Humboldt señala falta de estudios de Impacto ambiental y Social en el Proyecto del Gran Canal Interoceánico

Muchas irregularidades y falta de estudios determinantes para la construcción del Gran Canal Interoceánico, fueron evidenciadas por el equipo técnico de Centro Humboldt, quienes confirman no estar en contra del desarrollo del país, pero sí cuestionan el costo ambiental y social para lograrlo.

“Nos parece que los estudios estuvieron muy por debajo de las expectativas que los funcionarios de gobierno nos hicieron creer, sobre la posibilidad de que los estudios de evaluación de impacto ambiental podrían estar bien con el plazo requerido y que además no se presentaron”, expresó Víctor Campos, Subdirector de Centro Humboldt.

En la conferencia de prensa organizada después de hacerse oficial la ruta del Canal Interoceánico, Centro Humboldt dio a conocer los primeros datos del estudio que manifiesta los más de 270 poblados, cuatro cabeceras municipales y una cabecera departamental (San Miguelito, Buenos Aires, Rivas, San Jorge y Tola) que van a ser afectados directamente con éste megaproyecto.

Y los más de 320 poblados afectados de manera indirecta, entre ellas cinco cabeceras municipales, Belén, Cárdenas, Moyogalpa, Potosí y San Juan del Sur.

El equipo técnico utilizó la matriz oficial que usa el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARENA) para evaluar este tipo de proyectos, llamada “Matriz de Evaluación de Impacto Ambiental”, que evalúa los impactos en el clima, calidad y cantidad de agua, suelo, radiaciones, entre otras.

Maura Paladino, Oficial de Agua de Centro Humboldt expresó que “de acuerdo al grado de intensidad que va a tener este proyecto, la duración, extensión, efectos y cantidad de población a la que se va afectar, tiene un impacto ambiental muy significativo”.

La ruta del Canal está amenazada por fenómenos hidrometeorológicos, geológicos y ubicada en la zona de trayectoria de huracanes, lo que pone en riesgo la viabilidad del proyecto.

Según Paladino, “la ruta número cuatro pone en riesgo al sistema de humedales de San Miguelito, reconocido como sito RAMSAR al igual que varias reservas naturales, entre ellas la Reserva de Biosfera del Sureste, y la Reserva de Biosfera de la Isla de Ometepe, ambas ubicadas en el área de impacto directo”. De igual forma serán perjudicadas Reservas silvestres privadas y áreas con presencia de especies endémicas.

Irregularidades en aspectos presentados en la ruta del canal

En la presentación de la nueva ruta “se ratifica la enorme discrecionalidad que tienen los concesionarios para decidir sobre los bienes públicos del país, es una ruta decidida exclusivamente por la empresa contratada por el inversionista, sin que haya tiempo para la comisión nacional del canal de hacer una revisión técnica rigurosa y poder opinar con calidad sobre ello”, dijo Campos.

La ERM presentó mapas cartográficos, que no coinciden con el mapa oficial de Nicaragua. Tampoco presentan el verdadero borde de las zonas núcleo de las reservas naturales.

“Nos preocupa que no se hayan evaluado los impactos en el Lago de Nicaragua, considerando que 105 kilómetros de la ruta pasarán por ahí, siendo nuestra mayor reserva de agua potable, no hay nada que de la garantice que no va sufrir daños importantes”, señaló Víctor Campos.

La comisión del Canal no tuvo tiempo de analizar la información presentada, dejando menos de cinco meses para la realización de Estudios de Impacto Ambiental y Social (EIAS) y muy poco tiempo para que MARENA se pronuncie. A pesar de que la legislación nacional contempla un plazo de ocho meses para que MARENA decida si concede o no los permisos ambientales.

“Además no se hizo referencia sobre las acciones de mitigación de reforestación que habían sido prometidas, lo que se hizo fue insistir en que había buena voluntad por parte de la empresa, por tratar de esto se impulsara”, dijo Campos.

El equipo técnico solicitó hacerse públicos todos los estudios, nos sólo los relativos a la definición de la ruta, sino los que se vayan desarrollando posteriormente, incluyendo los relativos a la factibilidad económica.

Además confirman que los resultados dados a conocer no se corresponden con el rigor técnico requerido y las expectativas manifestadas por los funcionarios de gobierno sobre su certeza y grado de confiabilidad técnica, “hoy seguimos teniendo más preguntas que respuestas sobre los aspectos ambientales trascendentales”, concluyen.