“Pobre y chorro”:

Para este apartado me pareció interesante poner de ejemplo, más que un caso, un debate.

Aquél referido a la baja en la edad de imputabilidad en los jóvenes. Un ejemplo claro de

cómo delito, exclusión social y violencia institucional se entremezclan y abren paso a un

debate sobre el sistema penal que hoy sigue vigente no sólo en nuestro país.

De esta manera, me gustaría retomar a Juan Pegoraro y un fragmento de su texto sobre el

orden social y el control social penal: “el orden social como propuesta con capacidad

pacificadora de las relaciones sociales siempre estuvo y estará ligado a las relaciones de

fuerza existente en una sociedad y a la amenaza o el ejercicio de la violencia para hacer

cumplir las leyes que emergen del propio orden social” (2003:1). Es, pues, de esta manera

que una sociedad para “encausar” a esas mentes “desviadas” desarrolla todo un sistema

penal, con leyes y cárceles para poder mantener el orden social vigente y que pregona el

Estado. En este contexto es que me interesa colocar el debate sobre la baja de la

imputabilidad, pero además sumando un ingrediente que lo amplifica, la pobreza de

aquellos que son parte del sistema penal actual. No debemos dejar de lado que las leyes, el

control social y las cárceles con sus reglas es una construcción del hombre. Es el resultado

de un enfrentamiento de relaciones de fuerzas, no es un simple resultado de la naturaleza.

Por lo tanto, esas mentes “desviadas”, aquellas personas que cometen delitos, también son

construcciones sociales, ya que rompieron con las leyes y los estatutos construidos por la

sociedad en un determinado momento de nuestra historia. ¿Por qué entonces surge este

debate? ¿Por qué querer que niños de 15 o 16 años vayan a la cárcel?

En principio deberíamos de ver cómo las sociedades en conjunto con los medios de

comunicación, naturalizan ciertos términos que pueden tener grandes consecuencias. En

estos últimos tiempos no nos cansamos de ver y oír que cuando hay un hecho violento

también se hay marginalidad. Se estigmatizan a las personas que cometen delitos y se los

señala como “pibes chorros” remarcando siempre la presencia, en el acto delictivo, de un

menor de edad. Un menor de edad que “usaba gorra” y “ropa deportiva”, que a la vez

“estaba drogado” o “borracho”. No se miden las palabras que se usan, pero no pasa con una

sola noticia, la misma noticia es repetida incansablemente durante el día provocando en la

sociedad un resultado exitoso. Todos somos jueces y policías en las calles.

Los medios toman un rol importantísimo, ellos crean el discurso con el que más contacto

tiene la sociedad, por lo tanto reproducen los discursos de las instituciones. Instituciones

que son las creadoras de la violencia. Porque no podemos olvidarnos que el Estado tiene en

su poder el monopolio de la violencia, es dueña de ella y la regula a su manera.

Pero el Estado es aquel reflejo que como ciudanía hemos elegido y tomado. Los medios de

comunicación no. La urgencia por tener la primicia, la necesidad de lograr la foto y la

filmación más noticiosa muchas veces no logra reflejar la realidad. Sino que la recorta y

muchas veces la distorsiona. ¿Dónde vemos el contexto de las noticias? ¿Se busca informar

o desinformar? Interrogantes que nacen a la hora de ver noticias delictivas y su conexión

automática con que los menores deberían ir presos cuanto antes. ¿Es la solución la cárcel

para esos chicos? Nunca se analiza, tampoco se problematiza el porqué de ese chico

delinquiendo. Qué sociedad lo llevó a empuñar un arma o un cuchillo para robar unos

mangos. Las propagandas de más cámaras en los municipios, el acto con la inauguración de

una nueva patrulla urbana, ¿no es consecuencia buscada por las instituciones estatales?

¿Los medios son cómplices?

“Tratar la violencia, la falta de seguridad y el incremento de la delincuencia sin contextos

sociopolíticos, se hace aparecer a los sectores marginados, especialmente los jóvenes, como

los responsables directos de la inseguridad en las ciudades y esto favorece el clima de

hostigamiento y represión, y justifica las medidas legales e ilegales que se emprenden en

contra de estos actores”, contundente párrafo de Martín Iglesias (2005:22). La instalación

de un debate tan profundo como lo es la baja de la edad de los jóvenes para ir a la cárcel, no

es algo menor. No se soluciona la marginalidad y la pobreza encarcelando, encerrando al

problema. El joven no es el problema, el contexto social sí lo es. No se puede obviar un

contexto sociopolítico para hablar de cárcel, pobreza y jóvenes. No podemos naturalizar

este hecho, no es “común y corriente” que los sujetos sociales vivan tras unas rejas.

Pero por medio de los medios, además, ¿no se legitima el accionar de un Estado policial?

Los medios actúan muchas veces como dispositivos que legitiman de manera

“espectacular” la intervención de un Estado como es el policial, tal cual lo sostiene Esteban

Rodríguez (2007:220) “para ello la criminalidad será exhibida por los medios como muy

cercana, presente por doquier, y amenazadoramente terrible”. Instalan historias reales y

cercanas al público que las consume, “mataron a un buen pibe”, “le quisieron robar la

billetera cuando iba a laburar”, son historias cercanas y “espectacularizadas” de tal manera

que provoca un efecto rebote por semanas y semanas. En consecuencia, aparece un Estado

presente, quién instala más mecanismos de vigilancia y control sobre la sociedad.

“En tal sentido el orden social y la herramienta penal para preservarlo frente a la violencia

que implica un delito ha sido abordado desde diferentes lugares (los dioses, la moral, la

religión, la soberanía del Estado, el progreso, la revolución) pero siempre desde la

necesidad del mantenimiento del orden social y de los objetivos que se propone” (Pegoraro,

ob. cit; p.2). Siempre para mantener el orden social, para “encausar” a esos jóvenes que se

fueron por el costado del orden. Mantener el orden social, no puede ser un mecanismo para

“encerrar” aquello que no nos gusta. Naturalizar que un joven cuando roba es un pibe pobre

y que vive en una villa es parte de un sistema violento, más violento que ese chico que mata

o roba a ese “otro” correcto y buen vecino.

Esta construcción, esta legitimación por los sistemas legales y representantes políticos de

nuestros tiempos, hablan de cómo nuestra sociedad está construida y quiénes somos. Cómo

vimos con los autores que problematizaban la violencia en el fútbol, en este caso particular

de marginalidad y juventud, también juega un papel importante un par dicotómico que nos

estructura y nos determina históricamente. Civilización-Barbarie, desde remotos tiempos,

esta díada nos sigue apelando, Stella Martini (2012:20) claramente lo desarrolla “aquel

binarismo político anima tanto discursos escolares cuanto interpretaciones de nuestra

historia, está en el relato más conservador de la Argentina y en tanta tinta puesta al servicio

de la información periodística y, trasmutando su ropaje, llega hasta la actualidad, en la

exigencia de mano dura (…)”. “En la exigencia de mano dura” sostiene la autora, desde los

medios y junto con este Estado policial se pide mano dura y cárcel a los jóvenes barbaros,

las “ovejas decarriladas” y, que nadie tiene que ver. Desde este par se construyen discursos

y se construyen leyes, se instalan debates y se habla de inseguridad y miedo. Los sectores

que siempre se han mantenido al “margen” de la sociedad se ven golpeados día a día por

relatos que los interpelan y que los denuncian. Decir que en un robo hubo un menor pobre

implicado, no pasa desapercibido, se instala el miedo por ese “otro”, por el pobre, el negro,

el chorro. Se categoriza y no se los comprende, pero se los victimiza y se les da una taza de

sopa en una campaña solidaria. Los civilizados ayudan a los marginados y éstos son

castigados por el mismo sistema que a la vez los necesita.