la relación obligatoria - unir...compraventa nos encontramos con la parte vendedora y la parte...

La relación obligatoria

[1.1] ¿Cómo estudiar este tema?

[1.2] Concepto, elementos y estructura de la relación

obligatoria

[1.3] Las fuentes de las obligaciones

[1.4] El derecho de crédito y su protección

[1.5] Objeto de la obligación: la prestación

[1.6] Clases de obligaciones

[1.7] Solidaridad y mancomunidad en las

obligaciones

1

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Derecho Privado de los Contratos I

Esquema

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TEMA 1 – Esquema © Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) 2


Ideas clave

1.1. ¿Cómo estudiar este tema?

Para estudiar esta lección lee el apartado «Ideas clave» de este tema, así como el

capítulo 2 de los apuntes de la asignatura, elaborados por José María de la Cuesta

y Enrique Núñez.

1.2. Concepto, elementos y estructura de la relación obligatoria

Concepto

Cabe definir la relación jurídica, en general, como aquella relación entre personas

que tiene relevancia jurídica, de modo que está regulada o, al menos, contemplada

por el Derecho de una forma orgánica y unitaria.

Y, concretamente, la relación jurídica obligatoria es aquella en la que una persona

(A) podrá exigir a otra (B) hacer o no hacer algo en beneficio de A o dar algo a A (cfr.

art. 1.088 CC. Este artículo señala que «toda obligación consiste en dar, hacer o no

hacer alguna cosa») por vinculación o responsabilidad contractual (cuando

entre las partes media un contrato) o por responsabilidad extracontractual (si

entre las partes no existe ninguna vinculación por un contrato). Por ejemplo, si A presta

a B 1.000 euros bajo la condición de que B se lo devuelva en el plazo de seis meses, A

podrá exigir a B que le devuelva ese dinero en ese plazo y B deberá hacerlo; o si A

contrata con B que este le pinte un cuadro, B deberá hacerlo y A podrá exigírselo; y, en

un supuesto de responsabilidad extracontractual, si B ha roto la valla que rodeaba la

finca de su vecino A o si ha atropellado a A con su coche, entonces A podrá exigirle la

reparación de la valla o una indemnización por los daños y perjuicios causados con su

actuación.

Vinculación o responsabilidad contractual

Responsabilidad extracontractual

Relación jurídica obligatoria

por o

TEMA 1 – Ideas clave © Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) 3


Elementos y estructura de la relación obligatoria

En primer lugar cabe señalar, genéricamente, que en toda relación jurídica nos

encontramos con la siguiente estructura:

Sujetos. Cabe distinguir entre:

o Sujeto activo. Es la persona que ostenta un poder jurídico para exigir el

cumplimiento de un deber a otra persona (que sería el sujeto pasivo de la

relación).

o Sujeto pasivo. Es la persona a quien el sujeto activo puede exigirle el

cumplimiento de un deber.

Cada una de estas posiciones subjetivas puede ser «ocupada» por varias

personas a la vez (cotitularidad o pluralidad subjetiva) e, incluso, en una misma

relación jurídica cada parte puede ser a la vez tanto sujeto activo como

sujeto pasivo de la relación.

Así ocurre especialmente en las llamadas relaciones sinalagmáticas, que son aquellas

en las que surgen derechos y obligaciones recíprocos entre las partes, de modo que

en una única relación jurídica se producen varias correlaciones, siendo los sujetos a

la vez activos y pasivos, esto es, titulares de poderes jurídicos y destinatarios de

deberes jurídicos. Por ejemplo, en la relación jurídica derivada del contrato de

compraventa nos encontramos con la parte vendedora y la parte compradora: el

vendedor tiene el deber jurídico de entregar la cosa vendida y a la vez el poder

jurídico de exigir al comprador el pago del precio pactado y, por su parte, el

comprador tiene el deber jurídico de pagar el precio acordado y, además, el poder

jurídico de exigir la entrega de la cosa vendida.

Objeto. Es aquello sobre lo que recae la concreta relación: la concreta conducta que

debe realizar el sujeto pasivo o el bien sobre el que recae el derecho del sujeto activo.



Contenido. Se trata del entramado de derechos y deberes que vinculan a los sujetos

parte de la relación (sujeto activo y pasivo). Y atendiendo asimismo a los propios

sujetos, en toda relación jurídica podemos contemplar una situación o posición

activa y otra pasiva:

o Como situación activa se encuentra el denominado poder jurídico, que

permite a su titular exigir a otra persona una determinada actitud o

comportamiento. Puede tratarse de un derecho subjetivo o de una potestad o

facultad jurídica. En esta situación de poder se halla el llamado sujeto activo

de la relación.

o Como situación pasiva se encuentra el denominado deber jurídico. En esta

situación de deber se halla la persona de la relación jurídica a quien se le puede

exigir esa concreta actitud o comportamiento debido (sujeto pasivo).

Estructura de la relación jurídica

ObjetoSujetos

Activo Pasivo Aquello sobre lo que recae la

concreta relación

Contenido

Situación activa

Situación pasiva

En general a toda situación de poder le corresponde una situación de

deber.

Partiendo de lo que se acaba de indicar, en cuanto a la relación jurídica obligatoria

podemos indicar la siguiente estructura:

Sujetos:

o Un sujeto activo (acreedor) que ostenta un poder jurídico llamado derecho de

crédito contra otra persona (sujeto pasivo de la relación), de modo que puede

exigir a esa persona un determinado comportamiento consistente en dar, hacer o

no hacer algo (art. 1.088 CC) en que consiste el objeto de esa relación obligatoria

(prestación).



o Un sujeto pasivo (deudor) que tiene el deber jurídico llamado «deuda» u

«obligación en sentido estricto» de cumplir con la prestación debida y

exigible por el sujeto activo de la relación, teniendo este el derecho de crédito que

le permite exigir el cumplimiento de esa prestación.

Objeto: la prestación en que consiste la obligación o deuda del deudor y que

puede ser exigida por el acreedor en virtud de ese derecho de crédito que ostenta.

Contenido o vínculo obligatorio: ese derecho de crédito que ostenta el

acreedor de exigir al deudor el cumplimiento de la prestación; y esa deuda

(obligación) del deudor de cumplir con esa prestación debida. Al derecho de

crédito (situación de poder jurídico) del acreedor le corresponde la deuda (situación

de deber jurídico) del deudor en cuanto a un mismo objeto (la prestación). Puede

afirmarse que crédito y deuda vienen a ser en definitiva las dos facetas de un mismo

fenómeno jurídico: la obligación en sentido amplio.

Así, en resumen, podemos indicar una serie de elementos esenciales de la relación

obligatoria.

Un derecho de crédito Una deuda

Elementos esenciales de la relación obligatoria

Una prestación

Un derecho de crédito. Poder o derecho del acreedor de exigir del deudor un

determinado comportamiento en el que consiste la prestación obligacional.

Una deuda: deber jurídico consistente en que el deudor de la relación jurídica ha de

realizar un determinado comportamiento (dar, hacer o no hacer algo: art. 1.088 CC)

en beneficio del titular del derecho de crédito, que coincide con la prestación exigible

por el acreedor. Ante la falta de cumplimiento de esa obligación, al deudor puede

exigírsele asimismo responsabilidad por ese incumplimiento (a este respecto,

cabe destacar la responsabilidad patrimonial universal prevista en el art. 1.911 CC).

Así pues, en términos generales, el deudor tiene deuda y responsabilidad. El deudor

está obligado al cumplimiento de la prestación y así satisfacer el interés del



acreedor; en caso de no cumplirse voluntariamente quedará el deudor sujeto a

determinadas consecuencias jurídicas, a las que haremos referencia en otro tema de

la asignatura.

Una prestación: objeto de la obligación del deudor y cuyo cumplimiento es exigible

por el acreedor.

1.3. Las fuentes de las obligaciones

Conforme indica el art. 1.089 CC: «Las obligaciones nacen de la ley, de los

contratos y cuasi contratos, y de los actos y omisiones ilícitos o en que intervenga

cualquier género de culpa o negligencia».

Tal y como advierte la mayoría de la doctrina en este precepto, se enumeran las

posibles fuentes de las obligaciones más clásicas y típicas desde el punto de vista

histórico, tradicional y doctrinal: la ley, los contratos, los cuasicontratos, los

delitos y los cuasidelitos. Pero se trataría de una enumeración ejemplificativa, no

exhaustiva ni con carácter de numerus clausus.

Nota: Los delitos y los cuasidelitos se enumeran juntos bajo la expresión de «actos y

omisiones ilícitos o en que intervenga cualquier género de culpa o negligencia».

Los cuasicontratos

Los delitos

La ley

Los cuasidelitos

Los contratos

Posibles fuentes de las obligaciones:



A continuación se incide en determinados aspectos de cada una de las fuentes antes

enumeradas:

Así, en el art. 1.090 CC se advierte que las obligaciones derivadas de la ley no se

presumen. Asimismo indica que «solo son exigibles las [obligaciones] expresamente

determinadas en este Código o en leyes especiales, y se regirán por los preceptos de

la ley que las hubiera establecido; y, en lo que esta no hubiere previsto, por las

disposiciones del presente libro»; si bien, la doctrina mayoritaria ha venido a señalar

que con las referencias que en este precepto se hace a la «ley» debe entenderse que

se hace a «norma jurídica», debiendo entenderse que las obligaciones pueden

derivar (y son exigibles) no solo de la ley, sino también de la costumbre y de los

principios generales del Derecho (ambos fuente del Derecho).

Por otro lado, en el art. 1.091 CC se consagra la fuerza vinculante de los contratos al

señalarse que «las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre

las partes contratantes, y deben cumplirse al tenor de los mismos».

A las obligaciones civiles que nazcan de los delitos o faltas se refiere el art. 1.092 CC

para advertir que se regirán por el Código Penal; y, por su parte, el art. 1.093 CC se

refiere a los cuasidelitos cuando señala que las obligaciones que «se deriven de actos

u omisiones en que intervenga culpa o negligencia no penadas por la ley, quedarán

sometidas a las disposiciones del capítulo II del título XVI de este libro».

Respecto a los cuasicontratos, el Código Civil dedica a esta figura doctrinalmente

muy discutida sus arts. 1.887 a 1.901. En el art. 1.887 CC viene a recogerse su

concepto: «Son cuasi contratos los hechos lícitos y puramente voluntarios, de los

que resulta obligado su autor para con un tercero y a veces una obligación recíproca

entre los interesados». Los cuasicontratos expresamente regulados por el Código

Civil son: la gestión de negocios ajenos (arts. 1.888 a 1.894 CC) y el cobro de lo

indebido (arts. 1.895 a 1.901 CC); junto a estos, la doctrina ha señalado como

cuasicontrato al enriquecimiento injusto o enriquecimiento sin causa.



1.4. El derecho de crédito y su protección

Derecho de crédito vs. Derecho real

En la relación jurídica obligatoria, el derecho subjetivo ostentado por el sujeto activo

de la relación se denomina derecho de crédito.

Junto al derecho de crédito, entre los otros posibles derechos subjetivos reconocidos en

nuestro ordenamiento, cabe destacar otra categoría de derechos patrimoniales por

excelencia: los derechos reales, que serían los ostentados por el sujeto activo en las

relaciones jurídicas reales (las que derivan de la existencia y titularidad de un derecho

real, siendo este aquel derecho que atribuye a su titular un poder directo sobre un bien,

para usarlo o disfrutarlo o disponer de él, etc.: por ejemplo, el derecho de propiedad, el

derecho de usufructo, las servidumbres, la hipoteca…). No obstante, los derechos reales

serán objeto de estudio pormenorizado en la asignatura correspondiente.

Entre el derecho de crédito y el derecho real existen diferencias relevantes:

Una diferencia esencial es que los derechos reales son derechos absolutos,

oponibles erga omnes; mientras que los derechos de crédito son derechos

relativos, oponibles únicamente frente al concreto deudor obligado a cumplir con

la prestación concreta exigible por el acreedor. Como consecuencia de esta

característica diferenciadora, al derecho de crédito también suele denominarse

derecho personal.

Los derechos reales son inherentes a la cosa sobre la que recaen, esto es, su

titular puede actuar y ejercitar su derecho real directamente sobre la cosa sin

necesidad de que intervenga ninguna otra persona y cualquiera que sea quien tenga

la cosa. Sin embargo, los derechos de crédito requieren una conducta de

otra persona para que el titular de ese derecho de crédito vea satisfecho su interés,

recayendo el objeto del derecho de crédito sobre la conducta del deudor

(prestación), no sobre un concreto bien.



Protección del derecho de crédito

Medidas legales:

Con el fin de procurar la satisfacción del derecho del acreedor nuestro ordenamiento

prevé y regula expresamente ciertas medidas a favor de los acreedores:

Por un lado, la ley prevé determinadas medidas de protección del crédito a

favor de los acreedores. Estas medidas son:

o La responsabilidad patrimonial universal prevista en el art. 1.911 CC. En

virtud de este precepto el deudor responde del cumplimiento de sus obligaciones

con todos sus bienes, presentes y futuros. Esta responsabilidad cumple tanto con

una función de estimulación del cumplimiento voluntario por el deudor como una

función de garantía de la satisfacción del crédito a favor del acreedor. Esta

responsabilidad es patrimonial (sobre bienes) y afecta exclusivamente a bienes

del deudor, aunque eso sí, bienes presentes (que estén en el patrimonio del

deudor cuando este contrajo la obligación) y bienes futuros (aquellos bienes que

pasen a formar parte del patrimonio del deudor con posterioridad). No obstante,

cabe advertir que este alcance ilimitado de esta responsabilidad patrimonial

prevista en el art. 1.911 CC puede limitarse en ciertos casos si así se prevé en

alguna disposición legal.

o La otra medida legal de protección del crédito a favor de los acreedores es el

derecho de retención que en ciertos casos se reconoce legalmente a un

acreedor que posee una determinada cosa que debe entregar o restituir al deudor,

de modo que, en virtud de tal derecho, el acreedor podrá suspender esa entrega o

restitución manteniendo la posesión de la cosa hasta que el deudor no cumpla

con su deuda. Por ejemplo, el acreedor pignoraticio por la cosa pignorada

respecto del pago del préstamo garantizado con una prenda; el depositario por la

cosa depositada respecto del crédito surgido por razón del depósito; el

mandatario por las cosas objeto de mandato y respecto de las cantidades debidas

como consecuencia de la ejecución del mandato; el usufructuario por la cosa

usufructuada respecto de lo que se le deba por la situación de usufructo como

liquidación del estado posesorio…



Por otro lado, la ley prevé asimismo determinadas medidas que persiguen

proteger el patrimonio del deudor para que este no se vea afectado por

determinados actos u omisiones del obligado en perjuicio de los acreedores. Estas

medidas vienen previstas en el art. 1.111 CC y son las siguientes:

o La acción subrogatoria. Cuando la pasividad del deudor en el ejercicio de sus

derechos y acciones frente a terceros determina la imposibilidad del acreedor de

satisfacer su derecho de crédito, el art. 1.111 CC reconoce al acreedor la

posibilidad de ejercitar él esos derechos y acciones del deudor (salvo los

inherentes a su persona) mediante de la acción subrogatoria.

Se trata de una medida de carácter subsidiario de modo que el acreedor solo

podrá ejercitarla «después de haber perseguido los bienes de que esté en posesión

el deudor para realizar cuanto se les debe» (art. 1.111 CC). Ejercitada esta acción

sus efectos repercutirán directamente en el patrimonio del deudor; y después el

acreedor para satisfacer su crédito deberá exigir el pago al deudor pudiendo

dirigirse contra el patrimonio de ese deudor; en este sentido, puede decirse que

estamos ante una acción indirecta porque quien la ejercita consigue el aumento

del patrimonio de su deudor, contra el que después podrá dirigirse.

o La acción revocatoria o pauliana. Esta acción permite al acreedor impugnar

los actos que su deudor haya hecho en fraude de su derecho de crédito e instar su

revocación o rescisión. Tiene también carácter subsidiario: solo se podrá

ejercitar en caso de que el acreedor no pueda satisfacer su crédito con los bienes

que tenga el deudor en ese momento ni por otro recurso (cfr. arts. 1.291.3º y

1.294 CC). El ejercicio de la acción de rescisión caduca a los cuatro años (art.

1.299 CC). El ejercicio de esta acción exige el cumplimiento de ciertos

presupuestos: la existencia de un crédito a favor del actor (art. 1.111 CC); la

realización por el deudor de un acto en beneficio de un tercero provocando una

disminución de su patrimonio que perjudica al acreedor al impedir satisfacerle su

crédito; probar que ese acto del deudor con el tercero (que es el acto que se

impugna) sea fraudulento, es decir, celebrado de común acuerdo entre el deudor

y el tercero con la intención de defraudar al acreedor (mala fe por parte del

deudor y del tercero: cfr. arts. 1.111, 1.291.3º y 1.295 CC). A este respecto, el art.

1.297 CC acoge la presunción iuris et de iure de contrato celebrado en fraude

de acreedores a los contratos de enajenación de bienes por el deudor a título

gratuito; y, asimismo, la presunción iuris tantum de que han sido hechas en



fraude de acreedores las enajenaciones onerosas realizadas por aquellas personas

contra las cuales se hubiese pronunciado antes sentencia condenatoria en

cualquier instancia o expedido mandamiento de embargo de bienes. La acción no

prosperará cuando las cosas, objeto del contrato, se hallaren legalmente en poder

de terceras personas que no hubiesen procedido de mala fe, en este caso, podrá

reclamarse la indemnización de perjuicios al causante de la lesión (art. 1.295 CC;

cfr. art. 1.298 CC). Ejercitada esta acción la consecuencia es que se deja sin

efecto el acto impugnado en la medida necesaria para que el acreedor pueda

satisfacer su crédito, señalando el art. 1.295 CC que la rescisión obliga a la

devolución de las cosas que fueron objeto del contrato con sus frutos y del precio

con sus intereses.

Medidas para proteger el

patrimonio del deudor

Medidas legales de protección del derecho de crédito

Medidas de protección del

crédito a favor de los acreedores

Responsabilidad patrimonial universal

Derecho de retención

Acción subrogatoria

Acción revocatoriao pauliana

Medidas voluntarias:

Junto con estas medidas legales previstas para proteger al acreedor y procurarle la

íntegra satisfacción de su crédito, los particulares pueden, de común acuerdo, prever

asimismo ciertas medidas que protegen al acreedor y su crédito. De entre esas

medidas cabe destacar las siguientes:

La pena convencional o cláusula penal. Es una estipulación o pacto de las

partes de la relación por la que se señala que en caso de que el deudor no cumpla con

su obligación principal o la cumpla solo parcialmente o la cumpla defectuosamente o

con retraso, deberá cumplir con otra obligación y prestación (normalmente

pecuniaria) como sanción por ese incumplimiento o defectuoso cumplimiento (que



en todo caso debe serle imputable al deudor), con la oportuna moderación equitativa

que en su caso decida el juez (art. 1.154 CC). Es de carácter accesorio de una

obligación principal, debiendo advertirse que la nulidad de esa obligación principal

supone la nulidad de la cláusula penal; pero no así a la inversa (art. 1.155 CC).

Las arras. Se trata de bienes (generalmente cantidades de dinero) que con ocasión

de la celebración de un contrato una parte entrega a la otra con el fin general de

garantizar en cierta medida la eficacia real de ese contrato. Son muy típicas en los

contratos de compraventa; de hecho la única regulación expresa en nuestro Código

Civil de las arras se recoge en el art. 1.454 CC sobre las arras penitenciales en la

compraventa; para el resto de los casos y las otras modalidades de arras el

fundamento lo debemos encontrar en el art. 1.255 CC y el principio de autonomía de

la voluntad en él consagrado. Podemos distinguir, siempre desde el punto de vista

doctrinal, entre los siguientes tipos de arras:

o Arras confirmatorias. Son aquellas cantidades entregadas por el comprador al

vendedor con anterioridad a la celebración del contrato como anticipo y como

parte y a cuenta del precio final pactado. Tienen una eficacia meramente

confirmatoria de la celebración del contrato. En caso de que finalmente el

contrato no llegara a celebrarse, el vendedor deberá entregar esas cantidades al

comprador. Si nada se indica en el contrato ni de él se deduce el carácter

penitencial de las arras, se entenderá que son arras confirmatorias.

o Arras penitenciales. Son las previstas en el art. 1.454 CC. Es esencial destacar

que su finalidad es permitir a los contratantes desligarse del contrato, pagando la

cantidad estipulada. Se articulan en la práctica de modo que en caso de

desistimiento del comprador este perderá esa señal y, en caso de que fuera el

vendedor quien desistiese, deberá devolverlas dobladas al comprador. Debe

deducirse claramente de lo pactado en el contrato que las partes querían prever

unas arras penitenciales pues, de lo contrario, la jurisprudencia viene

manteniendo que esas arras serán confirmatorias.

o Arras penales. Deben pactarse expresamente y son aquellas previstas a modo

de cláusula penal como indemnización para el caso de incumplimiento de

contrato y sin perjuicio de que, además, pueda exigirse el debido cumplimiento

de lo pactado.



MEDIDAS VOLUNTARIAS

La pena convencional o cláusula penal

Las arras

Arras confirmatorias

Arras penales

Arras penitenciales

1.5. Objeto de la obligación: la prestación

El objeto de la obligación es la prestación: esa conducta o acto exigible al

deudor por el acreedor. ¿En qué puede consistir esa prestación? Conforme

indica el art. 1.088 CC: «Toda obligación consiste en dar, hacer o no hacer

alguna cosa».

Esa prestación debe cumplir con determinados requisitos, requisitos que no se prevén

al regularse las obligaciones sino al regular el objeto de los contratos (arts. 1.271 1.273

CC), si bien tradicionalmente se han extrapolado tales exigencias al régimen general de

las obligaciones y a su objeto:

Debe ser posible: la conducta exigible al deudor debe poder llevarse a cabo. A este

respecto se excluirían las cosas o servicios imposibles y las prestaciones irrealizables

por causas materiales o físicas (cfr. art. 1.272 CC).

La prestación debe ser además lícita: la conducta exigible al deudor debe respetar

las leyes, la moral, las buenas costumbre y el orden público (cfr. arts. 1.271 y 1.255

CC).

Y, por último, la prestación debe ser también determinada o determinable: la

conducta que debe realizar el deudor debe estar delimitada, concretada, desde el

principio o al menos que se fijen los criterios que permitan, posteriormente,

delimitarla, concretarla, sin necesidad de un nuevo acuerdo de las partes (cfr. art.

1.273 CC).



1.6. Clases de obligaciones

Por el contenido de la prestación debida

La principal clasificación de las obligaciones atiende al contenido de la prestación,

conforme al citado art. 1.088 CC: obligaciones de dar y de hacer algo (obligaciones

positivas) y obligaciones de no hacer algo (obligaciones negativas).

Obligaciones de darObligación específica

Por el contenido de la prestación debida

Obligación genérica

Obligaciones de hacer

Obligaciones de medios o de mera actividad

Obligaciones de resultado

Obligaciones de no hacer

Obligaciones de dar. Las obligaciones de dar consisten en que el deudor debe

entregar algo, ya sea con la finalidad de entregar la mera posesión o uso de ese bien

o para entregar la propiedad u otro derecho real sobre tal bien. Su régimen general

se recoge en los arts. 1.094 a 1.097 CC. Entre las obligaciones de dar cabe distinguir

entre:

o La obligación específica: el deudor debe entregar una cosa concreta y ya

determinada desde el nacimiento de la obligación. Por ejemplo, entregar el

cuadro Las Meninas; entregar las llaves del piso 4º E de la calle… de Zaragoza…

De su régimen merece destacar que el deudor deberá conservar la cosa

diligentemente hasta su entrega, que deberá dar todos los accesorios (aunque no

se mencionen), teniendo el acreedor derecho a los frutos desde el nacimiento de

la obligación de entrega y que el deudor responderá de la pérdida de la cosa hasta

que se entregue salvo que se trate de caso fortuito (caso en el que solo responderá

el deudor si este incurrió en mora a la hora de la entrega); de modo que si no

concurre mora ni culpa del deudor, este se verá liberado de la obligación si el bien

se pierde o destruye por caso fortuito.



o La obligación genérica. En este caso, la cosa que el deudor debe entregar no

está del todo concretada al constituirse la obligación, delimitándose únicamente

el género al que pertenece. Por ejemplo, cien botellas de vino; diez kilos de

harina… Este tipo de obligaciones se rige por el principio genus nunquam perit

(el género nunca perece), por lo que el deudor siempre asumirá el riesgo de

pérdida de la cosa por caso fortuito, salvo que concurra la mora del acreedor al

recibir el bien (mora accipiendi). Por otro lado, cabe señalar que, lógicamente, en

el momento de hacer la entrega de la cosa se debe concretar esta pues el

cumplimiento de esa obligación genérica exige la entrega de unas cosas

pertenecientes a ese género en la cantidad o medida en que se hubieran pactado.

Para esa concreción se atenderá a lo que se hubiera pactado o lo que se derive de

los usos de tráfico; subsidiariamente se entiende que será el deudor quien

«especifique» esa obligación genérica. En cuanto al ámbito de esa concreción,

podemos decir que habrá que atender a lo pactado (calidad baja, o media, o

superior pactada expresamente), pero si no se pactó nada, el deudor cumplirá con

entregar las cosas de ese género que sean de calidad media. (cfr. art. 1.167 CC).

Obligaciones de hacer. En este caso, el deudor debe realizar una determinada

actividad o conducta. Si no cumple, se podrá mandar ejecutar por otra persona a

costa del deudo (art. 1.098 CC), salvo que se trate de una obligación

personalísima (cuando el deber de prestación nació en atención a las

circunstancias y cualidades del deudor). Entre estas obligaciones de hacer podemos

distinguir:

o Las obligaciones de medios o de mera actividad: el deudor debe

desarrollar una determinada actividad con la diligencia debida, sin que a los

efectos del cumplimiento de la obligación se le exija la obtención de un resultado

concreto. Asumen este tipo de obligaciones, por ejemplo, los médicos o los

abogados en el ejercicio de su actividad.

o Las obligaciones de resultado: en este caso, el deudor, para entenderse que

cumple con su obligación, debe conseguir un determinado resultado. Por

ejemplo, la obligación del arquitecto de redactar un determinado proyecto de

construcción de un edificio o infraestructura; la construcción de un chalet.



Obligaciones de no hacer. En este tipo de obligaciones la prestación debida por

el deudor consiste en abstenerse de realizar una determinada conducta. Puede ser

simplemente un no hacer (es decir, abstenerse de realizar determinados actos: por

ej., no vender determinada finca en determinadas condiciones) o puede sumarse el

deber de tolerar que otros desarrollen una determinada actividad (por ej. el dueño

de una finca que no puede impedir y, por tanto, debe tolerar, que un vecino pase por

su finca para llegar al camino público o que pueda sacar agua del pozo que se

encuentra en su finca).

Otras clases de obligaciones

Obligación facultativa

Obligaciones instantáneas

Obligación duradera

Obligaciones divisibles e indivisibles

Obligación periódica

Obligación alternativa

Otras clases de obligaciones

Obligaciones sujetas a término

Obligaciones condicionales

Son obligaciones divisibles cuando permiten el cumplimiento parcial de la

prestación sin cambiar su naturaleza ni hacerla inservible económicamente. Son

indivisibles en caso contrario.

La obligación alternativa es aquella cuyo objeto consiste en varias prestaciones pero

el deudor solo debe cumplir una de ellas íntegramente (así, el acreedor no puede ser

obligado a recibir parte de una prestación y parte de otra: art. 1.131 CC). Salvo que otra

cosa se hubiera pactado, en principio será el deudor quien elija la prestación que

finalmente debe cumplir (art. 1.132 CC).

Por su parte, la obligación facultativa en la que se pacta una determinada (y única)

prestación pero se reconoce al deudor la facultad de extinguir esa obligación y derecho

de crédito del acreedor cumpliendo otra prestación diferente sin necesidad de que para



ello cuente con el posterior consentimiento del acreedor. En las obligaciones

facultativas, a diferencia de las obligaciones alternativas, solo hay una prestación

debida, sin perjuicio de que, de cara a extinguir, la obligación se faculte al deudor a

realizar una prestación diferente.

Las obligaciones instantáneas (o de tracto único) son aquellas en las que la

prestación se realiza en un solo acto. Por ejemplo, el pago del precio del periódico que

se compra o del billete de autobús.

En la obligación periódica (o de tracto sucesivo) la prestación objeto de la

obligación viene a fraccionarse en diversas prestaciones a lo largo del tiempo. Por

ejemplo, el pago de la renta del arrendamiento de la vivienda o el pago del precio de

compra a plazos.

Por su parte, en la obligación duradera (o de tracto continuo) la ejecución de la

prestación se prolonga en el tiempo pero sin fraccionarse. Suele tratarse de

obligaciones negativas, por ejemplo, no vender un determinado bien o no destinar el

local a una determinada actividad.

Las obligaciones condicionales son aquellas cuya eficacia se sujeta a la producción

de un determinado acontecimiento futuro e incierto (condición). Puede tratarse de una

condición:

Modificativa

Casual

Mixta

Suspensiva

Potestativa

Resolutoria

Obligaciones condicionales

Negativa

Positiva



Suspensiva: cuando la obligación no surte efecto hasta que la obligación se

cumple. Por ejemplo, si terminas la carrera te daré 10.000 euros; solo cuando se

cumpla esa condición de terminar la carrera se deberán esos 10.000 euros; cfr. art.

1.114 CC.

Resolutoria: cuando la obligación produce todos sus efectos hasta que la condición

se cumple, momento en el que esos efectos cesarán. Por ejemplo, la compra de la

vivienda se resolverá si en el plazo de seis meses no se ha instalado el ascensor; cfr.

art. 1.114 CC.

Modificativa: cuando de esa condición dependen, no los efectos de la obligación,

sino la determinación del régimen aplicable, siendo uno si la condición se cumple y

otro si no se cumple (por ejemplo, compra de un terreno por un precio determinado

siendo mayor si el volumen de edificabilidad de esa finca es superior al inicialmente

previsto).

Casual: cuando la eficacia de la obligación depende de una acontecimiento ajeno a

la voluntad de las partes o interesados, aunque sea la voluntad de un tercero (por

ejemplo, si el Ayuntamiento recalifica el terreno, construiré el pabellón); cfr. art.

1.115 CC.

Potestativa: cuando la eficacia de la obligación depende de la voluntad de uno de

los interesados; puede ser puramente potestativa (cuando depende del puro querer o

voluntad del interesado, por ejemplo, te dará 10.000 euros si quiero) o simplemente

potestativas (cuando depende esencialmente de la voluntad del interesado pero,

además, también depende de algún otro acto o interés, no simplemente de un acto

de voluntad). Por ejemplo, si voy a Roma te daré 10.000 euros; en este caso,

depende de la decisión del deudor de ir a Roma pero también de las posibilidades

que tenga de ir a Roma en cuanto a dinero, tiempo, trabajo, etc. y, además, debe

hacerse el viaje); cfr. art. 1.115 CC.

Mixta: cuando la eficacia de la obligación se hace depender tanto de la voluntad de

los interesados como de un acontecimiento ajeno a su voluntad: por ejemplo, te daré

10.000 euros si terminas la carrera.



Positiva: cuando la eficacia de la obligación se hace depender de que ocurra algún

suceso en un determinado tiempo (por ejemplo, si te casas antes de que cumplas

treinta años te daré 10.000 euros); cfr. art. 1.117 CC.

Negativa: cuando la eficacia de la obligación se hace depender de que no ocurra

algún suceso en un determinado tiempo (por ejemplo, si no te casas antes de que

cumplas treinta años te daré 10.000 euros); cfr. art. 1.117 CC.

Se volverá sobre la condición cuando se expliquen los elementos accidentales del

contrato.

Las obligaciones sujetas a término son aquellas en las que los efectos de la

obligación se sujetan a un momento futuro pero cierto (término de eficacia). Podrá

ser un término inicial (cuando llegado ese momento comienzan a producirse los

efectos de la obligación: por ejemplo, cuando se pacta que el contrato de suministro de

material de construcción entrará en vigor el 1 de enero de tal año) o un término final

(cuando llegado ese momento cesan los efectos de esa relación: por ejemplo,

pactándose que el contrato de suministro de material de construcción dejará de

producir efectos el 31 de diciembre de tal año).

Junto con este término de eficacia podemos distinguir también un término de

cumplimiento: cuando las partes señalan un determinado momento no para limitar o

hacer depender de él la eficacia del contrato (que surtirá efectos inmediatamente), sino

para concretar el momento en que debe cumplirse una concreta prestación por el

deudor; en este caso se habla de obligaciones a término o a plazo (reguladas en los

arts. 1.125 y ss. CC). Por ejemplo, la entrega del material de construcción deberá

hacerse el día 1 de cada mes o el pago del material entregado deberá hacerse diez días

posteriores a la entrega.

Por otro lado, cabe hacer mención, a la posibilidad de señalar un término esencial

absoluto (cuando el cumplimiento de la obligación solo satisface al acreedor si se hace

en la fecha indicada en el plazo indicado: por ejemplo, servir el banquete de boda en la

fecha indicada; el cumplimiento tardío no satisface al acreedor y determinará el

incumplimiento de la obligación, resolución del contrato e indemnización a favor del

acreedor, salvo que este opte voluntariamente por aceptar ese cumplimiento tardío,

además de una indemnización); o bien un término esencial relativo (en este caso el

plazo o término es determinante en el nacimiento de la obligación, pero el



cumplimiento tardío aún puede ser útil para el acreedor, quien podrá decidir entre la

resolución del contrato, que no será automática, o el cumplimiento de la obligación, con

indemnización de daños y perjuicios en ambos casos).

Cabe distinguir también entre un término cierto (cuando la certidumbre recae tanto

sobre el conocimiento de que el momento va a llegar como de cuándo llegará, esto es,

del momento exacto en que llegará: por ejemplo, el 1 de enero de un año determinado,

diez días después de la entrega del material) y un término incierto (la certidumbre

solo recae sobre el conocimiento de que el momento llegará pero no se sabe cuándo:

por ejemplo, el día en que fallezca Juan).

Asimismo, según su origen, podemos hablar de un término voluntario (fijado por las

partes), legal (fijado por la ley), judicial (fijado por una resolución judicial) o mixto

(derivado de la voluntad de los particulares y de una decisión judicial), pudiendo ser,

además, expreso o tácito (cfr. art. 1.128 CC).

También se hablará del término cuando se aborden los elementos accidentales del

contrato.

1.7. Solidaridad y mancomunidad en las obligaciones

En caso de que en la posición deudora o acreedora de la relación jurídica obligatoria

concurran varias personas, nuestro ordenamiento distingue entre las obligaciones

solidarias y las mancomunadas: arts. 1.137 ss. CC.

Obligaciones mancomunadas


indivisibles


divisibles o parciarias




Las obligaciones mancomunadas indivisibles se caracterizan porque en caso de

pluralidad de deudores, el acreedor debe actuar su derecho conjuntamente contra todos

los deudores y asimismo estos deudores deben actuar conjuntamente; y en caso de que

la pluralidad recaiga en la posición acreedora, todos los acreedores deben actuar

también conjuntamente. A diferencia de las obligaciones mancomunadas parciarias, en

este caso ni el crédito ni la deuda (y, en definitiva, la prestación) se divide entre la

pluralidad de sujetos acreedores o deudores.

En las obligaciones mancomunadas divisibles o parciarias se divide el crédito o

deuda entre todos los sujetos que ocupan la posición acreedora o deudora. Así, si

existen varios deudores (deuda parciaria) la deuda y la prestación se divide entre todos

ellos, de modo que el acreedor solo podrá reclamar a cada uno de ellos la parte que le

corresponda cumplir; y si se tratase de pluralidad de acreedores (crédito parciario), el

crédito se dividiría entre todos ellos y cada uno solo podrá reclamar al deudor la parte

que le haya correspondido tras esa división (art. 1.137 CC). Conforme señala el art.

1.138 CC, salvo que otra cosa se derive del texto de la obligación contraída, el crédito o

la deuda se presumirán divididos en tantas partes iguales como acreedores o deudores

haya, reputándose créditos o deudas distintos unos de otros.

Obligaciones solidarias

Las obligaciones solidarias son aquellas en las que (art. 1.137 CC):

Si existen una pluralidad de deudores (deuda solidaria), se considerará que cada uno

de ellos está obligado por toda la deuda, de modo que el acreedor podrá reclamar a

cualquiera de ellos el cumplimiento de la totalidad de la prestación.

Si son varios acreedores (crédito solidario), se entiende que cualquiera de ellos

podrá reclamar al deudor el cumplimiento de la totalidad de la prestación.

Este sería el aspecto externo de la solidaridad, relativo a la relación entre el

sujeto pasivo y el sujeto activo de la relación, de modo que en la deuda solidaria

cada deudor se reputa como deudor de todo frente al acreedor y en el

crédito solidario, cada acreedor se reputa como acreedor de todo frente

al deudor.

Pero en las obligaciones solidarias también cabe tener en cuenta el aspecto interno,

que se refiere a la relación entre los diversos sujetos que ocupan la posición deudora o



acreedora de la obligación. Cualquiera de los deudores o acreedores solidarios podrá

realizar actos tendentes a la extinción de la obligación solidaria; ahora bien, una vez

extinguida la obligación, al deudor solidario que pagó le corresponde el derecho o

acción de regreso frente al resto de codeudores solidarios para reclamarles a cada

uno de estos la parte que del total de la deuda debían (no podrá reclamarles todo, sino

solo la parte que deban cada uno) más los intereses del anticipo (art. 1.145 CC); y en

caso de crédito solidario, el acreedor que cobró la totalidad de la deuda responderá ante

los demás de la parte del crédito que correspondería a cada uno de los acreedores,

teniendo el resto de acreedores solidarios el derecho de regreso frente al que cobró (art.

1.143 CC). Salvo que otra cosa se deduzca de la obligación, se presumirá que la deuda o

crédito solidario se divide por partes iguales entre los diversos sujetos, aplicando la

regla general de parciariedad prevista en el art. 1.138 CC.

Mancomunidad y Solidaridad

Por último cabe advertir que, conforme señala el art. 1.137 CC, la regla general en

caso de pluralidad de deudores o acreedores es la de la mancomunidad,

reputándose solidaria la obligación solo cuando así se haya previsto

expresamente; ahora bien, cabe tener en cuenta que nuestra jurisprudencia ha

introducido ciertos matices bajo una interpretación correctora de esta regla

general del art. 1.137 CC en caso de pluralidad de deudores en ciertos casos de

obligaciones contractuales, de insolvencia, de responsabilidad por defectos y en caso de

daños por culpa o negligencia, invirtiendo el criterio y haciendo que la solidaridad en

estos casos sea la regla general y no la excepción.



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Accede a la página web a través del aula virtual o desde la siguiente dirección:

http://derechobligaciones.blogspot.com/2009/04/edit.html

TEMA 1 – + Información © Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) 25

http://www.indret.com/pdf/640_es.pdf

http://derechobligaciones.blogspot.com/2009/04/edit.html


Test 1. ¿Quién es el sujeto activo en una relación obligatoria?

A. El titular del derecho de crédito.

B. El deudor de la obligación.

C. La persona que tiene que realizar la prestación debida.

D. Quien ejecute la prestación, pudiendo ser un tercero ajeno a la relación

obligatoria.

2. La acción subrogatoria:

A. Permite al acreedor impugnar los actos que su deudor haya hecho en fraude

de su derecho de crédito.

B. Cuando se ejercite producirá efectos directamente en el patrimonio del

acreedor.

C. Permite al acreedor la posibilidad de ejercitar determinados derechos y

acciones del deudor cuando este no los ejercite, perjudicando al acreedor.

D. Todas las anteriores afirmaciones son correctas.

3. La acción revocatoria:

A. Exige que el deudor y un tercero se hayan puesto de acuerdo para actuar en

fraude del acreedor.

B. Se podrá ejercitar aunque el acreedor pueda satisfacer su crédito de otro modo.

C. Su ejercicio caduca a los cinco años.

D. Todas las anteriores afirmaciones son correctas.

4. Las arras:

A. Son confirmatorias si en el caso de desistimiento del vendedor este debe

devolverlas dobladas.

B. Son penales si en el caso de desistimiento del vendedor este debe devolverlas

dobladas.

C. Son penitenciales estrictamente cuando se pactan para permitir el

desistimiento de las partes.

D. Son penitenciales cuando se pactan.

TEMA 1 – Test © Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) 26


5. El objeto de la relación obligatoria es:

A. La deuda.

B. La prestación.

C. El pago.

D. Ninguna de las anteriores es correcta.

6. Señala cuál de las siguientes es una prestación de medios:

A. El médico que atiende a un paciente.

B. El abogado que interpone una demanda.

C. El cocinero de un restaurante.

D. Ninguna de las anteriores son prestaciones de medios.

E. A y B son correctas.

7. Si encargo la realización de un proyecto para un chalet a un arquitecto, pero este no

llega a entregarme dicho proyecto completo, sino únicamente ha realizado el diseño

exterior, ¿se entiende que ha cumplido con su obligación?

A. Sí.

B. No.

8. Siguiendo con la pregunta anterior, ¿ante qué tipo/s de obligación estamos?

A. Obligación de dar.

B. Obligación de hacer.

C. Obligación genérica.

D. Obligación duradera.

9. En la obligación mancomunada:

A. El acreedor responderá frente a los coacreedores de la parte cobrada que

corresponda a cada uno de ellos.

B. Cada acreedor solo podrá reclamar al deudor la parte que este deba.

C. El acreedor solo podrá reclamar a cada uno de los deudores la parte que deba

y le corresponda cumplir.

D. Cada deudor está obligado frente al acreedor por toda la deuda.



10. En el crédito solidario:

A. El acreedor responderá frente a los coacreedores de la parte cobrada que

corresponda a cada uno de ellos.

B. Cada acreedor solo podrá reclamar al deudor la parte que este deba.

C. El acreedor solo podrá reclamar a cada uno de los deudores la parte que deba

y le corresponda cumplir.

D. Cada deudor está obligado frente al acreedor por toda la deuda.


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