SEMINARIO INTERNO

SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS PARA EL DESARROLLO AGRÍCOLA Y RURAL EN CENTROAMÉRICA Y PANAMÁ EN

LA PRIMERA DÉCADA DEL SIGLO XXI

Santiago, Chile, 12 al 14 de febrero de 2002

PANAMÁ

Rolando Armuelles

Documento de trabajo

i

INDICE

Página I. PRINCIPALES PROBLEMAS Y LIMITACIONES QUE ENFRENTA EL SECTOR AGRICOLA Y RURAL ...................................................................................................................................................................... 1

1. Inserción de Panamá en la economía mundial .............................................................................................. 1 2. Estructura productiva..................................................................................................................................... 1 3. Distribución de la población.......................................................................................................................... 1 4. Discontinuidad de planes indicativos y políticas destacables en el sector ................................................... 2 5. Inversiones productivas de gran escala y estratégicas .................................................................................. 2 6. Asincronía de las políticas básicas ................................................................................................................ 3

II. OPORTUNIDADES Y POTENCIALIDADES (PERSPECTIVAS) PARA EL DESARROLLO AGRICOLA Y RURAL................................................................................................................................................................... 5

A. Para el desarrollo agrícola.............................................................................................................................. 5 1. Disponibilidad de recursos naturales ....................................................................................................... 5 2. Niveles de tecnología ............................................................................................................................... 5 3. Posición geográfica ................................................................................................................................. 5 4. Recurso humano para la aplicación de la metodología de reconversión tecnológica............................. 6

B. Para el desarrollo rural .................................................................................................................................. 7 1. Ingresos no agrícolas................................................................................................................................ 7 2. Ampliación de experiencias esporádicas, algunas en curso.................................................................... 7 3. Catastro y titulación ................................................................................................................................. 7

III. ACCIONES PRIORITARIAS Y PROPUESTAS PARA HACER FRENTE A LOS PRINCIPALES PROBLEMAS Y LIMITACIONES QUE AFECTAN EL DESARROLLO AGRICOLA Y RURAL .................. 7

1. Reconversión productiva ............................................................................................................................... 8 2. Modernización de los servicios públicos agropecuarios............................................................................. 11 3. Apertura de mercados.................................................................................................................................. 12 4. Desarrollo rural ............................................................................................................................................ 14

(1) Instrumentos orientados al logro de Organizaciones locales participativas, sustentables y democráticas................................................................................................................................................. 14 (2) Instrumentos orientados a la ampliación y mejoramiento de la base económica y productiva local y a incrementar la sustentabilidad ambiental de dichos procesos..................................................................... 15 (3) Aquellos orientados al mejoramiento y desarrollo de la infraestructura básica y los servicios esenciales...................................................................................................................................................... 16

IV. TEMAS PRIORITARIOS Y AREAS DE ACTIVIDAD QUE PODRIAN SER OBJETO DE PROYECTOS DE COOPERCION TECNICA ............................................................................................................................... 18

BIBLIOGRAFÍA ......................................................................................................................................... 21

1

I. PRINCIPALES PROBLEMAS Y LIMITACIONES QUE ENFRENTA EL

SECTOR AGRICOLA Y RURAL 1. Inserción de Panamá en la economía mundial El desarrollo agrícola y rural se ubica y depende de las condiciones de una economía orientada fundamentalmente a la rama de servicios en donde se destaca el transito de mercancías de océano a océano, centro bancario, centro de seguros y reaseguros actual y futuras zonas libres de comercio; además de los condicionantes que implica la dolarización de la economía. En este ambiente, a los fondos para la agricultura panameña le ha correspondido competir con los préstamos orientados al comercio a corto plazo de alta rotación, de altos márgenes de ganancia y bajos riesgos; la consecuencia principal de este factor se deriva en una escasa disponibilidad de créditos agropecuarios de largo plazo. Segundo, una competencia permanente por fondos destinados a la infraestructura necesaria para reforzar la alta rentabilidad del sector servicios. Durante las décadas de los setenta y ochenta, a consecuencia de la búsqueda de soporte de toda la nación para la recuperación de la zona de tránsito y el Canal, en Panamá se vivió un período de compensación en la inversión orientada al desarrollo agrícola y rural dentro de una etapa de proteccionismo, débil inversión privada en el sector agrícola, y una compensatoria alta inversión estatal; unido a precios de sostén para una amplia gama de productos del sector agropecuario. 2. Estructura productiva Aún entrando el siglo XXI el crecimiento o estancamiento del sector agropecuario es determinado por la situación de exportación de bananos, que se realiza en una superficie inferior a las once mil hectáreas. Sólo el banano representaba mas del 30% del PIBA; actualmente lo hace en el 23.2% con tendencia a la baja; seguido en importancia por el ganado vacuno de ceba con el 14.5%, la cría de aves de corral y obtención de sus productos con el 12.7%, el arroz con el 8.5%, la producción de caña de azúcar con el 5.3%, la cría de cerdos con el 4.9%, la producción del ganado lechero el 4.3%, los productos hortícola y especies con el 3.9%, y el maíz con el 2.8%. Además, las actividades de servicios agropecuarios, exceptuando las actividades veterinarias con un 4%. La silvicultura, extracción de madera y actividades conexas aportan al PIBA menos que la producción del maíz. Esta estructura de producción refleja la situación en el año 1999. 3. Distribución de la población El acelerado proceso de atracción urbana producto del desarrollo del sector servicio, combinado con el bajo nivel de vida y condiciones en las áreas rurales; contrasta con la expulsión del campesino a tierras de menor productividad y de mayor vulnerabilidad como consecuencia del proceso de concentración de la propiedad agraria, induciendo la dispersión y aislamiento de la población rural que encarece los servicios sociales y de infraestructura. Son procesos paralelos que se complementan. El proceso típico de finales de la época de los 50 y hasta el principio de los 90, de una expansión de la frontera agrícola a costa de la reducción de la masa boscosa, tiende a estabilizarse a mediados de los 90, producto de que en la vertiente pacífica han desaparecidos los bosques, con excepción de los reductos finales

2

en torno a 300 mil hectáreas con bosques comerciales en explotación y el sistema nacional de áreas protegidas. Este agotamiento del proceso de tala, quema, establecimiento de cultivos temporales de auto consumo, para luego establecer potreros que serían vendidos para capitalizar a la familia campesina marginada tiene ahora su blanco más sensible en el Sistema de Áreas Protegidas, en donde -según estimaciones preliminares- podría haber alrededor de 5,000 personas ocupantes. En la vertiente atlántica los avances de la colonización campesina se dan principalmente por el sector Oeste de la Provincia de Colón, llamada Costa Abajo, en suelos de mediana a baja fertibilidad con un ecosistema frágil de alta precipitación pluvial. Se ha identificado un proceso de fragmentación de la propiedad rural en las últimas dos décadas, que guarda relación con la formación de las zonas suburbanas con mucho minifundio, en donde se establecen campesinos que consiguen jornales ocasionales en las zona urbanas y garantizan parte de su sobrevivencia con la parcela personal. Este fenómeno se observa en las zonas suburbanas de las principales siete grandes ciudades del país y en las cabeceras de provincias, mas los casos de San Miguelito y Aguadulce. Para estas explotaciones "agrícolas” suburbanas hasta ahora no se han identificado programas orientados a su especificidad. 4. Discontinuidad de planes indicativos y políticas destacables en el sector A mediados de los setenta la FAO, USAID y la CEPAL apoyaron la elaboración del primer plan sectorial indicativo para el sector agropecuario. El primer rubro a ser atendido dentro de este marco de referencia fue el programa de fomento lechero, el cual presentó logros destacables aún con efectos en el presente. La metodología no pudo extenderse a otros rubros por las limitaciones financieras que aparecieron al principio de los ochenta y la falta de continuidad de políticas. Posteriormente en 1992, el IICA realiza un diagnóstico y propuestas para el sector agropecuario y rural, aportaciones utilizadas para el diseño por el BID del programa de modernización de los servicios públicos agropecuarios en 1996, que inicia labores en 1998. Para ese año el marco de referencia del programa en cuestión estuvo dado por una desregularizacion y desestatización de la economía, y conocido como el Plan Chapman. Dicho plan funcionó durante el período 1995 – 1999. 5. Inversiones productivas de gran escala y estratégicas En América Latina sólo hay dos países sin puertos agrícolas de alto calado: Panamá y Bolivia. Contradictoriamente los puertos bananeros de Puerto Armuelles en el Pacífico y de Almirante en el atlántico son exclusivos para el circuito bananero y han estado vedados para el resto de los productos. Los Puertos de Balboa y Cristóbal en la ruta canalera tienen infraestructuras improvisadas para el circuito de importación de maíz y soya, para las raciones avícolas, y muy ocasionalmente se han utilizado para descargar fertilizantes en sacos. Existe en Aguadulce un muelle que con marea alta, aprovechando los aguajes de Marzo y Abril, descargan fertilizantes y exportan azúcar, ambos a granel. No existe por lo tanto un puerto agrícola de profundidad cercano a las áreas de producción con capacidad de importar y exportar productos a granel en barcos de diez mil toneladas; tamaño óptimo que permite reducir los costos de la importación de insumos (en alrededor de US$ 25 por TM) y evitar el castigo al azúcar (US$ 20.0 por TM) por transportarse en barcos “minis” (de 3000 a 3500 tm). El puerto agrícola debe ubicarse en uno de los puntos estratégicos ya analizados en otros estudios.

3

Bolivia sustituye la carencia de un puerto agrícola de profundidad con un sistema eficiente de transporte en barcazas por los ríos que desembocan en Mar de Plata. Estados Unidos por la década de los 30 y Brasil por los 50 encararon el problema de los suelos ácidos estableciendo infraestructura para la producción de cal agrícola; en el caso de Panamá esta práctica, altamente rentable, se restringe a su uso en la caña de azúcar. Se requiere establecer al menos tres plantas de producción de cal agrícola a precio de costo y con equipos e instalaciones a amortizarse a no menos de quince años. Tanto la administración como la gestión de estas plantas deben darse en concesiones administrativas, y la distribución del producto dejarse a manos privadas. Algo similar deberá realizarse con las importaciones de amoníaco líquido (85% de N) con fines de aplicación de nitrógeno a costos unitarios varias veces inferiores a los que hoy prevalecen en el mercado. El problema de la fijación de fósforo por la alta acidez de los suelos, unido al alto costo unitario de las unidades de nitrógeno, agravan el problema de la falta de competitividad de la agricultura panameña. Otro elemento estratégico en déficit es la escasa infraestructura de riego y drenaje; este último para los picos de alta precipitación que pueden dañar los cultivos, y el riego para poder hacer uso de la tierra durante los doce meses del año en la actividad agrícola. Este factor tan elemental y básico origina que las inversiones de capital fijo, en vez de distribuirse en dos o tres ciclos de cultivos aprovechando las condiciones tropicales, se reduzcan a ser amortizadas en solamente un ciclo de cultivo de tres a cuatro1 meses. Si el riego se combina con la plasticultura no sólo se están disminuyendo los costos fijos unitarios -factor clave para la competitividad-, sino que también se controla el factor riesgo, principal escollo para la captación de crédito de corto, mediano y largo plazo. Esto explica en cierta medida porque los mayores volúmenes de crédito agropecuario en el caso de Panamá, van orientados a los complejos agroindustriales que logran reducir los riesgos por estas vías. La expansión del sector agrícola y el apoyo en la inversión rural en el caso de Panamá, vendrá a través del capital nacional, ya que difícilmente las transnacionales agropecuarias van a priorizar un país pequeño, con las limitaciones e infraestructuras arriba señaladas y con solo el 35 % de las explotaciones agropecuarias con título de propiedad. Hay caso esporádicos como lo fue en su momento el banano o la camarinocultura, que representan mas bien la excepción y no la regla. 6. Asincronía de las políticas básicas El reto de la globalización conlleva tres acciones de política cuya sincronización determina su éxito o fracaso. En su orden la reconversión productiva debería ser previa o paralela a la política de modernización de los servicios públicos. Posteriormente a la primera y a la segunda debería sobrevenir la apertura del mercado nacional. Cuando estas tres políticas se afectan en el orden planteado, la resultante puede conllevar afectaciones, de lentas o traumáticas recuperaciones del desarrollo agrícola. En el caso de Panamá por haberse decidido implementar las políticas de globalización en 1994, con diez años de atraso en su primer intento y a cinco años de atraso al momento de su mejor coyuntura (que lo pudo ser el momento inmediato a la invasión norteamericana en

1 Este efecto en la estructura de costos pone fuera de competencia a la agricultura panameña.

4

diciembre de 1989), se produce el actual desfase de las políticas básicas para la reconversión y apertura. Lo anterior obliga ahora a un caminar paralelo de la reconversión, modernización de los servicios públicos y apertura, para 1999 recién iniciaba el primer año de una reconversión productiva mal orientada y un primer año de ejecución de la modernización, con dos años de apertura paralela del mercado. La consecuencia práctica, según fuentes no confirmadas, fue la disminución del costo de la canasta básica familiar en alrededor de un 2%; no obstante, las cifras oficiales indican una pérdida de poder adquisitivo por el consumidor durante el período 1995 a 1999, de 0.94 a 0.89, a moneda (balboas) de 19872. La apertura acelerada del mercado interno produjo un amplio descontento entre los productores agropecuarios que no encontraban suficiente orientación para sus perspectivas futuras. Esta política, según los economistas asesores de industriales nacionales, trajo consigo que la situación de oligopsonio en el mercado de mayoristas de víveres, pudieran retener alrededor de 400 millones de dólares producto de importaciones a menor precio y ventas a prácticamente el mismo nivel de precio que cuando se abastecía el mercado interno con producto nacional, el resultado de este corto período fue una expansión y renovación significativa de las distintas cadenas de supermercados a nivel nacional; sin embargo el objetivo final de un consumidor con precios significativamente más bajos, que permitiera aumentar su poder adquisitivo no se produjo, lo que afectó seriamente el modelo planteado, ya que ésta era una medida compensatoria a la flexibilización del mercado laboral. Queramos o no, la organización institucional pública y privada que garantice una efectiva reconversión productiva, -y no un simple desplazamiento o abandono de cultivos o rubros-, toma en la práctica una etapa mayor a un período presidencial de cinco años. Lo propio sucede con la modernización de los servicios públicos; razón por la cual el tema de desarrollo agrícola y rural debe verse dentro de un concepto de concertación política entre todas las fuerza electorales, de tal forma que se alcancen consensos de largo plazo para recomponer la asincronía que, -en el caso de Panamá-, implicó apertura de fronteras antes que la reconversión productiva de los actores principales, y antes que la modernización de los servicios agropecuarios pudieran ocurrir. La experiencias vividas en la integración europea con una política de reconversión y modernización de los servicios públicos antes de la apertura de fronteras han implicado que España y Grecia mantengan aún ramas que hubieran desaparecido durante el proceso de integración de la CEE, si se hubieran aplicado el mismo orden de prelación que -con demasiado simplismo- se aplican en varios de nuestros países en América Latina.

2 Contraloría General de la República. Panamá en cifras, años 1995-1999, octubre 2000. Pág. 215

5

II. OPORTUNIDADES Y POTENCIALIDADES (PERSPECTIVAS)

PARA EL DESARROLLO AGRICOLA Y RURAL

A. Para el desarrollo agrícola 1. Disponibilidad de recursos naturales Los suelos de las clases II, III y IV apta para cultivos, alcanzan 1,268,000 hectáreas, mientras la superficie cultivada en cultivos anuales y permanentes es de alrededor de 400,000 hectáreas. La capacidad de los suelos con vocación productiva para pastos y silvicultura se estiman en 4.5 millones de hectáreas de las cuales alrededor de 1.5 millones están en uso. El rezago más significativo esta en el escaso desarrollo de la silvicultura que no sobrepasa las 25,000 hectáreas reforestadas, la minación de los bosques naturales ha reducido el área con potencial manejo sostenible y, de acuerdo a los nuevos y avanzados conceptos de la ley forestal, se reducen en el momento a aproximadamente 200,000 hectáreas. Es decir el potencial de suelos con diversas aptitudes representa una gran oportunidad y un enorme potencial para el desarrollo agrícola y rural. 2. Niveles de tecnología La productividad alcanzada en ciertos rubros demuestra que se abren enormes oportunidades de transferir tecnologías de punta, adaptándolas a las relaciones de precios de los factores de producción y condiciones agro climáticas locales. Así tenemos que hay fincas aisladas con productividad similar a los mejores estándares internacionales; esto en fincas arroceras, de tomate industrial, cebolleras, de melón, sandía y zapallo, fincas avícolas, y de ceba estabulada; curiosamente hay que destacar el rezago en la productividad bananera, producto de factores institucionales que impiden la adopción de nuevas tecnologías. La transferencia de tecnologías en la agricultura centroamericana y panameña debe reenfocar su énfasis a la transferencia de países del Oeste (Asia ecuatorial) hacia nosotros dada las similitudes agroecológicas y los saltos tecnológicos en algunos de estos países. El que se alcancen los estándares internacionales de productividad no implica automáticamente el alcance del menor costo unitario por producto, lo cual guarda relación mas bien con la capacidad de gestión financiera y económica, aún influida por factores externos a la explotación. 3. Posición geográfica Con la recuperación de la zona de tránsito y transporte de mercancías, se abren perspectivas no utilizadas en cuanto a la colocación de productos agropecuarios en barcos en tránsito. Este elemento no es de fácil ejecución ya que solo tiene sentido para los productos frescos con suma perecibilidad, para los cuales día a día surgen nuevos métodos de preservación y en muy pocos casos son traídos por avión por los abastecedores de barcos desde otros países. Para la colocación de productos en nuevos mercados, el centro de trasbordo abre mayores perspectivas en atención al aumento de frecuencias de barcos dejando contenedores, o recogiéndolos.

6

Una modalidad no desarrollada -ya planteada- ha sido un centro de acopio de productos agrícolas latinoamericanos que compita con productos similares de otras latitudes. Hubo una propuesta de un grupo del MERCOSUR que estuvo madurándose. 4. Recurso humano para la aplicación de la metodología de reconversión tecnológica La reconversión tecnológica significa hacer uso de metodologías desarrolladas por organismos especializados en tal disciplina como el ISNAR, con sede en Holanda; pero con amplias raíces en Latinoamérica; y con productos concretos de su metodología que utiliza la combinación de distintas técnicas, tales como la Planificación Estratégica, Multicalidad total, el Benchmarking, Talleres Experimentales, así como de los conceptos de la economía de la producción, etc.. Esta tarea no puede circunscribirse a los centros de investigación agropecuaria o equipos de extensión; se requiere un esfuerzo multidisciplinario y un amplio apoyo de los centros educativos públicos y privados, los cuales cuentan con maestros especializados en dichas técnicas universales. Esta capacidad nacional existe, hay que articularla, organizarla y motivarla, con una clara visión de la misión que ella implica. 5. Ensayos de varios tipos de estímulos para productores. Este esfuerzo se está realizando desde hace tres años, gracias a un fondo creado con recursos internos generados del impuesto directo a los préstamos para consumo personal, cuyos montos sean mayores de US$ 5,000. Esto vía un 1% de interés adicional a las tasas de interés en el mercado, que están en este momento entre 14% al 18% anual; según el Banco, tipo de garantía y otros factores. Este fondo se ha orientado a subsidiar la tasa de interés de los créditos agropecuarios a pequeños y medianos productores por parte del Banco de Desarrollo Agropecuario (estatal), de un subsidio inicial de 2%, se elevó a partir del 1 de febrero del 2002, a un 3%. Otra modalidad fue un primer tramo de subsidios directos, el cual tuvo a su disposición US$ 15 millones, de los cuales se han desembolsado US$ 9 millones para 4 rubros. Entre los logros más importantes del primer tramo se han mencionado: el mejoramiento de la eficiencia en la producción porcina por 63 productores líderes en productividad; reducción del número de productores de tomate industrial y aumento la productividad entre los sobrevivientes. Además, la combinación de un subsidio directo de US$ 1 por quintal (100lbs) de maíz, junto a la cuota de producción en atención al manejo del contingente arancelario, reduciéndose así la superficie sembrada en maíz en la principal zona de producción comercial, de 18,000 a 8,000 has. Se mencionan además, incrementos en la productividad de productores de cebolla. Esta experiencia generó una segunda fase, cuyo tramo ya se inició; el mismo fue consensuado entre el Órgano Ejecutivo y el Órgano Legislativo, llamado “Ley de transformación agropecuaria”; que cuenta con US$ 35 millones, ahora para 14 rubros, incluyendo la carne vacuna. Este segundo tramo ha pasado el período inicial de organización y aprobación de los reglamentos de funcionamiento; para estar en este momento, en la fase de definir los planes de inversión por finca tipo.

7

B. Para el desarrollo rural 1. Ingresos no agrícolas Es un enfoque ampliamente aceptado que el desarrollo rural no se puede sustentar exclusivamente con las actividades agropecuarias. Tampoco somos partidarios de un comercio de la contemplación de la pobreza. El ecoturismo, organizado de tal forma que los campesinos e indígenas participen en la gestión de la actividad, ha demostrado ser una fuente interesante de ingresos complementarios o incluso principales. Se ha estado desarrollando el concepto de rutas patrimoniales, que combina la riqueza histórica de rutas transístmicas, durante el período de la colonización con una extraordinaria riqueza de la biodiversidad biológica, cultural y étnica de Panamá. Se orienta hacia un turista de mediano a altos ingresos y de mayor nivel cultural que la media. Hasta donde hemos podido conocer, se está aún en la fase de diseño del Plan. Lo importante será establecer la participación de los sectores marginados del campo en dicho esfuerzo, coincidentes geográficamente con las áreas de pobreza. Aparte de este esfuerzo se observa la actividad incipiente del turismo y eco turismo tradicional en la fase inicial de distribuir ingresos en áreas rurales deprimidas. 2. Ampliación de experiencias esporádicas, algunas en curso No es procedente describir los detalles de las mismas. Lo que queremos destacar como oportunidad y perspectiva muy importante, es la necesidad de mayor coordinación entre el Fondo de Inversión Social y las acciones e instrumentos que serán mencionados dentro del Programa Panamá Rural 2000-20004, descritos más adelante. 3. Catastro y titulación Se abren muy buenas posibilidades en la articulación de este programa con aspectos de seguridad de la tierra para el pequeño campesino, quien no alcanzaba a titular por diversas razones, creándose una situación de incertidumbre y trashumancia, especialmente en zonas de suelos marginales; y por ende con menor interés en invertir, viéndose afectada la frágil sostenibilidad de su sistema. Para este programa se estarán destinando alrededor de US $ 113 millones, desde el año pasado y con un horizonte de cinco años. Además Panamá tiene dolairzada su economía desde hace 98 años, con un sistema de seguro agropecuario desde 1974 y realiza sus censos agrícolas cada 10 años. III. ACCIONES PRIORITARIAS Y PROPUESTAS PARA HACER FRENTE A LOS

PRINCIPALES PROBLEMAS Y LIMITACIONES QUE AFECTAN EL DESARROLLO AGRICOLA Y RURAL

El recién elaborado “Plan Panamá Rural (2001-2005)”, representa un conjunto de objetivos estratégicos, definición de estrategia para el desarrollo agropecuario y el medio rural,

8

políticas e instrumentos, la nueva institucionalidad y los programas e iniciativas para la gestión agropecuaria. Este plan ha sido elaborado bajo el liderazgo del MIDA y con la participación de todas las instituciones del sector agropecuario y entidades públicas del sector; con el soporte técnico del IICA y con consultas, en más de 200 talleres, a organizaciones de productores. A pesar de esta amplia participación, ha faltado una mayor apropiación del mismo de parte de profesionales y productores, a fin de enriquecerlos y proponer los ajustes que correspondan. Todavía aparece exclusivamente como el plan de gobierno para el sector agropecuario y rural. Dado el alto nivel técnico de los expertos internacionales y de las consultas nacionales, difícilmente un plan futuro va a alejarse del enfoque metodológico y lógico de su estructura, ya que recoge el estado del conocimiento en esta área temática. Podemos anticipar su principal limitación en cómo ejecutarlo y en la asignación de los recursos ya identificados, pues estará compitiendo por recursos que van a ser demandados por otras grandes y urgentes prioridades nacionales. En el marco macroeconómico -con un nivel de deuda total al 80% del PIB y con déficit fiscal alrededor el 2 %- pareciera que la viabilidad de su ejecución va a estar condicionado a la posibilidad de uso del Fondo Fiduciario1. Según nuestro concepto, para después del 2005 este esfuerzo estará aún en una fase de maduración y encontrará un escenario de financiamiento de fondos estatales que competirá entonces con otros grandes esfuerzos, tales como las inversiones adicionales del Mega Proyecto de ampliación del Canal de Panamá y el futuro esfuerzo de actualizar el sistema educativo a los nuevos tiempos que implican nuevos niveles de competitividad del recurso humano. En atención a lo anterior pasamos a comentar los aspectos más relevantes del mencionado plan en cuanto a: Reconversión productiva, Modernización de los servicios públicos agropecuarios, Apertura y búsqueda de mercados, y Desarrollo Rural. 1. Reconversión productiva Este es uno de los cuatro ejes estratégicos definidos en el Plan Panamá Rural (PPR). Plantea, por un lado, el reforzamiento del proceso del desarrollo agropecuario tecnológico del país, y por el otro, el incremento de las inversiones productivas, Sobre el primero, se plantea culminar la adecuada zonificación agrícola del país, aprovechar el máximo de cada sistema productivo, generar de propuestas tecnológicas integrales con una doble orientación: por un lado la competitividad con su sostenibilidad y por la otra la generación de nuevas producciones rurales que contribuyan al abatimiento de la pobreza. Identifica además la necesidad de sumar en este esfuerzo tanto al sector público como al privado, definiendo roles y relaciones de una fuerte alianza. En cuanto al incremento de inversiones productivas, señala que se requiere el diseño de mecanismos e instrumentos para ampliar y mejorar el proceso de inversión de plantaciones, riego y drenaje, forestación, conservación y recuperación de suelos; incluso se amplia al establecimiento de pastos y productos industriales. A nivel extrapredial incluiría

1 Fondo establecido con la venta de empresas públicas y propiedades estatales.

9

construcción de obras de riesgo, infraestructura de acopio y clasificación, transformación, y comercialización de productos. En esta categoría se incluirían los tipos de inversiones que destacamos en el punto I de nuestra ponencia. El PPR destaca un punto -a nuestro juicio- de suma importancia: “Todos los procesos de formación de capital tienen un tiempo de maduración relativamente lento, razón por la cual los estímulos que se apliquen deben tener continuidad en el tiempo, deben ir acompañados de un componente de preinversión y de consideraciones especiales para los sectores poblacionales con menores posibilidades de acceso a este recurso”. En el conjunto de políticas se desarrollan tres directamente relacionadas con la reconversión:

(1) Se plantean novedosos mecanismos que pretenden superar las rigideces y restricciones que en la actualidad limitan el acceso de los productores al financiamiento para capital fijo, capital de trabajo; generándose además, estímulo para fomentar la inversión privada para la formación de capital productivo.

Así, en cuanto a garantías, se plantean nuevas modalidades tendientes a promover el acceso al crédito para la micro, pequeña y mediana empresa agropecuaria, creándose un fondo de garantías para la micro, mediana y pequeña empresa, garantías hipotecarias como producto de la titulación masiva de tierras, la cual debe complementarse con un mecanismo que evite una fácil pérdida de su recurso esencial (dígase su parcela de tierra); desarrollo del sistema de garantías asociativas - un seguro agropecuario.

En cuanto a la seguridad de las recuperaciones, disminuyendo el riesgo, se plantea una mejor vinculación entre la asistencia técnica y el crédito; un mejor sistema de información, de precios de productos de insumos, y el establecimiento de un sistema de créditos locales; como una nueva modalidad se pretende fomentar un sistema para micro crédito. Como algo destacable se presenta la “bonificación a las inversiones”, orientadas a la formación de capital productivo; esta bonificación sería un porcentaje variable dependiendo del renglón productivo, o área que se desea impulsar; pretende incentivar al sector privado y canalizar recursos de la banca comercial a través de la disminución del riesgo. Se pretende financiar inversiones en riego, recuperación de suelos degradados, plantación de frutales comerciales, reforestación, y establecimientos de pastos, entre otros.

Aparece además, la asignación de capital de riesgo, colocando recursos como capital de riesgo para posibilitar proyectos innovadores que puedan ser financiados por la banca comercial. En el PPR desaparece el peligro del cierre del Banco de Desarrollo Agropecuario, se habla de su fortalecimiento, dejando abierta esta posibilidad; por otra parte, propone el desarrollo y fortalecimiento de un sistema de servicios financieros con una estructura que alcance los niveles locales y que utilice mecanismos hasta ahora incipientes, tales como ONG, Cooperativas para realizar funciones de intermediación.

(2) Además de la política de financiamiento rural se destaca la política de desarrollo tecnológico, se pretende dar respuestas en tres dimensiones: “permitir identificar

10

nuevas oportunidades de emprendimientos económicos en el medio rural, alinear productos con los cambios permanentes que los mercados exigen; todo ello actuando como el conjunto de la cadena alimentaria”. Se destaca en esta política, la importancia de la zonificación agro ecológica para una mejor orientación de las actividades productivas. Como instrumento de desarrollo tecnológico se mencionan dos áreas temáticas: i. Generación, captura y validación de tecnología ii. La transferencia de tecnología.

En el primero se recoge y amplía el marco conceptual ya desarrollado en el programa de modernización de los servicios públicos agropecuarios (PROMOSA); no obstante, el actual fondo “Recurso de Apoyo a la Investigación Agropecuaria (RAIA), se plantea transformar en un fondo de desarrollo tecnológico que esperamos que tenga mayor agilidad y fondos disponibles. Paralelamente a lo anterior se plantea “ estudiar la generación de un instrumento legal orientado a estimular la inversión, generación y validación de tecnología por parte de las empresas privadas donantes”. Por tratarse de un mecanismo de deducción de impuestos, equivalente al monto donado para la investigación, va a encontrar una fuerte resistencia de parte del equipo de finazas del Estado ya que ante un planteamiento similar presentado en 1997, hubo una actitud de rechazo; sin embargo esta modalidad ya está adoptada en otros países de Latinoamérica. Plantea la concurrencia concertada del Estado, primeramente, con normas y regulaciones, funcionamiento del sistema, asignación de recursos, seguimiento y evaluación de los resultados; segundo, de los usuarios actores principales a partir de un control social del seguimiento y evaluación del sistema; y tercero, los prestadores de servicios de asistencia técnica, ejecutores de la asistencia técnica en el campo. En el caso de los pequeños productores se propone, primero un programa de asistencia técnica básica donde la tecnología no es percibida como un factor de cambio; y segundo, un servicio de asistencia técnica asociativa y las granjas de producción sostenible.

(3) Como tercera política de reconversión productiva está la de recursos hídricos y de

riego con tres instrumentos principales. Primero, la readecuación del rol del estado orientándose ahora a su rol de facilitador, estimulando la participación de los productores en las iniciativas de inversión, administración y mantenimiento de obras. Segundo, la transferencia de los sistemas públicos de riego a las asociaciones de regantes. Hasta aquí ambos instrumentos han sido puestos en practica en Panamá disponiéndose de experiencias acumuladas en ese sentido.

Se plantea un tercer instrumento de tipo legal “que permita fomentar la inversión privada en riego. Sobre la base de un aporte directo a las “inversiones”, para materializarlo se plantea la creación de un “ fondo concursable “al cual, los productores deberán presentar proyectos específicos”; el fondo financiará parcialmente las inversiones. Este esquema, será el costo que los productores tendrán que pagar a una llegada tardía del riego a Panamá. Algunos países lo hicieron en los

11

años 20, otros en los 30, y otros en los 40, pero todos como parte de la infraestructura civil de carácter público. Por esta vía vislumbramos que los proyectos de riego se circunscribirán a pequeños y medianos proyectos de riego individuales, o de pequeños grupos sin economías de escala. Esta última política pudiera ser funcional para aquellos países en los cuales el Estado ya ha construido los canales primarios y secundarios del sistema de riego, y se necesitan inversiones complementarias hasta el nivel predial.

2. Modernización de los servicios públicos agropecuarios La modernización de los servicios públicos implica una racionalización e integración de funciones similares de concentración de recursos y funciones, un aumento de la eficiencia del servicio, con una nueva orientación a la demanda, implica una descentralización de las decisiones y reeducación del funcionario en destreza tecnológica, administrativa y tecnología de punta. El PPR presenta, como una de las políticas centrales, la de modernización del servicio de sanidad agropecuaria y seguridad productiva, así como la de accesos a activos para la autogestión; la primera esta asociada a la apertura de fronteras y al desarrollo a una capacidad agro exportadora, y guarda relación con riesgos adicionales que representa el transporte de mercancías a través del Canal de Panamá por la zona de tránsito y sus puertos terminales, como centro de trasbordo y manejo de carga aérea. Situaciones que implican un mayor riesgo de entrada de enfermedades y plagas al país, que se agravan con la escasa vigilancia de tres mil kilómetros de costas y fronteras. Como elementos destacables el PPR, establece la necesidad a que dichas políticas tengan “una alta permanencia en el tiempo y que su aplicación se haga con una fuerte rigurosidad técnica, que garantice un sistema de certificaciones confiables”. A tal efecto se identifican tres acciones centrales: (i) El programa de agricultura limpia y de calidad, enfocado al mercado externo, garantizándose un sistema de etiquetado y certificación para la agricultura orgánica, transgénica u otra, generando normas, sistemas de promoción y certificación con estándares internacionales; certificación con denominaciones de origen. (ii) Un Fondo de fomento y protección de patrimonio sanitario que pretende involucrar al sector privado en el financiamiento y en dichas iniciativas, orientadas a preservar y ampliar el patrimonio ambiental. (iii) Campañas de prevención y erradicación. Los tres puntos anteriores se encuentran en ejecución, desarrollo y consolidación dentro del Programa de Modernización de los Servicios Públicos Agropecuarios (PROMOSA) y de otras acciones del MIDA. La otra política de modernización, que define el PPR como de acceso a activos para la autogestión, va orientada a la continuación y a la expansión de la experiencia de la titulación masiva de tierras; además de haber representado un salto tecnológico en la generación de títulos de propiedad, representa el mejor ejemplo de un nuevo servicio orientado a la demanda, y -en efecto- garantiza la seguridad de la tenencia de la tierra y la generación de instrumentos específicos para el acceso al crédito y asistencia técnica. El alcance de este programa va de la mano del perfeccionamiento de la zonificación agrícola con el objeto de optimizar la orientación de la producción agrícola, tomando en cuenta factores espaciales.

12

3. Apertura de mercados El PPR la incluye en el eje estratégico: “ampliación del comercio agropecuario y desarrollo de nuevos mercados”. Se plantea que, sin comercio no hay opción de producir en forma sostenible desde una perspectiva económica y al partir de este eje estratégico, se hace imprescindible el proceso de transformación y reconversión productiva. La política que desarrolla este eje estratégico es la política de comercio agropecuario y de mercados. Las nuevas exigencias de las reglas de juego del comercio internacional implícitas al adherirse Panamá a la OMC, implicarán compromisos en materia de política comercial, arancelaria y los plazos y niveles de degradación para los distintos rubros. De hecho las exigencias adicionales en materia de desgravación arancelaria, incluidas en cartas de intención de organismos internacionales a mediados de los noventa y honradas por el gobierno anterior, no son mencionadas en el PPR, lo que indica que como política de apertura el Gobierno Panameño ha decidido caminar a un ritmo de adecuación mas lento y lógico, tal cual se ha negociado con la OMC. La política de comercio exterior y mercados externos establece los siguientes siete elementos principales:

i) Integración y articulación de la política sectorial con las otras instancias institucionales y normativas que intervienen en la configuración de las políticas e incentivos aplicables al comercio exterior (VICOMEX, MIREX, MICI entre otros).

ii) Ampliación y profundización de los acuerdos comerciales de naturaleza regional

y bilateral, alineándolos con lo establecido en la Ley 23 que permitió la incorporación del país a la OMC y con los diversos acuerdos comerciales que el país posee.

iii) Generar un cambio de énfasis en los mecanismos de fomento a las exportaciones

sectoriales, complementando el Certificado de Abono Tributario (CAT) con un Apoyo a las Inversiones Productivas, orientadas a la generación de un capital productivo con alta tecnología incorporada y capaz de generar producciones más competitivas en los mercados externos.

iv) Establecer que la apertura y desarrollo de los mercados externos es una función

del país que solo puede ser llevada adelante con la concurrencia concertada de los productores, el Estado y los exportadores. En esta perspectiva, la creación y uso de un Fondo de Fomento a las Exportaciones puede ser un mecanismo que viabilice la apertura de nuevos mercados para los productos agropecuarios, apoyando a los productores en la agregación de valor a sus productos, en el transporte, la difusión, la gestión, entre otros aspectos.

13

v) Con relación a los acuerdos comerciales que el país está construyendo, es relevante el establecimiento y uso de mecanismos de resguardo para enfrentar distorsiones en los precios y prácticas de comercio desleal, integrando ambos aspectos a un conjunto coherente de normas y regulaciones que faciliten la operación de mercados más transparentes e informados.

vi) Es relevante señalar que la sanidad agropecuaria y la seguridad productiva son

esenciales para abrir nuevos mercados e incrementar el comercio internacional de productos primarios, asumiendo un manejo riguroso de la calidad de los productos generados.

vii) Es necesario reforzar los mecanismos financieros asociados al comercio exterior,

y de ser posible, se podrá apoyar desde el Estado la creación de mecanismos de seguros y garantías para facilitar el comercio externo, a condición de que éstos sean operados por instituciones privadas. Asimismo, se estudiará la posibilidad de ampliar los usos comerciales de los documentos de pago vinculados al comercio exterior.”

Para la ejecución de las políticas arribas expuestas se identifican dos elementos instrumentales principales: Seguridad para los productores: Esta área es fundamental para generar un clima de confianza y seguridad que permita a los distintos actores proyectar sus actividades económicas en un horizonte de mediano plazo, condición indispensable para el desarrollo de inversiones e iniciativas de reconversión productiva. En esta perspectiva, se propone mantener o desarrollar los siguientes mecanismos: Instancias permanentes de consulta y diálogo público y privado. Instrumentos asociados a los acuerdos OMC (salvaguardias, derechos compensatorios, antidumping)1. Finalmente, el Fondo de desarrollo de productos. Desarrollo de mercados externos: En esta perspectiva se propone el desarrollo de los siguientes mecanismos: mesa de trabajo de comercio exterior; Catastro de barreras; Fondo de Fomento a las Exportaciones; Servicio de Certificación de Productos de Exportación. En cuanto al desarrollo del comercio y mercado interno no se incorporan nuevos elementos, pero sí se introduce el fomento a la agricultura de contrato. La apertura del mercado Panameño y el fomento a las exportaciones esta íntimamente vinculado a la reconversión productiva; sin ésta cualquier momento de apertura es desatinado y las exportaciones carecerán de posibilidades competitivas; razón por la cual insistimos en que la reconversión productiva debe ser el punto focal de mayor esfuerzo inmediato, sin descuidar la aplicación de alguna de las políticas relacionadas con el comercio exterior. 1 Corresponden a mecanismos que están disponibles para contrarrestar los efectos de las distorsiones comerciales que se generan por imperfecciones en el funcionamiento de los mercados agrícolas y para enfrentar la competencia desleal.

14

4. Desarrollo rural El Plan Panamá Rural (PPR) incorpora el concepto de desarrollo rural a lo largo de su estrategia y políticas e instrumentos. El eje estratégico de búsqueda de una mayor equidad en el medio rural, desarrolla un conjunto de políticas orientadas a la “superación de la pobreza y desarrollo rural”. El 59% de los habitantes de las áreas rurales son pobres y engloban alrededor de 130,000 familias rurales, de las cuales 28,000 son indígenas. En este caso el porcentaje de habitantes pobres esta cercano al 95%. Para superar estos problemas el PPR plantea tres enfoques estructurales:

(1) La ampliación del capital humano y social, como eje de desarrollo, implica estimular la participación social, edificar capacidades individuales y de las comunidades locales, para una mejor promoción de la gestión social.

(2) La valorización del territorio como espacio de acción, orientada a reducir las disparidades regionales en materia de infraestructura básica y servicios.

(3) Una intervención de servicios y de acciones de naturaleza sistémica e integral, orientada a atender producción, trabajo e ingreso; satisfacción de necesidades básicas y desarrollo de infraestructura, conservación ambiental y edificación de personas y organizaciones.

Este enfoque coincidía mejor con los postulados de la política social planteadas inicialmente por el actual gobierno (período 1999 – 2004) en donde se planteaba una política de descentralización del estado y fortalecimiento de los gobiernos locales. Los principales mentores e impulsores de esta política se han ido separando de las responsabilidades vinculadas al tema, lo cual dificulta el ambiente para la política de desarrollo rural del PPR, ahora con un apoyo de los otros sectores del gobierno, menos entusiastas hacia la misma. Los instrumentos definidos para el logro de las políticas enunciadas son los siguientes:

(1) Instrumentos orientados al logro de Organizaciones locales participativas, sustentables y democráticas Es un conjunto de instrumentos orientados a ampliar el capital social, a desarrollar y promover la dimensión participativa de los habitantes rurales, y a generar en el ámbito local: (i) capacidades sociales para identificar, analizar y abordar problemas locales de variada índole; (ii) capacidades para gestionar y administrar acciones de desarrollo local; (iii) mayores liderazgos democráticos; y (iv) mayor control social de las acciones empeñadas. Para el logro de lo anterior, es necesario hacer disponible una batería de instrumentos, de los cuales cabe señalar: - Sistema de apropiación social: corresponde a un conjunto de ejercicios y mecanismos de aprendizaje de naturaleza participativa, estructurados de tal manera que los propios habitantes rurales los que desarrollen y apliquen un proceso de reconocimiento de sus fortalezas y debilidades como grupo, así como de las oportunidades y amenazas que existen en el entorno local.

15

- Sistema de planeación local participativa: es un conjunto armónico de metodologías y procesos que, al ser aplicados por las organizaciones locales, permite identificar, priorizar, orientar y gestionar las intervenciones de desarrollo, levantando los requerimientos de recursos tecnológicos, financieros y de alianzas operacionales. - Sistema de supervisión social: es un instrumento clave para profundizar la participación de los usuarios, dado que agrupa un conjunto de acciones y procedimientos orientados a dar un acompañamiento estrecho a las obras y emprendimientos productivos que se realicen. Este sistema permite detectar dificultades y riesgos asociados con la ejecución, facilitando la introducción de correcciones oportunas.

- Sistema de organización y gestión democrática: se entiende por tal un conjunto integrado de prácticas simples de segmentación del trabajo, de administración, y de mecanismos de toma de decisiones, diseñados de forma tal que con su aplicación se permita reforzar la naciente organización local, generando una gestión transparente y participativa de los recursos y bienes disponibles. Desde otra dimensión se debe fomentar la participación de los sectores tradicionalmente excluidos, a fin a que participen de las decisiones concernientes al desarrollo local y nacional.”

Cabe señalar que el día 24 de enero del presente año el BID acaba de anunciar un préstamo piloto orientado a la descentralización municipal en 7 municipios de cierta importancia. Creemos que si bien esto no lo es todo, representa un esfuerzo en la acción directa y complementaria a este punto enunciado en el PPR. El siguiente instrumento se refiere a:

(2) Instrumentos orientados a la ampliación y mejoramiento de la base económica y productiva local y a incrementar la sustentabilidad ambiental de dichos procesos Es un conjunto de instrumentos orientados a lograr más y mejores producciones para el autoconsumo y los mercados, más y mejores productos no alimentarios (artesanía, servicios, etc) dentro de un marco armónico de uso del capital natural disponible. Para ello se busca ampliar el capital productivo que usan las familias rurales pobres e indígenas, mejorando sus capacidades y conocimientos para desarrollar producciones agrícolas y no agrícolas, y participar en empleos remunerados. Para el logro de lo anterior, se hace necesario la aplicación de los siguientes instrumentos:

- Servicios e instrumentos de apoyo para ampliar el acceso a los mercados: sistemas de información, mesas de negocio, centros de acopio, estímulos a la agricultura de contrato, y desarrollo de mercados para producciones no agrícola. - Servicios de asistencia técnica básica y capacitación en producción y gestión: Tienen por objeto apoyar el incremento y diversificación de la producción agrícola y no agrícola por cuenta propia, en vistas a mejorar el autoconsumo familiar y generar excedentes para el mercado. Asimismo, este instrumento está orientado a asesorar a las personas y las familias en el tratamiento de las áreas degradadas o en situaciones de riesgo, y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.

16

- Establecimiento de Granjas de Producción Sostenible: Corresponde a módulos de producción que se lleva a cabo unidades asociativas, o bien, en las parcelas de los propios productores. Se desarrollan con fines demostrativos y para la generación de productos orientados al autoconsumo y al mercado. - Fondo de microproyectos (productivos, de manejo sostenible de los recursos naturales y de recuperación ambiental). Tiene por objeto crear un Fondo para apoyar el desarrollo de pequeños emprendimientos económicos asociativos, en el ámbito agrícola y no agrícola (producción primaria, agregación de valor, transformación, artesanía, agroturismo, servicios, etc.) y de manejo ambiental, poniendo a disposición micro créditos y bonificaciones. A través de ello, se busca ampliar las oportunidades de crédito para la generación de ingresos en sectores que no tienen acceso a las fuentes de financiamiento tradicionales (incluyendo jóvenes, mujeres e indígenas), así como a las bonificaciones para inversiones, con énfasis en el área de riego. Al mismo tiempo se busca fomentar iniciativas de preservación y reconversión del medio ambiente. - Programa de capacitación laboral orientado a abrir mayores oportunidades de inserción laboral, agrícola y no agrícola, que atienda preferentemente a las mujeres rurales, la juventud y las poblaciones indígenas.

La mayoría de estas actividades ya se están realizando, en una u otra forma, en programas tales como el de Pobreza y Desarrollo Rural financiado por Banco Mundial, Triple C financiado por el FIDA, etc; de lo que se trata es ampliar los mismos e introducir nuevas modalidades de trabajo o acción. El PPR establece como tercer instrumento:

(3) Aquellos orientados al mejoramiento y desarrollo de la infraestructura básica y los servicios esenciales Es un conjunto de instrumentos orientados a: (i) ampliar la dotación de caminos, comunicaciones, agua potable, energía eléctrica, escuelas, centros de salud, y centros deportivos; (ii) ampliar y mejorar los servicios de transporte, salud, educación etc., conducentes a expandir la habitabilidad de los Distritos, Corregimientos, Comunidades, y Comarcas Indígenas. Para tal efecto, se destacan los siguientes instrumentos. - Fondo de inversión social local: Tiene por objeto, financiar pequeños proyectos de construcción y reposición de infraestructura básica de la comunidad o del área territorial en que ésta se encuentra. Las inversiones son financiadas a través de una bonificación que cubre un porcentaje del costo total, mas el aporte propio de las comunidades, el cual se puede dar con aporte de trabajo, especies o dinero. Los recursos así generados pueden combinarse con los recursos disponibles en el Fondo de Inversión Social (FIS) de la Presidencia de la República, para emprender proyectos de mayor envergadura. - Establecimiento de Convenios de Cooperación para la inversión local: corresponde a Convenios que se suscriben entre la Organización local de los Corregimientos y de las Comarcas, y las instancias públicas particulares especializadas en el desarrollo de los diferentes tipos de infraestructura y servicios básicos (caminos, energía eléctrica, agua, etc.). Mediante estos Convenios, las

17

Organizaciones locales reciben el respaldo técnico para desarrollar obras, y las instancias públicas aportan capacidades técnicas y financieras según sus propias capacidades. - Programa para poblaciones de atención especial: orientado a promover actividades de producción agrícola y no agrícola que generen ingresos y fomenten la incorporación y participación de las mujeres, jóvenes e indígenas.

También en este caso existen distintos programas y proyectos en curso que desarrollan los instrumentos de políticas arribas expuestos. Estos son: Proyecto de pobreza y desarrollo rural, Pro-Darién/FIDA, Triple C, el Programa de Granjas autos sostenibles y el Programa de desarrollo sostenible de Darién. El fondo de Inversión Social (FIS) juega un rol central y complementario de esta política, que de no articularse debidamente el PPR, sería seriamente afectado. El PPR fue presentado1 y discutido en el Consejo de Gabinete del Órgano Ejecutivo, hecho que crea condiciones para facilitar la articulación íntima con las otras instituciones de estado; este acto formal debe traducirse en coordinación de acciones que se concretan a través de partidas presupuestarias y demás protocolos.

1 Con presencia de funcionarios de alto nivel del Istmo centroamericano.

18

IV. TEMAS PRIORITARIOS Y AREAS DE ACTIVIDAD QUE PODRIAN SER

OBJETO DE PROYECTOS DE COOPERCION TECNICA Los mismos se plantean como actividades exclusivas de la FAO o para acciones concertadas con otros organismos o centros especializados, bajo la orientación de la FAO.

(1) No conocemos de una iniciativa orientada a provocar un consenso de partidos y corrientes políticas en torno al Plan Panamá Rural. En este sentido pudiera vincularse a experiencias locales desarrolladas por el PNUD. Esta iniciativa pretende dar sentido de largo plazo y continuidad, a un tema que, además de complicado, juega un rol estratégico en la lucha contra la pobreza y en pro del desarrollo. En este caso la FAO pudiera actuar como ente especializado en el tema y como organismo “independiente” de la iniciativa inicial, con fines de seguimiento y evaluación futura del mismo.

(2) El tema más complejo por la interrelación de actores y temas, a nuestro juicio, es la

“reconversión tecnológica”; que -como ya se señaló- cuenta con la experiencia continental de centros especializados con resultados positivos. Recomendamos una acción conjunta FAO/ISNAR, a fin de ampliar el ámbito de acción fuera de los institutos de investigación, profundizar la apropiación de la metodología por parte de las organizaciones de productores y la incorporación de las Universidades públicas y privadas en tal esfuerzo nacional. Como corolario de lo anterior:

(3) Está en marcha el establecimiento de una maestría en Extensión y Desarrollo Rural;

como parte de una iniciativa del MIDA con el CATIE. La misma debe incluir un área temática del uso de instrumentos modernos para la reconversión productiva agrícola. La FAO tiene fortalezas para reforzar esta parte. Eventualmente podría vincularse a la idea del Centro Regional de Cápacitación en Desarrollo Rural en fase de maduración.

(4) Impulsar la creación del Instituto de Silvicultura: Con la creación de la Autoridad

Nacional del Ambiente el tema de la silvicultura ha quedado relegado a un segundo plano, en atención al descomunal esfuerzo de atender el tema ambiental en toda su magnitud. Este fenómeno no es exclusivo de Panamá, ni constituye una crítica a la actual Dirección de la ANAM, pues el fenómeno se venía percibiendo sutilmente desde finales de la administración anterior, y será para la que le corresponda reemplazar a la actual. La vocación natural para la silvicultura en Panamá viene dada por las extensiones de tierras aptas para tal actividad, por las altas productividades reportadas, por la promulgación de legislaciones y reglamentaciones pendientes y de urgente ejecución; por la corta distancia de las áreas de producción a las costas; por el rápido avance de tecnologías eficientes y limpias en la producción de pulpa de papel y por muchos otros factores conocidos. Falta un ente que facilite y oriente la inversión privada dentro del concepto moderno de sostenibilidad. El ecoturismo y la silvicultura: Son las dos ramas con mayor posibilidad de impacto en las áreas rurales, con la posibilidad de que si se adoptan formas de organización empresarial incluyente de campesinos e indígenas, la silvicultura tendría mayor impacto y potencial en el desarrollo rural.

19

(5) Programa de utilización eficiente de fertilizantes: el mismo tiene alcance continental y se esbozó en 1989 dentro del marco del SELA por la Empresa Multinacional “MULTIFERT”, clausurada en 1995 y con sede en Panamá. Desafortunadamente por razones conocidas por la FAO, la iniciativa se suspendió. Este esfuerzo se puede compartir con el Centro internacional de Desarrollo de Fertilizantes (IFDC) en Muscle Shoals, Alabama (USA), el cual cuenta con tecnología de punta en este campo, equipo de expertos con programas de capacitación, laboratorios especializados y una íntima relación con la industria. Todos los temas abordados como carencias del país son de conocimiento profundo del centro mencionado; incluyendo el tema del puerto agrícola. La FAO tiene experiencia en programas exitosos de este tipo, ejecutados en Panamá a mediados de la década del sesenta.

(6) Diseño y asesoría para el programa de campesinos minifundistas de áreas suburbanas:

Este programa, típico de desarrollo rural, pretende adecuar sistema de producción para el minifundio circundante a las urbes con paquetes tecnológicos especializados y propios a sus condiciones; sería una nueva versión de las granjas sostenibles pero con un carácter de masividad. Podría incluir un sistema de producción con plasticultura, cultivos hidropónicos, especies menores y producción artesanal de artemia salina con fines de obtener proteína barata de alta calidad, a manera de ejemplo.

(7) Continuación del programa de alimentos: Este programa ha sido uno de los más

exitosos en Panamá, con uno de los impactos en la población marginada y en áreas de extrema pobreza más significativa. Hay que buscar la forma de ampliarlo, en combinación con otras fuentes nacionales, si esa fuera la restricción.

(8) Refuerzo de la capacidad de ejecución programática y presupuestaria de las

Instituciones Estatales: Las cifras demuestran una seria preocupación por la baja capacidad de ejecución del presupuesto de inversiones del sector agropecuario. Las razones son variadas: desde la incertidumbre que producen tres o cuatro recortes presupuestarios durante el año, hasta cambios constantes del personal responsable de los proyectos, pasando por la baja interiorización de los ejecutivos de los detalles de los proyectos, la asignación tardía de recursos (con su la consecuente pérdida del período de la estación seca) para la realización de ciertas obras básicas o en áreas inaccesibles; la escasa preparación del personal en control y seguimiento de proyectos y la inexistencia de programas (software) para la automatización de los seguimientos y reprogramaciones constantes, etc. La utilización de entes Administradores ha ayudado significativamente en este sentido, pero no es aplicable el sistema para fondos con asignaciones exclusivas del Gobierno Central y a la Contraloría General de la República no se le permite emular estos sistemas para proyectos, ni siquiera para áreas aisladas de difícil acceso. El volumen de innovaciones que introduce el PPR rebasa y complica la baja capacidad de ejecución en el sector.

(9) Apoyo a la iniciativa de manejo de la Cuenca Oriental del Canal de Panamá. Esta iniciativa se viene gestando por la FAO y el Banco Mundial, pretende inducir un enfoque de desarrollo rural con responsabilidad de los recursos naturales, en especial el hídrico. Se sostiene que el desarrollo de la ganadería extensiva puede reorientarse y convivir con las actividades de manejo de los recursos hídricos, y haciéndola

20

compatible con la capacidad agrológica de los suelos. Este es un programa visto con simpatía por la Autoridad del Canal de Panamá quién ha dado el apoyo inicial necesario para su posterior apropiación, teniendo como ejecutor el MIDA y dentro del marco de la Comisión de Coordinación Institucional de la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá.

Los puntos 3, 5, 6 y 7 impactan directamente al Desarrollo Rural; e indirectamente los puntos 1, 2, 4, 8 y 9.

21

BIBLIOGRAFÍA

ARDITO BARLETTA, N. Exportaciones y balanza de pagos en Panamá. En La Prensa. 30 dic. 2001. p 29 A. CAMPOS, D. Los retos del nuevo año. Indicadores fiscales. En La Prensa. 31 dic. 2001. p 29 A. ESPINO, D. ; SALAS, A. Análisis de las políticas y prioridades de transformación del sector agropecuario. V Borrador. Agosto 2001. 31 pág. Inédito. IICA. Panamá: Sector Agropecuario, diagnóstico y propuestas. junio 1992. 160 p. Contraloría General de la República. Panamá en Cifras. Años 1995-1999. Octubre 2000. p 284. Contraloría General de la República. Censos nacionales de población y vivienda. 14 mayo 2000.Vol. I y Vol. II. MEF. La economía panameña Situación y perspectivas. Informe de coyuntura. Trimestres I, II y III. MIDA. Plan Panamá Rural, 2001-2004. Estudio de Cadenas agroalimentarias. 2001. 50 p. MIDA. Memoria 2000. Dic. 2000. 143 p. MIDA. Plan Panamá Rural. 2001-2004. Orientaciones estratégicas para el Desarrollo Agropecuario y el Medio Rural. 2001. 40P.