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ANÁLISIS DE LA FALTA DE LA PRESENCIA ESTATAL EN EL DESPOJO DE

TIERRAS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL PERIODO

COMPRENDIDO ENTRE 1985 Y 1995.

MARIO ENRIQUE MONTES DE OCA ANAYA

Trabajo De Grado Para Optar Al Título De Magister En Ciencia Política

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI SALERNO- UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA.

Noviembre De 2013 Bogotá D.C.-Colombia.

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TABLA DE CONTENIDO

Páginas INTRODUCCIÓN 2 JUSTIFICACIÓN 10 OBJETIVOS 11 Objetivo general 11 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 11 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 12 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 12 PREGUNTAS ORIENTADORAS. 12 HIPÓTESIS 13 CONTEXTO 14 CAPÍTULO I 17 MARCO TEÓRICO 17 EL CONCEPTO DEL “ESTADO DE BIENESTAR” 17 CONSAGRACIÓN EN LA CONSTITUCIÓN DE 1991 21 ORIGEN 21 RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EN COLOMBIA 22 REVISIÓN DEL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA 23 IMPACTO ECONÓMICO 24 CONSECUENCIAS SOCIALES 24 CONSECUENCIAS POLÍTICAS 25 CAPÍTULO II -ANÁLISIS DEL PARAMILITARISMO Y SU INFLUENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA 29 SURGIMIENTO 30 PROPÓSITOS 30 PILARES 30 CAPÍTULO III - Los paramilitares en Córdoba – Revisión histórica 34 LA SITUACIÓN DEL DEPARTAMENTO 35 BIBLIOGRAFÍA 40

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TÍTULO:

ANÁLISIS DE LA FALTA DE LA PRESENCIA ESTATAL EN EL DESPOJO

DE TIERRAS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL PERIODO

COMPRENDIDO ENTRE 1985 Y 1995.

INTRODUCCIÓN

Colombia ha vivido en los últimos años, una verdadera situación vergonzosa,

dolorosa y frustrante, a causa de la guerra absurda en la que se debate el país,

produciendo así, el desplazamiento forzoso de cientos de familias que se han

visto obligadas a dejar sus tierras, a manos de los alzados en armas, ¿hasta

qué punto nos puede llegar a afectar como nación, esta dura realidad?.

En las grandes ciudades como Cali, Bogotá y Medellín, se han vivido de cerca

estas experiencias, ya que las familias de campesinos que llegan a estas

grandes urbes buscando oportunidades de vida, se encuentran ante la mirada

indiferente y desinteresada de los ciudadanos presentes en dichas

ciudades.(Camilo, 2010)

Fue de esta forma, que las ciudades empezaron a tomar tintes totalmente

diferentes, en donde ya se hacía un poco más complicado caminar por algunas

calles o transitar por los parques de las diferentes ciudades, ya que estas se

encontraban con campesinos “en su gran mayoría”, desprovistos de techo y

comida y lo peor “desprovistos de ayuda estatal”.

De manera asombrosa e impactante, estas personas, se fueron tomando las

ciudades, sus calles, sus avenidas, sus andenes, y lastimosamente también se

fueron convirtiendo en algo “normal para los ciudadanos”, cosa que es difícil de

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aceptar, si se tiene en cuenta que una situación como esta, no afecta

solamente a estas personas, sino a toda la población de un país que está en

guerra.

De este modo, ha sido esta misma guerra la que ha destruido los sueños de

miles de personas, que entre las balas, se dan cuenta cómo sus ilusiones, sus

sueños y sus expectativas de vida se diluyen y esfuman, como el humo

producido por un arma de fuego en una noche violenta de algún campo

colombiano, azotado por las balas, la muerte y lo peor, “la indiferencia e

impotencia del Estado” que se evidencia en la cada vez más creciente

población en situación de desplazamiento forzoso que en ciudades como

Bogotá es común y cotidiana.

Del mismo modo, en las largas e interminables filas que tienen que hacer estas

personas ante entidades como La Defensoría Del Pueblo, Gobernaciones O

Secretarías De Alcaldías, “mendigando” protección, cobertura y atención en

salud, educación y vivienda, cuando en sus tierras rurales lo tenían todo.

Esta impotencia e indiferencia se muestra en la medida que el estado no ha

sido capaz de generar en ciudades como Bogotá, verdaderos centros de

acopio de estas personas en donde se les presten oportunidades de trabajo o

de reinserción a su vida normal.

Esta incompetencia se manifiesta en los miles de personas que transitan a

diario en las calles pidiendo una limosna, cuando en sus tierras no le tenían

que pedir nada a nadie, solamente a Dios, para que la lluvia cayera sobre sus

plantaciones o para que el sol ayudara en el proceso de desarrollo de sus

plantas y la conservación de sus campos.

Esta soledad y dejación de aquellos campos se traslada a la ciudad, una

soledad que se nota en los rostros de personas sucias, con ropas mal tratadas

y gastadas, con los zapatos que en el afán pudieron sacar de su “ranchito” o su

tierra en alguna parte del territorio nacional al ser abatidos por las balas,

muerte que ahora es económica, social y ante todo, el reflejo de una muerte

Estatal.

Un pensador del estado, de la política, del arte, como lo fue Kant, expresó:

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“Si perece la justicia, carece de valor que los hombres sigan viviendo sobre la

tierra”(Maquiavelo, 1990)

Si tomamos esta frase un tanto “radical” de Kant, sencillamente hoy serian muy

pocos los que estuvieran en la tierra, ya que de una u otra forma, todos nos

hemos visto afectados y perjudicados por la injusticia, la violencia, la

corrupción, y la estúpida y creciente muerte de un país que cada día se pone

más violento e intolerable.

Tomando otra frase que no deja de ser importante para el análisis, de alguien

que siguió el pensamiento de Kant, al decir1 que la justicia es la primera virtud

de las instituciones políticas, tenemos que cuestionarnos sobre ¿dónde queda

la justicia de las instituciones políticas de un país como el nuestro y del mismo

modo, en qué lugar queda el papel de Estado social de Derecho y de Estado

Protector, plasmada en la Constitución Política de Colombia?.

En el derecho, se habla del “Estado social de derecho”, en el cual, los

componentes de una sociedad, los individuos, tienen obligaciones, pero

también derechos que los cubren y los protegen por el solo hecho de ser

ciudadanos de un país. En el caso de Colombia, en realidad no son plenas ni

cubren toda su responsabilidad, ya que a diario se desplaza a estas personas y

se les obliga a llevar una vida llena de frustraciones, odio y dolor, debido a que

los actores del conflicto hacen que el Estado se vea incapaz de plantear

soluciones viables y oportunas ante tantos males, ante tantas enfermedades

sociales y padecimientos económicos, de orden público y de control del orden

se refiere.

Es importante aclarar que en este escrito no se está culpando ni acusando al

Estado de ser el causante de estos desplazamientos, pero sí se señala de

modo directo que sus políticas, acciones y programas para mitigar esta

creciente y dolorosa problemática social no han sido lo suficientemente

eficientes ni eficaces para brindar soluciones efectivas y reales a los directos

afectados.

1 Rawlss, discípulo de Kant en el siglo XX

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De ese modo, la realidad por la que pasamos, azota a nuestro país de una

manera indiscriminada, y de igual modo hace que el corazón y los sentimientos

de los ciudadanos se “endurezca”, una vez que al ver todos los días a una

cierta cantidad de personas en las mismas condiciones, suele volverse una

costumbre que destruye la solidaridad y la poca ayuda que un ciudadano

normal pueda brindarle a una familia desplazada.

Porque en realidad ¿qué ayuda puede ser una limosna, $100 ó $200?

Seguramente que con eso no podrán volver a sus campos ni sus casas,

entonces ¿las calles serán su próxima casa?

Tan solo en la capital, las cifras hablaban para el año 2006 de unos 300.000

desplazados (Instituto Pensar, 2006), número al cual en la actualidad se le

deben sumar seguramente alrededor de 500.000 personas más, cifras

alarmantes y aterradoras, para una ciudad que cada día carece mas de

oportunidades para sus propios ciudadanos; Si esto es así, ¿qué pocas serán

las oportunidades que se le puedan presentar a un desplazado?. Del mismo

modo, Las cifras nos dicen que desde el año 98, la tasa de desplazados era de

diez cada mes, para superar la cifra de 45 en el mes, en el 2002, para la ciudad

de Bogotá, que de este modo recibe habitantes de zonas rurales a los cuales

hay poco o nada que ofrecerles cada día que pasa.(Durán, 2008)

Se plantea entonces una pregunta ¿dónde está la presencia gubernamental en

estos casos?, ¿será que con crear un par de ONG, la situación de estos miles

de habitantes de nuestro país se solucionará, y en dónde se ven los resultados

de la Red de Solidaridad Social, quienes son los responsables por parte del

gobierno de ayudar y atender a estas personas?.

Esta amplia gama de situaciones frustrantes y dolorosas, ponen en tela de

juicio, la existencia y la participación del Estado en el desarrollo de sucesos

que tiene un país, que a parte de este, cuenta con miles de problemas más que

le aquejan y le hacen “convalecer”, como un enfermo terminal; Lo que no se

sabe es en qué momento esa enfermedad hará explosión, hasta llevar al

paciente a la muerte.

Reflexionando en las limosnas que se dan a estas personas, se puede

considerar en realidad que ellas no les solucionarán sino tan solo el problema

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diario tal vez, el de la comida, pero no se sabe el día en el que puedan volver a

sus casas de nuevo “si es que existen aún”.

Si se analiza esto, se evidenciará que se violan los derechos humanos

fundamentales cuando se desplaza a una familia de su vivienda o lugar, ya que

la libertad, el libre desarrollo, y la protección de la familia por parte del Estado

(Constitución Política, 1991), derechos que se promueven en la Constitución,

son vulnerados y el ciudadano no pierde solo su tierra, sino su identidad y

esencia étnica y humana.

Estas escenas de dolor, pena y muerte, parecen no ser vistas por un gobierno

que no reacciona ante tal atrocidad, confirmando una vez más, la pérdida del

Estado en Colombia, y de igual manera, resaltando que el país es uno de los

que más viola los derechos humanos, y en donde vivir, cada día parece

hacerse más difícil.

Pero no se habla solamente del tema de las tierras que estas personas dejan

en su región, sino que es importante pensar por un momento, el futuro que le

espera a los niños de estas familias, los cuales botados en una fría calle de la

ciudad, piden que les regalen para un pan, o para poder reunir para conseguir

una habitación para dormir en la noche, ¿qué será de esos niños, unos 5 ó 10

años más adelante?.

La violencia, las drogas, el alcohol, o sencillamente la muerte, son los vigilantes

que aguardan el vistazo de estas criaturas, esperando una salida y una

solución a problemas que viven junto con sus familiares.

Tristemente, se nota entonces cómo el conflicto armado colombiano no ha

dejado solo personas muertas asesinadas y masacradas, sino que de la misma

forma ha ido masacrando y castrando los sueños de miles y miles de

campesinos que contaron con la mala suerte de verse involucrados en el cruce

de balas por parte de las fuerzas de la ley y los insurgentes alzados en armas.

De este modo, se nota entonces un país en el que no solamente perecen

centenares de personas anualmente gracias a las balas y la pólvora, sino que

por dentro caminan como muertos en calles llenas de automóviles, de

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desconocidos y que para ellos se convierten en verdaderas selvas de cemento,

al no ser sus lugares de origen, sus sitios de nacimiento, al no ver sus propios

árboles, animales, plantaciones.

¿Culpables? Para qué a esta altura buscarlos, ¿acaso eso solucionará el

problema?. Más bien, el Estado en primer lugar y la sociedad en conjunto son

quienes tienen la responsabilidad de encaminar programas, respuestas,

soluciones y atención a estos colombianos que nada tienen que ver con el

conflicto, aparte de ser quizás sus peores víctimas.

Por lo anterior y por cientos de razones más que de ser mencionadas

conformarían todo un libro, la situación del desplazado no es solamente de él, o

de sus hijos, sino que se convierte en una situación a la cual todo un país se

tiene que ver abocado, ya que aunque ahora, las consecuencias no se noten

de manera sobresaliente, en unos pocos años, se estará pensando

seguramente en los comienzos de un movimiento que cuando surgió, se le

llamaba desplazamiento, y que tal vez en un futuro, se le llegue a conocer

como una de las tantas causas de un país que se encuentra en guerra, en

desorden social, pero lo que es peor aún, en un desamparo “enorme” por parte

del Estado, que no parece reaccionar ante tal situación de dolor, muerte y

desolación.

Se repite e insiste tanto en la pronta e inmediata reacción e intermediación del

Estado en esta problemática, ya que como experiencia para el país sería bueno

probar qué pasaría si esos miles de miles de millones que se invierten en la

guerra anualmente, se destinaran al menos en un pequeño porcentaje para

prestar atención y contribución a las familias desplazadas, con programas

verdaderamente eficientes, con restitución de tierras en lugar de “Agro ingresos

¿seguro?” o programas de tan mala calidad como este, en el cual se

beneficiaran unos pocos potentados, perjudicando a unos miles humiles

trabajadores.

Del mismo modo, sería bueno cuestionarse si “¿programas?” como el agro

ingreso seguro, eran realmente necesarios, y qué pasaría si se destinaran (por

ejemplo) esas enormes cantidades de recursos en la atención y cuidado de las

familias desplazadas.

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En síntesis, se hace necesario que la presencia del Estado sea inmediata y

actúe sin “mermar” trabajos, ya que el desplazamiento forzoso aumenta

diariamente, así como aumentan las muertes y la corrupción en un Estado que

parece darle la espalda a su gente, no pensando que el desplazamiento puede

ser una causa más de violencia a corto o largo plazo, cuando “Dios no lo

quiera” estas personas empuñen las armas para reclamar lo que les quitaron y

por lo cual el Estado nunca peleó para restituirles.

La discusión planteada con antelación, es tan solo la contextualización del

problema del desplazamiento forzoso en el cual se ha visto abocada gran parte

de la población colombiana.

Por lo tanto, se parte de la misma, para abordar el tema central de este

documento, el cual trata la Ausencia De Políticas Publicas Del Estado

Colombiano Para Enfrentar El Delito De Despojo De Tierras Dentro Del Marco

Del Conflicto Interno En Colombia Específicamente En El Departamento De

Córdoba 1985-1995.

Se ha tomado esta fecha específica, puesto que en ese periodo ocurrieron

hechos relevantes en la historia del país en lo concerniente a los Derechos

Humanos, en lo que respecta a la violación de Derechos Humanos y en lo que

tiene que ver con los nefastos inicios del despojo de tierras y desplazamiento

forzoso por parte de agrupaciones armadas al margen de la ley, de manera

específica en el Departamento de Córdoba, el cual ha sido un dolido testigo de

la propagación de agrupaciones guerrilleras y “cuna” de diversas agrupaciones

al margen de la ley que a la fecha se han propagado por gran parte del

territorio nacional.

De este modo, la discusión planteada en este capítulo, ha expuesto algunos de

los dolores, penas y abatimientos que pasa una familia o una región campesina

y rural, las cuales deben sufrir y padecer este tipo de dolencias (entre otras

razones) debido a la ausencia de políticas públicas que encaminadas y

lideradas por el Estado, permitan enfrentar el delito, caracterizado como las

consecuencias del despojo de tierras, de manera específica en el

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Departamento de Córdoba, para lo cual se ha tomado el periodo comprendido

entre 1985 y 1995.

JUSTIFICACIÓN

Desde el punto de vista Constitucional, se puede evidenciar que Colombia es

concebido como un Estado Social de Derecho, enmarcando así al país en un

entorno en el que la gran mayoría de naciones en el mundo han entrado,

definiéndose a sí mismas como “Estados sociales de Derecho”.

No obstante, (como se abordará en los capítulos concernientes a los marcos

teórico y conceptual) muchos de estos países que dicen ser Estados Sociales

de Derecho, distan mucho, desde la práctica y la realidad, de ser tales, por lo

cual se requiere determinar a la luz de una entidad tan importante como lo es el

Consejo de Estado en Colombia, según su jurisprudencia, qué se entiende por

E.S.D, cuáles son sus aplicaciones, evidencias y comprobaciones de que

efectivamente se está no solamente enmarcado en dicho concepto sino que de

la misma forma se aplican y ponen en práctica dichos aspectos.

Por lo tanto, el estudio analiza y se enfoca en determinar por qué el Estado

Colombiano ha estado “ausente” en dilemas y catástrofes sociales como las

que han ocurrido en el Departamento de Córdoba, al respecto del despojo de

tierras a cargo de grupos al margen de la ley, los cuales han tomado poder de

dichas regiones y han desplazado por medio de la violencia a miles de sus

habitantes.

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OBJETIVOS

Objetivo general

Establecer las causas y consecuencias de la falta de políticas públicas del

Estado colombiano contra el delito y las consecuencias de despojo de tierras,

dentro del marco del conflicto interno en Colombia (1985-1995), circunscrito en

el departamento de Córdoba.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Determinar cuáles han sido los factores relevantes para que exista en

Colombia una notoria ausencia de políticas públicas que trabajen al respecto

del delito del despojo de tierras, así como de las consecuencias del mismo.

Analizar qué políticas públicas por parte del Estado colombiano no se han

aplicado o han sido infructuosas en lo concerniente al despojo de tierras,

específicamente en el Departamento de Córdoba.

Determinar cuáles fueron las principales consecuencias que el despojo de

tierras causó en el Departamento de Córdoba, en el periodo comprendido entre

1985 y 1995.

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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El conflicto interno colombiano, ha generado una serie de interminables

consecuencias y males para la población colombiana en general. Más

específicamente, las poblaciones rurales son las que han sufrido de cerca y

más dolorosamente estas circunstancias. Específicamente, en el Departamento

de Córdoba entre los años de 1985 a 1995, se generó como nefasta

consecuencia, el despojo de tierras, el cual a la fecha no ha cesado, sino que

por el contrario empeora cada vez más. Por lo tanto, existe una problemática

que debe ser tratada y que analice porqué el Estado colombiano ha

permanecido “ajeno” a dichas situaciones, carente de políticas públicas que

mitiguen estas situaciones y que del mismo modo, permitan atender a la

población civil vulnerable y afectada por este mal.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

PREGUNTAS ORIENTADORAS.

¿Cuáles han sido las principales causas y consecuencias de la falta de

políticas públicas del Estado colombiano contra el delito y las consecuencias de

despojo de tierras, dentro del marco del conflicto interno en Colombia (1985-

1995), circunscrito en el departamento de Córdoba?.

¿Qué políticas públicas por parte del Estado colombiano no se han aplicado o

han sido infructuosas en lo concerniente al despojo de tierras, específicamente

en el Departamento de Córdoba?.

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¿Cuáles fueron las principales consecuencias que el despojo de tierras causó

en el Departamento de Córdoba, en el periodo comprendido entre 1985 y

1995?

HIPÓTESIS

Las causas sociales, políticas y económicas generadas como consecuencia del

conflicto armado en Colombia, específicamente en lo concerniente al despojo

de tierras en el Departamento de Córdoba en el periodo comprendido entre los

años 1985 y 1995, se ha debido sustancialmente a la Ausencia de políticas

públicas del Estado Colombiano para atender y responder a las necesidades y

exigencias de los ciudadanos de dicho Departamento que se han visto

afectados por estas situaciones.

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CONTEXTO:

CARACTERIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE

CÓRDOBA (Fonade, 2009):

MUNICIPIOS Y REGIONES QUE COMPONEN EL DEPARTAMENTO:

En las regiones del Alto Sinú y San Jorge, se consideran los municipios de

Tierralta y Valencia, que corresponden al Alto Sinú, y los municipios de

Montelíbano y Puerto Libertador, que hacen parte del Alto San Jorge; Uré,

recientemente creado, quedó considerado con Montelíbano. . En 1995, de

acuerdo con proyecciones del censo de 1993, esta región, definida para

efectos del presente informe, contaba con 163.690 habitantes, pero su

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población creció en 2005 hasta 223.271, para un aumento del 36%; en 2005,

representaba aproximadamente el 15% del total departamental.

Montería, la capital, contaba en 1995 con 303.468 habitantes y pasó a tener

381.525 en 2005 para un crecimiento del 26%; en 2005, su población

representaba el 26% del total departamental.

Se considera por aparte el San Jorge (léase medio San Jorge), excluyendo los

municipios de la parte alta de la cuenca de este río y se incluye a Ayapel,

Buenavista, La Apartada, Planeta Rica y Pueblo Nuevo. En su conjunto, estos

municipios pasaron de 154.034 habitantes en 1995 a 167.757 en 2005, para un

crecimiento del 9%; su población representó en 2005 el 11% del total

departamental.

Se unen en una sola categoría los municipios del Medio y Bajo Sinú y las zonas

de sabanas y ciénagas. Del Medio y el Bajo Sinú, se consideran a Cereté,

Ciénaga de Oro, San Carlos y San Pelayo, y se excluye a Montería, que se

analiza por aparte; de la zona de ciénagas, están Chimá, Cotorra, Lorica (Bajo

Sinú), Momil y Purísima (Bajo Sinú); de la zona de sabanas, se incluyen a

Chinú, Sahagún y San Andrés de Sotavento.

En su conjunto, estos municipios sumaron 526.131 habitantes en 1995 y

pasaron a tener 561.575 en 2005, para un crecimiento del 7%; en 2005,

representaban aproximadamente el 38% del total departamental.

Finalmente, en la zona costanera, se agregan los municipios de Canalete, Los

Córdobas, Moñitos, Puerto Escondido, San Antero y San Bernardo del Viento,

que sumaron 101.130 habitantes en 1995 y 138.571 en 2005, para un

crecimiento del 37%; en 2005, representaron el 9% del total cordobés.

Es así como en su conjunto, el departamento de Córdoba, de acuerdo con el

censo de 2005, cuenta con 1.472.699 habitantes, de los cuáles el 50.5% se

encuentra ubicado en las cabeceras y el 49.5% en el resto de los municipios.

Es en consecuencia un departamento con un peso rural mucho mayor que el

promedio del país, donde los habitantes rurales representan el 25%, mientras

que los de las cabeceras aproximadamente el 75%.

Los Altos Sinú y San Jorge tiene una distribución rural y urbana parecida en

2005, considerando respectivamente las cabeceras y el resto de los municipios,

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y su crecimiento entre 1995 y 2005 se aprecia en el gráfico No. 1. Por otro lado,

Montería concentró en los dos momentos analizados la mayor parte de su

población en la cabecera. En San Jorge, la población de las cabeceras es

levemente mayor en el último censo, es decir la población de las cabeceras

creció entre los dos años considerados, mientras que la del resto descendió.

En el Medio Sinú, ciénagas y sabanas, así como en la zona costanera, la

población rural de los municipios es muy superior a la de sus respectivas

cabeceras en los dos censos. (Fonade, 2009)

DEMOGRAFÍA

Además, en Córdoba habitan 151.064 indígenas según el censo del Dane de

2005, de los cuáles el 28% están asentados en las cabeceras y el 72% restante

en el resto de los municipios; la cifra llega a 152.450, de acuerdo con las

proyecciones de población para 2008. En este sentido, representan

aproximadamente el 10% de los habitantes del departamento y mientras en las

cabeceras alcanzan solamente el 6%, en la zona rural son el 15% del total. La

subregión del Medio Sinú, ciénagas y sabanas concentran el 76% del total de

indígenas del departamento, porque el principal asentamiento de los Zenú8,

particularmente el resguardo de San Andrés de Sotavento, está ubicado en

esta región y abarca varios municipios.

En este orden de ideas, según cifras del censo de 2005, en el municipio de San

Andrés de Sotavento habitan 60.807 indígenas, seguido por Chinú con 17.854,

Chimá con 9.945 y Momil con 8.091. La región del San Jorge, excluyendo

Puerto Libertador y Montelíbano, alberga 17.632 indígenas, que representan el

12% del total departamental y se destaca Pueblo Nuevo con 12.921. En

Córdoba, también habitan 192.051 afrocolombianos que representa

aproximadamente el 13% del total de los habitantes; en su mayoría, son

negros, un total de 191.797, y suman 254 entre raizales y palenqueros.

(Fonade, 2009)

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CAPÍTULO I

MARCO TEÓRICO

Los conceptos y planteamientos teóricos que se plantean en este capítulo, se

enfocan puntualmente al análisis de la bibliografía y los términos clave que

deben ser estudiados y referenciados para lograr desarrollar los objetivos

planteados al inicio del documento.

Por lo tanto, cada uno de los términos y conceptos estudiados aquí, hacen

parte de manera directa del tema como tal así como de los propósitos del

estudio en general.

EL CONCEPTO DEL “ESTADO DE BIENESTAR”

Teniendo en cuenta que el Estado de Bienestar hace parte relevante de la

investigación, en este aparte se tratan aquellos aspectos relacionados desde el

punto de vista teórico con el mismo.

Al respecto del Estado de Bienestar, Andersen (Gosta, 1998), en uno de sus

apartes menciona una de las tantas definiciones en torno al tema, indicando:

“Una definición normal de manual es que el Estado del Bienestar implica una

responsabilidad estatal para asegurar unos mínimos básicos de protección

social para sus ciudadanos”

Entendiendo la protección social como el cubrimiento básico de las

necesidades primordiales de una población civil, tales como salud, vivienda y

educación y seguridad, podría empezarse diciendo que si eso es Estado del

Bienestar, en Colombia, esa resultaría siendo tan solo una teoría y un “lindo

modelo”, pero el cual en la práctica, en lo concreto, en lo visible, no se

desarrolla ni aplica, siendo entonces solo una ilusión de las muchas que tiene

que vivir el país.

Andersen continúa mencionando algunas características referentes a lo que

plantea ser el Estado de Bienestar en el cual una justicia distributiva juega un

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papel preponderante al “distribuir recursos, ganancias, así como trabajo y

posibilidades equitativas”, cuando expresa:

“Una destacada escuela conservadora promovió el Estado de Bienestar

monárquico, que garantizaría el bienestar social, la armonía de las clases, la

lealtad y la productividad”

Ahora bien, analizado esto podría preguntarse ¿dónde se puede evidenciar en

Colombia un Estado de Bienestar en el cual se predique una justicia

distributiva, cuando no se desatacan ni se perciben el bienestar social, la

armonía (la cual se debate en medio del fuego cruzado de un conflicto armado

que ya lleva un siglo de existencia) la lealtad , la productividad y la armonía de

las clases (cuándo en este último punto son cada vez más las personas que

tristemente se tienen que sumar a la lista de desempleados, desplazados o

excluidos socialmente)?.

Ahora bien, hay varios autores que complementan lo expuesto hasta este

punto:

“Durante la época dorada del capitalismo, después de la segunda guerra

mundial, la familia tradicional era el tipo de familia dominante en países

desarrollados… el ciudadano, cuando niño y joven, iba a la escuela hasta que

tenía 16 años, pasando después a integrarse al mercado de trabajo…de esta

manera el trabajador cotizaba a la seguridad social durante unos 45 ó 50

años…el centro de aquel sistema de protección social era el varón

trabajador…”(Navarro, 2010)

Fíjese entonces que si se hace un paralelo entre la anterior apreciación de

Navarro y la realidad colombiana de hoy día, en la cual cada vez son menos los

niños y adolescentes que logran ir a la escuela, y de los que van son muchos

los que tienen que abandonar por múltiples razones, donde cada vez la grave

situación de desempleo y desvinculación laboral hacen que la pobreza se

aumente e impacte a más personas y donde el tema de las pensiones es ya

“un sueño”, al menos para nuestra generación, la cual hasta los setenta años

resultará pensionándose, según como van las cosas, podemos decir entonces

que en nuestro país el tema de la Seguridad Social y del Estado de Bienestar,

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sin duda, dista mucho de una realidad que dice todo lo contrario frente al tema

mismo.

Pero no son solo los órdenes económicos los que influyen en la no realización

y aplicación de una justicia distributiva y de un Estado de Bienestar en

Colombia, sino que otros factores como el desplazamiento, el irrespeto y

constante violación a los derechos humanos, así como la intolerancia y la

indiferencia social que vive Colombia, se suman a una realidad cada vez más

alarmante.

“Así, por ejemplo, el desplazamiento del trabajador agrícola a los centros

industriales transformándose en trabajador industrial significaba un aumento en

su nivel de ingresos, puesto que el trabajador industrial recibía y recibe un

salario mayor que el agrícola (Navarro, et al, 2010)”.

Desde el análisis teórico y metódico que sugiere el Estado de Bienestar,

resultaría “fenomenal” que cosas como éstas se pudieran traducir y reflejar en

la realidad, pero lastimosamente ese desplazamiento que el campesino realiza

a las grandes ciudades en el país, no se debe propiamente a la búsqueda de la

mejoría de sus ingresos, sino que factores como la violencia y por ende el

desplazamiento forzoso incitado por parte de grupos al margen de la ley, hacen

que esa base teórica que tan bien se ve y se presenta en los textos con

referencia al Estado de Bienestar y la justicia distributiva, se aleje de una

realidad cada vez más crítica para millones de compatriotas.

Vale la pena preguntarse ¿cuál justicia distributiva en el modelo del Estado de

Bienestar, si en ejemplos como el anterior nos podemos dar cuenta que no hay

una distribución efectiva y equitativa en una sociedad bastante diferente a nivel

de clases sociales?.

Lo anterior lleva a concluir parcialmente de manera argumentativa, que un

Estado de Bienestar se debe construir sobre la base fundamental y específica

de la justicia que distribuya, una justicia que pueda “repartir para todos”, si no lo

puede hacer por igual, que sea al menos de maneras un poco más equitativas

y balanceadas, de lo contrario podríamos estar hablando (caso colombiano)

como lo expresa Navarro, de las desigualdades sociales que ante la ausencia

de un Estado de Bienestar, se levantan sobre una sociedad desamparada y

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desprotegida de todo principio de seguridad social, protección social e interés

gubernamental sobre sus asuntos:

“Las causas más importantes del desarrollo de las desigualdades sin la

distribución de las rentas de capital y del trabajo (dependiendo de éstas en

gran parte de la situación del mercado laboral), de las desigualdades de los

salarios (también relacionados con la situación en el mercado laboral) y de

impacto redistribuidor del Estado de Bienestar”…

Con base en lo anterior, Rodríguez (2002) (refiriéndose al nuevo

constitucionalismo de Colombia) menciona que el moderno constitucionalismo

está pasando por profundas transformaciones y el papel frente al Estado y los

ciudadanos está siendo objeto de replanteamientos importantes, más si se

tiene en cuenta lo analizado y referenciado con antelación. Por ello, el

tradicional Estado liberal de derecho, se está derrumbando en sus

componentes; la soberanía se convierte en un anticuado concepto, desfasado

por la transnacionalización de las empresas y una serie de factores más,

hacen replantear el constitucionalismo actual.

Pero yendo más allá, al respecto del tema que aquí se estudia, se menciona y

argumenta que el Estado de Bienestar en Colombia no solo ha fallado por las

razones ya expuestas, sino que de la misma forma éste se ha visto

complejizado por la ausencia de políticas que atiendan a la población

vulnerable por el conflicto armado y del mismo modo, aquella población que ha

perdido sus tierras, siendo despojada de las mismas, sin ayuda, intervención o

respuesta estatal de ninguna índole.

22

CONSAGRACIÓN EN LA CONSTITUCIÓN DE 1991

La responsabilidad del Estado no solo emana del artículo 90 de la Constitución

Nacional sino también, y en forma importante, del artículo 1 de la Constitución

Nacional. Un Estado que se dice ser “SOCIAL DE DERECHO”, tiene el deber

de tener buenas carreteras, buenos centros hospitalarios, buenos centros

educativos, a todo nivel, buenas cárceles, buenas fuerzas armadas educadas

en el respeto y garantía por los Derechos Humanos de los ciudadanos, si así

no ocurre, en todos esos frentes, y en muchos otros, se le podrá deducir

responsabilidad por los daños antijurídicos que cause. Ora por su accionar

licito, ora por su accionar ilícito.

Específicamente la Responsabilidad la encontramos consagrada en al artículo

90 de la Constitución Nacional que literalmente nos dice “(…) El Estado

responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean

imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En

el evento de ser condenado el estado a una reparación patrimonial de uno de

tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente

culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra este (…)”. (Constitución

Política, 1991)

Para que surja la obligación de reparar el daño por la administración, se

requiere que este haya actuado mediante actos, hechos, operaciones, vías de

hecho, o haya incurrido en omisiones.

ORIGEN

La responsabilidad del Estado ha sido un problema jurídico y político, la

doctrina nos sitúa como fuente histórica de la responsabilidad del estado la

propia declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789, que

en su artículo 17 nos dice “(…) La propiedad es un derecho inviolable y

sagrado, nadie puede ser privado de ella sino cuando la necesidad publica

23

legalmente constatada, lo exija evidentemente, y bajo la condición de una justa

y previa indemnización (…)” (Derechos Humanos, 1789)

La concepción de la responsabilidad por causa de expropiación evoluciono

hasta la aceptación de la responsabilidad del estado, cuando este causara

perjuicios, ya no respecto de la propiedad privada, sino frente a otras de sus

situaciones.

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EN COLOMBIA

Fue a partir de la sentencia de la Corte Suprema de justicia, del 30 de junio de

1941 (a esa corporación se le atribuía el conocimiento de las controversias

sobre responsabilidad estatal) cuando comenzó a darse aplicación a la teoría

de la falta o culpa del servicio, como fundamento de la responsabilidad de las

entidades públicas.

Otro tanto hizo el consejo de estado a partir de su sentencia del 30 de

septiembre de 1960 (12), a propósito de la responsabilidad sobre trabajos

públicos, cuyo conocimiento le había dado la ley 167 de 1941. O sea que

desde esas fechas se acoge la teoría administrativa sobre fundamentos de

dichas responsabilidad estatal, pues desde finales del siglo XIX se aplicaba el

régimen jurídico de los particulares.

24

REVISIÓN DEL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA

Teniendo en cuenta que el documento se enfoca en las consecuencias de la

ausencia de políticas públicas del Estado en cuanto a la atención de la

población vulnerada y vulnerable gracias al conflicto armado en lo que

concierne al despojo de tierras, es importante realizar un barrido general de

aquellos factores que desde la perspectiva del origen, los propósitos y las

actuaciones de las agrupaciones al margen de la ley que tiene Colombia, han

generado, sus actuaciones y del mismo modo, cómo se estructuran éstas para

dar así un marco de exposición y comprensión mucho más amplio al tema

debatido.

Puntos de inicio:

Con movimientos como las guerrillas liberales, el M19, FARC, EPL, ELN entre

otros, la nación se empezó a ver sugestionada con grupos armados

revolucionarios que al luchar cada uno por su propia causa, fueron

complicando la situación de paz en una nación hasta entonces pacífica. Por

otra parte, los campos se empiezan a poblar de grupos guerrilleros que poco a

poco van tomando más fuerza cada vez, hasta llegar a dominar amplias zonas

de la geografía nacional, lo cual hace que el gobierno vaya perdiendo

soberanía y mando en un territorio de nadie.

Entonces se formula la pregunta: ¿qué tiene que ver la sociedad civil en todo

esto?¿cuáles han sido esas implicaciones de la población colombiana y las

consecuencias que ha traído para ésta dicho interminable conflicto?.

En realidad mucho, ya que en medio de esta absurda situación de violencia en

la cual no se sabe al ver en un monte a un hombre vestido de militar, si es del

ejército, la guerrilla, los paras o cualquier otro grupo con un arma en la mano, la

sociedad siempre se ve como la primera afectada. De este modo, en la medida

en la que los grupos al margen de la ley se empezaron a meter con la sociedad

25

civil, ésta se empezó a ver afectada de manera directa, ya que al no tener arte

ni parte en un conflicto que no le pertenece, se empieza a ver afectada en las

siguientes áreas comunes de cualquier sociedad civil en el mundo.

IMPACTO ECONÓMICO:

En el momento en el que los grupos armados incursionan en una población,

ésta empieza a pasar por etapas de trasformación, entre las cuales la

trasformación económica es una de las más relevantes ya que implica:

*desplazamiento de sus tierras *pérdidas en cultivos, plantaciones, sembrados

*pérdidas en animales, casas, ranchos, fincas etc. *pérdida de posesiones tales

como muebles y enseres

De esta manera, la sociedad civil pasa de ser simplemente una parte del

componente nacional, “el principal”, para pasar a constituir el centro de los

males de un conflicto al que “no fue invitada”. Solo para dar un ejemplo, en el

año 2004, se estimó en más de 50.000 millones de pesos al año por

departamento2, las pérdidas que dejó el conflicto armado en muchas regiones

de ese año. Aunque estas cifras representan el grueso de la economía

influenciada en este conflicto, se dejan de contar posesiones relativamente

“pequeñas” de campesinos o pobladores de escasos recursos.

CONSECUENCIAS SOCIALES:

Las consecuencias económicas no son las únicas ni las más importantes,

aunque sí resultan siendo las más preponderantes para el desarrollo de estas

zonas en las que se desarrollan dichos conflictos, pero una consecuencia

enfocada hacia lo social, lo civil y directamente comunitario está dirigida

precisamente en “consecuencias sociales”.

Estas resultan siendo más traumáticas que cualquier otra, ya que al manifestar

retrocesos en desarrollo de zonas como Caguán, Zona Bananera, entre otras, 12. REVISTA SEMANA, ESPECIAL “NEGOCIACIONES DE PAZ”, AÑO 2.004. SOCIAL Y ESTADO.

26

su población crece y se desarrolla en un ambiente de guerra, lo que significa

perjuicios para la nación, quien será la que más adelante soporte el peso del

odio, el rencor o el resentimiento de estas miles de personas que se dejen

llevar al fin, por algún grupo guerrillero.

Dichas consecuencias no son solamente de este tipo, sino psicológicas y

mentales, en cada niño que crece en estos campos llenos de balas, sangre y

violencia a diestra y siniestra. Por otra parte, cada región se empieza a ver

influenciada por determinados grupos guerrilleros, los cuales van en cierta

medida “marcando territorios” que más adelante serán flanco de sus

operaciones violentas e insurgentes (Camilo, 2009).

CONSECUENCIAS POLÍTICAS:

Otro punto preponderante en este desarrollo del conflicto es el factor que se

refiere a la política, ya que de esta manera el Estado va perdiendo

paulatinamente su soberanía, la cual se refiere a la autonomía del Estado para

legislar y gobernar la nación, la cual en medio de tantos grupos armados no se

sabe en realidad por cual de todos está siendo dirigida.

Por otra parte, se debe analizar el hecho de que políticamente la nación se va

fragmentando, ya que grupos armados son los que al final van tomando poder

de estas zonas en las cuales no existe más el peso de la ley sino la ley misma

que puedan desarrollar dichos grupos armados, los cuales trabajan a favor de

ellos sin importar si la población en medio de la cual se están moviendo se vea

afectada ni en qué medida logren impactarla.

Esto ha representado para la nación múltiples secuestros, extorsiones y

asesinatos de políticos, diputados, candidatos electorales, diplomados,

parlamentarios y de toda gama de gobernante estatal que se pueda imaginar;

recordemos algunos de los nombres más ilustres que este sucio conflicto ha

dejado: *Jorge Eliécer Gaitán(asesinado, presuntamente por partido opositor)

*Luis Carlos Galán (asesinado, presuntamente grupos armados – opositores)

*Consuelo Araujo Noguera (asesinada) *Ingrid Betancourt (secuestrada y

27

rescatada como ícono mundial de esta catástrofe llamada conflicto armado en

Colombia).

... y con ellos, cientos y cientos de víctimas civiles en representación de un

Estado al que lastimosamente parece haberle quedado grande el ordenamiento

de una nación en crisis y en conflicto permanente.

Esta crisis no se manifiesta solamente a nivel interno de la nación, sino de igual

modo en la medida en que Colombia es conocido como uno de los países más

violentos del mundo, ocupando vergonzosas posiciones de prioridad, por

encima de decenas de países, lo cual para cualquier colombiano resulta siendo

doloroso si a esto se le suma la fama que tiene de ser los principales

productores y comercializadores de drogas en el mundo.

Para continuar con la línea temática del presente escrito, a continuación, se

esbozan algunas formas de financiación con las que cuentan las fuerzas de la

guerra, las cuales en el país están compuestas por las siguientes

organizaciones “en todo el sentido de la palabra”, ya que reciben dinero al

mejor estilo de un banco recaudador: *FARC *ELN *AUTODEFENSAS

*PARAMILITARES. Estos como los grupos militares de mas renombre en

Colombia.

En estos medios de financiamiento con los que cuentan estos grupos

guerrilleros podemos encontrar a los siguientes como los mas reconocidos e

influyentes para que la guerra absurda, cruel e insensible sea el pan de cada

día en nuestra lastimada y lacerada nación.

No es fácil establecer cual es el volumen de ingresos que perciben los grupos

armados ilegales. Aunque las cifras difieren bastante entre una y otra fuente

consultada.

FUENTE DE FINANCIACION

FARC

ELN

Total aprox.

%

Narcotráfico 204 8 204 41.9

Extorsión 96 59 155 31.8

Secuestro 32 74 106 21.8

Otros 10 11 21 4.3

Total 342 114 486 100

28

Estos datos de los ingresos estimados de la guerrilla en dólares anuales.

Con esta tabla, se puede demostrar a grandes rasgos las diversas fuentes de

financiación que tienen los grupos al margen de la ley y la manera en la que

estos realizan sus operaciones. (UIAF, 2002)

*LAS RENTAS EXTORSIVAS

Comprenden el secuestro, extorsión y clientelismo armado. Frente al primero

podemos exponer algunos planteamientos que sustenten este planteamiento

como desmontar bandas y redes criminales que interactúan con los grupos

armados y ciertas formas de orden legal para reducir el número de rescates.

Ante la extorsión se pueden formular medidas para inhibir los desembolsos y

sanciones de la comunidad internacional en las empresas involucradas en el

pago de dichas extorsiones en nuestro país. Respecto al clientelismo armado,

se puede sugerir establecer algunos seguros para proteger los recursos

públicos en particular las finanzas municipales y regalías.

29

30

CAPÍTULO II

ANÁLISIS DEL PARAMILITARISMO Y SU INFLUENCIA EN EL

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA:

Luego de los análisis realizados hasta este punto, es importante ahondar en

temáticas concernientes al fenómeno del paramilitarismo y cómo éste ha

influenciado e ingresado desde hace varias décadas no solo al país sino

especialmente en el departamento de Córdoba, aquí analizado y estudiado.

Puede iniciarse con un análisis “regresivo”, es decir, de atrás hacia adelante,

no empezando a ahondar los orígenes y génesis del paramilitarismo, sino

desde atrás iniciar analizando sus comportamientos, aspectos clave y factores

determinantes.

Para ello, se inicia con un cuestionamiento: ¿Ha desaparecido totalmente el

paramilitarismo en Colombia? Esa es la pregunta problema desde la cual se

analizarán los diferentes argumentos a lo largo de este capítulo, el cual tratará

desde la teoría y bibliografía, de explicar cuáles han sido los procesos del

paramilitarismo en Colombia y cuál es su situación actual, determinando

entonces si dicha organización al margen de la ley ya desapareció o por el

contrario, tomando otra forma, nombre y estructura sigue funcionando en

Colombia.

Colombia es uno de los países del mundo que más ha sufrido la violencia,

específicamente presentada ésta en forma de bandas al margen de la ley, que

violan constantemente los Derechos Humanos y que irrespetan y violan las

estructuras sociales y constitucionales. En los últimos años se habló mucho de

la desmovilización de grupos al margen de la ley como los paramilitares, pero

¿es cierto su desmantelamiento? O por el contrario ¿dicha organización tomó

otras formas y operan y actúan hoy día de otra manera en el país?.

Se puede argumentar al respecto, que el paramilitarismo no ha desaparecido

del todo en Colombia, ya que pasó de entenderse como una organización

propiamente dicha y entendida como “paramilitar” para convertirse en una

estructura con organización de las denominadas “BACRIM”, las cuales han ido

tomando fuerza en el país, pero haciendo (de fondo) las mismas acciones de

los paramilitares.

31

SURGIMIENTO:

“El surgimiento y desarrollo de estos grupos obedece a contextos en los cuales

se observa una purga interna llevada a extremos como es el caso de El

Salvador y Perú de la década des ochenta, donde los grupos guerrilleros

estaban enfrentando a las fuerzas armadas estatales en franca lid. De esta

forma, la operatividad que tienen los escuadrones de la muerte en estos

contextos no solamente se restringe a eliminar a los enemigos del Estado, sino

que además aterrorizan a la población cometiendo actos violentos y abusos

como es el caso de las masacres y los asesinatos extrajudiciales”(Caicedo,

2009)(Fraide, 2009)”

El surgimiento del paramilitarismo en Colombia se debió a una manifestación

reactiva a los desmanes de la violencia de las guerrillas y a la incapacidad del

Estado para resolver los problemas de orden público y los conflictos sociales

(Boaventura, 2010). De esta forma, a la par del crecimiento de la guerrilla

propiamente dicha, los paramilitares empezaron a fortalecerse con recursos de

actuaciones ilegales al igual que la guerrilla y sus objetivos (aunque en teoría

loables) se desviaron y empezaron a afectar de este modo a la población civil.

PROPÓSITOS:

Los paramilitares, como las autodefensas, se organizaron (dentro de otros

contextos) con el fin de combatir una guerrilla implacable que minaba la

seguridad de la nación y violaba constantemente los derechos humanos del

pueblo. Por lo tanto, en las autodefensas entran hombres convencidos de la

urgencia de enfrentarse a la guerrilla por métodos poco ortodoxos,

antirrevolucionarios de corazón, defensores de sí y de los suyos o delincuentes

comunes, que aprovechaban el paramilitarismo para sus propios fines, los

cuales acabarían uniendo objetivos e intereses comunes, mediados los años

noventa (Boaventura, et al).

32

PILARES:

Los tres grandes pilares del paramilitarismo fueron los terratenientes y

campesinos que querían defenderse de las guerrillas; los narcotraficantes que

fortalecieron o reclutaron a esos grupos sediciosos y los militares que,

deseosos de acabar con la insurgencia, emplearon cualesquiera métodos para

lograr sus fines. Al mismo tiempo, sería injusto acusar al grueso de los

agricultores o los terratenientes y a las Fuerzas Armadas de connivencia con

esos grupos porque la mayoría intentó vivir conforme las leyes marcaban (Nieto

y García, 2009). No obstante, en medio de la guerra y el conflicto, los

paramilitares se fueron viendo inmersos en las mismas actuaciones de los

grupos guerrilleros y sus disputas pasaron de ser por defensa del pueblo a

defensa de intereses, tierras y negocios.

Por otra parte, es importante citar lo que manifiesta Sapagat (2010) quien

criticando a los paramilitares expresa:

“Estos grupos han sido responsables de la mayoría de las muertes civiles en el

conflicto. En comparación con las guerrillas y las fuerzas del gobierno, los

paramilitares exhiben una razón de muertos a heridos excepcionalmente alta

en los eventos de conflicto en los que han participado, lo que indica una gran

intencionalidad en su actuar. En otras palabras, han ejecutado un gran número

de personas a corta distancia, principalmente en masacres, hiriendo a pocos en

esa carnicería. Esas muertes fueron parte de una estrategia explícita de terror

que consistía en matar a los civiles sobre los que los paramilitares tenían

sospecha de ayudar a los grupos guerrilleros. Como resultado del cese al fuego

que la mayor parte de estos grupos han seguido desde finales de 2002, y de su

posterior desmovilización y desarme, los paramilitares han reducido

significativamente, pero no han cesado por completo, de asesinar.”

33

¿Desmovilización o cambio de nombre?

Entre el 2003 y el 2009 se llevó a cabo la mayor desmovilización de

excombatientes en la historia de Colombia.(Universidad de los Andes, 2010).

De esta forma, durante el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez,

se desarrollaron estos procesos en los cuales decenas de hombres entregaban

sus armas y en teoría daban así por terminado el combate. Al respecto, Se

estima que el proceso de Desmovilización con los grupos paramilitares ha

salvado entre 1400 y 2800 vidas a nivel nacional. Sin embargo, la variación a

nivel regional es considerable; en el caso de Nariño, por ejemplo, el proceso de

desmovilización ha estado asociado a un aumento en los homicidios. En otras

palabras, muchos de los paramilitares que se desmovilizaron, incursionaron

posteriormente en actuaciones relacionadas con actos criminales en lo que se

conoce como las famosas “BACRIM”, las cuales son bandas criminales que

operan tanto en zonas rurales como urbanas.

“No obstante el proceso de desmovilización, desarme y reinserción (DDR) los

paramilitares continúan siendo una amenaza a la seguridad humana.”

Por lo tanto, no puede pensarse en que los paramilitares transitaron un proceso

de total desmovilización y desaparición de sus actos criminales, sino que por el

contrario, cambiaron de nombre sus actuaciones y se enfocaron en otro tipo de

“operaciones”.

PODERÍO PRESENTE:

Tal como lo expresa el autor citado, “con seguridad se puede afirmar que los

paramilitares retienen un buen inventario de armas. Por ahora, se puede seguir

suponiendo que existe un grupo no despreciable de paramilitares

desmovilizados armados o que podrían armarse en el muy corto plazo.”

Por otra parte, estudios como los del Polo Democríatico indican que las

BACRIM aparecieron ante la “extinsión” de los paramilitares. En uno de sus

apartes, dicho artículo expresa:

34

“La denominación de Bandas Criminales o BACRIM obedeció al afán del

anterior gobierno de sepultar definitivamente el paramilitarismo, pero no porque

ese fuera su objetivo o correspondiera con la realidad sino por la simbiótica

identificación entre ese régimen y el paramilitarismo, que buscó ocultar, negar y

borrar a .punta de extradiciones”(Polo Democrátivo, 2010)

De la misma forma, la Embajada de los Estados Unidos en Colombia,

analizando los procesos de desmovilización, concluyó que al respecto de dicho

proceso, la balanza podría estar inclinándose para el lado de calificarlos (a los

pertenecientes a las BACRIM) como nuevos paramilitares. Al debate se han

sumado recientemente algunos exjefes paramilitares, como Ernesto Báez,

quienes ya reconocen que son “grupos de paramilitares mal desmovilizados”.

Como conclusión preliminar de este capítulo, se argumenta que:

En primer lugar, que el proceso de desmovilización ocurrido durante el

gobierno Uribe, no fue del todo exitoso ni transparente puesto que muchos de

los desmovilizados continuaron delinquiendo. En segunda instancia, que (como

lo manifiestan las fuentes consultadas) las nuevas bandas criminales

(BACRIM) actúan de manera muy similar a los paramilitares, y muchos de ellos

son desmovilizados de algún brazo del paramilitarismo, pero militando ahora en

las BACRIM. Por último, y en respuesta a la pregunta inicial, se puede decir

que los paramilitares “desaparecieron” en el nombre y el título de tal

organización, pero se transformó y mutó a una organización con otra forma de

operancia, pero con los mismos objetivos actuando como bandas criminales.

35

CAPÍTULO III

Los paramilitares en Córdoba – Revisión histórica:

Tal como lo expresa el texto de Morelo (2012), y posterior al análisis regresivo

realizado con antelación, es importante mencionar que lo que comenzaron ‘Los

tangueros’ de Fidel Castaño, posteriormente autodefensas, en los municipios

de San Pedro, Necoclí y Apartadó (Antioquia), rápidamente se extendió a

Córdoba a las localidades de Valencia, Tierralta y Montería.

El estudio citado, indica que “la situación se desbordó tanto, que hoy Córdoba

es el octavo departamento más afectado por el desplazamiento forzado en el

país, con cifras que superaran los 160 mil campesinos desarraigados del millón

400 mil habitantes que posee en su territorio, según el Departamento para la

Prosperidad Social (DPS).

Sin lugar a dudas, estos son datos aterradores, de un Departamento que se ha

visto afectado sobremanera por este flagelo.

Complementariamente, tal como lo indica Caicedo (2009) los paramilitares en

el Departamento, se desarrollan a inicios de la década del ochenta impulsado

principalmente por dos sectores económicos vinculados al problema de la

tierra. Por un lado, el sector ganadero, conformado por propietarios de grandes

extensiones de tierra, que llegaron al departamento a inicios del siglo XX, sin

que Córdoba se hubiera constituido como entidad administrativa y que al verse

afectados por los secuestros y las extorsiones a manos de los frentes del EPL y

las FARC, toman la determinación de defenderse de las agresiones de la

guerrilla. (Caicedo, 2009).

Pero el mal no para allí y la enfermedad se multiplica si se tiene en cuenta la

participación de los narco-paramilitares que llegaron al departamento a inicios

de la década de los ochenta comprando grandes extensiones de tierra y viendo

en el departamento un corredor estrategico para el cultivo y trafico de

narcóticos.

De los narcóticos y las bandas de narcotraficantes, autores como Reyes(2009)

exponen cifras relevantes al respecto de dichas problemáticas, tocando

36

puntualmente un perioro vital para el objeto de estudio de esta investigación:

1980 – 1995 (Reyes, 2009)

Departamento No. Municipios

con Compras

No. de municipios

del departamento

Porcentaje de

municipios con

compra

Valle 36 42 85.7

Córdoba 22 26 84.6

Quindio 9 12 75

De los narcóticos y las bandas de narcotraficantes, autores como Reyes(2009)

exponen cifras relevantes al respecto de dichas problemáticas, tocando

puntualmente un perioro vital para el objeto de estudio de esta investigación:

1980 – 1995 (Reyes, 2009)

LA SITUACIÓN DEL DEPARTAMENTO:

Según el estudio de Morelo (2012), Córdoba es un departamento de 23.980

kilómetros cuadrados, distribuidos de una manera inequitativa. Las grandes

extensiones de tierras productivas están en manos de una pequeña élite,

mientras que la gran masa se debate en medio de la pobreza. El 53.53% de los

hogares cordobeses tiene las necesidades básicas insatisfechas, mientras que

un 23.91% se encuentra en la miseria absoluta, según datos de la Defensoría

del Pueblo.

Si de entrada las cifras son espeluznantes, como se podrá evidenciar

posteriormente, el fenómeno de la violencia las ha acrecentado sobremanera.

Datos escalofriantes, indican que el departamento lleva ya más de 47 años de

ejecución de u conflicto armado casi que imparable, puesto que se calcula

inició sobre 1963.

Tal como lo muestra el mapa realizado por el autor ya citado, “el territorio en

disputa en Córdoba pinta en el mapa 11 puntos en donde la pelea por la tierra

está que arde, bien sea porque los actores armados no permiten que los

37

beneficiarios gocen de los predios, o porque el Incoder readjudicó lo que ya

tenía dueño o porque los campesinos no viven allí porque el Estado no los dotó

de proyectos productivos”. (Morelo, 2012).

MAPA DE LA PRESENCIA DE GRUPOS PARAMILITARES EN CÓRDOBA

Fuente: Ginna Morelo (2012)

¿CÓMO HA SIDO EL DESPOJO EN LA REGIÓN DE CÓRDOBA?.

Continuando con la citación del estudio de Morelo (2012) se indican ciertas

características del despojo en Córdoba, las cuales se centran en: Desalojo de

campesinos por parte de paramilitares, algunas veces mediante asesinatos de

personas y masacres que obligaron a sus familias a vender y que también

causaron desplazamiento.

Desplazamientos por la llamada Casa Castaño, que se apoderó de predios.

Luego llegaron otros paramilitares y volvieron a desplazar. Tierras entregadas

por el Gobierno a campesinos, que después los paramilitares compraron a

‘peso de plomo’. (Morelo, 2012)

38

Del mismo modo, autores como Barrera (2007) indican que también ha habido

familias beneficiarias de tierras por parte del Incora, que no pudieron

establecerse por razones de seguridad, ya que eran señaladas de ser

colaboradoras de actores armados, así como asesinato de líderes que han

abogado por la recuperación y acceso a las tierras por parte de los

campesinos. (Barrera, 2007)

39

Tipología y modalidades de despojo de tierras en Colombia

Fuente: Banco de la República (2009)

40

DESPLAZAMIENTO HISTÓRICO SEGÚN LUGAR DE RECEPCIÓN –

CODHES (1985 – 2011)

incremento anual

DESPLAZAMIENTO HISTÓRICO SEGÚN LUGAR DE RECEPCIÓN –

CODHES (1985 – 2011)

Discriminación Anual

41

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