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Juan HoughtonEditor

Geovany Martnez ToroSistema de Informacin Geogr!ca

Hernn Molina EcheverriDocumentacin

Carlos Gmez, Archivo Cecoin, Archivo ONIC, Archivo OIA, Archivo Grupo SemillasFotografas

Marta RojasProduccin

Martha Isabel GmezDiseo y diagramacin

Mara Jos Daz Granados Revisin de textos

Ediciones AnthroposImpresin

ISBN 978-958-95143-6-8Primera edicin, febrero 2008

La presente publicacin ha sido elaborada con la asistencia de la Unin Europea. El contenido de la misma es responsabilidad de Cecoin y en ningn caso debe considerarse que re!eja los puntos de vista de la Unin Europea. Se autoriza su reproduccin parcial o total citando la fuente. Se agradece enviar copia.

La Tierra contra la muerteCon"ictos territoriales de los pueblos indgenas en Colombia

Centro de Cooperacin al Indgena CECOINOrganizacin Indgena de Antioquia OIA Observatorio Indgena de Polticas Pblicas de Desarrollo y Derechos tnicos

7 PresentacinGuillermo Tascn Gonzlez

INTRODUCCIN15 Desterritorializacin y pueblos indgenas

Juan Houghton

57 La autonoma y los conflictos ambientales en territorios indgenasGloria Amparo Rodrguez

LA PROBLEMTICA DE TIERRAS DE LOS PUEBLOS INDGENAS83 Legalizacin de los territorios indgenas en Colombia

Juan Houghton

145 Estatuto de Desarrollo Rural (Ley 1152 de 2007): contra los pueblos indgenas Observatorio Indgena de Seguimiento a Polticas Pblicas y Derechos tnicos

177 Situacin territorial del pueblo de los Pasto de NarioJairo Guerrero Dvila

199 El derecho a la tierra (negado) de los indgenas pijaos del TolimaJulio Morales, Elvia Renjifo y Ninfa Vera

GRANDES PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA223 Megaproyectos y territorios indgenas

Hctor Mondragn

231 La IIRSA: o el mega-ordenamiento de los territorios indgenasGeovany Martnez, Juan Houghton

INVASIN PETROLERA279 Estrategia petrolera en los territorios indgenas

Juan Houghton

313 Estercus daemonis. O breve resea de los procesos de agresin al pueblo barEdwin Arciniegas Carreo

329 Situacin territorial de los indgenas uwa del Gran Resguardo Unido Uwa, Santander, Norte de Santander y BoyacJulia Madariaga

LA CONQUISTA MINERA345 La nueva conquista: minera en territorios indgenas

Observatorio Indgena de Seguimiento a Polticas Pblicas y Derechos tnicos

367 Megaproyectos mineros en territorios de comunidades negras e indgenas del bajo y medio Atrato. El proyecto minero Mand NorteJos Ubeimar Arango Arroyave, Nury Yagar, Adriana Arboleda Betancur

381 Anglo Gold Ashanti: la voracidad de las transnacionales de la muerte y el saqueoJorge Elicer Molano

AHORA, LOS AGROCOMBUSTIBLES405 Ardila Llle frente al pueblo Nasa.

La caa de azcar en el norte del CaucaHctor Mondragn

ANEXO MAPAS

Contenido

PresentacinVOLVER AL NDICE

7Una oleada de nuevos conquistadores, como los que nos corrieron hace 500

y menos aos hacia la parte ms alejada de las montaas y de la selva, ha vuelto.

Podramos decir mejor que no se han ido nunca; pero lo de ahora es ms violento,

ms intenso, con ms dinero, con armas ms destructivas. La fiebre del oro y la pla-

ta de la primera conquista hizo que no vieran los bosques, el agua, el conocimiento;

de pronto la codicia nos salv a muchos pueblos, porque se llevaron apenas lo ms

visible y lo que era valioso en ese entonces.

Pero ahora todo puede convertirse en oro, en dinero. Vienen hasta por los olores

de las plantas, por las palabras bonitas de los abuelos y las abuelas, por el conoci-

miento de los sailas y los jaibans, hasta por un sitio que solo tiene el mrito de

estar ms cerca de un ro, del mar, de Europa o de Estados Unidos; con esas cosas

sagradas pueden hacerse negocios y se las quieren llevar. Un montn de barriales

y de lomas peladas donde le ha tocado vivir a muchos pueblos, y donde la gente

se sinti un poco segura frente a los primeros conquistadores, ahora son invadidos

para sacar petrleo, molibdeno y otros minerales que hasta estos aos nos entera-

mos del nombre y hasta de que existan. Las selvas y sabanas que hemos cuidado, y

donde no podan encontrarnos, ahora estn vigiladas con satlites, llenas de huecos

de exploracin ssmica, entregadas a empresarios de la biodiversidad y el turismo.

Sobre nuestros territorios los empresarios y el Estado pintan mapas de recursos

naturales donde nunca aparece un indio, y hablan de las tierras como si fueran

baldas; otra vez no tenemos alma, no somos seres humanos; con esos mtodos

nos sacan a la fuerza para que les quede libre el espacio donde van a herir a la na-

turaleza, o nos obligan a que negociemos de igual a igual con la gente que viene

armada de fusiles y de montones de plata. stos no son buenos tiempos para los

territorios indgenas. No son buenos tiempos tampoco para la Madre Tierra.

El Observatorio Indgena de Polticas Pblicas de Desarrollo y Derechos tnicos

una herramienta de trabajo que la Organizacin Indgena de Antioquia (OIA) y

el Centro de Cooperacin al Indgena (Cecoin) hemos constituido para analizar es-

tos procesos, ha venido documentando estas diferentes problemticas territoriales

que vivimos los pueblos indgenas de Colombia. El libro que presentamos, La Tierra

A la memoria de Anatolio Quir Guaua,y a los miles de mujeres y hombres de mazque nos ensean an a liberar la Madre Tierra.

PRESENTACIN8

contra la muerte: conflictos territoriales de los pueblos indgenas en Colombia, muestra que

en todos los rincones del pas, sobre todo en esos rincones donde vivimos nosotros,

la conquista y la colonizacin avanzan.

Puede decirse que este libro es una especie de crnica de la conquista. Pero

muestra tambin que en algn lugar, en muchos lugares, la gente originaria de

estas tierras resiste. Los indgenas le hemos aportado a este pas una profunda

conciencia de que el territorio y la Madre Naturaleza son nuestra nica posibilidad

de existir; y desde esa conciencia es que nos movilizamos para defender al uno y

a la otra.

El libro sintetiza el trabajo que el grupo de anlisis del Observatorio ha realiza-

do en los ltimos dos aos, y los aportes de investigadores e investigadoras igual-

mente comprometidos con los derechos de los pueblos y con el derecho a tener

una vida buena. Recoge anlisis tericos y debates polticos sobre los territorios,

documentos de denuncia e informes sobre problemticas puntuales, as como el

trabajo realizado para constituir un sistema de informacin geogrfica que est al

servicio de las organizaciones indgenas y populares.

El captulo introductorio Desterritorializacin y pueblos indgenas, caracte-

riza la poltica del Estado contra los derechos territoriales indgenas: la alianza del

latifundio y el capital financiero, y su articulacin con el narcotrfico, que define

el rgimen poltico en su conjunto; el uso de mtodos de control indirecto sobre

los territorios, en particular los encadenamientos y las alianzas productivas, con las

cuales se involucra a los pueblos indgenas en los negocios del gran capital; el qui-

tar todo contenido econmico real a las instancias de gobierno, y la privatizacin

de los territorios, que se entregan a las empresas como fincas donde no vale ni la

ley indgena ni la ley nacional; la continuacin de la conquista de los territorios con

su entrega a amigos del gobierno y a paramilitares, volviendo a declarar baldos

lo que son territorios de indgenas; el descuartizamiento de los territorios sepa-

rando las aguas, el subsuelo, la biodiversidad, los bosques, para poder meterlos en

los mercados; la superposicin de jurisdicciones sobre las autoridades indgenas

y la militarizacin. El captulo termina analizando la respuesta indgena, nacida

de una conciencia territorial que nadie puede ya desconocer, donde venimos pro-

fundizando el ejercicio de autoridades y gobiernos propios a nivel local y regio-

nal, ocupando cada vez ms el territorio, creando redes y alianzas territoriales con

los campesinos y los afrodescendientes. Este ensayo resume lo que hemos venido

diciendo desde el movimiento indgena: que la poltica del Estado es contra noso-

tros, contra nuestros territorios y contra la Madre Naturaleza.

En el segundo captulo, la profesora Gloria Amparo Rodrguez analiza La au-

tonoma y los conflictos ambientales en territorios indgenas; es un texto comple-

mentario al que analiza las polticas generales del Estado, esta vez con un nfasis

en las dimensiones jurdicas de los conflictos, las obligaciones estatales en materia

PRESENTACIN9

de proteccin de los derechos, y el aporte sustancial al patrimonio natural del pas

hechos por los pueblos indgenas.

La segunda parte del libro analiza la poltica de tierras del gobierno colombia-

no, a partir de diversos trabajos realizados por el Observatorio sobre el tema. En

la Legalizacin de los territorios indgenas en Colombia, se demuestra que la

recuperacin de las tierras ancestrales y la liberacin de la Madre Tierra han sido

durante estos cuarenta aos ms eficientes que el Incora y el Incoder juntos, y

muestra la hipocresa de los funcionarios del gobierno que insisten en hablar de los

millones de hectreas tituladas a los indgenas siendo ciegos ante las tierras que si-

guen siendo usurpadas. El Estatuto de Desarrollo Rural (Ley 1152 de 2007): contra

los pueblos indgenas es un texto que sintetiza varios documentos elaborados por

Hctor Mondragn, Juan Houghton y el grupo de seguimiento al Estatuto Rural;

en l se analiza el que constituye el ms grande retroceso en materia legal sobre

los derechos territoriales indgenas en cuarenta aos, una contrarreforma agraria

hecha sobre una reforma que nunca se cumpli. Completan este captulo dos es-

tudios de caso sobre la problemtica de tierras: Situacin territorial del pueblo de

los pasto de Nario, de Jairo Guerrero Dvila, un estudioso de la situacin en la

regin, y El derecho a la tierra (negado) de los indgenas pijaos del Tolima, infor-

me elaborado por un equipo de trabajo del Consejo Regional Indgena del Tolima

(CRIT), encabezado por Julio Morales.

La tercera parte del libro es un panorama del conjunto de acciones, proyectos,

normativas, que en materia de industrias extractivas e infraestructura tienen lugar

en los territorios indgenas. Dos artculos iniciales abordan los grandes proyectos

de infraestructura en territorios indgenas. Hctor Mondragn presenta en Me-

gaproyectos y territorios indgenas una valoracin poltica de lo que significa la

nueva conquista, a sangre y fuego, de las tierras de los indios, a travs de un plan

que utiliza la violencia como mtodo de desarrollo; un plan que a pesar de lo

avanzado apenas comienza, y que tiene en el Tratado de Libre Comercio con Esta-

dos Unidos su expresin ms ordenada. El texto se complementa con una valora-

cin sobre la Iniciativa de Integracin de la Infraestructura Regional Suramerica-

na (IIRSS); en La IIRSA: o el mega-ordenamiento de los territorios indgenas, el

grupo de anlisis del Observatorio sintetiza las ms importantes agresiones que en

materia de infraestructura estn viviendo los pueblos indgenas para ordenar sus

territorios en favor de las industrias extractivas, un reordenamiento que no solo

modifica los territorios indgenas sino que crea de hecho unas regiones por encima

de los Estados nacionales.

Otros tres artculos muestran la dimensin de la industria petrolera en territo-

rios indgenas: Estrategia petrolera en los territorios indgenas, un balance del

grupo de anlisis del Observatorio sobre el tema, aborda las razones que mueven

al Estado a feriar la sangre de la tierra, como lo llaman los Uwa, en los mercados

PRESENTACIN10

internacionales; presenta el mapa de los bloques petroleros con los cuales se nie-

gan los derechos territoriales indgenas, y dedica un largo apartado para analizar

las estrategias estatales dirigidas a debilitar la oposicin indgena a la explotacin

de los recursos naturales. Este tema se profundiza en dos textos que describen la

resistencia de los indgenas bar y uwa contra la industria petrolera: Edwin Arci-

niegas Carreo nos brinda en Estercus daemonis: o breve resea de los procesos

de agresin al pueblo bar, la historia de despojo del gran territorio de ese pueblo

a manos de las transnacionales, mientras Julia Madariaga en Situacin territorial

de los indgenas del gran Resguardo Unido Uwa reconstruye la historia reciente

de la lucha de este pueblo contra la Oxy y Ecopetrol, caracterizada por una profun-

da conviccin de su deber de defender el equilibrio de todo el mundo.

La nueva conquista: minera en territorios indgenas, trabajo del grupo de

anlisis del Observatorio, muestra en toda su dimensin el desafo que tenemos

los indgenas frente a la minera, que se puede resumir en una frase: en casi la

totalidad de los territorios indgenas andinos y una porcin importante de los te-

rritorios de los llanos existen solicitudes de expedicin de ttulos mineros; una si-

tuacin como sta, con los antecedentes de violaciones de derechos humanos por

las transnacionales, debe obligarnos a preparar la ms grande respuesta posible.

Precisamente a este ltimo tema se refiere Jorge Elicer Molano en Anglo Gold

Ashanti: la voracidad de las transnacionales de la muerte y el saqueo, resultado

de una investigacin sobre la intervencin de la AGA-Kedahda en todo el mun-

do y en Colombia, que muestra la vinculacin entre el asesinato de varios lderes

sociales del sur de Bolvar y la llegada de esta empresa a la regin. Por su parte,

Jos Ubeimar Arango Arroyave y Nury Yagar, como parte de un proyecto de la

Organizacin Indgena de Antioquia (OIA) en el Atrato Medio, y Adriana Arbole-

da Betancur, desde el acompaamiento que la Corporacin Jurdica Libertad hace

a las comunidades afrodescendientes e indgenas de la regin en defensa de sus

derechos territoriales, presentan el artculo Megaproyectos mineros en territorios

de comunidades negras e indgenas del bajo y medio Atrato: el proyecto minero

Mand Norte muestran cmo la Muriel Mining reproduce el mismo esquema de

intervencin de todas las empresas mineras.

La presentacin de las agresiones territoriales contra los pueblos indgenas ter-

mina con un artculo de Hctor Mondragn sobre el avance de las plantaciones

para producir combustibles sobre los territorios indgenas; en Ardila Llle frente

al pueblo Nasa quedan en evidencia las razones por las cuales el gobierno no ha

cumplido las obligaciones impuestas por el sistema jurdico internacional por la

masacre de El Nilo: el inters por entregar al nuevo negocio de los agrocombusti-

bles lo que debe ser para la vida y la alimentacin de los pueblos indgenas.

La Tierra contra la muerte: conflictos territoriales de los pueblos indgenas

en Colombia, en suma, presenta un amplio panorama sobre los principales pro-

11

blemas territoriales de los pueblos indgenas en la poca actual. Nuestro compro-

miso es mantener la tarea de analizar estos retos e impulsar las alternativas que

los pueblos indgenas venimos construyendo para enfrentarlos, ampliando cada

vez el campo y la profundidad de los anlisis. Desde el Observatorio Indgena de

Polticas Pblicas de Desarrollo y Derechos tnicos estamos convencidos de que

slo el trabajo conjunto con muchas organizaciones e instituciones del movimien-

to indgena podr generar las herramientas adecuadas al proyecto de autonoma

territorial de nuestros pueblos.

Hemos contado para ello con la contribucin de la Unin Europea y la Agencia

Espaola de Cooperacin Internacional (AECI), a quienes manifestamos nuestro

reconocimiento.

Este trabajo no hubiera sido posible sin el apoyo solidario y efectivo de nues-

tros compaeros y compaeras de Mugarik Gabe, y del Grupo Intercultural Alm-

ciga, las instituciones con que nos dimos a la tarea de construir el Observatorio,

as como de la contribucin siempre fraterna y eficaz del Grupo Internacional de

Trabajo sobre Asuntos Indgenas (Iwgia). El estmulo permanente, la confianza que

nos dieron, y la paciencia que mostraron durante esta primera etapa del Observa-

torio solo la podemos reconocer con el compromiso mutuo de seguir en esta terca

tarea de defender la Madre Tierra, la vida toda, ante el proyecto de muerte que

impulsan los seores del dinero y de la guerra.

Guillermo Tascn GonzlezPresidente

Comit EjecutivoOrganizacin Indgena de Antioquia (OIA)

12

13

Introduccin

14

VOLVER AL NDICE

15

Desterritorializacin y pueblos indgenas1

Juan Houghton2

Tras diez aos de aparicin del libro Tierra profanada (Cecoin, GhK, ONIC, 1996) se

han hecho realidad todas las amenazas all consignadas. La figura de reas protegidas se

ha convertido en un mecanismo de despojo de la autoridad en los territorios indgenas,

las carreteras en territorios tule y cham consolidaron una nueva dinmica econmica en

la regin, la Hidroelctrica Urr I fue impuesta a sangre sobre los embera kato, la Salva-

jina cumpli toda su promesa de daos ambientales y sociales, el petrleo avanz an

ms sobre el piedemonte amaznico, toda la Orinoquia est organizada en torno de pol-

gonos en poder de las grandes corporaciones explotadoras del crudo, y el nuevo Cdigo

de Minas quit todos los derechos indgenas a impedir el avance minero u obliga a las

comunidades a ser parte de l. Los autores del mencionado libro tuvieron un propsito

explcito: sensibilizar a los agentes involucrados en la planeacin y el desarrollo, alertar

a la comunidad nacional sobre los riesgos de una intervencin inapropiada en territorios

frgiles, dotar a los pueblos indgenas de herramientas para responder a los desafos.

El balance del impacto de Tierra profanada, a la luz de lo acontecido hasta ahora, es

dual. Por una parte, la obra permiti sintetizar un esfuerzo enorme de toma de concien-

cia territorial por los pueblos indgenas ocurrido en la dcada de los noventa en el que

estuvieron involucradas las principales organizaciones indgenas, la academia y, sobre

todo, las comunidades locales; ese solo logro vale para ubicarlo como un paradigma del

1 Esta Introduccin aparece en el libro TLC y pueblos indgenas (Cecoin, 2007) con un nombre similar. Se han agregado apartes sobre la intervencin del capital privado.

2 Investigador, Cecoin.

JUAN HOUGHTON16

anlisis territorial indgena. Por otra, Tierra profanada result proftica ms que disuasiva;

muy pocas de las obras proyectadas que all se researon pudieron ser impedidas o refor-

muladas a pesar de las serias advertencias sobre los impactos que afectaran a los pueblos

indgenas, afrodescendiente y campesino.

Hace diez aos vivamos uno de los mejores momentos del avance normativo y juris-

prudencial en materia de derechos indgenas. Las organizaciones indgenas y las comu-

nidades acadmicas cercanas, con razones de peso, entendan que la dinmica nacional

pasaba entonces por el desarrollo legislativo de la Constitucin de 1991, y por la funcin

progresista de la Corte Constitucional; las sentencias sobre derechos territoriales indge-

nas, y la posibilidad de constituir las entidades territoriales indgenas eran esperanzado-

ras. Ya se vean los nubarrones de la contrarreforma neoliberal incubada en el seno de la

propia Constitucin, pero no tenamos aprehendida an la total magnitud de la agresin.

Desde entonces se ha configurado una cascada de transformaciones polticas, normativas

y econmicas sobre podramos decir contra los territorios indgenas.

Esta publicacin tiene el propsito de caracterizar estas transformaciones. En trmi-

nos generales, sostenemos que no se trata solamente de una profundizacin de viejas

agresiones territoriales, sino de un cambio en la espacialidad del capital en el marco de la

recolonizacin del mundo: el territorio, y sobre todo los territorios indgenas, son enten-

didos de nuevo como empresas coloniales. Un imperio dictamina normas supranacio-

nales que convierten los territorios en tanto espacio poltico en mero espacio de apro-

piacin privada. De nuevo nos encontramos frente a regmenes polticos que combinan

la soberana y la propiedad privada como unidad indisoluble; se trata de una reedicin

del seoro medieval. Los pueblos indgenas tienen una memoria reciente de estas formas

polticas: el terraje en el Cauca, el endeude en la Amazonia, el esclavismo cauchero, la

servidumbre de los cultivos industriales de coca, la adscripcin obligada a los cultivos de

palma, son fenmenos no solo recientes sino que se mantienen hasta el presente, marca-

dos por la aplicacin de la justicia privada y el gobierno del patrn.

La respuesta indgena a la nueva empresa colonial, caracterizada por la desposesin

y la privatizacin, es creadora y al mismo tiempo ancestral. La confianza en que una rela-

cin respetuosa con la naturaleza es fuente de vida, y que el autogobierno de los pueblos

permite garantizar su pervivencia, se suma a un despliegue generoso de ideas nuevas

para liberar la Madre Tierra, controlar el territorio y reconstruir la naturaleza profanada.

La espacialidad del capitalismo (neoliberal) La presentacin en sociedad de la nueva etapa de expansin capitalista tuvo en el

continente americano una frmula conocida, aunque aparentemente hoy en desuso: la

constitucin del rea de Libre Comercio de las Amricas (ALCA). La referencia al hecho

de que se trataba de un rea no pas desapercibida, aunque la interpretacin y anlisis

del ALCA se centraron ms corrientemente dentro de las transformaciones comerciales,

en las cuales la lectura crtica ms expandida ha sido la de la nueva y ms profunda divi-

sin (internacional e intranacional) del trabajo. Aunque la divisin del trabajo tiene una

dimensin espacial, la visin propiamente territorial del nuevo momento del capital fue

rpidamente entendida por varios analistas y centros de investigacin en tres dimensio-

nes: la nueva distribucin de los recursos naturales, la configuracin militar del conti-

INTRODUCCIN17

nente asociada a la necesidad de controlar esas fuentes de recursos, y el reordenamiento

territorial de los Estados-naciones.

Para los pueblos indgenas, cada una de estas dimensiones es altamente relevante. En

especial, porque a la par de la renuncia del Estado a la soberana territorial que viene de

tiempo atrs, se ha presentado un cambio en la conciencia territorial indgena, dirigida

de forma cada vez ms clara a la conformacin como comunidades polticas con reco-

nocimiento internacional. Esta creciente conciencia territorial hace an ms explcito el

conflicto que sobre su espacialidad se cierne desde las polticas del Estado y el capital.

Por otra parte, porque la suscripcin del Tratado de Libre Comercio (TLC) por el go-

bierno colombiano, y su posterior aprobacin inconstitucional por parte de las mayoras

oficialistas del Congreso, no obstante la suspensin de su trmite en el Congreso de los

Estados Unidos, ha estado acompaada de un conjunto de leyes que configuran y pre-

figuran la nueva espacialidad que requiere el libre comercio. Lo que probablemente se

aprobar como TLC ya ha sido incluido en gran medida como parte del Plan Nacional

de Desarrollo 2006-2010, la Ley General Forestal y el Estatuto de Desarrollo Rural, y se

incluir en la propuesta de la ley de aguas que se presentar prximamente en el Congre-

so, normas todas relacionadas con el Plan Visin Colombia 2019. Dichas normas han sido

entendidas por las organizaciones indgenas como evidentes formas de expropiacin te-

rritorial. La adecuacin del pas al libre comercio excede el articulado del TLC con Estados

Unidos y el Acuerdo de Asociacin con la Unin Europea, y se acerca ms a la legislacin

mercantil impulsada e impuesta por la Organizacin Mundial del Comercio (OMC).

Estos dos elementos la creciente conciencia territorial de los pueblos indgenas y la

conciencia de que la poltica econmica de los ltimos gobiernos es esencialmente deste-

rritorializadora, obligan a una caracterizacin de las transformaciones que a este nivel se

presentan y sus impactos sobre los pueblos indgenas.

Las nuevas condiciones producidas e impuestas por el reordenamiento del capital en

los territorios indgenas no son especficas a los pueblos indgenas. No obstante, en tanto

una parte importante del territorio nacional es a su vez territorio y propiedad de grupos

tnicos, estas condiciones adoptan una forma marcada por el encuentro conflictivo entre

el proyecto territorial indgena (y afrodescendiente) y el proyecto de ordenamiento espa-

cial del capital. De este modo, el vaciamiento poltico de la territorialidad nacional-estatal,

la privatizacin de los territorios a escala regional, la expropiacin y desposesin directa

de los territorios que se encuentran por fuera de la frontera agrcola, la financiarizacin de

los territorios y el patrimonio natural, los resultados de la aceleracin de la naturaleza

por efectos de la biotecnologa y la imposicin de modelos agrcolas de tardo rendimien-

to, los cuales constituyen el centro de estas transformaciones, tienen un impacto muy

especfico sobre los territorios indgenas, cuya configuracin natural, poltica y simblica

actual resulta altamente contrastante con la espacialidad del resto del pas.

El nuevo orden territorial del capitalismo se ha presentado segn varios modelos du-

rante la ltima dcada. Un primer enfoque, quiz ya en desuso y criticado por Rosenberg

(2004), presenta la dinmica actual como globalizacin, siendo sus caractersticas princi-

pales la desterritorializacin, la disolucin de las soberanas y los accesos no localizados al

mercado y a la poltica; segn esta caracterizacin, no estaramos hablando propiamente

de un nuevo orden territorial del capitalismo, sino de un nuevo orden territorial en el

JUAN HOUGHTON18

cual el capital estara subsumido pero no lo determinara; vale decir, ms all del capital,

la globalizacin sera la superacin de las soberanas territoriales del capital. En cierto

modo, el mercado global es imaginado ya no ms como mercado capitalista sino como

intercambio no localizado de productos. Cmo es que los productos llegan a estar listos

para el intercambio, de qu manera se producen, es un asunto menor para los tericos de

la globalizacin; se trata de la utopa inmaterial del capitalismo, en la cual todo el movi-

miento fsico de las mercancas desaparece y da lugar al no-lugar del capital financiero,

justamente aquel dinero que produce dinero.3

Una segunda versin muestra el nuevo orden como mundializacin, en la cual los

territorios nacionales dan paso a un solo territorio mundial, y lo que apareca como din-

micas nacionales de la economa debera ser visto ahora en formas ampliadas: mercado

mundial, gobierno mundial, sociedad civil mundial, soberana mundial. La particulari-

dad de este enfoque es que no niega el carcter territorial de la nueva espacialidad del

capital, sino que le quita como referente la espacialidad exterior (el tercer mundo, las

colonias), y la convierte en espacialidad interna (patio trasero, rea de libre comercio). El

fondo de esta teora es la despolitizacin del territorio, pues al convertirse todo en espa-

cio interno ya no se rige por las lgicas de la soberana poltica sino por las de la posesin

privada; el espacio se hace, en consecuencia, corporativo y lo que rige es un cdigo civil

mundial: las normas de la OMC. El problema de esta concepcin es que no logra incluir

satisfactoriamente en su teora los intensos movimientos populares por gobernar el es-

pacio y el patrimonio natural, vale decir, no puede incorporar la dimensin poltica de

las resistencias populares ante el neoliberalismo, y solo las reconoce como resistencias

internas del sistema a lo sumo resistencias reivindicativas o, en el mejor de los casos,

como movimientos sociales.

Tanto la tesis de la globalizacin como la de la mundializacin dicen poco a los pue-

blos indgenas. Esencialmente porque su anlisis parte de la sobrevaloracin tanto de

la forma-Estado como de su posterior declive en tanto determinantes para caracterizar

cambios de poca; o porque el sujeto social y poltico se disuelve en mltiples dinmicas

no necesariamente econmicas que no estn articuladas ni jerarquizadas; o porque estn

presos de los procesos europeo y estadounidense cuya dinmica visible es la redefinicin

de fronteras mercantiles y nacionales. Ambas visiones abordan partes importantes de la

espacialidad del capital, pero no de aqulla resultante de esta dinmica cuando se enfren-

ta con la de los pueblos subordinados o colonizados.

La insistente prdica de que tanto la globalizacin como la mundializacin son he-

chos inditos y no conmensurables con categoras anteriores, deviene en mecanismo de

ocultamiento de la persistente ampliacin del capital desde el siglo XV. Con la guerra con-

tra Irak, y las continuas operaciones militares contra pases desobedientes, sin embargo,

reapareci con una fuerza impensada el viejo concepto de imperialismo, y su par terico:

el colonialismo. La sobreideologizacin de estos dos conceptos en dcadas pasadas redu-

jo en muchas esferas acadmicas su fuerza explicativa; no obstante, su capacidad descrip-

3 Rosenberg, en un conjunto de ensayos demoledores, muestra cmo los ejemplos empricos de desterritorializacin del capital y de la vida presentados por Giddens y otros seguidores suyos como prueba de la nueva poca que vivimos, se caen de su peso por su inmediata referencia territorial, vindose obligado a refugiarse en una teora psicoanaltica del espacio y la intimidad.

INTRODUCCIN19

tiva de las transformaciones territoriales y de las relaciones entre los centros desarrollados

y los mercados emergentes, as como su potencial explicativo de los flujos del capital finan-

ciero, le han permitido mantenerse como la teora por superar. La forma de intervencin

abiertamente militar de las economas del Norte, los cambios en las fronteras impuestos

por las metrpolis, la apropiacin de los recursos naturales por va de desposesin, y la

transformacin de los mecanismos de extraccin de riquezas por va del endeudamiento

pblico, han evidenciado los lmites (y casi la ingenuidad) de las teoras de la globalizacin

y la mundializacin, y fortalecido el lugar de las diferentes versiones sobre el imperialismo

y el colonialismo.

Los dos conceptos resultan ser claramente ms adecuados para caracterizar la proble-

mtica de los pueblos indgenas, que con la moda ciberntica de los zapatistas haban sido

ubicados en el altar de los fetiches de la globalizacin, pero que se sintieron incmodos

en un lugar que les daba reconocimiento simblico transterritorial al tiempo que ocultaba

la prdida de sus territorios. Una vez las comunidades chiapanecas con sus municipios

zapatistas y sus caracoles,4 los pueblos indgenas de Bolivia y Ecuador con sus propues-

tas constituyentes, los pueblos indgenas de Colombia con sus iniciativas de entidades

territoriales indgenas, mostraron con claridad que su reivindicacin de los territorios

se emparentaba con una dimensin tpicamente moderna de la soberana, qued evi-

denciado que la desterritorializacin no era otra cosa que el traspaso de la territorialidad

indgena a manos de los capitales, y que la mundializacin solo era la forma terica de la

privatizacin territorial. En otras palabras, el territorio no haba desaparecido como di-

mensin social y poltica de los pueblos, tampoco como dimensin del capital, y la nueva

colonizacin y saqueo tenan una forma muy conocida por los indgenas.

Esto se hace ms evidente con un breve repaso de las transformaciones econmicas

recientes. Es reconocido que el desarrollo del capital no es un proceso lineal sino cclico,

en el que se expande, crece y se contrae destruyendo capital fijo y recomponindose te-

rritorialmente, para luego reanudar con nuevos elementos un nuevo ciclo de copamiento

del mundo. Se trata de un proceso que solo en cierto modo podra llamarse globalizacin,

solo que sta sera apenas una caracterstica de tal expansin: la de recomponer las fron-

teras y competencias geogrficas. En tal sentido, el ajuste neoliberal y los tratados de libre

comercio que le acompaan no son ms que parte de la respuesta a una onda histrica

recesiva de gran longitud.

Lo que aceptan los diversos analistas econmicos, incluidos los defensores del neo-

liberalismo, es que el punto de partida de los cambios actuales est en los aos sesenta,

cuando se percibe que el capitalismo sufre una crisis de sobreproduccin evidenciada en

la cada de la tasa de ganancia. La cada es dramtica: mientras en los aos de posguerra la

tasa de ganancia luego de impuestos lleg a estar en 12 13% anuales, en la mayora de

los pases europeos y en Estados Unidos, desde los aos setenta y hasta hoy no llega al

5% en promedio, sin contar los casos de destruccin de riqueza; en la actualidad no se

han podido recuperar ganancias similares a las de los aos cincuenta y sesenta. En 1970

esta crisis se visualiza apenas como coyuntural; an as, trae como consecuencia el inicio

4 Los caracoles son asociaciones de municipios zapatistas que amplan su incipiente lgica de administracin municipal hacia formas de control territorial regional.

JUAN HOUGHTON20

de un desplazamiento masivo de capitales que estaban en la industria hacia la inversin

en crditos y en distintas modalidades de capital financiero.

Pero en los aos setenta la crisis de precios del petrleo cambia la percepcin sobre la

dimensin de la crisis del capital en su conjunto. Los pases compradores de petrleo in-

crementaron sus costos, y las industrias debieron reconfigurarse en su totalidad, porque la

crisis cobij todas las fases de la economa, y el modo de vida/consumo occidental (adicto al

petrleo) entr en franco cuestionamiento. Al mismo tiempo, las grandes sumas de dinero

acumuladas por los pases productores de petrleo se guardan en los bancos de los pases

ricos, sirviendo como colchn para la crisis pero presionando a su colocacin en todo el

mundo, dando lugar al masivo endeudamiento pblico de los pases pobres, que eran

igualmente afectados por la fase recesiva del ciclo econmico y se encontraban en serios

aprietos presupuestarios, de manera que recibieron con optimismo el flujo de recursos.

La continuidad de la crisis dispara otros procesos en donde los grandes ncleos de la

industria buscan nuevos espacios de acumulacin de capital uno de cuyos ejes es

la aceleracin de la naturaleza por efectos de la biotecnologa, la recuperacin de las

prdidas y el cobro coactivo de las deudas. Sin cambios positivos en la tasa de ganancia, y

menos en el tercer mundo, los pases no tienen otra opcin que el ajuste estructural que

les imponen los acreedores y el remate de sus bienes pblicos (sistemas de seguridad so-

cial, sistemas de servicios pblicos, sistemas de subsidio al mercado interno). Se consolida

entonces el ideario de privatizar todos los sistemas de seguridad social y la urgencia de

ampliar mercados y fuentes de acumulacin. Lo que antes era un derecho se transforma

en foco de produccin, lo que eran bienes no transables entran en el mercado, lo que eran

dimensiones sagradas se convierten en fuentes de negocios.

An as, se mantiene el estancamiento. En Estados Unidos se convierte en poltica

regular los autoprstamos del Estado; el dficit fiscal estadounidense se dispara a niveles

impensados, y el dficit comercial es creciente. Pero hay que pagar en algn momento.

Llega el turno de las grandes corporaciones: stas tambin empiezan a endeudarse ms

all de lo conocido, mediante la emisin de bonos que captan el ahorro social. Desde

entonces se habla de la financiarizacin de la economa como estrategia para aumentar

(en realidad mantener) la tasa de ganancia. Este desplazamiento en esencia consiste en

tomar prestado ganancias posibles y futuras, lo que tendr severos impactos territoriales,

como veremos, pues la produccin futura solo puede asegurarse mediante en control de

las fuentes de valor, esencialmente recursos naturales y mano de obra.

El cuadro se completa con las presiones poltico-militares que se empiezan a ejercer

desde las economas ms desarrolladas sobre los pases pobres para abrir sus mercados

y garantizar suministro de materias primas baratas. Los capitales que se han volcado a

la especulacin financiera tambin presionan, requieren y controlan diversas modalida-

des de guerras territoriales; para controlar los recursos naturales, para vender inmensas

sumas en medios de guerra y recuperar sus inversiones y, en suma, para ser subsidiados

por el presupuesto pblico. Lo cual, por supuesto, no constituye ninguna novedad en la

historia del capital.

Dos elementos resultan pertinentes para ampliar esta discusin a los fenmenos te-

rritoriales contemporneos. En primer lugar lo anotado por Inmanuel Wallerstein (1995)

INTRODUCCIN21

sobre localizacin-deslocalizacin productiva. Wallerstein,5 quien tiene el mrito de haber

redocumentado lo que los tericos clsicos haban sealado en el siglo XIX acerca de un

proceso de formacin del mercado mundial que parti desde el siglo XV, seala que en

materia de costos el capital debe asumir los de la fuerza de trabajo de todo el proceso pro-

ductivo, incluido el de los insumos y las materias primas, y los costos de las transacciones

que implica la distribucin; cada uno de los cuales es inversamente proporcional al otro:

Esencialmente, es una cuestin de ubicacin. Para minimizar los costes de transacciones, es menester concentrar las actividades geogrficamente, es decir, en zonas de altos costes de fuerza de trabajo. Para reducir los costes de fuerza de trabajo, es til dispersar las actividades productivas, pero ine-vitablemente eso afecta negativamente los costes de transacciones. Por lo tanto, desde hace por lo menos 500 aos, los capitalistas reubican sus centros de produccin de ac para all, cada 25 aos ms o menos, en correlacin esencial con los ciclos de Kondratieff. En las fases A, priman los costes de transacciones y hay centralizacin, y en las fases B, priman los costes de fuerza de trabajo y hay la fuga de fbricas (Wallerstein, 1995).

Por su parte, David Harvey (2007), desde la geografa crtica hace nfasis en la nece-

sidad que existe para toda desterritorializacin de tener como correlato fuertes territo-

rializaciones, poniendo una vez ms en cuestin la tesis de la disolucin del espacio que

proponen los tericos duros de la globalizacin. Sostiene:

Desde el punto de vista de la circulacin del capital, el espacio aparece en primer lugar como una mera incomodidad, un obstculo que hay que superar. El capitalismo, se caracteriza necesariamente por un esfuerzo perpetuo de superar todos los obstculos espaciales y aniquiliar el espacio median-te el tiempo. Pero resulta que estos objetivos solo se pueden alcanzar mediante la produccin de configuraciones espaciales fijas e inmviles (sistemas de transporte y dems). En el segundo caso, por lo tanto, encontramos la contradiccin: la organizacin espacial es necesaria para superar el espacio... El impulso de revolucionar las fuerzas productivas es tan fuerte en este terreno como en cualquier otro. La historia del capitalismo ha estado marcada, en consecuencia, por drsticas reducciones en el coste o en el tiempo del movimiento junto con mejoras en la continuidad del flujo (Harvey, 2007, pp. 348-349) (nfasis agregado).

Para Harvey tampoco en la etapa actual hay propiamente un cambio en la dinmica

fundamental del capital ni en la dimensin del espacio; los cambios en el espacio son

resultantes de dinmicas normales de los procesos de acumulacin. Seala que la fbrica

es el punto de encuentro entre el capital y el trabajo, en tanto la ciudad (y por ende los

procesos de urbanizacin) constituyen la solucin del capital a la necesidad de minimi-

zar costes y el tiempo de movimiento. Estos propsitos producen lo que Harvey llama

coherencia estructurada del territorio, que generalmente adopta la forma del Estado

territorial moderno centrado en modalidades diversas de urbanizacin del espacio. Esta

coherencia, sin embargo, se ve atacada por los propios desarrollos tecnolgicos y los ex-

cedentes de capital, de manera que en momentos de crisis de determinada forma econ-

mica los lmites de las regiones se hacen porosos e inestables, sobre todo los de los dbiles

territorios estructurados frente a los ms poderosos. Como consecuencia, las grandes in-

versiones en capital fijo para configurar la espacialidad que requiere una forma dada del

capital (por ejemplo la actual formacin neoliberal), deben ser (sern) constantemente

destruidas para dar paso a nuevas configuraciones espaciales que den soporte a los flujos

que requieran etapas posteriores.

5 Sin duda junto con Ferdinand Braudel.

JUAN HOUGHTON22

Lo que queda claro es que la organizacin del espacio del capital requiere de cambios

permanentes para que soporte los procesos de acumulacin de valor, pero ello implica

un gasto no redimible cada vez ms creciente que no estn dispuestas a asumir las gran-

des corporaciones transnacionales, las ms urgidas de garantizar el flujo de recursos y

mercancas. Estos gastos en infraestructura fija deben ser (son) exteriorizados por parte

de las empresas, e interiorizados por parte de los Estados, vale decir, incorporados en

los presupuestos pblicos; como es creciente el dficit fiscal, se incrementan las deudas

pblicas y se amplan los crditos para las grandes inversiones en capital fijo.6 Una parte

de esta infraestructura se construye y redime mediante un nmero creciente de contra-

tos de concesin a las empresas transnacionales y nacionales; se trata de la cesin de los

bienes pblicos a los privados. No obstante, estas modalidades no resuelven el problema

de la movilidad del capital, que rpidamente debe abandonar las infraestructuras ante

los cambios en las fuentes y los flujos de materias primas y mercancas. De este modo,

la obsolescencia de las mercancas se incorpora ineludiblemente en las infraestructuras

y tambin en las materias primas. La historia del capitalismo muestra que en cualquier

momento se volver a ellas, pero entre tanto nadie quiere pagar por su lucro cesante, ni

por su depreciacin, ni por su deterioro; el abandono del territorio y de las infraestruc-

turas (que algunos llaman pases o regiones sin futuro) es la forma de dejar a su suerte

lo que nadie quiere asumir. La contraparte es que las poblaciones sin futuro tienden a

recomponer el territorio a su medida, a crear espacios de vida y economa que vuelven a

convertirse en posibles escapatorias para la reestructuracin del capital frente a la crisis

segura. Entonces, el ciclo de reordenamiento de los territorios se reanudar, con obvias

innovaciones.

Siendo as, agregaramos que el control e integracin territorial se configuran como

el componente clave ante dichas situaciones de porosidad y volatilidad previsibles, para

garantizar el suministro seguro de materias primas y el flujo permanente para la pro-

duccin. La necesidad de tener el control de los recursos naturales, all mismo donde se

encuentran, antes que la acumulacin fsica de los mismos, depende de un hecho larga-

mente analizado por el capital que se ha hecho consciente de la volatilidad de las fuentes

de acumulacin de valor. La propiedad resulta costosa para el capital cuando los bienes

tienen que esperar tiempos muy extendidos para la realizacin del valor; por ello el con-

trol resulta ser el nuevo y pertinente mecanismo de intervencin.

La localizacin y deslocalizacin productiva (Wallerstein), as como la conformacin de

la coherencia estructural del territorio (Harvey), dan sustento evidente a lo que en materia

territorial implica la divisin internacional de la produccin agrcola. Puesto que el mer-

cado metropolitano tiene como principio reducir los tiempos de produccin y circulacin

de alimentos para reducir los costos y aumentar la productividad, deben resolverse no

solo la distancia de las materias primas y los mercados, sino tambin los tiempos de la na-

turaleza. La agricultura metropolitana realiz una fuerte intervencin en la estructura de

costos en la dcada de los cuarenta como respuesta a la crisis de los aos treinta en Esta-

dos Unidos; se hizo no slo una gran inversin en el sector rural para garantizar el sumi-

nistro de alimentos mediante diversos subsidios a la produccin de alimentos, sino que el

6 sta es una de las razones ms poderosas para dudar de la tesis de la disolucin del Estado territorial.

INTRODUCCIN23

componente en tecnologa increment de forma notable la productividad. El modelo de

seguridad alimentaria nacional mediante subsidios y tecnologa intensiva fue adoptado

tambin en la Europa de la posguerra. Por otro lado, en general los tiempos de la natura-

leza no pueden reducirse, por lo que en los aos de la posguerra se repartieron los pro-

ductos por regiones segn los ciclos de la naturaleza, creando especializaciones agrcolas

enfocadas al mercado metropolitano; este ordenamiento agrcola del mundo estableci

reas de produccin permanente (especialmente en zonas ecuatoriales) y estacionales

(sobre todo en el norte) siendo estas ltimas las que concentran la produccin agrcola del

mundo. La presin en los mercados locales metropolitanos por una produccin agrcola

marcada por la sobreproduccin, en especial de granos y cereales en el norte, junto a la

aceleracin de los tiempos de la naturaleza mediante biotecnologa, condiciona nuevos

ordenamientos agrcolas en todo el mundo, haciendo que las antiguas especializaciones

deban ser abandonadas para suministrar otros productos a los pases del norte, presen-

tndose la crisis de las coherencias estructuradas de los territorios (alteracin y ruptura

de la produccin nacional de alimentos en el sur), relocalizaciones productivas (nuevas

fuentes de materias primas renovables como madera y agrocombustibles), y la urgencia

por el control de la biodiversidad.

En sntesis, tenemos como componentes centrales de la ampliacin de los mercados

por el capital neoliberal el ordenamiento, la expropiacin, la privatizacin y el control

territoriales. Todos los cuales aparecen claramente al ver los procesos de ordenamiento

territorial en el mundo.

Nueva espacialidad y polticas territoriales7 La problemtica de la tierra (entendida en trminos polticos y socioeconmicos) si-

gue siendo definitoria para la realidad del pas. Y la de los territorios indgenas marca

una situacin especial. Las dos afirmaciones son pertinentes, pues en algn momento

de los debates acadmicos se ha planteado que la tierra en la sociedad del conocimiento

y de la informacin ya no tiene igual importancia; resultan pertinentes de igual modo

para precisar que las dinmicas mundiales del capital no obstan para que los procesos

polticos locales den forma especfica a los ordenamientos territoriales de cada pas. En

el caso colombiano vemos, como en ninguno otro, que el tema de la tierra determina la

vida poltica y econmica del pas, y sus formas de representacin ideolgica y cultural;

no por casualidad el rgimen poltico expresa una alianza de dcadas entre el latifundio

y la industria, primero, y ahora entre aqul y el capital financiero.

La solucin al problema de la tierra ha sido determinante en el continente para la

constitucin de los sistemas polticos. De manera general podemos sealar que las solu-

ciones han sido o populares, o industrializantes o latifundistas. En el caso de Bolivia y

Mxico tuvieron lugar verdaderas revoluciones campesinas y populares que derrotaron

7 Entre el 29 de julio y el 25 de julio de 2007 el Observatorio tnico de Cecoin realiz una serie de conversatorios sobre los modelos territoriales que se configuran como resultado de los tratados de libre comercio que se vienen imponiendo en el continente. Participaron en ellos los investigadores Daniel Libreros Caicedo, Hctor Mondragn, John Jairo Molina, Daro Fajardo Montaa, Hernn Posada y Aurelio Surez, y el Grupo de Anlisis de Cecoin. En dilogo con sus puntos de vista hemos realizado la presente resea que recoge en buena medida algunos de sus anlisis y enfoques, aunque expresa exclusivamente nuestra lectura sobre ellos.

JUAN HOUGHTON24

el latifundio, posicionaron a las organizaciones agrarias populares, y significaron quie-

bres histricos de los regmenes polticos que siguen teniendo vigencia. Tambin se han

dado casos de los triunfos de las clases burguesas industriales con apoyo obrero, como es

el caso del peronismo en Argentina, que permitieron la industrializacin de la produc-

cin agraria, y que en el caso colombiano tuvo su intento en el primer gobierno de Lpez

Pumarejo. Uno de los pocos pases en donde no se han dado revoluciones o quiebres de

origen popular, ni tampoco derrotas del latifundio a manos de los sectores industriales,

es Colombia, que junto con Guatemala y El Salvador comparten el deshonroso lugar de

pases donde nunca ha habido intentos serios de reforma agraria; por el contrario, desde

cuando fue expedida la Ley 200 de 1936 (de reforma agraria) en Colombia son recurren-

tes las alianzas entre una temerosa clase capitalista urbana y el latifundio, cuando no

verdaderas derrotas o copamientos militares de los sectores industriales a manos de los

ejrcitos terratenientes, siempre en una inacabada reaccin a los frustrados intentos re-

formistas de Lpez.

Slo en la etapa del gaitanismo se configur una real lucha en contra del latifundio

desde el movimiento popular, que fue acallado por el crimen masivo de ms de 300.000

campesinos en la llamada Violencia. Desde entonces se ha mantenido e incrementado la

figura del gamonalismo o latifundismo armado; los que en un principio fueron grupos

sicariales al servicio de terratenientes, dieron paso en los aos ochenta a empresarios

rurales y latifundistas que armaron los primeros ejrcitos paramilitares; al mismo tiempo,

el narcotrfico cop a latifundistas tradicionales, trayendo a los carteles y de paso a los

paramilitares.

Esta solucin latifundista al problema de la tierra ha implicado un serio problema

para la expansin del capital, pues en tanto el monopolio de la tierra permanece como

rasgo central del sistema econmico, los costos de la produccin agrcola son ms eleva-

dos y la articulacin con la industria es precaria, pues se trata de un latifundio improduc-

tivo. Por otra parte y es lo que determina de forma central la situacin poltica colom-

biana en los ltimos ochenta aos, a partir del triunfo hacendista (en ocasiones para no

dejarse liquidar, en ocasiones para subordinarse abiertamente a las clases industriales) se

configur en el pas un rgimen poltico que ha incluido siempre la alianza con el latifun-

dio, vale decir, con formas serviles de las relaciones sociales de produccin; esta alianza

se basa en el poder electoral-clientelista y militar de dicho latifundio, que interviene no

solo para mantener sus propias formas econmicas sino que presta servicios armados a

sus aliados, cumpliendo el papel de domesticador de las clases peligrosas; es obvio, en

consecuencia, que difcilmente puedan implementarse medidas polticas que reviertan la

situacin, pues no solo controlan las corporaciones pblicas sino que a travs del chantaje

inmovilizan a las clases dominantes urbanas.

En Colombia el latifundio, mediante el control del aparato poltico, no ha permitido

siquiera el pago de impuestos prediales, y se autorizan regularmente los subsidios que

le permiten mantenerse sin producir. Por ello, a diferencia de otros procesos donde el

desarrollo econmico presion que los latifundistas se transformaran en capitalistas para

sobrevivir econmicamente, en Colombia las clases urbanas e industriales tradicionales

retomaron el control de la economa a travs de su reconversin terrateniente y el narco-

trfico. El latifundio no facilita la expansin del capital, y es un obstculo a los modelos

INTRODUCCIN25

de produccin capitalista. Por ello se ha ido conformando lo que en algunos mbitos se

denomina capitalismo burocrtico, caracterizado por la intervencin del Estado para

subsidiar con el presupuesto pblico la baja productividad de diversos sectores econmi-

cos. En tal contexto se da la reconfiguracin territorial del pas, que afecta directamente a

los pueblos indgenas.

La alianza del latifundio y el capital financiero: financiarizacin del territorio y articulacin con el narcotrfico

El hecho de que el monopolio de la tierra no se haya subordinado al capitalismo mo-

derno especialmente a la industria y el mercado nacional, y en esencia sea contradicto-

rio con aqul, no significa que sea imposible su articulacin. De hecho, la lgica del capital

transnacional especialmente financiero se inserta en el contexto de triunfo terrateniente;

slo que esta articulacin es altamente regresiva, pues lo que aparece es la combinacin

perversa de capitalismo junto a formas productivas feudales y de servidumbre.

El capital financiero subordina el sector real de las economas a travs del endeu-

damiento, que absorbe gran parte de la ganancia, y que presiona para que la industria

dirija sus capitales hacia los productos financieros; pero esencialmente el fenmeno

de control se hace realidad cuando los bienes se representan en el mercado financiero,

que infla de manera especulativa los valores sobre la base de imaginar ganancias posibles

o futuras. Las industrias se financiarizan e incrementan sus ganancias principalmente

mediante la transaccin de sus ttulos de deuda, bonos y acciones, en una cadena conti-

nua de venta de ilusiones donde todos los participantes ocultan lo evidente: que se trata

de una burbuja que solo puede sostenerse si sigue creciendo. La totalidad de las grandes

corporaciones derivan sus principales utilidades de estas formas especulativas antes que

de las ventas materiales de los productos; los departamentos de valores se han convertido

en los verdaderos directores de las empresas, por encima de las reas de produccin.

La especulacin requiere una base material para poder continuar su ciclo, pues la pro-

duccin de valores ficticios posibles o futuros, a medida que se incrementa, se hace ms

frgil y sobre todo poco confiable. Ello exige que la fuente de los valores ficticios est cada

vez ms asegurada, tenga menos riesgos y sea visiblemente generadora de confianza en

los inversionistas. Esto se aplica tambin en los ttulos de deuda pblica de los pases;

el llamado riesgo pas, la calificacin que los prestamistas otorgan a los Estados para va-

lorar sus ttulos o bonos, no es otra cosa que la certificacin de que el pago por impuestos

futuros es seguro, que existen los medios coactivos para que se realicen, y que los presta-

tarios son confiables polticamente (quieren pagar los tributos al capital) y militarmente

(pueden cobrrselos a sus ciudadanos).

Las transnacionales petroleras y mineras, las grandes obras de infraestructura cons-

truidas con crditos, las cadenas madereras, y ahora las plantaciones forestales, no pue-

den pensarse si no estn insertas en relaciones diseadas para garantizar que los crdi-

tos (corrientes o especulativos) efectivamente sern pagados. Por ello la necesidad del

control a todo trance; sin control sobre los procesos productivos no hay confianza; sin

confianza no hay inversin, sin ella no hay especulacin. Mediante la alianza financiera

y latifundista armada, los territorios y recursos son controlados a travs de concesiones

estatales y de alianzas empresariales (redes y cadenas productivas); y las transnacionales

JUAN HOUGHTON26

relanzan los procesos de valorizacin mediante la titularizacin de los territorios (bonos,

acciones) o su incorporacin en redes empresariales (Giraldo, 2001).

Para que las grandes corporaciones multinacionales relancen los procesos de valo-

rizacin mediante la especulacin, el latifundio armado debe articularse como agente

de control de los recursos estratgicos que precisa el capital; las figuras especulativas

(ttulos, bonos, acciones) requieren como base de apoyo la disponibilidad permanente,

la seguridad jurdica y poltica, y la garanta material de la produccin futura; por ello,

dentro de las funciones de agente de control que cumple el latifundio frente al capital

financiero est incluida la ms agresiva limitacin a la organizacin popular, al progreso

normativo y al cumplimiento de los derechos sociales, econmicos y culturales. Por lo

mismo, las transnacionales asociadas al latifundio financian activamente dichos disposi-

tivos de control mediante cuerpos armados mercenarios. As se consolida la fusin del la-

tifundismo con las transnacionales, donde el latifundio armado domestica a la oposicin

poltica y garantiza el funcionamiento prctico del capital, a cambio de lo cual mantiene

sus privilegios en la renta. La altsima rentabilidad del capital financiero especulativo

le permite compartir las rentas que extrae del conjunto de la economa mundial, con

stos, sus agentes de presa. El reciente reconocimiento por la Chiquita Brands de que

haba financiado grupos paramilitares y transportado armas, y las denuncias hechas a la

Drummond por el asesinato de sindicalistas, no hacen parte de situaciones anmalas de

algunos criminales enquistados en dichas empresas, sino de una necesidad de la implan-

tacin del capital financiero y transnacional.

Por otra parte, el territorio en muchos casos ya no requiere ser apropiado fsicamente,

sino que el control se mantiene a travs de la financiarizacin, donde la negociacin de

bonos es la que prevalece. Los capitales se apropian de ms riqueza natural sin necesidad

de tener la propiedad de las tierras, tal como se evidenci en la descolonizacin de tierras

en frica, cuyo control a travs de grandes inversiones y proyectos financieros sigue pre-

sente, siguiendo el modelo del presupuesto pblico tributando a los negocios privados.

Por ello mismo, al capital transnacional le interesa poner en orden las rutas comerciales y

tener control territorial de las zonas de su inters, as el 80% de las tierras est en manos

de fuerzas opositoras o criminales. En estos casos, el control de territorios, cadenas y

redes productivas resulta ms relevante que la propiedad o posesin de los mismos, que

incluso son reconocidos a las comunidades locales para incluirlas en el nivel ms bajo,

riesgoso y poco rentable de los nuevos negocios. Es lo que ha pasado con los yacimientos

en territorio uwa donde sin explotar un barril de petrleo se han realizado transaccio-

nes por miles de millones de dlares, o con empresas farmacuticas que con la simple

concesin de derechos de prospeccin en parques naturales mantienen sus procesos de

valorizacin, o las cadenas productivas (maderera, aceitera) que incorporan libremente

los territorios indgenas como suministradores de recursos sin necesidad de promover

expropiaciones abiertas.

Y es el capital transnacional, adicionalmente, el que requiere con ms urgencia la ade-

cuacin de las infraestructuras de transporte para facilitar la movilidad de materias pri-

mas y mercancas, y como evidencias de que controlan los suministros futuros de valor.

Oleoductos, viaductos, puentes, canales fluviales, acuapistas, son las nuevas exigencias

del capital. En este escenario de nuevo se articula la alianza con el latifundio. Las clases

INTRODUCCIN27

industriales haban insistido durante los aos sesenta y setenta en el desarrollo de la in-

fraestructura como un requerimiento para el desarrollo de un mercado interno; ante su

derrota econmica y poltica, el relanzamiento del capital se da por va de los sectores eco-

nmicos ligados a la exportacin, de manera que se abandona el modelo de integracin

nacional por una nueva coherencia estructurada del territorio, esta vez dirigida hacia y

para los mercados externos.

El latifundio entiende sus nuevas posibilidades de renta: la garanta de su control

territorial para la infraestructura extractiva y exportadora, a cambio de la valorizacin de

sus inmensos predios y de un flujo de regalas incrementado; la compra forzada y violen-

ta de las tierras aledaas a los posibles emprendimientos en infraestructura se convierte

en una constante de la economa nacional; el solo anuncio de los grandes megaproyectos

es performativo en materia de impactos, pues dinamiza de manera inmediata los proce-

sos de valorizacin especulativa de la tierra, la llegada de actores del latifundio armado,

y el ordenamiento del territorio a nivel municipal o regional mediante el ajuste de los

trminos legales y los cambios de vocacin de la tierra.

El latifundio no vivir transformaciones hacia la produccin, como lo presenta el Mi-

nisterio de Agricultura, sino que mantendr sus modalidades rentsticas. Y esto es as por-

que ni siquiera los grandes empresarios agrcolas podrn sostenerse del todo con las nue-

vas modalidades productivas, en tanto los cultivos que se promueven son los de tardo

rendimiento; la dependencia de las financiaciones bancarias har que estas instituciones

entren a controlar la produccin agrcola y reordenar el territorio. Salvo, por supuesto, los

empresarios directamente ligados al narcotrfico que utilizan estos modelos como formas

de lavado de activos antes que de inversin productiva, y que podrn esperar rendimien-

tos en el largo plazo o incluso renunciar a ellos; y los empresarios que por elevados sub-

sidios estatales pueden tener alguna posibilidad de competir con la produccin de pases

como Brasil donde la renta de la tierra es menor.

El ejemplo ms diciente en esta etapa en Colombia es el de los agrocombustibles con

base en caa de azcar, que se ha anunciado como la alternativa productiva y ambiental

para el campo. Lo cierto es que mientras en Brasil producir un galn de etanol de caa de

azcar cuesta 83 centavos de dlar, en Colombia cuesta 1,25 dlares, un precio claramente

no competitivo en el mercado. Para resolver el problema de la ausencia de mercado para

un combustible ms costoso que el petrleo, el gobierno actual ha expedido una norma

que obliga a combinar la gasolina con el etanol proveniente de la caa de azcar con el

pretexto de proteger el medioambiente y con ello obligar a los consumidores del mercado

interno a comprarlo; el resultado es que consumimos a altos precios el etanol subsidiado

y exportamos a ms bajo precio el petrleo nacional. Otro tanto ocurre con la palma acei-

tera, cuya rentabilidad se debe a razones no econmicas ni productivas: primero porque

le roban mediante la violencia la tierra a las comunidades rurales y, segundo, porque

los cultivos de palma son una forma de lavar dinero de la coca; a lo cual debe sumarse,

por ejemplo, que los financiadores de la campaa de Uribe Vlez son los dueos de los

viveros de palma, posteriores beneficiarios de los circuitos de riego y las represas que se

construirn con costo al presupuesto nacional pero con destinacin especfica. En suma,

un gran conjunto de subsidios y complicidades para permitir que los dineros del narco-

trfico sean legalizados.

JUAN HOUGHTON28

Control indirecto, encadenamiento y alianzas

Una especial importancia para el modelo de control territorial y militar directo tiene

el complemento que se hace mediante el control indirecto por va de la hipoteca de las

comunidades rurales propietarias de las tierras. Las llamadas alianzas estratgicas y los

encadenamientos productivos, son las dos figuras de la subordinacin de las comunida-

des rurales a las grandes transnacionales o empresas nacionales. Se trata de modalidades

de contratos aparentemente voluntarios en los que la comunidad se compromete a la

prestacin de un servicio o al suministro de un bien, en condiciones de exclusividad y

durante un trmino prolongado, aceptando asumir los riesgos por el cambio en la situa-

cin ambiental, financiera o de rentabilidad, y renunciando a modificar tanto su voluntad

como las condiciones de los contratos. Es una mera apariencia de contratos libres, puesto

que en gran medida operan como condicionamientos para acceder a crditos y subsidios;

como los resguardos y las tierras comunales de los pueblos indgenas no pueden ser hipo-

tecados, se presiona a stas para que conformen asociaciones productivas o cooperativas

(a veces mixtas con los empresarios y comercializadores) que puedan acceder a crditos

en modalidades de anticipos, cada vez ms necesarios por el hecho de que son las comu-

nidades las que deben asumir los riesgos y las prdidas del negocio; aunque no aparece

as en las minutas, los bienes comunales (casi siempre recursos naturales) figuran como

prendas de garanta. Para quienes han tenido conocimiento de las formas de explotacin

de recursos naturales en territorios indgenas, estos contratos de alianzas estratgicas y

encadenamientos recuerdan la modalidad del endeude que fue generalizado en la po-

ca de las caucheras, cuando comunidades enteras deban trabajo a los empresarios hasta

por treinta y cuarenta aos, y se adoptaron compromisos familiares en los cuales hasta los

hijos por nacer tenan compromisos de suministro del ltex.

Especialmente con los proyectos madereros articulados a Colombia Forestal, un n-

mero importante de comunidades afrodescendientes y algunas indgenas han realizado

acuerdos de encadenamiento productivo para el suministro de madera. Los acuerdos

no solo permiten eludir las consultas previas y los consentimientos obligados que exige

la ley, los cuales son obviados con mecanismos de corrupcin casi abiertos, sino que in-

cluyen clusulas que sujetan a las comunidades por dcadas a las transnacionales (que

operan localmente con asociaciones empresariales nacionales o cooperativas comunita-

rias), lo que les permite a stas mostrar ante los inversionistas los avales y las garantas

que requiere la especulacin.

Por supuesto, se trata de tener el control de todo el proceso de valorizacin, pero tam-

bin de externalizar los riesgos en la produccin, los costos ambientales, las circunstancias

polticas inestables, la presin poltica de comunidades afectadas por impactos socio-am-

bientales negativos, etc.; los casos de comunidades indgenas como Chigorod articu-

ladas a la cadena de la madera y el mueble de Antioquia muestran que los aparentes

negocios favorables no lo son, y que las comunidades deben asumir, apenas empezado el

negocio la destruccin del bosque, los sobrecostos laborales y el desgaste poltico.

Adems del sector maderero tenemos encadenamientos productivos tambin en las

plantaciones de banano en regiones como Urab, que obligan a las comunidades a sumi-

nistrar este producto por varios aos con compromisos de exclusividad y autorizacin

para que agentes de las corporaciones transnacionales intervengan libremente sus terri-

INTRODUCCIN29

torios. Este tipo de acuerdos de larga duracin, con clusulas leoninas, en la prctica con-

vierten a las comunidades en tributarios del gran capital sin tener casi ninguna ventaja, al

tiempo que los territorios son representados como papeles financieros en los mercados

especulativos.

La dependencia de las comunidades rurales a las grandes corporaciones o a los llama-

dos encadenamientos est ntimamente relacionada con la produccin agrcola de tardo

rendimiento. En tanto las nuevas prioridades productivas que se han impuesto al campo

en el tercer mundo son las exportaciones de agrocombustibles y maderas, todas ellas nego-

cios de alta inversin y largo plazo que no permiten retornos en menos de diez aos, nin-

gn campesino, ni las comunidades afrodescendientes o indgenas lograrn sostenerse.

Vaciamiento poltico de la territorialidad y privatizacin del territorio

Desde inicios del siglo pasado en los pases desarrollados el Estado de Bienestar o be-

nefactor tuvo un papel determinante como motor del desarrollo econmico y como muro

de contencin de las clases trabajadoras radicalizadas.8 En Colombia, aunque el Estado

no cumpli roles similares a los europeos o al cumplido por los grandes Estados latinoa-

mericanos, debi sin embargo crear y garantizar condiciones bsicas para la reproduccin

ampliada del capital. En los aos setenta se da inicio a un cambio en el papel del Estado. La

decreciente tasa de ganancia presiona a las lites gobernantes a liberar los recursos des-

tinados a los derechos sociales agenciados por los Estados y destinarlos a una nueva etapa

de acumulacin de capital o al pago de las deudas pblicas. El gasto social, los subsidios, las

lneas de crdito de redescuento, ahora son vistos de una mala forma y son desmontados.

El nfasis pas del Estado como agente econmico directo, al Estado como regulador. Sin

embargo, el desmonte de los presupuestos de inversin convirti en gran medida al Estado

en un cascarn sin funciones ni capacidad real de ordenamiento econmico, a lo cual se

suma la renuncia expresa a gobernar el territorio como parte del repliegue ante el capital

privado. Esto tiene expresin en la realidad rural y territorial colombiana.

En primer lugar, en materia de distribucin de la propiedad. Hasta 1991 la legislacin

existente era heredera de un encuentro conflictivo entre las movilizaciones campesinas

de los aos setenta y las orientaciones de la Alianza para el Progreso impulsada desde

Estados Unidos para prevenir procesos de levantamiento popular. En tal legislacin la

accin del Estado era definitiva en el tema de las tierras, pues gracias a la Ley 135 de 1961

el Estado tena la funcin de la distribucin, considerada una funcin estratgica de la

poltica econmica, y herramientas como la expropiacin por va administrativa. Pero en

la Constitucin Poltica de 1991 se abre el camino para que dos aos despus la Ley 160

de Reforma Agraria le quite el poder al Estado para intervenir y definir los aspectos de

relevancia en materia de tenencia de la tierra.

A partir de entonces queda explcito el propsito de que sea el mercado de tierras el

que las distribuya y garantice el acceso de los campesinos a ellas. Por supuesto, tal agente

8 Es reconocido por la mayora de los analistas que en Colombia, y en general en los pases del llamado Tercer Mundo, no vivimos como tal el Estado de bienestar o benefactor. Ello no implica, sin embargo, que los Estados hayan sido solamente agentes de orden en estos pases; es ms, la generacin de una economa y una sociedad civil en varios pases correspondi a estos Estados, como se evidencia en Mxico, Argentina y Brasil, donde el cepalismo tuvo en verdad agarre entre las burguesas nacionales y las lites burocrticas, y se concret en importantes procesos de industrializacin.

JUAN HOUGHTON30

abstracto en realidad es la mscara de los agentes privados (es decir, los terratenientes)

como orientadores de la distribucin racional de las tierras, en cumplimiento de una pol-

tica del Banco Mundial. El Estatuto de Desarrollo Rural, recientemente aprobado, asume

esta posicin de manera explcita. Como resultado de esta lnea, lo que se ha concretado

en el pas son los 4 millones de hectreas en manos de los paramilitares. De acuerdo con

estadsticas oficiales, la concentracin de la tierra en Colombia muestra ndices crticos de

desigualdad en la distribucin de la propiedad de la misma. Segn el Instituto Geogrfico

Agustn Codazzi (2002), para inicios de la dcada ms de 3 millones 500 mil propietarios,

es decir el 99,5% de todos los propietarios rurales, posean predios menores a las 200

hectreas, sumando un poco ms de 23 millones 300 mil hectreas, es decir, el 34% de

todos los predios rurales registrados por el IGAC. Mientras solamente 7.363 propietarios

de predios superiores a las 1.000 hectreas, el 0,2% del total, concentraban 35 millones de

hectreas, el 52% del total. Esta enorme concentracin de la tierra, expresada en un ndice

de concentracin del 0,85 (donde 1 es la mxima concentracin) evidencia que la reforma

agraria es una asignatura pendiente del Estado colombiano.

La cesin al mercado y a las empresas como ordenadores del territorio tiene otras ex-

presiones. Las concesiones a los grandes empresarios de la madera, los agrocombustibles

y las industrias extractivas minero-energticas no solo son econmicas, sino que fungen

como ordenadores polticos de lo territorial pblico. Esto es evidente en varias funciones

tpicamente estatales: las funciones de polica que se entregan a las empresas madereras

y minero-energticas, las cuales cumplen mediante ejrcitos privados o mercenarios, que

no solo protegen la propiedad sino que reprimen comportamientos considerados peli-

grosos; las funciones de control y proteccin del medioambiente, explcitamente otorga-

das a los ingenieros forestales de las plantaciones en la recientemente aprobada y decla-

rada inconstitucional Ley General Forestal, y que no solo implican una privatizacin del

papel indelegable del Estado sino una perversa forma de convertir en agente de control

al que debe ser controlado; la gestin de las reas protegidas dadas en concesin a empre-

sarios privados, como se expresa en las concesiones de los parques naturales a agencias

de viajes como Aviatur.9

Una tercera modalidad es la creacin de regiones empresariales y zonas francas agr-

colas, donde no rige la legislacin nacional sino las normas empresariales transnacionales.

El Estatuto de Desarrollo Rural autoriza la creacin de las zonas de desarrollo empresarial

en zonas baldas donde tendrn vigencia normas especiales que faciliten la incorpora-

cin de tecnologas y el aumento de produccin por medio de la inversin de capital

(art. 90); ya la Ley General Forestal haba otorgado a las grandes plantaciones forestales

exenciones de impuestos. Con esas dos normas, el campo se convertir en una inmensa

zona franca donde el Estado renuncia a ejercer control y lo delega abiertamente en los

propietarios privados. En Santa Marta se ha constituido la primera zona franca de agro-

combustibles a la cual se ha autorizado organizar la produccin de casi 900 familias, que

ni siquiera tendrn vinculaciones laborales sino que harn parte de encadenamientos

9 En sentido formal, se trata de la cesin de la administracin de algunas instalaciones y la autorizacin para la realizacin de actividades con fines de ecoturismo; en sentido real, significa que la mayor cantidad de recursos y personal en campo que manejar la empresa concesionaria frente al presupuesto y nmina del equipo administrativo de cada Parque, se traducir en una sustitucin efectiva de la funcin pblica por la empresa privada.

INTRODUCCIN31

productivos, la forma moderna de la servidumbre. Esta modalidad es la que se estable-

cer para todas las grandes plantaciones de palma aceitera y otras fuentes de etanol. Las

presiones sobre los territorios indgenas que tienen exenciones de impuestos sern las

prximas iniciativas, que ya tienen una cabeza de playa en la zona turstica del Cabo de

la Vela en territorio wayu, la forma criolla de los casinos en las reservaciones indgenas

de Estados Unidos.

No est de ms recordar que varias regiones del pas funcionan como tal sin que

legalmente lo sean; es el caso de las regiones bananeras, en las que no rige otra ley que

la de las empresas ni otra justicia que la de los paramilitares, o en las petroleras donde

extensiones inmensas del territorio nacional convertidas en bloques petroleros se eximen

de toda legalidad pblica.

Las reas pblicas empresariales han tenido experiencias en Colombia sobre todo

en el mbito urbano, una de las cuales es TransMilenio, que tiene un evidente papel de

ordenamiento territorial pero no se rige por ninguna norma pblica sino exclusivamente

por las prioridades privadas, y subordina abiertamente todos los sistemas pblicos de

seguridad, informacin, salud, etc.; a nivel ms amplio, la primera de las llamadas ge-

rencias regionales se inaugur con el Fondo de Reconstruccin del Eje Cafetero, luego

del terremoto de 1998, que canaliz casi la totalidad de los recursos pblicos destinados

a la reconstruccin de la zona, cuya direccin fue copada totalmente por los empresarios

y comerciantes.

El complemento de esta poltica es la subordinacin de las instituciones pblicas al

imperio de la legislacin privada, y de los entes territoriales al derecho comercial. La auto-

rizacin a los entes territoriales locales para el endeudamiento pblico que tuvo lugar con

la Constitucin de 1991, la cual en su momento apareci como una conquista de la descen-

tralizacin administrativa, en realidad ocultaba el propsito de incorporar los presupuestos

pblicos en el mercado de valores y crditos bancarios; en efecto, los diversos emprstitos

que se multiplicaron en la dcada pasada se acompaaron del compromiso de aceptar la

vigencia de las leyes privadas. Con ello, los entes pblicos en la prctica renunciaron a que

fuera el Consejo de Estado quien rigiera los contenciosos entre empresas y organismos

pblicos; a lo anterior se suma la adhesin de Colombia al Centro de Iniciativas Emprende-

doras (Ciade) para la resolucin de conflictos con empresas multinacionales, la aplicacin

de leyes de quiebra y concordato a municipios y departamentos (como lo establece la Ley

550), y la sumisin a los tribunales de arbitramento de los entes territoriales.

El territorio, en estas condiciones, claramente deja de ser un bien pblico intangible.

O, mejor, se hace intangible para la ciudadana y totalmente apropiado por las empresas

y corporaciones. No solo los gobiernos no gobiernan sino que pasan a ser puros gerentes

o agentes al servicio de los grandes proyectos que se desarrollan en sus jurisdicciones;

esta situacin ya se present con el caso de la hidroelctrica Urr I en el departamento de

Crdoba, que afect al pueblo embera kato, donde el gran volumen presupuestal de la

empresa (de capital mixto, mayormente pblico pero de origen crediticio, y que se geren-

cia por el rgimen privado) y la masa de contratos por disponer, la convirti en la nueva

institucionalidad del departamento. Y, adicionalmente, en casos de conflicto no rige la

legislacin pblica sino el derecho comercial. Esta forma de organizacin del territorio en

forma corporativa es la adecuacin ms clara al nuevo feudalismo que se impulsa desde la

JUAN HOUGHTON32

alianza latifundista-financiera mundial, en la cual el propietario deviene en gobernante,

y el ciudadano es esencialmente sbdito del patrn antes que constituyente primario, en

otras palabras, el capital rentista establece con los ciudadanos una relacin tributaria.

Expropiacin y desposesin directa de los territorios que se encuentran por fuera de la frontera agrcola

Junto a la privatizacin del territorio, el capital avanza mediante la acumulacin por

desposesin. Dado que el capital ya no genera mayor riqueza, las inversiones externas

directas consisten en la compra de empresas pero no se invierte para generar produccin

nueva; la saturacin del capital afecta la ganancia transnacional, que debe concentrarse

en su mxima expresin. El agotamiento de los espacios de valorizacin le obliga enton-

ces a reeditar frmulas de saqueo directo de los recursos y la conquista territorial. Los

casos de Irak, Afganistn o Sudn son dicientes. El imperialismo ambiental, la definicin

de inmensas reas del globo como patrimonio de la humanidad, la incorporacin al

mercado de bosques y pramos, la declaracin de zonas sin soberana, resultan urgen-

cias vitales para la expansin, como seala Wallerstein.

Todas estas modalidades tienen lugar en Colombia, en especial en los territorios ind-

genas y afrodescendientes. La ms grave es la falsificacin por parte del gobierno nacional

de la definicin del territorio nacional que establece la Constitucin Poltica; en el Trata-

do de Libre Comercio con Estados Unidos la definicin del territorio colombiano excluye

el subsuelo, el mar territorial, la zona econmica exclusiva, la zona contigua, el espectro

electromagntico y la rbita geoestacionaria (art. 109 CP). Hay una evidente relacin entre

esta definicin y el hecho de que Estados Unidos solo reconoce las 12 millas del mar te-

rritorial y reiteradamente han manifestado que debe ampliarse el carcter de aguas inter-

nacionales; una definicin como sta permite que las explotaciones de recursos naturales

y biolgicos (bancos de atn y riquezas de la biota acutica) en la plataforma submarina

pueda realizarse sin pago de impuestos o autorizaciones explcitas del Estado colombiano.

Por otra parte, la sola exclusin de la soberana sobre el subsuelo abre el espacio para pos-

teriores privatizaciones plenas de los recursos petrolferos como se pretendi en Bolivia y

Argentina. El caso de la rbita geoestacionaria y el espectro electromagntico es perfecta-

mente compatible con lo que hemos llamado zonas sin soberana o, en trminos blicos,

tierra de nadie, que permite al capital apropiar sin frmula de compra alguna los espa-

cios para colocacin de satlites y desarrollar las industrias de las telecomunicaciones.

El segundo mecanismo es la legalizacin de verdaderas acciones de conquista donde

el derecho se funda en la violencia ms evidente, en una nueva campaa de invasin so-

bre territorios indgenas, afrodescendientes y campesinos. Las empresas transnacionales

y los grandes empresarios agrcolas que como anotamos se han convertido en narcotra-

ficantes, son los grandes beneficiarios de las zonas de desarrollo empresarial; a dife-

rencia de los campesinos, a quienes se prohbe tener acceso a ms de un predio, y adems

se les exige produccin estable del suelo, los grandes empresarios y las transnacionales

en cambio pueden tener varias adjudicaciones de tierras si muestran que las destinarn a

la produccin para la exportacin, es decir, cultivos de tardo rendimiento que requieren

una inversin mnima en trabajo. En principio se trata de concesiones en usufructo, pero

las transnacionales y los grandes empresarios pueden aspirar a tomar las propiedades

INTRODUCCIN33

demostradas del Estado y tambin las de los desplazados, campesinos, afros y territorios

indgenas no legalizados, como si stas fueran baldas y demandar derechos de propie-

dad (art. 161).

En este sentido se aplica el sistema de Malasia que consiste en la disposicin de que

todas las tierras indgenas son propiedad del Estado, las cuales se dan a los particulares

en calidad de concesin temporal con la obligacin de que stos las exploten de forma

competitiva. Se trata de un modelo de industrializacin y valorizacin del campo. En Co-

lombia el sistema malayo se pervierte an ms, porque no se presiona la industrializacin

y la mayor productividad del agro, sino que la ocupacin con cultivos no alimentarios

(palma aceitera, por ejemplo) es solo un pretexto para hacerse a la propiedad de la tierra.

El modelo se hace as an ms regresivo, pues lo que interesa es seguir siendo latifundis-

tas, antes que insertarse en el sistema capitalista; la renta de la tierra sigue aumentando, el

carcter regresivo del Estado no se modifica, y ahora tiene una nueva modalidad de valor,

esta vez mediante la renta absoluta.

Los terratenientes, con el fin de aumentar la renta diferencial, le quitan tierras nuevas

a los campesinos y a las comunidades indgenas y afros, hacindose as a una renta abso-

luta. El despojo por vas ilcitas e ilegales es una realidad aceptada por el Estado. En junio

de 2005 el vicecontralor de la Repblica, poniendo la discusin en similares trminos que

las universidades en investigaciones independientes,10 seal que los narcotraficantes se

haban apropiado de casi un 50% de las mejores tierras del pas, mientras que cerca de un

70% de los propietarios, en particular los pequeos campesinos, slo posean el 5% del

rea (Contralora General de la Repblica, 2005).

A las formas de articulacin obligada en las cadenas productivas se suman mltiples

formas combinadas para apropiarse de la tierra. El Instituto Colombiano de Desarrollo Ru-

ral (Incoder) se ha dado a la tarea de legalizacin de las tierras adquiridas violentamente

por los narcotraficantes y paramilitares. Lo primero fue mediante la aparicin de escrituras

privadas, como hicieron en Jiguamiand, donde validaron escrituras previas de empresa-

rios de palma; en este caso una resolucin del Incoder titul tierras que ya estaban tituladas

a comunidades afro en el bajo Atrato. La segunda forma consiste en titulacin de tierras

que no estn ti