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Tribuna
InterpretativaEl porqué de la actualidad
VII- JunIo 2013
/tribunainterpretativacom@tribunaint
La democracia española, como casi
todas las democracias avanzadas del
planeta, se basa en el principio de
separación de poderes. Esto quiere
decir que Gobierno (poder ejecutivo),
Parlamento (poder legislativo) y
jueces (poder Judicial) han de ser
independientes entre ellos y no debeninluenciarse salvo para controlarse
mutuamente. En España, no obstante,
se puede observar como esta máxima,
no se cumple demasiado bien. Más
allá de la inluencia que ejecutivoy legislativo tienen sobre el poder
Judicial, tanto el Parlamento como
el Gobierno inluyen más de lo que
deberí�an en órganos que en apariencia,deberí�an ser independientes. Un
ejemplo son las televisiones públicas,
que salvo contadas excepciones, tanto
en contenido como en sus cargos
directivos se deja notar la inluenciadel partido gobernante. ¿Y qué decir
de las cajas de ahorro o algunas
empresas públicas? Parece que nunca
puede faltar la representación polí�ticaen todos sitios.
Diseño de Fernando Palacios Dueso
La infuencia real de la políca en los órganos judiciales y en las cajas de ahorro
Ideas y representantes polícos medos en las empresas y los medios de
comunicación públicos
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ace más de tres siglos,
primero J. Locke y después
Montesquieu y otros
pensadores de la Ilustración
destacaban la importancia de la
separación de poderes en un Estado. La
limitación y el control entre lo mismos
poderes, lo que el mundo anglosajón
denomina “checks and balances”, se
basa en una diferenciación clara entre
el poder ejecutivo, el poder legislativo
y el poder judicial. Todas estas teorí�asencuentran en la democracia liberal
su experiementación más longeva, al
menos a nivel constitucional. Así�, ladivisión de poderes se propugna junto
con el Estado de derecho como uno de
los pilares del sistema polí�tico actual.
El artí�culo 1.2 de la Constituciónespañola menciona los distintos
poderes del Estado y el 1.1 lo deinecomo Estado social “de derecho”.
Según el diseño institucional, las
Cortes controlan al gobierno y el poderudicial está llamado a ser el garante
de los derechos y libertades de los
ciudadanos, así� como a controlar lasnormas que emanan del Parlamento
y del gobierno y las actuaciones de
los poderes públicos. Sin embargo, la
teorí�a dista de la práctica, al menos enel estado español. La tarea del tercer
poder de “juzgar y hacer ejecutar lo
uzgado” no siempre es imparcial,
H
La politización de la justicia
En España la mayor parte de los miembros de los Altos Tribunales
son escogidos directamente por los representantes políticos. Al fnal se
demuestra que puede ser perjudicial para la salud democrática.
conviertiendo a menudo el sistema judicial en un
atolladero polí�tico. Esto sucede especialmente cuandolos partidos polí�ticos no consiguen ponerse de acuerdosobre un tema espinoso, y deciden llevarlo ante la justicia,
con la conianza que su independencia e imparcialidadlegitimará su resolución. Así�, consecuencia inevitablede la judicialización de la polí�tica, la politización de lajusticia es más habitual al tener que resolver en un foro
supuestamente independiente -el judicial- una cuestión
de í�ndole polí�tica e ideológica. Así� se pronunciaba elTribunal Constitucional (TC) en el auto de 19 de julio de2011 ante una cuestión de inconstitucionalidad sobrela legislación hipotecaria de un juzgado de Sabadell. El
Tribunal airmaba que “ni corresponde valorar a éste-TC- por ser materia de la exclusiva competencia dellegislador, dentro de cuyos lí�mites constitucionalesdispone de un amplio margen de libertad de elección
que este Tribunal ni puede ni debe restringir.”
La politización del poder judicial se argumenta a
menudo por la composición del órgano de gobierno de
los jueces, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Su elección, con un proyecto de reforma en marcha,
determina además la tendencia de otros tribunales de
alto rango, como son el Tribunal Supremo (TS) y los
Tribunales Superiores de Justicia de las ComunidadesAutónomas.
Tampoco está exento de polémica el Tribunal
Constitucional, cuyas mayorí�as “progresistas” o“conservadoras” según el momento anticipan sus
veredictos. A pesar de no formar parte del poder
judicial, el Tribunal Constitucional determina laadecuación de las leyes a la Constitución. La legalizaciónde partidos como Sortu o Bildu han sido claros ejemplos
del equilibrio de fuerzas dentro del tribunal. Si bien
la Ley Orgánica de Libertad Sindical prohí�be en suartí�culo 6 la sindicación de jueces y magistrados, sí� permite la existencia de asociaciones de jueces para la
defensa de sus intereses profesionales. De este modo, la
judicatura cuenta con cinco asociaciones mayoritarias
de jueces y magistrados, entre las que destacan la
Asociación de Profesionales de la Magistratura (APM),de ideologí�a conservadora, Jueces para la Democracia(JpD), de tendencia más progresista, y la Asociación de
Jueces Francisco de Vitoria (AJFV). Estas asociaciones
participan en la elección de los miembros del CGPJ y, deforma indirecta, en la designación de los miembros de
los altos tribunales, y son las que, al in y al cabo, loscondicionan ideológicamente.
El Ministerio Fiscal es otro de los elementos que
arrojan una imagen de partidismo y politización de la
justicia. Encargado de defender el interés público, la
iscalí�a responde a un estricto criterio jerárquico, con elmás alto cargo -el Fiscal General del Estado- designado
por el gobierno. De este modo, la obediencia a las
directrices del poder ejecutivo es evidente, como se vio
recientemente con el cese del Fiscal de Catalunya por
unas polémicas declaraciones acerca de la viabilidad de unaconsulta sobre la independencia.
Otra de las anomalí�as de la división de poderes son losindultos. Esta “acción de gracia” es una clara injerencia del
Gobierno en las decisiones del poder judicial. Sin necesidad
siquiera de justiicar su conveniencia, el Gobierno puedeemitir indultos de forma total o parcial. Se entiende la
existencia del indulto como una modulación a posteriori
de la pena, que en ocasiones puede revertir una situación
de inequidad creada sin embargo por la correcta aplicación
de la ley. Así�, el indulto está llamado a paliar situaciones dedesproporcionalidad de la pena de forma excepcional. Pero
últimamente la sensación de impunidad de ciertos sectores
de la sociedad está escandalizando a la opinión pública. En
una conferencia del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelonasobre la problemática de los indultos en la actualidad, elLos miembros del TC son elegidos por los principales pardos. Wikimedia
La tarea de juzgar y ejecutar lo juzgadono es siempre imparcial y convierte el
sistema judicial en un atolladero político
Alberto Ruiz Gallardón, actual ministro de Juscia. Wikimedia
Irene Escorihuela
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abogado Andrés Maluenda señalaba el
aumento indiscriminado de indultos
a funcionarios de la Administración
Pública (llama la atención el doble
indulto a Mossos d'Esquadra) y a
miembros de la clase polí�tica. Estogenera dudas sobre su conveninencia
en la actualidad, y desde luego no deja
en buen lugar el sistema de justicia,
que se presenta como ineicaz ante lavoluntad del gobierno.
Por último, cabe señalar la
actuación de los jueces, que en su dí� a adí�a resuelven pleitos bajo el principiode independencia e imparcialidad. A
pesar de ello, a la hora de la verdad se
sabe qué jueces son más proclives a
ciertas resoluciones, y cuáles resuelven
con más dureza. Al in y al cabo, esinevitable que el punto de vista de cada
operador jurí�dico varí�e en función desu escala de valores. El “interés público”
puede tener signiicados divergentessegún el ángulo desde el que se mire.
Respuestas judiciales dispares están
teniendo lugar con las ejecuciones
hipotecarias. También fueron muy
controvertidas, por ejemplo, la libertad
condicional de Félix Millet, y la entrada
en prisión preventiva de los jóvenes
estudiantes por la huelga general del
29 de marzo de 2012.El poder judicial, garante de los
El juez Garzón ha sido cricado durante su carrera tanto por socialistas como conservadores. Derechoconstitucional.es
derechos y de las libertades, adquiere
un gran rol de legitimación del sistema
polí�tico. En el momento en el que laciudadaní�a desconfí�a de los órganosque imparten justicia, las relaciones
entre los distintos actores sociales e
institucionales entran en una nueva
dimensión. La importancia del buen
funcionamiento del poder judicial
en una democracia liberal como la
española -no estamos hablando del
modelo ideal de justicia- radica en la
necesidad de que el Estado tenga el
monopolio de la justicia, y se juzgue
y haga ejecutar lo juzgado. En este
sentido, son varias las cuestiones a
tener en cuenta. Por ejemplo, que
el sistema sea efectivo y que se
juzguen los delitos y se les imponga
la pena, si corresponde, y que ésta se
ejecute. Sin embargo, son evidentes
las presiones que recibe el poder
judicial cuando se juzgan iguras dela clase polí�tica o económica. Por otrolado, es importante que el sistema
sea justo y que la tipiicación de losdelitos (tarea del poder legislativo)
no sea excesiva, que intente ayudar
al principio de resocialización de
la pena. Estrechamente ligado a
esto, es imprescindible que sea un
sistema igual para todos, se tengan
más o menos recursos, y que no haga
excepciones. Por un lado, se critica
que el actual sistema judicial tiende a
condenar más los delitos comunes que
los relacionados con la corrupción o
los económicos, penalizando siempre
las clases más desfavorecidas, y
criminalizando especialmente las
actuaciones de protesta social. Al
mismo tiempo se denuncia un doble
rasero a la hora de aplicar las penas,
que se agrava con los mencionados
indultos. Además, las tasas judiciales
han generado un fuerte debate sobre
el derecho al acceso a la justicia.
Los indultos son, paramuchos, una clara injerencia
del poder político en elsistema judicial
Es evidente “el papel central
que el derecho y el discurso
jurí�dico tienen en la articulación yreproducción de las relaciones de
poder que atraviesan la sociedad”.
Así� empieza la introducción al libro“No hay derecho(s)” que junto a
Jaume Asens denuncia la ilegalidad
del poder en tiempos de crisis.
Para Gerardo Pisarello la
independencia del poder judicial
deberí�a preservarse como unagarantí�a precisamente para laspersonas que no gozan de una
situación privilegiada y así� poderincidir en la articulación de las
leyes. Es decir, el sistema judicial
deberí�a servir para proteger a los másdébiles.Sin embargo, la interpretación
tradicional de los derechos ha sido
muy restringida, poniendo el acento
en la libertad individual antes que en
las necesidades colectivas. Así�, unaconcepción social de los derechos
nos llevarí�a por ejemplo a dejar de
"El sistema judicial debería servir
para proteger a los más débiles"
Gerardo Pisarello, profesor de derecho constitucional en la Universidad deBarcelona y vicepresidente del Observatori DESC.
Las reformas que plantea el ministro
de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón
suponen un importante cambio en el
sistema de elección de los miembros
del Consejo General del PoderJudicial, el órgano de gobierno de
jueces y magistrados. La importancia
de éste órgano radica en su poder
para elegir los jueces y magistrados
que conformarán los altos tribunales
(Tribunal Constitucional, Supremo ySuperior de algunes Comunidades).El ministro popular pretende
dejarlo todaví�a más en mano de los
partidos. Sus 20 vocales son elegidospor el Parlamento entre juristas de
reconocido prestigio.
Recientemente, el ministro ha
elaborado un texto contemplando
la elección directa por las cámaras,
limitando la criba previa por parte de
los jueces. Su objetivo con este nuevo
proyecto de ley es “despolitizar” la
justicia, airmando que limitandola intervención de las asociaciones
de jueces, representantes de
determinadas ideologí�as, el procesoserá más imparcial. También se
prevé que sólo 6 en vez de los 20vocales -la comisión permanente-
se dediquen a tiempo completo, y
se elimina también la autonomí�apresupuestaria del órgano.
La controversia ha sido tal
que Jueces por la Democracia, la
asociación progresista de jueces,
ya ha anunciado que no propondrá
ningún juez en señal de protesta.
Asimismo, los presidentes de las
Audiencias Provinciales quieren
denunciar el proyecto ante
diferentes estaments europeos. El
informe europeo de la Asociación
Europea de Jueces, que asegura
que la reforma en marcha pone en
peligro la independencia del poder
judicial.
Modifcación del Consejo Generaldel Poder Judicial (CGPJ)
Se ha puesto el acento en lalibertad individual antes queen las necesidades colectivas.
considerar la propiedad privada
com un derecho absoluto e
introducir lí�mites en base a suuso social del artí�culo 33.2 de laConsitutución.
La ideologí�a dominante hastael momento ha propiciado que el
poder judicial actúe en base a una
concepción polí�tica determinada.El caso de los desahucios es muy
clariicador: ha habido sentenciasvalientes aceptando la dación en
pago en base a una visión más
garantista de los derechos, pero
la gran mayorí�a han perpetuadola desigualdad deudor-entidad
bancaria.
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Televisiones públicas
al servicio de unos
pocos
La televisión en España nació, cono
en Europa, con vocación de servicio
público. Surgieron como un monopolio
público del Estado. En nuestro paí�ssolo existí�an dos canales, el 1 y el2, hasta que en 1983 se aprobó laLey reguladora del Tercer Canal deTelevisión, siendo éste el inicio de
las televisiones autonómicas. Pese
a que la sombra de la sospecha se ha
cernido siempre sobre las televisiones
públicas, tanto autonómicas como
estatales, es ahora cuando realmente se
ha puesto en juicio su imparcialidad y
la politización que sufren. Telemadrid,
Radio Televisión Valenciana y Radio
Televisión Española son algunos
casos de los casos en los que la
instrumentalización polí�tica se hacemás palpable.
La opulencia de RTVV
Radio Televisió Valenciana (RTVV) es
el medio de comunicación encargado
de la emisión de la televisión y la radio
públicas en la Comunitat Valenciana.Esta corporación fue creada el 4 de
julio de 1984 aunque las emisionesregulares no empezaron hasta el 9 deoctubre de 1989, dí�a de la Comunitat
Valenciana. Contó, en sus inicios, conunos Estatutos muy ambiciosos.
Canal 9 nace durante el gobiernosocialista de Joan Lerma y el periodista
y escritor Amadeu Fabregat, director
general elegido por el Consell. Laempresa contaba con 800 trabajadoresy un presupuesto de unos 6.900
millones de pesetas (más de 41millones de euros). No existí�an losniveles de manipulación de hoy en dí�apero los socialistas se decantaron por
una cadena orientada al infoshow.
En 1995 Eduardo Zaplana, delPartido Popular, gana las elecciones
y se convierte en President de la
Generalitat Valenciana. Zaplanasabí�a del poder de las televisionespúblicas y decidió aprovecharse. A
su jefe de prensa lo convirtió en el
director general de Canal 9 y todoempezó a descontrolarse mientras los
trabajadores denunciaban algunas de
las malas prácticas sin ser escuchados.
En 2003 Francisco Camps sucede
a Zaplana y la polí�tica sigue siendola misma: hace director general a suexjefe de prensa, a la directora de
Canal 9 la hace Consellera, se siguecontratando a dedo y se dispendia
muchí�simo dinero con coberturascomo la visita del Papa a Valencia
en 2006. Se crea una televisión a sumedida: ningún valenciano se enteradel caso Gürtel por su cadena. Nada se
dice tampoco del grave accidente de
metro en Valencia de 2006.Con la reforma del Estatuto de RTVV
se establece que les Corts Valencianesescogerán, a propuesta de los grupos
parlamentarios, a ocho consejeros por
mayorí�a de tres quintos. Si se necesitarsegunda votación, una mayorí�aabsoluta (ahora del PP) valdrí�a. Laelección de los directores generales
sigue el mismo sistema.
Desde que se inició la era zaplanista
Canal 9, Telemadrid y Televisión Española son tres
ejemplos de la instrumentalización política de los
medios, que han olvidado su vocación de servicio
público. La televisión de todos es ahora de un pocos.
El pasado 3 de mayo, coincidiendocon la celebración del Dí�a Mundial dela Libertad de Prensa, la Federación
de Asociaciones de Periodistas
de España (FAPE) denunció “un
aumento de las presiones hacia
los medios y periodistas que, con
independencia y rigor, investigan
los abusos de poder, especialmente
los ligados a la corrupción”. La
presidenta, Elsa González, lamentó
las “serias trabas” que poní�an lospoderes públicos para el ejercicio
de la profesión, en un momento enel que la población demanda que se
conozcan los hechos relevantes que
implican a la clase polí�tica.En este sentido, se hizo hincapié
en las ruedas de prensa sin
preguntas, una práctica que se ha
puesto de moda en España pero
que es inadmisible en otros paí�seseuropeos porque merman el derecho
a la información de los ciudadanos.
“Los polí�ticos han buscado el atajodel silencio para vetar el derecho a
la palabra y la pregunta y hurtar al
ciudadano la respuesta a los graves
problemas que sufren”, recalcó
González.
En esta lí�nea, la presidenta deReporteros Sin Fronteras, Malén
Aznárez, pidió al Ejecutivo de
Mariano Rajoy la aprobación de una
ley de transparencia que permita
a los periodistas acceder a toda
la información pública existente,
denunciando que España “es el único
paí�s de la UniónEuropea de más
de un millón dehabitantes que no
tiene una ley de
transparencia”.
Aznárez lamentó
que si se contara
con ella no se
hubiera llegado
a la situación
g e n e r a l i z a d a
de corrupción
polí�tica yempresarial que
vive este paí�s.
Por otro lado, la nueva Ley de
Enjuiciamiento Criminal propuestapor el ministro de Justicia Alberto
Ruiz-Gallardón preocupa, y mucho,
a la prensa, que considera que se va
a limitar el derecho a la información
y a la libertad de expresión.
Asociaciones de periodistas como
la FAPE consideran que sin las
iltraciones de algunos sumarios nose hubieran conocido ni la mitad de
los casos de corrupción que se han
producido, además de considerar
que esta ley hace retroceder a
España. Por su parte, el ministro lo
niega y declara que “ en ningún caso”
la ley va a limitar el derecho a la
información.
Presiones a periodistas porinvestigar casos de corrupcion
Las contrataciones adedo de personas cercanasal gobierno eran frecuentesen Canal 9 y Telemadrid
Se han puesto en marchaEREs que afectan a la
mayoría de sus trabajadores
Laura Alonso
Concentracion FAPE en Alicante. FAPE
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hasta la actualidad la televisión se
ha sobredimensionado en todos los
sentidos, pues contaba, hasta hace
poco, con una plantilla de 1.700trabajadores y una deuda aproximada
de 1.200 millones, además del sharemás bajo de su historia (una media
de un 1%). En febrero se consumóun nuevo Expediente de Regulación
de Empleo (ERE) que dejó en la calle
a más de 800 profesionales, a los quehay que sumarles los del pasado mes
de diciembre.
Telemadrid y su poca fortuna
Telemadrid es otro claro ejemplo
de la politización de los medios.
La televisión pública madrileña
comenzó sus emisiones el 2de mayo de 1989, dí�a de laComunidad de Madrid. Cuenta
además con una emisora de radioy otras tres cadenas de televisión.
La llegada de Esperanza
Aguirre a la presidencia
de la Comunidad deMadrid en 2003 y lade Manuel Soriano
a la dirección
de la televisión
empezaron a
levantar recelos
y Oposición
(PSOE e IU),sindicatos y parte
de la sociedad civil
empezaron a poner
en duda la imparcialidad
de los servicios
informativos.
El gobierno
madrileño lo
ha desmentido
en reiteradas
ocasiones.
En los últimos
años ha habidovarios roces
entre la dirección
de la cadena y los
trabajadores. Las
polémicas entorno
al ente han sido
variadas. Dos años
después de los atentados
del 11-M, Telemadrid encoproducción con El Mundo TV
elaboró un reportaje especial sobre
los acontecimientos durante y después
del atentado. En él la carga ideológica
era muy grande, reconocida incluso
por el propio Manuel Soriano en un
e-mail enviado a Aguirre. Además, en
él se acusó a un ciudadano marroquí� deser uno de los terroristas y pertenecer
a una célula islamista, nada más lejos
de la realidad, por lo que tuvieron
que pagarle una indemnización por
injurias y calumnias.
En junio de 2011 emitieron un
documental sobre el 15-M en elque se les acusaba de violentos,
respaldándose en unas imágenes
bastante agresivas que pertenecí�ana la Huelga General griega. La última
polémica pasa por la vinculación del
nazismo y el nacionalismo catalán.
Con una cuota de pantalla que ha
disminuido en 15 puntos desde el 2000y una programación basada en las
redifusiones y en el entretenimiento su
deuda asciende a más de 261 millonesde euros. Por ello, han puesto en
marcha un ERE en el que se despedirá
a 925 trabajadores,el 80% de la
plantilla.
RTVE, el ideario de cada Gobierno
“De un modelo anterior que aun lejos
de consolidar una Radio-Televisión
Pública plural e independiente, en
cambio si permití�a ciertos márgenesde autonomí�a, se está pasando a uncontrol estricto de los contenidos
en RTVE en todos los formatos”.
Estas son las palabras de la sección
sindical de la Confederación General
del Trabajo (CGT) en RTVE, que hadenunciado recientemente la falta
de independencia profesional y la
creación de diversos puestos de
“inequí�voco carácter polí�tico”.‘El canal de todos los españoles’
ha sido utilizado en ocasiones por el
Gobierno en su favor pero la etapa del
gobierno de Mariano Rajoy está siendo
una de las peores en ese sentido. Conla victoria popular en las elecciones
generales de 2011, la purga fue notablecon los despidos de profesionales
como Ana Pastor, que presentaba los
Desayunos de TVE, y a Juan RamónLucas, Toni Garrido y Pepa Fernández
de Radio Nacional de España (RNE).
En los últimos meses se ha podido
observar cierta inluencia de la Iglesiacon noticias que presentaban la oración
como medida para reducir la ansiedad
o la realización de un reportaje sobre
el modo “tan provocativo” de vestir de
las adolescentes. Estas informaciones
propiciaron las airosas quejas de
multitud de telespectadores por la
poca imparcialidad.
Como en los anteriores casos, elcanal público no pasa por buenos
momentos y su director, Leopoldo
González Echenique, ha preparado
un duro plan de ajuste que pasa
por despedir a 2.200 trabajadores,reducciones de los salarios un 20% yreducciones de la jornada laboral a 6horas.
Hay quien piensa que la crisis de
la democracia va unida a la crisis tan
monstruosa que viven los medios
de comunicación hoy dí�a y no lesfalta razón. Pese a que ha sido un
sector al que siempre se le ha tenido
estima, durante los últimos años, el
periodismo es una de las profesiones
que más desconianza genera entre losciudadanos. La falta de imparcialidad,
la banalización informativa o la
pérdida de rigor son algunos de los
argumentos que alegan los ciudadanos
para expresar su descontento. No
obstante, es necesaria la función de
este servicio público, que requiere
una redeinición ya que el actual nofunciona. Y para ello, lo primero, es la
independencia.
Es necesario redefnir la función de servicio
público de los medios para garantizar el pluralismo
Centro de RTVV (Canal 9) en Burjassot (Valencia). Laura Alonso
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La Farga Gestió d’Equipaments,
SA, es una empresa de titularidad
pública que pertenece al 100% alAyuntamiento de l’Hospitalet de
Llobregat, controlado por el PSC.Creada en el año 1987, dicha
empresa pública se encarga de
gestionar su Centro de Actividades,un espacio valiosí�simo en elcentro de la ciudad dedicado a
exposiciones y ferias, algunos
equipamientos deportivos y los
medios de comunicación locales.
Desde el julio de 2011, la 2ªTeniente de Alcalde, Hacienda y
Recursos Generales de l’Hospitalet,
Mercè Perea, es la presidenta de La
Farga SA. Pero es en la gestión de
los medios locales donde estuvo
colocado el foco mediático hace
bien pocos meses. A inales del
año 2011, La Farga anunciaba a lostrabajadores de la radio y la televisión
de la ciudad (con más de 30 años depresencia en el municipio) que los
servicios comunicativos llegaban a su
in por falta de fondos.
Más de 70 trabajadores afectados,40 de la televisión y 30 de la históricacadena de radio, quedaron durante
unos meses en el limbo, sin saber si
perderí�an su trabajo o no. Al inal,tras varias idas y venidas, los medios
de comunicación de l’Hospitalet se
convirtieron en un portal web y una
pastilla informativa de 20 minutosque se emite cada dí�a alrededor delas 20 horas. El dinero dedicado alos medios de la ciudad ascendí�aa 2,8 millones de euros, un dinerosegún el consistorio hospitalense
“no prioritario”.
Aunque este no es el único
escándalo donde la empresa
municipal, inmersa en problemas
económicos, ha sido el centro
de las miradas. En 2005 el queera su gerente, Agustí� Torrelles,
fue acusado de presuntasirregularidades en la gestión de
la empresa, como el presunto
cobro de comisiones por parte de
empresas que optaban a prestar
sus servicios a La Farga según
denunció en su dí�a el grupoPopular en el consistorio.
De lo público y lo privadoEmpresas con capital público, la mayoría de ocasiones al 100%, que suelen
pertenecer a los ayuntamientos. Corporaciones en principio públicas, al servicio de
los ciudadanos, pero que no siempre actúan por el bien del municipio o, en el peor de
los casos, a favor de ciertos intereses partidistas.
Texto: SADFAGASG
Procornellà
La Farga
Procornellà es el nombre de la
empresa pública que gestiona
el desarrollo urbaní�stico, laconstrucción y gestión de
viviendas, aparcamientos, y
equipamientos más grandes de
la ciudad de Cornellà: el ParcEsportiu Llobregat, una de las
piscinas municipales, el Auditorio
de la ciudad y la Fira de Cornellà.En el caso de Procornellà el único
accionista es el Ayuntamiento,
siendo el Pleno del mismo la Junta
de Accionistas de la empresa.
Cornellà de Llobregat, uno de loscentros del conocido “cinturón
rojo” del área metropolitana de
Barcelona, ciudad gobernada por
el PSC por mayorí�a absoluta.El Pleno de Cornellà ha aprobado
en un perí�odo inferior a 2 añosdos ampliaciones de capital de la
empresa Procornellà: el primeropasó de 700.000 a 5.486.000 euros,
y en el segundo, aprobado el pasado
abril, de esa cantidad a los 9.466.000euros. Ambas ampliaciones de capital
han signiicado un incremento del1252%.
Según denunció en el pleno del mes
de abril el grupo de Convergència iUnió de la ciudad, dicha empresa puedetener problemas a la hora de satisfacer
pagos debido a que sus existencias son
difí�cilmente realizables, o convertidasen dinero lí�quido.
Jordi Rosell, portavoz de CiUen Cornellà, denunció que “estaampliación de capital no deja de ser
un rescate encubierto de la empresa
municipal”. Rosell aludí�a a la cantidadde terrenos que la empresa ha ido
comprando en los últimos
años y que “no hacen más que
depreciarse”.
“La ampliación de capital no
deja de ser un rescate donde
cada ciudadano aporta 100euros a la empresa municipal,
y el equipo de gobierno sigue
sin dar explicaciones sobre a
qué se dedicará el dinero de los
ciudadanos”, recuerda Rosell.En el caso del Parc Esportiu del
Llobregat, la empresa municipal
Procornellà explica en su web que
“este equipamiento disciplinar
se ha convertido en todo un
pulmón que late como un punto
de encuentro de la ciudadaní�a através del deporte”. Esta poética
frase llama la atención cuando se
comparan las cifras de usuarios
de las instalaciones planiicados,12.000, y los que realmente lasutilizan, 3.000.
La junta de accionistasestá constituida por el propio
Pleno del Ayuntamiento
Dos casos
Francisco J. Rodríguez
En 2011 se anunció elcierre de históricos medios
locales, gestionados por La Farga
Las fórmulas son múltiples, los
nombres diferentes, pero la idea se
repite una y otra vez. Empresas de
titularidad pública, empresas 100%de capital público,ect. son las coletillas
que más se repiten en estos casos. Elmás común es el apellido “Empresa
pública empresarial (EPE)”, un tipo
de organismo público que pertenece
al Estado y que según el artí� culo 42.1de la LOFAGE o Ley de Organización y
Funcionamiento de la Administración
General del Estado, tienen personalidad
urí�dica diferenciada, patrimonio ytesorerí�a propias, así� como autonomí�ade gestión.
En este gran saco podemos añadir
empresas a nivel tanto estatal,
autonómico o local. Las EPE son
empresas participadas con fondos
públicos, cuya función está regulada
en el artí�culo 53 de la LOFAGE. Sonorganismos que se rigen por el Derecho
privado, excepto en la formación de la
voluntad de sus actos o en el ejercicio
de sus potestades administrativas que
tengan atribuidas.
Algunos ejemplos de empresas
públicas empresariales a nivel estatal
son AENA (Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea), la encargada de la
navegación civil aérea del estado; ADIF
(Administración de Infraestructuras
Ferroviarias); Renfe Operadora; la
Agencia EFE e incluso Radiotelevisión
Española (RTVE), quizá el ente público
más problemático a la hora de las
Las empresas públicasempresariales están
participadas con fondos públicos, pero se rigen por
el Derecho privado
posibles injerencias polí�ticas.Se trata de empresas con un
funcionamiento puramente mercantil
que se rigen por la ley de sociedades,
mientras que funcionan como un
ente público a la hora de contratar
personal o tributar a la hacienda local.
Un entramado legal que muchas vecesqueda en entredicho por los intereses
partidistas.A nivel local, no obstante, las
empresas públicas empresariales se
rigen por el artí�culo 85 de la ley deBases de Régimen Local (Ley 7/1985),muy similar a la regulación planteada
para dichas empresas a nivel estatal
pero con alguna particularidad.
Estas empresas controladas por las
administraciones local o autonómica
suelen estar inmersas, en escándalos
de corrupción o actuaciones poco
claras, donde la transparencia y el
servicio al pueblo quedan por debajo
de los intereses personales o de
partido.
Vista frontal del centro comercial de La Farga de l'Hospitalet. Wikimedia.
7/28/2019 MonográficoJunio13_Independencia con sombra política
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Las cajas de ahorros, como el resto
del sistema inanciero español,han estado en la raí�z del porquéde la actual situación de la crisis
económica española. Además, desde
el inicio de la reestructuracióndel sector en 2009, las cajashan estado en el punto de mira
de todos los informativos por
el hecho de que la mayorí�a delas cúpulas directivas estaban
copadas por representantes
polí�ticos, sindicatos y patronalque llegaron a situaciones
tan esperpénticas como que
una cajera de supermercado
ocupase un cargo en la cúpula
de la Caja de Ahorros delMediterráneo (CAM).
Es tan sólo desde 1977 quelas cajas de ahorro tienen
la obligación de incorporar a sus
cúpulas directivas representantes del
denominado “cuerpo social”, que no
es más que la suma de representantes
polí�ticos, sindicatos y la patronal
empresarial. Como es obvio, lajustiicación nada tiene que ver conobjetivos económicos. En realidad,
la inalidad primera de una caja deahorros no ha de ser el beneicioeconómico sino, como marcan los
estatutos, facilitar el crédito para
aquellos que no podrí�an acceder a élen condiciones normales en el sistema
bancario.
El doctor en Economí�a RubénManso Olivar, en una conferencia de
la Asociación Española de Metales
Preciados (AEMP) del pasado mes de
enero, aseguró que se ha desvirtuado
el objetivo de las cajas de ahorro que
La política supuso
el fn de las cajas
ahora, para él, viven “un problema
polí�tico”. Manso recuerda que losfundadores de las cajas más antiguas,
sobretodo la Iglesia y entidades
locales, especiicaron en los estatutos
que cedí�an la propiedad dejando clarala inalidad y el objetivo del patrimonioque se gestionaba.
Para Manso Olivar, “en 1977 sedecidió que los polí�ticos entraran enlas cúpulas de las cajas y en 35 añosnos hemos cargado cajas con más de
300 años de historia”.
Sin necesidad de dar la cara
Pero, exactamente, ¿cuál es el problema
de que los polí�ticos estén en la cúpulade las cajas? Para Luciana Miguel
Alhambra, portavoz de Unión Progreso
y Democracia (UPyD) en Segovia, larespuesta es clara. En una conferencia
del pasado noviembre acerca de
Caja Segovia, aseguró que “los dospartidos mayoritarios han asumido
que las cajas eran su propio cajero
automático”. Para esta representante
de UPyD, “las cajas están peor quelos bancos porque están totalmente
politizadas amparadas por sus propios
estatutos”. Además, asegura que uno
de los problemas de la presencia de los
polí�ticos de cualquier color y demásrepresentantes es que, a pesar de no
cobrar sueldos, cobraban unas dietas
considerables por asistir a las Juntas
y dichas dietas están exentas de todo
tipo de impuestos.
La clave del problema polí�tico enlas cajas radica en la legitimidad de
la presencia de éstos en las cúpulas.
Como ya hemos apuntado, hasta 1977las cajas de ahorro se regí�an por unosestatutos creados en el origen de la
entidad y en el que se especiicanclaramente las directrices y la
inalidad del patrimonio gestionado.Pero, con la llegada de la democracia,
se aprobaron una serie de leyes (en
Ocina de la Caja de Ahorros del Mediterráneao (CAM), implicada en las reestructuraciones de 2009. Nosepuedevlc/Flickr
Desde 1977 está regulada la entrada de
polí�ticos y sindicatos en las cúpulas de las
cajas de ahorro.
Los políticos en lascúpulas de cajas no han
de responder directamenteante nadie
Ruben M. Olivar: "En35 años nos hemos cargado
cajas con 300 años devida"
Adrián Caballero
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1977 y 1982) en las que se regulabala presencia polí�tica. Esto hace que,como evidenciaba Alhambra en el caso
concreto de Caja Segovia (integrada en2011 dentro de Bankia), los estatutosde las entidades legitiman la presencia
de estos representantes que, en
ocasiones, podí�an ser incluso alcaldesy otros diputados y regidores que ya
contaban con sueldo público.
El problema de todo esto es que los
intereses de los polí�ticos presentesen las cúpulas diieren mucho delinterés primero de las cajas cuando
se fundaron y, también, como señala
Manso Olivar, del interés de los
directivos de un banco. Esto es así� porque la directiva de una entidad
bancaria debe responder ante los
accionistas y cualquier mala gestión
será castigada y, en deinitiva, alguien
tendrá que ‘dar la cara’. Como asegura
este economista, “en las cajas se han
puesto a personas que no han de
responder ante nadie”, lo que no ayuda
a que se busque el interés general.
En apoyo de esta teorí�a, se observanlos datos de la conferencia de Luciana
Miguel Alhambra, donde se indica
que si en 2006 el gasto en personaldirectivo medio de Caja Segovia erade 350.000€, en 2010, justo antes deperder su independencia, ascendió
a 1,5 millones por cada directivo. Aesto se le deberí�a sumar el gasto en
las dietas de los polí�ticos, sindicalistas
y miembros de la patronal que
participaron en distintas Juntas.
Otros datos más irregulares son los
surgidos hace pocos dí�as en el diarioon-line Infolibre, el cual publicó que
Miguel Blesa cobró del Partido Popular
mientras era presidente de CajaMadrid, algo totalmente prohibido
según la Ley de Cajas vigente enaquella época. El PP trató de explicar
este hecho aunque en ningún momento
lo ha llegado a negar.
Reestructuraciones desde 2009
Tras 35 años de inclusión derepresentantes polí�ticos en las cúpulasde las cajas de ahorro y arrastradas
por la crisis económica, estas
entidades fueron uno de los elementos
más afectados por la actual situación
que atraviesa España. La mayorí�a
del crédito que luí�a de las cajas de
ahorros era destinado a familias o
constructores en relación a la vivienda
(tanto para la compra como para
la construcción) con lo que, ante la
imposibilidad de pago de los deudores,
estas cajas se vieron de repente llenas
de activos inmobiliarios que no habí�andeseado. Por otra parte, estos activos
habí�an perdido mucho valor respectoal que se tasó al conceder el crédito
con lo que serí�a complicado que laentidad recuperara la inversión.
Para algunas de las cajas, sobre todopara las más pequeñas y con menos
recursos, fue imposible resistir este
envite y Gobierno y Banco de España,
auspiciados por las autoridades
europeas, decidieron actuar. El
gobierno decidió que muchas de las
cajas pudieran fusionarse, que otras
fueran absorbidas y que, inalmente,las más pequeñas y con menor
resistencia, desaparecieran. De esta
forma, por ejemplo, La Caixa d’Estalvispasó a ser CaixaBank, un conjunto decajas supuestamente estables y iablescomo Caja Madrid, Bancaja o CajaSegovia se convirtieron en Bankia, así� como otros muchos ejemplos que se
citan en el gráico.
Actualmente, debido al nuevo
estatus de la mayorí�a de entidadesque antes fueron cajas de ahorros,
la presencia de los representantes
polí�ticos en las cúpulas directivas esprácticamente cosa del pasado. Eso
sí�, no podemos olvidar que duranteun largo tiempo se estará pagando la
obligación por ley de representantes
polí�ticos y sociales sin necesidad deexperiencia inanciera que estuvieronpresentes en los consejos directivos
de las cajas de ahorros en las que
coniaban la mayorí�a de ciudadanos deeste paí�s.
Cuando las cajasse llenaron de activos
inmobiliarios sin vender,empezaron los problemas
La principal deuda de lascajas es la consecuencia de
la pérdida de valor de sus activos
El gasto en personaldirectivo de Caja Segovia
ascendió a1,5 millones en 2010
Gráco con las reestructuraciones de las cajas de ahorro. Fernando Palacios
nosepuedevlc
Muchas de las cajas
de ahorro que existí�anen nuestro paí�s tení�ansiglos de vida, no tanto
la existencia de cargos
polí�ticos en sus cúpulas.Ni los fundadores de las
cajas, ni los estatutos
ni los posteriores
responsables pensaron
en la necesidad de incluir
partidos polí�ticos nirepresentantes públicos
dentro de las cúpulas
directivas.
Fue a partir de 1977 queel funcionamiento de las cajas
de ahorro empezó a regularse y,
con esto, la intervención directa
e indirecta de los partidos y
representantes públicos dentrode las entidades. Ocho años
después se sustituyó por la
Ley 31/1985, de Regulaciónde las Normas Básicas de los
O rganos Rectores de las Cajasde Ahorros. Pero, ¿qué dice
esta Ley? En su artí�culo 2establece quiénes formarán
parte de la Asamblea General.
Entre los que tienen derecho a
formar parte de esta Asamblea
encontramos a las “entidades
representativas de intereses
colectivos” (apartado ‘e’).
Los órganos directivos de las
cajas también tienen representación
polí�tica. Según el artí�culo 3, “losconsejeros generales representantes
de Corporaciones municipales
serán elegidos por las propias
Corporaciones”. Esto quiere decirque representantes polí�ticos deAyuntamientos y Diputaciones podrán
ser consejeros generales de las cajas
y, además, serán elegidos por el
propio Ayuntamiento o
Diputación.
A principios de
mayo de este año, la
vicepresidenta Soraya
Sáez de Santamarí�a y elministro Luí�s de Guindospresentaron una reforma
de la Ley. Después de todas
las fusiones, absorciones
y desapariciones de
entidades desde 2009,se exigí�a al Gobiernoque esta nueva norma
contemplara multitud de
cambios.
El primer cambio
signiicativo es la obligacióna todas aquellas cajas con una
participación de más del 10%
en alguna entidad bancariaa convertirse en Fundación
bancaria. Además, se
establecen otras limitaciones
lógicas para evitar desórdenes
como los ocurridos en los
últimos años: el ámbito deactuación de una caja no podrá
exceder el de una ComunidadAutónoma y los polí�ticostendrán incompatibilidad entre
su cargo ejecutivo en un partido
y el de miembro de una caja de
ahorros.
¿Cómoentraron los
políticos
en las cajas?
El PP ha presentadouna reforma donde
se contemplaincompatibilidad de cargos
7/28/2019 MonográficoJunio13_Independencia con sombra política
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Director: Adrián Caballero Red. jefe Política: Laura Alonso
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