la mermelada de de soto. final

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La mermelada de De Soto Alberto Chirif A Perico, Pedro García, luchador incansable En una reciente entrevista en Canal N , Hernando De Soto dialoga con el period Jaime Althaus sobre una serie de temas vinculados a la minería informal. Uno d es comunidades indígenas. ueda claro !ue ninguno de ellos conoce sobre el tem si!uiera ha visitado alguna de ellas. #ueno, en realidad De Soto anduvo una ve %!uitos " se acerc& a una ubicada en el 'om&n donde mora un grupo de boras !ue fueron traídos por los caucheros de su lugar de origen (el espacio interfluvia entre el )utuma"o " el Ca!uet*, en Colombia+ durante la segunda d cada del sig pasado. En su nuevo asentamiento, la gente fue usada como mano de obra en un del cauchero peruano Julio C sar Arana. Cuando este !uebr&, los boras permanec en el lugar ", al pasar del tempo, decidieron incursionar en la actividad turí al!uilarse para alg-n espect*culo, como el reality reali$ado por la / chilen periodista necia retaba a un bora a besarla " luego salía e0clamando ¡qué asc hacen los nativos bailar a e0tran1eros " peruanos, " a algunos economistas !ue dan cultos discursos sobre la realidad indígena, 1unto con f&rmulas para !ue s pobre$a !ue caen en un tema recurrente2 la venta de las tierras comunales com de capitali$arse para así convertirse en pr&speros empresarios. En la reciente entrevista, sin embargo, De Soto $urce una serie de temas2 mine informal, e0 senderistas " emerretistas, 'ovadef ('ovimiento por Amnistía " De 3undamentales+, inversi&n parali$ada, agitadores encubiertos " otros, combinad conse1os !ue nunca le faltan sin importar el tema, "a !ue de1a ver !ue l ( yo sus palabras m*s !ueridas !ue l repite apunt*ndose el pecho con el dedo para !uede duda de !ue, en efecto, es a l mismo a !uien se l refiere+ no solo sab sino !ue ha estado en la soluci&n de los grandes problemas del país, el terror ellos, " pretende estar en la de otros, como la minería informal " la pobre$a. Como escribi& hace poco Carlos Alberto Adrian$ n ( La Mula, 45665678+, De Soto muestra particularmente proclive al primer pecado capital2 la soberbia, " en l de gloria " poder !ue inflame aun m*s su "a prominente pecho, no ha parado mie vincularse con dictadores como 'uamar 9adafi, Hosni 'ubara: " Alberto 3u1imori con desaforados autoritarios como Alan 9arcía. Es decir, con cual!uier prepote pueda escucharlo. ;a charla comien$a con Althaus pregunt*ndole por una reuni&n su"a con 'ovadef. Soto inicia su respuesta se<alando !ue a l =le preocupa por!ue son un mont&n mineros en la minería informal. Unos dos millones con sus familias de repente > millones !ui$*s m*s " est*n traba1ando en un país donde no tienen derechos " continuamente perseguidos " no se puede seguir persiguiendo a la gente?. A est

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alberto chirif

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La mermelada de De Soto

Alberto Chirif

A Perico, Pedro Garca, luchador incansable

En una reciente entrevista en Canal N, Hernando De Soto dialoga con el periodista Jaime Althaus sobre una serie de temas vinculados a la minera informal. Uno de ellos es comunidades indgenas. Queda claro que ninguno de ellos conoce sobre el tema y ni siquiera ha visitado alguna de ellas. Bueno, en realidad De Soto anduvo una vez en Iquitos y se acerc a una ubicada en el Momn donde mora un grupo de boras que fueron trados por los caucheros de su lugar de origen (el espacio interfluvial situado entre el Putumayo y el Caquet, en Colombia) durante la segunda dcada del siglo pasado. En su nuevo asentamiento, la gente fue usada como mano de obra en un fundo del cauchero peruano Julio Csar Arana. Cuando este quebr, los boras permanecieron en el lugar y, al pasar del tempo, decidieron incursionar en la actividad turstica o alquilarse para algn espectculo, como el reality realizado por la TV chilena donde una periodista necia retaba a un bora a besarla y luego sala exclamando qu asco! Ah hacen los nativos bailar a extranjeros y peruanos, y a algunos economistas que luego dan cultos discursos sobre la realidad indgena, junto con frmulas para que salgan de la pobreza que caen en un tema recurrente: la venta de las tierras comunales como modo de capitalizarse para as convertirse en prsperos empresarios.

En la reciente entrevista, sin embargo, De Soto zurce una serie de temas: minera informal, ex senderistas y emerretistas, Movadef (Movimiento por Amnista y Derechos Fundamentales), inversin paralizada, agitadores encubiertos y otros, combinados con consejos que nunca le faltan sin importar el tema, ya que deja ver que l (yo es una de sus palabras ms queridas que l repite apuntndose el pecho con el dedo para que no quede duda de que, en efecto, es a l mismo a quien se l refiere) no solo sabe de todo sino que ha estado en la solucin de los grandes problemas del pas, el terrorismo entre ellos, y pretende estar en la de otros, como la minera informal y la pobreza.

Como escribi hace poco Carlos Alberto Adrianzn (La Mula, 7/11/159), De Soto se muestra particularmente proclive al primer pecado capital: la soberbia, y en la bsqueda de gloria y poder que inflame aun ms su ya prominente pecho, no ha parado mientes en vincularse con dictadores como Muamar Gadafi, Hosni Mubarak y Alberto Fujimori, y con desaforados autoritarios como Alan Garca. Es decir, con cualquier prepotente que pueda escucharlo.

La charla comienza con Althaus preguntndole por una reunin suya con Movadef. De Soto inicia su respuesta sealando que a l le preocupa porque son un montn de mineros en la minera informal. Unos dos millones con sus familias de repente unos 5 o 6 millones quizs ms y estn trabajando en un pas donde no tienen derechos y son continuamente perseguidos y no se puede seguir persiguiendo a la gente. A estas alturas Althaus le dice pero qu tiene esto que ver eso con lo del Movadef. De Soto dice estamos llegando. No obstante, Athaus ms adelante vuelve a insistir en que no entiende por dnde va el discurso de De Soto y, al parecer, esta es la idea que le queda hasta el final cuando decide dar por concluida la entrevista, ante la protesta de De Soto.La maraa se hace ms enrevesada cuando de Soto seala que en una investigacin que hacen en ILD sobre los problemas de la minera informal, han entrado tambin en los de la formal. T vas viendo que la minera informal tambin aparece como la propiedad informal, como la agricultura informal en lugares como Ta Mara, como Conga que se oponen a la gran minera que yo creo que es indispensable para el pas.

Luego el periodista cuestiona la cifra dada por De Soto de inversin detenida a causa de las protestas contra la minera: T lo que has dicho es que hay cerca de 70 mil millones de dlares en proyecto mineros paralizados. Indica que esa cifra es novedosa porque se hablaba de 20 o 30 mil De Soto se defiende diciendo que esas cifras las sac de una excelente edicin sobre minera de Per 21. Cuando Althaus le aclara que toda la cartera peruana de minera es de 60 mil y lo paralizado asciende a unos 25 o 30 mil millones de dlares, el entrevistado corrige que eso los 70 mil millones] comprende tambin hidroelctrica y todo [sic] proyectos de recursos naturales. Ah bueno ya, seala ya satisfecho Althaus.

Me detengo en este recuento de la entrevista para hacer una primera referencia al alegre manejo de cifras y conceptos que maneja De Soto. La primera es acerca de los mineros que son un montn, unos dos millones de repente unos 5 o 6 millones quizs ms. Un montn de mineros y otro montn de familiares. No se define ni uno ni otro pero seguramente en los odos de muchos que escuchan la charla queda la idea de que realmente se trata de algo muy grande y, dado el contexto, tambin muy problemtico. Al respecto, Jos de Echave, ex ministro del Ambiente, pone en tela de juicio estas cifras, sealando que ninguna proyeccin conocida se acerca a la del presidente del Instituto Libertad y Democracia. Cita proyecciones que fluctan entre las 100,000 personasy otras como las de la Sociedad Nacional de Minera en Pequea Escala -Sonamipe- que llegan a quintuplicar dicha cantidad (Ver Servindi). Lo que buscan estas cifras es abultar los problemas porque ms tarde vendr la segunda parte: los ungentos mgicos que tiene De Soto para solucionarlos. Digo mgicos no para desprestigiarlo, que de eso se encarga l mismo, sino para referirme al hecho de la ausencia de propuesta concretas y especficas para componer la situacin. Formalizar a mineros que realizan actividades informales e ilegales es una solucin tan estpida como arreglar el problema del narcotrfico dndoles ttulos, asistencia tcnica y crditos a los sembradores de coca. Lo que hay que abordar es el poder contaminante de mineros y cocaleros y la manera cmo estas actividades afectan tanto la economa como el tejido social del pas.

El otro montn al que alude es la inversin paralizada: 70 mil millones de dlares, al inicio, que luego son reajustados por el periodista entre 25 y 30 mil millones de dlares, es decir, en una cifra que representa entre el 36% y el 43% menor de la voceada por el economista. Mal dato para el currculo de alguien que aspira a convertirse en el gran componedor de los males del pas. Sorprendera la ligereza del entrevistado para lanzar la cifra sino tuviramos la sospecha de que su intencin no es ilustrar el problema con montos sino dejar en la mente de los televidentes que se pierde un montn de dinero a causa de las protestas contra la minera. De Soto va agravando el problema para que as su curacin mgica aparezca ms grande y l ms importante. No obstante, sorprende tambin su complacencia frente a la salida que le ofrece el entrevistador quien al inicio, cuando le hace ver la enormidad de la cifra, parece ensayar una crtica a De Soto. Me pregunto cul hubiera sido su actitud si delante hubiera tenido un dirigente indgena o campesino, o a un profesional que estudia los efectos de la minera, si en vez de decirle que el derrame o los relaves afectaron 20 000 hectreas de suelos y bosque le hubiera dicho que fue el doble de extensin.

El tercer comentario que quiero hacer sobre lo sealado hasta ahora de la entrevista es esa mezcolanza que hace De Soto: minera informal, propiedad informal, agricultura informal en Conga y Ta Mara. La propiedad de las comunidades es formal. Est reconocida por la Constitucin (la vigente, la que dio durante el gobierno de Fujimori); por el Cdigo Civil, que declara que: Las comunidades campesinas y nativas son organizaciones tradicionales y estables de inters pblico, constituidas por personas naturales y cuyos fines se orientan al mejor aprovechamiento de su patrimonio, para beneficio general y equitativo de los comuneros, promoviendo su desarrollo integral (Art. 134; ver siguientes hasta el 139 sobre el mismo sujeto de derechos); por dos leyes especficas una por cada tipo de comunidad; y por el Convenio 169 que tiene rango constitucional. Que a De Soto no le guste la propiedad comunal es otro tema, pero no puede alegremente declararla informal. Por otro lado, como l ubica lo que califica de agricultura informal la que se realiza en las zonas donde se encuentran los proyectos de Ta Mara y Conga, debo entonces suponer que l considera como informales cultivos como papa, habas, arracacha, frijoles, arroz, maz y otros que all se producen. Es una barbaridad que se demuestra por s misma y por eso no voy a dedicarle ms tiempo.

Los despropsitos en que incurre el entrevistado son numerosos. Decir, por ejemplo, que quienes se oponen a sus planteamientos llevan ventaja porque aparecen en todos los medios regionales y nacionales es una mentira demasiado grande como para que ni siquiera l mismo se la pueda creer. De Soto es entrevistado en los medios de un consorcio periodstico que controla el 78% de la prensa nacional, en el que adems contrata suplementos pagados de ocho pginas a todo color, algo que, por supuesto, las organizaciones indgenas o las que los apoyan en la defensa de sus derechos no pueden pagar. Es como escuchar a Goliat, quien aparte de su tamao, tiene lanza y escudo, reclamndole a David de ser un abusivo por usar una honda. Pero el periodista no reacciona, sigue escuchndolo sin que asome en su rostro una pizca de duda.

No voy a emplear ms tiempo aclarando cada uno de los despropsitos de De Soto. S quiero, en cambio, detenerme en tres puntos: la visin que entrevistado y entrevistador tienen de comunidades que, como ya seale al inicio, no conocen; las soluciones que De Soto plantea para superar los problemas actuales de oposicin a la minera y, en general, a cualquier gran proyecto que los pobladores rurales, agrupados o no en comunidades, sientan que afecta sus derecho a la vida ya a su economa; y la descalificacin de las protestas con el argumento que las protestas son obra de terroristas.

De Soto dice que las comunidades ya no existen porque todos tienen sus parcelas y ya no trabajan comunitariamente. Althaus se refiere a ellas, con tono descalificador, como colectivismo primigenio. Aunque el periodista se cuid de emplear el trmino primitivo no hay que ser adivino para darse cuenta que este es el que l tena en la cabeza. Lo cierto es que las comunidades no son ni primitivas ni primigenias, sino instituciones producto de las reducciones misionales de los siglos XVII y XVIII, en el caso de las andinas, y de otros procesos reductores ocurridos en el siglo XX (patrones, colonizacin, escuelas) que tuvieron lugar en el siglo XX, en el d las amaznicas. Lo que de ninguna manera puede suponerse es que son instituciones congeladas en el tiempo, obsoletas, sino, por el contrario, entidades en continuo proceso de adaptacin a los cambios modernizadores de la sociedad global. Que en las comunidades todos tengan sus parcelas y no trabajen colectivamente es verdad, tan verdad como que nunca han cultivado tierras comunitariamente, a menos que se hayan propuesto la tarea, de manera excepcional, para conseguir fondos para un evento, tal vez una fiesta patronal o solventar algunos gastos de la comunidad. La idea de que las comunidades trabajaron juntas la tierra y que todo se hace de manera colectiva viene solo de su imaginacin, y aunque esta puede ser una fuente productiva si de hacer literatura se trata, cuando se ejerce como periodista o economista que quiere establecer rumbos de desarrollo para el pas la distorsin fantasiosa es un mecanismo para desinformar, para hacer creer a los televidentes lo que no es. Y esto puedo ser motivado por dos razones: ignorancia o mala fe. Escojan los aludidos la respuesta que consideren adecuada a su caso. Por lo dems refutar una idea falsa que uno mismo ha creado acerca de una institucin como las comunidades es probablemente expresin de un tipo de autismo. Pero yo no estoy calificado para analizar trastornos neurolgicos.

Lo dicho no invalida que existan tareas que se hagan de manera colectiva. En las comunidades andinas, la limpieza de los reservorios de agua y las acequias de regado es tarea que se hace de manera conjunta. Tambin pasan por este sistema el mantenimiento de servicios comunes, como la escuela, botiqun de salud, iglesia, cancha deportiva y otros. En las amaznicas, la tumba, es decir, la tala del monte para establecer una chacra es trabajo colectivo que, sin embargo, no se hace con la comunidad como un todo sino con el crculo de personas que dentro de ellas mantienen compromisos de reciprocidad: T me ayudas esta vez yo lo hago lo siguiente. Luego, la produccin, el deshierbe y la cosecha son tareas familiares individuales, y tambin lo es el beneficio de lo obtenido. Entre esos crculos se comparte tambin el producto de la pesca y de la casa. De igualmente manera que las andinas, en las amaznicas los servicios comunes y el mantenimiento de reas sociales (canchas deportivas, caminos vecinales) son objeto de trabajos de limpieza y mantenimiento realizados hechos entre todos.

En las comunidades la propiedad es comunal, pero la posesin es familiar, salvo las tierras de pastoreo que son de uso comn. Proponer la parcelacin de las comunidades es absurdo dado que en las andinas la gente maneja diversos pisos altitudinales adecuados a los requerimientos de los diferentes cultivos. Maz, frejoles, habas, olluco y papas crecen en diversos ambientes determinados por su altitud sobre el nivel del mar. Se trata de reas pequeas no aptas para cultivos extensivos, sino para el tipo de agricultura practicada en los Andes que es muy eficiente. Este ha sido un tema ampliamente desarrollado por diversos investigadores, entre ellos, el etnohistoriador estadounidense John Murra en su trabajo El control vertical de un mximo de pisos ecolgicos en la economa de las sociedades andinas. El trabajo en comunidad implica una zonificacin del hbitat, en la que cada espacio es dedicado a una actividad vinculada a su vocacin. Por otro lado, en la Amazona las aptitudes o vocaciones de los suelos y bosques varan mucho de acuerdo a criterios como pendiente, cercana de ros, ambientes inundables u otros. Por estas razones, la parcelacin de las comunidades sera un atentado para su alimentacin y abastecimiento de materiales que no solo depende de la chacra sino tambin de lo que se obtiene en el monte (desde animales de caza hasta frutos, madera, hojas de palmeras para viviendas y otros).

Pero las comunidades, junto con los pequeos campesinos independientes, son fundamentales para la produccin de los alimentos que consume el pas, ya que la lgica de la agroindustria es la ganancia mediante cultivos de exportacin, como esprragos, alcachofas y otros que no son de consumo diario ni siquiera en los hogares de mayor poder adquisitivo. Entonces afectar a las comunidades es arriesgar la capacidad de producir los alimentos que sirven para garantizar su propia sobrevivencia y, a la vez, para mantener a la poblacin nacional.

La visin urbana del binomio entrevistado/entrevistador les induce a pensar que parcelar es un acto tan fcil como lotizar terrenos en una urbanizacin, donde el criterio bsico es la dimensin lotes que, sin embargo, son esencialmente iguales porque no entran en juego variables como capacidad productiva. Es probable tambin que para ellos eso de obtener alimentos y materiales de construccin del monte les suene a primitivo por lo que tal vez sea necesario recordarles que all no existen sper mercados ni grandes tiendas de productos ferreteros y madera prensada, dado que los empresarios descartan inversiones de este tipo por no rentables a causa de la falta de dinero de la gente.

Pero ms all de cuestiones productivas, la comunidad es importante por ser una institucin donde se generan normas y manejan conflictos. No es un barrio cualquiera de un distrito, no es un pueblo joven, sino un mbito que rene personas articuladas que quieren vivir en paz, con responsabilidades mutuas y normas de convivencia. Son entidades donde se ejerce ciudadana, eso que justamente falta en grandes ciudades como Lima en la que el que tiene poder (que puede ser dinero, influencias polticas o un vehculo ms grande que su contendor) atropella al otro, en sentido literal y figurado, para hacer prevalecer sus intereses. Ciertamente, con la presencia y aporte organizativo de las comunidades el Estado podra lograr metas fundamentales como, en el caso de la Amazona, el control de la tala ilegal que ahora no puede por no tener recursos, o ser escasos, por contar con personal corruptible o decididamente corrupto, o todo a la vez. Es decir, las comunidades tienen un potencial de gobernanza no solo referida a cuestiones internas sino zonales y regionales que el Estado, en vez de promover su destruccin, debera preocuparse por fortalecerlas.

Por ltimo, debo decir que actualmente no hay nada que impida a las comunidades que lo deseen parcelar sus tierras y desactivar su personera jurdica. La Constitucin vigente de 1993 elimino las garantas de las tierras de las comunidades como inalienables e inembargables, y mantuvo solo la de imprescriptible, que fue asaltada por al menos cuatro de los decretos de urgencia de Alan Garca que promovieron el Baguazo.

Pero no, De Soto quiere que la solucin sea rpida y se imponga a las comunidades. No hay que consultar a las comunidades sino proceder con la parcelacin. Y ac entro al segundo punto referido a las soluciones que ofrece el economista. Si Fujimori anunci en el autogolpe que disolva el Congreso, los gobiernos regionales y otras instancias democrticamente establecidas, De Soto exclama: Tienes que destruir el derecho que hoy da no representa la realidad. Como las comunidades estn protegidas por la Constitucin, el Cdigo Civil, dos leyes especficas una para las campesinas y otra para las nativas, un nmero grande de leyes secundarias, el Convenio 169 y la Declaracin de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indgenas, menuda tarea la que le queda a los legisladores en este proceso de demolicin. Claramente l descarta la opcin voluntaria de que las comunidades pidan su salida de este rgimen. La destruccin, el bombazo artero que mata todo de un solo golpe es lo que l quiere. Se expresa con la certeza propia del ignorante: Hay que agarrar toda esta mermelada de distintos contratos y encontrar una forma, una por una. Hay 50 u 80 personas comprando y vendiendo el mismo pedazo. Los engrapan, los llevan y lo formalizan al interior de la comunidad. Eso hay que hacerlo nacionalmente. Listo! Muerto el perro se acaba la rabia.

Su opcin por vincularse con dictadores y lderes autoritarios, como Gadafi, Mubarak, Fujimori y Garca, es clara. Sus medidas me hacen recordar a las impuestas por Pinochet para intentar quitarse de encima reclamos de las comunidades mapuches y de los pueblos indgenas de Chile. Rebaj paulatinamente los qurum para disolverlas y, ante el fracaso de esta estrategia promotora, dictamin que si uno quera la extincin de la comunidad era suficiente. Lo cierto es que Pinochet muri en medio de acusaciones de corrupcin, pero las comunidades lo han sobrevivido fortalecidas.

La propiedad es mgica para De Soto y desliza maliciosamente que esto podra resolver el gran problema actual de superposicin de derechos, es decir, que las comunidades tienen la propiedad superficial pero no la del subsuelo. Este ciertamente es un problema que justamente se intenta resolver mediante la consulta previa, libre e informada, tal como est planteada en el Convenio 169. Pero la propiedad del suelo, sea esta individual o colectiva como la de las comunidades o la de las empresas, no sirve para solucionarlo. Si el Estado descubre que hay valiosos yacimientos minerales en San Isidro, La Rinconada o el balneario de Asia, o tambin claro en barrios de gente de medianos y bajos recursos, nada le impedir proceder a explotarlos. Pero como los poderes no estn equilibrados en este pas, es posible que en los casos de esos barrios y del balneario citado los lobbies tengan efecto en favor de los moradores, mientras que los de La Victoria o El Agustino debern organizarse y recurrir, como los campesinos y nativos, a marchas y bloqueos de carreteras para intentar ser escuchados y respetados. Ejemplo de la efectividad de los lobbies es lo que sucedi hace unos aos en Ancn cuando el Estado plante la posibilidad de hacer un puerto que afectara el balneario. Aunque no es claro lo que pas, lo cierto es que poco tiempo despus nadie volvi a mencionar la propuesta.

Por ltimo, atribuir al terrorismo las protestas por las actividades minera y petrolera es apelar a la mentira y desconocer los efectos negativos causados por ellas a lo largo del tiempo. Fue la actitud de la Inquisicin de descargarse de problemas buscando mujeres para quemarlas una vez acusadas de brujas. Fue la opcin del senador McCarthy para, en la dcada de 1950, levantar acusaciones infundadas e interrogar en procesos irregulares a enemigos polticos, acusndolos de ser comunistas. Cuando se dice que la oposicin a las industrias extractivas frena el desarrollo no se saben (o se quieren ignorar) datos como los del PNUD que ubican a los distritos de Andoas, Urarinas Pastaza y Trompeteros, en los que se produce la mayor cantidad de petrleo en la Amazona peruana, en los puestos 1801, 1686, 1627 y 1573, respectivamente, en el ranking nacional, segn distritos (1832 en total), en el ndice de Desarrollo Humano (IDH). En ellos, la pobreza monetaria es de 83.9%, 74.6%, 74.1% y 69.4%.

Por su parte, el Instituto Nacional de Estadsticas e Informtica seala: los distritos ms pobres de la regin Puno son aquellos donde se explota algn mineral. Por ejemplo, en Pichacani-Laraqueri (Puno) el 82.7% de sus pobladores son pobres y 37.8% estn en pobreza extrema; mientras que en San Antonio de Esquilache (Puno) la pobreza es de 87.2% y la pobreza extrema 49.9%. (INEI 2009 Conozca a los ms y menos pobres del Per. Nuevo mapa de pobreza. http://cecopros.org/principal//content/view/1158/308/

Sera tambin saludable que De Soto y Althaus revisaran la informacin sobre salud y educacin en la Encuesta demogrfica y de salud familiar. Nacional y departamental del Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (Lima, 2003). All podrn ver que los departamentos con actividad extractiva ms antigua (Puno, Junn, Pasco, Cajamarca, Loreto y otro) presentan los peores ndices de Prevalencia de anemia en nias y nios de 6 a 59 meses de edad (2012), Prevalencia de anemia en mujeres de 15 a 49 aos de edad (2012), y Desnutricin entre menores de cinco aos de edad (2012). Sobre comprensin lectora segn Ugel en Loreto podran consultar http://umc.minedu.gob.pe/wp-content/uploads/2014/03/LORETO.pdf

Cuestionan tambin esa visin falaz de desarrollo los indicadores de contaminacin ambiental en Loreto. Las cuatro cuencas ms antiguas de explotacin petrolera (Pastaza Corrientes, Tigre y Maran) han sido declaradas en emergencia por el Ministerio del Ambiente durante el actual gobierno. La declaratoria se bas en los resultados de los informes de la Autoridad Nacional del Agua (Ana), el Organismo de Evaluacin y Fiscalizacin Ambiental (Oefa), ambos dependientes del Ministerio del Ambiente; la Direccin General de Salud Ambiental, del Ministerio de Salud; y el Organismo Supervisor de la Inversin en Energa y Minera (Osinergmin). Los niveles de presencia de metales pesados exceden los mximos permitidos por el MINEM, a pesar de haber sido elevados por dicho ministerio para tratar de acortar la brecha entre lo permitido y los resultados de las muestras. Los horrores de la contaminacin no son inventos como los de De Soto sino que estn debidamente demostrados en informes oficiales que incluyen actos tan brbaros como la desaparicin de la laguna Shanshococha en la cuenca del Pastaza.

Limitar el tema a mencionar las protestas y relacionar a estas con el terrorismo es perverso e irresponsable. Lo primero porque oculta la realidad de actividades que solo afectan negativamente a las comunidades y, lo segundo, porque desconoce el hecho de que ellas tienen voluntad de dilogo para lograr acuerdos que permitan desarrollar esas actividades, pero a condicin de que tambin se beneficien y, sobre todo, de que el Estado ejerza su labor de cautelar por la salud del patrimonio natural de la Nacin. Los avances logrados por Puinamudt (Pueblos Indgenas Amaznicos Unidos en Defensa de su Territorio) en la consulta previa para la licitacin del lote petrolero 192 son, en este sentido, notables.

Nuevamente digo que De Soto es ignorante o acta de mala fe. Que l mismo responda a esta disyuntiva. Lo que s ya demostr es que la nica mermelada en este asunto es la que l tiene en la cabeza, preparada con mala uva (como dicen los espaoles), con la que trata de confundir al pblico.