monografía
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DEDICATORIA
Dedico la presente monografía a mis padres que siempre
Me han apoyado en todo momento y
cualquier circunstancia, y que aquí muestro
El resultado de mi esfuerzo.
También la dedico a todas aquellas personas
Que se interés por el medio ambiente
En conjunto con la economía.
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AGRADECIMIENTO
Agradezco primeramente a Dios, por brindarme la dicha de
Estar en la Universidad y de poder tener salud y a mis padres.
Agradezco a mis padres por siempre brindarme
Su apoyo y su cariño.
A mis profesores, agradezco por brindarme su guía.
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PRESENTACIÓN
La relación existente entre economía y medio ambiente ha sido objeto de atención
en los últimos tiempos. Encontrar la relación existente entre crecimiento y medio
ambiente, políticas públicas y medio ambientales. El tema que a veces, no sólo
involucra ver a la economía en sus problemas más básicos, como lo es lo
relacionado con el dinero, sino desde la perspectiva del medio ambiente y el
impacto que recae en esta última. Siendo como esto se desarrolla en relación con
el medio ambiente y los impactos.
Además siendo de esto la economía, forma parte integral de la formación de los
propios economistas en un futuro cercano, y en su colaboración con las diferentes
entidades en las cuales se encuentran inmersas, estos también se encuentran
dentro de las políticas medioambientales.
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ABSTRACT
The existent relation between economy and half an environment has been object
of attention in many instances on behalf of economy, being from the age of 60 and
70 when the environmental economy attains his controversial issue, introducing for
us new themes that have caused the appearing of suppositions step by step and of
different problems that they require policies and of specific behaviors. Considering
the most recent issues and the effects that come from the same problem between
half an environment and economy.
Economy and the ambient midway analyze from a perspective microeconomics
themselves, when it would be supposed to be since one macroeconomic, and
relating to the growth and your policies for an equilibrium between these two
aspects, and that way giving you a new focus.
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I. EL PROBLEMA
Título descriptivo del problema: La Economía Y El Medio Ambiente
Formulación del problema: ¿Qué relación existe entre la Economía y el Medio
Ambiente?
Objetivos de la Investigación:
Objetivo General: Identificar la correspondencia existente social como la
economía, con el medio ambiente.
Objetivos Específicos:
Analizar los factores económicos que influyen en el medio ambiente
Reconocer las formas de cómo afecta la economía en el Ambiente
Estar al tanto de las políticas medioambientales, como resultado de los
efectos de la economía en el Medio Ambiente.
¿Por qué se investiga?
El temas seleccionado es investigado, porque, casi siempre se fija en la economía
y sus problemas, como su subida y bajada, su desarrollo monetario, etc.; pero, no
se ha pensado cómo este afecta en el lugar en donde vivimos y en nuestras
futuras generaciones, es decir, en nuestro medio ambiente.
Justificación
La economía y el medio ambiente, se basa, en la importancia que tiene los efectos
de esta ciencia en nuestro Ambiente, pero que no se le da el suficiente interés, el
conocimiento que tienen las personas sobre este aspecto es muy vago y no se lo
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ha tenido en cuenta o nunca lo han pensado, así también se ve su importancia en
haberse formado políticas medioambientales por la relación estrecha entre
Economía y Medio Ambiente.
Limitaciones
Viabilidad: si es posible conseguir fuentes de datos sobre el desarrollo de
este estudio, en internet, libros, revistas y en encuestas.
Se realizará la investigación en la ciudad de Cajamarca, a un grupo de
personas de media edad.
Se dispone de un tiempo límite de un mes para realizar la investigación
necesaria sobre el presente tema
El estudio solo será de factibilidad.
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II. MARCO DE REFERENCIA
A. Fundamentos Teóricos
LA ECONOMÍA
Economía, ciencia social que estudia los procesos de producción,
distribución, comercialización y consumo de bienes y servicios. Los
economistas estudian cómo alcanzan en este campo sus objetivos los
individuos, los distintos colectivos, las empresas de negocios y los
gobiernos. Otras ciencias ayudan a avanzar en este estudio; la psicología y
la ética intentan explicar cómo se determinan los objetivos, la historia
registra el cambio de objetivos en el tiempo y la sociología interpreta el
comportamiento humano en un contexto social.
El estudio de la economía puede dividirse en dos grandes campos. La
teoría de los precios, o microeconomía, que explica cómo la interacción de
la oferta y la demanda en mercados competitivos determinan los precios de
cada bien, el nivel de salarios, el margen de beneficios y las variaciones de
las rentas. La microeconomía parte del supuesto de comportamiento
racional. Los ciudadanos gastarán su renta intentando obtener la máxima
satisfacción posible o, como dicen los analistas económicos, tratarán de
maximizar su utilidad. Por su parte, los empresarios intentarán obtener el
máximo beneficio posible.
El segundo campo, el de la macroeconomía, comprende los problemas
relativos al nivel de empleo y al índice de ingresos o renta de un país. El
estudio de la macroeconomía surgió con la publicación de La teoría general
sobre el empleo, el interés y el dinero (1936), del economista británico John
Maynard Keynes. Sus conclusiones sobre las fases de expansión y
depresión económica se centran en la demanda total, o agregada, de
bienes y servicios por parte de consumidores, inversores y gobiernos.
Según Keynes, una demanda agregada insuficiente generará desempleo; la
solución estaría en incrementar la inversión de las empresas o del gasto
público, aunque para ello sea necesario tener un déficit presupuestario.
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.El siglo XX ha sido un período de progresos en la economía y la ciencia
único a lo largo de la historia. Es indudable que el desarrollo supone
grandes beneficios y mejora considerablemente nuestra calidad de vida,
pero también tiene una contrapartida negativa que no podemos ignorar, el
deterioro del medio ambiente y el agotamiento de recursos naturales y de
ciertas fuentes de energía, lo que de seguir así se dejará a nuestros
descendientes un planeta con serios problemas de habitabilidad.
Por ello es imprescindible llegar a un desarrollo sostenible que concilie el
desarrollo económico y social con el respeto por el medio ambiente y la
distribución justa de la riqueza.
I. MEDIO AMBIENTE EN LA ECONOMÍA
La economía no solamente recibe energía y materias primas del medio
ambiente, también influencia en el medio ambiente generando residuos y
cambiando de comportamiento. Por ejemplo, los seres humanos amplían
las fronteras, usan química en la agricultura y cambian el medio con
carreteras, vías de tren, líneas de electricidad y redes de comunicación. En
otras palabras, la economía y el medio ambiente están relacionados
íntimamente.
II. CONCIENCIACIÓN MEDIOAMBIENTAL: UN CAMBIO DE
MENTALIDAD
Actualmente el respeto y la protección medioambiental están de moda,
hasta el punto de que las conferencias y otros acontecimientos
internacionales sobre medio ambiente son los eventos que movilizan a más
autoridades a nivel mundial.
Fue en la década de los años sesenta hasta los setenta que se empezó
a generar esta sensibilidad medioambiental, aunque cobró mayor
importancia en los años ochenta. En 1987, la Comisión Mundial sobre
Medio Ambiente y Desarrollo publicó el informe “Nuestro Futuro Común”, en
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el cual contiene la definición más conocida de Desarrollo Sostenible como
“el desarrollo que asegura las necesidades del presente sin comprometer la
capacidad de las futuras generaciones para enfrentarse a sus propias
necesidades”
III. POLÍTICAS ECONÓMICAS AMBIENTALISTAS
La economía política ambiental es el enfoque en análisis económico de
los procesos a través de decisiones políticas relacionadas con la protección
ambiental. La política económica ambiental es un área mayor de las
políticas de desarrollo en la teoría económica cuyos efectos a corto plazo y
a largo plazo tienen un profundo impacto en el desarrollo humano. La
política económica ambiental desarrolla métodos e instrumentos para el
tratamiento de los problemas ambientales globales.
Al ser una política pública, tiene como objetivo fundamental la corrección
de las externalidades relacionadas con el medio ambiente con la finalidad
última de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a través de una serie
de instrumentos o medidas.
Por lo tanto, el objetivo esencial de la política medioambiental es la
internalización de los efectos externos negativos que se vayan generando,
si bien no se ciñe únicamente a este aspecto, puesto que también debe
intentar prevenir la aparición de estos efectos externos y de cualquier
actividad económica que resulte perjudicial para el medio natural; intentar
mejorar las condiciones de vida en general, con un particular énfasis a su
vez en la salud pública, que en muchas ocasiones se ve afectada por la
situación del medio ambiente (consiguiendo además un abaratamiento de
los sistemas de salud pública, muy extendidos en diversos países), y, en
fin, buscar la preservación de la biodiversidad, tanto animal como vegetal,
así como de espacios paisajísticos y biotopos de especial interés por
razones económicas o de simple disfrute para quienes contemplan o los
que pueden contemplar en el futuro.
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Para intentar alcanzar todos estos objetivos, la economía del medio
ambiente ha ido desarrollando un entramado teórico importante cuya
finalidad última ha sido la de proporcionar instrumentos cada vez más
eficaces para el logro de estos fines: de entre ellos destacan por una parte
los instrumentos de valoración del medio ambiente y, por otra, los
instrumentos correctores.
Los instrumentos que perdiguen la corrección de los daños que la
actividad económica ocasiona al medio ambiente se han ido configurando
con el paso del tiempo desde aquellos en los que se utilizan
fundamentalmente medios legales (instrumentos de control) hacia otro tipo
de instrumentos que lo que pretenden es esencialmente la creación de
incentivos para que los agentes económicos corrijan los daños provocados
y eviten la realización de actividades que puedan ser perjudiciales para la
naturaleza.
La razón fundamental de este cambio en los instrumentos utilizados ha
sido la adopción generalizada del principio contaminador-pagador (Polluter
Pays Principle), que la OCDE (Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico) diseñó en 1972 para poder realizar una política
medioambiental con un sentido básicamente internalizador, pero al mismo
tiempo incentivador de comportamientos preventivos por parte de los
agentes económicos, todo ello enmarcado por la creciente preocupación
que en los países industrializados se empezaba a manifestar en esos años
por la conservación del medio ambiente y de los recursos naturales, así
como por la intención de que los agentes contaminadores fueran quienes
soportarán el coste inicial que esa contaminación producía.
El principio contaminador-pagador, pese a su innegable éxito en su
aplicación, presenta dos problemas muy importantes en su puesta en
práctica: el primero de ellos se centra en el desconocimiento existente en
bastantes ocasiones de quién es el contaminador, especialmente cuando
se produce una contaminación difusa que carece de un origen cierto (caso,
por ejemplo, de la contaminación que puedan ocasionar vehículos a motor y
las empresas en una gran ciudad, pues son tantas las fuentes
contaminantes que es imposible someterlas a control a todas ellas), pero
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también cuando se realizan actuaciones contaminadores ilegales (como por
ejemplo, los vertidos de sustancias ilegales, también de muy difícil control,
que se ven incentivados si la sanción por realizarlos es menor que el
beneficio esperado de ello); el segundo de los problemas procede de la
muy habitual dificultad a la hora de calcular el coste de la actividad
contaminadora, debido a que los procedimientos para la evaluación de ese
coste se hallan en muchos casos en sus primeros pasos.
Existen por otra parte, una serie de criterios o principios de general
aplicación para todos los instrumentos de política medioambiental, en el
sentido de que son considerados deseables para que el efecto de la medida
adoptada sea óptimo y se consiga el objetivo perseguido, esto es, la
internalización de los perjuicios provocados por las externalidades
negativas. Estos criterios son los siguientes:
Alcanzar la mayor eficiencia económica posible en la asignación de
los recursos existentes
La información necesaria para llevar a la práctica los instrumentos
debe ser escasa, poco costosa y fácil de ponerla al día.
Los costes administrativos deben ser tan bajos como sea posible a la
hora de poner en marcha el instrumento, en el sentido de que el
personal y los medios burocráticos precisos sean los menores
posibles
Los instrumentos deben ser equitativos, de manera que deben
rechazarse aquellos que sean regresivos o, con carácter general,
injustos en función de los juicios de valor que al respecto
prevalezcan en la sociedad
Los instrumentos deben ser flexibles, en el sentido de que su
capacidad de adaptación a circunstancias tecnológicas,
climatológicas o de mercado cambiantes sea la mayor posible.
Los instrumentos deben generar incentivos dinámicos a una mejora
continuada de la calidad ambiental, tanto por la actuación de los
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agentes implicados como por la continuada innovación tecnológica
en el ámbito de preservación del medio ambiente
Deben tener aceptación política, de manera que no perjudiquen a
ciertos agentes económicos y no hagan variar la estructura
socioeconómica en exceso, pues de esta manera su aceptación
social será mayor y más rápida.
En la última década, se ha propugnado la utilización de los llamados
instrumentos económicos (especialmente de los impuestos ecológicos y de
los mercados de permisos negociables) para la protección del medio
ambiente debido a que permiten un mejor cumplimiento de la mayor parte
de los criterios antes enumerados, así como del principio general de
contaminador-pagador. Esto no ha implicado que su utilización se haya
hecho mucho más general, pues todavía siguen predominando los
instrumentos legales y coactivos sobre los de carácter económico.
En general, se puede señalar que los instrumentos de protección
medioambiental se pueden definir como todo medio, ya sea legal,
económico o social, que permite llegar a cumplir los objetivos que se haya
marcado la política medioambiental. Como se ve, esta definición es muy
general, lo que hace aconsejable una clasificación que permita explicar con
más precisión cada uno de los instrumentos de esta política.
Concepto Tipos Aplicación Práctica
Mecanismos
voluntarios
Incentivar
comportamiento
s voluntarios de
los agentes
económicos
Campañas
públicas de
concienciación
Publicidad de
empresas muy
contaminantes
Tiene cierta
importancia
especialmente las
campañas públicas
de información y
educación
medioambiental
Regulación
directa
Aplicar medidas
legales para
combatir la
contaminación,
Estándares
basados en
tecnología
Muy importantes. La
mayor parte de la
política
medioambiental se
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apoyadas en
sistemas
sancionadores
y de su
vigilancia de su
cumplimiento
uniforme
Estándares
basados en
funcionamiento
desarrolla a través
de este tipo de
medidas
Instrumentos
económicos
Incentivar
comportamiento
s
medioambiental
es adecuados
por medio de
mecanismos
económicos o
de mercado
Impuestos
ecológicos
Mercados de
permisos
negociables
Subvenciones
Sistemas de
depósito y
devolución
Incentivos al
cumplimiento de
las
reglamentaciones
Sistemas mixtos
Aplicación
creciente
Los impuestos
con fines
internalizadores
Utilización con
motivación
incentivadora
Otros
instrumentos
Otros
instrumentos
marginales
Producción publica
Planificación zonal
Aplicación
prácticamente nula
con fines
medioambientales
Mecanismos voluntarios
En los que la mayor concienciación acerca de los problemas
medioambientales proviene de la actuación voluntaria de los
agentes económicos, como en el caso de que una empresa trate por
su propia voluntad de mejorar sus niveles de protección del medio
natural en cualquiera de las fases de los canales de producción o
distribución del bien o servicio que provea.
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A este nivel, la actividad pública queda reducida a la importancia
que la información y la educación ambiental que proporcione tenga
para promover estas actitudes voluntarias de los agentes. Sin
embargo, no cabe despreciar la importancia que las campañas
públicas (y también de la prensa como medio de creación de opinión
y de difusión de información) tienen para el desarrollo de ciertos
comportamientos medioambientales, como se puede comprobar en
las campañas para reducir el consumo de agua que se realizan
cuando existen periodos de sequia en diversos lugares. Otro posible
ejemplo de este tipo de actuación consistiría en hacer pública una
relación de las empresas que fuesen excesivamente contaminantes
o que no cumpliesen sus compromisos en temas medioambientales,
para así presionarlas a través de los posibles efectos negativos que
podrían sufrir en sus ventas.
Regulación directa
También se conoce como mecanismo de mando o de control.
Éste es el tipo de política económica de protección de la naturaleza
que goza hoy en día de una utilización más amplia en los países
industrializados.
En general este tipo de mecanismos consisten en que el
gobierno fija una serie de normas de obligado cumplimiento para
aquellos a quienes van referidas, controladas por medio de un
sistema de inspección y reforzadas con las adecuadas medidas
sancionadoras y penalizadoras en caso de incumplimiento, pues de
lo contrario los incentivos económicos a no hacer caso de estas
normas serían muy elevados. Normalmente este tipo de medidas se
han materializado en dos grupos de mecanismos:
Por una parte, los estándares basados en tecnología
uniforme, que especifican con claridad la tecnología que debe
utilizarse para combatir el deterioro medioambiental de que
se trate. Un ejemplo de este tipo de medidas lo constituye la
obligatoriedad de aplicar el catalizador que se impuso en la
Unión Europea en 1994 con la finalidad de eliminar la
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contaminación por plomo que generaban los vehículos de
gasolina.
Por otra parte, los estándares de funcionamiento, que
establecen un objetivo medioambiental a conseguir pero
dejan libertad a las empresas acerca de la forma de
alcanzarlo. Éstos son menos frecuentes, pero son más
deseables, pues al ser más flexibles permiten una mayor
capacidad de adaptación a las empresas.
Instrumentos O Incentivos Económicos
Para la protección del medio natural, que son los que mayor
relevancia están adquiriendo hoy en día (fundamentalmente desde
un punto de vista teórico, pero poco a poco también en su aplicación
práctica). Este tipo de instrumentos pueden definirse como aquellas
medidas que a través de incentivos financieros persiguen la
internalización de efectos externos perjudiciales provocados por
comportamientos poco aceptables desde una perspectiva
medioambiental, haciendo estos comportamientos más costosos en
términos monetarios.
Dentro de los instrumentos económicos se pueden distinguir a
su vez distintos tipos de medidas. Para realizar una tipología de los
instrumentos económicos, será a los que hace referencia la OCDE,
por ser la de más generalizada aceptación:
Concepto Tipos Aplicación
práctica
Impuestos
ecológicos
Impuestos ad
valorem,
usualmente
con carácter
internalizador,
para corregir
problemas
medioambient
Cargas sobre
emisiones
contaminantes
Cargas sobre el
usuario
Impuestos
sobre el
producto
Aplicación
creciente,
especialmente
de cargas
sobre usuario y
diferenciación
positiva
Los impuestos
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ales. Se basan
en el principio
contaminador-
pagador (PCP)
Impuestos
administrativos
Diferenciación
impositiva
con fines
internalizadores
tienen una
aplicación
escasa todavía.
Aplicación
sobre todo en
países
industrializados
Mercados de
permisos
negociables
Consisten en
crear un
mercado de
permisos
negociables
que dan
derecho a
emitir una
cantidad
determinada
de
contaminación.
Aplica el PCP
Sistema de
permisos
ambientales
Sistema de
permisos de
emisión
Sistema de
permisos
mixtos
Escasa
aplicación de
este tipo de
medidas
Subvenciones Consiste en
otorgar ayudas
públicas para
reducir la
contaminación.
No aplica el
PCP.
Para reducción
de
contaminación
Para reducir la
producción de
empresas
contaminantes
Uso
desaconsejado
por tener
efectos
perversos
Poco utilizadas
para reducir
contaminación
o producción
Sistemas de
depósito y
devolución
Consiste en
pagar por un
envase con un
Sistemas de
depósitos y
devolución
Utilización cada
vez mayor,
especialmente en
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reembolso
posterior si
éste se
entrega tras su
uso.
países
industrializados
Incentivos al
cumplimiento
de las
reglamentacio
nes
Se trata de
incentivar el
cumplimiento
de la
reglamentació
n
medioambient
al.
Tasas por no
conformidad
Garantías por
buen
comportamiento
Utilización
prácticamente
nula con
motivación
incentivadora
Sistemas
mixtos
Mesclan
características
de los
sistemas
anteriores.
Aplica el PCP.
Impuestos
basados en
estándares
Aplicación muy
escasa pero
con buenas
perspectivas de
futuro
a. Impuestos ecológicos
Pueden definirse como aquel tipo de impuestos ad valorem que,
teniendo fines de ordenación de la actividad económica con el
objetivo de internalizar un efecto externo negativo sobre el medio
ambiente, aplican el principio de contaminador-pagador para
conseguir sus propósitos. Pese a basarse en el principio
contaminador-pagador, esto no impide que en numerosas ocasiones
sea el consumidor (en lugar del productor) quien termine pagando el
coste de la internalización de las externalidades ecológicas
negativas, lo que se debe a dos razones. En primer lugar, en muchos
casos (al igual que sucede con otros impuestos ad valoren) los
productores trasladan parte del impuesto que sobre ellos recae a los
consumidores finales vía precios. En segundo lugar, no debe
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olvidarse que, a menudo, la actividad dañina para el medio ambiente
no es generada por actividades productivas, sino por el consumo de
un bien (o por ambos tipos de actividades simultáneamente), en cuyo
caso, como es lógico, el impuesto no deberá recaer sobre el
productor, pues no es éste quien contamina.
Los impuestos ecológicos pueden ser de muy diferentes tipos en
función de distintas clasificaciones que se han ido realizando a lo
largo del tiempo, pues desde que Pigou los propuso por primera vez
éste ha sido sin duda alguna el instrumentos económico que en más
ocasiones se ha estudiado; pero, existen tres de ellas que enfocan
esta tipología desde diferentes perspectivas, pero principalmente en
la que proporciona la OCDE, pues ésta que cuenta con mayor
aceptación al ser la más completa. Basándose en esta clasificación,
los impuestos ecológicos pueden ser de los siguientes tipos:
Cargas sobre emisiones contaminantes , que pueden definirse
como impuestos por la emisión de sustancias contaminantes
al aire, agua o suelo, así como la generación de ruido, basada
en la cantidad y calidad de la sustancia emitida. Estas cargas
deberían contar con una función básicamente internalizadora
o incentivadora, dejando la función recaudadora en un
segundo plano, pues su objetivo básico es reducir la emisión
de sustancias contaminantes.
El cálculo de la cantidad a pagar en concepto de este tipo de
impuestos se puede hacer a través de tres métodos
alternativos: el primero consistiría en controlar el nivel real de
emisiones de cada punto emisor, lo que, aun siendo muy
preciso, seria también muy costoso en términos monetarios.
En segundo lugar, cabe la posibilidad de establecer los tipos
en función de tablas que recojan indicadores que puedan ser
significativos de cara a estimar el nivel de emisión (producción
o uso de determinadas materias primas por parte de la
empresa emisora, por ejemplo). Por último, existe la
posibilidad de fijar el mismo tipo independientemente del nivel
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de emisión existente, lo que no se emplea por ser injusto
desde el punto de vista del principio contaminador-pagador y
muy poco eficaz por carecer de efectos incentivadores
proporcionales a la emisión realizada para que el efecto
externo se internalice, que es el propósito fundamental de este
tipo de cargas.
El método que se elige tiende a ser, en vista de ello, mixto
entre la primera y segunda posibilidades. Para empresas que
emitan una gran cantidad se escoge el primero, pues en este
caso el gasto de control de las emisiones en que se incurre
para una empresa individual queda compensado por el alto
perjuicio que provoca la empresa en el medio ambiente; el
resto de las empresas seguirían el método de las tablas en
función de la tecnología empleada, la cantidad producida, el
número de empleados, la ubicación de la empresa o cualquier
otro indicador que se pueda fijar.
Cargas sobre el usuario , parecidas a la anterior en cuanto que
recaen sobre la emisión de residuos o de contaminantes en
general. La diferencia principal estriba en que, en este caso, la
función básica es la de poder financiar la instalación o el
funcionamiento de una planta de tratamiento de esos residuos
o de reducción en origen de la contaminación, dejando en
segundo plano la función internalizadora.
Como veremos, aparte de su parecido en el plano teórico, en
la práctica su semejanza es aún mayor, por cuanto las cargas
sobre emisiones suelen tener unos tipos impositivos
excesivamente bajos, que hacen imposible el cumplimiento de
su función correctora del efecto externo, quedando, por tanto,
convertidos en un simple recursos financiero, de carácter
general y muy limitado en su capacidad recaudadora.
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Impuestos sobre el producto , que pueden definirse como
cargas ad valorem sobre productos que son perjudiciales para
el medio ambiente, ya sea en su proceso de producción, en su
consumo final o a la hora de desecharlos. Este tipo de
impuestos suelen contar con tipos impositivos fijos, que
podrían re-calcularse en el caso de que en primer momento se
mostrasen insuficientes o excesivos para la consecución del
objetivo perseguido.
Estos impuestos son fácilmente integrables en el sistema
impositivo vigente como impuestos sobre consumos
específicos. Se podrían imponer, por ejemplo, sobre el uso de
vehículos a motor (ejemplo de bien cuyo consumo final
contamina), de hidrocarburos, de fertilizantes, de pesticidas
(ejemplos de factores productivos contaminantes ya sea en su
obtención o en su aplicación al proceso productivo), de bolsas
de plástico (ejemplo de bien que contamina al ser desechado),
etc.
Una ventaja que poseen es que pueden sustituir a las cargas
sobre emisiones en el casi de que estas no sean fácilmente
controlables. En el caso de los fertilizantes o de los
detergentes, que por su contenido en fosfatos pueden dar
lugar a la eutrofización de ríos y lagos, al ser imposible
controlar la emisión final de fosfatos a ríos y lagos, se grava el
producto del que proceden, ya se fertilizantes o detergentes,
en función de su contenido en fosfatos (que indica su
capacidad contaminante).
Impuestos administrativos , cuyo fin es el de financiar medidas
reguladoras directas a través de la concesión de licencias o
permisos para emitir cierta cantidad de contaminación. Su
función, debido a ello, debería ser básicamente recaudadora;
pese a todo, no suelen ser muy útiles, debido a que los
ingresos que se derivan de ellos no se destinan en la mayor
parte de los casos a la resolución de problemas
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medioambientales, sino que van destinados al presupuesto
del Estado con carácter general.
Diferenciación impositiva , que, pese a no ser un impuesto
ecológico propiamente dicho, lo incluimos como tal por ser
una medida de carácter impositivo que pretende incentivar un
comportamiento medioambiental más correcto. Este
mecanismo es relativamente frecuente; un ejemplo de su
aplicación lo podemos encontrar en la venta de la gasolina sin
plomo a un precio inferior al de la gasolina con plomo con el
objeto de incentivar el consumo de la primer (al ser menos
contaminante combinada con el uso del catalizador), algo que
será factible especialmente si la diferencia de precio entre
ambas es significativa.
Implicaciones de las cargas sobre emisiones (que van
acompañando con las cargas de usuario) y de los impuestos sobre el
producto, y así, existen dos clasificaciones alternativas que también
son de interés:
Según la fase del proceso
productivo en la que recaen
Según la finalidad que
persiguen
Impuestos sobre el uso
de los recursos naturales
Impuestos sobre la
producción
Impuestos sobre el
consumo
Impuestos pìgouvianos
Impuestos reguladores
Impuestos redistributivos
La primera de ellas cuenta como principal interés con la
característica de diferenciar entre tres tipos de impuestos
medioambientales atendiendo a la fase del proceso de producción en
la que recaen. Así, tendremos impuestos sobre el uso de los
recursos naturales, impuestos sobre la producción e impuestos sobre
el consumo. Dentro de los dos últimos se encuentran los que podrían
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clasificarse de nuevo sobre la base de la tipología anteriormente
desarrollada.
La segunda de estas clasificaciones alternativas divide los
impuestos ecológicos en tres categorías en función de la finalidad
que persiguen: impuestos pigouviano, impuestos reguladores e
impuestos distributivos. Los primeros tienen como fin la
internalización de la externalidad medioambiental negativa generada,
por lo que incluirían las cargas sobre emisiones contaminantes y
productos de la clasificación anterior. Los impuestos reguladores,
partiendo de la necesidad de llegar a un óptimo paretiano, plantean
que se fije un impuesto que permita llegar a una cantidad óptima de
segundo orden fijado por el gobierno, como hacen los impuestos
basados en estándares. Por último, los redistributivos parten de la
idea de que si el sector público va a realizar una instalación para
reducir la contaminación, quienes la generan son quienes deben
costear su pago. Esta última categoría sería equivalente a las cargas
sobre usuario, pudiendo recoger también las cargas administrativas
b. Mercados de permisos negociables
La creación de mercados de permisos negociables, quien fue
propuesta por vez primera por J.H.Dales en 1968, consiste en la
fijación de un topo de emisión contaminante por la autoridad en
función de los objetivos que ésta se haya propuesto, emitiéndose
derechos de contaminación de igual cuantía equivalentes al
montante total del topo propuesto, que se distribuyen entre las
empresas contaminantes y, posteriormente, se negocian en un
mercado creado al afecto. De esta forma, cada empresa tendrá una
cartera de permisos en función del volumen de contaminación que
desee emitir, pues cada titulo dará derecho a la emisión de una
cantidad dada de contaminación.
Una vez que se han distribuido los permisos entre las
empresas, éstas deberán decir cuál es la cantidad optima de
permisos que deben poseer, en función de la contaminación que
emitan y del coste de reducción de la contaminación que deban
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afrontar, pues si este coste es reducido en comparación con el coste
de tener o ampliar la cartera de permisos, la empresa procederá a
instalar equipamientos o mecanismos que le permitan reducir la
contaminación, vendiendo permisos (reduciendo su precio), por
cuanto que éstos ya no le son necesarios. Si, por el contrario el coste
de reducir la contaminación fuera más elevado, la empresa tendría
incentivos a comprar títulos en el mercado de permisos, elevando su
precio en dicho mercado.
Existen, a su vez, tres posibles formas de desarrollar un
mercado de permisos negociables, con distintas implicaciones
teóricas y prácticas:
Sistema de permisos ambientales o zonales (ambient-
permit system), en el que lo que se pretende es definir los
permisos en función de la contaminación en cada punto
receptor o área contaminada con el objetivo de poder
conseguir la calidad medioambiental deseada en la zona
receptora. Este sistema presenta una serie de propiedades,
entre las que cabe destacar que es muy cómodo para la
agencia gubernamental emisora, puesto que, una vez
establecido el mercado y asignados los derechos, su labor
ha finalizado.
Sin embargo, desde la perspectiva de las empresas
contaminantes el sistema es poco conveniente, puesto que
la posesión de la cartera de permisos adecuada se
convierte en un serio problema debido a que puede existir
un numero de receptores muy elevado, lo que podría llegar
a plantear graves problemas de información a estas
empresas en cuanto a su cartera óptima de permisos y su
forma de actuar.
Sistema de permisos mixtos (offsets-permit system) ,
combinación de los dos anteriores en el sentido en el
sentido de que los permisos se definen en términos de
emisión de contaminantes pero su libre intercambio en el
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mercado está restringido por la imposibilidad de que, como
resultado de la compraventa, el estándar de calidad
medioambiental en el punto receptor sea peor. Este sistema
recoge lo mejor de los dos anteriores, puesto que los
requerimientos de información de la autoridad
medioambiental para poner en marcha el sistema no son
muy elevados (como sucedía en el sistema de permisos
ambientales) y, simultáneamente, las empresas
contaminantes pueden operar en un único mercado sin
tener que preocuparse para la situación de los puntos
receptores más que cuando realice intercambio de
permisos.
Una vez que se ha elegido el sistema que se pretende llevar a
la práctica, se plantea el problema adicional de cómo repartir los
permisos entre las empresas, para el que se han planteado dos
posibilidades, la primera consistiría en llevar a cabo un reparto inicial
gratuito, lo que tiene la ventaja de no provocar cargas adicionales a
las empresas (evitando que algunas pudieran desaparecer) pero el
inconveniente de no seguir en principio contaminador-pagador.
La segunda alternativa consistiría en emitir los permisos por
medio de una subasta, en la que el precio de éstos se establecería
en función de la demanda de las empresas, con lo que sí aplicaría el
principio contaminador-pagador, si bien este sistema podrían ser muy
parecido al impuesto ecológico basado en estándares, puesto que el
gobierno fijaría la cantidad de contaminación permitida y a través de
la subasta establecería un precio por contaminar a las empresas
(más o menos lo mismo que se consigue con un impuesto ecológico
con fines internalizadores)
c. Las subvenciones
Las subvenciones a las empresas, que pueden ser bien `para
la adopción de nuevas tecnologías menos contaminantes, bien para
25
la reducción de la actividad productiva de la empresa contaminante,
con lo que se conseguiría reducir la cantidad de contaminación
emitida, o bien para incentivar trabajos de investigación y desarrollo
de tecnologías ambientales. En todas estas situaciones, la
subvención sería equivalente a un impuesto negativo, si bien sus
efectos son radicalmente distintos de los que de los impuestos
ecológicos.
Las subvenciones a las empresas pueden tomar muy distintas
formas: pueden ser subvenciones a fondo perdido, tomar la forma de
gastos fiscales como deducciones en los impuestos que gravan los
beneficios de las empresas o estar constituidas por la concesión de
créditos blandos a tipos de interés subvencionados. Los efectos
finales de todas estas medidas serian muy parecidos y conllevarían
una serie de problemas que no hacen recomendable su aplicación
práctica aunque desde el punto de vista teórico, sin embargo, sí
conseguirían los objetivos internalizadores perseguidos.
El primero de estos problemas es el incumplimiento por parte
de las subvenciones del principio contaminador-pagador, puesto que
rompe con las recomendaciones de la OCDE en este sentido. De
hecho, no sólo no cumple con el principio, sino que además actúa en
sentido contrario al conceder dinero público a las empresas
contaminantes. Debe partirse además del hecho de que este
principio, aparte de estar recomendado por la OCDE, goza de una
aceptación social y política bastante elevada
Con todo, el principal problema de este tipo de instrumentos
se deriva del hecho de que podría dar lugar a comportamientos no
deseados en la consecución del objetivo de la reducción que se
persigue (la reducción de la contaminación en el ámbito global de la
industria), pues si bien se incentiva la reducción de la contaminación
en el ámbito de las empresas o individuales (si se conceden
subvenciones para la reducción de la producción), también
auspiciarían la entrada de nuevas empresas en el mercado , ya que
la subvención abarataría los costes de entrada, incrementando de
26
esta forma la contaminación global generada por el sector, lo que va
en contra del objetivo establecido inicialmente.
Cuentan, bien es cierto, con una ventaja transitoria en el caso
de que se pretenda acelerar la inversión en capital ambiental por
parte del sector privado de la economía, puesto que permiten
conseguirlo con el menor coste posible para las empresas. Sin
embargo, aparte de los problemas antes mencionados, estos
sistemas deberían ser vigilados para no distorsionar el comercio
(sobre todo el internacional en el caso de que estas subvenciones
ambientales encubran subvenciones competitivas) y, en general, la
libre competencia, favoreciendo a las empresas subvencionadas en
detrimento del resto.
d. Los sistemas de depósito y devolución
Tiene por finalidad evitar el desecho de los recursos que
pueden ser reutilizados o reciclados. Pueden consistir, por ejemplo,
en el pago de una cantidad adicional por botella de cristal co9mprada
que posteriormente seria reembolsada si se devuelve el casco de la
botella donde fue comprada, con lo que incentivaría al reciclado del
vidrio o, al menos, la reutilización de la botella.
e. Los incentivos al cumplimiento de las reglamentaciones
Pueden ser de dos tipos:
Tasas por no conformidad: que consisten en penalizaciones a
las empresas que no cumplan con determinados requisitos
medioambientales y a las que se las grava con esta especie
de pago impositivo, que no deja de ser más que una sanción
encubierta
Garantías por buen comportamiento: que, al contrario que las
anteriores, lo que persiguen es recompensar a las empresas
27
cuyo comportamiento medioambiental sea el adecuado. En
ocasiones se denomina a este instrumento bonos por
cumplimiento.
Se pueden hacer también referencia a otros instrumentos de
protección medio ambiente, muy marginales en cuanto a su
importancia teórica en el seno de la economía en relación al medio
ambiente y también en cuanto a su aplicación práctica con fines
ambientales.
La primera de estas posibilidades adicionales consistiría en la
producción pública, ya sea de bienes de interés medioambiental
(como pude ser la construcción de una planta depuradora, que
podría venir acompañada de cargas sobre los usuarios, de manera
que parte del coste de la construcción recayera sobre las empresas
contaminadoras pero llevando al sector púbico el peso principal de la
construcción), ya de bienes cuya producción ocasione una levada
emisión de sustancias contaminantes, en este segundo caso con la
finalidad de, al tener el sector publico la responsabilidad de la
producción, puede tomar con rapidez la decisión de cambiar los
metidos de producción para hacerlo9s menos contaminantes
La segunda consistiría en una planificación zonal por parte del sector
púbico de las áreas que pueden ser contaminadas y del grado en el
que pueden serlo, de manera que se consiguiese centrar la
contaminación en zonas poco pobladas, donde la naturaleza contara
con una gran capacidad de asimilación de esa contaminación y
donde los recursos naturales o ambientales no fuese muy valioso,
esto último con objeto de evitar situaciones irreversibles que
conlleven al agotamiento sin posibilidades de recuperación de alguno
de estos recursos.
La última de las posibilidades de la política medioambiental
constaría en la utilización mixta de alguno de los instrumentos
anteriores, de manera que se pudieran considerar combinar las
ventajas de varios de ellos minimizando al mismo tiempo la
importancia de las carencias que puedan mostrar. Este uso mixto de
28
dos o más instrumentos simultáneamente tiene un caso de especial
interés en los impuestos basados en estándares, puesto que es una
posibilidad cuyo estudio teórico ha sido bastante extendido y cuya
aplicación práctica sería muy interesante al combinar las principales
ventajas de un instrumentos económico (el impuesto ecológico) y de
la regulación normativa.
Este método comienza por seleccionar una serie de niveles
mínimos de calidad ambiental bien delimitados y cuantificados. Como
es lógico, la fijación de estos niveles mínimos es muy arbitraria, si
bien un estudio riguroso puede permitir decidir unos niveles mínimos
son tratables y con amplia aceptación social. Una vez fijado el nivel a
alcanzar, se elegiría un tipo impositivo que permitiera el logro del
objetivo, a través de los análisis pertinentes.
Este método cuenta con una ventaja de que si el tipo
impositivo fijado en principio se revelase insuficientemente para
llegar al nivel de calidad ambiental previsto, se podría ajustar hasta
lograr el objetivo deseado. De igual manera, si el tipo demuestra ser
excesivo (y, por tanto, peligroso para la supervivencia de las
empresas sujetas al impuesto), el tipo impositivo se podría reducir.
De hecho, hasta el nivel de calidad ambiental fijado inicialmente
podría variar, ya fuese por mostrarse excesivo (o excesivamente
gravoso para la economía) o por mostrarse insuficiente, hasta
alcanzar un nivel más acorde con la compatibilización de los
objetivos ambientales y económicos a alcanzar.
Ciertamente, estos procesos adaptativos, especialmente los
referidos a los ajustes en el tipo impositivo hasta llegar al nivel
medioambiental requerido por el estándar, serían costosos para la
autoridad ambiental y también para las empresas, pero a diferencia
de los impuestos pigouvianos o internalizadores con tipos impositivos
adecuados al objetivo que se pretende lograr lleva a que algunos de
los impuestos ecológicos aplicados hayan seguido un método en su
puesta en marcha muy parecido al que hemos descrito para estos
impuestos basados en estándares (aunque el proceso sea menos
29
iterativo, con menos variación en los tipos impositivos hasta llegar al
adecuado), si bien al final los impuestos que han predominado hasta
la fecha han sido los que tenían una intención básicamente
recaudadora, en los que los tipos impositivos tienden a fijarse en
niveles bajos desde un principio, no ligados a ningún estándar de
calidad ambiental a alcanzar.
Ventajas, inconvenientes y efectividad de los instrumentos de la
política económica medioambiental:
Ventajas Inconvenientes Efectividad
Regulación
directa
Aceptabilidad
política
Rapidez de
actuación y
consecución de
logros
No minimiza el
coste social
No genera
incentivos
dinámicos
Efectividad
variable, pero
especialmente
adecuados para
productos o
situaciones
peligrosas por la
rapidez de
actuación
Cargas sobre
emisiones
contaminantes
Efecto
incentivador
dinámico (a
favor de la
mejora
ambiental)
Efecto
internalizador
con tipos
adecuados
Efecto
recaudador
(incrementa la
recaudación
Difícil selección
de los
contaminadores
(numerosas y
fuentes difusas)
Posibilidad de
derivar en
cargas sobre el
usuario con
tipos impositivos
bajos
Elevados costes
administrativos
Limitada
Apenas tienen
capacidad
internalizadora
por los bajos
tipos impositivos
que se aplican en
la realidad (con
excepciones,
como el impuesto
sobre emisiones
al agua en
Holanda)
30
pública)
Minimizan el
coste social
Muy adecuados
si la fuente de
contaminación
está bien
delimitada
aceptabilidad
política
(especialmente
por las
empresas)
Costes
adicionales para
las empresas
Cargas sobre
usuarios
Efecto
recaudador
Incentivan la
construcción de
equipamiento
medioambiental
Flexibilidad
Carecen de
efecto corrector
Carecen de
efecto
incentivador
Cumplen su
papel recaudador
para financiar
instalaciones
Impuestos
sobre productos
Reducen el uso
de productos
contaminantes
Efecto
incentivador
dinámico
Efecto
recaudador
Flexibilidad e
integrables en
la estructura
impositiva
existente
Aplicables con
fuentes de
contaminación
numerosas o
difusas
Minimizan el
No
recomendables
para productos
o inputs
peligrosos
(actuación
lenta)
Pocos efectos
con bienes de
demanda
inelástica
Efectos sobre el
comercio y la
competitividad
Limitada
aceptabilidad
política
(especialmente
por las
No muy efectivos
por poseer tipos
bajos. Se
convierten en
mecanismos
recaudadores, sin
fines
internalizadores
en buena parte
de los casos
31
coste social
Muy adecuados
con
contaminación
difusa
empresas)
Costes
adicionales para
las empresas.
Diferenciación
impositiva
Fácil integración
en estructuras
impositivas
existentes
Costes
administrativos
muy bajos.
Aceptabilidad
política.
Efectos nulos
con
diferenciación
insuficiente
Consiguen su
objetivo, pero
sólo si la
diferenciación es
suficiente, lo que
no siempre
sucede
Mercados de
permisos
negociables
Muy flexibles.
Efecto
incentivador
dinámico.
Ahorran costes
a las empresas.
Minimizan el
coste social.
Problemas en la
asignación
inicial de los
permisos
Complejidad
administrativa
Costes de
transacción
elevados si el
mercado no
funciona bien
Pueden centrar
la
contaminación
en áreas
determinadas
Limitada
aceptabilidad
política (temor a
algo novedoso)
Eficacia disparar;
en principio
ayudan a reducir
la contaminación
a reducir la
contaminación,
pero a veces las
empresas apenas
negocian títulos
en el mercado
32
Subvenciones Incentiva la
tecnología
medioambiental
Efecto
contraproducent
e (puede
incrementar la
contaminación
total)
Escasa
aceptabilidad
política
(incumplen el
principio
contaminador-
pagador)
Eficaces para
fomentar la
tecnología
medioambiental,
pero no
deseables (ni
utilizados) para
reducción directa
de la
contaminación.
Sistemas de
depósito y
devolución
Recompensan
los
comportamiento
s adecuados
Incentivan la
reutilización y el
reciclado
Flexibilidad
Aceptabilidad
política
Sólo son
aplicables en
casos muy
específicos
Costes de
recogida,
reciclado,
relleno y
distribución
Eficaces para los
fines que
persiguen, pues
general los
incentivos
deseados
Impuestos
basados en
estándares
Minimizan el
coste social
Los
requerimientos
de información
son reducidos
para su puesta
en marcha
Ya existen
mecanismos
parecidos en la
economía
Carecen de
condiciones de
optimalidad
Arbitrariedad al
fijar el estándar
de calidad
ambiental
Pueden generar
incertidumbres
hasta llegar al
tipo definitivo
Eficaces para
alcanzar el
estándar
propuesto
siempre que se
fijen los tipos
impositivos
adecuados
33
(ejemplo,
objetivos
intermedios en
política
monetaria)
FUNDAMENTOS DE LAS POLÍTICAS MEDIOAMBIENTALES
1) La Controversia Medioambiental
El enfoque que toman algunas políticas de «protección
ambiental», no es realmente el de la protección de los recursos
naturales de los ataques de la humanidad, como el término parece
sugerir. Ni tampoco la protección medioambiental es un intento de
minimizar los efectos que pueden tener las actividades humanas
sobre los procesos naturales. Mientras el total aislamiento humano
de la naturaleza, en un enclave herméticamente sellado y
autosuficiente puede ser tecnológicamente viable, los
medioambientalistas más radicales prevén un mundo en el que el
hombre continuará ampliando su dominio. Es decir, las políticas
medioambientales dan por sentado la existencia de algo más que un
mínimo impacto en el medio ambiente. A partir de aquí, la política
medioambiental es la manera de determinar el «uso apropiado», que
la humanidad hace de los recursos naturales.
La mayoría de las controversias medioambientales están
relacionas con las interpretaciones posibles de la frase «el uso
apropiado» y los procesos políticos que determinan la interpretación
que finalmente será implementada como política. Por varias razones
las opiniones difieren mucho sobre cuál es el «uso apropiado» de los
recursos naturales. Hay personas que no están de acuerdo con la
función que tiene la naturaleza en lo que podría llamarse «la vida
34
placentera». Algunas personas aprecian mucho las transformaciones
de los procesos no-humanos. Otros encuentran la naturaleza
desordenada, sucia y peligrosa. Sin duda, el ilimitado y original
«estado natural» es más atractivo para los que creen que el
bienestar material empobrece el alma, que para aquellos que creen
que la penuria física aparta al ser humano de los fines superiores.
También hay desacuerdos sobre la valorización de la
responsabilidad del hombre hacia las otras especies, sobre las
cuestiones científicas como la capacidad de adaptación y estabilidad
de los sistemas meteorológicos y ecológicos, y sobre la
interpretación de la evidencia disponible.
Las diferencias en las circunstancias económicas y la ventaja
comparativa también juegan un papel en la determinación del
espectro de opiniones. Para un constructor, el «uso apropiado» de
un terreno puede ser el construir una casa cómoda para las
personas mediante modificaciones en su localización, más que la
incorporación de recursos naturales y artesanos autóctonos. Un
constructor desea limpiar el solar y construir una casa. Para un
agricultor, el «uso apropiado» implica una transformación menos
radical de la naturaleza, aunque suponga cambiar la vegetación
autóctona por otra (limpiar, arar y plantar maíz). Para un naturalista,
su «uso apropiado» pude significar levantar barreras legales o físicas
alrededor de un espacio con el fin de excluir aquellos que tienen
otras ideas sobre el «uso apropiado».
En términos económicos, las personas no están de acuerdo
sobre la manera en que los distintos procesos de transformación,
humanos y no humanos, incrementan o disminuyen su valor. Estas
diferencias conducen a que las personas adopten en sus propias
vidas niveles diferentes de «protección medioambiental»-empleado
más o menos pesticidas, coches, veredas, o flores importadas- y a
estar en desacuerdo sobre las ventajas relativas de las políticas
públicas aplicadas, las cuales afectan la manera y la extensión en
que los recursos naturales puedan utilizarse. Son estas diferencias
las que provocan enfrentamientos cuando se toman decisiones. Son
35
precisamente estos desacuerdos los que convierten a la economía
política en protección, en un tema de interés para aquellos que
desean entender los procesos políticos y económicos que
caracterizan la relación legítima del hombre con la naturaleza.
2) Algunos Antecedentes De Gestión Medioambiental
Aunque el volumen de regulación medioambiental ha
aumentado considerablemente en el mundo y principalmente en
Estados Unidos, en los últimos treinta años, las nuevas leyes no son
los primeros intentos de adopción de normas con el propósito de
restringir o redirigir el uso humano del medio ambiente. En 1626, la
«Plymouth Colony» aprobó ordenanzas que regulaban la tala y
posterior venta de madera en tierras coloniales. En 1652, en Boston
se construyó la primera canalización de agua pública. En 1657, los
burgomaestres de Nueva Ámsterdam emitieron una ordenanza
diciendo que las calles debían estar limpias y toda la basura debía
depositarse en sitios designados para ello. En 1681, William Penn en
su ordenanza sobre la transmisión de propiedades requirió que los
nuevos propietarios de la tierra dejaran un acre de bosque en pie,
por cada cinco acres de bosque limpios.
Las reglas para controlar el acceso a los recursos comunales,
para regular la eliminación de las basuras y asegurar el suministro de
agua potable, datan de hace siglos incluso en América. También es
fácil en España identificar las obras públicas de los romanos para la
mejora sanitaria. La apreciación de la función medioambiental en la
salud y belleza coincide con el nacimiento de la historia escrita.
Aristóteles se refiere a las políticas para la calidad del agua y aire en
su caracterización de la comunidad ideal, y cita la influencia del agua
y el aire en el buen estado del cuerpo humano, concluyendo que
para el bienestar de los ciudadanos, el agua para el consumo
humano debe separase del consumo para otros fines.
36
También lo que sin duda debe interpretarse como una
consecuencia anticipada de regulaciones medioambientales
adoptadas por las civilizaciones antiguas, son los antiguos
vertederos de basuras y cementerios que han facilitado mucho la
tarea de los arqueólogos.
En el Perú
A pesar de que la historia productiva del Perú está marcada
por episodios derivados de la sobre explotación de los recursos
naturales (el caucho, el guano de islas y en años más recientes la
anchoveta), las normas legales y las medidas adoptadas para
prevenir o controlar estas situaciones no han sido muy eficaces.
Un ejemplo son las disposiciones relativas a la Amazonía
Peruana. Desde los primeros años de la República hasta años
recientes se ha dictado una serie de normas legales orientadas a
promover la colonización de esta vasta extensión de nuestro
territorio. El propósito fundamental es el de cultivar la tierra,
obligando en muchos casos a los colonos a talar los bosques para
poder ser beneficiarios de los incentivos previstos.
Un ejemplo de estas disposiciones es la Ley General de
Tierras de Montaña, que señalaba la convivencia de “reformar la
legislación en materia de tierra de montaña, como medio de
promover la colonización y progreso de las zonas orientales y ofrecer
en ellas garantías de estabilidad a las industrias agrícolas y en
especial de la industria gomera.
Las primeras disposiciones vinculadas al tema de la
contaminación ambiental se refieren a la actividad minera, como
consecuencia de protestas de los pobladores afectados. En 1925, el
gobierno presidido por Augusto B. Leguía expidió una Resolución
Suprema obligando a la Cerro de Pasco Corporation a instalar un
sistema de “recuperadores” tipo Cottrell con el fin de despejar de los
humos las partículas en suspensión nocivas.
37
A fines de la década de los 40 se aprobaron las primeras
disposiciones de carácter general para el control sanitario de las
plantas industriales. A fines de los 5 e inicios de los 60 se
incorporaron disposiciones sobre olores y ruidos molestos y normas
relativas a los desagües industriales. Durante Aquella época las
plantas industriales estuvieron en extremo auge, siendo la principal
fuente económica, hasta entonces sólo se habían preocupado por el
desarrollo económico y el propio crecimiento de este mismo, hasta
que se denotó algunos problemas ambientales, pero no fueron vistos
estrictamente desde el ámbito de la economía, sino tan sólo desde el
punto de vista de contaminación ambiental sin enlazarlo con el punto
básico y profundo del problema, la ciencia económica.
En la década de los 70 se dictaron normas importantes con
disposiciones ambientales como la Ley General de aguas y el
Código Sanitario. Sin embargo, su orientación es de carácter
sectorial sin ningún lineamiento claro de política, y sobre la base de
instrumentos de comando y control. En la misma década se
promulgó la Ley General de Minería y la Ley Foresta y de Fauna
Silvestre. Se creó la Oficina Nacional de Evaluación de Recursos
Naturales (ONERN) y se determinaron los valores límites permisibles
para agentes químicos en el ambiente de trabajo. En 1979 se
introdujeron por primera vez en el Perú consideraciones ambientales
en la Constitución Política, reconociéndose el derecho de habitar en
un ambiente saludable, lo que ha sido ratificado por la Constitución
de 1993.
La década de los 80 se vio marcada por los problemas de la
deuda externa y la crisis económica internacional, situación
agudizada por la presencia de grupos terroristas y el narcotráfico,
este último son una fuerte presencia en la zona de la selva. El cultivo
de la coca y su transformación en pasta básica de cocaína, así como
su erradicación a través de herbicidas como el tebuthuirion-conocido
como spike- generaron graves impactos ambientales que hasta el
día de hoy prevalecen.
38
Es a partir del Código del Medio Ambiente (CMA) de 1990 que
se tiene una orientación más clara de la importancia del tema
ambiental para las actividades productivas en el país y se empiezan
a dictar normas en forma más integral. A pesar de la fuerte oposición
inicial y las modificaciones sufridas, el CMA introdujo importantes
principios ambientales y herramientas de gestión ambiental, como
por ejemplo el principio de prevención, el principio contaminador-
pagador, los lineamientos de política ambiental y el sistema de
gestión ambiental, entre otros. A partir de la promulgación del código
se inició un proceso acelerado para establecer una política nacional
del ambiente con la legislación adecuada, instituciones con funciones
ambientales claras, recursos financieros para la gestión ambiental y
mecanismos que permitan al ciudadano la participación en la
formulación y ejecución de la política.
Este proceso se ha enfrentado a una serie de obstáculos y
muestra distintos niveles de avance, lo que denota la falta de
definición por parte del gobierno en cuanto al tema ambiental, con
marchas y contramarchas, vacíos y contradicciones en sus
regulaciones y limitaciones sobre todo en cuanto a su aplicación y
cumplimiento.
Las principales normas ambientales dictadas a partir del CMA
están vinculadas a las actividades productivas. Así, existen normas
ambientales para el desarrollo de las actividades mineras, de
hidrocarburos, de electricidad, construcción vial, procesamiento
pesquero y para la industria manufacturera; teniendo desde este
punto el enfoque económico que muy pocas veces es analizado
como lo debería estar de acuerdo al impacto en el medio ambiente,
en una de sus causas esenciales, y al no decir la única y más
importante la que da origen a estos problemas ambientales, que es
la economía.
Las condiciones ambientales para una vida confortable y sana
han sido siempre un tema práctico situado en el núcleo de la
prosperidad económica. En cambio o que se ha modificado a lo largo
39
del tiempo, ha sido la eficacia del trabajo llevado a cabo para adaptar
la naturaleza hacia formas más útiles y placenteras, así como los
valores estéticos y las posibilidades tecnológicas de los usos
alternativos de los recursos naturales y humanos.
3) Fundamentos Jurídicos Y Tecnológicos De Las Comunidades
Medioambientales
Los aspectos de la gestión de los recursos naturales pueden
ser divididos en dos áreas: aquellos que se consideran la gestión de
los recursos fijos y los que consideran los recursos que circulan
libremente. Estos dos campos han sido desde hace tiempo objeto de
regulación gubernamental y los dos presentan el mismo problema: el
libre acceso a los recursos naturales tienden a que se sobreexploten.
Es lo que Hardín (1968) denominó la tragedia de los comunes. Sin
embargo, el coste, la efectividad y la viabilidad de los sistemas de
gestión alternativos difieren sustancialmente entre ambas áreas. La
regulación del acceso a los recursos fijos es generalmente menos
problemática que la regulación de los recursos que circulan
libremente, ya que en el primer caso los costes de gestión son
menores y la mala administración es más evidente.
Históricamente, para los recursos fijos se han empleado una
gran variedad de métodos de gestión con el fin de limitar su acceso y
de promover su uso productivo y sostenible. Durante siglos para los
recursos fijos se han utilizado una amplia gama de métodos en la
asignación de «derechos de uso», tales como las tierras de pastoreo,
cultivos o residencias. En este caso las autoridades políticas no
regulan directamente el uso de recursos naturales, pero sí que
definen y protegen el derecho de uso de sus propietarios legales.
En los casos en los que los «derechos de uso» son exclusivos
e intercambiables, los mercados de «derechos de uso» otorgan
incentivos a los propietarios para mejorar la productividad presente y
futura de los recursos que controlan. La renta anual y el valor de
40
venta de una propiedad bien gestionada tienden a ser mayor que el
de una que esté mal gestionada. Los «derechos de uso» exclusivos
y comerciales también generan un sistema de bajo coste mediante el
cual los recursos pueden desplazarse desde un menor a mayor valor
de uso y también desde los peores gestores hacia los mejores. Los
mejores gestores naturalmente dispuestos a pagar un precio más
elevado por el derecho de uso a diferencia de los gestores peores,
ya que aquellos obtienen un mayor producto de los mismos recursos.
La gestión de las transmisiones de derechos de uso está casi
siempre a cargo de los mismos propietarios, lo que permite reducir
los costes de mantener el sistema.
Poca gente argumentaría que la privatización soluciona todos
los problemas de gestión de los recursos fijos, sin embargo, la
eficiencia de la solución mediante los derechos de propiedad se
confirma por el hecho de que los vínculos formales de los títulos de
propiedad inmobiliaria en Europa Occidental y en los estados del
Este de los Estados Unidos son por lo general desde hace varios
siglos anteriores similares a los actuales sistemas de gobierno. La
solución de los derechos de propiedad para la gestión de los
recursos fijos es relativamente permanente y sencilla y requiere poca
atención política en la administración cotidiana. Este argumento no
quiere decir que la privatización siempre haya sido adoptada con el
loable propósito de solucionar los problemas de los comunes. Es
más probable que las regiones del mundo que han adoptado los
derechos de la propiedad hayan evitado de esta manera los
problemas de los comunes, a diferencia de aquellas sociedades que
han empleado métodos más politizados para hacerles frente. A lo
largo del tiempo, cuando las instituciones legales evolucionan, la
mejor asignación de los derechos de propiedad tiende a substituir los
métodos de gestión que son significativamente menos eficientes.
Puede argumentarse que a lo largo de la historia ha habido una
gradual restricción de los derechos de uso privados. A menudo,
estas restricciones no son limitaciones sustanciales sobre los
recursos fijos, sino más bien restricciones al acceso de los recursos
41
que circulan, por debajo, por encima o a través de los recursos fijos.
Por ejemplo, las reglas modernas para la gestión de los residuos
sólidos intentan asegurar que los «residuos» sean tratados de
manera que no afecten localmente la calidad del agua o del aire.
En cambio la gestión de los recursos que circulan libremente
es más problemática y es en parte por esta razón, por la que la
política le presta actualmente mayor interés. La circulación y difusión
otorga a los sistemas del aire y del agua una capacidad sustancial
para disipar y neutralizar muchos de los productos no deseados en la
agricultura, industrias o transportes. La circulación y difusión también
aplica que el acceso a estos recursos está libre de obstáculos, como
por ejemplo largas distancias, señales de prohibición, o vallas. Por
sus propiedades se han considerado durante mucho tiempo (por lo
menos implícitamente) como inputs de los procesos de producción.
Después de todo permiten la combustión, el crecimiento de las
plantas y, por supuesto, respirar. La ausencia de regulación del libre
acceso a estos sistemas provoca la sobreexplotación de estos
recursos productivos, a diferencia de lo que sucede con los recursos
fijos.
Las mismas propiedades del aire y del agua que hacen que se
consideren como inputs para la producción y como vehículos de la
eliminación de residuos, son las que dificultan su regulación y
privatización. Las comunidades no pueden asignar derechos de uso
a unidades específicas de libre circulación del aire y del agua del
mismo modo que se hace para el suelo y los recursos minerales. El
agua y el aire difieren de los carriles de la autopista y las cañadas
para el ganado, en que el aire o el agua no se pueden identificar o
aislar correctamente como «plazas» concretas y por consiguiente no
se pueden conceder a determinados «propietarios». Ello contrasta,
por ejemplo, con la parcelación homogénea sobre la base de
coordenadas geométricas de una llanura o un desierto sin rasgos
físicos que distingan las parcelas, asignadas al propietario o
usufructuario. Se pueden establecer derechos intercambiables del
aire y del agua, pero hay que tener en cuenta que son derechos de
42
uso de los recursos de una propiedad comunal y no de una
propiedad privada en el sentido que se entiende normalmente.
Las políticas en áreas de recursos comunales son
prácticamente inevitables. La controversia sobre el acceso adecuado
a los recursos comunales es probable que surja porque la propiedad
común implica que las decisiones de reducir, mantener y/o aumentar
los «derechos de uso», afecten directamente los intereses de todos
los usufructuarios de los recursos de la propiedad común. Las
propiedades físicas de los recursos naturales de libre circulación
implican que un, relativamente, gran número de grupo es afectados
no estén de acuerdo sobre la importancia de controlar puntos
concretos que son fuente de emisiones contaminantes, ya que el
impacto de estas emisiones generalmente disminuye en la medida
que alejan del punto de origen. En consecuencia, incluso si no
hubiese otros motivos de desacuerdo sobre las tasas aceptables de
emisión, la sola difusión de la contaminación proporciona una base
física para la controversia política.
4) Los Bienes Públicos Y Externalidades Como Base Para La Política
Medioambiental
La teoría de los bienes públicos puede apli8carse a muchos de
los problemas que se plantean en la gestión de los recursos para lo
que no existe un mercado. La gestión del medio ambiente es uno de
ellos. Sin embargo, en el concepto de bien público, en términos de
Samuelson (1954), la restricción de consumo colectivo o conjunto
esta presumiblemente determinado por las características
tecnológicas de los bienes, en particular de las de rivalidad e
inexcluibilidad. Una manera de definir un bien público es que no
tenga un componente de distribución en su tratamiento. La misma
tecnología asegura que no surja el problema de división o
repartición. Por ejemplo, la tecnología en televisión permite
discriminar mediante codificadores a los consumidores del servicio.
La emisión que antes era un bien público puro (o local puro) deja de
43
serlo. El modelo formal de Samuelson tiende a esconder el
componente de distribución en el lado de la asignación ya que en
realidad un bien o servicio que cumpla con el requisito de bien
público no surge espontáneamente de la naturaleza. Cualquier bien
puede ser suministrado a partir de la producción es repartible entre
los miembros de la comunidad y entonces el único problema es
distributivo. Por esta razón, en política medioambiental también hay
que considerar la posibilidad de que exista una solución distributiva
en el reparto del coste de producción de un supuesto bien público
puro.
Las externalidades son la segunda categoría después de los
bienes públicos que sirven de justificación para la intervención del
gobierno. Una externalidad se genera cuando el consumo o
producción de un individuo o empresa tiene un impacto accidental en
la función de utilidad o de producción de otro individuo o empresa.
Estos efectos (la contaminación, las molestias, o, si es positiva, el
placer) pueden contrastarse con las transacciones normales del
mercado cuando los impactos están totalmente contabilizados por el
sistema de precios. Como no hay mercado para la contemplación del
paisaje o la conservación de la calidad del agua del rio no hay
mecanismos de precios para la coordinación de las acciones
individuales. Dada la existencia de externalidades se produce una
asignación Pareto no-óptima de los recursos.
La diferencia entre un bien público puro y la externalidad es
que en el caso de un bien público todos los miembros de la
comunidad consumen el mismo bien, mientras que, para una
externalidad, el bien (o mal) consumido por el segundo agente puede
diferir del consumido por el primer agente que lo adquiere
directamente. Lo que es crucial en el optimo de Pareto no es que dos
individuos consuman el mismo bien, sino que el consumo de uno
altera la utilidad del otro, de manera tal, que no se internaliza a
través del sistema de precios. El que soporta la externalidad no es
excluido de los efectos laterales del consumo del primero y es esta
44
condición de no exclusión que une bienes públicos y externalidades
por la misma condición de optimalidad paretiana.
En el tratamiento ambiental, si los residuos se consideran un
bien privado (mal privado), la emisión de estos bienes privados en un
espacio público, se convierten en una «publificación» del mal
privado. La simple prohibición de publificar reduce las externalidades
pero no reduce necesariamente la contaminación que cambiará de
sitio. Sin embargo la correcta «asignación de derechos de propiedad
del residuo» y la obligación de un «intercambio» privado de estos
«males» (venta con precio positivo o negativo), puede reducir las
externalidades y crea incentivos para la reducción de la
contaminación, si el precio del mercado pagado es función del grado
de contaminación, es decir, del coste de producción del reciclaje.
Cabe esperar que teniendo la publificación un coste nulo para el
emisor, y la privatización (la venta) un precio negativo (o coste
positivo), los incentivos sean a publificar incluso con una correcta
asignación de los «derechos de propiedad del residuo». Esto
sucederá siempre que los costes públicos de control sean superiores
a los beneficios de evitar la publicación.
Una manera de reducir los costes de control es mediante la
introducción de normas éticas (rechazo social hacia el contaminador)
y también mediante la introducción de tecnología (sensores) que
permitan una evaluación más precisa del tipo de residuo que permite
discriminar el precio en función del costo real del reciclaje. En
realidad, cuando el coste del trabajo es bajo, el coste del reciclaje
manual disminuye (permite una selección del residuo) y éste llega a
tener un precio positivo (la actividad de los antiguos traperos). Si los
salarios son altos, el proceso de selección se puede trasladar hacia
las personas cuando su tiempo tiene un coste de oportunidad bajo
(por ejemplo, tiempo de ocio en el hogar) en este caso se pueden
introducir políticas de selección de residuos con el fin de facilitar la
recogida `por el servicio público, aunque son necesarias campañas
de concienciación éticas dirigidas a los ciudadanos para que utilicen
su tiempo de ocio (cuyo coste oportunidad siempre es positivo)para
45
actividades de selección. Además, igual como sucede en la
exclusión en los bienes públicos, la selección del residuo, es más
fácil cuando existe una tecnología que permita seleccionar a bajo
coste.
Sin embargo, en la selección personal de residuos, ni la
tecnología y el tiempo no tienen un coste de oportunidad bajo, ni las
campañas de concienciación ética siempre son eficientes. Hay que
destacar que en la tecnología se deben incluir la organización de
sistemas y rutinas a bajo coste, que pueden permitir la reducción del
tiempo empleado en la selección incluso cuando el coste de
oportunidad es bajo. Sin embargo, muchas veces la tecnología y la
organización es costosa y los sistemas de cobro para repartir el
coste del servicio puedan exceder el del servicio. Este es el caso de
la recogida selectiva de basuras, en que el coste puede ser elevado.
Experiencias en que se ha tratado de financiar el coste con tasas
individualizadas para incentivar la disminución de la producción de
residuos han dado resultados negativos. Por ejemplo, en una ciudad
“x”, se cobra la etiqueta por bolsa de basura a 80 centavos de dólar
(hay que pegar la etiqueta en la bolsa para que sea recogida). Este
precio no cubre el coste de impresión de la etiqueta, más los de la
comisión de su venta y el coste de los empleados que gestionan el
sistema. Por otra parte, la conducta del productor ha sido la de
incrementar aproximadamente en un 40 por 100 el volumen de
basura por bolsa.
Por otra parte, si el tiempo no tiene un coste de oportunidad
bajo, entonces disminuye la eficiencia de las campañas de ética
ciudadana. En el caso de recogida selectiva de basuras, si el coste
de oportunidad del tiempo de ocio es alto, la selección de basura
tiene un coste personal elevado y la eficiencia de la campaña ética
se reduce, a no ser que se compensen con beneficios tangibles y
repartibles. Por otro lado, la concienciación ética no siempre produce
resultados eficientes, en especial si esta se dirige al personal de la
administración pública con salarios relativamente altos, ya que
dedicará parte de su tiempo de trabajo a la «ética» tarea de
46
seleccionar los residuos, tarea que puede ser realizada de manera
eficiente por personal con costes horarios inferiores. Esta ineficiencia
también se traduce en una disminución del empleo, ya que esta
actividad (de baja productividad) realizada por funcionarios con
salarios relativamente elevados (supuestamente con productividad
marginal del trabajo alta) reduce las oportunidades de empleo de
personas con productividad marginal del trabajo menor.
FORMACIÓN DE LA POLÍTICA DE LA PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL
Las políticas medioambientales reflejan los intereses de aquellos que
tienen el poder para tomar decisiones políticas dadas las restricciones
personales, económicas y políticas. Las disposiciones constitucionales y
legales determinan quién tiene el poder para tomar las decisiones de
política medioambiental y ante quiénes estos decisores son responsables.
Las consideraciones económicas determinan el coste real y la viabilidad de
políticas alternativas. Estas restricciones políticas y económicas pueden ser
tan vinculantes que “los decisores políticos” pueden tener poco margen de
acción. Sin embargo, los representantes elegidos y la burocracia pueden
indefectiblemente anticipar los intereses políticos que perciben del
electorado. Por lo tanto, las restricciones políticas y económicas pueden
permitir una discreción significativa que implica que los decisores tengan un
amplio margen de maniobra gestión medioambiental
Mientras que las políticas medioambientales de interés están
generalmente generadas por acciones humanas, todas las demandas
políticamente relevantes para la calidad medioambiental son demandas
personales. En consecuencia, para analizar los determinantes de la política
medioambiental se pueden utilizar los modelos de elección individual en
distintos ámbitos, políticos y no políticos.
Instituciones Públicas, Discrecionalidad y política medioambiental
En los votos de modelos determinísticos, el impuesto
medioambiental preferido por el votante mediano es la política
47
adoptada. El teorema de votante mediante dice que, si las
alternativas pueden ordenarse en el eje horizontal, de manera que
las preferencias de los votantes son de un solo toque, entonces para
un número impar de votantes el equilibrio es el punto ideal del
votante mediano.
Los modelos más aceptados de equilibrio electoral sugieren
que los votantes en el punto medio de la distribución de la
preferencia del voto (el votante medio y mediano) tienden a obtener
sus anticipadas preferencias políticas. Esto es así, porque con el fin
de ganar las elecciones, los candidatos, por lo general, se desplazan
hacia posiciones más moderadas en todos los temas incluyendo las
políticas medioambientales.
Si el votante mediano soporta cerca de la carga fiscal media,
el programa generará el nivel de calidad medioambiental preferida
por el votante mediano. Si soporta menos que la carga fiscal media,
preferirá un nivel de impuesto mayor que el óptimo y niveles de
calidad ambiental más elevados que los niveles óptimos de calidad
medioambiental.
Los modelos más elaborados de los procesos políticos tienen
en cuenta otros rasgos institucionales de las democracias modernas,
que permiten influir en los resultados políticos mediante grupos de
presión o contribuciones a las campañas electorales. Los detalles
institucionales y la tecnología de la persuasión determinan la
importancia relativa de los votos emitidos y del dinero gastado. Si los
votantes están bien informados y están influenciados por los
esfuerzos organizados de la persuasión, entonces las preferencias
de los votantes son decisivas en la medida que los representantes
están interesado en ser reelegidos. En este caso y en el caso en que
el interés de un grupo de presión es simétrico con el del votante
mediano, las preferencias del votante mediano, determinarán la
política. Si la opinión del votante es perfectamente maleable,
entonces el dinero gastado durante y después de la campaña, es
decisivo.
48
Las instituciones políticas y legales afectan los métodos
elegidos por los individuos, que intentan por todos los medios
influenciar las políticas medioambientales alterando el coste-
efectividad marginal de los métodos de influencia alternativos. En
democracia, el ir a votar tiene un coste generalmente menor que
declarar ante un comité legislativo o una comisión reguladora. En
consecuencia, hay más personas que van a votar que las que
testifican ante una comisión reguladora. Una razón para votar puede
ser el escaso interés en cambiar o mantener las políticas
medioambientales vigentes, pero no es lo mismo al hacer lobby en el
congreso o contribuir económicamente en un grupo de presión. Las
personas, que tienen un interés importante para cambiar la política
medioambiental, tienen a su disposición muchas más vías de
influencia.
Los medios para influir que no son el mecanismo de las urnas
existen en todas las democracias, ya que el vínculo entre los
ciudadanos corrientes y la crítica medioambiental es indirecto.
Después de las elecciones, los representantes pueden, en principio,
buscará una legislación del modo que deseen. La legislación
después será implementada por la burocracia. Además, un
representante electo es uno de los muchos que se encargan de
legislar sobre política medioambiental, por lo tanto no puede ser el
único responsable del resultado final de la política medioambiental.
Es poco probable que unos cuantos votos no anticipados sobre la
política medioambiental cambie sustancialmente las previsiones
electorales del representante. El voto que los electores dan a sus
representantes se basa en su comportamiento anticipado sobre un
número amplio y asuntos. Incluso en las áreas donde las posiciones
políticas se conocen bien, la mayoría de votantes pueden hacer poco
más que elegir al candidato menos inaceptable entre los que tienen
la posibilidad de ganar las elecciones.
Dado el potencial de discreción de calidad, es sorprendente
comprobar que el modelo del votante mediano predice bastante bien
muchos de los parámetros de la política gubernamental. La evidencia
49
nos sugiere que las políticas adoptadas por los gobiernos
democráticos son consistentes cuando se trata de maximizar el
bienestar del votante mediano o medio. Por otra parte; la evidencia
no es tan grande como para descartar por lo menos un simple
ejercicio de discreción representativa.
Una vez la legislación medioambiental ha sido aprobada, su
ejecución queda en manos de una larga e invisible cabina de
mandos, con departamentos y agencias que tienen autoridad en los
asuntos de interés. Otra vez, por lo menos superficialmente, está al
alcance de una considerable discrecionalidad burocrática y de las
efectivas actividades de los grupos de interés. Hay varias razones
que explican el porqué el legislativo concede una cierta
discrecionalidad a la burocracia, tales como las ventajas de la
especialización, la conveniencia de utilizar el conocimiento específico
del caso, o los deseos del congreso en trasladar las decisiones
controvertidas hacia otro sector del gobierno. Tanto las autoridades
específicas como las ocasionales tienen influencia de legislación
medioambiental y son a menudo las agencias reguladoras en el lugar
del legislativo las que he aquí para los reglamentos finales y las
directivas. Como los que toman las decisiones en las agencias
burocráticas, tienen preferencias políticas personales e
institucionales, las políticas medioambientales tenderán a reflejar los
intereses económicos, estéticos e ideológicos de los burócratas.
Por otra parte, hay un cuerpo de trabajo teórico y científico que
sugiere que las burocracias son responsables de los deseos de los
congresistas y de los comités de su previsión del congreso, y por lo
tanto, de los intereses del votante y mediano, y dijo. Las políticas
medioambientales adoptadas por la burocracia también pueden
reflejar indirectamente consideraciones electorales. Sin embargo, la
evidencia no es tan convincente como para descartar todas las
posibilidades del comportamiento discrecional de los burócratas.
Grupos de presión, persuasión y política medioambiental
50
Un método muy usado por los grupos de presión, que intentan
influir la política medioambiental, es la divulgación estratégica de la
información política relevante. Los grupos de presión subvencionan
la divulgación de la información para los votantes, el Congreso, y la
burocracia. Esta información destaca las ventajas relativas de sus
políticas referidas. Tal información puede aumentar o disminuir la
demanda individual de calidad medioambiental ya que no existe
información concluyente de las ventajas de las políticas
medioambientales alternativas. Si la información proporcionada es
imparcial y objetiva, o perfectamente filtrada por los receptores,
debería tender a mejorar el proceso legislativo mediante una
reducción de votos y de errores de la regulación. Por otra parte,
como los grupos de presión pueden manipular a los votantes y a sus
representantes mediante la provisión de información estratégica
parcial o incompleta, los grupos de presión pueden dirigir las
políticas medioambientales hacia sus propios objetivos, distantes de
los del votante mediano o medio.
La evidencia de la capacidad de persuasión de las actividades
realizadas por los grupos de presión son muchas, pero hay
relativamente poca evidencia empírica de la efectividad en las
campañas de información de los grupos de presión.
Por supuesto, no toda la información medioambiental
relevante la generan los intereses de los grupos de presión. Los
avances científicos, estéticos y tecnológicos tienden también a
afectar de diversa manera la demanda pública y privada de calidad
medioambiental. Los avances tecnológicos tienden a reducir el
precio de los bienes manufacturados en relación con la calidad
medioambiental y conducen a un aumento en los productos
manufacturados. Un aumento de la productividad implica que
aumenta la renta personal que tiende a aumentar la demanda de
todos los bienes normales, incluida la calidad medioambiental.
Cuando el conocimiento y la apreciación de los fenómenos naturales
aumentan, también se conocen y demandan tipos más sutiles de
calidad ambiental
51
Además, los avances tecnológicos pueden afectar directa o
indirectamente al equilibrio del poder político con la política. Por
ejemplo, algunas nuevas tecnologías tienden a reducir el coste
marginal de organizar y sostener actividades de un grupo de
presión. Un aumento de la renta personal junto con costes reducidos
tienden a aumentar el número de suscriptores potenciales de
servicios de apoyo político. Si las contribuciones a los grupos de
presión que apoyan reglas más restrictivas para el medio ambiente,
aumentan más deprisa que los grupos que se oponen a ser tan
estrictos, entonces los grupos de presión tendrán a reforzar el
incremento de la demanda popular de más calidad medioambiental.
En caso contrario, los grupos de presión pueden reducir el esfuerzo
para obtener regulaciones medioambientales más estrictas. En
cualquier caso, cuando la tecnología mejora con el tiempo el
aumento de la efectividad de los recursos invertidos en actividades
políticas, tiende a causar un conflicto político más visible e intenso
en las políticas medioambientales.
Un ejemplo de los métodos de persuasión para influir la
demanda de políticas que ha sido analizado por la literatura de la
elección pública es el aprovechamiento de la conducta conocida en
psicología como la discordia en la conciencia. La teoría de la
discordia en la consciencia, puede considerarse como el malestar
psicológico que puede existir cuando la elección de una persona no
es consistente con sus valores y creencias. La desarmonía puede
dar lugar a que un individuo reconsidere valores y creencias,
incorpore nuevas lecciones con distintos parámetros, reaccione
frente a las restricciones o cambie su función de preferencias. En
este sentido, Akerlof y Dickens reconocen en la teoría de la
discordia en la consciencia una fuente de fracaso del mercado y por
lo tanto una justificación para la intervención pública.
Bardy, Clark y Davis explican que los costes psicológicos de la
desarmonía pueden estar muy influidos por la exposición a la
información, la presión de los demás y el apoyo social. Entonces la
desarmonía se convierte en un instrumento de «rent-seeking», en el
52
llamado «triángulo de hiero», de los legisladores, los burócratas y
los grupos de presión.
Los parlamentarios, los burócratas y los grupos de presión
pueden influir el voto mediante la dirección de la desarmonía y la
orquestación de información que apoye sus fines y programas. Así
pues, las políticas ambientales son una oportunidad para la
administración de la desarmonía por parte del sector público porque
lleva implícita elementos de elección individual, incertidumbres, y
exposición involuntaria a la información.
Tales actividades comercian con el miedo a lo desconocido
aumentando desarmonía del votante o la ansiedad por elecciones
ambientales prioritarias.
Los grupos de interés pueden intentar «crear pánico»
popularizando palabras como el «calentamiento global» o el
«invierno nuclear». Al mismo tiempo ofrecen la gestión pública.
Un grupo especial de presión esta compuesto por individuos
que tienen posiciones similares en un tema dado. El grupo puede
aparecer como una asociación comercial, cartel o los llamados
grupos de interés público medioambiental, como el Natural
Resources Defense Council, o el Sierra Club. El grupo puede
identificar un tema, y utilizando los medios de comunicación y los
recursos políticos, fomentar la desarmonía para hacer un tema más
público. En el proceso justifica su existencia y al mismo tiempo
obtiene rentas. Los grupos de presión, desde un punto de vista,
intentan conciliar la desarmonía individual mediante la contribución a
los intereses especiales. Por ejemplo, muchos de los que
contribuyen a la American Lung Association son fumadores. Su
desarmonía sobre la decisión de fumar es, es parte, conciliada por
su contribución. Una parte pequeña del presupuesto de la
asociación se dedica a la investigación, la mayoría del presupuesto
va a las campañas y al lobby político. Similares circunstancias son
las de la American Heart Association y el American Cancer Society.
53
Desde Punto De Vista Normativo
La economía política ambiental se relaciona con la creación y la
atribución del valor. La economía política ambiental trata de internalizar las
externalidades en los análisis de políticas públicas, lo cual permite enfocar
los costos ambientales y sociales actuales de una política económica
expansiva. En la economía política ambiental, los levantamientos sociales
son consecuencia de que los problemas ambientales sociales son
razonablemente tratados (Hawken, Amory and L.Hunter)
Estas, definen las relaciones entre el hombre con el medio ambiente, e
incluyen las reglas que afectan el uso de los recursos naturales.
IV. FACTORES ECONÓMICOS
Los factores más determinantes dentro de la economía son: el crecimiento
económico y el desarrollo económico, los cuales si se desarrollan a
cabalidad se verán los efectos en el medio ambiente.
Primeramente, el
crecimiento
económico, es un
proceso reversible. Es
decir, al crecientito
puede seguir la
decadencia.
Lógicamente, el
desarrollo económico
es igualmente
reversible, aunque de
hecho es raro que se produzca una regresión a estructuras o formas de
organización exactamente iguales.
Servicios
Recursos naturales
54
En el sentido con el medio ambiente, se identifica que el crecimiento
económico está dado en términos cuantitativos y el desarrollo en términos
cualitativos, en este aspecto los impactos en el medio ambiente son más
evidentes con este último, Al haber un desarrollo se pone en manifiesto que
ha habido mayormente más ingresos, por lo tanto mayor producción y por
ende mas efectos contaminantes y residuos que proceden de ella.
Relaciones entre Medio Ambiente, Sistema Productivo y Familias
Las flechas señalan las relaciones habituales entre las familias y las
empresas, tratándose de la relación habitual en el comportamiento de los
agentes económicos. La parte inferior de la figura, muestra cómo la
consideración de la cuestión ambiental produce otra serie de efectos que
MEDIO AMBIENTE
ProducciónConsumo
Bienes y servicios
Trabajo y capital
ResiduosContaminantes
ResiduosContaminante
55
son necesarios considerar. Desde el punto de vista positivo, comprobamos
que las familias obtienen servicios de ocio, y las empresas los recursos
naturales que les son imprescindibles para desarrollar su tarea productiva.
Como externalidad negativa habría que señalar que ambos agentes
sociales generan residuos y contaminación que influyen sobre el medio
ambiente y que lo pueden afectar nocivamente, por lo que las
externalidades positivas indicadas pueden verse afectadas. Estos efectos
sobre el medio ambiente son a los menos se les brinda atención en el
análisis tradicional.
LA ECONOMIA EN EL MEDIO AMBIENTE
Causas
económicas
Efectos globales Efectos
económicos
Efecto
invernadero
Emisiones de CO2
y metano por:
Incendios
forestales
Transporte
Industrias que
usan
combustibles
fósiles
Ganadería
intensiva
Cambio climático:
Inundación de
zonas costeras
Elevación de
temperaturas
media
Lluvias
estacionales y
torrenciales
Reducción de
la producción
agrícola
mundial
Caída de
actividad
económica en
zonas costeras
Lluvia ácida Emisión de
compuestos de
nitrógeno y azufre
a la atmósfera:
Centrales
terminas
Transporte
Industria química
Muerte
biológica de
masas de agua
cerrada
Destrucción de
masas
forestales
Pérdida de
valor
recreativo
Caída del
rendimiento
pesquero y
forestal
Destrucción Uso de CFCs Efectos Costes
56
de la capa de
ozono
como:
Propelentes
Refrigerantes
Base para
elaborar algunos
plásticos
perjudiciales
para la vida
Enfermedades
de la piel y de
la vista
médicos de
esas
enfermedades
Reducción del
rendimiento
agrícola y
ganadero a
largo plazo
Despilfarro de
recursos
No existencia de
valor de cambio
para algunos
recursos
naturales y
medioambientale
s
Falta de
concienciación
individual
Agotamiento de
recursos
Destrucción del
entorno natural
Costes de la
acumulación y
tratamiento de
basuras y
desechos
Agotamiento
de recursos
sin sustitución
tecnológica
Aumento de la
población
mundial
Provocada por la falta de planificación, presiona sobre
los recursos y genera problemas especiales en el
Tercer Mundo
Contaminació
n atmosférica
Emisión de gases
contaminantes a
la atmosfera de:
Fuentes móviles
Fuentes fijas
Reducción de
la calidad del
aire
Problemas de
salud
Pérdida de
valores
paisajísticos
Aceleración de
procesos de
corrosión
Problemas de
trafico
Contaminació
n acuática
Vertido de
contaminantes
en:
Empeoramiento
de la calidad
del agua
Menor cantidad
del agua
potable
57
Mares y
océanos
Cauces de agua
dulce
Indirectamente
en aguas
subterráneas
Causas:
Actividad
consuntiva
Agricultura y
ganadería
Minería e
industria
(especialmente
grave donde
sea un bien
escaso)
Riesgos de
salud
Riegos para la
biodiversidad
Contaminació
n terrestre
Vertido en el
suelo de:
Basuras
Metales
pesados
Compuestos
químicos
Menor calidad
de la tierra
Potencial
incidencia en
aguas
subterráneas
Pérdida de
calor del suelo
Caída de
rendimientos
agrícolas
Riesgos de
salud
Efectos
paisajísticos
Acumulación y
tratamiento de
residuos
Residuos
peligrosos
Nucleares
Químicos
sanitarios
Efecto
contaminador
muy potente y
duradero
efectos nocivos
para la salud
peligroso para
la vida, así
como para la
agricultura
58
CRECIMIENTO ECONÓMICO Y MEDIO AMBIENTE
Al ser el PBI el principal indicador del crecimiento económico, es
necesario su análisis para la interpretación de la relación existente con el
medio ambiente, como pueden ser las implicaciones sectoriales, los efectos
de la política medioambiental sobre la demanda interna o sus efectos sobre
la productividad (que guarda una relación directa como la competitividad de
una economía).
En principio, como ha hecho Daly, la macroeconomía, como base
teórica de la política económica del medio medioambiente es esencialmente
microeconómica, olvidando que la actividad económica del ser humano en
el ámbito agregado no es sino parte de un sistema mayor, la naturaleza, en
el que se desarrolla toda actividad económica. Básicamente las decisiones
de la política económica y, mas concretamente, de la política
medioambiental empieza por delimitar a qué escala deseamos crecer sin
reducir las posibilidades que la naturaleza nos brinda de seguir creciendo
en el futuro.
Otros autores como Huppes, establecen todo un aparato teórico en la
definición e implementación de la política medioambiental de carácter
macroeconómico. Este autor parte de definir la calidad medioambiental
como objetivo de las medidas que se van a aplicar, a través de cifras que la
relacionan con algunos problemas del entorno natural muy concretos, como
el deterioro de la capa de ozono o el agotamiento de os recursos naturales.
Posteriormente establece una tipología de los instrumentos de la política
medioambiental que deben cumplir en todo caso con tres principios
fundamentales: eficiencia, equidad y naturalidad (en el sentido de que la
libertad de elección de los agentes económicos no se vea afectada).
Efectos de la política medioambiental sobre el PBI
1. Efectos negativos sobre el PBI de una mala situación
medioambiental
La mayor parte de los análisis que se han realizado para medir
el impacto de las políticas de protección del medio ambiente sobre el
59
crecimiento económico a través del PBI, pasan por alto el hecho de
que algunos problemas medioambientales significativos en el ámbito
internacional (efecto invernadero o destrucción de la capa de ozono)
puede provocar una reducción a largo plazo del PIB, con lo que la
realización de políticas medioambientales evitaría esos costes en
términos de crecimiento económico.
Así, el efecto invernadero podría afectar gravemente a la
agricultura mundial, porque conduciría, según los análisis científicos
realizados hasta la fecha, a una alteración de la climatología en el
ámbito planetario, que favorecería el surgimiento de condiciones
extremas (menos lluvias y más concentradas, extensión de zonas
desérticas, etc). Por otra parte, probablemente produciría un
aumento en el nivel de los mares, al derretir las enormes masas de
agua que están contenidas en los polos, lo que acarrearía gastos
defensivos para proteger zonas y ciudades costeras e importantes
desplazamientos de la población. Estos son sólo dos ejemplos de
consecuencias del efecto invernadero que reducirían el crecimiento
económico y producirían una reasignación de gastos con la finalidad
de protegerse de los efectos perversos de esta situación.
Otro ejemplo sería el de la destrucción de la capa de ozono.
Este problema conllevaría importantes consecuencias negativas. Dos
de ellas son: por un lado estaría la pérdida de biodiversidad que
provocaría, que implicaría importantes costes de oportunidad en
términos de pérdida de sustancias beneficiosas para el ser humano
que todavía están por descubrir (algo que también sucedería en el
caso de la destrucción de los grandes bosques tropicales), además
de la pérdida irreversible de un importante valor de existencia; por
otro, los importantes costes sanitarios que generaría, especialmente
por el aumento en la incidencia de los cánceres de piel que se prevé,
así como la pérdida de jornadas de trabajo que esto implicaría.
Como se ve, existen muchas situaciones en las que la
existencia de problemas medioambientales conduciría
60
(especialmente en el largo plazo) a una reducción de las
posibilidades de desarrollo económico. Este hecho, de por sí,
debería incentivar la adopción de medidas de política
medioambiental (siguiendo el conocido principio de «es mejor
prevenir que curar», inmediatamente aplicables a este caso, máxime
cuando la existencia de irreversibilidades está presente) que
ayudasen a paliar estos problemas, con la intención de reconducirlos
a unos términos que fuesen compatibles con el logro de un desarrollo
sostenible.
Otra forma, para conocer las implicaciones de la política
medioambiental en la actividad económica en general es la diferencia
entre el corto y el largo plazo.
Según Weyant, estudia las conclusiones y las diferencias entre
realizar modelos a largo plazo y a corto plazo. En cuanto a los
resultados a largo plazo que obtiene este autor, cabe señalar tres
fundamentales: para controlar o reducir emisiones contaminantes de
CO2 hasta el año 2100 es fundamental un alto grado de coordinación
y cooperación internacional; de otro modo, los efectos negativos
sobre el PBI se verían acentuados. Asimismo, parece de interés que
la introducción de las medidas medioambientales, ya se trate de
impuestos, mercados de permisos, subvenciones u otros
instrumentos, se realice de forma gradual, para permitir a los agentes
económicos una acomodación progresiva a estas medidas que
permita que sus costes a largo plazo no sean apreciables. Para
terminar, propone la implantación de un sistema internacional de
permisos negociables, del tipo del que se ha venido hablando en las
Cumbres de Kioto y en las restantes cumbres sobre el cambio
climático, en el cual se repartirían una serie de permisos entre los
distintos países, que luego podrían comerciar con ellos, lo que
permitiría a los países que más emiten seguir haciéndolo hasta el
punto en el que les resultara rentables la compra de permisos (si les
es más rentables reducir las emisiones el propio mercado les llevará
a ello), mientras que los países más pobres recibirían un flujo de
dinero que les ayudaría, en teoría, a salir del subdesarrollo.
61
Si nos encontramos en el corto plazo, Weyant señala una
serie de aspectos que deben tenerse en consideración. Para
empezar, indica que si la introducción de las medidas
medioambientales es más rápida que la adopción de nuevas mejoras
tecnológicas o que la tasa de depreciación del capital, los costes de
ajuste a corto plazo serán mayores; esto, a su vez, guarda relación
con la observación de que, una vez fijado el objetivo a alcanzar,
cuanto antes se pretenda su logro, mayores serán los costes de
transición que impondrá. La reutilización de los ingresos de este tipo
de medidas (sobre todo si se trata de impuestos ecológicos) tienden
a reducir la carga impositiva de algunos impuestos que distorsionan
la asignación de recursos (impuestos sobre la renta personal o
empresarial, IVA i impuestos sobre las nóminas) permite contener los
costes de ajuste de la mayor parte de los instrumentos de la política
medioambiental. Por último, señala que, aparte de los problemas de
competitividad (para los países o grupos de países que actúen en
solitario) que conlleva que algunos de los principales países
emisores no adopten este tipo de medidas, esta esta el hecho de que
esta falta de coordinación llevaría a la reducción de emisores en el
ámbito mundial fuese significante o, incluso, que creciera en lugar de
disminuir, debido a que la caída en la demanda de petróleo y otras
materias primas energéticas que generaría cualquier medida para
reducir las emisiones de CO2, conduciría a una mayor utilización de
estas materias primas por parte de los países que no introduzcan
estas medidas, con su consiguiente incremento en las emisiones.
Por último, en cuanto a la relación entre costes a corto y largo
plazo, destacar la recomendación de Grubb en el sentido de afirmar
que, pese a que los costes a corto plazo de introducir un apolítica
medioambiental para reducir las emisiones de contaminantes de
cualquier tipo puedan parecer inasumibles para una economía
abierta en un mundo tan relacionado con el nuestro, a largo plazo os
costes son menores, una vez que la economía se ha ajustado a la
nueva situación. Además, como hemos visto, existen múltiples
mecanismos mediante los cuales podemos amortiguar estos costes a
62
corto plazo (instrucción neutral desde una perspectiva fiscal de estas
medidas, introducción gradual de las mismas, medidas de ahorro
energético, etc.)
Otro punto a destacar es la importancia de la elasticidad de
sustitución entre factores en el resultado que obtengan los estudios
realizados hasta la fecha. Como bien señala Winters, si en el estudio
se supones una elevada sustituibilidad entre materias primas
energéticas (especialmente petróleo) y otros factores, las medidas
que pretendan reducir las emisiones de graves contaminantes
tendrán escasos efectos negativos sobre la actividad económica,
puesto que esta elevada elasticidad de sustitución facilitará el ajuste.
Sin embargo, cuando la sustituibilidad sea reducida, los costes del
ajuste, tanto a largo plazo como a corto plazo, serán mayores. La
mayor parte de los estudios realizados hasta la fecha parecen
suponer una sustituibilidad alta entre los factores de producción,
especialmente a largo plazo.
Las posibilidades de sustitución de la energía por otros
factores cobran un mayor interés se considera más probable para los
años venideros, a saber, un incremento en el coste de las energías
más utilizadas hoy en día (los procedentes de fuentes fósiles) debido
a la cada vez mayor escasez de estas materias conforme se vayan
agotando sus reservas, dado que no es muy probable (al menos eso
parece en nuestros días) que se invente petróleo, carbón o gas
artificial que, contando con un precio asequible, puedan sustituir a los
naturales.
En relación con esto, otro aspecto a destacar es la capacidad
de las economías de por medio del progreso técnico, ser capaces de
desarrollar tecnologías ahorradoras de energía que posibiliten una
mayor capacidad de intercambio entre petróleo y capital. De nuevo
los supuestos que se establezcan a este respecto tienen una
importancia decisiva de cara a los resultados que se obtengan. En
todo caso, no debe pasarse por alto la capacidad actual de ahorro de
energía sin recurrir a tecnologías muy caras o que se espera
63
desarrollar en el futuro; tampoco debe subestimarse en este sentido
la capacidad que determinadas regulaciones medioambientales
tienen para incentivar el desarrollo de tecnologías limpias.
Finalmente, aún cuando la variación en términos PBI sea
negativa, lo es en escasa medida, lo que induce a afirmar que la
introducción de políticas medioambientales es conveniente desde el
punto de vista de su eficacia en la protección del entorno y
aconsejable desde el punto de vista de la actividad económica,
siempre que se realice de forma adecuada (introducción neutral,
gradual, coordinada)
2. Efectos sectoriales
Por lo que se refiere a la desagregación de la oferta en sus
diferentes ramas de actividad, el interés del estudio de los efectos de
la política medioambiental bajo esta perspectiva estriba en las
notables diferencias sectoriales que se presentan ante la aplicación
de políticas ambientales. En principio, una vez que se ha introducido
el impuesto, se observa una redistribución favorable a los sectores (y
dentro de cada sector a favor de las empresas (menos intensivos en
el uso de energía o de combustibles fósiles.
Son importantes los efectos de las subvenciones y mercados
de permisos en el aspecto de la posible redistribución sectorial de los
costes de las puestas en marcha de una política medioambiental
basada en alguna de estas dos medidas. En cuanto a los mercados
de permisos, dado que su introducción se realiza en un marco tanto
geográfico como sectorial (en función esto último del tipo de
contaminación emitida; si la contaminación es sobre el medio
acuático, sólo los sectores que viertan contaminantes a este medio
se verán afectados), la limitación de los efectos perniciosos sobre los
costes de los sectores afectados, que supondría su puesta en
marcha, parece clara. Esto ni implica que no se produzcan efectos
colaterales sobre otros sectores (dependerá de las relaciones
comerciales de los sectores afectados con otros sectores y de la
importancia que las ramas de actividad productiva afectadas en
64
primera estancia tengan en el conjunto de la economía), pero estos
serán secundarios.
Por lo que se refiere a las subvenciones, podemos ver dos
tipos de efectos según cuál sea el efecto perseguido. Si se trata de
eliminar subvenciones a sectores contaminantes por la utilización de
determinadas materias primas (por ejemplo, el ya comentado caso
de las subvenciones al carbón español), los efectos sectoriales
serían directos y de gran importancia, no sólo en términos
económicos (llevaría al cierre de gran parte de las empresas de
estos sectores), sino también sociales (por la pérdida de puestos de
trabajo y la pobreza que se generaría en las regiones afectadas). De
hecho, remarcar que estas subvenciones tienen una clara finalidad
política y social, puesto que tanto desde una perspectiva económica
como desde un punto de vista medioambiental carecen de sentido.
Otro tipo de subvenciones serian las concedidas para la
implantación o el desarrollo de determinadas mejoras tecnológicas.
En este supuesto, si bien el efecto inicial se correspondería con los
sectores subvencionados, se produciría un efecto desbordamiento a
favor de otros sectores relacionados con los anteriores, lo que hace
aconsejables su introducción. Así, en el caso de subvenciones a
actividades altamente contaminantes (sector energético, químico,
transporte, etc.) el hecho de que muchos hechos de estos sectores
sean fabricantes de productos intermedios beneficiaría a los sectores
que los incorporan dentro de su producto final.
Por último, la influencia de un impuesto ecológico sobre la
actividad económica. Lo primero a resaltar es que la incidencia del
impuesto en este sentido es muy diferente en el corto plazo (en el
que los sectores más dependientes de energía, o de otras sustancias
contaminantes que fueran susceptibles de gravamen,, soportarán un
duro proceso de ajuste) de los que sucedería en el largo plazo, en el
que los sectores más afectados, al contar con mayores posibilidades
de sustituibilidad entre factores y con un caro incentivo a desarrollar
tecnologías menos intensivas en el uso de energía, probablemente
65
habrán tomado las medidas necesarias para amortiguar el impacto
inicial del impuesto.
Entre estos sectores más afectado por la introducción de un
impuesto ecológico (aquellos con una mayor participación de los
costes energéticos en el total de los costes de producción),
independientemente de si recae sobre la producción o sobre el
consumo, destacan los de producción y distribución de energía,
extracción de carbón, extracción y procesamiento del hierro y del
acero, cristal, química básica, cemento y cerámica, todos aquellos
sectores de producción de bienes intermedios básicos, así como el
sector del transporte.
Se diferencia entre tres tipos de posibilidades, siempre
teniendo en cuenta que los resultados pueden variaren función del
país analizado, ya que cada uno de ellos cuenta con una
ponderación especifica de la importancia de cada sector en el total
de la economía, así como con comportamientos diferentes entre
sectores iguales a su intensidad en el uso de los factores:
La primera contempla una introducción de un impuesto sobre
la producción o sobre el consumo de energía. En este caso,
se observa que un impuesto sobre la producción sólo
afectaría seriamente (con aumentos del precio de más del 5
por 100) al sector de hierro y acero, y al de cemento, mientras
que un impuesto sobre el consumo lleva a menores
incrementos en los precios, especialmente si el consumo de
electricidad es elevado. La razón de esto estriba en que un
impuesto sobre el consumo no grava la producción de energía
eléctrica en sus fases intermedias (algo que sí realiza el
impuesto sobre la producción), sino sólo una vez en el
momento del consumo de energía final.
En segundo lugar, se comparan los efectos de introducir un
impuesto sobre la energía con los de implantar un impuesto
sobre el CO2, ambos en términos de barril de petróleo
equivalentes. En este caso, si bien las diferencias en su
66
incidencia en los precios de los sectores analizados no es
nunca demasiado significativa (dentro de cada país), sí que se
observa una estrecha correlación entre las materias primas
que se utilizan para producir la energía eléctrica entre los
distintos países y los resultados obtenidos. Aquellas naciones
con una producción de energía eléctrica basada en
combustibles fósiles (sobre todo carbón), como es el caso de
Italia y Alemania, tienen incrementos mayores en los precios
si se introduce un impuesto sobre el CO2, mientras que
aquellas (Francia fundamentalmente) que se basan en una
energía eléctrica de origen nuclear o renovable se ven más
favorecidas por un impuesto sobre el CO2, debido a sus
escasas emisiones de este contaminante por parte del sector
energético, que por un impuesto sobre la energía. Hay que
tener en consideración, además, la importancia que la energía
eléctrica tiene como factor productivo para muchos sectores,
con lo que se explica con claridad la importancia de elegir bien
el tipo de impuesto si se pretenden evitar grandes efectos
sectoriales
La última posibilidad que plantea el estudio se refiere a la
introducción neutral, desde el punto de vista de la
recaudación, de este tipo de impuestos. La opción
considerada en este estudio es una reducción en las
cotizaciones empresariales a la Seguridad Social, puesto que
supone el abaratamiento de un factor productivo, el trabajo, lo
que provoca una redistribución entre sectores mucho más
acusada. Mientras que si la introducción del impuesto no es
neutral todos los sectores pierden, en el caso de que se
proceda a una reducción en un impuesto sobre la contratación
de mano de obra simultánea a la implantación del impuesto
ecológico todos los sectores se ven beneficiados. Ahora bien,
los sectores beneficiados (hasta el punto de que reduciría sus
precios, en ligar de incrementarlos, haciéndolos más
competitivos) serían los mas intensivos en el factor trabajo
67
que, en general, se corresponde, con un nivel bajo de
desagregación, con el sector servicios. En el resto de
sectores, incluso en los mas dependientes de la energía, los
precios, en estas circunstancias, subirían o bajarían de forma
moderada, dependiendo de la intensidad en mano de obra del
sector en cuestión, pues la caída en los costes laborales
ayudaría a compensar la subida en los costes energéticos.
Medio Ambiente y Empresa
A medida que aumenta la concientización por la protección del medio
ambiente, se van sucediendo cambios en el entorno empresarial. Por
ejemplo, los consumidores se vuelven ecológicamente responsables, los
trabajadores valoran más el compromiso de la empresa con el medio
ambiente, etc.
Ante este nuevo contexto empresarial, la empresa se ve obligada a
valorar un sistema de gestión compatible con la protección medioambiental.
Además esta política no solo conlleva costos, sino que también aporta sus
beneficios, ya que puede suponer una ventaja competitiva al mejorar la
percepción de los consumidores, que cada vez valoran más estas
iniciativas empresariales, puede convertirse en un valor diferenciador del
producto, al haber un gran número de consumidores dispuestos a apostar
por productos ecológicos aunque tengan que pagar un poco más. Incluso
puede tener beneficios económicos a más corto plazo, como el ahorro de
costes energéticos.
Habitualmente se afirma que la inversión es el motor del crecimiento
económico, al ser la compra devienes de capital la que permite, en última
instancia, el desarrollo económico. El agente económico protagonista del
esfuerzo inversos es la empresa, por lo que el estudio de la empresa es sus
relaciones con el medio natural cobra gran importancia de cara a entender
la relación entre desarrollo económico y protección de la naturaleza, que lo
que pretende, en definitiva, es compaginar un crecimiento económico que
68
nos permita mejorar nuestra calidad de vida con un respeto por los recursos
naturales.
La relación entre el mundo empresarial y el medio ambiente es doble:
por un lado, las empresas utilizan los recursos que la naturaleza pone a su
disposición; por otro, los residuos y desechos resultantes del proceso
productivo se depositan (depurados o no) en el medio natural. Por esta
razón, es muy importante cómo se desenvuelven las empresas en su
relación cotidiana con el medio ambiente.
Por otra parte, no debe olvidarse que los propietarios últimos de las
empresas son consumidores, por lo que las políticas medioambientales que
se apliquen no sólo tendrán incidencia en el mundo empresarial a través de
su impacto en los costes (y, por tanto, en las tomas de decisiones relativas
a cómo aminorarlos en la medida de lo posible, al tiempo que se cumplen
con los objetivos medioambientales, impuestos o no), sino también en cómo
pueda incidir en el consumo privado, en la medida en que afectan a
propietarios de empresas.
En un principio, las empresas tomaron el medio ambiente como una
variable impuesta que incidiría de forma negativa sobre sus costes, con los
que las políticas medioambientales (especialmente si se llevaban a cabo
por medio de los «temidos» impuestos ecológicos) se percibían por parte
de las empresas como algo negativo, planteándose incluso la conveniencia
o no, desde el punto de vista de la minimización del coste, de cumplir con la
normativa de protección del entorno.
Afortunadamente, hoy en día las cosas cada vez se contemplan en
menor medida bajo esta perspectiva, debido a dos razones. En primer
lugar, el hecho de que las empresas tienen adecuadamente asumido que
los costes de protección del medio natural que recaen sobre ellas con parte
de sus costes totales. Es más, cuanto mayor sea el esfuerzo que realice
para evitar contaminar, tanto menor serán los costes derivados de
regulaciones medioambientales que deberá soportar, lo que, si bien parece
una perspectiva poco interesante en el corto plazo (cuando se puede
plantear si es mejor pagar el precio de contaminar o el de adquirir
mecanismos que permitan reducir el uso de recursos naturales o la
69
utilización de la naturaleza como sumidero), a largo plazo es más deseable,
pues suele conducir a una minimización del coste de producción. A esto se
añade que el ahorro de determinados factores de producción que utilizan
las empresas no sólo conduce a una eficiencia económica, al minimizar el
coste de producción, sino también a una eficiencia ambiental, al minimizar
la utilización de recursos naturales, especialmente en el caso de que antes,
por su aparente abundancia, parecieran gratuitos (agua, atmósfera, etc.)
En segundo lugar, las empresas contemplan, cada vez en mayor
medida, el medio ambiente como una oportunidad de negocio desde una
doble vertiente. La primera consiste en ser capaces de ver que, asumiendo
las mejoras medioambientales antes de que vengan dictadas por el
gobierno, se obtendrán dividendos positivos una vez que la medida
medioambiental sea de obligado cumplimiento, pues esto permitirá que las
estructuras productivas de la empresa estén preparadas ante la
introducción de la política medioambiental de que se trate, lo que redundará
en la obtención de ventajas competitivas frente a las empresas que no
perciban esto.
La segunda de estas perspectivas se refiere al surgimiento de
nuevas oportunidades de negocio debido a la mayor concienciación
ambiental y a unas políticas de protección del entorno cada vez más
estrictas. Esto está permitiendo que esté naciendo tanto un sector industrial
de producción de bienes ambientales (cualquier tipo de mecanismo que
permita reducir algún tipo de contaminación) como un sector terciario de
prestación de servicios medioambientales. Esto sin olvidar que algunos
sectores ya existentes han visto impulsada su actividad productiva como
consecuencia de este mayor interés por la preservación de la naturaleza.
Otro aspecto que debe destacarse es que el mayor interés de los
consumidores por la preservación del medio ambiente y por el disfrute del
medio natural ha llevado a que su preocupación por adquirir bienes que
cumplan con un criterio que podría denominarse de «calidad ambiental» se
traslade a las empresas, que intentas satisfacer esta nueva demanda de los
consumidores para que sus ventas no se resientan frente a las de las
competencias. De hecho, la paulatina introducción de eco etiquetas que
70
ofrecen información sobre la idoneidad medioambiental de un producto en
los países desarrollados (sobre todo los del norte de Europa, Alemania y
Benelux) es una muestra de la presión que ejercen los consumidores por
conocer si un producto es respetuoso con el entorno en todas las fases de
producción, distribución, consumo y desecho, dado que este dato se está
convirtiendo en una característica más a tener en cuenta a la hora de
adquirir un bien o un servicio. Este hecho, unido a la presión en el mismo
sentido (que las empresas se preocupen más por participar en la protección
del medio ambiente) que ejercen los Estados a través de sus políticas
medioambientales, lleva a que el comportamiento ambiental de las
empresas sea cada vez mejor en su conjunto, si bien es inevitable que,
aisladamente, algunas empresas escapen a esta tendencia.
Con todo, el papel que el gobierno debe desempeñar de cara a
incentivar a las empresas a tener un comportamiento medioambiental
correcto sigue siendo fundamental, pues existen muchas empresas (y
empresarios) que siguen siendo miopes en torno al interés que la
preservación del medio natural tiene parea ellas. En este sentido, la política
medioambiental, sea cual sea el instrumento mediante el que se lleve a
cabo, sigue siendo básica.
Las ventajas e inconvenientes de cada instrumento ambiental con
vistas a llevar a las empresas a un comportamiento adecuado con el
entorno natural (en este sentido, las medidas reguladoras son posiblemente
las mejores, al obligar a las empresas a adoptar determinados tipos de
medidas), así como las ventajas que los instrumentos económicos
(impuestos ecológicos y mercados de permisos negociables, sobre todo)
tenían a la hora de minimizar el coste para las empresas de alcanzar
determinado estándar de calidad ambiental.
Uno de los aspectos más destacables de la relación entre empresas
y medio ambiente surge por las nuevas oportunidades de negocio que
determinadas actividades están generando. En algunos casos, se trata de
sectores ya existentes que se han visto revitalizados por el nacimiento de
las preocupaciones medioambientales. Así, el reciclaje y la reutilización
(incluso la reparación de prendas de vestir, pequeños electrodomésticos y
71
otros bienes, que tendrían de ser desechados para adquirir uno nuevo en
cuanto se estropeaban, pues el precio de la reparación no compensaba al
cliente y prefería adquirir otro bien equivalente), que parecen sectores de
reciente aparición, ya estaban presentes antes de la Segunda Guerra
Mundial; tras su casi desaparición hacia los años sesenta o setenta, en
pleno auge del consumismo, hoy en día han renacido con gran fuerza.
Pero junto a esos sectores que han surgido, están naciendo
actividades nuevas, tanto en el campo industrial como en el de los
servicios, que guardan una relación muy estrecha con el medio ambiente.
Los sectores de equipamiento medioambiental que se están desarrollando
lo están haciendo,, en buena medida, al amparo de las nuevas normativas
sobre protección del entorno natural o como conse3ciencia de la
introducción de incentivos económicos que levan a las empresas a adoptar
estos equipamientos, ya sea por motivos medioambientales, legales o
económicos. Asimismo sectores como el de gestión de residuos,
generación de energías renovables (solar, eólica, por biomasa, etc.),
agricultura biológica, explotación sostenible de la riqueza maderera, etc.,
siguen esta misma línea de crecimiento y mejora en la producción de
bienes ambientales.
Lo mismo sucede con las nuevas empresas que se están dedicando
a la prestación de servicios medioambientales de todo tipo: realización de
evaluaciones de impacto ambiental, consultoría sobre temas ambientales,
realización de auditorías medioambientales o de cualquier estudio que
conlleve a un giro ecológico por parte de la empresa, algo que se demanda
cada vez en mayor medida al ser requerido por los consumidores o por el
gobierno. Otro tipo de empresas de servicios medioambientales son las de
turismo rural o alternativo, las de distribución de productos ecológicos (de
agricultura biológica, por ejemplo), etc.
Precisamente, el sector que se dedica a la prestación de servicios
ambientales está registrando un fuerte crecimiento debido a la paulatina
introducción de tres tipos de prácticas medioambientales: la auditoria
medioambiental, las evaluaciones de impacto ambiental y las eco-etiquetas.
Estas últimas se comenzaron a aplicar en 1978 en Alemania a través de lo
72
que se denominó el «Ángel Azul», que era una etiqueta que se concedía a
determinados productos que habían contrastado el respeto por el entorno
en todas sus fases de producción y distribución. Posteriormente se han
implantado mecanismos similares en otros países europeos y del resto del
mundo industrializado (Japón o Canadá fueron los pioneros en su
aplicación), así como otro tipo de etiquetas que garantizan la reciclabilidad
de un producto o de su embalaje (el llamado «punto verde», que figura en
embalajes y envases como distintivo de su potencial de reciclabilidad o de
reutilización). Esta tendencia no es ajena al hecho de que la información
suministrada en todos los productos en sus etiquetas haya mejorado mucho
en general, incluyendo en algunos casos cierta información de contenido
ambiental. En algunos sectores se empiezan a tomar unas pocas iniciativas
en este sentido; pero, son de carácter restringido.
En etiquetas ecológicas, pese a la información que proporcionada
referente a la idoneidad medioambiental de un bien (con lo que esto supone
a la hora de facilitar la decisión al consumidor), presentan un par de
problemas que conviene mencionar: en primer lugar, el hecho de que los
criterios para conceder estas etiquetas son, en general, bastante laxos,
debido a la dificulta de controlar que a lo largo de todos los procesos de
fabricación, venta y desecho de un bien se cumplen todos los criterios
ambientales necesarios ( si bien, menos, la etiqueta sirve para distinguir los
productos más respetuosos con la naturaleza ,aunque no lo sean por
completo, de aquellos que no lo son o lo son de forma muy reducida); otro
problema importante que plantean, relacionado con lo anterior, es que, en
el momento en que muchos productos /en parte por la laxitud de los
criterios necesarios para concederla) disfruten de este tipo de etiqueta, su
función principal, que es la de diferencia productos ecológicos del resto, se
habrá difuminado, con lo que la eco-etiqueta tenderá a desaparecer o a
adoptar criterios cada vez más estrictos.
A partir de los mecanismos que la empresa puede integrar las
preocupaciones medioambientales en su gestión y en su actividad
productiva, debemos plantearnos la cuestión de cómo reaccionan las
empresas ante la introducción de medidas económicas o legales de
protección del entorno. Evidentemente, el primer efecto económico de
73
introducir una política medioambiental del signo que sea es un incremento
en los costes de producción, que las empresas trasladarán al consumidor
dependiendo de la elasticidad de la curva de demanda; en este sentido,
como muchos de los bienes gravados por motivos medioambientales con
inelásticos (combustibles, así como bienes intermedios de la simetría
química, debido en ambos casos a la carencia de bienes sustitutivos,
fundamentalmente), la traslación del incremento de costes a los
consumidores es significativa en la mayoría de los casos.
Otra cuestión relevante es la propensión que las empresas afectadas
muestren a eludir estos costes a través del incumplimiento de las medidas
medioambientales, lo que, en teoría, harán siempre que la probabilidad de
ser detectados sea baja, así como cuando los costes derivados del no
cumplimiento sean reducidos. Sin embargo, también existen una tendencia
en sentido contrario a alcanzar las metas medioambientales previstas
debida a la presión que los consumidores llevan a cabo en este sentido
que, cada vez en mayor medida, encamina a las empresas a seguir las
pautas medioambientales necesarias para cumplir con la legislación que se
plantea en materia de medio ambiente (e incluso a sobrepasarla o
adelantarse a ella).
La forma en que las empresas multinacionales, especialmente
cuando cuentan con plantas en distintos países, aborda la legislación
medioambiental también platea mucho interés, sobre todo si se tiene
presente que cuentan con incentivos importantes para cambiar la radicación
de laguna de sus plantas cuando, en uno o varios de los países en los que
está establecida, se introduzcan políticas medioambientales que eleven
muchos costes.
Las empresas multinacionales suelen ser, en razón de su dimensión,
emisores de cantidades importantes de contaminación, al tiempo que
utilizan gran cantidad de recursos naturales. Sin embargo, no debe pasarse
por alto que, debido a su dimensión y al carácter internacional de su
actividad empresarial, también presentan ventajas de cara a la
conservación del medio natural; por una parte, como transmisores entre
países de tecnologías y prácticas para reducir la contaminación; por otra,
74
debido a que su tamaño les permite emprender actuaciones e
investigaciones de contenido medioambiental con independencia de la
política que el gobierno lleve en este sentido; por último, en muchos casos
pueden llegar a imponer a muchos de sus proveedores comportamientos
medioambientales correctos.
Con todo, la influencia en cuestiones medioambientales de una
multinacional no se limita a sus proveedores y, a sus consumidores, sino
que también los accionistas (igual que pasa en todas las compañías que
tienen su capital social dividido en acciones) tienen un papel significativo
que desempeñar en cuanto a las líneas a seguir por la empresa en su
estrategia medioambiental. La multiplicidad de las presiones que reciben
para tener un comportamiento correcto en su relación con el medio
ambiente, ya que un desliz en este tema, aparte de llegar a oídos de
muchos agentes económicos, seria conocido en muchos países.
Por último, las estrategias que las empresas en general (y las
multinacionales y grandes empresas en particular) siguen en su relación
con el medio ambiente, la OCDE agrupa a las empresas en tres categorías,
en función de la estrategia que adopten en su relación con el medio
ambiente: las estrategias activas, de empresas que se involucran en
cuestiones medioambientales hasta el punto de ir por delante de los
requerimientos del gobierno en esta materia, al ver en estos temas una
oportunidad de negocio; las estrategias defensivas, que sólo ven el medio
ambiente como un coste que debe ser minimizado, incluso a través del no
cumplimiento de los requerimientos ambientales del gobierno, si llega el
caso; y las estrategias de seguimiento, que se sitúa entre las dos anteriores
en el sentido de que pretenden cumplir con las normas, pero sin ir más allá.
La mayor parte de las empresas (en especial cuanto más reducida es su
dimensión) siguen esta ultima estrategia.
Además, tiene mayor importancia que la mayor preocupación por el
entorno natural, que el gobierno ha recogido a través de los distintos
instrumentos de la política medioambiental, ha tenido en el desarrollo
tecnológico por parte de las empresas, que se han visto incentivadas a
introducir nuevas tecnologías, desarrolladas además por un sector industrial
75
de equipamiento medioambiental en alza. Es más, este desarrollo
tecnológico en cuestiones medioambientales se ha difundido en ocasiones
a otros segmentos de la actividad económica, por lo que ha sido
doblemente beneficioso.
Los motivos que impulsan a tener comportamientos correctos en su
relación con el medio ambiente, son:
La búsqueda de la eficiencia a través de la minimización del coste,
ya que en muchos casos, al tener ciertos bienes ambientales un
valor del que carecían con anterioridad, las empresas han empezado
a considerar la posibilidad de respetar mas el medio natural,
especialmente cuando detrás de todo esto está la intervención de un
sector publico (con relaciones o instrumentos económicos) que, al
internalizar los costes medioambientales, los que pone de manifiesto,
elevando los costes empresariales.
Ver el medio ambiente como una oportunidad de mejorar la imagen
de la empresa (o del sector industrial, cuando la medida le afecte a
él) ante los consumidores, los accionistas o el propio gobierno, lo
que redundaría, probablemente, en unas mayores ventas.
Ver en el medio ambiente todo el mundo de nuevas oportunidades
empresariales, en las que se pueden obtener importantes beneficios,
ya sean actividades industriales o terciarias. Aquí se incluyen el
renacer, a una escala significativa, de algunas actividades que
habían caído en el olvido por falta de rentabilidad económica.
Por último, el simple cumplimiento de las normativas
medioambientales, sobre todo si su elusión conlleva el pago de
sanciones económicas e incluso el ingreso en prisión, en cuanto esto
sirve de incentivo que, incluso los empresarios más reticentes a
seguir la normativa medioambiental, terminen por cumplirla.
Finalmente, entre un conceso de todas las fuentes consultadas, sobre las
personas y el verdadero conocimiento sobre los aspectos negativos de la
economía en el medio ambiente:
76
¿Tienen conocimiento sobre la economia en el medio ambiente?
SINO
B. Marco Referencial
La información del presente tema monográfico, es muy extensa.
"Environmental Systems and Public Policy" Copyright: H. T. Odum et al.
Ecological Economics Program. University of Florida, Gainesville 32611,
USA. 1988, por ejemplo da una idea sobre el medio ambiente y la
economía, más no se hay encontrado trabajos de investigación
77
(monografías, tesis, etc.) con el mismo enfoque dado en la presente. Se
han adecuado muchos libros e información de internet para esta
investigación, toda esta informaciones muy basta, pero no está dada desde
el enfoque de importancia y el conocimiento de esta que tiene en la
humanidad.
El tema en general, la economía y medio ambiente, se ha encontrado con
facilidad, existiendo mucha información sobre este.
También se ha encontrado, referencia de algunos otros relacionados, por
ejemplo sobre políticas de ventas, que hace el mejoramiento en ventas de
acuerdo a los estándares ecológicos que las propias empresas mantienen.
C. Elaboración de la hipótesis
Hipótesis en primer grado: si se sabe sobre los problemas
medioambientales y sobre la economía que tienen relación estrecha, y no
se le da el enfoque económico, entonces, será porque no se conoce
suficientemente la influencia de la economía en el medio ambiente.
D. Identificación de las variables
Variable Independiente: Falta de enfoque económico a la relación entre
ambiente y economía.
Variable Dependiente: Carencia del saber cómo influye la economía en
el medio ambiente.
Variable interviniente: Existen algunas políticas económicas
ambientales pero no se las llega a conocer a cabalidad.
78
III. METODOLOGÍA
A. Diseño y técnicas de recolección de información
79
La técnica de recolección de datos se ha dado en forma paulatina, en
revista, en internet y en libros, cada semana desde la fecha indicada. El
diseño de la recolección de la información.
B. Población y Muestra
Estudiantes:
Unidades: 20 personas (estudiantes) a las cuales se les
realizó un cuestionario
Contenido: los 20 estudiantes respondieron preguntas
sencillas sobre el conocimiento que tienen estas mismas
sobre el tema a tratar.
Extensión: el conocimiento previo sobre la ciencia económica
relacionada estrechamente con el medio ambiente.
C. Técnicas de análisis
Se ha utilizado la técnica de forma constante de investigación en
libros serios sacados de la Biblioteca de la Universidad Nacional de
Cajamarca, así también cierta información en internet de fuentes
confiables y serias, exactamente sólo páginas científicas como
“Scielo”.
D. Índice
Dedicatoria………………………………………………………………………pag.1
Agradecimiento…………………………………………………………………pag.2
80
Presentación……………………………………………………………………pag.3
Abstract …………………………………………………………………………pag.4
I.-EL PROBLEMA………………………………………………………………pag. 5-6
II.- MARCO DE REFERENCIA
Fundamentos teóricos…………………………………………………………pag.7-76
Marco referencial………………………………………………………………pag.77-78
Elaboración de hipótesis………………………………………………………pag.77
Identificación de variables…………………………………………………….pag.78
III.-METODOLOGIA
Diseño y técnicas de recolección de información………………………….pag.79
Población y muestra…………………………………………………………..pag.79
Técnicas de análisis…………………………………………………………..pag.79
Índice …………………………………………………………………………...pag.80
Guía de trabajo de campo……………………………………………………pag.81-103
IV.-ASPECTOS ADMINISTRATIVOS…………………………………......pag.104-105
V.- CONCLUSIONES………………………………………………………pag. 106
VI.- SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES………………………….pag. 107
VII.- BIBLIOGRAFÍA…………………………………………………………pag.108
E. Guía de trabajo de campo
Estudio previo o sondeo: la elección del tema fue, por las condiciones
establecidas, de elegirlo relacionado con la economía, y que mas el estudio
81
del medio ambiente, internándome en su causa fundamental de la
contaminación o efectos negativos en este último, se debe a todas las
actividades provenientes de la ciencia económica.
Diseño de la muestra: se planeó estructurarlo en sus temas más
fundamentales, así partir de las respuestas de los encuestados sobre el
ahondamiento en las perspectivas de los objetivos dados en la presente
monografía.
Preparación de los materiales de recolección de datos: se aprovisionó de
elementos esenciales de recolección: revistas, encuestas, el propio internet
y también contar con apoyo familiar para el desarrollo de la monografía y
del presente tema.
Equipo de trabajo necesario:
Cámara
Libreta de apuntes
Encuestas
Usb
Carnet de biblioteca
Revistas relacionadas con el tema
Fotocopias de los propios libros necesarios
Selección y entrenamiento del personal: tan sólo se estableció la
investigación la autora, quien se preparó, leyendo sobre el tema dado y así
poder realizar las encuestas.
Revista y prueba experimental de las etapas anteriores:
Estudio previo y sondeo
82
BUSQUEDA DE INTERNET
Diseño de la muestra
Preparación de los materiales de recolección de datosDISEÑO DE LOS PASOS EN LA MONOGRAFÍA
83
Toma de encuestas
ENCUESTAS
84
Se escanearon las encuestas realizadas:
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
IV. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
A. Recursos humanos:
Encuestados:
Calificación profesional: estudiantes de grado superior
Función en la investigación: punto de partida de la presente
investigación.
B. Presupuesto
Utensilio Costo (S/.)
Encuestas 2.00
Pasajes 4.00
Impresiones de
información
consultada de
internet
3.50
Fotocopias de
libros
4.50
TOTAL 14.00
C. Cronograma
ACTIVIDADES TIEMPO FECHAS
Asesoría
Metodológica
120 Horas en
general (asesoría
propia, tomando
fuentes
informativas)
05 de mayo-24 de
junio
Propuesta 12 horas 05-07 mayo
Observaciones 48 horas 15 de mayo
Diseño del proyecto 48 horas 16 de mayo-19 de
105
mayo
Observaciones 24horas 20 de mayo
Encuestas
realizadas
1 hora 06 de mayo
Clasificación de
material
36 horas 21 de mayo-24 de
mayo
Tratamiento de la
información
48 horas 24 de mayo-1 de
junio
Análisis e
interpretación
72 horas 2 de junio- 8 de
junio
Redacción 120 horas 8 de junio-24 de
junio
106
V. CONCLUSIONES
1) Los problemas medioambientales son diversos, los cuales tienen su origen de
las actividades económicas, siendo ésta en su posición más básica la ciencia
económica
2) Las actividades económicas tienes gran impactos nocivo sobre el
medioambiente
3) Para poder controlar el aspecto nocivo de la economía en el medio natural, se
han creado políticas medioambientales
4) Las políticas medioambientales avanzan a pesar de los múltiples problemas.
5) Las empresas al tener más consideraciones sobre el medio ambiente, se
dedican a crear productos con estas implicancias ecológicas, y así mejoran
sus ventas; ya que, los consumidores tienen tendencia a productos con
ciertas consideraciones ambientalistas.
6) La mayoría de las personas (también en Cajamarca), ignoran como la fuente
generadora de contaminación a la actividad económica.
107
VI. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES
El presente trabajo monográfico debe considerarse como un apoyo al
desarrollo del conocimiento, al examinar la causa principal contaminante
actividades económicas.
Debe ser tomado como fuente de mas investigación, en un campo mas
extenso de aspectos
Se debe utilizar como fuente informativa y no de copia.
108
VII. BIBLIOGRAFÍA
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS CONSULTADAS
ALFRANCA Oscar (1999), Economía y medio ambiente. Editorial
Biblioteca Nueva, Madrid.
http://www.formaselect.com/areas-tematicas/Medio-Ambiente/
economia-y-medioambiente.htm
http://www.monografias.com/trabajos36/economia-y-ambiente/
economia-y-ambiente2.shtml
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-
090X2008000100015&lng=es&nrm=iso
http://www.unicamp.br/fea/ortega/eco/esp/esp-25.htm
FUENTES BIBLIOGRAFICAS PARA CONSULTAR
FERNÁNDEZ Bolaños (2002), Economía y Política Económica.
Ediciones Pirámide. Madrid.
http://www.eumed.net/rev/delos/01/jgvh.htm