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D E R E C H O E N S O C I E D A D , N . º 3 . J u l i o d e 2 0 1 2

Revista Electrónica de la Facultad de Derecho, ULACIT – Costa Rica

La pena de muerte en los Estados Unidos de América después de la crisis del 2008: ¿puede la economía ser un incentivo para disminuir las sentencias y ejecuciones? Melissa Benavides Víquez1

Recibido el 22 de abril de 2012 Aprobado el 25 de junio de 2012

Resumen Después de la crisis económica del 2008 en los Estados Unidos, fue necesaria una profunda estructuración y recortes económicos. La justicia no estuvo ajena a estos cambios; no obstante, los programas afectados fueron aquellos necesarios para la prevención del crimen, mientras que la pena de muerte se mantuvo intacta a pesar de que se había demostrado lo altamente costoso que significaba mantenerla en el ordenamiento como forma de castigo, máxime cuando no ha sido posible definir claramente si tiene o no un efecto disuasorio en la conducta criminal. Palabras clave Crisis económica, pena de muerte, economía del crimen

1 Licenciada en Derecho, Universidad Escuela Libre de Derecho. Actualmente cursa la Maestría en Derecho y Economía de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Becaria académica de la Organización de Estados Americanos 2011-2012. E-mail: [email protected]

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Abstract After the 2008 economic crisis in the United States, a profound economic restructuring and cutbacks were necessary. Justice was part of these changes, however the programs affected were those necessary for the prevention of crime, while the death penalty remained intact although it had proved that it was very expensive to keep it in the order meant as a way of punishment, especially when it was not possible to clearly define whether or not is a deterrent to criminal behavior. Keywords Economical crisis, Death Penalty, Economics of crime Introducción Los Estados Unidos, país de mayor influencia política y económica de la región americana, es uno de los que más condenas de muerte produce en el mundo, junto con Arabia Saudí, China, Irán y Yemen, estados que ejecutan al mayor número de sentenciados por año (Monge, 2011, p.1 ). Actualmente, en el país anglosajón, 36 estados cuentan con la pena máxima dentro de sus ordenamientos. La comunidad internacional ha logrado grandes avances hacia la abolición de la pena de muerte en el mundo, desafortunadamente el país del norte ha vuelto la vista al lado, creando una posición de carácter “excepcionista” a su favor. Ejemplo de lo anterior fue el caso de la notificación realizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 14 de junio de 2010, concediendo medidas cautelares a dos personas que esperaban en el pasillo de la muerte. Dichas medidas cautelares se otorgaron como respuesta a sendas peticiones de defensores de los derechos humanos que alegaban violación de los principios consagrados en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del

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Hombre, irregularidades en el procedimiento penal, la falta de garantías procesales y el encarcelamiento prolongado, las cuales constituían una pena cruel e inhumana. Sin embargo, posteriormente ambas personas fueron ejecutadas. El 21 de junio de 2010, la Comisión condenó las ejecuciones judiciales llevadas a cabo, en contra de las medidas cautelares que dicha Comisión había reconocido a los peticionarios (Informe del Secretario General de Naciones Unidas. 2010. Moratoria del uso de la pena de muerte). La crisis económica del año 2008 trajo consigo consecuencias inesperadas para los Estados Unidos; una gran vulnerabilidad económica y financiera quedó expuesta, lo que produjo que muchas compañías quedaran en la bancarrota, a pesar de los intentos del Estado por inyectar presupuesto como estrategia de salvamento. Inevitablemente, la crisis alcanzó a las personas y esto, como un efecto de bumerán, se reflejó en su institucionalidad. El sistema judicial no fue la excepción: una profunda recesión motivó la toma de medidas extremas para estirar el pobre presupuesto que les fue otorgado, causó despidos de policías y defensores públicos; liberalización anticipada de privados de libertad, cierre de departamentos judiciales, muchos juzgados se vieron en la necesidad de aplazar juicios, e inclusive la disminución de la jornada laboral a medio día o hasta un día por semana para ahorrar costos (Cook, T 2009 p.1). En cada sector del Poder Judicial, Policía, Fiscalía, Defensa Pública y prevención del crimen, los gobiernos comenzaron a eliminar los programas más caros y preservar los más económicos (Death Penalty Information Center, 2009b, p. 13). Cuando los ojos fueron puestos sobre la pena capital, el debate fue retomado en cifras y las conclusiones reafirmaron lo que las máximas autoridades en materia criminal habían venido advirtiendo desde hacía muchos años atrás: la pena de muerte, además de ser un proceso sin beneficios claros, tiene un costo económico absurdamente alto.

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A partir de la crisis, las decisiones judiciales comenzaron a valorar la aplicación de medidas “menos costosas” como la cadena perpetua sin libertad condicional, con un valor de un tercio con respecto a la pena capital (Monge, 2011, p. 1). Grandes esfuerzos ya se estaban realizando para abolir la pena de muerte desde los derechos humanos, no obstante, la crisis obligó a la toma de decisiones radical y a una evaluación seria de la administración de los recursos, donde se ponderaban desde empleos, programas sociales, compra de equipo, hasta el aumento en los índices de criminalidad, la accesibilidad a la justicia por el cierre temporal de las cortes y aplazamiento de juicios. El poco presupuesto versus el alto costo de mantener una medida denominada ineficiente por las autoridades, fueron los nuevos argumentos centrales para retomar la discusión en un momento cuando, además de cuestionarse la brutalidad de este castigo, su costo económico es tomado en cuenta como medida de austeridad y fue particularmente sentido en una sociedad en convalecencia económica. Este artículo tendrá como propósito la exposición de la discusión de las autoridades policiales y judiciales en los Estados Unidos de América en relación con mantener la costosa pena de muerte luego de la crisis económica del 2008; se expondrán los argumentos más comunes a favor y en contra de esta forma de castigo, así como algunas cifras sobre costos, sentenciados y si una breve exposición, desde el Análisis Económico del Derecho, sobre si efectivamente es una medida disuasoria de la conducta delictiva.

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1.- La pena de muerte como forma efectiva para disuadir el crimen. El debate sin fin

“Alguna que otra vez, Gary comentaba que, después de tantos años en la cárcel,

sentíase más víctima que malhechor” La canción del verdugo.

Norman Mailer

En la actualidad, persiste el debate a favor y en contra de la efectividad de la pena de muerte; existen organizaciones internacionales, foros y corrientes políticas que defienden ambas posiciones con vehemencia, por lo que la discusión resulta altamente enriquecedora, puesto que los argumentos van desde interpretaciones de los derechos humanos hasta justicia, razones religiosas, etc. En adelante se expondrán los puntos principales que sustentan sus más fuertes argumentaciones, y seguidamente se hará un análisis, un poco distinto, sobre si realmente resulta disuasoria la pena máxima. 1.1.- Argumentos a favor de la pena de muerte Aquellos que se declaran a favor de la pena capital indican entre sus principales argumentos: 1) Fundamentos religiosos: uno de los argumentos más antiguos se sustenta por un lado, en motivos religiosos, la Ley de Talión: "Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente"; se encuentra nombrada en el Antiguo Testamento. Si bien la religión no es importante dentro de los procedimientos de la pena de muerte en los Estados Unidos, los motivos religiosos son muchas veces utilizados dentro del debate moral y los textos bíblicos han sido influyentes dentro de los movimientos seculares. Se ha interpretado que la prohibición bíblica “No matarás”, se refiere a los casos individuales de homicidio. De conformidad con el

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estudio de Dudley Sharp de la organización Justice for al del Death Penalty and Sentencing Information Center, los estudios religiosos que justifican la pena capital han indicado que no existe prohibición expresa dentro del texto, que le prohíba al Estado la imposición de la pena de muerte ( 1997, p. 22). 2) Razón de justicia: las Teorías Absolutas de la pena, cuya máxima era la pena justa (punitur quia peccatum est) se basan en la libertad e igualdad naturales de todos los seres humanos. Cuando alguno comete un delito, se debe otorgar al autor una pena equivalente al mal que ha ocasionado como forma de resarcimiento a las víctimas o sus familiares (Peregrina X, Ruíz, P, Sauret, M, Simon, G Vilalta, 2000, p. 27). 3) Utilidad social: las Teorías Relativas responden a la pregunta para qué castigar. Precisamente, una de las respuestas a esta pregunta da fundamentación a la pena de muerte. Concretamente, la Prevención General Negativa se basa en la idea de crear contramotivos en los transgresores potenciales (Zaffaroni, 2002, p. 57). Según esto, la pena de muerte resulta intimidatoria y crea un carácter disuasorio. Sin duda alguna, si el individuo es racional, y hace un balance sobre las ventajas y desventajas de cometer un crimen, la pena de muerte evitaría que el infractor tuviera beneficio alguno. 3) Fuga o reincidencia: si el sujeto delincuente consiguiera escapar del control penitenciario, podría cometer los mismos delitos. Desde la tipología de los delincuentes natos desarrollada por Lombroso, el cual padecía de algún tipo de patología, se justifica que no es posible la resocialización de un malhechor y, por lo tanto, la única política criminal viable era la eliminación del sujeto (Peregrina, X y otros, 2000, p.19). Una tendencia más extrema a favor de la pena de muerte cree que a cambio de la vida de los asesinos, se salvan la vida de inocentes y, por ende, si no hay un efecto disuasivo general y que no se ejecutan asesinos, se sacrifican otras vidas. Si bien el efecto disuasivo puede ser estadísticamente difícil de medir, la

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disuasión individual puede presentar un argumento fuerte para justificar las ejecuciones (Sharp, 1997, p.5). 4) El riesgo de error judicial es mínimo: dentro del proceso de pena de muerte en los Estados Unidos, existen al menos 28 procedimientos judiciales para alcanzarla, entre los más importantes se encuentran: 1.- el delito debe estar tipificado dentro del Código Penal; 2.- en Texas, una junta de fiscales de distrito determina si el caso amerita la pena de muerte de conformidad con el Código Penal; 3.- un jurado debe acusar al sospechoso a la pena capital; 4.- el fiscal debe probar al juez con evidencia los hechos; 5.- el acusado tiene derecho a representación por parte de dos abogados; 6.- los fondos para la investigación deben ser provistos por el condado; 7.- la selección del jurado puede tomar de 3 a 12 semanas y estos no deben conocer absolutamente nada del acusado; 8.- debe realizarse un juicio; 9.- la carga de la prueba es del estado; 10.- la decisión del jurado debe ser por unanimidad más allá de la duda razonable; 11.-el jurado debe tomar en cuenta las circunstancia atenuantes, si solamente uno de los integrantes considera que merece indulgencia, no es posible imponer la pena de muerte; 12.- si la pena de muerte es impuesta, el sentenciado recibe un derecho de apelación inmediato con sus respectivos abogados a cargo del condado; 13.- a través de la corte del estado y la federal, el estado paga los habeas corpus de los sentenciados para ambos niveles, el federal y el estatal; y 14.-los condenados tendrán oportunidad de audiencia ante la corte federal y la estatal para clamar su inocencia (Sharp, 1997, p. 20 ). Según lo anterior, las garantías judiciales del proceso permiten que sólo se condene a los culpables reales de los hechos delictivos. De conformidad con estos procedimientos, los sentenciados tienen seis veces más de probabilidades de eximirse de la pena de muerte mediante apelaciones que de ser ejecutados (Sharp, 1997, p.21).

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1.2.- Argumentos en contra de la pena de muerte Los que se manifiestan en contra de la pena capital, en cambio, exponen que el castigo no surge como una concesión y mucho menos es un derecho; es un acto de fuerza en el que se juzga la destrucción física, aunque la ley la tenga legitimada como forma de restablecer lo justo y la armonía social (Neuman, 2006, p.2). Entre los principales puntos que reprochan el castigo máximo se encuentran: 1.- De conformidad con Amnistía Internacional (2007), la pena de muerte no tiene efectos disuasorios contra la delincuencia violenta ni da un sentido de protección a la sociedad: para el 2004, en Estados Unidos el índice medio de asesinatos en los estados con pena de muerte fue de 5,71 por cada 100.000 habitantes, pero en los estados sin la pena capital fue sólo de 4,02 (p.4). Este argumento presupone que los delincuentes realizan un análisis costo-beneficio sobre las consecuencias de ser atrapados, y consideran aceptable una pena de prisión de larga duración, pero no así la ejecución. Las estadísticas criminales demuestran que muchos delitos se cometen en el calor del momento, y es poco probable que la pena influya en su comisión. De hecho, la pena de muerte puede provocar más violencia. Por ejemplo, si el secuestro y el homicidio se castigan ambos con la muerte, el costo será el mismo para el ladrón si, además, asesina a una persona que ha privado de su libertad. Para el caso de la defensa nacional (terrorismo): las personas dispuestas a cometer actos de violencia para aterrorizar a una sociedad asumen el riesgo de los graves daños físicos que pueden sufrir. Las ejecuciones de ese tipo son publicidad para los grupos a los que pertenecen y crean mártires, que a su vez pueden atraer nuevos adeptos para la causa (Amnistía Internacional, 2007, p. 5). En relación con las drogas, en los países que tienen tipificada la pena capital por narcotráfico (por ejemplo China, Irán, Malasia y Singapur), no existe prueba

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contundente de que esta sea una medida disuasoria, ni tampoco sus índices de este delito han demostrado variar sustancialmente (Amnistía Internacional, 2007, p. 4). 2.- Error judicial: uno de los costos más altos de la pena capital. No es posible una indemnización al sujeto inocente en caso de ser condenado por error. Si bien el proceso es largo y con sendas oportunidades procesales, no es infalible; por ende, el carácter irrevocable y la crueldad inherente a la pena convierten en gravísima la imposibilidad material de una compensación al sujeto por el error (Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, 1990, p.9). De igual modo, aunque el condenado logre comprobar su inocencia, el proceso es largo, por lo que un sentenciado puede pasar en el pasillo de la muerte un promedio de 10 a 20 años. 3.- Selectividad del sistema (etnias y condición económica): actualmente existe una selectividad penal con respecto a los sujetos “elegidos” por el sistema por su condición racial y adquisitiva. Por ejemplo, la diferencia de recursos económicos que existe entre las clases sociales influye obviamente en las posibilidades de una asistencia letrada. Este factor es importante en Estados Unidos, en donde el costo de defensa es muy elevado y las clases bajas no pueden costearlo, lo que significa, con mucha probabilidad una sentencia condenatoria. De la misma manera, un estudio del año 2005 publicado en la Revista de Ley de Santa Clara, en California, descubrió que los que mataron blancos tienen una probabilidad 3 veces mayor de ser condenados a muerte que los que mataron afroamericanos, y 4 veces mayor que los que mataron latinos (Centro de Información sobre la Pena de Muerte, 2011, p.2). 4. - Costes económicos: de acuerdo con el Death Penalty Information Center (2009b), actualmente, sólo el 1 por ciento de los jefes de policía estadounidenses consideraban ampliar el uso de la pena de muerte como medida prioritaria para prevenir la delincuencia violenta. Dicho informe, aconsejó “abolir

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la enormemente costosa e inútil pena de muerte que está drenando los presupuestos estatales” (p.9). Para computar sus números reales, es necesario tomar en cuenta los costos de la ejecución, pero también el costo de todo el proceso judicial (apelaciones, jueces, abogados defensores, jurado, peritos, médicos, etc.). Un proceso, por ejemplo en Texas, puede durar hasta 20 años (Death Penalty and sentencing information center. 2001). El estado de California, el cual tiene el número más alto de sentenciados (721), gasta alrededor de $137 millones cada año en la pena de muerte y no ha efectuado una sola ejecución desde el 2009. En segundo lugar aparece Florida con 398 sentenciados y un gasto de alrededor de $51 millones por año, que asciende a $24 millones por cada ejecución que se lleva a cabo; ha realizado apenas siete ejecuciones desde el 2009. En Texas (321) con 58 ejecuciones en el mismo periodo, la cifra es muy similar y supone tres veces el costo de tener a alguien encerrado en una cárcel de máxima seguridad durante 40 años (Death Penalty and sentencing information center. p 15 ). Los “casos de excepción” son otro elemento que, cuando se presentan, encarecen el proceso aún más; por ejemplo, en Texas, cuando la ejecución por inyección letal es fallida, un equipo médico debe curar al condenado y ponerlo en condiciones normales para que siga o se fije una nueva fecha para la ejecución. De de igual manera, cuando el sentenciado intenta suicidarse, deberá ser curado durante todo el tiempo que fuese necesario para entregarlo “sano a la muerte” (Neuman, 2006, p.13). La soberanía de los países para crear normas es reconocida internacionalmente, no obstante, deben formularse dentro de los límites del respeto de los derechos humanos. Si bien, en materia de criminalidad la opinión pública se muestra cada vez más a favor de la pena capital, es importante recordar que a lo largo de la historia abundan los ejemplos de violaciones de derechos humanos que contaron

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con el respaldo de la mayoría: la esclavitud, la segregación racial, el genocidio, el holocausto y los linchamientos recibieron en general la aprobación de las sociedades en las que se produjeron, pero constituyeron faltas graves de los derechos de las víctimas. Para las autoridades policiales norteamericanas, el gasto que representa mantener la pena de muerte tiene muy poco sentido, en tiempos cuando la crisis aumentó la tensión social, los índices delictivos incrementaron y un porcentaje importante de la población se encuentra en riesgo. Las cifras obtenidas de Amnistía Internacional (2007) indican que en los Estados Unidos, la cifra penitenciaria es de 2,2 millones de personas y sólo alrededor de 3.000 están condenadas a muerte; es absurdo que se destinen tan valiosos y escasos recursos en una población tan pequeña de internos. Por otra parte, se plantea la discusión sobre la pertinencia de poder utilizar menos esta figura o inclusive abolirla, con el fin de poder liberar fondos para programas realmente efectivos de disuasión del crimen. 1.3.- ¿Disuade del crimen la pena de muerte? Una breve perspectiva desde el análisis económico del derecho El análisis económico del Derecho, nació en los Estados Unidos, en los años sesenta con el ensayo “El problema del costo social” de Ronald Coase, el trabajo de Guido Calabresi, sobre los accidentes de tránsito y el de Gary Becker sobre los delitos y las penas (Spector, 2004, p.7). El gran aporte de estos análisis fue demostrar mediante las instituciones económicas (análisis costo-beneficio, teoría de precios, teoría de juegos, incentivos, aplicación de la microeconomía, etc.), que las normas jurídicas creaban costos y beneficios para la realización de acciones. Por ejemplo, la pregunta ¿las penas más duras disuaden de las conductas criminales?, puede ser respondida con un razonamiento económico: para los economistas, la gente responde a los precios y, por ende, los asimila a

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las sanciones, puesto que ambos pueden ser “tarifas” sobre el comportamiento (Cooter, 1987, p.2). Una sanción es un detrimento a causa de una conducta realizada por un individuo por hacer lo que está prohibido, así como un precio es la suma de dinero exigido por una transacción que está permitida (Cooter, 1987, p.4). En contraste, un precio modifica la conducta del individuo sobre un bien ―comprar más o menos cantidad―, en el tanto esté de acuerdo en pagar el precio exigido; así un individuo tendrá más o menos sujeción a obedecer una ley si esta tiene la razonabilidad del castigo, lo suficientemente intimidatoria como para disuadir del comportamiento delictivo. Por ejemplo, si el robo agravado se castigara con la pena de muerte, el “costo” será el mismo para el infractor si, además, asesina a la víctima al tratar de huir. Para el caso específico de la pena de muerte, la “eliminación” del infractor bajo el consentimiento estatal sería el precio por pagar si se cometiera una infracción tipificada con esta pena, en contraposición de la mera “incapacitación” del encarcelamiento (Cooter y Ulen, 1998, p.602), ¿tendría un efecto disuasorio efectivo la imposición de muchas condenas de este tipo en relación con la conducta delictiva? 1.3.1.- El estudio de Ehrlich Uno de los más famosos estudios empíricos ―vale la pena mencionar que casi todos los estudios sobre este tema son de este tipo― sobre la pena capital fue el realizado por el economista y académico estadounidense Isaac Ehrlich, quien supuso que el homicida potencial equilibrará el castigo esperado con el beneficio esperado. Consideró que los costos esperados por el delincuente dependen de tres variables: la probabilidad de ser arrestado por el delito, la probabilidad de obtener una condena por homicidio y la probabilidad de la ejecución si hay una condena. Concluyó que la tasa de homicidios se correlaciona de forma negativa

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y significativa con cada una de las tres medidas de la disuasión. Según los datos utilizados para el periodo de tiempo en los Estados Unidos (1933-1969), el modelo predecía que el efecto disuasión más fuerte sobre los homicidios surgiría de la probabilidad del arresto; luego seguiría un incremento de la probabilidad de la condena y finalmente un incremento de la probabilidad de la ejecución. La más dramática de las conclusiones del estudio era que una ejecución adicional por año disminuía en siete u ocho homicidios menos por año. No obstante, los críticos descubrieron varias deficiencias estadísticas en el estudio; como primer punto, las tasas de homicidios podrían ser una función lineal de las variables independientes, una función multiplicativa, una función logarítmica o alguna otra cosa. El académico no ofreció ninguna razón persuasiva para la forma funcional con la que realizó sus cálculos, pero se demostró que un cambio de la forma funcional alteraba sus resultados. Una segunda deficiencia indicaba que los resultados del estudio fueron demasiado sensibles al periodo en que se hicieron las estimaciones. Para los últimos años del periodo del estudio (1933 -1969), el número de las ejecuciones bajó aceleradamente de 47 en 1962 a 2 en 1967, y a 0 en 1968 y 1969. Durante esos mismos años, las tasas delictivas aumentaron drásticamente. De la misma manera, se descubrió un problema teórico, Ehrlich descubrió que el número de homicidios era una función inversa de la probabilidad de ser condenado por homicidio, lo que implica que, entre mayor sea la tasa de condenas por homicidio, menor será el número de homicidios. Esto podía tener resultados paradójicos tales como, que los jurados sabían que si condenaban a un acusado de homicidio, las probabilidades de la pena capital serán mayores. Por ende, era posible que los jurados se resistieran a condenar por homicidio en primer grado, se cumplía entonces el enunciado inverso: la mayor utilización de la ejecución como el castigo de ciertos homicidios podría generar menos condenas.

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Algunos casos sobre este tipo fueron estudiados en Gran Bretaña. Antes de abolir la pena de muerte en 1965, los acusados declarados incapaces no podían ser ejecutados. Como era de esperarse, el número de británicos declarados incapaces bajó luego de 1965 cuando se abolió la pena máxima, sin que eso significase una mejora repentina en la salud mental de la clase delincuencial (Cooter y Ulen, 2004, p.606). Otros estudiosos del análisis económico del Derecho han dado su aporte, Donohue III y Wolfers en el ensayo “Uses and Abuses of Empirical Evidence in the Death Penalty Debate”, compararon los estados sin pena de muerte con los que sí la tenían, analizaron los efectos de la decisión Furman y Gregg ―la decisión de la Corte Suprema de Justicia denominó a la pena de muerte “arbitraria y caprichosa”, más de 600 condenados vieron sus condenas reducirse a cadena perpetua y todos los estados fueron requeridos a reescribir sus leyes sobre la pena de muerte (Donohue,J y Wolfers, J, 2008, p.2)―, comparando los estados afectados con los no afectados. Para esto, encuestaron a los panel de data desde 1934, se analizó una serie de enfoques de variables instrumentales y se analizaron dos estados específicos sobre la situación de la moratoria de ejecución. Ninguno de estos enfoques sugirió que la pena de muerte tuviese grandes efectos sobre la baja en la tasa de homicidios.

Para Posner (2005), el análisis costo beneficio sobre la pena de muerte se enfrenta a dos grandes problemas: el primero es poder estimar los efectos disuasivos de la pena capital, y el segundo es que es necesario ponerle un valor a la vida, tanto de las víctimas como de los ejecutados, con el fin de poder realizarlo. Según el economista, para el primer problema, se puede volver a repasar el estudio de Ehrilch, que como se vio concluyó que sí era posible producir un efecto disuasivo; para el segundo problema, la pena de muerte se

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podía limitar a los casos de homicidio. No obstante, también recalcó que por medio hay vidas en ambos lados de la balanza y que tanto valor tiene la vida de las víctimas como de los ejecutados, para llegar a la conclusión de que la pena de muere pueda llegar a producir importantes beneficios.

Para ahondar sobre más estudios sobre el análisis económico del castigo, vale la pena repasar los aportes de Becker (2005), y Cooter y Ulen (1998), de donde se extrajo el experimento anterior, y otros más que ahondan desde diferentes perspectivas los aspectos sobre el enfoque económico de la pena de muerte, el costo social del alza de las penas, beneficios óptimos, teoría de precios y eficiencia, y eficacia de la ley. En conclusión, ni el estudio de Ehrilch, ni los grandes debates sobre el tema pueden concluir definitivamente que la pena capital tenga un efecto disuasorio efectivo. Se ha demostrado en la literatura que no todos los infractores están dispuestos a “pagar el precio” de perder la vida y, por el contrario, puede darse el efecto contario. De la misma manera, se ha demostrado que mantener la pena capital tiene un costo económico muy alto, basta con mirar algunas de las cifras expuestas en este artículo, así como las fuentes que fueron consultadas. Otro aspecto fundamental es el costo social que implica, es decir, la renuencia de los jurados a cargar con una pena de muerte “en sus conciencias”, así como mantener un castigo contrario a la práctica de los derechos humanos, en una realidad que más bien exige ir evolucionando hacia un sistema de igualdad, de inclusión y de solidaridad. No se debe dejar de lado que una de las principales razones principales del incremento de delincuencia, puede explicarse desde la exclusión social y los problemas ocasionados por la mala distribución de la riqueza. Por ende, lejos de centrarse en formas de castigo, es importante reforzar las políticas de prevención del crimen, e irónicamente estos programas

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fueron los primeros en ser eliminados dentro de las medidas de recorte de presupuesto. Es posible aplicar y analizar con supuestos económicos muchas circunstancias en conjunto con el derecho, de hecho sería lo óptimo, puesto que la economía sigue siendo una ciencia social que ha sido poco a poco “marginada”, tal vez por su método altamente numérico y abstracto, basado principalmente en predicciones de comportamiento a futuro de individuos y mercados, antagónico a la evolución de la norma jurídica como un registro reiterativo de conductas pasadas, iniciando por el uso, luego la costumbre hasta ser incorporada al ordenamiento como deber ser por parte de la sociedad. 2.- ¿Podrá la economía detener la pena de muerte?

“¿Es la economía, estúpido!”

Lema de la campaña presidencial de Bill Clinton, 1992

En el 2008, el estallido de la crisis provocó en Estados Unidos más despidos que en cualquier otro año desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Con una cifra de 2,6 millones de desempleados, la más alta en 16 años, la mayoría de los recortes registrados en diciembre se ubicaron en el sector de servicios, que eliminó 273.000 empleos, en el sector manufacturero se despidieron 149.000 puestos, mientras que los empleos en el área de la construcción disminuyeron en 101.000 (BBC Mundo.com, 2009) . Algunos de los que por suerte no perdieron sus empleos vieron sus horas de trabajo reducirse. Como era de esperarse, al verse comprometidas las finanzas de la población, inmediatamente los consumidores redujeron sus gastos (Baldas, 2009 p.1), en medio de un ambiente de gran incertidumbre, haciendo el problema mayor en el momento macroeconómico menos propicio.

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2.1.- Cuando el sistema judicial fue alcanzado por las cifras rojas Como era de esperarse, la crisis se reflejó en la institucionalidad, en especial para el poder judicial y la policía. En el 2009, los estados que tenían la pena de muerte sintieron más severos los recortes en sus sistemas judiciales, con lo que se comprometió seriamente el acceso y la administración de la justicia, tal: • En Florida, las cortes perdieron el 10 % de sus fondos, al mismo tiempo que las hipotecas se aceleraron (Death Penalty Information Center, 2009b, p 12). • El Comité de Asignaciones del Senado de Georgia recortó el presupuesto de la oficina de defensores públicos a 513.000 dólares, menos del 15 % de lo que el gobernador Sonny Perdue, en ese momento había recomendado para cubrir los gastos. El gobernador había pedido originalmente $3.6 millones (Death Penalty Information Center, 2009, p.1). • Los defensores públicos en Kentucky, Tennessee y Florida sobrecargaron sus posibilidades con el número de casos de 400 delitos al año, a pesar de que las normas nacionales establecen un límite de 150 (Death Penalty Information Center, 2009, p 13). • Organizaciones de servicios legales que ofrecían ayuda a los clientes indigentes en materia civil dependían de los ingresos de las tasas de interés que están vinculados a la tasa de interés de referencia de la Reserva Federal. Cuando esa tasa se redujo casi a cero, muchas organizaciones de servicios legales se vieron obligadas a recortar al 20% del personal, justo cuando sus servicios eran más necesarios (Death Penalty Information Center, 2009, p 13). • Filadelfia tuvo que dejar 200 plazas de policía sin llenar (Johnson, 2009, p 1). • En New Hampshire, los juicios con jurado civil y penal eran suspendidos hasta por un mes para ahorrar dinero en las dietas; solamente en un condado, 77 procesos penales se retrasaron hasta seis meses (Baldas, 2009, p. 1). Una encuesta realizada por el Foro de Policía Ejecutiva de Investigación, encontró que el 39 % de los departamentos de policía que respondieron

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manifestaron que sus presupuestos de operación estaban siendo cortados por la crisis económica, y el 43 % dijo que la falta de recursos había afectado su capacidad para prestar servicios (Baldas, 2009, p. 1). Esto es una parte del costo que tuvo que asumir el sistema judicial, la policía y las organizaciones civiles durante el primer periodo de la crisis. Claramente, la eliminación de la pena de muerte no tiene una relación directa con la solución de estos problemas, no obstante, el ahorro del dinero utilizado para mantenerla sí. Donde ha sido posible realizar análisis de costos, se ha contabilizado que los gastos de la pena de muerte se acercan a los 10 millones de dólares al año, en contraposición con el salario de un oficial nuevo de policía (o maestro o conductor de la ambulancia) al que se le paga $ 40.000 por año (Death Penalty Information Center, 2009b, p. 14). Este dinero puede ser utilizado para financiar a 250 trabajadores adicionales en cada estado y asegurar una mejor comunidad. La discusión continuó al punto de sorprender la insistencia en mantener una costosa e inútil pena de muerte, mientras que en otras instancias, se refutaban fondos para programas sociales y servicios comunitarios esenciales. Si los millones de dólares que se gastan en la pena capital fueran mejor invertidos, por ejemplo, en los casos de homicidios sin resolver, en la modernización de laboratorios forenses y expansión de la prevención efectiva de la violencia, los índices de criminalidad tendrían una tendencia a disminuir y con ello un uso más provechoso de los impuestos pagados por los ciudadanos (Death Penalty Information Center, 2009b, p. 20). 2.2.- El debate planteado en cifras. La crisis como incentivo para abolir la de pena de muerte Las cifras de las ejecuciones en Estados Unidos, para el año 2011, han decrecido un 12 % comparado con el año 2009 y más del 50 % desde 1999 (Monge, 2011, p. 1). Para el 2010 se ejecutaron 46 personas y para el 2011, la

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cifra bajó a 36, mientras que la cantidad de nuevas sentencias es casi el mismo que en 2009, la más baja en 34 años (112) (Monge, 2011, p. 1). En el estado de Texas (el que más sentencias y ejecuciones realiza al año), para el 2010 se reportó una disminución a su punto más bajo en los últimos 35 años, dejando en claro que existe por parte de autoridades y jurados menos voluntad de imponer este tipo de sanción (Notimex, El Siglo de Torreón, 2009, p. 1). ¿Cuáles son las nuevas valoraciones que influyeron en las decisiones judiciales? ¿Qué pueden ponderar las autoridades actualmente sobre la pena de muerte que no se haya debatido en el pasado? Con respecto a los argumentos a favor de la vida, si bien han sido retomados de distintas formas, sus fundamentos esenciales no han cambiado sustancialmente: la dignidad, la irracionalidad, la desproporcionalidad del castigo y la injusticia, entre otros. Varios factores pueden ser la respuesta a la disminución de este tipo de sentencias: la introducción en el 2005 de condenas de cadena perpetua sin derecho a la libertad condicional, mejoramiento de las técnicas forenses, inclusive se ha dicho la falta de credibilidad en la justicia (Notimex, El Siglo de Torreón, 2009, p.1), pero definitivamente el costo de la pena de muerte es uno de los puntos más significativos que produjo el dilema para los fiscales de distrito. Tal fue el caso en Florida, el presupuesto luego de la crisis, ha dejado sin fondos a la oficina de los fiscales de estado, al punto de considerar no utilizar la pena de muerte. Harry Shorstein, fiscal de distrito, recientemente explicó la afectación de los fondos en la administración de justicia: “Existen casos que no podrán ser llevados a juicio, estamos a punto de la quiebra (…). En vez de utilizar la pena de muerte tendremos que utilizar otra cosa” (Death Penalty Information Center, 2009b, p.14). Durante el 2009, once legislaturas estatales (Colorado, Connecticut, Illinois, Kansas, Maryland, Montana, Nebraska, New Hampshire, Nuevo México, Texas y

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Washington) empezaron a considerar la abolición de la pena de muerte, los altos costos fueron uno de los argumentos centrales en el debate. La misma discusión tomó lugar en el 2004 en Nueva York, donde se reportó un gasto de $170 millones; y en el 2006, Nueva Jersey gastó $253 millones, luego de 9 años sin ejecuciones el primero y 25 el segundo, por lo que ambos se plantearon seriamente abandonar la pena de muerte en ese momento y en la actualidad no cuentan con dicho castigo dentro de sus ordenamientos (Death Penalty Information Center, 2009b, p.14). Dentro de la búsqueda de soluciones, han surgido propuestas “intermedias” que proponen mantener la pena, pero mitigando sus costos; no obstante, por la misma naturaleza del proceso, debe dotarse de amplias garantías y herramientas abundantes. Entre las propuestas se encuentran: 1) Controlar el proceso de apelaciones: para mitigar el costo del error judicial, es importante que la defensa pueda presentar los alegatos que, dentro de las prácticas leales al proceso, pueda utilizar para realizar una defensa plena. Con esto, el riesgo de ejecutar un inocente disminuye y al mismo tiempo, se aseguran las garantías necesarias contenidas en la constitución. Desde 1973, 138 personas han sido exoneradas y liberadas de la pena de muerte. En la mayoría de los casos, las apelaciones fueron críticas para evitar un juzgamiento injusto y permitir un nuevo juicio (Death Penalty Information Center, 2009b, p. 18). 2) Limitar los gastos del juicio: una debida defensa a la cual se les ha proporcionado los recursos suficientes, aumenta las probabilidades de llegar a conseguir la evidencia que le permite demostrar la inocencia de su defendido. Una buena representación es necesaria hasta para los clientes más polémicos, bajo el principio de inocencia, no es posible saber quién es culpable o inocente hasta concluido el proceso, (ibid). Además, es fundamental para asegurar que

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el jurado obtenga toda la información suficiente para poder tomar una decisión correcta. Una vez realizados los números, las cifras resultantes son impresionantes, las autoridades derrochan millones en un programa ineficiente, sin fines claros, largo, costoso, cruel, en momentos en donde se debaten trabajos, seguridad ciudadana y la necesidad de una sensación de seguridad y estabilidad general.

2.3.- ¿Por qué insistir con la pena de muerte? Breves reflexiones Desde tiempos antiguos la pena de muerte ha sido costosa. Para el año 1500, las cortes insistían en que a los verdugos había que pagarles buenos sueldos, ya que no existía oferta para el cargo, hasta el punto de que muchas veces había que reclutarlos de las clases sociales más bajas con jugosas tentaciones salariales y, por la peculiaridad de su trabajo, se consolidaban como estirpe familiar y su oficio tenía que ser heredado (Neuman, 2006, p 8 -10). En la actualidad, los costos de la pena de muerte van en aumento, en tiempos de crisis el despilfarro y la mala administración, son resentidos por el bolsillo de los ciudadanos. A pesar de ello, los políticos norteamericanos prefieren utilizar el castigo máximo, como un mensaje hacia la intolerancia del crimen a pesar de que solamente el 1 % de los jefes de policía cree que la pena de muerte tiene efectos disuasorios, en contraposición a incrementar el número de policías, reducir el abuso de drogas, mejorar la economía y crear más trabajos (Death Penalty Information Center, 2009b, p.9). En 1990, el expresidente Bush, para subir en el número de encuestas y dar una imagen al Partido Republicano de “mano dura”, introdujo una ley cuya pieza central era una ampliación de la pena de muerte federal a más de 40 nuevos delitos. Los demócratas no se quedaron atrás y aprobaron una ley que permitía la pena de muerte en más de 50 nuevos delitos (Dieter, 2011, p. 1).

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Bill Clinton criticó la manipulación de Bush sobre la pena de capital: "El Presidente Bush ha utilizado la pena de muerte como una cubierta para debilitar la unión del gobierno federal en la lucha contra el crimen” (Dieter, 2011, p. 1). Sin embargo, Clinton cedió tiempo después ante el populismo cuando hizo una prominente demostración pública de su apoyo a la pena de muerte, dejando su campaña primaria en enero para presidir la ejecución de un sentenciado con daño cerebral (Dieter, 2011, p.2). La administración Obama ha sido esquiva con respecto a la discusión sobre la pena de muerte, al respecto el Presidente, mientras se encontraba en campaña para el senado en Illinois en 1996, respondía con un firme: ¡No!, a la pregunta de si apoyaba la pena de muerte (Berlins, 2008, p.1). No obstante, el Premio Nobel de la Paz ha manifestado que no apoya la pena de muerte, pero la acepta para los crímenes atroces. Actualmente, ha firmado tres ejecuciones en lo que lleva de su mandato (Ibid). Los efectos de la crisis financiera en el sistema de justicia fueron nefastos. Los recortes en áreas críticas en un momento como ese fueron inoportunos. En un informe publicado por la American Bar Association, se enfatizó que "…el sistema de justicia en muchas partes de los Estados Unidos está al borde del colapso debido a la falta de fondos y financiación desigual" (Dieter, 2001, p.1), del mismo modo indicó que “la noción misma de la justicia en los Estados Unidos se ve amenazada por la falta de recursos adecuados para operar en el mismo sistema que ha protegido nuestros derechos por más de dos siglos” (Dieter, 2001, p. 1 ). A pesar de que no existe una cifra nacional sobre la pena de muerte, es bien sabido que por un juicio de esta naturaleza el estado paga $1 millón más, que por un caso donde no se debate la pena máxima (Death Penalty Information Center, 2009b, p.14). Sin embargo, uno de cada tres casos resulta en pena capital; entonces, el verdadero costo de la pena de muerte es de $3 millones.

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Más allá de lo anterior, una de cada diez sentencias termina en ejecución. Por tanto el costo para el estado para alcanzar cada ejecución es de $10 millones (Death Penalty Information Center, 2009b, p.14). Sumas como estas están provocando la reflexión de las autoridades judiciales y policiales sobre la pertinencia de la condena capital. La pena de muerte es una alternativa muy útil en el ámbito político. Su manejo en los discursos como mensaje disuasivo a los infractores es una falsa intensión, una opción de miedo, populista, poco efectiva y, a la vez, intenta dar una sensación de tranquilidad hacia los ciudadanos, irónicamente con la muerte como herramienta de justicia. La pena capital como solución no es ni eficiente ni barata, los costos exorbitantemente absurdos que tiene este procedimiento son el mayor despilfarro de impuestos en un programa que no tiene beneficios comprobados. Desafortunadamente, tomó una crisis económica para plantear realmente su continuidad en el ordenamiento; los motivos económicos son antepuestos a los derechos fundamentales reconocidos en los instrumentos internacionales, es una ponderación triste, donde la economía tal vez pueda más que la aplicación de los derechos humanos. 3.- Conclusiones Desde tiempos inmemoriales se ha intentado demostrar la necesidad de la pena de muerte. No existe una justificación clara para su existencia. Desde la Declaración de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1948, los países, incluyendo Estados Unidos, reconocen el derecho de toda persona a la vida (artículo 3) y declara de forma categórica que "nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes" (artículo 5).

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La crisis del 2008 trajo consecuencias nefastas para el sistema judicial de los Estados Unidos, que llevó a todas las autoridades a tomar medidas austeras y, sin quererlo, una posición sobre la pena de muerte, no desde los derechos humanos, sino desde los altos costos que devenga el programa. Se calcula que si todas las sentencia de muerte fueran remplazadas por cadena perpetua, se lograría un ahorro de $125 millones cada año (Death Penalty Information Center, 2009b, p.7). Para los años 2010 y 2011, se ha reportado una baja en las cifras de los nuevos sentenciados y de ejecuciones, pero desafortunadamente no desde la conciencia humana, sino desde la conciencia económica, siendo esta última menos confiable que la primera, pues si la economía llegara a tener nuevamente un punto estable, probablemente todos estos esfuerzos de la comunidad internacional sufrirían un retroceso; en cambio si se interioriza sobre la atrocidad de esta práctica, la probabilidad que se erradique del sistema de castigos es mucho más alta. Sin embargo, a hoy, permanecen en los pasillos de la muerte 3.300 sentenciados (Death Penalty Information Center, 2009b, p. 6). que esperan lenta e inciertamente el día que la economía permita su ejecución. Referencias Amnistía Internacional. (2007). Pena de muerte, el castigo máximo. Documento para campaña contra la pena de muerte. Recuperado de www.amnesty.org Asamblea General de las Naciones Unidas. (1948). Declaración de los Derechos Humanos. Recuperado de http://www.un.org/es/documents/udhr/ Baldas, T. (19 de febrero de 2009). Cost-cutting hits courts. National Law Journal. Recuperado de www.nhbar.org/uploads/pdf/BudgetCuts-NatlLawJournal030509.pdf

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