ENSAYO

Orientación para la Igualdad y la Inclusión Sociolaboral

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La perspectiva de la igualdad y la inclusión socio-laboral en la

orientación profesional

La OCDE realizó a principios de 2001 un estudio para analizar la forma en la que

los servicios de orientación profesional pueden contribuir a la realización de algunos

objetivos esenciales de las políticas públicas en materia del aprendizaje a lo largo de

toda la vida y a la puesta en marcha de políticas activas de empleo: objetivos de

formación, laborales y de equidad social. Una de las principales conclusiones del estudio

muestra que la orientación profesional es un factor que contribuye a la equidad social

en el ámbito educativo y laboral para la población en general y en especial para

colectivos en riesgo de exclusión social (OCDE, 2004). En el marco europeo la

orientación a lo largo de toda vida se considera como un instrumento para alcanzar

algunos de los objetivos de la Unión Europea: la igualdad y la inclusión social

(CEDEFOP, 2006). Por lo tanto, la intervención orientadora tiene el potencial de

promover la igualdad de oportunidades de aprendizaje y laborales y la participación

equitativa de toda persona o grupo en los diferentes espacios públicos y contribuir a

disminuir las desigualdades sociales.

La igualdad, la equidad, la inclusión sociolaboral o la ciudadanía activa son

conceptos que definen la actual noción de justicia social, que más allá de una justa

distribución de bienes y recursos, defiende la importancia del reconocimiento explícito

de la diversidad y el respeto cultural de todas las personas, así como de la participación

activa y equitativa de las mismas en la sociedad. Esta perspectiva ampliada de la justicia

social expone la complementariedad e interrelación de estos tres factores. Así, Fraser

(2008) defiende que la ausencia del reconocimiento de la identidad y de la diferencia

(cultural, racial, de género, edad, etc.) implica una distribución injusta de bienes,

mientras que Honneth (2003) relaciona la falta de reconocimiento mutuo (amor, derecho

y estima) en las distintas esferas de la vida social con una escasa participación en la

sociedad. Otros autores, como Young (1990) subrayan que para una justa distribución

de bienes y de reconocimiento social es imprescindible la participación en los procesos

de toma de decisiones de todas las personas.

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Implicaciones para la intervención orientadora

En la actualidad, el creciente interés en la importancia de la justicia social como

un valor que debe guiar la práctica de la orientación profesional, ha originado una serie

de trabajos que se centran en identificar los problemas de las actuales teorías y

prácticas de la orientación. Un primer debate argumenta que la orientación profesional

se concentra en las competencias interpersonales y laborales de la persona, sin prestar

mucha atención a los factores sociales, políticos y económicos que influyen en el

desarrollo de la carrera, (Arthur, 2005; Irving y Malik, 2005; Toporek y Chope, 2006), lo

que conlleva que en muchos casos la práctica orientadora contribuya a mantener el

status quo y las prácticas opresivas (Irving, 2010).

El análisis y el conocimiento del entorno es esencial para diseñar la intervención

orientadora considerando los problemas estructurales que perpetúan las injusticias, las

desigualdades y las desventajas, y así comprender que gran parte de los obstáculos a

los que se enfrentan las personas orientadas proviene de la propia sociedad, de sus

estereotipos y prejuicios. Para realizar una práctica inclusiva y de calidad se debe

comprender la realidad cultural de la persona e identificar sus características y sus

necesidades, teniendo en cuenta los factores y las barreras que actúan como causas

de exclusión social y laboral, tanto aspectos personales, académico-formativos,

profesionales y contextuales, como estereotipos y discriminación.

Un primer paso para reducir las barreras que afectan al desarrollo profesional es

identificar los factores implicados en los mecanismos de exclusión y cómo actúan. Los

estudios realizados reflejan la complejidad y la multidimensionalidad de la desigualdad

y la exclusión social y sirven como marco de actuación para la práctica orientadora

(Arthur, 2005; Toporek y Chope, 2006). Subirats, Gomá y Brugué (2005) identifican ocho

ámbitos de exclusión - el ámbito económico, el laboral, el formativo, el sociosanitario,

de la vivienda, relacional, político y el contexto espacial – a partir de los cuales

constituyen una matriz de indicadores de exclusión que resulta muy útil para determinar

los riesgos de exclusión y los colectivos más vulnerables. Sánchez García (2009) indica

como variables determinantes para situaciones de exclusión el género, la identidad

cultural, étnica o religiosa, la edad, la cualificación profesional, la discapacidad y la

drogodependencia, y presenta algunos factores de riesgo a considerar para la

identificación precisa tanto de los grupos como de sus necesidades específicas:

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Elaboración adaptada sobre las aportaciones de Sánchez García, 2009

Sin embargo, la práctica se ve muchas veces limitada por los requerimientos de

la financiación y por los recursos limitados destinados a los proyectos. Cuando los

proyectos financiados tienen objetivos a corto plazo (como la mera inserción laboral) o

marcan cómo se deben organizar y desarrollar las intervenciones orientadoras y a quién

van dirigidas, la actuación adquiere más bien un carácter remedial, compensatorio. De

este modo se perpetua la dinámica de adaptación de las personas a las reglas del

mercado laboral (Sánchez García, 2009) sin atender a barreras del contexto que

provocan desigualdades.

Partiendo de la teoría de Young (1990: 241) de que “una teoría crítica de la

justicia social debe considerar no solamente las pautas distributivas sino también los

procesos y las relaciones que producen y reproducen estas pautas”, Irving (2010, 2013)

entiende la orientación profesional desde un enfoque de justicia social que debe

fomentar la reflexión crítica, sobre la manera en la que los discursos social, económico

y político contribuyen a formar y promulgar el concepto de carrera. La propuesta de

Irving apunta el potencial transformador de la educación para la carrera, considerándola

como una práctica social emancipadora que brinde a las personas la oportunidad de

crecer como ciudadanos informados, críticos, comprometidos y conectados en una

sociedad culturalmente diversa, que son capaces de gestionar las incertidumbres de la

vida adulta.

Por lo tanto, del mismo modo que los profesionales deben desarrollar una

conciencia crítica y reflexionar sobre las teorías y los sistemas socio-políticos que

Exclusión Social

Desigualdades sociales previas

Características comunes - dificultades de acceso al

empleo - falta de experiencia laboral y de

cualificación- visión y comprensión

insuficiente de su propia problemática y de la dinámica del

mercado laboral- pertenencia a alguno de los

colectivos vulnerables

Entornocompetitivo,

conflictivo y/o carente de

estímulos positivos con respecto al

trabajo

Consecuencias psicosociales del

desempleo (personales,

familiares y sociales)

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influyen en su intervención, un objetivo fundamental de las prácticas inclusivas debe ser

desarrollar la conciencia crítica, la autonomía y el empoderamiento de las personas

orientadas.

Otra crítica importante de la literatura actual es que la práctica orientadora ha

estado basada en un modelo eurocentrista que no refleja variables culturales como

género, clase social, habilidades, orientación sexual, religión o etnia (Patton y McMahon,

2006) y que suelen llevar al etiquetado y a la clasificación de las personas, sin

contemplar correctamente las características y las necesidades tanto de las personas

como de sus grupos. Para atender adecuadamente a estas características, se deben

aplicar modelos de intervención basados en un enfoque holístico y sistémico, que

consideran los factores personales, culturales y económicos y combinan estrategias

variadas y métodos de diagnóstico cualitativos, que toman como criterio de referencia a

la propia persona (Malik, 2002; 2007).

Dado el amplio abanico de variables que concurren en la concepción de la

diversidad (factores sociales, económicos, culturales, étnicos, religiosos, personales,

intelectuales, físicos o de orientación sexual), la atención a la diversidad es un elemento

esencial en toda intervención orientadora (Malik, 2003) que hace imprescindible el

desarrollo de competencias relacionadas con el reconocimiento y la respuesta a la

diversidad o competencias interculturales (si se considera una definición amplia de

cultura, que incluye todas las variables anteriormente mencionadas).

Siguiendo el esquema de Sue y Sue (1990, en Malik, 2003), el orientador

culturalmente competente tiene las siguientes características:

Un reciente estudio sobre las competencias relacionadas con la justicia social en

la práctica orientadora (Arthur, Collins, Marshall y McMahon, 2013) identifica las

competencias clave para una intervención inclusiva organizadas en tres dimensiones:

actitudes (una actitud de apoyo, sin prejuicios y la conciencia de su propia visión sobre

Act

itu

des

Conciencia de las propias creencias, valores y prejuicios o sesgos culturales

Co

no

cim

ien

tos

Conocimiento y comprensión de la visión del mundo de las personas orientadas, y en general de los grupos culturales diversos H

abili

dad

es

Desarrollo de estrategias y técnicas de intervención apropiadas

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la diversidad y la justicia), conocimientos (el trabajo interdisciplinar y la derivación, el

conocimiento actualizado de los recursos disponibles a nivel local, la comprensión de

cómo el contexto influye en el desarrollo profesional y personal de las personas) y

habilidades (aquí destacan la reflexión y la escucha activa). El trabajo refleja también

algunas carencias de formación e información sobre cómo intervenir sobre el contexto,

promoviendo el cambio a niveles más amplios o de habilidades comunicativas como la

negociación y la diplomacia para la comunicación a nivel institucional y político.

Conclusión

Aunque en la actualidad la idea de la diversidad como algo positivo y

enriquecedor está aceptada a nivel social e institucional, hablar de diversidad, sobre

todo en el ámbito social y laboral, todavía conlleva hablar de desigualdad,

discriminación, estereotipos y colectivos vulnerables a la exclusión social.

La orientación profesional en clave de igualdad e inclusión social incorpora

necesariamente una perspectiva intercultural y no discriminatoria. Esta perspectiva

implica un enfoque holístico y sistémico de la intervención orientadora, que reconoce la

complejidad de las personas y que promueve además de su participación activa en el

mercado laboral, su integración efectiva en la sociedad y la autogestión de la carrera

profesional (Sánchez García, 2012).

La orientación profesional es una herramienta importante que puede contribuir a

reducir las condiciones de riesgo de exclusión y que, de acuerdo con el principio de

desarrollo, pretende el desarrollo pleno e integral de todas las personas a través de una

ayuda personalizada y de la adaptación de la intervención a cada individuo y cada grupo.

Por otro lado, atendiendo al principio de intervención social, la práctica orientadora

implica la actuación sobre el sistema, tener en cuenta el contexto social y modificar los

aspectos que producen barreras de desarrollo o de acceso, al mismo tiempo que

pretende el empoderamiento de la persona orientada en lo referente a conocer,

comprender y transformar los obstáculos que impiden su realización personal y

desarrollar competencias interculturales.

Es importante ampliar el dialogo sobre la justicia social desde la orientación

profesional, incorporar la perspectiva y las experiencias de los/las profesionales de la

orientación y estructurar principios y estrategias de intervención que sirvan de guía para

integrar de manera concreta las cuestiones de justicia social en la práctica orientadora.

(Arthur, Collins, McMahon y Marshall, 2009; Irving y Malik, 2005).

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