La ley mordaza y el ejemplo francés

Ricardo Leiva, doctor en comunicación y académico de la Universidad de los Andes

Resulta tremendamente paradójico que justo en estos días en que aquí se daba a conocer la

noticia de que se perseguirá con cárcel a los funcionarios y periodistas que filtren informaciones

judiciales, en Francia se anuncie la dictación de un estatuto especial para proteger jurídica y

financieramente a quienes revelen datos que permitan descubrir actos de corrupción. Según Emol,

el Estado francés asumirá la defensa de quienes filtren esas informaciones por el riesgo que

asumen al denunciar “hechos dañinos para el interés general".

En Chile, en cambio, gracias a la indicación que introdujo el ministro del Interior Jorge Burgos y

que fue aprobada por el Senado pleno durante la tramitación de la “Agenda corta anti-

delincuencia”, se perseguirá penalmente a los funcionarios y periodistas que divulguen

informaciones judiciales clasificadas, lo que representa una seria y grave amenaza a la libertad de

expresión, pues la legítima aspiración de las autoridades de proteger la intimidad y la honra de

quienes se ven envueltos en procesos judiciales, no puede traer aparejada la amenaza de

encarcelar a los periodistas que divulgan documentos reservados.

Es propio de la función de los periodistas conseguir y divulgar documentación y comunicaciones

interesantes e importantes para el público, aunque ellas sean guardadas bajo reserva por el

Estado, el que suele evitar la divulgación de muchos textos con el pretexto de que no se viole la

seguridad nacional o se ponga en riesgo la integridad de ciertas personas. Esta tensión entre el

Estado y los medios ha existido siempre, pero en los países desarrollados se ha optado por

proteger a los periodistas, garantizándoles ciertas prerrogativas especiales como la de negarse a

revelar sus fuentes o dándoles la razón cuando se han enfrentado al Estado en casos tan

paradigmáticos como el de los “papeles del Pentágono” que enfrentó al New York Times con el

gobierno de Nixon.

Sin una protección social explícita, los periodistas no pueden cumplir a cabalidad su función

fiscalizadora. Como explica la doctora en Derecho de la Universidad de Navarra Ana Azurmendi,

“el ejercicio del periodismo comporta una forma especialmente protegida de ejercitar los

derechos a la libertad de expresión y a la información, dada la trascendencia social de su

actividad”. Si los periodistas se exceden o abusan de esa protección social, deben responder ante

sus propios medios o ante los consejos de ética de las asociaciones profesionales, los que por

cierto operan y emiten sanciones en Chile. Lo que no ocurre en ninguna democracia consolidada

es que los periodistas vayan a la cárcel por realizar su trabajo. Por eso, es de esperar que esta

indicación introducida en la Cámara Alta con ligereza y poca atención, como reconocieron algunos

de los propios senadores que la aprobaron, sea rápidamente derogada o corregida, so pena de

dañar gravemente los cimientos de nuestra democracia.