a six-times executioner, The Irish Times, 17 de marzo del 2000.58 Columbus Dispatch, 18 de febrero de 1999.59 San Antonio Express News, 27 de enero del 2000.60 Birmingham News, 8 de diciembre de 1999.Amnistía Internacional, abril del 2000 Índice AI: AMR 51/03/00/s


Siguiendo esta «interpretación», la mayoría de los jueces que pertenecen actualmente a la Corte Suprema federal siguen mostrándose reacios a examinar la crueldad de obligar a un ser humano a vivir bajo una condena a muerte. El 8 de noviembre de 1999, la Corte Suprema desestimó las apelaciones de dos presos que alegaban que el tiempo que habían pasado en prisión condenados a muerte equivalía a un castigo cruel y excepcional. Carey Dean Moore está condenado a muerte y en prisión en Nebraska desde 1980, y Thomas Knight fue condenado a muerte en Florida en 1975. La Corte no resolvió sobre el fondo de sus apelaciones, aunque dos de los jueces expresaron sus ideas al respecto.

El juez Breyer, que discrepaba de la decisión mayoritaria de no estudiar la cuestión, escribió: «Los dos casos han sufrido retrasos asombrosamente largos como consecuencia, en gran medida, de unos procedimientos sobre la pena de muerte constitucionalmente defectuosos. Cuando un retraso, medido en decenios, es reflejo del incumplimiento por el propio Estado de lo que exige la Constitución, la alegación de que el tiempo transcurrido ha hecho que la ejecución sea inhumana tiene especial contundencia. Creo que esta Corte debe considerar ahora esta alegación». El juez Breyer añadía que «un número creciente de tribunales de otros países –tribunales que aceptan o asumen la legalidad de la pena capital– sostienen que un retraso prolongado en la administración de una pena de muerte legal convierte en última instancia la ejecución en algo inhumano, degradante o excepcionalmente cruel».61

Por el contrario, el juez Thomas se mostró de acuerdo en desestimar las apelaciones de Knight y de Moore, y escribió que un procesado no podía esperar aprovecharse de la «panoplia» de procedimientos de apelación y «quejarse después cuando se retrasa su ejecución». Su opinión fue recibida sin duda con agrado por los políticos y fiscales que se quejan de que el proceso de apelación previsto para los casos de pena capital prolonga innecesariamente el tiempo que transcurre entre la condena a muerte y la ejecución. Por ejemplo, la víspera de la ejecución de Andre Graham, el 9 de diciembre de 1999 en Virginia, un portavoz del fiscal general, irritado por las apelaciones que alegaban que Graham no había empuñado el arma en el crimen por el que fue condenado a muerte, declaró: «Los presos condenados a muerte no tienen nada mejor que hacer que perpetuar mentiras y mitos sobre otros asesinos, presentar pruebas de última hora y desplegar una gran cantidad de cortinas de humo más para tratar de evitar la pena de muerte».62

Las autoridades que desean reducir el tiempo que transcurre entre la imposición de la pena de muerte y la ejecución deberían reflexionar sobre el número de condenados injustamente, sometidos a la crueldad de la pena capital y posteriormente declarados inocentes, que habrían sido ejecutados con procedimientos de apelación más breves. El 16 de marzo del 2000, Joseph Nahume Green fue absuelto del asesinato por el que había sido condenado a muerte en Florida en 1993,

61 Por ejemplo, el Tribunal Supremo de Zimbabue, la Corte Europea de Derechos Humanos y el Comité Judicial del Consejo Privado de la Corona. El 13 de octubre de 1998, la Corte Suprema de Estados Unidos ya se había negado a estudiar una apelación similar formulada por William Elledge, condenado a muerte en Florida desde hacía más de veintitrés años. El juez Breyer expresó su discrepancia, y afirmó que este dilatado plazo podía constituir un castigo cruel o excepcional. «No sólo sufre, en prisión, la amenaza de la muerte desde hace casi una generación, sino que ha experimentado ese retraso debido a los procedimientos defectuosos del propio Estado y no porque haya presentado apelaciones frívolas [...]. Después de un retraso de esta envergadura, una ejecución podría dejar de servir a los legítimos fines criminológicos que en caso contrario habrían proporcionado lajustificación constitucional necesaria a la pena de muerte».62 Associated Press, 9 de diciembre de 1999. Andre Graham fue ejecutado en la fecha prevista, el 9 de diciembre.Índice AI: AMR 51/03/00/s Amnistía Internacional, abril del 2000


convirtiéndose así en el condenado a muerte por error número 87 excarcelado desde 1973.63 Durante casi cuatro de los siete años que estuvo en prisión permaneció en el pabellón de los condenados a muerte, periodo en el cual ocho presos fueron ejecutados en la silla eléctrica. Hasta el día de hoy, Green dice que no puede oír el zumbido del aire acondicionado sin pensar en la electricidad de la cámara de ejecución. Uno de los reclusos con quien llegó a entablar una relación próxima fue Pedro Medina, que fue ejecutado de forma chapucera en marzo de 1997, un mes antes del traslado de Green a una cárcel de condado en espera de ser juzgado de nuevo. El 15 de marzo del 2000, Green declaró a Amnistía Internacional: «Saber que ha sido ejecutado un tipo con quien has hablado, saber que un día va a venir alguien a llevarte a la cámara de ejecución y matarte, te corroe, y te corroe y te corroe. El pabellón de la muerte es muy, muy deshumanizador».

Amnistía Internacional considera que la pena de muerte viola la prohibición de tratos crueles, inhumanos o degradantes, con independencia del tiempo que permanezca un preso en el pabellón de la muerte, del método de ejecución empleado y de si el condenado es culpable o inocente del delito por el que su gobierno va a matarlo. No obstante los problemas que plantea la indemnización de los condenados injustamente, la abolición de la pena de muerte es la única solución justa.

Una crueldad añadida: Tortura y malos tratos a condenados

Los condenados a muerte no tienen derechos. Su contacto con el mundo exterior ha terminado.

Rick Eddins, Cámara de Representantes de Carolina del Norte, julio de 1999.64

Amnistía Internacional ve con peocupación el trato que reciben los procesados en casos de pena capital y los reclusos condenados a muerte, además de la crueldad de sus condenas. Quizá una sociedad que acepta el homicidio judicial de determinadas personas corra el riesgo de alimentar una tolerancia mayor hacia otras formas de crueldad para con los presos. Por ejemplo, muchos procesados y presos de Estados Unidos, en casos de pena capital y de otro tipo, son obligados a llevar cinturones paralizantes de electrochoque cuando comparecen ante un tribunal o durante los traslados. Amnistía Internacional considera que el uso de este tipo de cinturón conculca la prohibición internacional de tratos crueles, inhumanos o degradantes.65 En el juicio celebrado en

63 Ante la inexistencia de pruebas materiales que relacionaran a Green con el asesinato de 1992 del que fue acusado, y pese a su coartada, Green fue condenado principalmente sobre la base del testimonio de un testigo presencial que sufría problemas mentales y de memoria –y que la Corte Suprema de Florida calificó posteriormente de «incongruente y contradictorio»– y de la labor de un fiscal que actuó bajo la presión de una pequeña comunidad que quería resolver el asesinato de uno de sus miembros más conocidos. El 23 de junio de 1998 se declaró que el testigo no era fiable ni estaba capacitado para declarar en un segundo juicio, lo que dejó de hecho al fiscal sin pruebas. Green salió en libertad sin fianza el 7 de julio de 1999. El estado recibió de plazo hasta el 15 de marzo del 2000 para volver a someterlo a juicio; en caso de no hacerlo, Green sería declarado absuelto.64 Death row artists go online, News and Observer, 16 de julio de 1999. El representante Eddins expresaba su opinión sobre una página web en la que se mostraban obras de arte realizadas por condenados a muerte, y trató infructuosamente de introducir un proyecto de ley contra ella. En 1999 presentó otro proyecto de ley para que la Corte Suprema estatal adoptase unas normas para acelerar los casos de pena capital.65 Véase Del control a la crueldad. El uso del cinturón paralizante y otros dispositivos de electrochoque por los agentes de la ley (AMR 51/54/99/s, junio de 1999). Amnistía Internacional ve con preocupación numerosos aspectos relacionados con los derechos humanos en Estados Unidos, un país donde, según los informes, la población penitenciaria alcanzó los dos millones de reclusos en febrero del 2000. Véase Estados Unidos de América: Derechos Amnistía Internacional, abril del 2000 Índice AI: AMR 51/03/00/s


Florida por un delito punible con la muerte, Jeffrey Lee Weaver fue obligado a llevar un cinturón paralizante. El 15 de abril de 1999, durante el proceso de selección del jurado, un ayudante del sheriff activó accidentalmente el transmisor y Weaver recibió una descarga de 50.000 voltios durante ocho segundos.66 De modo similar, en junio de 1999, parece ser que el ciudadano francés Claude Maturana, enfermo mental recluido en el pabellón de la muerte de Arizona, recibió la descarga de un cinturón paralizante cuando se dirigía a una vista judicial.67

El 10 de junio de 1999, cuando faltaban unas horas para su ejecución, Christopher Beck consiguió un aplazamiento. Justo un mes antes, el 10 de mayo, hora y media después de un incidente en el que arrojó una taza de agua a una enfermera a través de la abertura de la puerta de la celda por donde le introducían la comida, entraron en su celda 10 guardias penitenciarios que, al parecer, lo golpearon durante cuarenta y cinco minutos, le aplicaron arbitrariamente varias descargas con un escudo de electrochoque y después lo tuvieron veinticuatro horas atado a una silla de inmovilización cuádruple. El director de la Prisión Estatal de Sussex I informó a Amnistía Internacional de que se había abierto una investigación sobre los hechos, pero la organización no ha recibido aún las conclusiones.

El 21 de julio de 1999, Amnistía Internacional pidió una investigación sobre la muerte de Frank Valdes, fallecido el 17 de julio presuntamente debido a una paliza propinada por varios guardias penitenciarios del pabellón de la muerte de Florida. Durante el incidente, parece ser que los guardias utilizaron un rociador de sustancias químicas en el interior de la celda de Valdes, y entraron en ella armados con escudos paralizantes de electrochoque. Según los informes de la autopsia, Valdes tenía 22 costillas rotas, además de la mandíbula, el esternón, una clavícula, un hombro y tres vértebras. Además, en uno de dichos informes se señalaba la existencia de una huella «probablemente de la suela de un zapato o de una bota» en el estómago de la víctima. Los guardias penitenciarios afirmaron que las lesiones fueron autoinfligidas. El 2 de febrero del 2000, cuatro guardias fueron acusados formalmente de asesinato en segundo grado. Todos ellos se han declarado no culpables.

Emile Duhamel fue encontrado sin vida en su celda del pabellón de la muerte de Texas el 9 de julio de 1998. Era un deficiente mental con un CI de 56, y se le había diagnosticado una enfermedad psíquica grave, incluida una esquizofrenia paranoide. Aunque según los informes murió por «causas naturales», suscitó preocupación la posibilidad de que hubieran contribuido a su muerte la negligencia médica y las altas temperaturas (más de 40 grados centígrados) que alcanzan las celdas, que carecen de aire acondicionado, durante la oleada de calor del verano. Los medicamentos antipsicóticos que tomaba Duhamel interfieren en la regulación de la temperatura corporal. El relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajuiciales, sumarias o arbitrarias, preocupado por la imposición de la pena de muerte en Estados Unidos a discapacitados mentales, que conculca las normas internacionales, se había entrevistado con Emile Duhamel durante la visita que realizó al pabellón de la muerte de Texas a finales de 1997.

para todos (AMR 51/35/98/s, octubre de 1998).66 En el juicio de Weaver, el jurado lo declaró culpable y recomendó que fuera condenado a cadena perpetua por el homicidio de un agente de policía. El 27 de agosto, el juez, haciendo caso omiso de esa recomendación, lo condenó a muerte.67 Debido a su enfermedad mental, que incluye una esquizofrenia, en enero de 1999 se declaró que Claude Maturana no tenía capacidad para ser ejecutado (es decir, que no comprendía el motivo ni la realidad del castigo). Si su estado mejora, podría ser declarado apto para la ejecución.Índice AI: AMR 51/03/00/s Amnistía Internacional, abril del 2000


Amnistía Internacional sostiene desde hace tiempo que, incluso sin la condena a muerte, las condiciones de reclusión del Módulo H de la Penitenciaría Estatal de Oklahoma constituyen un trato cruel, inhumano y degradante que vulnera las normas internacionales.68 Este módulo subterráneo alberga a los condenados a muerte varones del estado en pequeñas celdas de hormigón sin ventanas en las que los reclusos permanecen entre veintitrés y veinticuatro horas al día. Hasta sesenta días antes de la fecha de su ejecución, los 10 reclusos del Módulo H ejecutados en 1998 y 1999 eran puestos en régimen de aislamiento en celdas de castigo dotadas de dobles puertas, y sometidos a un severo régimen de vigilancia para prevenir suicidios que incluía reiterados cacheos sin ropa y registros de la celda. Unos días antes de su ejecución el 3 de junio de 1999, Scotty Lee Moore escribió: «Estoy actualmente recluido en la celda de “super máxima seguridad” o de castigo esperando mi ejecución. Es una celda disciplinaria y se utiliza sólo para castigos. Me han encerrado aquí porque tengo fecha de ejecución, y no porque haya infringido ninguna norma de la prisión. Aquí se siente un aislamiento extremo, detrás de dos puertas de acero cerradas. Esta celda de super máxima seguridad esta aún más alejada del contacto humano que el resto del Módulo H. Los seres humanos son criaturas sociales. Aislar a alguien es torturarlo».69

En mayo de 1998 se presentó una demanda sobre las condiciones de reclusión de los condenados a muerte en la Institución de Máxima Seguridad de Idaho. La demanda alega que los reclusos permanecen en régimen de aislamiento 163 de las 168 horas que tiene la semana, en unas celdas pequeñas, de hormigón y acero, con puertas de metal macizo y una estrecha hendidura por ventana. Los reclusos pueden salir de sus celdas durante una hora al día como máximo, excluyendo los fines de semana, para estar, esposados y solos, en uno de los 12 patios rodeados de malla metálica, que miden aproximadamente 2 por 4,5 metros, de los que dispone la prisión. El preso citado en la demanda, Randy McKinney, afirma que lleva dieciséis años sometido a este régimen y que este trato constituye tortura. Según los informes, a principios del 2000, el presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Idaho manifestó que el régimen de aislamiento no debía ser modificado salvo que los tribunales lo declarasen inconstitucional: «La opinión pública se mostraría a favor del régimen de aislamiento para esta gente».70 En el momento de redactar este informe no se había dictado sentencia.71

68 Véase el informe de Amnistía Internacional Situación de los reos de muerte en el módulo H, Penitenciaría Estatal de Oklahoma, AMR 51/34/94/s, 1994.69 Esta medida se adoptó tras un incidente ocurrido en 1995, en el que Robert Brecheen ingirió una sobredosis de sedantes unas horas antes de la hora prevista para su ejecución. Lo llevaron al hospital, lo trataron, lo devolvieron a la prisión y lo mataron. Según los informes, la medida se ha «relajado» en el 2000 y ahora los condenados son llevados a la celda de castigo siete días antes de la ejecución.70 Lawmakers not so worried about death row inmates, Associated Press, principios del 2000 (se desconoce la fecha exacta).71 En febrero del 2000 se presentó también una acción de grupo contra el Departamento de Prisiones de Arizona en la que se alega que las duras condiciones imperantes en el pabellón de la muerte, que incluyen el abuso de medios de inmovilización, constituyen trato cruel.Amnistía Internacional, abril del 2000 Índice AI: AMR 51/03/00/s


Pasar a mejor vida: Presos que acceden a ser ejecutados

Le ruego que me ayude para que se ejecute mi condena. Sé lo que hago y esto es lo que quiero.

Kevin Scudder, condenado a muerte, Ohio, enero del 2000.72

El número de presos ejecutados tras renunciar a la apelación –alrededor de 21 en 1998 y 1999– puede ser una manifestación de la crueldad de obligar a una persona a vivir condenada a muerte.73 En 1998, James Hampton, condenado a muerte en Misuri, renunció a su apelación afirmando: «Veo a presos en [el Centro Correccional de] Potosí que han estado quince años en el pabellón hasta que los llevaron por fin a la cámara de ejecución, y sé que no quiero pasar por eso». Hampton, un hombre de 62 años que sufre una grave lesión cerebral desde que se disparó en la cabeza en el momento de su detención, en 1992, fue ejecutado el 22 de marzo del 2000. Eddie Lee Harper, condenado a muerte en Kentucky en 1982 por el asesinato de sus padres adoptivos, renunció a sus apelaciones en 1999 y dijo que prefería la muerte a la «tortura» de vivir en el pabellón de condenados. Sus abogados defensores alegaron que padecía delirios, tenía antecedentes familiares de tendencias suicidas y necesitaba una evaluación psiquiátrica para valorar su capacidad para renunciar a sus apelaciones. Los tribunales desestimaron los intentos de los letrados para que se aplazase la ejecución, y el 25 de mayo de 1999 Marper se convirtió en el primer recluso ejecutado mediante inyección letal en Kentucky.74

Se ha permitido que algunos presos que padecen claramente una enfermedad mental renuncien a sus apelaciones. Jeremy Vargas Sagastegui fue ejecutado en el estado de Washington el 13 de octubre de 1998 por un triple asesinato. Vargas Sagastegui se había defendido a sí mismo en su juicio, celebrado en 1996, sin que se realizara una evaluación adecuada de su capacidad para hacerlo, de su historial y de sus motivaciones. Tres meses antes de cometer el crimen se le habían diagnosticado tendencias suicidas, y según otro diagnóstico, padecía esquizofrenia y trastorno bipolar (maniaco depresivo). En la selección del jurado, rechazó a las personas que tenían menos probabilidades de pronunciarse a favor de la pena de muerte y se opuso cuando el fiscal rechazó a una persona que habría impuesto automáticamente la pena capital. Vargas Sagastegui no alegó nada en su defensa ni presentó pruebas sobre sus trastornos psíquicos, sus tendencias suicidas ni sobre

72 Carta dirigida a la fiscal general de Ohio, en la que le pedía ayuda para garantizar que su ejecución se llevaría a cabo en la fecha prevista, el 25 de abril del 2000. Akron Beacon Journal, 7 de febrero del 2000. Según los informes, Kevin Scudder intentó suicidarse en la adolescencia y posteriormente se le diagnosticó una esquizofrenia paranoide. En el momento en que se redacta este informe, la fecha prevista para la ejecución de Christina Riggs en Arkansas era el 2 de mayo. Christina renunció a apelar contra la condena a muerte que le fue impuesta en 1998 por matar a sus hijos.73 Los siguientes condenados fueron ejecutados tras renunciar a la apelación: En 1998: Lloyd Hampton (Illinois, 21 de enero), Robert Smith (Indiana, 29 de enero), Ricky Sanderson (Carolina del Norte, 30 de enero), Steven Renfro (Texas, 9 de febrero), Michael Long (Oklahoma, 20 de febrero), Arthur Ross (Arizona, 29 de abril), Steven Thompson (Alabama, 8 de mayo), Stephen Wood (Oklahoma, 5 de agosto), Roderick Abeyta (Nevada, 5 de octubre), Jeremy Vargas Sagastegui (Vashington, 13 de octubre); en 1999: Wilford Berry (Ohio, 19 de febrero), James Rich (Carolina del Norte, 26 de marzo), Alvaro Calambro (Nevada, 5 de abril), Eric Payne (Virginia, 28 de abril), Aaron Foust (Texas, 28 de abril), Eddie Harper (Kentucky, 25 de mayo), Gary Heidnik (Pensilvania, 6 de junio), Alan Willett (Arkansas, 8 de septiembre), Richard Smith (Texas, 21 de septiembre), Joseph Parsons (Utah, 15 de octubre), Robert Atworth (Texas, 14 de diciembre); en el 2000: James Hampton (Misuri, 22 de marzo).74 Kentucky adoptó la inyección letal en una ley aprobada el 31 de marzo de 1998. En 1998, Tennessee y Misisipi adoptaron también este método de ejecución.Índice AI: AMR 51/03/00/s Amnistía Internacional, abril del 2000


los abusos sexuales y los malos tratos que había sufrido en la infancia. Finalmente pidió al jurado que lo condenara a muerte, lo que éste hizo. Después renunció a su derecho a apelar. En una entrevista mantenida en 1998, Jeremy Vargas Sagastegui dijo: «No puedo explicar lo que es la muerte, pero es algo que quiero», y «si el estado no hubiera tenido la pena de muerte, esas personas seguirían estando vivas».

En su juicio, celebrado en Georgia en octubre de 1998, Daniel Colwell declaró que había cometido el asesinato para que el estado lo ejecutara, y amenazó a los miembros del jurado con torturarlos o matarlos si no lo condenaban a muerte. Colwell, a quien se le habían diagnosticado diversas enfermedades mentales, incluida una esquizofrenia paranoide, dijo que en julio de 1996 compró una pistola para suicidarse, pero que cuando se dio cuenta de que no sería capaz de hacerlo, eligió al azar a Mitchell Bell y a Judith Bell y los mató a tiros en un estacionamiento. El jurado lo condenó a muerte. Antes del juicio, su abogado, que dijo que dar a un suicida lo que quería ejecutándolo sentaba «una política pública peligrosa», trató de que Colwell fuese declarado no apto para ser juzgado y recibiera tratamiento por su enfermedad, lo que el tribunal desestimó.Tras ser condenado, Daniel Colwell recibió tratamiento en el pabellón de la muerte y, a mediados de 1999, dándose cuenta de que había estado muy enfermo, decidió que deseaba vivir y apeló.

En Ohio, Wilford Berry renunció a sus apelaciones después de pasar casi una década en el pabellón de la muerte, y el 19 de febrero de 1999 se convirtió en la primera persona ejecutada en el estado desde 1963. Berry había sufrido en su infancia abusos sexuales y malos tratos extremos. Intentó suicidarse a los 11 años, y otras diez veces después. A los 14 años le diagnosticaron una esquizofrenia grave, pero no recibió el tratamiento adecuado. A los 19 años lo condenaron a seis años de prisión por robo de automóviles en Texas. Mientras estaba en la cárcel, fue violado otro recluso e intentó suicidarse. La Alianza Nacional para los Enfermos Mentales pidió el indulto: «Los datos del caso de Barry indican también claramente que está utilizando al estado de Ohio y al sistema judicial para conseguir un suicidio asistido. No permita que el pueblo de Ohio y usted personalmente se conviertan en cómplices de un acto tan vergonzoso y moralmente indefendible [...]». El gobernador Taft, que según los informes recibió unos 4.000 llamamientos para que no ejecutara a Berry y había declarado que sentía compasión por él debido a «las circunstancias sumamente desgraciadas de su vida», denegó el indulto.

Sean cuales sean los motivos de los presos para consentir su ejecución, ya sea una enfermedad psíquica o física,75 el remordimiento76 la dureza de las condiciones de reclusión o el pesimismo ante las posibilidades de ganar una apelación, no eximen al Estado de culpa por el hecho de participar en una violación premeditada de los derechos humanos y en una espiral de violencia.

75 Richard Wayne Smith fue ejecutado en Texas el 21 de septiembre de 1999. Renunció a sus apelaciones después de que le diagnosticaron una insuficiencia hepática en fase terminal causada por la hepatitis C, atribuida al abuso prolongado de estupefacientes y del alcohol.76 Steven Ceon Renfro renunció a sus apelaciones y fue ejecutado en Texas el 9 de febrero de 1998, sólo diez meses después de su llegada al pabellón de la muerte, un plazo excepcionalmente corto. Lo condenaron por haber tiroteado a cuantos encontraba a su paso en 1996. Sus últimas palabras fueron: «Me gustaría decir a las familias de las víctimas que lo siento, lo siento mucho, lo siento muchísimo. Perdónenme si pueden».Amnistía Internacional, abril del 2000 Índice AI: AMR 51/03/00/s


A sangre fría: Cuando la sociedad mata a quienes condena por matar

Antes de introducirle la aguja en el brazo a John Noland, se lo limpiaron frotándolo con alcohol, para matar los gérmenes [...] Estoy convencido de que, cuando recordemos esto en el futuro, pensaremos que no era más que una locura deliberada, premeditada y calculada.

Abogado defensor, inmediatamente después de presenciar la ejecución de su cliente, 20 de noviembre de 1998

El 19 de noviembre de 1998, el gobernador de Carolina del Norte denegó el indulto para John Noland, afirmando que había «matado cruelmente y a sangre fría a dos miembros de la familia de su esposa». Noland, que había estado ingresado en un hospital psiquiátrico menos de un año antes de cometer los asesinatos en 1982, fue ejecutado el 20 de noviembre, después de permanecer dieciséis años en el pabellón de la muerte.

Un elemento esencial de la pena de muerte, si la sociedad acepta tácitamente su crueldad calculada, es que etiqueta a los condenados como seres infrahumanos e imposibles de cambiar. Las autoridades afirman a menudo que los crímenes cometidos por los condenados fueron perpetrados «a sangre fría» para justificar su ejecución. En un comunicado de prensa emitido el 30 de noviembre de 1998, el fiscal general de Oklahoma anunciaba que estaba buscando una fecha de ejecución para Sean Sellers, que cometió el delito por el que fue condenado cuando era menor de 18 años, y afirmaba: «Sean Sellers cometió tres asesinatos fríamente calculados [...]». En una grotesca yuxtaposición, justo debajo de estas palabras aparecía el encabezamiento «Calendario de ejecuciones» seguido de los nombres de tres hombres: Tuan Nguyen, John Duvall y John Castro, y la hora exacta, al minuto, de su homicidio planeado por las autoridades de Oklahoma.

El 2 de diciembre, dos días después del comunicado de prensa del fiscal general, Sean Sellers escribió en su diario: «¿Cuántas veces tengo que decirlo? Quiero que la gente me mire a los ojos, que sepan quién soy antes de decir “Sean debe ser ejecutado”. Si lo hicieran, me conformaría. Pero ¿cómo puedo respetar [al fiscal general] cuando para él sólo soy un papel? Este sistema que separa el brazo del verdugo de los ojos del verdugo es un error. Si quiere verme muerto debería tener que ponerse delante de mí, hablarme y después marcharse y firmar la orden de mi ejecución. No debería poder hacerlo tan lejos de mí que su único pensamiento consciente es que está despachando los papeles que se encontró una mañana en su mesa».

Tuan Nguyen, John Duvall, John Castro y Sean Sellers fueron ejecutados en la fecha prevista, convirtiéndose en cuatro de las 598 personas a las que las autoridades estatales de Estados Unidos dieron muerte entre 1977 y 1999. De los cientos de miles de homicidios cometidos en el país en esos veintitrés años, estos 598 podrían considerarse sin duda los más premeditados y calculados: homicidios en los que la víctima fue capturada, sometida hasta que quedó inerme e informada de que iban a matarla. Tras recluirla durante años con esa información, la informaron de la fecha en que la matarían, y quizá la perdonaron poco antes de ese momento sólo para comunicarle otra fecha y asesinarla a la hora fijada. En Luisiana, el 9 de septiembre de 1999, a Feltus Taylor le concedieron aplazamiento de la ejecución treinta minutos antes de la hora prevista para ésta. Era la cuarta vez que se fijaba fecha para su muerte, y podría no ser la última.77 El 16 de

77 La Corte Suprema estadounidense concedió el aplazamiento de la ejecución al estimar la alegación de que las Índice AI: AMR 51/03/00/s Amnistía Internacional, abril del 2000


junio de 1999, la Corte Suprema del estado de Virginia concedió un aplazamiento a Christopher Douglas Thomas, de 26 años, que había vivido condenado a muerte durante toda su vida adulta y a quien le faltaban cinco horas para ser ejecutado. Al parecer, Chris Thomas, condenado por un delito cometido cuando era un niño, recibió «con lágrimas» y «una gran alegría» la noticia, y llamó inmediatamente a sus padres para comunicársela. Una hora antes se había despedido para siempre de ellos. Seis meses después, el 10 de enero del 2000, Chris Thomas y sus padres fueron sometidos a la misma crueldad. Esta vez la ejecución siguió adelante, vulnerando el derecho internacional, que prohíbe la imposición de la pena de muerte a los menores de edad.

Cuando la dignidad humana de un condenado a muerte amenaza con hacer mella en la satanización que hace la sociedad de él, el estado reacciona para proteger el statu quo. En la vista celebrada ante la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Oklahoma el 16 de noviembre de 1999 para decidir si se le concedía el indulto a Cornel Cooks, éste habló del remordimiento que sentía desde hacía tiempo, algo que no le habían permitido expresar en su juicio con jurado. La abogada que lo representaba en la apelación expuso a los miembros de la Junta los motivos por los que se debía permitir que su cliente siguiera viviendo. En nombre del estado, el fiscal general adjunto respondió: «Esta mañana han escuchado a los representantes de Cook, que han expuesto miles de razones por las que creen que hay que recomendar el indulto. Algunas de esas razones son: la baja capacidad intelectual de Cooks, el hecho de que no tuvo una infancia perfecta, el hecho de que tomó la decisión de consumir alcohol y drogas. Es evidente que siente remordimiento y que no recibió un asesoramiento eficaz en su juicio. Pero permítanme decirles aquí y ahora que si creen que éstas son razones suficientes para indultarlo, deben estar dispuestos, en los próximos doce meses más o menos, a conceder o al menos recomendar el indulto una y otra vez. Calculamos que los próximos doce meses acudirán a ustedes entre 15 y 20 condenados a muerte pidiendo el indulto. Les garantizo que escucharán historias muy parecidas a la de Cornel Cooks de todos ellos». En resumidas cuentas, el fiscal general adjunto quería que la Junta de Indultos considerase a Cooks no como una persona que pide el indulto por motivos exclusivamente individuales (que la Junta podía aceptar o rechazar por sus propios méritos), sino como miembro de un grupo definido sólo por sus condenas a muerte.78 Como era de esperar, la Junta evitó lo que el fiscal general adjunto calificó de «resbaladiza pendiente» del indulto y decidió, por cinco votos a favor y ninguno en contra, no perdonarle la vida a Cornel Cooks, que fue ejecutado el 2 de diciembre de 1999.

Como reconoció abiertamente el fiscal Humes, Cornel Cooks no había tenido una defensa eficaz en el juicio. Su abogado nunca había trabajado en un caso de pena capital y había terminado sus estudios de derecho sólo dos años antes. Su lealtad a su cliente fue dudosa desde el principio. Cuando Cooks, discapacitado psíquico, preguntó qué significaba que el estado pidiera la pena de muerte para él, el abogado contestó: «Éso es lo que hacen con los negros que violan a mujeres blancas». La Corte de Apelación federal del Décimo Circuito declaró que su defensa de Cornel Cooks en la segunda fase del juicio (la de determinación de la condena) había sido «ineficaz» y expresó su «preocupación» por que el letrado no había «citado a ningún testigo ni presentado ninguna prueba en favor de Cooks». La Corte añadió: «De hecho, no podemos deducir de las actas que desarrollase ninguna estrategia para la segunda fase destinada a defender a Cooks de la pena de muerte». Sin embargo, la Corte desestimó la apelación, conjeturando que el jurado habría

autoridades de la prisión habían administrado a Taylor de forma inadecuada su medicación antipsicótica durante el juicio, en 1991, y que esta circunstancia había tenido efectos perjuidiciales sobre su comportamiento durante las actuaciones.78 El fiscal general adjunto también atacó públicamente los llamamientos de Amnistía Internacional en favor de Cornel Cooks. Véase Carta abierta al fiscal general adjunto William Humes, Oklahoma, Estados Unidos (AMR 51/193/99/s, de 2 de diciembre de 1999).Amnistía Internacional, abril del 2000 Índice AI: AMR 51/03/00/s


condenado a muerte a Cooks incluso si su abogado hubiera cumplido sus obligaciones profesionales.79

La experiencia de Cornel Cooks no es ni mucho menos única. Muchos procesados en casos de pena capital de escasos ingresos han sido condenados a muerte tras ser defendidos de forma inadecuada en el juicio por abogados carentes de experiencia, competencia o fondos, lo que conculca las normas internacionales.80 En cambio, se enfrentan a fiscales experimentados y con más fondos, cuyo proceder ha traspasado a menudo los límites de la conducta aceptable en el sistema acusatorio.

Una defensa inadecuada y una acusación entusiasta: juicios injustos

No concibo una indicación más clara a un jurado de que no merece la pena perdonar la vida a un procesado que el que nadie hable en su favor.81

Juez federal, 1998

Scotty Lee Moore fue defendido en su juicio celebrado en Oklahoma por un abogado que, debido a su falta de preparación, no hizo ningún alegato final exponiendo las razones por las que el jurado debía perdonar la vida a su cliente. En la fase apelación no cabía ya ninguna posibilidad legal de reparar esta defensa ineficaz, aunque en 1998 uno de los jueces que resolvió la apelación discrepó de los demás miembros del tribunal: «No cabe pasar por alto sin más el devastador efecto de algunos errores. El que un abogado no presente argumentos en favor de la vida de su cliente durante la fase de determinación de la condena en un caso de pena capital es ese tipo de error. En esta situación, la ausencia de argumentos en favor del procesado lleva inevitablemente, en mi opinión, a un desmoronamiento del sistema acusatorio y a un juicio viciado [...] Cuando nadie en la sala se alza para exponer los argumentos en favor de la vida del procesado, quedan devaluados el sistema de jurado, el tribunal y la propia vida».82

En contraste con la actuación del abogado defensor, Scotty Moore se encontró ante un fiscal que hizo todo lo que estuvo en su mano para conseguir una condena a muerte. El fiscal trató de restar importancia a los sentimientos de preocupación que pudieran haber tenido los miembros del jurado en relación con su participación en el futuro homicidio de otro ser humano diciéndoles que no eran más que «una pequeña pieza de la maquinaria concebida para llevar a la gente como Scotty Lee Moore al pabellón de la muerte».83

79 Cooks v. Ward, 07-6015, 15 de diciembre de 1998. En Strickland v. Washington(1984), la Corte Suprema estadounidense resolvió que los errores de los abogados no conllevarían una reparación judicial salvo que el procesado pudiera probar que tales errores habían influido en el resultado de las actuaciones.80 Las Salvaguardias para Garantizar la Protección de los Derechos de los Condenados a la Pena de Muerte, del Consejo Económico y Social de la ONU, adoptadas por consenso por la Asamblea General de la ONU en 1984, incluyen «el derecho de todo sospechoso o acusado de un delito sancionable con la pena capital a la asistencia letrada adecuada en todas las etapas del proceso».81 Juez Brorby, voto particular, a favor de conceder una nueva audiencia para la determinación de la pena a Scotty Lee More. Corte de Apelaciones del Décimo Circuito, Moore c. Reynolds, 13 de julio de 1998.82 Juez Brorby, op.cit.83 El mismo fiscal, que según los informes ha conseguido personalmente más condenas a muerte –más de 50– que ningún otro fiscal de Estados Unidos, utilizó la misma estratagema en el juicio de Sean Sellers, que había cometido Índice AI: AMR 51/03/00/s Amnistía Internacional, abril del 2000


Apeló al sentido del patriotismo del jurado, comparando la imposición de una pena de muerte con el servicio militar en tiempo de guerra, y argumentando: «Nosotros somos sus posibles víctimas a menos que se haga algo al respecto». La Corte de Apelaciones del Décimo Circuito decidió que este tipo de comentarios, «aunque impropios», no habían influido en la decisión del jurado. Scotty Moore fue ejecutado el 3 de junio de 1999.

James Beathard fue ejecutado en Texas el 9 de diciembre de 1999. Él y Gene Hathorn, procesado en las mismas actuaciones, habían sido juzgados por separado, primero Beathard y después Hathorn. En el juicio de Beathard, Hathorn declaró que fue Beathard quien había disparado contra las víctimas. El fiscal coincidió con Hathorn, y afirmó que «no ha habido ninguna prueba que indique que Gene Hathorn sea un mentiroso [...] dice la verdad». En el juicio de Hathorn, el ahora procesado repitió su versión de los hechos. Sin embargo, en esta ocasión, el mismo fiscal dijo al jurado que si Hathorn decía la verdad, «yo soy un perro de caza tuerto». El fiscal alegó que fue Hathorn quien había disparado, el jurado se mostró de acuerdo y Hathorn también fue condenado a muerte. Un solo fiscal, dos versiones del crimen, dos condenas a muerte.84 Tras los juicios, Gene Hathorn declaró que había mentido en los dos juicios bajo las amenazas de los agentes de la ley y previendo la posibilidad de que le fuera impuesta una condena inferior a la pena de muerte a cambio de su declaración, y que James Beathard era inocente. Nunca se celebró otra vista para la exposición de pruebas para examinar la retractación de Hathorn. En su declaración final, antes de recibir la inyección letal, James Beathard criticó al fiscal, así como la pena de muerte: «Estados Unidos ha llegado ya al punto en que no se respeta nada la vida humana. Mi muerte sólo es un síntoma de una enfermedad mayor [...] Muero esta noche por un testimonio que todas las partes –yo, el hombre que declaró, el fiscal que lo utilizó– sabían que era mentira».

El 25 de octubre de 1999, el portavoz del jurado que condenó a muerte a James Chambers en Misuri en 1999 firmó una declaración jurada en la que decía que «la preparación, la presencia en la sala del juicio y en general el talento que demostró» el fiscal habían sido «muy superiores» a los del abogado de la defensa. También dijo que «la mera fuerza de la personalidad [del fiscal] y su confianza en sí mismo fueron factores que pesaron casi tanto como las pruebas a la hora de declarar culpable a Chambers». El ex miembro del jurado declaró que ya no creía que James Chambers debiera ser ejecutado. Señaló que la acusación se había basado en declaraciones cuestionables de un testigo presencial, y que el abogado defensor no había presentado ninguna prueba de la discapacidad mental de su cliente como circunstancia atenuante. James Chambers ya había sido trasladado a la celda contigua a la cámara de ejecución, como preparativo para su ejecución el 10 de noviembre de 1999, cuando le concedieron un aplazamiento.85

Al igual que en el caso de James Chambers, en muchas ocasiones los abogados defensores no han investigado y presentado pruebas de circunstancias atenuantes en favor de sus clientes en la fase de determinación de condena del juicio, que es la fase en la que el juez o el jurado deciden si existen factores, en relación con el procesado o con el delito, que aconsejen la imposición de una

el delito cuando era menor de edad y que fue ejecutado en 1999: «Ustedes no matan a nadie. Lo que ustedes hacen es retirarse a deliberar y decidir, y si la muerte es el veredicto adecuado, volver y comunicárselo a la sala. Eso es lo único que hacen ustedes».84 En una vista judicial celebrada tras el juicio oral, el mismo fiscal adoptó una tercera postura: que los dos hombres habían disparado contra las víctimas.85 James Chambers fue condenado a muerte por el asesinato, en 1982, de Jerry Oestricker, en una discusión en un bar. En 1986, un juez de la Corte Suprema de Misuri afirmó sobre el caso, en su voto discrepante: «Se trata de un típico altercado de bar [...] En estas circunstancias, no puedo imponer la pena de muerte».Amnistía Internacional, abril del 2000 Índice AI: AMR 51/03/00/s

pena de cadena perpetua en lugar de la pena capital. Marlon DeWayne Williams fue ejecutado en Virginia el 17 de agosto de 1999 por un asesinato cometido cuando tenía 19 años, recién salido de una infancia en la que había sido víctima de abusos brutales y continuos a manos de su madre y de su padrastro. A los 15 años le diagnosticaron como un «joven con daños psicológicos profundos». En la fase de determinación de condena del juicio, la defensa no llamó a declarar a ningún perito, pese a que existía un gran número de trabajadores sociales, orientadores y profesionales de la salud mental que habían estado en contacto con Marlon Williams. El juez señaló la escasez de pruebas de circunstancias atenuantes presentadas y la ausencia de peritos: «Esta Corte no tiene pruebas por las que pueda concluir que el acusado estuviera bajo los efectos de un trastorno mental o emocional extremo. No dispone del testimonio de ningún perito». Condenó a Williams a muerte.

El abogado de Tyrone Gilliam, que no había trabajado antes en ningún caso de pena capital, al parecer creyó que, dado que el juez era católico, no iba a condenar a muerte a Gilliam. Por tanto, convenció a su cliente para que renunciase a un juicio con jurado. El abogado no presentó pruebas de circunstancias atenuantes en favor de Gilliam, como los abusos sexuales y malos tratos que había sufrido en su infancia a manos de tres familiares varones. La base de las pruebas formuladas contra Gilliam fue la declaración de un cómplice a quien se le había ofrecido una reducción de condena a cambio de su declaración, y la confesión que había hecho el propio Gilliam después de trece horas de interrogatorio, bajo los efectos del grave traumatismo craneal que había sufrido en el accidente automovilístico que precedió a la detención. Tyrone Gilliam fue ejecutado en Maryland el 16 de noviembre de 1998.86

El 12 de octubre de 1999, la Corte Suprema federal rechazó estudiar la apelación de Exzavious Lee Gibson, condenado a muerte en Georgia en 1990 por un asesinato cometido cuando tenía 17 años. En una vista celebrada en 1996 ante un tribunal estatal, tras la sentencia condenatoria, Gibson se había visto obligado –debido a su falta de recursos– a comparecer sin abogado, lo que conculca las normas internacionales. Gibson, que tenía un CI de entre 76 y 82, trató de hacerse cargo de su propia defensa, pero como muestra una transcripción de la vista, sus conocimientos eran claramente deficientes. No presentó ninguna prueba, no interrogó a ningún testigo y no formuló ninguna objeción. En 1999, la Corte Suprema de Georgia declaró que la Constitución no amparaba su derecho a disponer de un abogado en las actuaciones posteriores a la sentencia condenatoria. Tres de los siete jueces discreparon: «Quitar oficialmente la vida a un ser humano es el ejercicio definitivo del control y el poder sobre la libertad individual por parte del gobierno. Si ha de hacerse, debe hacerse con prudencia, desapasionamiento, seriedad e imparcialidad. Y la imparcialidad fundamental exige que un preso condenado goce del asesoramiento de un abogado competente para articular sus alegaciones constitucionales y orientarse en el laberinto de fondo y de procedimientos que es nuestra ley de hábeas corpus». La minoría discrepante de jueces afirmaba además que exigir a un condenado sin defensor que expusiera su demanda de reparación en un «proceso que posiblemente no tiene la capacidad para entender [...] es un resultado que ningún gobierno justo debe tolerar».87 El 12 de octubre de 1999, la Corte Suprema federal confirmó, sin formular ningún comentario adicional, la sentencia dictada por acuerdo de la mayoría de los jueces de la Corte Suprema de Georgia.

En 1999, una corte federal resolvió que un condenado a muerte de Texas no había tenido de hecho ningún abogado en su juicio celebrado en 1984. Calvin Burdine, gay, cuyo abogado había pasado durmiendo gran parte del juicio y que fue acusado por un fiscal cuyos argumentos a favor de

86 Gilliam era de raza negra y fue declarado culpable del homicidio de una persona de raza blanca, al igual que nueve de los otros 14 hombres condenados a muerte en Maryland por aquellas fechas. Un grupo de trabajo nombrado por el gobernador concluyó en 1996 que las disparidades raciales en la imposición de la pena de muerte en Maryland seguían siendo «motivo de preocupación». El gobernador Glendening ha destinado 225.000 dólares a financiar otro estudio sobre la cuestión. Washington Post, 9 de febrero del 2000.87 Corte Suprema de Georgia, Gibson v. Turner, 22 de febrero de 1999.

la condena a muerte incluían la afirmación de que «enviar a un homosexual a prisión no es sin duda un castigo muy malo para él», consiguió finalmente que se estimara su apelación después de haber pasado quince años recluido en el pabellón de la muerte y de haberse fijado fecha para su ejecución en seis ocasiones.88 El 29 de septiembre de 1999, el juez federal de distrito Hittner dictaminó que el hecho de que su abogado se durmiera constituía una denegación del derecho constitucional de Burdine a ser defendido, y afirmó: «Las actas y las pruebas disponibles son claras: [el abogado defensor] estaba realmente inconsciente». El juez concedió al estado un plazo de ciento veinte días para que volviera a juzgar a Burdine o lo excarcelara. Al incumplir el estado dicho plazo, que vencía el 27 de enero, el 1 de marzo el juez Hittner declaró que la privación de libertad de Burdine era inconstitucional, dando a las autoridades de la prisión cinco días para excarcelarlo.89

David Junior Brown fue ejecutado en Carolina del Norte el 19 de noviembre de 1999, pese a los sucesivos reconocimientos por los tribunales de que el fiscal había actuado de forma indebida durante las actuaciones que culminaron en la imposición de la pena de muerte. La Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito declaró que el hecho de que previamente al juicio el fiscal hubiera denegado a los abogados defensores el acceso al lugar donde se había cometido el crimen y a los testigos fue un error inconstitucional, pero determinó que dicho error había sido «inocuo». De forma similar, un juez de la Corte de Distrito no adoptó medida correctora alguna pese a haber concluido que la conducta del fiscal se había «basado en la animadversión personal» (hacia el abogado defensor), y había sido «inexcusable» y «especialmente abominable cuando está en juego la vida de una persona». David Junior Brown murió sosteniendo que era inocente. En una entrevista realizada poco antes de su ejecución, declaró: «Lo único que puedo decir a la familia es que siento su pérdida. Pero yo no lo hice [...] Yo no maté a Diane [Chalfinch] ni a su hija [...] No creo que el pueblo de Carolina del Norte quiera tener sobre su conciencia la muerte de un hombre inocente».

El respeto a las estrictas normas internacionales de justicia procesal en los casos de pena capital es fundamental, no sólo para reducir al mínimo el riesgo de ejecutar a un inocente, sino también para reducir la arbitrariedad en la imposición de la condena al culpable, es decir, las injustas disparidades con que se impone a unos procesados una pena de prisión y a otros la pena de muerte.90

88 Según los informes, el mismo abogado que defendió a Calvin Burdine se durmió durante el juicio de Carl Johnson, que fue ejecutado en Texas el 19 de septiembre de 1995. George McFarland sigue en el pabellón de la muerte de Texas pese a que su abogado, de 72 años, se durmió en varios momentos del juicio.89 El fiscal del estado apeló contra la sentencia y en el momento en que se redacta este informe Calvin Burdine seguía en prisión. La desestimación de la apelación no impediría al estado someterlo a un nuevo juicio.90 En su informe sobre Estados Unidos, el relator especial de la ONU afirmaba que el concepto de «arbitrariedad» contenido en el artículo 6.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos («Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente») no puede equipararse sin más con el de «contrario a la ley», sino que «ha de interpretarse de una manera más amplia, a fin de incluir elementos de incorrección e injusticia».

Una libertad de decisión mortal: el poder discrecional de la fiscalía

En el condado de Harris, deciden pedir más penas de muerte que en otros condados. Dudo de que el condado de Harris sea más violento que cualquier otro. Sólo se debe al fiscal de distrito que han decidido tener.

Jim Mattox, ex fiscal general de Texas, 199991

El condado de Harris, en Texas, ha condenado a muerte a más personas que ningún otro condado de Estados Unidos. Desde 1977 hasta 1999, ambos inclusive, habían sido ejecutados en este condado 61 reclusos, más que ningún otro estado a excepción de Virginia (y de Texas). Desde 1979, el cargo de fiscal de distrito del condado de Harris lo ocupa Johnny B. Holmes Jr. En 1999 anunció que no se presentaría a la reelección en el 2000, tras haber ganado las cinco anteriores, y declaró: «Es el momento de irme a casa y tomarme unas vacaciones, ahora que todavía me divierto».92 Bajo su dirección, la fiscalía de distrito ha obtenido la imposición de más de 200 penas de muerte.93

El poder discrecional de los fiscales locales, generalmente elegidos en las urnas, para decidir en qué tipo de asesinatos con agravantes pedirán la pena de muerte contribuye a las notables disparidades geográficas existentes en cuanto a la aplicación de la pena capital. En diciembre de 1999, un diario nacional publicó los resultados de un estudio que había realizado, que indicaban que el lugar donde se cometía un crimen, y no sólo el crimen en sí, podía determinar si un procesado iba a vivir o a morir. Según dicho estudio, 15 condados habían condenado a muerte a casi a un tercio de todos los condenados en los 38 estados donde está vigente la pena capital, pero sólo representaban a una novena parte de la población. Por ejemplo, en Maryland, a pesar de que en los años noventa en la ciudad de Baltimore se habían cometido una media de 320 asesinatos al año, en enero de 1999 sólo había un preso condenado a muerte. En cambio, en el condado de Baltimore, que rodea la ciudad, se habían cometido una media de 29 asesinatos al año en el mismo periodo, y había cuatro condenados a muerte. De forma similar, en Georgia, el condado de Baldwin (que tiene una poblacion de 42.000 habitantes) había condenado a muerte a cinco personas, una más que el condado de Fulton (722.000 habitantes). El condado de Fulton tiene una media de 230 asesinatos al año, y el de Baldwn, alrededor de dos.94

Aunque algunos comentaristas han afirmado que estas disparidades son indicio de que los cargos elegidos en las urnas representan los deseos de la comunidad local, el hecho de que un asesinato con agravantes esté penado con la cárcel en un condado, y un delito similar conlleve la pena de muerte en otro hace pensar, sin duda, en la arbitrariedad. Estas diferencias geográficas pueden dar pie a recursos contra las leyes de un estado sobre la pena capital. En 1999 se preveía un recurso de este tipo en Nueva York, el estado que ha reintroducido la pena de muerte más recientemente. Las estadísticas indican que los fiscales de distrito de los condados situados en el norte del estado piden la pena capital nueve veces por cada una que la solicitan sus homólogos de los condados del sur, las zonas situadas en la ciudad de Nueva York y alrededores. Un abogado atribuía esta disparidad geográfica a las diferentes orientaciones políticas de los fiscales: «El norte del estado tiene un grupo de fiscales duros del tipo republicano, a los que les gusta tener mano dura

91 In the capital of capital punishment, Christian Science Monitor, 29 de julio de 1999.92 Associated Press, 12 de octubre de 1999.93 En la campaña electoral previa a la votación destinada a elegir a su sustituto, el fiscal Holmes apoyó al candidato del Partido Republicano, Chuck Rosenthal, que lleva muchos años trabajando en la oficina de Holmes y que ha indicado que, de ser elegido, introduciría pocos cambios. Holme’s support was key to Rosenthal lead, Houston Chronicle, 15 de marzo del 2000.94 Geography of the death penalty, USA Today, 20 de diciembre de 1999.

con la delincuencia, lo que supongo que para ellos significa la pena de muerte».95 La aparente falta de disposición de algunos fiscales del sur del estado a pedir la pena de muerte ha suscitado críticas de los grupos de derechos de las víctimas y de algunos políticos, como el gobernador Pataki, que reintrodujo la pena capital en el estado de Nueva York en 1995. El 4 de diciembre de 1997, la Corte de Apelaciones de Nueva York, dividida, confirmó la legalidad de la intervencion del gobernador Pataki en un caso de asesinato en el que había sustituido al fiscal, a quien acusó de tener una «política indiscriminada» contraria a pedir la pena de muerte, por otro dispuesto a pedirla. Uno de los jueces discrepantes declaró que la intervención del gobernador era «un intento manifiesto de sustituir con sus opciones políticas [...] las preferencias del fiscal de distrito, elegido en las urnas».96

Uno de los resultados de la disparidad geográfica dentro del estado de Nueva York, dado el mayor índice de asesinatos de los condados del sur, es que no se ha pedido la pena capital en tantas ocasiones como se había predicho cuando se introdujo la ley sobre la pena de muerte del estado, en 1995. En enero del 2000, había cinco presos en el pabellón de la muerte estatal. Otro resultado no previsto es que los blancos –población mayoritaria en los condados del norte– tienen más probabilidades de ser condenados a muerte que los negros. Entre 1995 y enero de 1999, aunque representaban el 21 por ciento de los procesados por asesinato en el estado, constituían el 55 por ciento de los procesados en casos de pena capital.97

Un retorno a la imposición preceptiva de la pena de muerte vulneraría la Constitución de Estados Unidos y las restricciones impuestas por las normas internacionales. El poder discrecional de los fiscales da pie a la imposición arbitraria de penas, que refleja tanto consideraciones de carácter político como las desigualdades y los prejuicios de la sociedad en general. La única solución es la abolición de la pena de muerte.

95 Rochester Democrat and Chronicle, 13 de septiembre de 1999.96 Johnson c. Pataki. El 21 de marzo de 1996, el gobernador Pataki promulgó un decreto en el que ordenó que el fiscal general Dennis Vacco sustituyera al fiscal de distrito Robert Johnson en la investigación del asesinato del agente de policía Kevin Gillespie. El fiscal general Vacco anunció posteriormente que pediría la pena de muerte para Ángel Díaz, acusado del asesinato. Díaz se suicidó en la cárcel antes de ser juzgado.97 New York Times, 21 de enero de 1999.

¿Racismo aún, después de tantos años? La dimensión racial de la pena de muerte en Estados Unidos

La prisa por acabar con la vida del procesado sólo agudiza la percepción, por parte de los afroamericanos, de que este tribunal, el sistema judicial y la sociedad son racistas.

Voto particular, Corte Suprema de Connecticut, 199998

La población del condado de Russell, de Alabama, está compuesta aproximadamente por un 40 por ciento de afroamericanos. En 1985, Robert Lee Tarver, varón negro, fue juzgado en dicho condado por el asesinato de Hugh Kite, mujer blanca de 63 años. El jurado que juzgó a Tarver quedó integrado por 11 personas de raza blanca y una de raza negra, después de que el fiscal eliminó a 13 de los 14 candidatos afroamericanos con recusaciones sin causa, es decir, ejerciendo su derecho a excluir a los candidatos que considera no adecuados sin tener que dar explicaciones. Una vez declarado culpable y condenado a muerte, las apelaciones de Tarver en las que éste pidió un nuevo juicio alegando discriminación racial durante la selección del jurado fueron desestimadas porque el abogado que lo defendió en el juicio no había formulado la alegación a tiempo, motivo por el cual quedaba excluida como causa de apelación. En el momento en que se redacta este informe, la fecha prevista para la ejecución en la silla eléctrica de Robert Tarver era el 14 de abril del 2000. En febrero, su ejecución fue aplazada tres horas antes de la hora fijada.

La historia de la pena de muerte en Estados Unidos está marcada por su uso racista, y actualmente el valor que atribuyen los fiscales, en su abrumadora mayoría de raza blanca, a la vida de una persona de raza blanca sigue siendo aparentemente superior al que atribuyen a la vida de una persona de raza negra. El hecho de que un procesado sea negro o de que la víctima del asesinato sea blanca parece aumentar la probabilidad de que se imponga la pena de muerte. Los negros representan alrededor del 43 por ciento de los condenados a la pena capital, pero sólo constituyen aproximadamente el 12 por ciento de la población general. Entre 1977 y 1999, fueron ejecutadas 598 personas por el asesinato de otras 794. De estas víctimas, el 82 por ciento eran blancas (véase la tabla), mientras que sólo alrededor del 50 por ciento de las víctimas de un asesinato en Estados Unidos son de esa raza. La abrumadora mayoría de los fiscales de distrito y de las demás autoridades que toman la decisión de pedir la pena capital es de raza blanca. En 1998, de las 1.838 personas que ocupaban este tipo de cargos en los estados donde está vigente la pena de muerte, 22 eran negras y 22 de origen latino. El resto eran de raza blanca.99

Más del 60 por ciento de los condenados a muerte de Pensilvania son negros, en un estado en el que menos del 10 por ciento de la población pertenece a esta raza. En Filadelfia se han impuesto más de la mitad de las penas de muerte del estado. Un estudio realizado en 1998 concluyó que, incluso después de tener en cuenta las posibles diferencias en cuanto a las circunstancias de los crímenes y de los procesados, las personas de raza negra de Filadelfia tenían muchas más probabilidades de ser condenadas a muerte que las personas de otra raza procesadas por asesinatos similares.100

98 Juez Robert Berdon, voto particular, State v. Cobb, 7 de diciembre de 1999. Sedrick Cobb, varón negro condenado a muerte por matar a una mujer blanca, había solicitado al tribunal que ordenase, como parte de la revisión sobre la imparcialidad de la condena impuesta en comparación con otras condenas, la celebración de una vista de presentación de pruebas a fin de examinar los datos estadísticos según los cuales, en el sistema de justicia que administra la pena capital en Connecticut, «la raza de la víctima y la raza de los procesados en casos de pena capital influye de forma intolerable en la decisión de si un procesado concreto será condenado a muerte o no». La Corte desestimó el recurso.99 (1998) J. Pokorak, Probing the Capital Prosecutor’s Perspective: Race and Gender of the Discretionary Actor, Cornell Law Review.100 D. Baldus y otros, Racial Discrimination and the Death Penalty in the Post Furman Era: An Empirical and

Una investigación periodística realizada en 1999 reveló que la raza de la víctima parecía un factor clave en la imposición de la pena capital en Carolina del Sur, y reflejaba la historia de discriminación racial en la aplicación de esta pena en dicho estado. La población actual de presos condenados a muerte en Carolina del Sur se divide por igual entre negros y blancos (en un estado en el que el 70 por ciento de la población es blanca), pero en la mayoría de los casos, la víctima del asesinato era de raza blanca. Los 68 reclusos que estaban en el pabellón de la muerte en noviembre de 1999 habían sido condenados por matar a 77 personas, el 83 por ciento de las cuales eran blancas, pese a que en Carolina del Sur los blancos tienen menos probabilidades que los negros de ser asesinados.101 El 29 de octubre de 1999, se fijó la fecha para que Richard Charles Johnson se convirtiera en el ejecutado número 264 en ese estado desde 1912, aunque sólo la octava persona de raza blanca condenada por matar a un negro. La Corte Suprema estatal suspendió la ejecución veinticuatro horas antes del momento previsto, después de la presentación por parte de una testigo clave de una declaración jurada en la que decía que ella había matado a la víctima, un agente de policía, y había mentido en el juicio para salvarse de la pena de muerte. Dos semanas después, el 12 de noviembre, Leroy Drayton, de raza negra, fue ejecutado en Carolina del Sur por el asesinato de Rhonda Smith, de raza blanca, pese a las pruebas, no presentadas en el juicio, de que los disparos realizados en 1984 podían haber sido accidentales.

A finales de 1999, el Departamento de Justicia estadounidense inició una revisión de la ley federal sobre la pena de muerte para determinar si existían disparidades raciales indebidas en el sistema federal de justicia que administra la pena capital. Un estudio aún sin concluir de una organización no gubernamental ha revelado que desde que el gobierno federal de Estados Unidos reintrodujo la pena de muerte en la jurisdicción federal, en 1988, el fiscal general ha autorizado a los fiscales para que pidan la pena de muerte para un total de 188 procesados, el 76 por ciento de los cuales eran de razas distintas a la blanca (98 negros, 45 de origen hispano y 10 asiáticos e indios).102 De los 21 condenados a muerte en dicha jurisdicción federal recluidos en Terre Haute, Indiana, el 1 de enero del 2000, 14 eran negros, cinco blancos, uno asiático y uno hispano.103

El Departamento de Justicia estadounidense respondió al informe publicado por Amnistía Internacional en 1999 sobre la dimensión racial de la pena de muerte en Estados Unidos104 con una carta fechada el 11 de agosto de 1999, en la que decía: «En relación con los juicios federales por delitos punibles con la muerte, se ha hecho todo lo posible para excluir la raza como factor en la decisión de pedir la pena de muerte [...]». Algunos abogados defensores han alegado que, desde mediados de los años noventa, en un intento de corregir los desequilibrios raciales, la Fiscalía General discrimina a las personas de raza blanca cuando decide qué encausados han de ser condenados a muerte.105

Como acostumbra a hacer, en su carta a Amnistía Internacional, el gobierno estadounidense se escudó tras el sistema federal para responder a la preocupación por lo que sucede en la aplicación de las leyes estatales sobre la pena de muerte: «La fiscal general agradece su expresión de preocupación ante la posibilidad de que las leyes sobre pena de muerte en Estados Unidos se estén aplicando de forma dispar a los procesados en función de su raza y de la raza de sus víctimas [...] Es

Legal Overview, with Recent Findings from Philadelphia, Cornell Law Review, Volumen 83, 1998.101 Race plays into death penalty use, Augusta Chronicle, 14 de noviembre de 1999.102 Juicios federales por delitos punibles con la muerte 1988-2000, Proyecto Centro de Asesoramiento sobre la Pena de Muerte en la Jurisdicción Federal.103 De los siete hombres condenados a muerte en la jurisdicción militar, cinco eran negros, uno asiático y uno blanco.104 Prejuicios que matan: La dimensión racial de la pena de muerte en Estados Unidos (AMR 51/52/99/s, de mayo de 1999).105 Who lives, Who dies? Department of Justice seeks consistency in capital cases, but defense bar cites vagaries, Legal Times, 16 de junio de 1999.

indudable que las circunstancias de muchos de los casos que exponen ustedes suscitan preocupación. Sin embargo, la constitución de Estados Unidos limita la “supervisión” que ejercen las autoridades federales sobre los procedimientos estatales de imposición de la pena capital a la corrección por los tribunales federales de los errores inconstitucionales. [...] Los reclusos condenados a muerte en aplicación de las leyes estatales pueden recurrir ante los tribunales federales siempre y cuando puedan demostrar que la raza tuvo una repercusión real e inaceptable, y no sólo supuesta o especulativa, en el enjuiciamiento por un delito punible con la muerte».106

Amnistía Internacional considera que el gobierno estadounidense abdica de su liderazgo al lavarse las manos ante las presuntas violaciones de derechos humanos que se cometen en el ámbito estatal, y que no es sincero cuando afirma confiar en los tribunales federales para corregir los abusos de los estados, habida cuenta de la legislación federal de 1996 que limita la facultad de los tribunales federales para revisar las decisiones de los tribunales estatales (véase infra el apartado «Caracter definitivo frente a imparcialidad»). Además, resulta casi imposible probar la influencia del racismo en un caso concreto, el criterio exigido por la Corte Suprema federal para poder ganar un recurso, que fijó en la sentencia dictada en 1987 en el caso McCleskey v. Kemp. Tampoco existen medios correctivos de carácter legislativo.107

Entre 1910 y 1961, Carolina del Norte ejecutó a 282 personas de raza negra y a 75 personas de raza blanca, y el uso actual que hace de la pena de muerte sigue suscitando dudas sobre la discriminación racial en un estado en el que el 75 por ciento de la población es de raza blanca y el 22 por ciento de raza negra. En la actualidad, más del 55 por ciento de los reclusos condenados a muerte del estado son afroamericanos (124 de 224) y aunque 13 de los 15 presos que han sido ejecutados desde que se reanudaron las ejecuciones en 1977 eran blancos, 14 de ellos fueron condenados por el homicidio de personas de raza blanca. En 1999, Carolina del Norte ejecutó a su primer preso negro de la era moderna del homicidio judicial en Estados Unidos. Harvey Lee Green fue ejecutado el 24 de septiembre, después de que los tribunales estatales y federales se negaron a aceptar que la discriminación racial podría haber influido en su condena a muerte. Green fue declarado culpable de un doble asesinato que el tribunal del condado de Pitt que lo juzgó declaró que no había cometido con premeditación en el curso del atraco a una tintorería en 1983. Green se convirtió en la única persona ejecutada en Carolina del Norte por un asesinato cometido en 1983, pese a que ese año se cometieron otros 550 asesinatos en el estado.108 En el condado de Pitt se cometieron 11 asesinatos aquel año, y todas las víctimas fueron de raza negra, salvo en el caso de Harvey Green. Este caso –el único en el que el encausado era negro y estaba acusado del homicidio de una persona de raza blanca– fue también el único en el que el fiscal del condado pidió la pena de muerte. Antes de que se impusiera la pena a Green en 1984, su abogado defensor pidió al tribunal que impidiera que el fiscal pusiera en práctica su tendencia a eliminar sistemáticamente a las personas de raza negra durante la selección del jurado. El tribunal desestimó la petición. En la selección realizada posteriormente, el fiscal excluyó a cinco de los seis candidatos negros, y sólo a

106 El gobierno federal adopta la misma táctica para responder a los llamamientos que piden su intervención para poner fin a la ejecución de menores. Por ejemplo, en su respuesta de septiembre de 1999 al presidente de la Sección Italiana de Amnistía Internacional, en relación con el llamamiento de la organización para que no fuera ejecutado Chris Thomas en Virginia, el fiscal general adjunto del Departamento de Justicia federal escribió: «Las autoridades federales no pueden anular las decisiones de un estado. Por tanto, las instancias correctas para exponer las preocupaciones que usted pone de manifiesto [...] son el gobernador y la asamblea legislativa del estado de Virginia». Sin embargo, en virtud del derecho internacional, no se puede utilizar el sistema federal de gobierno para justificar el incumplimiento de las leyes internacionales.107 En 1998, Kentucky adoptó una Ley de Justicia Racial que prohíbe pedir la pena de muerte para una persona en función de su raza y establece procedimientos para tramitar las demandas que se formulen en virtud de dicha ley. Es el único estado del país que ha promulgado una ley de este tipo.108 Otro asesinato con agravantes fue el de dos hombres de raza negra, uno de los cuales murió por disparos y el otro por heridas de arma blanca, y que posteriormente fueron arrojados a un río. Según los informes, el autor declaró que había planeado matar a uno de ellos para robarle el dinero y el automóvil. En el caso de Harvey Green, el tribunal declaró que no había planeado matar a nadie.

uno de los 26 candidatos de raza blanca. En una vista celebrada en 1989, un perito declaró que la probabilidad estadística de que la raza no hubiera influido en el proceso de selección realizado por el fiscal en el caso de Green era de 1 entre 10.000. En una segunda vista para volver a determinar la condena de Harvey Green, celebrada en 1992, actuó el mismo fiscal, cuya selección del jurado se tradujo de nuevo en un miembro negro y 11 blancos.109

Las últimas palabras pronunciadas por Harvey Green antes de ser ejecutado fueron: «Me gustaría que la opinión pública supiera que el error que comete ahora agravó el error que yo cometí hace años. No tiene justificación. No es justo. Esto es todo lo que tengo que decir, y ellos saben que es verdad».110 Su ejecución se llevó a cabo pese a las peticiones de clemencia realizadas por cuatro destacadas personalidades afroamericanas de Carolina del Norte, que ocupaban cargos elegidos en las urnas.

Unas semanas antes, 26 miembros del Comité Negro del Congreso de Washington D.C. habían pedido al gobernador Siegelman, de Alabama, que no ejecutase a Brian Baldwin, «a la vista de la patente discriminación racial que hubo en su caso». El ex presidente estadounidense Jimmy Carter escribió al gobernador instándole a que conmutase la pena impuesta al reo alegando que «había motivos claros para cuestionar su culpabilidad en el asesinato» y que «sin duda los prejuicios raciales fueron un factor significativo tanto en su juicio como en su condena a muerte». En 1977, Brian Baldwin, de raza negra, fue declarado culpable del asesinato, cometido cuando tenía 18 años, de una niña blanca. Su confesión de culpabilidad, presuntamente obtenida por la policía mediante tortura y amenazas de muerte, fue admitida como prueba. El juicio, celebrado ante un jurado formado íntegramente por personas de raza blanca después de eliminar el fiscal a todos los candidatos negros durante la selección, duró un día y medio.

El 16 de junio de 1999, Coretta Scott King, esposa del difunto Martin Luther King Jr. y fundadora del Centro para el Cambio Social No Violento de Georgia, pidió al gobernador Siegelman que impidiera la ejecución «en nombre de la justicia y de la decencia humana». «Temo que sin su intervención, este caso se convierta en un ejemplo clásico de injusticia racial. El señor Baldwin, que fue calificado de “niño” y de “salvaje” en el juicio, fue declarado culpable por un jurado formado íntegramente por personas de raza blanca en un condado en el que casi la mitad de los residentes son afroamericanos. [...] Sería una tragedia terrible, una atrocidad y un revés para la igualdad ante la justicia si el estado de Alabama se apresura a ejecutar al señor Baldwin cuando existen cada vez más pruebas de su inocencia y de los abusos cometidos contra sus derechos legales y civiles». Sin embargo, el gobernador Siegelman denegó el indulto pese a que declaró que se sentía «profundamente preocupado» por algunos aspectos del caso. Teniendo en cuenta los comentarios que había formulado sobre el indulto, que se exponen más adelante, Amnistía Internacional ve con inquietud la posibilidad de que influyera en su decisión la politización de la pena de muerte.

El último sorteo de la lotería: El indulto

Judy Neelley habría mostrado la misma compasión por Don Siegelman que la que mostró por sus víctimas

109 Entre 1983 y 1992, se cometieron 88 asesinatos en el condado de Pitt. Más de dos terceras partes de las víctimas eran de raza negra. Sólo cuatro de los casos fueron asesinatos interraciales. El estado pidió la pena de muerte en los tres casos en que las víctimas eran blancas y los procesados negros, y no la pidió, en cambio, en el homicidio de una persona de raza negra cometido por otra de raza blanca. En marzo del 2000, en Carolina del Norte había cuatro reclusos condenados a muerte que habían sido juzgados en el condado de Pitt. Los cuatro eran negros.110 En la segunda vista de determinación de condena celebrada en 1992, Green no pudo exponer ante el jurado su remordimiento. Posteriormente se convirtió en el primer recluso condenado a muerte de Estados Unidos que fue miembro de Restitución, un grupo sin fines lucrativos que ayuda a los presos a vender sus obras de arte y cuyos ingresos se entregan a las familias de las víctimas de asesinatos o a una organización benéfica. Véase www.restitutioninc.org.

Gobernador Don Siegelman, 21 de enero de 1999111

El gobernador Siegelman, que tomó posesión de su cargo en enero de 1999, se había unido a las airadas críticas de la opinión pública contra uno de los últimos actos en el cargo de su antecesor, Fob James: conmutar la pena de muerte impuesta a Judith Neeley. Sin embargo, Siegelman se opuso a un proyecto de ley destinado a privar a los gobernadores de Alabama de la facultad de conmutar las penas de muerte, alegando que no hacía falta ningún cambio, ya que él nunca haría lo que había hecho el gobernador James. La denegación del indulto a Brian Baldwin (véase supra) fue la primera decisión que tomó Don Siegelman como gobernador.

La decisión tomada por el gobernador James el 15 de enero de perdonarle la vida a Judith Neelley se produjo al final de su mandato, lo que lo libró de las consecuencias políticas de la inevitable reacción. James no explicó los motivos de su decisión, aunque se hicieron muchas conjeturas sobre posibilidad de que la conversión de Neelley al cristianismo hubiera influido en la concesión del indulto. Pero esto no fue suficiente para salvar a Karla Faye Tucker, ejecutada en Texas en 1998 pese a haberse convertido al cristianismo, ni a los numerosos hombres que han abrazado la religión mientras estaban en el pabellón de la muerte.112 Todos los indultos han de ser bienvenidos, y a veces exigen cierta dosis de coraje político. Sin embargo, la decisión del gobernador James parece demostrar la politización y la arbitrariedad del sistema de justicia que administra la pena capital en Estados Unidos, al igual que las cinco conmutaciones de la pena capital por la de cadena perpetua concedidas, respectivamente, por el poder ejecutivo estatal durante 1998 y 1999 a Darrell Mease (Misouri), Wendel Flowers (Carolina del Norte), Henry Lee Lucas (Texas), Bobby Ray Fretwell (Arkansas) y Calvin Swann (Virginia, véase el recuadro de la página 59).

Darrel Mease iba a ser ejecutado el 27 de enero de 1999 en Misuri, coincidiendo con la visita a ese estado del Papa Juan Pablo II, que se opone activamente a la pena de muerte. Conocida esta incómoda coincidencia, la Corte Suprema del estado aplazó la ejecución al 10 de febrero. Sin embargo, en una reunión mantenida con el gobernador Carnahan el 27 de enero, el Papa pidió personalmente el indulto para Mease. Al día siguiente, el gobernador Carnahan conmutó la pena de muerte: «Sigo apoyando la pena capital, pero tras considerar cuidadosamente su llamamiento directo y personal y debido al profundo y perdurable respeto que siento por el Pontífice y por todo lo que representa, anoche decidí atender su petición».

Al día siguiente de esta decisión, la Corte Suprema de Misuri fijó la fecha de ejecución de James Rodden, que el 24 de febrero se convirtió en uno de los nueve presos ejecutados en ese estado en 1999. ¿Por qué a ellos los mataron y permitieron vivir a Darrel Mease? La respuesta es la suerte en el sorteo: Mease se libró sólo porque la fecha prevista para su ejecución coincidió casualmente con la visita del Papa. Uno de los nueve presos ejecutados en Misuri fue Roy Roberts, a quien quitaron la vida el 10 de marzo de 1999 pese a la petición de indulto del Papa, esta vez por escrito.

111 Associated Press, 21 de enero de 1999. Palabras pronunciadas por el gobernador Siegelman ante los periodistas en una reunión de fiscales de distrito del estado.112 Por ejemplo, Jonathan Nobles fue ejecutado en Texas el 7 de octubre de 1998. Durante su estancia en prisión como condenado a muerte había abrazado la fe y obtuvo los permisos necesarios para ejercer su ministerio entre los demás presos. Nobles había consumido drogas desde los ocho años para huir de una infancia de abusos sexuales y malos tratos. Aunque las drogas «influyeron en mi mente lo bastante como para permitirme cometer un asesinato, sigo asumiendo mi responsabilidad en los asesinatos. No estoy inventando excusas [...] Soy un asesino convicto; cometí un acto aborrecible. Cuando reflexiono sobre ello, me produce náuseas». Dos semanas antes de su ejecución, mantuvo una reunión de varias horas con la madre de una de sus víctimas, en la que pudo pedir perdón y asumir la responsabilidad de su crimen. Según los informes, la madre de su víctima declaró que lo había perdonado.

Roy Roberts había sido condenado a muerte por un asesinato cometido en prisión, en el que participaron otros dos reclusos, uno de los cuales cumple una pena de cadena perpetua. El otro logró la anulación de la condena a muerte en la apelación. Roberts, cuyas últimas palabras fueron: «Están matando a un hombre inocente», había sido declarado culpable pese a las contradicciones de los testigos y a otras pruebas cuestionables. Al igual que Roberts, Wendel Flowers, en Carolina del Norte, había sido condenado a muerte por un asesinato cometido en prisión en el que también participaron otros reclusos. Como en el caso de Roberts, Flowers había sido condenado a muerte a pesar de las dudas sobre si había sido el principal responsable del asesinato. Fue el único de los cuatro presos implicados que fue condenado a muerte. Sin embargo, a diferencia de Roberts, el 15 de diciembre de 1999 el gobernador Hunt, de Carolina del Norte, reconoció la arbitrariedad de la condena impuesta y conmutó la pena de muerte dos días antes de la ejecución.

El gobernador Huckabee, de Arkansas, conmutó la pena de muerte impuesta a Bobby Ray Fretwell en marzo de 1999. Declaró que lo había influido la petición de que no fuera ejecutado formulada por uno de los miembros del jurado que lo había juzgado de que no fuera ejecutado. Este ex miembro del jurado escribió que él había sido el único de los 12 que inicialmente votó a favor de imponer una pena de cadena perpetua, pero que había cambiado de opinión y votado a favor de la pena de muerte porque se sintió intimidado y no quería ser rechazado por su comunidad. Pese a que la valiente decisión del gobernador es positiva, cuando se la compara con otros casos similares resalta aún más la arbitrariedad de la justicia estadounidense en los casos de pena capital. Gran parte de lo que ocurrió en el juicio de Fretwell, por ejemplo, había sucedido en el de Louis Truesdale, celebrado en Carolina del Sur. La única miembro del jurado que había querido votar a favor de la cadena perpetua reconoció posteriormente que se había sentido intimidada por el racismo predominante en la sala del jurado y había votado a favor de la pena de muerte (ella era la única miembro de raza negra del jurado; Truesdale era negro y estaba acusado de matar a una mujer blanca). Aun así, mientras que a Bobby Fretwell se le permitió vivir, Louis Truesdale fue ejecutado el 11 de diciembre de 1998.

El gobernador Bush, de Texas, conmutó la pena de muerte impuesta a Henry Lee Lucas el 26 de junio de 1998 porque había dudas sobre su culpabilidad. El gobernador declaró: «[...] siento la obligación especial de asegurarme de que el estado de Texas nunca ejecuta a una persona por un delito que tal vez no haya cometido».113 Desde enero de 1999, han sido ejecutados en Texas Troy Farris, James Beathard (véase la página 29) y Odell Barnes (página 73) pese a las dudas sobre su culpabilidad.114 Un aspecto que diferencia estos casos y el de Lucas fue que este último había recibido mucha publicidad y suscitado preocupación en los círculos oficiales de Texas, entre otros motivos por la creencia de dos ex fiscales generales estatales de que Lucas era con toda probabilidad inocente del crimen por el que había sido condenado a muerte. El Dallas Morning News dijo: «En el caso de otros reclusos condenados a muerte, las dudas sobre su culpabilidad no reciben tanta difusión, pero son igualmente acuciantes».115 Un caso que ha recibido una gran

113 Para poder conmutar una pena de muerte, el gobernador Bush tiene que recibir una recomendación en tal sentido de los miembros designados por él para formar parte de la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas. Henry Lucas fue el primer condenado a muerte indultado desde que Bush tomó posesión de su cargo. El gobernador recibió una recomendación de indulto después de pedir a la Junta que revisara el caso. Bush también tiene facultades para conceder un aplazamiento de la ejecución de treinta días, aunque nunca las ha ejercido. El 28 de diciembre de 1998, un juez que revisaba los procedimientos de la Junta de Indultos y Libertad Condicional del estado declaró: «Se ha demostrado claramente que el procedimiento para la concesión de indultos de Texas es sumamente deficiente [...] La Junta no tendría necesidad de sacrificar su ideología conservadora para desempeñar sus obligación con mayor justicia y precisión». Véase Matar sin piedad: Los procedimientos de concesión de indulto en Texas (AMR 51/85/99/s, junio de 1999).114 Troy Farris fue ejecutado el 13 de enero de 1999. Excepcionalmente, cinco miembros de la Junta de Indultos y Libertad Condicional habían votado a favor del aplazamiento.115 Otra característica del caso fue que la víctima del asesinato nunca fue identificada y, por tanto, nunca hubo familiares que pidieran la ejecución. El gobernador fue criticado por el presidente de la Asociación de Sheriffs de Texas, entre otros: «Es la única mala decisión que ha tomado. Estoy a favor de lo que ha hecho, salvo en esto. De todas formas,

publicidad póstuma es el de David Spence, ejecutado en Texas el 3 de abril de 1997 por el asesinato de tres adolescentes cometido en 1982. Según los informes, dos agentes de policía que investigaron el caso posteriormente declararon que creían que David Spence era inocente, al igual que un empresario republicano de Texas que examinó el caso.116 El propio Spence había mantenido su inocencia hasta el final: «Quiero que comprendan que es la verdad cuando digo que no he matado a nadie», fueron sus últimas palabras antes de recibir la inyección letal.

el tipo me sigue gustando. Todo el mundo se equivoca». (Fort Worth Star-Telegram, 14 de julio de 1998).116 The Wrong Man, New York Times, 25 de julio de 1997.

Irrevocabilidad frente a imparcialidad: La Ley Antiterrorista y de Pena de Muerte Efectiva

El recurso de hábeas corpus formulado en la jurisdicción federal por Cantu se ha presentado claramente fuera del plazo de un año prescrito por el Congreso en la Ley Antiterrorista y de Pena de Muerte Efectiva para dar regularidad e irrevocabilidad a las actuaciones federales en casos de hábeas corpus.

Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, 1998117

Andrew Cantu fue ejecutado en Texas el 16 de febrero de 1999 sin que ningún tribunal estatal ni federal revisase las circunstancias de su caso. Los tribunales federales resolvieron que había presentado sus apelaciones fuera de plazo y que, por tanto, había agotado el tiempo de que disponía en virtud de la Ley Antiterrorista y de Pena de Muerte Efectiva, concebida para acelerar las ejecuciones y firmada por el presidente Clinton en abril de 1996.

En su informe de 1998 sobre Estados Unidos, el relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias expresó su preocupación ante el hecho de que esta ley, al limitar gravemente la capacidad de las cortes federales para reparar los errores y abusos cometidos por los tribunales estatales, había «hecho peligrar todavía más la aplicación del derecho a un juicio con las debidas garantías previsto en el Pacto [Internacional de Derechos Civiles y Políticos] y otros instrumentos internacionales». Los hechos acaecidos en otro caso de pena capital de Texas en 1999 ilustraron la forma en que la Ley había sacrificado la imparcialidad en aras del carácter irrevocable de la sentencia. En 1996, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito aplicó las nuevas normas de la Ley Antiterrorista a la demanda presentada por el recluso condenado a muerte en Texas Bobby James Moore, que alegó que su defensa en el juicio había sido inadecuada.118 En una breve exposición, el tribunal desestimó la demanda y confirmó la pena de muerte. Sin embargo, en 1997, la Corte Suprema estadounidense resolvió que las disposiciones de la Ley Antiterrorista no tenían carácter retroactivo.119 Dado que la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito había aplicado la ley de forma retroactiva en el caso de Bobby Moore, reconsideró su apelación, aplicando en esta ocasión las normas anteriores a la entrada en vigor de la Ley Antiterrorista, menos estrictas, y en agosto de 1999 dictó su nueva sentencia sobre el caso. La resolución era cinco veces más extensa que la que había dictado en 1996, y esta vez falló a favor de Bobby Moore. El tribunal se refirió cáusticamente a la asistencia letrada que había tenido Moore en el juicio, calificándola de «patéticamente pobre» y «totalmente fuera de los límites de lo que se considera una actuación profesional razonable». Añadió que no tenía «ningún inconveniente» en concluir que los abogados de Moore habían sido ineficaces, lo que vulneraba la Constitución, y que su actuación había sido perjudicial para la determinación de la condena.120 En consecuencia, el tribunal le concedió una nueva audiencia de determinación de la condena, que en el momento de redactar este informe estaba fijada para principios del 2001. El caso de Bobby Moore parece confirmar, por tanto, que la Ley Antiterrorista y de Pena de Muerte Efectiva permitirá la ejecución de personas cuyos derechos

117 Cantu-Tzin v. Johnson, 2 de diciembre de 1998. La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito denegó el aplazamiento de la ejecución de Andrew Cantu, prevista para el 3 de diciembre, después de la resolución de una Corte de Distrito en la que se decía que el procesado había utilizado deliberadamente tácticas dilatorias. Uno de los tres jueces de la Corte de Apelaciones discrepó de la mayoría y alegó que, al negarse a designar un abogado defensor y a celebrar una vista para la presentación de pruebas, la Corte de Distrito no había estado en condiciones de afirmar si Cantu había recurrido a tácticas dilatorias. Cantu había decidido defenderse a sí mismo después de que dos defensores de oficio se retiraron del caso y de despedir a un tercero por no trabajar. Quince minutos antes de la hora fijada para la ejecución, tras la intervención de un abogado con experiencia, la Corte Suprema federal concedió un aplazamiento, aunque posteriormente desestimó la apelación y Cantu fue ejecutado finalmente el 16 de febrero.118 Véase La pena de muerte en Texas: Injusticia letal (AMR 51/10/98/s, marzo de 1998).119 Lindh v. Murphy.120 Moore v. Johnson (revisada el 16 de noviembre de 1999).

constitucionales han sido vulnerados.

Aunque Texas ejecuta a más personas que ningún otro estado, Virginia tiene el índice más elevado de ejecuciones por habitante.121 Aparte de las medidas legislativas estatales que han convertido el proceso de apelación en uno de los más rápidos del país,122 existe la creencia generalizada de que otro de los factores que hacen que Virginia sea tan eficiente a la hora de matar a los condenados a muerte es el conservadurismo de la Corte Suprema del estado y de la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito, tribunal federal de apelaciones encargado de revisar las actuaciones judiciales de Virginia. A mediados de 1999 sólo alrededor del 6 por ciento de las penas de muerte impuestas en Virginia desde 1976 habían sido anuladas en la fase de apelación, frente a una media nacional situada en torno al 33 por ciento.123 En 1998 y 1999, la estricta interpretación por la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito de la Ley Antiterrorista y de Pena de Muerte Efectiva fue sometida a examen después de dos de sus resoluciones dictadas en sendos casos de pena de muerte.124

En diciembre de 1998, la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito desestimó la apelación de Terry Williams, condenado a muerte en Virginia. La Corte Suprema federal suspendió posteriormente su ejecución poco antes de la fecha prevista, el 6 de abril de 1999. En el caso de Williams fue fundamental el significado de las expresiones «contraria a» y «no razonable», contenidas en la Ley Antiterrorista, que impide que los tribunales federales revisen la decisión de un tribunal estatal salvo que ésta sea «contraria a la jurisprudencia claramente establecida de la Corte Suprema federal o constituya una aplicación no razonable de ésta». En la opinión de la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito, «contraria a» significa «en franco conflicto con» una sentencia dictada por la Corte Suprema en un caso similar, y una «aplicación no razonable» de las leyes federales es una interpretación que «todos los juristas razonables estarían de acuerdo en que no es razonable» (la negrita es nuestra). En una vista celebrada el 4 de octubre de 1999, la juez Ruth Bader, de la Corte Suprema de Estados Unidos, dijo al fiscal general adjunto de Virginia que defendía la interpretación de la Corte del Cuarto Circuito: «Pero los juristas razonables siempre están en desacuerdo [...] Si he comprendido su argumentación, nunca habría ningún caso en el que el demandante pudiera ganar».125

Terry Williams fue condenado a muerte en 1986 por el asesinato de Harris Thomas Stone, cometido el año anterior. En la apelación, un tribunal estatal ordenó que se volviera a celebrar la audiencia de determinación de la condena porque el abogado que lo había defendido en el juicio había actuado de forma deficiente, vulnerando la Constitución, al no presentar pruebas de circunstancias atenuantes, como los abusos y privaciones que había padecido Williams en su infancia, el alcoholismo familiar y su retraso mental, que lo situaba en el límite de la normalidad. La corte resolvió que, si el jurado hubiera dispuesto de estas pruebas, al menos uno de sus miembros

121 A 29 de febrero del 2000, Texas tenía un índice de ejecuciones del 0,106 por cada 10.000 habitantes, mientras que en Virginia este índice era del 0,111. Fuente: Centro de Información sobre la Pena de Muerte. Es probable que el índice de ejecuciones de Virginia disminuya ahora, teniendo en cuenta que ha ejecutado anualmente a más personas de las que ha condenado a muerte.122 Es bien sabido que, en virtud de la «norma de los veintiún días», en Virginia ningún tribunal puede estudiar ninguna prueba nueva que se presente transcurridos veintiún días desde la imposición de la pena. El último intento de modificar esta norma llegó a un callejón sin salida en el Senado de Virginia en marzo del 2000. En febrero, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley por el que se ampliaba el plazo de veintiún días a tres años, pero el Senado lo dejó en cuarenta y cinco días. El estudio del proyecto legislativo quedó aplazado hasta el 2001.123 Washington Post, 4 de abril de 1999.124 También en 1999, la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito resolvió, en el caso Estados Unidos c. Dickerson que los agentes del orden federales no están obligados a cumplir la sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos de 1966 (Miranda c. Arizona), que exige que los policías adviertan a los detenidos de que tienen derecho a disponer de un abogado y a guardar silencio.125 Federal Court’s Power in Federal Death Penalty Cases is Reviewed, New York Times, 5 de octubre de 1999.

habría votado probablemente a favor de imponer una pena de cadena perpetua (en Virginia, en los casos de pena capital, hace falta la unanimidad del jurado para imponer la pena de muerte). La Corte Suprema de Virginia revocó esta sentencia, aplicando su propia interpretación de la ley federal, pero esta resolución fue revocada a su vez por un tribunal de distrito federal que coincidió con el tribunal estatal en que una mejor defensa probablemente habría propiciado la ruptura de la unanimidad del jurado y la imposición de una condena a cadena perpetua. Sin embargo, en diciembre de 1998, la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito anuló la sentencia de la corte de distrito, alegando que la decisión de la Corte Suprema de Virginia de confirmar la pena de muerte no había sido una aplicación «no razonable» de la ley federal, y resolvió que para que la alegación de defensa ineficaz prosperase, Terry Williams debía demostrar que los 12 miembros del jurado habrían votado contra la pena de muerte de haber contado con un abogado mejor. La Corte del Cuarto Circuito razonó que «un tribunal no puede suponer que algún miembro del jurado tuviera más probabilidades que los demás de verse influido por las pruebas de circunstancias atenuantes» porque debe suponerse que los 12 miembros del jurado son «razonables, serios e imparciales». Por tanto, la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito concluyó que el hecho de que «un hipotético miembro del jurado podría haberse visto influido por una prueba determinada es insuficiente para establecer que hubo perjuicio», en virtud del criterio exigido por la jurisprudencia de la Corte Suprema estadounidense.

La segunda sentencia polémica de la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito fue la dictada en el caso de Michael Wayne Williams, condenado a muerte en Virginia, cuya apelación desestimó este tribunal el 2 de agosto de 1999. Los abogados defensores habían cuestionado un artículo de la Ley Antiterrorista y de Pena de Muerte Efectiva que limita la capacidad de los tribunales federales para celebrar una vista de presentación de pruebas en relación con cuestiones que la defensa «no ha desarrollado» ante el tribunal estatal, a menos que haya pruebas abrumadoras de la inocencia del condenado.126 En aplicación de la Ley Antiterrorista, la Corte del Cuarto Circuito desestimó la demanda de que se celebrase de una vista de presentación de pruebas en el caso de Michael Williams para considerar las pruebas sobre conducta indebida del jurado y la alegación de que el estado, actuando de forma inconstitucional, había ocultado pruebas a la defensa. El 28 de octubre, la Corte Suprema federal paralizó la ejecución de Michael Williams cuando faltaba menos de una hora para llevarse a cabo y acordó estudiar ese artículo de la Ley Antiterrorista y la interpretación que había hecho de él la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito. En el momento en que se redacta este informe, la Corte Suprema federal no había dictado aún sentencia sobre las dos reclamaciones de Williams. Si confirma alguna de las dos sentencias de la corte de circuito, se avanzará un paso más hacia la supresión de las facultades de los tribunales federales para reparar las violaciones reconocidas internacionalmente del derecho a ser juzgado imparcialmente.

El caso de Thomas Thompson, que fue ejecutado en California en los primeros minutos del 14 de julio de 1998, sirve para ilustrar cómo el carácter irrevocable de la condena se ha convertido en la motivación principal de la administración de la pena capital, así como para mostrar la cruel montaña rusa en que se alternan esperanza y desesperación a la que están sometidos los condenados. Thompson fue condenado a muerte por la violación y el asesinato de Ginger Fleischli, cometidos en 1981. Un tribunal anuló la condena en 1995, pero otro la confirmó en 1996. En agosto de 1997, le fue concedido un aplazamiento de seis horas antes de la ejecución. Ya había ordenado su última comida cuando la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito anuló la sentencia condenatoria respecto de la violación, factor agravante que había hecho que el asesinato fuera punible con la muerte, argumentando que su inadecuada defensa había «sembrado serias dudas sobre la fiabilidad de la sentencia condenatoria respecto de la violación».127 Cuatro meses antes, la Corte del Noveno

126 Artículo 2.254.e.2 de la Ley Antiterrorista y de Pena de Muerte Efectiva.127 Ese mismo año, 1997, siete ex fiscales de California, todos ellos partidarios de la pena de muerte, habían presentado un escrito en apoyo de Thompson debido a los motivos preocupación que el caso les suscitaba: «Si [...] Thompson es ejecutado, se transmitirá el mensaje de que ejecutar penas de muerte es más importante que garantizar que

Circuito había denegado a Thompson la petición de que se celebrase una vista de apelación, aunque posteriormente resolvió que había incurrido en un error y que el caso debía ser revisado.

El estado de California apeló, y el 29 de abril de 1998, la Corte Suprema de Estados Unidos anuló la sentencia de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, afirmando, con una dureza poco habitual, que ésta había cometido «un grave abuso de sus facultades discrecionales» al reconsiderar su resolución anterior. En su decisión, la Corte Suprema señalaba que, aunque la corte de apelaciones no había actuado ilegalmente, había abusado de sus facultades discrecionales, que sólo debía ejercer como último recurso en «circunstancias graves e imprevistas» para impedir un fallo injusto. Según la Corte Suprema, este requisito, que no se había cumplido en el caso de Thompson, es «totalmente congruente con la preocupación fundamental de la Ley Antiterrorista y de Pena de Muerte Efectiva de que no se vuelvan a plantear las cuestiones de fondo de las actuaciones penales ya conclusas salvo que existan pruebas fehacientes que demuestren una verdadera inocencia».128

La sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos fue dictada tras las reiteradas críticas públicas formuladas por las autoridades del estado de California a la resolución de la Corte del Noveno Circuito de agosto de 1997. El gobernador Wilson, que había denegado el indulto a Thompson,129 dijo que esta resolución había sido obra de un «grupito de jueces liberales». El fiscal general Lundgren declaró que confiaba en que la Corte Suprema de Estados Unidos pondría fin al «circo del Noveno Circuito». En su apelación, el estado señaló que la sentencia de la Corte del Noveno Circuito invitaría a que se presentaran «un sinfín» de apelaciones ante las cortes federales en los casos de pena de muerte impuesta por los estados, y alegó que «en algún momento la sentencia debe tener un carácter irrevocable».

Este aspecto fue abordado por la Corte Suprema en su sentencia de abril, al decir en ella: «[E]s necesario imponer límites significativos al poder discrecional de los tribunales federales para conceder la reparación en casos de hábeas corpus. Estos límites reflejan el perdurable respeto que siente la Corte hacia el interés del Estado en que las sentencias condenatorias que han sobrevivido a la revisión directa [de un tribunal estatal] tengan carácter irrevocable. [...] Este carácter irrevocable es esencial para las funciones retributivas y disuasorias del derecho penal». La Corte Suprema añadía: «[S]ólo teniendo una garantía de irrevocabilidad real puede ejecutar el Estado su juicio moral y pueden seguir adelante las víctimas del delito, sabiendo que el juicio moral será puesto en práctica».

El gobernador Wilson elogió la sentencia de la Corte Suprema, declarando: «[T]ras estas dilaciones innecesarias, debemos seguir adelante y ejecutar el castigo adecuado [...] y no demorar más la justicia para la familia y los seres queridos de la víctima». Un portavoz del fiscal general Lundgren manifestó: «[Y]a va siendo hora de que las víctimas y sus familias puedan por fin cerrar este capítulo».

En una carta publicada en el Washington Post el 19 de mayo de 1998, Larry W. Post, padre de una víctima de asesinato, respondió: «¿Cómo se atreve el tribunal a hablar en mi nombre, en el de mi familia y en el de mi hija asesinada?». Post criticaba a la Corte Suprema por «hablar de su tipo de moralidad y sus versiones de los deseos de las víctimas», y concluía pidiendo que «los

en los juicios penales [...] no se manipulan los hechos y los testigos y, en última instancia, la verdad».128 Calderon v. Thompson. Cuatro de los jueces de la Corte Suprema discreparon: «Sean cuales sean los criterios de la Corte, no coinciden con los de la Ley Antiterrorista y de Pena de Muerte Efectiva. Tampoco hay ninguna otra justificación evidente [...] Aunque [la decisión del Noveno Circuito de revisar el caso Thompson] puede haber causado una impresión lamentable, ni su falta de finura ni la Ley Antiterrorista justifican la decisión de la mayoría [...]»129 La Corte Suprema de Estados Unidos señaló en su sentencia de abril de 1998 que el gobernador Wilson había denegado el indulto a Thompson antes de la fecha fijada para su ejecución, en agosto, tras «coincidir con la opinión del juez que presidió el juicio de Thompson en que sería una enorme tragedia y una farsa de la justicia considerar siquiera con seriedad la posibilidad de conceder el indulto en este caso».

jueces y los fiscales y los políticos renuncien a hacer política con las familias de las víctimas que necesitan “cerrar un capítulo” para seguir adelante [...]».

Crear más víctimas en nombre de los derechos de las víctimas: Las familias

Acabo de empezar a tener pesadillas [...] Me desperté gritando porque estaba soñando con la ejecución de mi hermano [...] Estoy pagando todos los meses los plazos de su entierro, ¿sabe?, es algo nauseabundo y deprimente.130

Los comentarios del gobernador y del fiscal general de California son típicos de muchas autoridades estadounidenses, que expresan su apoyo a la pena de muerte alegando que los ciudadanos exigen una justicia retributiva y los «derechos de las víctimas». Tras haber descartado en su mayoría el argumento, desacreditado hace tiempo, de la disuasión,131 los dirigentes políticos hablan ahora de la paz, o del «cierre de un capítulo», que la ejecución supone para las familias de las víctimas de asesinato, a pesar de que no hay pruebas de que se pueda garantizar un resultado de este tipo, y de las declaraciones de los propios familiares, que dicen que la ejecución sólo empeora las cosas.

En su informe de 1998 sobre Estados Unidos, el relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias expresó su especial preocupación ante el enfoque que se daba a los derechos de las víctimas. El relator afirmó que «[s]i bien las víctimas tienen derecho a respeto y compasión, acceso a la justicia y pronto resarcimiento, esos derechos no deben ejercitarse a expensas de los derechos del acusado. Los tribunales no deben convertirse en un foro para la represalia. La obligación del Estado de impartir justicia no debe privatizarse y devolverse a las víctimas, como sucedía antes de la aparición de los Estados modernos». En la vista sobre la concesión del indulto a Darrell Rich, celebrada en California el 6 de marzo del 2000, los familiares de sus víctimas hablaron del dolor de perder a sus parientes y de su deseo de que se matara a Darrell Rich sin más dilación. Los detractores de la pena de muerte hablaron en favor del indulto, lo que provocó silbidos y una airada salida en señal de protesta de los familiares de las víctimas. Según los informes, uno de ellos dijo: «Estamos perdiendo el tiempo, mátenlo», y otro: «Creo que deberíamos llevarlo a ese vertedero y usar una piedra, tal vez una pistola. No, una pistola es demasiado rápida».132 El gobernador Davis denegó el indulto el 10 de marzo. Entre otros motivos, alegó que a los familiares de las víctimas de un asesinato «no les ha convencido la petición de indulto [de Rich] y piden que se cumplan las leyes del estado». Darrell Rich fue ejecutado el 15 de marzo.

Las autoridades elegidas en las urnas rara vez prestan atención a las otras víctimas, que en la mayoría de los casos son desatendidas, es decir, a los familiares del condenado a muerte. En una carta publicada en el Washington Post el 23 de febrero del 2000, una mujer cuyo esposo está condenado a muerte en Carolina del Norte dijo: «Nuestros hijos han sufrido mucho por los actos de su padre. Aunque reconocen que su padre hizo algo terrible y equivocado, siguen queriéndolo y necesitándolo. Se pasa totalmente por alto el sufrimiento de los niños cuyos padres están condenados a muerte porque estos niños sufren en silencio. Sé de un niño de nueve años que escribe en su calendario “Papá muere hoy” cada vez que se fija una nueva fecha de ejecución para su padre. Aunque entiendo el clamor que pide justicia después de haberse cometido un asesinato, no puedo entender el aullido de venganza que dejará a más niños destrozados y huérfanos [...] Rezo para que

130 Felicia Draughon, entrevista con Amnistía Internacional, Dallas, junio de 1998. Su hermano, Martin Draughon, fue condenado a muerte cuando ella tenía 16 años, y sigue recluido en el pabellón de la muerte de Texas. Véase también Hablando claro: voces contra la muerte (AMR 51/128/99/s, octubre de 1999).131 El 20 de enero del 2000, la fiscal general estadounidense, Janet Reno, declaró: «Durante la mayor parte de mi vida adulta me he interesado por los estudios que pudieran demostrar que la pena de muerte es un factor disuasorio. Y no he visto ninguna investigación que justifique ese argumento». Reuters, 20 de enero del 2000.132 Sacramento Bee, 6 y 7 de marzo del 2000.

todos los niños cuyos padres han sido asesinados encuentren consuelo y paz. Pero puede que mis hijos también pierdan a su padre en un asesinato, y me pregunto quién va a llorar por ellos».

Un estudio publicado en 1999 concluyó que las familias de los condenados pueden sufrir una seria estigmatización, aislamiento social, depresión y «duelo crónico». Sin embargo, el estudio señalaba que mientras las familias de las víctimas de un asesinato pueden declarar en un juicio sobre la repercusión que ha tenido el crimen en sus vidas, pueden recibir psicoterapia financiada por el Estado, se les abonan los gastos derivados de asistir a los juicios y cuentan con otras ayudas, los familiares de los condenados no reciben ese apoyo: «[...] no existe ningúna opción de tratamiento que el Estado facilite a las familias de los condenados. Además, los tribunales que imponen la condena no proporcionan opciones de apoyo, ni las prisiones, los programas para víctimas ni los organismos de servicios sociales [...] Los familiares que deciden permanecer junto al condenado son relegados al silencio, y generalmente se sienten impotentes para detener la maquinaria de la muerte que se ha puesto en marcha para matar a su ser querido. Esta impotencia comienza en el juicio, en el que la mayoría de ellos son dados de lado y no son escuchados en la vista oral ni en la audiencia de determinación de la condena».133

Uno de los familiares de condenados a muerte entrevistados para el estudio fue Trevor Dicks, que tenía 11 años cuando su hermano Jeff fue condenado a morir en la silla eléctrica en Tennessee: «En aquella época, yo no sabía cuándo se llevaría a cabo. Yo imaginaba la electrocución como cualquier chico de 11 años. Esas pesadillas me persiguen desde hace ya diecinueve años. No pude encontrar a nadie para expresar mis sentimientos. Yo también fui condenado». Jeff Dicks murió mientras estaba recluido en el pabellón de la muerte de Tennessee, el 10 de mayo de 1999. Hubo denuncias de negligencia médica.

El estudio también cita las palabras del padre de Joseph Hudgins, condenado a muerte en Carolina del Sur por un delito que cometió en 1992, cuando tenía 17 años: «Si ejecutan algún día a Joseph, probablemente eso me matará. Dudo que pueda asumirlo... No hay un momento del día en que no piense en Joseph y en su caso. Está allí cuando me despierto por la mañana y es el último pensamiento antes de irme a dormir por la noche[...] Es demoledor. Ha repercutido en mi salud[...] Vivo para el momento en que Joseph me llama o voy a visitarlo. Él insiste en que debería tomarme unas vacaciones y hacer una vida normal, pero yo no estoy viviendo una vida normal. No hay nada de normalidad en esto». El 6 de diciembre de 1999, la Corte Suprema estatal concedió a Jospeh Hudgins un nuevo juicio porque su defensa en el primero había sido inadecuada.

Zane Hill, de 62 años, fue ejecutado en Carolina del Norte el 17 de agosto de 1998. Había sido condenado a muerte en 1991 por matar a su hijo de 29 años cuando éste se puso violento durante una prolongada borrachera. Aunque sigue llorando por su hijo, la esposa de Zane Hill, Bonnie Hill, perdonó a su esposo, y durante los siete años siguientes recorrió periódicamente los 350 kilómetros que la separaban de la prisión para visitarlo. Los miembros de la pequeña comunidad rural en la que vivía se opusieron a la ejecución, así como el Centro de Política Judicial de Carolina, de carácter no gubernamental, que declaró: «El estado de Carolina del Norte no puede demostrar una auténtica preocupación por [Bonnie Hill] y otras víctimas de la violencia familiar matando al esposo a quien ella visita. Las tragedias familiares como ésta exigen mejores estrategias preventivas. La violencia familiar es demasiado habitual y es perentorio introducir enfoques preventivos –y no ejecuciones– para reducir el nivel de violencia [...]». Tras la ejecución, el fiscal de distrito que había actuado en el juicio contra Zane Hill afirmó que el gobernador Hunt había tenido que armarse de valor para denegar el indulto debido a la presión ejercida por la gente que se oponía a la ejecución.

133 What about our families? Using the impact on death row defendant’s family members as a mitigating factor in death penalty sentencing hearings, Rachel King y Katherine Norgard. Florida State University Law Review, Vol. 26:1119, 1999.

Muchos de los ejecutados en Estados Unidos fueron víctimas de la violencia desde la más temprana infancia, en el seno de sus propias familias o de la sociedad en general. Otros sufrían enfermedades mentales tratadas inadecuadamente (véase el caso de Larry Robison, página 59). Los antecedentes de muchos condenados, aunque no excusan los crímenes por los que fueron condenados a morir, sugieren que la sociedad les había fallado mucho tiempo antes de tomar la decisión de matarlos. Por ejemplo, en Texas, Glen McGinnis huyó una y otra vez de los malos tratos y los abusos sexuales que sufría en su hogar. Las autoridades del estado lo devolvieron una y otra vez a su casa, hasta que logró escapar para siempre a los 11 años y comenzó a vivir en las calles de Houston. Cometió un asesinato a los 17 años y fue ejecutado el 25 de enero del 2000, en violación del derecho internacional.

Un número cada vez mayor de familiares de víctimas de asesinato afirman que las ejecuciones son un recordatorio atroz para la familia de los asesinados, crean más víctimas y ahondan la cultura de la violencia en la sociedad.134 Dennis Wayne Eaton fue ejecutado el 18 de junio de 1998 por el asesinato del agente de policía de Virginia Jerry L. Hines en 1989. La hermana de éste, Maria Hines, había pedido al gobernador Gilmore que no se llevase a cabo la ejecución: «Matar es un error, ya sea en el caso de una persona que mata a otra o si es el Estado el que mata a uno de sus ciudadanos. Quiero que otras víctimas sepan que existe una alternativa. Esa alternativa es el perdón y la reconciliación».

En una conferencia de prensa celebrada el 27 de marzo del 2000 en Tennessee, la hija del condenado a muerte Philip Workman y la hija del policía de cuyo asesinato en 1981 había sido declarado culpable el primero, se unieron para pedir que el indulto para el condenado. «No puedo estar aquí y decirles que me gustaría que ejecutasen a Philip Workman sólo porque ha sido acusado de matar a mi padre», dijo la hija del teniente Ronald Oliver, que habló del dolor de perder a un padre: «Si pido que sea ejecutado, estaría separándolo de Michele [hija de Workman]. Sufrimos la misma pérdida al mismo tiempo [...]». La hija de Philip Workman le dio las gracias por su «enorme capacidad de compasión» y por «superar el sentimiento de venganza».

El 1 de septiembre de 1999, la Corte Suprema estadounidense aplazó la ejecución de Lonnie Weeks dos horas antes del momento previsto (véase el recuadro). Weeks había sido declarado culpable de matar a tiros a un agente de policía de Virginia, Jose M. Cavazos, en 1993. El hijo y la hija de la víctima del asesinato pidieron al gobernador Gilmore que concediera el indulto. La hija, Leslie Cavazos-Almagia, que actualmente tiene 27 años, escribió: «Le ruego que tenga en cuenta los sentimientos de mi hermano y míos al respecto. Hemos meditado mucho sobre esto. Hemos perdonado de corazón todo lo que se le ha hecho a nuestra familia. [La ejecución] no es el parche que curará a la sociedad. Sólo crea más animosidad en nuestras vidas». El hijo de Jose Cavazos, que tenía 16 años cuando murió éste, escribió: «Cuando mi padre murió me habría encantado hacerle daño personalmente a Lonnie Weeks, pero era puro odio. Ahora sé que el perdón es mejor que la venganza, y que el amor es mejor que el odio. No quiero que nunca más nadie pase por lo que yo he pasado, y ahora el estado está a punto de dejar huérfano a otro hijo. Sí, me refiero a que los hijos de Lonnie Weeks nunca tendrán la oportunidad de hablar con su padre más adelante, cuando hace tanta falta. Se lo dice alguien que sabe de lo que habla. [...] Por favor, rompa este círculo de violencia perdonando la vida a Lonnie Weeks».

Leslie Cavazos-Almagia y Lonnie Weeks habían tratado durante un año de conocerse

134 En junio de 1998, dos miembros del Secretariado Internacional de Amnistía Internacional se unieron a los familiares de las víctimas y de los reclusos condenados a muerte en la campaña de la organización The Journey of Hope en Texas. The Journey of Hope... From Violence to Healing (El Camino de la Esperanza... De la Violencia a la Curación) y la asociación Familias de las Víctimas de Asesinato por la Reconciliación luchan infatigablemente para poner fin a las ejecuciones. Véase www.mvfr.org.

personalmente, pero el Departamento de Prisiones se negó a autorizar el encuentro alegando que se convertiría en un foco de protestas contra la pena de muerte. El 9 de marzo del 2000, se les permitió hablar por teléfono, lo que hicieron durante más de una hora. Tras la conversación, Leslie Cavazos-Almagia reiteró su esperanza de que se le perdonara la vida a Lonnie Weeks. Éste esperaba el indulto: «No pido que me pongan en libertad. Debo pagar por lo que he hecho. Pero no quiero morir. No quiero abandonar a mis hijos».135 El gobernador Gilmore denegó el indulto, y Lonnies Weeks fue ejecutado la noche del 16 de marzo del 2000.

Matar a los niños que matan: La violación del derecho internacional

Mi hijo quería estar aquí. Dicen que no puede ser porque tiene 16 años y es demasiado joven para ser testigo de una ejecución. Si es así, ¿por qué puede el estado de Oklahoma declarar culpable, condenar a muerte y ejecutar a un niño de 16 años? No lo entiendo.

Últimas palabras de John Walter Castro, ejecutado el 7 de enero de 1999 en Oklahoma

Menos de un mes después de que el estado de Oklahoma dejase huérfano al hijo de 16 años de John Castro, el mismo estado mató a Sean Sellers por delitos que éste había cometido cuando era un muchacho de 16 años.136 El 4 de febrero de 1999, Sellers se convirtió en la primera persona ejecutada en Estados Unidos desde 1959 por un crimen cometido a los 16 años.

En 1998, un tribunal federal había señalado las «claras, contundentes y positivas» pruebas psiquiátricas de que los crímenes cometidos por Sean Sellers cuando tenía 16 años tenían su origen en un grave trastorno mental, y afirmado: «Estamos convencidos de que si un tribunal estatal le da una oportunidad, [Sellers] podría sembrar dudas sobre hasta qué punto es adecuada la condena que se le ha impuesto». Sin embargo, el tribunal afirmó que sólo podía resolver si una condena violaba la Constitución de Estados Unidos, y no corregir errores de hecho, por lo que no podía actuar salvo que la alegación de inocencia fuera tan evidente que pudiera estar seguro de que ningún jurado razonable votaría a favor de la culpabilidad. El tribunal señaló que no le era «indiferente» la situación del preso, y desestimó el recurso.137

El derecho internacional prohíbe la imposición de la pena de muerte a menores, es decir, a personas que cometieron el delito cuando tenían menos de 18 años. El respeto a esta prohibición está ya tan generalizado en todo el mundo que se ha convertido en un principio del derecho internacional consuetudinario que vincula a todos los países con independencia de los tratados internacionales que hayan ratificado. El 16 de junio de 1999, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos reiteró esta circunstancia cuando pidió a las autoridades de Estados Unidos que impidieran la ejecución de Chris Thomas en Virginia y consolidaran «la prohibición del derecho internacional consuetudinario de imponer la pena de muerte a menores». Aunque la Corte Suprema de Virginia aplazó la ejecución con una resolución dictada cinco horas antes de la hora prevista para que se llevase a cabo, Chris Thomas se convirtió finalmente en uno de los tres menores ejecutados en enero del 2000.

135 Daughter seeks mercy for father’s killer, Washington Post, 10 de marzo del 2000.136 En su diario, Sean Sellers escribió el l 7 de enero de 1999: «Mientras yacía moribundo, John Castro habló en mi favor. Dijo sus últimas palabras en mi nombre. Ya no podré decir que no conozco la humildad, que nunca me he quedado anonadado y sin habla».137 Véase Matar a la esperanza: La ejecución inminente de Sean Sellers,AMR 51/108/98/s, diciembre de 1998. La pena de muerte impuesta a Jerry DuWane Mooney, asimismo declarado culpable en Oklahoma de un asesnato cometido a los 16 años, fue revocada el 31 de agosto de 1999. La Corte de Apelaciones en lo Penal de Oklahoma resolvió que el estado había incurrido en falta al no facilitar a los abogados defensores información sobre un testigo de la acusación. La pena impuesta a Mooney fue modificada por la de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, lo que vulnera también las normas internacionales.

La ejecución de Chris Thomas el 10 de enero fue seguida, tres días después, de la de Steve Edward Roach, en la misma cámara de ejecución mediante inyección letal. Luego, el 25 de enero, Glen Charles McGinnis fue ejecutado en Texas.138 Estas ejecuciones elevaron a 13 el número de menores ejecutados en Estados Unidos desde 1990, mientras que, en ese mismo periodo, el total de los otros cinco países que, según los informes, han ejecutado a menores, fue de 10. De estos cinco países –Arabia Saudí, Irán, Nigeria, Pakistán y Yemen–, el último ha abolido posteriormente la pena de muerte para menores, como hizo China en 1997. Estados Unidos ha llevado a a cabo siete de las ocho ejecuciones de menores conocidas en el mundo desde octubre de 1997 (la octava se realizó en Irán el 24 de octubre de 1999).

Los siete tenían el perfil típico de los adolescentes condenados a muerte en Estados Unidos: personas con discapacidades mentales o trastornos emocionales y con una infancia marcada por la pobreza, las privaciones, la violencia o los abusos (véase recuadro en página 55). La arbitrariedad de la imposición de la pena de muerte en Estados Unidos hace que aunque estos factores no se hayan traducido en una mayor indulgencia ni en sus casos ni en otros, algunos menores sí hayan salvado la vida con pruebas similares. En abril de 1999, la Corte Suprema de Florida revocó la pena de muerte impuesta a David Paul Snipes por un asesinato cometido cuando tenía 17 años. El tribunal concluyó que la pena de muerte era desproporcionada: «Snipes sólo tenía 17 años cuando cometió el asesinato. Sufrió abusos sexuales durante varios años de su infancia, abusó de las drogas y del alcohol desde muy temprana edad, y no tenía antecedentes violentos. Se crió en una familia disfuncional y alcohólica, sufrió traumas infantiles y tiene muchos rasgos de personalidad positivos [...] Además, el crimen fue organizado por personas de más edad, y los testimonios reflejan que Snipes era fácilmente influenciable por personas mayores que él».139

En julio de 1999, en el caso de Keith Brennan, la Corte Suprema de Florida dictaminó que el uso de la pena de muerte contra procesados como Brennan, que tenía 16 años cuando cometió sus delitos, violaba la prohibición de imponer penas crueles o excepcionales contenida en la constitución del estado. Basó su resolución en su sentencia de 1994 (Allen v. State), en la que había dictaminado que la excepcionalidad de la aplicación de la pena de muerte a procesados que tenían 15 años en el momento en que cometieron el delito hacía que este castigo fuera inconstitucional para este grupo de edad. En Brennan v. State, halló una similar excepcionalidad en la imposición por el estado de la pena de muerte a personas de 16 años. Su decisión elevó de hecho a 17 años la edad mínima para ser condenado a la pena capital en Florida.140 La condena a muerte impuesta a Keith Brennan fue conmutada por la de cadena perpetua sin la posibilidad de libertad condicional, una pena que, impuesta a un menor, viola el artículo 37 de la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño, tratado que Estados Unidos, junto con Somalia, no ha ratificado.

A finales de 1999 quedó patente el desprecio selectivo de Estados Unidos hacia las normas

138 Véase Vergüenza en el siglo XXI: Está previsto que tres menores sean ejecutados en enero del 2000 (AMR 51/189/99/s, diciembre de 1999).139 David Paul Snipes v. State of Florida, 22 de abril de 1999. El 9 de julio, David Snipes fue condenado a cadena perpetua sin la posibilidad de obtener la libertad condicional. En mayo de 1998, la Corte Suprema de Florida también había revocado la pena de muerte impuesta a Ryan J. Urbin por un asesinato cometido cuando tenía 17 años, conmutándola por otra de cadena perpetua sin libertad condicional. El tribunal citó entre los motivos la edad de Urbin, los abusos y la negligencia a que lo sometieron sus padres durante sus años de formación, y el hecho de que, en el momento en que cometió el crimen, su capacidad para apreciar el carácter delictivo de su conducta estaba «sustancialmente dañada» (debido a la cocaína y al alcohol).140 En 1999, la Cámara de Representantes de Montana elevó a 18 años la edad mínima para ser condenado a muerte, convirtiéndose en el 15º estado de los 38 en los que está vigente la pena capital que fija en 18 años la edad mínima para ser procesado en un caso de pena capital (véase página 4). Sin embargo, en algunos de los otros 14 estados ha habido ciertas iniciativas legislativas para reducir la edad y situarla por debajo del umbral actual de los 18 años. Por ejemplo, en 1999 hubo un intento infructuoso de reducir la edad mínima para ser condenado a muerte en California a 16 años.

internacionales de derechos humanos. El 2 de diciembre de aquel año, el presidente Clinton, mostrando su apoyo a una convención internacional contra el trabajo infantil, calificó la convención de «un verdadero ejemplo de cómo podemos unirnos para mejorar las normas mundiales». Habló de la importancia de ratificar los derechos humanos fundamentales de los niños y del liderazgo mundial que ofrecía a tal fin Estados Unidos: «Podemos hacer que el mañana sea aún mejor. Podemos hacerlo procurando que otras naciones ratifiquen también este tratado y se unan a nuestra causa [...]».141 Sus palabras fueron recibidas con aplausos por el público presente en el Centro de Conferencias Inernacionales de Bell Harbor, en Seattle.

141 Remarks by the President at signing of ILO Convention #182, the convention concerning the prohibition and immediate action for elimination of the worst forms of child labour. Comunicado de prensa de la Casa Blanca, 2 de diciembre de 1999.

Justo dos meses antes, el subsecretario de Justicia estadounidense había presentado un informe a la Corte Suprema estadounidense en el que expuso la opinión del gobierno federal de que Estados Unidos no está obligado, ni en virtud del derecho internacional consuetudinario ni de los tratados a los que está vinculado, a excluir a los menores de la pena de muerte, práctica que han abandonado casi todos los demás países del mundo. El gobierno estadounidense considera que Estados Unidos puede seguir ejecutando a menores debido a la reserva que formuló al artículo 6.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Ello a pesar de que el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha declarado nula dicha reserva, de las protestas formales de varios gobiernos, y del artículo 4 del referido Pacto, que prohíbe la suspensión del artículo 6, incluso en situaciones excepcionales. El informe del subsecretario de Justicia concluía instando a la Corte Suprema a que no examinara la cuestión. El 1 de noviembre, se cumplió el deseo del gobierno al anunciar la Corte que no estudiaría el tema.142 Esta dejación conjunta del liderazgo significa que los tribunales estatales seguirán permitiendo que los fiscales pidan la pena de muerte para procesados acusados de crímenes que cometieron cuando eran menores de edad.143 Por ejemplo, el 23 de marzo del 2000, un juez del condado de Mohave, Arizona, desestimó una petición realizada por la defensa antes de la vista oral, en la que alegaba que el derecho internacional prohibía que el fiscal pidiera la pena de muerte para James Davolt, de 17 años, acusado de un delito cometido cuando tenía 16, y a quien se iba a juzgar el 11 de abril. El 29 de marzo, en el condado de Washoe, Nevada, un juez confirmó la pena de muerte impuesta por un jurado en octubre de 1999 a Robert Servin por un delito cometido cuando tenía 16 años. El juez había desestimado previamente una petición realizada antes del juicio oral en la que se invocaba igualmente el derecho internacional.

La Corte Suprema federal ha fijado los 16 años (en el momento en que se comete el delito) como edad mínima a partir de la cual una persona puede ser condenada a muerte, aunque esto no ha impedido que algunos fiscales expresen su deseo de reducirla.144 Por ejemplo, en 1998, el representante de Texas Jim Pitts propuso un proyecto de ley que permitiría que su estado impusiera la pena de muerte a niños de incluso 11 años. En 1999, el primer fiscal de distrito adjunto del condado de Pontotoc, en Ada, Oklahoma, indicó que estaba dispuesto a «hacer una nueva ley» para obtener la pena de muerte para Derrick Lester, acusado de un asesinato cometido cuando tenía 15 años. Tras un llamamiento de Amnistía Internacional, el fiscal informó en mayo a la organización de que había decidido no pedir la pena de muerte para el adolescente. También en mayo de 1999, los abogados defensores de Sean Dixon, procesado en un caso de pena capital en Nevada por un asesinato cometido cuando tenía 16 años, comunicaron a Amnistía Internacional que consideraban que los llamamientos internacionales habían influido de forma importante en la decisión del fiscal de renunciar a pedir la pena de muerte para el adolescente y negociar una pena de prisión con posibilidad de obtener la libertad condicional.145

142 Domingues v. Nevada. Michael Domingues, condenado a muerte en Nevada por un delito cometido cuando tenía 16 años, había recurrido contra la pena impuesta alegando que violaba el derecho internacional consuetudinario y las obligaciones contraídas por Estados Unidos en virtud de los tratados que este pais ha ratificado. En junio de 1999, la Corte Suprema federal ordenó al gobierno de Estados Unidos que diera a conocer su postura al respecto.143 Los menores condenados a muerte en los últimos dos años son: En 1999, Geno Capoletti Wilson (Texas), Bruce Lee Williams (Texas), Robert Paul Servin (Nevada), Michael Lopez Jr. (Texas), Mark Anthony Duke (Alabama), Gregory Wynn (Alabama), Larry Osborne (Kentucky), Derrick Harvey (Pensilvania). En 1998: Renaldo Adams (Alabama), Shaber Chamond Wimberly (Alabama: condena anulada; condenado a muerte de nuevo en 2000), Lawrence Jacobs, Jr. (Luisiana), Kelvin Dycus (Misisipi), Kevin Golphin (Carolina del Norte), William Kelly (Carolina del Sur), Randy Arroyo (Texas), Mark Arthur (Texas) y Shermain Ali Johnson (Virginia).144 Véase el apartado «Una ficción indecente hacia "lo obsoleto"» del documento En la página equivocada de la historia: Los menores y la pena de muerte en Estados Unidos (AMR 51/58/98/s, octubre de 1998). La Corte Suprema fijó la edad mínima en 1989 (Stanford v. Kentucky).145 Amnistía Internacional emprendió acciones en favor de otros adolescentes que podían ser condenados a muerte en 1999 por delitos presuntamente cometidos cuando eran menores de 18 años: Jermaine Jones (que tenía 16 años cuando cometió el delito, Florida, condenado a cadena perpetua sin posibilidad de obtener la libertad condicional),

Quedan alrededor de 70 presos condenados a muerte en 16 estados por delitos cometidos cuando tenían 16 o 17 años. Tras la ejecución de Steve Roach en Virginia, el 13 de enero del 2000, su abogado hizo pública una declaración en la que hablaba del remordimiento que sentía Roach por el crimen que había cometido cuando era menor de edad y que concluía: «Y fue incapaz de comprender, ni siquiera en el último momento, por qué matamos para enseñar que no se debe matar. La principal lección que quería comunicar con su muerte es que esto no tiene sentido. Matar a niños no tiene sentido, y hay que impedirlo».

Un insulto a la dignidad: La pena de muerte y los discapacitados mentales

No sé cómo puede aparecer el dinero sin más, pero apareció. Conseguí un montón de millones de dólares pero, en mi situación personal, no puedo obtener ni un centavo.

Pernell Ford, 1999

El 8 de julio de 1999, Pernell Ford estuvo a unas horas de ser ejecutado en la silla eléctrica en Alabama por un delito que había cometido en 1983, cuando tenía 18 años. Había renunciado a sus apelaciones y pedía ser ejecutado. Pernell Ford sufre problemas mentales graves desde su infancia. Su ejecución se aplazó para evaluar su competencia para renunciar a sus apelaciones.146 Sigue en el pabellón de la muerte.

La ejecución de las personas declaradas legalmente incapaces (personas que no comprenden la razón o la realidad de su castigo) es inconstitucional en Estados Unidos.147 Sin embargo, el sistema ha permitido que se condene a muerte a personas cuya salud mental, en el momento en que cometieron el delito o de la ejecución, suscitaba serias dudas.

La enfermedad mental que padecía Tuan Anh Nguyen, que había llegado a Estados Unidos de niño como refugiado vietnamita y que fue condenado a muerte en Oklahoma, se había deterioridado durante los siete años que estuvo en la Unidad H de la Penitenciaría Estatal, con síntomas que incluían espisodios aparentemente psicóticos en la celda, donde gritaba durante largos periodos de tiempo. En octubre de 1998, su abogado defensor escribió al director de la prisión para comunicarle que una evaluación psiquiátrica reciente había indicado que había «buenas razones para creer» que Tuan Nguyen estaba incapacitado mentalmente desde el punto de vista legal. Dos semanas después, el director respondió que el recluso estaba mentalmente bien. Pese a las peticiones del abogado de Tuan Nguyen, el director no reveló los motivos en los que se basaba para tomar esa decisión. Tuan Nguyen fue ejecutado en los primeros minutos del 10 de diciembre de

Mazer Jena (17 años, Florida, condenado a idéntica pena), Gregory Wynn (17 años, Alabama, condenado a muerte), Gregory Dickens (16 años, Indiana, condenado a cadena perpetua sin libertad condicional), Kenshawn Maxey (17 años, Nevada, cadena perpetua sin libertad condicional), Justin Burrell (17 años, Delaware, cadena perpetua sin libertad condicional), Bobby Purcell (16 años, Arizona, cadena perpetua sin libertad condicional), Johnnie Lee McKnight (17 años, Carolina del Norte, juicio aplazado, véase página 60), Dorthia Bynum (17 años, Carolina del Norte, cadena perpetua sin libertad condicional), y Brett Hollis (17 años, Carolina del Sur, cadena perpetua sin libertad condicional).146 En la vista, Ford dijo al tribunal que desde 1994 puede transportarse a cualquier lugar del mundo, por un método que llama «traslación». Declaró que una de sus primeras «traslaciones» desde el pabellón de la muerte fue a la India. Dijo que tenía esposas en la India, Filipinas, Colombia, Ecuador y España, que tenía millones de dólares en una cuenta bancaria en Suiza y que cuando muriera, se convertirá en el Espíritu Santo y se sentaría a la izquierda de Dios. Ford se hizo cargo de su propia defensa en la vista oral de su juicio. En la fase de determinación de la condena, vestido con una sábana blanca, pidió al juez que ordenara que llevasen a la sala los féretros de las víctimas del asesinato, para que Dios pudiera resucitarlos de entre los muertos delante del jurado.147 Ford v. Wainwright (1986). La ejecución de una persona incapaz vulnera también la salvaguardia 6 de las Salvaguardias para Garantizar la Protección de los Derechos de los Condenados a la Pena de Muerte, adoptadas en 1984 por la ONU, que prohíben la imposición de la pena capital a «personas que hayan perdido la razón».

1998, Día de los Derechos Humanos.

Un año después, el estado de Indiana demostró una reticencia similar a someterse a un examen externo cuando se disponía a ejecutar a un preso cuya salud mental estaba en duda. DH Fleenor,148 que mostraba desde hacía tiempo indicios de padecer una enfermedad mental, se había negado a ver a sus abogados en las semanas anteriores a su ejecución porque creía que formaban parte de una conspiración contra él. Varios sacerdotes que habían estado en contacto reciente con Fleenor habían expresado su preocupación al considerar que sufría delirios y no comprendía el castigo que se le había impuesto. Las autoridades de la prisión prohibieron al capellán católico del centro, que había firmado una declaración jurada al respecto, que visitara a DH Fleenor y a otros condenados por «diferencias filosóficas», es decir, por la oposición del capellán a la pena de muerte. Otros dos sacerdotes, aparentemente intimidados por la dureza de la postura de las autoridades del centro penitenciario, decidieron no presentar a su vez declaraciones juradas sobre la salud mental de DH Fleenor porque no querían correr el riesgo de perder el acceso a los reclusos del pabellón de la muerte. Los intentos de los abogados de que se sometiera a Fleenor a una evaluación psiquiátrica independiente fueron infructuosos, y éste fue ejecutado poco después de la medianoche del 9 de diciembre de 1999.149 La ejecución se realizó sin testigos; posteriormente, las autoridades de la prisión dijeron a los periodistas que DH Fleenor había «cooperado» cuando hicieron falta tres intentos para encontrar una vena donde introducirle la aguja para la inyección letal.150

Manny Babbitt fue ejecutado en California el 4 de mayo de 1999. Era un veterano condecorado de la guerra de Vietnam, tenía 51 años, y, al parecer, el delito por el que fue condenado a muerte lo cometió bajo los efectos del síndrome del estrés post-traumático inducido por su experiencia en combate. Su primer contacto con la guerra tras incorporarse al cuerpo de infantería de marina en 1967 fue el sitio de Khe Sanh, la batalla más larga y sangrienta de la guerra de Vietnam. A su regreso a Estados Unidos, tuvo graves dificultades para adaptarse a la vida civil y comenzó a tener serios problemas con el alcohol y las drogas. Pasó ocho meses en un hospital psiquiátrico cuyas condiciones en aquella época eran, como calificó un juez federal, «espeluznantes» e «inconstitucionales». Aunque se le diagnosticó un deterioro de su salud mental, nunca recibió tratamiento. Un destacado experto en el síndrome del estrés post-traumático inducido por la experiencia en combate durante la guerra de Vietnam concluyó que cuando mató a Leah Schendel en 1980, y ocultó y etiquetó su cuerpo como los soldados ocultaban y etiquetaban los cuerpos de sus compañeros caídos en Vietnam, Babbitt estaba reviviendo escenas de combate, todo ello agravado por el consumo de drogas alucinógenas. Muchos veteranos de Vietnam hicieron campaña para salvar a Manny Babbitt de la ejecución, entre ellos un ex infante de marina que lo identificó como el soldado que le había salvado la vida en el sitio de Khe Sang.151

En 1989, la Corte Suprema federal resolvió que la imposición de la pena de muerte a otro grupo de discapacitados psíquicos –los retrasados mentales– no violaba la Constitución. Diez años

148 «DH» es el nombre completo que le impusieron sus padres.149 El 8 de diciembre de 1999, un juez que discrepaba de la decisión del tribunal de permitir que siguiera adelante la ejecución de Fleenor, escribió: « [...] no se pueden desechar fácilmente las pruebas presentadas por los capellanes de la prisión. Aunque no son necesariamente psiquiatras ni psicólogos, su experiencia, y en algunos casos su formación, debería exigir que un sistema judicial evaluara respetuosamente sus opiniones, incluso cuando dicho respeto está ausente dentro de los muros de la prisión». Juez Kenneth F. Ripple, Corte de Apelaciones del Séptimo Circuito (99-4130).150 Indianapolis Star, 9 de diciembre de 1999.151 Otro veterano del Vietnam de 51 años, que había presenciado escenas de violencia extrema durante la guerra, fue ejecutado en 1999 por un delito que podría haber sido inducido por el síndrome del estrés post-traumático. El 27 de octubre de 1985, después de pasar la noche bebiendo, Joe Atkins, vestido con el uniforme militar de faena, tomó un machete y una escopeta, realizó varios actos que podrían indicar que revivía escenas provocadas por el síndrome de estrés post-traumático y mató a su padre adoptivo y a la hija de 13 años de sus vecinos. Joe Atkins fue ejecutado en Carolina del Sur el 22 de enero de 1999.

después, se fijó para enero del 2000 la fecha para ejecutar a John Paul Penry, el preso sobre cuyo caso se dictó esta histórica sentencia. No obstante, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito concedió a finales de diciembre de 1999 un aplazamiento.152 Cuando se dictó la sentencia del caso Penry, en 1989, el mismo año en que la comunidad internacional manifestaba formalmente su oposición a la ejecución de retrasados mentales,153 sólo un estado de Estados Unidos prohibía la pena de muerte para estas personas, pero a final de marzo del 2000, estaba prohibida en 13 de los 38 estados donde está vigente la pena capital (véase página 4). El último estado que ha promulgado una ley en este sentido es Dakota del Sur, cuyo gobernador firmó el 14 de marzo del 2000 la Ley 1197 de la Cámara de Representantes, que exime a los retrasados mentales de la pena de muerte.

Entre los ejemplos recientes de leyes estatales que protegen de la ejecución a las personas con discapacidades de aprendizaje figura el caso de Vernessa Marshall, juzgada en el condado de Clarke, Georgia, en septiembre de 1999 por el homicidio de su hijo de 10 años en 1998. Aunque los fiscales pidieron la pena de muerte, el jurado le impuso una pena de cadena perpetua tras aceptar el testimonio de un perito de que Vernessa Marshall sufría retraso mental, tenía un CI de 62 y, por tanto, estaba exenta de la pena de muerte en aplicación de las leyes de Georgia. Nebraska legisló contra la ejecución de retrasados mentales en abril de 1998. En 1999, como consecuencia de la nueva ley que convierte en ilegal la ejecución de cualquier persona con un CI inferior a 70, Jerry Simpson (con un CI de 68) y Clarence Victor (con un CI de 65) fueron trasladados fuera del pabellón de la muerte del estado. En marzo del 2000 no se había resuelto aún la apelación del estado contra la sentencia dictada en el caso de Victor, en la que se alegaba que la ley no podía ser retroactiva. Un estado que no ha prohibido aún la ejecución de personas con dificultades de aprendizaje es Carolina del Norte. En 1999, el condado de Cumberland anunció que iba a pedir la pena de muerte, en violación del derecho internacional, para Johnnie McKnight por un delito presuntamente cometido en 1997, cuando tenía 17 años. Un psiquiatra ha determinado que McKnight sufre una seria discapacidad mental, con un CI de 53. A final de marzo del 2000 no se había fijado aún fecha para la vista previa al juicio oral para determinar si era competente para ser juzgado (es decir, si comprendería la naturaleza de las actuaciones seguidas contra él y podría intervenir en su defensa).

Charles Boyd fue ejecutado en Texas el 5 de agosto de 1999. En su juicio, sus abogados defensores no habían investigado ni presentado pruebas de su discapacidad psíquica porque no se dieron cuenta de que podía sufrir ese problema. Boyd mostraba signos de tener dificultades de aprendizaje desde su más temprana infancia. Su madre no lo inscribió en las clases de educación especial, tal como la aconsejaron, porque sentía «vergüenza». El apodo de Charles era «cabeza» porque se la golpeaba contra la pared y contra el suelo para llamar la atención. Al parecer, su padrastro y su hermano solían darle palizas, casi siempre porque el muchacho era «lento» para responder a lo que se le pedía. Hasta los siete años no se descubrió que era sordo de un oído. Charles sufrió también ataques durante toda su infancia. Cuando estaba en el pabellón de la muerte, en 1992, le diagnosticaron un CI de 64 (los CI inferiores a 70 se consideran retraso mental), importantes deficiencias de memoria, incapacidad para aprender de sus errores y una capacidad disminuida para pensar en sus opciones y controlar sus impulsos y su conducta.

Willie G. Sullivan fue ejecutado en Delaware el 24 de septiembre de 1999 por el atraco y el asesinato de Maurice Dodd, de 78 años, cometidos en 1991. En el juicio, un psicólogo declaró que Willie Sullivan sufría retraso y tenía la edad mental de un niño de nueve años. También declaró que

152 Véase Más allá de la razón: La ejecución inminente de John Paul Penry, AMR 51/195/99/s, de diciembre de 1999. A finales de marzo del 2000 estaba pendiente la resolución sobre el caso de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito.153 La resolución 1989/64 del Consejo Económico y Social de la ONU, adoptada el 24 de mayo de 1989, recomienda que la pena de muerte no se aplique a personas que sufran retraso mental o una competencia mental muy limitada, ya sea en la fase de imposición de pena o en la ejecución.

el procesado tenía las facultades de comunicación limitadas, y que era fácil confundirlo, aprovecharse de él y llevarlo por mal camino. En 1995, un perito declaró que Willie Sullivan tenía lesiones cerebrales y reunía todos los requisitos que indicaban que padecía el síndrome del alcoholismo fetal, provocado por un consumo elevado de alcohol por la madre durante el embarazo y que puede causar discapacidad psíquica. Aunque los abogados que defendieron a Sullivan en el juicio conocían el síndrome del alcoholismo fetal y el alcoholismo de la madre, no investigaron ni presentaron pruebas al respecto.

El 5 de abril de 1999, Alvaro Calambro fue ejecutado en Nevada. Había renunciado a sus apelaciones. Los intentos de aplazar la ejecución que hicieron su madre y otras personas, alegando los informes sobre retraso mental límite y las alucinaciones auditivas provocadas por la esquizofrenia, fueron infructuosos. Alvaro Calambro, de Filipinas, fue uno de los varios ciudadanos extranjeros ejecutados en 1998 y 1999.

Arrebatar libertades: La violación de los derechos de los ciudadanos extranjeros establecidos en los tratados internacionales

Las recientes ejecuciones en Texas y en Virginia han catapultado al tratado al centro de la atención internacional y alentado a los abogados defensores de al menos 65 casos a comprobar su importancia en los tribunales.

Artículo de prensa publicado en Texas sobre la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.154

Según los informes, el 1 de enero del 2000, había 82 ciudadanos extranjeros de 30 nacionalidades condenados a muerte en todo Estados Unidos. En casi todos los casos, estas personas fueron juzgadas a vida o muerte sin que ni siquiera se les hubiera informado de su derecho a recibir asistencia letrada de sus representantes consulares.155 El hecho generalizado de que la policía no informe de sus derechos consulares a los ciudadanos extranjeros detenidos constituye una violación grave de las obligaciones contraídas por Estados Unidos en virtud del derecho de los tratados internacionales, incluido el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.156

El gobierno estadounidense sigue insistiendo en que la protección de los derechos consulares de los ciudadanos estadounidenses detenidos en el extranjero es un asunto de la máxima importancia, mientras que al mismo tiempo se opone a todos los esfuerzos destinados a obtener una reparación judicial por las violaciones de esos mismos derechos cometidas en Estados Unidos. Este palmario doble rasero quedó de relieve ante la opinión pública internacional en el caso del paraguayo Ángel Francisco Breard. Desobedeciendo flagrantemente la orden dictada por la Corte Internacional de Justicia, la Corte Suprema estadounidense permitió que siguera adelante la ejecución de Breard en Virginia, el 14 de abril de 1998.157 La Corte Suprema sostuvo que no existía ningún medio de reparación previsto para la violación reconocida de los derechos consulares de

154 San Antonio Express News, 25 de octubre de 1998.155 Véase Estados Unidos de América: Violación de los derechos de los ciudadanos extranjeros condenados a muerte (AMR 51/01/98/s, enero de 1998).156 El propósito del artículo 36 es salvaguardar los derechos humanos y legales de los extranjeros que son procesados en el sistema jurídico de otra nación, garantizando que todos los detenidos son informados sin demora de su derecho a recibir ayuda de su consulado y que los funcionarios consulares pueden visitar y ayudar sin trabas a los detenidos de su nacionalidad.157 En virtud de un protocolo facultativo a la Convención de Viena, la Corte Internacional de Justicia tiene jurisdicción vinculante y preceptiva sobre los conflictos relativos al cumplimiento de la Convención. Véase La ejecución de Ángel Breard. Las disculpas no bastan, AMR 51/27/98/s, mayo de 1998.

Breard porque éste no había alegado dicha violación en una fase anterior de sus apelaciones.

La secretaria de Estado estadounidense Madeleine Albright escribió al gobernador de Virginia James Gilmore, pidiéndole que considerase la posibilidad de concederle un aplazamiento temporal. Albright alegó que el incumplimiento de la orden de la Corte Internacional de Justicia de aplazar la ejecución «podría verse como una negación por Estados Unidos de la importancia del derecho internacional». Sin embargo, los posibles efectos positivos de la carta de Albright quedaron eliminados por su afirmación, al mismo tiempo, de que Virginia tenía el derecho legal de seguir adelante con la ejecución.

Tras recibir exhaustivas disculpas de Estados Unidos el 3 de noviembre, Paraguay retiró su denuncia ante la Corte Internacional de Justicia. En su nota de disculpa, Estados Unidos señalaba: «[L]a no notificación al señor Breard [de sus derechos consulares] fue sin duda una violación de una obligación para con el gobierno de Paraguay [...] Somos plenamente conscientes de que Estados Unidos debe procurar que los ciudadanos extranjeros reciban en Estados Unidos el mismo trato que esperamos que reciban nuestros ciudadanos en el extranjero».158

Las ejecuciones posteriores de los ciudadanos alemanes Karl y Walter LaGrand en Arizona captaron la atención de toda Europa y se tradujeron en una nueva iniciativa para resolver las violaciones de la Convención de Viena ante la Corte Internacional de Justicia. Ninguno de los dos procesados fue informado de sus derechos consulares y las autoridades alemanas no conocieron sus casos hasta siete años después de sus juicios.159 Karl LaGrand fue ejecutado mediante inyección letal el 24 de febrero de 1999, sin que se hubieran tenido en cuenta las peticiones de indulto formuladas por autoridades alemanas al más alto nivel. La ejecución y la violación del tratado recibieron una gran publicidad en Europa; según los informes, las autoridades de Arizona recibieron peticiones de indulto respaldadas por cerca de 50.000 firmas.

La víspera de la fecha fijada para la ejecución de Walter LaGrand, Alemania pidió a la Corte Internacional de Justicia que adoptase medidas cautelares. La Corte Internacional dictó inmediatamente una orden unánime exigiendo a Estados Unidos que aplazase la ejecución, sin celebrar la habitual vista para estudiar los argumentos de ambas partes. Fue la primera vez en todas su historia que la Corte dictaba una orden sumaria de este tipo. La Junta de Indultos Ejecutivos de Arizona votó a favor de recomendar el aplazamiento de la ejecución de Walter LaGrand, para que Alemania tuviera tiempo de presentar una petición argumentada ante la Corte Internacional de Justicia, pero el gobernador Hull rechazó la recomendación. También fue desestimada una apelación presentada en el último momento ante la Corte Suprema estadounidense basada en la resolución de la Corte Internacional, y Walter LaGrand fue ejecutado en la cámara de gas de Arizona el 3 de marzo. El gobierno alemán, que calificó de «brutal» la ejecución de sus compatriotas, ha decidido seguir adelante en su reclamación judicial contra Estados Unidos. Estados Unidos respondió al escrito presentado por Alemana ante la Corte Internacional de Justicia el 27 de marzo del 2000, pero el contenido de la respuesta será confidencial durante el plazo mínimo de un año.

El ciudadano canadiense Joseph Stanley Faulder fue ejecutado en Texas el 17 de junio de 1999, casi 22 años después de ser condenado a muerte.160 En los días que precedieron a la ejecución, las autoridades de Texas recibieron una oleada de peticiones de indulto de toda una serie de

158 Statement of the United States of America Concerning the Failure of Consular Notification in the Case of Angel Breard, Servicio de Información estadounidense, 3 de noviembre de 1998.159 Aunque la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito declaró posteriormente que la violación del Convenio era «indiscutible», desestimó la apelación porque los procesados no habían alegado dicha violación durante las fase estatal de las actuaciones judiciales. LeGrand v. Stewart, 133 F.3d 1253, 1261 (Noveno Circuito, 1998).160 Véase Sumar oprobio al daño: El caso de Joseph Stanley Faulder, AMR 51/86/98/s, noviembre de 1998.

personalidades y organizaciones internacionales, además de una petición de aplazamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El caso Faulder provocó una intervención sin precedentes de la secretaria de Estado estadounidense Madeleine Albright, en la que expresó su profunda preocupación por el hecho de que las autoridades de Texas no hubieran informado a Faulder de sus derechos consulares cuando lo detuvieron. Según los informes, en los días inmediatamente anteriores a la ejecución, el Departamento de Estado reiteró su petición para que se considerase seriamente la posibilidad de indultar al condenado, e incluso hubo una llamada personal de la secretaria de Estado al gobernador Bush. En su informe del 2000 ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, la relatora especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias señaló que había enviado reiterados llamamientos en favor de Joseph Faulder.161

Otro error más: Reiterados fallos injustos en casos de pena capital

Así pues, sigue sin formularse la terrible pregunta: De las casi 600 personas a las que los estados de todo el país han quitado la vida desde 1976, ¿cuántas eran inocentes? Pregúntense a sí mismos: ¿Cuántas serían demasiadas? ¿Una? ¿Cinco? ¿Diez? ¿Veinte?162

Aunque ningún sistema de justicia de pena capital puede garantizar jamás que está libre de cometer errores de consecuencias fatales, el uso que continúa haciendo Estados Unidos de la pena de muerte, sin cumplir las salvaguardias internacionales, hace que el riesgo de ejecutar a un inocente sea alarmantemente elevado.163

Sólo en 1999, fueron excarcelados en Estados Unidos ocho condenados a muerte a la vista de las pruebas de su inocencia respecto de cualquier delito punible con la muerte,164 lo que eleva a 84 la cifra total de estos casos desde 1973. Los factores que contribuyen a que se cometan estos errores seguían el modelo puesto de manifiesto en casos anteriores, como la defensa inefectiva en el juicio, la conducta indebida del fiscal y de la policía y el uso de pruebas sin credibilidad, como confesiones obtenidas bajo coacción. Por ejemplo, Ronald Jones, un hombre sin hogar condenado por violación y asesinato en Illinois en 1989, siempre sostuvo que la policía lo había golpeado para que firmase la confesión. Los análisis de ADN realizados posteriormente lo eximieron de culpa y fue puesto en libertad.165

La excarcelación de Anthony Porter en Illinois llamó especialmente la atención de la opinión pública. Porter había estado a cuarenta y ocho horas de ser ejecutado, en septiembre de 1998, después de pasar más de dieciséis años en el pabellón de la muerte. Su ejecución se aplazó para evaluar su competencia para ser ejecutado, al presentar su abogado pruebas de que Porter tenía dificultades de aprendizaje y un CI de 51. Varios alumnos de la Northwestern University, junto con

161 E/CN.4/2000/3, párrafo 67, 25 de enero del 2000.162 Editorial, Pittsburgh Post Gazette, 23 de noviembre de 1999.163 La Salvaguardias sobre la Pena de Muerte de la ONU establecen que ésta sólo podrá imponerse cuando la culpabilidad del acusado «se base en pruebas claras y convincentes, sin que quepa la posibilidad de una explicación diferente de los hechos».164 Ronald Jones (Illinois, condenado en 1989), Shareef Cousin (Luisiana, 1996), Anthony Porter (Illinois, 1983), Steven Smith (Illinois, 1986), Ronald Williamson (Oklahoma, 1988), Clarence Richard Dexter (Misouri, 1991), Warren Douglas Manning (Carolina del Sur, 1989), y Alfred Rivera (Carolina del Norte, 1997). En 1998 fueron excarcelados Robert Miller (Oklahoma, 1988) y Curtis Kyles (Luisiana, 1984) (véase «Una macabra cadena de montaje», AMR 51/20/98/s, abril de 1998).165 El 11 de febrero del 2000, el senador Leahy propuso la Ley de Protección de la Inocencia, concebida para impedir condenas erróneas en casos de pena capital, mediante el acceso a análisis de ADN y a unos abogados competentes. El 30 de marzo del 2000, dos miembros de la Cámara de Representantes estadounidense, los congresistas Bill Delahunt y Ray LaHood, dieron a conocer su «Ley de Protección de la Inocencia», haciéndose eco del proyecto de ley presentado en el Senado por Leahy.

un investigador privado y un profesor que entonces investigaba el caso, culminaron la actuación obteniendo una confesión del verdadero asesino. El 11 de marzo de 1999 fue anulada oficialmente la pena de muerte impuesta a Porter.166

En noviembre de 1999, el senador Russ Feingold presentó un proyecto de ley en el Congreso para abolir la pena de muerte de la jurisdicción federal, y pidió a los estados que suspendieran las ejecuciones. En su declaración, expresó su inquietud ante el número de sentencias condenatorias erróneas dictadas en los casos de pena capital: «Inocentes, y no obstante estuvieron a punto de matarlos. ¿Por qué? Porque nuestro sistema de justicia penal a veces está lejos de ser imparcial y lejos de ser justo [...] Hay quien dice que el descubrimiento de la inocencia de un recluso condenado a muerte prueba que el sistema funciona.167 Eso es absurdo. ¿Cómo pueden decir que el sistema de justicia penal funciona cuando un grupo de estudiantes –no abogados ni investigadores, sino estudiantes sin ningún poder especial, que estaban en gran medida fuera del sistema– descubren que un hombre a punto de ser ejecutado era en realidad inocente? [...] El sistema no funciona. Nos ha fallado».168

También en noviembre, el Chicago Tribune publicó un reportaje en cinco capítulos sobre la aplicación de la pena de muerte en el estado.169 En él, investigó las 285 condenas a muerte impuestas en el estado desde 1977 y descubrió que «la pena de muerte en Illinois es un sistema tan lleno de pruebas defectuosas, tácticas de juicio poco escrupulosas e incompetencia legal que se ha renunciado a la justicia». El periódico concluyó que, de los 285 casos:

￢ al menos 33 procesados fueron defendidos en el juicio por abogados que habían sido expulsados posteriormente del Colegio de Abogados o suspendidos por incompetencia, falta de ética o conducta delictiva;

￢ en al menos 46 casos, las pruebas del fiscal incluyeron testimonios de informantes en prisión, una fuente notoriamente poco fidedigna;

￢ en al menos 20 casos, las pruebas de la acusación se basaron en parte en la comparación visual de cabellos a cargo de técnicos de laboratorio, método forense conocido por su escasa fiabilidad;

￢ al menos 35 procesados negros fueron juzgados por jurados integrados en su totalidad por personas de raza blanca;

￢ además de los 12 procesados posteriormente exonerados, la pena de muerte impuesta a otros 74 fue anulada y sustituida por otra inferior en la apelación.

El 18 de enero del 2000, los fiscales de Illinois retiraron los cargos formulados contra Steve Manning, que permaneció más de cuatro años en prisión condenado a muerte hasta que se ordenó la celebración de un segundo juicio. El testigo clave del fiscal en el juicio celebrado en 1993 era un informador recluso con un largo historial de mentiroso. La decisión del fiscal de no volver a formular cargos contra Manning supuso que el estado de Illinois llegara a una cifra de reclusos

166 El 9 de marzo del 2000, los abogados de Anthony Porter presentaron una demanda contra el ayuntamiento de Chicago, el Departamento de Policía de la ciudad y los agentes que investigaron el delito, en la que alegan que la policía y los fiscales tendieron una trampa para incriminar a Porter coaccionando a los testigos para que lo identificaran como el asesino.167 Por ejemplo, «Nuestro sistema judicial es el mejor instrumento de la verdad que conocemos. El hecho de que algunas personas hayan sido sacadas del pabellón de la muerte al descubrirse que eran inocentes prueba que el sistema funciona. La posibilidad de que un hombre inocente sea ejecutado es infinitesimal». Mark R. Weaver, fiscal general adjunto, Ohio (Columbus Dispatch, 8 de febrero de 1999).168 Uno de los estudiantes cuya investigación exoneró a Anthony Porter declaró después: «No debería tener 21 años y saltarme clases para tratar de anular condenas por asesinato. No es así como se supone que funcionan las cosas [...] Me aterroriza pensar que así es como funciona el sistema». Outlook, BBC World Service, 23 de febrero del 2000.169 1. Death Row justice derailed, 2. Inept defenses cloud verdict, 3. The jailhouse informant, 4. A tortured path to Death Row, 5. Convicted by a hair. Chicago Tribune, 15-18 de noviembre de 1999.

excarcelados del pabellón de la muerte (13) superior a la cifra de reclusos ejecutados (12).

El 31 de enero, el gobernador Ryan anunció una suspensión de las ejecuciones en Illinois: «Siento honda preocupación por el vegonzoso historial de nuestro estado en la condena de inocentes y su envío al pabellón de la muerte. Y creo que muchos residentes de Illinois sienten ahora esa misma profunda reserva. No puedo apoyar un sistema que, en su administración, ha demostrado estar tan lleno de errores y ha estado tan cerca de la pesadilla definitiva: que el Estado quite la vida a un inocente [...] ¿Cómo impedir que otro Anthony Porter –otro hombre o mujer inocente– pague la pena defnitiva por un crimen que no ha cometido? Hoy en día no puedo responder a esta pregunta». El gobernador declaró que no aprobará ninguna ejecución más hasta que finalice una revisión y se reforme el sistema de justicia que administra la pena capital del estado.

El 18 de febrero, el condenado a muerte Eric Clemmons fue absuelto en un segundo juicio celebrado en Misuri. Clemmons había sido condenado a muerte en 1987 por un asesinato cometido en prisión. Pasó los siguientes once años en el pabellón de la muerte, e incluso llegó a llamar a su madre para organizar su funeral, tras perder una apelación federal, previendo que sería ejecutado en unos meses. Sin embargo, en 1997 se ordenó que se celebrase un nuevo juicio, y él y sus nuevos abogados reunieron las pruebas que demostraron que el asesinato había sido cometido por otro preso. Ante ellas, el jurado lo absolvió. Clemmons sigue en prisión por otro delito, condena que también ha recurrido.170 Según los informes, el fiscal general de Misuri, cuya oficina se opuso durante años a que Clemmons fuera juzgado de nuevo, declaró que el caso demuestra por qué Misuri no necesita una suspensión de las ejecuciones, ya que la absolución de Clemmons «demuestra que el sistema funciona».171 El 25 de febrero, el gobernador Carnahan afirmó que no apoyaría una suspensión de las ejecuciones en Misuri.

Eric Clemmons y Joseph Green (véase la página 20) fueron los reclusos número 86 y 87 excarcelados del pabellón de la muerte desde 1973, tras presentar pruebas de su inocencia. Sin embargo, esta cifra de presos condenados a muerte y posteriormente exonerados es conservadora. Cuando se anula una condena a muerte, los fiscales suelen ofrecer una condena de «tiempo cumplido» a cambio de una declaración de culpabilidad. Por tanto, el recluso «admite» su culpabilidad como precio de su libertad. Uno de estos presos, Paris Carriger, fue excarcelado en 1999, y podría ser inocente del delito por el que fue condenado a muerte en 1978. Otro hombre, que había declarado contra Carriger en su juicio a cambio de que se retirasen los cargos formulados en su contra, se confesó culpable del asesinato en 1987 (murió en 1991). En diciembre de 1995, Carriger estuvo a pocas horas de ser ejecutado en Arizona. En 1997, un tribunal federal ordenó la celebración de un nuevo juicio declarando que estaba «seguro de que ningún jurado razonable votaría en favor de la culpabilidad de Carriger». Al parecer poco dispuesto a reconocer ningún error, el estado volvió a formular cargos contra él, pero después se ofreció a negociar la «no impugnación» de la acusación de asesinato en segundo grado a cambio de una condena de tiempo cumplido.172 Carriger aceptó la oferta y después de veintiún años en prisión, fue excarcelado en enero de 1999. El 26 de enero del 2000 declaró en una audiencia pública celebrada en Nuevo

170 Clemmons ha cumplido dieciocho años de una pena de cincuenta sin posibilidad de obtener la libertad condicional impuesta por asesinato. En mayo de 1999, un juez federal escribió que esta condena «podría ser una gran injusticia», dadas las pruebas de que Clemmons actuó en defensa propia y de que tal vez no descargó los golpes que produjeron la muerte de la víctima, unido al hecho de que el juez del juicio no impartió instrucciones al jurado sobre el uso legítimo de la fuerza o de medios letales en defensa propia. El juez federal, señalando que los tribunales federales no podían reparar la situacion, ha instado al gobernador Carnahan a que indulte a Eric Clemmons.171 Inmate’s legal fight overturns execution, Kansas City Star, 28 de febrero del 2000.172 Kerry Max Cook, condenado a muerte en 1978 en Texas, se acogió a la misma opción en febrero de 1999, antes de que comenzase su cuarto juicio de pena capital. Sigue manteniendo su inocencia (según los informes, las pruebas de AND la confirman) y afirma que aceptó el trato para no correr el riesgo de recibir otra sentencia condenatoria injusta. En 1988 obtuvo un aplazamiento de la ejecución 11 días antes de la fecha fijada para ésta. Véase «Una macabra cadena de montaje» (AMR 51/20/98/s, abril de 1998).

Hampshire sobre un proyecto de ley de abolición de la pena de muerte, y afirmó que los casos como el suyo eran motivo suficiente para abandonar dicha pena: «Estamos matando a inocentes. La pena de muerte promueve y de hecho alienta el asesinato». El 9 de marzo, la Cámara de Representantes de Nuevo Hampshire aprobó el proyecto de ley por 28 votos de diferencia. La víspera, la gobernadora Jeanne Shaheen había declarado que vetaría la ley si era aprobada por la Camara y por el Senado. A finales de marzo el Senado no había votado aún el proyecto de ley.

Un paso en la dirección correcta: Iniciativas en favor de la suspensión de las ejecuciones

He luchado con los ruegos de nuestros sacerdotes y de otras personas que piden que conmute la pena o aplace la ejecución de Andrew Kokoraleis.

Gobernador Ryan, Illinois, 17 de marzo de 1999.

Andre Kokoraleis fue ejecutado en Illinois en la madrugada del 17 de marzo de 1999, después de que el gobernador Ryan denegó el indulto. Fue destacable el apoyo que mostró la comunidad religiosa a que se concediera el indulto a un recluso condenado por crímenes brutales. El 13 de marzo, el nuevo obispo episcopaliano de Chicago, líder de los 36.000 episcopalianos del norte de Illinois, había aprovechado su conferencia de prensa de presentación para hablar del caso Kokoraleis, y afirmó que tanto él personalmente como su iglesia se oponían a la pena de muerte. El 14 de marzo, un grupo de diversos líderes religiosos –ministros, obispos, rabinos y sacerdotes–, encabezado por dirigentes de la iglesia ortodoxa griega, a la que pertenecía Andrew Kokoraleis, pidió al gobernador que conmutase la pena, así como la suspensión de las ejecuciones, denunciando la inminente ejecución como «una simetría destructiva de violencia que refleja violencia» y «una carrera hacia la inyección letal».173

En todo Estados Unidos, la comunidad religiosa, considerada desde hace tiempo el «gigante dormido» de la abolición, comenzó a manifestarse de forma cada vez más activa contra la pena de muerte en 1998 y 1999. Por ejemplo, en Nuevo México, en 1999, destacados miembros de varias religiones, entre ellas la judía, la católica, la budista, la cuáquera y la unitaria, presentaron una demanda en la que alegaban que el estado discrimina a las personas que se oponen a la pena de muerte por motivos religiosos al excluirlas de los jurados en casos de pena capital.174 Los políticos se encuentran periódicamente con que tienen que justificar su apoyo a la pena de muerte ante los líderes religiosos. En Tennessee, 15 de estos líderes, entre los que había budistas, cristianos, musulmanes y judíos, pidieron al gobernador Sundquist que no permitiera la reanudación de las ejecuciones en el estado. Las actividades de la coalición incluyeron la distribución de 20.000 tarjetas postales, pidiendo a los ciudadanos del estado que hicieran el mismo llamamiento. En febrero de 1999, cuando fue ejecutado Sean Sellers, condenado por un delito cometido cuando era menor de edad, el gobernador de Oklahoma, Frank Keating, fue criticado por el obispo de la diócesis de Tulsa, por haber declarado que el Papa Juan Pablo II estaba «equivocado» al predicar que la pena de muerte es cruel e innecesaria. En Florida, en 1999, después de que el gobernador Bush firmó sus dos primeras órdenes de ejecución, los obispos católicos del estado le pidieron que indultara a los condenados: «Matar a la gente para mostrar que matar es un error es una

173 El 12 de marzo, la Corte Suprema estatal había desestimado una apelación en la que se solicitaba el aplazamiento de la ejecución para que pudieran investigarse las pruebas de que Kokoraleis había sido declarado culpable injustamente. Uno de los jueces discrepó, y declaró que parecía que sus compañeros habían tratado la apelación «como si no fuera más que una molestia burocrática». Tres días después, ese mismo juez dictó una orden de emergencia de aplazamiento de la ejecución. Sin embargo, al día siguiente, el pleno de la Corte Suprema de Illinois anuló el aplazamiento por cuatro votos frente a tres.174 La Corte Suprema de Nuevo México desestimó la demanda en diciembre, sin formular ningún comentario. Albuquerque Journal, 23 de diciembre de 1999.

desgarradora contradicción [...] Las ejecuciones nos embrutecen».

En el ámbito nacional, los líderes católicos y judíos emitieron una declaración conjunta en diciembre de 1999 en la que se comprometían a «trabajar juntos, y cada uno de nosotros dentro de nuestras comunidades, para poner fin a la pena de muerte».175 A principios del 2000, un grupo de líderes de diferentes confesiones religiosas escribió al presidente Clinton para pedir la suspensión de la pena de muerte en la jurisdicción federal.176

La preocupación creciente por el número de condenas injustas está fomentando, más que ninguna otra cuestión, las peticiones en favor de la suspensión de las ejecuciones, y podría estar contribuyendo al descenso del apoyo a la pena de muerte. Una encuesta realizada por Gallup a principios del 2000 mostraba que el 66 por ciento de los encuestados era partidario de la pena capital, el porcentaje más bajo desde 1981. El 91 por ciento de los encuestados reconocía que en los últimos veinte años había habido al menos una persona inocente condenada a muerte. En Illinois, el estado en el que se ha dado más publicidad a las condenas erróneas, según una encuesta realizada a finales de febrero del 2000 para el Chicago Tribune, el apoyo a la pena de muerte entre los votantes inscritos había descendido al 58 por ciento, frente al 76 por ciento de 1994 y el 63 por ciento de 1999.177

En 1998, fue derrotado por un solo voto un proyecto de ley destinado a reintroducir la pena de muerte en Massachusetts. El gobernador presentó otro proyecto de ley en 1999, que también fue derrotado, esta vez por un margen más amplio de siete votos. Varios legisladores alegaron el riesgo de las condenas erróneas a la pena capital como motivo para no reanudar las ejecuciones en el estado. Según el Colegio Estadounidense de Abogados, en 1999 se presentaron proyectos de ley para abolir la pena de muerte en 12 de los 38 estados en los que está vigente la pena capital. Aunque ninguno de ellos se convirtió en ley durante ese año, dicho número supuso un incremento en relación con los proyectos de ley presentados en ese sentido en 1998.178 En varios estados ha habido y continúa habiendo actividades legislativas encaminadas a decretar una suspensión de las ejecuciones o a autorizar estudios sobre la administración de la pena de muerte.

Varias autoridades municipales han pedido que se suspendan las ejecuciones. Por ejemplo, el 10 de febrero del 2000, el ayuntamiento de Filadelfia adoptó una resolución en la que pedía a la Asamblea Legislativa del estado que decretara la suspensión de las ejecuciones en Pensilvania hasta que pudiera demostrarse que se aplicaban de forma imparcial y fiable. El 29 de febrero, el ayuntamiento de Baltimore, en Maryland, aprobó una suspensión similar dirigida a los legisladores de su estado.179 Los colegios de abogados siguen adoptando resoluciones en favor de la suspensión, siguiendo la aprobada el 3 de febrero de 1997 por el Colegio Estadounidense de Abogados.180 El 25 de marzo del 2000, la Asociación de Abogados Defensores Penalistas de Texas adoptó una resolución en la que pedía al gobernador Bush que decretara la suspensión de las ejecuciones en Texas «hasta que pueda garantizarse la administración justa e imparcial de la pena de muerte». La

175 To End the Death Penalty: A Report of the National Jewish/Catholic Consultation.176 Group seeks moratorium on federal death penalty, Milwaukee Sentinel Journal, 9 de marzo del 2000.177 Según otra encuesta, el apoyo a la pena de muerte en Nueva Jersey había disminuido desde el 72 por ciento en 1994 hasta el 63 por ciento en 1999. Otra encuesta realizada en Ohio reveló que el 68 por ciento de los encuestados pensaba que la ejecución de una persona inocente era algo probable o muy probable (el 46 por ciento en 1997) (Survey Research Center, Ohio State University, 19 de noviembre de 1999).178 A gathering momentum: Continuing impacts of the American Bar Association call for a moratorium on executions. Colegio Estadounidense de Abogados, Sección de Derechos y Responsabilidades Individuales, enero del 2000.179 Otros municipios que han adoptado resoluciones similares son Charlottesville (Virginia), New Haven (Connecticut), Mount Rainer (Maryland) y Chapel Hill, Carboro, Durham y el condado de Orange (Carolina del Norte).180 Véase «Una macabra cadena de montaje» (AMR 51/20/98/s, abril de 1998).

resolución indicaba que el sistema de justicia para la administración de la pena capital de Texas estaba «plagado de errores y se impone de una forma arbitraria y discriminatoria». Randall Dale Adams y Clarence Brandley, que estuvieron encarcelados un total de veintiún años en Texas por delitos que no cometieron, y que se libraron de la ejecución tres y cinco días antes de la fecha prevista, respectivamente, antes de ser excarcelados en 1989 y 1990, se unieron a dicho llamamiento al gobernador Bush.

El riesgo de ejecutar a una persona inocente es una de las razones para abolir la pena de muerte. Sin embargo, la pena capital es irreparablemente cruel, y sus injusticias no afectan sólo a quienes no cometieron los delitos por los que fueron condenados a morir. La suspensión constituye un primer paso hacia la abolición.

Sentar un mal ejemplo: La pena de muerte en Estados Unidos en el ámbito internacional

El mantenimiento de la pena de muerte en el sistema penal de Ucrania [...] sólo sirve para que deje su huella sobre el prestigio de nuestro Estado.

Funcionario militar ucraniano, 1997181

El 22 de marzo del 2000, el día en que Estados Unidos ejecutó al preso número 26 del año y 192 desde el 1 de enero de 1998, el presidente de Ucrania, Leonid Kuchma, promulgó con su firma la ley que abolía la pena de muerte en su país. Al día siguiente, Estados Unidos ejecutó a otro preso. Un día después, el 24 de marzo, el presidente de Filipinas, Joseph Estrada, anunció la suspensión de las ejecuciones en su país durante el resto del año.182 El creciente aislamiento de Estados Unidos en relación con la pena de muerte es más patente cada día.

El 16 de junio de 1999, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos hizo un llamamiento a Estados Unidos para que reconociera el derecho internacional y no ejecutase a Chris Thomas, condenado por un delito cometido cuando era menor de edad. Esta inminente violación de los derechos humanos no sólo era de un tipo que prácticamente sólo sigue cometiendo Estados Unidos, sino que el lugar desde donde habló la alta comisionada subrayaba el aislamiento de Estados Unidos en lo relativo a la pena de muerte: Mary Robinson estaba en Rusia, tras la comutación en ese país de las 716 condenas a muerte pendientes de ejecución.

La reserva formulada por Estados Unidos al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos es lo que este país considera, erróneamente, que le permite eludir la prohibición mundial de imponer la pena de muerte a menores (véase la página 56). Esta reserva forma parte de una práctica más general; Estados Unidos diluye sistemáticamente la fuerza de los tratados internacionales imponiendo condiciones a su ratificación.183 Una de las «interpretaciones» que hizo al ratificar la Convención contra la Tortura fue que «el derecho internacional no prohíbe la pena de muerte». Esto es cierto: la pena de muerte no está aún totalmente prohibida, pero los países que la mantienen deben respetar unas salvaguardias y limitaciones acordadas internacionalmente, con

181 General de división Georghiy Radov, presidente del Instituto de Asuntos Internos de Kiev. Citado en el diario Den, 12 de febrero de 1997, citado en The death penalty: Abolition in Europe, Consejo de Europa, 1999.182 También en marzo del 2000 se suspendieron dos ejecuciones previstas en el Líbano después de la siguiente declaración del primer ministro, Salim El Hoss: «No puedo actuar en contra de mis convicciones. No puedo imaginarme firmando la orden de ejecución denadie. Dios da la vida, y sólo Él puede arrebatarla».183 Véase El doble rasero: los Estados Unidos y la protección internacional de los derechos humanos , capítulo 7 de Derechos para todos, AMR 51/35/98/s, octubre de 1998.

vistas a su abolición. Estados Unidos infringe regularmente estas normas y la mayoría de sus dirigentes sigue oponiéndose a los esfuerzos encaminados a dicha abolición.

La actitud de Estados Unidos hacia las normas internacionales sólo sirve para debilitar todas las iniciativas encaminadas a crear un sistema internacional viable para la protección de los derechos humanos fundamentales. Cuando un Estado, no digamos un país tan poderoso como Estados Unidos, insiste en hacer valer su derecho a adoptar un enfoque selectivo hacia las normas internacionales, erosiona la integridad de estas normas. ¿Por qué no podría cualquier otro Estado reclamar su prerrogativa de respetar sólo las partes de la legislación internacional de derechos humanos con las que esté más cómodo? Amnistía Internacional vio con preocupación que, en febrero de 1999, por ejemplo, los fiscales generales de 12 países del Caribe pidieron conjuntamente a sus respectivos gobiernos que se retirasen del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y volvieran a adherirse a ellos formulando reservas a los artículos relativos a la aplicación de la pena de muerte.184

Según los informes, en marzo de 1998, el fiscal general de Trinidad y Tobago, Ramesh Maharaj, se reunió con la fiscal general estadounidense, Janet Reno, en Washington D.C. Al parecer, hablaron de los problemas que tenía el gobierno de Trinidad y Tobago para superar los obstáculos internacionales a las ejecuciones. Los informes indican que Reno prometió que Estados Unidos ayudaría a Trinidad a aplicar la pena de muerte. Maharaj se reunió también con un asesor jurídico del Departamento de Estado estadounidense, que según los informes le proporcionó documentación sobre la forma en que Estados Unidos había abordado la ejecución de presos que tenían pendientes de resolución apelaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.185 Unas semanas después, el 26 de mayo de 1998, el gobierno de Trinidad y Tobago se retiraba de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y después volvió a adherirse a éste formulando una reserva mediante la cual suprimía el derecho de los presos condenados a muerte a denunciar ante el Comité de Derechos Humanos presuntas violaciones de los derechos contenidos en el Pacto.186 En junio de 1999, Trinidad y Tobago realizó las primeras ejecuciones en cinco años, ahorcando a nueve hombres en tres días. Con independencia de si el gobierno de Trinidad y Tobago recibió asesoramiento directo o aliento de ciertas autoridades del gobierno estadounidense sobre la forma de eludir las protecciones impuestas por los tratados internacionales, el ejemplo de su poderoso vecino sólo refuerza su decisión de seguir adelante con las ejecuciones.

Una región que contrasta de forma señalada con Estados Unidos en relación con la pena de muerte es Europa. En 1998, por primera vez en la historia europea, ninguno de los entonces 40 Estados Miembros del Consejo de Europa realizó ninguna ejecución. Desde 1994, una condición previa para ingresar en esta organización intergubernamental es la voluntad de los Estados de decretar la suspensión inmediata de las ejecuciones, con vistas a la abolición de la pena de muerte.187 Estados Unidos es uno de los países que tiene estatuto de observador en el Consejo de

184 Véase Unacceptably Limiting Human Rights Protection (AMR 05/01/00, abril del 2000).185 Ramesh meets US Attorney-General Reno, Newsday (Trinidad), 1 de marzo de 1998. Amnistía Internacional no ha podido confirmar el contenido de ninguna de las dos reuniones citadas en la noticia. El Departamento de Estado ha confirmado que la reunión entre el asesor jurídico y el fiscal general de Trinidad y Tobago se celebró el 20 de febrero de 1998.186 El Comité rechazó la reserva el 31 de diciembre de 1999. La retirada de Trinidad de la Convención Americana sobre Derechos Humanos entró en vigor el 26 de mayo de 1999. Guyana y Jamaica han tomado medidas similares.187 El parlamentario ruso Sergei Kovalev ha señalado recientemente que «ni un solo Estado parece haber dejado pasar hasta ahora la oportunidad de ingresar en el Consejo de Europa bajo estas condiciones. Ni un solo Estado ha sugerido hasta ahora a otros Estados que formasen una nueva asociación, una especie de “club de asesinos”, cuyos miembros de honor serían Arabia Saudí, China, Irán y, triste es decirlo, Estados Unidos, esa democracia tan antigua». The death penalty: Abolition in Europe, publicaciones del Consejo de Europa, 1999.

Europa, y durante los debates de su Asamblea Parlamentaria varios oradores han expresado su preocupación por el hecho de que, a diferencia de los Estados Miembros, Estados Unidos no ha sido penalizado por su uso de la pena de muerte. La relatora sobre la pena de muerte de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos del Parlamento Europeo escribió en 1998 que, dado que el Consejo se oponía a la pena de muerte por considerarla una violación del derecho a la vida y del derecho a no ser sometido a penas crueles, inhumanas o degradantes, «la Asamblea debe considerar que los Estados con estatuto de observador que siguen aplicando la pena de muerte violan los derechos humanos y, por tanto, conculcan lo dispuesto en la resolución estatutaria (93) 26 sobre el estatuto de observador».188 La relatora escribió que, aunque no cuestionaba necesariamente que Estados Unidos siguiera teniendo estatuto de observador, el contacto del Consejo de Europa con el gobierno de Estados Unidos debía utilizarse para persuadirlo a fin de que decretase la suspensión de las ejecuciones.189

El 29 de junio de 1998, la Unión Europea anunció una nueva política, contenida en las Directrices para la política de la Unión Europea hacia terceros países en relación con la pena de muerte, encaminada a promover la abolición de la pena de muerte en los Estados no pertenecientes a la Unión. La Unión Europea expondrá la cuestión de la pena de muerte en su diálogo con terceros países, fomentará la ratificación y adhesión a las normas internacionales y planteará la cuestión en foros multilaterales con vistas a lograr la suspensión de las ejecuciones y la abolición de la pena capital. La Unión Europea ha realizado llamamientos en relación con varias ejecuciones pendientes en Estados Unidos.

La Unión Europea, Suiza y el Vaticano expusieron el caso de Sean Sellers durante una reunión del Consejo Permanente de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), máximo órgano de decisión política de la OSCE, celebrada el 4 de febrero de 1999.190 Amnistía Internacional había destacado la cuestión del uso de la pena de muerte en Estados Unidos en su discurso ante la sesión plenaria de la Reunión sobre la Aplicación de la Dimensión Humana de la OSCE celebrada en Varsovia, Polonia, el 26 de octubre de 1998. En dicha reunión, el jefe de la delegación estadounidense utilizó su derecho de réplica para rechazar lo que calificó de «acusaciones excesivamente fervientes» de Amnistía Internacional de que Estados Unidos infringía regularmente las normas internacionales en su aplicación de la pena de muerte, y explicó a los delegados gubernamentales y no gubernamentales que la opinión pública estadounidense apoyaba el mantenimiento de esta pena.

El 28 de abril de 1999, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU volvió a pedir una suspensión mundial de las ejecuciones.191 La resolución fue presentada conjuntamente por 72 países. En 1998 la habían presentado 68 países. El 24 de agosto de 1999, la Subcomisión de la ONU de Promoción y Protección de los Derechos Humanos adoptó una resolución en la que pedía a todos los países que conmutaran todas las condenas a muerte y se comprometieran a decretar la suspensión de las ejecuciones durante el año 2000.192 La resolución «condena inequívocamente la imposición y aplicación de la pena capital contra quienes tuvieran menos de 18 años en el momento de la comisión del delito» y menciona expresamente a Estados Unidos a este respecto. El delegado

188 La resolución estatutaria (93) 26 dispone: «Podrá concederse [...] el estatuto de observador [...] a todo Estado dispuesto a aceptar los principios de la democracia, del Estado de derecho y de que todas las personas bajo su jurisdicción gozan de los derechos humanos y las libertades fundamentales [...]».189 Renate Wohlwend, The efforts of the Parliamentary Assembly of de Council of Europe. En The death penalty: Abolition in Europe, publicaciones del Consejo de Europa, junio de 1999.190 Véase Open Letter from Amnesty International to All Ambassadors to the Organization for Security and Co-Operation in Europe, concerning the Imminent Execution of Sean Sellers in the USA (AMR 51/17/99, 29 de enero de 1999).191 La resolución 1999/61 «[E]horta a los Estados que todavía mantienen la pena de muerte a que [...] consideren la posibilidad de suspender las ejecuciones, con miras a abolir completamente la pena de muerte».192 Resolución 1999/4.

estadounidense expresó la «honda preocupación» de su gobierno porque la Subcomisión se había extralimitado en su mandato.193

El artículo 6.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos exige que la pena de muerte sólo se imponga por los delitos más graves en los países donde no se haya abolido aún. El 17 de julio de 1998, la ONU adoptó el Estatuto de una Corte Penal Internacional permanente, que juzgará lo que se considera, en términos generales, los crímenes más graves contra la humanidad: el genocidio, otros crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra. Estados Unidos fue uno de los siete gobiernos que votaron en contra de la adopción de este Estatuto, que contó con el respaldo de 120 gobiernos. Una vez que se establezca la Corte Penal Internacional (tras la ratificación por 60 Estados de su Estatuto), ésta no podrá imponer la pena de muerte. En virtud del artículo 77 del Estatuto, la pena máxima que podrá imponer la Corte será la de cadena perpetua, sometida a revisión transcurridos veinticinco años. Aunque, ante la insistencia de un pequeño número de países preocupados porque no se considerase esta postura un respaldo general a la abolición de la pena de muerte, se añadió un artículo que protege las leyes nacionales, esta medida es otro contundente indicio del progreso hacia un mundo sin pena de muerte.

Ante este progreso global, cabe preguntar si el uso por Estados Unidos de la pena de muerte es una acción propia de un país que, según su secretaria de Estado, ve «más lejos que otros países, hacia el futuro».194

Envenenar el presente, malograr el futuro: Conclusión

A mi parecer, este país está retrocediendo. Al mismo tiempo que Estados Unidos en su conjunto aumenta el uso de la pena de muerte, otros países están aboliéndola. La razón por la que lo hacen es que han descubierto que es injusta.

Ronald Jones, ex condenado a muerte en Illinois, actualmente en libertad, 1999195

La preocupación nacional e internacional seguirá aumentando mientras continúen realizándose ejecuciones a ritmo acelerado en Estados Unidos y la realidad humana de la aplicación de esta pena trasnochada se haga patente para un número cada vez mayor de personas.

￢ La idea de que el homicidio es una respuesta adecuada y eficaz al homicidio es un síntoma de una tradición de violencia, y nunca puede ser una solución a ella.

￢ Violar las normas internacionales sobre la pena de muerte, deliberadamente o por ignorancia, debilita todo el empeño de construir un sistema global viable para la protección de los derechos humanos fundamentales.

￢ Una ejecución crea más víctimas y, según muchos familiares de víctimas de asesinato, exacerba de hecho el dolor de la pérdida de un ser querido.

193 Declaración de John D. Long, asesor de Asuntos Políticos de la Misión de Estados Unidos de América. Sobre la cuestión de la pena de muerte, dijo: «[E]s evidente que la pena capital no conculca el derecho internacional ni ningún tratado de los que es parte Estados Unidos, siempre que se aplique con las debidas garantías. Nuestro sistema jurídico garantiza que ello es así [...] Algunos [estados de Estados Unidos] permiten que los menores sean tratados como adultos [...]»194 «Somos una nación indispensable. Nuestra elevada estatura nos permite ver más lejos que otros países, hacia el futuro [...]». Madeleine Albright, entrevista difundida en The Today Show, NBC-TV, 19 de febrero de 1998.195 Reuters, 8 de febrero del 2000.

￢ Del mismo modo que la opinión pública no debería acostumbrarse a justificar la tortura, tampoco debería acostumbrarse a justificar la pena de muerte. Conseguir la abolición exige un liderazgo político valiente. La decisión de abolir puede adoptarse aun cuando la mayoría de la opinión pública esté a favor de la pena de muerte, como probablemente ha ocurrido siempre. Además, es más probable que el apoyo público a la pena de muerte esté sustentado en el miedo, la frustración o la ira de la sociedad ante la delincuencia violenta, que en una respuesta meditada sobre alternativas humanas a las ejecuciones.

￢ La politización de la pena de muerte amenaza regularmente con socavar la independencia del poder judicial. Esto, más las reiteradas condenas injustas a la pena capital, probablemente debilitará el respeto al sistema de justicia penal en su conjunto, así como la confianza en dicho sistema.

￢ Por más estudios que se hagan por más ajustes que se realicen a la maquinaria de la muerte jamás se podrá garantizar la eliminación de la posibilidad de ejecutar a una persona condenada injustamente.

￢ Elegir de entre las miles de personas condenadas todos los años por asesinato en Estados Unidos a aquellas que morirán por sus crímenes siempre es probable que dé lugar a arbitrariedades en la imposición de la condena, reflejo de los prejuicios y desigualdades subyacentes en el conjunto de la sociedad.

￢ Ningún intento de hacer más aséptico el proceso de la ejecución puede despojar a la pena de muerte de su crueldad intrínseca.

En 1998, esta crueldad quedó descrita en una petición que presentaron a Botha, entonces presidente de Sudáfrica, los familiares de varios presos condenados a muerte: «Obligar a una persona a sentarse, día tras día, noche tras noche, a esperar el momento en que la sacarán de su celda para morir es cruel y brutal [...] Ser madre o padre y ver a un hijo vivir este infierno en vida es un tormento más doloroso del que nadie puede imaginar». Esta petición se formuló en una época en que la abolición de la pena de muerte parecía imposible en Sudáfrica. No obstante, en 1995, este país eliminó las ejecuciones judiciales, en el contexto de su continuo esfuerzo para huir de su historia de conflictos raciales y sociales.

En la histórica decisión del Tribunal Constitucional sudafricano, en la que reconocía que la pena de muerte violaba el derecho a la vida y el derecho a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes, el juez Mahomed, que iba a convertirse en el primer juez del Tribunal Supremo de raza negra de su país, escribió: «La pena de muerte debe manifestar, en cierta medida, una filosofía de insostenible desesperación en su ejecución, al admitir, como debe admitir, que el infractor a quien se quiere castigar es tan inaceptable para la humanidad que no permite ninguna rehabilitación, ninguna reforma, ningún arrepentimiento, ninguna ilusión inherente de esperanza o espiritualidad [...] El carácter irrevocable de la pena de muerte no permite ninguna de estas posibilidades de redención. Aniquila las posibilidades de que surjan. [...] [Por otra parte] no es necesariamente sólo la dignidad de la persona que va a ser ejecutada lo que se invade. Muy posiblemente, la dignidad de todos nosotros, en una civilización humanitaria, corre necesariamente peligro con el acto de repetir, sistemática y deliberadamente, bien que para un objetivo totalmente distinto, lo que encontramos en primera instancia tan repugnante en la conducta del infractor».196

Un colega del juez Mahomed en el Tribunal Constitucional sudafricano, el juez Kentridge, se refirió al voto particular del juez Scalia, de la Corte Suprema estadounidense, en la sentencia

196 State v. T. Makwanyane and M. Mchunu, 6 de junio de 1995.

Thompson v. Oklahoma (1988), el caso en el que la mayoría resolvió que el uso de la pena de muerte contra un delincuente de 15 años violaba las «normas en evolución de la decencia que señalan el progreso de una sociedad que madura» (véase la introducción). El juez Scalia había afrmado que «el riesgo de evaluar las normas en evolución es que sea demasiado fácil creer que la evolución ha culminado desde nuestro punto de vista». El juez Kentridge declaró que, no obstante haber tenido esto en cuenta, llegaba a la conclusión de que «existen numerosas pruebas objetivas de que las normas en evolución de la civilización demuestran la inaceptabilidad de la pena de muerte en países que son o aspiran a ser sociedades libres y democráticas [...] Aunque no cabe decir que la pena de muerte sea, sin embargo, contraria al derecho internacional [...] ésa es la dirección en la que está evolucionando el derecho internacional».

Cinco años después, y en un nuevo siglo, el máximo tribunal de Estados Unidos, un país cuyos dirigentes proclaman reiteradamente su condición de un adalid de los derechos humanos, no ha llegado aún a la misma conclusión. La postura de la Corte Suprema estadounidense se ve reforzada por la resistencia a buscar en las normas y prácticas internacionales la comprensión sobre en qué consisten esas «normas en evolución de la decencia». En marzo del 2000, la juez Sandra Day O’Connor recordó ante el público que asistía a una conferencia que ese mismo rechazo a las normas internacionales había formado parte de la sentencia dictada por la Corte en 1989, en el caso Stanford v. Kentucky, en la que se declaraba que los tribunales estadounidenses podían imponer la pena de muerte a niños de 16 y 17 años: «El enfoque [de la Corte] refleja la idea de que, en asuntos de derecho penal interno, los intereses de la soberanía nacional pesan más en la balanza que las normas internacionales».197 En 1999, diez años después de la sentencia de la Corte Suprema estadounidense en el caso Stanford, este tribunal, en el caso Dominguez v. Nevada se negó a estudiar la alegación de que la prohibición de imponer la pena de muerte a menores se había convertido en un principio del derecho internacional consuetudinario, y que Estados Unidos era su principal infractor. Amnistía Internacional lamenta profundamente que el gobierno de Estados Unidos alentara a la Corte a que no considerase esta cuestión.

No siempre ha sido así. En 1968, el gobierno estadounidense respaldó un proyecto de resolución en la que se declaraba que la pena de muerte violaba el derecho a la vida y el derecho a no ser sometido a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, garantizados por la Declaración Universal de Derechos Humanos.198 Cuatro años después, en la resolución por la cual la Corte Suprema estadounidense decidió suspender las ejecuciones, uno de sus jueces escribió: «Al reconocer la humanidad de nuestros congéneres, nos rendimos a nosotros mismos el más elevado homenaje. Alcanzamos un importante hito en el largo camino que nos aleja de la barbarie y nos unimos a las aproximadamente 70 jurisdicciones del mundo que celebran su estima por la civilización y la humanidad al rechazar la pena capital».199

A comienzos de un nuevo siglo, la cifra de países que han vuelto la espalda a la pena de muerte tiene ya tres dígitos. Ya es hora de que Estados Unidos se una a ellos. Aferrándose a una pena que pertenece a siglos ya pasados, Estados Unidos está envenenando su presente y malogrando su futuro.

197 Conferencia sobre Democracia y Estado de Derecho en un Orden Mundial Cambiante, Biblioteca del Congreso, Washington D.C., 7 de marzo del 2000.198 Véase Ramsey Clark (ex fiscal general de Estados Unidos), Crime in America: Observations on its Nature, Causes, Prevention and Control, Nueva York, Simon and Shuster, 1970, pp. 330-337. Citado por Hugo Bedau en Capital Punishment: Global Issues and Prospects, Waterside Press, 1996.199 Furman c. Georgia (1972), juez Marshal, de la opinión mayoritaria.

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Malograr el futuroNoticias sobre la pena de muerte, marzo de 1998 - marzo del 2000

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El documento adjunto es muy extenso debido a que abarca un periodo de dos años en vez del habitual periodo de un año; ello se debe a que no se elaboró un documento de estas características en 1999 a causa de la campaña que ese año se realizó sobre Estados Unidos. No se adjuntan acciones específicas que deban emprenderse en relación con este documento, que es básicamente para fines de información y para otros fines que consideren oportunos sus destinatarios. Las Secciones y Grupos pueden extraer los casos y temas que contiene el documento para fines de campaña y de educación.

El documento adjunto es público y se puede distribuir a las partes interesadas según consideren conveniente. El Secretariado Internacional lo distribuirá en inglés a las autoridades federales y estatales estadounidenses, según proceda.

El Secretariado Internacional envía este documento directamente a todas las Secciones, a la Red de Acción Regional de Estados Unidos y Canadá (USCAN), a los coordinadores de Expedientes de Acción sobre Pena de Muerte y a la Red Internacional sobre Pena de muerte.

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