1579 del 18 al 24 de mayo de 2012pcmle@journalist.com / www.pcmle.org/EM

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Acostumbrado como está a im-poner su punto de vista, el presidente Correa ha adver-

tido que vetará el nuevo Código Pe-nal porque en la Asamblea están in-troduciendo cambios a su propuesta original que, según él, lo estarían convirtiendo en un instrumento “ga-rantista” y lo que se necesita es “ser más drásticos y severos en la aplica-ción de las leyes y en la redacción de las mismas”. Esta advertencia, con seguridad, hará que los asambleístas de PAIS inicien una defensa ciega y total de la propuesta enviada por el ejecutivo.

Desde que se pudo conocer el pro-yecto de nuevo Código Penal se advir-tió que el correísmo intentaba con-tar con un instrumento que otorgue “sustento legal” a la política de crimi-nalización de la protesta social y que, a su vez, sea uno de los pilares básicos sobre los que se levanta el Estado po-licial en curso.

El código correísta tipifica nuevos delitos, penaliza distintas formas de protesta social y establece sanciones severas a los infractores. Realizar una protesta callejera, efectuar una ocupación de suelo, exigir “de forma tumultuaria” a las autoridades “la ejecución u omisión de algún acto propio de sus funciones”, entre otras cosas, de acuerdo al proyecto de Co-rrea sería sancionado como delito pe-nal; inclusive llega al nivel de tipificar como “rebelión” –entre otros casos- a “todo ataque, toda resistencia hecha con violencia o amenazas en contra de servidores públicos, cuando obran en ejecución de las leyes o de órdenes o reglamentos de la autoridad públi-ca”.

Mientras el gobierno dice defender los derechos humanos o de promover la participación popular, el ejercicio de la violencia estatal en contra de los trabajadores y el pueblo es cada vez mayor. Para ello, la facción burguesa en el poder necesita de instrumentos que legalicen su comportamiento, como en este caso ocurre con la pro-puesta de nuevo Código Penal.

Ningún tipo de “garantismo”

Proletarios de todos los países… ¡Uníos!

Órgano Central del Partido Comunista Marxista Leninista del Ecuador

Está en circulación la revista Unidad y Lucha Nº 24, órgano de difusión de la Conferencia Internacional de Partidos y Organizaciones Marxista-Leninistas

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En estos últimos años, por la discusión y elaboración de la Ley de Comunica-

ción que está desarrollando la Asamblea Na-cional, se ha puesto al orden del día el tema de la libertad de expresión y la censura en los me-dios de comunicación. Desde varios sectores se han planteado diferentes puntos de vista y principalmente el gobierno ha sido el que más ha señalado sobre estos temas, diciendo que los medios de comunicación privados no con-textualizan la información sino que imponen los criterios del empresario y a la par realizaba una apología resaltando el trabajo de los me-dios de comunicación públicos.

En los días del mes de mayo se hizo públi-co una encuesta que forma parte de una tesis del maestrante Paúl Bonilla y que en conjunto con el gobierno se contrató a la encuestadora de Santiago Pérez (encuestadora oficial del régimen) con la finalidad de estudiar las con-diciones laborales de periodistas y empleados de los medios de comunicación.

Para cumplir con el objetivo planteado se entrevistó a 292 comunicadores de Quito y a 200 de Guayaquil, sobre temas vinculados con sus salarios, los espacios en los cuales tra-bajan, la autocensura en los medios, el juicio contra diario El Universo, etc.

La encuesta reveló que el 16% de los pe-riodistas de los medios públicos consultados respondió que su material alguna vez fue rechazado por ir contra la línea editorial del medio. Esa cifra contrasta con el 10% de pe-riodistas de medios privados, que dijo que en algún momento su trabajo fue rechazado por el director del medio por salirse de la línea editorial.

Si bien los datos señalan que en los me-dios de comunicación públicos existe mayor censura, pero lo que más llama la atención es que en ninguno de los dos sectores tiene la voz el pueblo, sino que se impone y se da privi-legio al criterio de los dueños de los grandes medios de comunicación, por un lado el capi-talista dueño de la empresa y por el otro lado al presidente de la república.

Es decir, que tanto los medios públicos como los privados difunden lo que beneficia a los sectores que dominan a los grandes medios de comunicación y se quita la voz a los pue-blos, a los trabajadores, estudiantes. Es decir, como dice el dicho, la censura es para los de poncho.

En los medios públicos y privados se censura al

pueblo

El Programa Andino de Derechos Humanos de la Universidad Andina

Simón Bolívar, Sede Ecuador, (PADH), presentó, a inicios del mes de mayo, el informe corres-pondiente al año 2011 respecto de cómo se encuentran los dere-chos humanos en nuestro país

El texto que surge del esfuer-zo conjunto de diferentes organi-zaciones sociales y académicas mantiene como ejes de análisis los derechos de justicia, seguridad y ambiente, y se complementa con la reflexión sobre otros derechos gravitantes en la vida nacional, como comunicación, movilidad humana, derechos de las mujeres, trabajo y alimentación. Se man-tiene las reseñas de informes, pu-blicaciones, videos documentales y programas de audio producidos por organizaciones nacionales de derechos humanos en 2011.

Entre los elementos principa-les manifestados en este escrito consta la descripción de que en el Ecuador hay un escenario de prepotencia y autoritarismo que violenta los derechos fundamen-tales de las personas, y así lo se-ñala Enrique Ayala Mora cuando dice: “No vivimos en el Ecuador una dictadura, como afirman al-gunos agoreros, sin querer recor-dar que son herederos de Arroyo del Río y Febres Cordero. Pero sí hay rasgos de autoritarismo preocupantes, sobre todo eso de

considerar que dirigentes de mo-vimientos sociales son ‘terroris-tas’. Se cumple con el país y con los propios postulados guberna-mentales cuando se destaca esta y otras facetas negativas que ponen en riesgo la vigencia plena de los derechos”.

El informe señala que la con-flictividad en el país se ha incre-mentado si se la compara con las cifras de 2010. En este año se han producido 280 conflictos, y en el año pasado 268. De los 280 conflictos de 2011, 37% están re-lacionados con los derechos de li-bertad; 24% con los derechos del buen vivir; el 18% con los dere-chos de participación; el 13% con los derechos de protección; el 5% con los derechos de los pueblos, y el 3% con los derechos de los grupos de atención prioritaria.

La respuesta del gobierno ante los reclamos producidos ha tenido mucho de mediática, com-binando propaganda a su favor y un linchamiento a los sectores populares, dando paso a procesos de criminalización de la protesta

social.En el año 2011 el Presidente

de la República promovió un pro-ceso de enmienda constitucional y consulta popular que fue ava-lado por la Corte Constitucional. Las reformas introducidas altera-ron el diseño constitucional de la Función Judicial; le restaron in-dependencia, limitando así su ca-lidad de garante de los derechos y contrapeso en el poder del Es-tado. Bajo este marco, de falta de independencia judicial, continuó la utilización de la justicia penal como un mecanismo de crimina-lización de la protesta social y de la opinión: 204 líderes defensores de los derechos humanos y de la naturaleza fueron enjuiciados por sabotaje y terrorismo; se registra-ron 10 casos de persecución y cri-minalización contra 48 dirigentes sindicales; y 20 procesamientos a periodistas. A eso debe sumarse la reciente detención, el pasado 3 de marzo, de diez jóvenes en Qui-to, a quienes se los acusa de terro-rismo sin que haya prueba alguna que los inculpe.

Uno de los elementos que más han sido violentados en este periodo es lo relacionado con los derechos colectivos y de la natu-raleza, ya que el modelo econó-mico de acumulación capitalista de extracción de recursos natu-rales impulsado por el gobierno avanzó en su consolidación du-rante este año y determinó efectos violatorios de los derechos de los pueblos y nacionalidades indíge-nas, en cuyos territorios ancestra-les están ubicados estos recursos naturales.

La realidad del 2011 descrita en el informe muestra que el go-bierno no es ningún régimen de-mocrático, como lo ha señalado en varias ocasiones Correa, sino que estamos frente a un gobierno represor y prepotente.

Esta práctica desarrollada el año anterior no se reducirá, la ten-dencia que se presenta en el años 2012 –según lo sucedido en los primeros meses- tiende a incre-mentar y a impulsar una mayor acción más en contra de los mo-vimientos sociales y de izquierda.

Aumenta violación de derechos humanos en el Ecuador

Las reformas introducidas alteraron

el diseño constitucional de la Función

Judicial; le restaron independencia,

limitando así su calidad de garante de los

derechos y contrapeso en el poder del Estado

Hay claras evidencias que indican que el juez Juan Paredes actuó en mutuo acuerdo con el abogado de Rafael Correa. La corrupción en la justicia persiste.

“Estrategia procesal” para favorecer a Correa

El proceso de indaga-ción previa en contra del juez Juan Paredes

por suscribir la sentencia ela-borada por Gutemberg Vera, abogado de Correa, con el nombre de usuario informáti-co llamado “Chucky Seven”, en el caso del diario El Uni-verso, adopta extraños y sos-pechosos giros en su trámite con el claro afán de favorecer a los intereses de Correa en este hecho en el que, a todas luces, se trata de un escanda-loso caso de corrupción judi-cial.

En efecto, el fiscal encar-gado, Paúl Ponce – quien du-rante las ocho semanas de su

gestión casi no movió ni un dedo en el caso- a última hora de su reemplazo fijó la compa-recencia de Vera para el jueves 10 de mayo, sin embargo, el titular Antonio Gagliardo al asumir sus funciones lo pri-mero que hizo es modificar el calendario previsto y pro-rrogar la diligencia para el 29 de mayo, con el argumento de que se trata de una “estrategia procesal”.

Si tomamos en cuenta que dentro del calendario se fijó que el 16 de mayo se recibirá la versión de Jaime Martínez, quien, en su condición de téc-nico del Consejo Nacional de la Judicatura del Guayas, en

diciembre pasado, denunció que Gutemberg Vera lo citó a su oficina para inquirirle sobre la clonación del disco duro de la computadora del juzgado donde se emitió la sentencia, salta a la vista que, en efecto, se trata de una “estrategia” que no es sino la de dar ventaja a Vera para realizar su versión una vez que conozca, previa-mente, los argumentos del técnico informático que, por cierto, a raíz de su declaración, fue destituido del cargo.

Precisamente esta es la opinión del abogado de Diario El Universo, quien considera que es muy importante que el técnico conozca toda la argu-

mentación de Vera para que “pueda contradecir las men-tiras que seguramente dirá”. Se desprende, entonces, que a donde apunta el fiscal Gagliar-do, de clara posición oficialis-ta, es que Vera tenga la ventaja del pleno conocimiento de los elementos técnicos que debe tratar de desvirtuar.

En este como en otros ca-sos que se ventilan en las di-versas instancias de la justicia, sin hilar muy fino, se nota su desembozada parcialización con el gobierno. No obstan-te, el fraude judicial está a la vista, más aún con el video exhibido por la jueza Mónica Encalada.

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Las cifras que maneja el “presi-dente de la revolución ciudada-

na” es que al menos 930 mil personas habrían salido de la pobreza. Sin em-bargo, esta cifra no se refleja en pobla-ciones humildes de nuestro país, que no tienen agua potable y bajo sus pies hay aguas servidas y basura.

La utilización maliciosa de las ci-fras por parte del régimen cuando ma-nifiesta que entre el 2007 y el 2012, 930 mil personas en el ámbito nacional sa-lieron de la pobreza. ¿Cómo es eso, si en el último año fueron echados de sus puestos de trabajo más de 9000 traba-jadores públicos y privados? Afirmar por parte del INEC que quienes ganan más de dos dólares con cuarenta centa-vos está sobre el índice de la pobreza, también es otra gran mentira de los “re-volucionarios del siglo XXI”.

Afirmar que en estos cinco años de revolución ciudadana se dio una re-ducción de un 9% de la pobreza en el país, que pasó del 37,6% al 28,6%, es una gran falsedad. Quien afirma esto no vive en el Ecuador, o nunca tuvo con-tacto con el resto de ecuatorianos.

Tratando de ocultar esta realidad, en las últimas sabatinas el presidente ofreció elevar el llamado Bono de De-sarrollo Humano que se entrega a las personas que necesitan, y que según fuentes oficiales con ello les permite salir de la pobreza satisfaciendo algu-nas necesidades. Políticas como las del bono deben ser considseradas como cir-cunstanciales, ya que para enfrentar los problemas estructurales del país, ciertas medidas deben estar acompañadas con políticas que fomenten el desarrollo in-tegral de los ecuatorianos.

Creer que la solución de los pro-blemas de pobreza, inseguridad, des-empleo se lo hace en base a decretos es un engaño, estos problemas son apro-vechados para hacer demagogia como parte de una campaña electoral que busca réditos políticos a corto plazo.

Por todos lados y cualquier circuns-tancia es aprovechada por el presidente Correa para incrementar su demago-gia, en la última sabatina anunción que construiría más escuelas, pero las 34 escuelas propuestas por el gobierno no cubren las necesidades de educación de vastos sectores de nuestro país.

Aumento de bono, pura

demagogia de Correa

En días pasados el proce-so que inició hace casi 10 años fue declarado

nulo, pues, la jueza de la Cor-te Nacional de Justicia, Lucy Blacio, que reabrió el caso a solictud del Fiscal General, Galo Chiriboga, indicó no en-contrar nuevas evidencias para continuar con el juicio.

Es claro que esta resolu-ción es política y responde a las presiones del régimen, que con el control de los jue-ces ahora pretende cerrar los casos más escandalosos de corrupción que se han dado y se han consumado en su go-bierno; el pronblema del cam-po Palo Azul es uno de ellos, en el que están involucrados funcionarios y los mismos ex presidentes Gustavo Noboa y Lucio Gutiérrez, como tam-bién los del régimen de Rafael Correa entre los que constan el actual Fiscal General del Estado, Galo Chiriboga, antes

presidente de Petroecuador, ex embajador en España y el Ministro de Recursos no Re-novables, Wilson Pastor. Es importante señalar que una de las razones para impugnar a Galo Chiriboga en el concurso para la designación de Fiscal era, precisamente, la certeza de que desde su cargo ejercería presión para salir bien librado de este hecho de corrupción.

La responsabilidad de Chi-riboga y Pastor, amigos de Rafael Correa, es clara. Los dos funcionarios, a su tiempo, declararon unificado el Campo Palo Azul (bloque 18) con el Campo Palo Rojo, fueron los que dispusieron la contrata-ción de la consultora Gaffney Cline & Asosciates, empresa vinculada a Petrobras que en ese entonces, tras un largo pro-ceso ilegal de compra y ventas de acciones, llegó a manejar este campo petrolero. La con-sultora, como era obvio, de-

terminó fraudulentamente la calificación de “campo unifi-cado Palo Rojo – Palo Azul”.

Esta declaración se dio pese a las pruebas contunden-tes que para el año 1999 ya se habían presentado, ya que las reservas probadas del campo Palo Azul solo llegaban a 2 millones de barriles, pero la empresa Cayman Petromanabi -que en ese entonces maneja-ba el campo- hizo perforar un pozo limítrofe ubicado cerca del campo Palo Rojo, que está junto al Palo Azul. Este arrojó más de 100 millones de barri-les por lo que se consideró que existía conexión entre ambos campos. Este pozo produjo al-rededor de 3.800 a 4.000 ba-rriles diarios en el 2000.

Ya en 2007 cuando el caso tomó fuerza y se reactivaron la denuncias sobre un perjui-cio al Estado, el ex ministro de Energía y Minas, Alberto Acosta, conformó una comi-

sión técnica que determinó un “fraude técnico” en la ca-lificación de “unificado” del campo Palo Azul. El grupo in-terdisciplinario estableció que no existía el campo común y que se alteraron estudios “con interpretaciones sísmicas erró-neas”, con lo cual se forzó la determinación del yacimiento unificado.

Pese a estas y otras evi-dencias irrefutables, los jueces las han ignorado convenien-temente y han dado peso a una declaración contraria de uno de los peritos que hizo el informe antes señalado (José Ricaurte), en la que se retracta de lo antes dicho y señala que el campo Palo Azul sí es uni-ficado. En base a esta declara-ción la jueza Blacio declara nulo el juicio, dejando en la impunidad un delito de pecu-lado que le ha costado al país más de cinco mil millones de dólares.

Manipulación de la justicia e impunidad

El tema Palo Azul se cierra pero se convierte

en un nuevo ejemplo de cómo las instancias

judiciales están al servicio del régimen y de sus

funcionarios.

Ley de hipotecasBanqueros defienden sus ganancias

Frente a la aproba-ción de la “Ley de Hipotecas” en la

Asamblea Nacional Cé-sar Robalino, director de la Asociación de Bancos Privados (ABPE), sostie-ne que “el gremio busca el menor impacto de la ley en el sistema financie-ro”. Con esta expresión deja en claro que el inte-rés por el bienestar social está lejos de los banque-ros, solo les preocupa sus ganancias. Nada nuevo.

Esta asociación sos-

tiene que propondrá al Presidente un veto par-cial porque si se “quiere beneficiar a la gente de menores ingresos no cabe incluir a viviendas de hasta 500 remuneraciones bási-cas, unos USD 146 000, ya que ese monto contempla a las personas de ingre-sos altos.”. Con ello bus-can minimizar el impacto que tendrá esta ley en sus operaciones, reduciendo el grupo de beneficiarios. Para ello se valen del pro-pio argumento oficial de

incluir solo a quienes tie-nen ingresos bajos.

Quienes ya tienen préstamos hipotecarios no tendrán acceso a es-tos beneficios, pues, ellos propondrán que el veto presidencial considere la no retroactividad de la dis-posición. Esto se da por descontado, pues, dirigen-tes de Alianza País ya han expresado su conformidad.

Tampoco están de acuerdo en que se suspen-da el cobro de intereses una vez realizado el em-

bargo de los bienes, ya que el proceso legal se alarga por años. Pretenden que por ese tiempo el cliente siga pagando intereses.

También se oponen a que en la ley se les obligue a destinar el 5% de su pa-trimonio técnico a créditos hipotecarios, disposición que es adecuada, pues, en las nuevas circunstancias, ellos preferirán destinar su liquidez para otros giros.

Como siempre, lan-zan afirmaciones que pre-tenden causar miedo a

quienes necesitan crédito, como que los intereses su-birán.

A todo esto hay dos elementos que la ley no resuelve y perjudican a los deudores. El primero es que, una vez devuelto el bien, ¿Qué destino tie-ne el dinero ya pagado?, como está la situación no será devuelto al deudor. El segundo, ¿Qué sucede si el bien devuelto tiene ma-yor valor que el pactado?, ¿Devolverá el Banco la di-ferencia?

Palo Azul

El próximo 9 de junio se realizará en Quito el IV Congreso Nacional de la

Confederación Unitaria de Barrios del Ecuador CUBE, que agrupa organizaciones poblacionales de 18 provincias y desarrolla un in-tenso trabajo particularmente entre los barrios populares. El auditorio de Unión Sindical (Junín y Almei-da) será el escenario en el que tra-bajarán los delegados que tendrán como puntos de discusión el Infor-me de la Directiva Nacional salien-te; Situación Nacional y Local; y, Elección de la nueva directiva.

Para conocer algunas particu-laridades de este evento conversa-mos con la actual presidenta nacio-nal de la CUBE, Natasha Rojas.

¿En qué escenariose realiza ese congreso?

El congreso se realiza en el marco de un país caracterizado por un alto nivel de confrontación entre los sectores populares y el gobierno, en el que los moradores de los barrios populares también enfrentan la desa-tención del go-bierno de Correa y de la mayoría de alcaldes de Alianza País y la de-recha ecuatoriana.

¿Cuáles son los principales problemas que afectan a los moradores de los barrios populares?

La limitada cobertura de servi-cios básicos como red pública de alcantarillado, servicio telefónico público, agua potable por red pú-blica, recolección de la basura, etc; el crecimiento de la inseguridad ciudadana, principalmente de de-litos como robo a personas, autos y motos; incremento y creación de nuevos impuestos para lo que utili-zan el COOTAD, ley aprobada en

la Asamblea Nacional por Alian-za País y la derecha ecuatoriana, entre otros impuestos prediales, tasas, patentes y contribuciones especiales de mejora; el déficit de vivienda que llega a 1´400 mil uni-dades habitacionales; existen 221 cantones y 130 hospitales, es decir que ni siquiera existe un hospital por cantón; insuficiente número de instituciones educativas de calidad, considerando que el 75% de éstas no cuentan con infraestructura ade-cuada, entre otros problemas.

¿Qué se propone la CUBEen este Congreso? * Contribuir al fortalecimiento del

movimiento barrial ecuatoriano inscrito en la necesidad del cam-bio social y de solución a sus problemas y necesidades.

* Fortalecer la CUBE y las federa-ciones barriales filiales

* Dotar a la CUBE de una direc-ción que enfrente los nuevos desafíos de la organización y un importante aval de representa-ción.

* Hacer del evento un espacio de discusión y debate de la proble-mática poblacional que se vive en la actualidad.

¿Y en cuanto a tareasde índole político?

* Defender la Constitución de Montecristi y los derechos con-templados en ella.

* Impulsar acciones que tengan como finalidad el ejercicio pleno del “Buen Vivir”, ello significa exigir a las autoridades com-petentes los servicios básicos de infraestructura de calidad y políticas gubernamentales que promuevan el bienestar de la co-lectividad (vivienda, seguridad

ciudadana, educación, salud, es-tabilidad laboral, etc.).

* Trabajar por el fortalecimiento de la organización barrial a ni-vel nacional y local, elevando la conciencia social de los dirigen-tes y vecinos.

* Rechazar a través de la moviliza-ción, las políticas antipopulares del gobierno de Correa y la cri-minalización de la lucha social. Exigir la libertad de los presos políticos, el cese de los insul-tos y persecución en contra de quienes cuestionamos la política gubernamental entreguista y an-tipopular.

* Enfrentar a través de la movili-zación las políticas de derecha de los municipios como el in-cremento de impuestos, el fi-nanciamiento de la totalidad de las obras, la división de las orga-nizaciones barriales, etc.

* Exigir la plena participación de las colectividades como un de-recho de los ciudadanos y ciuda-danas en la toma de decisiones y verdadera aplicación de los me-canismos de participación.

* Trabajar por reformas del COO-TAD, ley inequitativa y dis-criminatoria que utilizan los alcaldes y prefectos del país, tanto de la derecha como del oficialismo, para incrementar y crear nuevos impuestos, tasas y contribuciones especiales de mejoras. En contraparte, pre-sentaremos en la Asamblea Na-cional el Proyecto de Reformas al Código de Organización Te-rritorial, Autonomías y Descen-tralización.

* Impulsar la unidad de las orga-nizaciones barriales y contribuir al fortalecimiento de la unidad de diversos movimientos socia-les del país.

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CUBE prepara su IV congreso nacional

En medio de una gran expectativa de familiares, compañeros, ami-

gos y de algunos medios de comunica-ción, se realizó el viernes 11, a las 8h30, la audiencia solicitada por los abogados de la defensa para que se sustituya la prisión preventiva de los diez líderes so-ciales, por otra medida cautelar. Reali-zada ésta, la Fiscal y el Juez cumplieron la consigna del gobierno: mantenerlos presos contra toda prueba a su favor.

Luego de más de seis horas de argu-mentos esgrimidos por la defensa y por la Fiscal, el Juez Décimo de Garantías Penales, Leonardo Tipán, se pronun-ció negando la sustitución de la Prisión Preventiva por otra medida cautelar, ac-tuando de manera similar a lo que hizo antes la Tercera Sala de Garantías Pena-les de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, cuando negó la apelación del Auto de Prisión Preventiva; más aún, reprodujo textualmente como “motiva-ción” de su resolución los mismos ar-gumentos que antes había esgrimido la Tercera Sala de la Corte, demostrando que la justicia en todas sus instancias no está interesada en escuchar razones para “actuar conforme a derecho” o en base “a los méritos del proceso” como demagógica y pomposamente procla-man muchas veces, sino en cumplir con diligencia las órdenes impartidas por el émulo nazi, José Serrano, que compla-ciente obedece a su jefe Rafael Correa.

De nada sirvieron los argumentos constitucionales y legales, así como, las decenas de documentos presentados por la defensa, incorporados al proce-so, que demostraban fehacientemente la inocencia y el arraigo social, laboral, estudiantil, de los 10 jóvenes persegui-dos por el gobierno. Todos ellos estaban trabajando o estudiando a la hora en que estallaron las bombas panfletarias - he-cho del cual se los acusa- el 17 de no-viembre y 19 de diciembre de 2011. Se desestimaron hasta los certificados de organismos oficiales como el Ministerio de Salud en el caso de Royce Gómez o del IESS en el caso de Santiago Galle-gos, porque había una consigna, man-tenerlos presos para seguir especulando con el argumento correísta de que en el Ecuador hay desestabilizadores, terro-ristas y conspiradores.

Para la Fiscal “no podía dárseles la Libertad porque hay peligro de fuga porque todos, a excepción de uno, son jóvenes que no llegan a los treinta años y es fácil que se vayan del país”, obvia-mente a la Fiscal y al Juez que acogió su petición, la venda impuesta por Correa les impide ver que esos jóvenes jamás abandonarán su patria porque la aman y están comprometidos con ella, con su pueblo, con sus anhelos de cambio y sus esperanzas de libertad.

Ni razón, ni justicia: solo órdenes del

gobierno

Mientras las lágrimas y el desconcierto acompañan a los trabajadores que

son “notificados” de su terminación laboral, luego de décadas de servi-cio, el Presidente de la República y sus seguidores, “celebran” los lo-gros que su decreto 813 ha obtenido hasta el momento.

Con argumentos como los de que son necesarios los despidos “para lograr la eficacia y la calidad de atención a la ciudadanía”, el go-bierno promueve y justifica la “sali-da” de miles de empleados públicos según ellos- “que no están a la altu-ra” de las necesidades y exigencias

del proyecto que impulsan los “re-volucionarios” del siglo XXI.

Fruto de esta política son ya cer-ca de nueve mil los servidores pú-blicos despedidos mediante la mo-dalidad de la “compra de renuncia obligada”, muchas de ellas entrega-das a la fuerza y con intimidación de la Policía Nacional.

Según el gobierno, la desvincu-lación de este gran número de em-pleados públicos “es fruto de meses de investigación, estudio y evalua-ción” a los servidores; pretexto uti-lizado al final para, en la realidad, despedir a una gran cantidad de tra-bajadores que no se han alineado a

la propuesta gubernamental.Los actos de corrupción, la im-

provisación y mediocridad resultan ser un distintivo del gobierno y sus lumbreras, mas no de los trabajado-res; las denuncias de sobreprecios, contrataciones ilegales, tráfico de influencias y más “barbaridades” recaen en funcionarios como el ex director de la Agencia Nacional de Tránsito, Ricardo Antón, personaje que contaba con el irrestricto res-paldo del mandatario. El caso de la valija diplomática, el contrabando aduanero, la extorsión a comercian-tes y dueños de bares o la legali-zación fraudulenta de extranjeros,

por nombrar unos pocos casos, son escándalos protagonizados por fun-cionarios del gobierno, que lejos de aclararse, han recibido un cómplice silencio.

Los despidos no se detienen, son alrededor de 9000 trabajadores los “renunciados” -sin considerar los jubilados-; el hostigamiento, in-timidación, persecución y violacio-nes a los derechos laborales no ce-san en el afán de contar con una cla-se obrera atemorizada y funcional a su política y, para ello, el ministro de Finanzas asegura que existen al-rededor de 160 millones de dólares para continuar con los despidos.

Con Correa, los despidos no cesan

Entrevista a: Natasha Rojas, Presidenta de la CUBE

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La política prepotente, autoritaria y de confrontación del gobierno de Rafael Correa contra los sec-

tores populares organizados permite que éstos se unan nuevamente en torno a la defensa de sus derechos. La organiza-ción y unidad de los sectores de izquier-da avanza firmemente y crece.

La Convención Plurinacional de organizaciones y movimientos de izquierda que se realizará el 19 de mayo, es una demostración de este compromiso por la unidad, en ella participarán organizaciones de los trabajadores, indígenas, maestros, mujeres, estudiantes, de la juventud; hombres y mujeres identificados con el progreso y la patria nueva, todos ellos representados por los movimientos sociales y políticos de izquierda.

Este nuevo paso en la lucha y unidad robustece los compromisos adquiridos en la Asamblea Plurinacional de agosto de 2011, donde se establecieron algunos lineamientos para las organizaciones

sociales en el ámbito de confrontar la política desarrollista de Rafael Correa.

La reciente marcha plurinacional por el agua, la vida y los derechos de los pueblos, la marcha unitaria del primero de mayo, son una expresión del avance y desarrollo de la organización que permite el impulso de la unidad de la izquierda y los sectores populares que expresan a este gobierno su rechazo a la política entreguista y antiobrera.

Este evento, sin duda permitirá delinear políticas y propuestas programáticas que permitan un desarrollo integral del país. Las demandas sobre leyes de aguas, de tierras y territorios que favorezcan a los pueblos del Ecuador; la derogatoria de la ley minera; el respeto a los derechos laborales; el fin de la persecución y de la criminalización de la lucha social serán evaluadas, así como también los pasos dados en la afirmación de la unidad Plurinacional.

Durante 52 años, el aeropuerto de Quito lleva el nombre

de Mariscal Antonio José de Sucre, ahora el alcalde Augusto Barrera propone cuatro opciones para una nueva identificación de la terminal aérea que se construye en Tababela, estas opciones son Mitad del Mundo, Eugenio Espejo, Manuela Sáenz y Carlos Montúfar. Esto se convierte una burla para los quiteños por cuanto el alcalde utilizará fondos públicos para pagar a la empresa “Quito Honesto” seleccionada, la misma que realizó una encuesta a 24.970 personas de las cuales 15.991 personas escogieron la opción Mitad del Mundo, que no equivale ni siquiera al 1% de los quiteños.

Todo este alboroto en busca de un nuevo nombre para el aeropuerto significa mayor inversión, mucho más cuando Barrera habla de una segunda encuesta frente a la negativa de Rafael Correa, que considera que el aeropuerto debe mantener el nombre actual, demostrándose una vez más quien es el que manda y quienes tienen que cumplir las órdenes del jefe mayor.

Todo este teatro montado por la revolución ciudadanda en el municipio se constituye en una nueva burla para los habitantes de la capital, se proponen desviar la atención de problemas urgentes como la inseguridad, la falta de obras de infraestructura, el cobro de impuestos por uso del suelo, las elevadas tasas en los impuestos prediales y otros se constituyen en asuntos de mayor discusión y atención antes que el nombre de un aeropuerto.

Recursos para obras prioritarias

La Comisión de Educación, Cul-tura y Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional aprobó,

con cinco votos de los Asambleístas Mery Zamora, Edwin Vaca, Galo Vaca, Gerardo Morán y Juan Fernández el Informe para primer debate de la Ley Interpretativa al Artículo 117 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, referido a la jornada laboral docente. Con esto, el pleno deberá conocer la propuesta presentada por la bancada del MPD.El objetivo de la ley interpretativa es resolver el problema planteado por la imposición gubernamental, al definir la

jornada laboral docente en ocho horas diarias desconociendo el concepto de hora pedagógica.En efecto, según disposiciones legales previas el docente trabajaba hasta 25 horas pedagógicas semanales en aula, a lo que se sumaba el tiempo dedicado a corregir tareas, preparar clases, evaluar exámenes, reuniones docentes en lo que se conoce como trabajo oculto. Con la nueva disposición legal se argumentó, de parte del gobierno, que estas activi-dades se realizarían en la propia insti-tución educativa, sin embargo esto no resolvió el problema ni de los docentes ni de los estudiantes.

Internacionalmente se reconoce la hora pedagógica, que va de 35 a 50 minutos, en términos de valorar el esfuerzo psí-quico y físico que para cualquier docen-te significa manejar grupos humanos, hecho que en la Ley de Educación no es recogido, ni siquiera como concepto, lo cual ya trae consecuencias a los docen-tes ecuatorianos, como se demostró en un estudio presentado por la UNE.Frente a esta exigencia la UNE plantea que se acoja las disposiciones cons-titucionales que señalan el respeto a la dignidad del trabajador; en caso de duda se aplique aquello que beneficie al trabajador. A la vez resalta que se

llega a esta situación porque la disposi-ción constitucional de crear espacios de trabajo que garanticen salud, seguridad, higiene, no se ha cumplido por parte del Estado. La Asambleista Mery Zamora denun-ció la actitud de los Asambleístas Raúl Abad, Mao Moreno y Gastón Gagliar-do, de Alianza PAIS, que primero di-lataron el tratamiento de esta ley en la Comisión y luego se abstuvieron de votar. Esta acción deja entrever la po-sición que tendrá el gobierno respecto a esta ley interpretativa, confirmado con la posición de la Ministra de Educación que ha expresado su desacuerdo.

Docentes defienden la hora pedagógica

19 de mayo

Convención de las izquierdas por los derechos de los pueblos

Una de las resoluciones de nuestro Congreso Nacional, realizado el 28 de abril, fue participar activamente en todo lo que significa fortalecer la unidad plurinacional de izquierda en el país. En ese sentido, hemos decidido que en cada una las provincias participemos, con el Frente Popular, en todas las reuniones preparatorias que las distintas organizaciones sociales y políticas de izquierda se encuentran organizando a fin de que se pueda desarrollar una gran convención de izquierda este día sábado 19 de mayo.Para nosotras este evento significa un hecho polí-tico de gran importancia, más ahora que comien-zan a moverse las distintas fuerzas políticas en torno al proceso electoral; surge la inquietud de cómo se va a trabajar para afirmar la presencia de la izquierda, de los sectores populares y democrá-ticos organizados.Desde la directiva nacional se ha planteado se establezca cuotas en cada provincia, de manera que nos encontramos haciendo reuniones de los núcleos, se está haciendo también propaganda en distintos medios de comunicación, hemos elabo-rado boletines de prensa, llamando no solo a las confemeccistas, sino también a las mujeres de los distintos sectores para que participen de manera activa en esta Convención histórica para los inte-reses de los sectores populares.La Confemec también forma parte de lo que se ha denominado la Plataforma Nacional por los De-rechos de las Mujeres que agrupa distintas orga-nizaciones femeninas y feministas alineadas con la izquierda. En este ámbito estamos trabajando con distintas organizaciones de mujeres, a las que hemos invitado a que participen en este evento. Vamos desde la plataforma y como Confemec con propuestas propias, para fortalecer la propuesta programática de la izquierda que tome en cuenta las necesidades especificas de los distintos secto-res.

Uno de los compromisos que el mo-vimiento obrero asumió es la partici-pación en la Asamblea Plurinacional de las organizaciones sociales y popu-lares como un paso más que permita profundizar los procesos de unidad como también la defensa de los dere-chos de los trabajadores y los pueblos.La UGTE y más centrales sindicales asumimos el compromiso de impulsar esta tarea; por eso, en el marco de lo que es la Asamblea Plurinacional del 19, las diferentes organizaciones sin-dicales asumimos, como un escenario previo, la presentación de la propues-ta de un Nuevo Código de Trabajo donde participarán delegaciones de trabajadores a nivel nacional, mismas

que también asistirán en esta Conven-ción. Diferentes organizaciones y federa-ciones a nivel nacional han ratifica-do su presencia a este evento; en las provincias estamos trabajando por incorporar a otras organizaciones que no son parte de la Unión General de Trabajadores del Ecuador, pero que tienen un compromiso con el cambio y transformación de nuestro país. También hemos mantenido conversa-ciones con las otras centrales sindica-les para insistir en la necesidad de la presencia de los trabajadores en esta asamblea. Este llamado ha tenido una importante acogida de diversas orga-nizaciones.

Nelson Erazo, Presidente de la UGTE

Cecilia Jaramillo, Presidenta de la CONFEMEC

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Paro combativo en Carchi

En estos últimos días se denunció la des-aparición de la joven estudiante co-

lombiana Carolina Stephany Garzón Ardila, desde el pasado 28 de abril. En el ambiente de zozobra e inseguridad que se vive en el país, podría pensarse que se trata de un he-cho más dentro de la larga lista de personas desaparecidas, sin embargo, llaman la aten-ción que se trata de una importante dirigente estudiantil y activista política de izquierda, a más de algunas circunstancias que rodean este caso.

Carolina Garzón es conocida por su ac-tivismo en la Mesa Amplia Nacional Estu-diantil (Mane), en su calidad de estudiante de licenciatura en Educación Básica de la Uni-versidad Distrital Francisco José de Caldas de Bogotá; forma parte de la Coordinadora de Solidaridad con los sectores en conflicto; in-tegra el Partido Socialista de los Trabajadores

y es miembro de Unidad Estudiantil. Trabaja en el periódico El Macarenazo de Bogotá.

Según versión de su padre, Walter Gar-zón, no era la primera vez que estaba en el Ecuador, pues, era el tercer viaje que había realizado a nuestro país en los dos últimos años. “Iba en plan de estar allá hasta agosto, porque aplazó su carrera para cambiarse de semestres a créditos. Está enamorada del país y de la ciudad y para su sostenimiento se de-dicaba a vender artesanías”, aseguró.

Según el señor Garzón, las amigas de su hija en Quito le comunicaron de su desapari-ción el primero de mayo; le informaron que Carolina anunció que visitaría el Museo de Arte Contemporáneo en Quito, pero, como una circunstancia extraña señala que “no llevó su agenda y sus cámaras, objetos que prácticamente son inseparables para ella”, según dice.

Carolina vivía en el barrio Paluco, a un costado de la Avenida General Rumiñahui, entre el sector de El trébol y el puente del barrio Las Orquídeas. Compartía la vivienda con dos amigas colombianas y dos argentinas que estaban radicadas en Quito y habían al-quilado una casa para vivir.

El caso fue denunciado ante la Fiscalía Provincial de Pichincha y, según versión de los familiares de la joven en Bogotá, pese a que la Policía ha realizado una “intensa bús-queda” no hay ningún indicio sobre su para-dero.

La trayectoria y activismo de la joven agregan un posible ingrediente político a su desaparición, más ahora que el gobierno ecuatoriano hace verdaderos méritos ante el gobierno colombiano de Juan Manuel San-tos, persiguiendo y reprimiendo a todo lo que huela a lo que llama terrorismo y subversión.

Desaparece en Quito joven colombiana,dirigente estudiantil y activista de izquierda

Datos estadísticos contrarían el discurso del gobierno correísta

en relación al avance a los derechos hu-manos y al mejoramiento de las condi-ciones de vida de los ecuatorianos. Esta vez un estudio de la organización Save the Children, sobre el Estado Mundial de las Madres 2012, pone al descubier-to el deterioro de las condiciones exis-tentes en el país para ser madre, pues, se constata que en un año el Ecuador descendió del puesto 14 al 20, en re-lación con los países latinoamericanos que, dicho sea de paso, no ocupan los primeros lugares en el mundo, pues están entre los lugares 80 en adelante, ya que los primero los ocupan los deno-minados países más desarrollados. En nuestra región, según la clasificación de esta organización, Cuba está en el pri-mer lugar seguida por Argentina .

El informe se refiere a un estudio en el que se califica las condiciones econó-micas, sociales y sanitarias (bienestar de los niños, la tasa de mortalidad an-tes de los cinco años y el porcentaje de desnutridos). En base a esto Noruega es calificada como el país que representa las mejores condiciones, pues el riesgo de mortalidad materna es de 1 por cada 7,600

Los resultados de este informe de-notan que en el Ecuador las condicio-nes de vida no han mejorado como se-ñala la propaganda oficial, que la crisis continúa golpeando a los más pobres, pese a que el gobierno insiste en que es el que más ha invertido en salud y que respeta los derechos de la mujer. Es necesario señalar algunas cifras que demuestran la realidad en la que vive la mujer y las duras condiciones en las que debe enfrentar su materni-dad, como por ejemplo la desnutrición infantil crónica que en el país alcanza el 26% y que un 84% de madres sufre maltrato intrafamiliar. Por otro lado los datos de mortalidad infantil son alar-mantes. De acuerdo al Instituto Nacio-nal de Estadísticas y Censos (INEC), en el 2010 fallecieron 3.204 niños me-nores de un año, la sierra es la región con más número de muertes infantiles de menores de un año (tasa por cada 1.000 nacidos vivos) 1.575, seguida de la costa, 1.434; en la amazonía fueron 186 casos, en Galápagos 6 y en zonas no delimitadas 3. Todas estas muertes tienen están relacionadas con proble-mas de salud que se presentan antes y después del nacimiento .

Las condiciones para ser madre

en el país desmejoran

Desde la historia

“Y fue en grito airado de pro-testaque resonó en los aires como un rayo;fue un grito de dolor que aún manifiestala gran tragedia de aquel mes de mayo”.

Decía un poema dedica-do al paro de la Pro-vincia de Carchi, en

mayo de 1971, en contra de la dictadura velasquista.

En el mes de febrero de 1971 se expidió un decreto dictatorial por el cual se creaba una tasa de dos sucres a todas las per-sonas que atraviesen la frontera colombo-ecuatoriana, desde el 26 de mayo, perjudicando a la población carchense que utiliza-ba el puente de Rumichaca para pasar mercadería colombiana por varias veces al día.

El 21 de mayo se realizó una Asamblea Popular en el Sindi-cato de Choferes de la provin-cia, el Alcalde de Tulcán Igna-cio Zambrano, propuso no cons-tituir un Comité de Paro para “no dar la impresión de que se ha precipitado una actitud de he-cho”, resolviéndose realizar una concentración el 24 de mayo, en el Parque de la Independencia.

Allí intervino el Gobernador quien llamaba a la calma y ser mediador con las autoridades gubernamentales, siendo pifia-do a toda orquesta. La asamblea avanzaba en su realización con intervenciones de las autorida-des y del pueblo carchense. Así

se decía: “Si vosotros, señor Al-calde y Prefecto, tenéis temor de ir a la cárcel, a la que tanta mención hacéis, dejadnos solos y solucionaremos el problema como es nuestro deber, ya que para nosotros, la cárcel, el exi-lio, las torturas y el destierro nos han servido de colegio y hasta de universidad”; “Si las autoridades de mi pueblo no nos acompañan hoy que necesita-mos de su representación, no-sotros los choferes, lo haremos junto al pueblo”. Es entonces que se decreta el Paro General de la provincia nombrándose varias comisiones.

El 25 de mayo el pueblo pa-ralizó el comercio, el transporte en forma total, es tomado el ae-ropuerto “El Rosal” con gente y vehículos para evitar la llegada del dictador Velasco Ibarra. Éste decide llegar a la provincia por vía terrestre, para una supuesta mesa de diálogo en tierra neu-tral, Ibarra, con las autorida-

des de la provincia, el Alcalde de Tulcán Ignacio Zambrano y el Prefecto Wilfrido Lucero. Cuando las autoridades se di-rigían a Ibarra, Velasco llegó a la ciudad de San Gabriel y allí intervino señalando demagógi-camente que la ciudad de Tul-cán está totalmente pavimenta-da, que se acelerarían las obras del aeropuerto. Las autoridades provinciales querían hacerse es-cuchar, entregándole documen-tos, ante lo cual el dictador gri-taba: “No lea nada señor, eso es falso. No lea nada. No lea nada, ustedes son unos políticos sedi-ciosos y amargados. Esos pape-les son falsos. Yo no he recibido señor. Y si ustedes han puesto y no han llegado a mis manos, que cancelen al telegrafista y uste-des irán a la cárcel. El paro será destruido con la fuerza pública sin contemplación”.

Entonces Velasco se dirigió a Tulcán llegando al cuartel militar Galo Molina, en donde

firmó la destitución del Gober-nador y del Intendente la pobla-ción se dirigió hacia allá, de-biendo el dictador salir huyendo disfrazado entre varios vehícu-los. En vista de no poder utilizar el aeropuerto los paracaidistas descendieron en sus paracaídas y pernoctaron en el aeropuerto.

El 26 de mayo se produjo la invasión más grande por parte de las Fuerzas Armadas a la pro-vincia, todo un preparativo para una guerra de gran envergadura. Hubo enfrentamientos en San Gabriel y el Ángel, asesinando llegaron a Tulcán y es en esta ciudad en donde se produce el más ensangrentado combate del pueblo con las fuerzas represi-vas.

Durante la batalla pierden la vida numerosos hijos del pue-blo, que combatieron con las armas en la mano, entre ellos se destacó la figura de nuestro camarada Miguel Ángel Pozo Vallejo, quien dirigió el paro, organizó la captura de armas, combatió al enemigo contestan-do de igual a igual.

Ante la ferocidad de las fuer-zas represivas y haberse termi-nado las municiones, la mayoría de la población se dirigió a la ciudad colombiana de Ipiales. Quedaron las mujeres y los ni-ños continuando el paro con mí-tines y movilizaciones. Velasco anuló el decreto que establecía el impuesto.

(Semanario En Marcha)(“Grito de Rebeldía” de Hefraín Ortiz Cevallos)

“Si vosotros, señor Alcalde y Prefecto, tenéis temor de ir a la cárcel, a la que tanta mención hacéis, dejadnos solos y solucionaremos el problema como es nuestro deber, ya que para nosotros, la cárcel, el exilio, las torturas y el destierro nos han servido de colegio y hasta de universidad”

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El gobierno del golpista Porfirio Lobo que conduce a Honduras es denunciado

por los atropellos que está come-tiendo contra los pueblos indíge-nas de ese país.

Amenazas de muerte a diri-gentes, militarización de zonas habitadas por pueblos indígenas, destrucción de recursos natura-les, incumplimiento en la entre-ga de títulos de propiedad sobre tierras ancestrales, colaboración con transnacionales y ONGs para la explotación inconsulta de re-cursos naturales son las princi-pales quejas de diversos pueblos indígenas hondureños.

Integrantes de los pueblos lenca, misquito, maya-chortí, tolupán, entre otros, integrados en la coordinadora general del Comité Cívico de Organizacio-nes Campesinas Populares e In-dígenas de Honduras (Copinh) denunciaron estos hechos ante el mundo, pues, consideran que la situación es insostenible ya que el gobierno tiene oídos sordos

frente a sus demandas.La queja también se debe a

que pese a la explotación inmise-ricorde de que es objeto la natu-raleza, la pobreza de los pueblos indígenas se perenniza e incluso se profundiza pues de la enorme cantidad de recursos que se ex-traen nada o muy poco se revierte en el bienestar de ellos. Con este antecedente, al observar que se inicia la construcción de nuevas centrales hidroeléctricas, explo-taciones mineras y otros proyec-tos han decidido oponerse pues ya conocen de antemano el resul-tado adverso a sus intereses, pero, eso sí, muy conveniente para las empresas y transnacionales invo-lucradas en esos negocios, que, frente a la toma de conciencia de los indígenas, lo que hacen es promover su represión y la impo-sición de la voluntad burguesa.

Uno de los dirigentes de la Copinh sostiene que “se ha forta-lecido el proyecto de dominación inhumano, antiético y depredador que se perpetra en Honduras”

a partir del ascenso al poder de Lobo, lo cual confirma la inten-cionalidad del imperialismo nor-teamericano al apoyar abierta-mente el golpe de estado contra Manuel Zelaya. Lobo, una vez estabilizado en el poder ha dado rienda suelta a las empresas en sus afanes explotadores tanto de la naturaleza como de la fuerza de trabajo.

A esto se une la crítica de la Comisión Interamericana de De-rechos Humanos que denuncia la represión por parte del gobierno hondureño a periodistas. Una periodista sostiene que “hablar, escribir y contar la verdad signi-fica estar en la línea entre la vida y la muerte en este país”. Esto se confirma con el hallazgo en una alcantarilla, de un cadáver que resultó ser de un periodista hon-dureño involucrado con la resis-tencia zelayista.

Sin embargo, el Comisiona-do Nacional de los Derechos Hu-manos sostiene que si bien puede haber algún nivel de represión

oficial, lo que existe es acción criminal de parte del narcotráfi-co y organizaciones delictivas. Cuestiona a los activistas de los derechos humanos por realizar su trabajo y sus denuncias, tachán-dolos de políticos, sin embargo, las evidencias del día a día dicen que la violencia campea en ese país.

En la práctica hay de las dos, pero es el Estado el encargado de controlar el narcotráfico, las ban-das criminales y crear los espa-cios para una convivencia entre quienes tengan opiniones políti-cas diferentes. En los hechos no ha tomado acciones en ninguno de los dos casos, al contrario, es represor de los pueblos como es el caso de los indígenas y, por de-cir lo menos, simple observador de la acción delictiva.

Antes con invasiones, ahora con dictadores títeres, siempre en contra de los pueblos hondure-ños, incluso a sangre y fuego, los Estados Unidos siguen imponién-dose en ese país.

Lobo ataca al pueblo hondureño

El Frente Democrático Nacional de Filipinas

(FDNF), a través del presidente del Grupo de Negociaciones del FDNF, Luis Jalandoni, hace po-cos días hizo público su enérgico rechazo por la nueva detención del consultor de su organiza-ción, Jaime Soledad, producida el pasado 2 de mayo de 2012. Soledad recobró su libertad el 25 de julio de 2011, luego de haber permanecido más de tres años en prisión bajo falsos cargos pena-les presentados en su contra en marzo de 2008. Días antes, el 3 de abril de 2012, igualmente fue arrestado Renante Gamara, que también oficia como consultor del FDNF. Estas detenciones son

nuevos obstáculos impuestos por el gobierno de ese país para la reanudación formal de las con-versaciones de paz.

A inicios del año pasado, en Oslo, Noruega, representantes del FDNF y del gobierno de Be-nigno Aquino firmaron el Acuer-do Conjunto de Garantías de Se-guridad e Inmunidad (ACGSI), que contempla una hoja de ruta para llegar a un acuerdo defini-tivo de paz que debería ser sus-crito en junio venidero. Como parte del ACGSI se estableció la libertad de Jaime Soledad y la realización de una serie de con-versaciones entre las partes para la adopción de reformas en mate-rias económica, social y política.

Para el FDNF esta nueva de-tención es una grave y flagrante violación del ACGSI y evidencia el desprecio del gobierno para arribar a un acuerdo de paz; exi-ge la inmediata liberación de So-ledad y Gamara, así como la de más de 350 prisioneros políticos que se encuentran injustamente encarcelados en expresa viola-ción del Acuerdo General sobre Respeto a los Derechos Huma-nos y al Derecho Internacional. Al mismo tiempo demanda una investigación independiente del asesinato del consultor político del FDNF, Sotero Llamas, y de las desapariciones forzadas de Leo Velasco, Prudencio Calubid, Rogelio Calubad y de otros con-

sultores e integrantes del FDNF.Filipinas vive un conflicto

armado desde 1969, en el que se enfrentan las fuerzas armadas del Gobierno y las fuerzas revolucio-narias representadas por FDNF. Tras el derrocamiento del dicta-dor Ferdinand Marcos (1986), se desarrollaron en Manila conver-saciones que dieron como resul-tado un acuerdo de alto el fuego de 60 días. Luego, representantes del gobierno y del FDNF ini-ciaron diálogos para establecer una agenda que desemboque en una paz duradera. Después de la masacre de campesinos que mar-charon por la reforma agraria, en enero de 1987, estas conversa-ciones fracasaron.

Las movilizaciones en Bolivia to-man fuerza como respuesta al

proceso de derechización que adopta el gobierno de Evo Morales, que bus-ca para supuestamente enfrentar la crisis, al igual que pasados gobiernos, aplicar medidas antipopulares y de corte neoliberal, que atentan a los de-rechos de los trabajadores, estudiantes y sectores sociales.

El paro de 72 horas declarado por la Central Obrera Boliviana (COB), la mayor organización sindical del país a la que se han sumado médicos, pro-fesores, mineros, obreros fabriles e integrantes de la comunidad universi-taria es una expresión clara del des-contento frente a la política aplicada por el gobierno.

Estas no son las primeras manifes-taciones que enfrenta el régimen, hoy la movilización es en contra del decre-to supremo 1126 que aumenta la jor-nada laboral de los médicos del sector salud e incorpora a los salubristas en la ley General de Trabajo y por exigir un incremento mayor al 8% en sus re-muneraciones. Otro sector movilizado ahora son los estudiantes universita-rios frente a la decisión del gobierno de congelar el presupuesto universita-rio y atentar contra su autonomía por lo que llevan siete semanas en paro. Pero días a tras el gobierno enfrentó protestas de los transportistas, de los indígenas que reclamaban el respeto a sus derecho y a sus tierras, de los mineros y otros tantos sectores que reclaman mejores condiciones.

Estas manifestaciones de protesta son parte de un número no menor a trecientas movilizaciones a nivel na-cional que se han producido en lo que va del año y no responden a la in-tención de derrocar al régimen como lo afirma Evo Morales sino que se trata de una respuesta de los sectores sociales frente a la política del go-bierno que pretende, ayudado con un discurso progresista, aplicar medidas que afectan al pueblo boliviano y que por supuesto no resuelven la crisis, pues tras dos períodos de gobierno las condiciones para los más pobres no han cambiado. Apenas un 20% de los trabajadores cuenta con estabilidad laboral, la mayoría recibe remunera-ciones por debajo de las establecidas y no percibe los beneficios de ley; el salario es el más bajo de la región y su poder adquisitivo representa el valor de hace10 años y el 60 % de la pobla-ción esta bajo la línea de pobreza Se trata entonces de la acción de un pue-blo desencantado y valiente que exige respeto a sus derechos.

El FDNF condena la detención de Jaime Soledad

Los bolivianos exigen respeto a sus derechos

La represión al pueblo hondureño, especial-

mente a los indígenas, al periodismo, matizado

con la acción criminal de narcotraficantes, es

la situación de violencia que vive Honduras

Filipinas:

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A propósito del vigésimo aniversario del falleci-miento de Agustín Cueva

(1937 – 1992), seguramente el más importante pensador social ecuato-riano del siglo XX, publicamos un acápite de su obra La Teoría Mar-xista (1987) en la que desarrolla el análisis de una serie de categorías marxistas, básicamente relacio-nadas a la definición de las clases sociales, la cultura, la nación, la formación económica social, entre otras.

En el prólogo escrito a la segun-da edición de su obra Entre la Ira y la Esperanza, Cueva sostiene que su “…proceso de adhesión al mar-xismo obedeció, en proporciones probablemente equiparables, tanto a una opción ético-política como a la fascinación por la única ciencia so-cial que jamás pierde de vista la to-talidad del hombre y de su historia, que aspira siempre a reconstituir.” “PUEBLO” Y CLASES SOCIALES

Dada la importancia del fenó-meno populista en América Lati-

na, así como los claros rebrotes de neopopulismo en el plano teórico (en la obra de un Ernesto Laclau por ejemplo 29), es necesario preci-sar que en el materialismo histórico el concepto de pueblo se refiere al conjunto de clases y capas subordi-nadas que, por el mismo hecho de serlo poseen fundamentales inte-reses en común, constituyendo por lo tanto los protagonistas de lo que podríamos denominar el bloque po-pular. Entre nosotros, latinoameri-canos, este bloque incluye por regla general al proletariado, el campesi-nado, la pequeña burguesía, las ca-pas medias y el subproletariado.

Ahora bien, todo el proble-ma reside en que las categorías de “pueblo” y “popular” no pueden suplantar teórica ni políticamente a las clases sociales, en ningún nivel, so pena de franquear la frontera que separa al marxismo del populismo y de ciertas concepciones “eurodemó-cratas” y afines. Concepciones que, por lo demás, distan mucho de ser novedosas, como lo atestiguan estas polémicas líneas de Marx en el 18 Brumario:

“Pero el demócrata, como re-presenta a la pequeña burguesía, es decir, a una clase en transición, en la que los intereses de dos clases se embotan el uno contra el otro, cree estar por encima del antagonismo de clases en general. Los demócra-tas reconocen que tienen en frente a una clase privilegiada, pero ellos, con todo el resto de la nación que los circunda, forman el pueblo. Lo que ellos representan son los dere-chos del pueblo, lo que les intere-sa es el interés del pueblo. Por eso, cuando se preparan para una lucha, no necesitan examinar los intereses y las posiciones de las distintas cla-ses. No necesitan ponderar con de-masiada escrupulosidad sus propios medios. No tienen más que dar la

señal, para que el pueblo, con todos sus recursos inagotables, caiga so-bre los opresores”30.

Con menor ironía que Marx, Rosa Luxemburgo no es menos en-fática en recalcar que:

“...En una sociedad de clases, el pueblo, como un todo social y polí-tico homogéneo, no existe, mientras que sí existen en cada nación las clases sociales con sus intereses y ‘derechos’ antagónicos”31.

Lenin, por su lado, insiste en que “al emplear la palabra ‘pueblo’, Marx no velaba con ella las diferen-cias de las clases, sino que unificaba determinados elementos capaces de llevar la revolución hasta el final”; para luego subrayar que aquella di-ferenciación no se hace con el fin

de que “la clase de vanguardia se encierre en sí misma, se limite con una medida estrecha... sino para que la clase de vanguardia, sin adolecer de las vacilaciones, la inconstancia y la indecisión de las clases inter-medias, luche con la mayor energía y el mayor entusiasmo por la causa de todo el pueblo, al frente de todo el pueblo”32.

Con la categoría “pueblo” ocu-rre, pues, prácticamente lo mismo que con el concepto de “sociedad civil”: utilizados sin referencia a una estructura de clases y muchas veces para soslayar a ésta, consti-tuyen una buena “puerta falsa” que permite alejarse discretamente del marxismo.

“Con la categoría “pueblo” ocurre, pues, prácticamente lo mismo que con el concepto de

“sociedad civil”: utilizados sin referencia a una estructura de clases y muchas veces para soslayar a ésta, constituyen una buena “puerta falsa” que permite alejarse discretamente del marxismo.”

“La categoría pueblo no suplanta teórica ni políticamente a las clases sociales”

“…de lo que se trata es de averiguar si, dejando de lado el método dialécti-

co, es o no posible lograr un conocimiento cabal y

dinámico de la realidad social.”

29 Ernesto Laclau: Política e ideología en la teoría marxista, 2a. ed., Siglo XXI, Mé-xico, 1980.30 La ideología alemana, ed. cit., p. 30.31 R. Luxemburgo: La cuestión nacional y la autonomía, Cuadernos de Pasado y Pre-sente, Siglo XXI, México, 1979.32 Dos tácticas de la socialdemocracia en la revolución democrática, Ed. Progreso, Moscú, 1977, p. 103.