México, D.F., a 29 de septiembre de 2014. Versión estenográfica del Panel 2, dentro del marco de la Semana Nacional de Transparencia 2014, llevada a cabo en la antigua sede del Senado de la República. Presentador: Vamos a iniciar con este segundo panel, y le cedemos el uso de la palabra al Comisionado Óscar Mauricio Guerra Ford, quien moderará este panel. Mtro. Óscar Mauricio Guerra Ford: Muy buenos días, buenas tardes. Estamos en el crepúsculo exactamente. Vamos a iniciar el Panel 2, que de aquí en adelante, durante toda la semana, de lo que se tratan los diversos paneles, es ir analizando y recibiendo propuestas y comentarios, sobre asuntos ya específicos, que debe contener cualquier Ley de Acceso a la Información y Transparencia, tanto la Ley General como, en su momento, la Ley Federal y las normatividades o leyes estatales. El panel que a mí me toca moderar, es casi con el que siempre inician las leyes, después de la parte conceptual, de las partes de definiciones y de los objetivos, pues es con lo que se le conoce como las obligaciones de transparencia o información de oficio, pública de oficio que es la que deben de tener los diversos sujetos obligados, en sus portales de internet y la idea es poder analizar cuál es la información que debería de estar, pero también qué características debía tener esa información en términos de su habilidad, facilidad, actualidad, etcétera; no voy a profundizar, y también obviamente algo que es muy importante y que muchas leyes traen, incluida la Federal, que yo digo que es la parte dinámica de una Ley, que alguien me dijo, un abogado que no hay derecho dinámico, hay física y otras cosas, que tiene que ver con aquella información que tiene muchas solicitudes, o que es de preocupación de la ciudadanía, pues que obviamente al paso del tiempo pues se pueda volver como información pública de oficio o se haga lo que se llama, los portales focalizados, y que puede ser información temporal, por ejemplo, de un portal ahora sobre lo que será el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pues tendría su temporalidad.

O un portal específico sobre resultados del censo que hizo el INEGI junto con la SEP, aquí estaban las gentes que más se ha dedicado a analizar o a tratar de analizar, y que felicitamos al INEGI, por ya haber entregado o hecho pública su información. Es a lo que otros también le denominan la transparencia proactiva. Sin más, de eso se trata la mesa, hay experiencia de toda la gente que nos acompaña, muchos de ellos son usuarios, evaluadores, ya sea desde la academia, desde las organizaciones de la sociedad civil, y después de esta información y pues obviamente es gente que va a aportar. Nosotros en la propuesta que hemos entregado hoy al Senado de la República y a la Cámara de Diputados, pues obviamente hemos tratado de poner lo que hemos considerado las mejores prácticas y propuestas para poder tener una mayor información de oficio, que en teoría debería aminorar las solicitudes de información y haría más pronta y expedita la información. Que unas novedades importantes, creo es que haya obligaciones de oficio genéricas, o sea que tocan a todos los sujetos obligados y hay las específicas que tienen que ver con las competencias y las autoridades de cada uno de los sujetos obligados. Pues sin más, primero agradezco que nos acompañen en la mesa el doctor Juan Pardinas, quien es el Director General del Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C., una institución que se ha dedicado además de los estudios de competitividad que son conocidos, y dentro de ellos el asunto de la transparencia y hacer, tiene experiencias muy exitosas en términos de transparencia proactiva, conoce y busca tu escuela, entre otros. También está con nosotros y agradecemos de verdad su presencia de haberse trasladado desde el hermano país de Chile, al licenciado José Luis Santa María, quien es Consejero para la Transparencia de Chile, y quien nos contará un poco cuál ha sido la experiencia en términos de evaluación, en términos de publicación, de información de oficios.

Ellos acaban de hacer un estudio importante sobre la transparencia de oficio sobre el Legislativo y los partidos políticos, y bueno, nos contará cuál ha sido también la experiencia chilena en este ámbito. Tenemos a la doctora Alejandra Ríos Cázares, quien es profesora/investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas, y quien a través del CIDE ha participado en los estudios de la Métrica, y una de las partes que ella ha desarrollado en el estudio de hace dos años, casi ya tres años, fue la evaluación de los portales de internet en la métrica de transparencia a nivel federal y de todas las entidades federativas de una muestra representativa y que ahora están desarrollando y por finalizar también, el tercer estudio de la métrica donde ella está coordinando ese estudio, y pues tiene una alta experiencia sobre lo que es la evaluación y las características, las deficiencias que se encuentran en este capítulo importante de las leyes de transparencia. Nos acompaña también y agradecemos a la doctora Perla Gómez Gallardo, que como todos sabemos, es nuestra Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, y quien aparte de ser sujeto obligado en el Distrito Federal y hay que decirlo, ahí están los números, pues es la Comisión de Derechos Humanos se ha caracterizado por ser un buen sujeto obligado, no un sujeto desobligado, sino un sujeto obligado y sus calificaciones en portales de internet han sido relevantes y queremos conocer su experiencia, pero también la posibilidad de cómo en otras áreas como los Derechos Humanos se pueden realizar esfuerzos de transparencia proactiva con publicaciones específicas o focalizadas. Y nos acompaña también Jorge Carbajal Hernández, quien es Coordinador del Capítulo Distrito Federal del colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes, conocido por todos como CIMTRA, y quien ellos desde hace mucho tiempo, de forma sistemática ven el asunto de la transparencia en los municipios, hacen mediciones sobre los principales municipios del país, ahora han incluido a las Delegaciones sobre sus obligaciones o su publicación. Y por ello, ellos también por ejemplo, tienen una metodología en la que ven lo que la ley dice, pero también ellos evalúan aquella información que consideran, debería por relevante estar, y por eso también sus

propuestas las hemos retomado en la ley o en la propuesta de ley que hemos presentado. Entonces tiene una amplia experiencia o una fuerte experiencia en la materia también de portales de oficio y transparencia. Voy a dejar en la palabra al doctor Juan Pardinas, quien como lo dije es Director General del Instituto Mexicano de Competitividad, previo a esa posición fungió como investigador del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CIDA), fue profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, y también de la London School. Durante dos años fue corresponsal de CNN en español en Japón. Actualmente colabora en programas de opinión pública en radio y televisión. Entre sus publicaciones destaca “Tú y tu voto construyen la democracia”, “Impuestos un mal necesario”. Ha publicado textos en revistas de Harvard, Nexos, de Letras Libres, de Este País, y tiene una colaboración semanal en el periódico Reforma. Y también es doctor en Gobierno por la London School, maestro en Economía, por la Universidad de Sophia, en Tokio, Japón, y politólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México. De verdad, doctor Pardinas, bienvenido y le agrademos nos haya aceptado esta invitación. Dr. Juan E. Pardinas Carpizo: Muchas gracias al maestro Óscar Guerra Ford, y muchas gracias al IFAI por invitarnos a participar de algo que considero es una celebración de lo que hemos logrado como país, de lo que hemos avanzado como sociedad, pero también debe ser un recordatorio de lo mucho que nos falta por avanzar en temas de transparencia. Creo que la transparencia es al mismo tiempo una combinación de instituciones, de cultura, de hábitos, de usos y costumbres, y casi me atrevería a decir es como un estado mental tanto de ciudadanos como de servidores públicos, y lo que nos hemos encontrado desde mi línea

de trabajo es que a veces chocan precisamente este avance institucional, una cultura de la transparencia que todavía tiene que permear en distintos ámbitos del servicio público a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal. Y una actitud individual tanto de reformadores, de servidores públicos visionarios que se arriesgan y se la juegan por los temas de transparencia y rendición de cuentas y grupos de servidores públicos que se están adaptando a estos cambios institucionales y cambios culturales de lo que la sociedad, de lo que los ciudadanos tenemos como expectativa de que las autoridades nos deben decir, y estas expectativas han ido evolucionando conforme vamos profundizando en nuestra democracia. Los ciudadanos exigimos nuevas herramientas, y así como un carpintero o un plomero trae su caja de herramientas con martillos y serruchos, pues los ciudadanos vamos echándole nuevas herramientas a esta caja, y una de las herramientas más importantes después del voto es la exigencia de obtener cierta información del gobierno. A veces esto no debería ser una exigencia, y eso es lo que para organizaciones de la sociedad civil a veces es un poco demandante o cansado de que cosas que uno esperaría que deberían ser información pública, pues todavía no lo es. Les cuento el caso más reciente, el 1° de diciembre del 2012 el Presidente de la República anuncia que le ha encargado al INEGI realizar el Censo Educativo. Este censo es el proyecto más ambicioso de medir tanto la infraestructura física para la educación en México como los recursos humanos dedicados a ello como los principales beneficiarios de nuestro sistema de educación pública que son los niños. El INEGI es, yo me atrevería a decir, más que un censo es una auditoría, lo realizó durante un periodo en 2013, varios meses, con un costo de más de 600 millones de pesos el ejercicio, y entregó hace seis meses los datos a la Secretaría de Educación Pública del censo.

Nosotros, en el momento en que las instituciones de sociedad civil, académicos que trabajamos con datos, que tenemos preocupaciones sobre el estado de la educación en México, empezamos a desear, realmente era como un festín de datos, nos iba a dar información a nivel de escuela de lo que estaba pasando en cada uno de los centros escolares. Ya no íbamos a hablar los problemas de los estados, los problemas de los municipios, nos íbamos a poder enfocar en la célula básica de nuestro sistema de educación que son los centros de trabajo, los centros educativos. Y pasaron los meses y la información empezó a fluir a cuenta gotas durante prácticamente seis meses. Lo único de todas las preguntas que se realizaron en el censo sólo tuvimos acceso a 16 por ciento de la información. Datos como, por ejemplo, si una escuela tenía arenero, que puede ser perfectamente irrelevante, pero permanecieron seis meses sin hacerse públicos. Se hicieron públicos cuántas escuelas tenían baño, pero la pregunta de si el baño estaba en la oficina del director, si el baño era de los maestros o las niñas y los niños tenían acceso a ese baño, esa información no era transparente. Información sobre salones de cómputo que tenían acceso al sistema de red de electricidad nacional, tampoco era información pública. Entonces, uno esperaría que estos datos pues fueran de naturaleza elemental públicos, no eran datos personales, eran datos de las necesidades de cada una de las escuelas. Si sólo tuviera oportunidad de darles una idea hoy aquí, es la idea siguiente: no hay problema nacional, no hay desafío que tenga México enfrente en el cual la transparencia y el derecho a la información sea un insumo fundamental. Entonces, si hablamos del problema de infraestructura educativa es algo muy abstracto y muy generalizado, pero si hablamos del número de escuelas sin baño y sin electricidad en un municipio del país, el

problema tiene otra magnitud, tanto presupuestal como de escala, se le pueden asignar responsables directos. Y desgraciadamente si tomamos información sin datos y sin transparencia pues nos lleva a tomar decisiones sub-óptimas. A principios de septiembre sale un plan de inversión en infraestructura educativa, por parte del Gobierno Federal, totalmente bienvenido, es algo que el país necesita, es francamente vergonzoso que estemos en México, en el Siglo XXI, y haya escuelas públicas sin electricidad y sin baño, pero salen estos datos, sale primero el plan de infraestructura sin los datos del censos púbico. Entonces, no sabíamos cuáles son las escuelas que más lo necesitan, cuáles son las escuelas donde debe ir enfocado este dinero. Por presiones de sociedad civil, organizaciones como Mexicanos Primero, como México Evalúa, INEGI suelta la información del censo la semana pasada, nos la da el IMCO, nos tardamos 24 horas en hacerla pública, el INEGI sube los datos, pero subimos los datos después de que sale el Plan de Inversión en Infraestructura Educativa. Yo pensaría que para México funcione mejor, esto tuvo que haber sido al revés. Los datos debieron haber sido públicos, estos datos permiten a los padres de familia conocer las condiciones de recursos humanos, de infraestructura de las escuelas, exigir presupuestos, poder verificar que se gasten mejor e iniciar un verdadero ciclo de rendición de cuentas que aquí el orden de los factores sí altera el producto. O sea, si viene el gasto primero y después la transparencia, pues no sabemos si estamos tomando las mejores decisiones. A nivel de los estados, hasta donde tengo información ahorita, no ha ocurrido, pero hace muy pocos años, había estados que declaraban todavía como información resguardada, la tasa de interés de la deuda pública, y esto no ocurrió en el Siglo XX, no eran los años de la deuda demencial de los 80’s, no, estoy hablando del año 2010, del año 2011, donde en alguna decisión de un gobierno estatal, le pareció buena idea declarar confidencial el monto de la tasa a la que se sentaban a contratar un crédito con la Banca privada.

Pues esta es una deuda pública por definición, es una deuda que vamos a pagar todos, imaginemos que ustedes llegaran a un banco a contratar una hipoteca sorpresa, y les dijeran: “Bueno, aquí está el crédito, éste es el monto, está perfecto y la tasa de interés, se van a enterar ustedes una vez que firmen y les llegue el primer pago mensual”. Pues evidentemente no lo haríamos como individuos, como particulares, por qué lo hacemos como ciudadanos; y a esto me refiero que todavía nos falta avanzar en el tema de transparencia, de la cultura de la transparencia, para que en alguna reunión de algún estado de la República, algún funcionario alce la mano y diga: “Oiga, gobernador, esto es inadmisible”. O sea, en una democracia civilizada no podemos esperar que la deuda pública y la tasa de interés a la que se contrata, sea un monto confidencial. Voy cerrando, se me está acabando el tiempo, empecé con el tema de Gobierno Federal, el censo educativo, los estados con la deuda pública, los municipios, en muchos municipios de país, el Plan de Desarrollo Urbano, las reglas de uso de suelo son confidenciales, son totalmente discrecionales. Además, afectan los derechos de propiedad. Yo tengo una casa de 100 metros cuadrados. ¿Qué puedo hacer con ese terreno? Puedo construir un edificio de 30 pisos, puedo poner una escuela o puedo poner un restaurante que cierra a las 4:00 de la mañana. Esa es información que muchos municipios del país manejan de forma discrecional y esa discrecionalidad abre la puerta para un enorme negocio. Y tanto los ciudadanos como los servidores públicos, estamos acostumbrados a que esa información pues no es pública, es muy difícil acceder a ella. Los planes de desarrollo urbano, los planes de uso de suelo, qué se puede construir en dónde, le da garantías a la propiedad privada, uno sabe qué puede hacer con el metro cuadrado donde vive,

sabe uno que pueden hacer nuestros vecinos con el metro cuadrado donde vivimos; tal vez encontramos un gran departamento para rentar que nos gusta mucho, la renta es muy accesible, pero a la hora en que nos metemos a un Sistema de Información avanzado descubrimos que todos los vecinos tienen licenciada para venta de alcohol hasta las cinco de la mañana. Pues probablemente ahí entendemos por qué la renta es más barata. El problema es que hoy esas decisiones, los mexicanos las tenemos que tomar a ciegas como individuo. Entonces, en temas tan fundamentales como la educación pública, las finanzas de los estados y la planeación de las ciudades y saber dónde vamos a vivir, en qué circunstancias, en qué, cómo van a evolucionar, cómo van a transformarse nuestros barrios, nuestros vecindarios, los lugares en los que vivimos, hoy toda esa información en varias partes del país, o en todo el país se maneja desde una perspectiva todavía, para ponerlo de una manera amable, todavía con visión del Siglo XX. El problema es que estamos en el Siglo XXI, que estamos en la Semana Nacional de la Transparencia, que tenemos instituciones como el IFAI, que nos obligan a repensar esas prácticas, a repensar esa cultura y tanto ciudadanos como servidores públicos, exigir más de lo que podría ser nuestro país si tuviéramos mayor acceso, apertura de datos y mayor acceso a transparencia. Muchísimas gracias. Mtro. Óscar Mauricio Guerra Ford: Gracias, doctor Pardinas, por estas experiencias específicas con las que se enfrentan los ciudadanos cuando quieren o debiesen poder consultar esa información relevante como la que aquí se ha mencionado. Voy a dar ahora la palabra a nuestro invitado que ya me había referido a él, a osé Luis Santa María quien es, como dije, Consejero para la Transparencia de Chile. Él, durante su carrera profesional se ha dedicado al ejercicio libre de la profesión como abogado prestando asesoría a diferentes empresas,

principalmente en el rubro energético tales como Chilectra, Chilenger, Compañía General de Electricidad, entre otros. Desde 1980 fue Director de Terrasur, filial de EFE; es director y abogado de Estrella Petrolera de Chile S.A., fue miembro del Tribunal Supremo de Renovación Nacional; actualmente es Consultor de estudio jurídico e integrante de estudio jurídico de Pérez Donaso y Compañía, y es miembro del Colegio de Abogados. Fue designado Consejero del Consejo para la Transparencia por el Presidente Sebastián Piñera y fue ratificado recientemente por el Senado, asumiendo inmediatamente el cargo por un periodo más de seis años. De verdad, doctor José Luis Santa María, le damos la bienvenida, le agradecemos mucho su presencia en nuestro país y está usted en uso de la palabra. Lic. José Luis Santa María Zañartu: Muchas gracias. Agradezco en primer lugar a la señora Presidenta del IFAI, doña Ximena Puente de la Mora, quien nos ha invitado para concurrir a esta Semana Nacional de la Transparencia en México, y al que asisto como integrante y consejero del Consejo para la Transparencia de Chile. Es para mí, como he dicho, un agrado poder exponer en esta ponencia y el tema de mi presentación será el relativo a la Transparencia activa en Chile, o como es conocida por ustedes, la Transparencia de oficio, y sobre nuestra experiencia con respecto a la transparencia proactiva. De manera introductoria, debo mencionar que en nuestra legislación se contempla en la Ley, 20 mil 285 de Acceso a la Información Pública de Transparencia, y que ustedes denominan Transparencia de Oficio, en la que existen ciertos elementos que profundizaré más adelante en nuestra presentación que resultan de suma relevancia para el control ciudadano y el fortalecimiento de nuestra democracia. Posteriormente a lo señalado en nuestra segunda parte de la exposición señalaré todo lo concerniente a la transparencia proactiva, en especial los sitios web y alcances tecnológicos que permiten con eficacia la reutilización de la información publicada por los órganos del Estado.

Con respecto a la transparencia activa, debemos señalar lo siguiente: Por transparencia activa debemos entender que es la obligación que tienen los organismos públicos de entregar cierta información relevante y actualizada cada mes, de cómo están organizados. Subcontratos, contrataciones, así como distintos modos de relación con la ciudadanía, transparencia, beneficios, mecanismos de participación, entre otros. Ahora bien, examinando la norma legal hay que señalar lo que impone el Artículo 10 de la ley, que señala que toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la administración del Estado en la forma y condiciones que establece esta ley. Corresponde señalar ahora quiénes son los sujetos obligados: todos los órganos del Estado, tanto aquellos de la administración centralizada, como aquellos de la administración descentralizada con la sólo exclusión legal del Congreso Nacional y del Poder Judicial. Con respecto al Poder Judicial debemos mencionar que existe actualmente un convenio entre ese poder del Estado y el Consejo de la Transparencia con la finalidad de poder apoyar la gestión de información con respecto a materia de transparencia activa. Ahora bien, con nuestro Congreso Nacional se adoptó en forma particular las medidas para establecer la transparencia de sus actuaciones, incluyendo un banner especial de transparencia. El marco normativo de la transparencia activa se encuentra en los artículos siete y nueve de la Ley 20,285, que es la Ley de Acceso a la Información para la Transparencia, y que la refiere a los organismos de la administración del Estado, a las empresas públicas y a los organismos autónomos. Los organismos autónomos en nuestro país son la Contraloría, el Banco Central, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional y los tribunales en general, y las obligaciones que tiene tanto los órganos del Estado como estos organismos autónomos son los relativos a su estructura orgánica, al personal, al sistema de contratación de planta, contratos, honorarios, contratos y actos para con terceros, sistemas de auditoría y otros.

Después pasamos a la fiscalización y sanciones. Existen distintos modelos de fiscalización y evaluación del cumplimiento de los principios de transparencia activa que se aplican en los países que cuentan con la legislación en la materia. El modelo de fiscalización propuesto por el Consejo para la Transparencia se fundamenta principalmente en las experiencias de México y de Inglaterra, países en los cuales, al igual que en Chile existe una institución pública autónoma dedicada a garantizar el cumplimiento de la legislación en torno al derecho de acceso a la información pública. El modelo de fiscalización del Consejo para la Transparencia opta por la identificación de dos ámbitos de observación, por una parte la verificación de cumplimiento de los requisitos legales, y por otra la identificación y el reconocimiento de las buenas prácticas. El incumplimiento de los requisitos puede derivar en sanciones administrativas al jefe del servicio en cuestión, mientras que un buen desempeño en el segundo puede derivar en el reconocimiento del esfuerzo de la organización. Siguiendo el modelo del IFAI para la estimación de los contenidos, se han considerado dos fuentes, la experiencia internacional y los intereses ciudadanos, siendo la prioridad el instrumento de ponderación para reducir la probabilidad de errores de interpretación del fiscalizador, con la construcción de la dicotomía: cumple o no cumple. El instrumento permite recabar la información detallada, identificar claramente las diferencias entre las instituciones y entregar una retroalimentación detallada al organismo fiscalizador. El modelo diseñado por el consejo pondera con mayor importancia el apartado presupuesto y auditoría y subsidios y transferencias, cada uno con un 20 por ciento, considerando su mayor conexión con las necesidades ciudadanas. El proceso de fiscalización se desarrolla a través de la visita a las distintas páginas Web de los organismos obligados por la Ley 20285, dicho proceso es respaldado a través del sistema informático que permite capturar la evaluación del cumplimiento de cada institución.

Adicionalmente el sistema está desarrollado para guardar una copia de imagen en Web de la pantalla, en aquellos casos en los cuales exista incumplimiento de los criterios de fiscalización. De este modo la fiscalización es respaldada, estos documentos quedan al resguardo del Consejo para la Transparencia y se entregan al organismo obligado en caso de solicitar una revisión en detalle de su evaluación. La fiscalización genera dos tipos de informes, un informe general de cumplimiento que compara la evaluación global de los organismos obligados e informes individualizados para cada organismo. A la fecha se han realizado 16 procesos de fiscalización de los organismos y cuyo resultado son los expresados en PowerPoint que pasaré a referirme más adelante. En cuanto a sumarios y sanciones la ley estipula en sus artículos 45 a 49 que al ante el incumplimiento de la Ley de Transparencia el consejo puede sancionar a las infracciones, previa determinación de responsabilidades de una investigación sumaria. Al efecto, el consejo ha celebrado un convenio con la Contraloría General de la República, de forma que sea esta institución la que lleve adelante los sumarios y establezca las sanciones que correspondan. La sanción han sido afectados 111 funcionarios por infracción a la norma de transparencia activa a los cuales se les ha aplicado multa que va entre el 20 y el 50 por ciento de su remuneración. La presentación de los contenidos de transparencia activa supone que hay links que permiten acceder directamente a la información indicada identificándola claramente, de conformidad a la instrucción general número cuatro del consejo se revisan los siguientes criterios: si se cuenta con información señalada, en cuyo caso se verifica el cumplimiento de los requisitos de la ley y se hace una evaluación de cero a cien. Si no cuenta con la información señalada, pero indica claramente la información de la sección que aplica o no aplica al organismo y que en ambos casos considera un cumplimiento total de cien puntos; y si no cuenta con la información señalada a páginas incompletas, inactivas o

vacías y no entrega referencias a la causa, a la falta de información en la sección, tiene un incumplimiento y se evalúa con cero. En cuanto a la tabla de fiscalización el consejo ha fiscalizado a los organismos del Estado que son 850, a los municipios, a los hospitales, a las municipalidades, a las corporaciones municipales, a las fundaciones y a las empresas públicas. El universo de los organismos del estado son 268 y el de las municipalidades 345. Yo voy a dejar aquí a disposición de la mesa y del IFAI, la última etapa de fiscalización y de evaluación que se hizo a las municipalidades, en donde se describe toda la actividad municipal en beneficio y áreas del tiempo. En cuanto a la acción del Consejo para la Transparencia, el Consejo para la Transparencia ha también establecido que para proporcionar una mayor información a la ciudadanía y tener con éste una cuenta pública participativa, en su balance a diciembre del 2013, ha desarrollado todo el tema que pueda facilitar a la ciudadanía, retroalimentarse, balance que también a su vez dejaría a disposición de la mesa y del IFAI. En cuanto a los ejemplos que hay de gestión de cuentas públicas participativas, el Consejo para la Transparencia ha desarrollado el portal de la transparencia, el portal de la cuenta educa transparencia, y el Presidente de la Transparencia del Consejo de la Transparencia, como se ve en ese PowerPoint, dice que si bien hemos desarrollado todos estos aspectos, aún falta mucho en nuestro país por mejorar la cultura de la transparencia. Al respecto ahora ese es el sistema, el mecanismo del Consejo para la cultura de la transparencia, en donde se ve el gráfico que tiene el sistema de audiencias públicas y de congresos públicos. El portal de la transparencia es un éxito del Consejo de la Transparencia en conjunto con el Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia, y que permite al ciudadano obtener información de todos los organismos públicos con gran facilidad.

¿Pero qué ha pasado con la percepción ciudadana? De toda la acción que se ha llevado adelante, uno puede ver con estos gráficos de que si tiene confianza el ciudadano en el sector público o no, y en esto se ve en esa escala de uno a cinco, que un 73.4 dice que no tiene confianza en el sector público; sólo un 1.26 por ciento dice tener confianza en el sector público. En cuanto a si tienen confianza en los organismos y funcionarios públicos, se les pregunta cuán transparente creen que es la información pública, y sólo un 24.76 dice que sí, el 74 dice que no le parece; igual cosa pasa con los funcionarios públicos. En cuanto al conocimiento de la Ley y del Consejo de la Transparencia, también nos encontramos con el problema de que la ciudadanía sólo un 19.7 dice conocer la disposición en la Ley de Transparencia que lo benefician y en cuanto a la acción del Consejo de la Transparencia, sólo un 21.76 dice conocer la existencia del Consejo de la Transparencia. En cuanto a los mecanismos de exigibilidad, o sea, los que tiene el ciudadano para acceder al organismo público que son los enlaces de transparencia, sólo un 14.16 dice conocer estos enlaces y facilitaciones en la página web; y en 81.90 dice no conocer. Esto, a pesar de los esfuerzos que vamos empezando el año, el 7.7 y que hoy día llevamos 14 por ciento. Pero no obstante todo eso, la ciudadanía dice que sí tiene interés en acceder a la información pública y eso queda demostrado en pregunta siguiente en que se ve cómo la ciudadanía ha presentado solicitudes de información pública y cómo ha recurrido al Consejo para exigir su protección. Han subido notablemente del año 2009 a la fecha, qué tanto que el Consejo para la Transparencia actualmente llega a nueve mil consultas e información pública, a 240 mil consultas. Eso es más o menos el esquema que les puedo plantear de cómo se figura el sistema en Chile.

Les agradezco su presencia y muchas gracias por haber asistido a esta ponencia de este personero en representación del Consejo de la Transparencia de Chile. Muy amables. Mtro. Óscar Mauricio Guerra Ford: No, pues agradecemos la experiencia chilena en la materia. Como muchos nos dimos cuenta, hay cosas similares en el caso chileno a lo que es el caso mexicano, el caso federal, pero también hay muchas entidades del país, y creo que el gran reto, la parte de la definición de aquella información pública de oficio pues es la medición, que decíamos en el estudio de la métrica que lo que no se mide no se puede mejorar. Las evaluaciones que ha hecho el CIDE y que han hecho muchos órganos garantes demuestran que todavía hay mucho camino por andar en ese sentido. Y bueno, vemos el caso chileno, cómo esto también, la tendencia a mejorar y más se hace esto cuando se evalúa y se evidencia no en el mal sentido, sino dónde están los malos entendidos de cómo debe ser publicado. Otro reto también es la calidad de la información, no es la información por la información, simplemente si no la calidad y la utilidad. Creo que son importantes las encuestas de conocimiento a los institutos, de las leyes, pero también puestas sobre la calidad y utilidad de la información. Digamos, si esa información que está ahí es la que realmente necesitan los ciudadanos y en la forma en que está. Creo que sería muy importante también avanzar en ese sentido. Agradecemos nuevamente a nuestro compañero y colega de Chile, haber compartido su experiencia en la materia. Ahora, voy a dar la palabra a la doctora Alejandra Ríos Cázares, como ya lo había dicho es profesora e investigadora del CIDE desde el año 2007. Ella estudió la licenciatura en Ciencia Política y Relaciones Institucionales, obviamente en el CIDE. Obtuvo la maestría y el doctorado en Ciencia Política por la Universidad de California, San Diego. Su investigación torna principalmente sobre análisis comparado, instituciones políticas con particular énfasis en las instituciones y los

procedimientos asociados a la revisión de cuentas de los gobiernos subnacionales, estatales. Ha participado en investigaciones, como ya lo mencionaba yo, empíricas, que creo que han sido de gran importancia, que es el asunto de la transparencia gubernamental en México, como es la segunda métrica y hoy la segunda tercera métrica de la transparencia, que lleva a cabo el CIDE a petición y apoyo de la COMAIP. Esta investigación, que creo que es muy útil, tenemos resultados recientemente de la última. Creo que será muy importante. Ahora que estamos en la transición de antes y después de la reforma constitucional y de las leyes generales, pues tener esta medida de dónde estamos parados. Es miembros del Comité Editorial del propio IFAI, y es miembra del Sistema Nacional de Investigadores con el Nivel 1. Alejandra, te damos la palabra y mucho gusto que nos acompañes hoy. Dra. Alejandra Ríos Cázares: Muchas gracias. Antes que nada, por supuesto, agradecer la presentación de Óscar Guerra, y agradecerle al IFAI la oportunidad de poder compartir con ustedes algunas reflexiones sobre lo que es la evaluación de los procesos de transparencia en términos generales. Creo que mi presentación se va a distanciar un poco de lo que usualmente es la evaluación de la información pública de oficio, y de hecho la presentación anterior me sirve muchísimo, porque no quisiera hablarles de los aspectos de la normatividad. Creo que en la normatividad es donde hemos descansado la mayor parte de las evaluaciones en materia de información pública de oficio. Y también hemos descansado mucho las evaluaciones en el resultado que vemos publicado en los distintos portales de internet. Yo quiero aprovechar este foro para llamar la atención sobre elementos que son muy importantes, que están entre la normatividad y el resultado que es el proceso, porque me parece que en la evaluación de la

información pública de oficio vale la pena considerar los elementos intermedios, y ahorita quisiera explicarles porqué. Básicamente destaquemos que son cuatro los elementos fundamentales en lo que a información pública de oficio se refiere, y que también son los pilares del tránsito de una política de transparencia reactiva, que es aquella en la que el sujeto obligado reacciona a peticiones de la sociedad, a una política de transparencia proactiva, que es lo que nos está motivando, en buena medida, este panel, que es aquella en la que el sujeto obligado se adelanta a la demanda, y pone a disposición de los ciudadanos la información relevante o fundamental sobre el ejercicio de sus funciones. Esta es una materia prima para la evaluación, como la que nos hablaba Juan Pardinas hace un momento. En este proceso tenemos cuatro elementos importantes: la normatividad, las áreas administrativas que generan la información y la sistematizan, las unidades de acceso. Y voy a llamar unidades de acceso de manera genérica a aquellas áreas administrativas al interior de los sujetos obligados que se encargan de gestionar las responsabilidades de transparencia. Y el último, obviamente es el órgano garante que evalúa el cumplimiento de estas obligaciones. Como les mencionaba, no quisiera abundar en los procesos de normatividad, sino enfocarme y llamar la atención al proceso de gestión de la información y publicación electrónica de esta información, que son asuntos pocas veces considerados en los procesos de evaluación de este importante apartado. Sin embargo, el argumento que quiero presentarles el día de hoy es que estamos evaluando los resultados sin entender los procesos. Y si bien es cierto que evaluar es un primer paso para poder mejorar, entender el proceso que nos lleva a los resultados es fundamental para saber dónde podemos incidir mejor. Entonces evaluar el proceso y tener idea del proceso es un punto importante, y ahí es donde me quiero concentrar.

Las unidades de acceso básicamente, junto con las áreas administrativas que crean la información son las dos autoridades, déjenme decirlo así, en el proceso de generación y publicación de esta información que es pública de oficio, la transparencia activa que nos decía el licenciado Santa María. Sin embargo, y son los encargados también de publicar la información en las páginas de internet. En términos generales el proceso, y esto que voy a mencionar proviene de recabar información a través de entrevistas con las unidades de acceso, en términos generales el proceso es increíblemente sencillo. Estas unidades de acceso recaban la información establecida como obligación en el articulado de la legislación, la ensamblan y la entregan al equipo de sistema para su publicación por medios electrónicos o bien la publican ellos mismos. Este proceso, como ven, es muy sencillo, porque se asigna a cada área administrativa la responsabilidad de generar la información que permita al sujeto obligado cumplir con las responsabilidades establecidas en la ley. La unidad de acceso solamente recaba esta información, con la periodicidad establecida, la transforma en una versión electrónica que esto usualmente simplemente quiere decir generar un PDF o escanear la información para publicarla eventualmente e inicia el proceso para su publicación. El punto notable de este proceso, que vale la pena destacar, es que el responsable de la actividad de publicar la información pública de oficio, son las unidades de acceso; esa es una unidad estratégica, no se está considerando. Sin embargo, estas unidades de acceso tienen ciertas limitaciones, al menos dos que quisiera presentarles. Una es de capacidades y otra de autoridad, ya voy a llegar a la historia de la evaluación de información pública de oficio.

Para entender la primera, vale recordar que estas unidades no solamente tienen como responsabilidad actualizar la página de internet, sino también dar seguimiento a las solicitudes de información y en ocasiones tienen que hacer esto de manera coincidente a las actividades previas que tienen. El Director Jurídico se tiene que encargar del área de transparencia, responder solicitudes, actualizar la página, etcétera; porque las propias normatividades han sugerido evitar la creación de burocracias adicionales. Sin embargo, en la práctica, y esto vale la pena considerar en la reflexión de las nuevas legislaciones, los titulares encargados de las unidades de transparencia ejerzan las funciones de transparencia como única actividad, dada la demanda de información ciudadana o bien debido al tamaño del sujeto obligado, porque esas obligaciones de información pública de oficio se tienen que procesar al interior. Y conforme el sujeto obligado se hace más grande o es más sofisticado se requiere una estructura para poder hacer esta información accesible. Aquí es donde entra la heterogeneidad de las unidades. Tenemos en un extremo unidades conformadas por personal específico, ya trastocamos la idea de que no hay personal específico, pero por personal específico para la resolución de solicitudes y personal específico para la actualización de la página de internet, se apoyan en estructuras internas de enlaces administrativos que le permiten tener certeza sobre la producción de la información y en ocasiones llegamos a tener situaciones tan sofisticadas como la creación de sistemas internos que les permiten publicar esta información. Estas unidades, digamos, no tengo la evidencia contundente, pero tengo la hipótesis de que estos son los sujetos obligados que tienden a cumplir en tiempo con la publicación de la información, cumplir con ponerla a disposición. En el otro extremo tenemos unidades de acceso conformadas por una sola persona, cuya manera de darle seguimiento a la publicación de esta información pública de oficio, son recordatorios periódicos a las

áreas administrativas; pero aquí entra la segunda limitación que comparten todas las unidades. No tienen autoridad burocrática, al interior de la propia dependencia, para poder demandar que la información se entregue en el momento específico o que se entregue de acuerdo a cierta calidad o a ciertos lineamientos específicos. Esto es importante, es muy importante, porque esta heterogeneidad sí parece impactar en lo que después los ciudadanos vemos en manera publicado en las páginas de Internet. El punto de esto es que se hace un énfasis importante en cumplir con lo que la Norma establece. ¿Cuál es el artículo, qué es lo que dice el artículo y publicar un documento en lo que dice el artículo? Donde estamos fallando, me parece, es en los filtros de calidad de la información que se publica, sin extender las obligaciones, con las obligaciones que tenemos establecidas en las distintas normatividades hasta este momento, tenemos un pequeño problema en cuál es la calidad en lo que estamos publicando. Aquí, es donde transitamos de la discusión de la disponibilidad de la información, a la discusión de la calidad de la información. Como les mencionaba, las unidades de acceso tienen poca o nula injerencia en los procesos de gestión de la información misma. No tienen autoridad para establecer lineamientos generales de formatos o de producción de la información, más allá de solicitar las versiones electrónicas que había mencionado, además de que no tienen posibilidad de exigir reformas o ajustes a la información proporcional. En otras palabras, su trabajo es publicar lo que se entrega, es como una oficialía de partes; le entregan la información, ellos simplemente la publican.

¿Cuál es la implicación de lo que estoy diciendo? Y espero que trascienda: que no tenemos un elemento al interior de los sujetos obligados, que permita ser el filtro de calidad, con lo que la información pública de oficio nos demanda. La consecuencia es que la calidad, para poder verificar la calidad, descansamos en los ciudadanos o en el órgano garante, y en ocasiones la capacidad del órgano garante, por otras razones que no están en este panel o no viene al caso discutir en este panel, no pueden o no tienen la capacidad más que de verificar el cumplimiento de que se publica una información relativa al artículo X, Fracción X, pero no necesariamente la calidad de la información que se está publicando. Entonces, esto me parece que es importante, porque tenemos que hacer una evaluación sobre el contenido de la información que se publica. Así las cosas, las unidades de acceso, como les decía, tienden a funcionar como una Oficialía de Partes, que recibe solicitudes, pues que responderlas administra la información recibida de las áreas administrativas y las publica, sin atender o sancionar la calidad de la información que se entrega y que se pone a disposición de la ciudadanía, y aquí es donde empiezo a entrar a la parte de evaluación en el minuto y medio que me queda. Me parece que esto es un sonoro desperdicio por dos razones: la transparencia proactiva implica identificar las necesidades de información de la ciudadanía, para estructurar una oferta que adelante la demanda, no sólo en contenidos, sino también en formato y en lenguaje, formatos abiertos de qué; lenguaje ciudadano, en qué apartados. No hay, en casi, ningún sujeto obligado, una estrategia deliberada para allegarse de información, sobre cómo informar una política de transparencia proactiva; no existe. Y estas unidades son puntos estratégicos para hacerse de esta información. De hecho son contados los casos donde es posible identificar un plan institucional específico de transparencia.

Existe del Poder Ejecutivo, pero no necesariamente es lo mismo la oferta que puede dar la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que la oferta que puede dar la Secretaría de Salud. Estos planes institucionales de transparencia no existen. Y en buena medida no existen porque de dónde se alimentan para generar este tipo de información. No entiendo, honestamente, cómo crear una política de transparencia proactiva sin conocer la demanda de información, y tienen las Unidades ahí, pero las tienen como Oficialía de Partes. Esto es un profundo desperdicio porque se ha generado toda una infraestructura para responder sistemas, para poder publicar la información y es un punto estratégico. El segundo desperdicio es que las Unidades de Acceso pueden ser también un factor determinante para informar a la propia institución sobre los lineamientos de la generación de la información. Ellos saben cómo se les está solicitando la información, por lo tanto deberían de estar vinculadas de manera más estrecha con las áreas encargadas de la gestión de información, como por ejemplo las áreas de Archivo y con ello fortalecer los pilares de accesibilidad de la información. No basta con publicar un documento o un dato. Éste debe ser accesible, pero ojo con la política también de datos abiertos, porque estamos o podemos estar al borde de generar políticas autistas. Hay que ver si esto es viable, si la información desde el origen, cómo se genera, permite la creación de formatos abiertos que se puedan poner a disponibilidad. Si no se hace esto desde el punto inicial de la generación de la información y se espera hasta el momento de la publicación se están duplicando los esfuerzos, el trabajo y abriendo o ampliando las posibilidades, me parece, de fracaso. Entonces, me parece también un desperdicio no dotar a las Unidades de cierta capacidad para sugerir lineamientos generales de información. Con toda esta historia, quisiera dejar sobre esta mesa una reflexión adicional. La tendencia que estamos observando en las normatividades

estatales es aumentar las obligaciones de transparencia, lo cual celebramos mucho, sin lugar a dudas. Pero poco se ha hecho para fortalecer los procesos de generación de información y el establecimiento de lineamientos de calidad de la misma. No hay un análisis de la viabilidad de la norma y en ese sentido, como en otros tantos, uno hace análisis presupuestal para saber si es viable implementar cierta política de salud, etcétera. Aquí requerimos un análisis de viabilidad, y tal vez establecer un proceso gradual para llegar al punto final. Lo que sí sería un peligro y probablemente un error es aumentar las posibilidades de frustración. Al aumentar las obligaciones de transparencia, al aumentar los formatos en los que se tiene que presentar sin haber hecho un análisis de las viabilidades. Así las cosas, voto por seguir empujando la agenda de transparencia proactiva pero tenemos que atender la fontanería de la gestión de información que viene dada por archivos administrativos y por la participación de las Unidades de Acceso. La evaluación de la información pública de oficio debe de incorporar una evaluación de los procesos de generación de información. Ése es el argumento central de esta reflexión, porque si no, entonces estamos en una conversación, déjenme hacer la analogía, sobre cómo ganar un maratón pero sin un esquema de alimentación y de entrenamiento. Muchas gracias. Mtro. Óscar Guerra Ford: En general, la verdad, gracias, coincido igual y con los demás ponentes de lo que aquí se ha mencionado. Creo que uno de los grandes retos que tiene el Sistema Nacional de Transparencia es empezar a homologar hacia arriba la información pública de oficio. Pero creo, y lo has dicho muy bien, ya no de estas evaluaciones binarias, si no, cero o 100, y lo digo en ese sentido, sino tenemos que empezar a tener un seguimiento. Y la evaluación no es la evaluación per se, sino la evaluación nos da sentido en que se encuentra en ese momento. Y creo, y este es uno de

los retos del sistema, tener un subsistema de evaluación, que podamos homologar criterios homogéneos, dada una ley general de estas obligaciones de oficio, pero que tengamos esa experiencia clara, que no debe ser una evaluación sólo cuantitativa. Esa no genera ningún valor agregado, simplemente es el cumplir por haber cumplido o no cumplir por no haber cumplido, sino tendremos, digamos, que obviamente generar criterios que vayan más allá y que nos hablen del valor agregado de esa información en oportunidad, sencillez, formatos exportables, etcétera, etcétera. Tenemos que rebasar y superar por mucho la cultura del PDF o del escaneo en ese sentido, la foto en esa cuestión. Entonces creo que estas experiencias, y luego voy a decir los resultados de la métrica serán muy importantes para construir todos juntos los órganos garantes con la participación de la sociedad civil estos indicadores que realmente nos da. Y creo que algo importante en este sistema de evaluación, desarrollar encuestas que nos permitan conocer la calidad y el impacto de la información, que ahí estamos. Muchas veces decimos: éstos ya subieron a la página, ya se van a dormir, ya con eso duermen tranquilos. Y muchas veces no es así en ese sentido. Y creo que si en todos lados se hacen estos famosos estudios de focus group, una cosa así más social, que en ese sentido que nos permitiera ver, y también la actualización. Tenemos ya fuentes, por ejemplo, las solicitudes de información ya nos dicen algo, pero no es lo único en ese sentido o las carencias. Muchas veces las solicitudes de información digo: no es donde vemos las carencias de información en ese sentido. Entonces creo que hay mucho trabajo por andar. Creo que tenemos antecedentes y experiencias que nos pueden servir mucho en ese asunto, y sí dejar este autismo entre el sujeto obligado, que es el autista, me queda claro, que cree que ya cumplió, está en su mundo y finalmente afuera no está pasando o no está repercutiendo o incidiendo como debería de ser. Voy a dar la palabra a nuestro siguiente panelista, les había dicho él pertenece a una organización de la sociedad civil, creo que por todos conocida, que ha hecho un trabajo, y esto es importante, un trabajo

sistemático en términos de evaluación de cumplimiento de transparencia y mejores o estado del arte que guardan la transparencia en los municipios, que es tan importante o las delegaciones son la primera instancia, la instancia más cercana a todos nosotros. Todo mundo vive en un municipio o una delegación. Eso es así de claro. Jorge Carbajal es licenciado en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Ha cursado diversos diplomados en materia de participación ciudadana. Perdón, hay un problema en la presentación. Les decía, es licenciado en licencia política del Instituto Tecnológico Autónomo de México, ha cursado diversos diplomados en materia de participación ciudadana, transparencia y acceso a la información pública. En el sector académico colaboró con la división de estudios políticos del CIDE, en temas sobre opinión pública. También ha participado como ponente en diversos eventos como foros, conferencias, seminarios. En el sector civil ha colaborado en diversas organizaciones civiles y redes, coordinando proyectos sobre participación ciudadana, derecho al acceso a la información pública, contraloría ciudadana, monitoreo, evaluación y gestión política y actualmente se desempeña como coordinador del área de desarrollo democrático, Arquimetría Social y es coordinador de SINTRA, en el capítulo Distrito Federal. Jorge, bienvenido. Tienes la palabra. Lic. Jorge Carbajal Hernández: Gracias, buenas tardes. Agradezco la invitación primero al maestro Oscar Guerra Ford y al IFAI. Para nosotros es muy importante participar en estos espacios, nuestro trabajo quizá no es tan visible como lo que hacen otras organizaciones, trabajamos en el ámbito local, principalmente, en el ámbito municipal en el caso D.F. con las delegaciones, sin embargo, tenemos ya amplia experiencia en este tema; estamos hablando desde 2002, un contexto bastante distinto al que vivimos hoy, sin embargo, siempre buscando subir los estándares de transparencia, tomando como referencia la

normatividad, las obligaciones que se establecen ahí, sin embargo, siempre buscando esos resquicios, esa información sensible y socialmente útil para la ciudadanía y a partir de esto hacer evaluaciones. Estas evaluaciones en realidad son el pretexto, lo que se busca aquí es detonar proceso de interlocución, de diálogo con los gobiernos, sabemos que es una situación complicada el hecho de que cada tres años haya que abrir nuevamente estos canales de buscar a nuevos actores gubernamentales. Y lo que hemos visto a lo largo de estos 12 años, en algunos municipios donde se han realizado evaluaciones de manera periódica, pues que hay vaivenes, depende demasiado del interés que le da cada gobierno en turno a este tema, entonces podemos encontrar avances sustantivos y de repente para el mismo municipio calificaciones muy bajas. Entonces, esto es un poco el contexto de lo que ha trabajado SINTRA a lo largo de estos 12 años, en 2013 SINTRA, en el capítulo del D.F. hace una alianza con Arquimetría Social y junto con el CECEM realizan una evaluación de transparencia a las delegaciones en el D.F. y los resultados digamos que fueron bastante pobres. Y más que comentar sobre estos resultados, para nosotros fue muy importante esa experiencia porque nos permitió identificar o plantear parámetros todavía más altos, es decir, si aun cuando utilizábamos parámetros que veníamos desarrollando anteriormente no fueron bien evaluadas las delegaciones, estamos hablando de municipios con un presupuesto considerable, con una demanda quizá por parte de la ciudadanía, de información; podemos hablar de un contexto donde quizá hay más cercanía, hay más relación entre gobierno y sociedad, en este ámbito local. Sin embargo, los resultados fueron bastante pobres. No obstante, para este 2014, lo que hicimos fue revisar esta herramienta e incluir muchos de los criterios, de los parámetros, de los estándares, que digamos, definen o forman parte de la vanguardia, hoy del tema de transparencia. La transparencia, sigue hablando de transparencia proactiva.

Y aquí es donde podemos comentar que esto está en proceso, esto es una evaluación en el caso de las delegaciones del D.F. que estamos llevando a cabo, esto está en proceso. Sin embargo, pues podemos vislumbrar que los resultados nuevamente van a ser bastante bajos, bastante pobres. Sin embargo, es a partir de esto lo que queremos abrir estos canales de comunicación e interlocución con los gobiernos locales, lo queremos ver esto como una evaluación diagnóstica; es decir, utilizar toda la vanguardia en el tema para decir dónde están las Delegaciones y a partir de ahí empezar a construir agendas, planes de trabajo que realmente fortalezcan la transparencia y promuevan la participación ciudadana y la rendición de cuentas. Me gustaría exponer, si es posible al área técnica, la presentación en la pantalla grande, porque me gustaría compartirles resultados de la encuesta de derecho de acceso a la información que publicó el IFAI, el año pasado, en 2013… Mtro. Óscar Mauricio Guerra Ford: Perdón, para no generar expectativas, lo que pasa es que hemos tratado, y como se está transmitiendo directamente por Canal del Congreso, no sé por qué, hay un impedimento, porque esa es la transmisión en vivo en el Canal del Congreso para poder pasar todas las láminas, sólo algunas, no lo entiendo. Hay que tratar de corregir este asunto, te digo, porque a lo mejor vas a esperar y no te van a cumplir; pero es por esta razón, que no entiendo bien. Debiese ser así, pero como estamos en vivo en televisión, no hay esa posibilidad. Vamos a ver cómo le hacemos. Sí van a pasar algunas. ¿Bajo qué criterio? No lo sé. C. Jorge Carbajal Hernández: Perfecto. Se las platico, y trato de ser bastante descriptivo.

Quiero ilustrar con esto, son unas presentaciones y unas gráficas. He escuchado que cualquier persona tiene derecho a conocer la información pública del Gobierno, 87 por ciento dice que sí. Cree usted que poder consultar la información pública del gobierno, permite --y aquí me enfoco en tres puntos-- ampliar la participación ciudadana: 76.5 por ciento dice que sí; evaluar al Gobierno, 75 por ciento dice que sí; saber en qué gastan los recursos públicos, 72.5 dice que sí y conocer y entender las decisiones del Gobierno, 67.5 por ciento dice que sí. ¿Sabía usted que el Gobierno tiene la obligación de hacer pública la información de su desempeño?, 81 por ciento de los encuestados dice que “sí”. Cuando ya se les pregunta sobre el concepto, el término de transparencia gubernamental, baja un poco el porcentaje. Y ¿a usted le interesaría informarse sobre lo que hace el Gobierno?, 84 por ciento dice que “sí”. ¿A través de qué medios le serviría que se publicara la información?, 71 por ciento dice que “la televisión”, y son respuestas afirmativas independientes en el caso de internet, 35.4 por ciento que a través de ese medio le serviría que se publicara la información. Y por último, esto es muy ilustrativo. Se pregunta a través de la encuesta, ¿Usted ha realizado alguna solicitud de información pública al Gobierno?, y la respuesta de los que responden afirmativamente es el 5.6 por ciento. Estamos hablando de una encuesta representativa de aproximadamente de 37 millones de mexicanos y mexicanas. Esta gráfica la quiero relacionar, está en el Informe País sobre la calidad de la ciudadanía del IFE, y más que precisar alguna de las actividades de participación, ahí le llaman “no electoral”, los porcentajes, hablamos de los porcentajes y en realidad esos porcentajes son muy bajos, ¿qué nos ilustra esta gráfica?, que hay una participación ciudadana, no electoral, sobre todo, muy baja.

Y no hablemos entonces de la confianza en las instituciones. Aquí se proyectan más instituciones no sólo del sector público, sin embargo, esta gráfica también es muy ilustrativa. Entonces, aquí es donde planteamos una pregunta, que para nosotros es eje. Sí hay desconfianza, hay una alta desconfianza en las instituciones, pero también diría que hay un alto desconocimiento de lo que hacen las instituciones. Y puede ser que mucho de ese conocimiento ya esté en los portales de transparencia, pero entonces llegamos aquí al punto de para qué está sirviendo esta información; de qué manera se está presentando; si se está utilizando o no por parte de la ciudadanía esta información que se presenta. Me parece que por ahí hay retos interesantes. Entonces, en el marco de construir una nueva relación Gobierno-Sociedad, que se fundamenta en tres pilares como lo propone Alianza para el Gobierno Abierto, que sea Transparencia, Participación Ciudadana, Tecnologías de Información y Comunicación, y Rendición de Cuentas, en el punto de Transparencia Gubernamental lo que hemos visto a través de estos años de estar incursionando y promoviendo este tema desde la sociedad civil, pues es que aquella caja de cristal, como la analogía que se utilizó al inicio sobre la transparencia gubernamental, pues vemos que la caja de cristal sigue empañada. De alguna u otra forma, o porque no nos interesa o porque nos acercamos ni siquiera al Portal de Transparencia, o al portal de internet en su conjunto, o por algunos otros factores, el asunto es que pareciera que seguimos sin saber exactamente qué hacen las instituciones, cómo lo hacen, cómo están funcionando. Entonces, qué vemos a partir de este diagnóstico, desde nuestra experiencia. Pues que persiste el desinterés de la ciudadanía y esto también se ve reflejado en esta gráfica que les presenté sobre las actividades de participación ciudadana.

Y también, vemos que persiste la falta de capacidad para realizar solicitudes. Podemos decir en un contexto, como el DF, pues es algo muy sencillo, pero para quien no tiene ni un mínimo acercamiento con el procedimiento, con los medios para solicitar, pues esto parecerá una tarea titánica. Los costos de oportunidad de los solicitantes. Sabemos que presentar solicitudes es no sólo ponerse a pensar para elaborar la solicitud, y va a ser quizá una especie de investigación previa donde consulto la página, veo qué hay, veo qué falta y qué es lo que necesito, cuál es mi necesidad específica de información. Y ahí entonces presento la solicitud y viene todo un proceso, un proceso administrativo. Y es aquí donde consideramos que también muchas veces se atora el ejercicio de este derecho. Por más que hemos tratado de eficientar, de optimizar los tiempos de respuesta. Entonces esto representa también costos de oportunidad para los solicitantes, no es lo mismo, adelantándome un poco a simplemente meterse al portal y encontrar la información que uno busca en cualquier momento. Y también falta de capacidad para sistematizar, esto por parte de la ciudadanía, y analizar la información obtenida. Tampoco podemos pedir demasiado del ciudadano común. Entonces estas capacidades quizá no sean, sería deseable que muchos ciudadanos las tuvieran, pero también es una cuestión de tiempo, no sólo de capacidades sino también de tiempo. Por lo tanto la información, ahí hay una necesidad de cómo se presenta la información en estos portales. Y del lado de las instituciones creo que compartimos el diagnóstico, estos elementos con otras perspectivas. Persisten resistencias a la entrega de información completa, de manera oportuna, en formatos abiertos. En el caso de la información pública de oficio no siempre está actualizada. Las evaluaciones sobre todo las que tenemos más presentes, las que ha realizado el InfoDF han impulsado bastante y son bastante extensivas en tanto los criterios que se evalúan.

Sin embargo, todavía detectamos algunas fallas en los portales, en cómo está presentada la información, a veces los vínculos electrónicos no funcionan, los formatos no están en medios accesibles o se presentan de manera dispersa. Aquí nosotros encontramos esto. A veces de las propias obligaciones, por lo menos en el caso de la ley local del Distrito Federal, hay varias fracciones que hablan del mismo tema, y esto en cuanto empiezas a hacer una revisión, pues pareciera un poco confuso. Y esta cuestión que creo que es el tema de esta mesa, me parece el más importante, es falta de incentivos de las instituciones para difundir de manera proactiva información sistematizada y analizada sobre su quehacer. Es ahí creo donde nosotros identificamos un reto que quizá a través de esta ley general podemos empezar a enfrentar. Transparencia gubernamental. Vemos tres principales componentes de la transparencia gubernamental. Uno es las obligaciones explícitas establecidas en la normatividad, que consideramos este va a ser el piso mínimo, y así con letras mayúsculas, el piso mínimo. Y esta información es genérica, se ha tratado a partir de esta propuesta de la Ley General, y que consideramos algo positivo, no sólo definir obligaciones genéricas, sino también obligaciones específicas de acuerdo a los distintos poderes y órganos autónomos. Sin embargo, aquí recupero el comentario que hacia la doctora Alejandra Ríos, sobre todo en el caso del Poder Ejecutivo sabemos que es bastante amplio, ejerce un presupuesto enorme, es el principal poder que concentra el ejercicio del presupuesto, y también es muy complejo, son muchas áreas, muchos sectores, son muchas instituciones. Entonces, aquí lo que nosotros observamos es que se requieren hacer, se mencionaba por ahí, esto de los planes institucionales de transparencia dentro del Poder Ejecutivo, tanto en el ámbito federal como en el ámbito estatal se requiere hacer análisis específicos de transparencia en función de la naturaleza y las funciones de cada institución.

¿Qué otro componente de la transparencia gubernamental consideramos es importante? La transparencia proactiva, y esta transparencia proactiva la vemos como algo, es información especializada, de acuerdo a la naturaleza y funciones de cada institución que posee, genera o administra esa información; es específica sobre temas o ámbitos del quehacer gubernamental, es focalizada porque considera las necesidades e intereses de los distintos grupos de la población con los que se relaciona esta información, y es dinámica; es decir, hay una actualización inmediata, se utilizan formatos abiertos y también herramientas visuales, herramientas gráficas o plataformas, aplicaciones que nos permitan interactuar con esta información y comprenderla de mejor manera. Y, por supuesto, el acceso a la información pública, las solicitudes ahí hay un componente importante para integrar la transparencia gubernamental. Me queda muy poco tiempo, me gustaría presentarles brevemente qué es lo que nosotros estamos haciendo no sólo a partir de las evaluaciones de transparencia, sino una metodología que estamos desarrollando también en conjunto con el apoyo del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que le llamamos Auditoría Ciudadana, y es básicamente hacer un análisis de transparencia de cada institución, en este caso las delegaciones, el Distrito Federal. Lo busca básicamente no es calificar, no es hacer una evaluación de si cumple o no con criterios, más allá de los normativos o proactivos, sino identificar y generar incluso información que sea socialmente útil para participar en procesos de toma de decisiones públicas en el ámbito respectivo, en la vigilancia de la gestión pública y en la evaluación de su desempeño. Entonces, lo que nosotros hacemos es un poco esto que se tenía pensado que tiene que hacer quizá las unidades de enlace o quizá la institución como tal al integrar sus planes institucionales de transparencia, nosotros lo que proponemos o lo que empezamos a hacer es de manera proactiva ir haciendo estos análisis pero no a partir de puntos específicos de la gestión de cada institución o de obligaciones genéricas, sino a partir de entender cuál es la naturaleza y las funciones

de cada institución para tener, digamos, una película completa de qué es lo que tiene que hacer y a partir de ahí identificar los principales aspectos de esta gestión, los cuales tienen que ser transparentados en los criterios que consideramos son las características de esta información que es disponibilidad, por supuesto, es lo básico, accesibilidad, oportunidad. Pero aquí oportunidad queremos resaltar que no es sólo que sea actualizada de manera periódica cada tres meses. En la medida en que se construyan sistemas de información que permitan el manejo de información a través de bases de datos, es decir, formatos abiertos, también lo que esperaríamos es que esta información se publique en tiempo real; es decir, en el momento en que se genera, se concentra, se procesa la información, publicarlo en tiempo real. Esto pareciera, quizá hoy en día una utopía, un idealismo. Sin embargo, con las tecnologías de información y comunicación, creo que cada vez esto puede ser una realidad, que sea completa y que sea comprensible; es decir, que sea presentada de manera clara y sistematizada, con bases de datos y herramientas visuales. Esto es lo que estamos impulsando y como propuesta, ya lo comentaremos en su momento, se lo haremos llegar al IFAI principalmente, es una estancia de participación ciudadana, utilizando las experiencias de las mesas de diálogo por la transparencia en el Distrito Federal y la alianza para el Gobierno abierto, las mesas de trabajo que se han generado, una instancia de participación dentro de cada institución, sobre todo en el ámbito federal y en el ámbito estatal, en donde se hagan estos análisis de transparencia, donde se hagan estos planes institucionales, y se les dé seguimiento. Es decir, cómo implementar estos lineamientos, esta política de transparencia proactiva, consideramos que es fundamental la participación de la ciudadanía, y desde la Ley General, consideramos que se puede empezar a reglamentar. Gracias por su atención. Mtro. Óscar Mauricio Guerra Ford: Gracias por esta intervención, que bueno, suma lo que hemos venid platicando en la mesa.

Simplemente para dar a que todos se les ha entregado en la mesa, algunas características que tiene la propuesta presentada; por ejemplo, estamos pasando de 11 obligaciones genéricas a 49 para todos genéricas, y las específicas que están para todos los sujetos obligados, diferenciados por su actividad, son alrededor de 14 o 15. Pero no es simplemente el aumento cuantitativo. Por ejemplo, esto que hablaba de la Contraloría Ciudadana, hoy en la Ley, está en algunas leyes, pero no en todas, la gran mayoría no, la posibilidad de que el ciudadano pueda denunciar faltas de información en los portales, a los que la Ley le obliga y que esta técnica que se subsanara en un plazo rápido. Otra cuestión, para no hablar de muchas, es por ejemplo, esta idea de que cuando la gente solicite información y está en el portal, se le mandaba el híper vínculo, cuando sabemos que el 60 por ciento de la población no tiene acceso a Internet. Hoy estas solicitudes de información se tienen que contestar en un plazo, bueno, en la propuesta no mayor a cinco días y se tiene que entregar la información si se pide en copia simple, en donde se pida, en la idea de que sólo hay que bajarla, sólo hay que imprimirla en ese sentido, y por cuestiones que van a permitir que los ciudadanos, que es una tarea de los órganos garantes, me queda claro, pero nos ayude en esta cuestión. El asunto de tener la opción de acceso a licitudes telefónicas desde cualquier parte del país, a cualquier entidad federativa o la Federación, etcétera, entre otras medidas, pues con el objeto de poder expandir este derecho y también esta idea de poder generar espacios de participación ciudadana, tanto en materia de gobierno abierto, como de políticas públicas transversales en la materia. Sólo por mencionar algunas, voy a dar la palabra a quien ya presentaba, a nuestra Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, y digo nuestra, porque vivo en el Distrito Federal, la doctora Perla Gómez Gallardo, investigadora de la Universidad Autónoma de México, de la Sala de Facultad de Derecho de la propia UNAM.

Tiene su licenciatura y maestría con mención honorífica en la propia UNAM; cuenta con un doctorado también, con mención honorifica con la tesis Revisión epistemológica de los alcances y límites de la libertad de expresión y el derecho al acceso a la información frente a los derechos de procedencia tratándose de figuras públicas. Medalla Alfonso Caso al mérito universitario en maestría y doctorada. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores, la cual tiene Nivel 1; es profesora-investigadora titular C, adscrita al Departamento de Estudios Institucionales de la UAM-Cuajimalpa. Fue encargada de la Jefatura de dicho Departamento entre 2011 y 2012. Es maestra por oposición de la asignatura de Derecho a la Información en la Facultad de Derecho de la propia UNAM. Es coordinadora del curso en línea Introducción al Derecho a la Información Pública de la OEA; también es miembro del Consejo Editorial de la Revista Mexicana de Comunicación y defensora del lector del periódico Síntesis, Puebla; miembro fundador del proyecto de la Casa de los Derechos de los Periodistas; asesora del Frente Nacional de Periodistas por la Libertad de Expresión; hizo líneas de investigación, como se ha visto en su currículum como son transparencia, acceso a la información, libertad de expresión y derecho humanos. De verdad, Perla, te agradecemos que nos hagas el favor de acompañarnos esta tarde. Tienes la palabra. Dra. Perla Gómez Gallardo: Gracias, buenas tardes a todas y todos. Antes que nada agradecer la invitación que me hiciera el IFAI, y todas y todos los Comisionados y Comisionadas que lo integran. Por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ahora que me toca estar en esta cachucha institucional, yo antes hacía evaluaciones sobre calidades de leyes. Uno de los grandes requisitos que siempre decíamos es “no importa cómo midas, siempre y cuando transparentes la metodología, porque eso te permite validar la ruta que trazaste y ver, y precisamente confrontar los resultados”. Y otra, pues que no siempre se puede validar igual a los iguales, y desigual a los desiguales porque hay características de cada una de las legislaciones que tiene nuestro país y ahora el gran reto de generar una

ley general que no tenga retrocesos sobre derechos adquiridos que se han tenido ya en legislaciones locales. En cuanto a la calidad de la información de oficio para el fortalecimiento del derecho a la información, lo que me interesa presentarles es, justo la segunda etapa que ya no pasa por lo cuantitativo sino lo cualitativo en este tenor. En el contexto actual que tenemos en el Distrito Federal, desde la implementación de las leyes federales y las 32 leyes vigentes, vemos que la información que por su relevancia o importancia debe estar accesible a cualquier persona, en el portal de internet sin que medie una solicitud es justo la información de oficio. En el caso del Distrito Federal, pues llama la atención que efectivamente cuenta con dos artículos 27 y fracciones y es una de las que es más exhaustiva en los tipos de información de oficio que deben de estar disponibles. Se hacen evaluaciones por parte del InfoDF, en el caso del Distrito Federal de manera trimestral, lo cual analiza el estatus que guardan los entes públicos en el cumplimiento de estas obligaciones. Y, de acuerdo a la propia evaluación que realiza el InfoDF, vemos que del 2014, el promedio general de los 112 entes evaluados, veíamos que el puntaje elevado pues era del 92.7, en puntos de cumplimiento. Este estudio revela que de 17 entes obligados, obligaron al 100 por ciento con las obligaciones de transparencia acorde a los criterios y metodología que aprobó el propio Pleno del InfoDF. La pregunta es, desde esta perspectiva ¿realmente estamos cumpliendo con el objetivo del derecho de acceso a la información? O sea, tenemos un cumplimiento cuantitativo, tenemos un cumplimiento de rendición de cuentas conforme a la ley; pero cuál sería el segundo paso ya después de más de una década de tener una ley que nos llega desfasada hablando de 1,777 de Europa, que ya tiene siglos de desarrollo. ¿Entonces cómo darle el segundo paso en materia de transparencia?

Ya entramos a la transparencia proactiva. Ya se ha dicho y justo es una de las premisas, a mayor información de oficio menos solicitudes. Pero qué realmente les ponemos a las personas para que tengan ese acceso a la información. Y aquí tenemos que adicionar que a mayor información de oficio de calidad, ¿y qué vamos a entender por calidad? Accesible, legible, oportuna, veraz, exportable, ordenada y coherente. O sea, por primera vez generamos indicadores que nos lleven a un mayor ejercicio de la transparencia y el acceso a la información. En nuestro caso, por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal tenemos una doble obligación. De entrada el derecho a la información es un derecho humano, y tenemos órganos especializados autónomos, que se encargan de ese rubro, pero la propia Comisión también ve los derechos humanos, de ahí que tengamos una doble responsabilidad. ¿Qué hemos hecho? Pues por primera vez actuar lo que antes investigábamos. Estamos generando un portal de transparencia donde la ciudadanía logre consultar y no necesariamente requiera preguntar. ¿Y cuál es el objetivo? Tener la mayor cantidad posible de información en el portal de internet, pero no en términos cuantitativos, sino que se trate de información directamente relacionada con nuestra función. Ya lo decían en las presentaciones anteriores, la situación de focalizar, pero no seleccionar ni discriminar o excluir información, sino dirigir esa información a efectos de, en este caso, tengan información no sólo en rendición de cuentas de ejercicio del gasto, sino información para en la defensa y fomento a sus derechos humanos. Y en este caso encaminado justo a un ejercicio del ejercicio del derecho a la información, como ese derecho instrumental que optimiza el ejercicio de todos los demás derechos. De ahí que hemos implementando no sólo el cumplimiento de la información de oficio sino estamos generando en el portal una categoría de sustancia y cualidad, que es la calidad de información, para evaluarla de dos variables. Una cualitativa e independiente, la de forma y fondo de la información.

¿Qué hicimos? Este fue un ejercicio, para que vean que la academia ayuda mucho también cuando uno se relaciona, un ejercicio de tesis de licenciatura. María Arévalo Anguiano, una licenciada ya generó una forma de medición que partiera de indicadores cualitativos. Actualmente está trabajando en la Comisión haciéndonos ese portal, junto con toda la experiencia a lo que nos lleva. Y en este caso entonces la calidad de la información se configura cuando la información que se presenta en cuanto al fondo es veraz, oportuna y accesible. Son tres indicadores de calidad en fondo. Y en cuanto a la forma está dotado de instrumentos de difusión y presentación como ordenación adecuada de la información, ya ven que hay ejercicios donde una persona puede darle hasta 60 clics a un mouse para poder llegar a lo que está buscando. Entonces desde ahí se empieza a ver cuál es la accesibilidad. La legibilidad, el PDF que nunca se abre o la copia mal puesta en el portal. La completud, o sea, que esté realmente congruente y completa a lo que considera y la actualización constante. Entonces, esta implementación de las acciones genera estos indicadores de calidad donde lo que queremos crear en la Comisión de Derechos Humanos, en cumplimiento proactivo de la transparencia y el acceso a la información, es una buena calidad de información de oficio como un factor de eficacia del derecho de acceso a la información. Y aquí pediría si se puede poner en la pantalla cómo vamos en las etapas y coincide, justo le decía aquí a Jorge, porque los indicadores finalmente cuando se construyen tienen que haber coincidencias, sería raro que tuviéramos discrepancias. Y en nuestra parte inicial que estamos dando para el portal, lo primero que estamos haciendo es la ordenación de la información en cuanto a la forma. Una presentación de base de datos compatible con la exportación de textos e imagen, con orden jerárquico y cronológico.

Tenemos una doble deuda también por parte de la Comisión, acabamos de importar un portal que gracias al DIF del Distrito Federal, ven la accesibilidad para personas con discapacidad, para la cuestión auditiva, visual y para que puedan ver y tener esa accesibilidad. No lo teníamos y mañana cumplimos 21 años de ser Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; teníamos esa deuda pendiente en accesibilidad a personas con discapacidad. Y la segunda parte es la legibilidad, segunda parte en forma. El texto a tamaño arial, de 12 a 14 puntos, con posibilidad de exportación que permita manipular el tamaño de la letra. Eso le permite a la persona esa visibilización. En esto en el área de tecnologías de la información se debe completar la presentación del portal en versión HTML, que es la parte técnica, que permita la visualización en dispositivos móviles. Lo que queremos es que cualquiera pueda acceder. Imágenes de resolución con cierto tiempo de pinceles para que no se desagreguen cuando los exportan y quieran ver los datos pequeños. En la segunda etapa es que esté la información completa. Cada rubro en una sola exhibición que permita a la persona acceder directamente y el link de transparencia debe aparecer desde el buscador como uno de los rubros principales de la página genérica del ente obligado, así como la información disponible de manera sencilla y rápida en los contenidos del portal. Los datos técnicos deben ser explicados y existir un enlace especializado en la materia con atención al público. O sea, lo que estamos haciendo ahora es que la información, y más en materia de derechos humanos, le sea útil al usuario, finalmente acceder a una información es potencializar el ejercicio de otros derechos. Y la información actualizada, nosotros tenemos actualmente con el nuevo portal alrededor de 2 mil 460 visitas con un 20 por ciento mayor de lo que se había tenido en un bimestre, quiere decir que está funcionando la forma en que tratamos de hacer más accesible la información.

Y llevamos mil 287 actualizaciones en un trimestre con un segundo semestre de 675, todas ellas en no más de 15 días. Lo que queremos hacer es una actualización constante y progresiva porque hay muchos datos que nosotros tenemos en materia de derechos humanos que requieren una actualización constante en pronunciamiento, correlación con otras instancias internacionales que le son útiles no sólo a sociedad civil, sino a los propios posibles usuarios o incluso víctimas. Y en la tercera etapa tenemos la veracidad y la oportunidad. La veracidad se comprobará mediante cruce de información, por lo que debe de tener congruencia en los números y los datos. Clásica Torre de Babel, si se hace una desarticulación dentro de la institución puede haber datos contradictorios, de ahí la importancia de un orden, una congruencia y una supervisión de los datos que se dan, para que tenga cualquiera la forma progresiva, de ver que esos datos, cómo van cambiando o cómo siguen siendo los mismos, porque no sufren alteración. Y en los que otras dependencias puedan contener la información, se debe mostrar esta vinculación, jalar la red inmediatamente para que en un solo clic, se pueda redireccionar a otra. Y el caso de la oportunidad. En cuanto a información que esté relacionada con la imagen y funciones trascendentes al ente obligado, debe publicarse en el portal de transparencia, sin tomar en cuenta los tiempos de publicación. Hay una parte muy importante que nos ha funcionado. Si hay datos que son útiles del momento, un pronunciamiento, una declaración, no esperemos a que me pidan la actualización, debe estar visible, porque eso me suprime automáticamente loa solicitudes que quieran. Entonces, el reto es que en todo momento, si yo sé que hay algo útil, va a estar ahí, y cuando ya deje de tener novedad, va a estar en un histórico, que le permita a alguien poder consultar de manera accesible. Más la siempre verificación y validación de lo que estamos manejando.

Entonces, en este caso estamos generando este nuevo portal, en cuanto a ya no sólo el cumplimiento de las obligaciones cuantitativas, sino realmente poder actuar que se puede vivir la transparencia y la rendición de cuentas, como una forma espontánea de las instituciones para generar la credibilidad, pero como una forma de incidencia clara a las personas de que cuentan con instancias y formas de acceder a información útil, veraz y oportuna. Y finalmente, en cuanto a la consideración de replicabilidad de las acciones, en materia de transparencia, podemos decir que estamos totalmente aplicables a cualquier ente obligado. O sea, estos indicadores, y se los vamos a dejar, coinciden; me gustó mucho que el 80 por ciento tenemos coincidencia con lo que ya se ha hecho con sociedad civil, no estamos descubriendo el hilo negro, sólo estamos dando la siguiente etapa y actuándolo. Y en este caso, pues se puede aplicar a cualquier ente obligado; nadie está fuera de generar sus propios mecanismos de contenidos, con base en indicadores de forma y fondo, en esta materia. Y en conclusión, con miras a la creación de una normatividad de carácter general, es necesario reforzar justo la información de oficio que deberán publicar los entes públicos, no sólo aumentando el número, sino ofreciendo la calidad. Y los indicadores aquí presentados constituyen un ejercicio, un comienzo actuado que queremos que ustedes validen y lo van a ver en el portal, el cual estamos más que a toda atención para compartírselas a todas y todos. Es un ejercicio de congruencia, porque finalmente es algo que me tocaba evaluar, ahora me toca actuarlo, y es un compromiso, porque es la mejor forma, no sólo de generar la confianza; insisto, es de decirle a la gente que sus instituciones vale la pena tenerlas, porque le son útiles. Y en el caso de derechos humanos, tenemos un mosaico de una calidad y cantidad de información que tiene que estar ahí, para que se use de

la manera más accesible, con nuevos mecanismos, nuevas formas y antes que nada, sujeto al escrutinio cual debe de ser en todo momento. Muchas gracias. Mtro. Óscar Mauricio Guerra Ford: Muchas gracias, Perla. Y de verdad agradecemos este principio de congruencia, de haber sido una evaluadora, y ella lo sabe y se lo agradecemos muy crítica a veces, sobre el estado que guardara la información pública, desde la normatividad, pero lo más importante, ya una vez platicamos, su primer acto, cuando fue Presidenta ya electa, fue en el InfoDF, pues de que ahora le tocaba estar con la otra cachucha y qué bueno que es consecuente y todas aquellas recomendaciones, análisis, las está aplicando una institución tan noble, como los derechos humanos, y lo más importante creo es que esto se pueda hacer extensivo a todos los sujetos obligados de los tres niveles de gobierno y de cualquier orden de Gobierno. Creo que estas son las cuestiones que nos deben de importar, de información de calidad, de información para qué, de información para quién. No quiero alargarnos más, ya estamos sobre el tiempo y simplemente agradecerles a nuestros compañeros panelistas nos hayan acompañado. A todos ustedes por estar presentes en esta mesa y simplemente voy a hacer entrega de sus reconocimientos por haber participado. Las preguntas, por cuestiones de tiempo, pero ahora que hay la tecnología por internet, por correo o muchos de ellos tienen Twitters altamente conocidos, los cuales ustedes también los pueden activar para hacer las preguntas. Y aquellas que no tengan sus correos o Twitter, nosotros podemos canalizárselas vía el IFAI, a los ponentes. Agradecemos muchísimo su atención.

Presentador: Agradecemos a los participantes de este segundo panel y los invitamos a un receso, antes de ir a nuestro siguiente panel que tiene como temática Causales generales de reserva y en materia de seguridad nacional. Prueba de daño y prueba de interés público.

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