libro monterrey origen y destino

MONTERREYORIGEN Y DESTINO

MONTERREY

ORIGEN Y DESTINO

Monterrey, una ciudad internacional (1910-1980) Óscar Flores

Municipio de Monterrey

Lic. Adalberto A. Madero QuirogaAlcalde de Monterrey

Ing. Ramón de la Peña ManriqueSecretario de Desarrollo Humano

Lic. José Antonio Olvera SandovalDirector de Cultura

Lic. Ernesto Castillo RamírezEditor

Museo Metropolitano de MonterreyZaragoza y Corregidora, Zona Centro, Monterrey, N.L. Tel. (81) 8344-2503 Fax. (81) [email protected] electrónica en: http://encicloregia.monterrey.gob.mx

Primera edición, 2009 Municipio de Monterrey

Impreso en Monterrey, MéxicoPrinted in Monterrey, México

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ÍNDICE

VI. GOBIERNO Y REPRESENTACIÓN POLÍTICA

Citas bibliográficas

Referencias bibliográficas

VII. MOVIMIENTOS URBANOS

¿Qué es un movimiento urbano?


Fuentes consultadas


VIII. UN ESTUDIO DE CASO: LA UNL Y LA CONQUISTA DE LA

AUTONOMÍA (1968-1972)

PROEMIO

1. La UNL en 1968: entre la privatización y las reformas académicas

2. La UNL en 1969: crisis de la estructura de gobierno y autonomía

3. Inicio de una nueva década. Gestación de un nuevo proyecto de universidad

4. La contrapropuesta del poder: Elizondo y la Asamblea Popular de Gobierno

5. Rechazo nacional y derrumbe del proyecto alternativo nuevoleonés de univer-sidad

6. Del movimiento universitario a la guerrilla

7. Crisis y desintegración del sinuoso proyecto universitario de la izquierda en la UANL

Epílogo

Anexos



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IX. PLANIFICACION URBANA


Fuentes de Archivos

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

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Monterrey: origen y destino

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Gobierno del Estado de Nuevo León

El gobierno del Estado de Nuevo León es una insti tución política republicana, representativa y po pular que tiene por objeto alcanzar el bien co-mún de la sociedad por medio de los órganos es-tablecidos para crear, interpretar y aplicar el orden jurídico en la entidad. Su sede es el municipio de Monterrey.1

Nuevo León, de acuerdo con su Constitu-ción de 1917,2 es un Estado libre, soberano e inde-pendiente cuyo gobierno es ejer cido por tres pode-res: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Éstos surgen y representan al pueblo, siendo su base de organiza ción polí-tica y administrativa el municipio li-bre. El gobier no es republicano pues forma parte de la federación de los Estados Unidos Mexicanos; es re-presentativo porque obra en nombre y para la sociedad; es popular por ser elegido por el pueblo.

El orden jurídico que regula la actividad del gobierno le otorga facultades y atribuciones específicas y le impone obligaciones. Este orden establece un conjunto de normas de aplicación obligatoria, con diferentes

CAPÍTULO VI

niveles jerárqui cos, colocándose en el primer lugar a la Constitución po lítica de los Estados Unidos Mexicanos, que estructura a la nación, Estados y niveles de gobierno. Las constituciones locales ocupan la jerarquía inmediata, luego las leyes que organizan al gobierno y regulan las diversas áreas del dere cho vigente. El último nivel lo ocupan los reglamentos.

La Constitución federal establece los prin-cipios fun damentales a que deben ceñirse los Es-tados en cuanto su forma de gobierno. La Consti-tución política de Nuevo León divide al gobierno

en tres poderes, contando cada uno con su ley orgánica, expedida por el Congreso local.

El poder Legislativo

El poder Legislativo lo ejerce el Con-greso –cuya figura data de 1824–, que se renueva cada tres años.3 Es hasta 1917, en la XXVII Legislatura, que el número de diputados aumentó a doce y posteriormente la XXXVIII estuvo integrada por 15 diputados. El 19 de octubre de 1928 se decretó la reducción del número de diputados, pasando de quince a ocho legislado-

De acuerdo con la Constitución de 1917, Nuevo León es un Estado libre, soberano e independiente cuyo go-bierno es ejercido por tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

GOBIERNO YREPRESENTACIÓN POLÍTICA

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Monterrey, una ciudad internacional (1910 - 1980)

res, en 1943 se incrementó el número de legisladores a nueve, constituyéndose nuevamente en quince diputados en 1973, para la LX Legislatura.

A partir de 1979 la LXII legislatura se integró con quince diputados propietarios y cinco de representación proporcional, estableciéndose así la primera legislatura pluripartidista. En cada legislatura se fue aumen-tando la participación de los diputados de representación proporcional.

Estos representantes populares se eligen en distri-tos electorales, donde contienden los candidatos a diputados de cada partido, designándose como diputados por mayoría a los ganadores de las elec-ciones en cada distri to. Los candidatos perdedores de todos los partidos políti cos que participaron en el proceso electoral se incluyen en una lista común, seleccionándose como diputados por mi noría los que hayan obtenido mayor votación. Tanto los unos como los otros tienen la misma categoría e iguales de rechos y obligaciones.

El Congreso estatal desarrolla sus activida-des en dos pe riodos de sesiones ordinarias anuales y convoca a sesiones extraordinarias en caso de ser necesario. Las primeras se lle van a cabo del 16 de septiembre al 15 de diciembre y del 1 de marzo al 30 de abril de cada año. Las segundas sólo cuando el Congreso lo considere conveniente. Fuera de es tas situaciones, el Congreso designa a cuatro diputa-dos en ejercicio, por pluralidad absoluta de votos, para que inte gren una diputación permanente.

El poder Legislativo tiene atribuciones y obligaciones fi jadas por la Cons-titución del Estado (artículos 46 al 80), que en forma esquemática pue den dividirse en cinco áreas: 1. La legislativa, que com-prende esencialmente las facultades y obligaciones del Congreso para expedir, interpretar, reformar, adi-cionar, derogar y abrogar las leyes relativas al gobierno in-terior del Estado en todas sus ramas, como la educación, la propia organi zación del Con-greso, franquicias a la indus-

El poder Legislativo lo comprende en esencia el Congreso estatal, el cual expide, interpreta, re-forma, adiciona, deroga y abroga las leyes relativas al gobierno interior del Estado.

Fotografía: J. Escandón.

A partir de 1979 la LXII Legislatura se integró con 15 diputados propietarios y cinco de represen-tación proporcional, estableciéndose así la primera legislatura pluripartidista. Fotografía: J. Escandón.


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tria, relaciones laborales y seguridad social de los trabajadores al servicio del Estado, sus paraestatales y municipios.2. Las funciones de representación y vigi-lancia, en segun do lugar, son de tipo no legislativo, como vigilar el cumplimiento de la Constitución y las leyes, reclamar las disposiciones federales o de otros Estados que sean anticonstitucionales, dispensar honores a los nuevoleoneses distinguidos, promover la educación, definir los limites del Estado con otras entidades circunveci-nas, organizar el sistema penal y elegir a la diputación permanente, entre otras.3. También tiene las atribuciones relativas a la hacienda pública, que le permiten aprobar proyectos de obras, asignar em-pleos en los órganos de gobierno, estable-cer los sueldos y fijar los gastos públicos, decretar las contribucio nes para cubrirlos, revisar y aprobar anualmente el cobro de los caudales públicos, nombrar al secretario de Finanzas y tesorero general del Estado, así como autorizar los em préstitos del Esta-do y los municipios.4. El Congreso también realiza un conjunto de ac tividades relacionadas con los munici-pios, entre las cuales se encuentran las de elevar las villas a la categoría de ciudades, expe dir la ley orgánica de los municipios, aprobar sus ingresos y egresos, revisar sus cuentas, expedir la ley de Hacienda de los municipios, sentar las bases generales para que éstos for men sus reglamentos, ordenar el establecimiento o supre sión de munici-palidades, suspender Ayuntamientos por causas graves o revocar el mandato de al-guno de sus miem bros, así como designar concejos municipales cuando se declare la desaparición de un Ayuntamiento.5. Finalmente, se tienen las actividades po-líticas concer nientes a los procesos electo-

rales y atribuciones de repre sentación po-pular. Las primeras consisten en computar los votos en las elecciones de Gobernador y diputados, así como conocer los procedi-mientos requeridos para declararlas nulas. Por lo que las atribuciones de representa-ción popular, el Congreso recibe del Gober-nador, diputados y magistrados, la protesta de guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, aprueba los nombramientos de magistrados, acepta las renuncias de los mencionados funcionarios, nombra al Go-bernador interino o sustituto, concede o niega al Gobernador licencia temporal para separarse de su puesto y para salir fuera del Estado, dirime las controversias que se susciten entre el Ejecutivo y el tribunal su-perior de justicia, conoce de los juicios po-líticos en contra de funcionarios públicos y concede amnistía a los reos políticos.

La diputación permanente estaba formada, hasta 1980, por cuatro diputados –anteriormente eran sólo tres– que sesionaban una vez por semana, solamente en los periodos de receso del Congreso. Las funciones de esta diputación se resumen en vigilar el cumplimiento de la Constitución, nom-brar Gobernador o secretario de finanzas y tesore-

Las funciones de la diputación se resumen en vigilar el cumplimiento de la Constitución, nombrar al Gobernador o secretario de finanzas y tesorero, pre-para los proyectos de ley, entro otras labores.

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ro en forma interina, ratificar nombramientos de ma gistrados, preparar proyectos de ley, computar votos, co nocer de nulidad de elecciones y, desde luego, convocar en casos especiales a los diputados a sesiones extraordinarias.

Para cumplir con sus actividades el Congre-so funciona en pleno o en comisiones, que pueden ser especiales o per manentes. La Ley Orgánica del poder Legislativo establecía –hasta 1980– la for-mación de comisiones, compuestas cada una por tres diputados que a su vez pueden ser miem bros de una o varias. Las comisiones son: gobernación y re laciones, legislación y puntos constitucionales, justicia, educación, hacienda, asuntos agrícolas, forestales y ganade ros, capacitación para el trabajo y asuntos laborales, salubri dad, asistencia pública y contaminación ambiental, fomento económico y obras públicas, siete comisiones de hacienda mu-nicipal (divididas por municipios), asentamientos huma nos, transporte urbano de pasajeros, edito-rial, agua, organi zación interna de gobierno, con-ducta civil y presupuestos y cuenta pública.

El poder Ejecutivo

El ejercicio del poder Ejecutivo está depositado en el Gobernador del Estado, electo directamente por el pueblo sin posibilidad de reelección cada cuatro años a partir de la etapa postrevolucionaria y cada seis desde 1934 (ver cuadro 1). Las atribuciones y obligaciones principales del Ejecutivo se dividen en cuatro grandes áreas de acuerdo a los artículos (81 al 93) de la Constitución local.4

1. Las actividades jurídico-administrativas del Gobernador consisten en ejecutar y hacer cumplir las leyes aprobadas por el Congreso, reglamentarlas, comunicar a los otros poderes las disposiciones del gobier-no federal y ha cerlas cumplir, cuidar que la justicia se administre pronta y escrupulosa-mente, que se ejecuten las sentencias Judi-ciales, nombrar y remover a los titulares de las dependencias y en tidades de la adminis-tración pública, así como expedir los títulos profesionales conforme a la ley.

El poder Ejecutivo está depositado en el Gobernador del Estado, y debe cumplir con actividades jurídico-administrativas, políticas, seguridad pública y funciones hacendarias. Fotografía: M. Villarreal.


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2. En segundo lugar están las actividades políticas como llevar las comunicaciones y relaciones del estado con la federación y otros estados, solicitar al Congreso se con-voque a sesiones extraordinarias, nombrar a los magistra dos del tribunal superior de justicia, conceder indultos, visitar las loca-lidades del estado para conocer sus necesi-dades, remediar sus males y promover sus mejoras, hacer observaciones a las leyes del Congreso antes de ser publica das, convenir con las autoridades federales, de otros es-tados o municipales, la prestación de ser-vicios públicos, ad ministración de tributos, ejecución de obras o realización de accio-nes de beneficio colectivo.3. En tercer lugar se encuentran las activi-dades relativas a la seguridad pública, que compren den funciones tales como proteger la seguridad de las per sonas, bienes y dere-chos de los individuos, decretar arrestos en casos de delito infraganti, cuidar la instruc-ción de la guardia nacional y demás fuerzas del Estado, ordenar la procuración de justi-cia y tener el mando de la fuerza públi ca en el municipio donde resida.4. Por último están las funciones hacen-darias, mediante las cuales el Gobernador

decide el destino de la inversión de los cau-dales públicos estatales, la contratación de créditos y su garantía, ejerce la inspección de la hacienda municipal, presenta al Con-greso el presupuesto de egresos e ingresos del Estado y Ayuntamientos, da cuenta de los primeros y propone la terna para la de-signación del secretario de finanzas y teso-rero general del Estado.

El Gobernador es, además –a partir de 1985–, jefe y responsable de la administración pública centralizada y paraestatal regulada por el artículo 87 de la Constitución local y su ley orgáni-ca.5 La administración central la ejercen secretarías cuyos titulares dependen jurídica y orgánicamente del Gobernador. Por su parte, la administración paraestatal, compuesta por perso nas morales con vida jurídica y patrimonio propios, auxilia al po-der Ejecutivo en determinados servicios públicos o funciones que forman parte de la administración pública por disposición de la ley orgánica respec-tiva.

Los titulares de las dependencias del Ejecu-tivo pueden desconcentrar o delegar algunas de sus responsabilidades para facilitar la función pública. El organigrama de las prin cipales dependencias del sector oficial del gobierno de Nuevo León ha cam-biado de forma considerable desde 1910.

Cuadro 1. Gobernadores de Nuevo León (1910-1985).

1910General José María Mier, Gobernador provisional

1910General José María Mier, Gobernador constitucional

1910Licenciado Leobardo Chapa, Gobernador interino

1911 Licenciado Viviano Villarreal

1913General de División Jerónimo Treviño. Gobernador interino

1913Licenciado Salomón Botello. Gobernador interino del interino

El poder Ejecutivo, a partir de 1985, es responsable de la adminis-tración pública centralizada y paraestatal.Fotografía: J. Escandón.

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1914 General y profesor Antonio I. Villarreal

1914Licenciado Antonio de la Paz Guerra, secretario general en función de Gobernador

1914 Profesor y general Antonio I. Villarreal

1915General y doctor (sic) Cepeda de la Fuente, Gobernador interino

1915José Videgaray, alcalde de Monterrey en funciones de Gobernador

1915 General Felipe Aguilar

1915General Raúl Madero, designado por Francisco Villa

1915General de División Idelfonso Vázquez, designado por Carranza

1915 General y licenciado Pablo A. De la Garza

1916Licenciado Diódoro de la Garza, Gobernador interino

1916 General y licenciado Pablo A. De la Garza

1917 General Alfredo Ricaut

1917 Don Nicéforo Zambrano

1917 General José E. Santos

1920 General Humberto Barros

1920 General Félix Lozano

1920 General Porfirio G. González

1921 Don Juan M. García, desaforado

1922 Doctor Ramiro Tamez, Gobernador interino

1922Leocadio M. González, Gobernador interino del interino

El poder Judicial está com-puesto por el Tribunal Supe-rior de Justicia, órgano que revisa los actos de los jueces

que integran este poder. Fotografía: M. Villarreal.

1922 Doctor Ramiro Tamez

1923Don Alfredo Pérez, desconocido por Obregón

1923 Profesor Anastasio Treviño Matínez1923 General Porfirio G. González1924 Julio C. Leal, Gobernador interino

1924 General Porfirio G. González

1925Don Jerónimo Siller, Gobernador interino por desafuero

1927 Licenciado Aarón Sáenz

1928-27

Licenciado José Benítez, Gobernador interino


1928Licenciado José Benítez, Gobernador interino


1929Diputado ingeniero Plutarco Elías Calles Jr., Gobernador interino

1929Licenciado Genaro Chapa Garza, Gobernador interino


1930Licenciado José Benítez, Gobernador interino


1931-1933

Don Francisco A. Cárdenas

1933-1935

Licenciado Pablo Quiroga, Gobernador sustituto por renuncia del anterior

1935Licenciado Ángel Santos Cervantes, secretario general de gobierno encargado del despacho


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1935General y profesor Gregorio Morales Sánchez, Gobernador provisional

1936General Anacleto Guerrero Guajardo, Gobernador constitucional por el periodo que terminaría el 3 de octubre de 1939

1939-1943

Bonifacio Salinas Leal

1943-1949

Arturo B de la Garza

1949-1952

Ignacio Morones Prieto

1952 José S. Vivanco, Gobernador susbtituto

1955-1961

Raúl Rangel Frías

1961-1967

Eduardo Livas Villarreal

1967-1971

Eduardo A. Elizondo

1971-1973

Luis M. Farías, Gobernador substituto

1973-1979

Pedro G. Zorrilla

1979-1985

Alfonso Martínez Domínguez

Fuente: cuadro elaborado en base a los Informes del Ejecutivo Estatal ante el Congreso del Estado, AGENL.

El 9 de julio de 1976 fue inaugurado el nuevo Palacio Municipal de Monterrey por el licenciado Leopoldo González Sáenz.Fotografía: M. Villlarreal.

El poder Judicial

El poder Judicial está compuesto por el Tribu-nal Superior de Justicia,6 con siete magistrados nombrados por el Gobernador y ratifica dos por el Congreso, uno de los cuales es su presidente. El tribunal funciona en pleno o por salas sin que el presidente pueda integrar ninguna de ellas. El Tri-bunal Superior de Justicia es el órgano de revisión de los actos de los jueces que integran el poder Ju-dicial. Las salas se dividen en penal, civil y familiar, existiendo los juzgados respectivos especializa dos y mixtos. El Tribunal Superior de Justicia tiene su sede en el municipio de Monterrey, que concentra los juzgados civiles y familiares metropolitanos, es-tando los penales des centralizados en cada uno de los municipios que integran la metrópoli.

El gobierno municipal de Monterrey

El municipio es la base de la división territorial y de la organización política y administrativa de los 31 Estados que constituyen la República Mexica-

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El municipio es la entidad más cercana a la comunidad y sus problemas.

na. Su estructura y gobierno se encuentran regidos por el artículo 115 de la Constitución Política de la Federa ción, y para los municipios de Nuevo León por la Constitución del Estado de Nuevo León (ar-tículos 118 a 132) y la Ley Orgánica Municipal.

La administración de los municipios se lle-va a cabo por un Ayuntamiento de elección popular directa, sin que exista autoridad intermedia entre éstos y el gobierno del Estado. Se elige mediante la formación de planillas integradas por candida-tos a presidente municipal, regidores y síndicos de acuerdo con la ley electoral vigente. En cada municipio, hasta 1980, eran seis los regidores para los primeros 50 mil habitantes, más uno por cada 100 mil excedentes o fracción que pase de la mi-tad, exceptuando al municipio de Monterrey que cuenta con quince. Además, se designan regidores de representa ción proporcional, con los mismos derechos y obligaciones que los de elección di-recta, hasta 40 por ciento de éstos según el caso, repartiéndose entre los miembros de las planillas per dedoras conforme al número de votos obteni-dos. Igual mente se designan dos síndicos por mu-nicipio, que al igual que los regidores tienen sus respectivos suplentes.

Las elecciones municipales se llevaban a cabo anualmente hasta ya bien entrado el siglo XX. A partir de 1927, hasta 1942, los cabildos goberna-ron dos años consecutivos; es a partir de este último

año cuando se establecie-ron periodos de tres años. Hasta 1980, las elecciones se realizaban el segundo miércoles de noviembre, y los ciudadanos de la plani-lla ganadora tomaban po-sesión de sus cargos el 1 de enero del año siguiente. Se permitía que los miembros de los Ayuntamientos con-tinuaran en sus cargos una vez conclui do su mandato, hasta que los nuevos muní-

cipes tomaran po sesión.La Constitución local prohíbe –desde 1917–

la reelección inmediata del presidente municipal, pero puede postularse para enca bezar una planilla después de dos periodos de concluida su gestión. Esta restricción se reduce a un periodo para los de-más miembros propietarios de un Ayuntamiento, aun cuando no se postulen para el mismo cargo. Asimismo, las personas que por elección indirec-ta, nombramiento o de signación, desempeñen las funciones propias de estos car gos, cualquiera que sea la denominación que se les dé, no podrán ser electas para el periodo inmediato (ver cuadro 2).

Los emolumentos que reciben los muní-cipes, regidores y síndicos no los pueden fijar los Ayuntamientos sin autori zación del Congreso del Estado. Es competencia exclusiva del Ayunta-miento atender las renuncias y licencias de sus miembros, aceptándose las primeras sólo por cau-sas justi ficadas.

El municipio tiene personalidad jurídica y patrimonio propio que administra libremente. Es una corporación pú blica capaz de obligarse ante la comunidad, pero también con autoridad para ha-cer cumplir las determinaciones municipales que el Congreso estatal imponga.

El municipio es la entidad más cercana a la comunidad y sus problemas. Como corporación


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pública tiene la obliga ción de prestar los servi-cios públicos indispensables a la po blación, y a la vez ser el enlace con aquellas autoridades fe-derales y estatales que otorgan servicios públicos comple mentarios. Atribuciones y obligaciones de los munici-pios en Nuevo León

Los municipios, con base en las reglas genera-les estableci das por el Congreso estatal, están facultados para expedir reglamentos, bandos de policía y buen gobierno, así como circulares y disposiciones administrativas de observancia ge-neral, ordenamientos indispensables para hacer posible la vida social armónica en las ciudades. Esta facultad se constriñe a aquellos servicios o funciones de competencia municipal, como el de tránsito, construcción y limpia, entre otros.

Corresponde también a los municipios, de acuerdo a la Constitución local (artículo 131), brindar los ser vicios públicos de alumbrado, lim-pia y recolección de ba sura, administrar y vigilar los mercados, centrales de abas to, rastros y panteo-nes, el mantenimiento y vigilancia de calles, plazas y jardines (generalmente propiedad munici pal), así como los servicios de seguridad pública y tránsito.

Por disposición constitucional, el Goberna-dor del Estado tiene el mando de la fuerza pública en el municipio donde reside habitualmente, esto es, el de Monterrey para Nuevo León.

Los municipios, en los términos de las le-yes federales y estatales, están facultados –dentro de sus límites– para formular, aprobar y adminis-trar la zonificación y planes de desarrollo urbano de sus centros de población; participar en la creación y administración de reservas territoriales; controlar y vigilar la utilización del suelo; intervenir en la regu-larización de la tenencia de la tierra; otorgar licen-cias y permisos para construcciones, y participar en la crea ción y administración de zonas de reserva ecológica. Para tal efecto, y de conformidad con

los fines señalados en el pá rrafo tercero del artículo 27 constitucional, pueden expedir los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren nece-sarios. De la misma forma, un municipio puede asociar se con otros para la solución de problemas comunes, previo acuerdo entre sus Ayuntamientos y con sujeción a la ley.

La Constitución federal permite a los mu-nicipios adqui rir y poseer todos los bienes raíces necesarios para los equi pamientos públicos y con-venir con el Estado para que asuma la ejecución de obras y la prestación de servicios pú blicos, al-gunos de los cuales puede concesionar a particula-res. También son parte de sus obligaciones fijar y hacer cumplir los horarios de apertura y cierre de restaurantes, bares, cantinas, centros de diversión, discotecas y simila res, así como depósitos, tiendas y otros establecimientos análogos. Además corres-ponde, al municipio autorizar la realización de es-pectáculos públicos, fijar sus horarios y el precio de las entradas.

En materia de salud, y con la concurrencia del Estado, los municipios realizan funciones de control, inspección y vigilancia de los servicios de

El municipio brinda los servicios públicos a la población.

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El municipio administra los centros de salud; asimismo, desempeña funciones de asistencia social. Fotografía: m. Villarreal.

conta minantes y disposición de desechos sólidos no peligrosos.

Hasta donde les permiten sus recursos fi-nancieros y humanos, los municipios realizan la-bores de apoyo a la edu cación, controlan y vigilan el comercio ambulante, realizan obras de beneficio público, otorgan, modifican o niegan permisos de construcción de edificios, viviendas, centros co-merciales y fraccionamientos.

Autoridades del municipio de Monterrey

El Ayuntamiento es el órgano máximo de decisión munici pal y le corresponde jurídicamente cuidar la recaudación y aplicación de las finanzas públicas, informando su situación al Gobernador del Esta-do. También formula el presupuesto de ingresos y egresos así como la solicitud de créditos para su aprobación en el Congreso.

El Ayuntamiento propone al Congreso las leyes locales, determina los servicios públicos municipales, expide regla mentos, crea estructuras administrativas, mejora las vías pú blicas y celebra convenios con otras autoridades o particu lares.

El presidente municipal ejecuta las decisio-nes tomadas por el Ayun-tamiento, representando y presidiendo el mis mo. Es el jefe inmediato del teso-rero municipal y demás funcionarios, a excepción de los propios miembros del Ayuntamiento.

Corresponde tam-bién al presidente mu-nicipal dirigir y vigilar el funcionamiento de los servicios públicos; hacer cumplir las leyes y regla-mentos de su competen-cia; celebrar a nombre del Ayuntamiento todos los

agua potable, limpieza pública, transporte munici-pal, mercados y centrales de abasto, ras tros, hote-les y moteles, panteones, establos, granjas, ferias, juegos electromecánicos, mecánicos y electrónicos, circos y establecimientos similares, baños públicos, albercas, pe luquerías, salones de belleza y de masa-je, tintorerías, lavan derías, albergues y guarderías, cines, teatros, estaciona mientos públicos e incluso de las personas que ejercen la prostitución. Tam-bién administra directamente los centros de salud municipales, donde atiende a las personas más des-protegidas que suelen estar fuera de las institucio-nes de seguridad social, cumpliendo así las leyes y reglamentos de salud. Adicionalmente, los muni-cipios desempeñan funcio nes de asistencia social como atención a menores y ancia nos desampara-dos o sujetos a maltrato, minusválidos e indi gentes, entre otros.

En materia ambiental, los Ayuntamientos deben formu lar políticas y criterios relativos al or-denamiento ecológico municipal, promoviendo ac-ciones para el control del ruido y la contaminación de suelo, aire y agua. Tiene también injerencia en la administración de los parques, verificación de las instalaciones de equipos de control de emisiones


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actos y contratos ne cesarios para el despacho de los negocios administrativos; calificar y sancionar a los infractores de los reglamentos administrativos; disponer de la policía municipal para ase gurar las garantías del gobernado, la conservación del orden y tranquilidad pública; dictar y ejecutar acuerdos para pre servar la tranquilidad, ordenando la clau-sura de estableci mientos donde se ataque la moral o se provoque escándalo.

Otras autoridades señaladas en la Ley Orgá-nica de los municipios son los regidores, que repre-sentan al pueblo en el Ayuntamiento (que funciona como órgano colegiado y en comisiones ordinarias y extraordinarias); los síndicos, que constituyen la representación legal del Ayuntamiento; el secretario del Ayuntamiento, que sin ser miembro del mismo auxilia al presidente municipal en la conducción de la política interior del municipio (vigila la ejecución de las disposiciones del Ayuntamiento, administra su archivo y elabora las actas, coordina funciones de algunas áreas espe cíficas de la administración municipal, etcetera); finalmente, los alcaides y comisarios (funcionarios de seguridad) y jueces auxiliares, que son colaboradores honorarios de la

El Ayuntamiento debe formular políticas y criterios relativos al ordenamiento ecológico municipal, promoviendo acciones que regulen los índices de contaminación.

adminis tración municipal y gestores de la comuni-dad ante el Ayuntamiento.

La Hacienda del municipio de Monterrey

Los municipios administran libremente su Hacien-da de acuerdo con la Constitución local (artículos 133 al 140), suje tándose a las leyes de ingresos, egresos y a la revisión de cuentas en las legislaturas locales. La Hacienda municipal la componen los rendimientos de sus bienes propios, contri buciones y otros ingresos que la legislatura local establezca a su favor, principalmente las relativas al fracciona-miento, división, adquisición, mejora y cambio de valor de la pro piedad inmobiliaria, actividades que mediante convenio no puede manejar el gobierno del Estado. Las leyes locales no pueden establecer exenciones o subsidios relativos a estas contribu-ciones, excepto a los bienes de dominio público de la federación, Estado o los propios municipios.

Los municipios reciben participaciones fe-derales que son determinadas anualmente en coor-dinación con la legis latura local, así como ingresos derivados de la prestación de servicios públicos.

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Las leyes federales no tie-nen atribucio nes para li-mitar la facultad del Esta-do para establecer y/o fi jar exenciones o subsidios.

Los municipios están imposibilitados para contraer em préstitos y obligaciones excepto los destinados a inversio nes públicas productivas, aun cuando se contrataran con organismos descentraliza-dos y empresas públicas naciona les, pues tienen prohibido hacerlo en el extranjero. En su caso, el Ejecutivo estatal garantiza las obligaciones que con-traigan los Ayuntamien-tos.

Sus inmuebles sólo pueden ena jenarse con autorización del Congreso, que tam bién aprueba sus cuentas anuales y el presupuesto de ingresos. Al Gobernador corresponde ejercer la inspección de la hacien da municipal y recibir las cuentas men-suales de la gestión administrativa.

Los ingresos principales de los municipios son las parti cipaciones federales, correspondiéndo-les en conjunto 20 por ciento de las cantidades que recibe el Estado de la federación, además de los in-gresos derivados del Fondo de Fomento Municipal cuyo monto es un porcentaje de ciertos impues tos federales señalados en la Ley de Coordinación Fis-cal. El mecanismo de asignación, aunque comple-jo, se fundamen ta en el criterio de que un municipio recibirá más participa ciones directas mientras más altos sean los siguientes indi cadores: generación de impuestos federales; cantidad de habitantes; gastos de cuenta corriente; impuestos suspendidos por el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal; consu-mos de refrescos envasados, bebidas alcohólicas,

Los municipios administran la Hacienda de acuerdo con lo establecido en la Constitución local.Fotografía: M. Villarreal.

tabaco y gasolina; importaciones y exportaciones en el caso de los municipios fronterizos y explota-ción de minas e hidrocar buros.

La repartición de 20 por ciento entre todos los municipios la realiza la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, previa autorización del Congreso Local y la Ley de In gresos Municipa-les, según lo establece el artículo 115 cons titucional. La asignación del Fondo de Fomento Municipal es directa.

El área metropolitana de Monterrey (AMM) estaba confor mada, hasta 1980, por siete municipios conurbados, administrados cada uno por un Ayuntamiento de elección popular directa, los cuales coordinan sus esfuerzos para la solución de sus problemas comunes. Debido al mecanismo de concurren cia entre la federación y el Estado, los municipios del área metropolitana aplican fondos del Programa Nacional de So lidaridad a obras es-pecíficas de infraestructura y apoyo a las clases ne-cesitadas. También cuentan con ingresos extraor-


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dinarios de la federación y el Estado para obras públicas previstas en los programas de desarrollo.

De acuerdo con su ley de ingresos y con base en la apli cación de sus reglamentos, los mu-nicipios disponían, hasta 1980, de in gresos propios derivados de los derechos municipales, así como de los provenientes de los siguientes impuestos:

1. Impuesto predial. Se aplica a la pro-piedad de la tierra con tasas de 1.5 y 2 por ciento para construcciones y lotes baldíos, respectivamente, sobre bases gravables de 50 hasta 75 por ciento del valor real de los predios, según su ubicación. De esta forma se trata de que el impuesto sea mayor para los inmuebles más valiosos.2. Impuesto sobre adquisición de inmue-bles. Consiste en el pago de 10 por ciento del valor que resulte más alto entre el ava-lúo oficial y el precio de cada operación de compraventa, permuta o donación de in-muebles.3. Impuesto sobre diversión y espectáculos públicos. Se aplica cuando el servicio no acuse pago del IVA y su tasa es de 10 por

ciento de las entradas brutas en los munici-pios del área metropolitana y de 5 por cien-to en los demás casos.4. Impuesto sobre juegos permitidos. Este gravamen im pone una tasa de 12 por ciento de lo recaudado por rifas y sorteos, y 10 por ciento a los juegos de boliche, patinadores, golfitos, apa ratos mecánicos, electromecá-nicos y electrónicos.

Sin duda, estos impuestos municipales solían ser insuficientes para enfrentar la compleja problemática metropolitana, cuya solución requie-re de constantes y cuantiosas inversiones.

El sistema político

El voto a la mujer

La Constitución de 1917 no otorgó los mismos de-rechos políticos del hombre a la mujer. Los ideólo-gos de la facción revolucionaria triunfante conside-raron, hasta muy entrado el siglo XX, que la mujer mexicana era una persona –en general– clave para la ideología conservadora, y más específicamente

al pensamiento de la Iglesia católica. Otorgar los mismos derechos políticos a la mujer era visto como volver a dar a la Iglesia católica en México –institución enemiga decla-rada por la Revolución en sus primeras décadas–, el poder que había tenido los siglos anteriores. Debido a esto la lucha por obtener los mismos derechos políticos que el hombre fue un proce-so de lucha largo y tenaz.7

Los primeros im-pactos en la legislación re-volucionaria –debido a la lucha que se dio de manera

La Secretaría de finanzas y Tesorería General del Estado es la institución encargada de hacer la repar-tición de fondos entre todos los municipios. Fotografía: J. Escandón.

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pacífica en estos años por los derechos de la mu-jer– se vieron reflejados en 1928. Siendo presidente Plutarco Elías Calles, se redactó un nuevo Código Civil en el que se dispuso que la mujer no quedaba sometida, por razón de su sexo, a restricción alguna en la adquisición y ejercicio de sus derechos; y que al llegar a la mayoría de edad tendría la libre dispo-sición de su persona y sus bienes, estando capacita-da para celebrar toda clase de contratos.8

Un año después (1929) surgen nuevas aso-ciaciones de mujeres, cuyo principal objetivo era obtener los derechos políticos plenos. Entre estas asociaciones estaban el partido Feminista Revolu-cionario y el Bloque Nacional de Mujeres Revo-lucionarias. A pesar de no contar con el derecho de voto, en 1934 se conformó el Frente de Mujeres Mexicanas, con el fin de apoyar la candidatura a presidente del general Lázaro Cárdenas. Un año después, su participación fué altamente valorada y, por primera vez las mujeres participa con en las votaciones internas del Partido Nacional Revolu-cionario (PNR). El objetivo de conquistar los de-rechos a votar y ser elegidas, fue tomando forma. Aunque algunos Estados (como Veracruz y Gue-rrero) no impedían el registro como candidatas a diputadas a las mujeres, los votos contabilizados a todo aquel que no estuviera dentro del partido ofi-cial eran ínfimos.9

Para 1938, varios grupos en pro del dere-cho político de la mujer se habían incorporado al

Partido Nacional Revolucionario. Dos años des-pués estos grupos logra con crear,

dentro del PNR, el Comité Nacional Femenil el cual apoyó la candidatura presidencial del general Manuel Ávila Camacho. Para entonces se habían formado ya las grandes centrales afiliadas al Parti-do de la Revolución Mexicana. Al principio de ese gobierno, las secretarías femeniles de las organiza-ciones CTM, CNOP, CNC, FSTSE, CGT, SNT, constituyeron la Alianza Nacional Femenina, que sostuvo un programa de diez puntos.

Pero no fue hasta el 24 de diciembre de 1946 que la Cámara de Diputados aprobó la ini-ciativa enviada por el Presidente Miguel Alemán, en la que se adicionó el Artículo 115 Constitucio-nal, que entró en vigor el 12 de febrero del siguiente año. Éste establecía que en las elecciones munici-pales participarían las mujeres en igualdad de con-diciones que los varones, con el derecho a votar y ser elegidas. El 17 de octubre de 1953 se publicó en el Diario Oficial el nuevo texto del Artículo 34 Constitucional:

Son ciudadanos de la república los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, además, los siguientes requisitos: haber cumplido 18 años, siendo casados, o 21 si no lo son, y tener un modo honesto de vivir .

Fue así como, por primera vez, en las elecciones del 3 de julio de 1955, las mujeres acudieron a emitir su voto a las urnas, para elegir diputados federales para conformar la XLIII Legislatura; y dos años después (1958), la mujer emitió su voto en una elec-ción presidencial.

En 1948 se dio el primer voto femenino en las elecciones municipales de Monterrey, en 1954 para Gobernador de Nuevo León, un año después el voto para elegir diputados(as) federales y 1958 para presidente de la república.

El marco jurídico municipal

Has ta 1976 todos los regidores eran electos según el principio de mayoría relativa.10 Con el propósito de

Durante el gobierno del presidente Plutarco Elías Calles se vieron reflejados, por vez pri-mera en México, los es-fuerzos por los derechos de la mujer.


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estimular la partici pación de los partidos de oposi-ción en el gobierno munici pal, por decreto del 29 de septiembre de ese año, se introdu jo la modali-dad de regidores de partido.11 Para la elección de los Ayuntamientos, los partidos debían presentar una planilla postulando un candidato para cada puesto. Con la introduc ción de la modalidad de regidores de partido, los cabildos se integraban con las pla-nillas que obtuvieran la mayoría de los sufragios y un representante de los partidos minoritarios que hubieren alcanzado un porcentaje determinado del to tal de votos. El decreto que reforma a la consti-tución local de 197612 estableció 6 por ciento para los municipios con más de 500 mil habitantes, 10 por ciento para los municipios entre 12 y 50 mil ha-bitantes y 14 por ciento para los de entre 50 mil y 500 mil.

Posteriormente, en 1979, se hicieron mo-dificaciones a esta reglamentación.13 En lugar de regidores de partido se creó la figura de regidores de representación proporcional. Cada partido mi-

noritario tenía así la posibilidad de obtener hasta dos posiciones dependiendo del número de votos alcanzados. También se modificaron los porcenta-jes para de cidir la asignación. El mínimo para tener derecho se fijó en 2.5 por ciento de la votación total y el número máximo de regidores de representación proporcional sería el equivalente a 25 por ciento del total de los regidores por planilla establecido por ley. De esta forma, se le asignaría automáticamen-te un regidor a aquellos partidos que obtuvieran al menos 5 por ciento del total de votos, haciendo la salvedad de que si varios partidos al canzaban ese porcentaje y el número de regidurías no era sufi-ciente, se distribuirían en forma decreciente según la votación lograda.

La legislación electoral sufrió otras modifi-caciones más adelante. En 1983,14 por decreto del Congreso Local, se esta blecieron nuevos porcen-tajes mínimos como requisito para acceder a las regidurías de representación proporcional. La base de referencia para fijar ese mínimo ya no fue el total

Fue el 3 de julio de 1955 que las mujeres acudieron por primera vez a emitir su voto a las urnas, para elegir diputados federales para conformar la XLIII Legislatura.Fotografía: Cronistas.

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Municipio Totalvotos PRI PAN PDM PARM PST PPS PCM Nulos

AMM 376 357100

273 614 60 254 12 091 11 051 10 071 7 292 1 008 976

Monterrey229 546100.0

155 62967.8

32 46614.1

11 8995.2

10 9044.7

9 9264.3

7 1073.1

6430.3

9720.5

Guadalupe51 873100.0

45 90988.5

5 38210.4

440.1

250.0

610.1

1190.2

3290.7

40.0

San Nicolás de los Garza

46 135100.0

46 135100.0

31 29367.8

14 78032.1

260.1

360.1

San Pedro Garza García

18 067100.0

13 76076.2

4 08122.6

1040.5

1220.7

Santa Catarina

11 307100.0

9 09380.5

2 17419.2

180.1

220.2

Apodaca 7 288100.0

7 288100.0

6 79793.3

4916.7

Cuadro 3. AMM: resultados de las elecciones municipales según municipio, 1979.

En las elecciones de 1979, se eligieron Ayuntamientos para el periodo de 1980-1982.El significado de las siglas de los partidos políticos es el siguiente: PRI, Partido Revolucionario Institucional; PAN, Partido Acción Nacional; PDM, Partido Demócrata Mexicano; PARM, Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; PST, Partido Socialista de los Trabajadores; PPS, Partido Popular Socialista; PCM, Partido Comunista Mexicano.Fuente: Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, 1979.Fuentes de archivoAGENL, Periódico Oficial, Monterrey (1910-1980)AHMM, Informes de Alcaldes, Monterrey (1910-1983)Diario Oficial, México, reforma al Artículo 34 Constitucional, 17 de octubre de 1953.

de la población, como en el decreto de 1976, ni fijo para todos los municipios, como en 1979. A partir de 1983 el porcentaje mínimo se estableció en rela-ción con el número de electo res registrado en cada municipio. Para aquéllos con menos de 5 mil elec-tores, el mínimo era de 30 por ciento; de 5 mil a 50 mil se fijó en 20 por ciento, para los de 50 mil a 100 mil 10 por ciento; y del 2.5 por ciento para aquéllos arriba de esa cifra.

Los resultados electorales

Monterrey

El área metropolitana de Monterrey (AMM) con-centraba casi 80 por ciento de la población total del

Estado de Nuevo León en 1980. Su importancia electoral fue, por consiguiente, indis cutible. El aná-lisis de las elecciones de alcalde de los siete munici-pios metropolitanos en la época posrevolucionaria mues tra el claro dominio del PRI. La segunda fuer-za electoral fue el PAN, mientras que los partidos restantes tuvieron un de sempeño modesto.

Al analizar los resultados globales por parti-dos en los municipios metropolitanos se aprecia el predominio del PRI. Desde su fundación, el parti-do de la Revolución dominó el ámbito político. En las últimas elecciones para este periodo estudiado –las de 1979–, el PRI obtuvo 72.8 por ciento del total de votos en el área metropolitana (véase el Cuadro 3).


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1. Constitución Política del Estado de Nuevo León (reformas hasta diciembre de 1998), publicada en el Periódico Oficial, número 100, Monterrey, 16 de septiembre de 1917, artículos 28 al 40.

2. Idem.

3. Ibid: artículos 46 a80.

4. Idem.

5. Idem. La administración pública paraestatal está compuesta por organis mos descentralizados, empresas estatales, fideicomisos públicos y entida-des interinstitucionales, organismos que funcionan coordinadamente con las demás entidades admi-nistrativas del sector público estatal, federal y mu-nicipal.

6. El Poder Judicial está normado por los artículos 94 al 104 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León de 1917 y sus reformas posteriores.

7. Aquí se enmarcan históricamente varios mo-vimientos contestatarios. Entre ellos podemos enumerar los siguientes: las primeras organiza-ciones feministas en la ciudad de México que se manifiestan en contra del fraude electoral en las elecciones presidenciales de 1910; el primer Con-greso Nacional Feminista, en 1916, impulsado por el Gobernador Salvador Alvarado; el apoyo dado a las ligas feministas en Yucatán durante el gobierno de Felipe Carrillo Puerto (1922-1924); un año des-pués la Sección Mexicana de la Liga Panamericana de Mujeres convocó al Primer Congreso Nacional Feminista de esa organización, que se reunió en la ciudad de México, exigiendo entre otras cosas, la igualdad civil para que la mujer pudiera ser elegi-ble en los cargos administrativos (Ayuntamientos). Como consecuencia del Congreso Nacional Femi-

nista, el 13 de julio de ese mismo año, el Goberna-dor de San Luis Potosí, Aurelio Manrique, expidió un decreto en el que se concedía a las mujeres del Estado el derecho a votar y a ser elegidas en las elec-ciones municipales. En Yucatán, unos meses antes, Elvia Carrillo Puerto, Beatriz Peniche de Ponce y Raquel Dzib Cicero figuraban como candidatas a diputadas al Congreso del Estado de Yucatán. Elvia Carrillo Puerto resultó la primera mexicana electa diputada al Congreso Local por el V Distri-to, el 18 de noviembre de 1923. Sin embargo, des-pués de desempeñar su cargo por dos años renun-ció, debido a las amenazas de muerte que recibió. Dos años después (1925), la legislatura de Chiapas concedió a la mujer, de los 18 años en adelante y en todo el territorio de la entidad, los mismos derechos políticos del hombre (49 Aniversario del Sufragio Femenino en México, INMUJERES del Distrito Federal, México, 2004).

8. Código Civil del Distrito Federal, México, 1928: 2.

9. A pesar de ello, hubo éxito en algunas alcaldías. En 1938, la primera presidenta municipal fue Aurora Meza Andraca, en el municipio de Chilpancingo, Guerrero, Saldaña, 2003.

10. Gobierno del Estado de Nuevo León (1949), Ley Electoral del Estado de Nuevo León, Monterrey, N.L.

11. Gobierno del Estado de Nuevo León (1976), Ley Electoral del Estado de Nuevo León, Monterrey, N.L.; y ver Periódico Oficial 29 de septiembre de 1976.

12. Periódico Oficial, Monterrey, 29 de septiembre de 1976.

13. Periódico Oficial, Monterrey, 28 de septiembre de 1979.

26


14. Periódico Oficial, Monterrey, 30 de diciembre de 1983.

Fuentes Consultadas

CÓDIGO Civil del Distrito Federal, México, 1928

CONSTITUCIÓN Política del Estado de Nuevo León, 1917 (reformas hasta diciembre de 1998), pu-blicada en el Periódico Oficial, número 100, Mon-terrey, 16 de septiembre.

FLORES, Óscar, 2000. Monterrey industrial (1890-2000), México, UDEM.

FLORES, Jesús, et al., 1999. Las leyes electorales de Nuevo León (1825-1997). Semblanza histórico-política-legislativa, México, UANL/Facultad de Derecho y Ciencias Sociales/Colegio de Crimino-logía.

GOBIERNO del Estado de Nuevo León, 1949. Ley Electoral del Estado de Nuevo León, Monte-rrey, N.L.

GOBIERNO del Estado de Nuevo León, 1976, Ley Electoral del Estado de Nuevo León, Monte-rrey, N.L.; y ver Periódico Oficial 29 de septiembre de 1976.

LEY Orgánica Municipal, México, 1980.

LEY Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León, México, 1980.

SALDAÑA Pérez, Lucero, 2003. Derechos políti-cos de las mujeres en América: memoria, seminario internacional, México, Cámara de Senadores.

49 Aniversario del Sufragio Femenino en Méxi-co, México, INMUJERES del Distrito Federal, 2004.


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Cuadro 2. Ayuntamientos de Monterrey (1910-1980).1910

Alcalde:1. Ildelfonso ZambranoSuplente Pedro Treviño2. Alonso HinojosaSuplente Viviano Treviño3. Rafael CavazosSupllente Mauro SepúlvedaRegidores:1. Antonio J. Hernández2. J. Eleuterio Martínez3. Eugenio Garza4. Patricio Milmo5. Rafael Garza Cantú6. Gregorio D. Martínez8. Adolfo Villarreal9. Jesús M. Montemayor10. Domingo M. Treviño11. Jesús Garza Flores12. José G. Zambrano 13. Mariano G. Sepúlveda14. Ramón J. Hernández

Síndicos:1. Juan N. de la Garza y Evia2. Cesáreo Cantú y Cantú3. Carlos Garza Cantú

1911

Alcalde:1. Fermín MartínezSuplente Pedro Treviño2. Alonso HinojosaSuplente Andrés C. Cárdenas3. Jesús Garza FloresSuplente Mauro Sepúlveda

Regidores:1. Francisco Garza Treviño2. Rafael Garza Cantú3. Antonio J. Hernández4. Juan N. de la Garza Evia5. David Peña6. Carlos Garza Cantú7. Cipriano J. Villarreal8. Patricio Milmo9. Rodolfo Hinojosa10. Jesús E. Fernández11. Armando Pérez12. Alfredo D. Gutiérrez13. Pedro J. Morales

Síndicos:1. Jesús M. Montemayor2. Lorenzo Elizondo3. Eulogio Ortiz

1912

Alcalde:1. Alfredo PérezSuplente Agustín Garza González

Regidores:1. José F. Sepúlveda2. Victoriano Guerra3. José Eugenio Puente4. Santiago Roel5. Mariano de la Garza6. Melesio Treviño7. Jerónimo Siller8. Francisco Zambrano9. Pedro de la Garza Flores10.Gonzalo Canales

Síndicos:1. Galdino P. Quintanilla

28


2. Alberto P. González3. Jacobo Ayala Villarreal* Este Ayuntamiento fungió hasta el 20 de enero.

1913 (20 de enero)

Alcalde:1.Nicéforo ZambranoSuplente Eusebio Guajardo

Regidores:1. Agustín Garza González2. Adolfo Villarreal3. Joaquín V. Escamilla4. Lázaro N. Villarreal 5. Francisco Zambrano6. Marcos F. Hernández7. Eduardo Martínez Célis8. Eugenio Pérez Maldonado 9. Alfredo Dávila Gutiérrez10. Ramón Castillo11. Miguel Cirilo Jr.12. José Treviño Flores13. Patricio V. Milmo14. Pedro Garza Cantú 15. Benjamín Madero16. Demetrio Garza 17. José Belden18. Joel Rocha19. José G. Gutiérrez

Síndicos:1. Galdino P. Quintanilla2. Luis Pérez B.3. Praxedis Lozano

19 de marzo de 1913

Alcalde:1. Fermín MartínezSuplente Francisco R. Canseco (desde el 24 de marzo)

24 de marzo de 1913

Alcalde:1. Fermín MartínezSuplente Francisco R. Canseco

Regidores:1. Emilio Rodríguez2. Jesús R. Flores3. Ezequiel Galindo 4. Fortunato Guzmán 5. Eugenio Rivero 6. Pedro Alanis Tamez7. Alfredo de León8. Casimiro Garza9. Hilario Martínez10.Ramón Gonzáles

Síndicos:1. Salomé Botello2. Benjamín Buchard3. Salvador González Garza

6 de abril de 1913

Alcalde:1. Gregorio D. Martínez

Regidores:1. Albino Martínez Garza2. Prof. Armando Pérez 3. Ruperto TreviñoJuez suplente Mauro Sepúlveda Garza

1914

Alcaldes:1. Ramón E. Treviño (hasta el 13 de abril) Nicéforo Zambrano (desde el 9 de mayo)

Regidores:1. Emilio Rodríguez


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2. Arturo Olivares3. Gonzalo Garza González4. Rafael D. Martínez5. Jesús R. Flores 6. Joaquín C. Martínez7. Fortunato Guzmán 8. Jesús Ma. Aguirre 9. Francisco Torres10. Nicandro L. Tamez11. José Luna Ayala12. Eutimio Calzado13. Fernando Zambrano14. Hilario Martínez15. Alfonso Martínez16. Andrés Ruiz Flores17. Ramón Ruiz Flores18. Fidel González19. Antonio C. Elizondo

1915

Alcalde:1. José Videgaray (hasta el 19 de mayo)Eugenio Pérez Maldonado (desde el 19 de mayo)Suplente José G. García (hasta el 19 de mayo)Silvano Lozano (desde el 19 de mayo)2. José G. González Suplente Lorenzo Zambrano

Regidores:1. Benjamín Buchard2. Arturo E. Padilla3. José Ma. Panza 4. Francisco Zambrano5. Carlos Garza Cantú6. Miguel Cirilo7. Eusebio Cueva8. Cristóbal Treviño9. José Ma. Siller10. Prisciliano Barragán Jr.11. Refugio Martínez 12. Mariano de la Garza

13. Adolfo Garza Zambrano14. Procopio Villarreal15. Felipe Garza Nieto16. Juan M. Fernández 17. Pedro de la Garza Flores18. Carlos Ayala Jr.19. Ramón N. González

*19 de mayo de 1915

Alcalde:1. Eugenio Pérez Maldonado Suplente Silvano Lozano(hasta el 4 de octubre de 1916)

1916-1917

24 de julio de 1916

Alcalde:1. Francisco Zambrano (interino desde el 24 de ju-lio)Antonio Garza Elizondo (propietario desde el 4 de octubre de 1916)Suplente Jerónimo Siller

Regidores:1. José G. y Garza2. Francisco Martínez Garza3. Conrado Lozano4. Teofilo Garza5. Vicente Montemayor6. Bruno García Ayala7. Ramón Peña8. Francisco Tijerina9. José A. Sepúlveda 10. Isaac Galván11. Florentino Ayala 12. Idalesio Leal13. Adolfo Alanís Tamez14. José Eugenio Puente15. Pedro Fernández

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16. Ruperto García17. Simón Mendoza18. Atanasio Chavarría19. José Treviño20. Idalesio Leal

Síndicos:1. Santiago Roel2. Placido Bueno

1918

Alcalde:1. Jerónimo SillerSuplente Porfirio Elizondo

Regidores:1. Luis Saldaña2. Eduardo Lozano3. Lamberto Lozano4. Praxedis Lozano5. Lorenzo Garza6. Alberto C. Villarreal7. Teófilo Garza Cantú8. Jesús C. Villarreal9. Ricardo Hinojosa10. Abelardo Cavazos11. Melquíades Garza Cantú12. Leandro Garza Leal13. Ernesto Treviño14. Alfredo Lozano Saldaña15. Anacleto T. Garza16. José Luna Ayala17. Juan Rodríguez18. Vicente Cavazos19. Carlos G. González

Síndicos:1. Juan García Guajardo2. Faustino Roel3. Joel Rocha

1919

Alcaldes:1. Juan M. García (hasta el 4 de agosto) Adolfo Vi-llarreal (interino desde el 4 de agosto al 8 de sep-tiembre)Suplente Joel Rocha (del 7 de abril al 19 de mayo y del 2 de junio al 4 de agosto)2. Alejandro GarzaSuplente Juan García Guajardo3. León E. AldapeSuplente Mauro Sepúlveda Garza

Regidores:1. Refugio Martínez2. Emilio de la Garza3. Manuel Chapa4. Jerónimo Gorena5. Pedro Torreblanca6. Antonio Valdés Gómez7. Jesús Salas8. Domingo Valdés Llano9. Manuel F. Guerra10. Lorenzo Zambrano11. Roberto G. Sada12. Hilario Martínez13. José Rivero Martínez14. Timoteo R. Martínez15. Matías Elizondo16. Edelmiro Rangel17. Ricardo Sada Paz18. José Ma. Díaz 19. Carlos Zubirán

Síndicos:1. Ignacio Sepúlveda2. Rafael Garza Martínez3. Arturo V. González


31

1920

Alcaldes:1. Domingo Valdés Llano (hasta el 19 de septiem-bre)Ignacio Sepúlveda (suplente en funciones, desde el 19 de septiembre hasta el 31 de diciembre)Suplente Hilario Martínez

Regidores:1. Ricardo Sada Paz2. Juan F. González 3. Alberto González Garza4. Roberto G. Sada5. Anastasio Treviño Martínez6. José Ma. V. Díaz7. Hilario Martínez8. Prof. Felicitos Guajardo9. Emilio de la Garza10. Timoteo R. Martínez11. Arturo R. Delgado12. Antonio Valdés Gómez13. Carlos Martínez14. Matías Garza Sanmiguel15. Lorenzo Zambrano 16. Emilio Escamilla17. Carlos Zubirán18. José Martínez19. Antero V. Gómez

1921

Alcaldes:1.Hilario MartínezSuplente Luis Tijerina Alamguer2. Alejandro GarzaSuplente León E. Aldape

Regidores:1. Carlos Martínez2. Timoteo R. Martínez3. Juan F. González

4. Prof. Plinio D. Ordóñez5. Felicítos Guajardo6. Genovevo S. Ramírez7. Emilio C. Escamilla8. Ignacio Peña9. Arturo R. Delgado10. José Garza Cantú11. Roberto G. Sada12.Pablo Caballero13. Matías Garza Sanmiguel14. Luís B. Lozano15. José Martínez16. Leocadio González17. Ricardo Sada Paz18. Adelaida Villarreal19. Carlos Zubirán

Síndicos:1. Rafael Garza Martínez

1922

Alcaldes:1. Hilario MartínezSuplente Lázaro Valle2. Adolfo QuintanillaSuplente Ramón Cavazos

Regidores:1. Carlos Martínez2. Plinio D. Ordóñez3. Juan F. González4. José Garza Cantú5. Manuel M. García6. Luís B. Lozano7. Emilio C. Escamilla8. Timoteo R. Martínez 9. Abelardo Guerra10. Genoveva L. Garza11. Arturo Reina12. Pablo Caballero13. Cristóbal Díaz

32


14. Ignacio Peña15. Inocencio Peña16. Pedro M. Martínez 17. Flavio Galindo18. Adelaido A. Villarreal19. Laura Cavazos Jr.

Síndicos:1. Ignacio Sepúlveda2. Carlos de la Garza Evia

1923

Alcaldes:1. Leocadio M. GonzálezSuplente Conrado de la Garza2. Alejandro Garza3. Adolfo Quintanilla

Regidores:1. Carlos Martínez2. Daniel Martínez Muguerza3. Melesio Guajardo4. Alberto Escamilla5. Manuel M. Garza6. Delfino Cantú7. Emilio C. Escamita8. José Terán Tovar9. Arturo R. Delgado10. Andrés Martínez11. Arturo Reina12. Jesús E. González13. Cristóbal Díaz14. José Hinojosa15. Inocencio Cavazos16. Jesús Leal González17. Flavio Galindo18. Ricardo Navarro19. Lauro Cavazos Jr.

Síndicos:1. Ignacio Sepúlveda2. Antonio de P. Gutiérrez3. Arturo V. González

*Este Ayuntamiento fungió hasta el 4 de diciem-bre. El 14 de diciembre toma posesión el Gral. Eva-risto Pérez, jefe de la Guarnición de la Plaza, co-misionado al efecto la JUNTA O CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN CIVIL (designada por la 7ª Jefatura de Operaciones Militares).

JUNTA O CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN CIVIL

Jerónimo Siller(Presidente)Miembros:Ernesto TreviñoCruz M. VillarrealLorenzo GarzaPraxedis LozanoTeófilo GarzaLuís Olivares

1924

Jerónimo Siller (hasta el 4 de enero)José Martínez Campos (desde el 4 de enero)Modesto B. Arreola (desde el 5 de abril, nombra-do por el Gobernador, por renuncia de Martínez Campos)

Concejales:1. Emeterio Vega2. Enrique Narváez3. Inocencio de la Garza4. José Ma. Bocanegra5. Anastasio M. Cavarría6. Miguel Guerrero


33

7. Federico Herrera G.8. Pedro Garza9. Pedro G. Leal10. Manuel Villarreal Neira11. Samuel García Cerda12. Lorenzo Garza13. Luz Olivares14. Praxedis Lozano15. Francisco Herrera16. Teófilo E. Dávalos17. José Garza Martínez18. Pedro R. Nava19. Rogelio Elizondo

1925

1. Francisco C. Reyes (hasta el 29 de mayo)Nicandro L. Tamez (desde el 29 de mayo)Manuel Chapa González (suplente en funciones de propietario desde el 11 de agosto)

Regidores: 1. Alfonso T. Correa 2. Trinidad G. Salinas3. Samuel García Cárdenas4. Emeterio Lozano5. José Garza Martínez6. Matías F. Villarreal7. Francisco A. Tamez8. Serafín Garza9. Pedro G. Leal10. Juan N. Cantú11. Constancio Villarreal12. Inocencio de la Garza13. Antonio Cantú14. Lucas G. C. Palomo15. Jesús E. González16. Antonio Cantú17. Gabriel Pérez Salinas18. Genoveva L. Ramírez19. Rogelio Elizondo

Síndicos:1. Ricardo L. Vázquez2. Jesús M. Ríos

17 de octubre de 1925

Alcalde:1. Felizardo C. Villarreal (alcalde desde el 17 de oc-tubre)Suplente Joel Rocha.

Regidores:1. Daniel Martínez Muguerza2. Anastasio Treviño Martínez3. Adolfo Alanís Tamez4. Teofilo Garza5. Mariano Arangua6. Francisco Guzmán7. Paulino Benavides8. Juan F. Sánchez9. Vicente González10. José E. Puente11. Juan Saldaña12. Pablo Galván13. Juan L. González14. Juan N. de la Garza15. Othón Serna16. Lino Urdiales17. Felipe B. Martínez18. Esteban Sánchez19. José Hinojosa

1926

Alcaldes:Alejandro Garza (hasta el 9 de mayo)David Alberto Cosio (desde el 9 de mayo)Regidores:1. Eleazar García2. Guillermo Morales

34


3. José E. Puente 4. Daniel Martínez Muguerza5. José F. Sepúlveda6. Merced Sánchez7. Othón Serna8. Raúl Izaguirre9. Teófilo Garza10. Enrique Chávez11. Mariano Arangua12. Manuel Tamez13. Vicente González14. Juan F. Escamilla15. Francisco Guzmán 16. Atanasio Chavarria17. Juan Saldaña19. José Hinojosa.

Síndicos:1. Raúl Cueva

30 de mayo de reinstala legalmente el Ayuntamiento

Alcaldes:Felizardo C. Villarreal (del 30 de mayo al 1º de ju-nio)Antonio Moreno (desde el 1º de junio hasta el 21 de julio)Suplente Leocadio M. González

Regidores:1. José E. Puente2. Atanasio Echavarría3. Enrique Chávez4. Manuel Espinosa Parada5. Manuel Tamez6. Raúl Izaguirre7. Isaura González Pellegrín8. José Hinojosa9. José Moreno10. Juan A. Saldaña11. Vicente González

12. Teófilo Garza13. Mariano Arangua14. Eleazar C. García15. Francisco A. Guzmán16. José F. Sepúlveda17. Raúl Cueva

21 de julio de 1926

Alcalde:Eleazar García (desde el 21 de julio hasta el 21 de diciembre)

Concejales:1. Rodolfo Z. González2. Francisco B. Mora3. Paulino Benavides4. Amado García M. 5. Pedro Treviño García6. Macedonio Treviño7. Espiridión Cuellar

1927-1928

Alcaldes:Jesús Ma. Salinas Jr.Suplente José F. Sepúlveda

Regidores:1. Jesús Ma. Morales2. Rodolfo Z. González3. Carlos Treviño4. Juan B. Estrada5. Mauricio González6. Francisco B. Mora7. Lauro Cavazos8. Manuel C. Majarrez9. Guillermo Morales10. Amado García M.11. Jesús Guerra12. Emeterio Vega13. Dámaso Cantú


35

14. Victoriano del Bosque15. Jesús Mancha16. Miguel R. Romero17. Ricardo Andavia18. Fidel Chávez19. Carlos Villegas

Síndicos:1. Galdino P. Quintanilla2. Paulino Benavides3. Alberto Olivares

1929-1930

Alcaldes:1. Antonio García GonzálezSuplente Teofilo Garza2. Pablo QuirogaSuplente Julio L. Puente3. Manuel Mijares PazSuplente Bernardo L. Flores

Regidores:1. Alberto Curiel2. Porfirio Elizondo3. Bruno García Ayala4. José Mier del Bosque5. Antonio de la Garza6. Toribio Hernández Garza7. Carlos Villegas8. Flavio Galindo9. Bernardino Cárdenas10. Guillermo Morales

Síndicos:1. José Juan Vallejo2. Rodolfo González

1931-1932

Alcaldes:1. Generoso Chapa GarzaSuplente Alberto Curiel2. Jesús C. TreviñoSuplente Enrique B. Garza3. Ángel Santos CervantesSuplente Luís Zambrano

Regidores:1. Antonio Guerra2. Teófilo Garza3. Gregorio Rodríguez Villarreal4. Heriberto Montemayor5. Juan M. Cota6. Ernesto Treviño7. Juan J. Botello Caballero8. Fernando Guajardo9. Julián C. Martínez10. Hilario Martínez

Síndicos:1. Miguel Osuna2. Francisco J. Valle

1933-1934

Alcaldes:1. Plutarco Elías Calles Jr.Suplente Nicandro L. Tamez

Regidores:1.Daniel Martínez Muguerza2. Ángel Martínez Villarreal3. Alfonso Bustos4. J. Natividad Reza

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5. José E. Puente6. Manuel R. Leal7. Andrés Martínez8. Jesús González Arredondo9. Ignacio M. Prieto10. Fausto Gálvez Pérez

Síndicos:1. Spencer Holguín2. Margarito M. Villarreal

1935-1936

Alcalde:1. Heriberto Montemayor (hasta el 12 de agosto de 1936)Fausto Gálvez Pérez (desde el 12 de agosto de 1936)Suplente Fausto Gálvez Pérez1. Jesús García González Suplente Eustorgio Cantú García2. Rubén Leal Isla

Regidores:1. Juan J. Botello Caballero2. Ciro R. Cantú3. José Moreno4. Mauricio González Caballero5. Pedro R. Nava6. Flavio Galindo7. Luis Aguilar8. Dionisio Ovalle Rodríguez9. Benigno Sánchez10. Ramiro Martínez

Síndicos:1. Ernesto Santos Cervantes2. Valdemar Ibarra

1939-1938

Alcalde:1. Leopoldo Treviño Garza Suplente Hilario Contreras Molina2. Jesús EspinosaSuplente Alberto Garza Treviño3. Francisco Valdés Jr.Suplente Alfonso Santos Palomo

Regidores:1. Guillermo Morales2. Atenedoro Colunga3. Carlos González4. Isidoro Arias5. Eliseo Rodríguez6. Rufino Ramírez de la Ola7. Ángel C. Cárdenas8. Timoteo L. Hernández9. Manuel Flores10. José Rodríguez González

Síndicos:1.Jesús Martínez2. Eduardo Canseco

1939 -1940

Alcalde:1.Manuel FloresSuplente Benjamín Guerrero2. Miguel AldreteSuplente Alejandro Macias3. Francisco Valdés Jr.Suplente Roberto Hinojosa

Regidores:1. Heriberto Garza Lozano2. Cosme Iglesias Prince


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3. Leandro Martínez L.4. Manuel Montemayor5. Arturo Chávez 6. Antonio Rodríguez T.7. Santiago González8. Jesús Arévalo9. Pedro Treviño Guajardo10. Claudio Olvera

Síndicos.1. Jesús Rodríguez2. Artemio Reyes

1941-1942

Alcalde:1. Eliseo B. SánchezSuplente José Luis Lozano2. Fidencio de la FuenteSuplente Gustavo García3. Nereo Ríos Suplente Pedro J. Míreles Malpica

Regidores:1. Jesús Martines2. Moisés Treviño3. Hildebrando Ayala4. Miguel Castillo5. Blas R. López6. Juan B. Martínez7. Enrique Cervantes8. Raúl Leal Pérez9. Gregorio Santos10. Zenaido B. Martínez

Síndicos:1. José Salar2. Rosendo Flores

1943-1945

Alcalde:1. Constancio VillarrealSuplente Jesús Leal Villarreal2. Pedro J. Míreles MalpicaSuplente Bernardo Vega3. Nereo RíosSuplente José Martínez Lozano

Regidores:1. Carlos López Solís2. Román Tijerina3. José de la Cruz4. Alfredo Juárez5. Virgilio Cárdenas6. Bonifacio Salazar7. Francisco Morales8. Ramón Moreno9. Hilario Martínez Jr.10. Alberto Siller

Síndicos:1. Jenaro Peña2. Encarnación Espinosa

1946-1948

Alcalde:1. Félix González SalinasSuplente Valeriano Montemayor2. Arnulfo Garza TreviñoSuplente Felipe Salinas Tijerina3. Rodolfo ZamoraSuplente Carlos Garza Aguilar

Regidores:1. Guadalupe González2. José Ovalle3. Antonio Espino4. Manuel Coello5. Desiderio Galarza

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6. Juan José Peñ7. Miguel Pérez8. José Vildózola9. Pedro Carrizales10. Felipe Ceniceros

Síndicos:1. Tomás Iglesias2.Carlos Villarreal

1949-1951

Alcalde:1. Santos Cantú SalinasSuplente Magín Duarte2. Francisco Barrera Garza3. Armando García Gómez4. Raúl Caballero Escamilla

Regidores:1. Jesús Ayala López2. José Martínez R.3. Francisco Pérez M.4. Rodolfo Siller5. Ramiro Guerra6. Manuela Montemayor 7. Cesáreo Solís8. Saturnino Torres9. Enrique Cepeda10. J. Guadalupe Lira11. Viterbo Balderas12. Jesús Díaz13. Esteban Salas14. Josué Garza

Síndicos:1. Jesús García González2. Fidel Ayala Jiménez

1952-1954

Alcalde:1. Alfredo Garza RíosSuplente Jaime F. Garza2. Remo VillarrealSuplente Sergio Mena Treviño3. Rodolfo Ricardo Morales4. Francisco Barrera GarzaSuplente Jorge Cantú Lozano

Regidores:1. Francisco Vela González2. Manuel Montemayor3. Leopoldo Banda4. Juan Torres5. Zacarías Villarreal6. Margarita R. García Flores7. Napoleón Sada Gómez8. Pedro Reyes Zúñiga9. Alfonso Vallejo 10. Macario Barrera11. Francisco W. Rodríguez 12. Salvador Chávez13. Mario Jasso14. Francisco Cerda

Síndicos:1. Antonia González Treviño2.Maximiliano Lejía

SecretarioEnrique Martínez Torres

1955-1957

Alcaldes:1. José Luis LozanoSuplente Francisco VillarrealAlcaldes Judiciales propietarios:2. Carlos Garza Aguilar


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3. Jorge González Ponce4. Trinidad Molina Toscazo

Regidores:1.Pantaleón Maldonado2. Jesús N. Elizondo 3. Maria Tobías4. Guadalupe M. Morales5. Basilio Murga6. Gilberto Montero7. Juan Padilla8. Juan C. García9. E.H.10. José Lugo11. Gonzalo Mendoza12. Arnulfo Guerra Guajardo13. Epifanio Martínez Leza14. Lázaro Lara Galván

Síndicos:1.Gregorio N. Santos 2.Pedro A. Chávez

1958-1960

Alcalde:1.Rafael González MontemayorSuplente Jesús C. Treviño

Alcaldes Judiciales:2. Sergio Mena3. Ramiro Elizalde Dávalos4. Carlos Garza Aguilar

Regidores:1. Felipe Guajardo2. Ramón Rodríguez Rivero3. Gonzalo Estrada4. Esther Calderón Sierra5. Ramiro Bázan

6. Alfonso Morales7. Guillermo Souza8. Filiberto Tamez9. José González Alvarado10. Isidro Quintanilla Esquivel11. Adalberto Gaytán Saucedo12. Federico García Rendón 13. J. Guadalupe Hernández Carvajal14. Inocencio Núñez Rivera

Síndicos:1. Oscar Treviño Garza2. Corl. Gustavo Segovia Garza

1961-1963

Alcalde:1. Leopoldo González SáezSuplente Rafael Garza González

Alcaldes Judiciales:2. Oscar Leal Suárez3. Carlos Garza Aguilar4. Arturo González Flores

Regidores:1. Ramón Salinas Elizondo2. Julián Alemán Polina3. Guillermo Ochoa Rodríguez4. Alfredo Villarreal García5. Jesús Malacara García6. Alfonso Escalera Muñoz7. Vicente Páez Barrientos8. Mariano González Hernández9. Rubén Cienfuegos Treviño10. Andrés Balderas Castillo11. José Treviño Páez12. Manuel García González13. Gregoria Treviño Arroyo14. Porfirio Torres Villarreal

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Síndicos:1. Ponciano Zúñiga Flores2.Capitán Ricardo Sánchez Ayala

1964-1966

Alcalde: 1.Abies TreviñoSuplente Fernando Colunga

Alcaldes Judiciales:1. Carlos Garza A.2. José Luis Alatorre3. Miguel Hernández

Regidores.1. Valdemar Cantú2.Miguel A. Margáin3.Jesús Flores F.4. Félix Esquivel5. Magdalena de la Fuente6. Vicente Guerra7. Guadalupe Rivera M.8. José Díaz Delgado9. Eloy González10. Eduardo Faz Flores11. Antonio Espino12. Ramón García S.13. Eleazar Ruiz C.14. Leopoldo Pedraza

Síndicos:1.Gustavo Leal2.Francisco Reyes

1967-1969

Alcalde:1. Cesar Lazo HinojosaSuplente Eloy Abrego SalinasAlcaldes Judiciales:1. Carlos Garza Aguilar

2. Benito Villarreal Peña3. Alberto Ruiz Gómez4. Antonio Terán Montelongo5. Armandina Leal T. 6. José Espinosa Quintanilla7. José Juan Cárdenas García8. Pablo Mendieta Reyes9. Horacio Rangel Medina10. Ramón Castillo Corpus11. Alfredo Juárez Lara12. Rosalío Delgado Elizondo13. Filiberto Villarreal Ayala14. Luis Leal Treviño

Síndicos:1. Filiberto Alvarado2. Rubén Fernández

1970-1971

Alcalde:1. Gerardo Torres Díaz Suplente Agustín Serna Ávila

Alcaldes Judiciales:2. Carlos Garza Aguilar3. Alfonso Ayala Villarreal4. Hugo Cantú García

Regidores:1. Ernesto Tijerina C. 2. Roberto C. Jezzini V.3. J. Guadalupe Hernández C.4. Noé Castillo Rodríguez5. Mario Canales Sáez6. Salvador Cantú González7. Ernesto Garza Sánchez8. Gonzalo Moreno Gamboa9. Mario Galván Rodríguez10. Raúl Torres Arredondo11. J. Guadalupe Ruiz 12. Raúl Caballero Escamilla


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13. José Trujillo Morales14. Agustín Serna Mendoza

Síndicos:1. Elena González Cortina2. Álvaro Alanís Escamilla

1972-1973

Alcalde:1. Julio Camelo Martínez (hasta el 27 de marzo de 1973)Suplente Roberto Garza González (alcalde desde el 27 de marzo al 31 de diciembre de 1973)

Alcaldes Judiciales:2. Carlos Garza Aguilar3. Alfonso Ayala Villarreal4. Jaime Gutiérrez Arguelles

Regidores:1. Rafael Santos Martínez2. Oscar R. Santos Solís3. Fernando Ruiz Saldaña4. Manuel Montelongo Hipólito5. Humberto Jiménez6. Francisco Esparza7. Alfonso Delgado R.8. Miguel Rangel Rosales9. Abelardo Lozano C.10. Ignacio B. Hernández M.11. José Ovalle Morales 12. Salvador Chávez Mora13. Jesús Navarro Tejada 14. Raúl Sánchez Jiménez

Síndicos:1. Óscar Saldaña de los Santos2. Enriqueta Alvarado Lara

1974-1976

Alcalde:1. Leopoldo González SáezSuplente Alanis Guajardo

Alcaldes Judiciales:1. Juan Manuel Villarreal C.2. Julián Candanosa Sosa3. Alfonso Ayala Villarreal

Regidores:1. Américo Elizondo Dávila2. Jesús Garza Torres3. Manuel García García4. Francisco Ríos Saucedo5. Matilde Olivares Rojas6. Felipe Frutos Espinosa7. Alfonso Treviño González8. Adolfo Delgado Degollado 9. Mario Nieto Ávila10. Jesús Gómez Sada11.Cesáreo Gutiérrez Ordaz 12. Raúl Caballero Escamilla13. José González Alvarado14. Francisco Peña Ayala

Síndicos:1. Humberto Cervantes Vega2. Cuauhtémoc Villarreal Cirilo

1977-1979

Alcalde:1. Cesar Santos SantosSuplente Genaro Salinas Quiroga

Alcaldes Judiciales:1. Julián Candanosa SosaSuplente Librado Salazar Marín

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2. Juan Manuel CerdaSuplente Benjamin Ponce3. Raúl Lozano MartínezSuplente Rosa Elena Grajeda

Regidores:1. Daniel Olloqui Estrada2.Félir de León Garza3. Benito Garza Refina4. Ramiro Reyes Botello5. Martha Pérez Gil6. Carlos González Lozano7. Adolfo Morales Moreno8. Pedro Caballero Urrutia9. Jesús Mendoza de León10.Arnulfo Guerra Guajardo11. Francisco Valero Sánchez12. Gilberto Montero Rodríguez13.Manuel Aguilar Villarreal14. Francisco Woo Rodríguez15. Raúl Martínez Garza (PARM)

Síndicos:1. Óscar Saldaña de los Santos2.Manuel Jezzini Villarreal

1980-1982

Alcalde:1. Pedro F. Quintanilla CoffinSuplente Rene González

Alcaldes Judiciales:1. Homero Tijerina CiprianoSuplente Salvador Vela Cruz2. Manuel Cerda Suplente Armando Vera Elizondo3. Sara TrujilloSuplente Claudio Lozano Guerra

Regidores:1. Ignacio Mijares2. José Luis Cantú 3. Enrique Sánchez Gómez4. Francisco Ríos Saucedo 5. Benjamín Reyes Retana6.Ramiro Villarreal Garza7. Manuel Valero Rodríguez8. Osvaldo Salinas Obregón9. Horacio Rangel Medina10. Ma. del Socorro Salinas S.11. Antonio Medina Ojeda12. René Álvarez Mendoza 13. Francisco Tamayo Vélez14. Antonio Aguilar Lara 15. Antonio O`Farril

Síndicos:1. Antonio Coello Elizondo2. Eugenio Vargas Tinajero 3. Regidores de Partido:4. Felipe Gutiérrez Zorrilla5. Antonio Jiménez Benítez6. Arlina Marroquín Sánchez7. José Luis Norato Lara

Fuente: Cuadro elaborado en base al AMM, Monterrey, Actas de Cabildo de Monterrey (1910-1980).


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¿Qué es un movimiento urbano?

Los movimientos urbanos son una variable inter-pretativa de las dinámicas urbanas. Entendidas éstas como movilizaciones de ciudadanos para demandar la solución de proble mas, o para mani-festarse en contra de una situa ción que se percibe como injusta. Se caracterizan por la existencia de un sistema de relaciones sociales que liga e identi-fica a los participantes y por tener una orienta ción definida que, según su capacidad de organización, puede producir cambios de diferente índole.

A pesar de la he-terogeneidad de los mo-vimientos, éstos tienen en común ser una reacción a la incapacidad de las ins-tituciones públicas para satisfacer las demandas de los di ferentes secto-res de la sociedad en un momento determina do. En este sentido, se eri-gen como una profunda crítica a las instituciones existentes.

La historia du-rante siglo XX de los movimientos sociales en

CAPÍTULO VIIMOVIMIENTOS

URBANOS

Monterrey, en específico entre 1910 y 1980, se pue-de dividir en cuatro periodos:

1. Sedición. El primero va de 1910 a 1923. Se trata de un periodo de caracterizado por una conmoción armada general y caracteri-zada por una revolución que modificó des-de sus cimientos las estructuras culturales, sociales, políticas y económicas del país. La revolución llegó del exterior y trastocó el modo de vida urbano inició un cambio en la concepción de la estructura de poder en la ciudad. El movimiento revolucionario llegó

La expansión de la ciudad se caracterizaron por los movimientos armados y el período político posrevolu-cionario en México.Fotografía: Cronistas.

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a Monterrey y alteró las relaciones entre el poder político y el económico e impulso un nuevo contrato social entre los diferentes actores sociales.2. Postsedición. El segundo va de 1924 a 1940. Las movilizaciones urbanas están en sintonía no sólo con las condiciones de vida de la ciudad y su progresiva expan-sión, sino con los movimientos armados y políticos que caracterizaron el periodo posrevolucionario en México. Además de la cohesión del movimiento obrero –un actor social fundamental desde el periodo anterior–, aparece una postura férrea del empresariado regiomontano más allá de los límites de la ciudad, ante los cambios polí-ticos y económicos impulsados por los re-gímenes que consolidan las demandas revolucionarias en esta época. El enfrenta-miento con el presidente Lá-zaro Cárdenas en el asunto de la legislación laboral es un ejemplo de ello.3. Consolidación. El tercero va de 1941 a 1967. En este periodo de consolidación del Estado moderno y el sur-gimiento de nuevos actores sociales con cada vez más peso político y social, los movimientos contestatarios –además del movimiento obrero– se trasladan a otros espacios no explorados hasta entonces, como la política educativa y los libros de texto obligatorios en la educación básica.4. Universitario y guerrilla. El cuarto y úl-timo va de 1968 a 1980. En éste aparecen dos fases de movilización; la primera que va de 1969 a 1976 cuando el movimiento ur-bano pasó de una discusión sobre la nueva

Monterrey concentró entre 1960 y 1980 sus actividades económicas, políticas y sociales del área metropolitana, aunque ya empezaba a extenderse a otros municipios.Fotografía: Cronistas.

labor de la educación superior y las nece-sidad inherentes de su expansión y finan-ciación, a una movilización política de las clases medias profesionistas –en proceso o con aspiraciones de serlo– que derivó en la sangrienta guerrilla urbana. La segunda se encuentra entre 1977 y 1980 y se caracteriza por movimientos contestatarios en busca de la legalización de tierra urbana donde fincar su residencia. El municipio de Mon-terrey continúa concentrando las activida-des económicas, políticas y sociales del área metropolitana, por lo que prácticamente todos los movimien tos se manifiestan en esta zona, aunque empiezan a exten derse hacia otros municipios. La primera fase es la más importante, ya que en esos años se

produce una diversidad de movilizaciones a las que con frecuencia las autoridades dan una respuesta vio lenta. Se puede decir que a partir de estas movilizaciones se redefi-nen las relaciones sociales y políticas en la localidad; un ejemplo de esto es el movi-miento universitario por la auto nomía de la Universidad de Nuevo León (1969-1972).


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En éste encontramos, por un lado, la simpa tía de algunos sectores obreros y populares e incluso sectoriales como los masones y, por otro, una reacción del empresariado que recla mó al gobierno estatal su incapacidad para garantizar el orden. Las condiciones se agravaron aún más entre 1971 y 1979, al producir-se un amplio movimiento popular que ori ginó la formación de una extensa co-muna de posesionarios llamada Tierra y Li-bertad, que manifestaba abierta-mente una ideología de izquierda con-traria al modo de actuar de la mayoría de los habitantes de la ciudad. A esto hay que sumar los movimientos sindicales –que se desarrollaron entre 1972 y 1976 y no todos tendientes a la democratización–, y a la forma más violenta de actuar de un movimiento contestatario: la guerrilla.

En los años posteriores, en el contexto del peor mo-mento de la crisis económica (1982-1986), los mo-vimientos de esta década se vieron prácticamente desarticulados, apareciendo nuevas expresiones en una ciudad que ya había alcanzado cierto grado de estabilidad. A partir de este momento, y hasta los últimos años de final de siglo, los movimien-tos populares se manifiestan en pequeños grupos de interés que se organizan en torno a demandas específicas (esencialmente por la carencia de agua y seguridad social, así como de defensa del medio ambiente en las zonas indus triales). Por otro lado, a partir de 1998 y hasta la fecha, las principales movilizacio nes –cuya incidencia fue notable– se centraron en los sectores medios enfocados parti-cularmente en los periodos de elecciones y por una mayor demanda de seguridad en defensa de sus bienes materiales.

En seguida se muestran los principales mo-vimientos urbanos que se presentaron entre 1910 y 1980 en Monterrey.

El movimiento revolucionario alteró las relaciones entre el Poder político y el económico e impulsó un nuevo contrato social.Fotografía: Cronistas.

Sedición (1910-1923)

Movimiento político

Las raíces, motivaciones y objetivos locales de la Revolución iniciada en 1910 obedecieron al cre-ciente control centralizador del régimen encabeza-do por don Porfirio Díaz. Lo sucedido en Monte-rrey no contrasta en esencia con los acontecimien-tos desarrollados en las demás comarcas del país. Las tendencias centralizadoras impuestas por el dictador no repercutieron de igual manera sobre los obreros industriales, los peones de las haciendas y los habitantes pobres de las áreas rurales del país, que de cualquier forma eran ajenos al poder de la comunidad.

Todo lo contrario, el creciente control del antiguo régimen vino a desplazar la estructura de poder en la localidad. Repentinamente, el modo de vida y los intereses políticos que manejaban en su beneficio fueron arrebatados a los caciques preporfiristas; el caso de Gerónimo Treviño y Fran-cisco Naranjo es elocuente. La coyuntura de 1909 volvería a lanzar al panorama político a Gerónimo Treviño, un personaje notable en la región, acos-tumbrado a ejercer cierta influencia y poderío.

Por lo tanto, la rebelión maderista que en-cabezó secretamente Treviño en la región –ya que

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como jefe militar de la Zona del Noreste no reprimió las sublevaciones, como sucedió en otras partes del norte–, no fue encaminada a modificar sustancial-mente la estructura de la sociedad en beneficio de los sectores más amplios de la población, sino a de-fender los privilegios de su cacicazgo local, mismo que el porfirismo había desplazado.

Por su parte, el empresariado industrial, fiel a los privilegios recibidos en los últimos veinticin-co años, nunca se contagió del virus maderista. Su apoyo al tambaleante dictador se manifestó hasta el último momento. Ése era el sistema social al que se habían adaptado y se mostraron reacios al cam-bio. Sin embargo, una vez que se dio, influyeron para que el proyecto de modernización industrial que habían creado y defendían con ahínco no fuera desplazado por el nuevo régimen en formación.

El triunfo maderista no modificó en abso-luto la estructura de poder creada alrededor de Tre-viño y del empresariado regiomontano, sino todo lo contrario, la reafirmó y dio cabida en su relativo auge democrático a las agrupaciones reyistas soca-vadas y reprimidas durante el gobierno del general María Mier.

El grupo empresarial regiomontano pudo sobrepasar los problemas de la Revolución, asimismo, se adecuó a las nuevas circunstancias políticas.

En suma, la renuncia de Bernardo Reyes a la gu-bernatura de Nuevo León y la revuelta maderista de 1910-1911 abrieron una importante ren-dija por donde asomaron por primera vez numerosos per-sonajes en el aparato político gubernamental de Monterrey. Las circunstancias particulares de la capital estatal hicieron de los primeros años revolu-cionarios una apertura política pacífica.

La emergencia de este sector de la burguesía regio-montana, excluida del poder

público durante el Porfiriato, caracterizó la confor-mación de una tendencia política conservadora en el transcurso de la etapa armada, en especial duran-te el periodo constitucionalista.

Tras un inicio radical del constitucionalis-mo en Nuevo León, donde la política de incauta-ción de fincas rústicas y urbanas dio un golpe fuer-te a los hacendados y al empresariado local, el alto mando carrancista en el Estado, a partir de 1915, decidió revertir el proceso de intervención. Desde este último año, hasta 1920, se regresaron un sin-número de bienes, administrados provisionalmente por el gobierno, a sus dueños originales.

Como en casi todo el norte mexicano, en Nuevo León se llevó a cabo la intervención de ha-ciendas y propiedades urbanas con fines primera-mente militares y de abastecimiento. Sin embargo, a diferencia de casi la mayor parte del país, esta en-tidad, mucho más industrializada, fue objeto tam-bién de intervenciones de empresas. Los ejemplos más gráficos fueron las intervenciones de la Cer-vecería Cuauhtémoc y de la compañía Cementos Hidalgo.

Muy pronto esta práctica se convirtió en un jugoso negocio para militares de alta graduación y


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La contención del movimiento obrero independiente permitió a las empresas no sólo alcanzar altos niveles de productividad, sino también ofrecer un nivel de vida superior a los obreros.

funcionarios constitucionalistas. Las actividades económicas más codiciadas por esta burguesía revolucionaria en ascenso fueron la adquisición de tierras, el comercio, la especulación y el contra-bando. Las finanzas, el comercio a gran escala y la industria pesada continuaron siendo exclusivas de los grupos de empresarios prerrevolucionarios lo-cales.

Finalmente, la reconstrucción con nuevos bríos de la economía nacional a partir de la toma del poder central por los sonorenses no representó una ruptura con los procesos de modernización realiza-dos durante el Porfiriato.

Movimiento empresarial

La situación de la sociedad regiomontana en 1923 distaba mucho de la sociedad de 1909; pero así como hubo cambios, se aferraron persistencias. Para 1923, las industrias, el comercio y las finanzas parecían volver a reverdecer; el repunte económico era paulatino pero constante. La Revolución había dejado intactos a los miembros del empresariado prerrevolucionario, este grupo empresarial, como clase se amplió, diversificó sus inversiones y pudo

salir a flote después de un periodo profundamente crítico. Asimismo, se transformó y se adecuó a las nuevas circunstancias políticas. En síntesis, fue ca-paz de modernizarse.

A pesar de que el proyecto económico capi-talista de este grupo empresarial continuó mostran-do facetas del antiguo régimen, se encontró siem-pre sujeto y atento a los acontecimientos y vaivenes del mercado mundial.

La articulación del proyecto empresarial regiomontano al mercado mundial se profundizó. Su relación a principios de siglo era sólo de carácter complementario, ya que el grueso de la producción iba dirigido al pujante mercado nacional de fines del Porfiriato. Con el arribo de la Revolución, el mercado nacional se desarticuló y los escasos mer-cados regionales entraron en depresión.

Los empresarios regios enumeraron los fac-tores adversos que dieron forma a esta situación. Por un lado se encontraron las causas que direc-tamente se relacionaban con los estragos físicos y materiales causados por el conflicto armado, como la falta de comunicaciones y material rodante del ferrocarril, escasez de combustible, de materias pri-mas y de refacciones para la industria, y finalmente

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la crisis monetaria que atravesó todo el país, en par-ticular durante el régimen carrancista.

Por otra parte, se encontraron las conse-cuencias sociales que dieron carisma al Estado emergente de la Revolución. Por ejemplo, las nue-vas disposiciones laborales exigieron disminución en las horas de trabajo –ocho horas diarias máximo cuando regularmente se laboraban doce– y un au-mento considerable en los salarios de los obreros –a juicio del empresariado–. A esto se sumó el derecho de huelga y el reconocimiento de algunas organizaciones sindicales.

Bajo este panorama, el mercado exterior dejó de tener la poca importancia que tenía y pasó a ser una área prioritaria del proyecto industrial posre-volucionario del empresariado local. La expansión del mercado externo en una etapa coyuntural como lo fue la guerra europea –a partir de la participación de los Estados Unidos en la contienda–, revitalizó un repunte económico que, probablemente, de ha-ber quedado dependiente y restringido al espacio nacional, hubiera encontrado serias dificultades. El ejemplo de la siderúrgica es gráfico: la Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey pasó de proveer casi exclusivamente al mercado nacional, en 1910, a volcar 80 por ciento de su producción al mercado Estadounidense y cubano en 1918.

Por su parte, el mercado interno empezó a reactivarse al ocaso del carrancismo. El empresaria-do prerrevolucionario y los nuevos inversionistas dieron un nuevo impulso a la economía local. Fue así que entre 1919 y 1923 la proliferación de nego-cios aumentó.

La expansión hacia los mercados externo e interno estuvo ligada a la diversificación de las in-versiones, a la introducción de cambios técnicos en la producción y al control –a fin de evitar la radica-lización– del movimiento obrero organizado.

A diferencia de otras regiones del país, el empresariado prerrevolucionario de Monterrey mantuvo, en los años revolucionarios, su carácter orgánico y de cuerpo. La Cámara Nacional de

Comercio de Monterrey que agrupaba a la mayor parte de comerciantes y empresarios, defendió su integridad como corporación –en defensa de una clase social específica– al no aceptar sus miembros ninguna dádiva o privilegio individual del gobier-no local.

La hegemonía constante de la Cámara Na-cional de Comercio como órgano corporativo em-presarial, con una fuerte voluntad de liderazgo po-lítico, fue capaz de hacerse cargo del aparato estatal local en momentos de vacío de poder. La comuna empresarial resistió la dispersión del poder central y se robusteció en Monterrey, y en la entidad, como el poder regional más homogéneo y fuerte, a pesar de no controlar directamente el poder a través de las armas, como era usual en las demás regiones.

Movimiento obrero

La emergencia del movimiento obrero en la entidad se dio en los inicios del carrancismo. El enfrenta-miento de noviembre de 1914 entre los trabajadores metalúrgicos y los empresarios careció de la pre-sencia medidora de un gobierno que pretendía ga-nar un gran apoyo popular. El programa radical del entonces Gobernador Antonio I. Villarreal mostró lo híbrido de su estructura; mientras se puso espe-cial énfasis en someter el poder eclesiástico e inten-tar una prematura reforma agraria, el movimiento obrero fue desamparado. Esto marcó la pauta a seguir por los gobiernos constitucionalistas. La promulgación de la nueva Constitución de 1917 y su legislación laboral fue lentamente asimilada en Monterrey.

La toma del poder presidencial por los sonorenses matizó una nueva forma de gobernar el Estado. La relativa apertura política del go-bierno de Álvaro Obregón dio cabida a las de-mandas obreras; a partir de 1920, los gobiernos obregonistas en Nuevo León entablaron alianzas con los obreros para contrarrestar el poderío del empresariado prerrevolucionario.


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Bajo esta perspectiva, y durante el trans-curso del periodo estudiado, el movimiento obrero fue el único capaz de cuestionar la situación labo-ral, social y política de un sector mayoritario de la población de Monterrey, ya que este espacio urba-no no mostró modificación radical en la estructura de poder con la revolución.

Sin embargo, a pesar de los constantes ata-ques y derrotas, como la del verano de 1920, el mo-vimiento no mostró desunión, apatía o indiferen-cia. Para 1923, los miembros de la Federación Re-gional de Sociedades Obreras (FRSO) rebasaron la cifra de veinte mil. Ese mismo año, el secretario de la FRSO dejó explícito el pacto entre los obreros y el gobierno al aceptar un curul en el Congreso estatal. El juego de alianzas iniciado por Carranza con la Casa del Obrero Mundial cobró nueva vitalidad.

A pesar de ello, el empresaria-do industrial también planteó novedo-sas formas para atraerse al movimiento obrero y enfrentar así al naciente corpo-rativismo fomentado por los gobiernos revolucionarios. Tal y como lo hizo la Cervecería Cuauhtémoc en 1918, al fomentar un sindicato no gobiernista, la siderúrgica a través de su gerente Melitón Ulmer facilitó, en 1923, las gestiones para formar un sindicato fuera del control del corporativismo gubernamental. La contención del movimiento obrero independiente no sólo res-pondía a una causa política, sino también a una causa productiva. Esto les permitió a las empresas de Monterrey no sólo alcanzar altos rendimientos de productividad y al mismo tiempo mantener la estabilidad en el proceso de producción, también una mano de obra calificada y con un nivel de vida por encima de sus similares afiliados a los sindica-tos progubernamentales, los cuales, con el pasar del tiempo, manifestaron un alto grado de corrupción de parte de sus líderes.

En fin, el hilo que une la trayectoria de la comuna empresarial y la experiencia carrancista y sonorense de la Revolución –en particular sobre la participación del movimiento obrero organizado– es complejo, pero se reduce a una sola fórmula: más que un cambio revolucionario, la trayectoria fue la búsqueda de la consolidación de un nuevo Estado –formado por el sólido empresariado in-dustrial prerrevolucionario y los grupos posrevo-lucionarios en ascenso– como árbitro supremo y gestor directo de las fuerzas sociales y económicas surgidas de la Revolución.

Postsedición (1923-1940)

En este periodo son de destacar los siguientes mo-vimientos: la rebelión delahuertista, la cristiana, la rebelión escobarista, el movimiento sindical y el movimiento contestatario de los empresarios de Monterrey contra la política laboral del régimen del presidente Lázaro Cárdenas.

La rebelión delahuertista, 1923

Cuando concluía el periodo presidencial de Álvaro Obregón, en noviembre de 1924, el secretario de

El movimiento cristero no tuvo gran impacto militar en la ciudad. En Monterrey y en los demás municipios del Estado sólo hubo algunas restricciones de culto y clausura de

templos.

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Guerra, el general Plutarco Elías Calles, fue postu-lado como candidato para sucederle. Adolfo de la Huerta –expresidente de la república y exministro de Hacienda– también lanzó su candidatura, de-clarándose en rebeldía contra el gobierno de Obre-gón. La rebelión por él convocada cundió por todo el país.

En Nuevo León este movimiento fue se-cundado por los generales Antonio I. Villarreal y Armando Flores, los coroneles Regino y José Ma-ría Vargas, Pedro Chapa y Everardo de la Garza; por el diputado federal Eduardo Sullivan, Alfredo Pérez y otros. El primer brote armado se observó en la cuesta de Mamulique, sitio estratégico para interrumpir las comunicaciones con la frontera. La jefatura militar de la zona norte, bajo severas ins-trucciones del general Plutarco Elías Calles, desta-có sobre los rebeldes al teniente coronel Bonifacio Salinas Leal, con el 2º Cuerpo de Rurales. Ente-rado de que los pronunciados esperaban refuerzos del general Ireneo Villarreal, fingió ser este refuer-zo, y, no obstante que fue reconocido, tras una hora de combate, al amanecer del 27 de enero de 1924, los derrotó. El parte oficial rendido por Salinas Leal –quien por esta acción fue ascendido a coronel– reportó quince muertos del bando enemigo, entre

La década de los años treinta se caracterizó por los movimientos sindicales.

los cuales consigna al coronel Everardo de la Garza y al capitán Am-brosio Quiroga.

Días más tarde, el 7 de febrero, apa-recieron por el rumbo de Allende, las fuerzas rebeldes de los gene-rales Francisco Cos y Américo Larralde, que incursionaban por San-tiago, Montemorelos y otros lugares. El coro-nel Salinas Leal salió a combatirlas, recibiendo refuerzos del coronel

Jesús Treviño Ayala, de Linares, con 100 hombres, y del coronel Rames González, de China. El 9 de febrero los alcanzó en Vaquería, de General Terán, en los límites con Tamaulipas, logrando dispersar-los tras dos horas de refriega. Además de las diez bajas, hicieron prisioneros a Larralde y a los ofi-ciales Jesús Martínez, Eduardo E. Arellano, Jesús María Salinas y Encarnación Morales. Conducidos a la Penitenciaría de Monterrey, fueron trasladados a Nuevo Laredo en el tren nocturno del día 15, so-metidos a un juicio sumarísimo y, posteriormente, fusilados.

El 1 de marzo depusieron su actitud presen-tándose al gobierno los hermanos Vargas y el gene-ral Armando Flores. También fue gestionada la am-nistía del coronel Pedro Chapa, el teniente coronel Tomás Dávila Sánchez y el diputado Sullivan. Los diputados locales Antonio Solís, Manuel Chapa González, Jesús M. Garza y Juan Garza Martínez, que habían sido desaforados, obtuvieron también la amnistía el 31 de ese mismo mes.

Los últimos brotes rebeldes fueron sofoca-dos. Las partidas de José Elizondo, el Colorado, fueron batidas en el rancho Las Espalas; y las de José E. Santos en el rancho de Santa Lucía, de


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Sabinas Hidalgo, perseguidas por las fuerzas del general García Cantú. A escala nacional, la revolu-ción huertista fue perdiendo terreno hasta culminar con la salida de Adolfo de la Huerta a los Estados Unidos. El general Calles dejó la jefatura militar del Norte para lanzar su candidatura como presidente, cargo del cual tomó posesión el 1 de diciembre de 1924.

Aunque este movimiento tuvo seguido-res en la ciudad de Monterrey, no se reportaron enfrentamientos armados dentro de la ciudad, no obstante, los periódicos de la época mostraron la aparición de numerosas manifestaciones de ciuda-danos a favor de la estabilidad social y en contra del regreso de las acciones violentas que dominaron la década anterior.

La Cristiada (1926-1929)

El conflicto religioso conocido como la Revolución Cristera, que estalló en ese tiempo, no tuvo rele-vancia en Nuevo León. Si bien algunos nuevoleo-neses importantes participaron en este movimiento –como el general Enrique Gorostieta, quien figuró

Los obreros que eran contratados por contratistas o intermediarios intentaron formar un sindicato independiente que respondiera a sus necesi-dades.

como el líder militar del movimiento armado en el occidente del país– en la ciudad de Monterrey no hubo la intensidad ideológica y militar para partici-par. En Monterrey y en los demás municipios nue-voleoneses sólo hubo la restricción en el culto y la clausura de los templos. Algún sacerdote hubo de disfrazarse para transitar en determinados lugares, pero, en general, el culto y los sacramentos fueron celebrados en casas particulares. El Colegio Semi-nario siguió funcionando también en esta forma y sacerdotes sumamente apreciados por la sociedad local como Raimundo Jardón, Pablo Cervantes y otros no tuvieron problema alguno.

La rebelión escobarista, 1929

Al ser asesinado el general Álvaro Obregón, presi-dente electo, asumió el cargo con carácter de provi-sional el licenciado Emilio Portes Gil, el 17 de abril de 1928. En marzo del año siguiente, el general Jesús M. Aguirre se rebeló en Veracruz contra el gobierno; en Sonora, el general Francisco R. Mazo firmó el Plan de Hermosillo, desconociendo tam-bién a Portes Gil. Como jefe supremo de ese movi-

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miento y del Ejército Renovador de la Revolución fue designado el general Gonzalo Escobar, jefe de operaciones de La Laguna, a quien se unieron Francisco Urbalejo, de Durango, y Marcelo Cara-veo, de Chihuahua.

El comandante de la plaza de Monterrey, Juan Andreu Almazán, había sido llamado para combatir a Aguirre en Veracruz, dejando en su lu-gar al general Rodrigo Zuriaga. Escobar marchó sobre Monterrey, y el 4 de marzo se presentó ante la ciudad con 1 500 hombres. A su llegada sorpren-dió e hizo prisionero al jefe del 68 Regimiento de Linares, quien acudía en auxilio de la plaza. El ge-neral Zuriaga distribuyó los escasos elementos de que disponía: a los coroneles Leopoldo Dorantes y Francisco de P. Berlanga, en el obispado; entre-tanto, él se atrincheró en las calles adyacentes a la Penitenciaría y en la azotea del templo de Dolores. La Gendarmería de Monterrey participaría en la defensa, pero su jefe, el inspector general coronel Julio Cejudo, fue aprehendido por las fuerzas es-cobaristas.

Escobar avanzó hasta la Penitenciaría, a cuya azotea se replegaron las fuerzas de Zuriaga, quien a los primeros disparos fue muerto de un balazo en la cabeza, tomando entonces el mando el general Julio Hernández Serrano. Sus subalternos tocaron parla-

El presidente Cárdenas tuvo un encuentro con los empresarios regiomontanos para dar solución al problema empresarial.

mento y cuando él iba a investigar por qué, aqué-llos abrieron las puertas del penal y entraron los escobaristas. Hernández se rindió; entretanto, Do-rantes y Berlanga logra-ron escapar.

Al día siguiente, de acuerdo en Cava-zos (1994), las fuerzas federales al mando del general Eulogio Ortiz llegaban procedentes de Tampico. Escobar y su

gente evacuaron la plaza, no sin antes haber obliga-do al personal de la sucursal del Banco de México a la entrega de un millón de pesos en oro. Ortiz salió en seguimiento suyo hasta Paredón, participando también en esta persecución las fuerzas de Almazán, quien había regresado a Monterrey. Las tropas de Escobar fueron aniquiladas en Jiménez, Chihuahua, por Plutarco Elías Calles.

Movimiento sindical (1936-1941)

En la ciudad de Monterrey, la década de 1930 fue particularmente fértil para los movimientos sindi-cales. La ciudad concentraba a una gran cantidad de empresas industriales y el contingente de traba-jadores de ambos sexos era numeroso. Si a esto le agregamos las pesadas condiciones de trabajo y un gobierno federal proclive a mejorar las condiciones del trabajador como el régimen del presidente Lá-zaro Cárdenas, tendremos un caldo de cultivo fa-vorable al enfrentamiento entre capital y trabajo. Si bien hubo numerosas huelgas y manifestaciones de obreros fabriles en busca de mejores condiciones de trabajo, una empresa concentró la mayoría de las demandas de sus trabajadores en contra de las condiciones de trabajo que ahí se daban: la Cerve-cería Cuauhtémoc.


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Nuevos estudios han demostrado que entre 1936 y 1941 la Cervecería Cuauhtémoc concentró casi 70 por ciento de todas las demandas formales que ha recibido en su historia (Palacios, 2003). Los tipos de demanda muestran algunos puntos débiles en la política social de la empresa y retratan bien este periodo de alta movilización política y sindi-cal en Monterrey. Las demandas se concentraron en los trabajadores de contratista, en despido por causas habituales, por atentar contra la salud y en despidos por causas políticas. Trabajadores de contratista

Los trabajadores de contratista fue una categoría laboral surgida por un largo periodo de desarrollo y expansión vertical que la Cervecería sostuvo des-de la segunda década del siglo XX. A este proceso también se sumó el crecimiento del consumo de cerveza, lo cual llevó al tope su capacidad produc-tiva instalada, iniciando hacia 1935 una nueva fase expansiva orientada principalmente a la renovación de equipos y maquinaria, así como a la ampliación de bodegas y oficinas.

Gran parte de estos trabajos, así como el mantenimiento de los equipos existentes, eran rea-lizados por personal externo a la planta, tanto por personal eventual como por los llamados trabaja-dores de contratista, lo cual redundaba en menores costos para la empresa al contratar menos personal directo y pagar salarios más bajos. La empresa con-taba con contratistas o intermediarios que contra-taban a su vez obreros especializados para realizar labores de pailería y mecánica, entre otras. Uno de ellos fue Manuel Carranza, quien comentó en una ocasión que “en ese tiempo había una euforia labo-ral. Era la época del sindicalismo revolucionario”.

Este tipo de trabajadores, aunque convi-vían a diario con el personal de planta, no pertene-cían ni a la Sociedad Cuauhtémoc y Famosa ni a la Unión. El mismo Manuel Carranza mencionó en una entrevista que a ellos los mandaban a hacer los

En los años cincuenta, se planteó que el Estado debía producir los libros de texto para dar educación a todos los sectores sociales y ase-gurar una base cultural uniforme en la población.

trabajos más pesados, por lo que decidieron crear un sindicato independiente, porque el que existía en la empresa era proempresarial, conocidos en la ciudad de Monterrey como sindicatos blancos.

En 1938, 17 de estos trabajadores deman-daron se les nivelara el salario en razón de que desempeñaban labores similares a las que realizaba personal de planta, percibiendo un mayor salario. La empresa respondió que aquéllos no habían sido contratados por ella, por lo que el contratista aban-donó la fábrica y a los trabajadores se les impidió entrar nuevamente. En el transcurso de este hecho, la empresa se puso en conocimiento de que varios de los demandantes estaban reuniéndose para tra-tar de formar un sindicato. Este obrero comentó:

[..] íbamos a la Casa del Obrero Mundial, allí iba mucho un ferrocarrilero, Simón González, era uno de los que nos estaban asesorando: “Hay que hacer esto, hacer lo otro y hay que reunir más gente para ver si es posible que ya hagamos un sindicato”, está muy dura la situación pero de todas maneras hay que darle. Pues total que la Cervecería supo [de las reuniones] y nos metió un oreja y nos delató.

La empresa logró que se desistieran de la demanda la mayoría de los trabajadores, ofrecién-

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doles a algunos ser contratados de planta, y los tres que ya no quiso aceptar interpusieron una nueva demanda por conceptos económicos y por el reco-nocimiento de la Cervecería como patrón.1

Estos mismos trabajadores fueron los que formaron el Comité de Desocupados de Cervece-ría Cuauhtémoc y continuaron el juicio, el cual se prolongó hasta 1941. El comité siguió por muchos años después, ya que numerosos trabajadores des-ocupados en los años posteriores se incorporaron. El movimiento en contra del trato recibido se ma-nifestó no sólo en reuniones entre ellos, sino en mí-tines, marchas y demandas pintadas en las paredes de la ciudad.

Los despidos por causas habituales

A juicio de Palacios (2003), de las 52 demandas que se presentaron en la empresa Cervecería Cuau-htémoc entre 1936 y 1941, 22 fueron por: despido injustificado, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales o muerte, y por cuestiones económi-cas.

Las del primer tipo se relacionan con esa debilidad jurídico-contractual característica de re-laciones laborales de corte paternalista. Los traba-jadores difícilmente podían mostrar un nexo con-tractual formal. De manera casi sistemática aparece como principal prueba documental la renuncia “voluntaria” del demandante.

Demandas relacionadas a la salud

Por otra parte, las doce demandas relacionadas con la salud en este periodo muestran los límites en el sistema de seguridad social de la Cervecería. Un ejemplo es la renuencia empresarial al reconoci-miento de enfermedades o accidentes de trabajo y aquí también la encontramos. Todos estos trabaja-dores demandaron indemnización y atención mé-dica por accidentes de trabajo luego de haber sido desocupados.2

Los juicios que terminaron a favor del de-mandante resultaron en convenios por cantidades de dinero inferiores a las que se demandaban.3

Los despidos por causas políticas

En una época donde las posturas ideológicas es-taban tan encontradas y radicales, no es difícil su-poner que hubiera despidos por estas causas. Los que fueron despedidos en enero de 1941, a juicio de Palacios (2003), habían asistido a alguna reunión o simplemente simpatizaban con aquellos trabajado-res de contratista, pero el perfil de todos ellos los ubica lejos del típico sindicalista agitador tan temi-do por los empleados de confianza y por los propios empresarios.

Movimiento empresarial, 1936

Si bien es cierto que el régimen presidencial de Lá-zaro Cárdenas no perjudicó ni pretendió cambiar el sistema económico capitalista, sí estableció nuevas reglas de funcionamiento. Eso explica el importan-te crecimiento en inversiones tanto públicas como privadas que se dieron durante la cuarta década del siglo XX. Incluso la inversión privada siempre fue superior a la inversión pública.

Sin embargo, al otro lado del proceso de la producción, los patrones le declararon la guerra al presidente Lázaro Cárdenas, ante el temor de que los obreros avanzaran de manera irrefrenable. A decir de los empresarios, los obreros se sentían fortalecidos por el apoyo que hacia ellos mostraba el presidente, ya que se hacía presente en casi to-das las huelgas obreras que se dieron por todos los rumbos del país. Su presencia en estas huelgas con-sistió en que casi todas fueron declaradas como le-gales y existentes por las Jun tas de Conciliación, en consecuencia se percibió que estaba apoyando con ello a los trabajadores más que a los empresarios.

El hecho de que Cárdenas reconociera y le-galizara al Partido Comunista casi inmediata mente


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La Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos se creó en febre-ro de 1959, durante la administración de Adolfo López Mateos, y su presidente fue Martín Luis Guzmán.

de que tomara posesión, desató una campaña anti-comunista por parte de los empresarios encabeza-dos por los de Monterrey. Se decía que los obreros rojos dirigidos por Lombardo Toledano rompían la armonía entre el capital y el trabajo contando con la complicidad del gobierno.

Ante esta situación, los empresarios de Monterrey declararon un paro laboral en febrero de 1936 con miras a de rrocar al Gobernador Gregorio Morales Sánchez, a quien se le acusó abiertamente como el protec tor de los obreros rojos.

Monterrey era, desde 1890, uno de los cen-tros industriales más importantes de la república, y los empresarios y sus partidarios salieron a las calles llevando en las manos carteles que tenían escritas frases como: “Abajo el comunismo”, “Queremos que nuestros hijos sean mexicanos”, “Pueblo no te dejes corromper por el oro del Soviet”.

Ante tal situación, el presidente Lázaro Cárdenas viajó a Monterrey y se sentó con los fu-riosos empresarios. Éstos ya habían declarado el paro en sus empresas debido a un total desacuerdo con la política laboral del régimen. Y como medio

de presión, obligaron al presidente Lázaro Cárde-nas a viajar a Monterrey.

Sentado frente a ellos, pronunció sus famo-sos catorce puntos que señalaban la política laboral de su gobierno. Cárdenas afirmó, frente a la acu-sación de los empresarios de que eran los comu-nistas los responsables del caos nacional, que más daño habían hecho los fanáticos que asesinan pro-fesores y, sin embargo, había que tolerarlos. A los empresarios les advirtió que sus agitaciones no se convirtieran en banderillas políticas pues ello “nos llevará a una lucha armada”, finalmente Cárdenas les sentenció en su catorceavo punto:

Los empresarios que se sientan fatigados por la lucha social pueden entregar sus industrias a los obreros o al gobierno. Eso será patriótico; el paro no.

Sin embargo, Cárdenas advirtió al mismo tiempo a los trabajadores:

Las clases obreras saben que no pueden apropiarse de las fábricas y demás instru-mentos de trabajo, porque no cuentan, por ahora, ni con la capacidad técnica de direc-ción suficiente ni con el dominio financiero que se requiere para el éxito de un empeño de tal magnitud.

A las palabras de Cárdenas los empresarios respon-dieron:

(...) no entregaremos ni podemos entregar nuestras fábricas, nuestras negociaciones y nuestras empresas, porque tenemos una misión y una responsabilidad que cumplir, porque las leyes nos amparan y porque en multitud de casos no somos sino adminis-tradores de bienes ajenos que se invierten bajo la protección de esas leyes.

Los empresarios patrones pedían tan sólo igualdad ante la ley aunque se tratara de elemen-tos sociales distintos. A la petición de ser tratados como iguales, patrones y trabajadores, Cárdenas contestó a los empresarios:

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Otorgar tratamiento igual a dos partes des-iguales no es impartir justicia ni obrar con equidad. La legislación sobre el trabajo, como es sabido, tiene en to dos los países un carácter tutelar respec to de los trabajadores, porque tiende a reforzarlos ante su debili-dad frente a la fuerza de la clase patronal, para acercarse lo más posible a soluciones de justicia efectiva.

En esa misma respuesta que dio a los patronos, Cárdenas definió las huelgas como fenómenos pro-pios del reacomodo de los factores de la produc-ción, que si se resolvían con espíritu comprensivo y justiciero, a la pos tre producirían “beneficios a la economía en general”. Las huelgas sólo serían per-judiciales si rebasaban la capacidad económica de la empresa en cuestión.

Finalmente los empresarios se declararon “dispuestos a colaborar con el gobierno de Cárde-nas” y a mejorar las condiciones de sus tra bajadores, siempre y cuando se les dieran garantías. A pesar de ello, en los periódicos nacionales, particularmente en los de Monterrey, siguieron apareciendo diver-sos editoriales atacando directamente la política económica de Cárdenas.

Políticos importantes como Emilio Portes Gil, expresidente y excolaborador del propio Cár-denas, calificó el actuar de éste como más propio de un líder que de un verdadero presidente.

Esto, a pesar de todas las grandes realiza-ciones que ha hecho para la Revolución, dejará mucho que desear como administra-dor; pero el agitador seguirá teniendo entre las masas un gran prestigio .

Frente a las acusaciones de los empresarios de Monterrey de parar la producción, además de que con ello se incrementaría la salida de ca pitales ex-tranjeros de México, al final del sexenio de Cár-denas quedó demostrado que solamente de 1939 a 1940 la inversión de capitales en la industria se había incrementado cinco veces más, lo que sig-

nificaba que la política de Cárdenas no atentaba contra los empresarios apoyando a los trabajado-res, sino que finalmente fueron los patrones los que resultaron más beneficiados gracias al incre-mento de la producción, la dis minución de costos y el aumento de la capacidad de consumo de los trabajadores .

En lo económico el empresariado industrial experimentó su mayor crecimiento des-de la Revolución; así, entre 1935 y 1940 se crearon 6 594 empresas, es decir, casi se duplicó el número de las anterior mente existentes; el número de obreros empleados en la industria pasó de 138 041 en 1935 a 389 953 en 1940; el prome dio de obreros em-pleados por empresa subió de 19,96 a 2874, mostrando obvia mente un crecimiento de tamaño medio y posiblemente el uso más intensivo del capital constante

Movimiento durante la consolidación (1941-1967)

En este periodo sólo hay un movimiento de im-portancia en Monterrey y éste es el de la protesta contra los libros de texto gratuitos.

Movimiento empresarial: los libros de texto gra-tuitos, 1962

Desde la Constitución de 1857 se había establecido la educación elemental obligatoria y gratuita. Esta aspiración había quedado también consignada como precepto legal en la de 1917. Sin embargo, la gratuidad de la enseñanza venía siendo sólo un término jurídico sin posibilidades reales de cumpli-miento. Las autoridades educativas estaban cons-cientes de que mientras los alumnos no pudieran adquirir el material de enseñanza necesario, no po-dría cumplirse con los principios establecidos por el artículo 3° de la Constitución.


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Los movimientos estudiantiles de 1968 reflejaban la aparición de un grupo social informado, crítico y antiautoritario.

La idea de distribuir libros de texto oficiales se derivó del proyecto vasconcelista. El programa de publicaciones llevado a cabo por el entonces secretario de Educación pretendía hacer llegar las obras de autores clásicos a los más importantes rincones del país. Vasconcelos consideraba que la gratuidad del material de lectura era indispensable porque el pueblo era pobre y no tenía el hábito de la lectura.

A juicio de las autoridades educativas de los años cuarenta, los libros escolares eran en muchas ocasiones mediocres y a precios, cada año, más ele-vados.

Para contrarrestar precisamente estos abu-sos se había creado, en 1954, la Comisión Revisora de Libros de Texto y de Consulta de la Secretaría de Educación, encargada de seleccionar los textos para los seis años de educación primaria y fijar los precios. Sin embargo, cuando se ponían en juego los intereses particulares de autores, editorialistas y libreros, no siempre las obras elegidas eran las

mejores, a la par que los precios de los mismos iban constantemente al alza afectando a las clases populares y provocando mayores deficiencias en el sistema educativo nacional, además de que su tiraje en conjunto equivalía a satisfacer una mínima parte de la demanda escolar.

En la década de los años cincuenta, el se-cretario de Educación, Jaime Torres Bodet, retomó la idea de Vasconcelos y la planteó de forma más ambiciosa. El Estado debía producir los libros con doble finalidad; en primer lugar, debía hacerse ex-tensiva la educación a todos los sectores sociales otorgando a todos los alumnos de enseñanza pri-maria los medios indispensables para el aprendiza-je. Y, en segundo, asegurar una base cultural uni-forme para la niñez mexicana. Para lograr ambos propósitos dos eran los conductos: la gratuidad y la obligatoriedad de los textos.

Para el gobierno federal, sin duda los libros de texto gratuito eran el mejor conducto para lograr la difusión de un sentimiento nacionalista y a una

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mayor integración de la sociedad mexicana; ade-más se ejercería un mayor control político sobre el aparato educativo. Fue de esta forma que el presi-dente Adolfo López Mateos aprobó esta propuesta y, en febrero de 1959, creó la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CNLTG). La úni-ca observación que hizo entonces el presidente fue que estos libros no contuvieran expresiones que susciten rencores, odios o prejuicios y estériles controversias.

El decreto que creaba esta Comisión tuvo cuidado de no provocar viejas rencillas. En ningún momento el nuevo proyecto pretendió modificar el contexto educativo vigente, sino que mantuvo la neutralidad ideológica de los principios incluidos en la reforma, en 1946, del artículo 30 Constitu-cional. El documento no hacía alusión alguna al contenido de los nuevos libros, sino que la razón

Para contrarrestar los conflictos ocurridos a raíz del 68, el gobierno del presidente Luis Echeverría Álvarez ofreció un programa de mo-dernización económica y renovación política, orientado al diálogo y la autocrítica.

fundamental que argumentaba era de carácter eco-nómico.

Así fue como se nombró a Martín Luis Guzmán como presidente de la CNLTG. Éste se-ría apoyado por un secretario general, seis vocales, doce colaboradores pedagógicos y cinco represen-tantes de la opinión pública designados entre los directores de los principales diarios capitalinos: Excélsior, El Universal, Novedades, La Prensa y de la cadena García Valseca.

El siguiente paso consistió en convocar, mediante concurso, a maestros y escritores mexica-nos por nacimiento, para participar en la redacción de los libros de primero a sexto grados de educa-ción elemental; los autores de las obras elegidas se-rían gratificados con 75 mil pesos. En caso de que los trabajos presentados no reunieran los requisi-tos necesarios, la Comisión debería designar, bajo contrato, a los autores de los textos. El resultado: después de siete certámenes, los libros no satisficie-ron a la comisión y hubo que contratar a diversos autores para que emprendieran tan magna labor.

Para lograr este objetivo, la CNLTG trabajó intensamente. Debían entregar, al iniciarse el curso escolar de 1960, cerca de 16 millones de ejemplares. El 30 de enero de 1960, la Comisión Revisora de Libros de Texto y de Consulta publicó en todos los diarios la lista de los libros aprobados para el ciclo que se iniciaba. Esta ocasión sólo comprendía los textos correspondientes a quinto y sexto grado, ya que los libros y cuadernos de trabajo para los cua-tro primeros años elaborados por la CNLTG serían repartidos entre febrero y abril del año en curso en todas las escuelas primarias, fueran oficiales o particulares, federales, estatales o municipales; mientras que los restantes, pertenecientes al tercer ciclo de educación primaria, estaban en proceso y no podrían entregarse sino hasta el siguiente año escolar.4

Paralelamente, la Secretaría de Educación anunció la obligatoriedad del uso del libro de tex-to gratuito prohibiendo a los maestros exigir a sus


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alumnos otros que no estuvieran incluidos en las listas oficiales.

Al conocerse la noticia, la reacción no se hizo esperar; surgieron grandes movilizaciones que involucraron a grupos por demás heterogéneos. En buena medida esta agitación reflejó la antigua riva-lidad entre el Estado y la Iglesia por el control del sistema educativo.

La lucha surgió primero en el terreno de la legalidad por los directamente afectados por la me-dida estatal: autores de textos escolares, libreros y editores. La prensa así lo manifestó.

Los ataques se centraron en la anticonsti-tucionalidad de esta medida. Ante estos ataques, la Secretaría de Educación reiteró el carácter obliga-torio de los textos y dio a conocer, a través de un comunicado de prensa, las sanciones penales y ad-ministrativas para quienes boicotearan el proyecto de la CNLTG.

Los maestros que trataran de impedir el uso de los libros de texto gratuitos editados por la SEP se exponían a cárcel, multa, desti-tución e inhabilitación para desempeñar puestos federales. Las escuelas particulares tampoco escapaban a estas sanciones; se les recordaba que de acuerdo con la Ley Reglamentaria del artículo 3°, la SEP podía retirarles la concesión que se les había otor-gado. Pese a las amenazas, las denuncias continuaron. Nuevos actores se unieron al debate; la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), organización fundada en 1917 de marcado corte tradicionalista, dio a conocer, en un comunicado de prensa, su inconformidad por las medidas tomadas por la SEP (Graves, 2001: 215).

El Partido Acción Nacional (PAN) se sumó tam-bién a la ofensiva. Si bien en un primer momento su crítica fue moderada, al subir el tono de las de-nuncias de otros grupos sociales, el PAN cambió su discurso en torno al autoritarismo y antidemocracia del proyecto de los libros de texto gratuitos.

Es cierto que tras la experiencia de la edu-cación socialista, los grupos conservadores habían mantenido una fuerte desconfianza hacia la políti-ca educativa del Estado. La reforma al artículo 3°, aprobada en 1946 –la cual eliminaba el concepto socialista–, no había calmado del todo sus temores a pesar de que un régimen de tolerancia privaba en las escuelas particulares. De hecho se llegó a orquestar una intensa campaña anticomunista exi-giendo el respeto a la libertad de enseñanza, mis-ma que se llevó a cabo a través de los principales diarios.5

Para 1962, el conflicto empezó a rebasar los límites de un problema puramente educativo, adquiriendo las dimensiones de un debate nacio-nal. La oposición pasó de la crítica del autoritaris-mo del Estado a realizar masivas manifestaciones de protesta con claras implicaciones de carácter sociopolítico. Algunas ciudades del interior de la república como Puebla, Guadalajara y Morelia fue-ron escenario de los enfrentamientos entre grupos antagónicos, dándose el caso, en algunas escuelas, de confiscar los libros y quemarlos. Pero Monterrey fue el detonador.

El 2 de febrero, la Unión Neolonesa de Pa-dres de Familia convocó a una manifestación para protestar en contra de la imposición de los textos gratuitos.6 A este llamado acudieron grupos por demás heterogéneos: miembros de organizaciones católicas, del PAN, de la banca y la industria, tra-bajadores y obreros, todos ellos bajo la consigna “¡México sí! ¡Comunismo no!”. La magnitud de esta concentración, que congregó alrededor de cien mil personas, hizo que las autoridades educativas abandonaran su postura indiferente. Prevalecía el temor de que este tipo de protestas se extendiera hacia otras regiones de la república.7

Ante esta situación, las manifestaciones se habían vuelto una seria amenaza para la estabilidad política del país. Por ello, la SEP aceptó dialogar. En las negociaciones entre los representantes de los padres de familia y las autoridades quedó de mani-

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fiesto que la oposición al texto obligatorio no era por su contenido mismo, ya que quienes lanzaban los ataques mostraron su desconocimiento absolu-to, sino por la naturaleza de la acción del Estado; con este pretexto, las conversaciones fueron sus-pendidas. Sin embargo, contrariamente a lo que se hubiere esperado, el conflicto no se agudizó.

La actitud conciliadora por parte de las au-toridades educativas quedó de manifiesto cuando declararon públicamente que la obligatoriedad de los libros no implicaba únicos o exclusivos, ya que quienes tuvieran las posibilidades podían comprar libros de texto complementarios para sus hijos, siempre y cuando fueran autorizados por la SEP.

A partir de entonces, los ánimos se tran-quilizaron. El interés por continuar el debate fue disminuyendo paulatinamente. En cierta forma los grupos opositores a los textos únicos habían logra-do sus objetivos, aunque sólo parcialmente. Con el paso del tiempo, la obligatoriedad de los libros no volvió a ser cuestionada incluso cuando, en 1973, se decidió la elaboración de una nueva versión de los textos gratuitos.

Al finalizar el sexenio (1964), la Comisión había logrado editar y distribuir más de 112 mi-llones de ejemplares de libros de texto y cuadernos de trabajo. Con esta medida, el Estado cumplía cabalmente con el precepto de gratuidad establecido en el artícu-lo 3° Constitucional pero, al mis-mo tiempo, mantenía su hegemo-nía en el ámbito educativo. Más allá de este conflicto que represen-tó un gran desafío a la estabilidad política del país, es innegable el acierto de la distribución de los textos gratuitos a todos los niños mexicanos; para muchos han sido y siguen siendo el único recurso para su aprendizaje.

El 8 de marzo de 1968, el Gobernador de Nuevo León, Eduardo A. Elizondo, propuso el cobro completo de los cursos a estudiantes universitarios como la mejor fórmula para salvar de la bancarrota a la Universidad.

Movimientos (1968-1980)

En este periodo destacan los movimientos estudian-tiles de educación media y superior y sus impactos en la guerrilla urbana y los movimientos populares de los sin tierra.

Movimiento universitario

El contexto nacional: de la represión a la aper-tura

El movimiento universitario iniciado en México en 1965-1966, y que desembocó en la represión del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas en la capital de la república, se ha ido enriquecien-do en el imaginario popular como un lugar para dar cabida y explicación a los sueños, aspiraciones, lo-gros y frustraciones de toda una generación.8 Este mito se convirtió en un modelo de lucha al grado de que los movimientos estudiantiles posteriores en la UNAM, particularmente el del Consejo Estudian-til Universitario (CEU) y el Consejo General de Huelga (CGH) de 1986 y 1999-2000, respectiva-


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El Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Nuevo León fue uno de las primeras institu-ciones en manifestarse en contra de la Ley y Reglamento de préstamos de educación superior.

mente, han querido emularlo casi al detalle, pero sin éxito.

Este conflicto que indudablemente impac-tó en la conciencia popular del México contem-poráneo, no se trató de un conflicto al que haya precedido una crisis económica, por ello las expli-caciones sociales contextuales internas y externas a la educación media y superior son las que han predominado desde los años setenta.

Sin embargo, también existen interpreta-ciones que apuntan a razones políticas.9 Un ante-cedente aceptado en esta línea es la posible relación entre una serie de movimientos contra las autorida-des universitarias en la capital de la república (la huelga de 1966 y la de marzo-abril de 1968 en la UNAM) y los afanes por la candidatura a la pre-sidencia de la república de algunos candidatos, en particular del médico Emilio Martínez Manatou y el abogado Luis Echeverría.10 Tampoco se des-carta la búsqueda del desprestigio del regente del Distrito Federal, Alfonso Corona del Rosal.11 Es-tas pugnas internas del PRI se dieron en un mo-mento en que existía cada vez más un descontento generalizado del profesorado por los bajos salarios, resultado de una política de subsidios al sector edu-

cativo medio y superior de gran austeridad. Política que afectaba a la mayoría de las universidades públicas del país y que ya habían dado muestras de agitación.

Paralelamente, el régi-men político de Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970) practicó una estrecha vigilancia en las uni-versidades a través de cuerpos policiales (en ocasiones vestidos de civil), a fin de detectar a tiem-po cualquier manifestación en contra del gobierno. Manifesta-ciones ligadas a la creencia de que se trataba de conspiraciones

internacionales de corte e ideología comunista. No era para más, el movimiento universitario contra la situación concreta de la estructura académica y política que regía en las instituciones de educación superior en la mayoría de los países occidentales era alimento por los periódicos mexicanos de todos los días. Los movimientos estudiantiles de Francia, Alemania, Estados Unidos, e incluso en los países de Europa Oriental, representados en la primavera de Praga, mostraban una aparente crisis mundial del viejo esquema de la educación superior. Sin embargo, las razones eran diversas (en Estados Unidos los jóvenes se levantaron contra la guerra de Vietnam), pero mostraron un punto en común: la aparición de un nuevo grupo social amplio, fres-co, crítico, informado y antiautoritario representa-do en los jóvenes y profesores universitarios.

En las altas esferas gubernamentales de México, estas protestas estudiantiles fueron vistas como el apéndice de una conspiración mundial, que, a su vez, se magnificó por la proximidad de las Juegos Olímpicos en México, a celebrarse en 1968. Para las altas autoridades nacionales era evidente que agitadores nacionales y extranjeros querían arruinar las Olimpiadas para desprestigiar a Méxi-co y a su gobierno.

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Los grupos empresariales, así como los religiosos, contemplaron la problemática que enfrentaría la educación en México y presentaron alternati-vas que darían solución a este conflicto.

Los sucesos que desembocaron en el 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco ya son de por más conocidos y muchos escritores han descrito con de-talle los sucesos. Sin embargo, lo sucedido el 2 de octubre implicó la conclusión violenta y sangrienta de este movimiento estudiantil ascendente y la ge-neración de condiciones para un rápido cambio en el desarrollo político e ideológico en el país.12

El movimiento tuvo secuelas que impacta-ron tanto en las instituciones de educación media y superior como en la formación y proliferación de partidos políticos de izquierda. En el primer caso, entre las aportaciones más destacadas del movi-miento tenemos las siguientes:

1. Los universitarios comprendieron la efi-cacia de difusión política y programática de sus demandas, a través de esta acción entre la población, realizada por las brigadas es-tudiantiles. Los mítines relámpago en luga-res públicos mostraron la creciente simpatía entre la población urbana2. Los organismos tradicionales de política estudiantil como sociedades de alumnos y federaciones fueron suplidos por comités de lucha que asumieron para sí la represen-

tatividad de un movimiento estudiantil y magisterial más amplio, en otras palabras, nacional.3. Por su parte, las instancias internas de gobierno universitario fueron cuestionadas y reestructurada su relación con el Poder público. En otras palabras, se buscó la au-tonomía. Éste fue el caso de Nuevo León.4. Una instancia organizada que tomó una iniciativa más agresiva fue el Sindicato de Trabajadores Universitarios (el cual fue presa de grupos radicales de izquierda), y extralimitó sus funciones para inmiscuirse en asuntos académicos y de gobierno uni-versitario. De nuevo es también el caso de la UNL.

Por su parte, el sistema de partidos se vio alterado después del fracaso de 1968. Muchos comprendie-ron que la acción directa había mostrado sus limita-ciones, y por lo tanto se debía evolucionar hacia la acción organizada, o sea, hacia el asambleísmo. De esta forma surgieron nuevos partidos de izquier-da como el Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT), el Partido Socialista de los Trabajadores (PST), la Liga Obrero Marxista, entre otros.13 A


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pesar de ello no se pudo contener el surgimiento de la extrema izquierda violenta, representada en la guerrilla urbana.

Para contrarrestar este malestar general, el candidato presidencial (desde 1969) y posterior-mente como presidente de la república a partir de 1970, Luis Echeverría Álvarez, ofreció un programa de modernización económica y renovación políti-ca, orientado por el diálogo y la autocrítica.14 Este programa llegaría a ser conocido como la apertura política, esta apertura estuvo dirigida a todos los grupos críticos de izquierda y particularmente para los dirigentes y participantes de 1968. El gobierno federal inició una búsqueda de la conciliación: éste otorgó una amnistía y emprendió un diálogo con los líderes estudiantiles excarcelados, a fin da cambiar la actitud negativa que se tenía hacia el gobierno y el PRI en las Instituciones de educación superior en todo el país.15 De esta forma se intentó encauzar al movimiento estudiantil post 1968 hacia peticiones y demandas que el propio gobierno pudiera cum-plir, pero a cambio de una alianza estrecha entre su gobierno y estos grupos, a fin de poder enfrentar los futuros conflictos que temía se presentarían con los empresarios nacionales16 y extranjeros, amén de su agresiva política exterior antiimperialista, y por ende antiEstadounidense.17

Estos conflictos no tardarían en aparecer. El disentimiento a esta política estaba sumamente lo-calizado en el noreste de México. Para 1969, la élite política, empresarial y sus organismos corporativos en Monterrey mostrarían al presidente Echeverría cómo se manejaban las cosas en esta ciudad de las industrias de fuego.

El movimiento universitario en Nuevo León

En efecto, lo sucedido en Monterrey entre 1968 y 1972, en cuanto al movimiento universitario se refiere, no se puede explicar sin el conocimien-to de este contexto nacional, donde la ciudad de

El 24 de octubre de 1969, el Consejo Estudiantil toma rectoría a fin de presionar a las autoridades estatales para que aprueben la iniciativa de autonomía de la universidad.Fotografía: Jesús Escandón.

Monterrey fue la protagonista de la tensión social que marcó la transición de un régimen autoritario como el de Díaz Ordaz a uno aperturista, mas no tolerante al pensamiento conservador de los grupos económicos y políticos de esta región.

No hay duda alguna que el proyecto de transición del grupo político a nivel nacional fue puesto a prueba desde sus inicios en Monterrey, y no sólo eso, sino que el Gobernador, Eduardo A. Elizondo (1967-1971), apoyado por la extensa y poderosa industria regiomontana, planteó modelos alternos para enfrentar la problemática de la edu-cación superior no sólo en Monterrey, sino en el ámbito nacional.

El modelo de una nueva universidad públi-ca con características particulares de las universi-dades privadas fue lo que llegó a plantear Elizondo

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desde 1968, adelantándose a las demandas (aunque con otro tenor) del movimiento estudiantil nacio-nal. Este proyecto de largo alcance (lo volvería a plantear en 1969 con la autonomía y en 1971 con una nueva Ley Orgánica para la UANL) ha sido relegado y minimizado por los investigadores del movimiento universitario en México, cuando han llegado siquiera a mencionarlo. Considerando que la tendencia fue magnificar los logros y fracasos del pensamiento y acciones de la izquierda política en este periodo, el pensamiento conservador y alterna-tivo en este país, ahora de moda, fue menosprecia-do y vituperado.18

Las reformas por las que están pasando las universidades públicas en todo el país a partir de la década de los noventa, y particularmente en los úl-timos tres años, no disienten en casi nada a lo esbo-zado por Elizondo y el grupo político y empresarial de Nuevo León en 1968. Entre otros planteamien-tos de 1968 están los siguientes:

1. La necesidad de un financiamiento direc-to a las universidades por medio de los au-mentos de cuotas y de becas préstamos a fin de ser pagados sin intereses al final del perio-do de estudio, siempre y cuando el alumno muestre su ingreso al mundo laboral.2. El examen de admisión como forma de se-leccionar a los alumnos que realmente tienen potencial de estudiar y aprovechar de mejor manera los recursos universitarios.3. Líneas y proyectos de investigación fi-nanciados con alta productividad.4. El estímulo a los proyectos universitarios que tienen un éxito comprobado en el sec-tor productivo y social.5. La elevación del nivel académico de sus profesores a través de un sistema de evalua-ción de su productividad en investigación, desarrollo de recursos humanos, grados académicos obtenidos, así como de una retroalimentación del propio alumno al que imparte cátedra.

Otra de las reformas estimuladas por Elizondo a fin de enfrentar la crisis de la educación media y su-perior que tuvo México en 1968 fue el llamado a la creación de Universidades privadas que mostraron su capacidad de competitividad en el mundo aca-démico, incluso hasta la actualidad. Cabe destacar particularmente a la Universidad de Monterrey y a la Universidad Regiomontana, creadas ambas en 1969.

Sin embargo, parte del proyecto fue trun-cado debido a la oposición interna organizada de la propia población universitaria (mas no mayorita-ria, ya que esta “población silenciosa” se mantuvo al margen de toda participación), por los grupos locales priístas de obreros y campesinos y por las autoridades federales a partir de 1971. Este modelo alterno de universidad pública que fue visto como la pérdida tanto de la autonomía como de la verda-dera vocación universitaria,19 finalmente retrasó por casi 25 años el inicio de las actuales reformas uni-versitarias. Es tiempo de hacer una nueva revisión de estos acontecimientos y apreciar, sin arrebatos extremos, lo sucedido entre 1968 y 1972 en el entor-no universitario del Estado. Las pasiones relegaron proyectos y esperanzas de mejora y crecimiento académico, sólo por el hecho de encasillarlos en ideologías no compatibles con la efervescencia política izquierdista que invadió la Universidad de Nuevo León a partir de 1969.

¿Fue mejor esta situación generada por los grupos de izquierda que las posibles soluciones expuestas por Elizondo? Nunca lo sabremos, sin embargo, ya ha pasado el suficiente tiempo para analizar de una forma diferente este periodo histó-rico que tanto ha apasionado a los investigadores sobre los movimientos universitarios.

El proyecto de universidad pública deElizondo

A decir de los historiadores y politólogos, la aper-tura practicada por el régimen de Echeverría sufrió


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sus primeros embates en Monterrey; confronta-ciones que marcarían desde su primer año de go-bierno las tensas relaciones practicadas entre los empresarios regiomontanos y el gobierno federal durante todo el sexenio. Estos embates continúan siendo vistos como chispazos de una política ais-lada que desentonaría con el conjunto nacional.20 Sin embargo esto no fue así. El grupo político y económico hegemónico en Monterrey siempre practicó una conducta bien definida desde antes de la llegada de Echeverría al poder. Los embates que enfrentó Echeverría no eran un producto ca-sual ni una política en contra del nuevo régimen como hasta ahora se ha querido ver. Eran parte de un proyecto de nación claro y alterno a los cambios que estaban ocurriendo. Este magno proyecto tenía su propia dinámica e intentaba ser implantado en las diferentes instancias de la sociedad mexicana, una de ellas, y la que más nos interesa, es el pro-yecto de universidad en México. Cabe aclarar que este plan no nació como contraposición al proyecto echeverrista como se ha querido hacer creer,21 sino que viene de tiempo atrás y termina confrontán-dose con el proyecto aperturista que se implantó finalmente durante su régimen. En otras palabras, es un proyecto político alterno al propuesto por las autoridades federales del PRI en su momento. Un programa alternativo que por su carácter conserva-dor (ideológicamente hablando) no fue incorpo-rado a la historiografía del movimiento. Es decir, no fue compatible con la ideología revolucionaria que profesaba el régimen y sus panegiristas, y por lo tanto desconocido y despreciado por los investi-gadores sobre la temática.

Este proyecto, alentado por el grupo empre-sarial y político de Monterrey, y que buscó el con-senso por la vía democrática y dentro de los cauces legales existentes en su momento, se manifestó de manera abierta ante la crisis de la educación supe-rior que padeció el país en 1968 y, en particular, la Universidad de Nuevo León en marzo del mismo año. Sus rasgos esenciales fueron: el autofinancia-

miento de la universidad pública, el financiamiento privado alterno, estímulo y fundación de universi-dades privadas competitivas, la autonomía y un go-bierno universitario corporativo.

El autofinanciamiento de la universidad pública

La primer medida propuesta por el proyecto con-servador de Monterrey fue la reestructura del sis-tema de financiamiento de la UNL. Para inicios de 1968, la situación financiera de la UNL era su principal limitante para abrir las puertas a cada vez más alumnos. Ante esta situación no existía un plan rector que proyectara a la UNL hacia planes futuros. Era indudable que su limitada estructura no podía recibir la avalancha de estudiantes que estaba egresando de la educación básica. Aunado a esto, las autoridades universitarias y el gobierno del Estado no habían tomado las medidas conducentes por anticipado. Todo indicaba que se fue creando y realizando la nueva estructura universitaria, so-bre la base de enfrentar los problemas inmediatos y resolverlos parcialmente, nunca pensando en fincar las bases para una estructura universitaria, flexible y duradera a futuro. La primera vez que se intentó esto fue a través de la manifestación de un magno proyecto planteado por Elizondo, en marzo de 1968, sobre la base de la consulta con los orga-nismos privados y públicos representativos de la entidad.

La salida ante el grave problema financie-ro que propuso el Gobernador del Estado fue el cobro completo de los cursos universitarios a los estudiantes de la UNL. Su anteproyecto de ley manifestó una novedad en México para afrontar el problema financiero de la universidad pública, y representó la punta de lanza de todo un proyecto nacional lanzado por los poderosos grupos políti-cos y económicos de Nuevo León.

La educación pública universitaria en México siempre fue un asunto espinoso para aqué-llos que exigieran una modificación en su financia-

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Durante la incertidumbre política por los que pasaba la Universidad, el Hospital Universitario contempló la posible separación de la máxima casa de estudios.

miento público. En México, el autofinanciamiento de las instituciones de educación superior públicas es un tabú histórico, incluso ahora en pleno tercer milenio. El proyecto en Nuevo León era novedo-so, prematuro para su época y hacía trizas el vie-jo tabú tradicional, con el cual todos los políticos habían lidiado: la educación media y superior en México considerada pública debe ser subsidiada por el pueblo. El 8 de marzo de 1968 fue la fecha escogida para lanzar la nueva propuesta. El Go-bernador Eduardo A. Elizondo propuso el cobro completo de los cursos a estudiantes universitarios como la mejor fórmula para salvar de la bancarrota a la UNL y convertirla en el ideal regiomontano: ser autosuficiente.22

A través de diversos desplegados publica-dos por la prensa, se puso a consideración de la opinión pública, incluyendo profesores, estudian-tes y padres de familia, un proyecto que crearía la educación de paga en la UNL; concediendo un crédito pagadero al final de la carrera, a aquellos estudiantes que en ese momento no estuvieran en posibilidades de cubrir sus cuotas.23 El problema era evidente: la UNL carecía de edificios, laborato-rios y talleres, los cuales eran ya insuficientes para la práctica universitaria. Aunado a esto, cada año

era mayor el número de jóvenes para quienes no tenía acomodo en sus instalaciones. Agregaba que la UNL impartía una educación media y superior prácticamente gratuita y dependía financieramen-te, en su mayor parte, de subsidios del Estado que destinaban anualmente 41 millones, es decir, 10 por ciento del presupuesto total del Estado. Ma-nifestó también que la situación financiera de la universidad se deterioraba cada vez más y que si continuaba así, vendría la bancarrota, a menos que disminuyera su cupo o deprimiera la calidad de la enseñanza impartida.24 Diez días después, el 19 de marzo, el Gobernador Elizondo lanzó para su con-sulta a la opinión pública del Estado la estructura de la nueva “Ley y Reglamento sobre préstamos de Educación Superior”. Ésta se componía de dos anteproyectos que finalmente no fructificaron, por el rechazo de una parte importante de la población y por el alto riesgo político que conllevaba esto. Es de hacer notar que, a consideración también de una parte del grupo político en el poder, principalmente de los campesinos y obreros organizados y del sec-tor popular del propio PRI, esta medida fue cues-tionada y rechazada. Los anteproyectos de ley eran: el que crearía el “Instituto de Préstamos para la Educación Superior y Técnica del Estado de Nue-

vo León”; y el “Regla-mento de la Ley” que crearía el mencionado Instituto.25

La resistencia a los anteproyectos apa-reció en toda la gama del espectro político. El primero en mani-festarse en contra de ellos fue, como era de esperarse, el Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Nue-vo León (STUNL), el cual amenazó con una


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El 22 de mayo de 1971, miembros de la fuerza pública desalojaron a las antiguas autoridades de las instalaciones de la UANL.

huelga general en caso de aprobarse tal y como es-taba contemplado.26 Diversos grupos dentro de la universidad mostraron una división de opiniones bastante marcada, mientras la rectoría se mostró favorable a los anteproyectos. Ante la amenaza de huelga del STUNL, las autoridades, dos escuelas (Enfermería y Obstetricia y la de Trabajo Social), cuatro facultades (Derecho y Ciencias Sociales, Arquitectura, Economía y Comercio y Adminis-tración) y la Preparatoria número 8 mostraron su apoyo al rector y al anteproyecto de ley de Elizon-do.27 Sin embargo hubo otras organizaciones fuera de la universidad que se manifestaron en contra del anteproyecto del Gobernador Elizondo, éste fue el caso de la Gran Logia en Nuevo León.28 El anteproyecto de ley no fue del agrado de una parte importante de la población, la cual, a través de sus organizaciones, cuestionó severamente el propósi-to. Pero tal vez el principal rechazo vino del mismo partido oficial, porque conociendo ahora el férreo control que ejercía sobre los tres órganos de gobier-no en esos años, no puede explicarse de otra forma que el anteproyecto fuera congelado antes de llegar al Congreso por los propios representantes políti-cos del PRI.

Financiamiento privado alterno

La otra alternativa inmediata fue buscar fuen-tes económicas y de apoyo alternas a la UNL. Éstas se dieron a través de la creación de orga-nizaciones civiles comprometidas con el me-joramiento de la calidad educativa de la Uni-versidad. La primera de ellas en este periodo fue el Frente Pro Dignidad Universitaria, A. C. Esta Asociación Civil, formada por egresa-dos de la UNL, en julio de 1967, tenía como objetivo principal buscar recursos para la uni-versidad.29 La segunda organización de este tipo fue la Asociación de Egresados y Amigos de la UNL”, la cual inició su primera reunión a fin de constituirse en Asociación Civil, el 16

de abril de 1968. Su presidente, Enrique C. Livas, manifestó en esa ocasión que todas las profesiones de la UNL estaban representadas en esta asocia-ción, así como representantes de los sectores indus-trial, bancario y del comercio de Monterrey. El ob-jetivo que se buscaba era el despertar la conciencia de todos los egresados de la UNL para acudir al auxilio económico de la misma.30 Por otro lado, las donaciones por parte de particulares no se hicieron esperar. A principios de 1968 empezaron a fluir los apoyos a las distintas dependencias de la UNL.31

Es importante reconocer que a pesar de las constantes limitaciones económicas, la UNL nun-ca dejó de prestar su servicio social a la comunidad nuevoleonesa, a la cual siempre debió su existencia. Como cada año, los programas de salud preventiva realizada por estudiantes de medicina a la comuni-dad de la entidad continuaron en este conflictivo periodo de 1968 a 1972. Sólo en enero y febrero de 1968 se realizaron 50 mil análisis clínicos gratuitos a estudiantes de educación primaria y secundaria.32 Este programa se desarrolló a fin de conocer el ín-dice de enfermedades parasitarias que padecían los mencionados niños y jóvenes para proceder a su curación igualmente gratuita.

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La creación de nuevas univer-sidades privadas

El gobierno de Nuevo León, la potente élite empresarial y los diversos grupos religiosos orga-nizados de la ciudad, contempla-ron, desde fines de 1967, la crisis universitaria por venir. La edu-cación superior en México esta-ba por experimentar un boom y había que estar preparados para presentar nuevas alternativas más allá de las instituciones ya establecidas como eran la UNL y el ITESM. El Gobernador del Estado abrió esta posibilidad de forma pública el 18 de enero de 1968. En esa ocasión dijo que todos los planteles educati-vos particulares que desearon participar en la ense-ñanza superior, sujetos a los planes de gobierno en materia de enseñanza, por supuesto, encontrarían altos estímulos de parte de su administración.33 El llamamiento fue dado después de que dos grupos particulares mostraron interés en fundar dos Insti-tuciones de educación superior en la ciudad. Estos mismos grupos fundarían en 1969 la Universidad de Monterrey (UDEM) y la Universidad Regio-montana (UR); un año después se crearía el Centro de Estudios Universitarios (CEU).

La fundación de nuevas instituciones de educación superior de carácter privado fue otra de las herencias de este magno proyecto. A tan sólo tres años de la fundación de la UDEM y de la UR, y a dos del CEU, estas universidades pre-sentaban una alternativa viable y competitiva ante la UANL. Para 1972, estas tres universidades más el ITESM, tenían 21,139 alumnos inscritos en sus carreras profesionales,34 en contraste con los 22,000 alumnos que poseía la UANL en sus instalaciones de educación superior.35 En otras palabras, las ins-tituciones de educación superior privadas tenían 49 por ciento del alumnado total inscrito en el Es-

Héctor Ulises Leal, rector de la UANL, nunca cuestionó la política del gobierno de Echeverría.

tado, mientras la UANL poseía 51 por ciento; en contraposición a la situación existente en el resto del país, el cual presentaba una composición de 10 por ciento y 90 por ciento, respectivamente.36 En este sentido, el proyecto de Elizondo tuvo un éxito inmediato en la apertura de la educación superior para el capital privado, lo que demuestra que el sector empresarial y comercial de Monterrey estaba sumamente interesado en el financiamiento de la educación superior, a diferencia de lo que suponen los investigadores sobre este tema.37

La autonomía

Un año después de que la propuesta de autofi-nanciamiento de la UNL fue rechazada, se inicia, a mediados de 1969, un movimiento estudiantil, magisterial y sindical que desemboca en la nece-sidad de otorgar la autonomía a la Universidad de Nuevo León.38 Tras numerosas presiones, y ante la generalización del conflicto universitario, el go-bierno del Estado es receptivo a las peticiones del movimiento. El Ejecutivo envía, el 22 de octubre, al H. Congreso del Estado una iniciativa a fin de reformar los artículos 16 y 24 de la Ley Orgánica de la UNL; la reforma fue encaminada a que el rector fuera designado por una asamblea de profesores y


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Los movimientos estudiantiles que hubo en Nuevo León alimentaron la creación de varios gru-pos radicales de izquierda a tomar las armas.

alumnos y para que directores de escuelas y facultades fueran nombrados en las Juntas Direc-tivas. La noticia de esta Auto-nomía la da Elizondo ante un grupo de estudiantes universi-tarios que fueron recibidos en palacio. El Gobernador decidió la destitución ese día del rector, secretario general y los 24 di-rectores de la UNL. Para el 23 de octubre, la destitución ma-siva de las autoridades univer-sitarias fue un hecho. Algunos profesores decanos se hicieron cargo de las facultades, pero el resto no optó renunciar por considerar que la reforma a la Ley Orgánica sólo es una ini-ciativa. La propuesta del Go-bernador creó un divisionismo interno de parte del profesorado; un grupo de profesores, encabezados por el doctor Agustín Basave Fernández del Valle, se afilió en una organización denominada Asocia-ción de Maestros de la UNL (compuesta por 200 profesores) que desconoció la iniciativa.39 El 24 de octubre acudieron ante el Congreso y le pideron no aprobar la iniciativa del Gobernador; consideraron que tales modificaciones podrían traer consecuen-cias graves a la estabilidad de la UNL. Ese mismo día, el Consejo Estudiantil tomó rectoría a fin de presionar a las autoridades estatales para que apro-baran la iniciativa. Se unió al Consejo Estudiantil el Sindicato de Trabajadores de la UNL, los cuales acudieron el 25 de octubre al Congreso a pedir la aprobación de las reformas y acusar de elementos disolventes a la nueva asociación de profesores. La autonomía se volvió la bandera del movimiento estudiantil y de los trabajadores y empleados de la UNL.

Los estudiantes exploran creativos y no-vedosos métodos de lucha y protesta. El 4 de no-

viembre éstos desfilaron por la noche con antor-chas, mientras acusaban al Congreso del Estado de tratar de impedir, con su tardanza, la reforma uni-versitaria. Al día siguiente, el Consejo Estudiantil sesionó para definir los métodos de lucha. Ese día se pintaron camiones y se repartieron volantes de sus demandas a la población citadina, el presidente del Congreso lamentó que el movimiento intentara manipular al poder Legislativo y exigió a los estu-diantes el regreso a clases como prerrequisito para estudiar y dictaminar la iniciativa del Goberna-dor.40 La tardanza resolutiva del Congreso –el cual evidencia divisiones internas entre sus ocho inte-grantes–, favoreció la llegada de nuevas iniciativas por parte de grupos políticos dentro y fuera de la UNL. El STUNL también manifestó que estudió las reformas a la ley a fin de presentarlas a los le-gisladores, y cuestionó la elaboración de las Leyes Orgánicas por grupos políticos que se adjudican “el derecho de representación universitaria para la elaboración de la mencionada Ley”.41 No hay duda que para principios de noviembre de 1969, los uni-

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versitarios pusieron contra la pared al poderoso go-bierno estatal.

Finalmente, ante la presión estudiantil, de la población y del Ejecutivo (el cual agiliza la ce-sión de la Autonomía al conocer ese día el anuncio del destape del candidato a la presidencia de la re-pública, Luis Echeverría), el Congreso del Estado reformó, el 10 de noviembre de 1969, los artículos 16 y 24 de la Ley Orgánica de la UNL, pero no cede la paridad de votos que propuso Elizondo en su iniciativa original. La designación de Luis Echeverría Álvarez como candidato del PRI a la presidencia, el mismo día que se resuelve dar la au-tonomía a la universidad no es del todo gratuito. La relación de tensión que se vivía en la entidad por la cuestión universitaria, no debía alargarse dema-siado, en vista de la designación de un candidato presidencial favorable al respeto de la autonomía, a fin de desligarse de la tutela del presidente en funciones, Gustavo Díaz Ordaz. Así lo visualizó Elizondo y es muy probable que haya presionado al Congreso para acelerar la desincorporación de la universidad y, por lo tanto, sus problemas internos del gobierno del Estado.

Integrantes del desaparecido grupo Fuerza de Liberación Nacional fueron iden-tificados como miembros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

Los legisladores propusieron que el Ejecutivo del Estado nombrara un rector pro-visional en tanto el Consejo de la UNL desig-nara el definitivo.42 El Gobernador comentó que promulgaría y publicaría la ley en cuanto la universidad volviera a la vida normal, para lo que pidió como única medida simbólica el regreso de la Torre de Rectoría por parte de los estudiantes, a fin de que el rector provisional pudiera asumir su cargo.43

Después de meses de lucha de parte de los universitarios en busca sistemática de la autonomía, las reformas a los mencionados artículos quedaron estipulados en el Periódico Oficial.44 Sin embargo, la reacción universita-ria ante la mutilación de las reformas por parte de los legisladores es de reproche. El Consejo Estudiantil45 y el STUNL rechazaron las re-

formas (éstos aclaran que la paridad de votos era para las funciones eleccionarias mas no académi-cas). En último momento, Elizondo envió una nueva iniciativa de reforma a la ley (la cual expu-so personalmente ante el Congreso en pleno) para satisfacer a los universitarios. El 18 de noviembre, el Congreso del Estado aprobó, con dispensa de trámite, la iniciativa del Gobernador para crear una Comisión con representación paritaria de maestros y alumnos que redacte el proyecto de una nueva Ley Orgánica de la UNL, en un plazo que vence-ría el 31 de mayo de 1970. La iniciativa aprobada también incluía una modificación al artículo 31 de la Ley Orgánica de la UNL para que se crearan las Juntas Directivas de cada facultad o escuela en for-ma semejante al Consejo Universitario, y en las que los estudiantes representaran la tercera parte de los votos.46 Esta última modificación no fue la original enviada por Elizondo, ya que éste sí especificó la paridad en 50 por ciento.47

La iniciativa aprobada y modificada por la Cámara Estatal de Representantes constaba de seis artículos, una modificación al artículo 31 de la Ley Orgánica y dos transitorios. En los primeros se es-


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Raúl Ramos Zavala dirigió varias operaciones armadas con el grupo guerrillero Procesos.

tablecía la creación de una Comisión para la crea-ción de la nueva Ley Orgánica, que estaría inte-grada por un representante maestro y un estudiante de cada facultad y escuela. El primero designado por el cuerpo docente y el segundo por la socie-dad de alumnos según sus estatutos, en un plazo no mayor a diez días. Por su parte, el artículo 31 también especificaba la conformación de la Junta Directiva por facultad o escuela integrada por los profesores y un número de alumnos igual a la mitad de aquéllos.

El proceso se cumplió y en diciembre de 1970 fue designado el médico Oliverio Tijerina To-rres como nuevo rector y Tomás González de Luna, miembro local prominente del Partido Comunista Mexicano, como nuevo secretario general de la UANL.48 Finalmente, tras un largo proceso de mo-vilización y trabajo en cada una de las facultades y escuelas, representantes de la izquierda universita-ria obtuvieron el consenso para dirigir los órganos de gobierno de la UANL.

Para 1970, Elizondo consideraba que el Es-tado ya no debía de financiar de manera creciente a la universidad, y así lo manifestó al secretario gene-ral del STUANL, Carlos Ruiz Cabrera, cuando lo visitó a principios de ese año a fin de explicar la im-portancia de las peticiones del sindicato. Ante un Gobernador adusto, Cabrera escuchó, por primera vez en voz de Elizondo, una negativa rotunda. El gobierno –para Elizondo– había dado los pasos necesarios para crear la autonomía, había estimu-lado la organización universitaria a fin de modificar y discutir una nueva Ley Orgánica y había aumen-tado el subsidio de manera creciente durante su mandato, pero el asunto había llegado a su límite: correspondía a los universitarios buscar nuevas for-mas de financiamiento o bien comprender que la universidad ya no podía seguir creciendo. Acusó a Cabrera y a los universitarios inconformes de creer que tenían ante sí una empresa comercial o indus-trial, que esto no sólo no era así, sino que además no les pertenecía, sino que debían su trabajo y su labor a la comunidad nuevoleonesa, la cual daba sustento a tal empresa educativa. La educación superior era importante, pero el gobierno estatal tenía otras prioridades educativas en la educación básica. De los 284 millones de pesos destinados en 1970 a la educación en el Estado (éstos representa-ban 62.88% del presupuesto total del Estado), sólo 66 correspondían a la UANL, el resto se destinaba a los otros niveles educativos.49

La III Ley Orgánica y la Asamblea Popular de Gobierno

Este asunto fue el primer enfrentamiento entre el gobierno ya constituido de Echeverría y el poder político y económico en Nuevo León. El propio Echeverría, en su discurso de toma de posesión, denunció “las tendencias conservadoras surgidas de un largo proceso de estabilidad”,50 mención que parece referirse al proyecto político de los grupos de Nuevo León. Aunque para la mayoría de los

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estudiosos éste es el hecho al que más hacen refe-rencia y, por lo tanto, lo toman como un desafío de Elizondo a Echeverría, que sin duda lo fue, no es investigado y analizado como parte de un proceso de ejecución del proyecto conservador de los gru-pos políticos y económicos de Nuevo León, que venía de hace varios años atrás, incluso antes de los acontecimientos de 1968 en Tlatelolco.51

El 26 de marzo de 1971, el Congreso del Es-tado de Nuevo León realizó una votación unánime en la creación de la tercera Ley Orgánica Universi-taria. Su forma de gobierno, denominada Asamblea Popular, fue insólita, sin precedentes en su tipo en el mundo, pero muy nuevoleonesa y muy al estilo de gobernar en esta ciudad. A decir de algunos au-tores como Medina, se trataba de un caso de apli-cación tardía de la línea diazordacista para solven-tar las penurias universitarias, a la par de establecer un control más rígido so pretexto de inmiscuir a la sociedad en el manejo de la universidad local.52

El desconocimiento del propio proyecto nuevoleonés hace que la mayoría de las explica-ciones le den crédito al intentar ajustar la interpre-tación a las políticas venidas desde el centro de la

En los Condominios Constitución se dio un enfrentamiento entre la guerrilla y la policía. Fotografía: M. Villarreal.

república, particularmente a las del presidente en turno. Estas explicaciones no pueden admi-tir ni comprender que se trataba de un proyecto nacional (con las características y particularidades del ámbito social regiomontano), lanzado por el grupo de políticos y empresarios nuevoleoneses que rebasaba el ámbito sexenal. Si esto no fuera así, ¿cómo explica-ríamos el incentivo a las universi-dades privadas, su aceptación por un grupo amplio de la población que envió a sus hijos a ellas y la competencia con la universidad pública? En el caso de la segun-da afirmación sobre el control y el

introducirse en la universidad local “so pretexto de inmiscuir a la sociedad”, es cierto, sin embargo no con el tenor dado en esta explicación, la cual pre-tende dar a entender como una conspiración de la derecha, oscura e intolerante, no fue éste el caso, Elizondo y su grupo estaban convencidos de que dicho proyecto era el adecuado para la UANL y para la nación, y por ello lo realizaron por los cau-ces legales, buscando lo que ellos consideraban el consenso social, es decir, las instancias organiza-das, representativas de ciertos sectores sociales y, por lo tanto, totalmente válidas desde su visión de la sociedad.

Se debe resaltar que la historiografía sobre la injerencia del gobierno federal en la posterior renuncia de Elizondo le da un marcado peso a la toma de decisiones del gobierno central, aducien-do que fue el motivo que esperaba Echeverría para coartar el proyecto de la derecha en Monterrey y evitar que se convirtiera en una eventualidad na-cional.53 Sin embargo, todo parece indicar que el gobierno federal no quiso ni intentó inmiscuirse en esto hasta donde le fue posible (prueba de ello son


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las constantes peticiones que se le hicieron direc-tamente por los grupos universitarios afectados, y el evitar visitar Monterrey durante los tres prime-ros años de mandato). Finalmente, la decisión que tomó responde a que fue obligado a hacerlo ante el constante deterioro de la estabilidad social y políti-ca en Monterrey, la cual representaba una amenaza real a su programa de reformas.

Con respecto a convertirse en un problema nacional, no hay indicios que esto pudiera suceder, ya que las particularidades de Monterrey y su gru-po político y económico no eran similares en otras partes de la república, por lo que era muy difícil que se adjudicaran un movimiento que descono-cían, que no les era familiar, o bien, no respondía a sus expectativas.

La novedad de esta nueva Ley Orgánica era su forma de gobierno.54 Al Consejo Universitario, otrora rector de las decisiones universitarias, se su-perponía una estructura de gobierno denominada Asamblea Popular, la cual sería la máxima autori-dad de la UANL. El nuevo rector y el nuevo teso-rero serían designados directamente por la Asam-blea. El Congreso debería decidir la conformación de este máximo organismo en un plazo no mayor a cinco días. Esta Asamblea la integrarían organiza-ciones reconocidas en la entidad; una vez designa-das las organizaciones, éstas enviarían a sus repre-sentantes, los cuales, a su vez, designarían rector y tesorero. Una vez dados estos nombramientos, el rector y el tesorero convocarían a elecciones para ocupar los cargos de directores de facultades y es-cuelas. Estos últimos integrarían el nuevo Consejo Universitario. El mecanismo de gobierno y control de la autonomía era novedoso sin duda; Elizondo creía firmemente que si el sistema de gobierno se fortalecía, el proyecto auguraría su implantación al resto de la nación.

La Asamblea Popular de Gobierno Univer-sitario se integró con los siguientes elementos, los cuales sumarían 36 personas en total: diez repre-sentantes de obreros y empleados organizados de

Nuevo León; cuatro representantes de las ligas de comunidades agrarias y sindicatos de campesinos de Nuevo León; un representante del Patronato Pro Laboratorios y Talleres de la UANL; ocho re-presentantes de la prensa, radio y televisión; tres representantes de alumnos de la UANL; tres repre-sentantes de los profesores de la UANL; un repre-sentante de la industria; un representante del co-mercio organizado; un representante del Congreso local y cuatro representantes de los profesionales organizados.55

La reacción inmediata de los órganos de gobierno universitario hasta ese día vigentes fue de total rechazo. El Consejo Universitario se reunió el 29 de marzo a fin de analizar la nueva Ley Orgánica y acordó amparase.56 Cincuenta y cinco votos de repudio fueron manifiestos y ocho abstenciones, ningún voto en contra.57 Se aprobó buscar un amparo debido a que la nueva Ley cau-saba: menoscabo a la autonomía universitaria; no solucionaba el problema financiero; una drástica reducción a la participación estudiantil en los ór-ganos de gobierno de la UANL; la rectoría perdía facultades y había ambigüedad sobre el Hospital Universitario y su relación con la UANL, lo cual indicaba que era posible la separación de esta ins-titución de la máxima casa de estudios, lo cual era inadmisible.58 Lo que no lograron los grupos de izquierda universitarios opositores a Elizondo, lo logró la ley: unificar a los universitarios, cualquie-ra que fuere su ideología, contra un enemigo en común: el Gobernador.

A raíz de la sesión del Consejo Universita-rio, en la que se acordó buscar un amparo contra la ley, los estudiantes y profesores se organizaron en Comités de Lucha –integrados por dos represen-tantes de cada escuela o facultad–, a fin de organi-zar el control de los edificios universitarios –como la Rectoría y el Aula Magna–, a fin de prohibir a personal extraño a la universidad ingresar en sus oficinas y evitar la entrada de las personas que de-fendieran la nueva Ley.59

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La Asamblea Popular fue constituida a principios de abril de 1971. Posteriormente, el 12 del mismo mes, ésta nombró como rector al médico y coronel Arnulfo Treviño González, quien con su gesto hosco y costumbres castrenses terminó por confirmar, a los ojos de los universitarios, el tipo de golpe político que había fraguado Elizondo.60 Sin embargo, la mayoría de las instalaciones continua-ron tomadas por las antiguas autoridades hasta el 22 de mayo, fecha en que fueron desalojadas con lujo de violencia por las fuerzas públicas.

Ante el ambiente tenso que se vivía en Monterrey, el presidente Echeverría tuvo que to-mar la decisión de presionar a Elizondo para que echara para atrás su proyecto, o de lo contrario lo obligaría a renunciar por otros medios. Elizondo optó por retirase de su cargo como Gobernador, antes que renunciar a su proyecto político, así lo manifestó. Este último sólo sufrió un descalabro, ya que el proyecto político nuevoleonés no sería detenido por este acontecimiento y mostraría sus embates contra la política del régimen a lo largo del sexenio.

Por su parte, el proyecto político de la iz-quierda universitaria, triunfante en la UANL, re-cibiría el bautismo del régimen el 10 de junio de 1971.

La represión del Jueves de Corpus

Para muchos historiadores y politólogos, la repre-sión de la manifestación estudiantil organizada por el Instituto Politécnico Nacional en apoyo al mo-vimiento de Nuevo León, el 10 de junio de 1971, fue una consecuencia de lo sucedido a Elizondo y al grupo político y económico de Monterrey.61 Sin embargo, ¿cómo pudo haber sido una consecuen-cia, si precisamente este contingente estudiantil se trasladó a la ciudad de México a fin de difundir y mostrar al débil movimiento estudiantil de la capital de la república su éxito contra el embate conserva-dor en Monterrey y el apoyo recibido del centro?

Un testigo nos comenta el acontecimiento:La represión corrió a cargo de un grupo de jóvenes, vestidos todos de pantalón vaque-ro, camiseta blanca y zapatos tenis, armados unos con varas de bambú y otros con armas de fuego; estos últimos se encontraron pa-rapetados en los edificios aledaños a la Ave-nida San Cosme de la Ciudad de México, donde se desplazaba la manifestación. Para todos los testigos oculares, entre los que se encuentra el que esto escribe, fue evidente la cooperación entre el grupo atacante, que después la prensa identificó como un desta-camento parapolicíaco llamado Halcones, y la policía uniformada.62

El regente del Distrito Federal, Alfonso Martínez Domínguez, regiomontano de nacimiento, siem-pre negó la existencia del grupo Halcones.63 Sin embargo, el efecto político de este acontecimiento, nunca esclarecido oficialmente, terminó con el des-pido, entre otros, de Martínez Domínguez, Julio Sánchez Vargas, procurador general de la república y Rogelio Flores Curiel, jefe de la policía capitalina en junio de 1971.64

La explicación radica en la política practi-cada hacia los movimientos de izquierda por parte del régimen de Echeverría. En efecto, se intentó encauzar al movimiento estudiantil post68 hacia peticiones y demandas que el propio gobierno pu-diera cumplir, pero a cambio de una alianza estre-cha entre su gobierno y estos grupos, a fin de poder enfrentar los conflictos con los empresarios nacio-nales. La alianza se dio al principio del régimen entre el gobierno federal y los grupos de izquierda colaboracionistas, a fin de detener el proyecto de Elizondo en Nuevo León. Pero una vez que se dio la renuncia de Elizondo y se debilitó momentánea-mente este proyecto, el régimen federal no estaba dispuesto a enfrentar demandas y consignas más allá de lo que podía ofrecer la apertura política de 1970 a 1976. En estos casos la represión fue utili-zada indistintamente hacia los movimientos que


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El 8 de noviembre de 1972 el grupo guerrillero Liga de Comunistas Armados secuestró el vuelo 705 de Mexicana de Aviación, en el aero-puerto Mariano Escobedo. Fotografía: M. Villarreal.

pretendían cuestionar la actividad política del ré-gimen.

A pesar de esta represión violenta y san-grienta, el rector de la UANL, Héctor Ulises Leal (1971-1972), nunca se atrevió a cuestionar de forma contundente la política seguida por el gobierno de Echeverría, más aún, cada vez que requirió apoyo del centro para enfrentar su creciente oposición in-terna, viajó a México a fin de refrendar su alianza con la política echeverrista.

La represión del Jueves de Corpus selló de-finitivamente la confrontación entre el gobierno y una parte de los jóvenes estudiantes de educación media y superior en las universidades, tecnológi-cos y normales rurales del sistema de educación pública y privada, así como de los movimientos campesinos a lo largo y ancho del país. A juicio de un exmilitante de la Liga Comunista 23 de Sep-tiembre, “se fortaleció entre estos sectores la idea de que no había otra salida para resolver los conflic-tos que la autodefensa armada”.65 Éste fue el caso de la guerrilla urbana en Monterrey.

Del movimiento universitario a la guerrilla (1968-1973)

El perfil de la guerrilla

Las acciones guerrilleras no eran nuevas en el México de segunda mitad de siglo XX. A partir del asalto al cuartel del Ejército mexicano en Ma-dera, Chihuahua, el 23 de septiembre de 1965, por el Grupo Popular Guerrillero (GPG), encabezado por Arturo Gámiz,66 los grupos guerrilleros prolife-raron.67 Así se fue creando entre sus partidarios (y en el imaginario colectivo) un ideal de arrojo y co-raje de aquel grupo, el cual sirvió de sustento para nuevas y cada vez más diversas y audaces activida-des guerrilleras.68 A raíz de aquel acontecimiento, más de treinta organizaciones armadas surgieron y actuaron en las principales ciudades de la repúbli-ca (México, Guadalajara y Monterrey). Derivadas de una radicalización del movimiento estudiantil, operaron divididas en “pequeñas células indepen-dientes entre sí para asegurar la clandestinidad

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de la organización y evitar la localización de los dirigentes”.69

En el caso de Nuevo León, los aconteci-mientos estudiantiles locales alimentaron la crea-ción de varios grupos radicales de izquierda que pasaron a la lucha armada. Entre otros se encuen-tran: las Fuerzas de Liberación Nacional (FLN), a los Procesos, el Movimiento Espartaquista, la Liga de Comunistas Armados (LCA) y, por supuesto, la Liga Comunista 23 de Septiembre.

El primero de ellos alcanzó un nivel de complejidad en su organización muy superior a la Liga 23 de Septiembre. A decir de Carlos Tello Díaz, su origen estuvo en el Ejército Insurgente Mexicano (EIM), cuya cabeza era Mario Menén-dez, entonces director de la Revista ¿Por qué?; al diluirse el EIM, buena parte de sus integrantes, en su mayoría estudiantes de la Universidad de Nuevo León (UNL), fundaron las Fuerzas de Liberación Nacional, el 6 de agosto de 1969. Esta organiza-ción casi desapareció al recibir un duro golpe de la Policía Judicial Federal el 14 de febrero de 1974. En esa ocasión, al irrumpir las fuerzas policíacas en una casa de seguridad en Nepantla, Estado de México, cinco dirigentes del FLN murieron, va-rios miembros fueron arrEstados, además del deco-miso masivo de armamento y de su archivo (entre ellos sus mapas y planes futuros de trabajo). Su red más importante, situada en Chiapas, fue desman-telada por la policía gracias a esta información. El resultado fue el protegerse en la clandestinidad ex-trema. Algunos de sus integrantes los volveríamos a encontrar en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que salió a la luz pública el 1 de enero de 1994.70 En 2000, ideólogos del FLN, y posteriormente del EZLN, entre los que se en-cuentra el comandante Germán, han fundado, en la ciudad de Apodaca, N.L., una casa de la cultura con un centro de documentación e investigación sobre los movimientos armados, con la denomina-ción de Casa del Dr. Magil, A.C.

En la década de los setenta, las actividades del Estado con respecto a la vivienda cambiaron drásticamente. Para 1972 se creó el INFO-NAVIT, institución encargada de los programas de vivienda para los trabajadores. Fotografía: M. Villarreal.

El Grupo Procesos estaba conformado prin-cipalmente por militantes de la Juventud Comunis-ta de México (JCM), organización juvenil del Par-tido Comunista Mexicano (PCM). Este grupo se desprendió, en diciembre de 1970, del JCM, el cual estaba constituido principalmente por estudiantes de la UNAM, de la Universidad de Baja California y de la Universidad de Nuevo León.71 Al adquirir independencia del partido político, atrajeron hacia sí un potente grupo intelectual de influencia cris-tiana jesuita, militantes de la Teoría de la Libera-ción. Este grupo estaba integrado por estudiantes de la UNL y del ITESM entre ellos destacaban dos personajes (ambos dirigentes estudiantiles en los acontecimientos sucedidos en el ITESM y en


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la UNL entre 1969 y 1971), éstos eran: Raúl Ramos Zavala, miembro de la JCM, fundador del Grupo Procesos y teórico de la guerrilla mexicana (muerto en un enfrentamiento el 2 de febrero de 1972, en la ciudad de México); e Ignacio Salas Obregón, alias Vicente u Oseas,72 fundador y dirigente de la Liga Comunista 23 de Septiembre; después de la muerte del primero, este grupo, ligado a varios profesores miembros de la Compañía de Jesús del ITESM, se apartó de ellos una vez que optaron por el camino de las armas. Sin embargo, a decir de un sobrevi-viente (Mario Ramírez Salas), uno de los clérigos, de nombre Javier de Obeso, los hospedó y protegió en su casa durante y después de los acontecimien-tos de enero de 1972.

El movimiento Espartaquista, fundado en Monterrey por Severo Iglesias, participó activa-mente y de forma violenta en los movimientos in-ternos de la UNL en el periodo que va de 1969 a 1973. Parte de sus integrantes que optaron por la lucha armada fundarían, en 1973, la Liga Comunis-ta 23 de Septiembre.73

La Liga de Comunistas Armados desarrolló a escala nacional diversos actos de violencia, aten-tados con bombas a lugares estratégicos,74 robo de bancos y secuestros. El secuestro más espectacular de la década es atribuido a ellos: a fines de 1972 una aeronave comercial de Mexicana de Aviación con destino a la ciudad de México fue asaltada en el puerto aéreo de Monterrey y posteriormente di-rigida a Cuba.75

Finalmente, La Liga Comunista 23 de Septiembre, fundada en marzo de 1973.76 Esta or-ganización (que tomó el nombre compuesto por la fecha del asalto al cuartel Madera, a sugeren-cia de Salas Obregón, y también de la Liga de los Comunistas creada por Carlos Marx y Federico Engels en 1848), se estructuró como un ejército guerrillero. Se creó una Coordinación Nacional, la cual fue integrada por dirigentes de las diver-sas agrupaciones político-militares fundadoras. El Buró político lo encabezó Ignacio Salas Obre-

gón, quien tomó la dirección de la organización, junto con José Ángel García Hernández, Rodolfo Gómez García y Manuel Gómez García. El brazo militar lo dirigía el Comité Militar, dividido en dos esferas: una de Comandos y otra de Sanidad. Con influencia nacional, sobre la base de Comi-tés Regionales y Locales, alcanzó la estructura más compleja (tal vez con excepción del FLN) del movimiento guerrillero de la época. Con su dirigente, Salas Obregón, aprehendido en un en-frentamiento armado (24 de abril de 1974) y vir-tualmente declarado desaparecido por las fuerzas de seguridad nacional en mayo de 1974, la Coor-dinación Nacional se desarticuló. El Consejo de Redacción del periódico Madera tomó finalmente la dirección de la Liga, la cual sobrevivió (cuando menos su brazo armado) hasta 1982.77

Las actividades guerrilleras en Nuevo León

Entre septiembre y octubre de 1971 se mostró la otra faceta del movimiento universitario en Mon-terrey: la guerrilla urbana. El Grupo Procesos tomó la decisión de actuar de manera organizada y bajo una rígida estructura militar, en una serie de asaltos bancarios: fueron asaltados el Banco Regional de Norte, en Guadalupe, una camioneta bancaria del Banco de Nuevo León, y dos supermercados, uno llamado Lozano y otro Azcúnaga en Monterrey.78 Convencidos de no haber sido descubiertos en es-tos atracos, los Procesos, dirigidos por Raúl Ramos Zavala, decidieron realizar un triple asalto bancario en Monterrey, en enero de 1972. Dos comandos lo-graron entrar con éxito a la acción, un tercero, de-bido a problemas de coordinación, recibió la orden en el último minuto de no ejecutar el tercer asalto. Este último comando fue protegido por clérigos je-suitas (profesores del ITESM) en sus propios ho-gares, a raíz del enfrentamiento armado de parte de los dos comandos participantes con las fuerzas de seguridad pública.79 Los hechos de estos últimos atracos se presentan a continuación.

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El viernes 14 de enero fueron asaltados dos bancos en la ciudad, una sucursal de BANAMEX y el Banco Comercial. El doble asalto bancario, cuyo botín fue de 67 mil pesos, fue realizado por un par de comandos guerrilleros conformado por universitarios que habían Estado participando desde 1969-1971 en el movimiento de reforma uni-versitaria; ahora habían mostrado abiertamente su decisión de seguir por la vía de las armas.80

Un comando, el autodenominado Pablo Al-varado, estaba integrado con nombres ficticios: Víc-tor (cuyo nombre real era Héctor Escamilla), David (Raúl Ramos Zavala), Nacho (Ricardo Morales Pinal), Poncho (Alberto Sánchez) y Vicente (Pedro Morón Chiclayo). Por otra parte se encontraba el co-mando denominado Carlos Lamarca, integrado por Pablo (Gustavo Hirales), Javier (José Luis Rhi Sau-si), Pedro (Jorge E. Ruiz Díaz), Jorge (Luis Ángel Garza) y Jaime (Rodolfo Rivera Gamiz).81

A raíz de las pistas recabadas después del doble asalto del 14 de enero, la policía Judicial lo-calizó a estos comandos en distintas casas de segu-ridad del área metropolitana. El lunes 17 de enero, tras un operativo envolvente y coordinado por la policía Judicial, se detuvieron numerosos estudian-tes y se incautaron armas de fuego. En una de estas aprehensiones se dio un enfrentamiento armado de consideración entre la guerrilla descubierta y la policía. El enfrentamiento que conmocionó a la opinión pública se dio en el edificio número 7 de los condominios Constitución.

La descripción de un testigo, el reportero Óscar Moraira nos muestra lo crudo de este acon-tecimiento:

Los Judiciales pidieron a los asaltabancos que se rindieran, y éstos aceptaron, salien-do con las manos en alto en señal de rendi-ción, esto sucedió a las 20:45 horas.Pero cuando los policías entraban al local 34 de los Condominios Constitución, Edi-ficio 7, fueron recibidos con ráfagas de me-tralladora M1, del interior del cuarto.

Un agente cayó abatido de inmediato ante el propio reportero y los demás agentes que contestaban la agresión. Aquello se trans-formó en un infierno, pues de todos lugares salían balas mientras el que escribe perma-necía tendido en el suelo aprovechando la oscuridad.Todo sucedió en unos segundos, un joven de playera a rayas (Rhi Sauci, OF), dispa-raba como loco en contra de los agentes. El joven de pronto se desplomó y no fue sino hasta ese momento cuando cesó la balacera. Sin embargo, de varios lugares de la azo-tea volvieran a salir ráfagas de metralladora contra los agentes.Del interior del departamento salió con las manos en alto y en pijamas el ingeniero quí-mico, Jorge Ruiz Díaz, quien confesó haber participado en el asalto al banco del vier-nes. Sin embargo, cuando eso pasaba, otro joven salió del cuarto y arrojó una bomba de mano a los agentes. Entonces el mismo agente se la regresó, haciéndole impacto en el cuerpo al también asaltante bancario Juan José Castillo.La balacera se volvió a iniciar y entonces cayó herida la joven Rosa Albina Garavito (de 24 años, licenciada en economía y ori-ginaria de Mexicali, OF), con un balazo en el estómago.Las autoridades momentáneamente esta-ban desconcertadas por los disparos de la azotea, pero luego empezaron a lanzar sus reflectores los elementos de la Dirección de Seguridad hacia la azotea.Finalmente llegaron algunos comandos del ejército y lograron controlar la situación, ro-deando definitivamente los condominios.82

Las descripciones sobre este acontecimiento son variadas, pero no muestran diferencias sustanciales a esta narración. Posteriormente, durante la decla-ración preparatoria de los detenidos ante el juez


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Para 1976 los colonos de Tierra y Libertad ya constituían un frente con 50 mil individuos afiliados.

Cuarto Penal, Marco Antonio Leija Moreno,83 se ofreció mayor información. Aunque en ocasiones se cayó en contradicciones entre testigos y acusa-dos, detalles que se pueden observar en el transcur-so de los careos a ambos grupos que participaron en el enfrentamiento.84

La información emitida originalmente era confusa; aunque se confirman dos muertes, el gue-rrillero acribillado es reconocido como José Ángel Garza, posteriormente se desmiente esta informa-ción y se identifica su nombre verdadero: Jesús Adolfo Rivera Gamiz, originario de San Pedro de las Colonias, Coahuila, y estudiante de la Facultad de Economía de la UANL. Por su parte, el policía Judicial muerto respondía al nombre de José de la Cruz, hijo del líder de los pepenadores y hombre influyente dentro del sector popular del PRI.85

A partir de que las fuerzas de seguridad tuvieron conocimiento de la existencia de la con-centración en este edificio de los asaltabancos, se rodearon los edificios adyacentes con elementos policíacos y se desarrolló un operativo de desalojo de sus residentes a partir de las 19:00 horas. Los elementos de la policía Judicial, dirigidos por Ale-jandro Garza Delgado, responsable del operativo,

iniciaron el enfrentamiento a balazos a partir de las 20:00 horas, resultando la primera muerte a las 20:43 horas.86

En este operativo fueron detenidas –ade-más de los descritos por el testigo Óscar Moraira– Bertha Guajardo, de 35 años, y otra mujer, en el de-partamento 34 del edificio número 7.87 Igualmente fue detenido Juan José Castillo, a quien le explotó una bomba de su propia fabricación.88 Otros dete-nidos fueron Rosa Aguilera, trabajadora social en Villaldama; Delfina Sosa Aguilera, maestra norma-lista; Héctor Leos Martínez, David Aguilera, Rito Antonio Guerrero, de 19 años; Rubén Cárdenas, de 29; Ricardo Morales Pinal y Jesús Mario Cas-tillón.89

A partir de ésta, se realizaron nuevas reda-das en otras casas de seguridad del grupo Procesos. Una de ellas fue en la finca ubicada en la calle Emi-lio Carranza, número 608, departamento 5, donde se encontraron otros individuos relacionados con los guerrilleros del edificio Constitución. En este lugar se realizó una nueva aprehensión pacífica, pues la policía informó que no encontró resistencia alguna. Los detenidos fueron: Héctor Leos Mar-tínez, de 18 años; Jesús María Castrillon Jiménez, de 19; Ricardo Padilla Brambila, David Aguilera Andrade, de 19, y Rubén de la Cruz. El parte poli-cial reportó que se encontró, además, propaganda comunista y leyendas del Movimiento de Acción Revolucionaria (mejor conocido como MAR); en conjunto se recogieron 81 mil pesos de estos luga-res.90

Otros lugares que fueron detectados y don-de se llevaron operativos fueron: la casa ubicada en la calle Galeana 222 sur (donde se encontraron dos metralletas y trece bombas molotov), otra ubicada en la calle Juárez, entre Modesto Arreola y Was-hington, otra en Venustiano Carranza cruz con Hi-dalgo y una más en la colonia Vistahermosa.91

Si nos apegamos a los informes posteriores donde aparecen las confesiones oficiales de los de-tenidos, el ingeniero químico y profesor de la Fa-

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cultad de Ciencias Químicas de la UANL, Jorge E. Ruiz Díaz, reveló no sólo los nombres de los ino-dados en el doble asalto bancario, dando nombres y domicilios, sino que confesó dirigir los asaltos. Ruiz Díaz aseguró haber conseguido en el botín 300 mil pesos y haber participado en otro asalto bancario efectuado días antes en la colonia Inde-pendencia.92 También comentó:

Dirigí diez elementos a la hora del doble asalto, el cual se realizó después de una serie de observaciones que se hicieron para conocer la vigilancia policíaca, horas de en-trada y salida a los bancos.El dinero obtenido en los atracos fue en-tregado a Raúl Ramos Zavala, quien se encargó de llevarlo a la Ciudad de México para apoyar económicamente al movimien-to [...]El día del doble asalto yo guiaba el Datsun blanco, el cual abordamos después de ha-ber abandonado los autos de sitio utilizados para los atracos.93

De forma análoga, al acto de sepultura que llevó a cabo la corporación policial de su exmiembro muerto en la balacera de los Condominios Consti-tución, José de la Cruz, 500 universitarios intenta-ron, el 18 de enero, sacar el cadáver –de su presunto asesino, Jesús Adolfo Rivera Gamiz–, del Hospital Universitario. Los estudiantes –en su mayoría de la Escuela Preparatoria número 1 y de la facultades de Química y Economía–, molestos por la falta de un funeral similar al del policía muerto, robaron pre-viamente diez camiones de pasajeros urbanos para trasladarse al Hospital Universitario. Sin embargo, el médico legista Ezequiel Puente logró evitar que sustrajeran el cadáver.94 En los días siguientes se mostraron grandes manifestaciones de estudian-tes y de otros grupos sociales simpatizantes con las actividades de la guerrilla, y terminaron ape-dreando el edificio de la Policía Judicial y al Casino de Monterrey.95 Los gritos de vivas a Rhi Sausi, Rosalba Garavito y a la guerrilla de Guerrero, de

Genaro Vázquez, fueron acompañadas de destro-zos y pintas en el centro histórico de la ciudad de Monterrey.96

La universidad no estuvo al margen de los acontecimientos, en enero de 1972 y antes de la ba-lacera en los Condominios Constitución, el director de la Facultad de Ciencias Químicas descubrió, en sus instalaciones, un arsenal de armas, municiones y bombas molotov empaquetadas en una de sus bo-degas. El aviso oportuno a las autoridades estatales desactivó un probable acontecimiento mayor.97

El rector Héctor Ulises manifestó a la opi-nión pública el sentir de las autoridades universita-rias por los últimos acontecimientos sucedidos en la ciudad, en los cuales numerosos universitarios resultaron involucrados. El rector comentó, el 19 de enero de 1972, lo siguiente:

Desde esta universidad hemos declarado que debemos crear las condiciones para un cambio de estructuras sociales que permi-tan el desarrollo, la libertad y el progreso humanos, y hemos dicho también que el camino hacia estos objetivos es arduo, di-fícil y complejo. Muchos intereses creados no han permitido que la comunidad tenga una visión integral de su propia realidad y cualquier empeño de los universitarios por cambiar este Estado de cosas es visto con agravios muchas veces infamantes. Ratificamos el firme propósito de procurar establecer las condiciones de cambio que requiere la universidad. Es doloroso que se pierda una vida en aras de una definición social, política o econó-mica, pero más doloroso resulta que, cons-cientes de nuestra realidad, haya empeños en sacrificar a quienes son producto natural de una estructura que para estos momen-tos no resuelve la problemática de nuestro tiempo.Exhorto a los universitarios para que uni-dos, con trabajo y energía, hagamos lo que


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FOMERREY fue creado en 1973 con la intención de integrar a las familias establecidas en la ciudad sin consentimiento legal.hacendarias. Fotografía: M. Villarreal.

esté al alcance de nuestras manos porque la justicia llegue. Una justicia clara, cabal, no mediatizada, con absoluto respeto a la dignidad y derechos fundamentales del hombre.La universidad está haciendo esfuerzos por encontrar su propia definición y los uni-versitarios nos encontramos empeñados en buscar soluciones a la problemática social. En este esfuerzo, y como signo de madurez, la comunidad universitaria está actuando al margen de hechos circunstanciales, que aunque dolorosos, no pueden desviarla desde la meta que se ha trazado: buscar nuevas perspectivas para el desarrollo de la cultura y un nuevo campo de acción de los universitarios para la integración de una justicia más justa.Por último, en el seno de la universidad surge y se desarrolla el cuestionamiento de la sociedad y de la cultura que hemos heredado y esta inquietud, fermentando en la juventud, puede generar respuestas múltiples, entre ellas algunas que podrían considerarse ilícitas. Pero todas estas res-

puestas son producto del comportamiento de una juventud crítica con una sociedad radicalmente injusta, sociedad que no ha sido generada por la universidad. En últi-ma instancia, la universidad nunca ha des-conocido a sus hijos ilustres, científicos, es-critores, etcétera, y por lo mismo, tampoco puede moralmente desconocer a sus hijos en desgracia, aun cuando pudieran estar equivocados.98

Sin embargo, nuevos actos de violencia y muerte estaban por venir. Dos aconteci-mientos guerrilleros más, uno sucedido a fines de 1972 y otro en septiembre de 1973, conmocionaron Monterrey.

El primero de ellos fue el acaecido el 8 de noviem-bre de 1972, día que se llevó a cabo el secuestro aéreo más espectacular realizado en el país:99 la Liga de Comunistas Armados, lidereados por Ger-mán Segovia, alias Raúl, secuestró el vuelo 705 de Mexicana de Aviación, con destino a la ciudad de México, en el aeropuerto Mariano Escobedo.100 Los secuestradores obligaron al piloto para que dirigiera el avión hacia la isla de Cuba; posterior-mente, el gobierno de este país facilitó el regreso de

todos sus ocupantes a Mon-terrey.101

El segundo aconte-cimiento está relacionado con la primera acción gue-rrillera a escala nacional que implementó la recién fundada Liga Comunista 23 de Septiembre: un comando de ésta intentó secuestrar a uno de los empresarios más prominentes del país con residencia en Monterrey. Si bien, un año atrás, el gru-po de los Procesos ya tenía contemplado el secuestro de seis posibles empresarios a

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Los movimientos sindicales tenían el objetivo de independizar y democratizar las direcciones de los sindicatos del control oficial o de la empresa.

fin de pedir un cuantioso res-cate (10 a 20 millones de pe-sos), entre los que se encon-traban los nombres de Cami-lo Sada, Manuel Barragán, Carlos Prieto, Eugenio Garza Lagüera, Alejandro Garza Lagüera y Eugenio Garza Sada, el Comité Nacional de la Liga optó por éste últi-mo.102 El 17 de septiembre de 1973 se llevó a cabo la acción bajo el comando dirigido por Edmundo Medina Flores; los otros integrantes fueron Juan Corral, Hilario Juárez García, Javier Rodríguez Torres y Hernando Martínez. In-terceptado el vehículo del empresario, y tras una balacera, resultó fallido el intento de secuestro y muertos Eugenio Garza Sada, su chofer (Bernardo Chapa) y un guardaespaldas (Modesto Torres); por su parte, la Liga perdió a dos de sus miembros (Ja-vier Rodríguez Torres y Hernando Martínez), en-contrados muertos dentro de un automóvil Falcon, a las 11 horas del mismo día.103 El primer informe sobre la muerte de Eugenio Garza Sada fue ela-borado horas después de los hechos por el propio responsable de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), Luis de la Barrera Moreno, a sus supe-riores, el secretario Moya Palencia y al presidente Luis Echeverría. Fechado en Monterrey, Barreda comenta en este documento de la DFS, desclasifi-cado y ahora en poder del AGN, lo siguiente:

A las 9:05 de hoy, en las calles de Villagrán y Luis Quintanar de esta ciudad, 6 indi-viduos de aproximadamente 23 y 24 años portaban pistolas automáticas y uno de ellos metralleta, tripulando una camione-ta pick-up color azul, desconociéndose el modelo y marca; interceptaron el automó-vil Ford Galaxie modelo 1970, color negro, placas de Nuevo León RHK-588 y trataron

de secuestrar a Eugenio Garza Sada, pre-sidente del Consorcio Industrial Cervece-ría [...] el individuo de la metralleta vestía una playera café con franja beige y bajó de la camioneta con tres más, apuntando con sus armas al vehículo de Garza Sada, el ayudante de éste, Modesto Torres, disparó a los asaltantes, registrándose un tiroteo, cayendo heridos los citados Garza Sada y Modesto Torres, además de Bernardo Cha-pa, chofer del industrial [...] patrullas de la policía preventiva local se trasladaron a los terrenos conocidos como el predio Tierra y Libertad con el fin de tratar de localizar a los asaltantes [...] a las 10 horas se tuvo conocimiento de que los tres heridos que fueron trasladados al hospital Muguerza habían fallecido.104

Menos de un mes después, otro comando de la Liga secuestró en Guadalajara al empresario Fernando Aranguren y al cónsul honorario britá-nico Duncan Williams. Las negociaciones para obtener el rescate de ambos fracasaron, por lo que el comando que retenía a ambos secuestrados tomó la decisión, sin consultar al dirigente nacional Salas Obregón, de dejar en libertad al cónsul Williams,


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pero ejecutar a Aranguren. Esta decisión enfadó a la dirigencia nacional, la cual hubiera preferido rea-lizar ambas ejecuciones, por lo que decidió no pa-sar por alto esta falta y dar un castigo ejemplar. El líder del comando, llamado Pedro Orozco, murió acribillado días después. La respuesta del Estado fue igual de brutal. Miembros de la Dirección Fe-deral de Seguridad, que comandaba Miguel Nas-sar Haro, localizaron y aprehendieron a dos miem-bros de la Liga que participaron en los secuestros: a Sebas (Ignacio Olivares) y a Roberto (Salvador Corral). Gustavo Hirales nos describe la saña con la cual fueron torturados y asesinados:

Al Sebas le quebraron todos los huesos, le metieron clavos de viga en las rodillas, en los hombros; según la prensa, la causa de la muerte fue que le hicieron estallar el cráneo. Con Roberto hicieron otro tanto. Luego, en un acto ritual –satánico, muy propio de la tira nassariana–, a Sebas fueron a tirarlo a Guadalajara, cerca de la casa de los Aranguren, mientras que a Roberto lo aventaron en Monterrey, a unos metros de donde viven los Garza Lagüera.105

A raíz de estos acontecimientos, se puede asegurar que la trágicamente famosa guerra sucia en el país había comenzado.

No hay duda de que el programa político que llevó a cabo el presidente Luis Echeverría tuvo sus timbres de éxito. Tal vez el más importante fue el diluir los efectos negativos del 68 en múltiples sectores. Sin embargo fue ineficaz ante la izquier-da radical de origen universitario, que para 1972-1973 había recurrido a la violencia. Este sector de oposición se convirtió rápidamente en una guerrilla urbana, producto de la actividad de estudiantes y profesores disidentes de las diferentes corrientes de izquierda y de organizaciones cristianas, que des-pués del 68 pasaron de las acciones críticas abiertas y legales a las vías de hecho y clandestinas. Aunque en ocasiones el PCM se adjudicó un cierto afán en

ver en esta lucha armada un resultado de su labor,106 su control sobre ella fue meramente demagógico. En otras palabras, terminaron adjudicándose he-chos que nunca previeron ni controlaron dentro de la heterogénea gama de la izquierda mexicana.

La represión oficial desarticuló el movi-miento estudiantil en la ciudad de México y en al-gunas ciudades de la república, como fue el caso de Monterrey. Pero a la vez facilitó la creación de una nueva cultura política radical de izquierda que optó por la lucha armada.107

La guerrilla en México no era nueva; du-rante los años sesenta las guerrillas rurales en Gue-rrero, encabezadas por Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, son un ejemplo de ello. Pero la guerrilla urbana de los setenta era diferente,108 la organiza-ción más importante fue la Liga Comunista 23 de Septiembre.

Se puede concluir, después de este sucin-to recorrido histórico, que una de las significantes centrales del movimiento estudiantil popular de 1968 en la ciudad de México y 1969-1973 en Mon-terrey, fue su pretensión de convertirse en pione-ro de la lucha por la conquista del derecho de los distintos grupos y clases sociales a organizarse sin la tutela estatal. Y en el caso de Monterrey, esta pretensión tuvo una fuerza importante al inicio del conflicto, sin embargo, rápidamente cayó presa de la propia tutela estatal (en este caso de las preben-das dadas por el gobierno federal en 1971 y 1972), en su intento de enfrentar al proyecto conservador de universidad pública que planteó el gobierno de Elizondo y la comunidad industrial regiomontana.

Por su parte, el proyecto conservador de la élite política-económica de Monterrey quedó res-tringido a Nuevo León durante varios años. Sin embargo, a partir de la década de los ochenta, y particularmente a raíz del triunfo del Partido Ac-ción Nacional en las elecciones para presidente de la república en 2000, el proyecto educativo, político y económico original de los grupos empresariales

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de Monterrey (con algunos ajustes, claro está) fue consolidado a nivel nacional. A partir de la segun-da mitad de 2000, la capital de la república y sede de los poderes de la Unión, vio la llegada de nu-merosos asesores egresados de las instituciones de educación superior privadas de Monterrey y de la UANL, destinados al sector económico y al sector educativo del gobierno federal: de Reyes Tamez, rector de la UANL (en el momento de ser invitado), al cargo de secretario de Educación para el sexenio 2000-2006. En el caso del Gobernador Fernando Canales Clariónd (un próspero empresario que ganó las elecciones estatales en 1997), renunció en enero de 2003 como encargado del poder Ejecutivo de Nuevo León para ocupar la Secretaría de Eco-nomía en el gabinete nacional. Ante su renuncia, el Congreso estatal designó como Gobernador interi-no a Fernando Elizondo Barragán, miembro, entre otros organismos, del PAN, de numerosos consejos Ejecutivos de destacadas empresas e instituciones de educación superior privadas, e hijo, por supues-to, del exGobernador Eduardo A. Elizondo.

Movimiento popular: Tierra y Libertad (1971-1976)

Sin duda, en las décadas de los cincuenta y sesen-ta del siglo XX en México, la creciente población migrante a las ciudades presentó un reto al sistema político mexicano. Este contingente de subemplea-dos y desempleados, dada su caren cia de recursos, no pudo participar en el mercado relacionado con la producción y distribución de vivienda y servi-cios públicos. La magnitud de este problema forzó al Estado a salir de su pasividad.

La participación del Estado en esta área por largo tiem po fue ínfima. Hasta la década de los cuarenta, la acción pública privilegió aquellas áreas de infraestructura y de co municaciones direc-tamente relacionadas con la industrialización del país. Aunque Monterrey fue un claro ejemplo de este comportamiento, la inversión privada rebasó

con creces la inversión pública. El área de atención a la vivienda pública prácticamente no existió; esta situación cambió en el curso de las décadas de los cuarenta y cincuenta, durante el auge de la polí-tica de sustitución de importaciones. Se creó una in fraestructura institucional109 y se comenzó con la construcción de vivienda pública. No obstante, la mayoría de sus esfuerzos estaba dirigida hacia los empleados y obreros califica dos.

En los años siguientes el problema urbano se agravó dada la migración masiva hacia las ciuda-des. Como en otras naciones latinoamericanas, la primera respuesta del sector público fue estimular la construcción en el sector privado, al igual que las organizaciones internacionales relacionadas con el área. Los asenta mientos ilegales y el fracciona-miento especulativo fueron tolerados y política-mente controlados por los grupos políticos locales. La industria privada no había Estado interesada en lo refe rente a proveer de vivienda a sus trabajado-res, a pesar que la ley federal del trabajo obligaba a todas las empresas con más de cien trabajadores a hacerlo.

Sin embargo, hubo una excepción a la re-gla en todo el territorio nacional. Éste fue el de las grandes empresas de Monterrey, las que desde dé-cadas atrás habían Estado desarrollando programas de vivienda para sus trabajadores como parte de sus políticas, consideradas por la literatura como paternalistas.

En la década de los setenta, las activida-des del Estado en el área de vivienda cambiaron drásticamente. Lo explosi vo de la situación ur-bana, por el peligro de que se dieran situaciones que escaparan del control oficial, forzó al gobier no a tomar las medidas necesarias. Se tomó una serie de iniciativas, comenzando en 1972 con la crea-ción del INFONA VIT, que hubo de encargarse de los aspectos administrati vos, financieros y de construcción de programas de vivienda para los trabajadores. El programa se debería financiar con las contribuciones de los patrones y del gobierno


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federal; sus objetivos eran muy ambiciosos; sin em-bargo en la práctica su cobertura pronto fue limita-da, por el hecho de que cualquier interesado en ser un prospecto debía tener un empleo estable. Este programa se limitó a los trabajadores capacitados en los sectores industrial y de servicios, sobre todo en las grandes empresas con presencia significativa del movimiento sindical oficial. Para ello, la pobla-ción debía integrarse en programas participativos creados por el Departamento de Promoción Social del INFONAVIT. El objetivo era llegar a algún tipo de autogobierno en los complejos habitaciona-les, de esta forma los inquilinos nombrarían a sus representantes desde el nivel de manzana en ade-lante. Esta estrategia involucró a las organiza ciones que hasta entonces habían integrado los sectores populares dentro de la estructura política oficial, como la CTM, los cuales vieron un campo fértil para el control político y social de sus agremiados. Otras instituciones paralelas como el FOVISSTE y el FOVIM se enfocaron a segmentos del mercado de trabajadores muy específicos. Estos esfuerzos del gobierno federal culminaron con la Ley Gene-ral de Asentamientos Humanos de 1976.

Esta ley estableció la prioridad del interés público sobre la propiedad y el control privado de los terrenos urbanos y buscó ofrecer un marco legal para una reforma urbana poste rior. La ley fue vio-lentamente rechazada por aquellos secto res del em-presariado y empleados de alto nivel de las empre-sas, los cuales estaban relacio nados con los intere-ses de los sectores de bienes raíces y de la industria de la construcción; los empresarios de Monterrey estaban fuertemente representados. Este paquete de reformas urbanas fracasó en el cumplimiento de sus objetivos originales, debido a la infiltración de intereses privados y oficia les en los programas emprendidos. Entre otros, por ejemplo: la activi-dad de construcción del INFONAVIT dependió de empresas privadas con objetivos de mercado; la asignación de estas viviendas pasó a manos de los dirigentes de la CTM; los terrenos privados y

públicos invadidos por numerosas familias fueron controlados para su legalización por líderes sin es-crúpulos. Amén de que la banca privada controló los aspectos financieros del programa federal. Es este ambiente de cultivo donde nace y se desarro-lla, en Monterrey, el movimiento independiente en busca de tierras suburbanas más importante –por su concepto y por su proyecto social y de autoges-tión– de América Latina.

Antecedentes

Monterrey no escapó a ser un importante foco de atracción para las masivas migraciones rurales de los Estados vecinos en treinta años. En ese periodo el área metropolitana de Monterrey vio sextuplicar su población de 190 mil habitantes en 1940 a más de un millón doscientos mil en 1970.

Por otra parte, esta avalancha poblacional encontró un Estado federal y un gobierno estatal débil para satisfacer a esta importante migración el acceso a vivienda.110 Si bien es cierto que por déca-das las empresas privadas habían dado facilidades para la construcción y adquisición de vivienda a gran parte de sus trabajadores, los recién llegados no tuvieron otra alternativa que ir invadiendo cada vez más las franjas no urbanizadas y limítrofes del municipio y de la metrópoli.

El movimiento de Tierra y Libertad tiene sus antecedentes en la década de los años sesenta. Los primeros esfuerzos de organización por parte de los sin tierra surgieron como reacción a las polí-ticas oficiales sobre esta área. En el periodo 1960-1964 se fundaron la Central Independiente de Or-ganizaciones del Pueblo (CIOI), bajo la dirección del Partido Comunista Mexicano (PCM) y de las Juventudes Comunistas. Estas organizaciones se crearon en contraposición de la Confederación de Organizaciones Populares (CNOP) y de una débil CTM que no había logrado enraizar en la tierra de las grandes empresas y sus sindicatos proempresa-riales.

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Entre 1971 y 1973 se llevaron a cabo ocho invasiones que llegaron a constituirse en colonias, entre ellas:

1. Mártires de San Cosme (180 familias) 2. Mártires de Tlatelolco (500 familias) 3. Genaro Vázquez (200 familias).

Aun cuando fueron hostigados por la policía mu-nicipal, los colonos lograron sobrevivir sin los servicios públicos y en construcciones realizadas con materiales no duraderos (cartón, papel, lámi-na, etcétera). Sin embargo, en marzo de 1973, una invasión de 1,500 familias condujo a la creación de la colonia Tierra y Libertad, que en los años siguientes sirvió como centro de coordinación de las actividades del movimiento de los sin tierra. En 1976 los diferentes movimientos indepen-dientes de las familias sin tierra se unieron en una organización denominada Frente Popu lar Tierra y Libertad.

Organización

La población de los sin tierra en Monterrey está forma da sobre todo por migrantes de las áreas ru-rales de San Luis Potosí, Coahuila, Zacatecas, Ta-maulipas y el mismo Nuevo León. Sus caracterís-ticas socioeconómicas los ubica dentro del subpro-letariado de Monterrey, principalmente trabajan como vendedores ambulantes, artesanos, albañiles, entre otras labores; hay un alto grado de analfabe-tismo entre ellos.

La lucha por un lugar dónde vivir, la cons-tante amena za de expulsión y la necesidad de ase-gurarse servicios de transporte, educación y salud, contribuyeron a la cohesión social del movimiento, a pesar de sus distintos orígenes regionales. Se es-tablecieron lazos familiares, compadrazgos y amis-tad. Además compartían un elemento en común: la pobreza.

La ocupación de los terrenos se hizo gene-ralmente por las noches y de preferencia en terrenos inhóspitos, donde la escri turación

no estaba claramente definida, los terrenos eran explorados previamente; se planeaban las invasiones para realizarse en momentos de coyunturas políticas (una visita presi-dencial o de alguno de los miembros del gabinete o algún otro evento de importan-cia nacional) lo que hacía que una repre-sión inmediata fuera menos probable. Las invasiones eran dirigidas por viejos exper-tos posesionarios y activistas universitarios. Éstos introducían una organización política de línea maoista dentro de las colonias .

Una vez establecidos y saboreando el éxito de los intentos de expulsión por parte de las autoridades municipales y estatales, los comuneros pasaron al siguiente nivel de organización: su legalidad. Si bien no podían buscar este rasgo en la estructura política y administrativa de la ciudad, sí podían establecer una serie de reglas que los ayudaría no sólo a continuar con la cohesión, sino a enfrentar unidos los retos de una comunidad que cada vez se ampliaba más en número. Fue así que inició una organización popular por asambleas, donde los sin tierra se organizaron en diferentes zonas definidas dentro del territorio recién adquirido. Estas zonas se definieron como manzanas. Ésta constituyó una estructura piramidal donde las decisiones de la ma-yoría se trasmitían hacia sus representantes y éstos, a su vez, con el resto de representantes de otras manzanas dando así una asamblea general, donde se discutía y se creaban los comités de defensa in-ternos, asuntos laborales, educación, asuntos feme-niles, asuntos médicos y asuntos económicos.

De acuerdo con Vellinga (1988), los comi-tés tenían las siguientes tareas:

1. Orden interno y defensa: en cada colonia funcionaba un comité de honor y justicia. Organizaba los rondines, una espe cie de policía de colonia que mantenía el orden público. Se construyó una prisión para aquéllos que hubiesen cometido una pena menor. La pena máxima era la expulsión de


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la colonia. En la mayoría de los casos esta pena se aplicaba a aquéllos de quienes se sospechaba que eran agentes de la política oficial.2. Asuntos laborales: la Unión de Trabaja-dores era el comité encargado de manejar los problemas de los trabajadores que ha-bían sido despedidos de sus empleos. Tenía un departamen to legal que ofreció asesoría legal tanto a los miembros como a los que no lo eran. Además organizaba actos de so-lidaridad en los casos de despidos masivos.3. Educación: a través de esfuerzos colec-tivos, el movimiento construyó sus propias escuelas. Éstas funcionaron de acuerdo a los estándares oficiales, pero eran supervi-sadas por comisio nes de padres de familia elegidos entre los posesionarios. Además, el movimiento tenía una organización es-pecial para las actividades de concientiza-ción y educación de adultos, así como una estación de radio.4. Asuntos femeniles: la Liga Femenil fun-cionó en cada colonia a fin de tratar los problemas internos relacionados con la si-tuación de las mujeres y los niños; también se encargaba de organizar los eventos des-tinados a reunir fondos para finan ciar las actividades políticas del movimiento.5. Asuntos médicos: se construyeron varias clínicas pequeñas y un hospital con equi-po médico donado por la Universidad de Nuevo León.6. Asuntos económicos: en esta área el mo-vimiento trató de administrar la economía en varias colonias, estableciendo pe queñas cooperativas donde los artículos de prime-ra necesidad eran producidos y vendidos. Poco después de la invasión ini cial, los po-sesionarios de Tierra y Libertad fundaron una cooperativa de carne; más tarde otra de materiales de construcción y otra de trans-

porte (pues el público oficial había rechaza-do dar un servicio completo). Además una gasolinera, un supermercado, una gran-ja, un taller de costura y otro de zapatos. Todo esto se construyó a base del esfuerzo colecti vo, durante los llamados domingos rojos y las semanas de unidad.

La organización mantuvo siempre su capacidad de moviliza ción de forma autónoma, al grado de no establecer ningún convenio social y legal con el resto de la ciudad. Los servicios de infraestructu-ra de la ciudad no fueron obtenidos de forma legal y todos fueron adquiridos de forma colectiva. En cuanto a la educación y a la salud, se organizaron para brindar ellos mismos estos servicios. Bajo esta organización, el colectivo debía ser homogéneo en cuanto a lo material –todos, por ejemplo, tenían ca-sas de un piso sin ostentación– y en su ideología, por lo que las purgas y acusaciones a miembros in-dividuales fueron frecuentes. Las expulsiones de la comunidad fueron precedidas de acusaciones, de asambleas de manzana y posteriormente, asambleas generales, donde el puritanismo fue un elemento de cohesión: entre otros ejemplos, se prohibían las be-bidas alcohólicas, se trabajaba en comunidad para la construcción de viviendas y trazado de calles y tendido de electricidad, agua y drenaje.

En el aspecto judicial, a la policía tanto mu-nicipal, estatal y federal no se le permitió la entrada. En estos enclaves dentro de la urbe, sus habitantes organizaban sus propias vidas y man tuvieron una exclusividad judicial y a través de la concientiza-ción de sus miembros.

Sustento ideológico

No hay duda que el sustento ideológico de Tierra y Libertad surgió originalmente del movimiento universitario de Nuevo León de fines de la déca-da de los sesenta y la primera mitad de la década siguiente. Algunos de los líderes del movimiento universitario –llamados por ellos orientadores– no

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sólo se habían unido con los movimientos de los sin tierra, sino que los habían guiado en los conceptos de: autonomía, autogobierno, democracia directa y participación. Sin embargo, su ideología es confusa y se fue adaptando conforme se fue dando la lucha; aunque algunos investigadores han querido encon-trar estrategias definidas como la maoísta en estos movimientos.

Sabemos que los colonos de Tierra y Liber-tad se afiliaron en sus inicios a una organización de origen universitario de carácter nacional denomi-nada Política Popular. En 1976 pasó a formar parte de otra organización denominada Línea Proletaria; pero para ese año, los colonos habían demostrado su capacidad de organización –aparentemente he-terogénea– al constituir el Frente Popular Tierra y Libertad con 50 mil individuos afiliados, distribui-dos en 16 asociaciones de colonos, 31 colonias, tres ejidos y tres sindicatos de trabajadores.

El movimiento frente a la urbe

Vellinga (1998) hizo una descripción de los dife-rentes movimientos de este conglomerado de co-lonos frente a las autoridades urbanas. Esta es una relación:

En junio de 1973 se fundó un asentamiento justo arriba de un área residencial de clase media; en la lucha que siguió con la poli-cía se tomaron rehenes de ambas partes. La policía se retiró y le pasó el problema al ejército, el cual sólo instaló una guardia en el camino al nuevo asentamiento y sir-vió como mediador entre los posesionarios, las autoridades civiles y los habitantes del barrio de clase media del otro extremo del camino; al final, los posesionarios se que-daron. Se construyó una pared entre la nue-va colonia y el área residencial finan ciada con fondos públicos. En agosto de 1973 la policía atacó la colonia Tierra y Libertad después de que los po-

sesionarios habían secuestrado un ca mión perteneciente a una pedrera cercana, con el fin de que se les indemnizara por daños causados por las explosiones de dinamita que ahí se realizaban. En la trifulca, varios posesiona rios fueron heridos con arma de fuego; sin embargo, tuvieron éxito en repe-ler a los atacantes. Atraparon una patrulla policíaca y la incendiaron. La policía se retiró. El dueño de la pedrera se disculpó públicamente por la situación que se había dado y ofreció reparar los daños.En febrero de 1974 Tierra y Libertad inició una campaña contra el alza en las tarifas de transporte urbano. Se secues traron al-gunos camiones. Como resultado de ello consiguie ron que las rutas de transporte urbano extendieran su recurri do hasta el interior de las colonias. El Gobernador del Estado se reunió personalmente con los representantes de Tierra y Li bertad a fin de solicitar la devolución de los camiones secues trados.En abril de 1974 el ejército intervino con el propósito de poner fin a las continuas invasiones llevadas a cabo por Tierra y Libertad en el sector sur de la ciudad. En negociaciones subse cuentes, el movimien-to prometió congelar futuras invasiones en el área, a cambio de que fueran puestos en libertad algunos posesionarios tomados presos durante invasiones previas. Al mis-mo tiempo, la policía estuvo de acuerdo en suspender sus intervenciones en la colonia. Este último acuerdo dio pie a que se creara la imagen que ha tenido el movimiento Tie-rra y Libertad por muchos años: la de tener “un Estado dentro de otro Estado”.En febrero de 1976 la policía mató a seis posesionarios quienes fueron sorprendidos “expropiando” electricidad. Este acto de represión condujo a enormes movilizacio-


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nes, con la participa ción de hasta 50 000 personas. Al final, el presidente Echeve rría aceptó recibir a los líderes del movimiento y prometió atender sus demandas: destitu-ción de las autoridades responsables e in-demnización a las familias de las víctimas. Además prometió buscar financiamiento para unos diez talleres que habían sido pla-neados en las colonias para mejorar la situa-ción del empleo. De ellas sólo una se llevó a efecto.

Años después el movimiento atrajo nuevos miem-bros y grupos de Monterrey que identificaron a Tierra y Libertad como una organización de peso político. Entre ellos se afilió, en 1978, un sindicato de taxistas cuya característica eran sus coches de color rojo y negro. Hubo también acciones en apo-yo a grupos radicales en el sector metalúrgico, en la industria de la cerámica y en la Universidad de Nuevo León.

Todo indica que tras la formación del Fren-te Popular Tierra y Libertad, el movimiento se ins-titucionalizó y perdió energía. Ante la ausencia de los factores iniciales que llevaron a la necesidad de adquirir tierra y organización ante la posible repre-sión de las autoridades –asuntos inmediatos resuel-tos– el movimiento empezó a decaer.

Para finales de la década de 1970, las au-toridades estatales buscaron la forma de cooptar al movimiento. Lo lograron en buena medida a partir de la primera mitad de la década de los ochenta, en la negociación con una de las partes del movi-miento. Esto demostró que era aparente la unidad del movimiento, pues atrás de él se escondía su heterogeneidad. Recordemos que buena parte de sus miembros eran migrantes rurales y urbanos de Estados vecinos, y que sus diferentes actividades laborales iban desde recolectores de basura hasta obreros calificados, pasando por ejidatarios, taxis-tas, estudiantes, carpinteros, obreros de la cons-trucción, entre otros.

El movimiento se debilita

Dos acontecimientos impactaron en el debilita-miento de este movimiento urbano; uno de ellos fue un mecanismo ya existente pero que no había logrado convencer al movimiento en su etapa de más fortaleza. En efecto, la punta de lanza de las autoridades para dividir y debilitar el movimiento fue la legalización de sus propiedades. Esto atrajo a un nutrido grupo de colonos que reconocieron que aspiraban a tener su propiedad privada, pero, sobre todo, esta tendría valor si se integrara a la sociedad y a sus leyes. El ideal de vivir aislados y su política de rechazar a la sociedad urbana exte-rior –jerarquizada y gobernada por intereses nada compatibles con ellos– se volvió una falacia para buena parte de los colonos a mediados de la si-guiente década.

El organismo gubernamental estatal fue Fomento Metropolitano de Monterrey (FOME-RREY). Éste fue creado en 1973 como un fideico-miso que debía integrar a las familias ilegalmente establecidas a través de su traslado a los asenta-mientos recién construidos y la legalización de los asentamientos ilegales existentes.

Según cifras del propio FOMERREY (Trujillo, 1978), en el área metropolitana de Mon-terrey, 51 mil familias estaban ocupando irregular-mente 225 asentamientos, o estaban establecidos ilegalmente en terrenos federales, estatales, muni-cipales o ejidales. El conjunto de la población de estos asentamientos se calculaba en 300 mil perso-nas. De éstas, las controladas por FOMERREY eran 16,782 familias (33% del total) ubicadas en 35 asentamientos; otros programas oficiales similares de legalización de tierras y reubicación de asenta-mientos ilegales como Plan Tierra Propia acapara-ban 25,510 familias (50%) en 158 asentamientos; y, finalmente, las 8,488 familias (17%) restantes dis-tribuidas en 32 asentamientos eran integrantes del Frente Tierra y Libertad.

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El otro acontecimiento fue la llegada al po-der Ejecutivo estatal de un personaje político de la vieja guardia del Partido Revolucionario Insti-tucional (PRI). Reconocido por su trayectoria de mano dura ante toda manifestación masiva contra las instancias del poder político (ver movimiento estudiantil, en este mismo apartado), Alfonso Mar-tínez Dominguez fue elegido por las urnas como Gobernador estatal en 1979. Le antecedía un retiro obligado de la vida política desde su cuestionada participación como regente del Distrito Federal, en los acontecimientos represivos de la manifestación estudiantil del Jueves de Corpus, en 1972.

Instruido en la época autoritaria del PRI, Martínez Dominguez utilizó la parte represiva del aparato público con gran destreza política. Con su llegada, y durante su primer año de Gobernador, no toleró ninguna invasión de terrenos urbanos; los sindicatos que apoyaron alguna ocasión al movi-miento de Tierra y Libertad fueron reprimidos. Los sindicatos independientes fueron desarticulados o sometidos (el ejemplo más elocuente fue el Sindi-cato de Trabajadores de la UANL) y los sindicatos oficiales como la CNOP y la CTM –que mostraron en algunas ocasiones chispazos de simpatía por el movimiento–, volvieron a integrarse como un en-granaje más del partido en el gobierno. Con el pro-grama Tierra Propia, los sin tierra afiliados a estos sindicatos recibieron sin mayor dilación propuestas de legalizar sus asentamientos y el gobierno sirvió de mediador con los dueños de los terrenos a fin de que llegaran a un acuerdo. Para 1981, más de una tercera parte (120 mil) de los sin tierra poseían o es-taban en trámites para adquirir su predio de forma legal.

Ante este entorno, y aunque los colonos de Tierra y Libertad rechazaron originalmente la propuesta del Gobernador, tuvieron que ver cómo sus pretensiones eran socavadas. En una evidente acción a fin de debilitar el movimiento y aislarlo, el gobierno estatal expropió, en febrero de 1983, los

terrenos que se encontraban alrededor del asenta-miento de Tierra y Libertad. Tan pronto se dio el decreto, el gobierno estatal tendió su mano a fin de facilitar la regularización de sus predios. Cerca de la mitad de los colonos aceptó el ofrecimiento a petición de sus líderes. Tan pronto se regularizaron recibieron de forma gratuita los servicios indispen-sables como el agua potable, red de drenaje y ten-dido eléctrico. Este hecho dividió el movimiento en dos, los cuales terminaron autodenominándose: Frente Popular Tierra y Libertad y Movimiento Popular Tierra y Libertad, respectivamente.

Sin duda, el partido oficial, heredero de la sedición de 1910, tenía todavía bríos en la década de 1980 para someter movimientos urbanos inde-pendientes y cooptarlos tal y como lo había hecho a lo largo del siglo XX.

Movimientos sindicales

Los principales movimientos sindicales tuvieron como ob jetivo independizar y democratizar las direcciones de los sindicatos del control oficial (CTM o Congreso del Trabajo) o de la empresa. El periodo de agitación más intensa se de sarrolló entre 1972 y 1976, cuando se produjeron moviliza ciones de los ferrocarrileros, petroleros, minero-metalúrgi-cos, electricistas, telefonistas, universitarios y buró-cratas. El movimiento se localizó en los mu nicipios que concentran la mayor parte de la industria: San Nicolás, Santa Catarina y Monterrey.

De acuerdo a María de los Ángeles Pozas, las formas de lucha se clasificaron en:

1. Huelgas.2. La toma de locales sindica les para recu-perar la dirección de los sindicatos. 3. Mítines, movilización informativa y ma-nifestaciones generalmente apoyadas por los contingentes de Tierra y Libertad y por los universitarios y brigadas de informa-ción.


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4. Asambleas per manentes. 5. Brigadas para obtener fondos y despensa para la resistencia de las huelgas6. Desplegados en los periódicos, entre otros.

Entre los movimientos más importantes de este periodo se encuentran:

1. El movimiento entre 1972 y 1975 de las trabajadoras de la fábrica Medalla de Oro que tuvo resonancia nacional.2. La huelga de Gamesa que terminó con la interven ción policíaca.3. Los múltiples conflictos del Sindicato de Telefonistas con la empresa Telmex, que se expresaron en paros y manifestaciones du-rante toda la década de los se tenta. 4. La lucha de los trabajadores de la sección 67 del Sindicato Minerometalúrgico, que realizó huelgas en 1973 (tres días), en 1975 (24 días), en 1977 (49 días), esta última vivida por los trabajadores como una de-rrota total (la últi ma batalla se libró en 1986 cuando se anunció el cierre de la Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, sin que se lo grara la reapertura de la empresa).5. La movilización, en 1974, del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autó-noma de Nuevo León (STUANL) por la reinstalación de 400 despedidos apoyada por los contingentes de Tierra y Libertad y la lucha de la izquierda por conservar la dirección del sindi cato en 1979-1980, que finalmente se pierde. 6. La huelga de los trabajadores de Crisa en 1979, cuyo objetivo era independizar el sindicato de la tutela de la empresa, primera huelga desde 1936 en una industria del gru-po Monterrey. 7. Otras huelgas que se presentaron fueron en las empresas siguientes: Keramos, Bim-bo, Industrias González y Tubacero, entre otras.

8. Paralelamente, la Confederación de Tra-bajadores de México (CTM) llevó a cabo una intensa actividad para tratar de quitar la titularidad del contrato colectivo a la Federación Nacional de Sindicatos Inde-pendientes (FNSI), como fueron los casos entre otras de las empresas Clover, Jacuzzi, Polipastos y Rovitex.

Movimientos empresariales

Este ambiente, caracterizado por una numerosa pero desarticulada movilización social en Monte-rrey, tuvo su sustento en la política económica y social del régimen de Luis Echeverría. Por ello, no es sorprendente que al igual que en las anteriores etapas de la sedición de 1910, de la lucha sindical en 1936 y de la protesta por los libros de texto gratuitos en 1962, haya generado una enérgica reacción de los sectores empresariales, ubicados esencialmente en el munici pio de Monterrey.

Las organizaciones empresariales más ac-tivas fueron la Cámara Nacional de Comercio de Monterrey, la Cá mara de la Industria de la Trans-formación de Nuevo León, el Centro Patronal de Nuevo León y el Centro Bancario de Monterrey, apoyados, por supuesto, por la Unión Neoleonesa de Padres de Familia y el Partido Acción Nacional.

El movimiento empresarial se manifes-tó a través de cartas abiertas dirigidas al presi-dente; desplegados en la prensa; declaraciones de empresa rios y representantes del sector; amenaza de suspensión de pago de impuestos federales; amenazas de no inversión y la posible or ganización de una manifestación multitudinaria.

Las exigencias se centraban en negociar con el gobierno estatal y federal una garantía de paz, orden y tranquilidad en la ciudad; no inter-vención del gobierno en negocios propios de la ini-ciativa privada; regreso a la tradición de consultar con los empre sarios las reformas a la ley que afecten al gremio; mano dura frente a la guerrilla urbana y a

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los movimientos estudiantiles y del profesorado en la universidad pública (UANL) –principalmente tras la muerte de don Eugenio Garza Sada–; la eli-minación de las acusaciones realizadas por el sector público al gremio empresarial y no intervención de la CTM en los sindi catos de sus empresas (Martí-nez, 1984).

Los principales puntos de conflicto en re-lación con la polí tica del régimen de Echeverría fueron, de acuerdo con Pozas (1995):

1. El impuesto del 10% a los artículos de lujo. 2. El proyecto de impuesto patrimonial den tro de una reforma fiscal integral.3. El salario mínimo de emergencia de 1973.4. La política contra la carestía y la infla-ción que implicaba control y vigilancia de precios.5. El apoyo al gobierno de Unidad Popular en Chile.6. El proyecto inicial de la Ley General de Asentamientos Humanos.7. La devalua ción del peso y la subsecuente recomendación presidencial de un aumen-to salarial de 23%.8. La creación del Consejo Coordinador Empresarial.9. La reunión nacional de empresa rios en Chipinque.

En cuanto a los puntos críticos a la situación preva-leciente en la ciudad fueron:

1. La oposición al movimiento universita-rio y a la renuncia de Eduardo Elizondo en 1972, que culminó con una gran manifesta-ción el 20 de octubre.2. El desacuerdo con la situación de in-seguridad e intranquilidad, expresado en carta abierta al presidente en junio de 1973, agravado por la actividad de la guerrilla ur-bana.

3. El asesinato del empre sario Eugenio Garza Sada en septiembre de 1973, que dio lugar a un reclamo en presencia del presi-dente y que luego fue publicado en forma de un desplegado firmado por la CANA-CO, la CANACINTRA, el CENTRO PATRONAL y el CENTRO BANCA-RIO de Monterrey.4. La aparición de la comuna de posesiona-rios Tierra y Libertad. 5. La inseguridad laboral.

La mayoría de estos conflictivos movimientos que agitaron a la sociedad de Monterrey en la década de los setenta se diluyeron significativamente en la década siguiente debido en gran parte a las sucesi-vas e impactantes crisis económicas que iniciaron en la década de los ochenta y se repitieron hasta mediados de la última década del siglo XX.


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1. AGENL 17,5 5 1938 (Expediente de Carmen Vi-llagrán y socios).

2. AGENL, Archivo de la Junta de Conciliación y Arbitraje, 244/7/1941.

3. AGENL, Archivo de la Junta de Conciliación y Arbitraje, 179/5/1938.

4. Los alumnos de primero y segundo grados re-cibirían un libro de lectura y un cuaderno de tra-bajo que comprendía conocimientos básicos sobre lengua nacional, aritmética, historia, civismo, geo-grafía y ciencias naturales. A partir de 3° recibían cuatro textos con sus respectivos trabajos (Greaves, 2001).

5. Véase el periódico El Norte, Monterrey durante esta época.

6. El Norte, Monterrey, 2 de febrero de 1962.

7. El Norte, Monterrey, 3 de febrero de 1962.

8. Véase entre otros a: González Marín, 2003; Martré, 2002; Ortega, 1998; Aguilar Camín, 1993, 1992 y 1989; Taibo II, 1992; Guevara Niebla, 1988 y 1978; Zermeño, 1978; Estrada, 1974; González de Alba, 1971 y Ramírez, 1969.

9. Como el caso de: Gonzáles Rubio, 1998; Guajardo, 1998; Medina, 1994; Arriola, 1979; Aguilar, 1978; Molina, 1978 y García Cantú, 1972.10. Medina, 1994.

11. Zermeño, 1978.

12. Véase a: Ortega, 1998; Taibo II, 1992; Villoro, 1978 y 1979; Poniatowska, 1978-1979 y

1971; Zermeño, 1978; Paz, 1977; Wences, 1971; Knochenhauer, 1969 y Ramírez, 1969.

13. Segovia, 1973.

14. ICAP, 1984.

15. León y Marván, 1984.

16. Véase Flores, 2000 y Zavala, 1977.

17. Véase la obra clásica de Ojeda, 1976.

18. Véase a Guevara Niebla, 1992 y Zermeño, 1978.

19. Como lo contemplan: Sánchez, 1999; Ruiz, 1995 y 1990; Gutiérrez, 1984; Morales, 1979 y Nuncio, 1978.

20. Véase Medina, 1994; Carreño, 1980 y Zavala, 1977.

21. Como así lo aseguran Medina, 1994; Villegas, 1993; Peschard, 1987; Guevara 1978-1979 y Zavala, 1977.

22. El Norte, Monterrey, 9 de marzo de 1968, 1-B.

23. Véase El Norte y El Porvenir, Monterrey, du-rante el 9 y 19 de marzo de 1968.


25. Idem. Véase los Anteproyectos de Ley realizados por Elizondo denominados “Instituto de Préstamos para la Educación Superior y Técnica del Estado de Nuevo León” y “Reglamento de la Ley”.

26. Véase El Norte y El Porvenir, Monterrey, 10 al 20 de marzo de 1968. Véase también a Ruiz, 1995 y 1990.

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27. El Norte, 11 y 20 de marzo de 1968. Véase tam-bién a Gutiérrez Castoreña, 1984.

28. El Norte, Monterrey, 2 de abril de 1968, 1-B.

29. El Norte, Monterrey, 6 de enero de 1968, 1-B.





34. Para noviembre de 1972, la distribución de alumnos en las Instituciones de Educación Superior privadas en Monterrey estaba como sigue: el ITESM tenía 12,250 alumnos; el CEU, 3,487; la UDEM, 3,402 y la UR 2,000 alumnos. El Norte, Monterrey, 30 de noviembre de 1972: 2-B.

35. Farías, 1973.

36. Latapí, 1979.

37. Véase a Latapí, 1979; Zermeño, 1978 y Segovia, 1974.

38. Véase entre otros a: Sánchez, 1999; Ruiz, 1995 y 1990; Gutiérrez, 1984 y Nuncio, 1978.

39. Véase el comunicado de la creación de esta aso-ciación, dirigida a los universitarios en El Norte, Monterrey, 24 de octubre de 1969.

40. El Norte, Monterrey, 5 de noviembre de 1969, 11-B.

41. Véase “Sobre el Proyecto de Reforma a los Artículos 16 y 24 de la Ley Orgánica”, El Norte, Monterrey, 10 de noviembre de 1969, 1-B.

42. Véase El Porvenir y El Norte, Monterrey, 11 de noviembre de 1969.

43. Idem.

44. Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, Gobierno del Estado de Nuevo León, Monterrey, 11 de noviembre de 1969.

45. Véase El Norte, Monterrey, 11 de noviembre de 1969, 7-B.


47. El artículo transitorio único que presentó Elizondo personalmente ante el Congreso decía: “Conforme a las disposiciones de la Ley Orgánica de la UNL mientras se elijan los nuevos titulares de la autoridad universitaria, los maestros deca-nos de cada Facultad o Escuela quedarán al cargo de las respectivas Direcciones. Por lo que hace al Rector, los mencionados maestros decanos y UN NÚMERO IGUAL DE REPRESENTANTES ESTUDIANTILES seleccionarán a un rector pro-visional, a reserva de que el definitivo sea nombra-do”. Véase El Norte, Monterrey, 19 de noviembre de 1969, 1-B.

48. Idem.

49. El Norte, Monterrey, 21 de mayo de 1970, 1-B. Véase también Ruiz, 1990.

50. ICAP, 1984:283.

51. Véase Medina, 1994; Whitehead, 1980 y Zavala, 1976.

52. Medina, 1994: 223.


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53. Véase entre otros a: González Rubio, 1998; Bellingeri, 1993; Labastida, 1990 y Luna, 1978.

54. Ver Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, Monterrey, Gobierno del Estado de Nuevo León, 27 de marzo de 1971. Véase también De León, 1989.

55. Idem.


57. Idem.

58. Idem.

59. Idem.

60. El Porvenir, Monterrey, 13 de abril de 1971.

61. Véase a: Krauze, 1997; Labastida, 1990; León y Marván, 1984; Tirado, Sierra y Dávila, 1971; y Ortiz, 1971.

62. Medina, 1994:223.

63. En octubre de 2001, el gobierno del presi-dente Vicente Fox creó la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, a fin de esclarecer las desapariciones de la guerra sucia. Esta Fiscalía –a cargo del fiscal especial Ignacio Carrillo Prieto–, trabaja sobre la primera averigua-ción previa que abrió la dependencia y que con-sistía en la investigación de 531 presuntos desapa-recidos. Para el primero de septiembre de 2002, la dependencia había recibido un número creciente de quejas y agravios, sembrados en los días del au-toritarismo del antiguo régimen priísta. Por lo que habrá que agregar las pesquisas sobre las matan-zas de 1968 y 1971; el asesinato de 658 militantes del PRD y el número indeterminado de profeso-res miembros del llamado magisterio democrático

(Beltrán, 2002). Sabemos que la muerte de Digna Ochoa en 2001, catapultó la decisión del nuevo go-bierno de esclarecer estos hechos y entregar parte de los Archivos de la Secretaría de la Defensa (486 cajas entregas en enero de 2002), del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y de la Secretaría de Gobernación (2,090 cajas) al Archivo General de la Nación (AGN). Entre el 19 y 21 de fe-brero de 2002 fueron entregadas al AGN 4 mil ca-jas del Cisen. De estas cajas, Sergio Aguayo, quien ha trabajado parte de esta documentación (Aguayo, 2001), calcula que son 80 millones de tarjetas con documentación de 4 millones de actores políticos, además de 26 mil videos y 250 mil fotografías (en-trevista de Óscar Flores con Sergio Aguayo el 31 de julio de 2002, en Zamora, Michoacán). A raíz de estos hechos, Alfonso Martínez Domínguez y el expresidente Luis Echeverría enfrentan, des-de 2002, acusaciones de genocidio por su parti-cipación en las matanzas estudiantiles de 1971 y 1968, respectivamente. A fines de 2002, Alfonso Martínez Domínguez murió, llevándose consigo información que hubiera involucrado a gran núme-ro de personas del viejo sistema político autoritario de México.

64. Ahora sabemos que los Halcones recibieron entrenamiento militar por parte de oficiales del Ejército Mexicano. Antes de la matanza del 10 de junio de 1971, los Halcones (creados en 1968 y di-sueltos en 1971, después de la matanza del 10 de ju-nio) se dividían en cuatro subgrupos: los Halcones, que eran golpeadores; los Acuario, jóvenes de apariencia estudiantil cuyo objetivo era infiltrarse en las universidades y organizaciones estudian-tiles; los Pancho Villa, grupo de porros violentos que desestabilizaban las preparatorias y facultades universitarias conflictivas; y finalmente los más peligrosos, denominados Charros, hombres arma-dos y de carácter violento a la menor provocación (Tirado, 1997).

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65. Ramírez Salas, 2002:3.

66. Arturo Gámiz era periodista, profesor de prima-ria e ideólogo del movimiento.

67. Véase a Sierra, 2002 y Armendáriz, 2001.

68. Esta acción fue la primera y última de esta or-ganización, ya que en el acontecimiento murieron sus principales líderes y casi todos sus miembros. Véase a Valdés, 1968.

69. Armendáriz, 2001:71-72.

70. Véase a Carlos Tello Díaz (1995). A decir de Jorge Luis Sierra, sus métodos de trabajo eran “muy distintos a los demás grupos, pues sus mi-litantes nunca se adjudicaban la obtención de fon-dos económicos a través de asaltos bancarios o del secuestro de políticos, empresarios y diplomáticos, las FLN trabajaron con una visión de largo plazo bajo condiciones casi absolutas de clandestinidad” (Sierra, 2002: 23).

71. El núcleo original de esta organización estaba integrado entre otros por Rosalva Garavito Elías (años después líder por largo tiempo de la fracción parlamentaria del PRD en el Senado de la repúbli-ca), José Luis Rhi Sausi, Sergio Dionisio Hirales Morán, Gustavo Hirales Morán, Jorge Alberto Sánchez Hirales, Mario Ramírez Salas, Bonfilio Cervantes Tavera, Blanca Cervantes Tavera, Victoria Montes, Eduardo González, Pedro Morón Chiclayo, José Luis Sierra, Ricardo Morales Pinal y Héctor Escamilla Lira (Ramírez Salas, 2002).

72. El primer alias en referencia al santo San Vicente de Paúl, y el segundo, nombre del profeta quien sentenció: “Quien siembra vientos cosecha tempestades”.

73. Véase Flores, 2001.

74. Al grupo de Los Topos de La Liga se les atribu-yó detonaciones de bombas caseras en la siderúrgi-ca Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey entre 1972 y 1973. Véase Fernández Menéndez (2002).

75. Idem.

76. A mediados de 1972 ya se había logrado la uni-dad de los diversos grupos que realizaban acciones político-militares en el país. En otras palabras, las agrupaciones que finalmente se fusionarían y crea-rían esta organización actuaban de manera coordi-nada a partir del intento de alianza en agosto de ese año, con la Brigada de Ajusticiamiento del Partido de los Pobres de Lucio Cabañas. Las organiza-ciones que la compusieron fueron: los Procesos de Nuevo León, cuyo dirigente era Ignacio Salas Obregón; el Movimiento de Acción Revolucionaria (MAR) y el grupo 23 de Septiembre, cuyos centros operativos se encontraban en Chihuahua y el sur de Sonora (son de destacar a Manuel y Eleazar Gómez Rascón y Rodolfo Gómez García); Los Enfermos de Sinaloa, organización alimentada por la JCM (Camilo Valenzuela, Antonio Medina de Anda y Francisco Rivera) y por el activismo estu-diantil de la Universidad Autónoma de Sinaloa; los Macías de Tamaulipas, Sonora y Chihuahua, vie-jos militantes Espartacos como Edmundo Medina, Salvador Corral y Elías Orozco; el Frente Estudiantil Revolucionario de Jalisco (FER), cuyos líderes eran Clemente Orozco Guzmán, El Richard y El Clark; los Lacandones de Chihuahua y del Distrito Federal, representados por Miguel Domínguez y David Jiménez Sarmiento; el Grupo Comunista Los Guajiros, de Baja California, Chihuahua y el Distrito Federal, cuyos dirigentes más represen-tativos eran Leopoldo Angulo Luken, Francisco Alfonso López Rayón y José Luis Alonso Vargas; Las Fuerzas Armadas de la Nueva Revolución (FANR); el Grupo de Oaxaca y la Brigada Revolucionaria Emiliano Zapata (Alonso, 2002; Sierra, 2002; Esteve, 1996; Castañeda, 1992 y Loza, 1986).


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77. Véase Hirales, 1978 y 1978ª y Rhi Sausi, 1977. Entre 1978 y 1982, 244 guerrilleros se acogieron a la Ley de Amnistía y recibieron su libertad. Véase Esteve, 1996.

78. Véase Fernández Méndez, 2002.

79. Entrevistas de Óscar Flores con Mario Ramírez Salas (integrante del tercer comando) en Zamora, Michoacán, el 29 y 30 de julio de 2002 (véase también Hirales, 1996). Mario Ramírez Salas se hospedó durante varios días en la casa del jesuita y profesor del ITESM, Javier de Obeso, durante la redada y persecución que sufrieron los miem-bros guerrilleros de los Procesos. Logró salir de Monterrey, regresar a la ciudad de México y pos-teriormente, en agosto de ese año, trasladarse con otros guerrilleros a la sierra de Guerrero, donde te-nían la misión, dada por Salas Obregón, de buscar una alianza con el Partido de los Pobres de Lucio Cabañas.

80. Véase El Porvenir y El Norte, Monterrey, de 15 al 23 de enero de 1972.

81. Declaración preparatoria de los acusados ante el Juez Cuarto Penal, Marco Antonio Leija Moreno, Monterrey, 21 de enero de 1972.

82. El Norte, “La toma del edificio Constitución”, Monterrey, 18 de enero de 1972, 6-A.

83. Entrevistas de Óscar Flores con Marco Antonio Leija Moreno el 18 de mayo y el 25 de agosto de 2002 en Monterrey, N.L.

84. Declaración preparatoria de los acusados ante el Juez Cuarto Penal, Marco Antonio Leija Moreno, Monterrey, 21 de enero de 1972.

85. El Norte, Monterrey, 18 de enero de 1972, 6-A.

86. Idem.

87. Idem.

88. Idem.

89. Idem.

90. Idem.

91. Idem.

92. El Norte, “Confiesa dirigir doble asalto. Ruiz Díaz hunde a sus cómplices”, Monterrey, 18 de enero de 1972, 8-A.

93. Idem.

94. El Norte, “Grupo intenta sacar cadáver del ase-sino”, Monterrey, 19 de enero de 1972, 3-A.

95. El Norte, “Apedrean la Judicial y el Casino”, Monterrey, 19 de enero de 1972, 1-B.

96. Véase El Norte, “”Chusma de vándalos daña y pintarrajean”, Monterrey, 19 de enero de 1972, 1-B.

97. Véase la entrevista con Pablo Morales Pinal (di-rector de la Facultad de Ciencias Químicas de di-ciembre de 1971 a 1973), en Proyecto UANL, “Un director polémico”, revista mensual, año 1, número 3, 1995: 12. Morales Pinal comentó: “Cuando yo era director de Ciencias Químicas, hubo movimientos armados y una serie de circunstancias peligrosas. Rodolfo Salinas, quien era secretario de la facultad, me fue a ver y me dijo: ‘Maurilio, el de la cueva –cueva le decíamos al almacén– me fueron a ver unos muchachos para llevarme unas cajas’. Fuimos a la cueva, las abrimos y resultó que eran armas. Rodolfo me dijo: ‘¿Cómo la ves?’; ¿cómo que cómo

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la veo? Llámale a la policía, le contesté. Entonces comentó: ‘Pero es que ahí podemos ir todos’. Era un hecho que no se podía ocultar, era un delito y yo tenía que cumplir con mi deber. Y fui yo quien entregó las armas y los pasamontañas a la policía”.

98. El Norte, “Rectoría a la comunidad universita-ria”, Monterrey, 20 de enero de 1972, 7-A.

99. El 2 de agosto de 1970 se presentó el primer secuestro aéreo de la historia, cuando un Boeing 747 fue desviado mientras volaba de Nueva York a Puerto Rico.

100. Véase El Porvenir y El Norte, 9 y 10 de noviem-bre de 1972. Entre las personalidades políticas y em-presariales de la localidad que se encontraban en ese avión estaban: Jorge Fernández Ruiloba y Eugenio Garza Botello, del Centro Patronal; Dionisio Garza Sada y Francisco González, quienes asistirían a la Asamblea de COPARMEX, a llevarse a cabo en Cuernavaca, Morelos; Graciano Bortoni, Gonzalo Estrada, Wesley H. Parsons, del consulado de los Estados Unidos de América en Monterrey; Óscar y Rooselvet Guerra, Jaime Llaguno, Pablo Madero, Jesús y Roberto Zambrano, Rogelio Elizondo y el profesor e investigador de la UNAM, Santiago Genovés, entre otros.

101. Idem.

102. Véase Fernández Menéndez, 2002.

103. Idem.

104. Ibid. Este documento mostrado por Fernández es el expediente 11-219-972, legajo 2, hojas 46-47 de la desaparecida DFS, ahora en el AGN, México.

105. Hirales, 1996:71.

106. Véase Campa, 1978.

107. Véase a Palacios, 1996; Bellingueri, 1993; Gutiérrez, 1984 y Morales, 1979.

108. Véase Alonzo Padilla, 2002; Bellingueri, 1993; Careaga, 1971 y Fuentes, 1971.

109. Entre otros podemos mencionar al Banco Nacional Hipotecario y de Obras Públicas (BANOBRAS) creado en 1947; el programa de vivienda del Instituto Mexicano del Seguro Social que inició en 1953; y el Instituto Nacional de la Vivienda el cual nació en 1954.

110. LA PROBLEMÁTICA HABITACIONAL, (1981), La Problemática ha bitacional de los grupos de bajos ingresos de Monterrey: una propuesta de acción. México, Facultad de Arquitectura de la UANL.


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107

CAPÍTULO VIIIUn estudio de caso:

la UNL y la conquista de la autonomía (1968-1972)

Se ha pretendido, por un lado, la despolitización estudiantil: adormecer a los alumnos con los datos escuetos, exclusivamente, de un conocimiento espe-

cializado.Y, por el otro, la corrupción política: el salario

de la ambición precoz, a cambio de solidaridad inme-diata a causas transitorias y menores. Dos errores, o si se mira bien, dos crímenes cuyas consecuencias se advierten en lamentables tumultos de minorías, lesi-

vos a todo el proceso universitario. La tarea del maestro no es torcer los derechos

políticos de los jóvenes, ni abatir sus derechos, sino entenderlos y respetarlos. También los maestros tie-nen obligaciones y responsabilidades políticas ante los alumnos. Entre éstas cuenta mucho la de ense-ñarlos a distinguir entre la política, actividad de la emoción y la razón, a la de la politiquería, desahogo del instinto. Es una pamplina lo de la universidad al margen de la política, pero es una miseria, meter a los

jóvenes en disputas mezquinas de facciones.

José Alvarado, 1967

La Universidad Autónoma de Nuevo León es la máxima casa de estudio en el Estado. Fotografía: M. Villarreal.

108


1

El periodo que transcurre entre 1968 y 1972 es uno de los más ricos y esperanzadores de la historia de la ahora Universidad Autónoma de Nuevo León. En él, los protagonistas de esta época –visualiza-da en nuestro imaginario social como inestable, conflictiva y violenta–, sentaron las bases de una universidad más justa, más sensible a su entorno y, sobre todo, más humana. Estimado lector, lo que leerás a continuación es una interpretación lejana en el tiempo de esta época convulsiva, pero no por ello no objetiva. La cantidad de fuentes es inmen-sa pero dispersa, como suele suceder en las épocas en que los acontecimientos venideros sobrepasan los propósitos y las esperanzas del día anterior. Sin embargo, hubo muchos proyectos como grupos universitarios se formaron al calor de los aconte-cimientos. Indudablemente, y como correspon-día, éstos buscaron la manera de desarrollarlos e implantarlos, las más de las veces de forma im-positiva, sobre el resto de las otras organizaciones que buscaban un mismo fin: enaltecer y fortalecer nuestra máxima casa de estudio. Nadie escapó a enfrentar la apertura política y moral, pero de igual forma, las posturas se radicalizaron y la mayoría terminó co-lindando en la intolerancia, la provo-cación y la violencia. Ahora, desde la paz que rodea los archivos, las heme-rotecas, las bibliotecas y las oficinas de los protagonistas, podemos revivir esta época mítica de nuestra historia na-cional, en la cual, nuestra universidad tuvo un papel crucial. En este periodo la universidad creció en importancia y población, tanto estudiantil como de trabajadores y académicos. Una mues-tra: en 1968 pasó de 14 mil estudian-tes inscritos a 31,285 en diciembre de

Las propuestas que definían el proyecto de Eduardo A. Elizondo ante la crisis de la educación superior en México siempre contempló el compromiso del alumnado con la

institución.

1972. Entre las reformas académicas se implantó el sistema semestral; el pase automático a las facul-tades y escuelas de educación superior, así como a las preparatorias de la UANL; nuevas formas de representación estudiantil y académicas en las ins-tancias de gobierno universitario y, por supuesto, la anhelada autonomía. También nos muestra la crisis y la inestabilidad política –en su búsqueda por el proyecto universitario que integrara a todos– los nueve rectores que estuvieron en este periodo; las tres Leyes Orgánicas que estuvieron vigentes en este lapso y el impacto del movimiento universitario en los tres poderes republicanos en la entidad. Hay que adicionar a esto las múltiples formas de lucha que desarrollaron los universitarios. Éstas pasaron de las pacíficas manifestaciones y desplegados en los periódicos, a la sangrienta y violenta guerrilla urbana que padeció nuestra sociedad al inicio de la década de los setenta. Esto y más representaron los años en cuestión.

El tema sigue siendo polémico, sus rela-tores se encienden para aclarar y precisar esto u aquello bajo los efluvios del apasionamiento. Eso es lo que hace de este periodo una época singular y trascendente.

PROEMIO


109

Por otra parte, desde el inicio de esta in-vestigación, se considera pertinente hallar el hilo conductor de este proceso histórico en la actua-ción, en los medios de lucha y en los programas de regeneración social de los grupos de izquierda. Sin embargo, este hilo conductor original no puede ser explicado por sí solo, si no va acompañado del entrelazamiento y oposición al proyecto propues-to por el grupo político y empresarial de Nuevo León. Éste es el objetivo principal de este trabajo: el choque histórico de dos proyectos antagónicos para solucionar la crisis del modelo de educación superior que padecía México y particularmente de Nuevo León. Los proyectos surgidos tanto de la izquierda como de la derecha, políticamente ha-blando, tuvieron un impacto nacional hasta ahora poco conocido.

2

El proyecto más o menos homogéneo de los diversos grupos de izquierda es mostrado por la historiografía tanto local como nacional como el único con un programa definido, crítico, van-guardista y alternativo ante la crisis del modelo de educación superior seguido por décadas en Méxi-co. En efecto, esta idea, en el imaginario social de quienes lo vivieron y fueron actores, también se reproduce en los estudios posteriores a los acontecimientos, y las nuevas in-vestigaciones continúan sin salir del molde ya petrificado de estos razonamientos.

Sin embargo, paralelo al programa planteado por los nu-merosos grupos heterogéneos de tendencia de izquierda, también existió un proyecto estructurado y visualizado a ser implantado a largo plazo. Éste fue desarrollado y ajustado, al igual que lo hicie-

ron los grupos de izquierda, durante el proceso de crisis del modelo educativo superior. Se trata del proyecto defendido por Eduardo A. Elizondo, Go-bernador del Estado entre 1967 y 1971 y exrector de la antigua UNL entre 1965 y 1967. Este proyecto, que por sus características fue considerado un pro-grama conservador (sólo por ubicarlo en contrapo-sición a la tendencia de izquierda), tuvo el apoyo de los grupos industriales y comerciales asentados en Monterrey.

Este proyecto ha pasado a ser considerado por la historiografía nacional como una manifes-tación tardía del diazordazismo. Esto quiere decir que el proyecto, que tenía como principal prota-gonista al Gobernador Elizondo, fue y es todavía considerado un rescoldo arcaico de una etapa his-tórica desfasada, autoritaria y represora del primer movimiento estudiantil de la época contemporá-nea en México. Nada más alejado de la realidad. El proyecto presentado por Elizondo respondía a una realidad concreta basada en la estructura so-cial regiomontana con fuerte influencia y lideraz-go empresarial. Era, eso sí, contraria a la postura esgrimida por los grupos políticos de izquierda ante el problema universitario, pero al igual que éstos, el proyecto conservador fue defendido por gente que consideró que era la solución a los enor-

Para finales de la década de los sesenta, por cada 99 nuevoleoneses existía un estudiante univer-sitario en la UANL.

110


mes retos que presentaba la educación superior en México. De hecho, fue realizado abiertamente a fines de 1967 y puesto a la consideración pública a principios de 1968. Si bien era la visión empre-sarial del problema, distaba mucho de ser avalado y abiertamente autorizado por el régimen de Díaz Ordaz. Sencillamente porque respondía a la reali-dad regiomontana y era difícil de trasplantar, en ese momento, a otras zonas del país, ya que requería de fuertes inversiones de capital no sólo en la univer-sidad pública, sino en la creación de universidades privadas. Éstas, junto con la universidad pública, actuarían dentro de un sistema educativo descen-tralizado, donde la competencia de cada una de ellas, por atraer alumnos, profesores y capital priva-do nacional o extranjero, estimularía el crecimiento no sólo de la educación superior en México, sino el nivel educativo y tecnológico del país.

Es evidente que este esquema requería de varias condicionantes para su aplicación, y sólo ellas estaban creadas en Monterrey. Entre otras po-demos mencionar:

1.Un grupo empresarial sólido e interesado en invertir en el ramo de la Educación a fin de estimular profesionistas y técnicos de alto nivel.2.Un Poder político dispuesto a crear y con-solidar el proyecto en el ámbito legislativo. Entre otras cosas, el estímulo radicaría en la exención de impuestos y creación de infra-estructura y servicios públicos a fin de que el empresariado pudiera planear y construir a futuro nuevos campus universitarios.3.Programas profesionales con alta efi-ciencia terminal; líneas y proyectos de investigación financiados con alta pro-ductividad; infraestructura, equipamiento y sistemas de información de alto nivel y tener impacto real en los sectores social y productivo.

4.Finalmente, un alumnado dedicado de tiempo completo al estudio y comprometi-do con la institución.

Este proyecto, truncado momentáneamen-te en la UANL (ya autónoma a partir de 1969), fructificó fuera de ella. Las principales universida-des privadas de Monterrey, después del ITESM, fueron creadas en este periodo, y actualmente pre-sentan una alternativa educativa competitiva para amplios sectores de la población.

I. La UNL en 1968: entre la privatización y las reformas académicas

La UNL en 1968

En enero de 1968, la Universidad de Nuevo León, cuya fundación data de 1933, tenía 14 mil alumnos inscritos y 400 empleados (entre funcionarios, maestros y personal administrativo). Todos ellos daban vida a veintidós dependencias distribuidas en facultades, escuelas y departamentos, incluida la Torre de Rectoría.1

Los estudiantes de la UNL representaban el uno por ciento de la población de Nuevo León, en otras palabras, por cada 99 nuevoleoneses, exis-tía un estudiante universitario en la máxima casa de estudios del Estado.

El año de 1968 inició con una serie de pro-blemas laborales en el seno de la universidad, don-de se manifestó el malestar de los trabajadores por un desacuerdo con el incremento a salarios y pres-taciones para el nuevo año, otorgados por el go-bierno del Estado. La propuesta del rector Héctor Fernández al Sindicato de Trabajadores de la UNL (en adelante, STUNL), establecía un incremento de salario de dos millones, cien mil pesos, para todo el año, así como dos millones 900 mil pesos al pago de cuotas del Seguro Social, a cuyo régimen serían anexados por primera vez los trabajadores de


111

1961 1963 1965 1967 1968% por rubros de ingreso en 1968

Subsidio Federal Ordinario 2,300,000 3,700,000 5,400,000 5,400,000 5,400,000 10

Subsidio Federal Extraordinario 1,400,000 1,700,000 5,200,000 5,300,000 5,300,000 10

Subsidio Estatal8,000,000 9,500,000 11,728,000 21,758,000 29,758,000 58

la UNL. Estas prestaciones totalizaban, para 1968, 8 millones 400 mil pesos para gastos médicos de todos los trabajadores de la UNL.2

Aun cuando el aumento parece, a primera vista, de consideración, la realidad de las finanzas universitaria era muy distinta. El crecimiento de la universidad en población estudiantil y en em-pleados que otorgaran el servicio requerido fue en constante aumento durante la década de los sesen-

ta. Esto conllevó a la necesidad de ampliar constantemente las instalaciones uni-versitarias y dotarlas con el mobiliario ne-cesario para su eficaz funcionamiento. Para 1968, la amenaza de un déficit creciente en el presupuesto universitario se hizo realidad.

El presupuesto de ingresos para 1968 era de 52 millones de pesos (ver cuadro 1), en contraste con los

55 millones que presentaba el presupuesto de egre-sos (ver cuadro 2). El déficit para ese año ya era de tres millones de pesos. Además, el Gobernador Eduardo Elizondo expresó categóricamente, el 22 de enero de ese año, que el Estado no estaba “en condiciones de asignar un centavo más a la UNL, porque ello equivaldría a desatender sus obligacio-nes en todos los demás órdenes.”3

La postura del Gobernador Elizondo establecía que el Estado no estaba en condiciones de asignar más presupues-to a la UNL ya que los demás órdenes del Estado se verían desatendidos.

Cuadro 1. Cuadro comparativo del presupuesto anual de ingresos de la UNL en pesos (1961-1968).

112


Tesorería del Municipio de Monterrey

60,000 60,000 60,000

Patronato Universitario 180,000 180,000 186,000 1,827,199 2,237,199 4

Servicios de Educación 2,830,044 5,295,240 6,429,500 6,263,454 8,253,309 16

Donativos96,500 141,345 901,490 2

SUMA 14,710,044 20,375,240 29,100,000 40,750,000 52,000,000 100

Cuadro 2. Presupuesto anual de egresos de la UNL en pesos, 1968.

Rubro pesos Porcentaje

Sueldos 42,409,218.88 77.11

Gratificaciones 1,752,339.42 3.19

Gastos Generales 8,669,677.92 15.76

Cuentas por Pagar 1,768,763.78 3.22

Inversiones 400,000.00 0.72

TOTAL 55,000,000.00 100.00

Fuente: Rectoría de la UNL, Monterrey, UNL, marzo de 1968. Véa-se también El Norte, Monterrey, 11 de marzo de 1968:7-A.

La postura de Elizondo, exrector de la casa de estudios entre 1965 y 1967, fue apoyada por un amplio sector de la población citadina, la cual con-sideraba que la universidad empezaba a absorber cada vez más partidas presupuestales estatales en detrimento a otras obligaciones gubernamentales como el deterioro infraestructural de la ciudad de Monterrey y área conurbada, ampliación de los servicios de agua, drenaje, alcantarillado, olvido de inversión estatal en el agro nuevoleonés, entre otros.4

La política gubernamental durante el go-bierno de Elizondo se fundamentó en la presen-tación del incremento explosivo de la carga presu-puestal que representaba para el Estado el subsidio de la UNL, el cual llegó a representar más de 10 por ciento del presupuesto de egresos del gobierno del Estado en 1968,5 carga presupuestal que el gobierno

estatal no estaba dispuesto a incrementar de mane-ra importante durante los siguientes años. Aunque este argumento era real, el presupuesto dirigido a la educación media y superior en el Estado era com-parativamente ínfimo al potencial económico de la ciudad capital y del Estado, el cual sólo dejó entre-ver el arcaico sistema impositivo que existía en la entidad. Además, se debe tomar en cuenta no sólo el enorme beneficio que traía al sector productivo y de servicios, el profesionista egresado de la UNL y del ÍTESM, sino también el impacto a favor de la elevación del nivel cultural de nuestro entorno, en comparación a otras regiones de México.6 Éstos eran verdaderamente los argumentos de más peso que terminaron por minar y deteriorar el gobierno de Elizondo hacia 1972 ante el poder central.

Por su parte, la evidencia en la que se basa-ba Eduardo A. Elizondo era innegable: entre 1961 y 1968, el presupuesto de ingresos de la UNL pasó de 14 millones de pesos a 52 millones. Y dentro de ese presupuesto, el subsidio estatal pasó, durante el mismo lapso, de 8 millones a casi 30 millones de pesos, representando casi 60 por ciento del presu-puesto total de la UNL.7 Sin embargo, aunque el aumento en monto de pesos es significativo, casi siempre –pareció olvidar Elizondo–, desde 1961, el subsidio estatal representó más de la mitad del presupuesto de la UNL. La variación osciló de la siguiente manera: en 1961 representaba 60 por ciento; en 1963 45 por ciento; en 1965 34 por ciento y en 1967, 52 por ciento8 (véase cuadro 1).

Fuente: Rectoría de la UNL, Monterrey, UNL, marzo de 1968. Véase también El Norte, Monterrey, 11 de marzo de 1968:7-A.


113

El comité del STUNL manifestó su desacuerdo ya que no fueron satisfechas sus peticiones.

El problema con el que se enfrentaba el go-bierno estatal era que las otras fuentes de financia-miento habían llegado a su límite, particularmente durante el gobierno de Díaz Ordaz, el cual, durante su mandato, redujo en términos reales el subsidio federal a las diversas universidades públicas del país. El subsidio federal ordinario y extraordinario a la UNL prácticamente fue el mismo (en cantidad de pesos) entre los cuatro años que comprende el periodo de 1965 a 1968 (para este último año repre-sentaba 20% del total de ingresos de la UNL). Re-cayendo, en consecuencia, el peso del incremento del subsidio anual en el presupuesto de egresos del Estado (el cual representó en el presupuesto de ingresos de la UNL, para 1968, 58%) y en menor medida en el Patronato Universitario (4%), en los servicios educativos proporcionados por la propia UNL (16%) y en la partida de donativos (2%).9

En efecto, lo sucedido en la UNL en esos años era una muestra de la crisis educativa nacio-nal, principalmente en la educación media y supe-rior del país. Por primera vez en la historia de este

país, los sesenta, particularmente en su segunda mitad, mostraron un auge en la demanda hacia estas instituciones, las cuales mostraron un rezago en su oferta administrativa, académica y de infra-estructura que provocaron que fueran rebasadas por las propuestas estudiantiles. Aunado a esto, las autoridades de la época se mostraron, inicialmente en Nuevo León, sumamente consecuentes ante tal fenómeno, pero a partir de que no pudieron resol-ver el conflicto creciente, el cual llegó a cuestionar el sistema de autoridad heredado desde la Revo-lución, el autoritarismo mostró una vez más su fa-ceta amenazante, provocando una ruptura y herida histórica en nuestro país, todavía no del todo ce-rrada. En el conflicto participaron grupos sociales que tenían años, décadas incluso, marginados del activismo político. No sólo los estudiantes fueron los actores principales, sino los masones, las or-ganizaciones campesinas y obreras que llegaron a rebasar a sus líderes, la clase media urbana, los empresarios, la iglesia, entre otros. Es este caldo de cultivo social lo que hace verdaderamente atrayen-te el periodo histórico en cuestión.

114


Primer indicador: problemas laborales

Las peticiones del Sindicato de la UNL (hechas en noviembre de 1967) sobre el aumento de salario y prestaciones para 1968, no fueron satisfechas del todo en la resolución que les presentó, en enero de ese año, el rector Héctor Fernández. Ante ello, el Sindicato amenazó con una huelga general en todas las instalaciones de la casa de estudios como forma de presión para alcanzar una mejor negociación.

La petición realizada por Horacio Salazar Ortiz a nombre del sindicato establecía nivelación de salarios, aumento de los mismos, servicio médi-co y asistencia. Entre otras peticiones, el Sindicato también consideraba que era un derecho de éste, el designar puestos y contrataciones del personal de la UNL y no a las autoridades universitarias, tal y como lo venían haciendo. También formaba parte de su pliego petitorio la designación de 400 mil pe-sos para actividades deportivas; 800 mil pesos de subsidio al Sindicato; un mes de salario como com-pensación y 50 mil pesos en caso de fallecimiento, de alguno o algunos de sus miembros. Uno de los puntos medulares del pliego también contemplaba la reinstalación de dos de sus empleados y el es-tablecer como obligatorio el descuento de cuotas sindicales a los trabajadores.10

Ante la posibilidad de un conflicto mayor, el Tribunal de Arbitraje del Estado declaró, el 2 de marzo de 1968, ilegal la huelga anunciada por el STUNL, y previno que toda suspensión de labores sería considerada como abandono del empleo.11

El tribunal integrado por los licenciados Gerardo Cantú García, Baltasar Cantú Garza y Alejandro Delgado, desestimó los argumentos del sindicato y expuso entre los fundamentos los si-guientes:

1. La universidad no es un negocio en el que existan capital y trabajo, sino relacio-nes entre Estado y Servidores.2. No puede alegarse “desequilibrio econó-mico” tal y como lo contemplan los líderes de los trabajadores, ya que no se trata de una empresa común y corriente.3. La huelga pretendida no tiene por objeto forzar el cumplimiento de una resolución del Tribunal de Arbitraje, único caso en que la admite la Ley del Servicio Civil.4. El pliego petitorio y la amenaza de huel-ga contra nuestra máxima casa de estudios no está firmada por la mayoría de los traba-jadores, sino por los líderes.12

A esta declaración se sumaron más voces para evitar el conflicto y desestimar las peticiones de

El presidente de la Sociedad de Alumnos de la Preparatoria Número Tres entrega al Gobernador Elizondo dos op-ciones al conflicto de la universidad.


115

los trabajadores universitarios. Los medios de co-municación de Monterrey aplaudieron la decisión del Tribunal de Arbitraje y acusaron al sindicato de pretender “paralizar la UNL en perjuicio de la educación superior, de la juventud estudiosa, de la sociedad en general, y en perjuicio incluso de nu-merosos trabajadores que no están de acuerdo con él”.13

El rector Héctor Fernández declaró también que la UNL “no es negocio mercantil, ni los cau-santes y colaboradores espontáneos pueden aportar más dinero, ni la economía de nuestra máxima casa de estudio permite más prestaciones”.14

Finalmente, la huelga se conjuró y el regre-so a clases no presentó mayores alteraciones.

Ley y reglamento sobre préstamos a la educa-ción superior

Aunque la posibilidad de irse a la huelga quedó sólo como una tentativa, ésta manifestó el proble-ma latente de la UNL: su situación financiera y, en consecuencia, sus condiciones taxativas para abrir sus puertas a cada vez más alumnos. Ante esta situación no existía un plan rector que proyectara a la UNL hacia planes futuros; era indudable que su limitada estructura no podía recibir la avalancha de estudiantes que estaba egresando de la educa-ción básica. Aunado a esto, las autoridades uni-versitarias y el gobierno del Estado no tomaron las medidas conducentes por anticipado. Todo indica que se fue creando y realizando la nueva estructura universitaria sobre la base de enfrentar los proble-mas inmediatos y resolverlos parcialmente, nunca pensando en fincar las bases para una estructura universitaria flexible y duradera a futuro.

La salida ante el grave problema financiero que propuso el Gobernador del Estado fue el cobro completo de los cursos universitarios a los estudian-tes de la UNL. Su anteproyecto de ley manifestó una novedad en México para afrontar el problema financiero de la universidad pública, y representó

la punta de lanza de todo un proyecto nacional lan-zado por los Poderosos grupos políticos y económi-cos de Nuevo León. La educación pública univer-sitaria en México siempre fue un asunto espinoso para aquéllos que exigieran una modificación en su financiamiento público. En México, el autofinan-ciamiento de las instituciones de educación supe-rior públicas es un tabú histórico, incluso ahora en pleno tercer milenio. El proyecto en Nuevo León era novedoso, prematuro para su época y hacía trizas el viejo tabú tradicional, con el cual todos los políticos habían lidiado: la educación media y superior en México considerada pública debe ser subsidiada por el pueblo.

El 8 de marzo de 1968 fue la fecha escogi-da para lanzar la nueva propuesta. El Gobernador Eduardo Elizondo propuso el cobro completo de los cursos a estudiantes universitarios como la me-jor fórmula para salvar de la bancarrota a la UNL y convertirla en el ideal regiomontano: ser autosu-ficiente.15

A través de diversos desplegados públicos, editados por la prensa, puso a consideración de la opinión pública, incluyendo profesores, estudian-tes y padres de familia, un proyecto que crearía la educación de paga en la UNL; concediendo un crédito pagadero al final de la carrera, a aquellos estudiantes que en ese momento no estén en posi-bilidades de cubrir sus cuotas.16

El problema era evidente: la UNL care-cía de edificios, laboratorios y talleres, los cuales eran ya insuficientes para la práctica universitaria. Aunado a esto, cada año era mayor el número de jóvenes para quienes no tenía acomodo en sus ins-talaciones. A juicio del Ejecutivo estatal, la UNL impartía una educación media y superior prác-ticamente gratuita y dependía financieramente, en su mayor parte, de subsidios del Estado que destinaban 41 millones, es decir, 10 por ciento del presupuesto del Estado. Manifestó también que la situación financiera de la universidad se deteriora-ba cada vez más y que si continuaba así, vendría la

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bancarrota, a menos que disminuyera su cupo o deprimiera la calidad de la enseñanza impartida.17 Las soluciones a fondo eran las siguientes:

1. La universidad cobraría sus pro-pias cuotas para resguardar sus costos y diferirían éstas en las di-versas escuelas.2. Los estudiantes con posibilida-des económicas pagarían las cuotas que vayan devengándose.3. Los estudiantes de escasos recur-sos seguirían pagando las peque-ñas cuotas vigentes, como parte de las cuotas completas y recibirán un préstamo sin intereses, que paga-rían al terminar sus estudios.4. El análisis de la situación econó-mica de cada estudiante permitiría decidir quiénes pagan y quiénes deben recibir crédito.5.Para que los estudiantes recibie-ran y conservaran el beneficio del crédito durante su carrera, era ne-cesario que demostraran y mantu-vieran asiduidad y capacidad. En caso contrario dejarían de gozar del beneficio.6. En lo sucesivo la universidad no recibiría subsidios sino para obras nuevas. Los que actualmente le eran brindados por el gobierno federal, por el gobierno estatal o por el Patronato Universitario, en el fu-turo se destinarían a hacer préstamos por cuotas.7. Lo ideal era que a partir de septiembre de 1968 se aplicara este sistema para todos los estudiantes sin excepción.8. Para el manejo de esta novedosa estruc-tura universitaria, se integraría un instituto descentralizado que gozaría de la autoridad y la independencia necesaria para la justa

Alumnos manifestándose ante la incertidumbre que vivía la universidad.

aplicación de las normas que se adopten y para el adecuado manejo de los fondos.18

Diez días después, el 19 de marzo, el Gobernador Elizondo lanzó, para consultar a la opinión pública del Estado, la estructura de la nueva “Ley y Re-glamento sobre préstamos de educación superior”. Ésta se componía de dos anteproyectos que final-mente no fructificaron, por el rechazo de una parte importante de la población y por el alto riesgo po-lítico que conllevaba esto. Es de hacer notar que, a consideración de una parte del grupo político en el poder, principalmente de los campesinos y obreros organizados y del sector popular del propio PRI, esta medida fue cuestionada y rechazada. Los ante-


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proyectos de ley eran: el que crearía el “Instituto de Préstamos para la Educación Superior y Técnica del Estado de Nuevo León”, y el “Reglamento de la Ley” que crearía el mencionado Instituto.19

Elizondo, previendo el posible rechazo de una parte de la población, argumentó su proyecto en un provocativo discurso donde establecía una gran liberalidad en el manejo de este problema y creemos –continuaba– que contra esa solución o una semejante sólo podrán estar en contra los estu-diantes que no quieran estudiar y algunos cuantos individuos interesados no en el bien de la universi-dad, sino en crear el caos y la destrucción.20

La resistencia a los anteproyectos apareció en toda la gama del espectro político. El primero en manifestarse en contra de ellos fue, como era de esperarse, el STUNL, el cual amenazó con una huelga general en caso de aprobarse tal y como es-taba contemplado.21 Diversos grupos dentro de la universidad mostraron una división de opiniones bastante marcada, mientras la Rectoría se mostró favorable a los anteproyectos. Ante la amenaza de huelga del STUNL, las autoridades de dos escuelas (Enfermería y Obstetricia y la de Trabajo Social), cuatro facultades (Derecho y Ciencias Sociales, Arquitectura, Economía y Comercio y Adminis-tración) y la Preparatoria 8, mostraron su apoyo al rector y al anteproyecto de Ley de Elizondo.22

Por su parte, las autoridades universitarias, a través del rector Héctor Fernández, ratificaron, el 27 de marzo de 1968, la iniciativa del Gobernador. Sin embargo, en esta ocasión, y para evitar mayo-res fricciones con la población estudiantil, el rector lanzó un plan alterno para el cobro de las cuotas universitarias a través de dividir a la población estu-diantil en tres grupos generales: un sector económi-camente débil; un sector con capacidad económica variable y, finalmente, un grupo minoritario (20% de la población) con capacidad de pago. Estos tres grupos se identificarían por un “Comité de Becas de la Universidad” (entidad por constituirse), el cual, tras un proceso administrativo complicado de

selección y clasificación de alumnos, determinaría el monto a pagar por estudiante. Aunque la pro-puesta no prosperó, la iniciativa es una muestra de la diversidad de soluciones y grados de ejecución propuestos ante esta problemática (por considerar-la de interés se incluye en el anexo 1).

El asunto se complicó en la UNL, ante el paro parcial de labores que decretó el sindicato a partir del 13 de marzo en casi todas las dependen-cias de la UNL, mismo que afectó a 80 por cien-to de los trabajadores.23 La exigencia del STUNL fue la reposición a sus puestos de dos empleados, petición que llegó hasta el Gobernador. Éste res-pondió que competía a la Junta de Conciliación y Arbitraje, la cual debía resolver el asunto, y exoneró a las autoridades universitarias y al gobierno de tal decisión.24

Las autoridades universitarias resolvieron de forma favorable e inmediata a tal petición sindi-cal. Y dos días después se levantaron las sanciones a los trabajadores despedidos, volviendo las labores a la normalidad.25

Sin embargo hubo otras organizaciones fuera de la universidad que se manifestaron en contra del anteproyecto del Gobernador Elizondo. Éste fue el caso de la masonería en Nuevo León que acordó hacer públicos sus puntos de vista en relación con el Anteproyecto de Ley relacionado con la universidad. Esta iniciativa se debió a que el Ejecutivo del Estado invitó a la ciudadanía a darle a conocer su criterio sobre el Plan de Autofinancia-miento Universitario.26

La Gran Logia, celebrada el 30 de marzo de ese año, discutió la ley y acordó mostrar los si-guientes razonamientos:

1. El Plan desvincula al Gobierno del Es-tado de la universidad. En lo académico debe de ser autónoma; pero en lo económi-co siempre ha Estado subsidiada y avalada por el gobierno. Si el plan funcionara, la universidad se convertiría en un organismo autosuficiente, de carácter particular sos-

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tenido por los propios educandos. En esas condiciones no se legitimaría ya la inter-vención del gobierno en la designación de sus máximas autoridades y la supervisión administrativa. La universidad sería enton-ces una institución privada.2. La elevación de cuotas en forma tan drás-tica (se dice que algunos casos irán de cua-renta y cinco pesos a 600 y más) induda-blemente quitará a la institución el carácter de universidad del pueblo, que hasta ahora ha tenido.3. No compartimos la tesis de que el pueblo no está interesado en subsidiar, a través de su gobierno, a la educación superior. Si se subsidia a la industria aplicando una políti-ca de exenciones fiscales, sin recuperación, y sin obligación de restituir a futuro; no ve-mos por qué razón el gobierno estima que la educación personal sea una inversión económica más lucrativa que la explotación industrial y obliga al joven, recién egresado de las aulas, a devolver el beneficio de las facilidades con que estudió, y sí, en cam-bio, los beneficios recibidos por la indus-tria por vía de exenciones de impuestos, se concedan de manera definitiva; sin que el

Estado haga cuenta de las utilidades de las empresas, ni exija investigación o compro-bación de la necesidad de la medida.4. No creemos que el divorcio del gobierno de la universidad, ni que la explosión de las clases populares de esta institución, se atempere siquiera en una política de présta-mos y de becas. No existe razón, ni jurídica ni lógica, para que un subsidio de la edu-cación superior se convierta en fondo de préstamos. Tampoco existe razón para que los productos que detenta la universidad de su patrimonio particular, o de la respuesta del pueblo a los sorteos organizados por el Patronato, se pasen a la Caja de Préstamos de un instituto encargado de impedir que los dineros que reciba la universidad de cualquier fuente, se apliquen, en definitiva, a disminuir el costo de la educación en be-neficio de los educandos.5. No entendemos por qué el costo de la educación universitaria en Nuevo León deba gravitar íntegramente sobre los estu-diantes. Si la federación otorga un subsidio anual de 12 millones de pesos, aproximada-mente, por qué razón el gobierno del Esta-do quiere que ese subsidio no se aplique a

disminuir el costo de la educación de los universitarios, sino que prefiere que pase al Instituto de Prés-tamos para que sea facilitado. ¿Puede el gobierno del Estado dar esa facilidad a un subsidio que fue otorgado precisa-mente para beneficio popular? ¿Puede el Gobierno del Estado válidamente desviar Durante el período de 1968 a 1972, los estudiantes de medicina continuaron implementando los progra-

mas de salud preventiva a toda la comunidad de la entidad.


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los productos y donativos que recibe la uni-versidad para canalizarlas a un Banco de la Educación, en lugar de utilizarlo para lo que fueron establecidos? Creemos que no. La universidad se debe dotar de un patri-monio precisamente para que el costo de la educación superior disminuya.6. El problema económico de la universi-dad debe resolverse sin alejar la educación superior de las clases populares y sin des-vincular al pueblo de la institución.27

Este último punto era lo que más preocupaba no sólo a los masones, sino a la mayoría de los que estaban en contra del anteproyecto de ley. Se te-mía que se establecieran distinciones de clases de alumnos, según su capacidad económica, para aportar cuotas. Sin embargo, si bien la capaci-dad contributiva sólo debía tomarse en cuenta en materia fiscal, y si ésta se aplicara estrictamente haciendo pagar más a quien obtiene mayores uti-lidades, se habría logrado una reforma tributaria efectiva que resolvería de golpe la necesidad del pueblo de subsidiar aquellos renglones de la ac-tividad humana que son de interés general, y de beneficio colectivo indudablemente, como la edu-cación superior.

Otra objeción que también se hizo sentir fue la idea de establecer cuotas diferentes según el costo de las carreras estudiadas. Esto, era de supo-ner, traería un grave prejuicio en la elección de las profesiones, y posiblemente una injuriante clasifi-cación de estudiantes basada en motivos económi-cos28 (véase el anexo 2).

El anteproyecto de ley, como era de espe-rarse, no fue del agrado de una parte importante de la población, la cual, a través de sus organiza-ciones, cuestionó severamente el proyecto. Pero tal vez el principal rechazo vino del mismo partido oficial, porque conociendo ahora el férreo control que ejercía sobre los tres órganos de gobierno en esos años, no puede explicarse de otra forma que el anteproyecto fuera congelado antes de llegar al

Congreso por los propios representantes políticos del PRI. Huelga de hambre

De los desplegados y de la participación ciudada-na sobre el anteproyecto de Elizondo, se pasó al activismo estudiantil. Hasta la segunda mitad de marzo de 1968, el estudiantado había permaneci-do parcialmente al margen de la polémica sobre el futuro de la universidad y sus posibles reformas. Fue hasta el 22 de marzo cuando el movimiento estudiantil, hasta esa fecha aletargado, empezó una movilización de protesta contra las condicio-nes físicas de las instalaciones universitarias. Los primeros en desarrollar estas manifestaciones fue-ron los estudiantes de Ciencias Biológicas. En ra-zón de 150 alumnos, distribuidos en doce grupos, y en siete salones, de los cuales cuatro eran aulas y el resto laboratorios, se lanzaron a una huelga de hambre y bloquearon el tráfico de la calle Ma-tamoros, entre Zuazua y Doctor Coss. En estas calles colocaron barricadas en las que mostraron pintas donde decían: “Huelga de hambre, Pro Edificio”, “Elizondo lo prometió siendo rector pero no cumplió”.29

Organizados a través de la Sociedad de Alumnos de Ciencias Biológicas, lanzaron un co-municado al rector Héctor Fernández donde mani-festaron lo siguiente:

1. Considerando que la situación por la que atraviesa nuestra facultad en materia de au-las, mobiliario y equipo de laboratorio, así como espacio insuficiente y condiciones de estudio ha alcanzado el carácter de insopor-table.2. Que desde hace dos años, dos meses, el estudiantado de esta facultad ha venido recibiendo promesas de que un nuevo edi-ficio va a ser construido en la Ciudad Uni-versitaria.3. Que aun contándose con la cantidad de un millón de pesos concedido por el Co-

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mité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas desde hace aproximadamente un año, no ha sido apli-cado.4. Que hace 19 días venció el plazo de la última promesa dada por las autoridades para que inicie el nuevo edificio, hemos decidido declararnos en huelga de hambre por tiempo indefinido, hasta que se inicie la construcción referida.30

El conflicto en Ciencias Biológicas dejó al descu-bierto el problema de sobrecupo y el deterioro de las instalaciones que la universidad había adecuado para sus facultades y escuelas en el centro de la ciu-dad, hacía ya varios años.

Era evidente que la Ciudad Universitaria era ya una necesidad imperante, y que en 1968 sólo algunas de las facultades y escuelas habían logra-do trasladarse hasta ella. El 14 de abril de ese año, Elizondo logró negociar finalmente con el Comité Administrador del Programa Federal de Construc-ción de Escuelas, el CAPFCE, para que la Ciudad Universitaria quedara completa en un término no mayor a tres años.31

Respuestas alternas

El gobierno de Nuevo León, la élite empresarial y los diversos grupos religiosos organizados de la ciudad contemplaron, desde fines de 1967, la crisis universitaria por venir. La edu-cación superior en México esta-ba por experimentar un boom y había que estar preparado para presentar nuevas alternativas más allá de las instituciones ya establecidas como la UNL y el ITESM.

El Gobernador del Estado abrió esta posibilidad

de forma pública el 18 de enero de 1968. En esa ocasión dijo que todos los planteles educativos par-ticulares que desearon participar en la enseñanza superior, sujetos a los planes de gobierno en mate-ria de enseñanza, por supuesto, encontrarían altos estímulos de parte de su administración. La razón era obvia:

La universidad –comentó Elizondo–, como se sabe, está básicamente imposibilitada para atender la demanda de todos aquellos jóvenes que desean cursar sus carreras. Los planteles particulares podrían absorber a gran parte de aquellos estudiantes que no puedan ingresar a la UNL.32

El llamamiento fue dado después de que dos gru-pos particulares mostraron interés en fundar dos instituciones de educación superior en la ciudad. Estos mismos grupos fundarían, respectivamente, en 1969, la Universidad de Monterrey y la Univer-sidad Regiomontana. Un año después (1970) se crearía el Centro de Estudios Universitarios.

La otra alternativa inmediata fue buscar fuentes económicas y de apoyo alternas a la UNL.

Después de rechazar la propuesta de autofinanciamiento de la UNL, se inician, a mediados de 1969, el movimiento estudiantil, magisterial y sindical en pos de la autonomía.


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Éstas se dieron a través de la creación de organiza-ciones civiles comprometidas en el mejoramiento de la calidad educativa de la universidad.

La primera de ellas en este periodo fue el Frente Pro Dignidad Universitaria, A.C. Esta agrupación formada por egresados de la UNL, en asociación civil, en julio de 1967, tenía como obje-tivo principal colaborar en el engrandecimiento de su alma mater, y de cooperar en todo lo que signifi-cara elevación material y moral de la misma, mante-niéndose la asociación independiente y autónoma de cualquier grupo político o religioso.33

En forma paralela, también buscó fomentar la unidad entre los egresados de la universidad que desearan contribuir en la consecución de sus fines; así como becar a alumnos carentes de recursos eco-nómicos y que demostraran su capacidad para rea-lizar estudios universitarios.

La segunda organización de este tipo fue la Asociación de Egresados y Amigos de la UNL, la cual inició su primera reunión, a fin de consti-tuirse en asociación civil, el 16 de abril de 1968. Su presidente, Enrique C. Livas, manifestó en esa ocasión que todas las profesiones de la UNL es-taban representadas en esta asociación, así como representantes del los sectores industrial, bancario y del comercio de Monterrey. El objetivo que se buscaba era “despertar la conciencia de todos los egresados de la UNL para acudir al auxilio económico de la misma”.34

Por otra parte, las donaciones de par-te de particulares no se hicieron esperar. A principios de 1968 empezaron a fluir donacio-nes a las distintas dependencias de la UNL. El 8 de enero se dieron dos donaciones: una fue de parte de los Laboratorios Pfizer, a tra-vés de su gerente general, William F. Walsh, a la Facultad de Medicina, el cual obsequió un polígrafo, un aparato para el registro de electrocardiogramas, electroencefalogramas, tensión y presiones.35 La otra donación fue del alcalde de Montemorelos al rector de la UNL,

consistente en 80 mil pesos, para la adquisición de equipo de laboratorio para la preparatoria en ese municipio, dependiente de la UNL (50 mil fueron donados por la viuda de Joel Rocha y el resto por los citricultores del lugar).36 El dinero fue recauda-do por la organización denominada Patronato Pro Centro Escolar Montemorelos, Laboratorios y Ta-lleres.

La Facultad de Medicina siempre gozó de la preferencia de las organizaciones Estadouniden-ses. Entre 1967 y 1971, la Fundación Kellog’s donó 5 millones y medio de pesos a la Escuela de Medi-cina y Enfermería.37 En 1968, la empresa Siemens donó al Hospital Universitario (el cual recibió, en 1968, la remodelación más importante de su histo-ria desde 1860)38 y a la Facultad de Medicina un Pupitre Einstein y un aparato para terapia de onda corta.39 El Patronato Pro Instituto Unitario de Car-diología, dirigido por Luis Elizondo y Enrique C. Livas, también recaudó donaciones de Cementos Mexicanos y de la empresa LTH de Ricardo Can-tú Leal.40 La Facultad de Economía recibía, desde 1962, donaciones anuales de la Fundación Ford, las cuales consistían en 13,780 dólares por año.41 En oc-tubre de 1968, la empresa Caterpillar donó a la UNL una máquina marítima tipo D-342, para generar energía eléctrica.42 Muestras todas ellas de la calidad

Manifestación estudiantil a favor de la autonomía de la universidad, frente al Palacio de Gobierno, 1969.

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y el alto nivel reconocido en la localidad y el extran-jero de las labores realizadas en la UNL.

El Consulado Estadounidense, durante la gestión de Víctor E. Niemeyer como director del Departamento Cultural del consulado, también se mostró generoso en las aportaciones de material bi-bliográfico a las bibliotecas de la UNL.43

El Patronato Pro Laboratorios y Talleres de la UNL también recibió importantes donaciones. Entre ellas se encuentra la realizada en julio de 1968 y consistente en 300 mil pesos por el gerente general de la empresa Hylsa, Bernardo Garza Sada, a fin de comprar equipo especializado para practi-car el Control de Calidad.44 Conductores Mexica-nos también otorgó un donativo de 100 mil pesos a este Patronato.45

El gobierno federal intentó enfrentar la posible crisis de las universidades, otorgándoles subsidios extraordinarios a fines de la década de los sesenta. En julio de 1968, el gobierno federal prometió dos millones de pesos a la UNL con el objetivo de iniciar la construcción del edificio de Ciencias Biológicas y para equipo de laboratorio.46 El Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas (en adelante CAPCE) también otorgó equipo por un valor de 250 mil pe-sos, consistente en microscopios, estereomicrosco-pios, estereoscopios, cámaras, lámparas de espejo con foco y microproyectores.47

El Patronato de la UNL, fundado el 11 de diciembre de 1950, donó, en 1968, un millón de pe-sos para la construcción del edificio de la Facultad de Ciencias Biológicas, además de los casi tres mi-llones recabados por esta organización entre agosto de 1967 y julio de 1968.48

El problema económico de la UNL tam-bién sensibilizó al resto de la comunidad nuevoleo-nesa. Los trabajadores mineros de la ciudad dona-ron, en julio, casi 9 mil pesos como aportación de la Sección 67 del Sindicato de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexica-na (en adelante STMMRM).49

A pesar de las constantes limitaciones económicas, la UNL nunca dejó de prestar su servicio social a la comunidad nuevoleonesa, a la cual siempre debió su existencia. Como cada año, los programas de salud preventiva realiza-da por estudiantes de medicina a la comunidad de la entidad continuaron. En enero y febrero se realizaron 50 mil análisis clínicos gratuitos a es-tudiantes de educación primaria y secundaria.50 Este programa se desarrolló a fin de conocer el índice de enfermedades parasitarias que padecían los mencionados niños y jóvenes para proceder a su curación igualmente gratuita. El programa de cine club universitario continuó ofreciendo sus funciones a precios módicos a los estudiantes y al público en general. Este programa se desarro-llaba en el Aula Magna de viernes a domingo.51 La UNL también fue centro de confluencia de los intelectuales más prestigiados del país. El Depar-tamento de Extensión de la universidad organizó (entre abril y mayo de 1968) un prestigiado curso de Historia de la Cultura dirigido a la comunidad y basado en conferencias y audiovisuales; en ellos participaron Alfonso Caso, Francisco de la Maza, Miguel León Portilla, Justino Fernández, Jorge Rangel Guerra, Alfonso Rubio y Rubio y Raúl Rangel Frías.52

Acuerdos del Consejo Universitario

Durante la segunda mitad de 1968, el Consejo Universitario se reunió en varias ocasiones, para continuar con la reforma universitaria que estaban llevando los diversos consejos técnicos disemina-dos en todas las escuelas y facultades. Hubo im-portantes reformas a la estructura académica uni-versitaria que se acordaron principalmente en dos memorables sesiones. Una llevada a cabo el 11 de julio, con duración de cuatro horas, y la segunda llevada a cabo el 29 de septiembre y con una du-ración histórica de ocho horas. En esta última el rector rindió su informe anual de actividades, y se


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condenó la violencia y el uso de la fuerza pública en las instalaciones universitarias en México.

El Plan Semestral (sesión del 11 de julio de 1968)

El 11 de julio de 1968, el Consejo Universitario acordó, tras cuatro horas de sesión, reformas im-portantes que incluso ahora perduran. Se pasó, en la mayoría de las facultades y escuelas, del plan anual al semestral, por lo que se aprobó ampliar en 1,032 plazas de alumnos de nuevo ingreso para el mes de septiembre.53 Esto fue resultado de la in-tegración académica y modificación a los planes de estudio que los comités técnicos habían venido realizando. Estos trabajos contemplaron la cada vez mayor demanda de estudiantes a educación media

y superior, por lo que el plan semestral resultó una innovación efectiva para ir absorbiendo paulatina-mente la llegada masiva de nuevos estudiantes.

Por ello, en septiembre se esperaban 4,871 nuevos alumnos, pero, debido a la reforma semes-tral, se admitieron 5,903, de los cuales 500 fueron a

las preparatorias. Esto sin aumentar el presupues-to, el cual continuó igual que el del año anterior, después del fracaso del proyecto propuesto por Elizondo.

Aún así, la decisión de plazas de nuevo in-greso siempre fue decisión interna de cada una de las escuelas y facultades de la UNL, cuyos repre-sentantes estaban en el Consejo Universitario. La decisión era fundamentada en la capacidad de sus instalaciones y en el limitado equipo disponible de sus catedráticos.

Otros acuerdos consistieron en reformas en los planes de estudio de algunas carreras. Se apro-baron modificaciones al plan de estudios de me-dicina en los dos primeros años, consistente en la integración de las ciencias morfológicas y la movi-lización de medicina preventiva en el segundo gra-

do, así como la introducción de una materia formativa en primer año. Paralelamente fue aprobada la integración de un Departa-mento de Medicina Preventiva y Social en Enfermería, Medicina y Odontología.

También se aprobó la in-corporación de una Escuela de Trabajo Social del Instituto Su-perior de Cultura y Arte de Mon-terrey, la cual contaba con un ba-chillerato de ciencias biológicas, así como el plan de estudios se-mestral en las facultades de Dere-cho y Ciencias Sociales y en la de Comercio, sólo para los alumnos que se integrarían a la universi-dad a partir de septiembre. En el

caso de esta última (Comercio) se estableció una sola inscripción en agosto y reinscripción interna a medio año.

El Consejo Universitario también estable-ció que, a partir de septiembre de 1968, sería requi-sito indispensable el bachillerato para el ingreso de

Las protestas estudiantiles cobraron mayores dimensiones en la ciudad.

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cualquier alumno a la Facultad de Filosofía y Le-tras. A nivel de preparatorias, los acuerdos tendie-ron a la unificación de los bachilleratos de ciencias químicas y ciencias físico-matemáticas, a uno solo con tres materias al semestre.

Se acordó la incorporación de la Facultad de Ingeniería en el Instituto Modelo de Enseñan-za, a nivel profesional. Se modificaron los planes de la Preparatoria Técnica Álvaro Obregón en diur-nos y nocturnos, con la consiguiente ampliación de nuevas plazas, incluido el motivo de la ampliación del edificio. Asimismo, se aprobó la incorporación de la preparatoria del municipio de General Bravo, la cual se inició con el primer año y estaría a cargo del Patronato. Se aceptó también la incorporación de bachilleres del Instituto Motolinía.

Los requisitos para el ingreso a las prepa-ratorias de la UNL continuaron siendo los mismos para todo aspirante: examen de selección; demos-tración de tener residencia familiar en el Estado de Nuevo León; el pago de veinte pesos e inscribirse a las preparatorias según el área de residencia com-probada.54

La sesión más dilatada de la década (29 de septiembre de 1968)

El 29 de septiembre se declaró instalado el Conse-jo Universitario por el periodo de 1968-1969, y se estableció que funcionaría de forma ordinaria, cada quince días, sin contar las facultades del rector para convocarlo en forma extraordinaria. Fue la sesión más larga y se prolongó, sin receso alguno, por más de ocho horas. Entre los acuerdos estuvieron la condena a la violencia y el desorden en México, pero se lamentó el uso de la fuerza pública al tratar de resolver el conflicto estudiantil.55

También se acordaron las reformas al plan de estudios de la Escuela de Enfermería, al de Filo-sofía y Psicología, y al Reglamento Interno de Eco-nomía respecto al examen profesional. Este último consistió en la presentación de un análisis general

de la teoría económica en su campo específico de aplicación y después una tesis en 25 cuartillas, pre-via aprobación del jurado.

Entre otros acuerdos, se aprobó la reincor-poración anual de todas las escuelas preparatorias particulares, que así lo solicitaron, como lo hacían cada año ante el propio Consejo. Y además se ad-mitió la incorporación de los planteles Simón Bo-lívar y John F. Kennedy, que ese año establecieron por vez primera el bachillerato.

De igual forma se negó la promoción hecha por varios alumnos que estudiando ya una carrera, deseaban cursar otra, considerándose que no hay plazas más para aquéllos que al menos desean llevar aunque sea una sola carrera, por falta de cupo.56

Otra negación fue la solicitud de que se elevara la Escuela Superior de Comercio y Admi-nistración, del profesor Antonio Coello Elizondo, quien había pedido la condonación de las cuotas de inscripción por incorporación, dado que implicaba un gasto especial a la universidad, en cuanto a que se llevaba un expediente personal a cada alumno de esas escuelas incorporadas, con mayor detalle que a los de dependencias oficiales. Y atendiendo a que la cuota es mínima y que la de esas escuelas es ma-yor a las que pagan los estudiantes de la UNL.

Finalmente, el Consejo Universitario de-finió su posición respecto al problema estudiantil. Definió la autonomía como la libertad de enseñan-za de cátedra y de expresión. Este Consejo inaugu-ró una mayor participación estudiantil, en la cual hubo un representante de los estudiantes por cada facultad o escuela, con un voto cada uno, sumando en total 22. En los anteriores Consejos, estos suma-ban sólo siete. Inicio de un nuevo periodo histórico para el movimiento universitario

El semestre de septiembre a diciembre fue inte-rrumpido en numerosas ocasiones por el conflicto estudiantil que recorrió todo el país. La primera


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manifestación en contra de los hechos que esta-ban ocurriendo en la ciudad de México (desalojo de los estudiantes de ciudad Universitaria) se dio el 21 de septiembre de 1968. Ese día un grupo de estudiantes tomó en forma pacífica y simbólica la Torre de Rectoría, en protesta por los hechos ocu-rridos en la ciudad de México. La toma duró un día y participaron 300 jóvenes de Ingeniería Me-cánica, Medicina, Economía, Agronomía y Leyes. No se reportó daño alguno al equipo y mobiliario, y en sus declaraciones hicieron énfasis que no tenían nada en contra ni de las autoridades universitarias locales ni del gobierno del Estado.57 Ese mismo día la Asamblea del Sindicato de Trabajadores al servicio de la UNL acordó dar su apoyo a los es-tudiantes capitalinos y a los de Nuevo León, en todos sus movimientos.58 Ante los trágicos aconte-cimientos que continuaron en la ciudad de Méxi-co, más de 150 estudiantes de la UNL realizaron, el 26 de septiembre, una manifestación silenciosa por las principales arterias del centro histórico de la ciudad de Monterrey. En ésta pidieron, a través de cartelones, la salida de la policía y del Ejército de las instalaciones de la UNAM.59

La Gran Logia de Nuevo León volvió a manifestarse favorable a las demandas universita-rias. El 28 de septiembre lanzó una carta abierta el presidente de la república, Gustavo Díaz Ordaz, donde se dijo que los masones:

se unen a la voz del estudian-tado nacional, para que sus demandas sean oídas en jus-ticia y en diálogo comprensi-vo, y sean resueltas a favor de los intereses del pueblo mexi-cano, que el gobierno tiene la obligación de interpretar. Las instituciones se apoyan en la razón del pueblo. No han menester ser defendidas con la fuerza material. Ni las bayonetas ni la prisión

pueden responder legítimamente a la sen-sibilidad y enjuiciamiento que la juventud expresa en sus peticiones. La masonería de Nuevo León lamenta el derramamiento de sangre joven [...]60

También hubo voces discordantes ante el conflicto estudiantil. Una de éstas fue la postura de la Unión Neolonesa de Padres de Familia, que exhortó a los padres de los estudiantes a reflexionar sobre la si-tuación, y a alejar a sus hijos de cualquier intento de agitación política. Estas agitaciones, decían, eran manipuladas por fuerzas oscuras que inten-taban hacer de nuestro país un “nuevo satélite co-munista”. La autonomía universitaria era una idea –a juicio de esta organización– a fin de crear de la universidad “un reducto de agitadores o malos estudiantes”, los cuales, recientemente se habían adueñado de Ciudad Universitaria en México a fin de sustraerla de la legalidad. Parte de la exhortación decía así:

Los más recientes y trágicos acontecimien-tos registrados en la capital de la república, que notoriamente tratan de desplazarse a la provincia, nos obliga a hacer este llamado a los padres de familia para que, en cum-plimiento de esa obligación que tenemos de orientar a nuestros hijos, los ayudemos a reflexionar sobre la situación creada y ha-

Miembros del Consejo Estudiantil.

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cerlos ver la luz de la razón para bien propio y en última instancia para bien de la patria, quien los reclama preparados y con espíritu fuerte para evitar caer en la violencia, que es fruto de la fuerza incontrolada...No podemos dejar de reconocer que la si-tuación es grave y lamentable desde todos los puntos de vista. Lo que comenzó por ser un problema entre alumnos de dos pre-paratorias prevocacionales, ha acabado por ser una batalla campal hábilmente dirigida por quienes, siempre, han tratado de hacer de nuestro país un nuevo satélite comunis-ta. Esto sin tomar en consideración la serie de atropellos, asaltos, robos y daños en las personas y en las cosas que están muy lejos de responder al ambiente de paz social y dignidad Ciudadana de que México venía enorgulleciéndose, hasta cierto punto con razón, ante el mundo entero.61

Desaparecidos

El movimiento estudiantil de 1968 consolidó, en el transcurso de ese año, un potente Consejo Estu-diantil de la UNL que dio seguimiento a la orga-nización de sus demandas. Desde un principio se intentó, por parte de grupos ajenos a la universi-dad, debilitar el movimiento, el cual se encontraba en franco ascenso.

El primer intento de debilitarlo y amedren-tar a los jóvenes para que desistieran en sus deman-das fue el secuestro de dos miembros del Consejo Estudiantil. Los estudiantes, llamados Luis Arcinie-ga Hernández, alumno del segundo semestre de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, y Germán Alduncin Riquelme, del tercer semestre de la misma facultad, desaparecieron el 21 de septiembre de 1968. Inmediatamente, el Consejo Estudiantil manifestó que tal hecho era parte de una conspiración contra el movimiento, y exigieron a las autoridades la búsque-da inmediata de ambos estudiantes.62

El 27 de septiembre un nuevo aconteci-miento contra los estudiantes de la UNL hizo ma-nifestar la indignación contra las autoridades invo-lucradas en el hecho. Ese día, varios estudiantes de la UNL, de las Escuelas de Economía y Medicina, que se encontraban en Saltillo, Coahuila, invitados por las organizaciones estudiantiles de ese Estado, fueron sujetos de persecución y amedrentamiento por parte de la policía de esa ciudad.63 Además, en la carretera Monterrey-Saltillo, a la altura de la ciudad de Ramos Arizpe, fue interceptado por pa-trullas estatales y fuerzas federales el automóvil en que viajaba otro grupo de estudiantes de la UNL de las mismas escuelas, a los cuales se les decomisó ilegalmente un equipo de sonido, propiedad de la sociedad de Alumnos de la Facultad de Medicina. La denuncia del Consejo Estudiantil en Monterrey fue la carencia de garantías y falta de apego a la Constitución, por parte del gobierno del Estado de Coahuila, al violar los artículos 6, 9 y 11 de la Carta Magna, los cuales se refieren a la libertad de expre-sión, reunión y tránsito, respectivamente.64

Finalmente, el 1 de octubre, la prensa local informó del secuestro momentáneo a un fotógrafo de un diario local, durante un acto realizado por el Consejo Estudiantil. Al respecto, el Consejo aclaró que el responsable real de tal altercado fue el fotó-grafo, quien ante el requerimiento de identificación, dijo ser agente de la Secretaría de Gobernación, y que las fotos por él tomadas serían destinadas a esa institución. Ante tal respuesta, a los estudiantes que le escucharon les indignó la prepotencia de tal personaje, surgiendo así “el altercado sin mayor importancia, del cual salió ileso”.65

Ante tal incremento de fricciones entre el movimiento estudiantil de la UNL y las autorida-des, el Consejo Estudiantil declaró, el 1 de octubre, la toma de Rectoría para el día siguiente, es decir, para el día 2. La toma de Rectoría tenía como finali-dad, entre otras razones, reafirmar la línea del Con-sejo de no crear alborotos ni provocar desórdenes, ya que esto es lo que esperarían los enemigos del


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movimiento estudiantil para utilizarlo en su contra. Además aclararon:

Entendemos que tal medida (la toma de la Torre de Rectoría) será criticada, pero es el único recurso efectivo que tenemos para presionar a las autoridades gubernamen-tales, únicas dotadas de los instrumentos necesarios para dar una explicación o justi-ficación de la situación de nuestros compa-ñeros (desaparecidos).66

Los amedrentamientos enumerados arriba también salieron a colación, manifestando el Consejo que “ningún acto de tal naturaleza impedirá que con-tinuemos en nuestra lucha por un México libre y democrático”.67

La toma de Rectoría se prolongó hasta el 10 de octubre, a raíz de que se informó de la matan-za realizada el mismo día 2, en la Plaza de las Tres Culturas, en la antigua México-Tenochtitlan.

Las protestas contra lo ocurrido en México se extendieron a otros sectores. El 4 de octubre se realizó una profusa manifestación en el centro his-tórico de la ciudad de Monterrey, donde participa-ron ordenadamente tres oradores: un padre de fa-milia, un representante del STUNL y, finalmente, un miembro del Consejo Estudiantil. Aunque no hubo incidentes, se guardó un minuto de silencio por quienes murieron. En este mitin estudiantil se juntaron miembros de la UNL, de la Escuela Su-

perior del Estado y del ITESM.68

La universidad se mantuvo cerrada esos días, previendo incidentes mayores, además, en protesta por lo ocurrido en México, fueron toma-dos los edificios de Medicina, Economía, Enfer-mería, Ciencias Químicas, Ciencias Biológicas, Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Filosofía y Letras y la Preparatoria 3.69

Paralelamente, los trabajadores del STUNL, encabezados por su secretario general, Horacio Salazar Ortiz, fueron con el Gobernador a entregarle un escrito en el que se concretaban sus gestiones a fin de que no se perdiera el cauce cons-titucional. El pliego establecía que:

1. Se dieran los pasos necesarios para que, dentro de las normas constitucionales, se eviten situaciones que puedan propiciar hechos sangrientos como los acaecidos el día 2 en la Ciudad de México.2. Se propiciara un clima adecuado para que el diálogo pudiera reestablecerse.3. Se hiciera un llamado para que se respete la Constitución Política que nos rige desde 1917.70

La entrega de Rectoría se realizó el 10 de octubre de forma pacífica a fin de reanudar los cursos en la UNL el 14 de ese mes. El Consejo Estudiantil de la universidad planteó su postura ante los hechos en un documento que decía, entre otras precisiones, lo siguiente:

El pasado miércoles 2 de octubre, el pueblo y los estudiantes del Distrito Federal sufrieron y pre-senciaron el más innecesario e in-útil acto represivo de que se tenga memoria.Después de los hechos anteriores, se ha tratado de inventar una con-jura, ahora supuestamente dirigi-da por políticos priístas venidos a menos. Entendemos perfectamen-te que se nos pretende chantajear Miembros del Comité Ejecutivo del STUNL.

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políticamente, haciéndonos aparecer como inocentemente manejados por políticos desligados del carro oficial.La única dirección del movimiento reside en el Consejo Nacional de Huelga (CNH), integrado por estudiantes de las más diver-sas ideologías que han sido elegidos en for-ma democrática por la base estudiantil.Asimismo, rechazamos la calumnia lanzada por un sector en el sentido de que pretende-mos boicotear las olimpiadas.Urge actuar cuanto antes, si se quiere im-pedir que el país sea arrastrado por los sec-tores más negativos de dentro y fuera del gobierno, hacia una situación de abierta dictadura.Hacemos público que los compañeros José Luis Arciniegas y Alduncin, han sido loca-lizados después de sufrir un secuestro y ser objetos de una violenta represión física y moral [...]71

Al final del documento manifestaron temer repre-salias de parte de las autoridades y de grupos de ultraderecha en la entidad. Asimismo, invitaron a todo el pueblo de Monterrey a la manifestación que realizarían el viernes 11 de octubre a fin de apoyar el pliego petitorio de seis puntos del CNH.

Aunque el Consejo Estudiantil de la UNL reconoció siempre como dirección única al CNH, con residencia en México, el desarrollo de la parti-cipación de los estudiantes nuevoleoneses en este movimiento nacional siempre tomó en cuenta las circunstancias específicas del medio urbano de Monterrey. Para esto se convocó y se organizaron, entre el 2 y el 11 de octubre, seminarios, mesas re-dondas, debates, conferencias y manifestaciones a fin de identificar las demandas locales y específicas de esta región de México. Esta huelga de casi tres semanas en algunas facultades sirvió para que los estudiantes participaran decididamente en lo que llamaron una “lucha histórica por el México demo-crático y libre”.72

2. La UNL en 1969: crisis de la estructu-ra de gobierno y autonomía

El movimiento estudiantil se extiende al ITESM

Las actividades estudiantiles que rebasaron el es-tricto límite universitario de la UNL durante 1968, y que ingresaron a otras esferas de la sociedad como a la crítica y al cuestionamiento de las autoridades gubernamentales, se extendieron a otras institucio-nes de educación superior en Monterrey, como el ITESM.

El 13 de enero de 1969 se inició una protes-ta estudiantil inusual, ya que ésta se desarrolló en la institución privada de mayor prestigio en la ciudad, cuya base estudiantil poco había participado duran-te los conflictos anteriores. La protesta consistió en una huelga de hambre por parte de 87 estudiantes, los cuales se plantaron frente al edificio de Rectoría del 13 al 17 de enero de 1969. El motivo: un descon-tento generalizado por la expulsión de que fueron objeto, a principios de enero, seis estudiantes del ITESM bajo el cargo de haber insultado a las au-toridades y a los profesores del instituto durante el festival del 18 de diciembre de 1968.73

Los estudiantes, organizados principalmen-te por el Consejo Estudiantil y el Comité Directivo de la Federación de Estudiantes del Tecnológico de Monterrey (en adelante FETEC), demandaron una explicación de tal decisión a las autoridades del plantel. De forma paralela, la FETEC pidió a las autoridades que reconsideraran la petición de la propia Federación de Estudiantes, que se les diera la oportunidad, a los estudiantes expulsados, de defenderse de las acusaciones que pesaban sobre ellos. La presión del FETEC propició que las auto-ridades del instituto reconsideraran su decisión. Un nuevo dictamen definió que la expulsión para tres de ellos consistiría en un semestre y el resto sería castigado por el término de un año. Descontentos por la nueva decisión, los portavoces de la FETEC anunciaron, el 13 de enero de 1969, el inicio de una


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anteriormente poco participativos. El apoyo vino primeramente de las madres de varios estudiantes, las cuales se unieron a la huelga de hambre enfren-te de Rectoría.77 Paralelamente, las asociaciones de estudiantes foráneos del ITESM se pronunciaron a favor de las peticiones. Éstas consideraron injus-tas las sanciones, apoyaron incondicionalmente a sus compañeros y brindaron apoyo presencial en el movimiento de protesta.78 Los comités Ejecutivos de las sociedades de alumnos por profesión tam-bién manifestaron su apoyo, e incluso reprobaron –como fue el caso de los alumnos del Departa-mento de Química–, los desplegados en contra del movimiento que realizaron tres maestros del propio ITESM.79

En el ámbito externo, el movimiento tuvo apoyo de la Comisión Coordinadora del Consejo Estudiantil de la UNL, la cual manifestó su extra-ñeza por los sucesos en el ÍTESM, debido a la tra-dición de sus estudiantes de ser hasta cierto punto indiferentes a la problemática social que envolvía en los últimos años a los universitarios del país. La Comisión Coordinadora enfatizó su apoyo a los es-tudiantes del ITESM y comentó que ésta era una prueba más de su política de reprimir el proceso de

humanizar al instituto que han intentado llevar a cabo los estudiantes. Su apoyo se concretizó en los siguientes puntos:1. Protestamos contra el dictamen injusto contra los seis estudiantes.2. Repudiamos los mé-todos empleados por los directivos del ITESM para ahogar toda acti-vidad o manifestación crítica por parte de es-tudiantes y maestros de ese plantel.La Asamblea de Maestros del STUNL.

huelga de hambre por parte de 87 estudiantes, con el objetivo de presionar a las autoridades del Insti-tuto a fin de una nueva reconsideración.74

Para evitar casos como éste en el futuro, la FETEC también anunció su propuesta de crear un Comité de Honor y Justicia integrado por nueve miembros: tres directivos elegidos por la Honora-ble Junta de Directivos; tres profesores elegidos por la Asociación de Maestros y tres alumnos elegidos por el propio FETEC. Esta propuesta apuntaba a que se garantizara a futuro la justicia en las decisio-nes. Por lo que pidieron la creación del menciona-do Comité, el cual revisaría como primer caso y de nueva cuenta a los alumnos expulsados.75

La FETEC se mostró extremadamente ac-tiva ante este caso. Lanzaron circulares por todo el instituto, pegaron cartelones apoyando su postura y consiguieron el apoyo del Consejo Directivo de la Asociación de Profesores del ITESM, el cual firmó la mayor parte de los desplegados en conjun-to con el FETEC. Para todos ellos, la decisión de expulsión fue “desproporcionada a las faltas que se les atribuyeron”.76

La decisión de los jóvenes recibió un amplio apoyo de diferentes sectores del propio instituto,

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3. Exhortamos a todos los estudiantes del TEC a continuar y desarrollar el proceso ya iniciado.4. Que impidan la penetración en el mismo de ciertos grupos económicos y políticos de nuestro Estado que pretenden servirse de esta situación en beneficio de sus particu-lares intereses, y5. Es explícito el apoyo moral a los estu-diantes del ITESM y anunciamos que con-vocaremos de inmediato a una reunión del Consejo Estudiantil de la UNL para discu-tir el problema.80

Para el 16 de enero, 132 estudiantes del Tecnoló-gico estaban en huelga de hambre ante Rectoría. Su manifestación había atraído a numerosos padres de familia, reporteros gráficos y columnistas de los principales diarios de la localidad y de la ciudad de México; así como a algunos sacerdotes que pro-porcionaban confesiones y el sagrado pan eucarís-tico.81 En otras palabras, el movimiento estudiantil del ITESM reflejó un descontento generalizado en el país sobre las condiciones de la educación su-perior, pero mostró particularidades que dieron un sello único a su movimiento en pos de una mayor participación del estudiantado en las decisiones so-bre su educación profesional.

El movimiento mostró la eficaz organiza-ción estudiantil en una institución de educación superior privada y rebasó la capacidad de toma de decisiones de unas autoridades universitarias inca-paces de resolver el asunto por la vía de la negocia-ción. El propio rector García Roel salió inespera-damente hacia Acapulco a fin de entrevistarse con don Eugenio Garza Sada para manifestarle la pro-blemática local. El 17 de enero, a su regreso, pre-sentó una salida al conflicto en consensus con don Eugenio, la cual consistió en que el problema fuera resuelto por la decisión de un Consejo formado por tres miembros, consejeros del mismo instituto.82

Tal decisión fue reprobada por el movi-miento, ya que para los estudiantes, las autoridades y “directivos del ITESM, mostraron incompeten-cia para resolver” una situación de esta naturaleza. Así, ante una concurrencia de más de seis mil es-tudiantes, profesores y padres de familia en la ex-planada frente a la Rectoría, los estudiantes dieron por terminada su protesta, la cual culminó a las 24 horas del 17 de enero.83

El impacto interno dejó huellas imborrables en el instituto. La movilización concientizó tanto a estudiantes como autoridades, empleados y profeso-res, de que México estaba entrando a una nueva eta-pa de su historia, la cual tenía como característica, a diferencia del pasado, una mayor tolerancia ante las fricciones sociales y una búsqueda de decisiones en consenso con un estudiantado maduro en su proce-der. Esto es de resaltarse ya que nunca se manifestó la violencia dentro del instituto. Aun así, varios pro-fesores amenazaron con presentar su renuncia por no estar de acuerdo “con la falta de criterio del Con-sejo de Directores”. Entre ellos son de mencionar al jefe del Departamento Mecánico de Fluidos (al igual que toda la planta de maestros de ese Departamento) y el director de la Escuela de Letras.84

Crisis de la educación superior

Para entonces, todo indicaba una evidente crisis en la estructura de las instituciones de educación su-perior en México. Por una parte, en las institucio-nes de educación superior (IES) públicas y priva-das era la constante falta de fondos suficientes para hacer frente a la demanda educativa. Por otra parte, México necesitaba cada vez más profesionales, técnicos e investigadores. Pero para enfrentar esta demanda era necesario renovar las estructuras de la educación superior, mejorando la organización académica y actualizando los planes de estudio a fin de que estuvieran acorde con esta época que


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motivaba cambios incesantes tanto en la ciencia como en la tecnología.

Fundación de dos universidades

La respuesta del sector privado en Monterrey fue inmediata. A mediados de 1969, el Gobierno del Estado otorgó el reconocimiento de validez oficial como escuelas libres universitarias a dos nuevas Instituciones privadas: la Universidad de Mon-terrey (UDEM) y la Universidad Regiomontana (UR). Los reconocimientos fueron recibidos por el rector de la Universidad Labastida, Enrique García Leal, de parte de la UDEM, y por Roberto Treviño, de parte de la UR. Ambas instituciones tendrían, a partir de entonces, representación jurídica para los efectos legales e impartirían enseñanza profesional, preparatoria y técnica en las carreras y conforme a los programas y planes de estudio presentados y so-metidos a la aprobación del Ejecutivo del Estado,85 el cual agradeció al potente sector privado, al acu-dir al desesperado llamado del gobierno, para hacer frente a las necesidades de la educación superior en la entidad.86

Otros artículos de la resolución estatal con-sistieron, entre otras cosas, en que las instituciones señaladas podrían abrir cursos complementarios o superiores de las carreras que mantengan, así como establecer otras carreras, afines o diferentes de aquéllas. Su personal tendría, a partir de entonces, una formación académica y docente adecuada para impartir enseñanzas en un plantel de educación su-perior. El Ejecutivo se comprometió a ejercer una estricta supervisión en el aspecto técnico para el ejercicio de la educación que se imparta, en otras palabras, que garantizara el alto nivel académico. De esta forma, ambas universidades otorgarían di-plomas, certificados de estudio y títulos profesiona-les y honoríficos de carácter académico conforme a sus estatutos y reglamentos. Los títulos profesiona-les serían oficialmente expedidos por el Ejecutivo del Estado. Igualmente, estas instituciones se com-

prometieron a otorgar becas a los alumnos de esca-sos recursos, siempre y cuando no fueran menores en número al diez por ciento del alumnado.87

Reformas en la UNL

El 22 de julio de 1969, el rector Héctor Fernández planteó ante el Consejo Universitario la urgente y necesaria reforma universitaria a fin de cumplir con su elevado objetivo humanista, científico y tecno-lógico y retribuirlo así hacia la comunidad que la sustenta.

Mencionó que la UNL, desde su funda-ción en 1933, pero particularmente en los últimos años, se había ido creando nuevas facultades, se habían modificado los programas de estudio, se había elevado el nivel académico de las escuelas que funcionan ahora como facultades y, por consi-guiente, surgido centros de estudios especializados y programas de posgrado. Se había pasado paula-tinamente de la utilización de profesores de tiem-po libre a la contratación de profesores de tiempo medio y de tiempo completo. También se habían realizado modificaciones a la Ley Orgánica y del Reglamento de la misma, entre otras.88

Estos cambios mostraron que la UNL ha-bía crecido a un ritmo tan acelerado que se impone –dijo- la necesidad de una revisión profunda, de un estudio que permita determinar si los objetivos iniciales que fundaron la institución y que se han mantenido vigentes, conservan el mismo valor je-rárquico o es preciso analizar, a la luz de las con-diciones actuales y futuras, la posible conveniencia de rediseñar la estructura académica, su fundamen-to humanístico y su proyección social sobre nuevas bases que satisfagan las aspiraciones y necesidades de nuestra comunidad.89

Por ello, dijo el rector, el Consejo Univer-sitario, en el que se encuentran representados por igual alumnos, maestros y directivos de todas las dependencias académicas de la UNL, permitía concebir la posibilidad de realizar, a través de éste,

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una verdadera reforma Integral. Para el rector era inaplazable el decidir el procedimiento para llevar a cabo esta reforma, la cual debía incluir los siguien-tes aspectos:

1. Misión y objetivos de la UNL.2.Análisis y estructuración de los progra-mas académicos vigentes.3.Integración del Claustro Académico, que incluya prerrequisitos, distribución del tiempo destinado a la docencia e investi-gación, programas de educación continua, promoción jerárquica, salarios, prestacio-nes, entre otros.4.Sistema para la administración de as-pirantes a una carrera universitaria, con-gruentes con sus deseos, vocación, capaci-dad académica y aptitud, dentro del marco de posibilidades de ese momento y futuras.5.Procedimientos pedagógicos, incluyendo análisis de resultados, para determinar los índices de aprovechamiento y atenuar la deserción que frustra las aspiraciones de la familia universitaria.6.Diseño dentro del currículo de la carrera de un programa de investigación científica que genere en los universitarios la inquie-tud por la búsqueda de la verdad.7. Análisis de los programas de investigación científica que en la actualidad existen, para establecer las bases de un futuro desarro-llo, con particular interés en los problemas específicos de Nuevo León, igualmente el conocimiento de sus recursos naturales, las posibilidades de su aprovechamiento y la mejor productividad de trabajo humano en todos sus órdenes.8. Análisis de los objetivos y actividades de extensión universitaria que permita la ela-boración de un programa de desarrollo que abarque todos los aspectos, particularmen-te con obligación de proyectar la universi-dad hacia la comunidad que hace posible

su existencia, ampliando el conocimiento y la educación a todos sus niveles, como meta común y fundamental.9. Análisis y reestructuración del sistema administrativo vigente para adaptarlo a las necesidades actuales y de operar con efica-cia, ante los posibles cambios que la refor-ma conlleve.10. Finalmente, el establecimiento de un sistema de presupuesto por programa que permita el correcto análisis y distribución de los recursos de la universidad.90

A esto se unió el interés por resolver aspectos cualitativos de las actividades docentes, de inves-tigación y de extensión universitaria, así como la formulación de un anteproyecto de una nueva Ley Orgánica de la UNL. Ante ello, el rector planteó la necesidad de contar con un organismo de planea-ción universitaria. El objetivo de este nuevo depar-tamento sería el formar, con base en los estudios que se realicen, una unidad de asesoría directa a la Rectoría en asuntos relativos a los planes y progra-mas vigentes de desarrollo futuro de la UNL. Para cumplir con su objetivo, el futuro Departamento de Planeación debería ser capaz de captar y orientar las iniciativas de estudiantes, maestros, administra-dores y profesionistas, que serían adecuadamente enmarcados dentro de los planes generales de desarrollo y concretadas en medidas objetivas de acción. Las funciones del Departamento de Plani-ficación serían:

1. Realizar estudios y formular continuamen-te planes académicos, físicos y administrati-vos y financieros que delineen el desarrollo de la educación pública de Nuevo León.2. Asesorar y hacer recomendaciones a la Rectoría y al H. Consejo Universitario, en tópicos relativos a la implantación de las políticas establecidas en los planes genera-les de desarrollo.3. Hacer recomendaciones a la Rectoría y al H. Consejo Universitario en asuntos relati-


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vos a la asignación de recursos de los dife-rentes programas de la universidad.4. Análisis de la estructura universitaria actual y estudio para decidir el sistema de organización más conveniente (facultades, departamentos, coordinaciones).5. Diseñar y establecer un sistema de eva-luación, que permita el análisis de los re-sultados obtenidos en los programas im-plantados y la investigación de las causas de resultados no esperados en el proceso de planificación.91

Este ambicioso plan de reforma universitaria inició inmediatamente después del discurso del rector. Al término de la exposición de su idea de reforma, el H. Consejo Universitario inició la discusión, defi-nición y resolución de la problemática que aqueja-ba a la comunidad universitaria.

A mediados de 1969, la UNL aprobó, en Consejo Universitario, el inicio de este anhelante plan de reformas para enfrentar con éxito la cada vez mayor demanda de alumnos en educación me-dia superior y superior, así como el adecuar la añeja estructura universitaria a la nueva realidad mexica-na. A pesar de iniciar este año académico con dos nuevas universidades privadas (UDEM y UR) en la ciudad, la UNL aprobó el nuevo ingreso a sus escuelas de 6,160 alumnos, diez por ciento más que en julio de 1968.92

Entre las reformas, se aprobó la creación del ya mencionado Departamento de Planificación Universitaria y se justificó la incorporación de las escuelas particulares que lo solicitaron.93 También se acordó la modificación al Reglamento General de la UNL en su artículo 89, autorizando sólo 20 por ciento de faltas a los maestros en lugar del tradi-cional 50 por ciento de inasistencias. Se aclaró que quien sobrepasara el límite nuevo establecido, sería despedido de su labor docente. De la misma forma se modificó el propio Reglamento General en su ar-tículo 40 que versaba sobre el derecho de guardar,

por parte de la UNL, todos aquellos documentos y certificados que se presentaran por los aspirantes a ingresar a esta casa de cultura, los cuales nunca eran devueltos a los interesados. En adelante, esta nueva reforma autorizaba, a quien los solicite, el regreso de sus documentos para el uso que convenga.94

Las reformas en las escuelas y facultades consistieron en la aprobación del nuevo plan de estudios para la Facultad de Comercio; la revalida-ción de los estudios a un egresado de la Facultad de Economía (Aurelio Rodríguez, quien cursó es-tudios en la Universidad de Concepción, Chile, y quien deseaba sustentar examen profesional en la UNL, haciendo válidos sus cursos realizados en el extranjero).95

También, en esa sesión del Consejo Uni-versitario, se integró la terna que habría de presen-tarse al Gobierno del Estado, y de la que saldría el director definitivo del Instituto de Investigaciones Científicas de la UNL.96 Otra terna fue formada para que fuera decidida la titularidad de la Direc-ción de la Facultad de Enfermería, quedando en ella, en orden descendiente, la Doctora Adela Cas-tillo y las enfermeras Rosa María Nájera y María del Carmen Melgoza. Entre otras decisiones, se dio el nombramiento para la Dirección del Centro de Investigaciones Económicas de la UNL, depen-diente de la Facultad de Economía, favoreciendo el mismo al licenciado Isidro Paz Torres, en la terna que incluía a Alejandro Martínez García y Alberto del Castillo, misma que había sido enviada por la propia Dirección de Economía al Consejo, pues a ésta tocaba, en este caso, la decisión.97

Finalmente, el médico Roberto Morei-ra Flores, secretario general de la UNL, informó sobre el resultado de la sesión del Consejo y dijo que se ascendió al puesto de consultores de servicio (cargo honorífico de por vida) a favor de los médi-cos Marco Antonio Ugartechea y Ángel Quijano T., quienes serían, a partir de ese momento, jefes de Enseñanza Superior en el Hospital Universita-

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rio, en sus respectivos servicios, comentándose que dicho grado era lo máximo a lo que se podía aspirar en ese renglón.98

El movimiento estudiantil de 1969

Aunado al problema de sobrecupo de la educación media superior y superior, a partir del 23 de sep-tiembre de 1969 el movimiento estudiantil entró en una fase de franco ascenso en contra de las condi-ciones particulares de cada facultad y escuela de la UNL.99

En esa última fecha, los estudiantes de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas tomaron sus instalaciones –ubicadas en el décimo piso de la Torre de Rectoría–, ante la constante negativa del rector para solucionar el problema centrado en la petición de destitución de su director, el licen-ciado Alfonso Navarro, a quien acusaron de fallas administrativas. Ese mismo día, un grupo nume-roso y organizado de estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras pidió la destitución del director de la misma, el ingeniero Jesús Batarze y la del ca-tedrático Benjamín Marquecho. Como medida de presión, realizaron paros de una hora.

La actividad se vuelve febril. Al día si-guiente, en las 24 Escuelas de la UNL aparecen, colocados en los tableros, largos pliegos petitorios en los cuales se exigía una reestructuración del sis-tema académico; se pedían laboratorios, talleres, bibliotecas, entre otras. Ese mismo día, en una re-unión del Consejo Estudiantil de la UNL, se acor-dó, por unanimidad, unificar los pliegos petitorios que estaban diseminados por todas las Escuelas de la UNL.

El 24 de septiembre hubo un intento de negociación. Ese día la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Filosofía se entrevista con el rector, a fin de exponer su problema, el rector, a su vez, se niega a autorizar las destituciones exigidas. En una reunión general de los estudiantes de Ciencias Físico-Matemáticas, piden la reunión del Consejo

Universitario para que analice su problemática.El 27 de septiembre muestra la escalada de

descontento. En vista de la cercanía del día 2 de oc-tubre, el Consejo Estudiantil convocó a un festival para esa fecha, con motivo del primer aniversario de los hechos ocurridos en la Plaza de las Tres Culturas en la capital de la república, y de paso para apoyar las peticiones de los estudiantes de las Facultades de Filosofía y Ciencias Físico-Matemáticas. Dos días después, los estudiantes descontentos llevaron el pliego petitorio al rector y el Consejo Estudian-til convocó a un mitin para que las escuelas de la UNL expongan sus problemas.

Llega el 2 de octubre. Más de dos mil es-tudiantes llevaron a cabo demostraciones sobre los hechos del año pasado. Los estudiantes de Filosofía y Letras encabezaron la manifestación, a la cual se unieron contingentes de estudiantes del ITESM. De las 12:00 a las 22:00 horas, la Torre de Rectoría tomada por más de 200 estudiantes, los cuales ma-nifiestaron que esta acción sólo es simbólica para honrar a los caídos el 2 de octubre. Días después (6 de octubre) los estudiantes de las dos facultades en paro parcial recorrieron la ciudad y distribuyeron volantes donde se denunciaban que el rector y el secretario de la UNL no muestran interés en resol-ver sus problemas. El 7 de octubre los estudiantes de la Facultad de Filosofía dieron un ultimátum de cuatro días al rector para que destituyeron a su di-rector, en caso contrario se irían a la huelga.

Por fin, el 9 de octubre, el Consejo Uni-versitario sesionaba para evaluar la problemática. Mientras tanto, estudiantes de Filosofía y Cien-cias-Matemáticas tomaban Rectoría. De ahí en adelante, el descontento estudiantil se extendió a otras escuelas. El día 10, Odontología es tomada por estudiantes que se lanzaron a la huelga indefini-da por no resolver las autoridades la destitución de cuatro catedráticos. El día 15, en la Facultad de Me-dicina se decretó un paro indefinido a fin de que el director Marco Antonio Ugartechea continuara en su cargo. Ugartechea rechaza continuar de director


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pero acepta continuar como profesor en su cátedra. También los estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas se unieron al conflicto. En esta facultad se dio una protesta generalizada por la designación de un nuevo director a raíz de la renuncia a este cargo del ingeniero Ricardo Salgado. El clima de agitación imperó en la universidad y el resto de las escuelas anunciaban asambleas de carácter urgente a fin de plantear sus pliegos petitorios.

El 16 de octubre, después de una larga se-sión del Consejo Estudiantil de la UNL, se decidió presentar un pliego petitorio de nueve puntos, rela-tivos a las reformas internas de la universidad:

1. Pase automático de las escuelas prepara-torias a las Facultades2. Modificación del artículo 9, capítulo II de la Ley Orgánica de la UNL para que en el Consejo Universitario sean dos y no uno de los consejeros alumnos.3. Derogación del artículo 24 relativo al capítulo IV de la misma Ley, para que se reforme en el sentido que cada Junta Direc-tiva nombre a su propio director.4. Modificación del artículo 32, capítulo IV, para que haya paridad de votos de maestros y alumnos en las juntas directivas.5. Derogación del artículo 16, capítulo II,

para que el rector lo nombre la Asamblea Universitaria y no el Ejecutivo.6. Que los profesores sean nombrados por las juntas directivas.7. Derogación de los acuerdos del Consejo Universitario, tomados en 1965, en el senti-do de usar la fuerza pública cuando el caso lo amerite.8. Derogación del acuerdo del Consejo en el sentido de que los alumnos no serán es-cuchados en caso de huelga estudiantil.100

El movimiento se generalizó y, a partir del día 20, se pidió la cabeza del rector y del secretario general de la UNL. En sesión general, el Consejo Estu-diantil condenó la actitud del rector, ante la falta de decisiones para resolver los problemas universi-tarios. Se anunció una manifestación frente al Pa-lacio de Gobierno, a fin de pedir la destitución del rector, secretario general y directores con los cuales el estudiantado había tenido fricciones. La Refor-ma universitaria siguió siendo la gran petición del Consejo.

El Gobierno del Estado fue receptivo a las peticiones del movimiento. El Ejecutivo envió, el 22 de octubre, al Congreso del Estado, una inicia-tiva a fin de reformar los artículos 16 y 24 de la Ley Orgánica de la UNL; la reforma estaba encamina-

El STUANL solicitó, para 1970, un aumento en salarios y aguinaldos.

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da a que el rector fuera designado por una asamblea de profesores y alumnos y para que directores de escuelas y facultades fueran nombrados en las Jun-tas Directivas. La noticia de esta autonomía sui ge-neris, la da Elizondo ante un grupo de estudiantes universitarios que fueron recibidos en palacio. Ese día el Gobernador decidió la destitución del rector, del secretario general y de los 24 directores de la UNL.

El 23 de octubre la destitución masiva de las autoridades universitarias es un hecho. Algunos profesores decanos se hicieron cargo de las facul-tades, pero el resto no aceptó renunciar por con-siderar que la reforma a la Ley Orgánica sólo era una iniciativa. La propuesta del Gobernador creó un divisionismo interno de parte del profesorado. Un grupo de profesores encabezados por el doctor Agustín Basave Fernández del Valle se afilió en una organización denominada Asociación de Maestros de la UNL (compuesta por 200 profesores) que desconocía la iniciativa.101 El 24 de octubre acudie-ron ante el Congreso y le pidieron no aprobar la ini-ciativa del Gobernador, consideraron que tales mo-dificaciones pueden traer consecuencias graves a la estabilidad de la UNL. Ese mismo día, el Consejo Estudiantil tomó Rectoría a fin de presionar a las autoridades estatales para que aprobaran la iniciati-va. El Sindicato de Trabajadores se unió al Consejo Estudiantil de la UNL, los cuales acudieron, el 25 de octubre, al Congreso a pedir la aprobación de las reformas y acusar de elementos disolventes a la nueva asociación de profesores. La autonomía se volvió la bandera del movimiento estudiantil y de los trabajadores y empleados de la UNL.

A partir del 27 de octubre se dieron tomas de algunas instalaciones como el Aula Magna; ma-nifestaciones hacia la sede del Gobierno Estatal (donde acusaron al Gobernador de ser el autor de la maniobra del grupo de profesores encabezados por Agustín Basave); la Facultad de Odontología se lanzó a huelga de hambre frente a la casa de su director Antonio Ruiz Sánchez Collado con el pro-

pósito de que renunciara a su puesto (el 1 de no-viembre se dió fin a esta huelga ante la formación de una comisión mixta de alumnos y profesores para solucionar los problemas que aquejaban a esa facultad); el 30 de octubre se celebraban asambleas estudiantiles en la mayoría de las facultades, donde se determinó el apoyo incondicional al movimiento estudiantil. El 3 de noviembre iniciaron dos huel-gas de hambre, una en la Facultad de Medicina (también hiceron campamento frente al Palacio) y la otra fue la reanudación de la que estalló en Odontología el 29 de octubre. No todo fue violen-cia y maltrato, la estudiantina universitaria amenizó con gran jolgorio el paro en Ciudad Universitaria.

Las peticiones fueron diversas pero el am-biente de inconformidad eran generalizado. Por ejemplo, el Frente Estudiantil de la Facultad de Derecho consideró la autonomía como solución al conflicto, pero las reformas propuestas por el Go-bernador –dicen– no la dieron de forma íntegra. Además se manifestaron en contra de la participa-ción del STUNL y de la Asociación de Maestros de la UNL en el movimiento estudiantil.102 Por otra parte, también hay voces de mesura. Los ca-tedráticos de la Preparatoria 1 pidieron el regreso a clase, ante el irreparable tiempo perdido. Aunque apoyaron las demandas estudiantiles, consideraron que el regreso a clase daría seriedad y respeto de la población hacia las demandas y evitaría que grupos políticos sectarios tuvieran oportunidad de sacar provecho del movimiento.

Por lo tanto, consideraron un deber ma-nifestar lo siguiente:

1. Si alguna razón hay para que la univer-sidad exista, es precisamente el desarrollo y cumplimiento de la misión clara e indis-cutible, que le corresponde de transmitir la cultura, fomentar la investigación y formar los profesionistas que requiere la sociedad.2. Como corolario de ser una institución abierta a todas las ideologías, entendido esto a nivel académico y de ningún modo


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como tribuna de facciones, partidos po-líticos o credos religiosos, su autonomía resulta indispensable, precisamente para el efecto de que se fijen los lineamientos generales que garanticen el cumplimiento de su misión, y con toda libertad elija a las personas más idóneas para el desempeño de los cargos directivos y de las labores do-centes y administrativas.3. Consecuentemente estamos de acuer-do con la iniciativa del C. Gobernador del Estado, presentada al Congreso local, para lograr la reforma tendiente a dotar de dicha autonomía a la universidad, y nos unimos a la petición de que, previos los estudios que amerita tan trascendental cambio, ese cuerpo legislativo expida a la mayor brevedad posible el decreto corres-pondiente.

4. Mientras no se expida, y con respeto a los maestros decanos, las únicas auto-ridades universitarias son las que fueron designadas con fundamento a esta ley vi-gente.5. Contra quienes deseen, o lleguen a de-sear, de cualquier forma, convertir a la universidad en instrumento de un partido político, sostenemos con toda la energía que nos permita el medio democrático en que vivimos, el derecho que nos asiste para atender el sencillo afán de nuestra tarea do-cente, evocada a auxiliar a la juventud en sus aspiraciones de aumentar sus conoci-mientos de prepararse y formarse para una profesión con sentido de responsabilidad social, y de propugnar con claro sentido humanista el logro de los cambios que la justicia social reclama [...]103

Miembros que constituían la Comisión Redactora del proyecto de nueva ley orgánica de la Universidad de Nuevo León.

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El 4 de noviembre por la noche, los estu-diantes desfilaron con antorchas, mientras acusaban al Congreso del Estado de tratar de impedir con su tardanza, la reforma universitaria. Al día siguien-te, el Consejo Estudiantil sesionó para definir los métodos de lucha. Ese día se pintaron camiones y se repartieron volantes con sus demandas a la población citadina. El presidente del Congreso sintió que el movimiento intentaba manipular al poder Legislativo y exigió a los estudiantes el re-greso a clases como prerrequisito para estudiar y dictaminar la iniciativa del Gobernador. Comentó que mientras no se restableciera el orden y el tra-bajo y se restituyera el principio de autoridad y la observancia y vigencia de las leyes de la UNL, sería imposible para la Cámara de Diputados dictaminar sobre la iniciativa del Gobernador del Estado.104

La tardanza del Congreso, el cual evidencia divisiones internas entre sus ocho integrantes, fa-voreció la llegada de nuevas iniciativas por parte de grupos políticos dentro y fuera de la UNL, como es el caso de la Asociación de Maestros de la UNL, la cual presentó, el 7 de noviembre, un anteproyecto de Ley Orgánica de la UNL105 ante los diputados. Por otra parte, el Departamento Jurídico del diario El Norte formuló y publicó, el 29 de octubre, un proyecto de ley para una nueva Ley Orgánica de la UNL, de la cual se hicieron 20 mil copias para su distribución a la ciudadanía.106 El STUNL tam-bién manifiestó que estudiaban las reformas a la ley a fin de presentarlas a los legisladores, y cues-tionaba la elaboración de las Leyes Orgánicas por grupos políticos que se adjudican “el derecho de representación universitaria para la elaboración de la mencionada ley”.107

Por su parte, y ante el miedo del aumento de la violencia en las calles y del deterioro de sus unidades, los concesionarios del transporte urbano facilitaron, a partir del 7 de noviembre, unidades a los estudiantes a fin de apoyar el traslado de mani-festantes en apoyo a sus demandas.

El descontento universitario impacta de nueva cuenta al ITESM

La agitación estudiantil favoreció el resurgimien-to de nuevas demandas universitarias dentro del ITESM. A principios de noviembre de 1969 cun-dió un amplio descontento entre los estudiantes de Físico-Matemáticas, por las condiciones de estu-dio en esta carrera, entre la que destacaba, presun-tamente, el bajo nivel académico de los profesores que impartían esas asignaturas.

El descontento estalló el 4 de noviembre. La publicación de un reglamento de alumnos por parte de las autoridades del instituto provocó la ira de los estudiantes inconformes, los cuales protesta-ron contra su contenido (presumiblemente no había sido consensuado con el alumnado; fue publicado ese día a última hora, y contenía fuertes sanciones hacia el alumnado en casos de faltas de conducta y disciplina) quemándolo en una pira dentro de las instalaciones.108 Este hecho provocó que los estudiantes de Físico-Matemáticas exigieran a las autoridades del instituto resolver su petición con un ultimátum –en un máximo de siete días–, para contratar profesores capacitados.109 La postura de los estudiantes de Físico-Matemáticas fue apoyada por 23 profesores auxiliares en esa disciplina.110 Dos días después la FETEC se solidarizó con un des-plegado en el que decían estar “cansados de clases insípidas” y de querer “mejores profesores”, exi-giendo una mayor voluntad de las autoridades para que se les “ofrezcan –a los profesores– oportunida-des de mejoría y desarrollo a los que están”. 111

La Asociación de Profesores del ITESM también hizo suyas las demandas de la FETEC. En las que plantearon que “las peticiones de nues-tros compañeros maestros auxiliares-alumnos son justas y encierran en esencia un alto sentido de ho-nestidad académica”.112

La Asociación de Profesores presentó, el 7 de noviembre, un escrito al rector, ingeniero Fer-nando García Roel, manifestando su honda pre-


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ocupación por el deterioro inminente de los niveles de enseñanza de una disciplina (Físico-Matemáti-cas) cuya importancia y alcance estaban fuera de toda duda.113

Paralela a las demandas de alumnos y pro-fesores, la Comisión de Honor y Justicia para casos disciplinarios decidió disolverse, ya que el nuevo reglamento de alumnos, decían sus miembros, les quitaba autoridad al restarle atribuciones y en con-secuencia minimizar sus sanciones.114

La respuesta del rector a las numerosas in-conformidades, se dio a mediados de noviembre, con ella respondió a las demandas de los estudian-

tes, prometiendo contratar seis profesores de tiem-po completo para el Departamento de Matemáticas y tres para el Departamento de Física a partir de enero de 1970.115

En consecuencia, la FETEC llevó la pro-puesta del rector a una auscultación entre el estu-diantado donde se preguntó si estaban de acuerdo con la propuesta del rector, y en caso de no estarlo, qué medidas proponían para llegar a una solución. La votación realizada el 15 de noviembre arrojó 3,742 votos, de los cuales 36 por ciento estuvo de acuerdo con el rector o sencillamente no se mani-festó en contra; mientras el resto, 63.5 por ciento se manifestó en desacuerdo y propuso diferentes medidas para solucionar el conflicto. La acción de

la FETEC estimuló la unión de los Departamentos de Físico-Matemáticas, Letras, Economía y Admi-nistración de Negocios en pro de las demandas.116 Además de que el Departamento de Arquitectura decidió hacer un paro parcial diario de 9 a 11 horas como una medida de protesta. Para el 19 de noviem-bre, ocho escuelas estaban en paro esperando una resolución definitiva del rector a sus demandas.117

Reformas a los artículos 16 y 24

De forma paralela a la agitación estudiantil que embargaba al ITESM, los acontecimientos que

sucedieron en noviembre y que afectaron a la UNL fueron relevantes para el desa-rrollo posterior de la reforma universitaria. Finalmente, ante la presión estudiantil, de la población y del Ejecutivo (quien conoció en ese momento la noticia más esperada de fin de sexenio), el Congreso del Estado re-formó, el 10 de noviembre de 1969, los ar-tículos 16 y 24, pero no cedió la paridad de votos que propuso Elizondo en su iniciativa original (el anuncio fue opacado por la no-ticia del día: la renuncia de Luis Echeverría a la Secretaría de Gobernación y su postu-lación como candidato a la presidencia por

parte de PRI).118 La vigencia de tales reformas, in-formaba el presidente del Congreso, empezararía una vez que se publicaran en el Diario Oficial del Estado.

Los legisladores propusieron que el Ejecu-tivo del Estado nombrara un rector provisional en tanto el Consejo de la UNL designara el definiti-vo.119 El Gobernador comentó que promulgaría y publicaría la ley en cuanto la universidad volviera a la vida normal, para lo que pidió, como única me-dida simbólica, el regreso de la Torre de Rectoría por parte de los estudiantes, a fin de que el rector provisional pudiera asumir su cargo.120

Los legisladores cambiaron el término de Asamblea Universitaria propuesta por el Goberna-

Debate sobre el proyecto de la nueva ley orgánica presentada por los miembros de la Comisión Redactora.

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Profesores de la Universidad de Nuevo León que presentaron al Congreso del Estado su particular proyecto de ley.

dor, por el de Consejo Universitario en el artículo 16:

ya que esto proporcionará –dijeron– a los universitarios un instrumento perfectamen-te reglamentado por la ley vigente cuyas partes constitutivas y su funcionamiento los significan como la máxima autoridad universitaria. Pensamos que la designación de un rector de la UNL hecha por el Con-sejo Universitario y no por el Gobernador del Estado se traduce en una fórmula de autogobierno.121

Finalmente, después de dos años de lucha de parte de los universitarios en busca sistemática de una reforma profunda en los órganos de gobierno y re-presentatividad en la UNL, las innovaciones a los mencionados artículos quedaron estipuladas en el Periódico Oficial de la siguiente manera:

Artículo 16. El rector es el representante de la Universidad, será electo por el Consejo universitario, y en sus faltas temporales será sustituido por el secretario general de la universidad. El rector solamente podrá ser removido por causas graves a juicio del Consejo Universitario.Artículo 24. Los directores serán electos por la Junta Directiva de cada facultad o es-cuela. Sólo podrán ser removidos por cau-sas graves a juicio de la Junta Directiva. Los directores de las instituciones universitarias

serán designados y removidos libremente por el Consejo Universitario.

TRANSITORIOS:Artículo 1°. Conforme a las disposiciones de la Ley de la Universidad de Nuevo León, mientras se elijan los nuevos directores de las facultades y escuelas, los maestros deca-nos de cada una de ellas quedarán al cargo de las respectivas direcciones.Artículo 2°. Sólo por esta vez el Ejecutivo del Estado designará un rector provisional, quien tendrá impedimento para ser electo conforme al artículo 16.Artículo 3°. Tanto los decanos como el rector provisional a que se refieren los dos artículos transitorios que anteceden se abstendrán de hacer remociones o nuevas designaciones a personal docente o de otra índole.Artículo 4°. Las elecciones de directores se darán a más tardar el 21 de noviembre de 1969; deberán convocar a los miembros de las Juntas Directivas por conducto de los decanos. La elección de rector conforme al artículo 16 que se reforma tendrá verifica-tivo el 29 de noviembre a las 10 horas en el Salón de Sesiones del Consejo Univer-sitario.122

La reacción universitaria ante la mutilación de las reformas por los legisladores fue de reproche. El

Consejo Estudiantil123 y el STUNL rechaza-ron las reformas (éstos aclaran que la paridad de votos era para las funciones eleccionarias mas no académicas), mientras que en la Fa-cultad de Medicina se ponía fin a la huelga de hambre iniciada una semana antes. Por su parte, la Asociación de Maestros concuerda con los legisladores en no otorgar la paridad de votos en cualquier sentido (eleccionario o académico).

El Consejo Estudiantil acusó al Go-bierno estatal de manipular sus demandas,


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por lo que se juzgó necesario el apoyo universitario nacional. El 13 de noviembre, el Consejo acordó realizar una magna manifestación para el día 20, a fin de centrar la petición del movimiento en la pa-ridad de votos en el Consejo Universitario y en las Juntas Directivas. Asimismo, se acordó por vez pri-mera, que el movimiento estudiantil contemplaría también demandas de otros sectores oprimidos de la población, como lo eran la reforma agraria y obre-ra, la salud al servicio del pueblo, entre otras.124

Ante la constante presión, el 17 de noviem-bre, el Ejecutivo estatal intentó negociar con el movimiento a fin de que aceptaran una nueva mo-dificación a la Ley Orgánica. Ésta consistía en un 33 por ciento en las Juntas Directivas, a diferencia de la petición estudiantil que contemplaba 50 por ciento tanto en Juntas Directivas como en el Con-sejo Universitario. Ante la intransigencia del movi-miento estudiantil, las negociaciones fracasaron.

En último momento, Elizondo envió una nueva iniciativa de reforma a la Ley (la cual la expo-ne personalmente ante el Congreso en pleno) para satisfacer a los universitarios. El 18 de noviembre, el Congreso del Estado aprobó, con dispensa de trámite, la iniciativa del Gobernador para crear una Comisión con representación paritaria de maestros y alumnos que redactara el Proyecto de una nueva Ley Orgánica de la UNL, en un plazo que vence-ría el 31 de mayo de 1970. La iniciativa aprobada también incluía una modificación al artículo 31 de la Ley Orgánica de la UNL para que se crearan las Juntas Directivas de cada facultad o escuela en for-ma semejante al Consejo Universitario, y en las que los estudiantes representaran la tercera parte de los votos.125 Esta última modificación no fue la original enviada por Elizondo, ya que éste sí especificó la paridad en 50 por ciento126.

La iniciativa aprobada y modificada por la Cámara Estatal de Representantes constaba de seis artículos, modificación al artículo 31 de la Ley Or-gánica y dos transitorios. En los primeros se esta-blecía la creación de una Comisión para la creación

de la nueva Ley Orgánica, que estaría integrada por un representante maestro y un estudiante de cada facultad y escuela. El primero designado por el cuerpo docente y el segundo por la sociedad de alumnos según sus estatutos, en un plazo no ma-yor a diez días. Por su parte, el artículo 31 también especificaba la conformación de la Junta Directiva por facultad o escuela integrada por los profesores y un número de alumnos igual a la mitad de aqué-llos.

El único diputado que mostró abiertamente su apoyo a la paridad desde el inicio del conflicto fue Rodolfo Gaytán, líder de los electricistas y re-presentante de la CTM en Nuevo León. Ante el transitorio de Elizondo comentó antes de la vota-ción que:

era el más trascendente de todas las inicia-tivas que se hayan presentado en la vida institucional de esta Legislatura y posible-mente la de mayor importancia durante la vigencia de este Congreso.127

La respuesta inmediata de los líderes estudiantiles fue de nueva cuenta el rechazo de la tercera parte y la defensa de su petición original que pedía la pa-ridad de representantes y votos en ambas instan-cias. El momento culminante de este movimiento se presentó en el desfile del 20 de noviembre, fecha patriótica donde la comunidad universitaria y sus simpatizantes manifestaron seguir en paro indefini-do hasta lograr la paridad de votos en las instancias de decisión de la universidad.128

Momento culminante ya que, días después, el movimiento se diluyó ante la posibilidad de per-der el semestre e incluso el año académico. En varias de las facultades se anunciaron asambleas a fin de buscar el consenso para regresar a clases y buscar nuevas formas de presión.129

Otro de los divisionismos que suscita el movimiento en su interior es la atomización de los grupos estudiantiles que en ocasiones muestran abiertamente sus fricciones. Incluso en algunas Facultades se cuestionó el proceder de sus líderes

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estudiantiles durante el proceso de movilización. Éste es el caso de la Facultad de Filosofía, Letras y Psicología donde la base estudiantil (55 alum-nos) responsabilizó al presidente de la Sociedad de Alumnos, Miguel Covarrubias Ortiz, de la situa-ción caótica por la que atravesaba la facultad du-rante el movimiento, caracterizado por la desinfor-mación y la falta de consenso en la toma de decisio-nes estudiantil.130 Otros grupos también muestran en ocasiones posturas divergentes con el consenso general (aunque muestran su repudio a la autono-mía parcial) como los denominados “Grupos Inde-pendientes Revolucionarios de Nuevo León”.131

Finalmente, el 26 de noviembre, el Go-bernador designó al licenciado Enrique Martínez Torres como nuevo rector, quien originalmente actuaría sólo catorce días naturales hasta en tanto se reuniera el Consejo Universitario para nombrar el definitivo. La entrega de Rectoría por parte del Consejo Estudiantil para la toma de posesión se realizó a las 11 horas de ese día; la entrega de las instalaciones se efectuó con un último acto del an-terior rector Héctor Fernández González, quien dio un discurso sobre su gestión y su concepto de refor-ma universitaria integral. Ésta debía –a su juicio– conciliar dos aspectos, por un lado la autonomía y,

por otro, el gobierno de la universidad. Héctor González comentó:autonomía universitaria se define como la libertad de enseñanza, investigar y difundir la cultura; autonomía académica que se com-plementa con la autonomía legis-lativa, como capacidad para darse sus propios ordenamientos; y con la autonomía administrativa como derecho a organizarse de funcionar y aplicar sus recursos económicos como lo estime más conveniente [...]La autonomía más que un privile-gio encierra una responsabilidad

para todos los miembros de la comunidad universitaria. La de cumplir con nuestros deberes y hacer honor a las instituciones recordando que la autoridad y el orden de nuestra casa de estudios no se fundan en un Poder físico, sino en una fuerza moral, que sólo depende de la conciencia y el respeto a la capacidad y posición de cada uno de nosotros.132

En el acto también se reunieron cientos de estu-diantes en la explanada de Rectoría donde escu-charon posteriormente a sus líderes,133 los cuales pidieron a los presentes que permanecieran en ese lugar hasta en tanto no recibieran una copia del Pe-riódico Oficial en el que aparecerían los decretos que modificarían los artículos 16, 24, 32 y transito-rio de la Ley Orgánica de la UNL. Héctor Fernán-dez sería designado por el Gobernador Elizondo, como asesor y supervisor del Gobierno del Esta-do para los programas de orden académico en las universidades de Monterrey y Regiomontana, de nueva creación.

Posteriormente, como un acto final, en se-sión celebrada en la tarde en el Aula Magna de la universidad, el Consejo Estudiantil Universitario acordó continuar con el movimiento por lo menos

Para mediados de 1970 la demanda de lugares en las preparatorias de la UANL aumentó de golpe.


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durante el transcurso de la semana; así como con-sultar en asambleas de cada facultad y escuela. So-bre la base de la consulta, el movimiento autorizaría el regreso a clases o bien la continuación de la lucha por obtener la paridad de votos en la designación de rector y directores. El consenso mayoritario fue la consideración de continuar con el paro.134 Éste continuó hasta diciembre, mes en que se levantó ante la petición de la mayoría de regresar a clases y constituir las Juntas Directivas de las facultades a fin de designar a los nuevos directores.135 El pro-ceso se cumplió y en diciembre fue designado el médico Oliverio Tijerina Torres como nuevo rector y Tomás González de Luna, miembro prominente local del Partido Comunista Mexicano, como nue-vo secretario general de la UNL.136

3. Inicio de una nueva década. Gesta-ción de un nuevo proyecto de univer-sidad

La situación en la UNL y en el ITESM

El periodo semestral en la UNL de julio a diciem-bre de 1969 se vio inmerso en constantes irregu-laridades debido a los invariables paros provoca-

dos por el movimiento estudiantil. Debido a ello, las clases se extendieron por acuerdo del Consejo Universitario hasta febrero y parte de marzo del si-guiente año. La prolongación de este semestre se otorgó a discreción de cada escuela o facultad, a fin de recuperar el tiempo perdido durante el último conflicto universitario. La discreción se otorgó a las escuelas, debido a que no todos los alumnos fueron a la huelga durante el mismo lapso, y este periodo de aumento se estableció en una variación de dos semanas como mínimo y un máximo de cuatro. Las inscripciones para el primer semestre de 1970 se es-tablecieron para el 2 y 3 marzo, y el inicio de clases el 9 del mismo mes. Paralelamente, las vacaciones de primavera se vieron reducidas a una semana, la comprendida entre el 21 y 29 de marzo.137

El único acto de importancia en ese primer mes de parte de algunos estudiantes y autoridades de la UNL fue el paro nacional del 15 de enero en demanda a la libertad de los presos políticos arrEs-tados en octubre de 1968, al que se adhirieron las preparatorias 1 y 3 nocturna para trabajadores. Este paro nacional exigió la puesta en libertad de los presos políticos integrados por universitarios, estudiantes, profesores y otros ciudadanos presos en la cárcel de Lecumberri de la ciudad de Méxi-

co como consecuencia del movimiento universitario y popular de 1968.138

Una autonomía condi-cionada:

el estrangulamiento de las finanzas universitarias

Sin embargo, el asunto presupuestal continuó sin resolverse. Como fue costumbre en los últimos años, el STUANL solicitó, el primer día de 1970, un

La inconformidad estudiantil se manifestó de maneras diversas.

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aumento de 20 por ciento sobre el salario deven-gado por sus agremiados que sumaban ya 1,700 trabajadores.139 Entre otras peticiones también se contempló la percepción del salario mínimo para todo aquél que no lo tuviese y una quincena más de sueldo de aguinaldo (para contabilizar un mes de sueldo en esta percepción).140 En resumen, la petición era un aumento de 9 millones y 400 mil pesos. La respuesta inmediata de las autoridades fue la falta de liquidez monetaria. El rector Olive-rio Tijerina comentó, el 16 de marzo en junta del Consejo Universitario, la falta de presupuesto de la UANL, a pesar de que el gobierno estatal había asignado un presupuesto de 57 millones de pesos para 1970.141 A esta cantidad, el Ejecutivo esta-tal agregó 9 millones, para sumar 66 millones, en virtud de los múltiples problemas económicos que presentó la institución en 1969. Y aún así el pro-blema no fue solucionado; las instalaciones univer-sitarias se habían colapsado ante la gran demanda

de 1969: escasez de aulas, bibliotecas, laboratorios, mobiliario, entre otros.142

Ante la negativa de las autoridades univer-sitarias para complacer la petición del STUANL, su secretario general, Carlos Ruiz Cabrera, visitó al Gobernador Eduardo Elizondo a fin de expli-car la importancia de las peticiones del sindicato. Ante un Gobernador adusto, por primera vez Ca-brera escuchó, en voz de Elizondo, una negativa rotunda. El gobierno había dado los pasos nece-sarios para crear la autonomía universitaria, había estimulado la organización universitaria a fin de modificar y discutir una nueva Ley Orgánica, y había aumentado el subsidio de manera creciente durante su mandato, pero el asunto había llegado a su límite: correspondía a los universitarios bus-car nuevas formas de financiamiento o bien com-prender que la universidad ya no podía seguir creciendo. Acusó a Cabrera y a los universitarios inconformes de creer que tenían ante sí una em-presa comercial o industrial, que esto no sólo no era así, sino que además no les pertenecía, sino que debían su trabajo y su labor a la comunidad nuevoleonesa, la cual daba sustento a tal empresa educativa. La educación superior era importante, pero el gobierno estatal tenía otras prioridades educativas en la educación básica. De los 284 millones de pesos destinados en 1970 a la edu-cación en el Estado (éstos representaban 62.88% del presupuesto total del Estado), sólo 66 corres-pondían a la UANL, el resto se destinaba a los otros niveles educativos.143

Y por si fueran pocos los problemas presu-puestales que aquejaban a la UANL, el gobierno federal retrasó discrecionalmente el subsidio otor-gado a las universidades estatales, a fin de racio-nalizar los recursos y evitar desvíos que, a juicio de algunos miembros del gabinete presidencial, pu-dieran canalizarse a los movimientos radicales de izquierda dentro y fuera de las universidades. Para 1970, un buen número de universidades públicas

El periódico Universidad era una publicación quincenal de la UANL.


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estaban lideradas por miembros o simpati-zantes de la izquierda tradicional mexicana. La UANL no era la excepción, incluso pre-sentaba un rector liberal de centro izquierda y un secretario general del Partido Comunista Mexicano (PCM). En el STUNL también dominaba la izquierda entre sus dirigentes y algunas facultades y escuelas mostraban esa misma tendencia entre sus autoridades. Fue por ello que la Tesorería General de la repú-blica congeló el subsidio federal a la UANL (consistente en 450 mil pesos mensuales) de marzo a diciembre de 1970, sumando más de cuatro millones de pesos.144 Tal fue el estrangulamiento de las finanzas universi-tarias, que el rector Oliverio Tijerina, como presidente de la Asociación de Universida-des del país, viajó en mayo a México a fin de regularizar el subsidio federal a la UANL y a otras universidades de la república.145

Para tratar de evitar la politización de los problemas que aquejaban a la institución, el Consejo Universitario decidió, el 20 de marzo, que la universidad no participaría oficialmente en ninguna actividad política y por consecuencia cualquier universitario que llegara a entrevistarse con el candidato de parte del PRI a ocupar la pre-sidencia del país, el exsecretario de Gobernación Luis Echeverría Álvarez (en su anunciada visita proselitista a la Ciudad y su posible ingreso a las instalaciones de la UNL), o cualquier candidato político, lo haría absolutamente en forma personal, sin ostentar la representación de la máxima casa de estudios.146

El movimiento universitario se generaliza

Los problemas universitarios eran comunes no sólo en México sino en todo el mundo. En mayo, la violencia volvió aflorar en las principales uni-versidades de los Estados Unidos a consecuencia

de la desaprobación al apoyo otorgado al gobierno de Camboya de parte de Washington. Hubo nu-merosos cierres de universidades por parte de las autoridades estatales a fin de evitar la propagación de la violencia. En México, tras severos disturbios en la capital de Durango, y por instrucciones del Gobernador Alejandro Páez Urquidi, fue cateada la universidad pública estatal. El mismo Goberna-dor amenazó con la eliminación del subsidio estatal a esta casa de estudios147.

En Monterrey, no sólo la UANL fue escena-rio del movimiento estudiantil. El ITESM escenifi-có, en septiembre de 1970, una protesta violenta de algunos miembros de la Federación de Estudiantes del Tecnológico (FETEC). La protesta inicial con-tó con la desaprobación de un presunto aumento desmesurado de cuotas a juicio de esta asociación. El costo del semestre, de julio a diciembre de 1970, subió de 4,610 a 5,110 pesos.148 Sin embargo, lo que

El rector acordó el ingreso a las Facultades de todos los alumnos egresados de las preparatorias de la UANL.

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vino después fue reprobable en todos sentidos: un grupo de representantes estudiantiles organizó una protesta que terminó en vandalismo. El 1 de sep-tiembre, durante la madrugada, varios estudiantes planearon y ejecutaron el ingreso ilegal a las ins-talaciones del instituto. Entraron al gimnasio del Tecnológico, amordazaron al velador, destruyeron y traspapelaron toda la papelería preparada de an-temano para realizar las inscripciones ese día por la mañana, y dispararon armas de fuego dentro de las instalaciones. Al abrir las instalaciones las au-toridades de la institución encontraron el desorden de la documentación y al velador amordazado. El propio velador identificó a los estudiantes y el rec-tor realizó, ese día, la denuncia ante las autoridades policíacas de los hechos acaecidos, única denuncia en su tipo en toda la historia del Instituto. El mismo día 1 de septiembre fueron apresados los dirigentes estudiantiles del Tecnológico: Francisco Olvera Acevedo, Gustavo Treviño Elizondo, Roberto Ba-rrera Rivera y José Antonio Briceño Valdés.149

Al día siguiente las autoridades del Tecno-lógico ofrecieron una salida a la situación de sus alumnos: retirarían la demanda a cambio de acep-tar su expulsión del instituto. Los estudiantes res-pondieron con una negativa, aceptaron ir a juicio.150 Mientras tanto, ese día se cierran las oficinas del

FETEC en el instituto y se disuelve la asociación.151 El día 5 de septiembre aparecen desplegados de preocupación de parte de la comunidad industrial y comercial sobre los acontecimientos en el ITESM. La asociación de estudiantes egresados del ITESM, Exa-Tec, manifiesta, a través de un desplegado lo-cal dirigido a los estudiantes del instituto y a la opi-nión pública (donde firman destacados dirigentes empresariales), la reprobación de la violencia y la intromisión de elementos extraños al instituto en su alma mater.152 El 4 de septiembre los hechos que-daron parcialmente aclarados al rendir declaración preparatoria los dirigentes estudiantiles inculpados, los cuales protestaron ante el Gobernador Elizondo por el trato que recibieron de las autoridades Judi-ciales y del instituto.153 Al día siguiente los daños cometidos por los estudiantes en el ITESM fueron cuantificados, sobrepasaban los 20 mil pesos, lo que impidió una libertad bajo fianza. Ante la ne-gativa de negociar su libertad, fueron introducidos al Penal del Estado.154 Bajo nuevas indagatorias y negociaciones con las autoridades del ITESM, los estudiantes salieron el 12 de septiembre de la cárcel y aceptaron su expulsión del instituto.155 Cinco días después, las investigaciones internas en el ITESM sobre los motivos y los posibles personajes que in-citaron a los jóvenes a cometer tales actos señala-

ron un culpable: Herman Von Bertrab. Von Bertrab, profesor del ITESM e in-tegrante de la compañía de Jesús, sería el primer ignacio cesado por el ITESM bajo estas causas en los años violentos de 1968 a 1972.156 La expulsión de Von Bertrab (la cual trajo a su vez nuevas y numerosas protestas públicas del pro-fesorado del ITESM en contra de esta decisión), fue revocada días después y reinstalado en su antiguo puesto de profesor.157 Sin embargo, el ITESM no volvería a ser la misma institución des-pués de 1970.

Entrega del Fondo Bibliográfico del profesor Francisco M. Zertuche a la Facultad de Filosofía, Letras y Psicología.


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Anteproyecto de Ley Orgánica de la UANL

El 8 de mayo fue terminado el antepro-yecto de la nueva Ley Orgánica de la UANL que elaboró el Comité Ejecutivo de la Comisión Redactora, integrada por alumnos y profesores. El presidente de dicho Comité, Carlos F. Cisneros Ra-mos, manifestó que las reuniones conti-nuarían para su aprobación definitiva en el Auditorio de la Facultad de Medicina de las 15 a las 21 horas para planear la distribución de los Capítulos que inte-grarían la nueva Ley Orgánica universi-taria.158 Aunque el plazo para entregar el proyecto definitivo era el 31 de mayo, para su sometimiento al Congreso del Estado, el documento sería presen-tado con antelación. El 29 de mayo, una comisión de universitarios entregó al Congreso del Estado el Proyecto de Ley Orgánica de la UNL, éste fue recibido por el presidente del Congreso, el diputa-do José González Alvarado.159 Por otra parte, una comitiva de estudiantes universitarios encabezada por los consejeros Carlos Francisco Cisneros, José C. Fernández Quiroga y Eduardo González, ame-nazaron e hicieron una severa advertencia a Eduar-do Elizondo en su propia oficina, de que esperaban que el proyecto fuera aprobado y esta aprobación se hiciera “sin necesidad de actitudes que los estu-diantes no buscamos pero tampoco rehuimos”.160

Elizondo reaccionó con hostilidad al ul-timátum del estudiante que habló a nombre de la comitiva, a lo que comentó:

No creo que fuera precisa la expo-sición de usted, advirtiendo que espera que el proyecto salga en sus términos, porque si no sale en sus términos se verán precisados a actitudes que no buscan pero no rehúyen, porque el gobierno, compañero, no rehúye la defensa de la comunidad. La universidad tiene un valor instrumental, no un valor

final, porque si tuviera un valor final sería un castillo de aristócratas. La universidad ni siquiera es dueña de sí misma; la uni-versidad existe por la comunidad y para la comunidad.161

Volviendo a intentar guardar ecuanimidad, Elizon-do reconoció el trabajo hecho por los universitarios, a los cuales felicitó, pero advirtió que:

Si esta ley, al ver los intereses universita-rios, también concilia los de la comunidad, entendida como un todo, no veo porque deba haber problemas para que el H. Con-greso la decrete. Si se establece divorcio, si se establece una situación de egoísmos en alguno o algunos aspectos, respecto a las relaciones de la universidad y la comuni-dad, evidentemente no podrá salir en sus términos, porque ustedes son una parte muy privilegiada de la comunidad, pero no de la comunidad entera.162

Finalmente, el Gobernador aclaró que el Con-greso tomaría su tiempo y sugirió al Congreso la búsqueda del consenso ante la población, en otras palabras, una encuesta pública a fin de adaptar el escrito de los universitarios a la opinión comuni-taria.

En este punto es menester aclarar lo que significaba una encuesta pública para Elizondo y

La amplia organización de los estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias So-ciales amenazó con tomar el edificio de Rectoría.

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los gobernantes priístas de la época. El consenso no consistía en encontrarlo en el Ciudadano común y corriente, en el Ciudadano sin atributos, sino en las fuerzas vivas de la Ciudad, en las organiza-ciones reconocidas y tradicionales tanto públicas como privadas, que representaban al Ciudadano en los diversos sectores de la sociedad. Y con ello se refería a las cámaras de Comercio, Industria y de Propietarios, a los tres sectores del PRI (el obrero, campesino y popular, a través de sus respectivas agrupaciones), y por supuesto a las Asociaciones Civiles. Ése era el consenso que buscaba Elizondo y por el cual luchó hasta su renuncia a la guberna-tura. Es importante aclarar esto porque es así como se entiende la política de Elizondo y de su grupo político, y su falta de capacidad para adaptarse (como otros políticos) a la transición del régimen autoritario y rígido de Gustavo Díaz Ordaz al po-pulista y reformador de Luis Echeverría. El con-cepto de consenso público y popular cambió con Echeverría, ahora era intentar, o dar la impresión de incorporar a nuevos grupos sociales a los com-plejos mecanismos gubernamentales que aparenta-ban, o bien mostraban tener capacidad para influir en la toma de decisiones gubernamentales.163

La primera crítica al proyecto provino del gremio de abogados que expresó que faltaba el pueblo en la toma de decisio-nes en la universidad. Esta ausencia del pueblo en la democracia universitaria era debida a que se establecía una pari-dad de votos, pero sólo entre maestros y estudiantes. El pueblo, el cual otorgaba los recursos, debería estar representa-do a través de una Junta de Gobierno, como la que presidía la UNAM.164

Para el 28 de septiembre se te-nían en la mesa de los nuevos diputados (la nueva legislatura entró en septiem-bre de ese año), trece estudios sobre posibles reformas a la Ley Orgánica de la UNL. Una nueva propuesta de Ley

Orgánica fue entregada al Congreso el 3 de no-viembre de 1970. En esta ocasión se trataba de un proyecto más elaborado en el que se contemplaba no sólo la Autonomía, sino como organismo cúpula de la UANL, la Junta de Gobierno.165 Los redacto-res eran una nueva y potente facción interna que había surgido en la universidad desde los tiempos del movimiento estudiantil de 1969, y que estaba representada por Agustín Basave Fernández del Valle y numerosos catedráticos y estudiantes con sede en la Facultad de Filosofía y Letras. El primer ataque que sufrió esta propuesta fue el declarado por Samuel Flores Longoria, jefe del Departamen-to de Difusión Cultural de la UNL, el cual criticó la postura de Basave y de los doce catedráticos que elaboraron la nueva reglamentación. ¿Cómo era posible que Basave –se preguntaba Flores Longo-ria–, consejero y redactor de la Ley Orgánica en-tregada por el Consejo Universitario en mayo de 1970, ahora entregaba una segunda versión de la misma?166

El asunto era cómo percibir y crear a su vez la tan renombrada autonomía universitaria. Se lu-chaba, según los grupos políticos dentro y fuera de la universidad, por la formación de un nuevo tipo de universitario que reintegrara al pueblo, en servi-

Durante el mes de marzo de 1970, se puso en funcionamiento el laboratorio de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas.


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cios, lo que de éste había recibido durante su larga carrera universitaria. Un proceso que para muchos conllevaba a democratizar, a través de la autono-mía, las estructuras de gobierno universitario. Pero no para todos los grupos políticos la autonomía tenía como consecuencia una democratización del sistema educativo, el cual no era equiparable a un partido político ni a un gobierno municipal. Una mayor participación de todas las fuerzas sociales en su control, tal vez, pero en la toma de decisiones ésta debía continuar estando en las personas más capacitadas y de talento comprobado a través de sus grados educativos. Ésa era la postura de Basave y su grupo. Sin embargo encontró resistencia en las autoridades universitarias de 1970; Flores Longo-ria fue el portavoz de esta última postura.

Para Flores Longoria, Basave no sólo re-presentaba un grupo minoritario (doce catedráti-cos firmaron la propuesta de Ley Orgánica), sino que desconocía al único organismo encargado de hacerla: la Comisión dentro de la UNL que rea-lizó una nueva propuesta de Ley, a petición de la

LVIII Legislatura del Estado, a través del decreto número 147, en su artículo número 8, publicado en el Periódico Oficial del 26 de noviembre de 1969.167 Por otra parte, la propuesta de gobierno universita-rio en la ley propuesta, el 3 de noviembre de 1970, estaba lejos de ser democrático y autónomo. Ya que proponía una Junta Universitaria que estaría electa por veinte personalidades que “deberán ser electas democráticamente” por el H. Consejo Uni-versitario, quienes a su vez deben elegir cada dos años una nueva persona, según su artículo 6, para ir reemplazando a los mencionados. Por ello, esta renovación tardaría 40 años en darse totalmente. Si bien, esto estaba fuera de toda lógica democrática, Basave, en su artículo 5 transitorio, establecía que la primera Junta Universitaria sería elegida por una sola ocasión por el Congreso del Estado, es decir, otorgaba el control al gobierno del Estado, a través de su poder Legislativo, de esta primera “Junta de Notables”, como le denominaron sus detractores, la cual sería designada fuera de la universidad y tardaría 40 años en renovarse. Además, a juicio de Flores Longoria, los estudiantes –elemento importante para considerar la toma de decisiones como democrática y por lo tanto autónoma, por este grupo– estaba excluido tácitamente de la Junta Universitaria, ya que para ser postulado(a) a ella, debería ser mayor a 35 años, cuando el estudiante egresaba normalmente entre los 21 y 24 años.168

La respuesta de Basave a Longoria deja entrever la discrepancia que existía entre estos dos grupos que percibían la autonomía de diferente manera. Basave argumentó que no era juez y par-te, ya que había renunciado en abril a la Comisión que elaboró la Ley Orgánica que entregó la UNL al Congreso el 30 de mayo de 1970.169 La renuncia la realizó por no estar de acuerdo con la percep-ción de la mayoría de los consejeros, además de que no se trabajó como era debido, por lo que él estaba convencido de que la Ley Orgánica entre-gada en mayo fue elaborada al vapor en esporádi-cas reuniones en ese último mes. También argu-

El rector Oliverio Tijerina gestionó ante el secretario de Educación Pública la entrega de subsidios federales retenidos por ocho meses a la universidad.

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mentó que la autonomía no implicaba tácitamente una democratización en la máxima toma de decisiones de la UNL. La Junta Universitaria era una junta de gobierno donde nada tenían que ver los estudiantes, ya que ambos (Junta y es-tudiantes) perseguían el mismo fin. “La verdad no depende –comentó Basave– del número de quienes la profesan”.170 Y ante esto, aclaró que el asunto de la universidad interesaba no sólo al “pu-ñado de activistas radicales que se han enquistado en puestos clave, sino a toda nuestra comunidad y a la nación mexicana”.171 Aquí la percepción de Ba-save y la facción conservadora y tradi-cional de la universidad (Basave había sido maestro de Flores Longoria) difieren sustan-cialmente de lo que implica la representatividad, ya no digamos democracia, y por consiguiente, la autonomía universitaria.

Todavía el 8 de enero de 1971 los diputados recibieron una nueva propuesta en forma de Ley Orgánica. Esta ocasión realizada presuntamente por un solo individuo, el estudiante de leyes Juan

J. Belmares de León, quien hizo entrega de una propuesta más de Ley Orgánica basada en leyes similares en otras universidades del país.172

El Consejo Universitario y las reformas de 1970

El Consejo Universitario trató por primera vez como tema central la urgente necesidad de una amplia reforma universitaria hasta su sesión del

19 de mayo. En esa fecha se esta-blecieron como lineamientos de la reforma tres puntos básicos: el ad-ministrativo, la investigación y la difusión cultural hacia la sociedad y la docencia.173

En su política de ampliar la base estudiantil y evitar nuevos en-frentamientos entre las autoridades y los estudiantes, el Consejo Uni-versitario, elegido a fines de 1969, y mayoritariamente de tendencia de izquierda y pro pase automático, desarrolló una política de autorizar un lugar a todo aquél que solicita-ra el ingreso de sus preparatorias a la educación profesional. Fue así El rector Oliverio Tijerina después de su renuncia ante el Consejo Universitario.

El ingeniero Héctor Ulises Leal fue el segundo y último rector elegido democrática-mente por el Consejo Universitario.


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como en sesión del Consejo de 25 de mayo de 1970, se aprobó la resolución del problema que aquejaba años atrás a la universidad: la falta de un lugar en profesional a todos los alumnos que terminaran ín-tegramente el bachillerato en las preparatorias de la UNL. Se aprobó la obligación de la universidad de respetar el ingreso de todos los egresados de bachi-llerato que lo solicitaran, salvo en el caso de Me-dicina, donde resultaba materialmente imposible afrontar la demanda en ese momento.174 El anuncio lo pronunció el rector en una asamblea celebrada en el Aula Magna, con los estudiantes de las pre-paratorias 2 y 3.

Este anuncio era el resultado de un segui-miento desarrollado desde principios de enero a fin de resolver el problema de sobrecupo. La Rectoría y el Consejo Estudiantil nombraron desde esa fe-cha una comisión175 integrada por maestros, alum-nos y autoridades universitarias para solucionar el cupo de las distintas dependencias superiores de la UNL. Durante cinco meses de investigación, encuestas y estudios, dicha comisión dijo que con el sistema de semestres acordado en 1968, se podía absorber la demanda estudiantil actual.

Paralelamente, se acordó que 80 por ciento del total de plazas de primer ingreso en cada Facul-tad, se reservaría exclusivamente a los alumnos de Escuelas Preparatorias de la UNL, con base en su promedio.176

Estrategia y fortalecimiento de la izquierda uni-versitaria

El nuevo Consejo Universitario también mostró una faceta preocupante y que terminaría por crear una gran inestabilidad a la universidad. Fueron en esencia dos políticas controversiales y que acrecen-taron la tensión dentro de los grupos de la univer-sidad:

1. La primera fue una intolerancia política. Se dio una represión selectiva y revanchis-mo contra algunos miembros de la univer-

sidad ubicados originalmente a la derecha en el espectro político (y que terminaría siendo una represión contra quien difiriera del actuar de las nuevas autoridades, inde-pendientemente su afiliación política).177 2. El segundo fue una estrecha alianza entre la Rectoría y el STUNL, a fin de establecer una coalición política que pudiera enfrentar al bloque conservador en la UNL.

La sesión de rompimiento de lanzas entre el gru-po hegemónico pero heterogéneo de tendencia iz-quierdista y el grupo minoritario de derecha en el Consejo Universitario fue el de la sesión del 29 de mayo de 1970. En ella se acordó por mayoría la des-titución (aparentemente sin argumentos sólidos)178 del médico y exsecretario general, Roberto Morei-ra Flores, como catedrático del Departamento de Patología de la Facultad de Medicina de la UNL, a quien no se le dio oportunidad de defenderse.179 Esta maratónica sesión que tuvo una duración de doce horas (de 10:00 a las 22:00 horas) se trataron catorce puntos en el orden del día, llegando por momentos a la total anarquía, siendo indispensa-ble el llamado al orden por parte del rector, quien presidía a los consejeros maestros y alumnos para “evitar que se resquebrajara la ya frágil situación del Consejo Universitario”.180 La destitución de profesor Moreira fue la gota que derramó el vaso, y salieron a su defensa sólo seis consejeros.181

Entre otros acuerdos de esa sesión estu-vieron la anulación por unanimidad del acuerdo tomado por el Consejo en la anterior sesión, en el sentido de que el rector podía pedir la intervención de las fuerzas públicas en casos de que se hiciera necesario. Paralelamente se declaró improcedente la petición de los consejeros de la Facultad de Ar-quitectura en el sentido de que se revisara y dis-cutiera el polémico convenio de trabajo firmado para el año académico de 1970, entre la Rectoría y el STUNL. Este convenio, celebrado el 25 de abril de 1970, entre el rector Oliverio Tijerina y el repre-sentante del STUNL, Carlos Ruiz Cabrera, fue

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catalogado por varios grupos universitarios como ilegal (numerosas violaciones al tipo de convenios celebrados anteriormente) y falta de espíritu uni-versitario. El proceso de autonomía que se estaba desarrollando, acusaron, “ha sido herido en su raíz por esta alianza de la Rectoría con el STUNL”.182 Entre las acusaciones fundamentadas estaban:

1. La pretensión del sindicato en represen-tar a todos los trabajadores en su integri-dad, hecho totalmente falso, considerando que el sindicato no abarcaba a la totalidad de los trabajadores.2. El rector no estaba facultado para otor-gar reconocimiento de agrupaciones por su propia y unilateral decisión, ni mucho menos a realizar, él, contratos colectivos de trabajo. Era evidente que carecía de perso-nalidad jurídica, ya que el órgano que tenía esas facultades era el H. Consejo Univer-sitario.3. Intromisión del STUNL en asuntos ad-ministrativos, ya que el convenio contem-plaba la supeditación de algunos asuntos de este tipo a las decisiones del sin-dicato.4. Violaciones a la libertad del traba-jador que no estaba afiliado al sindica-to.183

Y finalmente, el Con-sejo Universitario es-tableció, en esa misma sesión, una medida unilateral y sumamente popular que, realizada con fines políticos y no académicos (con el objetivo de presionar al gobierno estatal de un mayor presupuesto

a la universidad), afectó de forma irreversible en esos años a las preparatorias de carácter privado. El Consejo Universitario negó el ingreso a la sesión ordinaria, como tradicionalmente se hacía, a los representantes de las escuelas incorporadas como los Colegios Excélsior A.C., y el Franco Mexica-no, así como los institutos Luna y Simón Bolívar. El argumento que esgrimió el Consejo fue la pro-puesta que finalmente prosperó, de no aceptar más, en estudios profesionales, a los egresados de estas escuelas incorporadas.184

El impacto político, manejado a su favor por los grupos de izquierda universitaria fue importan-te: o se inscribían en las preparatorias de la UANL (las cuales tenían sobrecupo) o no tenían derecho de ingreso al nivel de estudios superiores. El im-pacto inmediato fue una baja en las inscripciones de las escuelas privadas (originalmente alejadas de una tendencia de izquierda) y su consiguiente debilitamiento político y de presencia en la comu-nidad. Sólo se inscribirían aquéllos que tenían una alta seguridad de continuar sus estudios (ya sea pa-

La comunidad universitaria exigía respeto a la autonomía de la UANL.


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gando o por beca) en una universidad privada. En consecuencia, aumentó de golpe, para mediados de 1970, la demanda de lugares en las preparatorias de la UANL, trayendo como corolario la manipu-lación política de parte de sus autoridades, en este caso del Consejo Universitario. La fórmula por la que se apostó fue sencilla: a mayor demanda, ma-yor exigencia de presupuesto al Estado.

El paso siguiente fue el proponer el ingreso automático a las preparatorias. Con ello se exponía al gobierno de Nuevo León como la parte intran-sigente para autorizar una mayor erogación a fin de ampliar y crear la infraestructura para satisfacer la demanda. Los factores como el sobrecupo y los alumnos que quedaran fuera serían manipulados por grupos de izquierda a fin de presionar al Go-bernador para una pronta solución. El resultado: la creación de nuevas preparatorias y, por con-siguiente, de nuevas fuentes de trabajo para los cuadros ligados a los grupos políticos de izquierda. Esta estrategia amplió de manera inmediata la base de apoyo y poder de esta heterogénea asociación política dentro y fuera de la universidad. Las pre-paratorias existentes multiplicaron sus horarios y turnos. Por su parte, la nuevas Escuelas fueron creadas en las zonas de alta densidad poblacional más recientes de la ciudad, y autogestionadas por los alumnos que, organizados a través de líderes de estas agrupaciones políticas, continuaron amplian-do de nueva cuenta su poder.

Los universitarios toman la calle

El problema fue enviado a las calles de Monte-rrey. A partir del 28 de julio de 1970, en numero-sas manifestaciones violentas, alumnos rechazados capturaron y pintaron camiones urbanos, exigían a las autoridades gubernamentales el aumento al presupuesto universitario, más aulas y acceso a la educación media superior pública.185 Las mani-festaciones encontraron el apoyo y el estimulo de organizaciones políticas diversas como la Cen-

tral Independiente de Organizaciones Populares (CIOP), llamada Primera de Mayo.186 La Confede-ración Nacional Campesina protestó ante el posi-ble aumento del presupuesto universitario, a decir su líder Ramiro Rodríguez Cabello, secretario de la Liga de Comunidades Agrarias, que “con el ham-bre del campesino pagan la educación superior”.187 Cuando aclaró que en el campo nuevoleonés falta-ban los servicios mínimos de subsistencia como el agua, electricidad, caminos y fuentes de trabajo.188

Por otra parte, organizaciones como la Unión Neolonesa de Padres de Familia mostraron su desaprobación y denunciaron una discrimina-ción hacia el alumnado de escuelas particulares por parte de las autoridades de la UANL. La medida fue considerada lesiva, ya que provocaba una rup-tura al principio general de la igualdad de oportu-nidades que deberían tener todos aquéllos que es-tudian al amparo de las instituciones que consagra la garantía individual de enseñanza. En un Boletín público expresaron su descontento ya que:

El criterio que se ha hecho valer, presu-miblemente partiendo de la condición económica de los estudiantes, tampoco es válido puesto que no es de creer, ni puede asegurarse mucho menos que la mayoría de escolares egresados de escuelas parti-culares estén en condiciones de sufragar su sostenimiento en universidades de carácter independiente.A la inversa, es probable que alumnos que se van a colocar en la situación privilegia-da del pase automático a las aulas profe-sionales, se encuentran en condiciones de verificar las erogaciones antes dichas, y en conciencia van a ocupar un lugar a la uni-versidad indebidamente, si ése es el espíritu de la discutida posición universitaria.

Por otro lado, lo que se preguntan los padres de fa-milia es que cómo, si sus hijos han cumplido por medio de las escuelas incorporadas con los planes de estudio, las programaciones y la serie de exigen-

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cias económicas inherentes, ahora de una plumada se discrimina a quienes, no obstante ser también hijo de la UNL, se les obstaculiza y se les frustra su ideal, en cuanto que se les elimina sin conside-ración alguna.189

La izquierda se atomiza

El Consejo universitario se volvió una arena donde se plantearon y se discutieron todo tipo de disputas, muchas de ellas personales, fricciones de grupos y facciones políticas, así como resolución de proble-mas creados por su propia dinámica y decisiones que impactaron en el conjunto de la universidad.

La creación de nuevas preparatorias a tra-vés de la organización de grupos estudiantiles trajo graves consecuencias manifestadas en el enfrenta-miento entre estos grupos durante los siguientes meses. A principios de noviembre de 1970, la Pre-paratoria 9 protagonizó un zafarrancho estudiantil, donde uno de los estudiantes portaba una carabina, presuntamente sin municiones. El Consejo Estu-diantil abordó este incidente y acordó, a petición del director de esta preparatoria, Carlos Francisco Cisneros Ramos, expulsar, el 7 de noviembre (sin derecho de defensa ni audiencia), a cuatro jóvenes que participaron en la riña.190 De éstos, uno resul-tó no ser estudiante de la UNL, ni residente en Monterrey, por lo que la expulsión como alumno fue irrelevante.191 En esa misma sesión el consejero alumno de la Preparatoria 7 dio una lectura acu-satoria (firmada por la Sociedad de Alumnos) con-tra el estudiante y profesor Rodolfo Garza Mon-temayor, a quien apodaban El Porro. Se dijo que este profesor-estudiante de Leyes y líder del FEAP (Frente Estudiantil de Acción Preparatoria), había propiciado, en la Preparatoria 7, varias riñas entre los universitarios. Como antecedente se dio lo su-cedido el 23 de octubre, día de las elecciones de autoridades en esa escuela, cuando Garza Monte-mayor, acompañado de 150 estudiantes, provocó

un pleito general en este plantel. El objetivo fue interrumpir los comicios y crear un ambiente de inestabilidad, cumpliendo los designios de ciertos grupos políticos.192

Garza Montemayor era una muestra de la corrupción interna dentro del nuevo gobierno universitario. Fue líder y dirigente del movimiento estudiantil, durante el verano de 1970, a favor de la apertura de nuevas preparatorias. Era maestro en esa preparatoria y era estudiante en la Facultad de Leyes; paralelamente era trabajador en Rectoría, encargado de la suscripción del periódico Univer-sidad que se editaba bajo el auspicio del Departa-mento de Extensión Universitaria.193 El rector, en una declaración posterior, justificó en su trabajo a Garza Montemayor, debido a la falta de profesores calificados, por lo que dijo, se pidió a una serie de alumnos adelantados y pasantes que dieran cáte-dra.194 Uno de los obstáculos, a juicio del rector, para incorporar nuevos profesores era el artículo 7 de la Ley Orgánica vigente, que no les daba opor-tunidad de ser profesores universitarios a los recién egresados de la Normal Superior o de las escuelas incorporadas, al exigir dos años de experiencia como requisito para optar a la cátedra universita-ria.195 A pesar de lo expresado por el rector, resulta evidente que profesores como Garza Montemayor fueron incorporados como trabajadores universita-rios y como académicos no por su experiencia ni por su talento, sino por sus servicios al proyecto político del grupo de Rectoría.

Entre otros acuerdos de esa sesión estuvie-ron la negación de la solicitud de la Dirección de Urbanización del Estado para usar terrenos univer-sitarios en la construcción de un anillo vial llamado intermedio, debido a que dichas obras afectarían los campos experimentales de la Facultad de Agrono-mía; se acordó también que las Facultades de Inge-niería Civil y Arquitectura hicieran estudios sobre el aprovechamiento de los terrenos de la UNL; se rescindió el contrato de comodato en terrenos del


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Hospital Universitario, y se negó la solicitud del Club Rotario Monterrey Obispado, que planeaba construir un estadio de atletismo en terrenos de la universidad.196

Las continuas irregularidades dadas en la UANL, terminaron por rodear la universidad y a sus autoridades de reporteros que esperaban seguir sacando editoriales de un tema inagotable y de interés comunitario. Esto trajo como conse-cuencia posturas ridículas de las autoridades para proporcionar información, ante el continuo ataque de los medios a la universidad. Por ejemplo, el 10 de noviembre el rector se negó a dar información sobre el presupuesto de la institución a los medios impresos locales, a menos que lo hicieran previa solicitud escrita y adjuntando una copia de la nó-mina del ITESM. Esta última era y es una institu-ción privada a diferencia de la UANL, la cual no se desempeñaba con fondos públicos.197

Del cupo excesivo a la capitalización de la es-trategia

El problema del sobrecupo era una seria amenaza para la estabilidad de la sociedad. Para 1970 existían en Nuevo León 400 mil estudiantes en las escuelas

primarias y 50 mil en las escuelas secundarias. El ingreso masivo de egresados de educación básica a las preparatorias de la UNL era ya un hecho y en un futuro inmediato (4 años) un problema grave a resolver.198

El 24 de julio de 1970, el Consejo Univer-sitario creó una nueva preparatoria denominada Popular, la que posteriormente sería denominada Preparatoria 9.199 Según datos de la Secretaría de Educación, egresaron de escuelas secundarias pú-blicas, en 1970, 11,157 estudiantes (7,778 de escue-las de Monterrey y 3,373 de escuelas en el resto de la entidad) de los cuales un poco más de la mitad intentó ingresar a alguna de las preparatorias de la UNL.200 De estos últimos fueron rechazados, sólo en agosto de 1970, 3,000 alumnos. Los factores in-mediatos eran la falta de cupo y de subsidios guber-namentales. Pero incluso, estos factores esgrimidos por las autoridades universitarias eran cuestionados por las asociaciones civiles radicadas en la ciudad. Para muchos profesionistas, el Consejo Universi-tario había creado artificialmente el problema del sobrecupo en las preparatorias al negar al acceso en la universidad a los egresados de las preparatorias particulares. Tal afirmación era un hecho, ya que ante tal prohibición, las preparatorias incorporadas

no pudieron absorber la mayo-ría de los 3,000 estudiantes que querían entrar en agosto a las preparatorias de la UANL. En efecto, las preparatorias incor-poradas perdieron el atractivo de ser una plataforma para ac-ceder a una carrera profesional en la UNL.

Desde la Rectoría, in-dudablemente se estimuló la organización de grupos de es-tudiantes a fin de exigir, al go-bierno y a la UNL, el derecho de cupo en las instalaciones universitarias. El Consejo Es-

Autoridades y profesores de la universidad dialogan con el secretario de educación pública acerca del problema universitario y la ley propuesta por el Gobernador.

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tudiantil de la UNL, el Frente Estudiantil Pro-Pre-paratoria y el secretario general Tomás González de Luna aparecieron íntimamente ligados en esta estrategia de presión. Después del rechazo a 3 mil solicitudes en julio de 1970, estos organismos y el secretario general crearon 700 nuevas plazas el 24 de julio e hicieron un llamamiento a los rechazados a no perder la esperanza, ya que serían convocados aquéllos que hubieran obtenido calificaciones altas en el examen de admisión.201

Paralelamente, los jóvenes rechazados en su intento de ingreso a las preparatorias iniciaron, la última semana de julio, colectas públicas en las calles, en el transporte público urbano, esquinas, centros comerciales, etcétera. Los volantes reparti-dos a la comunidad culpaban al Gobierno del Esta-do de no garantizar la educación superior al pueblo. Este movimiento estudiantil colaboró estrecha-mente en la creación de preparatorias a través de la Asamblea Popular y las comisiones mixtas creadas entre estudiantes y autoridades universitarias. Su lema: “Por un aumento de presupuesto y por una democratización de la educación. La universidad al pueblo”. Los estudiantes más combativos se orga-nizaron a través de un agrupación autodenominada

Frente de Estudiantes de Acción Preparatoria (en adelante FEAP), integrado por alumnos de secun-daria aspirantes a ingresar a preparatoria y alumnos ya inscritos de distintas escuelas de la UANL.202 Entre sus primeras acciones estuvieron la toma del Aula Magna,203 las brigadas de información al pueblo,204 y el apoyo a comerciantes ambulantes desalojados de la calle Ocampo frente al Mercado Colón.205 Esto último adjudicación de representati-vidad y solidaridad con otros grupos sociales, está íntimamente ligado a un trabajo político lejos de las exigencias originales de sobrecupo. La influencia de otras organizaciones políticas en el movimiento estudiantil fue cada vez más profusa.

En cuanto al presupuesto, una parte en-cuestada –y opositora al gobierno de izquierda de la UANL– de la población profesionista, exigió un mayor control del gasto universitario, ya que éste “nadie lo revisa, ni lo vigila y al pueblo nadie le rin-de cuentas”.206

Incluso, la Unión Neolonesa de Padres de Familia propuso soluciones prácticas con las insta-laciones ya existentes al problema de cupo a nivel de preparatorias. Entre otras opciones se propusie-ron el utilizar la capacidad de los edificios universi-

tarios desaprovechados en ciertos horarios, a fin de abrir cursos en ellos de forma provisio-nal; solicitar en plan de préstamo algunas aulas de escuelas monumen-tales para tal efecto, con el reclutamiento de pro-fesores de las propias preparatorias vigentes; eliminar gastos y ero-gaciones económicas de la nómina universitaria que no se justifican de acuerdo con informes de la propia institución El licenciado Eduardo Elizondo después de su renuncia como Gobernador.


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como pagos o regalías entregadas de forma selecti-va y dispareja en los montos. Finalmente, un tipo de gastos innecesarios fue el envío de una legación de economistas a un Congreso en Cuba, la cual fue cuestionada, ya que “estos miles de pesos que salieron al extranjero pudieron invertirse –comen-taron- en la enseñanza preparatoria”.207

Aunado a esto, el Partido Comunista se adjudicaba los avances de reforma, autonomía e intensa actividad política que se desarrollaba en la UANL como parte de su política nacional de estí-mulo a la revolución socialista. En la revista Opo-sición, editada en la ciudad de México y dirigida por Arnoldo Martínez Verdugo, secretario gene-ral del Partido Comunista Mexicano (en adelante PCM), se adjudicaban logros en sus bloqueos a las manifestaciones priístas a favor del candidato Echeverría a través de la manipulación del movi-miento estudiantil,208 comentarios imprecisos y poco objetivos. En efecto, la influencia del PCM en la universidad tenía cierta consideración, mas no hegemónica ni mucho menos alternativamen-te viable ante las diversas posturas de los grupos de izquierda que figuraban en el movimiento es-tudiantil. Se ha exagerado, incluso por los propios comunistas,209 el papel que llegaron a tener dentro de este movimiento de reforma académica.

Los límites de la estrategia

La alianza entre Rectoría y el STUANL, y la destitución de Roberto Moreira, trajeron como consecuencia la mani-festación de varios grupos en contra de las irregularidades que rodearon cada una de es-tas decisiones del Consejo. Ante el primero lo hicieron los consejeros de Arquitectura, ante lo segundo la Junta Direc-

tiva de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en sesión ordinaria celebrada el 8 de julio. En esta última se acordó repudiar públicamente un voto de censura a la decisión emanada del H. Consejo Universitario, ya que:

1. La discusión sobre los cargos contra Ro-berto Moreira no estaba consignada en la Agenda de trabajo de la última sesión del Cuerpo Colegiado Universitario.2. La acusación se basó en un análisis del caso “como una situación eminentemente política”.3. No hubo discusión sobre el caso y los testigos fueron de terceras personas.4. Se violaron flagrantemente los derechos naturales y constitucionales fundamental-mente las garantías de audiencia y seguri-dad jurídica.5. No se permitió defensa.210

Los miembros de la Junta Directiva aclararon que estaban conscientes de que el H. Consejo Univer-sitario era el órgano supremo de la UNL, pero ello no lo convierte en infalible, ni mucho menos lo exi-me de la crítica, ya que ésta es esencial en la idea de la universidad. No podemos admitir un poder despótico y arbitrario en la vida universitaria.211

El rector Arnulfo Treviño tuvo que laborar desde su oficina particular mientras se encontraba una solución al conflicto.

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Y así fue como se comportó la izquierda una vez en el poder: intolerante, despótica e irres-ponsable; sobre todo esto último.

Por su parte, Roberto Moreira no estuvo de acuerdo con su destitución y demandó a la univer-sidad ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, a través de un juicio laboral. Éste tuvo su propio seguimiento, y el 2 de septiembre a las 11 horas, el presidente del Tribunal, Gerardo Cantú García, ingresó a las instalaciones de la universidad a fin de inspeccionar la documentación relativa a la expulsión laboral de esta institución del profesor mencionado. La inspección se dio en la Facultad de Medicina a fin de ver el expediente de Moreira y en Rectoría en la Secretaría General de la UANL.212 Para su sorpresa, no se encontró ningún acta de las sesiones del Consejo Universitario levantada en el libro respectivo desde que tomó posesión de la Rectoría el doctor Oliverio Tijerina en diciembre de 1969.213 Esta anomalía iba en contra del regla-mento de la UANL, la cual exigía que se aprobaran las actas de la sesión anterior para registrarse en el Libro de Actas respectivo. El secretario general To-

más González de Luna admitió no haber escrito las actas correspondientes.214 Aunque también la ano-malía se extendió a no encontrarse ningún acta de los rectorados del ingeniero Nicolás Treviño Na-varro (enero a octubre de 1967), del doctor Héctor Fernández González (octubre de 1967 a noviembre de 1969) y del licenciado Enrique Martínez Torres (noviembre y diciembre de 1969), el juicio laboral contra Moreira se derrumbó al no encontrarse nin-guna razón escrita y consensuada para su destitu-ción como catedrático.215

De esta forma, el desprestigio del nuevo grupo se materializó ante el citatorio que realizó la dependencia Judicial al rector y a los 74 miembros del Consejo Universitario a fin de comparecer, el 11 de septiembre, para declarar sobre el caso del pro-fesor Roberto Moreira, cesado el 28 de mayo.216

Los que declararon ese día fueron 22 con-sejeros y el rector. Una parte importante de los testigos aceptaron que el cese se debió única y exclusivamente a causas políticas.217 Algunos de los restantes 52 declararon posteriormente ante la Junta y en entrevistas periodísticas, que su decisión de apoyar la expulsión de la UANL de Roberto Moreira y posteriormente de no presentarse en el primer citatorio ante la Junta, se debió a presiones realizadas por el secretario general, Tomás Gonzá-lez de Luna.218 Esta acción mostró la irresponsabi-lidad de las autoridades en su labor y su distracción en actividades políticas de todos conocidas y por ellos negadas. El proyecto de reformas a la univer-sidad del nuevo grupo que controló el Consejo y la Rectoría de la UANL a partir de diciembre de 1969, estaba totalmente debilitado y estancado en septiembre de 1970, ante los numerosos conflictos internos y externos, de los cuales, ellos fueron en buena medida responsables.

Las expulsiones provocan paros

Pero lo que unió a los grupos políticos e ideológicos más fuertes dentro de la universidad en contra del

Arnulfo Treviño Garza fue designado rector de la universidad por la Asamblea Popular de Gobierno Universitario.


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Consejo Universitario y del rector fue la expulsión de varios de sus alumnos. La decisión tomada por el Consejo Universitario, el 7 de noviembre de 1970, de expulsar a cuatro estudiantes de la universidad por haber participado en una riña masiva, se volvió un dolor de cabeza para Rectoría y el mismo Con-sejo; ya que las escuelas en las que estaban inscritos los expulsados se fueron a la huelga en solidaridad con los expulsados y como forma de presión para que se revocara la decisión.

El 10 de noviembre tanto el Consejo Estu-diantil de la Facultad de Derecho y Ciencias Socia-les como el de la Preparatoria 7, acordaron hacer un paro estudiantil y pedir al rector que reinstalara en las respectivas escuelas a los alumnos expulsados. En la primera se exigió la reintegración de Homero Gutiérrez Benavides y en la Preparatoria 7 la de los hermanos Sergio Guadalupe y Miguel Ángel Ada-me Ochoa.219

En la Facultad de Derecho, la sesión reali-zada entre los estudiantes fue regida por momentos de violencia y de una numerosa presencia de per-sonas ajenas a la universidad, donde se pudo com-probar, por vez primera, intereses políticos ligados al gobierno a fin de detener no tanto la escalada de violencia y caos que privaba en la universidad, sino debilitar y desprestigiar al grupo radical que ostentaba la Rectoría y el heterogéneo y caótico Consejo Universitario. La sesión presidida por Francisco Cienfuegos, líder estudiantil y empleado de la policía Judicial, se dio a puerta cerrada y con la asistencia de empleados de dependencias muni-cipales y del Estado.220 Las riñas las protagoniza-ron personas ajenas a la universidad, como Rosalío Quintero, quien laboraba en la Oficialía Primera del Municipio y Jesús Navarro, quien laboraba en la Jefatura de la Policía Judicial del Estado.221 Hubo acusaciones de grupos de las porras, como el estudiante Rolando Castillo Gamboa, de quienes se decía eran “grupos de jóvenes manejados por os-curos intereses para manejar y golpear a alumnos y maestros”.222

A pesar de todo, el paro se dio de una for-ma parcial y se dictaminó su levantamiento hasta la reincorporación del alumno expulsado.223 A la sesión plenaria asistieron 400 de 1,250 alumnos.224 El resto, presuntamente rechazó el paro a través de su líder Rolando Castillo y al día siguiente 500 alumnos continuaron con sus cursos normales.225 La división en Leyes creo un ambiente de fricción y violencia que persistió durante noviembre y di-ciembre de 1970 y se extendió por dos años más, hasta 1972.

Por su parte, la Preparatoria 7 también en-tró indefinidamente en paro hasta la revocación de la decisión del Consejo Universitario relativo a las expulsiones. Se constató que el agredido fue Jaime Gregorio Padilla, el cual fingió lesiones que poste-riormente fueron desmentidas y documentadas por varios legistas.226 A estas escuelas les siguieron otras por diferentes razones. La Facultad de Filosofía y Letras acordó el 11 de noviembre un paro de labo-res hasta que se modificara y se actualizara su plan de estudios;227 el 13 de noviembre también se fue al paro la Preparatoria 1 por problemas internos entre los grupos políticos;228 y también, desde el 11 de no-viembre, la Escuela Industrial Álvaro Obregón y su Escuela Nocturna realizaron un paro indefinido de labores con varias peticiones, entre las que destaca-ron el apoyo a los alumnos expulsados y la dotación de equipo y material para los talleres.229

Prácticamente presionado por la oposición generalizada hacia la decisión de expulsar a los es-tudiantes, el Consejo Universitario sesionó el 14 de noviembre a fin de enfrentar esta inestabilidad interna. Lejos de discutir la reforma universitaria, el Consejo se avocó a ser una plataforma de dis-cusiones y enfrentamientos yermos que terminaron desgastándolo y devaluándolo ante los ojos de la mayoría de los universitarios. Ese día se acordó nombrar una Comisión de cinco profesores y cinco alumnos a fin de resolver la situación de los alumnos expulsados. Paralelamente se pidió la expulsión del profesor y estudiante Rodolfo Garza Montemayor,

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exigida por el consejero alumno de la Preparatoria 7.230 También se pidió que se aplicara un correctivo a la estudiante Yolanda Jasso, de la Preparatoria 9, por las rencillas acaecidas el 23 de octubre.231 De la misma forma, ante la presión estudiantil, se resol-vió dar de baja como empleado el periódico Uni-versidad a Rodolfo Garza Montemayor.232

En una sesión posterior (28 de noviembre), llena de discusiones estériles y enfrentamientos en-tre los diferentes grupos ideológicos universitarios que hizo de las sesiones del Consejo una de las más largas (de las 7:30 a las 17:00 horas), se ratificó la expulsión de dos de los cuatro estudiantes. Ángel Adame Ochoa fue reinstalado y el cuatro fue reco-nocido como una persona que nunca perteneció a la universidad.233 La resolución fue una decisión parcial, lo que resultó ser contraproducente, ya que no satisfizo a los estudiantes que escenificaron los numerosos paros en favor de la reinstalación de to-dos los estudiantes expulsados.

La decisión de ratificar la expulsión de los estudiantes de Leyes provocó, como era de espe-rarse, una amplia organización en esta facultad, que amenazó con tomar los planteles de la Preparatoria 9 y de Rectoría. Esta amenaza se cumplió el 3 de

diciembre, cuando la Recto-ría fue tomada por los alum-nos ya mencionados. Como consecuencia de esta toma se suspendieron las labores en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas que se encontraba en el décimo pi-so.234 El director de la Facul-tad de Leyes, Sergio Mena Treviño, se pronunció tam-bién en contra de la deci-sión y apoyó abiertamente la organización estudiantil de esta escuela en contra de las autoridades universita-rias.235 Consejero también en el Consejo Universitario,

Mena Treviño dio una rueda de prensa donde ex-puso su inconformidad por las decisiones y por la forma en que era manejado el Consejo por el grupo radical.236 Dijo que fue consigna de Rectoría expul-sar a los universitarios de Leyes, mientras se perdo-naba todas las atrocidades que había cometido en la Preparatoria 9 el profesor Rodolfo Garza Monte-mayor.237 Mena Treviño dijo que esta última sesión del Consejo se prolongó casi diez horas:

Con el patente propósito de cansar a los consejeros y provocar así que precipitaran la determinación de expulsar definitivamente a los estudiantes Gutiérrez y Adame.238

Para mediados de noviembre de 1970, era evidente un cambio de actitud en el gobierno estatal ante la crisis universitaria: la aparente tolerancia hacia los desmanes y las pugnas internas se acabó. El Go-bernador Eduardo Elizondo declaró, el 17 de no-viembre, estar consternado por lo que ocurría en la universidad, y aclaró no otorgar un centavo más al presupuesto universitario. Afirmó que:

La crisis económica de la UNL obliga a revisar procedimientos, hacer eco-nomías y enfrentar los problemas con altura

La fuerza pública ingresó, en acción relámpago, en la Escuela Industrial Álvaro Obregón, así como las preparatorias 1 y 3.


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de miras y métodos conducentes, ya que la holganza y el disturbio no hacen recursos y sí desperdician lo que tenemos... La rique-za se produce trabajando, no insultando ni destruyendo.239

Esta actitud mostró varias tácticas para aislar, des-prestigiar y debilitar al grupo radical en el gobierno de la universidad. El apoyo a ciertos grupos políti-cos dentro de la universidad, como Leyes, Medici-na y a la Asociación de Profesores Universitarios en contra de Rectoría y el Consejo Universitario fue evidente. A nivel externo, el estrangulamiento pre-supuestal, declaraciones hostiles y el alargar la de-cisión del Congreso sobre la nueva Ley Orgánica fueron una consecuencia de esta estrategia general del gobierno del Estado.

La universidad sigue su marcha

Sin embargo, a pesar de la situación política dentro de la UANL, hubo decisiones trascendentales que favorecieron el engrandecimiento de la máxima casa de estudios de la entidad.

Una de éstas fue la propuesta de crea-ción de un organismo planificador de la educa-ción en el Estado. La creciente demanda por la

educación media y superior en el Estado era una novedad no sólo a nivel regional sino nacio-nal. Fue una consecuencia más del largo periodo de estabilidad económica, social y política que experimentó México entre 1940 y 1967. En otras palabras, no se previó enfrentar este alud de estudiantes que cambiarían la estructura socioprofesional de México en unos cuantos años. Para enfrentar esta situación y prevenir escalonadamente la demanda, el rector Oliverio Ti-jerina propuso atinadamente al Gobernador Elizondo la crea-

ción de un organismo planificador del problema educacional en la entidad. Sus tareas inmediatas serían las siguientes:

1. Exploración y diagnóstico de las necesi-dades estatales, regionales y nacionales de técnicas y profesionales mediante la elabo-ración de los censos correspondientes.2. Dependiente de esas mismas necesida-des, diversificar las actividades de la pobla-ción escolar.3. Creación de escuelas “técnico-medias” entre secundaria y preparatoria.4. Creación de escuelas “técnico-medias” entre preparatoria y profesional.5. Expansiones del currículum de las es-cuelas profesionales que ofrezcan un ma-yor número de alternativas al estudiante, atendiendo a sus posibilidades e intereses ocupacionales.240

Otra de las labores universitarias que no se detuvo en este periodo fue el enriquecimiento de las condi-ciones para acrecentar la investigación y la docencia y el aspecto físico de Ciudad Universitaria. A partir de marzo de 1970, la UANL presentó importantes avances en estas materias.

La fuerza pública ante los motines frente al Colegio Civil.

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En este mes se puso en funcionamiento el Laboratorio de la Facultad de Ciencias Físico-Ma-temáticas (consistentes en 400 metros cuadrados), y para fines de año los Laboratorios de la Facultad de Ciencias Químicas, los cuales tuvieron una su-perficie superior a los 780 metros cuadrados.241

El 21 de mayo fue donado al ingeniero Ulises Leal Flores, director de la Facultad de In-geniería Civil, un trasmisor de 250 watts de parte de Luciano de la Rosa Betancourt, a fin de que sir-viera como piedra angular en la creación de Radio Universidad.242

Al día siguiente fue inaugurado el puente para peatones en la UANL, en la avenida Univer-sidad. Puente ahora representativo de Ciudad Uni-versitaria y construido con aportaciones del Club de Leones de San Nicolás.243

Igualmente, el 13 de noviembre la UANL recibió un donativo de 430 mil pesos por el gerente de la empresa de Altos Hornos, Harold R. Pape, cesión que era el inicio de un donativo mayor dis-tribuido a dos años y con un total de 2 millones 150

mil pesos que otorgaba la empresa al Pro Patronato de Laboratorios de la UANL.244

4. La contrapropuesta del Poder: Eli-zondo y la Asamblea Popular de Go-bierno

El caos invade a la UANL

Al iniciar 1971, las muestras de mejoría en la situa-ción en la UANL no eran fáciles de encontrar. La Rectoría seguía tomada por estudiantes de Leyes desde el 3 de diciembre del año anterior;245 la Fa-cultad de Leyes tomada también por los propios es-tudiantes desde diciembre, sería entregada el 4 de enero de 1971, a fin de efectuar los exámenes pre-vistos a partir del día 15;246 la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas seguía con sus funciones sus-pendidas a raíz de que estaba ubicada en el décimo piso de Rectoría;247 el rector no había podido llamar a Consejo, ya que faltaban informes de algunas fa-cultades como la de Leyes y Físico-Matemáticas;248

Estudiantes universitarios opuestos a la Ley Orgánica del Gobernador Elizondo, son detenidos.


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versitarias, obligaron a Oliverio Tijerina a elaborar apresuradamente un informe. En éste, dado a co-nocer el 10 de enero,255 afirmó que la UANL tenía una nómina mensual de 1,722 profesores (342 de tiempo completo y 1,143 de cátedra por horas li-bres) que recibían como salario casi tres millones de pesos mensuales (2,878,019.00 pesos). Los pro-fesores de tiempo completo recibían 1,288,019.00 pesos mensuales de salario y prestaciones y los de cátedra de horas libres 1,048,068 pesos. El informe también aclaraba que la UANL tenía ya 24 depen-dencias entre escuelas y facultades, y 21,759 estu-diantes inscritos hasta enero de 1971. Al término de su informe, comentó que de los estudiantes que continuaban en Rectoría esperaba sólo una cosa: “Que esos patanes se larguen de ahí”.256

Crisis del gobierno universitario

Para el 14 de enero, la situación era totalmente caó-tica en la UANL y el gobierno de la universidad era precisamente la causa del continuo trastorno en la máxima casa de estudios. Ese día renunciaron en pleno, y durante la Junta de Consejo Universitario el rector Oliverio Tijerina –a causa de “una gran presión”, tal y como lo expresó en su momento–,257 el secretario general, Manir González, y Carlos Cisneros Ramos a sus innumerables puestos.258 Este último era empleado en el Departamento Le-gal de la UANL, director de la Preparatoria 9 y pro-fesor en la Facultad de Derecho.259

De nueva cuenta, la junta del Consejo Universitario (el 14 de enero) tuvo una maratóni-ca duración de más de ocho horas. La mayoría de ellas consumidas en las renuncias y discusiones ante el nuevo escenario. El rector Oliverio Tijeri-na manifestó tras su renuncia haber sido insulta-do, amenazado de muerte y robada su residencia a causa del constante conflicto universitario. Ante tales circunstancias, su renuncia era irrevocable.260 El Consejo tuvo que enfrentar una entorno no pre-visto por el decreto 146 emitido por el Congreso

la Rectoría y el Consejo enfrentaban un juicio labo-ral por el caso Moreira; derivado de ello y de pre-siones internas, el secretario general de la UANL, Tomás González de Luna, había renunciado a este puesto el 16 de diciembre de 1970, al igual que Rolando Guzmán Flores –quien fungía como di-rector de Extensión–, todo esto provocando un de-bilitamiento en las funciones y credibilidad hacia las autoridades;249 y, para colmo, desde febrero de 1970, el subsidio federal otorgado mensualmente había sido retenido por el gobierno federal.250

El 4 de enero de 1971 llegaron buenas no-ticias de la ciudad de México: el subsidio federal retenido desde febrero del año anterior fue liberado y le fueron entregados a la UANL 4.5 millones de pesos de parte de la federación.251 Sin embargo, la oposición al gobierno radical de la UANL, apoya-do abiertamente por el Gobernador, continuó ma-nifestando su repudio al rector y al Consejo a través de pintas en los camiones urbanos, con leyendas alusivas al movimiento estudiantil donde exigían una auditoría al rector de la UANL. Las pintas mencionaban “Fuera mafia de la UNL” y “Olive-rio Títere”, entre otras. No sólo los transportes ur-banos mostraron estas leyendas, también algunos edificios de las facultades de Medicina y Leyes, así como la Preparatoria Álvaro Obregón.252

Ante la presión interna, el rector Oliverio Tijerina aceptó la petición del movimiento estu-diantil de Leyes (quienes tenían tomadas la Facul-tad de Leyes y la Torre de Rectoría) de realizar la auditoria a las finanzas de la UANL, ésta costaría 36 mil pesos y tardaría cuatro meses en realizarse. La aceptación era condicionada a que fuera pagada por los estudiantes inconformes.253

Conforme pasaban los días, la situación del rector se volvía insostenible, el 8 de enero la Prepa-ratoria 7, se lanzó al paro en apoyo a las peticiones de auditoria y de reingreso de los dos alumnos ex-pulsados.254

La continua presión contra el rector, y el presunto mal manejo de éste de las finanzas uni-

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Estatal cuando se eligió a Oliverio en 1969. Este decreto presentaba una laguna legal, la cual era que no preveía el mecanismo para el nombramiento de un nuevo rector después de la elección de Olive-rio. Ante esta situación, aunada a que la nueva Ley Orgánica no era todavía aprobada por el Congre-so, el Consejo decidió designar a Manir González Santos, exsecretario general, como nuevo rector in-terino.261 Su nombramiento fue mal acogido por el movimiento estudiantil de oposición,262 ya que con su designación se consolidaba en el gobierno de la UANL un nuevo grupo de izquierda liderado por Héctor Ulises Leal y coagremiados, entre ellos el exrector Ángel Martínez.

El nuevo escenario sólo trajo más caos den-tro del gobierno de la UANL. El 28 de enero de 1971 una nueva sesión del Consejo Universitario provocó nuevas discusiones y propuestas inútiles que trajeron tras de sí más de seis horas de sesión, el posponer el orden del día hasta una nueva junta prevista el 12 de febrero.263 En esta última sesión (12 de febrero), el Consejo eligió como rector al in-geniero Héctor Ulises Leal Flores,264 representante de una corriente ideológica de izquierda en franco ascenso ante la crisis provocada por el anterior go-bierno. Esta corriente aprovechó el debilitamiento de la posición del Partido Comunista en la UANL y

el deterioro de otros grupos de la izquierda ligados al anterior rector. El rector interino Manir Gonzá-lez Martos fue designado secretario general.

IV Informe de Elizondo

En el cuarto y último informe de gobierno sobre su gestión, Eduardo A. Elizondo expresó, el 1 de marzo de 1971, ante el Congreso del Estado y el re-presentante del nuevo presidente Luis Echeverría, el ingeniero Luis E. Bracamontes, secretario de Obras Públicas, su preocupación por la creciente demanda y presión hacia los servicios educativos en la entidad.265 Esta expansión de la demanda educativa por todos reconocida era la causa in-mediata de una posible crisis financiera estatal, ya que este rubro estaba absorbiendo cada vez más el presupuesto de la entidad. Era ya una realidad que la crítica situación financiera, provocada por la incesante expansión educativa continuaba dete-riorándose. Esto alertó a los concurrentes que en breve lapso esta situación podía llevar a originar un caótico desequilibrio presupuestal. El presupuesto otorgado a la educación en el Estado, sin incluir la UANL, Hospital Universitario, la Normal Superior ni la construcción de aulas, se había incrementado de forma descomunal entre 1968 y 1971, ya que

había pasado de 146 millones a casi 251 millones (250, 752,504.64). En términos de porcentaje en relación al conjunto del presupuesto, tam-bién había aumentado: de 40.27 por ciento en 1968, a 48.68 por ciento en 1971. Y si a este porcentaje se agre-gaba el subsidio a la UANL, el por-centaje se elevaba a 62.7 por ciento, sin incluir otros rubros íntimamente relacionados con la educación.

Los frutos, a pesar de no ha-ber aumentado el presupuesto edu-cacional al ritmo que realmente se necesitaba, eran halagadores, 89.34 El rector Ulises Leal en el debate sobre la nueva Ley Orgánica de la Universidad.


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por ciento de la población mayor de diez años de la entidad sabía leer y escribir, mostrando así el índice más alto de la república.266

También se habían hecho nuevas cons-trucciones y ampliado la infraestructura de Ciudad Universitaria en 1970. Se había terminado la cons-trucción de los edificios de la Facultad de Físico-Matemáticas, de Consulta Externa del Hospital Universitario y de Laboratorios de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Asimismo, en la Facultad de Trabajo Social se construían en ese momento tres nuevas aulas.267

Sin embargo, el foro era el adecuado para mostrar su molestia sobre la situación política in-terna de la UANL. Elizondo comentó:

Hemos brindado una ayuda económica sin precedente a la UNL, para que pueda desarrollar la trascendental labor que le co-rresponde.Grupos relativamente pequeños de estu-diantes y maestros han pretendido satis-facer ilimitadamente sus aspiraciones, no sólo con preferencia, sino hasta exclusión de otros sectores de la población.268

La contestación a su Informe anual del pre-sidente del Congreso estatal, Eleazar Ruiz Cerda, líder de la CROC, fue en el mismo tenor, mostran-do así una posición hasta esa fecha similar entre el

Ejecutivo y el Legislativo con respecto al problema de la universidad. Elea-zar dijo:Causa decepción ob-servar cómo algunos estudiantes y profe-sores descuidan sus deberes fundamen-tales con el pretexto de participar en lu-chas políticas en las que confunden los propósitos y menos-caban irremediable-

mente el verdadero espíritu universitario, derrochando el dinero del pueblo.269

Los problemas por los que atravesaba la universi-dad eran complejos y tenían como una de las causas primordiales la falta de presupuesto. El mismo día que Elizondo informaba a la comunidad nuevoleo-nesa de sus logros educativos, el rector comunicó, en rueda de prensa, la falta de presupuesto para el pago de salarios atrasados del personal docente. A juicio del rector, los sueldos de todo el personal de la UANL seguían en parte insolutos, ya que falta-ban 500 mil pesos para cubrir la nómina de la se-gunda quincena de febrero, que ascendía a más de dos millones y medio de pesos.270

Por su parte, a diferencia del informe de Eli-zondo, en el que se blasonaba del avance educativo, el rector de la UANL, Héctor Ulises Leal Flores, afirmó, después de escucharlo, que el Gobernador había optado una actitud por no saber nada más de la máxima casa de estudios, en cuanto necesidades económicas se refería.271 De igual forma, acusó al Patronato de no regularizar su adeudo (medida que veía el rector como una presión política en contra suya); y al gobierno federal de no enviar el subsidio a la UANL correspondiente a los meses de enero y febrero.272 El faltante en ese momento ascendía a 800 mil pesos para completar sueldos, de los cuales

El comité Ejecutivo del STUANL en debate por la lucha de la autonomía universitaria.

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300 mil se habían comprometido a prestar de sus propios presupuestos, las facultades más leales a Rectoría, la de Ciencias Químicas y la de Mecánica y Eléctrica.273

Ante la presión del rector, el Patronato optó por otorgar ese día un cheque de 500 mil pesos a fin de regularizar el pago de sueldos atrasados. Sin embargo optó también por reti-rar su apoyo al rector y a la universidad debi-do a la política seguida por el nuevo gobierno universitario. El Patronato le aclaró de forma pública a Ulises el 3 de marzo que debido a:

Su insistente demanda hecha pública, en nuestro concepto innecesariamente, ya que este Patronato ha tenido como norma el comportamiento más estricto de los com-promisos que voluntariamente ha contraído con la UNL, fue ya satisfecho.274

Entre estos compromisos voluntarios, el Patrona-to se refería a la aportación de un millón y medio anual “para nivelación de sueldos de maestros”, es decir, tres aportaciones de 500 mil pesos al año que realizaba de forma permanente desde 1967. La suma entregada el primero de marzo sería la última que otorgarían a lo:

Cual nos libra –dijo su presidente– de paso de cualquier sospecha en cuanto a interfe-rencia en los asuntos administrativos de esa universidad.275

Para marzo, la situación de la universidad y del nuevo gobierno universitario no podía ser peor. Todo indicaba un endurecimiento de la postu-ra del gobierno estatal con respecto a la situación en la universidad, la cual impactaba en todos los organismos ligados a la UANL, como el caso del Patronato. Este endurecimiento en la postura del Gobernador y de los poderes Legislativo y Judicial (recordemos el caso de Moreira) fue producto de la presión de los sectores más fuertes del empresariado y de las características particulares de los diferentes sectores representados en el PRI en la entidad, los cuales pedían una mayor firmeza en las decisiones

públicas ante el deterioro que padecía la UANL. Este deterioro si bien afectaba en lo académico (es de hacer notar que la mayoría del estudiantado siguió estudiando y los profesores laborando), su epicentro se encontraba en una lucha encarnizada por el poder dentro de la universidad, donde todos los grupos políticos e ideológicos participaron por igual en su continuo desprestigio ante los ojos de la comunidad.

Crecimiento de la población estUdiantil

Una situación era totalmente real, la inscripción a la UANL y los demandantes a ingresar eran cada vez más. De septiembre de 1970 a febrero de 1971 se habían matriculado oficialmente 4,642 alumnos de nuevo ingreso. En septiembre de 1970 fueron 3,319 nuevos alumnos, mientras en febrero la cifra bajó a 1,323. Para febrero de 1971, la Universidad Autónoma de Nuevo León albergaba 23,082 alum-nos.276

Para tener una idea de la proporción de este incremento están las cifras oficiales que muestran que la cantidad de alumnos que ingresaron entre septiembre de 1970 y febrero de 1971 fue casi simi-lar al ingreso total de estudiantes a la universidad registrado entre septiembre de 1965 y septiembre de 1969, cuando las inscripciones eran todavía anua-

El doctor Marco Antonio Urgartecha dirige su mensaje a favor de la au-tonomía de la universidad.


167

les (4,944 alumnos).277 Paralelamente, el subsidio estatal a la UANL se había incrementado anual-mente a razón de más de cinco millones en 1966 y 1967, ocho millones en 1968 y más de 12 millones y medio de pesos en 1969.278 Sin embargo, a raíz de la autonomía y de la separación de la UANL del go-bierno estatal, los incrementos no sólo habían sido menores –como el de 1970 que representó un poco más de dos millones de pesos en relación a 1969–, sino que decreció como el presupuEstado para 1971 que representó casi nueve millones de pesos me-nos que el del año anterior279 (véase cuadro 3). A esto se aunaba la decisión del Patronato de retirar, para 1971, su partida de un millón y medio de pesos anuales que daba desde 1967.280

Ante tal entor-no, el STUANL fue el portavoz organizado de la universidad en contra de la postura del Gobernador y de los constantes ataques que había sufrido la UANL. El STUANL desmintió, el 7 de mar-zo, la afirmación he-cha por el Gobernador Elizondo en su último informe de “que maes-tros y alumnos han pretendido satisfacer ilimitadamente sus as-piraciones”. Apoyó el acuerdo –para despejar ese tipo de dudas– del Consejo Universitario, de nombrar una comi-sión que se avocara a la investigación de la aplicación de los recur-sos en la universidad.281

Y después arremetió contra la política estatal de continuar favoreciendo a los menos necesitados a costa del resto de la comunidad en cuestión de im-puestos al exigir que:

Urge que el Estado, que es el que capta los impuestos y los distribuye, conside-re seriamente la imposibilidad de seguir concediendo privilegios a la gran indus-tria, eximiéndola del pago de impuestos y subsidiándole en consumo de agua, luz y gas; privilegios de que no goza el pueblo de Nuevo León y a cuya costa se dan tan amplias concesiones.282

Por lo tanto, la Asamblea General Representativa del STUANL le hacía directamente al Gobernador

Cuadro 3. Relación del incremento tanto de la población escolar de la UANL como del subsidio anual en pesos que otorga el gobierno del Estado de Nuevo León a esta institución entre, 1964 y 1971.

Fuente: Cuadro elaborado con base en la información dada a conocer por la UANL, el STUANL y el Gobier-no del Estado durante 1964 y 1971 en El Norte, Monterrey (1964-1971), El Porvenir, Monterrey (1964-1971) y los Informes I, II, III y IV de gobierno de Eduardo A. Elizondo, Monterrey.

Rector Fecha Subsidio Estatal Anual

Incremento y/o

decremento en pesos

Población Escolar

Incremento de la

población escolar

Eduardo L. Suárez

Septiembre de 1964

10,650,000 13,181

Eduardo Elizondo

Septiembre de 1965

11,728,000 + 1,078,000 13,496 + 315

Eduardo Elizondo

Septiembre de 1966

16,508,000 + 5,780,000 14,673 1,177

Nicolás Treviño

Septiembre de 1967

21,758,000 + 5,250,000 16,220 1,547

Héctor Fernández

Septiembre de 1968

29,758,000 + 8,000,000 17,672 1,452

Héctor Fernández

Septiembre de 1969

42,388,000 + 12,630,000

18,440 768

Oliverio Tijerina

Septiembre de 1970

44,508,000 + 2,120,000 21,759 3,319

Héctor Ulises Leal

Febrero de 1971

35,758,000 - 8,750,000 23,083 1,323

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las siguientes preguntas para conocimiento del pú-blico nuevoleonés:

1. ¿La disminución de hecho del subsidio estatal de este año a la UNL forma parte de algún plan para estrangular la autonomía universitaria a través de la asfixia económi-ca?2. ¿O es normal que el gobierno del Estado, con la declaración de que no hay dinero, se desentienda hasta del crecimiento normal de la universidad, presionada por el au-mento del número de jóvenes que desean educación de nivel superior?3. ¿Se espera que la UNL renuncie a la au-tonomía y a su determinación de no cerrar sus puertas a la juventud para tener el apoyo del gobierno en el renglón económico?283

En efecto, la crisis económica de la UANL afectaba a otras dependencias que otorgaban servicios a la comunidad nuevoleonesa, como el caso del Hos-pital Universitario, el cual vivía una constante falta de recursos, tal y como lo comunicó su director, el médico Ángel Martínez Maldonado.284

A la par de la crítica del STUANL, el rector arremetió contra la política de Elizon-do hacia la UANL, calificándola de “oscura

e incongruente”.285 Se preguntó públicamente: ¿quién sostenía a los es-tudiantes de Leyes que mantienen ocupada la Rectoría?286 Haciendo mención (de todos cono-cido) que el movimiento estudiantil de Leyes estaba ligado a la política de Eli-zondo, la cual consistía en debilitar al nuevo gobierno universitario y fomentar el desprestigio de las autori-dades universitarias.

Elizondo respon-dió, ese mismo día, que si

el rector Ulises quería que se utilizara la fuerza pú-blica para desalojarlos, pues no tenía más que soli-citarlo al gobierno estatal por escrito.287 El rector no cayó en el anzuelo, de momento, pero fue evidente que la inconformidad del rector Ulises podía llegar al extremo de tomarle la palabra al Gobernador; por lo que todo indica que desde el gobierno del Esta-do se tomó la decisión de comentar al movimiento estudiantil de Leyes que había tomado la Rectoría, que había llegado el momento de desalojarla para evitar un enfrentamiento. La toma de Rectoría como medida de presión había llegado a su lími-te y ya no cumplía esa función. En otras palabras, si Ulises tomara la decisión de pedir el ingreso de la fuerza pública para el desalojo de la Rectoría, el Gobernador se vería obligado a autorizarla.

El movimiento estudiantil

Por su parte, y tal como si todo fuera planeado desde el Palacio de Gobierno estatal, la Facultad de Leyes entró, el 1 de marzo (día del Informe de Elizondo al Congreso), en un proceso eleccionario para elegir y renovar a la organización estudiantil. Se registra-ron tres planillas donde destacaba la dirigida por

La Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior fue creada por el Congreso del Estado para hacer reformas a la Ley propuesta por el Gobernador Elizondo.


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Rolando Castillo Gamboa, apoyada por Francisco Cienfuegos, dirigente saliente y partidario del gru-po ligado al aparato de gobierno de Elizondo y del PRI. Las otras dos eran lideradas por Alfredo Juá-rez Medel y por J. Rodolfo Giacomán.288

Al mismo tiempo, se dio una salida deco-rosa al conflicto con Rectoría a través de un refe-réndum sobre la estrategia a seguir del movimiento estudiantil. Entre el 1 y el 2 de marzo se realizó el referéndum que dio como resultado el consenso de la primera de las tres preguntas del cuestionario: la entrega de Rectoría, pero seguir con la huelga, es decir, apoyando a los estudiantes expulsados, Ho-mero Gutiérrez Benavides y Sergio Adame Ochoa. Esta propuesta alcanzó 258 votos, en contra de las otras dos, las cuales eran: 2) Volver a clases sin en-tregar la Rectoría para presionar más al Consejo Universitario (50 votos); y 3) la entrega de Recto-ría y vuelta a clases, abandonando los motivos de la huelga estallada el 3 de diciembre de 1970 (156 votos).289

Aunque la mayoría estudiantil recomenda-ba la entrega de Rectoría como medida para bajar la tensión al conflicto, los líderes estudiantiles se abrogaron la decisión de definir la fecha de entrega, que aparentemente no pensaban hacer de forma in-

mediata para continuar con la presión. Sin embar-go, su decisión cambió a raíz de las declaraciones del rector, el 4 de marzo y de la acusación hecha por él mismo el 6290 y 7291 de marzo cuando tomó la decisión de acusarlos de violar el artículo 36 de la Ley Orgánica de la UANL, por lo que les dio un ultimátum: si no se retiraban de Rectoría, el Consejo Universitario había decidido el ingreso de la fuerza pública como último recurso, si no reca-pacitaban en los siguientes cuatro días. Por ello el rector pidió al director de Leyes, Sergio Mena, que se entrevistara con los estudiantes a fin de hacerlos comprender que era preciso la entrega de las ins-talaciones.

Tras 86 días de controlar el edificio de Rec-toría, el movimiento estudiantil de Leyes acordó entregarla el 9 de marzo de 1971.292 Este aconteci-miento era un triunfo del nuevo gobierno univer-sitario sobre Elizondo. Sin embargo, Elizondo no tardó más de 18 días en regresar el golpe político a Ulises, ahora con la aprobación de una nueva Ley Orgánica, totalmente novedosa para México y punta de lanza de un pretendido nuevo modelo de gobierno universitario en la república.

El 26 de marzo se aprobó la novedosa y polémica (incluso hasta ahora) Ley Orgánica tan

esperada en su momento, pero totalmente transformada por el Congreso. El proyec-to original propuesto por los universitarios quedó ilegible en esta ley, la cual destituía, el mismo día de su aproba-ción, a todas las autoridades universitarias y planteaba un nuevo mecanismo de elección donde el Gobierno del Esta-do y las fuerzas vivas recono-cidas por Elizondo tomarían un papel más activo en la máxima casa de estudios.293 Sin embargo, semanas antes Dirigentes discuten el movimiento estudiantil.

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de su aprobación, ya había aumentado la tensión entre las autoridades universitarias y el Gobierno del Estado.

En marzo, las condiciones internas de la universidad seguían estando críticas. A la par que la Facultad de Leyes continuaba en paro y en contra del rector, se habían sumado al paro otras escuelas y facultades por razones distintas en ocasiones a las de leyes. El 3 de marzo, la Preparatoria 2 se fue al paro, a través de una nueva organización estudian-til y de profesores denominada Nosotros, la cual ostentaba el apoyo de 400 firmas y que manifes-taba su descontento ante la anarquía que predomi-naba en esa institución.294 Externaron su repudio a “los métodos de violencia, groserías y actos en contra del edificio de la Preparatoria que encubren la supuesta reforma académica” que se pretendía realizar en esa preparatoria por las autoridades.295 La reforma académica planteada por los paristas pretendía la renuncia del director, una verdadera reforma académica al plan de estudios y una sui géneris propuesta basada en la eliminación de los exámenes como instrumento de evaluación hacia los estudiantes.296 Los autores intelectuales de las pretendidas propuestas eran Severo y su hermano Leonardo Iglesias, Luis Garza Díaz y Rodolfo Gar-za Montemayor. El paro terminó el 9 de marzo sin mayores contratiempos.297

El 11 de marzo fue protagonista de nuevos paros y renuncias. El director de la Preparatoria 8 renunció a raíz de numerosos incidentes acaecidos en esa escuela; asimismo, la Facultad de Agrono-mía se fue al paro exigiendo la pronta aprobación de la Ley Orgánica que llevaba ya un año en poder del Congreso estatal.298

Por si fuera poco, el STUANL decretó, el 13 de marzo, paralizar a partir del día 16 toda la UANL como medida de presión para exigir al gobierno del Estado un mayor presupuesto debi-do al rumor de que la universidad carecía de di-nero para pagar la nómina de sus empleados.299 También adicionaron la exigencia al Congreso del

Estado de acelerar la aprobación de la nueva Ley Orgánica.

El Congreso del Estado sintió la presión externa –e indudablemente más del Gobernador– y sesionó a diario con juntas extraordinarias durante marzo a fin de aprobar la Ley Orgánica que llevaba un año en las curules de sus ocho diputados.

Por su parte, el 15 de marzo de 1971, el Consejo Universitario sesionó a fin de tratar la pro-blemática de la UANL. Era evidente ya un rom-pimiento entre los organismos universitarios y el encargado del Ejecutivo del Estado. En esa sesión el Consejo retó al Gobernador a presentarse en un debate público con el rector Ulises a fin de aclarar su postura respecto a las finanzas universitarias. El Gobernador aceptó el reto y al día siguiente, el 16 de marzo, ambos personajes ya célebres por su re-tórica sostuvieron un enconado debate trasmitido por un canal televisivo local. Sin embargo, no se llegó a ningún acuerdo.300

La situación continuaba igual o, mejor di-cho, peor. Ante la negativa del Consejo Universita-rio a tratar sobre los alumnos de Leyes expulsados, un grupo de estudiantes de la Facultad de Derecho tomaron de nueva cuenta las instalaciones de la Rectoría ese mismo día (15 de marzo), en protes-ta por ignorar sus demandas de reinstalación. Dos días después regresaron las instalaciones; el am-biente estaba tenso y cada vez más caldeado.301

A partir del 16 de marzo, el STUANL cum-plió su amenaza de paros parciales a las diferentes dependencias a fin de presionar para una solución a sus demandas.302 El conflicto universitario trascen-dió a la comunidad de Monterrey, a tal grado que entre el 18 y el 26 de marzo se manifestaron innu-merables profesionistas para ofrecer sus servicios como profesores de forma gratuita para la UANL, a fin de evitar el colapso total de la máxima casa de estudios.303

El punto culminante de tal malestar llegó el 25 de marzo, cuando el Consejo Universitario, máximo organismo hasta ese momento del gobierno


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universitario, promovió una magna manifestación por las arterias de Monterrey a fin de desembocar en el Palacio de Gobierno, donde serían recibidos por el Gobernador Elizondo a las 12:00 horas.304

Elizondo jugó su máxima carta el 26 de marzo cuando el Congreso estatal por fin aprobó la Tercera Ley Orgánica en la historia de la univer-sidad. Pero para sorpresa de todos, la ley no fue lo que esperaban los universitarios, incluso aquéllos que habían mostrado un acercamiento con Elizon-do a fin de resolver la crisis universitaria. La nueva Ley Orgánica creó un malestar general y unió a los universitarios contra el gobierno, el cual tuvo que enfrentar la crisis más severa de su historia reciente. La crisis universitaria acabó por sepultar al todo po-deroso gobierno estatal que se hundió ante el retiro de todo tipo de apoyo político del centro del país. Tal y como actuó Lázaro Cárdenas en 1936 ante la crisis política en Monterrey, Luis Echeverría puso, en 1971, entre la espada y la pared a Elizondo y a su grupo político, el cual no se atrevió a desafiarlo, más que a disentir a través de la renuncia del propio Gobernador.

La Asamblea Popular de Gobierno Universita-rio

El 26 de marzo de 1971, el Con-greso del Estado realizó las últi-mas discusiones sobre la Ley y se procedió a votar. El voto fue unánime en la creación de una Ley Orgánica Universitaria. Su forma de gobierno, denominada Asamblea Popular, fue insólita, sin precedentes en su tipo en el mundo, pero muy neolonesa y muy al estilo de gobernar en esta ciudad.

Al día siguiente apareció publicada en el Periódico Oficial del Estado, con lo cual entró en

el terreno de la legalidad.305 La novedad: su forma de gobierno. Al Consejo Universitario, otrora rec-tor de las decisiones universitarias, se superponía una estructura de gobierno denominada Asamblea Popular, la cual sería la máxima autoridad de la UANL. La Asamblea Popular tenía similitudes con lo que era un Consejo de Administración en las grandes empresas privadas de Monterrey, pero enriquecido con la selectiva participación de todos los grupos involucrados. Esta estructura adminis-trativa daba una imagen incluyente, a pesar de la dispersión y disparidad del número de represen-tantes por sectores. El nuevo rector y el nuevo te-sorero serían designados directamente por la asam-blea. La conformación de este máximo organismo lo debería de decidir el Congreso en un plazo no mayor a cinco días. Esta asamblea estaría integrada por organizaciones reconocidas en la entidad; una vez designadas las organizaciones, éstas enviarían a sus representantes, los cuales a su vez designa-rían rector y tesorero. Una vez dados estos nom-bramientos, el rector y el tesorero convocarían a elecciones para ocupar los cargos de directores de facultades y escuelas. Estos últimos integrarían a su vez el nuevo Consejo Universitario. El mecanismo de gobierno y control a la autonomía era novedoso

Autoridades, profesores y alumnos de la universidad.

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9. Un representante del Congreso local.10. Cuatro representantes de los profesio-nales organizados.306

La reacción inmediata de los órganos de gobier-no universitario hasta ese día vigentes fue de total rechazo. El Consejo Universitario se reunió el 29 de marzo a fin de analizar la nueva Ley Orgáni-ca y después de una acalorada discusión –en la que se liaron a golpes el director de Leyes, Sergio Mena Treviño, y el profesor Cisneros Ramos–, el Consejo acordó amparase ante la citada ley.307 Cincuenta y cinco votos de repudio fueron ma-nifiestos y ocho abstenciones, sin ningún voto en contra.308 Se aprobó buscar un amparo debido a que la nueva Ley:

1. Causaba menoscabo a la autonomía uni-versitaria.

2. Esta nueva ley no solucionaba el pro-blema financiero.3. Era evidente una drástica reducción a la participación estudiantil en los órganos de gobierno de la UNL.4. La Rectoría perdía facultades.5. Ambigüedad sobre el Hospital Uni-versitario y su relación con la UNL, todo indicaba que era posible la separación de esta institución de la máxima Casa de Es-tudio, lo cual era inadmisible.309

Lo que no logró la continua oposición a Eli-zondo de parte de las autoridades universita-rias lo logró la ley: unificar a los universita-rios, cualquiera que fuere su ideología contra un enemigo en común: el Gobernador Eli-zondo.

A raíz de la sesión del Consejo Universita-rio, en la cual se acordó buscar un amparo contra ley, los estudiantes y profesores se organizaron en Comités de Lucha –integrados por dos represen-tantes de cada escuela o facultad–, a fin de organi-zar el control de los edificios universitarios –como la Rectoría y el Aula Magna–, con el objetivo de

Eduardo Elizondo entrega su mando como Gobernador del Estado a Luis M. Farías.

sin duda. Elizondo sabía que si el sistema de go-bierno universitario (que había mostrado su éxi-to en el mundo de los negocios en Monterrey) se fortalecía, el proyecto auguraría su implantación al resto de la nación.

La Asamblea Popular de Gobierno Univer-sitario estaría integrada con los siguientes elemen-tos que sumarían 36 personas:

1. Diez representantes de obreros y emplea-dos organizados de Nuevo León.2. Cuatro Representantes de las ligas de comunidades agrarias y sindicatos de cam-pesinos de Nuevo León.3. Un representante del Patronato Pro La-boratorios y Talleres de la UNL.4. Ocho representantes de la prensa, radio y la televisión.

5. Tres representantes de alumnos de la Universidad de Nuevo León.6. Tres representantes de los profesores de la UNL.7. Un representante de la industria.8. Un representante del comercio organi-zado.


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prohibir a personal extraño a la universidad entrar en sus oficinas y evitar la entrada de las personas que defendieran la nueva Ley.310

La Asamblea Popular fue constituida a principios de abril. Posteriormente, ésta nombró, el 12 del mismo mes, como rector al médico y co-ronel Arnulfo Treviño González, quien terminó por confirmar, a los ojos de los universitarios, el tipo de golpe político que había fraguado Elizon-do.311

El nuevo rector no pudo tomar posesión en las instalaciones universitarias debido a que las an-teriores autoridades se rehusaron a abandonar sus puestos por no reconocer la legalidad de la nueva ley y todo lo emanado de ella. El coronel Arnulfo Treviño inició despachando como rector en su ofi-cina particular mientras se encontraba una solución al conflicto. Sin embargo, el nuevo rector autorizó el envío del presupuesto a las dependencias donde trabajaban normalmente a fin de evitar el atraso de los salarios.312 Es menester aclarar que la mayoría de las instalaciones continuaron tomadas por las antiguas autoridades hasta el 22 de mayo, fecha en

que fueron desalojadas con lujo de violencia por las fuerzas públicas.

El 1 de mayo se dio una gran manifestación en contra de la Ley Orgánica del 26 de marzo de 1971, a través de un contingente de universitarios y simpatizantes constituidos por las organizaciones denominadas: Asamblea Universitaria; Comité Central de Lucha y el STUANL. La consigna es-grimida fue que el movimiento de protesta conti-nuaría hasta lograr que se derogara la ley.313 En el interior de la universidad, el rector y coronel Arnul-fo Treviño designó a los directores de las escuelas y facultades en el transcurso de la segunda quincena de abril y durante la primera semana de mayo.

En general, los anteriores directores, in-cluso aquéllos que habían sido desconocidos por los diferentes movimientos estudiantiles y por las constantes rencillas políticas internas, fueron de nuevo incorporados por los estudiantes y profeso-res de los diferentes planteles, a fin de que el nuevo rector no designara elementos directivos ajenos a las instituciones. Éstos fueron los casos del nue-vo director del Hospital Universitario, designado

Miembros de la primera Junta de Gobierno, instalada por el secretario Ejecutivo Alfonso Rangel Guerra.

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por Arnulfo Treviño, Juventino Garza Benavides, quien había logrado, el 3 de marzo, que los médi-cos residentes permitieran su toma de posesión, sin embargo, ésta fue impedida por el sindicato y estu-diantes de enfermería.314 La Sociedad de Alumnos de la Escuela Nocturna y Preparatoria 3, a través de su presidente, Juan Antonio Noyola Reta, le regre-só la dirección al anterior director, Raúl S. Mon-toya, y desconocieron al rector Arnulfo Treviño.315 El resto de las 28 facultades y escuelas se encon-traban, durante las dos primeras semanas de mayo paralizadas a raíz del desconocimiento del nuevo rector por parte de las antiguas autoridades. Las fa-cultades que continuaron laborando normalmente fueron Comercio, Leyes, Mecánica y la Escuela Pablo Livas.316

El problema universitario trascendió fuera de Monterrey por diversos motivos, pero el 6 de mayo, el presidente Luis Echeverría, quien reali-zaba una gira por Tamaulipas, aceptó recibir a dos delegaciones de universitarios de la UANL. Una a favor de la ley y otra en contra de ella. Al cono-

cer sus puntos de vista, mostró preocupación, sin embargo, manifestó mantener una postura de neu-tralidad y la firme convicción de “no intervenir en los asuntos internos de la UNL y del Estado libre y soberano de Nuevo León”.317 Por su parte, una delegación del exrector Ulises y su grupo fueron re-cibidos por el rector de la UNAM, Pablo González Casanova, quien siempre manifestó su apoyo a la autonomía universitaria, la cual consideraba había sido violada por la nueva ley.318

Ante el continuo deterioro de la situación de la universidad y, por ende, de su capacidad de gobernar, el Ejecutivo estatal ofreció públicamen-te, el 11 de mayo, en un canal televisivo local, su opinión y defensa de la nueva Ley Orgánica así como de la importancia de la representatividad de la Asamblea Popular.319 Al día siguiente, el 12 de mayo, el Gobernador se anotaría un triunfo parcial más, logrando que el juez federal del Segundo Dis-trito desconociera como rector a Ulises Leal Flores, desechando así la demanda de amparo promovida por el exrector. El fallo también estableció la lega-lidad del coronel Arnulfo Treviño como nuevo rec-tor.320 Para el 18 de mayo, la situación tendía a ser controlada por las autoridades gubernamentales al decidir, varias de las escuelas y facultades, regresar a clases a fin de no perder el semestre. Pero este re-greso trajo represalias y entre ellas está la violencia que volvió a emerger por las disputas políticas y lo acalorado del debate. El mismo día que varios estu-diantes y maestros decidieron regresar a clases fue agredido a golpes el profesor y exdirigente sindical Horacio Salazar Ortiz por el estudiante Rolando Castillo en la Facultad de Derecho.321

El aparente retorno a la normalidad hizo que el grupo liderado por el rector Arnulfo Trevi-ño iniciara de nuevo sus ataques a los anteriores dirigentes universitarios a fin de lincharlos políti-camente. Desplegados firmados por grupos estu-diantiles y de profesores inexistentes proliferaron en mayo, destacando los firmados por el grupo

El ingeniero Héctor Ulises Leal fue designado por la Junta de Gobierno como rector de la universidad por segunda ocasión.


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“Dimensión Estudiantil, Grupo 13B-1”, cuya ca-racterística era su autodefinición de comando, tal y como su nombre lo indicaba. Este grupo mani-festó, el 14 de mayo, a través de un comunicado es-crito pagado en los periódicos de circulación local, entre otras cosas que:

Los agitadores profesionales recientemente removidos a consecuencia de la promulga-ción de la Nueva Ley Orgánica de la UNL han desatado la ola de destrucción más cruel de que se tenga memoria en nuestra Alma Mater.El ingeniero Héctor Ulises Leal debe ser considerado cómplice de la pésima admi-nistración que estuvo a cargo del Doctor Oliverio Tijerina Torres, quien permitió proliferaran en nuestra universidad el poli-chambismo y el sectarismo más radical que en ningún otro periodo administrativo.La actuación del ingeniero Ulises en la Rectoría, aunque de duración muy efíme-ra es la que más daños ha causado a nues-tra universidad, pues al negarle acatar el Acuerdo del Consejo Universitario, para que se realizara un autoestudio que incluía el análisis cuidadoso no sólo del aspecto académi-co, sino fundamentalmen-te del manejo de los recur-sos económicos, permitió con esto encubrir no sólo la pésima administración anterior sino también el que se conociesen con exactitud el despilfarro y actuación deshonesta de algunos de sus funciona-rios.322

Para terminar con los revolto-sos que no habían reconside-rado su actuación en contra de la nueva situación universita-

ria que tenía todo el aval del gobierno, el Goberna-dor Elizondo pronunció un violento discurso el 19 de mayo, donde manifestó el posible uso de la vio-lencia en contra de los inconformes. Para Elizondo, la nueva Ley Orgánica era legal, y los tribunales federales habían desechado los amparos interpues-tos contra ésta. Por lo tanto, acusaba de provocar la intolerable inestabilidad existente a las minorías violentas y negativas. Amenazó con:

intervenir, y de lo que ocurra, serán res-ponsables quienes conducen esos grupos violentos, cuya postura consiste en un mo-nólogo de insultos y calumnias, y a una in-citación constante a la violencia contra las leyes.323

La sede de la subversión, señaló Elizondo, estaba en la Torre de Rectoría, y contra ellos caería todo el peso de la ley.

La política de negociación y tolerancia ha-bía llegado a su fin. El gobierno y las nuevas autori-dades universitarias tenían claro los pasos a seguir. Es por ello que el 21 de mayo el nuevo Consejo Universitario, designado por el coronel Arnulfo Treviño, lanzó el siguiente ultimátum:

Autoridades universitarias, sindicales, estudiantes y trabajadores solicitan, al Gobernador Farías, re-cursos económicos para que la universidad cumpla con sus funciones.

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Si para el lunes a las 10:00 horas no vuelven a sus actividades los trabajadores y maes-tros universitarios, serán despedidos.324

Se empezaría a presionar a los profesores y emplea-dos inconformes, posteriormente se pasaría, dijo el rector Arnulfo Treviño, a establecer las “medi-das contra los estudiantes rebeldes”.325 El acuerdo se ratificó con 42 votos a favor de un total de 81 consejeros (estos estaban distribuidos en base a la nueva ley como 27 consejeros exoficio; 27 conseje-ros maestros y 27 consejeros alumnos, de los cua-les sólo los consejeros maestros y alumnos podían emitir votos). La reunión del Consejo Universita-rio se llevó a cabo con altas medidas de seguridad y resguardadas por la policía estatal, la cual tuvo que expulsar, con lujo de violencia, a 150 alumnos inconformes que intentaron sabotear la reunión y evitar así la llegada de acuerdos.326

Para el 21 de mayo, los inconformes esta-ban prácticamente en una posición difícil, ya que tenían en contra al gobierno, a una parte de la opi-nión pública y la ausencia de salario, ya que desde el 1 de abril no cobraba la mayoría de ellos. Una vez creada esta situación, se dio el siguiente paso para descalificarlos ante la opinión pública: el ingreso a las instalaciones de la policía y el desalojo y la pri-sión de los inconformes.

La policía irrumpe en la UANL

El 22 de mayo de 1971, el director de Seguridad Pública del Estado, Gui-llermo Urquijo, comentó a la prensa local que la acción de “ocupar la uni-versidad fue para abrirla”:

La policía –aseguró– ha ocupado el día de hoy la Universidad para abrir sus puertas a los estudiantes que deseen estudiar y brindarles garantías a ellos y a los maestros que impartirán cátedra.327

Las fuerzas de seguridad ocuparon rápidamente, en una acción relámpago que duró de las 2:00 ho-ras a las 3:45 de la madrugada, los edificios de las preparatorias 1 y 3 y de la Escuela Industrial Álvaro Obregón. Sin muestras de una resistencia impor-tante, se realizaron numerosas aprehensiones, entre las que contaron al rector Héctor Ulises, al líder del sindicato de la UANL, Fabián Navarro, y a nume-rosos estudiantes.328

El operativo que a todas luces mostró ser una planeación de desprestigio del movimiento universitario, mostró lo que para muchos de los estudiantes, profesores, autoridades y público en general fue una farsa: el haber encontrado numero-sas armas con municiones, navajas, cuchillos y ma-terial químico para fabricar bombas comúnmente llamadas molotov.329

A juicio de varios entrevistados,330 el arma-mento y las municiones fueron sembrados por las autoridades, quienes en un despliegue de propa-ganda de desprestigio, llevaron a la prensa en el momento de la toma de las instalaciones, como si ya supieran dónde y qué iban a encontrar.

Desprestigiado el movimiento y puestos sus líderes y seguidores tras las rejas, las nuevas autoridades universitarias tomaron posesión de las instalaciones de la máxima casa de estudio. El 24

El conflicto entre el rector-STUANL y el Consejo Universitario se suscitó por el apoyo, de las primeras dos instancias, por el pase automático a las preparatorias tanto de los egresados como de los nuevos ingresos.


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de mayo de 1971, el nuevo rector, el coronel Arnulfo Treviño, y las demás autoridades, tomaron posesión material de la Rectoría, sacando por la fuerza al úl-timo reducto de este lugar autonombrado “Comité de Lucha”.331 Ese mismo día, 92 bombas molotov fueron localizadas en la Preparatoria 7. Su director, Cenobio Flores realizó el hallazgo y se lo comunicó a la Procuraduría de Justicia en el Estado.332

Como era de esperarse, la escalada de violen-cia aumentó. El mismo 24 de mayo se dieron fuertes enfrentamientos entre estudiantes, profesores y au-toridades en todas las facultades y escuelas. Las ma-nifestaciones en contra de las nuevas autoridades y el desprestigio del movimiento se dieron en el centro de la ciudad, donde terminaron en enfrentamientos con la policía. Sólo el día 24 fueron arrEstados 150 estudiantes.333 Al día siguiente, el 25 de mayo, otros grupos de trabajadores imitaron las prácticas estu-diantiles de repulsa ante el franco endurecimiento del gobierno de Elizondo; en efecto, el Palacio Mu-nicipal de San Nicolás de los Garza fue asaltado y tomado por los burócratas municipales a fin de que se les resolvieran sus demandas, centradas en mejo-res condiciones de trabajo.334 Los motines frente al Colegio Civil eran comunes. El 24 de mayo fue in-cendiado el auto de un alumno de la Preparatoria 1, y fueron acusados y detenidos empleados y estudian-tes de la propia UANL: la profesora Lesbia Benavi-des de Livas, y los estudiantes Elvia Jiménez Sáenz, Jesús Ávila López y Armando Ruiz Vallejo.335

Los portavoces a favor de poner orden y dis-ciplina en la UANL, usando la fuerza y aplaudien-do al Gobernador Elizondo, no se hicieron esperar. El más reconocido de ellos, la columna intitulada “Maquiavelo”, despotricó contra el movimiento estudiantil y dio su apoyo a las medidas violentas. Maquiavelo escribió, el 25 de mayo, en el periódico El Norte lo siguiente:

Apenas entraron las nuevas autoridades a la exrepubliquita socialista soviética de la corti-na de alambre y comenzó a aparecer el peine,

un despilfarro económico que supera a todo lo imaginable.Para muestra con un botón basta: el Depar-tamento de Extensión universitaria tenía más de 70 empleados para labores que con cuatro personas tenían que realizarse.Triste despedida de los Ulises, Manires, Fabianes, Tomases, Rolandos, Covarrubias y toda la compañía sin faltar el incompara-ble Iván.Pensar que toda la bronca universitaria fue provocada no por falta de dinero ni por la Ley Universitaria, sino por el afán de los coloretes de aferrarse a la mina de oro...336

Acusó, además, de estar involucrados en el apoyo a los universitarios radicales a políticos prominen-tes en el ámbito local como César Lazo, exalcalde de Monterrey; políticos nacionales como Alfonso Martínez Domínguez, expresidente nacional del PRI y regente en ese momento del Distrito Federal; a líderes sindicales, como Rodolfo Gaytán Sauce-do, diputado local y líder de la Federación de Sin-dicatos Independientes de Nuevo León, organis-mo afiliado a la CTM en la entidad; y finalmente a una orden religiosa, a la cual constantemente se le mencionó en ese tiempo: la Compañía de Jesús.337

En parte Maquiavelo tenía razón, pero no era su finalidad aclarar dudas, sino encender más las pasiones poniendo en entredicho al movimiento y descalificar políticamente a los líderes de opinión mencionados. Era evidente la presencia de fuertes fisuras dentro de la sociedad regiomontana, sin em-bargo, cabe aclarar, a la distancia temporal de los acontecimientos, que estas acusaciones tenían un fuerte trasfondo político y social, a favor y en contra de ciertos grupos.

En primer lugar, si bien no existen eviden-cias contundentes de que estos personajes favore-cieron y estimularon el movimiento, sí existen evi-dencias circunstanciales y declaraciones abiertas de tolerancia hacia el movimiento de parte de ellos.

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Los intereses de todos ellos eran diferentes, y man-tenían una actitud definida en base a sus propias convicciones. Veamos a cada uno de ellos.

Los ignacios definitivamente eran simpati-zantes y defensores de una mayor apertura dentro del ámbito educativo, donde su principal respon-sabilidad se desarrollaba; sin embargo, achacar el malestar general a una excesiva influencia en los cuadros dirigentes del movimiento universitario es una exageración. Por su parte, los políticos como Alfonso Martínez y Cesar Lazo, buscaban –indu-dablemente al intentar influir en el movimiento–, posiciones políticas para sus partidarios y para su grupo político. Sin embargo, la influencia de éstos fue diferente en el transcurso de los acontecimien-tos, por lo que también su influencia en el desen-lace final ha sido amplificado en la actualidad. Por su parte, el líder obrero Rodolfo Gaytán era repre-sentante de la oposición priísta (no existía otra en el Congreso) al Gobernador y a su política de mano dura en la entidad. Como líder obrero de la Fede-ración de Sindicatos Independientes de Nuevo León, presentaba una posición más tolerante hacia el movimiento estudiantil, el cual estaba confor-mado por los hijos de muchos de los trabajadores

agremiados en los sindicatos por él representados. Por lo que echar en una declaración en un mismo saco, al gobierno determinado a eliminar el radica-lismo en la universidad, sin fines políticos, y poner en el otro extremo a corrientes disidentes tan di-versas y variadas en sus fundamentos y trayectorias sociales, como un todo, es totalmente erróneo; y no sólo eso, es atentatorio contra el sentido común de los lectores regiomontanos. Un simplismo que es tiempo de eliminar en las interpretaciones históri-cas de nuestra comunidad. Una sociedad madura como la que entra al siglo XXI, ya no puede ver sólo los colores blanco y negro de las interpretacio-nes, sino los innumerables matices grises que con-forman la complejidad de la conducta humana ante determinados acontecimientos.

Es también notorio el linchamiento políti-co del que fueron presa por variadas razones (nada comparables entre ellos) todos los actores mencio-nados durante ese y los siguientes dos años. En el caso de Alfonso Martínez Domínguez, después de los acontecimientos del Jueves de Corpus en la ciudad de México, fue destituido de la regen-cia y congelado políticamente hasta 1979, cuando fue designado candidato a Gobernador de Nuevo

Amador Flores Aréchiga intentando ingresar al despacho del rector Ulises Leal.


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León. Cesar Lazo fue marginado de la política priísta durante los años siguientes. Rodolfo Gaytán murió asesinado el 29 de mayo de 1971, a la salida de una junta sindical, bajo circunstancias todavía no del todo aclaradas. Finalmente, la Compañía de Jesús sufrió un acoso político en la entidad, al gra-do que la mayor parte de sus miembros terminaron saliendo del Estado e incluso fueron expulsados abiertamente de algunas instituciones de educa-ción superior.

Finalmente, el atentado que sufrió la UANL en mayo de 1971 por parte de las autoridades esta-tales (ocupación policial; aprehensión de estudian-tes y profesores; encarcelamiento de sus máximas autoridades como el rector; encarcelamiento de sus líderes sindicales; designación de un militar como nuevo rector; y en general el linchamiento político de toda su estructura y funciones) fue un foco rojo de alerta a otras instituciones de educación superior que enfrentaban situaciones similares. La imposi-ción de la nueva Ley Orgánica vista como la punta de un ariete que buscaba demoler la tradición de tolerancia y autonomía que habían logrado muchas de las universidades en el país, no dejó lugar a du-das al cuerpo universitario nacional. Lo sucedido en Nuevo León podía ser el inicio de un nuevo mo-delo de universidad cooptada por los organismos más representativos del sistema político, social y económico dominante en México en ese momento. Las voces en contra de este experimento no se deja-ron esperar. De todas las partes de la república lle-garon signos de preocupación por lo ocurrido aquí, pero tal vez la más significativa fue la manifestada el 28 de mayo por el rector de la UNAM. Pablo González Casanova acometió contra el nuevo es-quema universitario público en Monterrey y lanzó un potente discurso que mereció la aprobación del mismo presidente de la república, quién manifes-tó estar de acuerdo con Casanova. El repudio de la nueva Ley Orgánica fue el eje del discurso de Casanova, quien declaró que fuera inmediatamen-

te derogada para devolver y consolidar a la mayor brevedad su autonomía:

El Gobernador Eduardo Elizondo ignora que la autonomía es la responsabilidad y el derecho que tiene la universidad de gober-narse a sí misma, con el objeto de asegurar su existencia institucional y el cumplimien-to de sus funciones específicas. Hay que evitar una escalada que pase de Nuevo León a la nación y de aquella universidad a las demás universidades del país de una manera que pone en peligro la paz y la necesaria política de apertura democrática que la nación exige en su etapa actual de desarrollo económico y social.No hay que caer en la provocación.Somos capaces de gobernarnos a nosotros mismos.Cuando tenemos la razón y el derecho, cuando podemos con la razón y el dere-cho, defender a nuestros colegas de Nuevo León, a nuestra propia casa de estudios, y luchar al lado del país entero, frente a esta nueva provocación, frente a esta ofensiva de tipo corporativista –no sólo ajena sino contraria al orden constitucional– que se ha desatado contra la cultura y las institucio-nes democráticas nacionales.Es un atentado contra la nación.Cuando se rompe la autonomía de las uni-versidades, imponiéndoles autoridades, restando responsabilidades a sus maestros y estudiantes mediante acciones que tien-den a quitarles seriedad y razón, seriedad y congruencia a los universitarios, se les hace aparecer como seres violentos, incapaces de gobernarse a sí mismos y poco respon-sables.Cuando se atenta contra la autonomía universitaria mediante medidas políticas, policiales o militares, abiertas o veladas, se

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sientan las bases de un régimen anticonsti-tucional y de fuerza que hace peligrar cual-quier política de apertura, de diálogo que se proponga democratizar las instituciones nacionales, reformar las estructuras sociales y económicas, y promover una justicia so-cial concreta y una independencia nacional efectiva.La nueva Ley Orgánica de la UNL ha creado y va a crear problemas graves a los universitarios y a la nación por ignorar las realidades de la propia universidad.338

Después de las advertencias de Casanova, los acontecimientos posteriores revelaron una crisis política estatal, fomentada por la intolerancia de parte del gobierno de Elizondo hacia las diferentes partes involucradas en el conflicto. Un día después de las declaraciones del rector de la UNAM, el gobierno federal rompió el silencio y la discreción ante el problema en Nuevo León. El secretario de Educación, Víctor Bravo Ahuja, y el mismo pre-sidente Echeverría coincidieron en reconocer las advertencias de Casanova.339 Ese día (29 de mayo), el panorama político en Monterrey se ennegreció más: el único diputado local que había mostrado su simpatía por el movimiento universitario y lo había

defendido en la tribuna contra sus colegas y contra el propio Gobernador fue brutalmente asesinado al término de un mitin sindical.340 El asunto pasaba a mayores. Era ya un asunto de política interna, y el 30 de mayo, el secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia, declaró el asunto universitario de Nuevo León un foco de inestabilidad para la segu-ridad del país y envía al secretario de Educación a fin de resolver el conflicto.341

Bravo Ahuja llegó a Monterrey el 31 de mayo de 1971, a fin de dialogar con las partes en conflicto y con la encomienda del presidente de la república de no salir de la ciudad de Monterrey hasta que se diera carpetazo final al problema universitario. Era imprescindible que la solución a la que se llegara fuera satisfactoria en buena medida a todos los gru-pos. Para entonces, era evidente que el gobierno de Elizondo se encontraba en una encrucijada y su proyecto de universidad pública era cuestionado por el propio poder Ejecutivo nacional. 5. Rechazo nacional y derrumbe del proyecto alternativo nuevoleonés de universidad

El procónsul

Víctor Bravo Ahuja, secreta-rio de Educación Pública, lle-gó a Monterrey el 31 de mayo de 1971.342 Se alojó en un hotel cercano a la universidad y re-tirado del centro histórico de Monterrey y, por consiguien-te, de la residencia oficial de los poderes Ejecutivo, Legis-lativo y Judicial del Estado.

Inmediatamente sos-tuvo una entrevista con los exrectores de la antigua UNL para conocer sus puntos de vista sobre el conflicto univer-Profesores y alumnos de la Facultad de Medicina frente a la Torre de Rectoría solicitando la renuncia

del rector Ulises Leal.


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sitario. Desde que llegó, su propuesta fue buscar el consenso de los exrectores y el diálogo inteligente entre las partes.343 Aunque manifestó ser un em-bajador de buena voluntad y de mostrar respeto total a la autonomía universitaria y a la soberanía del Estado, sus reuniones con las diferentes partes en conflicto excluyeron durante los primeros días al Gobernador Elizondo.344

La primer junta de carácter privado en que participó congregó a los exrectores Roberto Trevi-ño, Humberto Ramos Lozano y Enrique C. Livas, personajes alejados aparentemente del escenario político del momento. La propuesta inmediata fue la creación de una comisión integrada por éstos y otros exrectores, representantes del Gobierno del Estado y de la Asamblea Universitaria. El objetivo: analizar una solución negociada y entregar una re-comendación al Gobernador Elizondo.345

Paralelamente a la realización de esta re-unión, y mientras siete facultades de un total de 27 continuaban en paro, fue tomado el edificio de Rectoría por más de mil universitarios inconformes con la nueva ley. La toma de Rectoría impidió el pago salarial a realizarse ese día a 2,500 profesores y empleados. Esta acción fue organizada por el Co-mité de Lucha del movimiento estudiantil, el cual pidió al rector y coronel Arnulfo Treviño que abandonara el edificio. Para no verse como provocador a los ojos del se-cretario Ahuja que se encontraba en la ciu-dad, el rector accedió a su entrega.346 Una vez en Rectoría, se continuó con el mitin y se pidió, frente a los medios de infor-mación, entre otras cosas: un diálogo con Bravo Ahuja “abierto y no secreto” como el que estaba desarrollando en ese momento; la libertad de los reos políticos de toda la república; la abrogación de la Ley Orgáni-ca de la universidad; la aprobación del pase automático de las preparatorias a profesional; y el aumento del subsidio a 95 por ciento de las institu-ciones de educación superior públicas.347

El intento de tomar más instalaciones por los universitarios inconformes fue impedida por los nuevos directores de las facultades y preparatorias, elegidos por la Asamblea Popular de Gobierno Universitario. Tal fue el caso de la preparatoria 1, la cual intentó ser tomada por un grupo de universi-tarios liderados por el estudiante y profesor Cova-rrubias, a quien el director Ramiro Díaz Alanís les prohibió la entrada y evitó que esto sucediera.348

El Gobierno del Estado, presionado por un movimiento universitario efervescente, por el secretario de Educación enviado como mediador, y por las continuas manifestaciones de resolución al conflicto de parte de otros grupos sociales, mos-tró, el 1 de junio, un gesto de buena voluntad, al anunciar la liberación de los universitarios que se encontraban presos por los acontecimientos suce-didos el 24 de mayo.349 Una parte importante de ellos había sido liberada con anterioridad, y al resto se les fijó una fianza razonable para que se les fuera otorgada.

Desafiando la autoridad del Gobernador, el secretario de Educación, Bravo Ahuja, hizo un listado de comisiones para que fueran a dialogar con él entre el 31 de mayo y el 1 de junio. Este úl-

timo día, dialogó durante más de nueve horas con las siguientes comisiones, buscando encontrar los matices del espectro del problema lo más am-

El grupo de Medicina en la oficina del rector Ulises Leal.

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plio y variado posible: con el Comité Ejecutivo del STUANL; con el Consejo Estudiantil Universitario; con la Asamblea Universi-taria; con el exrector Héctor Ulises Leal Flores (quien había abandonado la cárcel días atrás); maestros y es-tudiantes de la Facultad de Agronomía; representantes de los alumnos de la Prepa-ratoria 8; con el rector Ar-nulfo Treviño; grupos parti-culares y no universitarios; con todos los directores de las preparatorias y faculta-des; y con el presidente de la Asamblea Popular de Gobierno Universitario, el ing. Humberto García Leal. Todas las comisiones fueron recibidas a horas precisas en su cuarto de hotel.350

Después de recibir y analizar todos los planteamientos, Bravo Ahuja manifestó por la noche del mismo 1 de junio, que el problema de la UANL se centraba en dos aspectos: uno de ca-rácter jurídico (la nueva Ley Orgánica) y otro de carácter social (fricciones e intolerancia de todas las partes).351 Aprovechó también para realizar una rueda de prensa donde hizo una invitación a toda la sociedad en general, integrada por todos los secto-res del Estado, a que “se olviden de pasiones perso-nales para buscar el interés general”.352

En referencia a todas las posturas encontra-das, incluyendo a la del Gobernador, expresó “que si se asumen actitudes rígidas, caracterizadas por la incomprensión, la inconformidad y la falta de flexi-bilidad y cordialidad, no habrá solución”. Agregó que “se olviden las pasiones personales, si nos en-casillamos, la solución nunca se dará”.353

Paralelamente, las pasiones se desborda-ban. El día primero de junio se realizaron dos gran-

des manifestaciones por las arterias citadinas. Una en apoyo a la ley y al Gobernador y otra en contra. La primera mostró todo el aparato del partido ofi-cial, donde unidos con los líderes miembros de la Asamblea Popular del Gobierno Universitario, se manifestaron los obreros de la Federación de Sindi-catos Independientes (quienes dijeron contar con más de 100 mil obreros afiliados) y los obreros de la CROC.354 Hay que recordar que la Federación de Sindicatos Independientes se había manifEsta-do al margen e incluso en contra de la postura del Gobernador, pero a raíz del asesinato el 29 de mayo de Rodolfo Gaytán, su líder, la postura de la Fede-ración de Sindicatos dio un giro de 180 grados.

Por su parte, más de dos mil universitarios protestaron contra la nueva Ley Orgánica, a la cual simbolizaron en un ataúd, que después incendia-ron. En esta manifestación se mostró una amplia movilización de otros sectores sociales, con lo cual se puede decir que los universitarios atrajeron con sus demandas a sectores críticos y marginales de la ciudad como las familias de los llamados posesio-narios de predios del área del Topo Chico, profeso-res de educación básica, vendedores ambulantes, padres de familia y por supuesto el exrector Ulises

Universitarios después de recuperar el Hospital Universitario.


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y el priísta Eduardo Livas Cantú.355 El franco apoyo a los universitarios de familias que formaban parte de amplios movimientos urbanos –a favor de la ad-quisición de predios municipales para familias sin recursos y emigradas del campo y de otras ciuda-des a Monterrey–, no fue extraño. Las constantes fricciones que se dieron a principios de la década de 1970 en Monterrey, entre estos movimientos y el gobierno estatal, atrajo el apoyo de universita-rios que defendieron el derecho constitucional de adquirir un lugar donde vivir de cualquier mexica-no. Los constantes desalojos en el cerro del Topo Chico, al norte de la ciudad, fueron criticados por los universitarios. Todas las luchas de la población marginal en busca de un predio se vieron respal-dadas por los estudiantes más comprometidos con este sector social.356

Postura de la Asociación de Maestros de la UANL

Una de las posturas más firmes y claras dentro de la universidad, y representativa del ala conservadora, era la planteada por la Asociación de Maestros de la UNL, la cual llegó a enfrentarse al STUANL y a escribir y proponer una nueva Ley Orgánica. Su líder era Agustín Basave Fernández del Valle, doctor en filosofía y reconocido investigador internacional. Este grupo también se manifestó durante la visita de Bravo Ahuja, al cual se le hizo un recuento de los daños causados por el gobierno universitario.357

A juicio de este grupo de universitarios, los disturbios internos iniciaron en 1968, pero se radi-calizaron con el apoyo de otras facciones políticas al año siguiente. En 1969, estos grupos aprovecha-ron el anuncio de la visita a Monterrey del candi-dato del PRI a la presidencia de la república, Luis Echeverría, para fomentar “la agitación y la violen-cia organizada”. Ante la alternativa de llegar a una paz negociada a fin de no presentar esta situación al candidato, el Ejecutivo estatal “cedió ante las pre-tensiones de un grupo evidentemente minoritario y

fue más allá de lo que pedían, concediendo enton-ces la autonomía universitaria”. Ante este hecho, fue necesaria la creación en la universidad de una comisión para que se formulase un anteproyecto de Ley Orgánica, la cual manifestó –a decir de este grupo- una labor “de un notorio y público carácter sectarista”. La asociación comentó:

Ausente de esta comisión estuvo la ecua-nimidad, la ponderación y el buen sentido. El insulto bajo y procaz fue la respuesta a los hombres que pretendieron hacer labor positiva de legislación universitaria. La amenaza, el grito destemplado y la intran-sigencia presidieron las labores de la comi-sión de marras. De ella no podía salir más que lo que salió. Un proyecto carente de técnica jurídica y que trataba de crear una universidad que para nada estuviese sujeta al Estado mexicano y a sus leyes, según es de verse de la lectura atenta de su artículo 116 en el que se pretende la creación de una extraterritorialidad para el “territorio” de la universidad.Las “nuevas autoridades” de la universi-dad, por su parte, se caracterizaron por la implantación de un régimen totalitario y absurdo en el que el mejor mérito para la-borar en la UNL lo constituía la pertenen-cia al Partido Comunista; y desde luego, todo aquél que divergiese de tal ideología salía simplemente sobrando, sin importar sus méritos académicos o de trabajo.358

Ante dicha situación este grupo comunista “desen-cadenó la más terrible y sin precedente persecución en contra de todo lo no marxista”.359 En algo tenía razón la Asociación de Maestros, lo que caracterizó a este periodo fue el revanchismo y la provocación por los grupos radicales de todos los bandos. La Asociación de maestros continuó diciendo que en-tre 1969 y 1970:

Nos toco presenciar el desastre académico. La ausencia de cátedras, la dictadura estu-

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diantil en pleno; la ausencia de reformas académicas; la falta de cumplimiento de los planes de estudio; la pérdida de respeto de la autoridad fue patente.

La proliferación de puestos; la vergonzosa actitud de sujetos con más de tres puestos inclusive; la mar-xización de la UNL al contratarse y acomodarse a los parciales de este partido trajo consigo que en la misma se respirase un ambiente de inconformidad e intranquilidad.

Marxistas y sujetos a las órdenes del Partido Comunista, los cuadros de la nueva autoridad no pudieron tener la amplitud de miras y horizontes que en todo buen gobernante son condición esen-cial y prerregistro de su actividad. Ello degeneró, pues, en la más pura de las anarquías.

Por si fuera poco, el desastre económico, la falta de capacidad y honorabilidad fue causa de ello. Gastos superfluos; fondos empleados sin jus-tificación; subsidios a agitadores y muchas otras fugas, tal como la de doblarse el sueldo, trajeron consigo la bancarrota.360

En parte la acusación tenía razón. El rector Oliverio Tijerina siempre mencionó que no existía déficit en la UNL y que el mismo era no mayor a

200 mil pesos. Dos meses an-tes de su renuncia (la cual se llevó a cabo el 14 de enero de 1971), este déficit fue calcula-do en más de 30 millones de pesos. El fracaso del gobierno universitario de Oliverio Tije-rina no trajo como consecuen-cia un cambio de rumbo, sino un cambio en el Poder, pero de una facción diferente den-tro del mismo grupo radical. De nueva cuenta, a juicio de la Asociación de Maestros, el revanchismo, la violencia, la provocación y las campa-ñas de desinformación eran alentadas por este grupo, so

pretexto de la nueva Ley Orgánica aprobada en 1971. Por ello le argumentaron a Bravo Ahuja que:

Con habilidad política se ha pretendido presentar el actual problema como el en-frentamiento de un grupo con una Ley que restringe o anula la autonomía universitaria. Trátese en realidad del enfrentamiento de un grupo de marxistas que se niega a abandonar sus posiciones de privilegio dentro de la uni-versidad y que está dispuesto a llegar –como lo ha hecho– hasta los más detestables y re-probables actos de violencia.Tienen una prédica marxista y antimexi-cana. Es evidente que se trata de un grupo esencialmente minoritario y con ideas aje-nas a lo universitario. Sus opiniones y cri-terios los dicta el interés de un partido y no el de la razón.361

Ante esto, la propuesta de este grupo de maestros era dejar a un lado el diálogo y someter a través de la fuerza a los levantiscos, contrarios a su forma de pensar:

Creemos, señor ministro, que la solución del problema está en que bien si debe de to-

El rector Ulises Leal defendió a la universidad y su estatus jurídico, ante las críticas de la comunidad regiomontana.


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marse una posición de diálogo y compren-sión, también debe obrarse con prudencia y energía. Que se regrese a las labores norma-les en la UNL; que se respeten sus autori-dades; que no se impida el libre acceso a los universitarios que desean estudiar y que se propongan, con la debida técnica jurídica –como nosotros lo haremos– las reformas o adiciones que sean necesarias para que nuestra legislación universitaria sea lo más perfecta posible.362

En síntesis, la Asociación de Maestros proponía a Bravo Ahuja –a la vez que se publicaba en un diario local la Ley Orgánica “que el pueblo dispone para su Universidad”–363 entre otras cosas lo siguiente:

1. Que debe cesar el clima de violencia ins-tituido por los miembros del Partido Co-

munista y que causa irreparables perjuicios a la universidad, tanto en la calidad de su enseñanza como en su patrimonio.2. Que debe realizarse una amplia investi-gación a fin de que se clarifique el manejo de los fondos de la UNL durante el año académico de 1969-1970.3. Que sería conveniente que el gobierno federal se avocase a la investigación de la penetración y funcionamiento de ideologías antinacionales en el seno de la UNL.364

Los planteamientos hechos por la Asociación de Maestros de la UNL se sumaron a los distintos grupos que tuvieron un elemento en común: la intransigencia y la desesperación de ver pasar los días, meses y años afectando y deteriorando la máxima casa de estudios de Nuevo León.

El STUANL se manifestó en el Palacio de Gobierno para exigir la autorización del presupuesto para el sindicato.

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El proyecto de universidad de Elizondo se de-rrumba

El impacto del deterioro universitario nuevoleonés llegó hasta el Congreso de la Unión. El 3 de julio, el problema fue abordado por la comisión perma-nente del Congreso. El propio presidente de la Comisión, Enrique Olivares Santana, declaró que no debía “alarmar a nadie el pequeño desajuste en Nuevo León”.365 Desajuste que era visto por los le-gisladores priístas como un instrumento desafinado dentro de la gran sinfónica nacional. El exminis-tro de la Suprema Corte de Justicia y senador José Rivera Pérez Campos, también afirmó en México que la “Ley Orgánica de la UNL no ha respondi-do evidentemente a las aspiraciones populares”.366 Al término de la sesión, los senadores Martín Luis Guzmán y Gabriel Leyva Vázquez fueron entrevis-tados por reporteros de los diarios nacionales, a los cuales expresaron, en coincidencia, sus elogios a la mediación “muy acertada” del secretario de Educa-ción Pública y señalaron:

Hacía falta una persona que mediara para propiciar caminos de diálogo orientados a la solución con respeto absoluto a las tra-diciones en que se finca la autonomía de la universidad y la soberanía del Estado.367

Los comentarios en la ciudad de México estaban lejos de mencionar y mucho menos favorecer la postura de Elizondo, a quien, cada vez se le veía como el artífice de una ley impopular, favorecedo-ra de los grandes intereses económicos del Estado y poco sensible con la opinión de las diferentes corrientes de opinión existentes en la universi-dad.

Esta era la tensa situación social y política que rodeaba la impostergable entrevista de Bravo Ahuja con el Gobernador Elizondo. Desde su lle-gada a Monterrey, Bravo Ahuja no fue recibido por el Gobernador con el ritual oficial acostumbrado como secretario del gabinete de Echeverría, y a la vez éste había ignorado a Elizondo. Tras dos días

intensos de recibir las diferentes propuestas univer-sitarias, Bravo Ahuja pidió una entrevista con Eli-zondo para el 2 de julio. Ésta sería la única vez que se verían oficialmente. El diálogo fue sumamente tenso, el objetivo era establecer los parámetros que permitieran solucionar el problema de la UANL. La reunión se alargó por espacio de once horas (de las 9:00 a las 12:00 y de las 15:00 a las 23:00). Desconocemos con detalle los pormenores de la entrevista, pero es evidente que Elizondo no cedió y siguió con su misma postura, a pesar de que Bra-vo Ahuja tenía numerosas peticiones y argumentos de diferentes grupos políticos sobre la necesidad de flexibilizar la postura del gobierno estatal.368 Ese día quedó sellado el futuro de Elizondo como político. Bravo Ahuja tenía órdenes expresas del presiden-te y del secretario de Gobernación de dar marcha atrás a la Ley Orgánica de la UANL, pero el dilema era cómo hacerlo sin que se viera o pensara que se había cedido demasiado y en concreto a alguno de los grupos de presión. Era ahí donde entraba Eli-zondo, éste debía hacer un llamado a la concilia-ción, a formar una comisión de personas respeta-bles, intachables, universitarias y alejadas de todos los grupos políticos en pugna a fin de modificar la Ley Orgánica en sus puntos más críticos. Elizondo se negó, rechazó el ofrecimiento y se comprometió a no hacer más declaraciones al respecto. Esto dejó toda la iniciativa a Bravo Ahuja, quien encontró en el Congreso del Estado un instrumento dócil a sus exigencias. Con el proyecto fracturado y próximo a ser demolido, con un Congreso adverso y con la desaprobación de los altos mandos priístas y políti-cos en la ciudad de México, Elizondo no vacilaría en renunciar días después.

Al término de las deliberaciones con el se-cretario de Educación, Elizondo realizó la rueda de prensa acostumbrada. En sus palabras se encontra-ba el desaliento y la decisión ya tomada, pero que tendría que esperar varios días a fin de no provocar un mayor distanciamiento político con el centro. Elizondo exclamó:


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enterado de los pronunciamientos y de las recomendaciones del señor secretario de Educación Pública, el señor ingeniero Víctor Bravo Ahuja, expreso mis mejores deseos de que los procedimientos que él ha sugerido den los mejores frutos en benefi-cio de la Universidad de Nuevo León.369

Cuando se le increpó sobre su posición como Go-bernador ante esto, dijo:

En cuanto el Ejecutivo a mi cargo conozca el contenido de tales frutos, ya haremos de-claraciones de fondo al respecto.370

No faltaron muestras de apoyo al Gobernador caí-do en desgracia. El Consejo Estudiantil de la Fa-cultad de Derecho, a quienes siempre se acusó de ser provocadores dentro de la universidad y cofra-des de la política de Elizondo –e incluso señalados de haber sembrado las armas y bombas molotov en las preparatorias el día que entraron las fuerzas de seguridad del Estado–, hicieron declaraciones a favor de la Ley Orgánica. En un desplegado paga-do por ellos y firmado por Francisco Cienfuegos, acordaron tomar el edificio de la Rectoría y todas las dependencias si “se abrogara dicha legislación”.371

Sin embargo, tales declaraciones fueron desoídas y el secretario de Edu-cación, en un acon-tecimiento inédito, formuló las reco-mendaciones que hacía como media-dor. Los involucra-dos en este proceso ya estaban enterados de lo que tenían que hacer, incluyendo el Gobernador.

Las recomendaciones del procónsul

Con gran expectación por parte de la comunidad regiomontana y de los medios de comunicación, el secretario Bravo Ahuja convocó a una rueda de prensa y manifestó sus recomendaciones con base en la percepción que tenía del conflicto. Su comen-tario inicial fue el siguiente:

A través de la auscultación realizada, en-cuentro, por una parte, que es necesario mantener el orden jurídico del Estado; por otra, considero conveniente proceder a una revisión del actual régimen legal de la uni-versidad, con el objeto de subrayar el prin-cipio de autonomía que el señor presidente ha delineado con tanta claridad.372

La autonomía universitaria no era todavía un tema suficientemente claro para las autoridades políti-cas de nuestro país a principio de la década de los años setenta. Sin embargo, lo que sí estaba claro era que el presidente Echeverría no tenía la misma percepción de autonomía universitaria que había impuesto Elizondo en Nuevo León. La aparición

La Junta de Gobierno recibió un ultimátum para destituir al rector de la máxima casa de estudios.

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de grupos provocadores ligados al gobierno esta-tal y una forma de gobierno universitario compleja como la Asamblea Popular no habían convencido al presidente. Además existía el antecedente de que el propio Gobernador había intentado privatizar la Universidad de Nuevo León a través de elevar las cuotas a precio de mercado años atrás. Si a esto se le adicionara que Echeverría estaba llevando una política populista que abarcaba como pilar el tema de la reforma universitaria, la aparición de elemen-tos privativos del sector no gubernamental como novedades en la educación pública media y profe-sional en Nuevo León era sentar un precedente que no estaba dispuesto a tolerar.

Bravo Ahuja propuso como solución al conflicto el siguiente plan de acción:

1. Que se convoque a un periodo extraordi-nario de sesiones del H. Congreso del Es-tado de Nuevo León con el fin de que dicho cuerpo legislativo estudie las revisiones a la Ley Orgánica de la UNL, que se hagan ne-cesarias, a efecto de que se subraye el prin-cipio de autonomía que la tradición jurídica mexicana ha reconocido a las instituciones mexicanas.2. Las labores del H. Congreso que con-ducirán a las reformas legislativas deberán estar precedidas de una comprensiva aus-cultación de la comunidad universitaria, sin que se quede marginado ningún sector de ella a través de la comisión o comisiones que con ese propósito se formen, procu-rando reflejar las aspiraciones de todos los sectores que integran dicha comunidad, asegurando la libertad de cátedra e inves-tigación y salvaguardando los supremos intereses universitarios.3. Mientras se realiza lo anterior, y dentro del orden jurídico de Nuevo León, y parti-cularmente del de la universidad, es indis-pensable que vuelvan a la normalidad, las actividades académicas y administrativas

de la máxima casa de estudio de Nuevo León, y se tomen las medidas adecuadas para que el estudiantado de la universidad salve el presente ciclo escolar.4. Dentro de un espíritu de franca concilia-ción, es recomendable que las autoridades competentes resuelvan, a la mayor breve-dad, la situación jurídica de las personas que están sujetas a alguna investigación o proceso en relación con los últimos acon-tecimientos que han afectado la vida uni-versitaria.5. En atención a la situación precaria, por la que pasan algunos grupos de servidores de la universidad, será conveniente buscar los medios para cubrir los salarios atrasados.373

Con ello quedaba claro que el gobierno de Elizon-do se había mostrado incapaz de resolver por la vía pacífica el conflicto. La intolerancia era la moneda común, y el diálogo fue la divisa para superarlo. El planteamiento de Bravo Ahuja era envolvente, la participación decidida del Congreso estatal, la auscultación que debe preceder a las labores legis-lativas, y la apertura política que debe acompañar a la auscultación a fin de reflejar “las aspiraciones de todos los sectores que integran dicha comunidad”. El regreso a las actividades como condición esen-cial del proceso de paz y la agilización y liberación de los procesos Judiciales a los que estaban todavía con cargos en contra y en libertad condicionada.374

Finalmente, sobre la forma de gobierno existente en la universidad, Bravo Ahuja fue cate-górico ante su poca aceptación y viabilidad.

La Asamblea Popular de Gobierno Univer-sitario –comentó- no traduce el auténtico sentir de los universitarios.375

Paralelamente al momento en que Bravo Ahuja daba sus sugerencias a la comunidad regio-montana, la maquinaria política se echó a andar. El 3 de junio, a partir de las 18:00 horas, el Con-greso del Estado inició un periodo extraordinario de sesiones de acuerdo con la convocatoria que la


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permanente giró a reco-mendación del secretario de Educación Pública. Al iniciar las sesiones, los legisladores tomaron la decisión –ya previa-mente acordada por Bra-vo Ahuja- de designar una comisión integrada por siete exrectores de la UNL, los cuales fueron: Raúl Rangel Frías,376 Héctor Fernández Gon-zález, Alfonso Rangel Guerra (secretario Eje-cutivo de la ANUIES), Enrique Martínez To-rres, Enrique C. Livas, Roberto Treviño González y Eduardo L. Suárez. Éstos se encargarían de estudiar la Ley Orgánica y modificar aquellos artículos conflictivos.377

Bravo Ahuja comentaría ese mismo día que él había hecho la sugerencia de los siete exrectores ya que la experiencia –dijo– que nos da la admi-nistración educativa es muy valiosa. Un exrector conoce los problemas universitarios en un marco que comprende todas las actividades de la univer-sidad. Las propiamente académicas, las de carácter cultural e investigación. Un exrector es una fuente de documentación y de juicio muy importante.378

Las declaraciones de Bravo Ahuja fueron sazonadas al día siguiente con una desaprobación pública del propio presidente de la república sobre el proceder de Elizondo en la crisis universitaria. El 4 de junio, Elizondo, al igual que todos los Go-bernadores, recibieron una misiva contundente y hostil del presidente Echeverría, sobre el respeto que debía de guardar su investidura con respecto a la autonomía universitaria. Recordaba a todos los Gobernadores de los Estados y territorios de la re-pública “el deber de entregarnos a nuestras tareas con la más decidida pasión de servicio”. Esto invo-

lucraba a “suprimir defi-nitivamente las alcabalas; a abstenerse de intervenir en el régimen interno de las universidades; a com-batir el latifundio y a res-petar los derechos de los obreros”.379

El 4 de junio de 1971, el panorama político cambió en Nuevo León.

Crisis del Poder político en Nuevo León

Renuncia del rector

Los cambios drásticos iniciaron por la propia UANL y su autoridades emanadas de la Asamblea Popular. El gobierno universitario propuesto y apoyado por Elizondo fue destituido por el propio Bravo Ahuja, como consta la petición de renuncia que escribió y firmó el rec-tor Arnulfo Treviño Garza el 3 de junio, y dirigida a la Asamblea Popular de Gobierno Universitario. Ésta rezaba así:

En mi mensaje a los universitarios, el 12 de marzo de 1971, les manifesté que mi desig-nación de rector de la UANL por la Asam-blea Popular de Gobierno Universitario era un honor que no había buscado, pero cuya gran responsabilidad aceptaba consciente de los graves problemas que tenía, funda-mentalmente derivados de la orientación sectaria que sus dirigentes en los últimos 18 meses le habían impuesto, despojándolo del espíritu universitario que es la esencia misma de la universidad [...]Personas cuyo talento y patriotismo son in-discutibles coinciden en que mi presencia en la Rectoría en estos momentos en crisis en lugar de hacer posible la consecución de

El doctor Lorenzo de Anda y de Anda fue designado rector de la uni-versidad por la incompleta Junta de Gobierno.

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mis propósitos, puede propiciar la prolon-gación del conflicto, por ello, ruego a esta H. autoridad acepte mi renuncia como rec-tor de la UANL.380

El papel donde estaba escrita esta renuncia mostra-ba un membrete del hotel Holiday Inn, lugar don-de estaba hospedado el secretario de Educación Pública.381

Aunque el rector Arnulfo Treviño escribe las siglas de la universidad con la palabra autóno-ma, esta autonomía no se había logrado por com-pleto. Su renuncia era una muestra de ello.

Derogación de la Tercera Ley Orgánica

El siguiente paso fue la derogación, el 5 de junio, por la vía rápida, de la Tercera Ley Orgánica Uni-versitaria (aprobada el 26 de marzo de 1971) por parte del Congreso del Estado. Su vigencia había sido de sólo 70 días.

El 4 de junio a las 23:50 horas, Enrique C. Livas y Alfonso Rangel Guerra, representantes de la comisión de rectores, entregaron al Congreso del Estado sus recomendaciones a fin de modificar la anterior Ley Orgánica.382 Dos horas después, a las dos de la mañana del 5 de junio, se aprobó la cuarta y actualmente vigente Ley Orgánica (véase anexo 3). En consecuencia, se derogaba la anterior Ley aprobada el 26 de marzo del mismo año; se elimi-naba la Asamblea Popular de Gobierno Universita-rio, la cual ya no aparecía en la nueva Ley; la auto-nomía y el gobierno universitario se inspiraba en la que regía en la UNAM; y finalmente se instauraba una Junta de Gobierno de once miembros elegidos por el Consejo Universitario.383

El 5 de junio los acontecimientos se preci-pitaron. En una demostración de unidad y triun-falismo, la Asamblea Universitaria, presidida por el exrector Ulises Leal Flores, la cual sesionó en el Auditorio de la Facultad de Medicina, festejó la abrogación de la Ley Orgánica del 26 de marzo y de las autoridades emanadas de ella. En la re-

unión a la que asistieron líderes universitarios de la capital de la república se manifestaron a favor de la eliminación de la Ley y dijeron que era “la primera piedra a demoler para iniciar un movi-miento nacional”.384 Agregaron que en México el movimiento universitario de Nuevo León “se ve y prevé como la iniciación de una pronunciación de todos los grupos democráticos del país.” Otras frases pronunciadas eran: “Esta universidad ha dado una combatividad que ha sido aplaudida en todo el país”.385

En plena euforia, el contingente de univer-sitarios de la ciudad de México invitó a los univer-sitarios nuevoleoneses a la gran manifestación de la izquierda mexicana a concentrase el jueves 10 de junio, Jueves de Corpus, en el zócalo de la ciudad de México. Esta manifestación tendría la presencia de todos los líderes del movimiento estudiantil de 1968, también los exiliados universitarios en Chile que participaron en el movimiento de aquel año, y, por supuesto, el último triunfo de la izquierda moderada universitaria en México que se acababa de dar en Nuevo León.386

El Jueves de Corpus de 1971 volvería a escribir una nueva página sangrienta en la histo-ria de los procesos de apertura política en Méxi-co.387

“Serví lo más y lo mejor que pude”

El 5 de junio de 1971 continuó el efecto dominó político en Nuevo León. Acosado, humillado, des-preciado por su partido y partidarios y fracasado su proyecto de regeneración universitaria, el Gober-nador Congreso del Estado.

Su texto de renuncia es por demás elocuen-te cuando se refiere a la puesta en práctica de las recomendaciones de Bravo Ahuja:

En mi modesta opinión, el medio adopta-do precipitará a nuestra Alma Mater en un abismo del que difícilmente podrán resca-tarla las generaciones venideras.


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Promulgar y hacer publicar el decreto re-ferido significaría actuar en contra de mis convicciones de universitario y de Ciuda-dano. Vetarlo implicaría problemas sociales y políticos muy graves y complejos.Ante tal situación considero mi deber reti-rarme del honroso cargo que ostento y que he procurado desempeñar aplicándolo a ello todas las fuerzas de mi cuerpo y todas las luces de mi entendimiento.Sujeto a su digna consideración mi renun-cia irrevocable al honroso cargo de Gober-nador de Nuevo León.Deseo sinceramente que el futuro demues-tre que estuve equivocado al juzgar los efectos de la medida legislativa en cuestión; nada me será más placentero que constatar el progreso de la UNL en beneficio de la comunidad en que vivimos.388

Elizondo se equivocó en las posibles consecuen-cias apocalípticas que creyó pasarían a la UANL. La UANL fue más universidad a partir de 1971. Sin embargo, tenía razón en cuanto a la necesidad de definir mecanismos alternativos de financiamiento a largo plazo. Es indudable que la Universidad Au-tónoma de Nuevo León ha padecido durante varias décadas una falta de recursos en áreas de oportu-nidad. Esto debido a la mala administración de los recursos; al desvío de éstos hacia proyectos políticos estatales y en buena medida a la falta de competencia en al-gunas áreas con respec-to a las universidades particulares en Nuevo León.

El proyecto de gobierno universitario Elizondo, estructura-

do como una Asamblea Popular, fue novedoso y adelantado para su época. En ese momento se vio como un atentado a la autonomía universitaria, como un avance de la derecha retrógrada. Sin em-bargo, vista a nuestra distancia temporal, el proyec-to se nos presenta creativo, novedoso, y en cierta medida popular para los ojos de un universitario de principios del siglo XXI. También es bastante claro que el proyecto estaba destinado a no prosperar, debido al entorno histórico donde nació, una épo-ca convulsiva y donde el sistema político estaba en franca renovación a fin de poner las bases para su sobrevivencia por varias décadas más. La política populista de Luis Echeverría y el ingreso de nuevos dirigentes políticos que desplazaron a los antiguos cuadros es parte de esta regeneración política que vivió México a principios de la década de los se-tenta.389

La renovación política

El sistema político no perdió un solo minuto. Bravo Ahuja había puesto minutos y segundos al reloj po-lítico de Nuevo León y sus actores cumplieron con exactitud su encargo.

Ante la renuncia de Elizondo, el 5 de junio, su reemplazo ya se encontraba en camino. El can-

El secretario general del STUANL intentó recuperar el edifico de Rectoría al tratar de expulsar a un grupo de trabajadores

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didato de transacción que fue negociado con los diferentes sectores del partido, así como del sector empresarial de Monterrey, fue el senador por Nue-vo León, Luis M. Farías. Aunque oficialmente el procedimiento inició por parte del dócil Congreso estatal, el cual solicitó la presencia en el Estado del senador.390 Farías llegó de la ciudad de México el mismo día 5 a las 20:00 horas, siendo recibido en el aeropuerto por más de 8 mil personas. Acto segui-do se trasladó al Palacio de Gobierno para rendir su protesta y tomar posesión de la gubernatura. Su primer acto de gobierno fue la promulgación de la nueva Ley Orgánica de la ahora UANL, ante la mirada atenta y sonriente de un secretario de Edu-cación Pública que regresaría a México al día si-guiente, habiendo cumplido con decoro el encargo del presidente de la república.391

En efecto, en tan sólo 19 horas y media el contexto político y educativo dio un giro comple-to en Nuevo León. Se derogó la Ley Orgánica de la UANL del 26 de marzo; se expidió otra por el Congreso; renunció al cargo de Gobernador del Estado Eduardo Elizondo; el Congreso le aceptó la renuncia y designó un nuevo encargado del Ejecu-tivo estatal; éste llegó de México y tomó posesión; y finalmente, promulgó la nueva Ley Orgánica que se negó a firmarla y promulgarla Eli-zondo.

Por su parte, la universidad también sufrió cambios. Uno de los exrectores que modificó la Ley Orgá-nica, Alfonso Rangel Guerra, fue nom-brado por la última Ley Orgánica como funcionario Ejecutivo para instalar las nuevas autoridades universitarias.392 Al igual que Bravo Ahuja, Rangel Guerra decidió instalar su oficina, a partir del 7 de junio en el hotel Holiday Inn.393 La aplicación de la nueva Ley Orgánica enfrentó de momento un repudio par-cial dentro de la universidad. Si bien la mayoría de las escuelas y facultades

atendieron la petición de Bravo Ahuja en su mo-mento, de regreso a las labores universitarias, el 7 de junio existían cuatro dependencias que recha-zaban la nueva ley, siendo en su mayoría las an-teriores autoridades designadas por la Asamblea Popular. Estas dependencias eran las facultades de Ciencias Biológicas, Economía, Ciencias Físico-Matemáticas y Arquitectura.394

La normalidad regresó lentamente en la universidad. Para el 14 de junio, Alfonso Rangel Guerra, funcionario Ejecutivo y virtual rector, ini-ció su labor de reestructuración del gobierno uni-versitario en el octavo piso de la Torre de Recto-ría. Para entonces tres escuelas se encontraban en paro.395 El 14 de junio, los alumnos de la Facultad de Economía realizaron una reunión a la que asis-tieron 47 alumnos del total de 300. En esa ocasión, por mayoría, 27 votos a favor y 20 en contra, se acordó continuar reteniendo el edificio sin levantar la huelga, por desconocer a las nuevas autorida-des de la UANL.396 Por su parte, los alumnos de la Preparatoria 8 manifestaron que no retornarían a clases y continuarían reteniendo los edificios de la mencionada institución, hasta que fueran expul-sados de ella 23 profesores (de un total de 41 que había) considerados provocadores durante el últi-

mo movimiento universi-tario.397 Finalmente, en la Facultad de Enfermería, la mayoría de los alumnos se pronunciaron en con-tra de acatar la nueva Ley Orgánica.398

La labor inmedia-ta de Rangel Guerra (en-tre el 8 y el 24 de junio) fue dar cumplimiento a la nueva Ley Orgánica. Se nombraron los miem-bros del Consejo Cons-tituyente denominado Consejo Universitario, el

Luis Eugenio Todd fue designado como rector por una Junta de Gobierno incompleta, tras la renuncia de cinco de sus once miembros.


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cual instalaría la Junta de Gobierno. Esta Junta de Gobierno tendría como función nombrar las auto-ridades administrativas de la UANL. La Asamblea Universitaria se encargó de nombrar al Consejo Universitario, el cual fue formado por los decanos y directores provisionales de las escuelas y facul-tades.399

De esta forma, el 25 de junio el Consejo Universitario quedó totalmente integrado como un cuerpo Constituyente.400 El 9 de julio se reunió con ese carácter por espacio de más de diez horas a fin de discutir y designar entre sus miembros quiénes conformarían la Junta de Gobierno. Tras diez horas de discusión, la Junta de Gobierno quedó oficial-mente constituida por los siguientes miembros y sus respectivos votos a favor: Alfredo Piñeyro (26 votos); Manuel Peña Gutiérrez (24); Raymundo Rivera (23); Francisco Aguilar Sánchez (22); Agus-tín Basave Fernández del Valle (22); Jorge S. Ma-rroquín de la Fuente (21); Francisco Garza Ponce (21); Carlos Francisco Cisneros Ramos (20); Ro-berto Flores Escobar (20); Miguel Platón de León (17) y Nicolás Treviño Navarro (17).401

Esta Junta de Gobierno estableció las ba-ses para la candidatura y las posteriores votaciones a fin de designar rector, presentándose para el 20 de julio como único candidato el exrector Héctor Ulises para ocupar ese puesto.402 Las votaciones se desarrollaron en el transcurso de dos días, el 27 y el 28 de julio, presentándose a votar sólo 11 por ciento de los alumnos y 25 por ciento de los profesores.403 Esto mostraba un franco deterioro en la participa-ción política de los universitarios, quienes después de dos años de constantes dimes y diretes políticos, lo único que deseaban era volver a sus labores con normalidad.

En efecto, Héctor Ulises fue nombrado rec-tor por la Junta de Gobierno el 31 de julio de 1971.404 La votación se distribuyó de la manera siguiente; por parte de los alumnos, los cuales eran alrede-dor de 25 mil estudiantes inscritos y con derecho a votar, sólo emitieron su voto 2,756 estudiantes,

siendo contabilizados para Ulises 2,295. En el caso de los profesores, éstos contabilizaban 1,500 en el momento de la votación, de los cuales sólo 359 emitieron su voto, siendo 252 por Ulises. El resto de los votos fueron anulados por procedimiento ya que hubo quien votó hasta por el astro mundial del futbol en ese momento: Edson Arantes Do Nasci-mento, mejor conocido como Pelé.405

La votación fue sorprendentemente baja considerando la crisis y la inestabilidad por la que pasó la universidad dos años atrás. Lo que indica que la mayoría de los universitarios continuaron, como en esos dos años, al margen y como simples observadores del proceso, el cual fue capitalizado por un puñado de grupos organizados. La designa-ción de la Junta de Gobierno con miembros promi-nentes del ala conservadora satisfizo de momento a este pequeño pero bien organizado grupo. Por su parte, la designación de Ulises dio de nuevo par-te del gobierno universitario a los grupos radicales y moderados de izquierda, que tanta labor habían Estado haciendo en pro de ampliar las bases de in-greso de la universidad. Sin embargo, el que haya habido sólo un candidato al puesto de rector tam-bién restó competitividad y opciones alternas de programas de gobierno universitario al proceso, y por consiguiente al elector. La designación de los miembros de la Junta de Gobierno y la designa-ción de un solo candidato a la Rectoría mostró a los universitarios que los puestos de gobierno den-tro de la institución no pasaban por las urnas, sino por negociaciones ya establecidas entre los grupos altamente organizados dentro de la universidad y su relación con las autoridades políticas locales y nacionales. La designación de Ulises no representa más que un acuerdo preestablecido entre las auto-ridades universitarias (las que también obtuvieron puestos importantes en las facultades, en el Conse-jo Universitario y en la Junta de Gobierno) y el se-cretario de Educación Pública Víctor Bravo Ahuja. Ésta es una de las posibles explicaciones de por qué hubo un desinterés general en la votación. Además

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de tener en cuenta que esto echa por tierra el mito de los universitarios actuales (incluyendo a los que participaron o vivieron ese momento) de que en este periodo tan convulsionado la participación de los estudiantes y de los profesores siempre fue al-tamente activa y positiva. Esta falsa idea siempre recuerda y alimenta una época histórica imaginaria donde el movimiento universitario de 1969 a 1971 en Nuevo León fue, entre otras cosas, un movi-miento popular, masivo y propositivo. Nada más alejado de la realidad.

El Consejo Universitario y el inicio de la reforma

El inicio de un nuevo año académico, en septiem-bre de 1971, coincidió con una nueva etapa en la vida de la universidad ya considerada autónoma en su estructura jurídica. El Consejo Universi-tario sesionó a principios de septiembre a fin de

iniciar un proceso de regeneración educativa en el interior de la universidad, así como deshogar asuntos administrativos pendientes desde hacía varios meses. En su reunión del 3 de septiembre se acordó, entre otras cosas, iniciar la auditoria (tantas veces exigida por los diferentes grupos durante el pasado movimiento) sobre los recur-sos de la ahora Universidad Autónoma de Nuevo León; también se estableció el inicio de cursos de reingreso a partir del 6 de septiembre en aquellas facultades que tuvieran posibilidades de enfren-tar el proceso educativo; se acordó realizar una reforma al plan de estudios de las preparatorias y continuar el proceso de la integración de las Jun-tas Directivas en cada escuela y facultad, para que a su vez nombraran, ahora sí, de forma oficial y representativa, a los directores definitivos de las 27 dependencias universitarias.406

Por su parte, el primer día de labores, el rec-tor Héctor Ulises solicitó al Gobernador de Nuevo León, Luis M. Farías, el aumento del subsidio fe-deral y estatal en el año académico que iniciaba. En una actitud cordial, que contrastaba con la relación que había tenido el rector Ulises con el Goberna-dor anterior, Eduardo Elizondo, Farías manifestó que estaba:

Consciente de la necesidad de un aumento en los subsidios económicos para la UANL. Este aumento del subsidio federal se hará –dijo– a través de una solicitud formal a nombre del gobierno del Estado.407

Si bien las relaciones entre el rector y el Gober-nador fueron inicialmente cordiales, no lo fueron entre aquél y el Consejo Universitario, ya que en la sesión del 10 de septiembre (sesión que tuvo una duración de diez horas), su solicitud de reforma in-mediata a los planes de estudios de las preparatorias fue desechada. Se acordó que si bien era necesario una reforma, ésta no se realizaría en el transcurso del año académico que iniciaba, por lo tanto, los cursos en estas escuelas se iniciarían con el sistema académico vigente.408

Torre de Rectoría.


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Estas fricciones iniciales entre el rector y el Consejo Universitario estimularon la búsqueda de una alianza entre Rectoría y el Sindicato de Traba-jadores de la UANL, cuyo nuevo líder y secretario general fue el ingeniero Fabián Navarro Arras, ami-go y colaborador de Ulises en su efímero rectora-do anterior. El 11 de septiembre, Ulises selló esta alianza al autorizar un aumento salarial de ocho mi-llones, con efectos retroactivos al primero de enero de 1971, a los trabajadores del STUANL.409

Por otra parte, ante el cúmulo de asuntos pendientes y reformas a iniciar, el Consejo Uni-versitario se declaró en sesión permanente el 10 de septiembre. Al día siguiente, el Consejo resolvió un viejo dilema de administraciones anteriores, al aprobar el pase automático a las facultades de los estudiantes egresados de las preparatorias incorpo-radas, tanto las federales como las estatales.410

Las sesiones continuaron de forma casi ininterrumpida. Para el 13 de septiembre, el Con-sejo (tras nueve horas de sesión) tomó decisiones trascendentales en el proceso de elección de jun-tas directivas en las 27 escuelas y Facultades de la UANL. Éstas, que a su vez nombrarían direc-tores, en adelante serían integradas por igual nú-mero de estudiantes y profesores. Esta formación paritaria, sustituía a la anterior, la cual era de una

tercera parte de alumnos por dos terceras partes de representación magisterial.411 Paralelamente, el rec-tor concentró más poder de decisión en su cargo, al lograr que fuera aprobada su propuesta de que él, como rector, tuviera la facultad de reconocer las elecciones de director en las facultades y escuelas de la UANL.412

Esta última decisión fue fundamental para entender los acontecimientos posteriores que se suscitaron entre la Rectoría y la Facultad de Medi-cina. Las intenciones de desestabilizar esa facultad y a su poderoso grupo político adverso a él, esta-ba desde esas fechas, ya que en forma paralela a la labor del Consejo Universitario, el rector Héctor Ulises dispuso, en septiembre de este año, la crea-ción de una escuela a la que llamó Aulas Anexas de Medicina.

El conflicto entre el rector-STUANL y el Consejo Universitario

Si bien el rector encontró en Luis M. Farías un Go-bernador dócil (hay que recordar que fue un can-didato de transacción y su misión encomendada por el presidente, a diferencia de Elizondo, fue de evitar por todos los medios posibles fricciones con el gobierno universitario), no fue así con una fuer-

te facción dentro del Consejo Universitario. El rector Héc-tor Ulises optó por presionar y provocar a esta facción a través de una alianza con el Sindicato de Trabajadores Universitarios, el cual, a través de su secretario general, se prestó a un juego a todas luces deshonesto y provo-cador.

El asunto que incitó esta ruptura entre el rector y el Consejo fue el proyecto del rector y del sindicato de apo-yar el pase automático no sólo Edificio de las Aulas Anexas de la Facultad de Medicina.

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para los egresados de las preparatorias de la UANL a profesional, sino también la aplicación de éste a los que solicitaran su ingreso a las preparatorias.413 Ahora bien, el pase automático estaba tradicional-mente supeditado a la cantidad de plazas que tu-viera disponibles cada escuela o facultad. A esto se abocaron las largas y conflictivas discusiones en el Consejo Universitario entre el 3 de septiembre y su última sesión el 22 del mismo mes.

Si repasamos los acuerdos a los que llegó en esta materia el Consejo Universitario y las circuns-tancias que los favorecieron, podremos tener una idea más clara del inicio y causas del conflicto que apareció posteriormente.

El 3 de septiembre, en su acuerdo número 4, el Consejo estableció en su punto c, que en las dependencias donde se demuestre fehacientemen-te imposibilidad de recibir a todos los aspirantes,

éstas quedaran sujetas a estudio por comisiones del Consejo Universitario.414

En consecuencia, en el Acuerdo número 5 de la misma sesión se estableció la designación de una comisión que estudiara el problema del primer ingreso al área médica, la cual era la más reticente a aceptar una avalancha de nuevos estudiantes sin tener los laboratorios y la estructura adecuada para su soporte. Esto traería, a juicio de sus representan-tes en el Consejo, un deterioro en la educación y en nivel de enseñanza, en una profesión que siempre ha requerido una gran responsabilidad.415 Poste-riormente, en el Acuerdo número 8 de fecha del 10 de septiembre, el Consejo acordó que se respetaría el número de plazas de primer ingreso a la Facultad de Medicina con promedio, otorgadas en septiem-bre de 1970, y que correspondían a los alumnos egresados de las escuelas de la universidad. Se es-pecificaba igualmente, que el Consejo decidiría el número de plazas adicionales que serían otorgadas a los alumnos de las preparatorias para el ciclo lectivo de 1971-1972. El procedimiento de admisión para estas plazas lo establecería el Consejo Universita-rio, tomando en cuenta la opinión de los profesores y alumnos de la propia Facultad de Medicina.416

En un acuerdo posterior (el número 13), fe-chado el 13 de septiembre, el Consejo acordó que:

La Rectoría y los señores directo-res de las preparatorias analizarán en forma conjunta las posibilidades físicas de los edificios de estas escuelas a fin de que con base en este estudio se atienda la demanda de primer ingreso. La información que se recabe será del conocimiento del Consejo Universitario.417

Finalmente, el último acuerdo al respecto se dio en una sesión sui generis, el 22 de septiembre. Aunque la sesión estaba planeada para ese día y en conse-cuencia el Consejo sesionaba de forma permanente casi todos los días, y con duración promedio de 9 a 10 horas, la mayoría de los consejeros llegaron tarde por diversos motivos de trabajo. Esto lo apro-

El doctor Ignacio Vela Hinojosa fue el primer director de las Aulas Anexas.


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vechó el grupo simpatizante con Rectoría, el cual asistió a temprana hora, inició la sesión con ocho consejeros, aprobó dos acuerdos no establecidos en la agenda y dio por terminada la sesión a los tres minutos de iniciada.418 Los acuerdos fueron sólo dos, pero dieron pauta a la aprobación del proyecto de Rectoría, a dar manos libres al rector y descartar por consiguiente todo tipo de oposición a través de este Consejo. Los acuerdos consistieron en:

1. El acuerdo número 18, el cual estableció el pase automático a todas las preparatorias de la UANL, es decir, la aprobación de acep-tar para ese semestre, 6,400 aspirantes. 2. El segundo acuerdo fue el establecer en receso el Consejo Universitario hasta nuevo aviso del rector, contraviniendo el acuerdo del 10 de septiembre de declararse en sesión permanente hasta el desalojo de la agenda.419 El golpe, aunque burdo, había dado a la Rectoría una autoridad extraordi-naria para la toma de decisiones, sin tener que someterlas al Consejo Universitario.

Las reacciones de rechazo fueron inmediatas de parte de algunos consejeros. Si tomamos en cuenta las presiones externas a la UANL, son de entender-se tales acusaciones dirigidas al rector.

La labor del STUANL

La primera novedad en la actuación de la nueva dirigencia sindical fue el opinar, proponer e inmis-cuirse en los asuntos académicos de la UANL, los cuales tenían sus propias instancias de decisión. Los asuntos académicos pasaron a formar parte del proyecto político sindical a fin de provocar no sólo al grupo conservador dentro de la universidad, sino al resto de las facciones de izquierda que disentían con la política negociada, oscura y provocadora del rector. Esa postura fue un craso error a corto pla-zo, ya que los llevó a tomar decisiones equivocadas que trajeron como consecuencia el aumentar la ten-sión política en el periodo de transición hacia una

universidad plenamente autónoma.Ante el rechazo, por parte del Consejo

Universitario, de la propuesta del rector a reformar inmediatamente los planes de estudio de las prepa-ratorias, el rector, a través del sindicato, optó por una actitud revanchista. La provocación fue lan-zada el 21 de septiembre por el secretario general del STUANL, Fabián Navarro, quien a nombre del sindicato lanzó un ultimátum al Consejo Universi-tario en estos términos:

Se oponen en el Consejo Universitario, Amador Flores Aréchiga y Luis Eugenio Todd, de tendencias fascistas, en alianza con el profesor Miguel Covarrubias, fascis-ta de izquierda. Ambas posturas pretenden integrar la Comisión de Honor y Justicia en la que el también figura el alumno Javier Belmares, destacado porrista de la Facultad de Derecho, fungir como inquisidores y con ello dan leve imagen a los universitarios, de que todos los acuerdos se han tomado a es-paldas de maestros y alumnos.

Por lo que el STUANL se pronuncia por:1. La inmediata iniciación de los cursos2. El pase automático en preparatorias3. El pase sin ninguna limitación de los alumnos regulares de las preparatorias a cada uno de las escuelas y facultades4. La aplicación de una auténtica reforma académica en la universidad en breve pla-zo420

La retórica del secretario general era ambigua y provocadora. Es indudable que el concepto en pri-mer término de fascista no era aplicado a ninguna de las dos tendencias, ni a la de los representantes del grupo médico ni a la del profesor de literatura Miguel Covarrubias. Y aunque ambas facciones se aliaran para detener un proyecto del rector, no eran aceptables los términos en los que estaba escrita la misiva, considerando que se trataba de un juego por todos conocidos, de alianzas y rupturas, que se iban sucediendo entre las facciones de acuerdo

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a sus intereses particulares y a su proyecto de re-forma educativa, que indudablemente poseía. Esto se realizaba en el marco de tendencias divergentes dentro de un Consejo Universitario representativo, situación sin antecedentes en las instancias de la política mexicana. El no estar de acuerdo con un planteamiento, no tenía porque dar lugar a los des-calificativos, lo que nos induce a pensar que es pre-cisamente una de las principales características de esta época de transición política en la universidad, en otras palabras, un proceso cuyo objetivo es el re-conocimiento de las instancias y los organismos de gobierno universitario creados por el movimiento universitario de 1969-1971, los cuales siempre po-drían ser perfectibles.

El reconocimiento a disentir del adversario, pero igualmente reconocido y representativo de una tendencia política definida, no se llevaba to-davía a la práctica. Todavía encontramos rencor en 1971, provocación, descalificación y pasión política radical desmedida de muchos de los miembros de las diferentes facciones. Pero el haberse adjudicado el STUANL el derecho a tomar decisiones sobre cuestiones académicas, era totalmente inadmisible en cualquier universidad.

De cualquier forma, la presión del sindicato tuvo un resultado satisfactorio para la Rectoría. Al

día siguiente de esta declaración del secretario ge-neral, el Consejo Universitario aprobó el pase auto-mático y se declaró en receso hasta nueva solicitud de parte de la Rectoría.421

El proyecto de reforma universitaria

Para el rector Héctor Ulises, la reforma universitaria tenía como pilar el pase automático, y para lograrlo había sido necesario disolver, el 22 de septiembre de 1971, el Consejo Universitario.

Las acusaciones por parte de los consejeros no se hicieron esperar. Uno de ellos, Alfredo Pi-ñeyro, señaló, el 23 de septiembre, la necesidad de reunir a la Junta de Gobierno a fin, de destituir al rector. Su fundamento fue el que se hubiere abro-gado la decisión de disolver el Consejo Universita-rio, el cual había votado reunirse diariamente –si-tuación cierta– hasta agotar la agenda de trabajo. Para Piñeyro, el haber desacatado ese acuerdo de Consejo estaba impidiendo que continuase con sus funciones, y por lo tanto no se podían reglamentar las actividades de su propio puesto (el del rector) como estaba en la agenda previamente acepta-da.422 Su acusación no fue atendida de inmediato, ya que la mayoría de los miembros de la Junta de Gobierno habían manifEstado su simpatía por las

reformas del rector, aunque no todos estaban de acuerdo con sus métodos para realizarlas. Este punto sería, a la larga, lo que haría re-considerar a la mayoría de los miembros de la Junta de Gobierno la necesidad de poner un alto al poder del rector.

Por otra parte, hubo también muestras de entusiasmo y apoyo a Ulises. La confirma-ción del pase automático atrajo de inmediato el apoyo de la mayoría de las organizaciones estudiantiles, que veían en Ulises el personaje que superaba todas las adversidades del siste-ma: había sido designado rector a principios del año, posteriormente había sido destituido, luchado contra un rector de formación militar,

El doctor Lorenzo de Anda comentó que la universidad parecía estar en el más profundo abandono.


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había padecido la cárcel, hecho renunciar al todo-poderoso Gobernador Elizondo, y ahora estaba sometiendo al elemento conservador universitario (entendido en el imaginario social de estos grupos como retrógrado, antidemocrático y elitista). El Frente estudiantil ProAumento de Cupo a Facul-tades -a través de su vocero y consejero Luis An-tonio Noyola–, no sólo apoyó la decisión, sino que acordó, el 25 de septiembre, pedir la destitución de los profesores que se opusieran al pase automático, aprobado, eso sí, legalmente –bajo las condiciones ya descritas–, por el Consejo Universitario.423

De inmediato se puso en práctica el plan del rector para enfrentar el masivo ingreso de es-tudiantes a preparatorias y profesional. En primer lugar, Ulises se comprometió a que serían recibi-dos todos los estudiantes que solicitaran un lugar en la UANL. En caso contrario, y así lo practicó, acusaría a las autoridades que lo impidieran como enemigos del pueblo y de sus demandas.424 Para lograr esto, logró el acuerdo de casi todos los direc-tores de las preparatorias de la UANL, para recibir, sin examen de admisión, a todos los aspirantes a ingresar a las escuelas.425 Se aprobó crear tres tur-nos en todas ellas a fin de enfrentar la demanda. Estos turnos tendrían los siguientes horarios: de 7:00 a 11:00 el primer turno; el segundo de 12:00 a 16:30 y el tercero de 17:00 a 21:00 horas. Con ello se pretendía tener una mayor explotación del área física a nivel de preparatoria con que contaba la universidad. Cada turno tendría cuatro horas de clase de 60 minutos cada una y se trabajaría de lu-nes a sábado.426

El 25 de septiembre se confirmó la matrí-cula de 6,400 alumnos de primer ingreso en las preparatorias, con lo que la población estudiantil de la UANL se disparó a más de 28,500 alumnos en total.427

Contando con tal cantidad de alumnos, el siguiente paso fue tomar este hecho como la justi-ficación de un mayor presupuesto para la institu-ción. El 26 de septiembre, un nuevo comunicado

de Rectoría a la comunidad local manifestó que el crecimiento de ese semestre fue de 25 por ciento de la población estudiantil, por lo que la necesidad del presupuesto debía subir en igual proporción. La petición a tener un mayor presupuesto alcanzó la cifra récord de 130 millones de pesos, donde el sin-dicato fue uno de los mayores beneficiados. Según cifras de la propia universidad, el costo promedio de cada estudiante por año fiscal era de 4,000 pe-sos, es decir, 112 millones de pesos en total. A és-tos se adicionaban 18 millones más que recibiría el sindicato para nivelar los salarios de prestaciones de sus afiliados. En total, la petición ascendía a 130 millones de pesos.428

Sin embargo, Ulises encontró obstáculos para implantar este nuevo esquema. La Prepara-toria 2 no aceptó recibir 1,300 nuevos alumnos, ya que sólo podían aceptar 750. Esta cifra ya la ha-bían incrementado en relación al semestre anterior donde se aceptaron sólo 560 nuevos alumnos. La Preparatoria 2, se convirtió en un foco de incon-formidad contra los desmedidos planes del rector y su grupo.429

Pero el bastión donde se concentró el re-chazo a la política general del nuevo grupo que detentaba el gobierno de la universidad se encon-tró en la Facultad de Medicina. Esta facultad fue la única que planteó que el ingreso a ella se haría como tradicionalmente se había hecho: a través de un examen de admisión. Por unanimidad, tanto las autoridades de esta facultad como la mayoría de sus alumnos, acordaron, el 28 de septiembre, no reco-nocer los acuerdos del Consejo Universitario.430

El inicio de las hostilidades se dio cuando las autoridades de la Facultad de Medicina toma-ron la decisión, en octubre de 1971, de no enviar la tradicional terna de candidatos al rector Ulises (ya que lo habían desconocido), para la designación de un nuevo director para la facultad, como lo hicieron las demás escuelas.431 Por este motivo se realizaron, en noviembre, dos procesos de elección paralelos a ocupar un mismo cargo: el de director de la fa-

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cultad. Uno, el que se dio a nivel interno, donde fue designado por mayoría el doctor Marco Antonio Ugartechea; y el otro, convocado y autorizado por el rector, donde resultó ganador el doctor Ignacio Vela Hinojosa. Este último no fue reconocido por la facul-tad, ya que fue visto como un interventor para vigilar los recursos económicos del Hospital Universitario, anexo y dependiente de la Facultad de Medicina.432

Por su parte, el rector, haciendo uso de la facultad que le otorgó el Consejo Universitario en septiembre de 1971, de reconocer las elecciones de Director en las escuelas y facultades, desconoció al director Marco Antonio Ugartechea y reconoció como director de la Facultad de Medicina al médico Ignacio Vela Hinojosa.433

El 25 de noviembre, la Sociedad de Médicos Internos y Residentes de la Facultad de Medicina y del Hospital Universitario, presididos por el médico Víctor Manuel Domínguez, reconocieron y dieron su apoyo al director Ugartechea, en contra de

[…] las autoridades designadas en forma arbitraria e ilegal por Ulises. Con cuyas medidas tiende a la separación de las funciones administrativas, docentes y asis-tenciales en nuestra facultad y hospital es-cuela, al designar un interventor Ejecutivo –se refieren a Ignacio Vela– cuya función desplaza las del mismo director.434

El rompimiento entre las autoridades de la Facultad de Medicina y el Hospital Universitario fue tal, que incluso el 24 de noviembre, las autoridades del Hos-pital rechazaron –a pesar de que el Hospital pasaba por una severa crisis financiera– el recibir 200 mil pesos en medicinas que les fueron enviados por el rector Ulises. Éstos consistían en sueros, antibióti-cos, vitaminas y medicamentos diversos.435

Debido a que el director reconocido por Rectoría no fue aceptado en la Facultad de Medi-cina, incluso fue injuriado y expulsado, la política del rector fue crear la Escuela de Aulas Anexas de Medicina, anunciada desde septiembre. Al crearse esta escuela, su primer director fue el médico Igna-

cio Vela Hinojosa, y sus primeros alumnos fueron inscritos en enero de 1972, cubriendo los trámites correspondientes en la Torre de Rectoría. La tradi-cional Facultad de Medicina continuó funcionan-do normalmente, a pesar del no reconocimiento de parte de la Rectoría, durante todo 1972.

Paralelamente, Ulises, en su afán de cercar y debilitar al grupo médico opositor a su política, designó el 20 de marzo de 1972, como director de la Facultad de Enfermería al exrector Oliverio Tijerina,436 enemigo político del grupo médico re-sidente en la Facultad de Medicina.

6. Del movimiento universitario a la gue-rrilla

La universidad en crisis

Inestabilidad interna

El año de 1972 fue particularmente conflictivo den-tro de la universidad. El foco principal de descon-tento continuó siendo la Facultad de Medicina. Su director, Ugartechea, y la mayoría de los alumnos no reconocían al rector y a las autoridades univer-sitarias tras el desconocimiento de las elecciones internas en esta facultad por parte de aquéllas. Aunado a esto, el rector Ulises había tratado de someter a la Facultad de Medicina elaborando un agresivo plan de restarle presencia política interna: primero había creado, en noviembre de 1971, una segunda Escuela de Medicina, ubicada en el centro de la ciudad, denominada Aulas Anexas, eligien-do al médico Vela como director; segundo, había dado las órdenes a personal sindicalizado –con el secretario general del STUANL a la cabeza–, de tomar, el 7 de junio de 1972, el Hospital Univer-sitario, a fin de evitar el ingreso de los profesores y alumnos de la Facultad de Medicina para realizar sus prácticas.

Desde el 10 de diciembre de 1971, los alum-nos y los directivos de la Facultad de Medicina


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habían decidido a ir al paro, a fin de presionar a la Junta de Gobierno para que resolviera su situa-ción.437 Ante el poco efecto que tuvo esta acción los alumnos decidieron regresar a clases el 10 de enero de 1972, pero sin renunciar a su petición a la Junta de Gobierno de destituir al rector Héctor Ulises de su cargo.438

El 12 de enero decidieron presentarse ante el Gobernador Farías a fin de plantear su descon-tento. El Gobernador recibió ese día a dos delega-ciones universitarias. Una fue la comisión de la Fa-cultad de Medicina designada para ir a presentarle al Gobernador su petición de la eliminación del Comité General de Asistencia, constituido en los últimos meses de 1971 por Rectoría a fin de vigilar y administrar los recursos económicos de la facul-tad y del Hospital Universitario. La otra delegación fue de la Facultad de Arquitectura, la cual llevó “la petición de una justa resolución” al cese de 17 pro-fesores de ésta, en diciembre de 1971, por parte de la dirección. La suspensión de estos profesores, sin mayor argumento que disentir con la política del nuevo director (el cual no había sido propuesto en la terna por la Junta Directiva) y el rector, mostraba una clara y llana venganza política. Su destitución había traído numerosas manifestaciones de los estudiantes y profesores en las instalaciones de la facultad desde el diciembre anterior. En ambos ca-sos, las delegaciones salieron desilusionadas ante la postura del Gobernador de no involucrarse en los asuntos internos de la UANL.439

Los conflictos internos se recrudecieron conforme transcurría el año. A partir de febrero de 1972, el gobierno de la universidad decidió que se instaurara en la Preparatoria 2 un nuevo plan de es-tudios, bajo una reforma académica que pretendía se desarrollara posteriormente las otras prepara-torias. Sin embargo, esta reforma no fue aproba-da ni por la Junta Directiva de la preparatoria en cuestión ni mucho menos por el Consejo Univer-sitario. Ante esta situación irregular, un número considerable de profesores que laboraban en dicha

preparatoria, presentó una serie de objeciones a las características que conllevaba la mencionada refor-ma académica. Como respuesta de la Rectoría y del nuevo grupo directivo de la escuela, fueron cesados 22 profesores. 440

Durante marzo, el edificio de la Rectoría fue tomado en dos ocasiones por alumnos descon-tentos con la falta de reformas académicas y por la notoria corrupción que envolvía a diversas instan-cias dentro de la universidad. El 13 de marzo fue tomada en protesta por los alumnos de la Facultad de Economía;441 y el 14 y 15 (día de la devolución de las instalaciones) sería ocupada por alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras.442 Paralelamente, la participación de los estudiantes en diversos mítines y agrupaciones políticas en la ciudad había traído tensión en la sociedad. El 14 de marzo, un estu-diante de la UANL había muerto en un enfrenta-miento en el edificio ferrocarrilero.443

Las pugnas internas y el revanchismo polí-tico de las autoridades ligadas a la Rectoría provo-caron caos, enfrentamientos, persecución política de profesores y alumnos que sólo favorecieron la mediocridad académica. Los profesores y alumnos estaban más preocupados por conseguir posiciones administrativas y políticas de decisión que por su-perar los graves rezagos académicos que acarreaba la universidad. Fueron numerosas las denuncias de unos y otros grupos políticos, mostrando la atomi-zación de la izquierda radical durante los primeros meses de este año. Un ejemplo de esto es la de-nuncia elevada el 15 de marzo de 1972 a los Uni-versitarios, de tres renombrados profesores de la Facultad de Filosofía y Letras (Tomás González de Luna, exsecretario general de la UANL, Juan Án-gel Sánchez y Miguel Covarrubias Ortiz), contra el caos académico que sufría no sólo la propia facul-tad, sino también la Preparatoria 2. La denuncia es netamente de carácter político contra autoridades simpatizantes del rector Héctor Ulises, pero los elementos manejados en la denuncia muestran lo complejo de esta situación:

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Los que firmamos este escrito, profesores de la Facultad de Filosofía y Letras de la UANL, queremos dejar públicamente es-tablecida nuestra posición ante la serie de ataques de diversa índole que en lo general ha recibido la dependencia universitaria a la que elaboramos, y en lo particular, noso-tros mismos.1. A nuestro juicio, los estudiantes que visi-ble y aun ostentosamente dirige el profesor Severo Iglesias González (secretario de la Preparatoria 2, OF), han querido practi-car, en apariencia, el peligroso juego del anarquismo, aunque en el fondo están apli-cando una prueba. Esa prueba consiste en medir la capacidad de resistencia que tiene el estudiantado y el cuerpo docente frente al desquiciamiento de la vida académica. Si las muestras de contrariedad son nulas o mínimas, estos pintorescos anarquistas pueden llegar a lo que realmente les inte-resa: a implantar lo que por el momento no

les ha dado resultado en la Preparatoria 2: la devaluación académica que desesperada-mente necesita el rector Ulises Leal Flores para resolver la crisis política y económica que corroe a la universidad.2. Para descubrir los hilos que unen los dos desquiciamientos, el de la Preparatoria 2 y el de la Facultad de Filosofía y Letras, basta mencionar que el líder de esta parodia de la “revolución cultural” es el profesor Iglesias, y que los estudiantes Roberto Niño y Efraín González, entre otros, fueron nombrados profesores de la Preparatoria mencionada a las pocas horas de haber asumido la Secre-taría de esa escuela el profesor Iglesias.3. La clausura de la biblioteca a manos del estudiante David Calderón, al parecer nombrado recientemente responsable de la misma, no significó nada la semana pasada, sino lo que ya hemos asentido: se quiere obstaculizar la labor académica para mos-trar que los alumnos y los maestros pueden

El STUANL exigió el cumplimiento de su pliego petitorio, el cual requería un aumento del subsidio estatal.


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ser vencidos por el miedo, disfrazado de apatía.4. Como desde hace por lo menos tres me-ses el estudiante Efraín González anunció una batida contra los suscritos, no nos ha tomado de sorpresa la forma en que en di-ferentes momentos han querido enaltecer la figura de Ulises Leal Flores y que además de promover públicamente el consumo de drogas en la UANL, son profesores de la Preparatoria 2 por voluntad del profesor Iglesias.5. A la campaña de difamación en nuestro prejuicio le auguramos la más completa de-rrota. Los alumnos, los que no consumen drogas y en cambio sí asisten a las aulas, nos conocen y comprenden cuál es el móvil de esta campaña. La forma en que se deni-gra la imagen de nuestra facultad es la peor carta de recomendación de quienes por el momento gozan de protección oficial.

Por lo expuesto consideramos que:1. Debemos aglutinarnos los estudiantes y los maestros para impedir el acelerado deterioro de la vida académica y aun de la administrativa en que ha colocado a la fa-cultad el profesor Iglesias y sus seguidores.2. Debemos abandonar la apa-tía o el temor. Como universi-tarios estamos obligados a res-ponderle a la arbitrariedad y al desequilibrio con responsabili-dad en nuestras funciones y con juicios razonados.444

Los límites de la autonomía

Las protestas contra las autoridades universitarias y el gobierno de Fa-rías como responsable de la nego-ciación para el regreso de Ulises a la

Rectoría tuvieron diferentes tenores. Los estudian-tes de la Preparatoria 1 lo hicieron a su manera. El 2 de mayo, decenas de jóvenes preparatorianos to-maron a la fuerza seis camiones urbanos para jugar choques en los patios de la Preparatoria 1. Testigos de los acontecimientos mencionan cómo se hicie-ron pintas sobre ellos, se extrajeron las ánforas de cobro y fueron en parte desmantelados en los patios de la Preparatoria, sin que el gobierno interviniera en el territorio denominado autónomo. La protesta en contra de la represión del régimen se llevó a cabo ante las denuncias infructuosas de los propietarios de los camiones urbanos. El miedo del Gobernador a crear un conflicto entre las fuerzas de seguridad y los universitarios fue evidente. Aunque amenaza-ron con incendiarlos, la policía negoció su entrega con el presidente de la sociedad de alumnos, Álvaro Zurita.445

La captura masiva de camiones venía dán-dose desde febrero, y se había incrementado el pro-blema a partir de los enfrentamientos entre grupos universitarios y obreros sindicalizados en el desfi-le del primero de mayo de 1972. En esa ocasión, los universitarios incendiaron un coche durante el desfile e injuriaron a Farías y a su comitiva, llegán-dose a suspender el desfile obrero. El Gobernador

Cortejo fúnebre que acompaña al estudiante de la Preparatoria Número Ocho, Ernesto Pérez Martínez, muerto frente a su escuela por el disparo de un policía.

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se limitó a girar la orden de detener a los infrac-tores (los que tomaban los camiones) y entre-garlos a sus padres. No faltaron manifestaciones de grupos sociales que exigieron mano firme al Gobernador ante los desmanes que padecía la sociedad regiomontana por el problema univer-sitario.446

Cómo interpre-tar la autonomía univer-sitaria era la gran discu-sión del momento. ¿Se deberían permitir estos desmanes fuera y dentro de la universidad sin que el gobierno estatal in-terviniese? Estaba claro que era una consigna del Gobernador de no intervenir ni provocar un ma-yor caos social en Monterrey y en la UANL desde que llegó al puesto. Es un hecho que se le ofreció el puesto de Gobernador interino al único político de renombre que aceptó esta condición impuesta por el presidente de la república. Farías era “un hombre del sistema” –tal y como lo afirmaría años después en sus memorias–, y estaba en la mejor disposición de cubrir los puestos políticos que requiriera el par-tido.447

La autonomía de nuevo estaba en la boca de la mayoría de la gente, ¿era este el tipo de auto-nomía universitaria que esperaba la sociedad? De nuevo salió el rector a defender la universidad y su estatus jurídico, ante la ola de críticas locales contra las actividades de los universitarios en las arterias de Monterrey. El 8 de mayo Héctor Ulises mani-festó:

Se hace objeto de crítica a la institución cuando se habla de una autonomía mal en-tendida. Se dice que los universitarios bus-can la intranquilidad y no van hacia ningún

objetivo determinado. Si dijéramos que autonomía es sinónimo de irresponsabili-dad y destrucción como se ha pretendido hacer del conocimiento público, estaríamos negando la confianza a nuestra juventud y a nosotros mismos. Debemos recordar que antes de la responsabilidad con la casa de cultura está el deber nuestro como padres y como miembros de una sociedad que tam-bién debe resolver una problemática que ya es urgente, y si el universitario participa en el encuentro de las formas de solución, su energía y limpieza deben ser más bien entendida que criticadas. La actuación de nuestros hijos es consecuencia de ser here-deros inmediatos de una sociedad que no les presenta soluciones y sí, por el contrario, les exige el cumplimiento de un deber. Sin embargo, sabemos que en la vida interna de la máxima casa de estudios, el universitario plantea la participación igualitaria de res-ponsabilidad en el gobierno de ésta, como producto de la actividad de los que buscan una transformación social, que en principio desarrollan en su casa de cultura.

Fue acusado el secretario general del STUANL, Fabián Navarro, de violar los estatutos, poner inseguridad física y laboral a todos los miembros del sindicato.


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Cuando hay quien habla de que la uni-versidad debe ser clausurada porque es un centro de agitación y se llama la atención de la autonomía política exigiéndole haga uso de los medios represivos, tenemos la obli-gación de borrar esa imagen negativa que se le atribuye.Entendemos que la crítica destructiva es debida a una mentalidad de convenciona-lismos, ya que se supone que con ella se están poniendo escollos a un supuesto con-trario que ni siquiera ha pretendido serlo. Si nos pronunciamos por el cambio, ello in-cluye nuestra enérgica oposición al concep-to tradicional de considerar a la universidad como instrumento que permita satisfacer intereses políticos personales o partidistas. Esto ya lo hemos afirmado y ahora lo rei-teramos: la universidad debe ser indepen-diente de la lucha política, su función no es facilitar el alcance de una posición, sino llevar la cultura al pueblo. Esto lo expresa-mos porque en el ataque a la institución va implícita la decisión de establecer obstácu-los para quienes suponen quieren servirse de la universidad para alcanzar una ventaja en la contienda política que se avecina en nuestro Estado.Nuestro compromiso está en la lucha por una reforma que nos permita participar con responsabilidad en las cuestiones sociales. Estamos por una reforma integral que nos permita llevar a la universidad a su verda-dero papel en la lucha por una transforma-ción social.448

La base de la inconformidad: la falta de consenso y transparencia

La reforma académica y administrativa nunca se llevó a cabo de una manera bajo consenso dentro de la universidad, he ahí uno de los problemas que

siempre tuvieron que enfrentar las autoridades uni-versitarias a nivel de Rectoría. Por ello no es difícil de entender la inconformidad de los diversos gru-pos que planteaban resoluciones a sus problemáti-cas particulares.

El caso de la Facultad de Ingeniería Mecá-nica y Eléctrica era uno entre tantos. El 4 de mayo de 1972, la Junta Directiva de la mencionada facul-tad acordó la separación del área común de inge-niería y ciencias. Petición que desde esa fecha ha-bían realizado al rector, y éste le había dado largas durante dos meses a la solución. Esta área común había mostrado su fracaso al desintegrarse de ésta la ingeniería Civil, la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas y la Facultad de Ciencias químicas, las cuales optaron por separarse por no convenir los intereses de los estudiantes de esas especialida-des.449

Para el mes de junio, la crisis universitaria se había acentuado. Desde principios de mes, la Rectoría fue tomada, y expulsadas sus autoridades, por estudiantes de la Facultad de Ingeniería Mecá-nica y Eléctrica, a fin de que fueran satisfechas sus peticiones. La toma de Rectoría duro varios meses; paralelamente, a partir de mediados del mes de ju-nio, el Gobierno del Estado ya no se encontraba en posición de favorecer las continuas peticiones de las autoridades universitarias relacionadas con el aumento del presupuesto. Las peticiones se habían extralimitado.

A principios de junio, el STUANL le en-tregó al rector Ulises el pliego petitorio para el si-guiente año académico, donde figuraba un presu-puesto para el sindicato de 55 millones de pesos. El rector optó por responder al STUANL que lo turnaría al Gobernador del Estado, y éste, una vez que lo recibió, decidió resolver la petición a más tardar para el 15 del mismo mes. Puntualmente, el 15 de junio, el Gobernador dio una resolución ne-gativa a la petición del STUANL, argumentando que el gobierno no tenía recursos suficientes para satisfacer la demanda.450

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La respuesta del secretario general del STUANL fue la de organizar una magna protesta frente al Palacio de Gobierno para el 19 de junio, donde asistirían los más de 2 mil trabajadores de la universidad. El STUANL publicó en los diarios locales que se había acordado en asamblea dar ese día de asueto con el fin de asistir a la moviliza-ción.451 Pero el resultado fue demasiado pobre, sólo asistieron 200 personas, entre ellas estudiantes y trabajadores de la Escuela de Aulas Anexas. Poste-riormente, el dirigente sindical anunció tres mítines más en los siguientes días frente a Palacio, donde terminó reuniendo en el último tan sólo 38 traba-jadores.452 Esta débil estrategia se intentó reforzar con la instalación, en varios lugares de la ciudad, de carpas de protesta y de información a la comuni-dad. Finalmente pidió el apoyo de la sección 67 de Mineros, e invitó a seguidores de Demetrio Vallejo (líder nacional de los ferrocarrileros) a una última manifestación de protesta, haciéndola coincidir con la tradicional manifestación y mitin que cada mes realizaban los trabaja-dores sindicalizados del sector eléctrico en la ciudad.453

El 2 de julio, las protestas dentro del sin-dicato no se hicieron esperar. El líder, Fabián Na-varro, fue acusado de exigir “checar” la tarjeta de ingreso al trabajo diario, y pasar lista a los trabaja-dores de la UANL en el mismo lugar de las concen-traciones, bajo pena de serles descontado el salario del día, en caso de no asistencia.454

El 30 de junio, las acusaciones contra las políticas y las prácticas de intimidación de parte del gobierno de la universidad y de la colusión del sindicato en ellas, se sintetizaron en un documen-to elaborado por la Junta Directiva de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, dirigida por el ingeniero Jorge Urencio Ábrego. El documento dirigido a la Junta de Gobierno y con copia a los directores de las escuelas y facultades de la UANL, así como a las Sociedades de Alumnos de las mis-mas, encontró el apoyo inmediato no sólo de gru-pos descontentos con la actuación de Rectoría, sino de Escuelas y facultades enteras.

El documento pedía –al igual que lo había establecido Medicina meses atrás y un miembro de la misma Junta de Gobierno– la destitución como rector de la UANL, a Héctor Ulises Leal Flores, de acuerdo con las atribuciones y obligaciones que marcaba el artículo 13 fracción III de la Ley Orgá-nica de la UANL.

Las causas graves a las que hacía refe-rencia el documento eran, entre otras:

1. Violación a la autonomía universi-taria (artículo 4, fracción IV, y al

artículo 28, fracción VI, de la Ley Orgánica de la UANL) al solicitar la intervención del Poder público dentro de la universidad. Con esto se referían a la intervención policíaca solicitada por el rector a fin de exigir a la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica el reconocimiento del gobier-

Seis de los once miembros de la Junta de Gobierno, sesionaron de forma permanente, a partir de diciembre de 1972, en el Salón Monterrey del Hotel Ancira.


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no universitario y del regreso a clases bajo el programa general de la universidad. Por ello, la Junta Directiva consideraba que se atentaba contra la paz, la vida y la dignidad humana.2. Violación del artículo 14, fracción VII, al considerar que el rector usurpó funciones que correspondían sólo a la H. Comisión de Hacienda, al gestionar ante el gobierno fe-deral la creación de edificios para el área de ingeniería y ciencias, humanidades y cien-cias de la salud, sin una planeación acorde con cada una de las facultades y escuelas afectadas. Esta política desatendía las ne-cesidades más apremiantes de las mismas, las cuales se encontraban en la creación de laboratorios, aulas, equipo didáctico entre otros.3. Violación a los artículos 17 y 25, al des-conocer, por regla general, el rector Ulises, como consejeros maestros ante el Consejo Universitario a aquéllos que fueran elec-tos en sus respectivas Juntas de Maestros. Para limitar los derechos de las facultades adversas a su política, Ulises exigió que el consejero maestro fuera electo en Junta Di-rectiva en forma paritaria y que el consejero alumno fuera electo exclusivamente por los alumnos. Sin embargo, el artículo 25 de la Ley Orgánica establecía que las escuelas o facultades elegirían a sus consejeros en la forma que ellos dispongan.3. Violación del artículo 19 fracción III, por haber otorgado, al ingeniero Fabián Navarro Arras, sin tener atribuciones para hacerlo, un permiso con goce de sueldo por el periodo de septiembre de 1971 a febrero de 1972. Aunque esta disposición ya había vencido, el líder sindical continuó con esta prestación hasta la destitución de Ulises en diciembre de 1972. Sin embargo, esta acu-sación, fechada el 30 de junio, se basaba

en que era sólo el Consejo Universitario, a petición de las juntas directivas de las es-cuelas y facultades, como la única instancia que podía otorgar permisos con goce de sueldo a profesores por más de quince días. En el caso del líder sindical, profesor de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctri-ca, no existió el procedimiento adecuado, o sea, ni la Junta Directiva de la mencionada facultad lo solicitó, ni el Consejo lo aprobó. Con información oficial agregada (anexos 2 y 3 del documento al que se hace referen-cia), la acusación estipulaba la cantidad de 67,805.04 pesos, cobrada sin devengar du-rante el periodo en cuestión.4. Se acusaba también al rector Héctor Uli-ses por disolver el Consejo Universitario desde el 22 de septiembre de 1971 –la famo-sa sesión ya descrita que tuvo una asistencia de ocho consejeros y que duró tres minu-tos–. El Consejo se volvió a reunir una vez más hasta el 28 de abril de 1972, con lo que se violaba no sólo el artículo 28 fracción II (el cual no le daba estas atribuciones), sino también el artículo 21 que señalaba que el Consejo Universitario debía sesionar por lo menos una vez al mes.5. Violación al artículo 12 que señalaba que los miembros de la Junta de Gobierno sólo podrían ocupar cargos docentes o de inves-tigación. Esta acusación era dirigida contra la designación del licenciado Platón León Manrique de Lara, miembro de la Junta de Gobierno, quien fue designado subjefe del Departamento de Planeación Universitaria. Con ello se decía que además de miembro de la Junta, era también empleado de con-fianza del rector.6. Violación a los artículos 6, 19 (fracción II) y 40, al crear el llamado Instituto de Cien-cias de la Salud, cuando debe ser el Consejo Universitario y no el rector, el encargado de

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crear institutos o dependencias universita-rias. Era evidente que el rector confundía la personalidad jurídica de ambas instancias, en su afán de someter al Consejo Universi-tario. Asimismo, también había dispuesto, sin pasar por el Consejo Universitario, la desaparición de los Departamentos de Pre-visión Social, de Bibliotecas y el de Coordi-nación de Escuelas Preparatorias.7. Violación al artículo 42. En este artículo el rector mostraba una franca interferencia en el Hospital Universitario, al actuar ad-ministrativamente sin tener atribuciones legales acreditadas, ya que se sabía de la retención –como fin político– del subsidio correspondiente a este Hospital. La Ley Orgánica de la UANL establece una ley de excepción para el Hospital Universitario, desde que ese centro tiene su propia Ley

Orgánica que data de 1955, y que especi-ficaba en su artículo 4 que la responsabili-dad administrativa del manejo del Hospital Universitario recae únicamente en su direc-tor.8. Finalmente, en sesión del Consejo Universitario del 30 de mayo de 1972, el Consejo, a petición del rector, formó una Comisión para elaborar nuevos planes de estudio para el área de ingeniería y cien-cias, integrado en su mayoría por personas ajenas a la problemática de ingeniería. El artículo 19, fracción I, establece que son las juntas directivas de cada una de las escue-las y facultades, las únicas autorizadas por la Ley Orgánica para elaborar los planes de estudio.455

Indudablemente, la acusación tenía un fin políti-co, sin embargo, resumía todas las anormalidades

El secretario general del STUANL, Ernesto Villarreal, y el rector Luis Todd firman la Convención Colectiva de Trabajo de 1973.


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legales, administrativas y académicas en las que había incurrido el rector y su grupo. La violación constante de la nueva Ley Orgánica de la UANL facilitaba y promovía, sin lugar a dudas, un clima interno de anarquía y violencia. Clima que aprove-charían los grupos radicales de uno y otro bando. Aunque la acusación terminaba en un ultimátum para la Junta de Gobierno, estipulando un plazo de 48 horas para que tomaran la decisión de destituir al rector –en caso contrario los hacían copartícipes de la irresponsabilidad que conllevaba–,456 la Junta de Gobierno no se volvió a reunir hasta varios me-ses después.

La violencia como medio de coerción

A partir de ese día, el 30 de junio, la petición a la Junta de Gobierno fue reforzada con provocaciones y actos de violencia por parte de los grupos no sim-patizantes del gobierno de la UANL. El objetivo era desestabilizar la UANL para llamar la atención de la comunidad en general, de los conflictos inter-nos entre los universitarios y la política unilateral del rector.

En esta ocasión, la violencia afloró el mis-mo día 30 de junio, en el Hospital Universitario, el cual se encontraba tomado desde hacía varios días por miembros del STUANL y de la Federación de Estudiantes de la UANL (FEUANL), ambos adictos a la política generada desde Rectoría. La toma y administración del Hospital Universitario había tenido como finalidad facilitar el acceso a las prácticas de los médicos y estudiantes de las Au-las Anexas, cuyo director, Ignacio Vela Hinojosa, era reconocido como el único director de Medicina por la Rectoría y el Consejo Universitario. Por su parte, los universitarios inscritos en la Facultad de Medicina, encontraban constantemente obstáculos para ingresar al Hospital Universitario, el cual era administrado por el STUANL.

El incidente inició cuando cuatro estudian-tes de la Facultad de Medicina, Francisco Alcorta,

consejero estudiante de la Facultad, junto con René Villarreal, Jesús Gómez Danés y Jesús González, exigieron con lujo de violencia, a los que hacían guardia en el Hospital, que abandonaran el Hos-pital Universitario y ya no causaran más daño a la institución. La trifulca se inició y los veinte alum-nos y trabajadores del STUANL que protegían el Hospital fueron echados a la calle por los alumnos. Los trabajadores inmediatamente pidieron ayuda al STUANL y a la Federación de Estudiantes para volver a retomar el edificio, hecho que lograron al golpear y echar de ahí a los mencionados estudian-tes. Acto seguido, 40 universitarios de la Facultad de Medicina, encabezados por los médicos Julio Sheib, Alfredo Piñeyro y Amador Flores Aréchiga, quemaron la carpa de la FEUANL que se encon-traba en símbolo de protesta frente a la escuela. El resultado fueron varios lesionados y la utilización de armas de fuego en el enfrentamiento.457

Otro foco de disturbios aparecido, el mis-mo día 30 de junio, fue el ingreso y destrucción del Centro de Cálculo y la Imprenta Universitaria por los estudiantes de la Facultad de Química. Casi trescientos estudiantes, encabezados por Víctor Villa, presidente de la Sociedad de Alumnos de esa facultad, llegaron antes de las diez de la mañana para tomar las instalaciones y oficinas administrati-vas de la Universidad. Ya que desde que había sido tomada la Torre de Rectoría, en junio, la adminis-tración y el gobierno de la UANL se habían insta-lado en el edificio que se encontraba entre las calles de Matamoros y Garibaldi en el centro histórico de Monterrey. Ahí se encontraban no sólo el Centro de Cálculo y la Imprenta Universitaria, sino tam-bién los Servicios Médicos de la UANL.458

Acto seguido, en respuesta a las agresiones del grupo de la Facultad de Medicina, el rector lo-gró reunir, el 30 de junio, al Consejo Universita-rio, y acordó, con el apoyo de sus simpatizantes, la expulsión de los profesores de esa facultad, inclu-yendo a su director. Decisión polémica, ya que el Consejo Universitario se abrogó derechos que no

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tenía. El Consejo sólo podía remover, según la Ley Orgánica, profesores a petición de la junta directiva de la facultad o escuela respectiva.459

Paralelamente, ese mismo 30 de junio, la Junta Directiva de la Facultad de Medicina, que se tornó pleno estudiantil y magisterial, acordó reali-zar, por parte de los profesores médicos, un paro indefinido de sus actividades docentes y académi-cas en el Hospital y celebrar clases y exámenes en el Palacio de Gobierno, en acto de protesta.460 El paro de actividades dentro del Hospital continua-ría hasta que se resolvieran los problemas entre esta facultad y Rectoría, por lo que sólo los médi-cos tratarían casos de emergencia en las guardias del Hospital Universitario. Acordaron igualmen-te en celebrar clases y exámenes a partir del 5 de julio en el Palacio de Gobierno, si sus demandas no eran resueltas por el Gobernador. Unidos tam-bién con la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica y la Escuela de Laboratoristas Clínico-Biólogos, los médicos participarían también en una manifestación de repudio organizada para el 4 de julio.461

Esta magna manifestación de repudio al rector Ulises estuvo precedida de una amplia pro-paganda en contra de las irregularidades cometi-das por el gobierno de la UANL. Entre el 1 y el 4 de julio, numerosos desplegados universitarios en contra del STUANL y del rector se insertaron en los diarios locales. Las acusaciones afloraron firmadas por diversos grupos como el Comité de Prensa de las Maestros Cesados de la Facultad de Arquitectura;462 la Federación Auténtica de Estu-diantes de la UANL (FAEUANL), presidida por Federico Martínez463 y el Comité de Pro-Dignifi-cación de la Universidad,464 entre otros.

Inserciones pagadas, sin firma (pero indu-dablemente pagadas por universitarios ligados a la Facultad de Medicina), acusaron también al mé-dico Salvador Capistrán, director de los Servicios Médicos de la UANL, como el principal asesor y responsable de la política seguida por el rector con-

tra la Facultad de Medicina. El desconocimiento de la elección del director Ugartechea; la creación de las Aulas Anexas; la expulsión de los 17 profesores de Arquitectura; la implantación de la antipedagó-gica reforma de planes de estudio en la Preparato-ria 2; imponer por la fuerza el área común sobre la Escuela de Ingeniería Mecánica y Eléctrica; asaltar la Facultad de Medicina con estudiantes de Aulas Anexas e introducirse con violencia al Hospital Universitario, entre otras cosas, eran responsabili-dad del médico Capistrán, a juicio de numerosos desplegados.465 Incluso se le acusó de pretender desvirtuar y desprestigiar, por medios poco comu-nes, la manifestación prevista para el 4 de julio.

Las acusaciones abundaron. La Sociedad de Alumnos de la Facultad de Medicina y la Es-cuela de Laboratoristas Clínico-Biólogos, acusa-ron al tesorero de la UANL, Roberto Villarreal de la Rosa, de entregar cheques del presupuesto de la UANL a agitadores contra la Facultad de Me-dicina.466 En igual tenor fueron las acusaciones de la FAEUANL contra el presidente de la Junta de Gobierno, Manuel Peña Gutiérrez, quien siempre mostró su apoyo incondicional al rector Héctor Ulises, debido –a juicio de la FAEUANL– a que su hijo, Manuel Peña Doria, ocupaba un puesto en Rectoría, era el jefe de Personal.467

Las muestras de apoyo a la política del rec-tor fueron pocas y pésimamente fundamentadas, ya que la ambigüedad de sus argumentos y el apoyo incondicional a un gobierno universitario acosado por su propia corrupción fueron muestras de sus propias limitaciones. Tal fue el caso de la Prepara-toria 3 para trabajadores de la UANL. Esta escuela sacó un desplegado totalmente vago y sin funda-mento que acusaba a las “fuerzas oscurantistas y tradicionales como la Unión Neolonesa de Padres de Familia, la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica y la Facultad de Medicina”, de estar en contra de las reformas académicas y del inicio del servicio social permanente en la comunidad a partir del primer año de las carreras universitarias; esas


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mismas fuerzas estaban en contra del pase automá-tico. También aclaraban que eran los “mismos pri-vilegiados que se beneficiaban de la sociedad y son los mismos que al controlar la economía del pueblo pretenden controlar su pensamiento”.468

Desde fuera de la universidad se cuestionó el actuar universitario por grupos como la Unión Liberal de Padres de Familia. Esta agrupación, que llamó a la autonomía universitaria como sinóni-mo de caos interno, destacó el problema sindical, la toma de Rectoría, la violencia en el Hospital Universitario y en la Facultad de Medicina, como muestras de ello.469

Finalmente apareció un extraño apoyo –desmentido posteriormente por las organizacio-nes firmantes– de la Organización Juvenil del PRI y la CNOP al rector Ulises. Este rezaba así:

1. Debemos reconocerle al ingeniero Héc-tor Ulises su propia lucha limpia por la Autonomía y la Ley Orgánica que hoy dis-frutamos.2. Sería inhumano desconocerle el pase au-tomático de secundarias a preparatorias, de preparatorias a facultades, en la que se han terminado los favoritismos.3. Con los aumentos de subsidios federales y estatales que se están recibiendo, se les está haciendo justicia a los trabajadores de la universidad que tenían sueldos de ham-bre.4. Por lo que pedimos a todos los grupos inconformes que mediten su actitud, de-mostraremos a la opinión pública que so-mos respetuosos de los acuerdos del Con-sejo Universitario.470

La manifestación y mitin en repudio a la política del rector, Héctor Ulises, se llevó a cabo sin ma-yores contratiempos el 4 de julio de 1972. Univer-sitarios conformados por profesores y alumnos de nueve dependencias de la UANL manifestaron el malestar interno de la universidad, en la cual ellos también eran copartícipes. Las dependencias que

manifestaron abiertamente su repudio al rector fue-ron la Preparatoria 9 y las facultades de Mecánica y Eléctrica, Medicina y Comercio y Administración. Al frente de ella se encontraba el director de Mecá-nica Jorge Urencio Abrego. Los oradores exclama-ron la no intervención del gobierno debido a que era un problema universitario. Ernesto Landeros dijo:

que quede bien establecido que nosotros no queremos la intervención del gobierno, pues somos los universitarios quienes echa-remos de la universidad el ingeniero Héctor Ulises”.471

Después de la manifestación, los médicos maestros de la Facultad de Medicina, decidieron establecer un campamento en protesta dentro de los patios del Palacio del Gobierno del Estado.472

Para mediados de julio, la política del go-bierno universitario trastabillaba. El 13 de julio, la petición que había elevado el rector al Gobernador y posteriormente al secretario de Educación Públi-ca, Víctor Bravo Ahuja, sobre la necesidad de au-mentar el subsidio de la federación a la UANL, fue rechazada por este último. En cuanto a la búsqueda de apoyo del gobierno federal para desarrollar las reformas universitarias previstas en la UANL, y de las cuales el rector había encontrado una seria resis-tencia, Bravo Ahuja comentó:

Desde el inicio el gobierno del Sr. licen-ciado Luis Echeverría ha entendido que la reforma universitaria debe llevarse a cabo dentro de las mismas casas de estudio y sin la ingerencia de ningún elemento ajeno a las propias universidades [...]473

Bravo Ahuja también dejó bien claro que la Secreta-ría a su cargo nunca había intervenido en el proceso de reforma universitaria, “y menos aun –añadió– para aprobar o desautorizar planes y programas de estudio”.474 Con esto dejaba al rector y a su grupo solos para enfrentar, dentro del marco jurídico de la universidad, sus propias políticas. Sin embargo, estas políticas nunca buscaron el consenso, sino la

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provocación y la imposición, por lo que el movi-miento en contra de su gestión era como una bola de nieve que fue aumentando y adquiriendo adep-tos conforme pasaban los meses.

Llamada a la cordura por parte de Leyes

Un llamado a la cordura fue lo que manifestó el 5 de julio la Sociedad de Alumnos de la Facultad de De-recho y Ciencias Sociales. Ante la lluvia de desple-gados en contra del rector, la Sociedad de Alumnos de esta facultad desconoció los desplegados que aparecieron días antes de la movilización del 4 de julio, bajo la firma del Comité de Lucha de la Fa-cultad de Leyes, ya que el mencionado Comité no existía ni habían sido autorizados por la Sociedad de Alumnos. La manipulación de la información a través de comités y asociaciones ficticias siempre fue un recurso utilizado por los diferentes grupos en pugna en la UANL, para desinformar al públi-co. La violencia dentro de las instalaciones univer-sitarias era un asunto de todos los días y la Socie-dad de Alumnos de esta facultad pidió la búsqueda de soluciones a través de los medios legalmente constituidos.

La Sociedad de Alumnos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales ratificó que:

La autonomía exige respeto de la autoridad pública en lo estrictamente universitario.El respeto de los universitarios a los esta-tutos que rigen la vida de nuestra casa de estudios y a las autoridades instituidas por éstos. Por ende, nuestro reconocimiento al rector de la UANL y al Consejo Universi-tario.Estimamos que los inconformes con las me-didas que tome el rector o el Consejo Uni-versitario pueden plantear a estas mismas autoridades la revocación de los acuerdos que hubieren adoptado. Dentro del marco jurídico vigente no es el desconocimiento a la autoridad del medio justo e idóneo para

nulificar o variar sus acuerdos. Ninguna institución puede subsistir, ni el Estado mismo, sin el reconocimiento al principio de autoridad.Al desconocer al rector, al Consejo o a los directores cuando optan una determinación contraria a ciertas proposiciones, en rigor se está sentando un principio subversivo y anárquico que destruirá la universidad.Ningún universitario que se precie de serlo podrá aceptar de buena fe los intentos que se hacen para destruir a la universidad, co-menzando por sus instituciones.Un gravísimo paso hacia atrás representa la tendencia a destruir los órganos universita-rios y a la autonomía de la universidad.En la universidad no hay caos, sino que se trata de hacerlo. Todas las dependencias universitarias están laborando y no existe ninguna escuela en receso de labores.A través del desconocimiento al rector y al Consejo Universitario, en rigor, se puede formar la imagen de una universidad inca-paz de autogobernarse. Por fortuna la ma-yoría de los estudiantes no se han dejado engañar y continúan la marcha normal de sus estudios.Se nos antoja preguntar a los compañeros de ingeniería Mecánica y Eléctrica (y a los demás que pertenecen a dependencias que han adoptado una conducta similar), ¿cuál será su situación en la universidad?, ¿quién dará validez a sus estudios? Si su director y maestros desconocen a la autoridad uni-versitaria.Finalmente: ¿podrá desconocerse a las autoridades del Estado cuando éstas adoptan acuerdos contrarios a concretos intereses?475

Los alumnos de Leyes también apoyaban la polí-tica del pase automático y la necesidad de una re-forma universitaria. La primera era vista como una


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conquista de los estudiantes, la cual era para ellos irreversible e indeclinable. El espíritu del pase au-tomático era visto como eliminar las trabas contra el derecho que tenía todo ciudadano mexicano para recibir la educación superior.476

No hay duda alguna que la lucha universi-taria por una educación superior de alto nivel esta-ba por iniciar en Monterrey. Las continuas pugnas no eran más que muestras de la importancia y de las dimensiones que estaba tomando este nivel de estudio en la sociedad mexicana. El objetivo final sería una educación superior que reuniera las si-guientes funciones:

1. Históricas, entendidas en la transmisión y conservación de los conocimientos cien-tíficos y culturales.2. Formativa, al desarrollar en sus integran-tes la conciencia metodológica y social que permitiera la libre determinación del pen-samiento.3. Sociales, en cuanto convierte al trabajo y a la profesionalización individual en una profesión considerada como labor social.4. Cognocitivas, en cuanto hace del co-nocimiento objetivo, mas no verdadero, la meta principal de su actividad.5. Técnicas, al favorecer la habilidad y el ejercicio del trabajo profesional.

7. Crisis y desintegración del sinuoso proyecto universitario de la izquierda en la UANL

Una autonomía cuestionada

Durante la madrugada del 15 de julio de 1972, el líder sindical Fabián Navarro, Rodolfo Garza Montemayor, el trabajador Social Gilberto Prado, el biólogo Adolfo González Castilla y varios traba-jadores sindicalizados se presentaron en la Torre de Rectoría a fin de realizar –en sus propias palabras– una limpia de las pintas que habían realizado los

estudiantes de la Facultad de Mecánica y Eléctrica. Al percatarse los alumnos de Mecánica (quienes desde junio tenían tomada la Rectoría), que los miembros del STUANL, junto con su líder Fabián Navarro, se encontraban debajo de la Torre de Rec-toría y en lugares aledaños fueron en su busca, los golpearon, los secuestraron y los encerraron en una de las oficinas de la torre.477

Todo indica que fue un intento frustrado del secretario general del STUANL, Fabián Nava-rro, por recuperar el edificio de Rectoría a través de la expulsión de sus ocupantes con un grupo de trabajadores. El intento terminó en una golpiza a Fabián y seguidores, los cuales fueron vapuleados hasta confesar una serie de irregularidades que co-nocían dentro del gobierno universitario.

El profesor Rodolfo Garza Montemayor fue severamente golpeado hasta que confesó, con su puño y letra, que sabían que el rector Héctor Ulises había perdido la mayoría a su favor dentro de los in-tegrantes de la Junta de Gobierno. Era por eso –a su juicio– que Ulises nunca la convocó. La mayoría a su favor, originalmente, era representada por siete de sus miembros, dos de ellos, el ingeniero Francisco Rivera y el médico Roberto Flores Escobar, habían manifEstado últimamente su desaprobación a la po-lítica del rector. De esta forma, Ulises contaba con cinco miembros simpatizantes y seis en su contra.478 Después de confesar esta información, el profesor Rodolfo Garza fue dejado en libertad, debido a que tenía un padecimiento renal, el cual se había compli-cado a causa de los numerosos golpes que le propi-naron los estudiantes.479 El director de la Facultad de Medicina llegó al lugar y se encargó de llevar en su auto a Montemayor para que fuera atendido, aunque durante el trayecto, varios estudiantes lo continuaron golpeando. Cuando llegó a atenderse con un médi-co, este último testificó que los golpes que había re-cibido eran producto de objetos contundentes como tubos y varillas de fierro.480

Ante el gran barullo que resultó del enfren-tamiento entre los miembros del STUANL y el gru-

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po estudiantil de Mecánica, llegaron a Rectoría el ingeniero José Humberto Ramírez, coordinador de los Laboratorios de Mecánica y el licenciado Jesús Lozano Díaz, así como Abelardo Perches. Bajo vi-gilancia de éstos, a Fabián y a su grupo los golpea-ron y los amarraron hasta el amanecer.481 A las 6:00 de la mañana fueron liberados los trabajadores, con excepción de Fabián, Adolfo González Castilla, un trabajador de intendencia y Gilberto Prado.482

Según declaraciones posteriores de los de-nunciantes, como a las 6:39, a los que retuvieron, los vendaron y amarraron de las manos subiéndolos a un automóvil para llevarlos a los Laboratorios de Mecánica. Allí empezaron a golpear primero a Pra-do y a Adolfo González Castilla. Fabián comentó:

A mí me encerraron en otro cuarto y luego de insistir con preguntas que querían que contestara me golpearon de nueva cuenta.483

Aunque los secuestrados continuaban siendo veja-dos, el director de la Facultad de Ingeniería Mecá-nica, Jorge M. Urencio, se trasladó a las oficinas de la Policía Judicial para dar parte de los hechos. A su regreso, a media mañana, se entrevistó con Fabián. Éste atestiguó que:

Posteriormente, Urencio me soltó de las manos y me quitó la venda de los ojos y se-ñaló que los estudiantes querían retenernos hasta que renunciáramos Ulises y yo.484

Después de ser dejados en libertad, los alumnos de Ingeniería Mecánica divulgaron las confesiones adquiridas bajo tortura a los profesores sindicaliza-dos. Fabián Navarro llegó a decir que “ustedes tie-nen la razón, pero nosotros el dinero”. Con lo cual la tortura se dirigió a recabar información sobre las cantidades de dinero que recibían los allegados al rector.485

No debe parecernos extraño que después de estos acontecimientos, tanto el rector Héctor Ulises como el secretario general del STUANL, Fabián Navarro, desaparecieran durante más de una semana de las instalaciones universitarias y de sus domicilios particulares.486

La violencia continuó en las instalaciones universitarias. El 20 de julio, una situación si-milar sucedió en la Torre de Rectoría. Un nuevo grupo, ahora estudiantes de la Facultad de Leyes, se presentaron en Rectoría a fin de desalojar a los estudiantes de Mecánica. Éstos respondieron con “golpes, varillazos y puntapiés”. Los rostros de los líderes estudiantiles de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Rolando Castillo Gamboa, Antonio Ibarra Giacomán y José Luis Sepúlveda, quedaron irreconocibles tras ser golpeados por los estudiantes de Mecánica.487

La respuesta del procurador del Estado fue la no intervención de las autoridades, debido al derecho de autonomía que tenía la UANL. Los hechos habían ocurrido dentro del Campus Uni-versitario.488 La respuesta del procurador fue la misma política seguida por Farías: les correspon-día al rector y a la Junta de Gobierno ser los res-ponsables de cualquier acontecimiento dentro de la universidad. La autonomía universitaria había llegado a ser un problema, así que se había tomado la decisión contraria a la definida por el Goberna-dor Elizondo, los universitarios deberían hacerse responsables ante sí mismos y ante la sociedad de su comportamiento, por lo tanto, se pensaba que las luchas internas desgastarían a los diversos gru-pos políticos y terminarían desprestigiados ante la comunidad regiomontana. Política que se llevó a sus últimas consecuencias, a fin de desgastar, des-prestigiar y debilitar al gobierno universitario que era adverso a la política del gobierno del Estado. Cuando el gobierno universitario cayera en desgra-cia, se facilitaría la transición a un gobierno univer-sitario negociador y políticamente simpatizante de los órganos de gobierno estatal. Esto sucedería con la llegada de Luis Eugenio Todd como rector en octubre de 1973.

Caído en desdicha, el rector Héctor Ulises fue a buscar apoyo en México con los universita-rios y con las instancias de gobierno federales como la SEP y con el propio presidente de la república.


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Su desfigurada visita fue descrita el 24 de julio por un diario de la capital de la república.

Mientras tanto, la situación en la universi-dad empeoraba para las autoridades de la institu-ción. El 26 de julio, la mayoría de los estudiantes de la Facultad de Enfermería tomaron el edificio de su institución y exigieron, a través de su repre-sentante de la Sociedad de Alumnos, Juan de Dios González, la destitución de su director, el exrector y simpatizante de Ulises, Oliverio Tijerina.489

Sin embargo, lo que resultó, producto de un grave malestar interno de la universidad, fue la renuncia total e irrevocable de todos los miembros de la Comisión de Hacienda de la UANL, acaeci-da en carta pública a la Junta de Gobierno el 2 de septiembre de 1972.490 Sus tres miembros, Alfredo Delgado Arredondo, Federico Garza Taner y Juan Quintanilla Cantú, manifestaron haber trabaja-do constante e intensamente para intentar lograr –a pesar de la situación de conflicto que padecía la institución– la organización de los sistemas ad-ministrativos que permitieran aprovechar al máxi-mo los recursos económicos de la universidad.491 Aclaraban también que sus percepciones ideo-lógicas y políticas del conflicto eran encontradas, sin embargo, esto no había sido un impedimento para el desarrollo de su labor; caso contrario de las condiciones de inestabilidad que imperaban para el desarrollo del mismo. Ante esto, los elementos que dificultaban su labor y por lo cual renunciaban eran los siguientes:

1. Que aunque como ciudadanos y univer-sitarios nos preocupan grandemente los problemas de nuestra universidad, no po-demos ni nos corresponde, como integran-tes de la Comisión de Hacienda, convertir-nos en jueces para determinar sobre cada situación de conflicto que en las actuales circunstancias influye o se refleja en el as-pecto económico.2. Que los problemas ocasionados por lu-chas dentro de la universidad, a las que la

Comisión de Hacienda debe permanecer y ha permanecido ajena, constantemente in-terfieren y obstaculizan sus funciones emi-nentemente técnicas.3. Que la Ley Orgánica de la UANL su-pedita funciones clave para la actuación de la Comisión de Hacienda a las decisiones de otras autoridades y organismos cuyo funcionamiento es frecuentemente obsta-culizado o influido por la actual situación anormal.4. Que a pesar de los esfuerzos que esta Comisión ha hecho para cumplir con todos los ordenamientos que le señala la Ley Or-gánica de la UANL, no ve que pueda, en las circunstancias descritas, obtener algo de verdadero beneficio para la institución.5. Y que lógicamente no está al alcance de la Comisión de Hacienda el modificar las circunstancias por las que atraviesa la universidad, que cada vez se agravan de manera de hacer prácticamente imposible el correcto desempeño de nuestras funcio-nes.

Nos vemos en la imperiosa necesidad de presentar ante ustedes nuestra renuncia con carácter irrevo-cable.492

El STUANL en crisis

El exsecretario general del STUANL, Carlos Ruiz Cabrera, algunos presidentes de sección del mismo y cientos de trabajadores del sindicato, considera-ron que el conflicto universitario había arrastrado al STUANL a una situación insostenible y de confu-sión imperante sobre el verdadero papel que debe-ría tener el sindicato. El 27 de julio se manifestaron en contra de esta situación.

Para este grupo de trabajadores existía una serie de condiciones imperantes que habían colo-cado al sindicato en una situación incómoda y de desprestigio, la cual no era compartida por la ma-

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yoría de sus agremiados. Entre los elementos que eran de cuestionarse mencionaban:

1. Se estaba mezclando la justa lucha por los aumentos salariales de sus integrantes con problemas eleccionarios de autoridades universitarias.2. Se estaba siguiendo una línea política que conducía “al absurdo de entrar en abierta enemistad con importantes secto-res de los estudiantes”. La posición de la dirigencia del STUANL de desconocer a las autoridades de Medicina y Mecánica no era competencia del sindicato, máxime que en esas dos facultades la mayoría de los estudiantes y profesores así lo habían decidido.3. También se estaba cayendo en la repre-sión manifiesta en distintas formas, en lo que “podríamos llamar prácticas del cha-rrismo”. Los hechos peligrosos y negativos para el movimiento sindical estaban en dos acontecimientos inadmisibles: uno era que el STUANL, un organismo de trabajadores, impuso a un patrón, como fue el caso del médico Vela Hinojosa. Dos, el STUANL se ha dedicado a cesar de su trabajo a uno de los agremiados por no estar a favor de su política general. Ya no es el patrón el que despide sino el mismo sindicato. Este gru-po de trabajadores hacía referencia a que en días pasados fue cesada una trabajadora en el Hospital Universitario por no estar de acuerdo con su línea sindical.493

Ante la situación descrita, los trabajadores presen-taron algunas sugerencias para llevar algunas me-didas a la práctica que coadyuvaran y presentaran alguna solución al conflicto que estaban enfrentan-do. Sin ser las únicas soluciones presentaron, entre otras, las siguientes:

1. Desligar completamente nuestra lucha por el pliego petitorio de todo problema de elección de funcionarios universitarios,

recordando que éste es un asunto de profe-sores y estudiantes.2. Proyectar una política que permita a to-dos los miembros del STUANL externar su opinión sobre la lucha por el aumento de salarios, no importando que esas opiniones sean contrarias a las de algunos dirigentes sindicales o funcionarios universitarios. Éste es el único camino para que la demo-cracia en el seno del STUANL sea autén-tica, es decir, para que la lucha se proyecte desde abajo, por los mismos trabajadores, y no desde arriba, a nivel de puros dirigentes o pseudodirigentes.3. Abandonar la línea política que condu-ce al enfrentamiento con los estudiantes, sean cuales fueren las decisiones de éstos, para estar en posibilidades de explicarles cuál es el objetivo de nuestra lucha sindi-cal en un pleno de reconocimiento mutuo y establecer así una línea de respeto entre los trabajadores y los estudiantes que no permita más el que se desprestigie a nuestra organización.494

Violencia en Medicina

El 30 de julio de 1972, el director de la Facultad de Medicina volvió a ratificar su oposición a la políti-ca practicada por el rector Héctor Ulises, debido a que había convocado en noviembre de 1971, a una elección para ocupar el cargo de director de la Facultad, cuando la Ley Orgánica no le otorgaba esa autoridad legal. En forma paralela, el crear las Aulas Anexas de Medicina,495 obstaculizaba la ins-cripción de los estudiantes a la facultad tradicional, a favor de las Aulas Anexas. Además, desde julio del 1971, el presupuesto aprobado para la Facultad había sido congelado y no se había recibido el pre-supuesto mensual asignado.496

Por su parte, el director reconocido por Rectoría y virtual director de Aulas Anexas de Me-


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dicina, Ignacio Vela Hinojosa, aseguraba haber sido electo en noviembre de 1971 por 600 votos de los estudiantes, más 50 votos de los profesores de Aulas Anexas.497 Para julio de 1972, Vela Hinojosa había pretendido, infructuosamente en dos ocasio-nes, llevar a cabo un referéndum y posteriormente la integración de un comité eleccionario con los alumnos y profesores de las dos instituciones de Medicina. La nula autoridad de Vela Hinojosa en ambas convocatorias se hizo sentir. La primera vez sólo acudió un profesor, y en la segunda nadie se interesó en su propuesta.498 Aulas Anexas se encon-traba en un callejón sin salida en ese momento; el Consejo Universitario no se había reunido, y por lo tanto no se había autorizado el programa académi-co del segundo año de medicina en esa escuela.499 Además, para el 30 de julio, el programa de reforma académica del siguiente ciclo escolar en esa escuela no había concluido, éste sólo pretendía, sin mucho fundamento, cambiar la formación tradicional del médico, hacia una formación “más humanista y de más proyección hacia la comunidad”.500

Ante esta situación de dualidad acadé-mica y administrativa en los estudios de me-dicina, la Junta Directiva de la Facultad de Medicina resolvió ampliar el nuevo ingreso de estudiantes a ésta. Aceptó en principio el pase automático y enfrentó la llegada de 900 jóvenes de nuevo ingreso –con aspiraciones a ser médicos– para el 4 de septiembre.501 Con tal cambio en su política, la facultad creció, también crecieron sus exigencias ante la Rectoría, a la que pidió la con-tratación de 50 profesores más para el siguiente año académico.502 Con este giro en su política, la Facultad de Medicina le quitó la razón de existir a Aulas Anexas, sin embargo, ésta continuó fun-cionando normalmente. El motivo de descontento en Rectoría siguió siendo el desconocimiento del director Ugartechea.

Con el gran aumento de estudiantes en la Facultad de Medicina, la necesidad de hacer prác-ticas en el Hospital Universitario –el cual estaba

tomado por el STUANL y la FEUANL– se vol-vió imperativo. Los roces entre los estudiantes de Medicina y los trabajadores sindicalizados que te-nían órdenes de no dejarlos entrar fueron frecuen-tes. Máxime que ambos edificios –la facultad y el Hospital Universitario- se encontraban físicamente uno al lado del otro. El 7 de septiembre se dio la primera fricción de consideración: un trabajador resultó herido en el Hospital Universitario duran-te un intercambio de disparos con armas de fuego suscitado en la madrugada de ese día. El trabajador Fidel Paz Mares, quien era camillero del Hospital, resultó herido en la pierna derecha y fue internado en el cuarto piso. Numerosos heridos por golpes de piedras fueron reportados por este enfrentamiento entre estudiantes y profesores de la Facultad de Medicina y los que hacían guardia en el Hospital Universitario.503 A juicio del secretario general del STUANL, los provocadores fueron varios estu-diantes y profesores de la Facultad de Medicina, quienes, la madrugada del día 7, realizaron disparos hacia el edificio del Hospital Universitario desde un auto Mustang negro.504 Se acusó en ese momen-to al médico Sergio de la Garza y a los estudiantes Víctor Manuel Domínguez, y a uno de apellido Gómez Danes, quienes se dirigieron posteriormen-te al edificio de la Facultad de Medicina y “desde allí continuaron disparando”.

Eso avizoraba un problema mayor por ve-nir. Éste se presentó diez días después; el 18 de septiembre, y bajo la protección de la autonomía universitaria, se dio un enfrentamiento mayor que duró más de diez horas. El incidente comenzó cuando los estudiantes de cuarto y quinto año de la Facultad de Medicina, acompañados del director de la misma, Marco Antonio Ugartechea, y del mé-dico Amador Flores Aréchiga intentaron entrar por la fuerza a las instalaciones del Hospital Universi-tario a fin de realizar sus prácticas. El intento de ingreso masivo, fue rechazado por los que hacían guardia, ya que tenían órdenes de Rectoría de no dejar entrar al director Ugartechea y a los maestros

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de la Facultad de Medicina, cesados el 30 de junio por el Consejo Universitario.505 El enfrentamiento entre los dos grupos empezó con jaloneos y empu-jones, y derivó posteriormente en pedradas y bom-bas molotov. Fue entonces cuando los estudiantes de Medicina, utilizando de ariete uno de los bancos donde se sentaban las guardias del Hospital, rom-pieron la puerta frontal del mismo.506

Posteriormente empezaron los disparos tanto de adentro del Hospital como desde fuera, por los estudiantes y profesores de Medicina. Las armas utilizadas fueron rifles M-1 y calibre 22. In-mediatamente cayeron heridos integrantes de am-bos bandos.507 A las 13:00 horas, un nuevo grupo ampliado de enardecidos estudiantes de Medicina, al que se sumaron profesores y alumnos de Me-cánica que acudieron en su auxilio, logró romper la puerta oriente del Hospital, la cual daba acceso a la entrada de Emergencias. En este intento, los estudiantes utilizaron, para llegar hasta esta puer-ta, una camioneta; su conductor, un estudiante de Mecánica, resultó herido en el intento, siendo posteriormente recogido por la Cruz Verde, dele-gación Monterrey.508 Más heridos se reportaron en las horas siguientes. Un estudiante del sexto año de Medicina, Héctor Mireles Macías, resultó herido en el vientre cuando se asomó a una de las ventanas de los vestidores del quirófano ubicado en el cuarto piso.509

Un francotirador desconocido, utilizando un rifle y apostado en el cuarto piso (se presume que era un estudiante de Medicina, ya que lograron llegar hasta ahí, a la Unidad de Psiquiatría, alum-nos del sexto año510; aunque también se acusó a una persona que acompañaba a Fabián Navarro),511 hi-rió de muerte al ingeniero Julio Villatoro, profesor de Mecánica, quien se encontraba abajo a 90 me-tros de distancia. El disparo le pegó en el vientre, lesionándolo hasta la médula espinal de lo que se desprendió que, si se lograba salvar su vida, éste quedaría paralítico de por vida. Villatoro resultó el lesionado más grave: tenía, según el parte médico,

una herida por proyectil de arma de fuego, con ori-ficio de entrada en la región escapular izquierda, sin orificio de salida, lesionando tórax, abdomen y médula espinal.512

A las 17:00 horas resultaron, en el mismo lugar de los hechos, dos lesionados más por cali-bre 22 disparado presuntamente desde la azotea del Hospital. Uno de ellos fue el joven Raúl Martínez de 16 años. Entre los acusados de estar armados estuvieron Fabián Navarro, secretario general del STUANL –a quien se le acusó de disparar a Ama-dor Flores Aréchiga, sin mayores consecuencias–, y al médico Carlos Ramírez, profesor de Medicina y director de la Escuela de Enfermería.513

En la balacera resultó –por propia declara-ción– la participación de un Estadounidense, ex-combatiente de la guerra en Vietnam, Lewis Cruz Ayala, y a la vez empleado del Hospital Universi-tario y estudiante del tercer año de la Facultad de Medicina. Al día siguiente de la balacera, era el único detenido y puesto a disposición del agen-te del Ministerio Público número 4, Francisco E. Canales Villarreal.514 A partir de su confesión, se puede recrear el ambiente en el que participó. Aseguró que fue detenido cuando disparaba una carabina calibre 22, con mira telescópica, durante los disturbios ocurridos frente al Hospital Uni-versitario. Aseguró, también, ser médico de la sección 50 del Sindicato de Maestros de Educa-ción Básica. En su declaración dijo que llegó al Hospital a las 14:00 horas en su automóvil VW con placas de Texas. Llegó ahí a fin de recoger a la señorita María de Jesús Mena, sin embargo fue recibido con una lluvia de piedras que impac-taron el techo de su auto, lo que le causó coraje. Ante esta situación, regresó a su casa en busca de su rifle, con el objetivo de entrar por la fuerza al Hospital Universitario, donde presuntamente se encontraba la señorita Mena. Recogió la carabi-na, la cargó de municiones, regresó al Hospital y se puso frente al edificio a disparar hacia dife-rentes blancos. Minutos después fue aprehendido


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por varios estudiantes y entregado a la policía que observaba a una distancia prudente.515

Irónicamente, la policía estatal y el Gober-nador se abstuvieron de intervenir en la balacera, a fin de no violar la autonomía universitaria. Todo lo que hicieron fue acordonar el área con el objetivo de evitar que fueran lesionados ciudadanos civiles que transitaban por ahí.

Al día siguiente, el acontecimiento que conmocionó a la ciudad fue cuestionado tanto por los universitarios como por los diferentes grupos de la sociedad regiomontana, alertando a la ciuda-danía de la pasividad del gobierno estatal, el cual difería del otrora gobierno enérgico de Eduardo Elizondo.

Condena dentro de la universidad

Dentro de la universidad, los primeros afectados fueron la Sociedad de Internos y Residentes del Hospital Universitario, los cuales condenaron intensamente “el ataque gansteril de un grupo comandado por los doctores Marco Ugartechea, Alfredo Piñeyro y Amador Flores Aréchiga, así como el ingeniero Jorge Urencio Abrego”,516 a los cuales acusaron de comportarse como bandoleros, haciendo del Hospital Universitario un campo de batalla, con el resultado de varios heridos de pro-yectil de armas de fuego, “dos de ellos de gravedad dentro del Hospital Universitario”. Ante esto co-mentaron:

La Sociedad de Médicos Internos y Resi-dentes se encuentra indignada ante tal si-tuación y reconoce que se trata de delitos del orden común, que afectan a la gente del pueblo que acude a nuestro Hospital, así como la integridad física del personal médico que labora en este Hospital. Por tal motivo, una comisión de médicos internos y residentes acudimos ante las autoridades gubernamentales, para que mediante su in-tervención pusiera fin a la serie de desmanes

que acontecen en el Hospital Universitario. De dicha entrevista no obtuvimos ninguna respuesta.¿Sr. Gobernador, aún considera usted que su intervención en delitos del orden co-mún, como los acontecidos el día de ayer, es violar los principios de la autonomía uni-versitaria?La Sociedad de Médicos Internos y Resi-dentes del Hospital Universitario, cono-ciendo que la solución de este problema está en sus manos, exige la inmediata in-tervención por lo que en esta asamblea ex-traordinaria acordamos lanzarnos a un paro general de labores hasta que se resuelva el mencionado conflicto.517

Los médicos y estudiantes que laboraban en el Hospital Universitario se retiraron a atender sus labores en las clínicas públicas y amenazaron con no regresar al Hospital Universitario, hasta que existieran las condiciones mínimas de seguridad laboral.518

Por su parte, la generación de estudiantes del sexto año (1967-1973) de la Facultad de Me-dicina, en junta extraordinaria, acordó entre otras cosas: hacer pública su más enérgica protesta por los actos de violencia acaecidos el 18 de septiembre y solicitar la intervención de las autoridades com-petentes, ya que la función asistencial del Hospital Universitario no debía ser obstaculizada por las di-ferencias políticas entre grupos universitarios. Esta función asistencial era responsabilidad directa del gobierno del Estado, el cual no debía esconderse en la autonomía para soslayar sus obligaciones con “la salud del pueblo”. Asimismo, responsabiliza-ban al gobierno del Estado de las consecuencias que pudieran tener estos hechos. Ya que los delitos del orden común deberían “ser castigados confor-me a la ley, pues autonomía no implica impunidad ni extraterritorialidad”. Finalmente se declaraban en paro por tiempo indefinido hasta que la situa-ción del Hospital garantizara la seguridad personal

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de los enfermos y de los estudiantes que allí labo-raban.519

Sin embargo, las actitudes de provocación continuaron. En la puerta principal del Hospital Universitario fue colocada una manta firmada por los alumnos de primer año de la Escuela de Aulas Anexas de Medicina que decía que la única condi-ción para iniciar el diálogo entre los universitarios de medicina era el desconocimiento de los médicos Ugartechea, Aréchiga y Sheib.520 Paralelamente, el 19 de septiembre, un día después de los aconteci-mientos, el rector instaló su despacho en el cuarto 409 del Hospital Universitario a fin de proteger las instalaciones.521 Ante la presión pública, el gobier-no estatal destinó la colocación, frente al Hospital Universitario, de ocho patrullas de la Dirección Ju-dicial (con 24 elementos) y seis unidades de la Di-rección Pública de Seguridad con catorce policías, a fin de prevenir nuevos disturbios.522

La violencia no cesó en la universidad. El 23 de septiembre de 1972, presuntos simpatizantes del rector Héctor Ulises ingresaron por la madrugada a las instalaciones de la Preparatoria 2 y destruyeron “el mobiliario de la escuela, la papelería, el instru-mental de laboratorio, vidrieras, archivos y demás útiles de la actividad administrativa”, manifestó su director Alfredo Roffe Samaniego.523 Uno de los profesores del plantel, Ernesto Villarreal Landeros, dijo a los reporteros de un diario local que esto re-flejaba “un desquiciamiento mental y una concep-ción anárquica de lo que es la UANL”.524

Condena de la sociedad

Opiniones semejantes surgieron de representan-tes de las diferentes agrupaciones empresariales de Monterrey. El director del Centro Patronal de Nuevo León, Eugenio Garza Botello, manifestó que la autonomía universitaria era un mal entendi-do para las autoridades estatales y universitarias:

El malentendido del concepto de autono-mía puede traer como resultado el desorden,

la desorientación y la pérdida de autoridad con todas sus consecuencias. La autono-mía no es libertinaje, ni significa que deba entenderse como la creación de un Estado dentro de otro Estado.525

El gerente de la Cámara de la Industria y de la Transformación, Jorge Martínez García, comen-tó que los actos de “esta naturaleza que desqui-ciaron el orden, son francamente perJudiciales y provocan el desorden, el caos y la anarquía”.526 Ante el descontento general, el propio director de Aulas Anexas, Vela Hinojosa, ofreció dimitir a su cargo “si esto ayudara a detener el conflicto en la UANL”.527

La Cámara Nacional de Comercio, a través de su gerente de romoción, Raúl Monter Ortega, censuró la violencia universitaria y pidió una llama-da a la cordura.528 La Unión Neolonesa de Padres de Familia, una organización con fuerte influencia local, exigió la intervención del Gobernador para evitar nuevos acontecimientos de este tipo.529

El futuro sucesor de Héctor Ulises en la Rectoría, reconocido catedrático de la universi-dad, el doctor Lorenzo de Anda y Anda, escribió un artículo describiendo a la universidad como una institución en el más profundo abandono, y una falta sensible de autoridades con don de mando y calidad moral:

Lorenzo de Anda comentó:Ya es mucho el tiempo en que la universi-dad de Nuevo León ha vivido tan lamenta-ble Estado.Se ha visto a todas luces que ha faltado ha-bilidad para mandar en la universidad.Saber mandar, tener autoridad para dirigir la universidad, no es cuestión puramente accidental. Los resultados son palpables cuando falta esta capacidad indispensable en todo hombre que dirija grupos. Es necesario de una vez por todas que des-de el fondo se busque una solución para tan desgraciado Estado de cosas.


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Hace falta un rector neutral, con habilidad para mandar y persuadir, con honradez y con dignidad, que esté dispuesto a salvar a nuestra deteriorada universidad.A estas alturas, cuando las pasiones se han desbordado, es necesario que entre nueva sangre a la universidad en busca de una so-lución.530

La condena a la violencia y a la inestabilidad social que estaba creando la universidad vino de todas partes. Ocho instituciones representativas de pro-fesionistas, entre ellas el Colegio de Notarios Pú-blicos del Estado de Nuevo León, A.C., el Colegio de Médicos Cirujanos del Estado de Nuevo León y el Colegio de Ingenieros Mecánicos, Eléctricos, Sección Monterrey, hicieron un llamado a la Junta de Gobierno de la UANL para que se reuniera. Si éstas no eran consideradas causas graves –se pre-guntaban–, qué es lo que esperaban los miembros de la Junta de Gobierno, que no sesionaban desde su creación hacía más de un año. La Carta Abierta a la Junta de Gobierno decía:

Las cosas han llegado a extremos tales que consideramos urgente e indispensable que la Junta de Gobierno celebre una sesión en que analice los acontecimientos, estudie desapasionadamente las causas del desor-den, la situación económica y la posición de legalidad o ilegalidad del rector, del Consejo de Directores y del Sindicato (ya que por circunstancias que no alcanzamos a comprender el Sindicato participa en los problemas académicos y en las situaciones que competen a maestros y alumnos).Seguirse negando como hasta ahora a ce-lebrar una sesión formal de la Junta de Go-bierno sería, por parte de sus miembros, negar su condición de universitarios.Formalmente estamos, por este conducto, solicitando a los señores miembros de la Junta de Gobierno que se reúnan y expon-

gan públicamente sus puntos de vista en torno al caos innegable en que vive la uni-versidad.531

Sin embargo, la manifestación más potente y con más peso político y social, fue realizada –a través de una carta abierta el 23 de septiembre y dirigida al Gobernador constitucional substituto de Nuevo León, Luis M. Farías–, por las principales cámaras de Industria, Comercio y Patronal de Nuevo León. La posición empresarial estaba reflejada aquí. En ella manifestaban haberse mantenido al margen, pero la situación ameritaba una mayor energía con-tra la subversión y contra la desestabilización de la sociedad, la política y la economía de la región. La carta cuestionaba la interpretación que se hacía de parte de las autoridades universitarias y estatales de la autonomía universitaria. La autonomía no era si-nónimo de impunidad ni de irresponsabilidad, y en ello estaban incurriendo las autoridades. En su texto se puede apreciar esta condena:

Nos habíamos mantenido en actitud obser-vante para no acrecentar el malestar general manifiesto en muy diversas formas por toda la población.Pero los recientes acontecimientos ocu-rridos el lunes 18 del actual en el Hospital Universitario, entre grupos universitarios en pugna con desprecio absoluto al respeto que merece la institución, de la conside-ración humana que merecen los enfermos allí internados y del respeto que merece la persona y vida de terceros, ajenos totalmen-te a estos pleitos callejeros, nos vemos en la necesidad de alzar nuestra voz para ex-presar, con el mayor respeto pero con toda energía, nuestra absoluta inconformidad por la actitud incomprensible de la policía y cuerpo de vigilancia que ante la evidencia de hechos notoriamente delictuosos como estallar bombas incendiarias, disparar ar-mas de fuego (rifles y pistolas), destruir la

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propiedad pública y causar lesiones graves, se mantuvieron al margen de toda inter-vención hasta que después de cinco horas de consentir estos bochornosos aconteci-mientos, se procedió a recoger los heridos, algunos de ellos graves por herida de bala, y se tendió un cordón policial para evitar nuevos choques entre los rijosos.Esto ocurrió en pleno día, de las 11:00 a las 4:00, en plena vía pública y con grave ries-go de las vidas de las personas que transita-ban en ese lugar [...]532

La exigencia de los organismos empresariales resal-taba la necesidad de un gobierno que actuara y no se amparara en la llamada autonomía universitaria:

A nuestro entender, la autonomía universi-taria aun bajo la interpretación más amplia, no puede tener los alcances de consentir el delito, la irresponsabilidad y la impunidad. Si tuviera que llegarse a aceptar este absur-do tendrán que modificarse, desde nuestra Constitución general de la república, las leyes penales y hasta el más modesto regla-mento de policía y buen gobierno.533

Crisis y desintegración del gobierno universita-rio

La Universidad Autónoma de Nuevo León presen-taba dos caras de una misma moneda para media-dos de 1972. Por un lado se había convertido, entre 1970 y 1972, en la universidad que recibía el subsi-dio presupuestal más alto de todas las instituciones de educación superior en la república, después de la UNAM,534 y sus actividades de expansión física para 1972 eran constantes e inimaginables todavía en 1968. Por otra parte, la crisis política universita-ria mostraba una descomposición difícil de ocultar dentro de las diferentes escuelas y facultades, así como en sus instancias y órganos de gobierno. Du-rante todo 1972, la Preparatoria 2 y la Facultad de Medicina no sólo no reconocían al rector y al Con-

sejo Universitario, sino que realizaban el proceso de matrícula de alumnos de nuevo ingreso y reingreso independiente de Rectoría. Existía una dualidad de funciones y trámites de matrícula para algunos alumnos, no reconocidos por ambas escuelas. En ese sentido, las cifras de alumnos de nuevo ingreso y reingreso en estos años, manejadas por Rectoría, no son reales debido a esta duplicidad de trámites. El número de alumnos reconocidos por Rectoría, para septiembre de 1972, era alrededor de 27 mil alumnos,535 a los que había que agregar a los alum-nos de las Escuelas disidentes de la universidad. Probablemente cuatro mil alumnos más.

En efecto, la primera cara de la moneda era alentadora. El elevado presupuesto de la UANL era también resultado del movimiento regenera-dor de la universidad y de la destacada presencia regional que empezó a tener para otras ciudades, regiones y Estados aledaños. El presupuesto para el año académico 1971-1972 era de 107 millones, 865 mil pesos. De éstos correspondían presentados en forma descendente, 55 millones, 105 mil pesos al subsidio estatal; 22 millones al subsidio federal; 15 millones, 750 mil al Hospital niversitario y 15 mi-llones de pesos a los ingresos propios de la institu-ción.536 Sin embargo, el destino real de este monu-mental presupuesto no se supo. Para septiembre de 1972, la UANL tenía un presupuesto, para el año académico siguiente 1972-1973, correspondiente a un ingreso de 140 millones de pesos.537 Los cua-les, para noviembre de 1972, mostraban, según la Comisión de Hacienda, un sistema de egresos des-equilibrado, desordenado, injustificado en ocasio-nes y no comprobable en los libros.538 La Rectoría concentraba en los egresos 60 por ciento de la par-tida correspondiente al personal administrativo de toda la universidad.539

La Comisión de Hacienda de la UANL so-licitó a la Junta de Gobierno su renuncia en pleno a sus funciones el 2 de septiembre de 1972.540 Su argumento principal fue el encontrar en todo mo-mento obstáculos para cumplir su misión. Nunca


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–dijeron– pudieron realizar una auditoria completa. Se realizaron, según su informe, cerca de 50 audi-torias, pero incompletas, “siempre faltaron datos en algunas escuelas donde había duplicidad de direc-tores”. Además de que, conforme al artículo 14 de la Ley Orgánica de la UANL, Esta comisión tenía funciones específicas (contempladas de la fracción I a la VIII), que nunca pudo cumplir.541 En este último informe de 1972, es de notar aumentos des-mesurados en algunas partidas de los egresos, con respecto al Informe de la Comisión de Hacienda de 1970. Entre ellas estaban las partidas de “Ayuda al Sindicato” y “Pagos de anuncios en radio y perió-dicos”. Aumentos que demuestran una gran inver-sión en su propia justificación política, por parte de las autoridades de la UANL, tanto en la derrama a favor del sindicato como en los desplegados políti-cos, mas no académicos, pagados e insertos en los diarios de la localidad (véase el cuadro 4).

Cuadro 4. Comparación entre algunas partidas de egresos de la UANL, con base en los informes de la Comisión de Hacienda en 1970 y 1972.

Partidas Egresos de 1970

Egresos de 1972

Conservación y mantenimiento de edificios y personal administrativo

638,736.00 280,549.17

Suscripción a revistas científicas 14,533.57 2,663.82

Ayudas al STUANL189,999.94 516,500.00

Pagos de anuncios en radio y en periódicos 31,324.82 350,421.00

Compra de periódicos, revistas de divulgación y discos

3,645.15 89,736.83

Gastos por comprobar 195,007.40

SUBTOTAL878,239.48 1,434,878.22

TOTAL12,301,624 23,119,671.12

Fuente: Cuadro elaborado sobre la base de informe de la Comisión de Hacienda de la UANL ,1970 y 1971.

La edificación de nuevas escuelas, aulas y laboratorios continuó a pesar del conflicto político. El 14 de septiembre de 1972 se habían inscrito 27,500 estudiantes,542 pero la cifra exacta distaba mucho de ésta de carácter oficial. Continuaban existien-do registros y matrículas fuera del Departamento Escolar debido a la dualidad de directores y admi-nistración en dependencias como la Preparatoria 2 y la Facultad de Medicina. En ese mes también se estaba inaugurando la Preparatoria 9, edificada en la colonia Jardín de las Mitras y con capacidad inicial de 2 mil alumnos.543 La Preparatoria 8 sería entregada en octubre de 1972, y tendría capacidad para más de tres mil alumnos, distribuidos en diez aulas y sus propios laboratorios. Ubicada en el mu-nicipio de Guadalupe, contó con la aportación del Ayuntamiento a través de su alcalde, Pablo Serna, quien donó, para ayudar a su construcción, la can-tidad de 300 mil pesos.544 Paralelamente, también se esperaba la entrega del edificio de área de salud en octubre del mismo año, éste tenía proyectado albergar a más de 12 mil alumnos.545

La otra cara de la moneda era la descom-posición de sus órganos de gobierno y la falta de autoridad de sus dirigentes. La atomización polí-tica se volvió noticia de todos los días. Pero a raíz de la renuncia, el 2 de septiembre de 1972, de la Comisión de Hacienda de la UANL, debido esen-cialmente a los malos manejos y a la corrupción de las autoridades universitarias, nuevos anuncios de desintegración se dieron a fines de septiembre.

El más significativo fue la renuncia al Con-sejo Universitario de siete de sus miembros el 25

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de septiembre. Sus argumentos eran preocupantes sobre la situación interna, ya que aseguraban que en catorce meses, el Consejo Universitario se había reunido tan sólo seis veces, cuando la reunión una vez al mes era obligada por la Ley Orgánica.546

El anuncio de su renuncia atrajo la atención de otros consejeros que consideraron que en el ac-tual Consejo no iban a prosperar sus iniciativas. Al día siguiente, los consejeros descontentos con la política de los grupos de izquierda radical y mode-rada se unieron a los que renunciaron abiertamente y crearon un segundo Consejo Universitario, al que adjetivaron Auténtico. Este Consejo Auténtico lo integraron originalmente 30 consejeros y sesio-naron paralelamente con el Consejo Universitario original a partir del 26 de septiembre de 1972.547

El Consejo Universitario Auténtico estaba compuesto por los consejeros de las preparatorias 1, 2, 3, 5, 6 y 9; de las escuelas Pablo Livas y Ál-varo Obregón, y de las facultades de Mecánica y Eléctrica, Medicina, Comercio y Administración, Ingeniería Civil, Agronomía, Filosofía y Letras (Psicología) y Arquitectura.548 Los acuerdos se centraron en cuestionar la estructura de la univer-sidad, la cual no satisfacía las necesidades ni resol-vía los problemas de la “inmensa mayoría de los universitarios por su origen antidemocrático”.549 También exigían la participación directa y parita-ria en las elecciones de rector y de los directores de escuelas y facultades. Y como tercer elemento, cuestionaban que el Estado “actual de cosas en la universidad favorece a intereses extrauniversitarios y por lo mismo es urgente su solución, en el seno mismo de la universidad”.550

Por su parte, el Consejo Universitario ori-ginal inició sus sesiones del año académico 1972-1973 el 26 de septiembre de 1972, sólo con 42 integrantes. Si bien eludió los problemas más gra-ves dentro de la universidad, sí planteó la urgente necesidad de continuar con la reforma académica en las preparatorias, en las facultades y las impli-caciones del pase automático.551 Igualmente, en la

sesión del 26 de septiembre, se acordó la decisión de llevar a cabo una votación entre todos los alum-nos y profesores de la universidad, para decidir si la máxima casa de estudios debe continuar o no, bajo la tutela de la antidemocrática Junta de Gobierno, que actualmente nombra, a su arbitrio, al rector y los directores de escuelas y facultades.552

Decisión extraña ya que esto último –nom-bramiento de directores– no le competía a la Junta. Sin embargo se eligió una Comisión Paritaria de Consejeros que tuvo como objetivo coordinar la mencionada encuesta, la cual sería certificada por notario público.553

Aunado a la dualidad del Consejo Uni-versitario, el STUANL exigió el cumplimiento de su pliego petitorio, el cual requería un aumento del subsidio estatal. Ante la negación de otorgar un aumento al subsidio universitario de parte del Gobernador del Estado, el sindicato decretó una huelga general en la UANL, que inició la tercera semana de octubre de 1972, a fin de presionar al gobierno a conceder sus peticiones. Ante la nula respuesta gubernamental y el cansancio de los uni-versitarios a resultar perjudicados por un asunto que se había tornado político más que académico, el 1 de noviembre regresaron a laborar trece de las 27 dependencias universitarias en contra del paro del STUANL.554 Para día 13 de noviembre, la uni-versidad volvió parcialmente a la normalidad, con el regreso a las labores de todas sus dependencias, aunque los representantes sindicales continuaron debatiendo si se levantaba el paro.555

Por su parte, los problemas continuaban en el Hospital Universitario. El paro de labores de médicos residentes que había iniciado a fines de septiembre no tenía solución. Incluso las enferme-ras y laboratoristas que laboraban en el Hospital, apoyaron, el 8 de octubre, el paro de los médicos residentes y formaron un Comité de Enfermeras y Laboratoristas en paro.556 Ante la insistencia in-fructuosa para que regresaran a sus labores de parte del STUANL, el 31 de octubre de 1972, 143 enfer-


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meras, técnicos y auxiliares de enfermería, más 30 laboratoristas clínico-biólogos, fueron cesados por la universidad.557

El cese masivo y sin justificación causó hondo malestar entre los universitarios, y obligó a las enfermeras cesadas a pedir la intervención del Gobernador ante estos hechos, que constituían una evidente venganza política de parte del rector, con implicación del secretario general del sindicato, Fa-bián Navarro. En su petición al Gobernador, Luis M. Farías, dijeron:

El patrón es el rector, el líder del sindicato el representante de los trabajadores. Y sin embargo actúan juntos ante las autoridades. ¿Son universitarios de verdad, o son socios en un gran negocio, o son cómplices en un gran fraude en perjuicio de la sociedad y de los trabajadores de la UANL?558

Las enfermeras y laboratoristas que no fueron ce-sados, pero que continuaron en paro, plantearon además de la defensa de su pliego petitorio (que incluía: pago de salario profesional, cumplimien-to del pliego de peticiones que contenía el derecho a vacaciones, aguinaldo, despensas, coberturas profesionales, entre otras): la reinstalación de las compañeras cesadas; la revisión de estos casos por parte de la Comisión Mixta, única con capacidad de determinar el cese, en vez del sindicato; y que la Asamblea General Representativa del STUANL se trasladara al Aula Magna de la universidad.559

Esta última petición era de suma importan-cia, ya que mientras la Asamblea General siguiera sesionando en las mismas instalaciones donde se encontraba la Rectoría, no gozaría de la indepen-dencia que debería esperarse de un sindicato con respecto al patrón. Finalmente, el 1 de diciembre de 1972 hicieron un llamado a la cordura de las au-toridades sindicales al exigir que:

Mientras el dispendio de fondos de la uni-versidad alcanza perfiles inconcebibles, ciento cuarenta y tres enfermeras y 30 labo-ratoristas han sido privadas de su salario.560

El desenlace del conflicto universitario (no-viembre-diciembre de 1972)

Noviembre fue particularmente explosivo en Mon-terrey y el Estado. La crisis de la universidad en-traría en su fase terminal ante un entorno social y político sumamente hostil e inestable. En ese mes se vivía una gran efervescencia política ya que los grupos por alcanzar la gubernatura del Estado en las elecciones de 1973 estaban en franca moviliza-ción dentro y fuera del PRI. Este impass político, creado antes de la elección que favoreció a Pedro Zorrilla como candidato del PRI al cargo de Gober-nador del Estado y no al exregente Alfonso Martí-nez Domínguez, alargó más la situación caótica en la universidad. Es evidente que el Gobernador del Estado, Luis M. Farías y el Congreso estatal se mostraron pasivos y distantes al conflicto universi-tario, particularmente los últimos meses del año.561 La razón era la espera de definición del centro de la república, a favor a uno u otro candidato. Y como sucede en la política mexicana, una vez resuelta la decisión, el asunto de la universidad pasó a ser la primera decisión política del nuevo candidato. Decisión no implementada por él, pero sí por las autoridades competentes en ese momento.

En noviembre, la violencia continuó den-tro de las instalaciones universitarias. Uno de los focos de violencia continuó siendo el Hospital Universitario, el cual, desde principios de noviem-bre, fue cercado por universitarios de la Facultad de Medicina y de Mecánica y Eléctrica, los cuales prohibían el paso a toda la gente que buscaba una consulta médica. El fin de esto era presionar a las autoridades políticas estatales a que desalojaran al rector y a los sindicalistas que se encontraban aPoderados del recinto.562 El 5 y el 6 de noviem-bre el saldo de los enfrentamientos entre los gru-pos en pugna arrojó dos heridos, uno de bala, el estudiante Miguel González Bueno, de 23 años de edad.563 El 6 de noviembre, ocho camionetas de policías, denominados granaderos, disolvieron un

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zafarrancho protagonizado por 500 alumnos de la Preparatoria 8. La dispersión de los universitarios fue realizada con la ayuda de gases lacrimógenos en las calles de Zuazua y Doctor Coss, en el centro histórico de la Ciudad.564 Para la última semana de este mes, las fricciones entre los grupos dentro y fuera del Hospital Universitario se hicieron cada vez más frecuentes: pedradas, disparos de arma de fuego, bombas y golpes, resultando otro estudian-te herido de un balazo en el costado derecho. Éste respondía al nombre de Manuel Garza Escamilla, de la Escuela de Medicina Anexa.565

Aunado a esto se encontraba el movimiento guerrillero. El 8 de noviembre de 1972 se llevó a cabo el secuestro aéreo más famoso en el Estado. Un grupo de asaltabancos y miembros de guerrillas de extrema izquierda a escala nacional liderados por Germán Segovia, alias Raúl, secuestraron el vuelo 705 de Mexicana de Aviación, con destino a la Ciudad de México, en el aeropuerto Mariano Escobedo.566 Los secuestradores obligaron a dirigir el avión hacia Cuba, y posteriormente, el gobierno de este país facilitó el regreso de todos sus ocupan-tes a Monterrey.567

En este caldo de cultivo, la universidad con-tinuó durante noviembre, con la dualidad del Con-sejo Universitario, con el conflicto del STUANL y con la inconformidad de los últimos cesados. Tam-bién, uno de los colaboradores más cercanos del rec-tor Héctor Ulises, Manir González Martos, quien se desempeñaba desde hacía casi dos años como secre-tario general de la UANL, renunció a su puesto para ser nombrado director del Centro de Capacitación Política del PRI en Nuevo León.568

Para el 15 de noviembre, la escisión inter-na dentro del STUANL era ya evidente. No sólo existían cuestionamientos particulares como el de las enfermeras y laboratoristas cesados, sino que existía ya un grupo homogéneo y representativo de trabajadores en franca oposición a la política de los dirigentes sindicales. Este grupo, representado por tres presidentes de sección, Carlos Ruiz Ca-

brera, presidente de la Sección 2 (la Preparatoria 1), Roberto Cantú Lazo, presidente de la Sección 9 (Preparatoria 2) y Máximo de León Garza, pre-sidente de la Sección 17 (Preparatoria 3), criticaron y cuestionaron, en un desplegado a la opinión pú-blica, “la falta de sensibilidad y capacidad política de los dirigentes del STUANL”.569 Acusaron a Fa-bián Navarro, secretario general, de haber violado los estatutos y haber puesto en franca inseguridad física y laboral a todos los miembros del STUANL. El 15 de noviembre manifestaron:

Se ha establecido un franco contubernio con el patrón, el rector Héctor Ulises Leal Flores, a quien se ha solapado en sus actos más disparatados, aunque los perjudicados fueran los mismos trabajadores sindicaliza-dos; esta entrega ha permitido dos incalifi-cables absurdos: la existencia de dos pre-paratorias 2 y dos facultades de Medicina. Y con esta actitud también se ha hecho, sin ningún motivo, cómplice a nuestra organi-zación de toda la situación de despilfarro económico que priva en la universidad.Fabián ha delatado y dividido el STUANL. Ha delatado a algunos de sus miembros, e incluso se han encarcelado (ver desplegado del 15 de octubre).Intencionalmente se ha tolerado el funcio-namiento anormal de órganos del gobierno –que para el STUANL son vital importan-cia–, como la Asamblea General Repre-sentativa, que ha sido llevada a sesionar al Hospital Universitario y la Comisión de Honor y Justicia y el mismo Comité Eje-cutivo que no están debida y democrática-mente integrados.570

También se hizo mención de “medidas totalmente descabelladas” generadas y apoyadas por las auto-ridades del STUANL, “como la toma del Hospital Universitario”.571 También:

Se ha cesado a cientos de trabajadores sin-dicalizados por el solo hecho de no apoyar


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incondicionalmente la política de algunos miembros del actual Comité Ejecutivo, como el caso de las enfermeras, auxiliares, laboratoristas, médicos y veladores.

En la justa lucha por el convenio sindical de 1972, pérfidamente se ha traído a los trabajadores de un lugar a otro, de un Palacio de Gobierno a otro, de Monterrey a México, etcétera, sin hablarles con la ver-dad y, sobre todo, sin fijar una línea política clave que permita una solución al proble-ma. ¿O acaso hay consistencia en el hecho de que únicamente los maestros levantan el paro “para que las clases se normalicen”, cuando todo mundo sabe que la labor do-cente se realiza normalmente cuando coin-ciden a la vez el trabajo del conserje, de la secretaria y del maestro? Sólo la obcecación y la torpeza política pueden concebir este contradictorio e infructuoso medio de lu-cha.El ingeniero Fabián Navarro ha caído, en distintas ocasiones, en pugna con los estu-diantes y con ello ha desprestigiado a nues-tro sindicato [...]572

Por esta situación, las tres secciones del sindicato firmantes reconocían que existía una absoluta de-mostración de incapacidad política por parte del Comité Ejecutivo en funciones. Ante esto, era necesario que los trabajadores resolvieran el plie-go petitorio, por lo que los firmantes decidieron integrarse en Comité Coordinador de las activida-des sindicales para obtener: una razonable y justa solución al conflicto laboral y crear las condiciones para que los trabajadores se pronunciaran sobre el “desconocimiento del actual Comité Ejecutivo que preside el ingeniero Fabián Navarro”. Para lograr este segundo objetivo se convocaba, en forma di-recta, a una junta con los presidentes seccionales que desearan asistir, y posteriormente a todos los miembros del STUANL a una junta general en el Aula Magna de la universidad.573

La respuesta del Comité Ejecutivo del STUANL, presidido por su secretario general, Fa-bián Navarro, fue cesar en sus derechos sindicales a los presidentes de las respectivas secciones disi-dentes.574 Decisión sumamente conflictiva, ya que las decisiones con las que contaban los presidentes estaban respaldados por las asambleas seccionales. Los presidentes mostraron interés en reanudar las actividades de la Comisión de Honor y Justicia del STUANL, la cual había desaparecido debido al fallecimiento de su presidente, el honorable Ricar-do Covarrubias, y a la renuncia irrevocable de sus miembros ante la presión del Comité Ejecutivo.575

Por otra parte, el Consejo Universitario tomó una última decisión para continuar y desarro-llar su política que encontraba para noviembre una amplia oposición. Tras tres citatorios para reunir el Consejo, el rector logró reunir, el 24 de noviembre de 1972, a 18 de 81 consejeros (recordemos que más de treinta consejeros formaron un Consejo Uni-versitario paralelo al que denominaron Auténtico), los cuales tomaron la decisión de “suspender en sus funciones a los once miembros de la Junta de Gobierno”.576 Posteriormente, el Consejo acordó que la Comisión encargada del proyecto del estatu-to general de la universidad, formulara la reglamen-tación adecuada al funcionamiento democrático de los órganos de gobierno de la UANL.577 De esta forma, el Consejo procuró cambiar las instancias de gobierno universitario. Paralelamente, el Con-sejo creó una comisión que tenía como único ob-jetivo pronunciarse “enérgicamente en defensa de la autonomía universitaria”, y condenar “los actos que vulneren a ésta”.578

Para evitar problemas futuros con la cues-tión presupuestal, el Consejo también aprobó el presupuesto de egresos de la UANL de 1972; la parte relativa del Hospital Universitario y el pro-yecto de presupuesto de egresos de la UANL para el año siguiente, 1973.579

La respuesta inmediata de algunos miem-bros de la Junta de Gobierno fue la falta de auto-

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ridad de los consejeros, ya que éstos tenían un año en su puesto, por lo que todos, para entonces, ya lo habían cumplido. Debido a que no se había re-novado en 1972, los consejeros habían dejado de serlo. Además, a juicio de Sergio Treviño Lozano, miembro de la Junta de Gobierno, el Consejo Uni-versitario no podía desconocer o suspender la Junta de Gobierno, ya que ésta era la máxima autoridad de la UANL, y no el Consejo.580 Otros, como Al-fredo Piñeyro, presentaron denuncias de delitos en contra de las autoridades universitarias, tanto del orden estatal como federal. Ante el agente de Mi-nisterio Público en averiguaciones previas, la de-nuncia, presentada el 4 de diciembre, se centraba en el caos universitario reflejado en el uso de armas de alto Poder, en el desfalco y corrupción del pre-supuesto universitario entre otros. Paralelamente, la acusación federal presentada el 5 de diciembre de 1972 al agente del Ministerio Público federal en turno era verdaderamente alarmante.581

Ante esta situación de suspensión y desco-nocimiento de la Junta de Gobierno por parte del Consejo Universitario, seis de los once miembros de la Junta de Gobierno (Agustín Basave Fernán-dez del Valle, Francisco Garza Ponce, Raymundo Rivera, Nicolás Treviño, Sergio Treviño Lozano y Francisco Aguilar Sánchez), empezaron a sesionar de forma permanente a partir del 7 de diciembre en el Salón Monterrey del Hotel Ancira.582 La sesión se dio debido a que éstos no estuvieron de acuer-do con su desaparición. La agenda de la Junta se estableció ese día: conocer la renuncia de la Comi-sión de Hacienda; nombrar una nueva comisión de Hacienda; remoción y nombramiento de un nuevo rector, a petición del consejero Alfredo Piñeyro, y la posible remoción de su presidente, el cual nunca citó a reunión (y era simpatizante del rector Héc-tor Ulises).583 Al día siguiente, el 8 de diciembre, la Junta concedió el derecho de audición, para el 9 de diciembre, al rector Ulises a fin de revisar su actuación en el último año y medio.584

Como era de esperarse, el rector no asistió a la reunión de la Junta, en cambio, ese día firmó de forma apresurada un nuevo convenio con el STUANL, donde se le otorgaba nuevas y amplias prestaciones, así como injerencia en los asuntos académicos y de gobierno en la UANL.585

La Junta de Gobierno, declarada en sesión permanente se trasladó al domicilio del Patronato Universitario, y el 9 de diciembre se acordó citar a través del periódico al rector Héctor Ulises a que compareciera ante ella, así como la creación de una nueva Comisión de Hacienda, integrada por los consejeros Roque Yánez Martínez, Gumersindo Cantú Hinojosa y José Renato Mena González, todos ellos declaradamente antiulisistas y de ten-dencia política opuesta al rector.586

Todo pareció precipitarse en esos días. El 11 de diciembre de 1972, Reyes Heroles le comunicó al Gobernador Luis M. Farías que el candidato del PRI para ocupar la gubernatura del Estado para el periodo 1973-1979 era Pedro Zorrilla Martínez,587 con lo cual, las aspiraciones del otro posible can-didato, Alfonso Martínez Domínguez, quedaron anuladas.

Ante este anuncio, la postura de la Junta de Gobierno se endureció. El mismo día 11, la Junta de Gobierno de la UANL, exigió la comparecencia del rector Héctor Ulises a las 11:00 de la mañana en la sala de maestros de la Facultad de Ingeniería Civil de la propia universidad, con la salvedad de que en caso de no presentarse perdería “su derecho de audiencia”. Como era de esperarse, no volvió a presentarse.588

Ante esta situación y ya con el apoyo del Gobernador del Estado –quien había recibido ins-trucciones del centro de resolver el conflicto univer-sitario a fin de evitar una situación social conflictiva a la llegada del candidato Pedro Zorrilla– la Junta de Gobierno tomó la decisión, el 12 de diciembre de 1972, de destituir a Ulises como rector de la UANL.589 La indefinición del Gobernador interino


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había terminado, el malestar en la universidad era manifiesto y era el momento de resolver el conflicto negociando con las facciones opositoras al rectora-do de Ulises.

El boletín de prensa de la Junta de Go-bierno dirigido el 12 de diciembre a la comunidad universitaria y a la opinión pública en general, esta-blecía la necesidad de restaurar la vida institucional y académica de la UANL, dentro del marco de la legalidad. La Junta coadyuvaría a tratar, por todos los medios posibles, de acabar con “el clima de anarquía y con el caos –trágico en algunas ocasio-nes– que estaba manifiesto en los últimos meses en la institución”.590 Por ello era preciso salvaguardar la autonomía universitaria en los aspectos académi-co, administrativo y legislativo. Este último dentro de los cauces fijados por la Ley Orgánica vigente. El objetivo, expresó la Junta, era proteger la auto-nomía de toda clase de interferencias extrauniver-sitarias que pretendieran socavar, “desde dentro y desde fuera la libertad de movimientos académicos y administrativos” de la UANL.591

Los fundamentos de la Ley Orgánica en su artículo 13, fracción III, correspondientes a la Junta de Gobierno, establecían el derecho de ésta a “co-nocer de las renuncias del rector o de los directores y removerlos por causas graves, a juicio de la pro-pia Junta”. Puesto que esta fracción del artículo 13 autorizaba a la Junta de Gobierno para reemplazar al rector por causa grave a juicio de la propia Junta, la mayoría de sus miembros juzgaron conveniente, primero, establecer los criterios que configuraban las llamadas “causas graves”.592 Éstas fueron defi-nidas como:

Todos aquellos actos que vulneren la estruc-tura legal de la universidad y todos aquellos actos que lesionen seriamente la marcha de nuestra máxima casa de estudios.593

Acto seguido, previas las liberaciones del caso, la Junta consideró como causas graves imputables al rector las siguientes:

1. Permitir que se tomasen acuerdos, al mar-gen de la ley, en el Consejo Universitario.2. No convocar a las juntas del Consejo Universitario como prescribe el artículo 28, fracción II, en relación con el artículo 21 de la Ley Orgánica de la UANL.3. El no citar a los consejeros maestros a re-uniones del Consejo de la Universidad que habían sido nombrados por las juntas de maestros antes del día 28 de abril de 1972, fecha en que se acordó que, en lo sucesivo, se nombraran en la Junta Directiva.4. Usurpar funciones de la Comisión de Hacienda, administrando en parte el patri-monio universitario.5. Usurpar funciones del Consejo Univer-sitario:A)Creación de institutos y dependencias universitariasB)Aprobación de planes de estudioC)Violaciones a la Ley Orgánica del Hos-pital Universitario (por el nombramiento de un interventor).6. Haber permitido que directores de facul-tades cesasen, al margen de la Ley Orgáni-ca, diversos maestros.7. No haber cumplido con las metas y pro-pósitos a que aspiraba la comunidad uni-versitaria (se refieren a la reforma académi-ca integral).8. Falta de cumplimiento a las labores ad-ministrativas por no haber presentado los presupuestos oportunamente.9. No velar por el cumplimiento de las obli-gaciones del Consejo Universitario, especi-ficadas en el artículo 14, fracciones II y III en relación con el artículo 28, fracción V (nombrar comisión de presupuestos y audi-tor externo). También el no haber cuidado de que el Consejo Universitario formulase, en su oportunidad, el estatuto general de la

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universidad de acuerdo con lo preceptuado por el artículo 19, fracción IV, en relación con el artículo 28, fracción IV [...]”.594

Este documento, firmado por los seis miembros ya mencionados de la Junta de Gobierno de la UANL, abría ese mismo día 12 diciembre, una eta-pa de auscultación entre la población estudiantil y de profesores de la UANL a fin de designar a un nuevo rector. Se pidió que expresaran libremente su opinión en torno a la persona que debiera, a su juicio, ocupar el cargo de rector de la UANL. El periodo de ocupación del cargo de rector sería has-ta terminar el “año lectivo de 1974”, de acuerdo con los requisitos indicados en el artículo 27 de la Ley Orgánica. Se fijó el término de cuatro días para la auscultación en la base magisterial, en los estudian-tes y en los egresados. Las opiniones serían recibi-das por conducto de los miembros de la Junta de Gobierno que suscribían esta convocatoria, o bien por los medios de comunicación existentes.595

Es difícil afirmar que se haya respetado la voluntad universitaria, considerando el desen-volvimiento del entorno político de la época, por lo que es muy posible que se haya negociado un candidato de transición, entre los diferentes grupos políticos universitarios, la Junta de Gobierno y el Gobernador Farías (e incluso el candidato del PRI a Gobernador, Pedro Zorrilla, tuvo que haber sido consultado). Este candidato de transición fue de-signado rector por la Junta de Gobierno el 18 de noviembre de 1972. El cargo recayó en el doctor Lorenzo de Anda y de Anda, maestro en derecho comparado por la Facultad de Derecho de la Uni-versidad de Nueva York, y doctor en derecho por la Universidad Central de Madrid.596

La transición hacia la estabilidad univer-sitaria todavía recorrería un breve trecho. Durante el rectorado de Lorenzo De Anda (diciembre de 1972 a agosto de 1973), de Genaro Salinas Quiroga (agosto a octubre de 1973), y los primeros meses del primer periodo como rector de Luis Eugenio Todd (octubre de 1973 en adelante), el panorama univer-

sitario mostró el deterioro y el rezago del impacto de un periodo sumamente convulsivo y violento. La universidad empezaba, así, su largo y sinuoso camino hacia la recuperación del nivel académico.

¡Los años furiosos habían concluido!

Epílogo

Ante un periodo tan conflictivo y apasionado en sus propias fuentes, el historiador corre siempre el riesgo de incorporar los llamados filtros e inter-mediarios deformantes de la realidad histórica. Sin embargo, tampoco hay que exagerar. Una crónica hostil –hablando de un documento histórico– pue-de aportarnos valiosos testimonios sobre comporta-mientos de una comunidad o un grupo en rebeldía, como es el caso del movimiento universitario. En este trabajo no se ha descartado la documentación que nos facilita, de la misma, una imagen más o menos deformada. En otras palabras, no es comple-ta la percepción histórica de la cultura universitaria sin los gestos de las organizaciones que intentaron suprimirla, someterla o desprestigiarla. También es válido aceptar la visión de las diferentes corrientes que predominaron o bien permanecieron subalter-nas.

La historia de la universidad en estos años es la historia de grandes esperanzas de ser prota-gonistas de un verdadero cambio social. Todos los grupos, partidos y personajes participantes creye-ron tener la capacidad de lograrlo. Los métodos y las circunstancias fueron distintas para todos, pero indudablemente la facción que logró conquistar por sus propios méritos un poder de decisión he-gemónico durante estos años fue la izquierda uni-versitaria. Si bien es cierto que esta tendencia fue muy heterogénea y sumamente dividida (Esparta-cos, Partido Comunista Universitario y no univer-sitario, agrupaciones políticas pro espacio urbano como Tierra y Libertad, STUANL, Organización Cultural Universitaria, entre otros), en contrapo-sición al grupo conservador (Mecánica, Medicina


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y la Asociación de Maestros de la UNL), su pre-sencia en las instancias de gobierno universitario como la Rectoría y el Consejo Universitario dejó una huella que ha perdurado.

La trascendencia se ha dado en dos grandes vías, una en la mentalidad de sus protagonistas, o incluso en la historia de las ideas y de la cultura de esa época. Evocar los años furiosos es encender la pasión de quien la vivió, independientemente de su tendencia ideológica. Se luchó por grandes idea-les que terminaron derrumbándose ante el exceso y radicalización de las diferentes posturas. La mesura general desplazó al radicalismo. En otras palabras, la calma llegó después de la tormenta.

Por otra parte, la trascendencia de la labor académica, administrativa y de infraestructura rea-lizada en esos años, está en la herencia que hoy tie-ne la universidad. Esta herencia fue monumental si se considera el entorno en la cual se logró. La mayor parte de estos años, la universidad (al igual que otras más en el país) fue castigada con la reten-ción del subsidio federal y posteriormente con la reducción del subsidio estatal en el último año de Elizondo. Aunque también hay que reconocer que existió un gran apoyo de la población y se logró una gran sensibilidad de la comunidad nuevoleonesa ante la problemática universitaria, no hay que ol-vidar que la universidad continuó desarrollando su labor comunitaria como las brigadas de medicina preventiva en todo el Estado; estudios sobre el cre-cimiento de la ciudad en las diferentes áreas de la economía; difusión cultural a través de la cineteca universitaria, exposiciones artísticas y conferencias sobre temas de interés comunitario y, por supuesto, elevando el nivel educativo del Estado a través de sus profesionistas egresados.

En cuanto a los grandes logros menciona-dos en el área académica se encuentran el sistema semestral; la ampliación de criterios para el ingreso a las preparatorias y profesional; la formación de asociaciones civiles de profesionistas egresados de la UANL con el fin de apoyar su crecimiento

y la actualización de los programas de estudio y la creación de nuevas carreras entre otros. En el área administrativa y de gobierno, se realizaron cambios fundamentales que enriquecieron la universidad, entre ellos están indudablemente la autonomía; la cuarta y actual Ley Orgánica que, realizada en 1971, ha llegado sin gran menoscabo a su 75 aniversario como institución educativa; una mayor representa-tividad de estudiantes y catedráticos en la toma de decisión universitaria y la Junta de Gobierno. En el área infraestructural se encuentra el traslado de las diferentes facultades a Ciudad Universitaria; la construcción de las escuelas, laboratorios y biblio-tecas y la creación de nuevas preparatorias.

Finalmente, al observar cómo se luchó en esos años por los ideales de una sociedad más justa y representativa, podemos encontrar de nuevo el elemento perdido: la esperanza incontenible y des-bordada y no la ilusión desahuciada y menospre-ciada de este periodo que nos es familiar.

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ANEXOS

Anexo 1A LOS UNIVERSITARIOSA LA OPINIÓN PÚBLICA

(Firmada por el señor rector de la UNL, el Doctor Héctor Fernández G., en Monterrey, N. L., el 27 de marzo de 1968)

Se advierte en este momento un Estado crítico en la evolución histórica de nuestra máxima casa de estudios.

Un fenómeno social de tipo colectivo ha surgido al plantearse con honestidad las limitacio-nes económicas de la universidad y ofrecerse un procedimiento que permitiría superarlos.

Es preciso conocer el problema en su in-tegridad total y juzgarlo a la luz de las condiciones actuales, que no son atribuibles a una o a varias personas, sino la consecuencia de la institución misma, su origen, desarrollo, recursos, carencias y proyección futura.

La educación superior en México, al igual que en los demás países latino-americanos, está atravesando por una profunda crisis. Las uni-versidades que atendían un pequeño núcleo de estudiantes se enfrentan, de súbito, a la demanda geométricamente creciente de una población de-seosa de adquirir una preparación profesional, sin haber, aquéllas, tenido tiempo ni dinero para in-tegrar su claustros académicos, construir laborato-rios, talleres, bibliotecas, etc., etc.

Hace apenas unos días, y después de cuatro meses de tensión, fue posible superar, sin Poder satisfacerlos totalmente, los deseos de los servidores universitarios que solicitaban mejores salarios y mayores prestaciones. El reconocimiento por parte de ellos, de las carencias económicas que confrontamos, hizo posible la firma de un convenio por dos años. Sin embargo, y como consecuencia del análisis de nuestros recursos económicos, las posibilidades limitadas de su expansión y del es-

tudio de necesidades mediatas e inmediatas surgió la necesidad inaplazable de plantear con claridad el presente y el futuro de nuestra universidad.

El Sr. Gobernador, Licenciado Eduardo A. Elizondo, quien como rector detectó con pre-ocupación esta realidad, ha propuesto, ahora como Ejecutivo del Estado, un procedimiento que permi-ta superar, a largo plazo, las carencias señaladas.

Su manifiesto ha provocado debates, po-lémicas, seminarios, críticas consecutivas, apoyo de organizaciones y de particulares interesados, así como rechazo de algunos grupos que ven en su in-tención propósitos negativos de la universidad y de los universitarios. Se han señalado, en fin, los efec-tos “nocivos” que para el estudiante puede implicar el aceptar la responsabilidad de contribuir econó-micamente a la obtención del título académico que su vocación le señale.

En estas condiciones es preciso dar a co-nocer qué es, en la actualidad, la Universidad de Nuevo León, qué se está haciendo para mejorarla y qué podemos esperar para el futuro, de tal suerte que al final conocida la realidad presente, pueda emitirse un juicio sereno y adoptarse las soluciones que garanticen el futuro de las mismas.

En 1950 la Universidad de Nuevo León alojaba en sus aulas a cuatro mil estudiantes y te-nía un presupuesto de dos millones de pesos. En la actualidad cursan estudios superiores 16,000 alumnos y contamos para el efecto con un presu-puesto total de $52,000,000.00 de pesos, siendo el presupuesto de egresos calculado para este año de $55,000,000.00, tendremos al final del ciclo fiscal un déficit de 3,000,000.00 de pesos.

No tenemos una Biblioteca Central y las facultades de Ciencias Biológicas, Economía, Ciencias Químicas, Ciencias Físico-Matemáticas y las escuelas de Trabajo Social y Música carecen de instalaciones y equipo adecuados (los estudian-tes de C. Biológicas han expresado su protesta bloqueando una arteria citadina y mantienen una huelga de hambre, hasta en tanto no se garantice la


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edificación de las aulas y laboratorios que requie-ren).

Por otra parte, la Ciudad Universitaria fue construida sin modificar la estructura académico-administrativa, lo que ha generado duplicaciones costosas y contrastes deprimentes, ya que las facul-tades que poseen equipo y personal adecuados, no comparten sus instalaciones y facilidades con otras, que mediante un sistema adecuado y una progra-mación racional pueden beneficiarse.

Ante estos hechos y otros más que no es necesario mencionar, hemos iniciado, a partir de octubre pasado, una reforma integral que implica la división académica por áreas comunes y el esta-blecimiento de una departamentalización (Depto. de Química, Física, Matemáticas, Biología, etc.), que además de permitir la elevación académica de cada una de ellas, siente las bases de un sistema de créditos docentes, que dé más flexibilidad a la ense-ñanza, evite las duplicaciones, permita reducir los costos por alumno y haga posible la planificación coordinada de las diversas disciplinas. El estudio está en proceso. A la fecha se han integrado, con la aprobación del Consejo Universitario, los consejos técnicos de directores y secretarios de las faculta-des y escuelas profesionales y preparatorias. Se han subdividido por áreas (Humanidades, C. Biológi-cas, Ingeniarías, etc.) y se trabaja en la integración de organigramas, estableciendo responsabilidades, nomenclatura, rango y jerarquía de los profesores, así como en la interrelación académica de los Pro-gramas entre las preparatorias y las facultades.

Se ha creado el Departamento de Labo-ratorios y Talleres Centrales, que ha llevado a cabo un inventario del equipo disperso de que se dispo-ne, la encuesta de necesidades y su distribución je-rárquica. Existe en coordinación un Patronato Pro Laboratorios y Talleres, que está trabajando con entusiasmo y éxito evidente para dotar del equipo necesario a todas las áreas.

Diversas facultades cuentan con una Di-visión de Graduados, donde se especializan, ad-

quiriendo grados de maestría, licenciatura o espe-cialidad un grupo creciente de nuestros egresados (Medicina, Hosp. Universitario, Ing. Civil, Ing. Mecánica y Eléctrica, etc.). La universidad cuen-ta con el Instituto de Investigaciones, el Centro de Investigaciones Económicas y el Centro de Estu-dios Humanísticos donde se llevan a cabo estudios socioeconómicos, se editan libros, se efectúa inves-tigación básica, se imparten cursos especializados, etc., que han permitido elevar el nivel académico de la universidad y la han proyectado, con éxito, fuera de los confines de nuestro territorio. El De-partamento de Extensión Universitaria mantiene la labor editorial, la Sinfónica, el Taller de Artes Plásticas, grupos de teatro experimental, cine club, etc.

Mantener el nivel académico actual, superarlo progresivamente y sostener el ritmo de expansión requerido por las demandas crecientes de nuestra población estudiantil, exigen la parti-cipación activa, positiva, creadora y entusiasta de toda la comunidad, pero principalmente de los universitarios que reciben y hemos recibido en al aulas universitarias la educación que poseemos, para mantener vivo nuestro lema “Alere Flammam Veritatis”.

La Universidad de Nuevo León necesi-ta, para mantener el ritmo actual, un ingreso anual progresivo mínimo de 10 millones de pesos, adi-cionales cada año, duplicando su presupuesto para 1973. Sin tomar en cuenta la inversión requerida par a construir los edificios de las facultades y escuelas mencionadas (incluyendo el equipo necesario).

El gobierno del Estado considera que su pronóstico de ingresos para ese lapso, no le permi-tirá aumentar proporcionalmente las cantidades de dinero necesarias.

La aportación de la Federación (total anual de $ 10.700,000.00 MN), se ha mantenido sin mo-dificación desde hace cuatro años. En virtud de las múltiples necesidades que el Gobierno de la Repú-blica tiene que satisfacer ante un desarrollo econó-

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mico nacional que, aunque aceptable, es superado por la explosión demográfica.

La aportación del Patronato Universitario es fija, en la cantidad de $2.000,000.00 M.N., por año, ya que su única fuente de recursos (Sorteos de la Siembra Cultural), no le permiten aumentar el subsidio; las cantidades adicionales que recaude serán destinadas a integrar un fondo para la cons-trucción de edificios (se calcula en forma óptima, una ayuda anual de $2,500,000.00 M.N.) El Pa-trimonio de Beneficio Universitario posee los te-rrenos rescatados del Río Santa Catarina, que fue-ron urbanizados a crédito, con la correspondiente carga de intereses. Si se vendieran todos ahora y al contado, dejarían un remanente de $65.00,000.00. Sin embargo, la compraventa de superficies de esa extensión es difícil y el dinero obtenido, merced al acta constitutiva, no puede tocarse, siendo total-mente posible emplear los intereses que el capital produzca cuando se haya obtenido su venta total y concentrado el monto correspondiente. Los terre-nos de la exHacienda de Mederos tienen un valor considerable a futuro, pero por ahora no constitu-yen alivio alguno a la situación. En su oportunidad darán seguramente recursos de cierta importancia, cuando el mercado de los bienes inmuebles en el área les atribuya el precio elevado correspondiente.

Se ha hablado de la creación de una organi-zación de universitarios egresados de la Universi-dad de Nuevo León que podrían aportar cantidades fijas por lapsos de tiempo variable. El exrector En-rique C. Livas aceptó dirigir esta campaña, cuyos frutos podremos apreciar en el futuro, sin embargo, por tratarse de donativos por este concepto es muy difícil de calcular en este momento, y se dispondría también, tan sólo de los intereses que ese capital pudiera producir.

Queda por considerar el establecimiento de cuotas mayores a las actuales, que cubran total o parcialmente los costos reales de la educación im-partida.

El Ejecutivo ha sugerido: “Quienes pue-dan pagar deben hacerlo”; aquéllos con incapa-cidad económica (la mayoría), recibirían un prés-tamo, sin intereses, hasta concluir su educación. De ahí en adelante, cuando estén en posibilidad, reintegrarán hasta la totalidad el costo de la instruc-ción, mediante aportaciones mensuales de $ 200.00 M.N., más 10% adicional si su ingreso es superior a la cantidad de $ 3,000.00 pesos.

Podría proponerse el siguiente plan alterno que me permito sugerir:

La Población Estudiantil puede dividirse en tres grupos generales.1. Un sector económicamente débil, incapaz de pagar cuotas mayores a las existentes.2. Un sector (clase media creciente), con capacidad económica variable.3. Un grupo minoritario (10 a 20%), con capacidad suficiente para pagar los costos actuales de la educación que se imparte.

El Consejo Universitario podría elegir, en-tre sus miembros (consejeros exoficio, consejeros maestros y alumnos), un grupo especial para cons-tituir un “Comité de Becas de la Universidad de Nuevo León”, con capacidad suficiente para reci-bir, estudiar, aprobar o rechazar las solicitudes, que todos los estudiantes al ingresar a la universidad sometieran a su consideración. Podría auxiliarse de una comisión especial constituida pro representan-tes de las fuerzas vivas de la Ciudad, quienes parti-ciparían activamente, con capacidad establecida en el reglamento que para el efecto se formulase, y ten-drían, entre otras responsabilidades, la de estimular a la comunidad, allegando fondos económicos adi-cionales (donativos, costo de las becas subsidiadas por sindicatos, industria, banca, comercio, etc.), para incrementar las posibilidades financieras de la Universidad de Nuevo León.

El procedimiento podría operar de la si-guiente manera:

1. Quien tenga recursos económicos podría


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pagar de contado, mensualmente, el costo de su educación2. Quien no tenga dinero, pero demuestre interés, recibiría una BECA TOTAL, con el compromiso de mantener un nivel aca-démico mínimo.

La beca sería renovable al final de cada se-mestre o anualidad, según el tipo de enseñanza, el receptor de este beneficio aceptaría el compromiso MORAL, cuando su condición económica futura lo permitiese, de aportar una cantidad fijada, según sus posibilidades, para becar estudiantes que en esa época careciese de posibilidades económicas para pagar su educación.

Por último, el Comité de Becas tendría capacidad, según el estudio socio-económico in-dividual del resto de estudiantes, para otorgar be-cas parciales (desde el 5% hasta el 95%), del costo, cantidades éstas cuya devolución estaría sujeta a la responsabilidad moral de los beneficiados.

El Estado, la Federación y el Patronato Universitario continuarían aportando los subsidios económicos que su capacidad presupuestal indivi-dual les permitiese.

Los costos de la educación serían revisa-dos cada dos años, lo que permitiría fijar las cuotas en cada una de las áreas educativas, que para el efecto podrían ser:

1. Escuelas preparatorias2. Facultades3. Carreras subprofesionales

Los aspectos académicos serían atendidos siguiendo los ordenamientos que para el efecto establece la Ley Orgánica de la Universidad y los Reglamentos que la rigen.

Este procedimiento que mantiene la tesis de fondo del Ejecutivo, ofrece algunas variantes que en mi concepto, harían posible la implantación del sistema, ya que tan sólo impone, a nuestros es-tudiantes, mantener un aprovechamiento académi-co estable, que en última instancia será de beneficio personal y colectivo y que brindaría la posibilidad

de quien habiendo disfrutado el privilegio de edu-carse, pudiera, según su propia responsabilidad y cariño a la universidad, reintegrar lo que de ella recibió, para beneficio de aquéllos que en ese mo-mento aspiren a una educación superior.

EL RECTOR DOCTOR HÉCTOR FERNÁNDEZ G.

Monterrey, N.L., a 27 de marzo de 1968Fuente: El Norte, Monterrey, 28 de mar-

zo de 1968.

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Anexo 2SECCIÓN 50

A LA OPINIÓN PÚBLICA

(Firmada por el Comité Ejecutivo de la Sección 50 del SNTE, en Monterrey, N.L., el 28 de marzo de 1968)

El magisterio, al servicio de la educación en nuestro Estado, no puede ni podría quedarse callado al tratarse problemas de tal envergadura y trascendencia para la vida de nuestra patria chica, como lo es el problema que afronta el más impor-tante centro educativo del noreste de México, la Universidad de Nuevo León.

Los maestros reconocemos que este cen-tro educativo de enseñanza superior tiene proble-mas muy graves y entre ellos la necesidad económi-ca de allegarse recursos para su sostenimiento y de responder en forma más realista a la preparación de las clases populares, principal meta que nunca de-bemos perder de vista y siempre deberemos tener presente.

Respetuosamente presentamos algunos conceptos que si no son muy precisos y fundamen-tales, se llevan el deseo de intervenir con nuestra opinión de educadores al servicio de la comunidad y que aun cuando se opongan o estén acordes con ideas vertidas por algunas personas, instituciones o autoridades, estén ustedes seguros que al expresar-las llevan el rumbo sincero y la buena fe de llegar a lo que todos queremos y ansiamos, el bien y la paz en la Universidad de Nuevo León.

Todos tenemos conciencia plena de que la enseñanza media y superior a la altura de las po-sibilidades de la clase media popular es uno de los frutos más limpios, más sagrados y una de las con-quistas más avanzadas surgidas de la Revolución mexicana. De acuerdo con este sentido social y hu-mano, la enseñanza universitaria debe responder a quien le dio origen, para quien se creó, formó, eri-gió y ha crecido vigorosa y fuerte: AL PUEBLO.

Por esa razón, por ese hecho fundamen-

tal, la propia universidad y quienes han surgido de ella, nunca traicionaremos esa misión. Por eso, si se pensara en querer financiar la educación de los necesitados y se pagara lo que según argumenta-ciones aritméticas nos comprueban, daríamos lugar a que naciera en ellos el repudio y el sentimiento adverso a lo que tanta sangre, tanto sacrificio cos-tó al pueblo de México, la Revolución mexicana. Entonces tomaría mayor fuerza la idea de que no tuvieron oportunidad de estudio, que si la hicieron fue a base de sacrificios de todas sus familias y que nada deben (puesto que lo pagaron o se les dio cré-dito) a la universidad, a su pueblo, a su patria, a la Revolución mexicana.

Hagamos algunas consideraciones sobre el anteproyecto para la creación del Instituto de Préstamos para la educación superior y Técnica del Estado de Nuevo León.

El anteproyecto no especifica que sea obligación estudiar en la universidad de Nuevo León o en alguna institución pública para recibir préstamos. Teórica y legalmente no hay impedi-mento alguno para que estudiantes de instituciones privadas no se beneficien del sistema.

A la luz de las propias investigaciones de la universidad, en las carreras profesionales la mi-noría procede de la clase alta privilegiada y 21.4% de la clase media solvente. Como se pretende que inmediatamente o a plazos se paguen las cuotas por todos, pobres y ricos, resulta que el plan daría lugar a que los primeros también paguen aunque sea a plazos y paguen lo mismo que los ricos.

En las circunstancias actuales todavía la enseñanza media, ya no digamos la enseñanza universitaria, no está a la altura de las posibilidades de la clase media popular, porque según informes de 1964 del Centro de Investigaciones Económicas de la Facultad de Economía de la Universidad de Nuevo León, dados en diciembre de 1967, termina-ron su educación primaria 174,520 niños en el área metropolitana de Monterrey, 15,973 su enseñanza secundaria; 1,600 su enseñanza técnica y 10, 377


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estudiaban en la Universidad de Nuevo León; es-tas cifras y estos datos nos muestran lo aseverado con anterioridad. Por lo que debemos encaminar nuestro esfuerzo, nuestros conocimientos, nuestra buena voluntad y más que todo nuestra responsa-bilidad de profesionistas, obreros, campesinos, a buscar soluciones que lejos de gravar la economía de los hogares, den mayor campo de oportunidad para el estudio de tantos jóvenes, que bajo las cir-cunstancias actuales no pueden, por más deseos que tengan, aspirar a una carrera Universitaria.

Constitucionalmente toda la educación que imparte el Estado debe ser gratuita, artículo 3º, fracción VII de la Constitución general de la repú-blica. Como el gobierno no tiene facultades para hacer si no está expresamente permitido y autori-zado en la ley, no puede hacerla onerosa a pretexto de que es gratuita, sólo hasta donde lo permiten sus recursos. Su obligación es buscar otros medios de sostenimiento, pero no violar el texto constitucio-nal expreso.

Veamos ahora el aspecto impositivo que presta actualmente el gobierno del Estado. Según la Ley de Ingresos para el Año Fiscal 1968, el pre-supuesto es de más de 362 millones de pesos y se utiliza más de 50%, es decir, más de 191 millones de pesos en la educación, esfuerzo significativo y que reconocemos del gobierno, pero este presupuesto se forma principal y fundamentalmente por aporta-ciones que hace, mediante el pago de impuesto, la clase media popular y eso sin contar con que gran parte de esta clase media popular también se le gra-va con 1% de educación. Es urgente, pues, que lo que se llama iniciativa privada; la banca, la indus-tria pesada y el comercio en grande, sean gravados en proporción a sus ganancias y se le dé así opor-tunidad e iniciativa de participar a la resolución de este problema.

El sector empresarial, principal benefi-ciario de la mano de obra capacitada y del trabajo profesional, fruto de los estudios superiores, sí está en condiciones de absorber gravámenes destinados

a la educación superior. En 1960 la recaudación per cápita en el Distrito Federal, sin contar los subsidios de la Federación, era de $250.00 al año, mientras en Nuevo León apenas llegaba a $70.00. Las tasas de los impuestos y las mismas fuentes gravadas no han variado considerablemente desde ese año en el Estado.

Además, la industria disfruta de un pro-grama de exenciones fiscales eternamente renova-das mediante pequeñas ampliaciones a las instala-ciones cuyo monto se desconoce y que limitan los recursos disponibles para obras de infraestructura y servicios públicos –incluida la educación superior– que son sectores más importantes para el inversio-nista. Finalmente, el capital está muy favorecido en detrimento de otros sectores socioeconómicos del Estado, pues mientras las utilidades e intereses se llevan 52% del ingreso regional total, los salarios sólo se llevan 1% y las rentas 7%.

Otro enfoque que se ha hecho es el rela-cionado con el gobierno universitario, se le quiere dar intervención a un grupo de personas que aun cuando deben estar interesados en esta institución educativa, su campo de acción está fuera de todo contacto, de todo conocimiento o de toda atribu-ción en el campo universitario. Ya existen organis-mos como el Patronato Universitario, el Patronato para Laboratorios y Talleres, que coordinan la for-ma de recibir donativos, de promover actividades o de buscar cualquier medio de acrecentar los recur-sos de esta casa de estudios y han llevado a cabo importantes tareas. También acaba de formarse, a iniciativa del gobierno del Estado, un organismo que se llama Consejo Estatal de la Ciudadanía, que muy bien puede encauzar sus actividades ha-cia este fin tan noble. Pero debe entenderse y debe sostenerse que ninguno de ellos ha de inmiscuirse en el terreno del gobierno universitario, y menos aún en el manejo específico de sus propios recur-sos.

El artículo 2º transitorio del anteproyec-to de referencia, establece que desde septiembre

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próximo los subsidios e incrementos que aporta el Gobierno del Estado no se entregarán a la universi-dad, sino al instituto. Y en el 3º transitorio, incluso se previene que cualquier subsidio o aportación que se reciba para gastos de operación, deberá ser entregado al mismo Instituto. En consecuencia, debe entenderse que el producto que rindan las in-versiones en los terrenos del río, o los que lleguen a dar los terrenos de Mederos, que forman parte del patrimonio universitario, ya no podrán ser recibi-dos por la universidad, sino que deberán entregarse al mencionado instituto, desvirtuando el sentido de esas cesiones.

La universidad tiene sobrada personali-dad y solvencia moral, en todo caso, para manejar directamente cualquier plan de préstamos a sus propios estudiantes sin necesidad de organismos ajenos formados por los elementos más heterogé-neos. El manejo verdaderamente democrático de un sistema como el propuesto, y la verdadera auto-nomía sólo tienen sentido si lo ejercen los propios universitarios.

De hecho, ceder una función como ésta o cualquiera similar, sería un retroceso, además de una ofensa para la universidad. El Licenciado Raúl Rangel Frías, siendo Gobernador del Estado, reco-noció esta dignidad y esa autonomía y estableció que en lugar de que la Tesorería del Estado cubrie-ra las nóminas del personal universitario directa-mente, se entregara el subsidio global en partidas quincenales para que la propia universidad aplicara conforme los presupuestos aprobados por su Con-sejo.

Cinco meses de ejercicio parecen un lapso demasiado corto para que hayan surgido desequi-librios económicos demasiado graves en la univer-sidad, y que justifiquen cambios radicales de tanta repercusión social. Durante las administraciones de los licenciados Raúl Rangel Frías y Eduardo Li-vas Villarreal, los subsidios del gobierno del Estado de la universidad subieron 300% en promedio, el primero de 2 millones y medio de pesos a 8 millo-

nes y el segundo de ahí hasta 23 millones, mientras que el número de estudiantes sólo aumentó 66% en el primer sexenio y 23% en el segundo. Los au-mentos absolutos fueron de 7,831 alumnos a 13,000 en el primero y de 13,000 a 16,000 en el segundo. Los extraordinarios aumentos de los subsidios, el segundo de ellos realizado durante gran parte del ejercicio del Licenciado Elizondo como rector e iniciadas con la primer administración, hicieron inversiones por 41 millones de pesos en la universi-dad y en la segunda se elevaron a 53 millones (29% más que en el periodo anterior).

Es necesario buscar resultados positivos y tomarse medidas para resolver el problema que afronta la Universidad de Nuevo León y el magis-terio organizado de la Sección 50 del SNET, en voz de su Comité Ejecutivo, propone lo que considera algunas posibles soluciones:

PRIMERO. Supresión de exenciones fis-cales a la industria.SEGUNDO. Gravamen específico a las utilidades de las empresas.TERCERO. Que el impuesto de 11.50% sobre nóminas de las empresas sea destina-do para incremento del renglón educativo en todos sus niveles.CUARTO. Absorción de los incrementos del costo de operación de la universidad por la clase alta privilegiada, que aprove-cha 61% la educación gratuita de la misma, utilizando para el caso el mismo complejo aparato de investigación social que se pro-pone para el sistema de prestamos.QUINTO. Activar el funcionamiento del patrimonio productivo universitario, for-mado por los terrenos universitarios del Río Santa Catarina y las 200 hectáreas del exeji-do de Mederos, para que sus rendimientos fluyan desde luego a la universidad.SEXTO. Aportaciones voluntarias de egre-sados de la universidad por periodos defi-nidos.


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SÉPTIMO. Uniformidad en los sueldos y percepciones de los trabajadores de la propia universidad, de acuerdo con sus categorías (plaza que desempeña, años de servicio, capacidad etc.).OCTAVO. Que las concesiones para la explotación de algunos centros recreativos, municipales y estatales, que se conceden a los particulares, pasen a la universidad para aumentar su incremento y de oportunidad de trabajo a algunos estudiantes o familia-res de ellos.NOVENO. Que 2% de los ingresos que se perciben por el ejercicio libre de profesión o por el desarrollo de actividades técnicas, artísticas, deportivas o culturales, se destine para beneficio de la universidad (Art. 40 de la ley que crea el impuesto por nóminas de empresas y percepciones; las alternativas que se proponen no se excluyen entre sí y pueden muy bien ser concurrentes).

De uno a otro extremo de la república, la gran familia universitaria se unifica en la conciencia de que a México debe y lo que México espera de ella; en todas partes, los estudiantes universitarios y técnicos patentizan fervientes deseos de ocupar los puestos que las tareas de la patria reclaman.

El universitario tiene conciencia plena de que vive por su patria y se debe a ella, el Sr. pre-sidente de la república, Licenciado Gustavo Díaz Ordaz, con absoluta entereza ha expresado en va-rias ocasiones que la Revolución mexicana realiza su fin más alto, al entregar al pueblo los bienes de la cultura, por ser su patrimonio, creación de él: de sus propios surcos emerge la corriente vital de la divinidad del hombre, de la fe en la patria y de la afanosa búsqueda de la justicia social. TODA CULTURA QUE SE ALEJA DEL PUEBLO ES UNA FORMA EGOÍSTA DE CONVIVEN-CIA HUMANA Y ENTONCES NO ES CUL-TURA. NO SE COMPRENDEN LOS VALO-RES DEL ESPÍRITU, NO SE ESTRECHA NI

LIGA CON EL PUEBLO, CUANDO NI HAY SENTIDO HUMANISTA CON LA VIDA, NI LA CULTURA TIENE GENUINA AFLORA-CIÓN EN SUS PROPÓSITOS DE SERVICIO A LA COLECTIVIDAD.

“UN DESARROLLO INTELEC-TUAL QUE VIVIERA AL MARGEN O A ES-PALDAS DEL PUEBLO QUE LO SOSTIENE, NADA TENDRÍA QUE VER CON EL FUTU-RO DE MÉXICO”

El Comité Ejecutivo de la Sección 50 del SNTESecretario general: Profesor y Licenciado Arturo AbregoSecretario de Organización y Propaganda: Profesor Gonzalo Campos C.Secretario de Acción Social: Profesor Joaquín Ti-jerinaSecretario de Fomento y Construcción: Profesor Serafín Torres Monterrey, 28 de marzo de 1968Fuente: El Norte, Monterrey, 29 de marzo de 1968.

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Anexo 3

IV LEY ORGÁNICA DE LA Universidad AU-TÓNOMA DE NUEVO LEÓN

(Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, Mon-terrey, N.L., 7 de junio de 1971)

TÍTULO PRIMERO

NATURALEZA Y FINESARTÍCULO 1.- La Universidad Autóno-

ma de Nuevo León es una Institución de cultura superior, al servicio de la sociedad, descentralizada del Estado, con plena capacidad y personalidad jurídica.

ARTÍCULO 2.- Tiene como fin crear, preservar y difundir la cultura en beneficio de la sociedad, para lo cual debe:

I. Formar profesionales, investigado-res, maestros universitarios y técnicos, de acuerdo con las necesidades económicas, sociales y políticas de México y del Estado de Nuevo León. II. Organizar, realizar y fomentar la in-vestigación científica en sus formas básica y aplicada, teniendo en cuenta fundamen-talmente las condiciones y los problemas regionales y nacionales. III. Organizar, realizar y fomentar labores de creación artística en sus diversas formas de expresión. IV. Hacer participar plenamente de los be-neficios de la cultura, a todos los que han carecido de la oportunidad de obtenerla o de acrecentarla, llevando a cabo labores educativas o culturales en beneficio de la comunidad.

V. Promover el estudio de los derechos y deberes fundamentales del hombre y de los proble-

mas nacionales e internacionales, contribuyendo a orientar la opinión pública.

VI. Preservar el acervo cultural, nacional y universal, fomentando para ello el establecimiento de instituciones adecuadas.

ARTÍCULO 3.- Para realizar sus fines, la universidad se fundará en los principios de libertad de cátedra y de investigación, acogiendo todas las corrientes del pensamiento y las tendencias de ca-rácter científico y social.

TÍTULO SEGUNDO

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES

ARTÍCULO 4.- Para el logro de sus fines, la universidad desarrollará las siguientes funcio-nes:

I. La función docente que consiste en la transmisión de conocimientos y en el desa-rrollo de actividades tendientes a la forma-ción integral del hombre con espíritu críti-co, suficiente capacidad práctica y orienta-do a servir a la sociedad. II. La función investigadora que compren-de el estudio de los problemas científicos, de las diversas ramas del conocimiento en sus aspectos fundamental y aplicado, primordialmente aquéllos cuya solución coadyuve el desarrollo de Nuevo León y de México. III. La función difusora que consiste en la divulgación del conocimiento y la cultura, y en el desarrollo de actividades que esta-blezcan una relación entre la universidad y la sociedad. IV. La función de servicio social, que comprende aquellas actividades que pro-mueven el desarrollo socioeconómico y el bienestar de la población, realizándolas en


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términos de docencia e investigación. En el ejercicio de sus funciones, la universidad se rehusará a fomentar o permitir todo aquello que atente contra la paz, la vida o la digni-dad humanas.

ARTÍCULO 5.- La universidad tiene las siguientes atribuciones:

I. Designar a los titulares de los órganos de gobierno que establece esta ley, mediante los procedimientos indicados en la misma. II. Interpretar y reglamentar esta ley en to-dos sus aspectos. III. Organizarse académica y administrati-vamente, como lo estime mejor, dentro de las normas generales de esta ley. IV. Designar al personal docente y de in-vestigación, teniendo en cuenta sus méritos académicos, su capacidad docente y su éti-ca profesional. V. Admitir como alumnos a los aspirantes que demuestren capacidad de aprovecha-miento escolar y aptitud para el desempeño de actividades profesionales o técnicas. VI. Otorgar grados académicos y expedir títulos profesionales, diplomas y certifica-dos de estudio. VII. Otorgar validez a los estudios realiza-dos en otras instituciones. VIII. Incorporar enseñanzas equivalentes a las que se imparten en la universidad. IX. Establecer convenios con otras institu-ciones nacionales o extranjeras, con el ob-jeto de cumplir sus fines. X. Administrar su patrimonio, sus recursos económicos y recaudar ingresos. XI. Realizar toda clase de actos jurídicos que requiera para el logro de sus fines. XII. Recibir la aportación anual que seña-le el presupuesto de egresos del Estado de Nuevo León.

XIII. Asesorar al gobierno del Estado de Nuevo León, en la coordinación y supervi-sión de la educación superior y universita-ria, a solicitud del Ejecutivo. XIV. Asesorar al gobierno del Estado de Nuevo León en problemas de índole téc-nica, científica o artística, a solicitud del Ejecutivo. XV. Las demás que se deriven de esta ley, el estatuto general y los reglamentos.

TÍTULO TERCERO

ESTRUCTURA

ARTÍCULO 6.- Para cumplir sus funcio-nes, la universidad puede crear, organizar, integrar y suprimir, en los términos de esta ley, facultades, escuelas, institutos, departamentos, centros y otros organismos análogos.

ARTÍCULO 7.- Las dependencias men-cionadas en el artículo anterior deberán estar inte-gradas en la universidad y cumplir con los fines y funciones de ésta.

ARTÍCULO 8.- El estatuto general y los reglamentos que de él deriven, definirán y determi-narán el funcionamiento y la organización de todas las dependencias necesarias para el cumplimiento de los fines y el desarrollo de la universidad.

TÍTULO CUARTO

GOBIERNO

ARTÍCULO 9.- Son autoridades univer-sitarias:

I. La Junta de Gobierno II. El Consejo Universitario III. El rector

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IV. La Comisión de Hacienda V. Los directores VI. Las juntas directivas de las facultades y escuelas

CAPÍTULO PRIMERO

DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ARTÍCULO 10.- La Junta de Gobierno estará formada por once miembros, electos por el Consejo Universitario en la siguiente forma:

1. El Consejo Constituyente designará a los primeros componentes de la Junta, en la forma que señala el artículo 2, transitorio de esta Ley.

2. A partir del tercer año, el Consejo Uni-versitario elegirá anualmente a un miembro de la Junta que sustituya al que ocupe el último lugar, en el orden en que la misma Junta fijará por insacula-ción inmediatamente después de constituirse, pa-sando el nuevo miembro a ocupar el primer lugar.

ARTÍCULO 11.- Para ser miembro de la Junta de Gobierno se requerirá:

I. Ser mexicano de nacimiento. II. Tener treinta y cinco años al momento de su designación. III. Poseer título profesional o grado uni-versitario equivalente o superior a la licen-ciatura. IV. Haberse distinguido en su especiali-dad, prestar o haber prEstado servicios do-centes o de investigación en la Universidad de Nuevo León, y gozar de estimación ge-neral como persona honorable y prudente.

ARTÍCULO 12.- Los miembros de la Jun-ta de Gobierno sólo podrán ocupar, dentro de la Universidad de Nuevo León, cargos docentes o de investigación, y hasta que hayan transcurrido dos años de su separación podrán ser designados rector o directores de facultades o escuelas.

El cargo de miembro de la Junta de Go-bierno será honorario.

ARTÍCULO 13.- Corresponderá a la Jun-ta de Gobierno:

I. Designar al rector de la universidad. II. Nombrar los directores de facultades y escuelas, de ternas que le serán presentadas por el rector, quien las recibirá de las res-pectivas juntas directivas. III. Conocer de las renuncias del rector o de los directores y removerlos por causa grave, a juicio de la propia junta. IV. Designar a los miembros de la Comi-sión de Hacienda. V. Expedir su propio reglamento, y en su caso modificarlo.

CAPÍTULO SEGUNDO

DE LA COMISIÓN DE HACIENDA

ARTÍCULO 14.- La Comisión de Ha-cienda estará integrada por tres miembros que serán designados por tiempo indefinido y desempeñarán su encargo sin percibir retribución o compensación alguna. Para ser miembro de la Comisión de Ha-cienda deberán satisfacerse los requisitos que fijan las fracciones I y II del artículo 11 y se procurará que las designaciones recaigan en personas que tengan experiencia en asuntos financieros y gocen de estimación general como personas honorables.

Corresponderá a la Comisión de Hacien-da:

I. Administrar el patrimonio universitario y sus recursos ordinarios, así como los ex-traordinarios que por cualquier concepto pudieran allegarse. II. Formular el presupuesto general anual de ingresos y egresos, así como las modifi-caciones que haya que introducir durante cada ejercicio, oyendo para ello a la co-


243

misión de presupuestos del Consejo y al rector. El presupuesto deberá ser aprobado por el Consejo Universitario. III. Presentar al Consejo Universitario, dentro de los tres primeros meses a la fe-cha en que concluya un ejercicio, la cuenta respectiva, previa revisión de la misma que practique un contador público, indepen-diente, designado con antelación por el propio Consejo Universitario. IV. Designar al tesorero de la universidad y a los empleados que directamente estén a sus órdenes para realizar los fines de admi-nistración a que se refiere la fracción I de este artículo. V. Designar al contralor o auditor interno de la universidad y a los empleados que de él dependan, los que tendrán a su cargo llevar al día la contabilidad, vigilar la co-rrecta ejecución del presupuesto, preparar la cuenta anual y rendir mensualmente a la Comisión de Hacienda un informe de la marcha de los asuntos económicos de la universidad. VI. Determinar los cargos que requerirán fianza para su desempeño, y el monto de ésta. VII. Gestionar el mayor incremento del patrimonio universitario, así como el au-mento de los ingresos de la Institución. IX. Las facultades que sean conexas con las anteriores.

CAPÍTULO TERCERO

DEL CONSEJO UNIVERSITARIO

ARTÍCULO 15.- El Consejo Universitario estará integrado por consejeros exoficio y conseje-ros electos. Estos cargos serán siempre honorarios.

ARTÍCULO 16.- Serán consejeros exofi-cio: el rector y los directores de facultades y es-

cuelas. Las escuelas anexas a las facultades serán representadas por los consejeros de éstas.

ARTÍCULO 17.- Serán consejeros electos, y durarán en su encargo un año, un representante maestro y un representante alumno de cada una de las facultades y escuelas, con sus respectivos su-plentes. Estos consejeros podrán ser reelectos.

ARTÍCULO 18.- El Consejo Universita-rio será presidido por el rector; el secretario general de la universidad será el secretario del Consejo.

ARTÍCULO 19.- Son facultades del Con-sejo Universitario:

I. Discutir y aprobar las carreras escolares y los planes de estudio que propongan las juntas directivas de las facultades y escue-las. II. Formular el estatuto general de la uni-versidad, que comprenderá la organización de la enseñanza por facultades, escuelas, institutos, departamentos y demás depen-dencias que la integran actualmente y los que se creen en el futuro. Asimismo, acor-dará su reglamento interior y de gobierno, y todos los ordenamientos necesarios para el buen funcionamiento y la realización de los fines que competen a la universidad. III. Nombrar y remover maestros, y con-cederles licencias por más de quince días, a petición de las respectivas juntas directivas de facultades y escuelas. IV. Decidir sobre las solicitudes de incor-poración de enseñanza, equivalentes a las que se imparten en la universidad. V. Conocer y aprobar el presupuesto ge-neral anual de ingresos y egresos de la uni-versidad, que le presente la Comisión de Hacienda. VI. Designar a los miembros de la Junta de Gobierno, de conformidad con esta ley. VII. Conocer y discutir el informe anual del rector.

244


ARTÍCULO 20.- El Consejo Universitario funcionará en pleno por Comisiones Permanentes y Temporales. El reglamento interior determinará la forma de integrarlos, su número, denominación y facultades.

ARTÍCULO 21.- El Consejo Universita-rio deberá instalarse a más tardar durante la primera quincena de octubre de cada año y tendrá su perio-do ordinario de sesiones de octubre a mayo, duran-te el cual deberá reunirse cuando menos una vez al mes, sin perjuicio de las sesiones extraordinarias a que se le convoque.

ARTÍCULO 22.- El quórum se consti-tuirá con la mitad más uno de los consejeros. Si el quórum no se integra, se citará nuevamente a se-sión en un periodo no menor de un día y no mayor de tres días hábiles, celebrándose la sesión con los consejeros que asistan.

ARTÍCULO 23.- Los acuerdos del Con-sejo Universitario serán válidos por simple mayo-ría.

ARTÍCULO 24.- Son impedimentos para ser electo representante maestro ante el Consejo Universitario, los siguientes:

I. Ser ministro de culto religioso. II. Ser dirigente de partido político. III. Ser representante legal del sindicato de la universidad, de algún otro Sindicato que agrupe servidores de ella, o de asociación alguna de maestros de la misma. IV. Ocupar el cargo de director, subdirec-tor o secretario de facultad o escuela. V. Tener cargo administrativo por designa-ción del rector, o ser funcionario público.

ARTÍCULO 25.- La elección de conseje-ros se realizará en la forma y términos que dispon-gan los reglamentos de cada facultad y escuela.

CAPÍTULO CUARTO

DEL RECTOR

ARTÍCULO 26.- El Rector es el repre-sentante legal de la universidad y será electo por la Junta de Gobierno. Durará en su cargo tres años y podrá ser reelecto una sola vez. En sus fal-tas temporales que no excedan de dos meses será sustituido por el secretario general. Si la ausencia fuere mayor, la Junta de Gobierno designará nuevo rector en los términos de esta ley.

ARTÍCULO 27.- Para ser designado rec-tor serán requisitos indispensables.

I. Ser Ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles. II. Poseer título profesional o grado uni-versitario equivalente o superior a la licen-ciatura. III. Tener por lo menos cinco años de ser-vicio en la enseñanza o en la investigación universitaria, después de haber obtenido el grado académico de licenciatura o su equi-valente. IV. Ser de reconocida moralidad profesio-nal. V. No ocupar, durante el ejercicio del cargo de rector, ningún puesto como funcionario público. VI. No ser dirigente de partido político. VII. No ser ministro de culto religioso.

ARTÍCULO 28.- Son atribuciones del rector:

I. Tener la representación legal de la uni-versidad. II. Convocar al Consejo Universitario y presidir sus sesiones. III. Ejecutar los acuerdos del Consejo Universitario, y vigilar el cumplimiento de los mismos.


245

IV. Nombrar y remover libremente al per-sonal directivo y de confianza de las depen-dencias de la Rectoría que fije el estatuto general. V. Velar por el cumplimiento de esta ley, de sus reglamentos de los planes y programas de trabajo y, en general, de las disposicio-nes y acuerdos que normen la estructura y el funcionamiento de la universidad, de las escuelas, facultades e institutos que la for-men. VI. Las demás funciones que le señalen esta ley y su reglamento, así como todas aquéllas que sean necesarias para asegurar la vida normal y el engrandecimiento de la universidad y la realización de la misión que le corresponde.

CAPÍTULO QUINTO

DE LOS DIRECTORES

ARTÍCULO 29.- El director es la autori-dad ejecutiva de la facultad o escuela y durará en su cargo tres años. Los directores podrán ser reelectos por una sola vez.

ARTÍCULO 30.- Corresponden al direc-tor las siguientes atribuciones:

I. Presidir las Sesiones de las juntas direc-tivas. II. Representar a su plantel ante el Consejo Universitario. III. Presentar ante las autoridades univer-sitarias que correspondan los acuerdos de la Junta Directiva. IV. Dedicar a las labores de la dirección, por lo menos veinticinco horas por sema-na. V. Nombrar y separar al subdirector, al se-cretario y al personal de confianza de su de-pendencia, satisfaciendo las disposiciones

del estatuto general y de los reglamentos derivados. VI. Impartir cuando menos una cátedra en el plantel. VII. Presentar un informe anual de acti-vidades a la Junta Directiva en la primera Sesión del año escolar, el cual, después de ser aprobado, será enviado al rector. VIII. Otorgar nombramiento provisional de maestros. IX. Las demás que le señale esta ley, el es-tatuto general y los reglamentos.

ARTÍCULO 31.- Para ser director se re-quiere:

I. Ser mexicano y estar en pleno goce de sus derechos civiles. II. Ser de reconocida moralidad profesio-nal. III. No tener ninguno de los impedimen-tos a que se refiere el artículo 27 de esta Ley y reunir los requisitos que señalen los Re-glamentos Internos de cada dependencia.

ARTÍCULO 32.- Los directores de las es-cuelas y facultades serán nombrados por la Junta de Gobierno, mediante terna que le presente el rector, el cual, a su vez, la solicitará a las juntas directivas.

ARTÍCULO 33.- En caso de falta absoluta de Director, el funcionario de mayor jerarquía que indique el reglamento interno de la dependencia lo suplirá, en tanto la Junta de Gobierno Universitario procede a la elección de director para que concluya el periodo.

CAPÍTULO SEXTO

DE LAS JUNTAS DIRECTIVAS

ARTÍCULO 34.- Las juntas directivas de las facultades y escuelas se integrarán y regirán de acuerdo a la reglamentación que para el efecto ex-pida el Consejo Universitario.

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TÍTULO QUINTO

DEL PATRIMONIO DE LA Universi-dad

ARTÍCULO 35.- El patrimonio de la uni-versidad lo constituyen los bienes y recursos que a continuación se enumeran:

I. Los bienes muebles e inmuebles que ac-tualmente son de su propiedad y los que en el futuro adquiera por cualquier título. II. Los legados y donaciones que se le ha-gan y los fideicomisos que en su favor se constituyan. III. Las utilidades, intereses, dividendos, rentas, esquilmos, productos y aprovecha-mientos de sus bienes muebles e inmue-bles. IV. Los derechos y cuotas que por sus ser-vicios recaude. V. Los subsidios y subvenciones ordinarias y extraordinarias que el gobierno federal, el del Estado y los municipios le otorguen.

ARTÍCULO 36.- Los bienes e inmuebles que formen el patrimonio de la universidad tendrán el carácter de inalienables e imprescriptibles, y so-bre ellos no podrá constituirse ningún gravamen. Cuando alguno de los bienes inmuebles citados deje de ser utilizable para los servicios propios de la universidad, el Consejo Universitario, a propuesta del rector, deberá declararlo así, con el correspon-diente dictamen de la Comisión de Hacienda y su resolución protocolizada se inscribirá en el Regis-tro Público de la Propiedad. Por lo que toca a los bienes muebles, la desafectación será plena cuando lo resuelva el rector, con audiencia del funcionario que legalmente tenga la custodia de esos bienes. Desde ese momento los bienes desafectados que-darán en la situación jurídica de bienes de propie-dad privada de la universidad, sujetos íntegramente a las disposiciones de derecho común.

ARTÍCULO 37.- Los bienes que constitu-yen el patrimonio universitario no estarán sujetos a impuestos o derechos estatales o municipales. Los contratos en que intervenga la universidad tampo-co causarán dichos impuestos, si éstos, conforme a la Ley respectiva debieran estar a cargo de la uni-versidad. De la misma manera, los actos culturales, sociales, deportivos, o de otra índole, organizados por la universidad o las instituciones que de ella de-pendan, estarán exentos de dichos impuestos.

TÍTULO SEXTO

LAS INSTITUCIONES DE SERVICIO A LA COMUNIDAD

ARTÍCULO 38.- La universidad, a través de sus facultades o escuelas, deberá crear los me-dios necesarios para complementar las funciones docentes y de investigación con la de servicio a la comunidad; para ello, la universidad podrá esta-blecer nexos con las autoridades públicas o insti-tuciones públicas o privadas, a fin de desarrollar en forma conjunta estas actividades.

ARTÍCULO 39.- La universidad, a tra-vés del Departamento de Extensión Universita-ria, organizará cursos, conferencias, exposiciones, representaciones, audiciones y demás actividades culturales con la participación de personal docente y alumnos.

ARTÍCULO 40.- La universidad podrá crear centros e instituciones dedicadas a prestar servicio a la comunidad, los cuales deberán quedar integrados a las facultades y escuelas correspon-dientes.

ARTÍCULO 41.- La universidad podrá crear bibliotecas, museos, teatros, instituciones o centros dedicados a la difusión cultural o la capaci-tación artística, técnica o subprofesional, los cuales se procurará queden vinculados a las facultades y escuelas correspondientes.


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ARTÍCULO 42.- La organización interna de estas instituciones o centros será determinada por el estatuto general de la universidad y sus re-glamentos, excepto en el caso del Hospital Univer-sitario Doctor José Eleuterio González, el que por su naturaleza se regirá por su Ley Orgánica.

TÍTULO SÉPTIMO

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 43.- Todo lo no previsto por esta ley será resuelto por el Consejo Universitario.

TRANSITORIOS: ARTÍCULO 1.- Esta Ley entrará en vigor

el día de su publicación en el Periódico Oficial, quedando sin efecto todas las disposiciones legales que se opongan a la misma.

ARTÍCULO 2.- Para el debido cumpli-miento de la presente ley, se establece por única vez el siguiente procedimiento:

I. En cada facultad y escuela se convoca por este medio a sus juntas de maestros para que, presididas por el decano respecti-vo, o en su defecto por el maestro de mayor antigüedad que lo siga, designen su re-presentante ante el Consejo Universitario. Los consejeros alumnos serán designados por sus respectivas sociedades. El decano fungirá, en cada facultad y escuela, con el carácter de director provisional. II. Hechas las designaciones anteriores, se promoverá, conforme a lo que señala el ar-tículo 3 transitorio, la reunión del Consejo Universitario, en la que se procederá a la integración de la Junta de Gobierno previs-ta en el artículo 10 de esta Ley mediante el procedimiento que fije el propio Consejo. III. Realizado lo anterior y aceptados los cargos, la Junta de Gobierno procederá in-mediatamente a la designación de rector de la universidad, procurando realizar la más

amplia auscultación posible en la comuni-dad universitaria. IV. Además de la designación de los miem-bros de la Junta de Gobierno, el Consejo Universitario proveerá, en la esfera admi-nistrativa, todo lo necesario para la reanu-dación de las actividades universitarias.

ARTÍCULO 3.- Para los efectos de la fracción II del artículo 2 transitorio, se comisiona al secretario general de la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior para que, con facultades suficientes de funcionario Ejecutivo, proceda a dar cumplimiento a esta ley y se instalen las autoridades universitarias en ella indicadas.

Fuente: Periódico Oficial del Estado, Monterrey, Gobierno del Estado de Nuevo León, 7 de Junio de 1971.

248



1. Información proporcionada por el rector, Héctor Fernández González, y el secretario general, Roberto Moreira, a la comunidad universitaria al iniciar 1968, El Norte, Monterrey, 3 de enero de 1968, página 7-B.



4. Véase El Norte, Monterrey y El Porvenir, Monterrey, durante los meses de enero a marzo de 1969.

5. Archivo Histórico del Honorable Congreso del Estado de Nuevo León (en adelante AHHCENL), Informe de Gobierno de Eduardo A. Elizondo al H. Congreso del Estado, Gobierno del Estado de Nuevo León, 1968.

6. Véase los comunicados dirigidos a la opi-nión pública del Comité Ejecutivo de la Sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y del rector de la UNL, Héctor Fernández González, ante esta situación en El Norte, 27 de marzo de 1968.

7. Véase el “Cuadro comparativo de los presupues-tos de ingresos y egresos de la UANL durante los años 1961-1968”, en El Norte, Monterrey, 11 de marzo de 1968, 7-B.

8. Ibid. Véase también en el AHHCENL, Informes de Gobierno ante el H. Congreso del Estado entre 1961 y 1968, Monterrey, Gobierno del Estado, 1961-1969.

9. Ibid. A pesar de la poca derrama a la investiga-ción en la UNL, se continuaba desarrollando estu-

dios de alto nivel, véase Instituto de Investigaciones Científicas UNL. Informe de Actividades, 1967-1968, (1968).

10. Comunicado de peticiones del STUNL para el año de 1968, Monterrey, noviembre de 1967.

11. Declaración del Tribunal de Arbitraje del Estado de Nuevo León ante el Comunicado de pe-ticiones del STUNL para el año de 1968, El Norte, Monterrey, 3 de marzo de 1968, 1-B.

12. Ibid.

13. El Norte, Monterrey, 3 de marzo de 1968. Véase los comunicados de diversas asociaciones civiles durante este mes en el mismo periódico y en El Porvenir, Monterrey.

14. Véase el Comunicado a la opinión pública del rector de la UNL, Héctor Fernández González, ante esta situación en El Norte, 27 de marzo de 1968.


16. Véase El Norte y El Porvenir, Monterrey, du-rante el 9 y 19 de marzo de 1968.


18. Ibid.

19. Ibid. Véase los Anteproyectos de Ley realizados por Elizondo denominados “Instituto de Préstamos para la educación superior y Técnica del Estado de Nuevo León” y “Reglamentos de la Ley”.



249

21. Véase El Norte y El Porvenir, Monterrey, 10 al 20 de marzo de 1968. Véase también a Carlos Ruiz Cabrera (1990).

22. El Norte, 11 y 20 de marzo de 1968. Véase tam-bién a Daniel Gutiérrez Castoreña (1984).

23. El paro total se dio en las facultades de Ciencias Biológicas y en la Facultad de Economía. En las Preparatorias 1, 2 y 3 y en la Escuela Femenil Pablo Livas; el paro parcial se dio en las facultades de Odontología, Ciencias Químicas y la Escuela Álvaro Obregón y las labores continuaron su curso normal en el resto de las dependencias universita-rias. El Norte, Monterrey, 14 de marzo de 1968, 1-B.

24. Ibid.


26. El Gobernador dijo al respecto el 1 de abril: “Observando el Ejecutivo que en todo esto están implicadas cuestiones técnicas de diversas órdenes, es de la opinión de que sería temerario resolverlas sin escuchar la autorizada opinión de la universi-dad misma, como conglomerado, y expreso que lo prudente es enviar todos los datos con que se cuenta (anteproyectos, opiniones, adhesiones y re-chazos) a las autoridades universitarias.” El Norte, Monterrey, 2 de abril de 1968, 1-B.

27. Firmaban a nombre de la Gran Orden de Monterrey, Luis Torre Terán como Gran Maestro e Higinio Guerra Sánchez como Gran Primer Secretario. Véase El Norte, Monterrey, 3 de abril de 1968.

28. Véase el comunicado dirigido a la opinión pública del Comité Ejecutivo de la Sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en El Norte, 27 de marzo de 1968.


30. Ibid.

31. Entrevista con el encargado del ICAPFCE, Francisco Artigas Carranza y con el Gobernador del Estado, El Norte, Monterrey, 15 de abril de 1968, 1-B.


33. Los miembros del consejo directivo de esta agrupación eran Jesús Herrera, presidente; Armando Flores Peredo, secretario, y José Luis Lozano, tesorero. El Norte, Monterrey, 6 de enero de 1968, 1-B.

34. El Norte, Monterrey, 17 de abril de 1968, 1-B. Los representantes en esta asociación estaban dis-tribuidos por cada una de las profesiones que se impartían en la UNL, a su vez ellos actuaban en carácter de vicepresidentes. Los vicepresidentes de esta asociación por profesiones eran: En derecho, Jesús Santos de la Garza; medicina, Mario Alanís Guajardo; ingeniería civil, Ernesto Marroquín Tob; arquitectura, Óscar Rubén Santos; ingeniero quí-mico, Bernardo Dávila Reyes; ingeniería Eléctrica, Raúl Quintero; odontología, Esthela Barrera; co-mercio y administración, Francisco Garza Ponce y agronomía, Luis E. Maldonado. También se nombraron representantes de la industria, la banca y el comercio en Monterrey. Los vicepresidentes se comprometieron en presentar, el 2 de mayo de 1968, las listas de los que formaban las 15 o 20 gene-raciones últimas de egresados de la UNL, en todas las especialidades.


36. Ibid.

250


37. El proyecto de donación entre ambas institucio-nes para esos años están en El Norte, Monterrey, 27 de abril de 1968, 1-B.

38. Véase los detalles de esta transformación en El Porvenir, Monterrey, 1 de marzo de 1968 y El Norte, Monterrey, 1 de marzo de 1968, 1-B.

39. El Porvenir, Monterrey, 20 de octubre de 1968, 1-A.

40. El Porvenir, Monterrey, 15 de octubre de 1968, 1-A.


42. El Porvenir, Monterrey, 20 de octubre de 1968.


44. Véase El Norte, Monterrey, 16 de Julio de 1968, 10-B.

45. El Porvenir, Monterrey, 5 de octubre de 1968, 1-Segunda Sección.

46. El Norte, Monterrey, 16 de julio de 1968, 10-B.

47. El Norte, Monterrey, 20 de julio de 1968, 1-B


49.La donación fue hecha directamente al Gobernador del Estado, de parte del comité direc-tivo de la Sección 67 del STMMRM (Guadalupe Hernández, secretario general; Fernando González Juárez, tesorero; Manuel Rosales, presidente del consejo, y Jesús Hernández, en su calidad de secre-

tario de trabajo suplente de la mencionada sección de trabajadores) y por el diputado estatal minero Antonio Quiroga. El Norte, Monterrey, 25 de julio de 1968, 1-B.




53. En este periodo las Actas del Consejo Universitario no fueron elaboradas como el proto-colo lo estipulaba. Entre 1968 y 1972, el Consejo Universitario sesionó bajo una gran presión social y política, lo que hace suponer, que ésta haya sido la causa principal de esta irregularidad. La única fuente fidedigna son las ruedas de prensa que se realizaban antes de iniciar las sesiones del Consejo y al término de ellas, donde se informaba los acuer-dos tomados. En estas participaban tanto el rector como el secretario general, así como los consejeros que querían puntualizar algún acuerdo o desacuer-do sobre el mismo. Por ello, la información toma-da en el momento, al calor de los acontecimientos, parece más fidedigna. Presidieron la Junta del Consejo Universitario, el rector, Héctor Fernández; el secretario general, Roberto Moreira; el tesorero, Apolinar de los Santos, y el encargado del jurídico, Francisco González. Para estos acuerdos y todos los mencionados para ese día de sesión del Consejo Universitario, véase El Norte, Monterrey, 12 de ju-lio de 1968, 12-B.

54. Véase los requisitos de nuevo ingreso a las Escuelas Preparatorias de la UNL, publicados en El Porvenir y El Norte, Monterrey, 29 de julio de 1968. Remítase también lector a Genaro Salinas Quiroga (1983).


251

55. Para estos acuerdos y todos los mencionados para ese día de sesión del Consejo Universitario, véase El Norte, Monterrey, 29 de septiembre de 1968, 11-B. Véase también Celso Garza Guajardo (comp.), (1994); y Gutiérrez Catoreña (1984).

56. Otras reformas contemplaron la desaparición de la clase de disección de anatomía descriptiva por no tener aplicación práctica para los alumnos de esa carrera. En la Facultad de Matemáticas se aprobó que, de ahí en adelante, debería complementarse la clase de matemáticas con la de bioestadística. En Enfermería se suprimió la clase de patología general del cuarto año para dar mayor importancia a la ma-teria de análisis clínicos I y II, de tercero y cuarto, al que se incluirán ahora las siguientes secciones: análisis I, instrumental y ematología, histología y parasitología química-clínica; y en Análisis II, ra-dioisótopos, genética, ematología y bacteriología, a partir de ese año.

57. El Norte, Monterrey, 22 de septiembre de 1968, 7-B.

58. Idem.

59. El Norte, Monterrey, 27 de septiembre de 1968, 1-B. Véase también la recreación estudiantil de la época en Cris Villarreal Navarro (1983).

60. El Norte, Monterrey, 29 de septiembre de 1968, 18-A.

61. Este comunicado lo firmaba el presidente de la Unión, Marco Antonio Flores y el secretario de la misma Roberto Garza Treviño. El Norte, Monterrey, 26 de septiembre de 1968, 12-B.

62Véase “Comunicado de los estudiantes de la UNL a la opinión pública” en El Porvenir, Monterrey, 2 de octubre de 1968.

63. Idem.

64. Idem.

65. Idem.

66. Idem.

67. Idem.

68. El Porvenir, Monterrey, 5 de octubre de 1968, 1.Véase también a Máximo de León Garza, (1998).69Ibid. Véase también a Javier Rojas Sandoval, Máximo de León Garza y Juan Ángel Sánchez, (1988).

70. El Porvenir, Monterrey, 5 de octubre de 1968, Segunda Sección.

71. Este comunicado dirigido “A la opinión públi-ca. A todos los estudiantes”, estaba firmado por la directiva del Consejo Estudiantil de la UNL, re-presentada por Miguel Ángel Capú, Jorge Rivera y Rogelio Cantú M. El Porvenir, 10 de octubre de 1968, Segunda sección.

72. “A nuestro pueblo. A nuestros compañeros es-tudiantes”, comunicado del consejo Estudiantil de la UNL, véase El Porvenir, 14 de octubre de 1969.

73. Véase El Porvenir y El Norte, Monterrey del 10 al 18 de enero de 1969.


75. Idem.

76. Idem.


252


78. La Asociación de estudiantes de Saltillo en el ITESM-Campus Monterrey, a través de su Comité Directivo, representado por Mario Dávila como presidente y Sergio de la Peña como secretario, fue la primera en manifestar su solidaridad con el movimiento. Posteriormente se adhirieron al con-flicto la Asociación de Estudiantes Laguneros, de Jalisco, de Puebla, de San Luis Potosí, de Sabinas, de Rosita, del D.F. A.C., de Ciudad Victoria, Chihuahuenses y de Hidalgo. Véase El Norte, Monterrey, 17 de enero de 1969, 8-9.

79. Véase también el semanario Óigame, el cual te-nía como subtítulo “Semanario libre al servicio de México”, Monterrey, 18 de enero de 1969.


81. El Norte, Monterrey, 17 de enero de 1969, 12-B. Para el 16 de enero, se habían contabilizado cinco desmayos por deshidratación.

82. El Consejo se formó con tres consejeros del ITESM, Armando Ravizé, Ricardo Margáin Zozaya y Rómulo Garza. El Norte, Monterrey, 18 de enero de 1969, 12-B.

83. Idem.

84. Ellos fueron el ingeniero Antonio González Aréchiga y Alfonso Rubio y Rubio, respectiva-mente.

85. Véase el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, Monterrey, 10 de julio de 1969. Véase tam-bién Juan Roberto Zavala (1990).

86. Ver El Norte, Monterrey, 11 de julio de 1969, 1-B.

87. Idem.


89. Idem.

90. Idem.

91. Idem.

92. El Norte, Monterrey, 23 de julio de 1969.

93. A las escuelas que se les notificó su incorpo-ración fueron: el Franco Mexicano, el CUM, el Regiomontano, el Instituto Modelo de Enseñanza, Simón Bolívar, Instituto Laurens, Lumen, José Eleuterio González, Colegio Mexicano, la Universidad Labastida, entre otras. El Norte, Monterrey, 23 de julio de 1969, 1-B.

94. Idem.

95. Idem.

96. La terna consistió en los siguientes consejeros: Luis Eugenio Todd, Ricardo Salgado y Alfredo Piñeyro, resultando elegido días después el prime-ro de ellos.

97. Idem.

98. Idem.

99. Los acontecimientos enmarcados entre el 23 de septiembre y el 24 de noviembre de 1969 están ba-sados en información proveniente de los diarios El Porvenir y El Norte, del 24 de septiembre al 25 de noviembre de 1969. Véase también a Juan Ángel Sánchez (1999); Gutiérrez Castoreña (1984); Carlos Ruiz Cabrera (1995) y Abraham Nuncio Limón (1978).

100. Pliego petitorio del Consejo Estudiantil de la UNL presentado al rector y dado a conocer a la


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opinión pública, El Porvenir, Monterrey, 17 de oc-tubre de 1969. Existía también una gran actividad editorial realizada y dirigida a estudiantes como las publicaciones Acrópolis de la Preparatoria 2; Proclama Universitaria, cuyo directorio era Julio César Méndez, estudiante de la Preparatoria 3; Logos, y Cátedra, de la Facultad de Filosofía y Letras; El Chocolate de Horacio Salazar Ortiz, alumno de la Preparatoria 3; El Electrón, de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica y El Observador, La Lechuza y El Litigante de la Facultad de Leyes.

101. Esta asociación fue creada el 24 de octubre de 1969, ante el inminente deterioro de la paz en la UANL. La asociación busca el orden y la dis-ciplina dentro de la UNL, por lo que es tachada de conservadora y de representante de la derecha política dentro de la universidad. El primer ata-que que sufre la Asociación proviene del STUNL, cuyo secretario general era Carlos Luis Cabrera. El sindicato envió a algunos profesores de la asocia-ción una misiva donde se explicaba que pertenecer a ésta “contraviene el espíritu y la letra de los esta-tutos de nuestro sindicato”, por lo que se le pedía a los profesores que la recibieron que comunicara al sindicato “su situación a este respecto”. Éste fue el caso de la profesora Oralia Pacheco Montes, de la Escuela de Enfermería. La Asociación planteaba en su declaración de principios lo siguiente:

1.“La Asociación de Maestros de la UNL es un organismo autónomo, que pretende agrupar, con fundamento en la fraternidad y bien común universitario, a los catedrá-ticos de la UNL, independientemente de la convicción filosóficas, religiosas o polí-ticas.2.Detendrá y avivará el sentido y la misión de la universidad, así como su decoro e in-tegridad.3.Apoyamos la reforma académica hacia la autonomía.

4.Mantenemos los principios indeclinables de libre investigación y libertad de cátedra, entendiendo con ello la facultad de expo-ner, con propósitos exclusivos de docen-cia e investigación todas las corrientes del pensamiento y las tendencias de carácter científico y social, en un plan rigurosamen-te académico, sin interferencia del Poder estatal o de cualquier grupo de presión.5.La asociación pugnará por una mayor participación de la universidad en el inte-gral desarrollo social y cultural de la comu-nidad nacional e internacional.6.Mantendrá una comunicación, constante y permanente, con autoridades universita-rias, maestros, estudiantes y egresados que forman la comunidad universitaria, como un medio para llegar a su total integración.” Véase el comunicado de la creación de esta asociación, dirigida a los universitarios y a la opinión pública, El Norte, Monterrey, 24 de octubre de 1969.

102. Las propuestas del Frente Estudiantil de la Facultad de Derecho son:

1.En la formación estructural de la univer-sidad sólo deben participar los universita-rios; entendiendo como tales, autoridades, alumnos y catedráticos de la universidad. Quedando al margen, por exclusión, los representantes sindicales y asociaciones de cualquier índole que actualmente vivan en el seno de la universidad.2.Autonomía acompañada de una reforma integral a nuestros actuales patrones jurídi-cos, académicos y administrativos.3.Concebimos la autonomía como la conju-gación de los siguientes cuatro elementos: a) la universidad, en su esencia, será más autónoma cuanto más libre sea para esco-ger y seleccionar sus fines y objetivos; b) su capacidad para autolegislarse; c) tener

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el Poder y la capacidad suficiente para au-togobernarse y d) por último es consubs-tancial a toda autonomía su capacidad para autofinanciarse.4.Este procedimiento se tiene que cumplir por etapas: a) autoestudio; b) qué tenemos y qué queremos (encuestas y deseos); c) la decisión y d) ejecución de las decisiones a que se hubiere llegado. Véase El Norte, Monterrey, 4 de noviembre de 1969, 7-B.

103. Este comunicado dirigido a la opinión pública y a los universitarios, por parte de los catedráticos de la Preparatoria 1, lo acompañaban 55 firmas, en-tre las que podemos mencionar a Domingo Lozano Garza, Evangelina Almagero y Aída O´Ward Ruiz de Garza. Véase El Norte, Monterrey, 2 de no-viembre de 1969, 1-B.


105. Ésta constó de 37 artículos y 6 transitorios, fir-mado por el presidente de la Asociación Agustín Basave y el secretario de la misma, el arquitecto Daniel H. Cebrián. Esta Ley Orgánica contempla-ba la Junta de Gobierno como máxima autoridad de la futura UANL. Véase, El Norte, Monterrey, 8 de noviembre de 1969, 1-B

106. El Norte, Monterrey, 29 de octubre de 1969.

107. El STUNL comentó sobre la iniciativa del Gobernador que entendían que “la reforma a es-tos dos artículos simplemente es el primer paso que proveerá el cambio de las actuales autoridades universitarias, para elegir democrática y definitiva-mente a los directivos que llevarán a cabo, con la participación de todos los universitarios, la crea-ción de una nueva Ley Orgánica que responda a las necesidades actuales de nuestra Universidad y que traiga consigo los cambios que los estudiantes

están demandando en todos los órdenes para lograr así la autonomía verdadera [...] Los postulados de la futura Universidad democrática sólo pueden lograrse mediante la participación de los maes-tros y estudiantes en proporción igualitaria, en el Consejo Universitario, en las Juntas Directivas y en los Consejos Técnicos de las facultades y es-cuelas.” Véase “Sobre el Proyecto de Reforma a los Artículos 16 y 24 de la Ley Orgánica”, El Norte, Monterrey, 10 de noviembre de 1969, 1-B.

108. Véase El Norte, Monterrey, 5 de noviembre de 1969, 11-B.

109. Idem.

110. Idem.

111. El Norte, Monterrey, 8 de noviembre de 1969, 13-A.


113. Idem.

114. Idem.

115. El Norte, Monterrey, 14 de noviembre de 1969.



118. La designación de Luis Echeverría Álvarez como candidato del PRI a la presidencia, el mis-mo día que se resuelve dar la Autonomía a la Universidad a través de la reforma a los artículos 16 y 24 de la Ley Orgánica, no es del todo gratuito.


255

La tensión que se vivía en la entidad por la cuestión universitaria no debía alargarse demasiado, en vista de la designación de un candidato presidencial fa-vorable al respeto de la autonomía (política que lle-vó a cabo Echeverría a fin de desligarse de la tutela del presidente en funciones, Gustavo Díaz Ordaz). Así lo visualizó Elizondo y es muy probable que haya presionado al Congreso a fin para acelerar la “desincorporación” de la Universidad, y por lo tanto de sus problemas internos, del gobierno del Estado.


120. Idem.



123. En la reunión del Consejo Estudiantil de la UNL, celebrada el 10 de noviembre, en el Aula Magna, se atacó a Alfonso Martínez Domínguez, al cual se le acusó de ser uno de los que alentó el movimiento estudiantil en Nuevo León contra el gobierno de Eduardo Elizondo. Esto lo dijo Eduardo González Ramírez, estudiante de la Facultad de Economía y secretario general de la Juventud Comunista en Monterrey, también secre-tario general de la Central Nacional de Estudiantes Democráticos, Delegación Nuevo León. Véase El Norte, Monterrey, 11 de noviembre de 1969, 7-B.

124. La paridad de votos es estimulada por las refor-mas de 1970 a fin de aumentar la participación polí-tica en México. Mediante estas reformas se adquie-re el derecho al voto a los 18 años en lugar de 21; se puede ser elegido diputado a los 21 años, en lugar de

a los 25, y senador a los 30 en lugar de a los 35 (véa-se Pablo González Casanova, 1979). Ante esto, los estudiantes de educación superior manifiestan que es “justo también que los estudiantes estemos capa-citados para elegir a quien guíe a nuestra universi-dad y planteles en general”. El Consejo Estudiantil formó brigadas para informar a la Ciudadanía de sus demandas, a través de espectáculos culturales e informativos. Aunque también es de resaltar que los estudiantes de la Preparatoria 2 tomaron, el 13 de noviembre, 19 camiones de las diferentes rutas urbanas y 56 más fueron pintados alusivamente en pro de su petición. El Consejo Estudiantil también coordinó visitas en busca de apoyo a las principales centrales obreras de la Ciudad, a los mítines políti-cos de los partidos, y a las principales Ciudades de Nuevo León. Para el 13 de noviembre la situación de la UNL era de rechazo a las reformas hechas por el Congreso. En la Preparatoria 2, seis alumnos se encontraban en huelga de hambre “por la pobre resolución del Congreso.” En forma paralela, estu-diantes de la misma preparatoria tomaron 19 camio-nes de transporte urbano y 56 más fueron pintados alusivamente en pro de su petición. La Facultad de Derecho inició un paro indefinido bajo los mis-mos argumentos. La Ciudad de Montemorelos vio llegar brigadas de estudiantes universitarios de Monterrey, a la Preparatoria 6, la cual se adhirió al paro de labores. El Consejo Estudiantil acordó en-viar brigadas de estudiantes a fin de que informaran a las distintas Universidades del país, de su lucha por la autonomía. Los estudiantes también busca-ban el apoyo de las centrales obreras, a las cuales fueron a informar de su plan de lucha. Al mismo tiempo, la Ciudad de Monterrey es inundada de campamentos universitarios con carteles informa-tivos dirigidos a la comunidad. Véase El Porvenir y El Norte, Monterrey, 14 de noviembre de 1969.

125. Archivo General del Estado de Nuevo León, Monterrey (en adelante AGENL-Monterrey), Periódico Oficial del Estado de Nuevo León,

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Gobierno del Estado de Nuevo León, Monterrey, 26 de noviembre de 1969.

126. El artículo transitorio único que presentó Elizondo personalmente ante el Congreso decía: “Conforme a las disposiciones de la Ley Orgánica de la UNL mientras se elijan los nuevos titulares de la autoridad universitaria, los maestros decanos de cada Facultad o Escuela quedarán al cargo de las respectivas Direcciones. Por lo que hace al Rector, los mencionados maestros decanos y UN NÚMERO IGUAL DE REPRESENTANTES ESTUDIANTILES seleccionarán a un rector provisional, a reserva de que el definitivo sea nombrado”. Véase El Norte, Monterrey, 19 de noviembre de 1969, 1-B.

127. El Norte, Monterrey, 19 de noviembre, 9-B.


129. El Porvenir y El Norte, Monterrey, 23-25 de noviembre de 1969.

130. El comunicado de los estudiantes de esta Facultad establecía después de responsabilizar a su presidente de la sociedad de alumnos, lo siguiente:

1.“Nuestros objetivos inmediatos son los si-guientes: a) luchar por todos los medios le-gales para crear un ambiente de estabilidad y democracia en nuestra facultad y prepa-rarnos para lograr una auténtica represen-tación ante el Consejo Universitario y ante la Junta Directiva de la facultad; b) parti-cipar en cada uno de los asuntos que sean motivo de interés para nuestra comunidad estudiantil, a fin de evitar que una minoría deshonesta tome decisiones trascendenta-les, sin habernos consultado previamente; c) Tratar de elevar el nivel académico e in-telectual de nuestra facultad.

2.La huelga iniciada el 9 de octubre fue aprobada por una cantidad de alumnos que dista mucho de ser la requerida por nues-tros estatutos y tener carácter legal. El mo-tivo fue la falta de maestros capaces en los tres departamentos de la facultad. Nunca se habló de reforma, autonomía o paridad uni-versitarias (aunque no estamos en contra de estos principios). Se cambió el curso de los acontecimientos y se pasó de un paro con objeto de buscar solución a nuestros pro-blemas internos a otro con otro objetivo, y este cambio no fue consultado con la tota-lidad de la mesa directiva. Denunciamos pues, la actitud cobarde y dolosa del pre-sidente de nuestra Sociedad de Alumnos al esconderse cuando se requería su respuesta a los problemas planteados por el alum-nado. Después de 30 días de labores inte-rrumpidos, un grupo de alumnos mayor del doble que nuestros estatutos señalan pidió la convocación de una asamblea, que forzó hacerla Miguel Covarrubias Ortiz el 14 de noviembre, donde no dio respuestas claras a las interrogantes planteadas.3.Denunciamos que Miguel Covarrubias Ortiz es un alumno irregular, del segundo año de filosofía, y que se ha venido negando a cursar la materia de introducción a la psi-cología. A ello se debe su interés personal en hacer hasta lo imposible por eliminarla del plan de estudios. Por lo tanto pedimos un hasta aquí a las anomalías en la facul-tad”. Es firmado por 55 alumnos. Véase El Porvenir, Monterrey, 25 de noviembre de 1969, 9-A.

131. Esta asociación tenía su domicilio legal en Monterrey, en la calle Zaragoza, 640 sur, despacho 201. Los firmantes –que tenían una postura radical ante el conflicto– eran Jesús M. Jiménez, Óscar E. Leal Suárez, Salvador Capistran A., Ángel Durán


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Gaytán y Eloy Hernández Espinoza, véase el co-municado pagado “La Universidad, epílogo de claudicación”, en El Porvenir, Monterrey, 27 de noviembre de 1969, 7-A.

132. El Porvenir, Monterrey, 27 de noviembre de 1969, 10-B.

133. Éstos eran los estudiantes Eduardo González, de la Facultad de Economía, y Noé Ramos, de la Facultad de Agronomía. El movimiento estudian-til para entonces estaba sumamente organizado. El Consejo Estudiantil estuvo presente en todos los ámbitos durante la publicación de las reformas que darían finalmente la autonomía a la Universidad. Un grupo estuvo presente en las puertas del Congreso, otro fuera del despacho del Gobernador, mientras el resto se encontraba en la Torre de Rectoría, espe-rando la información de la publicación de las refor-mas a través de sus brigadas ubicadas en el centro histórico de la Ciudad. El Porvenir, Monterrey, 27 de noviembre de 1969.

134. Véase El Porvenir, Monterrey, 29 de noviem-bre de 1969, 1-B.

135. Véase El Porvenir y El Norte, del 2 al 18 de diciembre de 1969.

136. Idem.

137. Comunicado por acuerdo del Consejo Universitario, de la Universidad ya Autónoma de Nuevo León sobre las inscripciones del primer se-mestre de 1970, El Porvenir, Monterrey, 3 de enero de 1979, 3-B; y 6 de enero de 1970, 1-B.

138. El comunicado del paro nacional solicitaba la libertad de los presos políticos de 1968, ya que “esto constituye una herida en el cuerpo de la na-ción mexicana y una fuerte intranquilidad para el

país en detrimento de la concordia y la hermandad que es necesario que impere en nuestro pueblo en beneficio de su propio bienestar y progreso.” Véase El Porvenir, Monterrey, 14 de enero de 1970, 8-A.

139. Para enero de 1970, la UANL tenía tres mil trabajadores entre docentes, administrativos y de intendencia, de los cuales 1,300 no estaban sindi-calizados. El Porvenir, Monterrey, 2 de enero de 1970, 5-B.

140. El Porvenir, Monterrey, 2 de enero de 1970.

141. El Norte, “La UNL sufre crisis en lo material y académico”, Monterrey, 17 de marzo de 1970, 10-B.

142. Idem.

143. El Norte, Monterrey, 21 de mayo de 1970, 1-B. Véase también a Carlos Ruiz Cabrera, (1990).

144. El Norte, Monterrey, 9 de mayo de 1970, 1-B

145. El Norte, Monterrey, 12 de mayo de 1970, 1-B.

146. Comunicado del Consejo Universitario a los universitarios, El Norte, Monterrey, 20 de mayo de 1970, 1-B.

147. Véase en la Hemeroteca Nacional, Ciudad Universitaria, Ciudad de México (en adelante HN-Ciudad de México), los periódicos Excélsior y El Nacional, Ciudad de México, 8 y 9 de mayo de 1970.

148. Véase El Norte, “Protesta del FETEC por elevadas cuotas”, Monterrey, 1 de septiembre de 1970.

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149. Véase Revista Panorama, del ITESM, Monterrey, septiembre de 1970 y; El Norte, Monterrey, 2 de septiembre de 1970, 14-15-B.



152. En este comunicado, dirigido a los estudian-tes del ITESM y a la opinión pública, 43 firmas de Exa-Tec, entre ellos el ingeniero Alfonso González Migoya, reprueban la violencia en la institución, véase. El Norte, Monterrey, 5 de septiembre de 1970, 13-B.



155. Véase El Norte, Monterrey, 7 de septiembre, 12-B; y 13 de septiembre de 1970, 1-B.


157. Véase El Norte, Monterrey, 22 de septiembre de 1970, 1-B; y el 24 de septiembre de 1970, 1-B.


159. AHHCENL-Monterrey, Proyecto de la Ley Orgánica de la Universidad de Nuevo León pre-sentada al H. Congreso del Estado por la Comisión Redactora del mismo, integrada por maestros y alum-nos de la Universidad de Nuevo León, 30 de mayo de 1970, Monterrey, UNL, 1970. Véase también

El Porvenir y El Norte, Monterrey, 30 de mayo de 1970.


161. Idem.

162. Idem.

163. Véase como se dio esta política en el sector de educación superior en Pablo Latapí (1979).


165. El Porvenir, Monterrey 4 de noviembre de 1970.

166. El Norte, Monterrey, 6 de noviembre de 1970, 10-B. Véase también Agustín Basave Fernández del Valle, (1971).

167. El Norte, Monterrey, 9 de noviembre de 1970, 9-B. Véase también a César Lazo Hinojosa, (1971).

168. Idem.


170. Idem.

171. Idem.

172. Véase El Porvenir y El Norte, Monterrey, 9 de enero de 1971.



259

174. Su director, Ángel Martínez Maldonado, ar-gumentó que el edificio estaba construido para al-bergar 400 alumnos, pero tenía en total mil (800 alumnos de medicina y 200 en las carreras de trabajo social y laboratoristas). A juicio de Ángel Martínez, la facultad no otorgó ningún lugar de nuevo ingreso para el segundo semestre de 1970, debido al insuficiente material para preparar bien a los estudiantes, la carencia de laboratorios y la falta de lugares y material de práctica para los futuros médicos. Se quejó de que el costo de prácticas era demasiado oneroso y faltaban medios económicos para brindar una exhaustiva preparación a los aspi-rantes. Finalmente comentó que “la imposibilidad del sistema académico de semestres, hace mate-rialmente difícil a la Facultad de Medicina poder controlar con honestidad la demanda estudiantil en esa rama”. El Norte, Monterrey, 26 de mayo de 1970, 8-B.

175. Ibid. La Comisión estaba integrada por Tomás González de Luna (secretario general de la UNL); Manir González Marlos (director del Departamento Escolar y Archivo); Herminio Salazar Suárez (coor-dinador de Escuelas Preparatorias); Jorge Urencio Abrego (profesor) y Luis Felipe Ortiz Morales. Los representantes alumnos en esta comisión fueron Noé Ramos, Rogelio Loredo y Francisco Javier Burnes.

176. Idem.

177. Entre otros casos están el de Roberto Moreira (mayo de 1970), el del maestro y médico Arturo Garza Chapa, y los biólogos Salvador Conteras y Arturo Jiménez (julio de 1970). A estos tres últimos se les acusó, en la Facultad de Biología, de faltante de dinero de un proyecto de la Dirección Nacional de Pesca, de 18 mil pesos (el proyecto original constó de 41,600 pesos). Aunque se deslindaron responsabilidades y se comprobó que la mayor parte del faltante fue realmente una falla admi-

nistrativa y ésta se corrigió, fueron despedidos –a juicio de estos profesores–, por firmar su aproba-ción al informe dado a la universidad por Salvador Contreras. El director entrante de Biología, Humberto Sánchez Vega, realizó el despido frente al alumnado y teniendo a un lado la foto del gue-rrillero Che Guevara. Véase para el caso Moreira El Norte, Monterrey, 31 de mayo de 1970, 16-B; y para el caso de los profesores de Biología, El Norte, Monterrey, 11 de julio de 1970, 1-B.

178. Se le atribuyó oficialmente en el Consejo la ela-boración y la difusión (que él posteriormente negó) de un panfleto repartido durante el movimiento es-tudiantil de 1969, donde denunciaba los planes de agitación y a las personas que posteriormente, en diciembre de 1969, ocuparon los cargos de rector y secretario general, entre otros. El Norte, “Ruidosa sesión de 12 horas tiene Consejo de la UANL”, Monterrey, 30 de mayo de 1970, 14 y 15 A.

179. A lo que el comentó que “todo ha sido una conjura en mi contra para privarme injustamente de mi trabajo para desprestigiarme como persona, como catedrático y como universitario”. El Norte, Monterrey, 31 de mayo de 1970, 16-B.

180. El Norte, Monterrey, 30 de mayo de 1970, 15-A.

181. El Norte, Monterrey, 30 de mayo de 1970, 14 y 15-A.

182. Idem.

183. Idem.

184. Idem.

185. Véase El Porvenir y El Norte, Monterrey, 29 de julio de 1970.

260


186. Aseveraciones de algunos editorialistas de los periódicos mencionados. Los cuales identificaban a miembros de estas agrupaciones a María Cristina Villarreal Navarro, José Aguilera, Rubén Vidales Castañeda, Ángel Garza Martínez, Felipe de Jesús Rendón, Rodolfo Garza y Agustín Zavala.


188. Ibid.

189. El Norte, “Inquieta discriminación en nuestra UNL”, Monterrey, 31 de mayo de 1970, 8-B.

190. Ellos fueron: Sergio Guadalupe Ochoa (por golpear al estudiante Jaime Padilla), Miguel Ángel Adame Ochoa, Homero Gutiérrez Benavides y Edmundo Lozano Elizondo. El Norte, Monterrey, 8 de noviembre de 1970, 2-B.

191. Este fue Edmundo Lozano Elizondo, nombre que nunca se mencionó en el Consejo Universitario (sólo se dijo que se tenía una vaga identificación) y a pesar de ello se autorizó su expulsión, mostrando una irregularidad por demás grotesca.

192. Ibid.

193. Ibid.


195. Ibid.


197. Las preguntas hechas el 10 de noviembre por el periódico El Norte y que finalmente fueron con-testadas por el Secretario General de la UNL el día 12 eran: 1) ¿Cuántos empleados realmente laboran

en la UNL? Respuesta: 2, 470 empleados; 2) ¿A cuánto asciende el egreso económico por concepto de pagos a empleados de la UNL? Respuesta: 2; 480, 676.55 pesos; 3) ¿Cuántos empleados, maes-tros y demás que actualmente gozan de la nómi-na de la universidad anduvieron de agitadores en el movimiento estudiantil pasado en que se exigía la autonomía y la reforma universitaria? No fue contestada; 4) ¿Cuántos empleados o maestros de la universidad tienen dos empleos y como conse-cuencia dos sueldos? Respuesta: 38 trabajadores; y 5) ¿Cuántos maestros imparten cátedra en la Preparatoria 9 de reciente creación? Respuesta: 53 profesores. Véase El Norte, Monterrey, 11 de no-viembre de 1970, 1-B; y 13 de noviembre de 1970, 1-B.

198. AHHCENL, Monterrey, III Informe de Gobierno, que rinde el Gobernador del Estado, Eduardo A. Elizondo al H. Congreso del Estado, Gobierno del Estado, Monterrey, 1 de marzo de 1970.

199. Véase El Porvenir, Monterrey, 25 de julio de 1970.

200. Datos de la Secretaría de Educación Pública para el Estado de Nuevo León, Gobierno del Estado, Monterrey, 1970. Véase también III Informe de Gobierno que rinde el Gobernador del Estado, Eduardo A. Elizondo al H. Congreso del Estado, Gobierno del Estado, Monterrey, 1 de mar-zo de 1970.

201. Declaraciones de Tomas González de Luna en El Norte, Monterrey, 25 de julio de 1970, 9-B.

202. Véase los comunicados del “Consejo Estudiantil de la UANL” y del “Frente Estudiantil de Acción Preparatoria”, en El Norte, Monterrey, 25 de julio de 1970, 13-B.


261


204. Idem.

205. El Norte, Monterrey, 28 de julio de 1970, 1-B. Entre los estudiantes participantes en esto están Luis Antonio Noyola Sánchez, Agustín Acosta Zavala y Maricela Taméz Niño.

206. Encuestas a profesionistas realizadas por El Norte, Monterrey, 23 de julio de 1970, 8-B.


208. Véase, HN-Ciudad de México, la revista Oposición, Ciudad de México, Partido Comunista Mexicano, número 7, 1970. Se decía que en Monterrey, “teniendo como antecedente un mo-vimiento estudiantil exitoso que conquistó la au-tonomía de la universidad y reformas académicas de importancia, se realizaron con motivo de la gira electoral del candidato oficial, acciones de enver-gadura tales como manifestaciones multitudinarias, quema colectiva de credenciales de elector, sabota-je al desfile de la comitiva de LEA y el impedir la realización de la asamblea juvenil que en una arena deportiva había organizado el PRI. La diversidad de los grupos que participaron principalmente el OCU, Comunistas y Espartacos, los acuerdos de acción a que se llegó, los debates previos que seguramente le antecedieron, son elementos que contribuyen a la eficacia de las acciones, pero sobre todo a abrir perspectivas para otras, nuevas y más profundas [...] es decir, está en gestación el o los instrumentos que harán posible la nueva revolu-ción en México.” Oposición, número 7, Ciudad de México, PCM, 1970: 28.

209. Véase Diez años de actuación política del PCM en la UANL (proyecto de balance), (1978).

210. Véase el comunicado “A la opinión pública y a los universitarios” firmado por la Junta Directiva de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UANL, El Norte, Monterrey, 16 de julio de 1970, 9-B.

211. Idem.

212. El Norte, “Inspección laboral en la UNL”, Monterrey, 3 de septiembre de 1970, 12-B.

213. Idem.

214. Idem.


216. Junta de Conciliación y Arbitraje, Citatorio al rector y a los 74 miembros del Consejo Universitario, a comparecer el 11 de septiembre de 1970, sobre el juicio laboral interpuesto por Roberto Moreira a la UANL, el 28 de mayo de 1970.


218. Véase El Porvenir y El Norte, del 13 al 28 de septiembre de 1970.

219. El Porvenir, Monterrey, 11 de noviembre de 1970.

220. Véase El Norte, “Priva caos en la UNL tras acalorada sesión acuerdan hacer paro”, Monterrey, 11 de noviembre de 1970, 1-B.

221. Idem.

222. Idem.

223. Idem.

262


224. Idem.

225. El Norte, Monterrey, 12 de noviembre de 1970, 1-B; véase también El Tribuna de Monterrey, 12 de noviembre de 1970.

226. El Norte, “Preparatorianos niegan esté grave el golpeado. Legistas dictaminan”, Monterrey, 11 de noviembre de 1970, 1-B.


228. El Porvenir, Monterrey 14 de noviembre de 1970.

229. El Porvenir y El Norte, Monterrey, 12 de no-viembre de 1970.


231. Idem.

232. Idem.

233. El Porvenir, Monterrey, 29 de noviembre de 1970. La cuarta persona expulsada resultó ser Edmundo Lozano Elizondo, el cual nunca perte-neció a la UANL, ni tampoco radicaba en la locali-dad ya que residía en la Ciudad de México.

234. El Norte, Monterrey, 4 de diciembre de 1970.

235. Idem.


237. Idem.

238. Idem.



241. Véase El Norte, Monterrey, marzo y noviem-bre de 1970.


243. El Porvenir, Monterrey, 22 y 23 de mayo de 1970.


245. Véase El Porvenir, Monterrey, 4 al 20 de di-ciembre de 1970 y enero de 1971.

246. Véase El Porvenir, Monterrey, 4 de diciembre de 1970 y 5 de enero de 1971.

247. Véase El Porvenir y El Norte, Monterrey, di-ciembre de 1970 y enero de 1971.




251. Idem.





263

255. El Norte, “Informe del rector Oliverio Tijerina”, Monterrey, 11 de enero de 1971, 1-B.

256. Idem.


258. Idem.

259. Idem.


261. Idem.


263. El Norte, Monterrey, 29 de enero de 1971, 1-B

264. El Porvenir y El Norte, Monterrey, 13 de fe-brero de 1971.

265. AHHCENL-Monterrey, Cuarto Informe de Gobierno de Eduardo A. Elizondo ante el H. Congreso del Estado, Monterrey, Gobierno del Estado de Nuevo León, 1 de marzo de 1971.

266. Idem.

267. Idem.

268. Idem.

269. Idem.



272. Idem.



275. Idem.

276. Cifras dadas a conocer por el Secretario General de la UANL, Manir, González Matos en El Norte, Monterrey, 2 de marzo de 1971, 12-B. Véase también Richard G. King, Alfonso Rangel Guerra, et al., (1972).

277. Cifras publicadas por la UANL en El Norte, Monterrey, 8 de marzo de 1971, 7-A.

278. El Norte, “STUNL, al Pueblo de Nuevo León”, 8 de marzo de 1971, 7-A.

279. Idem.

280. Véase también Roberto Chapa Martínez (comp.), (1991).

281. El Norte, “STUNL, al Pueblo de Nuevo León”, 8 de marzo de 1971, 7-A.

282. Idem.

283. Ibid. La firma del Comité Ejecutivo iba confir-mada con los siguientes nombres: ingeniero Fabián Navarro Arras, secretario general; Licenciado Lorenzo Saldaña Garza, secretario de conflictos; Doctora Silvia Mijares de Covarrubias, secreta-ria de previsión social; profesor Jesús Colunga Molina, secretario de Actas; biólogo José J. Ortiz Hernández, secretario de Organización; Valdemar Martínez Carrera, secretario tesorero, y licenciado José C. Fernández Quiroga, secretario de Prensa y Propaganda.

264




286. Idem.

287. Idem.

28. 8El Norte, Monterrey, 2 de marzo de 1971, 9-B.

289. Resultado de la Encuesta en la Facultad de Leyes en El Norte, Monterrey, 7 de marzo de 1971, 1-B.




293. AHHCENL-Monterrey, Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, 27 de marzo de 1971.

294. El Norte, Monterrey, 4 de marzo de 1971, 1-B. Esta organización era identificada con el grupo político de izquierda radical denominada “Espartacos”.

295. Idem.

296. Idem.

297. Idem.



300. Véase El Porvenir y El Norte, Monterrey, 16 y 17 de marzo de 1971.

301El Porvenir, Monterrey, 16-19 de marzo de 1971.


303. Véase El Porvenir y El Norte durante esas fe-chas.

304. El Porvenir, Monterrey, 26 de marzo de 1971.

305. Ver AHHCENL-Monterrey, Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, Monterrey, Gobierno del Estado de Nuevo León, 27 de marzo de 1971. Véase también Gerardo de León (1989).

306. Idem.


308. Idem.

309. Idem.

310. Idem.

311. El Porvenir, Monterrey, 13 de abril de 1971. Su hijo, Arnulfo E. Treviño Cervantes, años después, realizó una sentida defensa de la actuación de su padre. Arnulfo E. Treviño comentó: “El coronel, médico cirujano Arnulfo Treviño Garza, egresado de la prestigiosa Escuela Médico Militar, ocupó el honroso cargo de rector de la universidad, no por el hecho de ser militar, sino por su amplia y brillan-


265

te trayectoria en la UANL, en donde fue, por más de 35 años, profesor titular de la cátedra de ciru-gía, jefe del Departamento de Cirugía General por oposición, consejero universitario representante de los maestros del Hospital Universitario y Miembro de la Academia Mexicana de Cirugía. Todos estos méritos académicos fueron ignorados por los me-dios de difusión capitalinos de esa época, que obe-decían indicaciones tanto de intereses políticos (lo-cales como) del centro de la república”. El Norte, “Méritos ignorados”, Monterrey, 8 de junio de 2001, Primera Sección, p:2. Esta defensa fue una crítica a un artículo anteriormente publicado titu-lado “La renuncia que conmovió a Nuevo León”, aparecido en El Norte, del 5 de junio de 2001.





316. El Porvenir, Monterrey, 5 y 6 de mayo de 1971.



319. Comunicado del Gobernador del Estado de Nuevo León a los nuevoleoneses por el canal 3, Monterrey, 11 de mayo de 1971.

320. Fallo del juez federal del Segundo Distrito en contra del exrector Héctor Ulises Leal Flores (se desechó una demanda de amparo promovido por el propio Héctor Ulises), Monterrey, 12 de mayo de 1971.

321. El Norte, Monterrey, 19 de mayo de 1971, 1-B. Sin embargo, la popular columna política diaria de Maquiavelo, del mismo periódico, desmintió esta versión.



324. El Norte, “Reunión del Consejo. El consejo lanza ultimátum. Despedirán a maestros y a traba-jadores rebeldes”, Monterrey, 22 de mayo de 1971, 1-B.

325. Idem.

326. Idem.


328. Ibid. Los estudiantes detenidos fueron en-tre otros, Benjamín Palacios, de 16 años; Genaro Muñoz, de 17; Fausto Montes Quiroz de 17; José M. Rodríguez Vizcaya de 23; Luis Barajas Benavides de 19, y Eleazar Covarrubias, de 17.

329. Ibid. Se encontraron en el Aula Magna y las preparatorias 1 y 3 los siguientes materiales consig-nados ante el Ministerio Público: ochenta botellas con gasolina y mecha; cuatro latas de gasolina de 20 litros; un garrafón de ácido sulfúrico; cuatro pis-tolas calibre 22; media caja de balas del mismo ca-libre; navajas; cuchillos; discos del Che Guevara y de Óscar Chávez; cadenas; libros cubanos y rusos; panfletos en contra del gobierno estatal; equipos de sonido; proyectores de cine; pólvora y magnavoces.

330. Profesores, alumnos y autoridades estatales y municipales que participaron en los hechos en am-

266


bos bandos, y que fueron entrevistados por el autor (Juan Ángel Sánchez, José Roberto Mendirichaga y Benjamín Palacios Hernández, entre otros), entre noviembre de 1999 y abril de 2000.


332. Idem.

333. El Norte, Monterrey, 25 de mayo de 1971, 12 y 13-B.




337. Idem.



340. El Norte, Monterrey, 30 de mayo de 1971, 14 y 15-B.

341. El Porvenir y El Norte, Monterrey, 31 de mayo de 1971.

342. El Norte, Monterrey, 1 de junio de 1971, 1-B.

343. El Norte, “Bravo Ahuja ausculta para mediar en el lío de la UANL”, Monterrey, 1 de junio de 1971, 1-B.

344. Idem.

345. Idem.

346. El Porvenir, Monterrey, 1 de junio de 1971.

347. Idem.



350. El Norte, “Muchas opiniones recaba el minis-tro Bravo Ahuja”, Monterrey, 2 de junio de 1971, 1-B.

351. Idem.

352. Idem.

353. Idem.

354. El Norte, “100 mil obreros apoyan la Ley de la Universidad”, Monterrey, 2 de junio de 1971, 1-B.

355. Héctor Camero, líder del movimiento urbano pro adquisición de tierras a través de su ocupación por cientos de familias, comentó que el problema universitario no era sólo de Nuevo León, sino que era un problema nacional. Agregó que “el gobierno federal quiere imponer las nuevas reformas educa-tivas con las cuales que se viola el derecho y la au-tonomía universitaria.” El Norte, Monterrey, 2 de junio de 1971, 1-B.

356. Véase HN-Ciudad de México, el órgano in-formativo de las organizaciones populares y movi-mientos urbanos en pro del derecho al asentamien-to urbano, Lucha Popular, Ciudad de México, sus primeros 33 números. Particularmente el número 33, editado en la Ciudad de México el 15 de marzo de 1971.


267

357. El Norte, “Comunicado sobre el problema de la UNL, que la Asociación de Maestros de la misma presenta al C. Ministro de Educación”, Monterrey, 2 de junio de 1971, 11-B. La postura de esta asociación mencionada en las páginas siguien-tes fue tomada de esta declaración.

358. Idem.

359. Idem.

360. Idem.

361. Idem.

362. Idem.

363. Véase la Ley Orgánica vigente en ese momen-to en El Norte, “Esta es la Ley que el pueblo dis-pone para su universidad”, Monterrey, 2 de junio de 1971, 11-B.

364. El Norte, “Comunicado sobre el problema de la UNL, que la Asociación de Maestros de la misma presenta al C. Ministro de Educación”, Monterrey, 2 de junio de 1971, 11-B.

365. El Norte, “Se discute el problema de la UNL en el Congreso de la Unión”, Monterrey, 4 de julio de 1971, 1-B.

366. Idem.

367. Idem.

368. El Norte, “Dialogan Bravo Ahuja y Elizondo por once horas”, Monterrey, 3 de junio de 1971, 1-B.

369. El Norte, “El Gobernador Elizondo expresa su mejor deseo”, Monterrey, 4 de junio de 1971, 1-B.

370. Idem.

371. El Norte, “Consejo estudiantil de Derecho decide seguir defendiendo la Ley Orgánica”, Monterrey, 4 de junio de 1971, 1-B.

372. El Norte, “El ministro dice”, Monterrey, 4 de junio de 1971, 1-B.

373. Idem.

374. Idem.

375. El Norte, “Condena el ministro la Asamblea popular”, Monterrey, 4 de julio de 1971, 1-B.

376. Raúl Rangel Frías escribió para la posteri-dad información sobre su actuación en ella, véase Rangel Frías (1990), (1984), (1975) y (1971).

377. El Norte, “Siete exrectores ayudan al Congreso”, Monterrey, 4 de junio de 1971, 1-B.

378. El Norte, “Bravo Ahuja analiza el problema universitario”, En esta declaración, Bravo Ahuja comenta que sugirió una comisión de 4 a 7 recto-res, Monterrey, 4 de junio de 1971, 1-B.

379. “Comunicado del presidente de la república Luis Echeverría a los Gobernadores de los Estados y territorios”, México, Gobierno de la República, 4 de junio de 1971.

380. El Norte, “Renuncia el rector”, Monterrey, 5 de junio de 1971, 1-B.

381. Ibid.

382. El Norte, “Deroga Congreso la Ley Universitaria”, Monterrey, 5 de junio de 1971, 1-B.

383. Idem.

268


384. El Norte, “La caída de la Ley abre un movi-miento nacional”, Monterrey, 5 de junio de 1971, 1-B.

385. Idem.

386. Idem.

387. Una represión más contra el movimiento uni-versitario se protagonizó en la Ciudad de México el jueves 10 de junio de 1971, conocido en la concien-cia colectiva como el Jueves de Corpus. Esta mani-festación que recordaría la matanza del 2 de octubre de 1968 en la misma Ciudad, contó, a diferencia del 2 de octubre, con una amplia cobertura de los medios de comunicación social tanto nacionales como internacionales. Las denuncias fundamen-tadas en testigos, fotografías, películas e investiga-ción a fondo sobre los grupos represores, obligaron al Ejecutivo de la nación a realizar detenciones y obligar a renunciar a cercanos colaboradores. El más importante de ellos fue el regente del Distrito Federal, Alfonso Martínez Domínguez. Aunque se prometió una amplia y profunda investigación de lo sucedido, ésta no se realizó como esperaba la población. El 12 de junio de 1971, la Asociación de Reporteros Gráficos de los Diarios de México, entregó a la Procuraduría de la República los datos sobre el grupo paramilitar que llevó a cabo la repre-sión, éste se autodenominaba “Halcones”. El infor-me decía entre otras cosas lo siguiente: “Este grupo armado y perfectamente disciplinado que el 10 del actual mató a cinco estudiantes, hirió a otros 200 y golpeó a varios fotógrafos y diaristas locales e inter-nacionales, está compuesto por más de 5,000 jóve-nes, que tienen un cuartel en la llamada Cuchillo del Tesoro, en las cercanías de la pista 5 del aeropuerto. Son entrenados todas las madrugadas en carreteras cercanas y se reclutan entre jóvenes indígenas sin trabajar y porristas eliminados de centros escolares. Ganan 66 pesos diarios. Su entrenamiento es arduo y son obligados a dormir en el campo en tiendas

de campaña. Se les adiestra en disciplinas de ka-rate, judo, golpes con bastones eléctricos. Utilizan brazaletes verdes, guantes de color blanco, como los usados por el grupo que inició la balacera en Tlatelolco en 1968”. El contacto entre el grupo de los Halcones y las fuentes oficiales era Everardo Gámiz. Otro de los grupos también acusados fue el grupo derechista autodenominado MURO. El Norte, Monterrey, 13 de junio de 1971, 1-A.

388. El Norte, “Serví lo más y lo mejor que pude”, Monterrey, 6 de junio de 1971, 1-B.

389. Véase a: Carreño, 1980; Whitehead, 1980; Tello, 1979; Aguilar, 1978; Zavala, 1977 y Acevedo, 1975.

390. El Norte, “Farías sustituye a Elizondo”, Monterrey, 6 de junio de 1971, 1-B.

391. El Norte, “Farías promulga la nueva Ley Orgánica de la UANL”, Monterrey, 7 de junio de 1971.


393. Idem.

394. Idem.


396. Idem.

397. Idem.

398. Idem.

399. Véase El Porvenir, Monterrey del 9 al 25 de junio de 1971.



269


402. El Porvenir, Monterrey, 21 de julio de 1971, 1-B. Reflexiones de Rangel Guerra sobre su actua-ción en Celso Garza Guajardo (1996).

403. Véase El Porvenir y El Norte, Monterrey, 28 y 29 de julio de 1971.

404. El Porvenir, Monterrey, 30 de julio y 1 de agosto de 1971.

405. Idem.


407. El Norte, “Apoya Farías el aumento de sub-sidios a la UNL”, Monterrey, 7 de septiembre de 1971, 11-B.

408. El Consejo Universitario estaba dividido en-tre miembros del ala conservadora y seguidores de Ulises o, en su defecto, simpatizantes del grupo sumamente heterogéneo que conformaba la iz-quierda universitaria. Sin embargo, la mayoría era representativa del juego de las alianzas realizadas entre pequeños grupos dentro de las alas conserva-dora, moderada y radical. En efecto, en ocasiones las alianzas entre unos y otros a fin de detener pro-puestas de reforma eran comunes. Al respecto, el consejero alumno, Luis Antonio Noyola, comentó al término de la sesión del Consejo, que el doctor Amador Flores Aréchiga y Miguel Covarrubias, representantes de dos tendencias radicales extre-mas, se “amafiaron” para atacar y detener la re-forma de las escuelas preparatorias planteadas por el rector al propio Consejo. Véase El Norte, “El Consejo Universitario rechaza reforma de Ulises”, Monterrey, 11 de septiembre de 1971, 1-B.

409. El Norte, “Dan 8 millones más a trabajado-res de la UANL”, Monterrey, 12 de septiembre de 1971, 1-B.

410. El Norte, “El Consejo aprueba el pase auto-mático”, 12 de septiembre de 1971, 1-B.


412. Idem.

413. El Norte, “El sindicato exige el inmediato re-greso a clases y el pase automático”, Monterrey, 22 de septiembre de 1971, 12-A.

414. El Porvenir, Monterrey, 4 de septiembre de 1971, 1-segunda sección.

415. Idem.




419. Idem.

420. El Norte, “El sindicato exige el inmediato re-greso a clases y el pase automático”, Monterrey, 22 de septiembre de 1971, 12-A.


422. El Norte, “Convocan a la Junta de Gobierno. Demandan destituir a Ulises”, Monterrey, 26 de septiembre de 1971, 1-B.

270


423. Entrevista de Óscar Flores con Luis Antonio Noyola, noviembre de 1980 en Monterrey, N. L. Véase también El Norte, “Se confirma el pase au-tomático a la UNL” Monterrey, 26 de septiembre de 1971, 1-B.

424. El Norte, “Trabajarán tres turnos. Ulises ofre-ce que todos cabrán en preparatoria”, Monterrey, 21 de septiembre de 1971, 1-B.

425. Idem.

426. Idem.

427. El Norte, “Aumenta la matrícula en la UNL”, Monterrey, 26 de septiembre de 1971, 1-B.

428. El Porvenir, Monterrey, 27 de septiembre de 1971.

429. El Porvenir, Monterrey, 29 y 30 de septiembre de 1971.

430. El Norte, “Ulises matriculará a 700 alumnos más en Medicina”, Monterrey, 29 de septiembre de 1971, 1-B.

431. Véase este proceso en El Porvenir y El Norte, Monterrey, entre el 6 y 25 de octubre de 1971.

432. Véase El Norte, Monterrey, del 8 al 26 de no-viembre de 1971. Originalmente, el rector Héctor Ulises había pensado en poner como interventor en el Hospital Universitario al médico Germán Lelo de la Larrea.

433. Idem.

434. El Norte, “Ugartechea recibe apoyo”, Monterrey, 26 de noviembre de 1971, 1-B.


436. El Norte, Monterrey, 22 de marzo de 1972.

437. Véase, CiENCiAUANL (2000); y El Porvenir, Monterrey, 11 de diciembre de 1971.


439. El Norte, “Dos comisiones visitan a Farías”, Monterrey, 13 de enero de 1972, 1-B.

440Véase El Porvenir y El Norte, Monterrey del 4 al 25 de febrero de 1972.

441. El Norte, Monterrey, 14 de marzo de 1972.

442. El Norte, “Toman Rectoría por segunda vez en dos días”, Monterrey, 15 y 16 de marzo de 1972, 7-B.

443. El Porvenir, Monterrey, 15 de marzo de 1972.


445. El Norte, “Roban camiones para jugar cho-ques”, Monterrey, 3 de mayo de 1972, 8-A.

446. Véase El Porvenir, Monterrey, el 2 al 6 de mayo de 1972.

447. Luis M. Farías, (1992).

448. El Norte, “A la opinión pública. A la comuni-dad universitaria”, Monterrey, 26 de mayo de 1972, 7-B.

449. El Norte, “Piden separarse del Área Común de Ingeniería”, Monterrey, 26 de mayo de 1972, 7-B.


271



452. Véase “Trucos y Fracasos de Fabián”, co-municado firmado por el Comité de Prensa de los maestros cesados de la Facultad de Arquitectura de la UANL. Los firmantes fueron: Jesús García Campuzano y Tomás Lozano Escobar, El Norte, Monterrey, 2 de julio de 1972, 10-A.

453. Idem.

454. El Norte, Monterrey, 2 de junio de 1972, 10-A. Esta acusación fue dirigida no solo a Fabián Navarro sino a Maximino y Rodolfo alias “El pe-rro”. Para una mayor explicación de los derechos y obligaciones del personal sindicalizado de la UANL véase Estatutos y reglamentos del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Nuevo León (1973).

455. Véase el comunicado “H. Junta de Gobierno”, documento pagado y firmado por la Junta Directiva de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, y por su director, Jorge Urencio Ábrego, El Norte, Monterrey, 1 de julio de 1972, 6-A.

456. Idem.

457. El Norte, “Hay heridos en Medicina”, Monterrey, 1 de julio, 1972, 4-B.

458. El Norte, “Pintarrajean Centro de Cálculo e Imprenta”, Monterrey, 1 de julio de 1972, 4-A.

459. El Porvenir, Monterrey, 1 de julio de 1972.

460El Norte, “Acuerdan parar el hospital y tener exámenes en Palacio”, Monterrey, 1 de julio de 1972, 4-A.

461. Idem.

462. Véase el comunicado a los universitarios y a la opinión pública firmado por el Comité de Prensa de los Maestros Cesados de la Facultad de Arquitectura de la UANL, El Norte, Monterrey, 3 de julio de 1972, 4-A.

463. Véase “¿Qué persiguen los Fabianes con el caos provocado y la baja notoria del nivel académi-co?”, comunicado firmado por la FAEUANL, en El Norte, Monterrey, 3 de julio de 1972, 4-A.

464. Véase “¿Qué es la Reforma Universitaria?”, comunicado firmado por el comité de Pro-Dignificación de la Universidad, El Norte, Monterrey, 3 de julio de 1972, 5-A

465. Véase entre otros comunicados “¿Qué pasa con Ulises?”, firmado por los “Comités de Lucha de la UANL”; “Alerta Ciudadanos. La obra ma-niobra de Capistrán amenaza la Universidad”, sin firma; y “Capistrán, ninfa egregia de Ulises”, sin firma, en El Norte, Monterrey, 1 de julio de 1972, 8-A; 4 de julio de 1972, 7-A; y 3 de julio de 1972, 5-A, respectivamente.

466. Véase “Carta abierta al Sr. C.P. Rubén Villarreal de la Rosa, Tesorero de la UANL”, la cual acusaba de extender un cheque por la cantidad de 6,000 pesos a José Luis Burnes, estudiante y líder del movimiento en Aulas Anexas. El cheque corres-pondiente era el número 840126 de cuenta número 10,889 del Hospital Universitario. El comunicado lo firmaban la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Medicina y la Escuela de Laboratoristas Clínico-Biólogos, en El Norte, Monterrey, 4 de julio de 1972, 4-A.

467. El Norte, “Contra la Junta de Gobierno”, fir-mado por la FAEUANL, Monterrey, 15 de julio de 1972, 7-C.

272


468. El Norte, “Fuera Máscaras”, firmado por la Escuela Preparatoria para Trabajadores de la UANL, por su presidente, José H. Bustamante; José Horacio Ibarra, consejero; y por Jesús Perea Gómez y Gilberto J. Cervantes, Monterrey, 4 de julio de 1972, 4-D.

469. El Norte, “¿Entienden los Universitarios la Autonomía?”, firmado por la Unión Liberal de Padres de Familia, y su presidente Pablo Antonio Uribe, Monterrey, 3 de julio de 1972, 5-A.

470. El Norte, “Apoyo de la Organización Juvenil del PRI y la CNOP a Ulises”, firmado por esta organización juvenil y por sus representantes, Eduardo Cabello y María Leticia Rocha González, Monterrey, 4 de julio de 1972, 4-A.

471. El Norte, “Repudian a Ulises”, Monterrey, 5 de julio de 1972, 8-B.

472. Idem.

473. El Norte, “Bravo Ahuja dice a Ulises que no”, Monterrey, 14 de julio de 1972, 1-B.

474. Idem.

475. Véase, “A la Comunidad Universitaria” de la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, firmada por su presidente José Luis Sepúlveda, Amado Macías, secretario, Antonio Ibarra Giacomán, consejero alumno y por el subsecretario Arnulfo Solís, en El Norte, Monterrey, 6 de julio de 1972, 5-A.

476. Idem.

477. El Norte, “Son secuestrados y golpeados Fabián Navarro Arras y Rodolfo Garza Montemayor en Rectoría”, Monterrey, 16 de julio de 1972, 6 y 7-A.

478. Idem.

479. Idem.

480.Idem.

481. Idem.

482. Idem.

483.Idem.

484. Idem.

485. Véase El Norte, “Ustedes tienen la razón, pero nosotros tenemos el dinero”, Monterrey, 17 de ju-lio de 1972, 2-D. En este comunicado aparecen las cantidades mensuales que entregaba la Rectoría “como canonjías, dádivas y prebendas” que repar-tía Fabián en su carácter de secretario general del sindicato como el rector. La información fue ex-traída a Fabián “a través de golpes y que escribió y grabaron en cintas magnetofónicas”.

486. El Porvenir, Monterrey, 22 de julio de 1972.

487. El Norte, “Golpean a líderes de estudiantes de Leyes”, Monterrey, 21 de julio de 1972, 8-A.


489. El Norte, “Toman enfermería”, 27 de julio de 1972, 1-B.

490. El Norte, “Señalan papel del STUANL”, Monterrey, 3 de septiembre de 1972, 1-B.

491. Idem.

492. Idem.


273

493. El Norte “Señalan papel del STUANL”, Monterrey, 28 de julio de 1972, 5-A.

494. Idem.

495. Véase el proyecto de Aulas anexas en Facultad de Medicina (Aulas Anexas). Fundamentos y bases programáticas para una reforma en la educación mé-dica, (1974).


497. El Norte, “Si me lo piden me voy, Vela Hinojosa”, Monterrey, 1 de septiembre de 1972, 1-B.

498. Idem.

499. Idem.

500. Idem.


502. Idem.

503. El Norte, “A tiros pelean en la Universidad”, Monterrey, 8 de septiembre de 1972, 8-A.

504. Idem.

505. El Norte, “Estudiantes aseguran nos reciben a balazos”, Monterrey, 19 de septiembre de 1972, 4,5,6 y 7-A.

506. Idem.

507. Idem.

508. Idem.

509. Idem.

510. Idem.

511. El Norte, “Exigirán investigación maestros de Medicina”, Monterrey, 20 de septiembre de 1972, 5-B.

512. El Norte, “Estudiantes aseguran nos reciben a balazos”, Monterrey, 19 de septiembre de 1972, 4,5,6 y 7-A

513. Idem.

514. El Norte, “Excombatiente de Vietnam y em-pleado del hospital confiesa disparar calibre 22”, Monterrey, 20 de septiembre, 1972, 4-A.

515. Posteriormente se desmintió que fuera alumno de la Facultad de Medicina, ya que había dejado de serlo, porque no había aprobado varias mate-rias. Incluso había llegado a su última oportuni-dad. Igualmente, el secretario general de la sección 50, Ernesto Tijerina, dijo que Lewis nunca había pertenecido al cuerpo médico del sindicato. Sin embargo, Tijerina aceptó que había actuado como voluntario sin cobrar en el Hospital de profesores. Véase El Norte, Monterrey, 21 de septiembre de 1972, 7-A.

516. El Norte, “A la opinión pública. A la comuni-dad universitaria”, Monterrey, 19 de septiembre de 1972, 7-A.

517. Idem.

518. Idem.

519. Firmaban este desplegado con una leyen-da al calce que decía: “No denigra al hombre el equivocarse, lo que denigra es su persistencia en el error. Benito Juárez.” Véase El Norte, “A los

274


Universitarios. Al Gobernador del Estado. A la opinión Pública”, Monterrey, 20 de septiembre de 1972, 7-A. El comunicado tenía fecha del 19 de sep-tiembre y estaba firmado por la generación 1967-1973 de la Facultad de Medicina.

520. El Norte, Monterrey, 2º de noviembre de 1972, 5-A.

521. El Norte, “Ulises despacha desde el Hospital”, Monterrey, 20 de septiembre de 1972, 5-A.

522. El Norte, “Protegen el Hospital”, 20 de sep-tiembre de 1972, 5-A.

523. El Norte, “Contraatacan los Ulisistas”, Monterrey, 24 de septiembre de 1972, 2 y 3-A.

524. El mismo 23 de septiembre a las tres de la ma-drugada, la Torre de Rectoría fue impactada por varias cargas de pistola automática de calibre 38. Véase El Norte, “Balean Rectoría”, Monterrey, 24 de septiembre de 1972, 3-A.

525. El Norte, “Provoca el caos idea falsa de la Autonomía”, Monterrey, 19 de septiembre de 1972, 1-B.

526. Idem.

527. El Norte, “Vela Hinojosa ofrece dimitir”, Monterrey, 20 de septiembre de 1972, 4-A.

528. El Norte, “Canaco censura que haya violen-cia”, Monterrey, 20 de septiembre, 1972, 5-A.

529. El Norte, “La Unión Neolonesa de Padres de Familia exige la intervención del Gobernador”, Monterrey, 20 de septiembre de 1972, 5-A.

530. El Norte, “Crisis en la Universidad”, Monterrey, 20 de septiembre de 1972, 7-A.

531. El Norte, “Carta abierta a la Junta de Gobierno de la UANL”, Monterrey, 22 de septiembre de 1972, 7-A. Firmaban de parte de las asociaciones ya mencionadas los siguientes presidentes: Por el de Notarios Públicos, Héctor Rubén Garza Moreno; por de Médicos Cirujanos, Alberto Cavazos Garza y por el de Ingenieros Mecánicos, Fernando de León Flores. El resto de las Asociaciones firman-tes fueron: El Colegio de Arquitectos de Nuevo León, A. C., Luis F. Carrillo Valadez; El Colegio de Abogados de Nuevo León, Sergio Francisco de la Garza; Asociación Mexicana de Ingenieros Mecánico, Electricistas, Sección Monterrey, Edgar R. Beckley; Colegio de Ingenieros Civiles de Nuevo León, A. C., Fernando J. Ordaz Martínez.

532. El Norte, “Carta Abierta al Licenciado Luis M. Farías, Gobernador Substituto del Estado de Nuevo León”, firmada por los presidentes de la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León, Jorge L. Garza; del Centro Patronal de Nuevo León, Jorge Fernández Ruiloba; y de la Cámara Nacional de Comercio de Nuevo León, Octavio Rocha y el vicepresidente Jorge A. Chapa, Monterrey, 29 de julio de 1972, 3-A.

533. Idem.

534. Declaraciones del secretario de Educación Pública, Víctor Bravo Ahuja, en HN-Ciudad de México, Excélsior, Ciudad de México, 28 de julio de 1972.

535. Los datos son variables de acuerdo a la fuente. Esto demuestra una inestabilidad y falta de organi-zación y coordinación entre Rectoría y el resto de las escuelas y facultades. Para septiembre de 1972, las cifras de alumnos manejados van de 27 mil a de 31 mil, incluyendo Educación media superior y superior.


275

536. Declaración de Tesorería de la UANL, El Norte, Monterrey, 9 de enero de 1972, 1-B.

537. El Norte, “Nadie sabe, nadie supo. Frustran en la UANL labor de la Comisión de Hacienda”, Monterrey, 18 de noviembre de 1972, 1-B.

538. Idem.

539. Idem.

540. El Norte, Monterrey, 3 de septiembre de 1972.

541. Idem.

542. Declaración del Departamento de Escolar de la UANL, en El Norte, Monterrey, 15 de septiem-bre, 1972, 1-B.


544. Idem.

545. Idem.

546. Los miembros que anunciaron su renuncia fueron, como era de esperarse, antiulisistas de-clarados: Raúl S. Montoya Reta, director de la Preparatoria 1; Alfredo Rofle Samaniego, direc-tor de la Preparatoria 2; Felipe Ortiz, director de la Preparatoria 3; Felipe Rendón, director de la Preparatoria 9; Juan Zamudio Camacho, director de la Facultad de Comercio; Jorge Urencio Ábrego, director de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica y Marco Antonio Ugartechea, director de la Facultad de Medicina. Véase “Carta Abierta a los Universitarios”, en El Norte, Monterrey 26 de septiembre de 1972, 6-A.

547. Véase El Porvenir, Monterrey, el 27 y 28 de septiembre de 1972.

548. El Norte, “El Consejo Universitario”, Monterrey, 28 de septiembre de 1972, 4-A.

549. Idem.

550. Idem.

551. El Norte, Monterrey, 26 de septiembre de 1972, 8-A.

552. Idem.

553. Idem.

554. El Norte, “Huelga en la UANL”, Monterrey, 2 de noviembre de 1972, 2-B.


556. El Porvenir, Monterrey, 9 de octubre de 1972.

557. El Norte, “Decretan cese masivo de personal no ulisista”, Monterrey, 1 de noviembre de 1972, 8-B.


559. El Norte, “Huelga de las enfermeras y labo-ratoristas del Hospital Universitario”, Monterrey, 1 de diciembre de 1972, 1-B.

560. Idem.

561. Parte de esta postura está contemplada en Luis M. Farías (1973).

276


562. El Norte, “El Hospital es cercado desde prin-cipios de noviembre”, Monterrey, 7 de noviembre de 1972, 2-B.

563. Idem.


565. El Norte, “Hay un herido más”, Monterrey, 1 de diciembre de 1972, 10-A.

566. Véase El Porvenir y El Norte, 9 y 10 de no-viembre de 1972. Entre las personalidades políticas y empresariales de la localidad que se encontraban en ese avión estaban: Jorge Fernández Ruiloba y Eugenio Garza Botello, del Centro Patronal; Dionisio Garza Sada y Francisco González, quie-nes asistirían a la Asamblea de COPARMEX, a llevarse a cabo en Cuernavaca, Morelos; Graciano Bortoni; Gonzalo Estrada; Wesley H. Parsons, del consulado de los Estados Unidos de América en Monterrey; Óscar y Rooselvet Guerra; Jaime Llaguno; Pablo Madero; Jesús y Roberto Zambrano y Rogelio Elizondo, entre otros.

567. Idem.

568. El Norte, “Manir deja la UANL”, 13 de no-viembre de 1972, 1-B.

569. El Norte, “A los miembros del STUANL. A la opinión pública”, Monterrey, 15 de noviembre de 1972, 4-C.

570. Idem.

571. Idem.

572. Idem.

573. Idem.

574. El Norte, “Fabián echa fuera a los que estu-dian”, Monterrey, 27 de noviembre de 1972, 4-A.

575. Idem.

576. El Norte, “Desaparecen Junta de Gobierno”, Monterrey, 25 de noviembre de 1972, 1-B.

577. Con base a los artículos 5 fracción segunda, y artículo 43 relativos a la Ley Orgánica.

578. Idem.

579.Idem.

580. El Norte, Monterrey, 8 de diciembre de 1972, 2-B.

581. Los delitos del orden federal eran entre otros: “Traición a la patria, sedición, rebelión, terrorismo, sabotaje, conspiración, armas prohibidas, asocia-ción delictuosa, bloqueo a las vías de comunica-ción, desobediencia y resistencia de particulares, ultraje a las insignias nacionales, tendencia, tráfico y proselitismo en materia de estupefacientes, ultra-je a la moral pública, provocación de un delito y apología de éste, cohecho, peculado, responsabili-dad médica y técnica, usurpación de profesión, va-gancia, amenaza, lesiones, abandono de personas, golpes, privación ilegal de la libertad, robo, abuso de confianza, fraude al salario, daños en propiedad ajena y delitos previstos en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos”. Acusación presentada en el Ministerio Público Federal en turno, Monterrey, N. L. a 5 de diciembre de 1972.

582. El Norte, “Sesiona contra Ulises la Junta de Gobierno”, Monterrey, 8 de diciembre de 1972, 1-A.

583. Idem.


277


585. El Porvenir, Monterrey, 10 de diciembre de 1972.

58. 6El Norte, Monterrey, 10 de diciembre de 1972, 11-A.

587. El Norte, “Es designado como candidato a Gobernador Pedro Zorrilla”, Monterrey, 12 de di-ciembre de 1972, 1-A.

588. El Norte, Monterrey, 12 de diciembre de 1972, 1-B.

589. El Norte, “Cae Ulises. Boletín de Prensa de la Junta de Gobierno de la UANL”, Monterrey, 13 de diciembre de 1972, 1-B.

590. Idem.

591. Idem.

592. Idem.

593. Idem.

594. Idem.

595. Idem.

596. El Porvenir, Monterrey, 19 de diciembre de 1972.

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Sergio Aguayo

288


José Luis Alonso Vargas

Marco Bellingueri

Eduardo A. Elizondo

Samuel Flores Longoria

Celso Garza Guajardo

Horacio Guajardo

Pablo Latapí

Marco Antonio Leija

Gerardo de León

José Roberto Mendirichaga

Ricardo Morales Pinal

Abraham Nuncio Limón

Germán Otalora

Benjamín Palacios Hernández

Mario Ramírez Salas

Alfonso Rangel Guerra

Carlos Ruiz Cabrera

Javier Rojas Sandoval

Humberto Salazar

Hernán Salinas Cantú

Juan Ángel Sánchez


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El objetivo central de esta unidad es presentar la evo lución de los diferentes órganos de gestión del área urbana y posteriormente, metropolitana de Monterrey, emana dos de las trece leyes y regla-mentos aprobados sobre la materia en Nuevo León entre 1927 y 1980. Es importante aclarar que se tra-ta de instancias de diferente naturaleza –técnicas, consultivas, ejecutivas– dirigidas a intervenir en el ámbito metropolitano, dentro o fuera de las depen-dencias estatales cuyas funciones complementan.

Un recorrido histórico de la gestión urbana (1927-1980)

En noviembre de 1927 el Gobernador constitucio-nal interi no de Nuevo León, José Benítez, promul-gó un decreto-ley que lo facultaba para planear el desarrollo de Monterrey, fundamentalmente en lo concerniente a ensanchar, prolon gar y construir nuevas calles para resolver el problema de tráfico y crecimiento de la ciudad. Tres meses después, el 22 de febrero de 1928, se reglamentó el anterior decreto denominándolo Reglamento sobre Planifi-cación y Cons trucciones Nuevas de la Ciudad de Monterrey, que en sus artículos tercero y cuarto creaba la Comisión de Planifica ción de la ciudad de Monterrey, para estudiar y aprobar los planos y proyectos de casas y edificios que se construyeran

CAPÍTULO IX PLANIFICACIÓN

URBANAPLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANA

dentro del municipio, así como examinar y autori-zar otros proyectos urbanos.

Posteriormente, en 1929, el Consejo de Salubridad del Estado de Nuevo León emitió un reglamento sobre vecindades. Éste fue un regla-mento dirigido a todo tipo de conjuntos de casas habitación provistas de patios de ventilación, servi-cios sanitarios y otros servicios comunes para todas ellas. Este reglamento estuvo acorde al reglamento de 1928 y al decreto-ley de 1927, lo que facilitó y estimuló las nuevas edificaciones de este tipo en los márgenes exteriores del complejo urbano de Mon-terrey.

Para 1950, Monterrey se definió como una ciudad de carácter me-tropolitano.

290


En 1944 se aprobó la Ley de Urbaniza-ción y Construc ciones, segunda en su tipo en la entidad, que ratificaba a la Comisión de Planifi-cación de Monterrey como organismo encargado de verificar, aprobar y supervisar obras y pro yectos urbanísticos. Al año siguiente (1945) se publicó el reglamento municipal de la Ley Estatal de 1944. Este reglamento confirmó a la Comisión de Planifi-cación, otorgándole la autoridad suprema en mate-ria de planificación en Monterrey y los municipios adyacentes.

El carácter metropolitano de Monterrey empezó a ma nifestarse en 1950 cuando se pensó en la definición de un primer plan regula dor de la ciu-dad de Monterrey, que incluía a los municipios de Guadalupe, San Nicolás de los Garza y San Pedro Garza García. Sin embargo, éste nunca fue aproba-do por las instancias legales respectivas; y aunque numerosas publicaciones lo mencionan como un hecho, este Plan Regulador nunca fue autorizado por el Congreso del Estado,

En 1952 se aprobó la tercera ley de planifi-cación, que aunque dejó en vigor las disposiciones expedi das por la antigua Comisión de Planifica-ción, creaba un nuevo organismo: la Comisión

de Planificación del Estado. Esta comisión, que existió entre 1952 y 1967 como parte de la Dirección de Plani-ficación, muestra una organización formal de carácter estatal especia-lizada según funciones, además de contar con facultades para con-trolar el crecimiento urbano. A la Dirección de Pla nificación, por su parte, le competía la elaboración de estu dios técnicos urbanos y de zonificación, formando

con la Comisión un mecanismo de coordinación con funciones muy amplias.

Entre 1962 y 1965 se trabajó, por parte de la Comisión de Planificación, en un Plan Regulador del área metropolitana de Monterrey, el cual deri-vó en un voluminoso Plan Director publicado en 1967. Sin embargo, ambos proyectos no fueron au-torizados por el Congreso del Estado, lo que trajo como consecuencia su falta de aplicación a la reali-dad urbana de Monterrey.

Como ya se mencionó, la Comisión de Pla-nificación del Estado funcionó hasta 1967, cuando fue sustituida por la Comisión Ejecutiva del Con-sejo Estatal de la Ciudadanía, creado por una cuar-ta Ley de Planificación y Urbanización de Nuevo León. En esta dé cada la ciudad manifiesta una cre-ciente concentración de población en detrimento del resto del Estado, incorporando un nuevo muni-cipio a la mancha urbana: Garza García. Quedaba claro que los problemas del transporte metropoli-tano, el abasto de agua, disposición de desechos y la prestación de la gran mayoría de los servicios urbanos no podían resolverse en el ámbito de cada municipio.

Durante la década de los sesenta, la ciudad de Monterrey tuvo un incremento considerable en su población, en relación al resto del Estado.


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En 1973 se aprobó la quinta Ley de Plani-ficación denominada de Ciudades Nuevas, con el fin de estimular el crecimiento de localidades alter-nativas al área metropolitana de Monterrey. Dicha ley creó la Comisión para el Desarrollo de Ciuda-des Nuevas, como organismo gestor de las políticas descentralizadoras de la entidad, la cual fracasó al no constituirse ninguna ciudad nueva. Esta ley es la mejor muestra de la utopía creada por los gesto-res de la planificación de aquel periodo, ya que esta ley no creó ninguna ciudad nueva.

En 1975 se aprobó la sexta Ley de Urba-nismo y Planificación, la cual creó la Comisión de Planificación y Obras, así como del Consejo Gene-ral de Urbanismo. Este último es el antece dente más cercano del actual Consejo Consultivo de Desa rrollo Urbano, dada la semejanza en su propósito de cons-tituir un foro de participación ciudadana en materia de urbanismo. Un año después (1976), se creó la séptima, denominada Ley de Asentamientos Huma-nos. Ésta integró los planes municipales de desarro-llo urbano al Sistema Nacional de Planeación.

Finalmente, en 1980, se aprobó la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, oc tava en su género, que regiría los proyectos ur-banísticos de la entidad durante toda la década, siguiendo los lineamien tos de la Ley General de Asentamientos Humanos de 1976 y del primer Plan Nacional de Desarrollo Urbano de 1978. En materia de gestión urbana, la nueva ley creaba tres nuevos organismos para la formulación y supervi-sión de los planes urbanos. Éstos fueron:

•La Comisión de Planificación del Estado de Nuevo León. Esta comisión fue un ór-gano colegiado dependiente del Goberna-dor del Estado, presidido por el secretario de Asenta mientos Humanos y Planifica-ción e integrado por los titula res de sus di-versas direcciones. Tenía entre sus atribu-ciones dictaminar los proyectos de planes de desarrollo urbano y de sus declaratorias para ejecutarlos, autorizar la localiza ción de

infraestructura y obras, así como la impor-tante fa cultad de establecer lineamientos generales sobre los usos del suelo, autori-zar fraccionamientos y la urbanización de terrenos.•El Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano. El artículo 18 de la ley de 1980 creó el Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano, como un organismo de consulta y partici-pación de la sociedad civil en la elaboración de pla nes de desarrollo urbano previstos en la misma ley, como lo fueron el Plan Estatal de Desarrollo Urbano y el Plan Di rector de Desarrollo Urbano del Área Metropolitana de Monterrey. Lo integraron representan-tes –uno propietario y otro suplente– de las principales instituciones de la co munidad, como la Cámara de la Industria de Transfor mación; Cámara de Comercio de Monterrey; Asociación de Urbanizadores de Monterrey, A.C.; Cámara de Propieta-rios de Bienes Raíces del Estado de Nuevo León; Cámara Nacio nal de la Industria de la Construcción; Centro Bancario de Mon-terrey; los colegios de Arquitectos e Inge-nieros Civi les; el Instituto Mexicano de Valuación; el Colegio de Nota rios y el H. Congreso del Estado. 3. La Comisión de Conurbación. El artícu-lo 11 de la ley de 1980 facultó al Ejecutivo para expedir declaratorias sobre conurba-ciones. En 1984 se constituyó la Comisión de Conurbación del AMM con repre-sentantes acreditados por los siete Ayun-tamientos conside rados metropolitanos en ese entonces, con la misión de sancionar el anteproyecto del primer plan director de desa rrollo urbano.

Estos organismos participarían en la elaboración y consulta del Plan Director de Desarrollo Urba-no del Área Metropolitana de Monterrey (1988-2010).

292


La Ley de Planificación de 1944, contemplaba los requerimientos de vialidad, higiene, economía y estética.

Leyes y reglamentos de Planificación

En este apartado se comentarán los rasgos esencia-les de las leyes y reglamentos de planificación, así como su impacto inmediato en el complejo urbano de la ciudad de Monterrey. En el transcurso de este periodo se detectaron tres etapas claramente iden-tificadas: los empresarios y la planificación (1927-1950); de la Comisión de Planificación del Estado al plan regulador (1952-1972) y, finalmente, hacia la consolidación de un marco jurídico (1973-1980).

Empresarios y planificación (1927-1950)

En este periodo las organizaciones empresariales y de comercio mostraron gran interés y preocupa-ción por dar un orden al crecimiento urbano. Los gobiernos del Estado y municipal se apoyaron en todo momento en los estudios y consejos realizados por el empresariado local. En el primer lustro de la cuarta década del siglo XX se realizaron nuevos intentos por pla near el desarrollo urbano de la ciu-dad. En esta línea tenemos que por acuerdo presi-dencial en 1941, se creó la Comisión Coordinadora y de Planificación para estudiar los problemas del Río Santa Catarina y la creación de otra estación de ferrocarriles. Esta Comisión tam bién tenía a su

cargo la tarea de formular un plano regula dor (Ins-tituto de Estudios Sociales de Monterrey, A.C., 1950), pero la falta de recursos económicos truncó este proyecto.

Posteriormente, en 1944, el Congreso del Estado expidió una nueva Ley de Planifica ción, aplicable a Monterrey y los municipios adyacentes. A diferencia de la anterior, definía la planificación no sola mente en términos de requerimientos de vialidad, tam bién de adaptar los centros de pobla-ción a las necesidades como “comodidad, higiene, economía y estética de la vida civilizada de sus ha-bitantes, edificacio nes, construcciones, instalacio-nes y servicios urbanos e in terurbanos” (Periódico Oficial, 1944: 1). Además, señalaba a la Comisión de Planificación de la Ciudad de Monterrey como la autoridad suprema en materia de planificación, responsable de vigilar la formulación del pla no re-gulador, así como su aprobación, modificaciones e interpretación. Al mismo tiempo expediría los reglamentos de urbanismo, fraccionamientos urba-nos y semiurbanos, zonifica ción y construcciones, dejando estos dos últimos aspectos al criterio de sus integrantes.

De este periodo datan el primer decreto-Ley de Desarrollo Municipal (1927); el reglamento de planificación y construcciones nuevas en la ciu-


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dad de Monterrey (1928); reglamento para vecin-dades (1929); la segunda Ley de Urbanización y Construcciones (1944) y el reglamento municipal de la ley estatal (1945), el cual se presenta a con-tinuación.

Primer decreto-ley de Desarrollo Municipal, 19271

La Honorable XLIII Legislatura Constitucional del Estado, a través del decreto número 35, autori-zaba al Gobernador constitucional del Estado, José Benítez, para que de acuerdo al H. Ayuntamiento de la ciudad de Monterrey, procedería a estudiar una planificación de la misma tendiente a la rec-tificación, ensanchamiento y prolongación de las actuales calles y creación de nuevas que resuelvan el problema del tráfico y desarrollo de la ciudad.

Asimismo, se declaró de utilidad pública la apertura de nuevas calles, rectificación y ensan-chamiento y prolongación de las actuales. De igual forma se facultó al Ejecutivo estatal para que, de acuerdo con el Ayuntamiento, se establezcieran las compensaciones que deban pagar las propiedades beneficiadas para aplicarlas a las indemnizaciones que determina el artículo 23 de la Constitución Po-lítica del Estado.

Para ello, el artículo segundo del decreto-ley fijaba una zona comprendida en el polígono irregular que parte de la calle Cuauhtémoc hasta Hidalgo y de ahí al oriente hasta la calle Escobedo, luego al sur hasta Ocampo, continuando al orien-te por la misma calle hasta Doctor Coss, de donde

El reglamento de planificación y construcciones nuevas de la ciudad de Monterrey de 1928, comprendía la rectificación, prolongación y ensan-chamiento de las vías públicas de comunicación.

volteaba al norte hasta Washington y continuaba al poniente esta calle hasta cerrar el polígono. El artí-culo tercero especificó un recargo de 50 por ciento sobre el impuesto predial a todos aquellos propie-tarios de terrenos sin construcción y a todos aqué-llos que poseyeran construcciones en ruinas o con construcciones de corta duración –madera, cartón, papel, o lámina– o mal aspecto que se encuentren en el mencionado polígono.

El artículo cuarto especificó que a todos aquellos propietarios que en un plazo de seis meses iniciaran la construcción o reconstrucción de edifi-cios permanentes en los lotes de la zona ya especi-ficada, no pagarían el impuesto especificado en el anterior artículo (3º).

Como se puede apreciar, este decreto-ley tenía el objetivo no sólo de planificar y reconstruir el primer cuadro de la ciudad de Monterrey, sino de estimular la edificación bajo el supuesto del au-mento de la plusvalía del mismo, gracias a las inver-siones públicas proyectadas.

Reglamento de planificación y construcciones nuevas en la ciudad de Monterrey, 19282

Este reglamento entendía como planificación de la ciudad de Monterrey el objeto de proveer al desa-rrollo ordenado y armonioso de la ciudad, de acuer-do con su topografía y con todas sus necesidades presentes y futuras (artículo 1). La planificación de la ciudad de Monterrey comprende la rectificación, prolongación y ensanchamiento de las vías públicas de comunicación; la apertura de nuevas arterias; la

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Para 1929 se estableció en Monterrey el reglamento para vecindades.

conservación, mejora y ampliación de los parques, paseos y jardines y la construcción de otros dentro del perímetro urbanizado; la erección y conserva-ción de monumentos y el trazo sistemático de todo el municipio, así como las vías de comunicación con los municipios adyacentes (artículo 2).

Los artículos 3 a 7 se referían al estableci-miento de la Comisión de Planificación de la Ciu-dad de Monterrey, la cual se encargaría del estudio y aprobación, en su caso, de los planos y proyec-tos de casas y edificios que se desearan construir dentro del municipio; así como las obras de drenaje pluvial, las de saneamiento y provisión de aguas, el establecimiento y modificación de las líneas de co-municación de todas las clases y líneas de conduc-ción de energía eléctrica y gas, y, en general, todas las que tengan relación con la urbanización de la ciudad y servicios conexos. Esta comisión debería formular un proyecto general de planificación y un programa ordenado de desarrollo.

Los artículos 8 al 19 se referían a la integra-ción de la Comisión y sus respectivas funciones. La Comisión de Planificación se integraría por:

•Un presidente que sería el Goberna-dor del Estado.•Un vicepresidente que sería el alcal-de de Monterrey. •Dos vocales nombrados por el Ayuntamiento de Monterrey. •Un vocal secretario que será el jefe del Departamento de Fomento y Obras Públicas de la Secretaría Ge-neral de Gobierno.•Tres vocales representantes de la Cámara de Propietarios de Monte-rrey. •Dos vocales representados por el Centro de Ingenieros de Monterrey.•Un vocal designado por la Cámara de Co-mercio, Industria y Minería del Estado de Nuevo León.

•Un vocal representante de la Unión de Comerciantes al Menudeo y Pequeños In-dustriales de Monterrey. •Un arquitecto consultor; tres vocales nombrados por el Gobernador del Estado con base en una terna propuesta por los in-dustriales y comerciantes de Monterrey. • El ingeniero de la ciudad; el ingeniero de la Junta de Mejoras de la ciudad.•El director de Caminos del Estado.

El resto de los artículos (del 20 al 70) eran referen-tes al funcionamiento y resoluciones de la Comi-sión; de las atribuciones del gobierno del Estado y del municipio de Monterrey en esta materia; de la ejecución de acuerdos de la Comisión; de la ampliación, prolongación y rectificación de vías de comunicación; compensaciones e indemniza-ciones; de las nuevas construcciones (nuevas co-lonias y edificación en predios dentro y fuera del perímetro urbanizado de la ciudad) y del fondo de planificación.

Reglamento para vecindades, 19293

En este reglamento se estableció como vecindad (artículos 1º a 4º) el conjunto de casas habitación provistas de patios de ventilación, servicios sani-tarios y otros servicios comunes para todas ellas.


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Aquí se especificaba que toda vivienda considera-da dentro de una vecindad tendría dos habitaciones mínimo y que éstas serían la recamara y la cocina. El área total de puertas y ventanas sería igual a 15% del total de la superficie del piso. Todos los dormitorios deberían estar situados –continúa el reglamento– de tal manera que recibieran por sus puertas y ventanas la luz directa del sol. De igual forma, las vecindades tendrían como máximo una vivienda al ras del suelo por cada setenta metros cuadrados de terreno.

Las viviendas podrían ser construidas en fi-las corridas hasta de ocho en número o aisladas, de-jando un espacio entre costados no menor a cuatro metros. Las viviendas corridas debían tener no más de dos piezas de fondo y cuando menos una puerta y una ventana con ventila amplia al exterior de cada pieza. Las filas de vivienda debía estar separadas por un espacio abierto de ocho metros de anchura cuando menos; igual distancia debía de guardarse entre los frentes y los fondos de las viviendas ais-ladas. Todas las viviendas tenían que destinar una superficie igual a 10% del total que ocuparan para una plazoleta o espacio abierto que se destinara ex-

clusivamente para parque de recreo. Esta superficie no debía rebasar los cien metros cuadrados. El due-ño de la vecindad podía plantar y mantener árboles apropiados sobre el perímetro de dicha plazoleta con una separación entre ellos que no fuera mayor de diez metros y no menor de seis (artículos 5 y 6).

En su artículo 7º se hablaba de que los pi-sos interiores de las viviendas debían ser lisos de ladrillo, cemento o cualquier otro material imper-meable que facilite su aseo. Los interiores de los patios deberán tener mayor altura que el pavimento

de la calle o que los desagües ge-nerales de la ciudad a fin de tener un drenaje natural.

En sus artículos 8º al 13º se exigía que toda vecindad de-bía contar con los servicios ofi-ciales de agua y drenaje. Además se requeriría una llave de agua, un excusado sanitario y un baño de regadera por cada dos vivien-das, y se prohibía poner limita-ciones para el uso de los mismos. Además, se colocaría en un lugar accesible –por vecindad– para el servicio oficial de recolección de basura uno o varios recipientes metálicos con tapa para que en ellos depositasen la basura todos

los vecinos. Finalmente, se aclaraba que no se per-mitiría ninguna clase de animales domésticos.

Segunda Ley de urbanización y construccio-nes, 19444

Esta ley entiendía por planificación la adaptación de los centros de población a los requisitos que llenaran las necesidades actuales y preveyeran las necesidades futuras de comodidad, higiene, eco-nomía y estética de la vida civilizada de sus habi-tantes, por medio de una ordenación sistemática de los diversos trazos, edificaciones, construcciones,

La segunda Ley de urbanización y construcciones entró en vigor en noviembre de 1944.

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instalaciones y servicios urbanos e interurbanos. Estas disposiciones eran aplicables al municipio de Monterrey y a los municipios adyacentes al mismo. Por lo tanto, se declaró de utilidad pública la plani-ficación del municipio de Monterrey y de los mu-nicipios adyacentes para los efectos del artículo 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículos 1º a 3º ).

En los artículos 4º al 15º se definían las atribuciones de la Comisión de Planificación y de su integración. Esta Comisión fue declarada autoridad superior en materia de planificación para Monterrey y municipios adyacentes. La integración de la Co-misión de Planificación la integraban las siguientes personas:

•Presidente, el Gobernador del Estado de Nuevo León.•Vicepresidente, el presidente municipal de Monterrey.•Secretario, el jefe de la Oficina de Planifi-cación del Estado.•Tres vocales técnicos (jefe del Departa-mento de Fomento y Obras Publicas y los directores de Obras Públicas del Estado y del Ayuntamiento de Monterrey) y seis vocales designados por las asociaciones de propietarios de Monterrey (2); la Cámara Nacional de Comercio de Monterrey (1); las asociaciones de Ingeniería y Arquitectos de Monterrey (2) y por las asociaciones de banqueros del Estado o de Monterrey (1).

Los artículos 16º y 17º consignaban las facultades de la mencionada Comisión. Entre los cuales des-tacan:

• Aprobar, modificar e interpretar el plano regulador de la ciudad de Monterrey. •Expedir el reglamento de urbanizaciones y fraccionamientos urbanos y semiurba-nos; aprobar planos y proyectos de futuras urbanizaciones; expedir el reglamento de zonificación.•Expedir el reglamento de construcciones;

aprobar los proyectos e instalación de todos los medios de conducción y distribución para abastas de agua, saneamiento, drenaje pluvial, iluminación, energía eléctrica, gas, combustible, vapor y semejantes, así como comunicaciones telefónicas y telegráficas. •Aprobar el paso de vías férreas de comu-nicación dentro de los centros urbanos, así como la ubicación y construcción de esta-ciones y terminales de ferrocarriles, tran-vías, autobuses y transporte aéreo; aprobar el trazo de los proyectos de comunicación como locales, calles, avenidas, puentes, tú-neles, parques, paseos, jardines, campos de juegos y deportivos, bosques, reservas fo-restales para uso colectivo y público.•Aprobar los proyectos de mercados, ce-menterios, hornos crematorios, plantas de incineración de basuras, rastros y otras construcciones para servicios públicos.•Aprobar los proyectos y la ubicación de monumentos públicos decorativos y con-memorativos.•Ordenar obras concretas de planificación como zonas expropiables, montos a pagar, indemnizaciones y financiamiento para las mismas. •Administrar el fondo de planificación y disponer de él libremente.•Nombrar y remover al personal de la Ofi-cina de Planificación.

En cuanto a los artículos 19º a 21, se refierían a las construcciones; del 22 al 30 sobre la ejecución de las obras; el 31 es sobre el Fondo de Planificación y del 32 al 34 son referentes a la aplicación de esta ley a los demás municipios.

Reglamento municipal de la ley estatal de 19455

El icenciado Arturo B. De La Garza y Garza, Go-bernador constitucional del Estado libre y sobera-


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En el artículo sexto del Reglamento municipal de la ley estatal de 1945, se especificaba que toda obra que se ejecutara en el área de la ciudad debía hacerse con previa licencia de la Dirección de Obras Públicas. Fotografía: M. Villarreal.

no de Nuevo León, y presidente de la Comisión de Planificación, hizo saber a los habitantes que en uso de la facultad que le concedía a la Comisión de Planificación la fracción V del artículo 16 de la ley, expedía el: reglamento de la ley de urbanización y construcción.

En sus disposiciones generales señalaba en su artículo 1:

•Las reglas a las cuales deberán sujetarse todas las obras relacionadas con la cons-trucción, ya sean públicas o privadas, que se ejecuten en la vía pública o en terrenos de propiedad particular. •Las reglas para el uso de los servicios pú-blicos.

•Las reglas para el uso de predios y cons-trucciones o estructuras.

En su artículo 2 especificaba que ningún edificio, estructura o elemento de los mismos, sería cons-truido, adaptado o reparado en el futuro dentro de los límites del municipio de Monterrey, si no lo es con las condiciones que este reglamento señalaba. Tampoco debían hacerse demoliciones o excava-

ciones en propiedad particular, ni ocupar la vía pública, ni hacer obras en ellas sin sujetarse a las prevenciones de este reglamento. De igual forma no debían usarse los edificios o predios de manera que resultara violación a cualquier regla de este or-denamiento. Las reglas que en este reglamento se deban, eran para particulares y autoridades, pues son los indispensables para conservar la seguridad, la higiene, la comodidad y la belleza de la ciudad de Monterrey.

En su artículo 3 especificaba que quedaban excluidas de este reglamento las instalaciones de maquinaria y equipo industrial; pero sí estaban re-gidas por él, las construcciones que se hicieran para cubrir y alojar tales instalaciones.

Para ello (en su artículo 4) la Dirección de Obras Pú-blicas de Monterrey era el ór-gano administrativo que hacía cumplir las disposiciones del presente reglamento y demás disposiciones conexas emana-das de la Comisión de Planifi-cación

Para este fin, dicha Di-rección tendría las facultades siguientes:•Estudiar y proponer a la Comisión de Planificación las reglas sobre construc-ciones u obras necesarias, para completar o modificar las que se den en este orde-namiento.

•Proponer disposiciones especiales para reglamentar la arquitectura de determina-das avenidas o zonas, a fin de conservar la pureza de su estilo, ambiente y carácter típico. •Dar permiso de acuerdo con las disposi-ciones de ese reglamento para el uso de los servicios públicos.

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Las construcciones que se realicen en la ciudad deben reunir las cualidades de seguridad, utilidad, iluminación, ventilación, entre otras. Fotografía: J. Escandón.

•Llevar un registro clasificado de peritos res-ponsables en el ramo de la construcción.•Llevar un registro clasificado de empresas o particulares que tienen equipo y expe-riencia en determinadas construcciones o elementos de construcción. •El derecho de inspeccionar todas las cons-trucciones que se ejecuten o que estén eje-cutadas en la ciudad de Monterrey.•El derecho de inspeccionar el uso que se está dando a un predio, estructura, edificio o construcción.•Ordenar la suspensión de obras en los casos previstos por este reglamento o por otras dis-posiciones legales. •Dictar disposiciones en relación con edi-ficios peligrosos o establecimientos malsa-nos.10. Ordenar o ejecutar demoliciones de edificios en los casos de previstos de este reglamento.•Autorizar la ocupación de una construc-ción, siempre que se hayan cumplido los requisitos de este ordenamiento.

•Aplicar las cuotas que deben pagarse por derechos de licencias para construcciones. •Imponer las sanciones a que se hagan acree-dores los que infrinjan este reglamento. •Cuando no exista disposición aplicable, la Dirección de Obras Públicas deberá solici-tar una resolución de la Comisión de Plani-ficación; pero en caso de urgencia tomará las providencias que considere oportunas, dando cuenta de ello a la Comisión en su primera sesión siguiente.

En el artículo 6 se especificaba que toda obra rela-cionada con la construcción, tanto en la vía pública como en los predios de la ciudad de Monterrey, fuera de carácter permanente o provisional, debía ejecutarse con previa licencia o acuerdo escrito de la Dirección de Obras Públicas. Estas licencias se-rían expedidas a solicitud de los interesados. Las solicitudes debían ser presentadas en los impresos que proporcionaría gratuitamente la expresada Di-rección. Todas las solicitudes para obras debían estar firmadas por el propietario del predio o su representante legal; así como por el perito respon-sable y el contratista de la obra, en los casos en que

este reglamento lo exijiera. Se expresarían siempre los domicilios de las personas interesadas en la obtención de la licencia. De igual for-ma debía indicarse en cada caso el destino de la obra (habitación, fábrica, entre otras).

En la solicitud de la obra se expresaría claramen-te el tiempo que el propieta-rio o su perito responsable, según el caso, estimasen ra-zonable para su ejecución. Se acompañaría, según el caso –específica el artículo 7–,


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un croquis acotado de la obra, de su localización en el predio así como la ubicación de éste en relación con la vía pública, o en vez de croquis, planos del proyecto, cuando lo pidiera este reglamento.

En el artículo 9 se aclaraba que los pro-pietarios de predios podían solicitar licencia sin responsiva de un perito, para las siguientes cons-trucciones:

•Para edificar en un predio no construido una sola pieza con dimensiones hasta de cuatro (4) por cuatro (4) metros, siempre que en ese predio no haya otra. •Para levantar, en la parte posterior de la azotea de un edificio, una pieza con su superficie máxima de dieciséis (16) metros cuadrados, cuyos muros descansen sobre los de aquélla donde se construya, siempre que su construcción sea de tipo ligero y sin estructura de fierro o concreto, que no se al-tere la instalación sanitaria existente y que no exista otra pieza en dicha azotea. •Para efectuar reparaciones, como amarre de cuarteaduras, arreglo o cambio de techos de azotea o entrepisos sobre vigas de ma-dera, cuando en la reparación se emplee el mismo tipo de construcción y siempre que la luz no sea mayor que cuatro (4) metros; apertura de claros interiores hasta de un metro cincuenta centímetros (1.50) de luz, en construcciones de dos (2) pisos.•Para construir bardas interiores o exteriores con altura hasta de dos me-tros cincuenta centímetros (2.50).•Para abrir claros exteriores con la luz hasta de un metro treinta centí-metros (1.30) en construcciones de hasta dos pisos. •Para construir en un predio una fosa séptica o un albañal con longi-tud hasta de veinticinco (25) metros y para instalar lavaderos en planta baja y para uso particular.

De acuerdo con el Reglamento municipal de la ley estatal de 1945, los edificios clase D son aquellos que tienen los muros exteriores de mampostería y en el interior soportan las cargas de madera. Fotografía: J. Escandón.

•Para limpia o pintura de fachadas •Para hacer excavaciones hasta de un (1) metro de profundidad, y para otras seme-jantes a juicio de la Dirección de Obras Públicas.

En su artículo 10 se definían las obras y otras de índole semejante a juicio de la Dirección de Obras Públicas que podían hacerse sin que fuera necesa-rio obtener licencia para ellas:

•Resanes y aplanados interiores.•Reparación o reposición de pisos de ma-dera y otros materiales en interiores, corre-dores, patios, etcétera. •Pintura interior.•Reparación de albañales, sin modificar los niveles exteriores aprobados.•Reparación de tuberías de agua, tinacos, etc. •Colocación de madrinas en techos de ma-dera.•Obras urgentes para prevención de acci-dentes, a reserva de pedir la licencia respec-tiva en un lapso máximo de setenta y dos (72) horas.•Excavaciones a distancias mayores de dos metros de cualquier muro y con profundi-dad no mayor de 2 metros.•Pintura de exteriores en casas hasta la al-tura de un piso y bardas.

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En el artículo 18 se especificó que los lotes mínimos serían de cien metros cuadrados y su fren-te en ningún caso sería menor de siete metros a la vía pública.

En el artículo 21 comentaba que cuando fuera necesario construir un tapial, debía solicitarse permiso para ocupar la banqueta, para obtenerlo debería constituirse un depósito que garantizara la conservación y reparación del pavimento. Cuan-do el plazo de la licencia terminara sin que la obra correspondiente se hubiera concluido y sin que se solicitase la prórroga respectiva dentro de los ocho días hábiles siguientes, el interesado pagaría una multa de $100.00 cien pesos impuestas por la Di-rección de Obras Públicas.

El artículo 58 contemplaba que la Dirección de Obras Publicas exigía que los edificios reúnie-ran las cualidades de seguridad, utilidad y belleza, pidiendo, entre otros requisitos, los siguientes:

•Que los edificios estén adaptados para los fines a que se destinen.•Que la distribución y espaciosidad de sus piezas sean las apropiadas para dar servicio y comodidad. •Que la iluminación y ventilación de las piezas sean cuando menos las indispensa-bles.•Que la altura de los edificios esté en rela-ción con su destino, en armonía con la de los edificios cercanos y en proporción con la anchura de calles y avenidas. •Que las fechadas sean apropiadas para la importancia del edificio y para el uso que se va a dar a éste. •Que la proporción y ornamentación de las fachadas, así como el empleo de materiales y colores, estén en armonía con las fachadas cercanas y con el carácter general de plazas, calles y avenidas.

De igual forma –dice el artículo 63– los proyectos deberían constar de:

•Memoria descriptiva de la estructura y elementos de la construcción, en la que se indiquen: la manera en que se va a ser la trasmisión de cargas de unos elementos a otros; los materiales que se van a utilizar y la especificación de las cargas y fatigas de trabajo que se tomen como base para los cálculos y los métodos o sistemas de cons-trucción que se van a seguir.•Un cálculo “Tipo” de cada grupo de ele-mentos estructurales de la construcción que tenga secuela de cálculo diferente (in-cluyendo: estudio detallado de cargas, de-sarrollo de cálculo y resultado).•Planos estructurales (Esc, 1:1000 0 1:50 del techo, entrepisos y planta de cimenta-ción en los que con signos convencionales se indique la ubicación de todas las lozas, trabas, columnas, etc).•En los planos se dará suficiente informa-ción gráfica sobre las instalaciones sanita-rias, mecánicas, eléctricas, de calefacción, etcétera.•Todos los planos y cálculos deberán ser perfectamente legibles o inteligibles.•Tablas o listas en las que aparezcan las di-mensiones y refuerzos de todos los elemen-tos de la estructura, acompañados de una nomenclatura que permita identificarlos con los planos estructurales.

En referencia sobre los tapiales, el artículo 66 contempló que siempre que se ejecutaran obras exteriores, (derrumbes, construcción, reparación, pintura, colocación de anuncios, etc.), deberían colocarse dispositivos de protección sobre la vía pública, siendo necesario para ello recabar la licen-cia previa de la Dirección de Obras Públicas. El lapso que cubriera la licencia quedaría a juicio de la citada Dirección según la importancia de la obra y de la densidad del tránsito en la calle de ubicación de la misma. En el artículo 74 también se aclaró


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que en los casos de pintura de fachada la protección de los transeúntes podría con-sistir en la colocación de algún obstáculo adecuado, debiéndose respetar en este caso las disposiciones so-bre el ancho libre mínimo de banqueta.

En cuanto a las de-moliciones, los artículos 76 a 82 especificaban que para llevar a cabo trabajos de demoliciones totales o par-ciales de construcciones, debería recabarse por un perito responsable el per-miso previo de la Dirección de Obras Públicas. Si ésta lo estimaba necesario, po-día exigir que se presenta-ra un estudio detallado del procedimiento que pensa-ba sugerirse para la demo-lición y de las precauciones que se tomarían para evitar daños a las construcciones cercanas. Los datos anteriores serían archivados en el expediente del predio. La demolición de un edifico o parte de él debería hacerse piso por piso y el material que se desprendía no debía depositarse sobre un piso, si no ser bajado inmediatamente hasta el suelo. Las demoliciones se harían sólo durante el día y dentro de las horas que fije la Dirección de Obras Públi-cas. Sólo en casos excepcionales, y a juicio de la misma dependencia, podía autorizarse que se hcie-ran demoliciones durante la noche.

En cuanto a la clasificación de los edificios –artículos 87 al 93– especificaba que:

•Pertenecen a la clase “A” los edificios con estructura de acero y en las que todos sus elementos son incombustibles. Dentro de esta misma clase habrá una subdivisión

El reglamento de 1945 establecía que los pisos de habitaciones en la planta baja debían quedar a no menos de 20 centímetros sobre la banqueta. Fotografía: M. Villarreal.

denominada A-I, que comprenderá los edifi-cios con estructura de acero en los que algu-nas de las partes de la estructura sean de ma-terial combustible con protección contra el fuego.•Pertenecen a la clase “B” los edificios con es-tructura de concreto re-forzado en los que todos los elementos que los componen son incom-bustibles o combusti-bles protegidos contra el fuego.•En todos los edificios de las clases “A” y “B” se puede permitir que en los pisos bajos haya muros que los soporten y reciban cargas; pero

a partir de ocho (8) metros de altura hacia arriba, todas las cargas de muros y pisos deben ser soportadas por las estructuras de acero o de concreto reforzado.•Los edificios de la clase “C” son aquéllos cuyos muros están construidos de ladrillo, piedra o concreto y en los que entra la ma-dera en armadura, pisos o techos.•Los edificios de la clase “D” son aquéllos que tienen los muros exteriores de mam-postería y en el interior se soportan las car-gas estructurales de madera. Sólo podrán erigirse en las zonas fabriles y su altura no pasará de ocho (8) metros. •La clase “E” la constituyen los edificios de madera. Pueden ser de uno (1) o dos (2) pisos. Deben levantarse sobre cimientos de mampostería. Sólo podrán construirse

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en las zonas industriales y residenciales. Dentro de esta clase habrá una subdivisión denominada E-1 a los que pertenecen los edificios de madera de una (1) o (2) dos pie-zas y de tipo provisional. Puede levantarse únicamente una de estas construcciones en un lote de terreno que no tenga otra cons-trucción y que no den frente a la calle.

En el capítulo IX, artículos 94 al 128, se especifi-caban las reglas que regirán a los edificios destina-dos a la habitación. Aquí se detallaba el número de pisos, habitaciones, ventanas y puertas, acceso al agua, tuberías de desagüe, baños, pisos, sistema eléctrico, entre otros materiales permitidos.

•Los edificios para habitaciones que se construyan en el primer cuadro de la ciudad de Monterrey, o que tengan más de cinco (5) pisos deberán pertenecer a la clase “A” o “B”, los que construyan en otras partes de la ciudad, pueden pertenecer a la clase “C”. Los de la clase “D” sólo podrán levantarse en las zonas fabriles y, los de la clase “E” sólo podrán ser unifamiliares y se permitirá su construcción en las zonas industriales y residenciales.•La superficie de un lote de terreno cubier-to por una casa para una o varias familias debe estar con la superficie libre en una proporción no menor de veinticinco (25) por ciento de espacio libre para setenta y cinco (75) por ciento de espacio cubierto de construcción. En la superficie libre se con-sidera la de patios, jardines, etc., pero no la de corredores ni pasillos. •Se consideran piezas habitables aquéllas que se destinan a salas, despachos o escri-torios, comedores y dormitorios. Se consi-deran piezas no habitables las destinadas a cocinas, cuartos de baño, excusados la-vaderos, cuartos de planchar y pasillos. El destino de cada local será el que resulte de

su ubicación y dimensiones, y no el que se le quiera fijar arbitrariamente. •La superficie de las piezas habitaciones no será menor de nueve (9) metros cuadrados. Su altura interior libre será cuando menos de dos metros ochenta centímetro (2.80).•En las casas de viviendas que en lo futuro se construyan, sólo se autorizan viviendas que tengan cuando menos (2) dos piezas habitables. Sin embargo, se puede permi-tir la construcción de edificios ad hoc con viviendas para alojar cuando más (2) dos adultos y un (1) niño. Constituidas por una pieza habitable con superficie mínima de doce (12) metros cuadrados, la que deberá tener anexos locales para baño, con dos me-tros cincuenta centímetros (2.50) cuadrados de superficie mínima, y para cocina con cuatro (4) metros cuadrados como mínimo. Estos anexos tendrán cuando menos los si-guientes muebles e buen servicio: estufa y fregadero, excusado, lavabo y regadera. •Todas las piezas habitables en todos los pisos deberán tener iluminación y venti-lación, por medio de puertas y ventanas, las que darán directamente a patios o a la vía publica. La superficie total de ventanas y puertas, libres de toda obstrucción, será de por lo menos la octava parte (1/8) de la superficie del piso de cada pieza. Cuando menos una tercera (1/3) de los claros de iluminación debe Poder abrirse para ven-tilación. •En las piezas destinadas a dormitorios, que por su situación especial sólo reciban luz y ventilación por su puerta de entrada, ésta deberá acondicionarse por medio de montantes giratorios (antepechos), mallas de alambres, ventilas, etc., cuya superficie libre no sea menor de (1) un metro cuadra-do, de tal manera que aun estando cerrada


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la puerta, puede renovarse el aire de la ha-bitación. •Las disposiciones sobre patios se cumpli-rán siempre, aun cuando cumplan un total de superficie de terreno libre superior a los mínimos permitidos. Los patios que sirvan para dar iluminación y ventilación a piezas habitables tendrán las siguientes dimensio-nes mínimas en relación con la altura de los muros que los limiten:

Altura Dimensiones AreasHasta 4.00 m 2.00 * 3.00 m 6.00 m2

Hasta 7.00 m 2.50 * 3.60 m. 9.00 m2

Hasta 10.00 m 3.00 * 4.00 m 12.00 m2

•Todos los departamentos o viviendas de un edificio deben desembocar al exterior o pasillos o a corredores que conduzcan di-

Los artículos del 142 al 159 del reglamento de 1945, clasificaban a las fábricas o industrias en: peligrosas, medianamente peligrosas, poco peligrosas, pesadas, semipesadas y ligeras. Fotografía: J. escandón..

rectamente al exterior o a las escaleras si se trata de edificios de más de un piso. El an-cho de pasillos o corredores nunca será me-nor de un metro. Cuando haya barandales, éstos deberán tener cuando menos noventa centímetros de altura.•Las casa de viviendas de dos o más pisos tendrán siempre escaleras, aunque tengan elevadores. Las escaleras irán desde el sue-lo hasta el piso más alto. Pueden desahogar en una escalera hasta veinte (20) departa-mentos o viviendas en cada piso. El ancho de la escalera será como mínimo de (1) un metro principiando por el piso más alto y hasta dos (2) pisos más abajo: de allí hacia abajo ira aumentando a razón de veinte (20) centímetros de anchura por cada tres (3) pi-sos. Las huellas netas de los escalones no serán menores de (25) centímetros, ni los

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peraltes mayores de dieciocho (18) centí-metros. Las escaleras y corredores estarán construidos con materiales incombustibles con excepción de las casas tipos “D” y “E” en las cuales podrán ser de madera. •Las puertas generales hacia la calle ten-drán un ancho libre de un metro veinte centímetros (1.20) cuando menos en edifi-cios hasta de dos (2) pisos y aumentará ese ancho a razón de diez (10) centímetros por cada piso adicional. En ningún caso el an-cho de la entrada será menor que la suma de los anchos de las escaleras que desembocan en ella. •Los pisos de habitaciones en la planta baja deberán quedar, cuando menos, veinte (20) centímetros sobre el nivel de la banqueta. •Las cocinas y cuartos sanitarios deben tener luz y ventilación directamente por medio de ventanas o puertas al exterior, su-perficie que será de un octavo (1/8), cuando menos, del área del piso. Se pueden permi-tir pequeñas cocinas sin la ventilación antes dicha, siempre que el local esté fuertemente ventilado por chimeneas apropiadas o por medios mecánicos de extracción del aire. •El pavimento de las cocinas será de mo-saico, cemento o cualquier otro material impermeable y sus muros serán revestidos, enlucidos o pintados con material imper-meable, hasta una altura de un metro cua-renta (1.40) centímetros cuando menos.•Todos los edificios destinados a habita-ciones estarán provistos de instalaciones de agua potable que puedan suministrar como mínimo al día ciento cincuenta (150) litros por cada habitación. Las instalaciones hi-dráulicas serán indicadas en los planos y se harán de acuerdo al Código Sanitario en vigor. Las instalaciones de agua se harán únicamente con tubo galvanizado u otro revestimiento o material inoxidable.

•Cada una de las viviendas o departamen-tos de un edificio deben tener por separado su dotación de agua potable, de baño, de lavabo y excusado. Por excepción puede permitirse en las casas llamadas de vecin-dad que un baño sirva para varias vivien-das en la proporción de uno por cada diez personas. El piso de baños y excusados será de material impermeable. Los muros de los mismos tendrán un lambrín de altura míni-ma de un metro ochenta centímetros hecho de azulejo, mosaico, cemento o de otro ma-terial impermeable. •Las aguas claras que provengan de techo o terrazas no deben desaguar libremente, si no por conductos de dimensiones apro-piadas que las conduzcan hasta el nivel de las coladeras de los patios. Estos ductos po-drán hacerse con tubo de lámina galvani-zada o de fierro fundido. En el primer caso deben colocarse siempre hacia el exterior; en el segundo caso pueden empotrarse en los mismos muros. •Para el desahogo de las basuras en las ca-sas de viviendas con varios pisos, se insta-larán tolvas que vayan de de cada piso a un receptáculo situado en el sótano o piso más bajo. La puerta que comunique con esta tolva en cada piso deberá tener una tapa que cierre automática y herméticamente.•En caso de que sea necesario emplear fosa séptica, se deberá dotar al edificio (…) (2) dos sistemas de desagüe, uno para las aguas negras, que irá a la fosa y otra para las que no lo son. La pendiente del albañil que rec-ta con la fosa no será mayor de uno y medio por ciento.•Para la construcción o instalación de toda clase de aparatos de calefacción, ya sea en edificios destinados para habitaciones o en cualquier otro edificio, se requiere la apro-bación del proyecto respectivo por la Di-


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rección de Obras Públicas, mismo que de-berá estar de acuerdo con las prescripciones de este reglamento, y en las que cada caso particular señale la propia Dirección.•La instalación de calderas para calefacción central o para agua caliente, en los edificios de viviendas, se hará de manera que no cause molestias ni ponga en peligro a los habitantes. •Las chimeneas, estufas, caloríferos, hor-nos y todo aparato que produzca humo o gases provenientes de la combustión, es-tarán construidos o colocados de manera que eviten todo peligro de incendio. Las chimeneas domésticas estarán construidas sobre una cimentación sólida o soportadas por bóvedas de ladrillos, fierro o concreto reforzado. Todas las partes que formen una chimenea doméstica estarán construidas con materiales incombustibles y aislados de toda obra de madera (tabiques, entramados, pisos, etc.), por medio de protección de material incombustible. Ningún tubo que sirva para la conducción de humo, vapor o agua caliente podrá instalarse en fachadas de edificios que den a la vía pública.

Los baños públicos eran parte de la vida cotidia-na de los habitantes de la ciudad de Monterrey, el reglamento no podía excluir obligaciones en su construcción y uso. Para ello los artículos 129 al 141 exigían que todo establecimiento de baños destina-dos al público, los servicios para hombres y para mujeres deberían estar separados, formando de-partamentos aislados, con entrada independiente, ya fuera que estas entradas estuvieran directas a las calles o que dieran a un vestíbulo con patio común. Entre otras especificaciones podemos comentar los siguientes:

•En el departamento de regaderas el núme-ro de vestidores estará en proporción con el de las regaderas, debiendo corresponder por lo menos una de éstas por cuatro de

aquéllos, sin comprender las duchas o re-gaderas de presión. •Los vestidores y los departamentos para ti-nas deben tener sus divisiones de mampos-tería o de cualquier otro material resistente e impermeable. La altura de las divisiones será suficiente para impedir la vista hacia un vestidor y no será menor de dos metros y medio. Los vestidores deben tener sufi-ciente protección contra el robo, cerradu-ras, malla de alambre en el techo, etcétera. •Los locales destinados a estufas de vapor y aire caliente deberán tener una altura no menor de tres metros ni mayor de cuatro metros y una superficie de metro cuadrado por cada vestidor, con un mínimo de cator-ce metros. •Los departamentos de vestidores, así como los de las estufas y regaderas, estarán bien iluminados y ventilados de manera que no se produzcan corrientes de aire o cambios bruscos de temperatura. •En las estufas y regaderas, los muros, pisos y techos deberán estar cubiertos por azule-jos o por cualquier otro material impermea-ble y con sus ángulos redondeados. •La ventilación se llevará a efecto tomando en cuenta que en los diferentes locales no se tengan concentraciones de bióxido de car-bono (CO2), mayores de una parte de diez mil. Deben evitarse las corrientes de aire en estos locales. •Habrá instalaciones de excusados y lava-bos en la siguiente forma: un excusado para cada vestidor o fracción de este número; y en el departamento de hombres habrá, ade-más, urinales en la misma proporción •Los pisos de los gabinetes, cuartos de regaderas, tinas y lavabos, deberán ser de material impermeable. Los muros de estas piezas deberán tener lambrín de mosaico o de otro material impermeable de un metro

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Los edificios que se construyan en la ciudad deberán contar con ins-talaciones de agua potable..

ochenta centímetros (1.80) de altura, cuan-do menos. •Los muros y el fondo de los estanques estarán revestidos de materiales impermea-bles y el fondo deberá estar en pendiente suave. Para seguridad de los bañistas de-berá señalarse el lado que corresponda a la mayor profundidad del estanque.

El capítulo XI, sobre la construcción y sanea-miento de las fábricas y talleres, era fundamental en una ciudad industrial como la de Monterrey. Los artículos del 142 al 159 son elocuentes. Por la manufactura a que se dediquen las fábricas o por los materiales usados en ellas, se clasificaban en las siguientes categorías.

•Peligrosas. Se consideran como tales aqué-llas en que se manufacturen o se almacenen artículos o materiales de fácil ignición y de cuya combustión se desprendan humos o vapores explosivos o tóxicos, como las si-guientes: fabricas de explosivos y sus deri-vados, de cohetes y pirotecnia en general, de cerillos, de celuloide, de productos quí-micos (excepto aquéllas que demuestren

ante la Dirección de Obras Públicas que no producirán gases, humos o materiales infla-mables, explosivos o tóxicos), de barnices, pinturas o japanes, parafina o derivados de hidrocarburo o grasas de fácil ignición o las que sean similares.•Medianamente peligrosas. Se considera-rán en esta categoría aquellas fábricas que manufacturen o almacenen artículos o ma-teriales que tienen punto de ignición mo-derado, en los que no se propaga el fuego con rapidez y de cuya combustión se puede o no desprender gran cantidad de humo; pero que no originan ni explosiones ni ga-ses o vapores tóxicos, como las siguientes: fábricas de papel, cartón, hilados y tejidos, cigarros y tabacos labrados en general; de peines, botones y artículos de cuerno o materias de orgánicas artificiales o natura-les semejantes a él; de calzado, cordelería, costales, bolsas o envases semejantes de papel, cartón o yute; ropa de lana, alfom-bras, colchas, tejidos de paja de mimbre, almacenes y fábricas de muebles o artículos de madera, molinos de trigo y cereales se-mejantes, fábricas de pan, galletas y pastas alimenticias, etcétera.•Poco peligrosas. Se considerarán como ta-les aquéllas que manufacturan o almacenan artículos o materiales que no arden o que lo hacen lentamente sin producir humos o ga-ses apreciables como: fábricas, almacenes y fundiciones de productos metálicos, de vidrios y porcelana, alfarerías, piedras arti-ficiales, tabacos, gises, levaduras, dulces y chocolates, empacadoras de conservas ali-menticias, etcétera.

En cuanto al peso, dimensiones o velocidad (que produzca vibraciones) de las máquinas empleadas en las industrias, éstas se clasificarían en:

•Pesadas. Las de fabricación pesada serán las que necesiten maquinas o produzcan


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materiales que individualmen-te tengan un peso mayor de 5,000 cinco mil kilogramos, o que causen impactos o vibra-ciones excesivas, como: moto-res de combustión interna o de émbolos en general con movi-miento alternativo; martillos y prensas mecánicas del sistema del impacto, punzones, tijeras y cizallas para piezas metálicas o materiales comprimidos; tri-turadores, separadoras o cribas vibratorias; máquinas moledo-ras de materias de dureza mayor de seis de la escala de Mohs,6 laminadoras de metal, etcétera.•Semipesados. Las de fabricación semipe-sados serán las que necesiten máquinas o produzcan materiales con pesos compren-didos entre una y cinco toneladas o que causen impactos o vibraciones medianas, como las mencionadas anteriormente y turbinas de vapor o hidráulicas, motores eléctricos y de máquinas de émbolo con movimiento lento; máquinas moledoras o trituradoras de materiales con dureza com-prendida entre tres y seis de la escala Mohs; laminadoras de metales suaves o materias orgánicas semejantes a la pulpa de madera, como la fabricación de cartón y papel; má-quinas cortadoras de cartón y papel, impre-soras, estampadoras, etc. •Ligeras. La fabricación ligera es la que necesita máquinas individuales o produce materiales con peso menor de una tonelada y que no causa vibraciones apreciables.

De igual forma, la reglamentación abarcó las espe-cificaciones mínimas de seguridad de las numero-sas fábricas de la ciudad de industrias de fuego:

•Cada departamento o sección que forma parte de una fábrica o taller de un solo piso

El Reglamento de 1945 ya contaba con especificaciones para los edificios destinados al com-ercio y de oficinas. Fotografía: M. Villarreal.

debería tener como mínimo una salida a es-pacio abierto o a la calle, con un ancho de un metro cincuenta centímetros. La distan-cia que tenga que recorrerse del interior a una salida no será mayor de veinticinco me-tros para los de tipo peligroso y de treinta y cinco y sesenta metros, respectivamente, para los tipos medianamente y poco peli-grosos. Si las circunstancias anteriores no pueden realizarse, se pondrán salidas adi-cionales de seguridad. Los pasillos y corre-dores que conduzcan a ella deberán tener cuando menos la misma anchura de la sali-da o puerta correspondiente y estarán libres de obstáculos. Las puertas de las salidas de seguridad deberán abrirse hacia fuera del edifico si son de hojas, y deberán permane-cer abiertas durante las horas de trabajo. Si son corredizas o de cortina, sus cerraduras se operarán desde el interior y no necesita-rán llave para operarse. En los edificios de dos o más pisos cada uno de ellos llenará los requisitos anteriores y las salidas debe-rán quedar arregladas con relación a cada piso, de modo que no haya obstáculos que impidan pasarlas rápidamente.

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Los artículos 169 a 276 del Reglamento de 1945 especifican las normas para los edificios destinados a reuniones públicas. Fotografía: M. Villarreal.

•La escalera o escaleras que forman parte de las salidas deberán conducir a espacios amplios fuera del edificio o a la calle direc-tamente. Las escaleras deberán ser hechas de material incombustible y cuando sean necesarios pasillos, corredores o muros divisorios entre ellas y los edificios, serán fabricadas también de material incombus-tible en las industrias de tipo peligroso y a prueba de fuego en los demás. Los tramos deberán ser rectos de preferencia, no se aceptarán las escaleras llamadas de caracol, y las inclinaciones máximas permitidas en ellas serán de cuarenta y cinco grados, con huellas no menores de veinte centímetros. Tendrán pasamanos o barandales de mate-rial incombustible a una altura compren-dida entre ochenta centímetros y un metro sobre la línea de pendiente. Los anchos mí-nimos de las escaleras serán los que siguen: un metro veinte centímetros para el servicio hasta de cien operarios o doscientos metros cuadrados de espacio útil para la fábrica, y un aumento de treinta centímetros por cada

operario de más o cada cuarenta metros cuadrados de más de superficie útil.

Sobre la ventilación y la producción de humos y gases tóxicos se exigía lo siguiente:

•Las chimeneas para extracción de humos, polvos, o gases satisfacerán en su construc-ción los requisitos del capítulo sobre espe-cificaciones para proyectos. •Los edificios para fábricas y talleres de-berán tener posibilidad de abrir al exterior, sin obstrucción, superficies de ventilación natural con un mínimo de la décima parte (1/10) de la superficie del piso que ocupe cada departamento considerado en los de clasificación poco peligroso.•En las fábricas de clasificación medida-mente peligrosas o peligrosas, la superficie mínima de ventilación será, respectivamen-te, una décima y una quinta parte de la su-perficie del piso. Podrá usarse en sustitu-ción o combinadamente con la ventilación, será, respectivamente, una décima y una quinta parte de la superficie del piso. Podrá usarse en sustitución o combinadamen-te con la ventilación neutral la ventilación

forzada por medio de ventiladores de in-yección o extracción accionados mecáni-camente •En el caso de fábri-cas poco peligrosas la ventilación forzada deberá ser a razón de una renovación por hora de 24 m3. Por 1 m2 de superficie de piso o de cuatro veces el volumen del salón. En caso de fábricas medianamente peli-grosas o peligrosas la


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renovación por hora deberá ser del doble del caso anterior como mínimo. En los lu-gares en que se produzcan gases o polvos, se proveerán instalaciones que los eliminen simultáneamente. Esas instalaciones figu-rarán en los planos y especificaciones que se pretende a la Dirección de Obras Públi-cas.

Sobre la iluminación en las fábricas y las fuentes de energía se comenta:

•En fábricas y talleres se acepará como iluminación natural mínima, la que se deje pasar de la calle o patio con ancho no me-nor de la altura del edificio más cercano, a través de ventanas o tragaluces que tengan una superficie efectiva de transparencia de no menos de un décimo de la superficie del salón considerado. Los patios en las pro-porciones indicadas no serán obligatorios, cuando pueda darse iluminación superior en cantidad equivalente a la mencionada en el párrafo anterior. Las ventanas que den a pa-tios con ancho menor que la altura del muro vecino deberán aumentar su superficie en el mismo porcentaje en que se reduzca dicho ancho. Podrá usarse el alumbrado artificial en substitución del natural, para fábricas y talleres con jornadas nocturnas o en sitios en que no pueden llenarse los requisitos de los artículos anteriores.

Sobre las áreas sanitarias se explica que:•Habrá un departamento sanitario para obreros y otro para obreras, así como baños para uno y otro sexo. Por cada veinte obre-ros o empleados deberá haber un excusado y un urinal; en ningún caso podrá haber un número menor de dos excusados; además, estos dos departamentos estarán dotados de lavabos y bebederos. El numero de lavabos, de tipo individual o colectivo, estarán en la proporción de uno por cada diez personas.

Sobre las instalaciones de agua potable en estas edificaciones se contemplaba que:

•Los edificios destinados a fábricas o ta-lleres estarán provistos de instalaciones de agua potable, con depósitos con capacidad mínima suficiente para Poder suministrar al día cien (100) litros por cada persona que normalmente ocupen, con un mínimo de almacenamiento de mil litros. El cálculo se hará sobre la cantidad de personas que con-curran al turno más numeroso. Esta dispo-sición se aplicará exclusivamente a aquellos edificios que carezcan del servicio público de agua potable. •Los edificios industriales deberán estar provistos de hidrantes que suministren el agua a la presión de las cañerías de la ciu-dad. •Las instalaciones hidráulicas y las de alma-cenamiento o distribución de otros fluidos, o las de combustibles líquidos o gaseosos, se indicarán claramente en los planos.

Sobre la seguridad de los muros interiores en las fá-bricas y talleres clasificados como peligrosos, la pre-sión manométrica y generación de energía o vapor haría que su estructura fuera diferente y más segura.

•Los muros de fachadas y colindancia en las fabricas de clasificación peligrosa y me-dianamente peligrosa deberán ser de mate-rial incombustible, en la clasificación poco peligrosa podrán ser fabricados de otros materiales ligeros. Los muros interiores en las fabricas y talleres podrán construirse de cualquier material, excepto en los de-partamentos donde se almacenan artículos inflamables o de rápida combustión o que produzcan vapores o humos tóxicos, en los cuales los muros pisos y techos deberán ser precisamente a prueba de incendio. Las puertas de comunicación en este último caso deberán ser metálicas o de madera con

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La dirección de obras públicas reglamentó el espacio para los edificios de cinematógrafía. fotografía: J. Escandón.

doble forro de lámina metálica, de espesor no menor del número veinte, o sea de milí-metro. De preferencia serán corredizas so-bre un riel o guía con inclinación suficiente para que su propio peso las ponga en posi-ción de cierre. En ellas se permitirá el uso de contrapesos ligados con cuerda o cable combustible, de modo que al producir la ig-nición cerca de ellas se reviente, cerrándose la puerta automática y herméticamente. •Cuando en una fábrica o taller exista plan-ta de generación de vapor (calderas) con presión manométrica mayor de dos atmós-feras, las partes destinadas a ellas deberán tener los requisitos de protección contra incendio a que se refiere el artículo anterior, y cuando la presión sea mayor de quin-ce atmósferas, protecciones especiales de acuerdo al peligro de explosión, y, además, se seguirán las disposiciones del reglamen-to sobre calderas, cuando la fabrica sea de más un piso, el departamento de calderas deberá ser independiente. •Los locales destinados en una fábrica a la generación o transformación de energía

eléctrica con tensión de operación mayor de cuatrocientos cuarenta (440) voltios o la potencia mayor de ciento cincuenta (150) kilovatio amperios, deberán tener los requi-sitos de protección contra incendio a que se refiere el artículo anterior.

Sobre los edificios destinados al comercio y oficinas las especificaciones serían (capítulos 160 a 168):

•Todas las oficinas o departamentos co-merciales de un edificio deben desembo-car a pasillos o corredores que conduzcan directamente a las escaleras. El ancho de pasillos o corredores nunca serán menos de un metro.•Los edificios destinados a oficinas o a de-partamentos comerciales tendrán siempre escaleras, aunque tengan elevadores. Las escaleras irán desde el piso más bajo hasta el piso más alto. Pueden desahogar en una escalera en cada piso hasta veinte oficinas o departamentos comerciales que cubran una superficie máxima de 400 m2. El ancho mí-nimo de la escalera será de un metro, prin-cipiando por el piso más alto, y hasta el piso más bajo; de allí hacia abajo irá aumentan-do a razón de veinte centímetros de anchura

por cada tres pi-sos. Las huellas de los escalones no serán meno-res de veintiocho centímetros, ni los peraltes ma-yores de diecio-cho centímetros. Las escaleras y corredores esta-rán construidos con materiales incombustibles. •Las instalacio-nes eléctricas


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serán siempre ocultas y de acuerdo con las reglas dadas en este reglamento y con las demás disposiciones en vigor. •La instalación sanitaria tendrá en cada piso un excusado y un urinal por cada veinte empleados, y un excusado por cada 15 empleadas y cada uno de estos departa-mentos estará dotado de lavabo y bebede-ro. En estos edificios se considerará que hay un empleado y una empleada por cada veinte metros cuadrados de piso útil. De-berán seguirse las demás reglas que da este ordenamiento para instalaciones sanitarias. La ventilación y la iluminación se harán de acuerdo con las reglas dadas en el capítulo sobre habitaciones.•Si alguno de estos edificios tiene sóta-nos, éstos podrán tener iluminación por la banqueta, pero no ventilación. Se podrá autorizar la instalación en las banquetas de dispositivos para carga y descarga dando acceso a los sótanos, siempre y cuando su funcionamiento no obstruya totalmente el tránsito de peatones. Estos dispositivos de-berán estar provistos de cierres de material incombustible instalados de manera que al no estar en uso queden a nivel con el piso de la banqueta.•Los edificios para comercio y oficinas que se construyan en el primer cuadro de la ciudad deberán ser de los tipos A o B.•En todos los edificios para comercios deberá haber constantemente y en buen Estado de uso, elementos para combatir el fuego, como hidrantes, mangueras, cube-tas, extinguidores químicos, etcétera. Las instalaciones hidráulicas contra el fuego requieren la aprobación de la Dirección de Obras Públicas.

Sobre los edificios como teatros, salones de cinematógrafo, salas de concierto, salas de

Las estaciones de radio también estaban reguladas por el Reglamento de 1945.

trasmisión de radio, salas de asambleas, plaza de toros, estadios y, en general, todo edifico destinado a reuniones públicas, los artículos 169 a 276 espe-cificanban que:

•Para usar un edifico nuevo o adaptado como lugar de reunión, se necesita de auto-rización de la Dirección de Obras Públicas. Ésta, antes de conceder la licencia o auto-rización para lugares de reunión tendrá en cuenta los artículos que siguen sobre trán-sito de vehículos y peatones. •El establecimiento de lugares de reunión tendrá las limitaciones siguientes: no po-drán ser levantados en la misma cuadra ni en la anterior, ni en la siguiente a las que estén las puertas de acceso de estaciones de policía, de bomberos y de autotransportes, de hospitales, sanatorios y puestos de so-corro. Tampoco podrán establecerse en las arterias de intenso tránsito, en las que haya una línea o más de transportes de servicio público a menos de que esta arteria tenga una anchura mínima de arroyo, destina-do a la circulación de vehículos, de nueve metros, si la calle es de circulación de un sentido o de doce metros si la calle es de cir-

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culación de dos sentidos. No se permitirá el establecimiento de un lugar de reunión a una distancia de otro lugar de reunión me-nor que la que da la fórmula. •No se autorizará un lugar de reunión para más de tres mil 3,000 personas si no cuenta con entradas naturales (no de emergencia) por diferentes calles. Por cada tres mil per-sonas se exigirán entradas por diferentes ca-lles. Las entradas en esquina o que estando en calles diferentes no están separadas más de treinta metros, se conceptuarán como desembocando a una sola calle. Los estadios, plazas de toros y similares estarán rodeados completamente por vías públicas. •Las salas de espectáculos se comunicarán con la vía pública o con explanadas de es-tacionamiento por intermedio de un ves-tíbulo y un pórtico. La superficie de cada uno de ellos será una décima parte (1/10) de la de la sala. El total que resulte de sumar las anchuras de las puertas que comuni-quen el vestíbulo con la calle deberá ser un tercio mayor que la suma de las anchuras de las puertas que comuniquen el interior con dicho vestíbulo. Los pasillos de la sala desembocarán en el vestíbulo a nivel con el piso de ésta. Entre el vestíbulo y el pórtico no deberá haber más de dos escalones de dieciocho centímetros de peralte. Entre el pórtico y la banqueta no deberá haber más de tres escalones de dieciocho (centíme-tros) de peralte. Las huellas en ambos casos no serán menores de treinta y cinco centí-metros. Sobre las puertas que desembocan a la vía pública debe haber marquesinas.•Las taquillas para vender o recoger bille-tes o boletos se colocarán de manera que puedan verse fácilmente desde las entra-das. Su número no será menor de una por cada mil quinientos posibles concurrentes

o fracción de este número para cada tipo de localidad. •No habrá en las salas de espectáculos más de tres pisos sobre el piso bajo. La altura libre en ningún punto de ellos será menor de dos metros y medio.•Los pisos se harán con material impermea-ble. En la sala y en el foro se puede permitir el uso de duela de madera. Todos los pisos deberán ser a prueba de roedores. •En las butacas deberá haber un espacio libre entre el frente de un asiento y el res-paldo del próximo, medio entre verticales, no menor de cuarenta centímetros. Con excepción de palcos y plateas, en los demás lugares de la sala los asientos estarán fija-dos al piso. Ningún asiento podrá estar más alejado de un pasillo la distancia correspon-diente a seis asientos. Los pasillos longitu-dinales que tengan asientos en los lados tendrán en su origen más lejano a la sali-da un ancho de noventa centímetros, éste se irá aumentando en dirección a la salida a razón de un centímetro por metro lineal. Los pasillos que sólo tengan asiento a un lado tendrán en el origen sesenta centíme-tros y aumentará de anchura en dirección a la salida a razón de un medio centímetro por metro lineal. Cuando el pasillo se haga de anchura uniforme, ésta deberá ser la que corresponda a la salida. En los pasillos del primer piso no habrá escalones, sólo se permitirán rampas o planos inclinados con pendiente no mayor de diez por ciento. En los muros de los pasillos no se permiten sa-lientes mayores de diez centímetros a una altura menor de dos metros sobre el piso. •La capacidad en conjunto de los foyers, vestíbulos, corredores y otras piezas que se usen para los espectadores, sin incluir el área de los pasillos, debe ser, en cada piso de una sala de teatro o cinematógrafo, su-


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ficiente para contener a todas las personas que tengan acomodo en dicho piso, en la proporción de seis personas por metro cua-drado. Siempre que sea posible, se emplea-rán rampas para ligar los desniveles que pueda haber entres pasillos, corredores, foyers y vestíbulos. Cada piso o conjunto de asientos que formen localidades distin-tas, deberán tener como mínimo dos salidas que comuniquen directamente con pasajes a la calle. La anchura de esas salidas se cal-culará de acuerdo con el artículo siguiente: el ancho de las puertas que comuniquen la sala de espectáculos con el vestíbulo y éste con el pórtico se arreglará de manera que se desalojen los locales entres minutos, to-mando como base que una persona pueda salir por un ancho de sesenta centímetros en un segundo. El límite inferior de an-chura de las puertas es de un metro veinte centímetros. No se computan como salidas las puertas que comunican las salas de re-unión o espectáculos con dulcerías, cafés, restaurantes, cantinas u otras dependencias análogas. •Las hojas de las puertas deben abrirse ha-cia el exterior, y estar colocadas de manera que al abrirse no obstruyan ningún pasillo, escalera o descanso. Ninguna puerta se abrirá directamente sobre un tramo de es-calera si no en un descanso no menor de un metro, que proceda al primer escalón. Los picaportes o cierres deben estar dispuestos de manera que al simple empuje de las per-sonas que salgan se abran. Se prohíben las puertas giratorias y las que se deslizan a lo largo de los muros. Las entradas pueden te-ner cortinas fáciles de abrir al empujarlas. Queda estrictamente prohibido que en los lugares destinados a permanencia o tran-sito del público haya puertas simuladas, o espejos que hagan aparecer el local con

mayor amplitud que la que realmente tiene. En todas las puertas de la sala de espectá-culos y sus dependencias que conduzcan al exterior del edificio habrá letreros con la palabra “SALIDA”. Sobre los muros habrá flechas iluminadas que indiquen la direc-ción de las salidas. Las letras tendrán una altura mínima de quince (15) centímetros y los letreros estarán iluminados por bujías o aceite mineral. •Los edificios para salas de espectáculos deben estar separados de las construcciones circunvecinas por un espacio que forme un pasaje sobre el cual desemboquen las puer-tas y escaleras de emergencia. Entre este pasaje y la vía pública no habrá obstruccio-nes. Cuando las salas tengan fachada a dos o más calles y sus puertas de seguridad des-emboquen a la vía publica, no se exigirán estos pasajes. El ancho de los pasajes será cuando menos de dos metros para salas con capacidad hasta de mil concurrentes, y de dos metros cuarenta centímetros para ma-yor capacidad. Su altura libre no bajará de dos metros cincuenta centímetros. •Todas las escaleras tendrán sus rampas rectas y en tramo de no más de quince es-calones ni menos de tres. Los tramos que-darán separados por los descansos corres-pondientes, los que tendrán una dimensión mínima de cuatro huellas. Todos los esca-lones serán iguales entre dos pisos. Todas las escaleras tendrán pasamanos firmes, revestidos de material impermeable, liso y lavable. Las huellas deben estar acondicio-nadas para que el pie no resbale. •Las dimensiones de huellas y peraltes es-tarán de acuerdo con la fórmula usual. El peralte podrá variar sólo entre diecisiete y diecinueve centímetros. El ancho de una escalera se calculará según el número de personas que tengan que pasar por ella y de

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Los edificios destinados a templo de culto religioso deberán comprobar la autorización de la Secretaría de Gober-nación. Fotografía: J. Escandón.

acuerdo con la regla dada para las salidas. La anchura de las escaleras se medirá entre los pasamanos, y la altura de éstos variará de noventa a cien centímetros sobre la línea dependiente sobre la arista superior de los escalones. Las escaleras de seguridad no deben tener más comunicación con el in-terior que las puertas de seguridad y deben conducir, directamente o por medio de los pasajes, a la vía publica. •Todos los materiales con que se constru-yan las escaleras serán incombustibles, lo mismo que los muros y techos de los locales en que se alojen. Los techos de los locales que alojen las escaleras se calcularán con la resistencia suficiente para soportar la caída de los materiales inflamados que provengan de construcciones situadas arriba de ellos, con el fin de evitar la destrucción u obstruc-ción de las escaleras. Todo piso o conjun-to de asientos situados en alto deberá ser servido cuando menos por dos (escaleras). Las rampas de escalera en que se fusionen otras rampas deberán tener un ancho igual a la suma de los concurrentes. En los loca-

les para teatros, cines y variedades habrá cuando menos dos escaleras de no menos de un metro veinte centímetros de ancho, con cubo exterior, que comuniquen al es-cenario con la calle. En las rampas de esca-lera que tengan un ancho de dos metros y medio se establecerá una división o barrera metálica a la mitad de su ancho. •En los patios o cubos de ventilación in-mediatos a una sala de espectáculos se establecerán escaleras fijas metálicas que lleven directamente a los diferentes pisos. Cuando no sea posible, se establecerán en vez de escaleras, planos inclinados con una pendiente que no sea mayor de quince por ciento. •No se permite establecer guardarropa en los pasillos. Se podrán establecer en los vestíbulos y lugares próximos a las salidas, pero con servicio para no más de cincuenta personas cada uno. •El muro que separe al escenario del audi-torio o lugar que ocupan los espectadores será perfectamente sólido, aislante e incom-bustible. Deberá sobresalir de la parte más

alta de los techos cuando menos (1) un metro. El muro de prosce-nio no podrá te-ner, aparte de la boca de la escena, más de dos vanos para el para el paso de personas, muebles y útiles. La boca de esce-na estará provista de telón y bamba-linas de asbesto o de otro material incombustible.


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Los otros dos vanos deberán estar cerra-dos por puertas de material incombusti-ble, con mecanismos que las tengan siem-pre cerradas.•Los camerinos o vestidores de los ar-tistas se dispondrán en departamento se-parado del resto del edificio por muros incombustibles. Se comunicarán con el escenario sólo por los vanos indispensables, los que tendrán puertas que se cierren au-tomáticamente y que permitan aislar todo el conjunto. Este departamento tendrá sa-lida directa e independiente a la calle. La decoración de los camerinos debe ser lisa y fácil de asear. Los anaqueles y estantes de los camerinos deben ser de metal, pizarra o cualquier material incombustible. •Cuando se utilicen los sótanos y foro de eventos para artistas, su ventilación se hará sujetándose a las normas relativas a tempe-ratura, humedad y movimiento del aire, que se dan en este mismo capítulo. La altura de los camerinos no será menor de dos metros y medio. Su menor dimensión horizontal será de un metro cincuenta centímetros una persona en cada dos metros cuadrados y cuarto.•Todos los locales destinados a utilerías, bodegas o talleres, deberán estar aislados del (…) por muros, techos y suelos incom-bustibles, en todos los vanos deberá haber puertas de fierro o de otro material aproba-do por la Dirección de Obras Públicas, con dispositivos para cerrarse automáticamen-

Los estacionamientos públicos están regulados por los artículos 292 a 301. Fotografía: J. escandón.

te. Estos locales deberán tener ventilación adecuada, si es posible, directamente al exterior. •Los motores, tinacos, gasómetros, caderas, plantas eléctricas de bombeo, de calefacción y ventilación, estarán en departamentos ais-lados del resto del edificio por muros, sue-los y techos incombustibles, y con puertas de fierro o de otro material incombustible, aprobado por la Dirección de Obras Públi-cas. La instalación de los diversos aparatos se hará con previa autorización de la misma Dirección, a la que se le presentarán planos y especificaciones suficientes.

Sobre el cinematógrafo, la ciudad reglamentó el espacio donde estos edificios daban servicio a los usuarios. Entre otras especificaciones son de des-tacar:

•Los asientos para el público en las salas de cinematógrafo tendrían que colocarse de manera que satisfagan las siguientes reglas: la parte inferior de la pantalla no estará a una altura menor de dos metros arriba de la cota más baja del piso de la sala. El ángulo que se forma por una horizontal que parta

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del ojo del espectador y la visual al centro de la pantalla, nunca será mayor de treinta grados; el ángulo que forme entre la visual hacia el extremo de la pantalla del lado de espectador y una perpendicular en el mis-mo punto, no será mayor de treinta grados; el piso de la sala se arreglará de manera que la visibilidad desde cualquier asiento sea completa. Se deberán presentar a la Direc-ción de Obras Públicas, planos y esquemas relativos; en el asiento más alejado de la pantalla en localidad alta, el ángulo forma-do por el piso y la visual del espectador a la base de la pantalla no debe ser menor de cuatro grados.•Se considerarán como pantallas de cine re-glamentarias las que tengan un ancho para la proyección comprendido entre cuatro metros ochenta centímetros y seis metros treinta centímetros. Detrás de ellas deberá haber un espacio libre inmediato no menor de metro y medio.•La caseta o cabina par los aparatos de pro-yección deberá construirse con materiales incombustibles en muros, techo y piso. La caseta tendrá como dimensión mínima en largo, ancho y alto, dos metros veinte cen-tímetros. Estará precedida por una anteca-seta que comunique con el exterior, si fuera posible, o que al menos quede lejos del paso y de la vista del público. No tendrá más co-municación con la sala de espectáculos que las pequeñas ventanas que permitan el paso de los rayos de luz de proyección y aquéllas por las que el operador vea la proyección en la pantalla. La dimensión máxima en cual-quier sentido de esos vanos será de treinta centímetros; deben reducirse en número a los estrictamente indispensables. Deben te-ner puertas que se cierren automáticamente y que se puedan maniobrar desde la anteca-seta. La ventilación de la escala deberá ha-

cerse por ventanas o conductos directos al exterior, o artificialmente, de manera que se tenga en el interior una temperatura máxi-ma de veintiocho grados centígrados. El acceso a la caseta deberá ser cómodo y se-guro. La puerta de entrada que será incom-bustible, tendrá setenta (70) centímetros de ancho, cuando menos. Deberá cerrarse automáticamente y abrirse hacia al exterior sin obstruir el descanso o pasillo en donde desemboque. Si una escalera sirve de ac-ceso inmediato a la caseta de proyección, aquélla deberá ser incombustible, con un ancho mínimo de setenta centímetros con escalones que tengan un mínimo de vein-ticinco centímetros de huella y un máximo de peralte de veinte centímetros. Estas es-caleras deberán tener pasamanos. En el interior de la caseta deberá haber, entre los aparatos y los muros, pasos libres con un ancho de sesenta centímetros, cuando me-nos. Las instalaciones eléctricas deberán estar protegidas. En el interior de la caseta habrá extinguidores químicos.

Sobre los edificios que albergaran estaciones de ra-dio se pidió que:

•Las casas de radio o edificios para confe-rencias, música o transmisión de noticias, llenarán todas las condiciones aquí estable-cidas para las salas de reunión y, además, se cuidará en ellas de manera especial la observancia de los preceptos relativos a aislamiento acústico de los auditorios y en el interior de ellos la reverberación del so-nido. Entre los distintos auditorios de una casa de radio se establecerán los llamados corredores de silencio.•Debe haber dos instalaciones de ilumina-ción en los edificios destinados a espectácu-los o reuniones: la normal y la de seguridad; la segunda debe permitir la circulación por toda sala de espectáculo, pasillos, escaleras


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y salidas aun en el caso de accidentes en la iluminación normal, será independiente de espacios libres dentro de la planta alta espe-cial, con acumuladores o se empleará cual-quier otro medio que esté constantemente en buen Estado de servicio. •Deberán presentarse a la Dirección de Obras Públicas planos especiales de las ins-talaciones de alumbrado, en que se detalle la situación de lámparas, sus características, apagadores, etc., la calidad de materiales empleados y las precauciones para evitar incendios o falta concreta de iluminación. Antes de darse la autorización para el uso del local, se harán pruebas completas de las instalaciones de luz. •El sistema general de ventilación, las aber-turas por las que ésta se haga los espacios descubiertos de donde se toma el aire, y to-dos los detalles complementarios se presen-tarán en planos especiales, para su (…), a la Dirección de Obras Públicas. El aire de los cines, teatros, centros de reunión, etc., debe estar en movimiento, de tal manera que se mantengan uniformes la temperatu-ra y la humedad. El movimiento del aire en dichos locales será de sesenta centímetros por segundo, como máximo medio a una altura de metro y medio sobre el nivel del piso. El aire en los locales de que se trata deberá estar distribuido con uniformidad, y se tomará como medida de distribución la concentración de bióxido de carbono en todo el salón, a una altura de un metro so-bre el nivel del piso.•Cuando la ventilación sea forzada, el aire fresco se tomará por la parte alta y el aire vaciado saldrá por la parte baja. La canti-dad mínima de aire fresco que se introduz-ca será de trescientos litros por espectador y por minuto. La concentración de bióxido de carbono en estos casos no deberá llegar

La nomenclatura de las calles le corresponde al Ayuntamiento de la Ciudad.

a cinco partes en diez mil. La temperatura en el interior de la sala estará comprendida entre los diecisiete y los veintitrés grados centígrados (termómetro de bulbo seco).7 La humedad relativa estará comprendida entre treinta y sesenta por ciento. La venti-lación de la sala hará que el aire en su inte-rior llene los requisitos que aquí se señalan. Para comprobarlo se establecerán aparatos registradores de las condiciones de con-centración de bióxido de carbono, tempe-ratura, humedad relativa y movimiento del aire. La ventilación en esta clase de cons-trucciones podrá ser combinado la natural con la mecánica. La ventilación natural de las salas de espectáculos se verificará por medio de claros abiertos hacia patios o ca-lle. Sumada el área de los claros de ventila-ción, deberá representar cuando menos un veinteavo (1/20) del área total ocupada por los espectadores. Los claros de ventilación estarán puestos de manera tal que se eviten las corrientes fuertes de aire.

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La ciudad de Monterrey triplicó su población entre 1950 y 1967.

•Los camerinos y demás localidades desti-nadas a los artistas, así como a los talleres, salas de pintura y demás departamentos anexos al foro, tendrán ventilación ade-cuada, de manera que el aire satisfaga las condiciones impuestas para la sala. La ven-tilación de los gabinetes sanitarios se hará renovando en su totalidad el aire veinte veces por hora. En el techo que está sobre el foro debe haber aberturas cuya área total sea cuando menos la décima parte del área del foro, comprendida entre los tres muros que lo limitan y el muro de proscenio. Es-tas aberturas estarán cerradas por ventanas construidas de tal manera que se abran por su propio peso y mantenidas en su lugar por cuerdas que se extienden hasta el piso del foro. •Todas las entradas del escenario tendrán una doble puerta o cancel para protegerlo de las corrientes de aire.•En todos los pisos se establecerán locales especiales en donde se permita fumar. Su ventilación consistirá en diez cambios de aire cuando menos, por hora. En todos los lugares de reunión habrá instalaciones de

inodoros, urinales, lavabos y fuentes para beber agua. Habrá departamentos separa-dos para hombres y para mujeres. Nunca se instalarán menos de dos unidades de cada clase en cada grupo, exceptuando la fuente para beber agua, de la que puede instalarse una sola unidad. •El número total de inodoros destinados al público se calculará a razón de uno por cada ciento cincuenta espectadores o frac-ción de ese numero, y se distribuirán en los diferentes gabinetes sanitarios, de manera que para las mujeres haya doble número que para los hombres. El número de urina-les se calculará a razón de por cada ciento cincuenta personas. El número de inodoros y muebles sanitarios para artistas y traba-jadores se determinará de acuerdo con el capítulo sobre fábricas y talleres. Los ino-doros, lavabos y urinales estarán instalados con doble ventilación. •Todo departamento sanitario estará prece-dido de un vestíbulo. Dicho departamen-to deberá tener puerta directa a la sala de reunión o de espectáculos. La instalación hidráulica para el servicio sanitario se cal-

culará con una do-tación de agua de dos litros por perso-na, debiendo tomar en cuenta el núme-ro total de personas que puedan caber en todos los locales.•La instalación para casos de in-cendio deberá ser instalada por la di-


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rección de obras públicas. La tubería de la instalación contra incendios tendrá por lo menos un diámetro de siete centímetros y medio, la presión de todas las tuberías será la necesaria para que lo más alto del edificio pueda utilizarse en chorro de agua para extinguir el fuego. En cada piso habrá conectadas con el tubo de abastecimiento de agua contra incendio dos mangueras más, una a cada lado del auditorio y dos más, una a cada lado del muro proscenio. En los locales anexos también habrá man-gueras. En todos los edificios destinados a lugares de reunión debe haber mangueras chiflones, exteriores de fuego, ganchos hachas, cubetas y otros accesorios que re-quiere el departamento de bomberos. Las mangueras del sistema contra incendio se colocan plegadas, no enrolladas, dentro de cajas especiales, con tapa sin cerradura o con vidrio. Cerca deberán estar colocadas las herramientas que se juzguen necesario usar en caso de incendio y los extinguido-res, letreros perfectamente visibles indica-rán el lugar en que se encuentran todos los implementos.

Los locales destinados a salones de baile públicos, casinos, cabarets, estadios deportivos, plazas de to-ros, teatros al aire libre, entre otros, se debían ajus-tar a lo siguiente:

•En las graderías debe asignarse un espacio mínimo, por cada espectador, de cincuenta centímetros de ancho por setenta de fondo. Ninguna parte del piso de una gradería está a menos de dos metros y medio de distancia del techo. Las graderías tendrán escaleras y pasillos, las primeras estarán colocadas a ocho 8 metros y tendrán huellas no meno-res de veintisiete centímetros y peraltes no mayores de dieciocho centímetros de an-chura como mínimo.

•Los inodoros se calcularán a razón de uno por cada trescientos espectadores o fracción de este número, distribuidos de manera que en el departamento de mujeres haya doble número de ellos que en el departamento de hombres, y los urinales a razón de uno por cada ciento ochenta espectadores o fracción de ese número. Deberá haber por lo menos cuatro urinales y un bebedero en cada ga-binete sanitario. Los urinales se instalan en el departamento de hombres o en locales especiales.•En el lugar destinado los jugadores habrá vestidores y baños de regaderas anexo, con servicio de agua fría y caliente.•Habrá un lugar destinado a especialmente a enfermería. Dotado de los medicamentos que fueren necesarios para Poder hacer las curaciones de urgencia.•No se permitirá el establecimiento de carpas en la vía pública, excepto cuando se trate de frisa de carácter transitorio. Las carpas para espectáculos de cualquier gé-nero, representación o exhibiciones sólo se toleran con el carácter de transitorios si se establecen en solares o predios particulares, que tengan dotación de agua y conexión de saneamiento, por el número de días que para cada caso se fijará por escrito, en cali-dad de improrrogable y durante este tiem-po deberán conservarse en buen Estado de limpieza. •Las puertas de salida de las carpas se arre-glarán de manera que midan un metro y medio de anchura como mínimo, por cada doscientos espectadores. •Las carpas deberán contar con servicios sanitarios que en cada caso determinará la Dirección de Obras Públicas. •En las carpas las líneas de alimentación eléctrica en el exterior deben llenar las

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La Tercera Ley de Planificación de 1952 contemplaba la creación de plazas, jardines o parques como parte de la planificación urbana.

condiciones requeridas en el capítulo so-bre ferias. Hay dos formas: una con tubo conduit, aun cuando sea visible, y cajas de derivación metálica; y dos, con alambre de forro de plomo y caja de lámina para co-nexiones y derivaciones. No se aceptarán instalaciones que estén hechas con cordón o alambre intemperie.•Las carpas contarán con extinguidores para casos de incendio, a razón de uno, por

lo menos por cada cien (100) espectadores, debiendo estar colocados en lugares bien visibles y al alcance de la mano.•Antes de abrirse al público cualquiera de los locales de reunión tratados en los artí-culos del presente capítulo, se les someterá a pruebas de resistencia y pruebas del fun-cionamiento de sus instalaciones, en la for-ma que para cada caso señale la Dirección de Obras Públicas.

La dirección de Obras Públicas aclaró que no aprobaría ningún proyecto de edificio que se vaya a destinar a templo de culto religioso, si no

se comprobara la autorización de la Secretaria de Gobernación. Una vez obtenida la exigencia de la ley de planificación y construcción especificó en sus artículos 277 a 280 los requerimientos para su construcción.

Sobre las ferias y aparatos mecánicos usa-dos en ellas (artículos 281 a 291), la reglamentación aclaró que la Dirección tendría en cuenta para dar o negar el permiso, los obstáculos al transito y la cercanía de jardines, escuelas, sanatorios, hospita-

les o cualquier otro lugar al que se pudiera originar perjuicios o molestias. •La licencia par instalar y usar un aparato mecánico se dará solamente con solicitud de un perito responsable re-gistrado y mediante la pre-sentación de croquis acota-dos de su colocación respecto de otros aparatos, de postes, edificios y otros obstáculos. •El solicitante que pida auto-rización para una feria deberá hacer un depósito en efectivo para garantizar la reparación de los daños que se puedan causar por la instalación, operación y uso de los apa-

ratos, carpas, puestos e instalaciones de la feria, o que el público pueda causar a pavi-mentos, jardines o cualquier otro elemento de la vía pública. •Los aparatos mecánicos que se empleen en las ferias deben estar situados de tal manera que no se interfieran unos con otros. Deben estar colocados de manera que no estorben el fácil tránsito en la feria y en la forma de evitar las aglomeraciones. Deberán estar separados de las carpas y tener una cerca de protección hecha de madera con tela de alambre. En los aparatos mecánicos se debe


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tener cuidado de que todas las piezas de que se componen se encuentren en perfecto Estado y que su ubicación funcione normal-mente. El perito responsable deberá hacer una revisión diaria del Estado del aparato y de su funcionamiento. Dará aviso inmedia-to al propietario y a la Dirección de Obras Públicas de cualquier desperfecto que en su opinión haga peligroso el uso del aparato. •Para seguridad en las instalaciones eléc-tricas se seguirán las siguientes reglas: la alimentación eléctrica a los servicios que se proporcionen a las ferias ambulantes, carpas o circos, deberá concentrarse en un solo punto que estará situado hasta donde sea posible al centro de la carga eléctrica conectada. La alimentación se recibirá para su control en un tablero general de entrada, del cual se derivarán todas y cada una de las diferentes pequeñas alimentaciones a los puestos y lugares de diversión que in-tegren la feria. La línea general de alimen-tación deberá estar protegida de acuerdo con la importancia de la carga conectada y en todo caso con interruptores de entrada y salida con sus respectivos fusibles. En caso de que la línea que se indica sea de cable armado, éste deberá estar colocado en una capa o bajo un canal de madera invertida. Si se usa línea aérea deberá tener la altura necesaria a fin de librar cualquier carpa o puesto que pudiera atravesar, y estará de-bidamente aislada y protegida en todas sus partes. Cuando la línea alimentadora sea aérea se colocara sobre postes de fierro, concreto o madera a una altura no menor de siete metros sobre el piso. Las líneas de alimentación de cualquiera de estos luga-res deberán estar protegidas en su entrada con un interruptor de servicio de fusible o cartuchos, interruptor que formará, junto con el de distribución, un tablero indepen-

diente, fijado en base sólida como pizarra y no sobre pared, aun cuando éste sea de madera.

Sobre los garajes públicos la reglamentación los contemplaba en los artículos 292 a 301.

•En lo sucesivo no se ubicarán garajes públicos en la zona comprendida entre las calles Hidalgo, Zuazua, Matamoros y Cuauhtémoc, ni en las calles cuyo arroyo sea menor de siete metros de anchura, si la calle es de circulación en un solo sentido, o de nueve metros si la circulación es de do-ble sentido. •Su capacidad estará en relación de veinte metros cuadrados de piso por coche, con el fin de que éste pueda tener movimiento en el garaje.•Queda terminantemente prohibido el es-tacionamiento de coches en las calles frente a edificios de esta naturaleza.•Los pisos deberán ser revestidos de con-creto loseta o cualquier material incombus-tible con excepción del de la planta baja que podrá ser de asfalto que satisfaga las especificaciones de la Dirección de Obras Públicas; sus muros, hasta una altura de metro ochenta centímetros, estarán revesti-dos por un lambrín impermeable.•Todos los garajes públicos deberán estar dotados de dispositivos contra incendio. El sistema sanitario estará regido por los artí-culos relativos del capítulo sobre fábricas y talleres.•Los garajes podrán tener talleres y expen-dios de gasolina y lubricantes anexos. En estos casos deberán ajustarse a las reglas que se dan para ellos en este reglamento y demás leyes especiales.•En edificios de más de un piso que se dediquen a garajes, los pisos superiores se usarán únicamente para estacionamiento y pensión de automóviles.

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Sobre el estacionamiento de autotransportes dentro de la ciudad de Monterrey, los artículos relativos a ello son del 302 al 316.

•Todas las líneas de autotransportes de pasa-jeros en la ciudad de Monterrey, cuyo final de ruta esté dentro de las zonas urbanas, de-berá tener estaciones terminales en los extre-mos de sus rutas, cuando en esos lugares se estacionen regularmente y de manera simul-tánea tres o más vehículos de la línea.•Las terminales se acondicionarán con dos accesos amplios para los vehículos que ha-gan el servicio, accesos que estarán situados en los extremos del frente del predio a la vía pública o en calles distintas si el predio tie-ne dos o más frentes. Se destinará un acceso para la entrada y otro para la salida de ve-hículos, y además habrá entradas indepen-dientes para los pasajeros. Las terminales se establecerán sólo en predios que colinden con vías públicas que tengan anchura mí-nima de 13.40 metros de parámetro a pará-metro, con banquetas de anchura mínima de 1.50 un metro cincuenta centímetros. Las terminales podrán destinarse al uso de una o de varias líneas de auto-transportes de la ciudad de Monterrey.•Los predios en que se es-tablezcan las terminales se servicios urbanos estarán drenados. Se cercarán con rejas barandales o alambra-dos que los separen de la vía pública. Las zonas para circulación de vehículos en el interior de la terminal estarán pavimentadas con un piso de material apro-bado por la Dirección de Obras Públicas

•En todas las terminales se instalarán se-ñales de tránsito visibles de día y de noche que marquen las zonas de peligro y otras que indiquen el sentido en que debe hacer-se la circulación de vehículos, tanto en las entradas como en el interior de la terminal. En todos los casos deben preferirse proyec-tos en que la circulación de vehículos se haga sin retrocesos obligados. •Las puertas de entrada y salida para ve-hículos, y de la terminal, tendrán anchuras libres de cuatro metros y medio como mí-nimo, pudiendo la Dirección de Obras Pú-blicas exigir su ampliación de acuerdo con la facilidad que tengan los vehículos para entrar o salir, atendiendo a que la circula-ción en la vía pública se haga en uno o en dos sentidos y a la intensidad del tránsito en la misma. Las entradas para pasajeros tendrán anchura mínima de 1.20 un metro veinte centímetros. •La capacidad del patio de operación y es-tacionamiento de los vehículos que use la terminal estará en relación con el número

El Plan Regulador de 1965 tenía el objetivo de tener una ciudad sana, justa y bella.


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de los que simultáneamente deben estar dentro del recinto de la misma en la horas de mayor afluencia de pasajeros. En todo caso debe asignarse una superficie mínima de cincuenta metros cuadrados para cada vehículo.•La subida y bajada de pasajeros y de los vehículos se hará por andenes de arrimo. De preferencia se construirán aislados del andén general de circulación, colocados paralelamente entre sí con anchura mínima de un metro veinte centímetros si son des-cubiertos y de un metro ochenta centíme-tros si están cubiertos. Su longitud será un metro mayor que la distancia entre los bor-des más distantes de las puertas de acceso anterior y posterior situadas en un mismo lado de los vehículos.•Los canales de circulación de vehículos en las partes rectas comprendidas entre an-denes serán de tres metros de ancho como mínimo. En las partes curvas de los canales los radios mínimos serán de ocho metros setenta centímetros y la anchura mínima de los mismos de esas partes curvas será de cinco metros y medio. Este radio mínimo servirá para proyectar la curvatura de las banquetas en los accesos a la terminal. •Las terminales tendrán en su interior un edificio construido con materiales incom-bustibles: oficina de despachadores; ser-vicios sanitarios para uso de empleados de la línea que hagan uso de la terminal y, en local independiente, servicio sanitario para el público. •Las dimensiones de esa construcción esta-rán en relación con la máxima afluencia de vehículos; la oficina de despachadores, de acuerdo con las necesidades del servicio y labores de distribución del personal de las líneas que entren a la terminal, con un mí-

nimo de cuatro metros cuadrados; los servi-cios sanitarios para empleados se instalarán en la siguiente proporción: para los prime-ros veinte empleados o fracción de veinte se instalará adicionalmente un excusado, un urinal, un lavabo y un bebedero, en un área mínima de seis metros cuadrados. Cuando haya mujeres empleadas se insta-lará, por cada quince empleadas o fracción de quince, un excusado, un lavabo y un be-bedero, en un área mínima de seis metros cuadrados; los servicios sanitarios para el público se instalarán en locales separados para hombres y para mujeres, como míni-mo de un excusado, un urinal, un lavabo y un bebedero para hombres, y un excusado, un lavabo y un bebedero para mujeres. La Dirección de Obras Públicas podrá exigir que se aumenten estas instalaciones cuan-do las afluencias máximas de pasajeros lo justifique, a su juicio, teniendo en cuenta lo que ordena el capítulo sobre lugares de reunión. •En las terminales en las que hay varias líneas de autotransportes, se construirán cobertizos sobre el andén general, hechos de materiales incombustibles, sostenidos con postes verticales y con vuelo de sesenta centímetros hacia arriba de la línea de guar-nición, calibrando la altura máxima de los vehículos. Cuando sus andenes del arribo sean techados, se observarán las mismas disposiciones. Se colocarán bancas para los pasajeros en los andenes generales, cuando la Dirección de Obras Públicas lo estime necesario. •Las terminales contarán con dotación de agua suficiente para el servicio regular así como los de emergencia para casos de in-cendio, debiendo instalarse las tuberías y aparatos necesarios para combatir los

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siniestros, satisfaciendo los requisitos del capítulo sobre lugares de reunión. •Los servicios de autotransportes de carga de la ciudad de Monterrey estarán obliga-dos a estacionar sus vehículos en terminales cuando no estén prestando servicio. Éstas tendrán espacio suficiente para hacer fácil y seguro el movimiento de los vehículos y contarán con servicios sanitarios y pavi-mentos como lo exige este capítulo.

Las construcciones provisionales estaban con-templadas en los artículos 317 a 322, y se basaban en las mismas características de higiene, limpieza y seguridad a las comentadas en los demás artícu-los anteriores.

Los artículos referentes a la zonificación y fraccionamientos eran del 323 al 325. Y debían con-templar para su fraccionamiento lo siguiente:

•El fraccionamiento de un predio en man-zanas y lotes, para poner éstos a la venta, se hará previo permiso de la Dirección de Obras Públicas, la que para concederlo tendrá en cuenta las prevenciones de los reglamentos especiales sobre el particular y especialmente el plano regulador de la ciudad, recabando en cada caso, mientras

se aprueba ese plano, la Comisión de Pla-nificación.•Las esquinas de las manzanas en los frac-cionamientos deberán estar cortadas en ochavos. Las áreas de los ochavos formarán parte de la vía pública y deben sujetarse en sus dimensiones a las reglas que se dan en el capítulo sobre alineamientos.

Sobre la nomenclatura de las calles y numeración de los predios –artículos 326 a 330– se establecía:

•La nomenclatura de las calles en la ciudad de Monterrey comprende la denominación de las calles y la numeración de los predios. Corresponde hacer lo primero al Ayunta-miento de la ciudad, y lo segundo a la Di-rección de Obras Públicas. Lo particulares no podrán alterar las placas o signos de la nomenclatura oficial.2. Todas las personas que pidan licencia para hacer obras por primera vez en un lote de terreno deben pedir el número oficial que corresponda a la entrada del edificio construido o por construir en él, o, en su caso, el correspondiente al centro de alinea-miento principal sobre la vía pública.•El número oficial debe ser colocado por el

El transporte era una cuestión que ya contemplaba el plan de 1965. Fotografía: M. Villarreal.


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propietario en parte visible de la entrada, en cifras de diez centímetros de altura, cuando menos, y con un nivel de dos metros cin-cuenta centímetros aproximadamente sobre la banqueta. Los propietarios de los predios están obligados a conservar en buen Estado las placas o signos de nomenclatura. • La Dirección de Obras Públicas puede, excepcionalmente, ordenar el cambio de número para evitar confusiones o normali-zar la nomenclatura. El propietario del pre-dio está obligado a colocar el nuevo número en el plazo que se le fije, y tiene el derecho de conservar el número antiguo hasta otros noventa días. Después de ese plazo la con-servación del número antiguo es motivo de sanción. Este cambio deberá ser por cuen-ta del propietario de la finca que motiva el cambio.•La dirección de Obras Públicas dará aviso al Registro Público de la Propiedad de los cambios que por su orden se hagan en la nomenclatura de las calles y numeración de los predios.

Sobre los alineamientos se refieren los artículos 331 a 344. Sobre las cercas construidas de acuerdo con los alineamientos corresponden los artículos 345 a 347. Y finalmente los últimos artículos (348-350) son referentes al estacionamiento de vehículos en la ciudad. En éstos se especificaba que:

•Todos los edificios que se construyan en lo sucesivo con más de cinco pisos o más de quince metros de altura deberán tener un espacio destinado al estacionamiento de los vehículos de los habitantes del mismo

edificio o de las personas que tengan relaciones con ellos.

Jean Gaston Bardet (1906 – 1989), ur-banista francés que distingue tres tipos de grupos vecinales.

De la Comisión de Planificación del Estado al plan regulador (1952-1972)

En 1952 se expidió la tercera Ley de Planificación que ampliaba los conceptos relativos a la planifi-cación urbana, incluyendo el establecimiento de nuevos centros de población y sus res pectivos pla-nos reguladores. Esta ley creó una Comisión de Planificación del Estado, con personalidad jurídica y autoridad suprema en materia de planificación, con facultades para llevar a cabo todos los estudios y proyectos destinados a formular el plan regulador de la ciudad de Monterrey, o el de cualquier otra población, municipio o zona del Estado. Al mismo tiempo vigilaría su aprobación, modifica ción e in-terpretación.

Posteriormente, en 1962, la Comisión de Planificación fue sustituida por el Departamento del Plan Regulador de Monterrey y Municipios Vecinos, incluyéndolo dentro del esquema de orga-nización de la Dirección General de Planificación del Estado de Nuevo León. En 1967 se publicó un plan de desarrollo ur bano propiamente dicho: el Plan Director de la Subregión Monterrey. Este plan sólo reflejaba el acelerado crecimiento de la ciudad, que no sólo triplicó su población entre 1950-1967, sino que esto trajo en consecuencia un aumento colosal en las demandas -insa tisfechas, por cierto– de servicios públicos (agua potable, drenaje sanita-rio, electricidad), de más y mejores vías públi cas, de equipamiento social, asistencial, cultural y re-creativo. Antes de terminar ese mismo año (1967) se expidió la Ley de Planificación y Urbaniza ción del Estado, mediante la cual se creaba el Consejo Estatal de la Ciudadanía, organismo encargado de la planifi cación y urbanización de los municipios del Estado. Este Consejo sería socorrido por una Comisión Ejecutiva, un Comité de Planificación y un Comité de Urbanización.

Fue precisamente este Comité de Planifica-ción el que tuvo la facultad de declarar como obser-vancia obligatoria para toda obra pública y privada

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a desarrollarse en la entidad, el Plan Regulador (1962-1965) y el Plan Direc tor de la Subregión de Monterrey (1965-1967), una vez que fuese aproba-do por la Comisión Ejecutiva del Consejo Estatal de la Ciudadanía, hecho este último que nunca se realizó. Tercera Ley de Planificación, 19528

Esta ley, en su artículo primero, establecía que se entiende por pla nificación urbana, para sus efec-tos:

•La apertura de nuevas vías públicas de co-municación.•La rectificación, prolongación, amplia-ción, alineamiento y mejoramiento de las vías existentes.•El estudio y coordinación de la red de vías públicas interurbanas. •La reglamentación y aprobación de sub-divisiones y lotificaciones de terrenos para fines de urbanización.•La creación de nuevos centros de pobla-ción.•La ubicación, construcción y acondicio-namientos de monumentos y edificios pú-blicos como escuelas, mercados, rastros, ce menterios, estaciones y terminales de vías de comunicación.•Proyectar, aprobar y ejecutar nuevas obras relativas a servicios municipa les y a mejora-miento de los servicios existentes, como sa-neamiento, abastecimiento de aguas, des-agüe, alumbrado, limpia, incine raciones, iluminaciones, ductos (eléctricos, telefóni-cos, gas, vapor, etc.) con el fin de lograr la armonía que debe existir en la rea lización de obras públicas.•La creación o construcción de plazas, jar-dines, parques, reservas foresta les, campos deportivos y estadios, así como la amplia-ción y modificación de los existen tes.

•La formulación de planos regula dores que normen las obras públicas y priva das den-tro de las zonas urbanas actuales y futuras.•En general, todo aquello que pro vea al mejoramiento de los centros de po blación, conforme a sus necesidades actua les y pre-visión de las futuras.

Se entiendía por zoni ficación urbana en su artículo segundo lo siguiente:

•La reglamentación de los usos de ésta, pú-blica y privada, en cuanto tiendan al cum-plimiento de las finalidades de la presente ley, estableciendo las restricciones que se consideren necesarias o convenientes.•La reglamentación de las construc ciones, fijando normas sobre alturas, volú menes, superficies construidas y espacios li bres en edificios públicos o privados, super ficie mínima de terreno para construir, servicios indispensables, entre otros.•La fijación de distritos o zonas en los centros urbanos y secciones suburbanas, para los fines de la aplicación de las regla-mentaciones a que se refieren las dos frac-ciones.

En su artículo tercero se declaraba de utilidad pú-blica la planificación y zonificación urba nas en el Estado para los efectos del artículo 23 de la Consti-tución Política del Estado de Nuevo León, y sería la Comisión de Planificación, a que se refiere esta ley, la autoridad administrativa que debía hacer la declarato ria de expropiación, en su caso, fijando los bienes sujetos a ella y el monto y forma de pago de los mismos.

De los artículos 4 al 18 se definían los orga-nismos de planificación, siendo éstos:

•La Comisión de Planificación del Esta-do, como autoridad suprema. Ésta fue in-tegrada por el Gobernador del Estado, el presidente municipal de Monterrey y diez vocales (el director de Planificación, el jefe de Obras Públicas estatal y el municipal,


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el jefe de Servicios Sanitarios, dos repre-sentantes de propietarios de bienes raíces, dos representantes de las sociedades de in-genieros y arquitectos del Estado, una de parte de las instituciones bancarias y otra por la Cámara de Comercio de Monterrey). Esta Comisión sesionará públicamente en periodos definidos por la misma y cada vez que lo solicite alguno de sus miembros.•La Dirección General de Planificación•Los comités Ejecutivos, que tendrán per-sonalidad jurídica, se formarán por tres per-sonas designadas por la Comisión de Pla-nificación. •Y éstos serán preferentemente personas afectadas por la obra concreta de planificación.•Los Comités Especiales, estos serán de-signados por la Comisión de Planificación.Y todas las demás oficinas técnicas y ad-ministrativas que tengan que ver con la materia, así como la Tesorería del Estado y municipios y las empresas de servicios públicos ya sean federales, estatales, muni-cipales y privadas concesionadas.

De las atribuciones y facultades de estos órganos de planificación (Artículos 19 a 23) aclaraba que a la Comisión de Planificación del Estado le competía:

•Formular u ordenar a la Dirección Ge-neral de Planificación todos los estudios y proyectos destinados a formar el Plano Regulador de la Ciudad de Monterrey, o el de cualquiera otra población, municipio o zona del Estado, integrán dose dichos planos reguladores por los do cumentos gráficos en que estén expresados todos los aspectos, estudios, proyectos y programas que tiendan a la finalidad señalada por los artículos 1o y 2o de la presente ley.•Vigilar, en su caso, la formulación de los planos reguladores mencionados en la frac-ción anterior, y aprobarlos, modifi carlos e interpretarlos, pues a ellos deberá ceñirse

toda obra o actividad que se realice en con-cordancia con los fines de esta ley.•Además, aprobar, modificar o rechazar cualquier estudio, proyecto o programa de planificación que se formule por dependen-cias públicas o particulares. En esto está todo contemplado como construcciones, todo tipo de medios de conducción y dis-tribución de aguas, saneamiento, drenaje pluvial, iluminación, energía eléctrica, gas, combustible, vapor y semejantes; así como comunicaciones telefónicas, telegráficas y similares.•Aprobar el paso de vías férreas de comuni-caciones dentro de centros urbanizados, así como proyectos de construcción de estacio-nes y terminales de ferrocarriles, tranvías, autobuses y transporte aéreo.•Aprobar el trazo, los estudios y los proyec-tos de nuevas vías públicas de comunica-ción urbanas e interurbanas; y la amplia-ción, rectificación y alineamiento de las ya existentes, así como sus obras anexas como puentes, túneles, entre otros.•Aprobar el trazo, los estudios y proyectos de parques, bosques, reservas fo restales y toda clase de espacios libres, cuan do sean de uso público y llenen una finali dad de ca-rácter colectivo general.•Aprobar los proyectos de merca dos, ce-menterios, hornos crematorios, plan tas de incineración de basuras, rastros y otras construcciones para servicios públicos ya sean proyectados por la autoridad o bien por particulares para las finalidades antes indicadas, en cuanto a su trazo y ubica-ción.•Aprobar los proyectos y la ubica ción de monumentos públicos decorativos y con-memorativos.•Ordenar y ejecutar, en su caso, aquellas obras concretas de planificación que con-

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sidere oportuno realizar, fijando en ca da caso: a) la propiedad, propiedades, zona o zonas expropiables que se consideren ne-cesarias; b) el monto y forma de la derrama por impuesto de mejoría específica de la propiedad, todo de acuerdo con las bases generales de imposición que señala esta ley y las demás de la materia; c) las cantidades que se aporten del fondo de planificación o por corporaciones o personas públicas o privadas para la rea lización de la obra; d) las indemnizaciones que deban pa garse a los propietarios o demás afectados que reciban perjuicios por la obra; e) el costo total de la obra; f) forma de realizarse la obra proyec-tada, ya sea por administración, por contra-to a precio alzado, por destajo apro bando en su caso los contratos que se for mulen; g) la forma de financiamiento de la obra, en su caso.•Nombrar para cada obra con creta de pla-nificación, si la Comisión lo considera con-veniente, un comité Ejecutivo.•Designar para casos concretos de plani-ficación, comités especiales de dos o más personas que pueden ser o no miem bros de la Comisión (señalándoles sus atri-buciones).•Autorizar, mediante aprobación previa del proyecto por la Comisión, la eje cución y realización por particulares de una obra concreta de planificación, cuando todos los afectados por ella hayan convenido en cu-brir su costo y la garanticen a satisfacción de la Comisión. El incumplimiento de di-cho convenio traerá como consecuencia lo que-al efecto establece el articulo 25 de la presen te ley.•Vigilar y supervisar las obras que apruebe u ordene y vigilar y supervisar, también el manejo de los fondos destinados a su rea-lización.

•Vigilar, promover y obtener, en su caso, el acatamiento y cumplimiento de los planos reguladores, así como de sus re glamentos y resoluciones que fijen normas de interpreta-ción, por parte de autoridades y particulares.•Administrar el fondo de plani ficación y disponer de él libremente para las finalida-des de la presente ley, pudiendo ad quirir, enajenar, hipotecar, dar en fideico miso, gravar y administrar bienes muebles e in-muebles, aceptar y rechazar sucesiones y donaciones, comparecer en juicio y fuera de él, ante toda clase de autoridades Judi-ciales y administrativas, por sí o por medio de aPoderado, contratar empréstitos y en ge neral realizar toda clase de actos que tien-dan a la obtención de fondos para la reali-zación de las obras aprobadas (emisión de obligaciones, bonos, cédulas hipotecarias, entre otras) con las limitaciones que res-pecto a todos estos actos y atribuciones dis-pongan las constituciones federal y local.•Expedir, modificar, adicionar e interpretar reglamentos sobre zonificación, urbaniza-ción, fraccionamientos, construccio nes y todos los demás necesarios para la debida aplicación de la presente ley.•Ordenar la suspensión de una obra en construcción o ejecución y decretar la de-molición de la construida cuando se esté haciendo o se haya hecho en contravención a esta ley, a sus reglamentos o a las resolu-ciones o disposiciones de la Comisión de Plani ficación en su caso oyendo previa-mente al infractor; y prescribir e imponer sanciones en los términos del artículo 25 constitucional en los casos de violación a esta ley, a sus reglamentos y disposiciones que en su caso dic te la Comisión. Las fa-cultades contenidas en esta fracción podrán ser delegadas en las oficinas ejecutivas que al efecto se señalen.


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•Nombrar y remover al director general de Planificación y al personal técni co y admi-nistrativo de dicha Dirección, así como re-glamentar su funcionamiento.

Serán facultades de la Dirección General de Plani-ficación: proyectar el plano regulador de la ciudad de Monterrey, o de cualquier otro municipio, po-blación o zona del Estado; aprobar, modificar o re-chazar, en su caso, los planos, estudios, programas o proyectos que se le presenten en las materias que competen originalmente a la Comisión, siempre que hayan sido aprobados por la comi sión los pla-nos reguladores, se hayan dicta do los reglamentos de la materia, se hayan señalado por la Comisión las normas genera les de aplicación, o ésta lo acuer-de expresa mente; así como vigilar y supervisar to-das las obras en ejecución que apruebe; imponer las sanciones que prescri be el articulo 25 Consti-tucional o que el re glamento de la materia señale, e inclusive ordenar la suspensión de una obra en cons trucción y la demolición de lo indebidamen te construido, cuando se esté infringiendo o se haya infringido esta ley, sus reglamentos o las resolucio-nes o disposiciones de la Co misión de Planifica-ción, oyendo previamente al infractor.

Los Comités Ejecutivos podrán adquirir, enajenar, hacer pagos, reconocer obligaciones y,

El plan de regulación de la ciudad debe considerar las necesidades de la población actual y futura.

en ge neral, contratos o convenios y ejecutar los actos jurídicos ne-cesarios para la realización de su objeto. La administración de los bienes y fondos que se obtengan o destinen a una obra concreta de planificación que ha ya requerido la designación de Comité Ejecu-tivo, pertenecerá a dicho Comité con las mismas facultades que para la Comisión de planifica-ción, mientras la obra se realiza, hecho lo cual los fondos o bie nes sobrantes ingresarán al fondo de Plani ficación de la Comisión de

Planificación del Estado.Sobre la ejecución de las obras –aspectos

principalmente técnicos y financieros– se especifi-can en los artículos 24 al 36. Del impuesto sobre el aumento de valor y mejoría específica de la propie-dad la ley lo expone en sus artículos 37 al 48, donde destaca una nueva fórmula matemática para calcu-lar este monto tomando en cuenta el costo por de-rramar, las áreas de cada predio, las distancias más cortas de los centros de gravedad de cada predio al eje de la mejora y el factor de proporcionalidad que caracteriza a cada predio en cuanto a tránsito, tráfico, ornato y demás mejoras. De la liquidación, ajuste y recaudación del impuesto se refieren los artículos 49 a 53, y el resto de los artículos contem-plan temas como el fondo de planificación, de los fraccionamientos y de la aplicación de esta ley.

Plan regulador, 19659

La propuesta original del plan regulador contem-plaba tres apartados de los cuales se comentarán los dos primeros:

•Doctrina •Metodología •Labor realizada

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El Plan Director de 1967 concebía un conjunto metropolitano constituido por una ciudad central y cinco ciudades auxiliares.

Doctrina

El Plan regulador es un conjunto de planes, pro-gramas y normas tendientes a guiar el desarrollo cualitativo-cuantitativo de una ciudad y su corres-pondiente subregión, con el fin de transformarlas en el medio más adecuado para que se realice el pleno desenvolvimiento de las personas que habi-tan sobre esa extensión territorial.

1. ¿Hay necesidad de un plan regulador?

Aquí se plantea que es urgente porque ya no es posible en la hora actual permanecer impasibles ante los problemas sociales y económicos que nos plantean las grandes masas de población urbana, sin raíces y sin preparación adecuada para nuevos trabajos; ante los problemas psicológicos derivados de la falta de escala de los grupos humanos, del anonimato y del cambio brusco del ritmo de vida; ante los problemas sanitarios que provocan el ha-cinamiento de las familias menesterosas, la falta de espacios libres y la carencia de servicios públicos indispensables para los centros urbanos; ante los problemas técnicos creados por una concentración exagerada de ciertas funciones urbanas, un transito mecáni-co cada vez más intenso, y un abastecimiento de agua cada vez más lejana y escasa; ante los problemas administrati-vos nacidos de un centralismo anfibiológico y de la ausencia de una estructura urbana ade-cuada; ante los problemas es-pirituales fruto de un mundo cargado de incomprensiones, de absurdos y de odios y, por último, ante los problemas de estética propios de un creci-miento desordenado y de una disparatada transformación del

paisaje urbano, que son la resultante visible del desequilibrio en otros campos.

2. El porqué de su necesidad

La ciudad de Monterrey, tercer polo demográfico y segundo económico dentro del marco de la Re-pública Mexicana, ha tenido un desarrollo vertigi-noso en los últimos 20 años, han visto doblar su población en la década 1950-1960 y multiplicar sus servicios públicos, de abastecimiento de agua, de vialidad y de equipamiento social, asistencia, cul-tural y recreativo.

Esta expansión violenta de la mancha ur-bana regiomontana se ha llevado al margen de una plantación de conjunto, provocando un desarrollo caótico y altamente nocivo para la comunidad. Esta ausencia de planeación fomenta la imposición fre-cuente de los intereses individuales de la comuni-dad, impide la formación de grupos urbanos cons-cientes y el desarrollo adecuado de la personalidad de los ciudadanos, y dificulta la existencia de una conciencia de lo que es el orden y la belleza urba-nos.


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Por otra parte, los problemas viales crecen continuamente a la vez que se mutilan las escasas áreas verdes con las que cuenta la ciudad, los des-plazamientos cotidianos de la vivienda al trabajo se hacen cada vez más penosos y absorben gran parte de las energías de la población, en los limites de la ciudad aumenta diariamente a pesar de los esfuer-zos de las autoridades públicas, las áreas de vivien-da infrahumanas carentes de servicios de todo tipo, en las que vive una población paupérrima formada en su mayoría por inmigrantes procedentes de las partes más pobres de los Estados vecinos y de Nue-vo León.

Atendiendo a lo anteriormente expuesto, se planteó la urgente necesidad de un plan regulador para la ciudad de Monterrey y municipios vecinos, para guiar su desarrollo cualitativo y cuantitativo y transformarlos en un medio propicio para que se realice el pleno desenvolvimiento de sus habitan-tes.

3. Meta del plan regulador

Una ciudad sana, justa y bella en medio de una subregión equilibrada y fortalecida por los apor-tes técnicos, culturales y económicos urbanos, tal es el fin que se propone el plan regulador de la ciudad de Monterrey y municipios vecinos. Una ciudad sana, en la cual la adecuada distribución de sus órganos permita un funcionamiento eficiente de los mismos, una ciu-dad justa, en la que cada ciudadano tenga acceso a todos los bienes de la sociedad urbana, una El plan de 1967 contemplaba la constitución de reservas de tierra para los sectores populares.

ciudad bella, que afine la sensibilidad artística de su población por medio del ejemplo; en resumen, una ciudad buena que propicie la realización plena de cada individuo, del niño, del joven, del adulto y del anciano.

Otro de los objetivos del plan regulador es el de hacer extensivas a la subregión vecina, las cua-lidades de salud, justicia social y belleza que exigen para su pleno desarrollo, las sociedades actuales.

4. Condiciones para una ciudad mejor

“Una ciudad, para que sea buena, para que cum-pla su primordial misión de vehículo transmisor de cultura y civilización, debe proporcionar, a los ha-bitantes que la forman, los medios indispensables para lograr una vida plena, condición base para ob-tener la expansión de los altos valores del espíritu humano”.

Una ciudad buena, la verdadera ciudad, requiere, para su buen funcionamiento, fuentes de aprovisionamiento, fuentes de trabajo, una habita-ción humana, lugares para la recreación corporal y

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El plan director contemplaba un transporte colectivo local que se desplazaría a lo largo de los centros y límites de las ciudades, así como a las zonas industriales. fotografía: M. Villarreal.

espiritual, lugares para intercambios de todo tipo, así como una liga fácil, rápida y agradable entre todas estas activi-dades.

a) Las fuentes de aprovisionamiento

Para que la ciudad pueda vivir fisiológica-mente, requiere de una alimentación adecuada. Ésta es proporcionada principalmente por la subregión que debe ser considerada, junto con la cuidad, como un solo conjunto indivisible, formada por elementos complementarios. Agri-cultura, ganadería, recursos hidráulicos, recursos energéticos y materia prima industrial deben ser analizados, valorados y utilizados de un modo ra-cional para mantener ese precioso equilibrio ciu-dad-subregión.

Pero, además, la subregión es sede de un elemento al cual no debe considerarse como un tri-butario de la ciudad, sino como un beneficiario. Es el olvido de esta consideración el factor principal de la despoblación del campo y la sobresaturación de las ciudades. Hecho muy negativo para ambas partes.

b) Las fuentes de trabajo

Ante todo, una ciudad debe proporcionar, a todo individuo en edad de trabajo, la posibilidad de ob-tener un empleo sano, que proporcione a él y su familia los medios materiales necesarios para una vida decorosa.

Es evidente que la obtención de un empleo implica una preparación de parte del ciudadano.

La educación es la base de todo, de lo contrario surge el conocido círculo vicioso: mala educación, mala remuneración, mala educación, el cual hay que romper por el exterior.

c) El complejo habitacional

Una vida familiar bien realizada, en un medio sano y equilibrado, es el primer factor para la forma-ción de buenos ciudadanos, de ahí la importancia del hábitat (habitación y su medio), el cual debe ser concebido con miras al desarrollo pleno de la comunidad familiar. Esto implica ciertas condicio-nes:

•Desarrollo adecuado de la vida biológica y psicológica.•Facilidad de la vida doméstica de la madre de familia.•Refuerzos de la vida familiar del padre de familia.•Unidad de la vida familiar.•Creación de comunidades de familias.


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d) Recreación e intercambio

El desarrollo, mantenimiento o recuperación de sa-lud física, mental y espiritual, ocupa un lugar muy importante en la planeación de la ciudad.

•Parques, jardines, plazas, campos depor-tivos. •Centros de salud, dispensarios, clínicas y hospitales.•Centros educativos de todo tipo.•Centro culturales y de espectáculos.•Servicios administrativos.

Son elementos que, junto con los lugares para el intercambio comercial, constituyen el complemen-to obligatorio del complejo habitacional, de ahí la necesidad de una descentralización organizada de los mismos.

e) Transporte

La concentración exagerada de capitales y multi-tudes provoca el desarrollo abusivo del transporte, el cual grava injustamente la economía de los ha-bitantes y autoridades de la ciudad y su región, a pesar de no ser en modo alguno una actividad pro-ductiva ni elevadora del nivel humano. Por lo tanto, es indispensable eliminar el transporte innecesario, mediante la descentralización efectiva y una estruc-tura vial diseñada en función de los movimientos de la población.

El transporte, al igual que el sistema vial, debe subordinarse a las actividades creativas del hombre.

5. Condiciones para cumplir con los objetivos del plan regulador

Es evidente que la ciudad sana, justa y bella, la ciudad buena, es un objetivo muy ambicioso. Si queremos lograrlo es necesario que se llenen cier-tos requisitos:

•Que se trabaje sobre bases sólidas, es de-cir, una investigación amplia, profunda y metódica, en la que todos los problemas urbanos estén expresados y jerarquizados.•Que cada etapa del trabajo del plan regu-lador siga un estricto orden de aparición, es decir, que cada nuevo paso esté apoyado firmemente sobre el anterior.

6. Objetivos medios

Para poder actuar eficazmente sobre la ciudad, es necesario conocer su estructura social, es necesa-rio que sean los grupos que la constituyen quienes trabajen directamente para obtener su propio bien y el bien común al conjunto. Por esa razón uno de posprimeros pasos en la aplicación de un plan re-gulador es el detectar los diferentes grupos huma-nos que forman la ciudad.

Los grupos que constituyen ese organis-mo esencialmente social que es la ciudad son de dos tipos; los grupos de vecindad, nacidos y apo-yados en la proximidad de la vida, y los grupos de actividad común. Son los primeros los que dan la verdadera estructura a la ciudad, en razón de su estabilidad, basada en una inevitable comunidad de destino.

El urbanista francés Jean Gaston Bardet (1906-1989) distingue tres tipos de grupo vecinales o escalones urbanos. El escalón patriarcal, grupo en el cual sus miembros se ayudan y asisten en to-das circunstancias. Ésta es una constante de orden casi biológica. Su cohesión reside en la gran proxi-midad de la vida y el trato continuo entre sus com-ponentes; su volumen oscila entre 5 y 15 familias.

•El escalón doméstico, conjunto de calles que viven una vida propia, un fragmento de barrio que posee sus características particu-lares. Elemento generador de este escalón es casi siempre una plazuela o un grupo de comercios. Este escalón es una constante

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de orden geoeconómico y su dimensión va-ria entre 50 y 150 familias.•El escalón barrio, es un grupo de varios es-calones domésticos que convergen en vista de un mismo fin. El edificio público es el elemento característico de este escalón, ya sea como generador de él, o como su expre-sión posterior. Este escalón es una comuni-dad espiritual que sobrepasa las realidades familiares y posee una vida suficientemente provista de elementos complementarios como para que pueda florecer una vida va-riada y rica en intercambios. Sus habitantes generalmente tienen conciencia de perte-necer a él, de formar parte de una comuni-dad más reducida que la ciudad entera. Su volumen se encuentra alrededor de 1,000 a 1,500 familias. Es a la altura del escalón ba-rrio donde debe realizarse la principal labor de planeación en la ciudad, pues cada una de estas unidades disfruta de cierta semiau-tonomía y es una sociedad entreabierta. A la altura del escalón barrio ya se puede ha-blar de una conciencia urbana y compren-der la estrecha dependencia existente entre el bien común y el bien propio.

Como esos escalones ba-rrios, al igual que los escalo-nes domésticos, se encuen-tran muchas veces en Estado embrionario e incompleto, habrá necesidad de desarro-llarlos o fortalecerlos, y casi siempre de estructurarlos para facilitar la toma de con-ciencia de sí mismos, de sus dimensiones, de sus intere-ses y de su bien propio.

Esta toma de con-ciencia facilitará grande-mente la acción consciente y

efectiva de los grupos urbanos para lograr el bien particular de cada uno de ellos y el bien común al conjunto, los cuales se condicionan recíprocamen-te.

Existen además otros tipos de escalones ur-banos superiores que son:

•Escalón ciudad humana, de 5,000 a 18,000 familias.•Federación de ciudades humanas, de 50,000 a 150,000 familias.•Capital metropolitana regional, de 500,000 a 1´500,000 familias.

7. La estructura urbana

Para que cada escalón urbano conozca, evalúe y esté en posibilidades de solucionar efectivamente las necesidades propias y de colaborar a la solución de las necesidades comunes al conjunto de esca-lones, es necesaria una estructura federativa, pues es la única que permite el resolver cada problema a su propia escala y directamente por los grupos interesados.

Por otra parte, dado que la ciudad es un or-ganismo vivo, necesita para su buen funcionamien-

Corresponde a la Comisión Ejecutiva del Consejo Estatal la apertura de nuevas vías de tránsito, rectifi-cación, ampliación y mejoramiento de las existentes. Fotografía: J. Escandón.


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to una estructura viviente, es decir, una estructura orgánica que se adapte continuamente a todos los cambios propios de la vida. Esta estructura debe ser, por lo tanto, ágil y flexible. Una estructura fe-derativa orgánica implica la desconcentración y la recentralización, única solución al antifuncional congestionamiento urbano, derrochador de rique-zas de todo tipo. Producto de un sistema exagera-damente centralista de las actividades, desconoce-dor de la escala de los grupos sociales vecinales.

8. Enfoque

Por último, cabe mencionar que para tener una visión clara sobre la ciudad y sus problemas, es necesario un enfoque desde dos ángulos diferentes y complementarios. Una visión desde el interior nos muestra a la ciudad como un conjunto, más o menos equilibrado de elementos y funciones he-terogéneos estrictamente ligados y condicionados entre ellos. Mientras que una visión desde el ex-terior nos la presenta como una unidad desequili-brada formando parte de un sistema de ciudades, campos y subregiones que constituyen la región. Es indispensable considerar la ciudad en sus rela-ciones de tipo económico, social y espiritual con la región en que está integrada, pero particularmente en sus relaciones con su correspondiente subregión son inseparables y no es posible concebir la una sin la otra. El binomio ciudad subregión cobra mayor realidad en nuestra época de especializaciones, es una simbiosis perpetua y sería absurdo el querer curar a una ciudad olvidándose de su correspon-diente subregión.

Metodología

Este apartado se dividió en dos: etapas del plan re-gulador y estructura de estudio.

1. Etapas de plan reguladora) Las encuestas y los análisis

Mediante éstos obtendremos el conocimiento de las realidades ac tuales de la subregión, la ciudad y sus partes. Esta etapa comprende una investigación de los diferentes aspectos físicos, humanos, econó-micos, sociales, culturales, higiénicos y viales de la subregión, lo ciudad y sus diferentes barrios. Esta investigación se realiza por cuatro medios diferentes: la encuesta bibliográfica, la monográfica, la personal y la encuesta por cuerpos. Terminadas las encuestas se procede a la cuantificación de los datos recabados y su traslado a planos y gráficas para la localización geo gráfica y cuantitativa de los hechos. Esta repre-sentación gráfica fa cilita la visualización simplificada y sintética de las funciones urba nas y regionales.

b) Evaluación de actividades y análisis

Para valorar las necesidades de la subregión, de la ciudad y de cada barrio, se realiza una comparación entre las realidades existentes da das a conocer por la encuesta y las condiciones que debieran exis-tir para que las funciones urbanas actuales fueran satisfechas adecuadamente. Esta evaluación debe apoyarse en la justicia social y partir de una escala de valores en la que el desenvolvimiento integral de cada ciudadano sea la meta. Es necesario desechar todo lo que es caduco o pasajero y sólo conservar, como base para la evaluación, los valores durade-ros y las grandes constantes sociales de los grupos vecinales a escala humana. En la evaluación siem-pre presente los factores exterio res al cuadro de la ciudad y su correspondiente subregión, pues esto condiciona, en cierto grado, las funciones internas. De la claridad de los análisis y de la justicia de la evaluación, de pende del establecimiento de un buen plan director.

c) Composición del plan director

Una vez valoradas las necesidades regionales y ur-banas, se determi nan las transformaciones necesa-

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En 1980, el Estado de Nuevo León aprobó la Ley de Desarrollo Urbano.

rias en el cuadro regional y urbano, con el fin de crear un arco completo que facilite las diferentes fun ciones fisiológicas, económicas y culturales que conducen al desarro llo pleno de las comunidades y del individuo dentro de las mismas.

El plan director es una síntesis en el que se indican las grandes directrices paro el crecimien-to geográfico, social, económico y demo gráfico de la ciudad y la región. El plan director marca así, a grandes rasgos, la zonificación para los usos de la tierra, es decir, los sectores habitacionales, comer-ciales, industriales, recreativos, agrícolas, reservas de terrenos libres, zonas de protección entre vi-vienda e industria, entre otras. Además indicará la estructura vida urbana y regional.

La composición del plan director se revela como una verdadera estrategia política, como un composición dinámica con elementos activos como los centros de atracción (grupos comerciales, esco-lares y recreativos), las corriente de intercambio (de todo tipo), las zonas de producción (industriales, agrícolas y mineras) y con barreras físicas, econó-micas o culturales (montañas, ríos, cementerios, etc.), salarios demasiado bajos, incultura.

En ésta composición se trata de ordenar y estructurar sobre el suelo a las multitudes, de for-mar grupos conscientes partiendo de las masas amorfas, de crear un equilibrio armonioso entre las funciones urbanas y regionales: las fuente de tra-bajo, las fuentes de alimentación, los grupos resi-denciales, los elementos recreativos de todo tipo, el inter cambio comercial y las circulaciones, para lograr una vida más rica, más sana, más justar en otras palabras más humana.

d) Programa de aplicación, orden y urgen-cia

El urbanismo activo o programa de equipamiento que implica:

•La división de la ciudad actual y futura en escalones urbanos.•La previsión de lugares de reunión, edi-ficios públicos y semipúblicos, servicios sociales y núcleos comerciales en cada es-calón o grupo de ellos. •La previsión para espacios libres, patios de escuelas, terrenos de juego, deportivos,


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parques, etc., para cada escalón o grupo de ellos.•La previsión para las circulaciones y los transportes en cada escalón y entre cada uno de ellos y el exterior.•La previsión para las circulaciones y los transportes en cada escalón, y entre ellos y el exterior. •La previsión del equipamiento sanitario y las distintas canali zaciones, para cada esca-lón y para el conjunto.

Urbanismo pasivo o reglamentaciones concernien-tes a la utilización del suelo y la disposición de las construcciones privadas, supone:

•La división de la ciudad en zonas, sectores y alineamientos, en función de los escalo-nes precedentemente definidos. •Reglas aplicables a las diferentes zonas y dentro de ellas a cada sector o alineamien-to particular, diferenciando en cada una las funciones y los edificios: de carácter predo-minante, de complemento, de previo exa-men particular y especialmente prohibidos.

Pero como un plan de acondicionamiento y equi-pamiento se de sarrolla más en el tiempo que en el espacio, es necesario establecer un orden de ur-gencia. Por otra parte, todo organismo, sea barrio, ciudad o región, requiere, para satisfacer sus nece-sidades: requieren de un presupuesto autónomo, una dirección que represente a los grupos intere-sados y su constitución en un cuerpo orgánico y orga nizado.

Si la encuesta y la evaluación crítica son in-dispensables para que los planes sean realizables, para que éstos se realicen, es nece sario que los in-teresados mismos estén en posibilidad de coordinar las actividades por las que son regidos y repartir los fondos que le sean nece sarios. Por último cabe ha-cer notar que para que el plan se realice por etapas, debe sufrir una revisión periódica (cada cinco o diez años) con objeto de adaptarlo al palpitar conti-nuo y cambiante de la vida.

e) Ajustes de detalle y aplicación educativa

Ningún plan o programa puede preveer todos los casos particulares de aplicación. Se correría el riesgo de perder la síntesis si se sacrifica en un principio la claridad o la multiplicidad de los deta lles. Estos detalles deberán ser ajustados al nivel de todos los jefes de actividad que el Plan coordinó, pero bajo la supervisión del organismo encargado del Plan.

Cada problema particular en el momento preciso de su solución de detalle presentará condi-ciones algo diferentes a las que tenía cuando se es-tablecer el plan de acondicionamiento de la cuarta etapa. De ahí que o valga lo pena el que sea analiza-do en de talle al establecer el plan director o el plan de acondicionamiento y equipamiento.

En cuanto a la aplicación educativa, los verdaderos planes son, sobre todo, instrumentos de educación para lo población a la cual van a ser-vir, tanto para el sector privado como para los or-ganismos públicos y semipúblicos. Por esta razón es necesario darlos a conocer en forma sencilla, y por todos los medios posibles, a los diferentes grupos urbanos: grupos localizados o grupos de actividad.

Cada barrio, cada junta de vecinos, cada club social, cada grupo profesional, cada escuela, cada parroquia, cada industrial o co merciante, cada obrero o estudiante, debe ser enterado sobre qué es el plan regulador y cómo beneficiará a la colectivi-dad y a él en particular. Pues los planes no pueden esperar realizarse si no son conocidos por todos los elementos activos de la población que son quienes los pondrán en práctica.

Por último, cabe señalar que un plan regu-lador bien realizado es el mejor instrumento para establecer un diálogo amable, sensato y fructífero entre el pueblo y sus representantes, y para desper-tar la conciencia cívica de todos los ciudadanos, sin la cual nuestras ciudades no pueden cumplir la alta misión cultural que les corres ponde.

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Estructura de estudio

El plan regulador de Monterrey y municipios ve-cinos ha sido desarrollado en diez capítulos que estudian sistemáticamente los dife rentes aspectos considerados para la elaboración del mismo. El or-den de estos diez capítulos obedece a un proceso de planeación que va desde el exterior hacia el in-terior, desde las condicionantes más particulares de cada aspecto a las generales.

Los capítulos son:

1. El cuadro geográfico

Conocimiento y evaluación del cuadro hu-mano geográfico actual el área metropolitana de Monterrey y proposi ción de las bases para el desa-rrollo más conveniente de éste

2. El sitio el agua y la energía

Establecimiento de una primera zonifica-ción general del área metropolitana de Monterrey y municipios circundantes para los próximos 20 años, de acuerdo con las posibilidades y condicio-nes que presentan los factores geográficos locales y la actual humanización del sitio. Determinación de las limitaciones al desarrollo del área metropolitana de Monterrey y municipios circundantes impues-tas por los volú menes máximos de agua y energía que es posible obtener de las ac tuales y probables fuentes futuras de abastecimiento.

3. La población

Establecimiento de las condicionantes demográficas, sociales, económicas y psicológicas para la remodelación de la mancha urbana actual y el diseño general de la futura, con base en las carac-terísticas y ne cesidades reales de la población ac-

tual y futura del área metropolita na, considerando muy esencialmente las relaciones de los distintos gru pos socioeconómicos con la evolución de su lo-calización en el suelo del área metropolitana.

4. Evolución de la aglomeración

Determinación de la estructura general y del crecimiento geográfico futuro del área metro-politana de Monterrey, considerando los distintos factores que han promovida y condicionado el de-sarrollo de ésta.

5. Localización de las funciones

Definición de las características que debe-rán llenar las funciones habitacionales, industriales, comerciales, turísticas, administrativas y funera rias del área metropolitana, desde el punto de vista de la localización, vo lumen y cualidades generales para lograr el mejor desarrollo de cada una de éstas y del conjunto.

6. Construcción y estética

Establecer las bases par la obtención de una buena calidad de construcción y estética en los edificios públicos, semipúblicos, industriales, comercia les y residenciales, así como en los espa-cios abiertos de las distintas zonas urbanas.

7. Educación y recreación

Establecimiento de Ios planes para la crea-ción de un equipamiento edu cativo, cultural y re-creativo, sistemático y racional, que satisfaga las necesidades correspondientes de la población actual y de los próximos 20 años del área metropolitana, y ayude a estructurar y jerarquizar los distintos escajos comunitarios que componen la mancha urbana.


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8. Salud de la aglomeración

Establecimiento de planes para la creación de equipamientos asistenciales sanitarios y de segu-ridad que resuelvan los problemas correspondien-tes a la población actual y de los próximos 20 años del área metropolitana. Así como la presentación de planes para la eliminación de la insalubridad física y moral, del peligro y de las molestias, causadas por factores ambientales o ciertos establecimientos.

9. Circulación interior y transporte

Establecimiento de un sistema vial que satisfaga de una manera rápida, segura, cómoda y agradable, las necesidades que tiene la pobla-ción de desplazarse para asistir a sus actividades laborales, culturales y recreativas y simplifique la transportación de las mercancías que llegan y salen del área metropolitana y de las que se distribuyen dentro de ella.

10. Aspecto legal y financiero

Presentación de una de las posibilidades para el financia miento de las distintas obras pú-blicas y equipamientos propuestos en los capítulos anteriores, de acuerdo con las capacidades econó-micas de la población actual y de los próximos 20 años del área metropoli tana, de los costos la cons-trucción y del suelo urbano, y la colabo ración de los organismos estatales y federales.

Plan Director de la Subregión Monterrey, 196710

El plan director fue elaborado entre 1965 y 1966 como la pieza clave del plan regulador dividiéndose sus apartados en:

•Definición y finalidad del plan director.•Situación del plan director dentro del conjunto Plan Regulador: las encuestas y

los análisis; evaluación de las actividades y necesidades; la composición y los planes; programas de desarrollo y orden de urgen-cia, y ajustes de detalle y aplicación.•Metodología: periodo de operatividad del plan; estimación de la población futura; extensión de las áreas futuras necesarias; la vocación funcional de las áreas; estructura-ción de las zonas urbanas no industriales y la distribución del equipamiento y los mo-vimientos internos y el tránsito extraurbano futuros.•Conclusiones y recomendaciones: el con-junto subregional; el conjunto exápolis, 2000; aspectos comunes de las ciudades federación; algunos aspectos particulares importantes de las ciudades federación y las ciudades auxiliares y las áreas no ur-banas.

En este último punto se planteó una serie de reco-mendaciones y proyecciones de la ciudad que resul-taron utópicas en buena medida por no considerar aspectos culturales, tendencias históricas regionales en este proceso y no visualizar las futuras tenden-cias de reestructuración industrial y de servicios. Ante esto, el desarrollo urbano de la subregión se concibió utópicamente en térmi nos de un conjunto metropolitano constituido por una ciudad central y cinco ciudades periféricas contiguas coloca das a manera de un pentagrama. Además, se creía que se crearían seis ciudades medianas auxiliares sepa-radas aproximadamen te 25 kilómetros del citado conjunto. Al primer grupo se le llamó Conjunto Exápolis y albergaría, hacia 2000, una población cercana a los 5.2 millones, mientras que las ciuda-des auxiliares sumarían 300 mil habi tantes.

Por su parte, cada una de estas ciudades auxiliares, a su vez, estaría federada en ciudades más pequeñas que irían de seis a nueve ciudades óptimas. Cada ciudad federación se organizaría en torno a un gran centro con características del sec-tor terciario y a su vez atraería en zonas localizadas

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Monterrey es una ciudad mixta, ya que combina los cinco tipos de ciudad planteados en los artículo 5 al 11 de la Cuarta Ley de Ciudades Nuevas (1973). Fotografía: M. Villarreal.

industrias pesadas, medianas y ligeras. A su vez, cinco de las seis ciudades auxiliares conta rían con su propia zona industrial con infraestructura de en-clave, ubicada al lado de la vía férrea.

Respecto a las áreas no urbanas, estas áreas estarían constituidas por:

•Zonas de monte sin posibili dad de riego, mon-tañas y pequeñas áreas de cultivo irriga bles mediante la captación de agua de río o pozo. •Las áreas restantes com-prenderían parques su-burbanos, zonas de rie go con aguas negras y zonas para explotaciones avíco-las y pecuarias.

Ciudades federación

a) La estructura federativa es calonada

A ésta se le vieron varias cualidades, entre ellas: fo-mentar el desarrollo de comunidades vecinales y su

El crecimiento de la población del Área Metropolitana de Monterrey en las últimas décadas.


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agrupación en otras mayores; permitir la construc-ción y utilización racional de los centros de equipa-mientos dando por resultado la conformación pro-gresiva del barrio, la ciudad mediana y la ciudad federación. Además, de acuerdo a la concepción urbanística de Jean Gaston Bardet –en la cual se apoyaron–, permitía la distribución equilibrada de los lugares de trabajo industrial, de servicio, cen-tros cívicos y sus respectivos equipamientos.

b) Barrios

Por su parte, las viviendas se agruparían en conjun-tos (barrios) de 1,000 a 1,600 alrededor de un cen-tro dotado del equipamiento bá sico, creando así una ciudad óptima (de 10 a 20 barrios). A su vez, estas ciudades óptimas se constituirían en torno a los centros de la ciudad federación y en estrecha re-lación con las zonas industriales. Cabe resaltar que este plan contemplaba la constitución de reservas de tierra para los sec tores populares en cada una de las futuras ciudades del con junto, buscando evitar segregación. Propuesta idealista que no contem-plaba el aumento de la plusvalía de los terrenos una vez equipados con todos los servicios y con áreas residenciales adyacentes.

c) Centros de trabajo

Continuando con el proyecto, en cada ciudad fe-deración los lugares de trabajo se ubicaron dentro de sus límites. El 88 por ciento de los empleos se agruparía en las zonas industriales y centros de la ciudad federación, ciudades óptimas y barrios. El 22 por ciento restante, emple os domésticos, de la construcción, artesanales y de servi cios primarios,

en el interior de los barrios. Las zonas industriales generales constituirían alrededor de 29 por ciento de los empleos totales y los centros de las ciuda-des federación 24 por ciento, distribuidos entre actividades comerciales, admi nistrativas, universi-tarias, entre otras. Las zonas para la industria lige-ra no contaminante, propuesta en los límites de las ciudades óptimas, tendrían por objeto acercar las fuentes de trabajo a las áreas de vivienda.

d) La estructura vial

Ésta quedó definida en el plan director según la pre visión de los movimientos cotidianos de la po-blación. Como alrededor de 64 por ciento de ésta no demandaría salir de su barrio de residencia para desempeñar sus actividades coti dianas, la vialidad interior se concibió en función del pea tón con una circulación vehicular lenta y arbolada. El transporte colec tivo local se desplazaría a lo largo de los cen-tros y límites de las ciudades óptimas, ligando éstas con la ciudad federa ción y las zonas industriales. Un transporte masivo recorrería los ejes mayores del “Conjunto Exápolis”, unien do las seis ciudades federación. En cuanto al transporte de mercancías, utilizaría vías periféricas contiguas a las zonas in-dustriales y vías especiales creadas para ello. Las áreas centrales tendrán el servicio de este tipo de transporte, ajustándose a un horario definido.

d) Zonificación

El plan estableció para cada área los usos predo-minantes y complementarios, así como aquéllos estrictamente prohibidos. Propone, además del control en la autorización de permisos de cons-trucción y urbanización, la creación de un eficiente órgano de vigilan cia por zona ya fueran despobla-das y suburbanas. La ciudad federación centro que comprendía, según el plan en 1967, principalmente el centro del municipio de Monterrey y alrededo-res, propone la agrupación de las ofi cinas guberna-

El fideicomiso Fomento Metropolitano de Monterrey se creó en la Quinta Ley de Urbanismo y Planificación de 1975.

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mentales centrales; la crea ción de dos gran-des equipamientos urbanos recreativos en el Río Santa Cata-rina y en los terrenos del campo militar; la estructuración vial mediante tres ani-llos concéntricos; el cambio de algunas vías férreas; la crea-ción de una zona ho-telera; una central de transporte de camio-nes de carga y la re-modelación de varias áreas. Para el primer cuadro y desde éste hasta los límites de la ciudad federación centro, la organiza-ción federativa sería diferente al resto de las áreas conurbadas. En lo que respecta a las ciudades federación periféricas, se consideraron ciertas proposiciones específicas que iban desde el abastecimiento de energéticos y distribución de agua potable y riego, hasta la necesidad de crear obras viales y equipamientos clave.

Ciudades auxiliares

Las seis ciudades auxiliares contarían con todos los elemen tos necesarios para el desarrollo de la vida urbana. Éstas de penderían del Conjunto Exápolis sólo para ciertas fun ciones especializadas y duran-te el tiempo necesario para ser independientes ya que iniciarían su vida con una industrialización in cipiente, la cual maduraría a mediano plazo. Ésta es otra proyección utópica que no contempló la reestructuración de la industria hacia el sector

Vista superior del Área Metropolitana de Monterrey.

servicios, proceso –dado entre 1986 y 1994– que implicó una nueva concepción de la distribución espacial urbana. En cuanto a las zonas contiguas y las áreas no urbanas con topografía plana, están formadas por tierras de difícil explota ción agrope-cuaria, permitiendo únicamente la avicultura, en contraste con aquéllas ubicadas en las márgenes de ríos y arroyos.

Biosfera

El plan integra los espacios urbanos abiertos con el pai saje. Las montañas como regeneradoras de oxíge-no, recarga de acuíferos, sede de bellos parajes natu-rales o como fuen tes de material pétreo para la cons-trucción. Igualmente se seleccionaron varios lugares para destinarse a parques suburbanos, entre ellos el Cañón del Huajuco y la zona del Chipinque.


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Tercera Ley de Planificación y urbanización de Nuevo León, 196711

En esta ley se declara de utilidad pública la planifi-cación y ur banización de los municipios de Nuevo León, así como las obras y mejoras públicas que deban realizarse de acuerdo con los propósitos y prescripciones de esta ley, y las expropiaciones de bienes de propiedad pri vada indispensables para su realización.

Para los efectos de esta ley, se entiende por planifi cación el estudio, coordinación y reglamen-tación de las obras y servicios públicos y de las obras y actividades privadas, en cuanto tiendan a la inte gración, mejoramiento y desarrollo urbano de los municipios del Estado, ar monizando las diferentes funciones de la población con miras a lograr para los habitantes las mejores condiciones de seguridad, salubridad, comodidad, bienestar y estética.

Las diversas funciones de la población a que se refiere este artículo comprenden, entre otras, la habitacional, medios de comunicación, fuentes de trabajo, centros culturales, deportivos, recreati-vos, médicos, asistenciales y de comercio.

En su artículo 3° se entiende por urbaniza-ción, para los efectos de esta ley, la ejecución de todas aquellas obras públicas que se realicen en el Estado y que tiendan al desarrollo urbano.

Como parte de la administración pública del Estado se crea por esta ley un organismo rec-tor de todo lo relacionado con la pla nificación y urbanización en los diversos municipios del Esta-do. Este or ganismo se denominará Consejo Estatal de la Ciudadanía, tendrá su sede en la Ciudad de Monterrey y se integrará en la forma que en este mismo ordenamiento se indica.

Esta ley crea, además, en los municipios del Estado, los Consejos Mu nicipales de la Ciuda-danía, con jurisdicción en sus respectivos munici-pios y con las facultades y para los efectos que en la misma se indican.

•Las atribuciones del Consejo Estatal de la Ciudadanía serán: I. Conocer acerca de los estudios, planos reguladores, planes direc-tores y demás proyectos que se formulen, tendientes a lograr la solución de los pro-blemas urbanos y una mejor y más adecua-da forma de vida para las diversas comuni-dades del Estado: de los organismos que por esta ley se crean para conocer y llevar a cabo todo lo relacionado a la planificación y urbanización de servicios generales y obras públicas, vigilando su correcto funciona-miento y operación.•Aprobar las cuentas anuales de ingresos y egresos que haya ma nejado la Comisión Ejecutiva del Consejo y los órganos que de ella de penden.

Para el desempeño de sus funciones, el Consejo de la Ciudadanía contará con un órgano Ejecutivo que se denominará Comisión Ejecutiva del Consejo Es-tatal de la Ciudadanía, que se integrará en la forma que en esta ley se expresa, de la cual dependerán dos comités de trabajo: el Comité de Planificación y el Comité de Urbanización. Las atribuciones de estos organismos se fijan en esta ley. La Comisión Ejecutiva del Consejo Estatal de la Ciudadanía po-drá realizar obras o encargarlas a otros organismos o personas; pero, en todo caso, cuidará y vigilará quo las que se ejecuten satisfagan los requisitos de la ciencia del urbanismo.

En su artículo 7° a la Comisión Ejecutiva del Consejo Estatal de la Ciudadanía corresponde:

•Jerarquizar los diversos estudios y propo-siciones que se hubieren efectuado por los órganos competentes, a efecto de que se proceda a la ejecución de los mismos en el orden y con la prelación que se determine, atendiendo a las necesidades que tratan de satisfacerse, urgencia de las mismas, impor-tancia de la población beneficiada, recursos disponibles y a las demás cuestiones que a su juicio deban tenerse presentes.

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•Señalar lineamientos de carácter general a los que deberán ajus tarse todos aquellos proyectos que deben ser o pretendan ser realizados por dependencias oficiales o por particulares y que guarden relación con el desarrollo urbanístico de las diversas pobla-ciones del Estado, a fin de que su ejecución no sólo sirva para mejorar su aspecto urba-no, sino tam bién para lograr su integración, cuyo objetivo será proporcionar a cada Co-munidad el mayor bienestar y la máxima seguridad.•Señalar los requisitos o condiciones a que deberán ajustarse los usuarios de la propie-dad pública y privada, cuando dicho uso afecte el interés público y en cuanto tien-da al cumplimiento de las finalidades de la pre sente ley, estableciendo las restricciones que se consideren necesarias o convenien-tes.•Aprobar el trazo o apertura de nuevas vías de tránsito, rectifi cación, ampliación, prolongación o mejoramiento de las exis-tentes, así como sus obras anexas: puentes, túneles, pasos a desnivel, viaductos, obras de seguridad y otras similares; especifica-ciones sobre pavimento, guarni ciones y embanquetados.•Fijar especificaciones sobre: alturas, vo-lúmenes, superficies cons truidas, espacios libres en edificios públicos o privados, ma-teriales, estilos de construcción, superficie mínima de terreno para construir, servicios in dispensables, etc.•Fijar, en los municipios del Estado, dis-tritos o zonas para el es tablecimiento de viviendas y comercios; industrias, talleres o bodegas; gran jas avícolas, ganaderas, agrícolas u otros, que tiendan a lograr, de la ma nera más racional, el desarrollo de las funciones de la población.

•Velar por el cumplimiento, eficacia y pro-yección de los acuerdos que tome el Conse-jo Estatal de la Ciudadanía y vigilar ilimita-damente el funcionamiento de los Consejos Municipales de la Ciudadanía, para lo cual gozará de las facultades que resulten nece-sarias.•Cualesquiera otras actividades tendien-tes a la integración y mejoramiento de las poblaciones de la entidad como unidades urbanas.•Expedir su propio reglamento interior para el mejor desempeño de sus funcio-nes administrativas, el que deberá ser sancionado por el Con sejo Estatal de la Ciudadanía.•Conocer y resolver en revi-sión el recurso de inconformidad a que se refiere el artículo 75 de esta ley, pudiendo ejercer esta facultad el presidente a nombre de la Comisión.•Ejecutar o realizar todos aquellos actos tendientes a dar cabal cumplimiento a las finalidades de esta Ley.

En su artículo 8° decía que para la debida eficacia de las funciones de estudio, planeación y vigi-lancia en los asuntos de su incumbencia, la Co-misión Ejecutiva del Consejo Estatal de la Ciu-dadanía tendría autoridad coercitiva, pudiendo suspender cualquier obra o actividad que infrinja las disposicio nes de esta ley, de sus reglamentos, o que no se ajuste a los lineamientos aprobados, así como demoler lo indebidamente construido, auxiliándose de la fuerza pública, e imponer las sanciones administrativas correspondientes, con fundamento en lo que dispone el artículo 25 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León. Esta facultad también podrá ser ejercida por el director de Planificación o por el director de Ur-banización.

En su artículo 9° dice que al Comité de Pla-nificación corresponde:


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•Realizar estudios para dotar a la ciudad de Monterrey y, conforme a sus recursos, a los demás municipios del Estado, del plan re-gulador y del plan director para su ordena-do y racional crecimiento y desarrollo urba-nístico, los cuales, una vez aprobados por la Comisión Ejecutiva del Consejo Estatal de la Ciudadanía, serán de observancia obli-gatoria y consecuentemente ninguna obra pública o privada podrá llevarse a cabo sin atender a los lineamientos y previsiones es-tablecidos en ellos.•Aprobar, modificar o rechazar, según el caso, los planos y proyec tos de fracciona-mientos, colonias y, en general, de centros de población que pretendan desarrollarse, vigilando, en su caso, el cumplimiento de las condi ciones o requisitos a que se deban ajustar.•Estudiar y resolver sobre proyectos, cons-trucciones e instalacio nes en los municipios del Estado, sobre energía eléctrica y telé-grafos, abasto de agua, drenajes sanitarios y pluvial, gas, vías férreas, esta ciones y termi-nales de ferrocarril, teleféricos, autobuses y transportes aéreos, plazas públicas, monu-mentos, espacios libres y de todo cuanto se ponga al servicio público.•Conocer y autorizar la localización o cons-trucción, en su caso, de edificios públicos o privados para escuelas, hoteles, departa-mentos, hospi tales, estaciones de policía, cuarteles de bomberos, hospicios, asilos, cines, teatros, auditorios, estadios, centros deportivos, gimnasios, mercados, rastros, cementerios, industrias, talleres, bodegas, centros comerciales, granjas aví colas o ga-naderas, locales y espacios para estaciona-miento y obras seme jantes.

Artículo 10.- El Comité de Urbanización tendrá a su cargo:

•Ejecutar por sí, o a través de los orga-nismos que designe, las obras de carácter público que la Comisión Ejecutiva del Consejo Estatal de la Ciudadanía hubiere determinado realizar dentro de sus atribu-ciones específicas.•Formular presupuestos y proyectos de fi-nanciamiento de las obras a ejecutar y las bases de los empréstitos y contratos relati-vos, dictaminando respecto de aquéllos que provengan de alguno de los órganos que se esta blecen por esta ley, fijando, en conse-cuencia, las especificaciones, los precios unitarios básicos que deban determinarse en obras de servicios bajo sistema de impo-sición y que fueren objeto de contratación.•Convocar a concurso y adjudicar contra-tos para la ejecución de las obras que se hubiere acordado realizar, determinando los pormenores a que estos actos se deben ajustar.•Proponer a las autoridades hacendarias correspondientes, con la aprobación de la Comisión Ejecutiva del Consejo Estatal, la derrama del impuesto entre las propieda-des comprendidas en zonas de afectación, cuan do las obras por realizar se vayan a efectuar mediante el sistema impositivo sobre el aumento del valor y mejoría espe-cífica originada con las obras pú blicas de utilidad social.•Proponer a la Comisión Ejecutiva del Consejo Estatal de la Ciudadanía el monto de indemnizaciones en caso de expropia-ción de bienes para la realización de obras públicas.•Autorizar la formación de Comités Especia-les a que realicen o ejecuten obras, en el caso de que no estime necesario asumir directa-mente su ejecución, haciendo la designación de las personas que deban integrarlos.

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La Secretaria de Asentamientos Humanos y Planificación del Estado aprueba los nuevos fraccionamientos ur-banos.

•Asesorar a los Consejos Municipales de la Ciudadanía que se crean por esta Ley, en la contratación de las obras que realicen y en los concursos públicos a que convoquen y que deben preceder obligadamente a toda con tratación.

En el artículo 11 se establecía que El Consejo Es-tatal de la Ciudadanía se integraría en la siguiente, forma:

•Por dos representantes del gobierno del Estado. Uno de ellos será el C. Goberna-dor del Estado o la persona que él designe, pudiendo hacer la designación para que el substituto lo represente en una o en varias de las juntas. El otro representante será de-signado también por el C. Gobernador del Estado. El C. Gobernador o la persona que lleve su repre sentación, en su caso, será el presidente del Consejo.•Los presidentes municipales de los diver-sos municipios del Estado.

•Un delegado designado por cada uno de los Consejos Mu-nicipales de la Ciudadanía que se crean por la presente ley.•El C. jefe de los Servicios Coordi-nados de Salubri-dad y Asisten cia en el Estado. •El director de Obras Públicas del Estado.•Un delegado designado por la Cámara Nacional de Comercio de

Monterrey.•Un delegado designado por la Cámara de la Industria de Trans formación de Nuevo León.•Un delegado designado por el Centro Pa-tronal de Nuevo León. •Un delegado designado por el Centro Bancario de Monterrey, A.C.•Un delegado designado por la Cámara de Propietarios de Bienes Raíces del Estado.•Tres representantes del sector laboral, de-signados por el Ejecutivo, seleccionados entre diversas centrales de trabajadores.

Los directores de los periódicos diarios de la ciu-dad de Monterrey tendrán derecho a concurrir, con voz, pero sin voto, a las sesiones que celebre el Consejo.

El resto de los artículos hacen referencia esencialmente a los aspectos técnicos: así se van definiendo sobre los aspectos financieros (artículos 23-25); de los consejos municipales de la ciudada-


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nía (26-32); de los comités especiales (33-34), de la ejecución de obras (35-43); del impuesto sobre au-mento de valor y mejoría específica de la propiedad (44-53); de la liquidación, ajuste y recaudación de impuestos (54-57); de los fraccionamientos (68-73) y notificaciones y recursos (74-78).

Hacia la consolidación de un marco jurídico (1973-1980)

Durante este periodo se establecieron leyes que dieron pauta para enfrentar el excesivo y desorde-nado crecimiento urbano-industrial que padecie-ron todas las ciudades bajo este perfil en México. Se establecieron mecanismos centralizados a los cuales los tres niveles de gobierno debían acatar y buscar la coordinación de sus acciones incluso con el sector privado.

Sin embargo, la nueva ley estatal de planea-ción de 1973, denominada Ciudades Nuevas, a pe-sar de que contó con un plano regu lador aprobado por el Ejecutivo del Estado, la realidad fue que no se estableció ningún asentamiento bajo esta ley que rápidamente se volvió utópica.

Posteriormente la Ley de Urbanismo y Planificación del Estado de Nue vo León, expe-dida en 1975, planteó regular aquellos aspectos con cernientes a la planificación física y desarrollo urbanístico del Estado, así como formular y aplicar planes de corte físi co y urbanístico. Con base en esa disposición y la Ley Ge neral de Asentamientos Humanos de 1976 –primera gran iniciativa jurídi-ca para enfrentar el nuevo perfil urbano-industrial del país–, se elaboró el Plan Estatal de Desarrollo Urbano de 1979, el cual establecía la necesidad de distribuir de manera ra cional a la población y sus actividades económicas en las zonas con mayor potencial del Estado; promover el desa rrollo urba-no integral y equilibrado de los centros de pobla-ción; mejorar y preservar el medio ambiente de los asenta mientos humanos y coordinar las acciones en materia de desarrollo urbano entre la federación

y el Estado.Finalmente, en 1980, con la aprobación de

la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nue-vo León, se consolidó el marco jurídico estatal en materia de desarrollo urbano. Con base en las dos leyes antes citadas, en 1980 se ela boraron los planes de los 51 municipios del Estado, dando así inicio oficial a la planeación del desarrollo urbano muni-cipal. Los objetivos de estos planes fueron simila-res a los del plan estatal:

racionalizar la distribución de la población y sus actividades económicas en el territo-rio; promover el desarrollo urbano integral y equilibrado de los centros de población; mejorar y preservar el medio ambiente que con forman los asentamientos humanos y propiciar condicio nes favorables para que la población pueda resolver sus ne cesidades de suelo urbano, vivienda, servicios públi-cos, infraestructura y equipamiento urba-no.

Los planes se elaboraron con una metodología ge-neral aplicada en todo el país, propuesta por la Se-cretaría de Asentamientos Humanos y Obras Pú-blicas y en lineamientos establecidos en la segunda mitad de la década de 1970 por la ONU.

Cuarta Ley de Ciudades Nuevas, 197312

Esta ley tiene por objeto coadyuvar al desarrollo equilibrado de Nuevo León, así como al crecimien-to ordenado y armó nico de las distintas regiones que lo integran, principalmente de aquéllas que por diferentes causas han permanecido, hasta la fecha, marginadas de los avances obtenidos en el país.

En su artículo 2° se explicaba que para lograr este objeto, era necesario, independiente-mente de la superación de los núcleos de pobla-ción existentes, proceder a la creación y desarrollo de ciudades nuevas que impulsaran el mejora-miento in dustrial, comercial, turístico, adminis-trativo, deportivo y, en general, de cual quier tipo,

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y que estimularan y elevaran el nivel de vida de todos los habitan tes del Estado.

Son ciudades nuevas (artículo 4°), para los efectos de esta ley, los núcleos urbanos integrados en superficies definidos que además de estar dota-dos de las obras e instalaciones necesarios para que la vida en comunidades se ajuste a los principios de urbanismo moderno, cuenten con los elementos indispensables para la prestación de toda clase de servicios públicos y tengan la capacidad requerida para lograr el desarrollo de la industria, el comercio, el turismo, el deporte, o cualquier otra actividad que tienda al mejoramiento de la colectividad.

En los artículos 5 al 11 se aclaraba que las ciudades nuevas serían industriales, comerciales, turísticas, administrativas, deportivas o de tipo mixto.

•Se entiende por ciudad industrial un conjunto armóni camente planeado, que se compone de tres zonas: la industrial, subdividida, a su vez, en subzonas para in-dustrias grandes, medianas y pequeñas; lo cí vica comercial y la habitacional.•Los demás tipos de ciudades tendrán, al igual que las ciudades industriales, los ele-mentos básicos de planeación, principios de ur banismo, prestación de servicios pú-blicos y fácil acceso a las vías generales de comunicación, determinándose claramente los fines que en ellas se es tablezcan.•Las ciudades turísticas deben construirse en sitios que posean suficientes atractivos: los hoteles, alojamientos y servicios que se construyan se adecuarán a la forma en que se exploten estas ciudades.•Las ciudades administrativas establecen una idea nue va y, aunque son para la ad-ministración pública, podrían incluir la adminis tración privada, y en un municipio en que existieran varias ciudades, podría crearse una nueva con el exclusivo obje-

to de establecer en ellas las oficinas de la administración pública municipal, estatal y federal, pudiendo ser un centro, por sus características propias, también de oficinas de tipo privado.•Las ciudades deportivas serán siempre anexas de otros núcleos urbanos, y se construirán con el objeto de facilitar la práctica del deporte en general. En caso necesario podrán contar con alojamien-tos para de portistas, además de todas las construcciones y servicios propios para la prác tica del mismo. Para el mejoramiento integral del Estado, debe pla nearse el de-sarrollo urbano y plantearse las caracterís-ticas necesarias en una ciudad nueva, así como las posibilidades de mano de obra, de materia pri ma y, sobre todo, para la práctica de los deportes.•Las ciudades mixtas serán aquéllas en las que con curran las características de, cuan-do menos, dos tipos de ciudades de las an-tes descritas.

En el artículo 12, el Ejecutivo del Estado se com-prometía a que constituiría un organismo des-centralizado con personalidad jurídica y patrimo-nio propios, el cual tendría a su cargo, fundamen-talmente, la coordinación de los negocios relacio-nados con las ciudades nuevas, con organismos descentralizados de la Federación, del Estado y de los municipios, y, en forma especial, con el sector privado. El organismo se denominaría Comisión para el Desarrollo de Ciudades Nuevas, y para los efectos de esta ley se identificará con las siglas CO-DECIN.

En el artículo 13 se establecía que cuando el Ejecutivo del Estado estime necesaria la crea ción o desarrollo de una ciudad nueva, podrá solicitar, del gobierno federal, la asesoría de la Secretaría de Obras Públicas, si así lo considera conveniente, en los siguientes aspectos:


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•Determinación desde el punto de vista in-dustrial, comercial, turísti co, administrati-vo, deportivo o de tipo mixto, de la necesi-dad de construcción de una o más ciudades nuevas.•Estudio del lugar más adecuado para su construcción.•Elaboración del proyecto y su proyección financiera, así como ase soramiento en la realización del plano regulador.•Medidas necesarias para que exista fácil acceso a las vías gene rales de comunica-ción.

En el artículo 14 se decía que la CODECIN, de acuerdo, en su caso, con lo que aconse je la Fede-ración por conducto de la Secretaría de Obras Pú-blicas, localizaría posibles terrenos para la creación de la o las ciudades nuevas de que se tra tasen y se escogerían de ellos el o los más convenientes. De tal forma que una vez aprobada por el Ejecutivo la localización de los terre nos requeridos para la construcción de una ciudad nueva, CODECIN procede ría a la realización de todas las gestiones y trámites necesarios para su adqui sición, si era de utilidad pública, la cual podría efectuarse por do-nación, per muta, compraventa, expropiación, fi-deicomiso o cualquier otro tipo de ope ración, fuera en vía de derecho público o privado (artículo 15). En caso de fideicomiso, CO DECIN auxiliaría en el manejo de los bienes fideicomitidos, formando parte del Comité Técnico del Fideicomiso, en la forma que se determinara en el propio fideicomi-so y en el reglamento de esta ley. Adquiridos los terrenos necesarios (articulo 16), se solicitaría a la Secretaría de Obras Públicas, si así era el caso, y se procedería a practicar los estu dios de planeación correspondientes, y a elaborar el plano regulador respec tivo o la asesoría que el Ejecutivo del Estado considerara conveniente. Una vez concluidos los estudios de planeación, CODECIN los sometería a consideración del Ejecutivo del Estado para su

aprobación, en su caso, y a fin de que se ordenara la aplicación del plano regulador corres pondiente.

Sobre la promoción, planeación, proyecto, construcción y administración (artículos 18-29) se especificaba que la promoción y la realización de las ciudades nuevas, se llevarían a efecto, previo acuerdo del Ejecutivo del Estado, por conducto de CODECIN y con la intervención de la Secretaría de Obras Públicas. Toda ciudad nueva, fuera de tipo industrial, comercial, turístico, administrativo, deportivo o mixto, se desarrollaría con base en un plano regulador, debidamente aprobado por el Eje-cutivo del Estado. Se entiendía por plano regulador de una ciudad nue va, el documento gráfico en el cual se especifican detalladamente su perí metro, lí-mites, superficie que ocuparía al concluirse su total ejecución y destino que se daría a dicha superficie, determinación de las zonas urbanas y zonas verdes, dimensiones y forma de cada una de ellas, vialidad interna y comu nicación con el exterior y la loca-lización precisa de la ciudad. El plano regulador se acompañaría de la memoria descriptiva corres-pondiente. Toda modificación que se hiciera a los planos regula dores de las ciudades nuevas sería au-torizada por el Ejecutivo del Estado. Cada una de las ciudades tendría zonas verdes que podrían ser parques o fajas de granjas. El valor de los terrenos destinados a zonas verdes, excepto cuando estuvie-ran constituidas por granjas, aumentaría el precio de venta del terreno de las ciudades.

De igual forma, los servicios públicos de las ciudades nuevas se establecerían en la forma en que resulten más funcionales y se ubicarían de acuerdo con las disposiciones reglamentarias respectivas. Estas ciudades nuevas tendrían, cuando menos, cuatro kilómetros de separación entre su períme-tro y el de una ciudad existente y una distancia no menor de diez kilómetros entre su perímetro y el de otra ciudad nueva. Las superficies entre los perí-metros de unas y otras ciudades serán destinadas a áreas verdes y servirán para proteger a las ciudades

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nuevas, para lo cual el uso de la tierra se conservará siempre destinado a ese fin. Otras especificaciones eran:

•Una ciudad nueva se proyectará para que tenga 25,000 habitantes como mínimo y 100,000 como máximo.•Los edificios que se construyan en las ciu-dades nuevas serán funcionales y arquitec-tónicamente armónicos entre sí.•Las ciudades nuevas, ya sean industriales, comercia les, turísticas, administrativas, de-portivas o de tipo mixto, se sujetarán a las condiciones técnicas y administrativos que se establezcan en el reglamento respectivo.•El gobierno, la administración y el desa-rrollo de toda Ciudad Nueva, corresponde-rá a las autoridades municipales.•En los municipios donde se construya una ciudad nue va se integrará un Consejo Con-sultivo, cuyas atribuciones serán señaladas en el Reglamento correspondiente.

Sobre los estímulos y protección (artículos 30-35), se aclaraba que las autoridades del Estado y las municipales prote gerían la creación de ciudades nuevas, de acuerdo con esta ley, y para ello no autorizarían ninguna construcción que pudiera hacer peligrar las inversiones de las unidades de las ciudades nuevas, competir con ellos o menos-cabar sus derechos en forma indebida. Para ello se haría respetar un área de quin ce kilómetros, desde cualquier punto periférico de la ciudad, para otor-gar un permiso.

Cuando se trate de crear una ciudad turís-tica, para explotar monumentos históricos, siempre tendrá prelación el gobierno del Estado, por con-ducto de CODECIN.

Cuando las autoridades estatales, munici-pales y, en su caso, CODECIN, reciban una soli-citud para abrir trabajos que pudieran repre sentar peligro para una ciudad nueva, solicitarian la ase-soría de la Secreta ría de Obras Públicas, para que determinara si debía concederse o no.

Se adoptarían todas las medidas necesa-rias para que aquéllos que quisieran establecerse en alguna de las ciudades nuevas, gozaran de los beneficios que concedía la Federación, de acuerdo con el decreto publi cado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de julio de 1972, o los que otorgara el Estado a través de sus leyes.

Los impuestos de traslación de dominio y los derechos del registro público no se causarían en las ventas de terrenos en los cinco primeros años, en cualquier ciudad nueva que se establexiera.

Sobre los financiamientos de estas ciudades (artículos 36-38), se especificaba que el financia-miento de las ciudades nuevas podría lle varse a cabo mediante créditos obtenidos con garantía de su patrimonio, a través de contratos que se celebra-ran con las instituciones nacionales de crédito que se consideraran convenientes. Además, el CODE-CIN podría celebrar todo tipo de convenios con empresas públicas o privadas, para la promoción o realización de ciudades nuevas, los cuales debían ser aprobados por el Ejecutivo del Estado e ins-critos, para su validez, en el Registro Público de la Propiedad.

Quinta Ley de Urbanismo y Planificación, 197513

Esta ley establecía normas relativas al uso del suelo urbano y edificaciones –planificación física y de-sarrollo urbanístico en la entidad–, y en materia de servicios públicos con que debían contar los frac-cionamientos, en ambos casos se gradúarían obras y tiempos (artículos 1 al 11 y 54-90).

Se empleaba la denominación Fracciona-mientos de Urbanización Progresiva para referir-la a los que la desarrollan, a partir de servicios y reglas mínimas y que están destinados a personas de escasos recursos económicos (artículos 152 al 166). Igualmente establecía que es competencia de los municipios lo relativo del uso del suelo y edifi-caciones para fines habitacionales unifamiliares y


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el proyecto de obras estructurales de toda clase de construcciones, reservándose el Estado la facultad de intervenir en los casos de uso de terrenos y edifi-caciones para fines multifamiliares, industriales de todo tipo, talleres, bodegas, comercios y fracciona-mientos (artículos 91 al 106).

Se contemplaba la justicia social en el asun-to de hacer expedita la ley contra los ilícitos penales contra el lucro en perjuicio de particulares, aprove-chando su ignorancia y la miseria económica inclu-so (artículo 234). Se incorporaba también la coope-ración entre las instituciones públicas, dueños de terrenos y vecinos afectados, para la adquisición, urbanización y venta al costo de fraccionamientos populares. De igual forma, se prohibía expresa-mente que las Juntas de Mejoras, los Comités de Vecinos y demás entes similares, recauden por sí mismos dinero para urbanización, dada la amarga experiencia al respecto (artículos 212 al 227).

Se inclían en esta ley disposiciones bási-cas relativas a las áreas públicas y a los concursos y adjudicaciones de contratos, así como reglas que conciernen al padrón de contratistas en las convo-catorias a realizar obra pública (artículos 181-211). Se creaba también el fideicomiso denominado Fo-mento Metropolitano de Monterrey para la trans-misión de la superficie a desarrollar (artículo 39).

Finalmente, se creó el Consejo de Urba-nismo (artículo 107-110), con funciones de conse-jo y asesoría al Ejecutivo del Estado, cuyo titular era el Presidente del mismo a fin de agrupar a los representantes más señeros de las cámaras, de los colegios profesionales, del Congreso del Trabajo, de la Liga de Comunidades Agrarias y de las fede-raciones de pequeños propietarios. Ley General de Asentamientos Humanos, 197614

Esta ley fue un ordenamiento jurídico que fomentó el proceso de regulación de los asentamientos hu-

manos en todo el país. Las condiciones sociales y económicas del país, así como la nueva realidad y tendencia de los asentamientos humanos y del de-sarrollo urbano de los centros de población, princi-palmente tratándose de las ciudades medias, hizo necesario adecuar la política del Estado mexicano en esta materia y replantear instrumentos que per-mitan resolver la problemática urbana. En este sen-tido, surgió también un nuevo ordenamiento jurí-dico que reformó a la administración pública fede-ral y, en diciembre de1976, dio vida a la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas.

Dicha ley sirvió de base para que las enti-dades federativas expidieran sus respectivas leyes en la materia, así como planes, programas y otras disposiciones jurídicas en materia de desarrollo urbano; de igual forma se establecieron instancias dedicadas a la planeación y administración urbana. En el artículo primero de la ley se estableció clara-mente su objetivo:

•Establecer la concurrencia de los muni-cipios, de las entidades federativas y de la Federación, para la ordenación y regula-ción de los asentamientos humanos en el territorio nacional. •Fijar las normas básicas para planear la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población. •Definir los principios conforme a los cua-les el Estado ejercerá sus atribuciones para determinar las correspondientes provisio-nes, usos, reservas y destinos de áreas y predios.

En el artículo 3o. se estableció el objetivo básico de la legislación urbanística: constituir un instru-mento para mejorar las condiciones de vida de la población rural y urbana. De igual forma estableció que la ordenación de los asentamientos humanos se llevará a cabo mediante la planeación y regula-ción de la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, confor-

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me lo prevén los programas de desarrollo urbano respectivos. El artículo 4o. dejó las bases del Siste-ma Nacional de Programación Urbana, constituido por un Programa Sectorial de Desarrollo Urbano (ámbito federal); programas estatales de desarrollo urbano, programas de zonas conurbadas y planes municipales de desarrollo urbano. Estos planes serían llevados a la práctica por las diferentes ins-tancias de del gobierno federal, estatal y municipal (artículo 5). De la concurrencia y de la coordina-ción de las mencionadas autoridades –en los tres niveles de gobierno– para llevar a cabo esta tarea tratan los artículos 8 al 17.

En este último artículo (17) se especificaba lo que le corresponde a los Ayuntamientos, entre éstas destacaba: llevar a cabo los planes estatales que les correspondan y hacer una revisión basados en la opinión ciudadana del plan municipal de de-sarrollo urbano respectivo. Igualmente expedir de-claratorias provisionales sobre usos, reservas y des-tinos de áreas y predios; dar publicidad a los planes municipales; llevar a ejecución el plan municipal y proponer a los poderes del Estado la fundación de centros de población.

Los artículos 18 a 27 se refieren a las conur-baciones, entendidas éstas cuando dos o más cen-tros de población forman o tiendan a formar una unidad geográfica, económica y social. Si esta co-nurbación involucra a dos o más entidades federa-tivas es competencia del presidente de la república la publicación de la declaratoria de conurbación en el Diario Oficial.

Finalmente, de las regulaciones de la pro-piedad en los centros de población, son los artícu-los 28 al 47. En éstos se especificaba que la orde-nación de los asentamientos humanos se llevaría a cabo mediante la planeación, regulación de la fun-dación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población con base en las disposi-ciones de esta ley y de los tres niveles del gobierno en México.

Sexta Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, 198015

Esta ley es de orden público e interés social, y tiene por objeto, en su artículo 1:

•Establecer las normas conforme las cua-les se establezcan en el Estado adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tie rras, aguas y bosques y se autoricen a los particulares los usos del suelo y el uso, loca-lización y construcción de edificaciones.•Fijar las bases e las que deberán apegarse en el ejercicio de sus atribuciones el Gober-nador del Estado y los Ayuntamientos para elaborar y autorizar planes de desarrollo ur-bano, y las bases para que se expidan las declaratorias de provisiones, usos, re servas y destinos.

Las acciones previstas en esta ley deberían tener por finalidad el mejoramiento de las condicio nes y la calidad de vida de los habitantes del Estado, mediante acciones para (artículo 2):

•Fomentar la posibilidad concreta para que los habitantes del Estado puedan disponer racionalmente de los elementos naturales sus ceptibles de apropiación; tener acceso con apego a la Ley, a la propiedad territo-rial, y de manera particular, ejercer su de-recho a la propiedad privada. Promover la participación de los habitantes en la formu-lación y revisión de los planes de ordena-ción de los centros de población.•Planear la preservación del medio natural y de la vida silvestre en el territorio del Es-tado; la adecuada interrelación de ambos elementos naturales con los centros de po-blación y la posibilidad de su disfrute racio-nal por los habitantes.•Procurar la distribución armónica, el desarrollo equilibrado y el impulso de los centros de población en el territorio del


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Estado, según las características de la re-gión respectiva, considerando las venta-jas sociales y económicas de las ciudades medias y la descongestión de aquéllas en que se haya perdido el equilibrio entre la población y los recursos urbanos disponi-bles, o en que se haya deteriorado la cali-dad de la vida.•Prever la más eficiente relación entre los sistemas para la con vivencia de los habi-tantes, y para el funcionamiento de los ser-vicios urbanos en cada centro de población y, particularmente, la relación adecuada en-tre las zonas industriales y las de vivienda, el transporte, entre ambas, y las posibilida-des justas de trabajo y descanso.•Planificar la expansión ordenada y regular de los servicios públicos, y de las oportuni-dades culturales y recreativas que permitan a los habitantes ejercer su derecho a una vida urbana segura, eficiente y sana.•Dictar las normas para el adecuado apro-vechamiento de terrenos y construcciones, y de las infraestructuras de servicios me-diante la determinación de características y densidades de edificación, con la oportuni-dad posible.•Proyectar la distribución equitativa entre los habitantes de las cargas y de los benefi-cios del desarrollo urbano.•Procurar la mejor coordinación del de-sarrollo del Estado con los objetivos de la planeación nacional.

En su artículo 3 se especificaba que la ordenación de los centros de población se reali zaría mediante declaratorias de provisiones, usos, reservas y des-tinos de áreas y predios que se funden, según el caso, en la existencia pre via de cualquiera de los siguientes planes:

•Plan estatal de desarrollo urbano.•Planes municipales de desarrollo urbano.

•Planes de ordenación de zonas de conur-bación

El plan estatal podía comprender planes regiona-les y planes sectoriales. Todos los planes debían ser congruentes con el plan estatal de desarrollo urbano, y éste con el plan nacional de desarrollo urbano.

Los artículos 4 a 6 comentaban que los pla-nes para la ordenación de los centros de población se someterían a los procedimientos de publicación y consulta popular previstos en esta ley. El plan di-rector correspondiente sería medio de in formación para el Congreso cuando éste determinara la fun-dación de un centro de población o fijara los límites de los existentes.

Sobre el derecho de propiedad (artículo 7), el de posesión, o cual quier otro derivado de la tenen-cia de la tierra, serían ejercidos por sus titulares con sujeción a lo que al respecto establezcan las declara-torias de usos, destinos y reservas correspondientes.

En su artículo 9, y para los efectos de esta ley, debía entenderse:

•Por centro de población: el núcleo estable de habitantes en un espacio determinado, más las áreas e instalaciones necesarias para su vida normal, las reservadas para su expansión y las naturales y adecuadas para mantener el equilibrio ecológico con la zona que los rodea. Asimismo, las áreas que por resolución de la autoridad compe-tente se destinen a la fundación de nuevos centros de población.•Porfundación: el establecimiento de un centro de población pre visto en el plan de desarrollo urbano correspondiente.•Por ordenación: el conjunto de disposi-ciones que tienen por fina lidad planear la fundación, conservación, mejoramiento y creci miento de los centros de población.•Por conservación: toda acción tendiente a mantener en buen Estado las edificacio-

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nes públicas y privadas; las calles, piezas, parques, obras de infraestructura, instala-ciones o redes de ser vicios públicos y sus complementos, así como los monumentos y edificaciones que constituyan el acervo histórico, estético o artístico y sean signo de identidad de los centros de población; y el mantenimiento o mejoría de las condicio-nes para el equilibrio ecológico.•Por mejoramiento: la acción encaminada a la habilitación, re habilitación, reordena-ción y renovación de los centros de pobla-ción y de sus diversas partes o elementos integrantes.•Por crecimiento: la expansión, en sentido horizontal o vertical, de las áreas ocupadas con edificaciones, instalaciones, redes o in-fraestructuras de servicios públicos de tos centros de población.•Por conurbación: el hecho de que dos o más centros de pobla ción de municipios diferentes formen o tiendan a formar una unidad.•Por provisiones: las áreas asignadas para fundar un centro de población.•Por usos: los fines a los que los particu-lares pueden dedicar determinadas áreas y predios.•Por reservas: las áreas previstas en el plan de desarrollo urbano correspondiente para el crecimiento de un centro de población. •Por destinos: los fines públicos a que se dedican, o está previsto dedicar, determi-nadas áreas, predios y edificaciones, con apego a los planes, declaratorias o resolu-ciones sobre desarrollo urbano. •Por áreas y predios urbanizados: las su-perficies localizadas dentro de los límites de un centro de población que están ocu-padas con edificaciones, y aquéllas que sin estar edificadas reúnan los requisitos de la

ley para dedicarse a funciones urbanas con-forme a un proyecto autorizado.•Por áreas o predios urbanizables: las super-ficies que por loca lizarse dentro de los límites de un centro de población son sus ceptibles de ser urbanizados o utilizadas de la manera prevista en el plan general de desarrollo que corresponda, y conforme el proyecto que se autorice en los términos de esta ley.

En su artículo 10 se aclaraba que son autoridades competentes para aplicar la pre sente ley, en el ám-bito de sus respectivas competencias: el Goberna-dor del Estado; los Ayuntamientos; la Secretaría de Asentamientos Humanos y Planificación del Esta-do; la Comisión de Planificación del Estado; la Se-cretaría de Obras Públicas y Proyectos del Estado en lo que concierne.

De igual forma, la Comisión de Planifi-cación es un órgano colegiado que de pendía del Gobernador del Estado y presidía el secretario de Asenta mientos Humanos y Planificación, salvo los casos en que, por su tras cendencia para la co-munidad, el Gobernador resolviera presidirla per-sonalmente. La Comisión estaría integrada por los titulares de las diversas Direcciones de la Secretaría de Asentamientos Humanos y Planificación. El Gobernador del Estado pediría cada año la partici-pación de representantes de los grupos sociales que integraban la comunidad, a través de sus organis-mos legalmente constituidos y de otras entida des de la administración pública, o de particulares de reconocida sol vencia moral y experiencia, para que funjieran con el carácter de asesores.

En el artículo 11 correspondía al Goberna-dor del Estado:

•Autorizar, previa consulta a que se refiere esta ley, al plan estatal de desarrollo urbano, los planes municipales de desarrollo urba-no y los planes de ordenación de zonas de conurbación, y someterlos a la evaluación periódica co rrespondiente.


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•Expedir las declaratorias de usos, reservas y destinos de áreas y predios comprendidos en los planes a que se refiere la fracción an-terior.•Promover ante el Congreso la fundación de nuevos centros de población, por sí o a propuesta de los Ayuntamientos interesa-dos o del gobierno federal.•Proponer al Congreso, con base en el plan de desarrollo ur bano que corresponda la fijación de límites de los centros de pobla-ción.•Expedir las declaratorias sobre la existen-cia de una conur bación relativa a centros de población ubicados en dos o más munici-pios dentro del Estado.•Participar en la planeación y regulación de los centros de población situados en el te-rritorio de la entidad, y en el de otra u otras vecinas que constituyan o tiendan a cons-truir una conurbación en los términos de la Ley General de Asentamientos Humanos.•Coordinar el plan estatal con el plan na-cional de desarrollo urbano, formulando al efecto las proposiciones que estime per-tinentes para la elaboración y revisión de este último, y desahogar las consultas que al respecto se le formulen.•Coadyuvar con el gobierno de la Federa-ción al cumpli miento del plan nacional de desarrollo urbano en el terri torio del Esta-do.•Celebrar convenios con los gobiernos de los municipios, de las entidades federativas o de la Federación, que apoyen los objeti-vos y finalidades propuestos en los diversos planes de desarrollo urbano.•Aplicar las sanciones administrativas que señale la ley a los actos u omisiones de los empleados y funcionarios públicos que violen las disposiciones legales relativas al

registro, con trol y ejecución de los planes de desarrollo urbano del Estado

A los Ayuntamientos:•Elaborar conjuntamente con la Secretaría de Asentamientos Humanos y Planifica-ción del Estado los planes municipales de desarrollo urbano, los planes directores y los planes parciales que se deriven de aqué-llos.•Elaborar conjuntamente con la Secretaría de Asentamientos Humanos y Planifica-ción del Estado las declaratorias que se re-quieran para el cumplimiento de los planes a que se refiere la fracción anterior.•Proponer al Congreso del Estado, por conducto del Gobernador, la fundación de nuevos centros de población y la fija ción de límites para los existentes, previo estu-dio conjunto y dictamen de la Secretaría de Asentamientos Humanos y Planificación del Estado.•Participar en la revisión de los planes mu-nicipales de de sarrollo urbano, y en la de los planes directores y planes parciales que se deriven de ellos.•Dar publicidad a los planes municipales de desarrollo ur bano y a los planes direc-tores y parciales derivados de ellos, una vez que sean aprobados.•Llevar a ejecución los planes municipales de desarrollo ur bano y prever las inversiones y las acciones que les com petan referentes a la fundación, conservación, mejoramien to y crecimiento de los centros de población.•Participar en los términos de esta ley en los procesos de conurbación.•Celebrar con el gobierno del Estado, con los de otras enti dades federativas, con el de la Federación y con los de otros municipios, los convenios que autoricen las leyes, y que apoyen los objetivos y finalidades propues-

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tos en los planes de desarrollo urbano que se realicen dentro de su jurisdicción •Proveer y auxiliar en lo que les competa al cumplimiento y ejecución del plan nacional y del plan estatal de desa rrollo urbano.•Las demás atribuciones que les otorgue la ley.

A la Secretaría de Asentamientos Humanos y Pla-nificación del Estado:

•Autorizar, modificar o rechazar, con base en el plan de desarrollo urbano aplicable, o a falta de éste, previo dicta men de la Comi-sión de Planificación, planos, anteproyec-tos y proyectos de fraccionamiento de terre-nos, inclusive ce menterios en sus diversas modalidades.•Autorizar la apertura de calles y realización de las demás obras de urbanización en los fraccionamientos debidamente aprobados, otorgando la concesión para la ejecución de las mismas.•Autorizar, con base en el plan de desarro-llo urbano aplicable, o a falta de éste, previo dictamen de la Comisión de Planificación, los usos de los espacios y de las edificacio-nes, así como la localización y construcción de éstas, referentes a: a) edificios de vivien-das para diez familias o más, y edifi cios con habitaciones colectivas para más de veinte per sonas, como asilos, conventos, interna-dos, fraternidades, hoteles, moteles, campa-mentos turísticos, centros va cacionales; b) escuelas y centros de estudios superiores en general; c) hospitales, maternidades, cen-tros médicos, clínicas, puestos de socorro; d) cinemas, teatros, auditorios, gimnasios, estadios, are nas, autódromos, plazas de toros, lienzos charros, hipó dromos, veló-dromos; e) parques y plazas en superficies mayores de ocho mil metros cuadrados, centros deportivos, balnearios; f) casinos, centros nocturnos, salones de baile; g) mu-

seos, galerías de arte, centros de exposición y salas de conferencias; h) templos y demás edificios destinados al culto, capillas de ve-lación; i) centros comerciales, supermerca-dos, tiendas de depar tamentos, mercados; j) edificios para oficinas de administración pública, fede ral, estatal o municipal, inclu-yendo los correspondientes a organismos descentralizados y concesionarios de ser-vicios públicos, así como los destinados a oficinas de administración privada, de pro-fesionales, de la indus tria, de la banca y del comercio; k) campos militares, centrales y delegaciones de policía, penitenciarias, centrales y estaciones de bomberos y de-más edificios e instalaciones destinados a proporcionar y preservar la seguridad pú-blica; l) industrias pesadas y medianas, in-dustrias peligrosas o molestas de cualquier dimensión, talleres artesanales peli grosos o molestos talleres de servicio peligrosos o mo lestos, bodegas industriales; m) rastros de semovientes y aves, empacadoras, gran-jas para ganadería, porcicultura, avicultura, cunicultura y apicultura; n) edificios para centrales de correos, centrales de teléfo-nos, centrales de telégrafos, edificios para estaciones y torres de radio, televisión y sistemas de microondas; o) terminales y es-taciones de ferrocarriles, de transportes de carga, de transporte de pasajeros urbanos y foráneos, aeropuertos; p) edificios para esta-cionamiento de vehículos; q) edificios para almacenamiento; distribución o expendio de hidrocarburos y otros combustibles.•Autorizar, con base en el plan de desarro-llo urbano aplicable, o a falta de éste, previo dictamen de la Comisión de Planificación la localización de infraestructuras de comu-nicaciones y de servicios públicos.•Determinar, con base en el plan de de-sarrollo urbano aplicable, o a falta de éste,


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previo dictamen de la Comisión de Plani-ficación las funciones que por razones de salubridad, seguridad, comodi dad, bienes-tar o estética no deben desarrollarse en una circuns cripción territorial determinada, sin perjuicio de lo que dispon gan otras leyes.•Autorizar y agilizar, con base en el plan de desarrollo urbano apli cable, o a falta de éste, de acuerdo con los directrices o linea-mientos generales que establezca la Comi-sión de Planificación del Estado, los planos relativos a: a) proyectos de fusión y subdi-visión de lotes, así como fraccio namientos de terrenos urbanizados de los que resul-ten no más de cinco lotes de dimensiones proporcionadas al uso que deba dárseles, o de terrenos rústicos cuando cada una de las porcio nes resultantes queden con una superficie de diez o más hec táreas; b) pro-yectos de parcelaciones o subdivisiones de terrenos por causa de herencia, donación, compraventa, permuta o por cual quier otro título legal entre parientes, en los términos del ca pítulo correspondiente de la presente ley, para facilitar su uso y disfrute; c) ins-talaciones para tomas y descargas de servi-cios públicos en casos específicos de lotes y predios•La Secretaría de Asentamientos Humanos y Planificación del Estado, a través de sus oficinas, despachará los casos no previstos o especificados de acuerdo con los linea-mientos generales que fije la Comisión de Planificación del Estado.•Imponer directamente, o a través de las direcciones competentes, las sanciones y aplicar las medidas y procedimientos coac-tivos previstos en esta ley.•Ejercitar las demás atribuciones que le confieren esta Ley, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, o le encomien de el Gobernador del Estado.

A la Comisión de Planificación del Estado:•Dictaminar los proyectos de planes de de-sarrollo urbano a que se refiere la presente ley, y los proyectos de declaratorias que se requieran para la ejecución de los mismos.

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1. -Periódico Oficial, Monterrey, 30 de noviembre de 1927, páginas 4-6, Decreto 35, nueve artículos.

2.-Periódico Oficial, Monterrey, 22 de febrero de 1928, Tomo LXV, número 15, pp. 1-9, 70 artículos.

3.-Periódico Oficial, Monterrey, 18 de noviembre de 1929, Tomo LXVI, número 91, pp. 1-2, trece artículos.

4.-Periódico Oficial, Monterrey, 25 de noviembre de 1944, Tomo LXXXI, número 95, pp 1-8, treinta y cuatro artículos.

5.-Periódico oficial, Tomo LXXXII, Monterrey, N, L. Miércoles 28 de febrero de 1945, Num. 17, 350 artículos.

6.-Se refiere a la escala de dureza de los materiales creada por al geólogo y minerólogo alemán Frie-drich Mohs (1773-1839).

7.-Termómetro usado para medir la temperatura ambiental. La temperatura registrada es considera-da idéntica a la temperatura del aire. Es uno de los dos termómetros que conforman el psicrómetro.

8.-Periódico Oficial, Tomo LXXXIX, Monterrey, N. L. Miércoles 15 de marzo de 1952 No. 22, de-creto 111, p. 1-11, 61 artículos

9.-Departamento del Plan Regulador de Monte-rrey, Nuevo León, y Municipios Vecinos (1965), Plan Regulador: doctrina, meto dología, labor reali-zada (1962-1965), Dirección General de Planifica-ción del Estado de Nuevo León, Monterrey.10.-Departamento del Plan Regulador de Monte-rrey, N.L. y municipios vecinos. Dirección Gene-ral de Planeación, Monterrey, 1967, 119 páginas.

11.-Periódico Oficial, Tomo CIV Monterrey, N. L. Miércoles 27 de Diciembre de 1967 No. 103, pp. 1-16, 78 artículos.

12.-Periódico Oficial, Tomo CX, Monterrey, N.L., 5 de julio de 1973, número 59, Decreto 203, 38 ar-tículos.

13.-Periódico Oficial, Tomo CXII, Monterrey, N. L., 1 de febrero de 1975, 234 artículos, No. 10, pp. 10-48.

14.-Diario Oficial, Ciudad de México, D. F. a 28 de mayo de 1976, 47 artículos, pp. 19-25.

15.-Fuente: Periódico Oficial, Tomo CXVII, nú-mero 14, Monterrey, N. L., viernes 1 de Febrero de 1980.


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Una empresa a través de los siglos: Cervecería Cuau-htémoc Moctezuma FEMSA.P. 51 “Obreros de Cerveceria”

Directorio

Idea y ProyectoAdalberto Madero Quiroga

Coordinación GeneralJosé Antonio Olvera

Coordinación EjecutivaEduardo Cázares

Coordinación EditorialErnesto Castillo

Coordinación de DiseñoMónica Arroyo

Diseño GráficoWendolyne AlemánBelinda Wong

ImagenMelissa Villarreal

FotográfosEric LaraJesús EscandónDiana SalazarBrenda SánchezJessica JaramilloTere González

Correctores de estiloAbel GarzaAna NarváezLuis Enrique GómezRodrigo NavarroJosé Ángel AnguianoTeresa Villarreal

Esta obra se terminó de imprimir en septiembre de 2009,en los talleres de Imprenta Plata Monterrey, Nuevo León. Se tiraron 1000 ejemplares más sobrantes para reposición.

libro monterrey origen y destino

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