la luz que no llega a los ‘barrios subnormales’. unión fenosa y repsol en colombia
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Un día sin nevera equivale a perder todo el alimento en una casa; qué decir en un comercio. Y sin embargo, esa es la situación a la que deben hacer frente, casi a diario, las 440 familias que habitan Malambo, un barrio popular de la periferia de Barranquilla; una comuna, como dicen en Colombia. Sus habitantes sufren cortes continuos y el suministro eléctrico es tan deficiente que conectar un equipo electrónico a la red implica arriesgarse a perderlo. En Malambo, como en tantas comunas y favelas de las periferias urbanas latinoamericanas, el tendido eléctrico es un amasijo de cables sin mucho orden y concierto, prueba de que fueron los habitantes del barrio quienes, con sus propios y limitados medios, levantaron la red. Pero aquí no se pinzan ilegalmente al sistema, como es también común en las comunas: aquí, cada vecino recibe su factura de la luz, por importes que a veces alcanzan la mitad del ingreso familiar... Reportaje de Nazaret CastroTRANSCRIPT
La luz que no llega a los ‘barrios subnormales’. Unión Fenosa
y Repsol en Colombia
Nazaret Castro. Fotografías de Jheisson A. López - 26-12-2013
En Barranquilla, el sol del mediodía castiga con 35 grados a la
sombra todos los días del año. La temperatura media en la cuarta
ciudad más poblada de Colombia rebasa los 27 grados y los
lugareños dicen que, con esto del cambio climático, ese calor
húmedo y empalagoso va a peor. Una tarde sin ventilador –aquí lo
llamanabanico- se hace interminable. Un día sin nevera equivale a
perder todo el alimento en una casa; qué decir en un comercio. Y
sin embargo, esa es la situación a la que deben hacer frente, casi a
diario, las 440 familias que habitan Malambo, un barrio popular de
la periferia de Barranquilla; una comuna, como dicen en Colombia.
Sus habitantes sufren cortes continuos y el suministro eléctrico es
tan deficiente que conectar un equipo electrónico a la red implica
arriesgarse a perderlo. En Malambo, como en tantas comunas y
favelas de las periferias urbanas latinoamericanas, el tendido
eléctrico es un amasijo de cables sin mucho orden y concierto,
prueba de que fueron los habitantes del barrio quienes, con sus
propios y limitados medios, levantaron la red. Pero aquí no se
pinzan ilegalmente al sistema, como es también común en las
comunas: aquí, cada vecino recibe su factura de la luz, por importes
que a veces alcanzan la mitad del ingreso familiar.
Conozco a Miriam Escocia en La Victoria, un barrio barranquillero de
ingreso medio, en un encuentro que la Red de Usuarios de Servicios
Públicos de Barranquilla ha preparado con motivo de mi visita para
ofrecerme una panorámica del descontento de los ciudadanos con el
servicio que prestan las filiales colombianas de Gas Natural Fenosa
en los departamentos (provincias) del Caribe. Son dos:
Electricaribe, que atiende a 1,8 millones de clientes, y Energía
Social, con 120.000 usuarios que viven en barrios llenos de
carencias. Una docena de habitantes de La Victoria, indignados, me
resumen sus quejas por el servicio de la compañía: facturas
elevadas, deficiente servicio, cortes continuos. No se libra ni la
Iglesia católica: de hecho, celebramos nuestra reunión en la
parroquia de San Germán de París, que se enfrentó a Electricaribe
cuando la compañía, tras cambiar el contador, triplicó la cuantía de
las facturas –que alcanzan los 200 euros al mes– y pretendió cobrar
más de un millón de pesos en concepto del consumo que,
supuestamente, se había dejado de facturar con el antiguo
contador.
Miriam ha viajado hasta La Victoria para hablarme del caso más
extremo: el de Malambo y otros barrios pobres y carentes de
infraestructuras que la Administración colombiana decidió
llamar barrios subnormales, y se muestra encantada de hacer de
guía. Como muchos habitantes de las comunas, Miriam llegó a la
periferia barranquillera huyendo del conflicto armado y la violencia
paramilitar: ella es uno de los cinco millones de desplazados
forzados en Colombia. En Malambo rehízo su vida y levantó una
vivienda sencilla, pero agradable, con un pequeño patio exterior.
Allí, aliviamos el calor con un delicioso jugo de guanábana, mientras
su esposo me cuenta que él, por suerte, tiene un empleo: trabaja
como camionero de larga distancia. Es casi una excepción en
Malambo, donde la mayor parte de la población vive de la economía
informal, eso que los colombianos llaman el rebusque. Pero
tampoco a Miriam y su familia les resulta fácil pagar las facturas de
Energía Social, que alcanzan los 60, 80 y hasta 100.000 pesos
colombianos (hasta 50 euros), pese a que las facturas están
subsidiadas por más de la mitad del importe. Son cifras que
suponen a veces la tercera parte, incluso la mitad de los recursos
que una familia consigue con actividades informales como la venta
ambulante, muy extendida en Colombia. Así que a veces se
retrasan en el pago, les cortan la luz y les cobran un cargo de
reconexión que pasa a formar parte de la impagable deuda de los
usuarios con Energía Social: 183.000 millones de pesos (69
millones de euros). “Nos llaman subnormales… sí, subnormales para
todo, menos para pagar”, se queja Miriam.
Energía Social opera en Malambo desde hace unos años. “La
empresa engañó a la comunidad. Algunos intentamos resistirnos,
porque habíamos escuchado muchas quejas de otros barrios”,
cuenta Miriam mientras recorremos la comuna y va presentándome
a los vecinos que nos encontramos por el camino. Cada uno de
ellos, nada más escuchar el nombre de Energía Social, tuerce el
gesto con indignación y corre a traerme una factura, a mostrarme el
estado de la infraestructura del barrio, a enseñarme su casa para
evidenciar que el gasto energético posible en una vivienda tan
modesta no cuadra con una factura que, sin el subsidio estatal,
llegaría a los 100 euros. “Es muy importante que esto se sepa en tu
país”, insisten.
Pero los problemas técnicos y tarifarios tienen una cara más
perversa: las muertes por electrocución. Sólo entre 2011 y 2013
han muerto 91 ciudadanos electrocutados en la Costa Atlántica.
Según la Red de Usuarios de Servicios Públicos la cifra total desde
la llegada de Unión Fenosa supera los 800 fallecidos. De ellos, 150
en Barranquilla, una de las ciudades donde se han registrado más
deficiencias en el servicio. “El transformador se daña
continuamente, y la solución siempre es tardía: la comunidad tiene
que resolverlo todo”, asegura un vecino de Malambo. Pero el drama
de las electrocuciones no se limita a los barrios populares: ocurren
también en los de clase media, según me cuentan habitantes de La
Victoria. Muchos de ellos creen que la razón estriba en que, para
abaratar costos, Electricaribe ha sustituido el cobre por materiales
más baratos. Jorge Enrique Robledo, senador del Polo Democrático,
que se presenta como una alternativa de Gobierno de izquierdas,
atribuye estos accidentes al mal estado de las redes y la falta de
inversiones en infraestructura.
La llegada de Energía Social
Energía Social es, al mismo tiempo, el nombre de la empresa y de
una política que se implantó entre 2003 y 2006 bajo la presidencia
de Álvaro Uribe Vélez. Se anunció como “un servicio adaptado a las
necesidades de los más necesitados”, pero en la práctica el Estado
comunitario significaba trasladar a los vecinos las funciones de
mantenimiento del cableado, de la atención al usuario e incluso de
la recaudación del pago, con las tensiones que eso desató en las
comunas. Cuando esa nueva normativa comenzó a desarrollarse,
hace una década, la Defensoría del Pueblo alertó de que Unión
Fenosa estaba aprovechando ese marco legal para “eludir su
responsabilidad” sobre el servicio.
La historia comienza en los años 90, durante el mandato de César
Gaviria, que emprendió la apertura económica del país. El Gobierno
colombiano impulsó una nueva legislación para los servicios
públicos domiciliarios que, junto a la Constitución de 1991,
preparaba el terreno para la privatización de las empresas públicas.
La región de la Costa Atlántica, que comprende ocho departamentos
(provincias) donde vive el 21% de la población colombiana, fue
pionera en ese proceso. Las empresas del sector, Electrocosta y
Electricaribe, fueron adquiridas por una empresa foránea con sede
en Caracas, que pronto registró pérdidas y decidió abandonar el
país. Poco después, en el año 2000, Unión Fenosa adquirió ambas
eléctricas al “irrisorio precio de 450 millones de dólares”, según el
senador Robledo.
Unión Fenosa incrementó de manera considerable las tarifas: en los
barrios más pobres el aumento ha sido de hasta un 600% desde
que llegó la empresa española, según los datos que Robledo
presentó al Senado. Sin embargo, la compañía seguía registrando
pérdidas. Unión Fenosa en su web corporativa que había detectado
dos grandes problemas: el “bajo nivel de pago de los clientes” y el
robo de energía, esto es, los pinzamientos ilegales en las comunas.
Para resolver el problema, Unión Fenosa identificó 1.628 comunas
en la Costa Atlántica en las que habitan unas 300.000 personas, y
las llamó barrios subnormales. Paralelamente, en 2003, el Estado
colombiano lanzó una Ley del Plan Nacional de Desarrollo que
“generó oportunidades excepcionales” de negocio “para los barrios,
teniendo en cuenta sus rasgos diferenciales”, afirma la empresa en
su web corporativa. Para gestionar el suministro en esos barrios, se
creó Energía Social en 2004.
“Energía Social es una política de subsidios y es también una
empresa que se beneficia de esos subsidios: es una maniobra del
Estado colombiano para transferir recursos a la compañía”, asegura
el senador Robledo, quien califica de “inaudita y escandalosa” la
situación de la electricidad en la Costa Atlántica. Además, el
Observatorio de la Deuda Global (ODG) acusa a Unión Fenosa de
haber recurrido al chantaje a la Administración para obtener esos
privilegios, amenazando en repetidas ocasiones con abandonar el
país y dejar sin suministro a millones de personas. Lo cierto es que
el Estado, a través del Fondo de Energía Social (FOES), paga
directamente a la empresa los subsidios al consumo de los barrios
pobres. Paralelamente, a mediados de los años 90, el dinero de los
contribuyentes recapitalizó las filiales caribeñas de Unión Fenosa
con 240.000 millones de pesos (90 millones de euros). Aún así, la
deuda acumulada del Estado con Electricaribe alcanza los 1,8
billones de pesos colombianos (676 millones de euros).
Sin embargo, el Gobierno no vinculó los subsidios a ningún tipo de
compromiso para mejorar las redes en las comunas. Según las
cifras que Robledo llevó ante el Senado, sus filiales colombianas
aportaron a Gas Natural Fenosa utilidades por 246 millones de
euros en 2012, y sin embargo, no mejoró la red. Tampoco en los
barrios subnormales, los propios vecinos levantaron el cableado y la
empresa entró después para cobrar, pero no para mejorar la
instalación ni el servicio. En su web, Energía Social zanja así el
asunto: como en las comunas las redes las hicieron los propios
vecinos, de forma ilegal, “no cumplen con las normas técnicas
establecidas en la ley y la normalización del suministro es tarea casi
imposible”. En su respuesta a mi cuestionario –la firma se negó a
conceder entrevistas para este reportaje–, Electricaribe se justifica
por la existencia de “reconexiones ilegales y fraudulentas” y por la
llamada cultura del no pago: “En la medida en que bajen las
pérdidas y la morosidad, se acelerará el proceso de mejora de la
red eléctrica”.
Cultura del no pago
Con esa expresión, cultura del no pago, que también impregna el
discurso del Gobierno, la compañía da a entender que las altas
tasas de impago en las comunas se deben a una suerte de rasgo
cultural y no a la imposibilidad de hacer frente a las facturas. El
mismo argumento sirve para justificar las inauditas tasas de
muertes por electrocución: “Hay, infortunadamente, personas que
insisten en manipular las redes a pesar de los peligros a los que se
enfrenta”, señala la empresa, y añade: “en todos y cada uno de los
casos en que Electricaribe ha tenido responsabilidad, la compañía
ha hecho parte de los procesos”. No corroboran esta versión los
familiares de víctimas consultados. Relatan casos de vecinos que
sufrieron una descarga tras abrir la nevera o encender un abanico.
El novio de Lorena trabajaba en el mantenimiento de la red cuando
sufrió una descarga eléctrica que acabó con su vida; ella asegura
que la empresa eludió hacer frente a cualquier responsabilidad. Luis
perdió a su esposa, madre de sus cuatro hijos; en enero se enteró
de que el abogado había dejado caducar el proceso judicial que él
inició contra la empresa. Nadie le ayudó.
Otra de las consecuencias de la llegada de Energía Social a las
comunas es que cada barrio pasó a ser considerado como un solo
cliente. Lo que para la empresa es “un verdadero modelo de gestión
comunitaria” ha recibido críticas porque, al margen de abaratar los
costos para la firma, ha creado tensiones y división en las
comunidades. En Malambo hay un solo contador comunitario, pero
cada familia recibe su factura. Un buen día, trabajadores de Energía
Social llegaron a sus casas, anotaron las características básicas de
la vivienda y los electrodomésticos de que disponía cada familia.
Basándose en esa precaria información, Energía Social divide entre
todos los hogares lo que marca el contador colectivo. Y como las
facturas son altas, muy altas, los usuarios desconfían: “Cobran lo
que se les da la gana”, resume uno de los vecinos. La empresa
suscita en Malambo un rechazo mayoritario, pero eso no le impidió
a la filial de Gas Natural Fenosa ganar, hace unos años, un premio
de Responsabilidad Social Corporativa (RSC).
Las cosas no han mejorado después de que, en 2009, tras la
adquisición de Unión Fenosa por Gas Natural, la empresa vendió
Electrocosta y la filial que tenía en el Pacífico, EPSA, y se quedó con
Electricaribe y Energía Social. Conversar con los habitantes de
Malambo y La Victoria es escuchar una larga retahíla de desafueros.
Por eso dice Marcos, vecino de La Victoria: “este modelo provoca
problemas de orden público: ellos lo han provocado; nosotros
intentamos defender nuestros derechos”. En lo que tiene que ver
con el suministro eléctrico, la costa colombiana es un polvorín; y no
están mucho más contentos con la gestión que del agua y el
alcantarillado haceTriple A, la filial colombiana del Canal de Isabel
II.
Cara y cruz de la inversión extranjera
Colombia inició en los años 90 un proceso de apertura económica
que, entre otras cosas, llevó a la atracción de inversión extranjera
directa (IED) que se ha incrementado en los últimos años. La
inversión extranjera neta se disparó en Colombia desde 2010, hasta
convertir al país en tercer receptor de IED en la región en 2012, con
cerca de 16.000 millones de dólares. Como asegura la Conferencia
de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (Unctad),
Colombia atrae a las multinacionales por sus buenas cifras
macroeconómicas, con un crecimiento del 4,9% del Producto
Interior Bruto (PIB) de media en los últimos años desde 2010 –y un
6% tomando la última década– y con una clase media en
expansión, además de por la “estabilidad y garantías” que ofrece a
los empresarios extranjeros: es, según el Banco Mundial, el país
latinoamericano que mayor protección ofrece a las empresas y el
tercero más “amigable” para hacer negocios. En un optimista
análisis sobre la coyuntura del país, la consultora británica Oxford
Business Group destacaba su gran “potencial” para seguir
recibiendo inversión, entre otras cosas, por la carencia de
infraestructuras.
Para el senador Robledo no se trata de demonizar la IED, sino de
estudiar “caso por caso” y orientar esa inversión hacia aquellos
sectores que amplíen el tejido productivo y creen empleo en el país.
Para Robledo, no cumplen esos requisitos las inversiones en el
sector de servicios públicos domiciliarios, que compraron empresas
públicas que ya existían y, en casos como el de Unión Fenosa,
redujeron plantilla, subieron las tarifas y no mejoraron el servicio.
Para explicar esas divergencias entre el interés común y la acción
del Gobierno, Robledo alude al poder de lobby de las grandes
multinacionales y acusa de “lacayismo” a los gobernantes
colombianos.
En 2011, Felipe González, quien como presidente del Gobierno inició
en España la oleada de privatizaciones, fichó como consejero
independiente de Unión Fenosa por 126.000 euros anuales. El
presidente que culminó el proceso privatizador, José María
Aznar, fichó ese mismo año como asesor externo para América
Latina por Endesa, una empresa que fue privatizada durante su
mandato. En la multinacional italo-española están también Pedro
Solbes, Elena Salgado y Luis de Guindos; en Iberdrola, Manuel
Marín y Ángel Acebes. Rodrigo Rato fichó por Telefónica y por Banco
Santander. Son esas puertas giratorias por las que un presidente
del Gobierno puede pasar del poder ejecutivo al consejo de
administración de una gran compañía, y un ejecutivo de una firma
termina siendo ministro, un trasvase que, entre otras cosas, suele
suscitar escepticismo y suspicacia en muchos ciudadanos.
La banca multilateral, y especialmente el Fondo Monetario
Internacional (FMI), también han jugado un papel relevante en los
procesos que han consolidado la presencia de multinacionales
extranjeras en la gestión de los servicios públicos en América
Latina. Así, por ejemplo, el FMI financió la adquisición de Triple A
por el Canal de Isabel II. Otras veces, la ayuda financiera ha venido
del propio Gobierno español: Nicaragua recibió créditos de
Financiación al Desarrollo (FAD) justo antes de la entrada de la
multinacional en el país centroamericano. Tal vez como recompensa
el Gobierno nicaragüense no expedientó a la multinacional en 2006
por la situación crítica de la energía eléctrica en el país, con
apagones de hasta ocho horas en algunos sectores. Al año
siguiente, el nuevo presidente, Daniel Ortega, comenzó a presionar
a la empresa para que aumentara su inversión en infraestructuras.
Transnacionales y derechos laborales
Las protestas de los usuarios de los servicios públicos domiciliarios
se suman a las denuncias de los sindicalistas del sector eléctrico. En
Cartagena, un trabajador con décadas de experiencia en el ramo
me lo cuenta de primera mano: es Gil Alberto Falcón, presidente de
la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT). “Cuando
Unión Fenosa llega en 2000, se encuentra el trabajo hecho:
Sintraelecol (el sindicato del sector eléctrico) ya había sido
diezmado”, explica Falcón. Se refiere a que, en la Costa Atlántica,
dos años antes de la llegada de Unión Fenosa, los anteriores
inversionistas habían implantado un plan de retiro voluntario y una
serie de despidos que expulsaron de la empresa a 2.300
trabajadores. Cuando entra en Colombia la multinacional española
se encuentra con un sindicato ya prácticamente desmembrado y,
según Falcón, impone sus condiciones: cláusulas de no sindicación,
tercerizaciones y pérdida de casi 700 puestos de trabajo
adicionales.
La cara más oscura del proceso de privatización de la energía en el
Caribe es la persecución de líderes sindicales a cargo de
mercenarios y grupos paramilitares. El proceso de privatización se
saldó con 27 dirigentes sociales muertos o desaparecidos, la
mayoría de ellos sindicalistas. En esa lista está, por ejemplo, Odulfo
Zambrano, que murió asesinado por grupos paramilitares, según
documenta el ODG. Pocos sindicalistas dudan de la relación directa
entre los paramilitares y las multinacionales. Gil Falcón asegura
que, en 2000, “apareció un documento interno de la empresa que
denominaba terroristas a los representantes sindicales”. El Sindicato
de Trabajadores de la Energía de Colombia (Sintraelecol) ha
denunciado “actuaciones ilegales de Unión Fenosa, en complicidad
con la fuerza pública”. El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP),
en su sesión de 2006 en Viena, señaló vínculos entre Unión Fenosa
y la violencia paramilitar. Allí se presentaron testimonios según los
cuales “personas desconocidas y armadas han interceptado a los
líderes e barrios subnormales en Barranquilla, para advertirles
que no se metan en problemas”, señala el acta del TPP. Sin
embargo, esa relación no se ha podido demostrar a efectos penales.
Algo similar ocurre con el Canal de Isabel II, responsable de la
gestión del agua en el Caribe colombiano a través de su filial Triple
A. Después de escuchar a las poblaciones afectadas, el TPP
identificó prácticas que atentan contra los derechos de usuarios y
trabajadores y señaló que se utilizó a los grupos paramilitares
“como herramienta de control para eliminar a los sindicalistas y
líderes sociales que se han opuesto a la gestión del agua”.
Subcontratación e impunidad
No se trata, una vez más, de un problema aislado. Los sindicatos
establecen una relación directa entre la llegada de las
transnacionales y el deterioro de las condiciones laborales. Lo
consiguen por dos vías: la primera es el deterioro de los derechos
sindicales. “En muchos casos, se exige a los trabajadores
directamente que renuncien a su afiliación como condición previa
para acceder al trabajo; a veces, la empresa se inventa
un sindicato propio”, explica Rodolfo Vecino, dirigente nacional de la
Unión Sindical Obrera (USO). La otra es la subcontratación: “Las
multinacionales acuden a la tercerización a través de contratistas,
bolsas de empleo o rotación; así, la matriz se aísla de toda
responsabilidad”, al tiempo que abarata costos laborales, agrega
Vecino.
El ejemplo más evidente de la eficacia de esa estrategia está en el
sector textil, y aquí España cuenta, de nuevo, con una firma
puntera: el Grupo Inditex, que ha convertido a Amancio Ortega en
el hombre más rico de Europa, con una fortuna acumulada que la
lista Forbes estima en 47.600 millones de euros. Inditex, como
todas las grandes firmas del ramo, no posee una sola máquina de
coser: la producción está deslocalizada mediante una compleja red
de subcontrataciones. Las prendas de Zara y el resto de las marcas
de Inditex se diseñan en España, pero se producen en países con
costos laborales más reducidos, como Bangladesh, que ostenta el
récord mundial con salarios mensuales de unos 34 euros. En
América Latina, donde los salarios legalmente establecidos son
mucho más altos, en el sector textil y del calzado cada vez se
recurre más a la producción en talleres ilegales donde trabajadores
inmigrantes son encerrados en condiciones análogas a la
esclavitud. Es un secreto a voces en ciudades como Sao
Paulo y Buenos Aires. En las dos se descubrió que talleres ilegales
trabajaban para Zara. En ambos casos, la empresa de Ortega
argumentó que desconocía la situación de los empleados. Inditex no
controla quién le cose la ropa, y ninguna ley le obliga a hacerlo. El
entramado de filiales y subcontrataciones se convierte, así, en una
forma de garantizar la impunidad.
La maldición del petróleo
Al sindicalista Rodolfo Vecino lo encuentro en Puerto Gaitán, una
ciudad del departamento del Meta y el principal punto de extracción
petrolífera del país, adonde me he desplazado para participar de
una preaudiencia al Juicio Ético a las Multinacionales que han
organizado la Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia, la
Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales Indígenas de
Arauca (Ascatidar) y otras asociaciones, inspirándose en los juicios
populares del Tribunal Permanente de los Pueblos. Estamos al sur
de Los Llanos, una vasta región que se extiende sobre la cuenca del
río Orinoco, entre Colombia y Venezuela. Es una de las zonas más
ricas en hidrocarburos del continente, y es también uno de los
ecosistemas prioritarios para su conservación, según WWF. En
Puerto Gaitán, las volquetas y tractomulas ya forman parte del
paisaje, junto con sus atardeceres rosados, planicies inmensas y un
sol de justicia. Los lugareños me explican que el paisaje ha
cambiado mucho desde que se comenzaron a explorar las reservas
de hidrocarburos, en los años 80. La tradicional ganadería
extensiva, que tan bien combina con esos sombreros llaneros que
recuerdan al Lejano Oeste, comenzó a dar paso a las explotaciones
de petróleo y gas, así como al monocultivo maderero orientado a la
exportación.
Llegamos a Puerto Gaitán un viernes por la tarde, con el calor
todavía apretando. Salimos de Bogotá muy temprano, en tres
autobuses fletados por los organizadores en los que viajaron
periodistas y decenas de activistas de organizaciones sociales, entre
ellas varias canadienses, pues de esa nacionalidad es la firma que
está en el centro de las miradas en este evento: la Pacific Rubiales.
Nos acompañan organizaciones internacionales de derechos
humanos que colocan sus banderas al frente de los autobuses, para
darnos protección. La región del Meta es muy insegura: según nos
cuentan los organizadores del evento, el territorio está controlado
por paramilitares al servicio de las petroleras. Nada más llegar a
Puerto Gaitán mis guías me lo advierten, por si se me hubiese
olvidado dónde estoy: “Este es uno de esos pueblos en que de vez
en cuando hay un apagón, y junto con la luz, se apaga la vida de
alguien”. La Redher y el sindicato USO han sufrido amenazas. Ellos
no terminan de creerse que haya sido posible celebrar el evento en
Puerto Gaitán: es, para ellos, todo un éxito. Poco después
entenderé sus recelos: el 20 de julio, una semana después del
evento, unos desconocidos entran en la Casa de la Redher en
Bogotá y se llevan ordenadores, cámaras fotográficas y grabadoras
con material recogido en Puerto Gaitán. Pese a los contratiempos,
en agosto, tal como estaba previsto, se celebra en Bogotá la
audiencia final del simbólico juicio a las transnacionales canadienses
Pacific Rubiales y la minera AngloGold Ashanti. El veredicto del
juicio popular, pronunciado en Bogotá el pasado agosto, subraya la
responsabilidad de esas empresas en violaciones de los derechos
humanos y laborales, vinculaciones con paramilitares y destrucción
del medio ambiente. “Los parapolíticos les recuperan la inversión
que han hecho las compañías en la creación de los grupos
paramilitares, en connivencia con los políticos. Son las patas del
modelo que impone la banca multilateral: uso de la violencia y leyes
coercitivas. El resultado es la violencia, el despojo y el
desplazamiento forzado”, afirma el abogado Francisco Ramírez, que
ejerció como fiscal en el juicio ético.
Nos alojamos en una escuela pública que han cedido para la
ocasión. Todavía estamos levantando las tiendas de campaña
cuando llegan los autobuses procedentes del Arauca, un
departamento situado un poco más al norte, en la frontera con
Venezuela, con una importante población indígena y una de las
mayores reservas petrolíferas de Colombia. Han venido indígenas
de las etnias uwa y sikuane, para dar su versión sobre los efectos
que la llegada de las petroleras ha tenido sobre sus modos de vida.
A lo largo del fin de semana, indígenas, sindicalistas y expertos
analizarán los efectos de las explotaciones de Pacific Rubiales, pero
también de otras petroleras que operan en Colombia, como las
españolas Cepsa –a través de su filial Cecolsa– y Repsol. Centran
sus acusaciones en cinco temas: degradación ambiental, perjuicio a
las comunidades indígenas nativas, vulneración de derechos labores
y sindicales, criminalización de las protestas sociales y militarización
de los territorios.
Víctor es uno de los indígenas del Arauca que viajó a Puerto Gaitán
para participar en este evento. Él, que lidera una comunidad
indígena de etnia uwa de 49 familias, vivió en primera persona el
cambio convulso que para su pueblo supuso la llegada de las
petroleras en los años 80: “Antes, nuestra vida era más organizada
y productiva, se sembraba mucha yuca y maíz. Llegó la Oxy y
rellenó la laguna sagrada, hizo dragados, construyó campamentos,
taponó las salidas y entradas de los caños; después llegaron las
tractomulas y las volquetas. La vida en la laguna acabó: murieron
muchas especies acuáticas que antes nos alimentaban; fueron
desapareciendo aves, mamíferos, y también plantas medicinales y
árboles sagrados; bajó el nivel del río. Después desplazaron a las
comunidades”. Y añade: “La sabiduría de nuestros ancestros nos
dice que el petróleo se creó para ser germen de la vida vegetal, no
para extraerlo del corazón de la tierra”.
Cuando le pregunto a Víctor si la llegada de las multinacionales
petroleras vino acompañada de violencia y militarización, cambia la
expresión de su rostro: “No quiero ni pensar en eso. En los 80 llegó
una gente extraña y comenzó a limitar territorios y poner controles
y reglamentos. Como no fueron capaces de masacrarnos o
desplazarnos, se inventaron a los paramilitares. Allí donde la
organización social era más débil, los paramilitares comenzaron a
matar a compañeros, dirigentes, trabajadores humildes que les
apostaban todo a la vida. Eso a ellos no les importaba, porque
éramos un estorbo”. Añade con tristeza: “El mismo gobierno es el
culpable de esas muertes: todo en contra del pueblo. Una comisión
internacional, formada por varias oenegés, tuvo acceso a un
batallón militar y desmanteló un arsenal de guerra camuflado”.
Hacia el año 2000, los grupos paramilitares se instalaron en el
perímetro de seguridad del oleoducto Caño Limón-Coveñas, para
protegerlo de los ataques de los activistas. Se agravaba así la
militarización de la zona: allí estaba ya la Brigada XVIII del Ejército
Nacional, consagrada a la protección del complejo de Caño Limón
para asegurar el transporte de crudo hasta el mar Caribe, con
ayuda y financiación, según el Observatorio de Multinacionales en
América Latina (OMAL), de los Estados Unidos. Esa misma brigada
ha sido señalada por organizaciones de derechos humanos por su
involucración en la matanza de Caño Seco, en la que fueron
asesinados tres dirigentes sociales influyentes en la zona. El Ejército
reportó la ejecución de supuestos guerrilleros. Aún más sangrienta
fue el de la matanza de Santo Domingo en 1998, un municipio de
247 habitantes. Un helicóptero de la Fuerza Aérea dejó un saldo de
17 muertos, cinco de ellos niños, y 25 heridos. La matanza quedó
impune, mientras se intensifica el número de desplazamientos y la
represión del movimiento social, numeroso y fuerte en la zona.
Comienzan las detenciones masivas de dirigentes sociales bajo la
acusación de terroristas: el caso más notable fue la detención
de 2.500 personas en un pabellón deportivo de Saravena, en 2002.
En el Arauca, “el Estado estaba prácticamente ausente hasta los
años 50; vivían indígenas, algunos de ellos nómadas. El
descubrimiento de yacimientos petrolíferos vino de la mano de la
llegada de colonos y del Ejército: ahí comienzan los conflictos con
los indígenas. Después, la zona se convierte en un polvorín, con
fuego cruzado de insurgentes y paramilitares”, explica Pedro
Ramiro, coordinador del OMAL y coautor del informe Colombia en el
pozo. Los impactos de Repsol en Arauca. El episodio se repite en
otras zonas del país, como el Putumayo: las comunidades locales,
que en la mayoría de las ocasiones no han sido informadas ni
mucho menos consultadas por los gobiernos, se resisten a la
implantación de los proyectos petroleros, y sabotean los oleoductos.
El Estado colombiano y sus Fuerzas Armadas, que ha adquirido con
las empresas la obligación de proteger esas infraestructuras,
reacciona con vigor.
“La mayor parte de las multinacionales en Colombia cometen
crímenes de lesa humanidad como una práctica habitual. Son per
se organizaciones criminales, que se basan en la información de los
servicios de inteligencia, utilizan sistemáticamente el soborno y la
coacción e imponen su modelo económico con el apoyo de
las bacrim(los grupos paramilitares)”, asegura Pedro Ramiro.
Colombia no necesitó de una dictadura militar para convertir la
violencia en un eje del cambio político y económico. En los últimos
30 años, el saldo macabro de seis décadas de violencia en el país –
guerrilla, militares, paramilitares, mafias narcotraficantes– es de
220.000 muertos, 60.000 desaparecidos y 5 millones de
desplazados. Y las zonas más ricas en recursos son, muchas veces,
las más violentas. La riqueza del territorio puede ser la perdición
para los pueblos que lo habitan. Es la maldición de la abundancia,
según la expresión del ecuatoriano Alberto Acosta.
“Allí donde hay petróleo, se da una constante: lo primero que
sucede cuando llegan las transnacionales petroleras es que
aumenta la violencia; hay un impacto sociopolítico, desarraigo,
despojo. Las fuerzas militares actúan al servicio de las
multinacionales, tienen contratos para garantizar que el Ejército
defienda sus intereses y generan impactos de terror para evitar las
exigencias de sindicatos y movimientos sociales”, asegura el líder
sindical Rodolfo Vecino. En la USO apuntan a la complicidad de
Repsol en el “proceso de guerra” que vivió el Arauca, y añaden
que Cepcolsa, filial colombiana de la española Cepsa y socia de
Pacific Rubiales en las exploraciones de la Orinoquía, impide la
afiliación de los trabajadores.
Repsol en el Arauca
Parecía que hubiese desaparecido de la faz de la tierra. Sindicalistas
y comunidades indígenas de las áreas afectadas están convencidos
de que Repsol abandonó Colombia hace unos años. Sin embargo, la
firma, que llegó al país hace veinte años, sigue presente en los
departamentos del Arauca y La Guajira –la península fronteriza con
Venezuela–, con siete bloques en exploración y otros cuatro en
explotación. Ni su nombre ni su logotipo aparecen por ninguna
parte: “Repsol juega a la estrategia de la invisibilización;
seguramente, porque sabe que no es bienvenida en Colombia”,
apunta el investigador Pedro Ramiro. A lo largo de los años 2000,
organizaciones como Amnistía Internacional, Greenpeace y OMAL
han puesto en cuestión la actuación de Repsol en el Arauca, donde
la firma explotaba los campos de Rondón, Campo Limón y Capacho,
entre otros. La empresa ha sido acusada de financiar a las unidades
militares a cambio de proteger sus instalaciones, pese al “historial
de abusos y violaciones de los derechos humanos” del Ejército
colombiano, según Greenpeace.
Como Gas Natural Fenosa, Repsol prefirió respondernos a través de
un cuestionario. En él aclara, que “por exigencia de los gobiernos”,
en algunos países la protección de las instalaciones “debe realizarse
en colaboración con las fuerzas públicas de seguridad”, como ocurre
en Perú, Colombia, Ecuador y Venezuela. En cualquier caso, la
empresa asegura que exige a sus proveedores de seguridad, sean
instituciones públicas o privadas, “el cumplimiento de criterios
[alineados con] estándares internacionales como la Declaración
Universal de los Derechos Humanos” y otros acuerdos
internacionales. En La Guajira, Repsol realizó un análisis sobre la
situación del orden público en la zona “como parte de las
actividades previas requeridas” para dar inicio a proyectos de
exploración en territorios poblados por comunidades indígenas. La
empresa afirma que, antes de contratar, se asegura de que no
tengan antecedentes asociados a milicias privadas o grupos
paramilitares. “Durante 2012 no se han tenido en cuenta
proveedores de seguridad privada que tuviesen este tipo de
antecedes en los procesos de licitación que hemos llevado a cabo en
Brasil, Colombia, Ecuador y Perú”, asegura la firma.
Las denuncias de violaciones de derechos humanos y contaminación
se repiten en varios países de la región en los que opera Repsol. La
animadversión hacia la empresa es tal que ha sido objeto de
campañas como la de Afectados/as por Repsol y Repsol Mata. Uno
de los casos más conocidos es el de la Patagonia argentina, donde,
antes de la nacionalización de YPF, las exploraciones de la firma
ocasionaron fuertes impactos en el medio ambiente y en la vida de
las comunidades mapuches. En la provincia de Neuquén, la
Comunidad mapuche reivindicó que no fue consultada, lo que
supone vulneración del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas de la
Organización Internacional del Trabajo, la principal normativa
internacional que defiende los derechos de los pueblos aborígenes,
suscrito por Argentina. Otro caso sonado ha sido el de Perú, donde
las comunidades indígenas amazónicas han protestado por las
operaciones de Repsol en el Bloque 39, una de las zonas con mayor
biodiversidad de la selva, que el propio Estado peruano reconoce
como tierras protegidas y oficialmente tituladas a los indígenas. En
el cuestionario, Repsol arguye en el cuestionario que su compromiso
es cumplir con el Convenio 169 incluso en aquellos países donde no
ha sido ratificado.
“Las buenas relaciones con las comunidades indígenas son tan
necesarias para el éxito de nuestro negocio como la gestión eficaz
de nuestras operaciones”, asegura la empresa. “Buscamos entender
las implicaciones sociales y económicas de nuestras actividades
para que podamos optimizar los beneficios y reducir los impactos
negativos. Aceptamos que no podemos satisfacer todas las
expectativas, pero donde quiera que operemos, tratamos de hacerlo
con el apoyo de la comunidad”, añade Repsol. La firma pone el
ejemplo de Ecuador: “En un ejercicio de apertura a la sociedad civil,
organizamos una visita a nuestras instalaciones de un grupo de seis
expertos que han dictaminado que Repsol es la petrolera que más
respeta los derechos de las comunidades indígenas en el país”. El
presidente ecuatoriano, Rafael Correa, les dio la razón: “Donde
mejor cuidada la selva es donde existen empresas responsables,
como Repsol”, afirmó en una visita a Madrid el pasado abril.
Responsabilidad social u obligación legal
Repsol asegura que cuenta con un equipo de más de 40 personas
“encargadas de dialogar y relacionarse con las comunidades del
entorno” y que, en los últimos tres años, ha invertido 90 millones
en acción social; de ellos, 22 millones de euros en proyectos de
desarrollo comunitario. Para la firma, estos programas son “parte
del compromiso de promover el desarrollo de las comunidades
locales”. Sin embargo, los movimientos sociales comunitarios se
quejan de que, muchas veces, estas ayudas económicas sirven para
cooptar líderes comunitarios y dividir a las comunidades. La
investigadora Ane Garay, de la OMAL, apunta que con
ese marketing solidario las transnacionales “se presentan como
parte de la solución y no del problema”, como estrategia para
“aplacar la rabia de la población, reblandecer corazones y desviar la
atención”.
El problema no estriba en los programas de RSC en sí, sino en que
éstos se consoliden como una alternativa a la ausencia de
mecanismos del Estado o de la sociedad civil para exigir
responsabilidades, como apunta Garay en el informe Empresas
transnacionales. La RSC se basa en los criterios de voluntariedad y
autorregulación: los códigos de conducta no vinculantes sustituyen
a la fiscalización externa por parte de autoridades estatales. Lo
mismo sucede a escala mundial con el código Global Compact de la
ONU, que apunta a diez principios éticos muy generales y sin
eficacia normativa. El objetivo final, concluye Garay, es la
impunidad; por eso el Tribunal Permanente de los Pueblos propone
crear alternativas de control; entre ellas, una corte mundial que
juzgue y sancione a las empresas, y no sólo a los estados.
“Hacen campañas de sensibilización o de empleo, pero es un
cuento: llegaron a nuestro territorio y provocaron contaminación del
agua, descomposición social, aumento de la violencia. Y aun así, les
llaman terroristas por explotar un oleoducto, cuando lo que están
haciendo es defender sus tierras ancestrales”. Quien así habla es
Óscar Pisso, líder de un resguardo indígena de 622 habitantes en la
región del Putumayo, en plena selva amazónica. Óscar describe una
situación trágica: las comunidades están cada vez más cercadas por
los proyectos petroleros o mineros, y han comenzado a organizarse
para defender el territorio. Es el primero en decirme algo que
después escucharé muchas veces en Colombia: “Indio sin tierra no
es indio”. Por eso, desde hace 500 años, los pueblos originarios
defienden un territorio que para ellos representa mucho más que el
sustento económico: es cultura, sacralidad, el lugar de sus
ancestros y donde crecen sus plantas medicinales.
Óscar atravesó en autobús media Colombia para llegar a Puerto
Gaitán y organizar nuevas formas de resistencia junto con otros
pueblos indígenas. Allí se encontrará con gente como Víctor, el líder
Uwa que me dejó estas palabras: “Nuestra lucha dura más de 500
años, y aquí seguimos, resistiendo, porque el interés del gobierno
es darle el territorio a las multinacionales. Queremos que nos
devuelvan la tierra, que se regenere y tenga vida para las próximas
generaciones. Las petroleras deben abandonar nuestro territorio.
Nuestros cadáveres no descansarán mientras no sea así”.
Nazaret Castro es periodista y vive desde hace cinco años en
América Latina. Este artículo forma parte de la investigación Cara y
cruz de las multinacionales españolas en América Latina, financiado
por los lectores de FronteraD a través de uncrodwfunding en la
plataforma Goteo. En FronteraD ha publicado reportajes como Una
flor en medio del asfalto, La matanza de Carandiru o La sociedad
carioca, en estado de apartheid, y mantiene el blog Entre la samba
y el tango.
Cara y cruz de las multinacionales españolas en América
Latina
1.- Grandeza y miserias del río Magdalena. El desembarco de las
multinacionales españolas en Colombia
2.- La luz que no llega a los ‘barrios subnormales’. Unión Fenosa y
Repsol en Colombia
En la próxima entrega hablaremos de las represas de Endesa en el
sur de Chile y del renacer de la resistencia del pueblo mapuche.
Analizaremos por qué Chile es “el modelo del modelo” del
neoliberalismo en América Latina y cuáles han sido las
consecuencias de haber privatizado el 100% de los recursos hídricos
del país.
Los cofinanciadores de esta investigación recibirán además una
serie de materialescomplementarios.
Para más información:
La Unión Europea y las transnacionales en América
Latina. Documento de la Sesión IV del Tribunal Permanente de los
Pueblos (TPP), celebrada en Madrid en 2010. Descargable
en: http://rebelion.org/docs/105936.pdf
Informe CEPAL, Internacionalización y estrategias empresariales en
la industria eléctrica de América Latina: los casos de Iberdrola y
Unión Fenosa. Patricio Rozas, Santiago de Chile, diciembre de 2008.
Empresas transnacionales. Diagonal, nº 209, noviembre de 2013.
Descargable en:http://omal.info/spip.php?article6068
Javier Sulé, Unión Fenosa en Colombia. Una estrategia socialmente
irresponsable. Observatorio de la Deuda de la Globalización.
Cátedra Unesco en Tecnología y Desarrollo. 2006
Informe Los nuevos conquistadores, Greenpeace, 2009.
Descargable
en:http://www.greenpeace.org/espana/reports/090930-03
Pedro Ramiro, Erika González y Alejandro Pulido, Las
multinacionales españolas en Colombia, Asociación Paz con
Dignidad/OMAL, 2007.
Pedro Ramiro y Alejandro Chaparro, Colombia en el pozo. Los
impactos de Repsol en el Arauca, Asociación Paz con
Dignidad/OMAL, 2006.
Informe sobre Repsol YPF en América Latina, 2008. Tribunal
Permanente de los Pueblos.
http://omal.info/IMG/pdf/informe_caso_repsol_en_america_latina_-
_final.pdf
Jesús Carrión, Erika González, Tom Kuchard et. al., Beneficios a
costa de los pueblos y de los derechos humanos. Corporaciones
Transnacionales Europeas en América Latina y el Caribe. Enlazando
Alternativas. Descargable
en: http://www.enlazandoalternativas.org/IMG/pdf/ONU_DDHH_TN
C_ginevra_5_6_octubre_ES.pdf
Campaña de Afectados/as por Repsol.
Tribunal Permanente de los Pueblos: Veredicto de la sesión de
2010. Descargable
en:http://www.enlazandoalternativas.org/IMG/pdf/TPP-
verdict_es.pdf
Audiencia en Puerto Gaitán contra Pacific Rubiales.
Cuaderno de bitácora (artículos del blog relacionados):
Indio sin tierra no es indio.
La Colombia de Los Llanos.
Aterrizando en Colombia, país de contrastes.
Colombia, un paraíso gastronómico.
Fotografías
Estado del cableado de la energía eléctrica en el barrio de Malambo.
En Barranquilla, Lorena cuenta cómo su compañero murió
electrocutado mientras trabajaba en la red de cableado de la empresa
Electricaribe.
Miriam, habitante del municipio de Malambo, en Barranquilla.
Asistentes al evento de Puerto Gaitán que analizó la actuación de las
multinacionales petroleras en Colombia.
Indígenas del departamento de Arauca asisten al evento sobre
multinacionales petroleras celebrado en Puerto Gaitán.