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LA DIFÍCIL LUCHA POR LA DEFENSA DE LOS BOSQUES DE GUERRERO A TRAVÉS

DE LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADADulce María Quintero Romero1

Resumen: La orografía accidentada del Estado de Guerrero, México ha propi-ciado paradojas en el aprovechamiento y destino de sus riquezas naturales. Por un lado, el terreno agreste condenó al aislamiento aun sin fin de comunidades económicamente pobres, que sin servicios encontraron en la naturaleza el eje de su sobrevivencia, alrededor del cual conformaron una vasta riqueza cultural y biótica; y por el otro, las enormes extensiones de bosques en las partes altas fueron un botín irresistible que atrajo a empresarios nacionales y extranjeros que emprendieron una explotación indiscriminada de los recursos forestales durante todo el siglo pasado. Así el progreso de los capitalistas se tradujo en ganancias sólo para ellos, ya que los comuneros a penas recibieron compensa-ciones mínimas y la devastación ecológica de sus terrenos. En este encuentro desigual de los pobladores pobres y analfabetas con los capitalistas ricos y po-derosos –con el respaldo de una política de Estado- se prolongó por más de 70 años con algunos brotes de inconformidad de los comuneros, pero la lucha continúa hasta hoy. Palabras clave: Participación, desarrollo, resistencia, derechos humanos, bos-ques.

Abstract: The irregular orography in Guerrero, Mexico has brought about paradoxes in the exploitation and end of its natural resources. On one hand, the rough land resulted in the isolation of the economically poor communities that having no services, found in nature their main survival sources and around which they formed a huge cultural and biotic richness and, on the other hand, the huge extension of woods in the highlands irresistibly attracted national and foreign businessmen who started to overuse forest related resources during last century. The only ones having progress and profits were the capitalists since the commoners, who barely received compensations, were delivered the ecologic devastation of their land. This unequal coexistence of poor and illite-

1 Profesora Investigadora de la Unidad de Ciencias de Desarrollo Regional de la Universidad Au-tónoma de Guerrero, [email protected] Artículo recibido: 30 de julio de 2010; aprobado: 20 de septiembre de 2010.

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rate inhabitants and rich and powerful capital owners was backed up by State policies and persisted for more than 70 years giving birth to some nonconfor-mance on the part of the commoners. This fight however, continues up to the present moment.

Key words: Participation, development, resistence, human rights, forests.

1. Antecedentes

La historia de la explotación de los boques de Guerrero se inscribe en un modelo de desarrollo nacional imperante durante todo el siglo veinte, mediante el cual la riqueza forestal se dilapidó por unos cuantos empresarios sin dejar a los campesinos otra cosa que tierras ecológicamente arruinadas. Esta política tuvo como elemento fundamental la relación de complicidad y apoyo por parte de los políticos nacionales y locales hacia los representantes del capital, quienes en una mancuerna casi perfecta, hicieron frente a quie-nes intentaron oponerse a la explotación través de la represión impune y sistemática .

Este modelo de explotación silvícola se origina en una concepción de “enseñanza forestal colonizada” que se remonta a finales del siglo XIX. Originalmente tuvo por fi-nalidad reducir la productividad de los bosques con las técnicas más rudimentarias para desaparecer así la competencia que la madera, el carbón y la leña podían representar para las empresas europeas que monopolizaban la generación de electricidad, extracción de petróleo y elaboración de asbestos. De esta forma, Porfirio Díaz adoptó una política basada en la selección natural de los bosques, en lugar de promover el cultivo forestal, y en la ‘protección’ de la explotación del bosque mediante concesiones otorgadas por el Estado. Este proteccionismo justifica y encubre una política patrimonialista, utilizada en beneficio de unos cuantos dejando fuera de los beneficios a los pueblos que ocupan el territorio, y nunca toma en cuenta la preservación de estos recursos. Más tarde, ya entrado el siglo XX, el Estado le encontró más utilidad al control de la producción de madera del bosque, por lo que comenzó por concesionar el corte de ésta a cambio de un compromiso por parte de las compañías extranjeras de construir vías ferroviarias. En el estado de Guerrero el ferrocarril se detuvo cruzando el borde del río Balsas, desde donde se podía embarcar la madera extraída de la sierra, mientras que los pueblos fueron obli-gados a entregar madera para los durmientes necesarios para la supuesta continuación del ferrocarril.

En 1933, el 90% de la explotación maderera en Guerrero era controlada por extranjeros, sin embargo después del cardenismo, las concesiones pasan a manos de ca-pitales nacionales ya que el grupo Alemán –Vallina –Trouyet monopolizan los bosques en Chihuahua y Durango; el grupo encabezado por Melchor Ortega –diputado, Subse-

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cretario de Agricultura, gobernador de Guanajuato y Presidente del PNR-, quedó como concesionario de los bosques de Michoacán, Oaxaca y Guerrero2.

2. La explotación ligada a los políticos. El caso de Guerrero

Pero los inversionistas de la explotación forestal, por lo menos en esta entidad, tuvieron como denominador el estar ligados a quienes detentaban el poder político, un ejemplo claro es el de Melchor Ortega uno de los capitalistas más importantes de este ramo que al ser ahijado de Miguel Alemán Valdez, cuando éste asumió la presidencia recibió una concesión forestal por 50 años para explotar los boques comprendidos en la Sierra de Atoyac, Técpan y Petatlán. Así fue como este destacado callista, primero, y después diri-gente del Frente Cívico Mexicano estableció diversos aserraderos desde Atoyac de Álva-rez hasta la Bahía de Papanoa, donde montó la empresa Papanoa S.A.

Otro personaje importante en esta industria fue Arturo San Román, quien en el año 1938 recibió una concesión para la explotación forestal industrial de la sierra com-prendida entre Chilpancingo y Tlacotepec. Este maderero fue uno de los mayores de-predadores de los bosques de Guerrero; aprovechándose de la inexistencia de normas jurídicas de aprovechamiento forestal, taló indiscriminadamente los recursos que por las condiciones topográficas no se recuperaron más, por lo que este personaje junto con los propietarios de 13 aserraderos3, que instalaron a bordo de la carretera nacional, han sido señalados como los exponentes del capitalismo salvaje de la década de 1940 en Guerrero4.

Sólo por mencionar un dato según datos oficiales en 1940 se realizó un censo para cuantificar la superficie arbolada del territorio guerrerense y por especie, concluyéndose la existencia de 2 millones 490 mil 344 hectáreas sembradas de pino, encino, oyamel y otras maderas industriales (Bustamante 2003 134) en tanto en el programa de conser-vación y desarrollo forestal 1987-1993, totabilizaba en este mismo sentido un millón 247 mil hectáreas lo que habla de una pérdida de más del 50 por ciento de esta riqueza natural.

Para esta actividad de explotación intensiva, los empresarios como en el caso de San Román siempre contaron con las facilidades que le ofrecían sus buenas relaciones con los presidentes Alemán, Ruiz Cortines y López Mateos. Con el empresario maderero maniobraba la burocracia federal para que las gestiones de los campesinos y adversarios competidores no prosperaran. Ante cualquier obstáculo a sus negocios recurrió a manio-

2 Gómez Jara, Francisco. Bonapartismo y lucha campesina en la Costa Grande de Guerrero, Editorial El Caballito, 1979. 3 En la lista figuran también Francisco Santillana, López Huerta y Chávez, Humberto J. Melédez, Carlos Benavides y Lambert Ralph, Aserraderos la Victoria, Sánchez y Suck, Fizcel Sommer.4 Bustamante Álvarez Tomás. La tragedia de los bosques de los bosques de Guerrero. Historia ambiental y las políticas forestales. Editorial Fontmara, 2003, p.137.

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bras legaloides, sobornos y amenazas. Este empresario en 18 años de intenso saqueo de madera de Guerrero, recuperó tres veces su inversión y acumuló una importante rique-za que no invirtió en dicha entidad, sino en un proyecto de balnearios, aguas termales y hoteles en el Proyecto Nueva Ixtapa, del Estado de México. Sobre todo luego de su retiro de la zona en 1964, cuando recibió 20 millones de pesos como indemnización por la carretera que supuestamente habilitó y la chatarra que dejó en la sierra. Así abandonó tanto a las tierras que lucían ya sin bosques, como a sus empleados que se quedaron sin indemnización luego de ofrecerle su servicio por casi dos décadas.

Y es que la riqueza de macizo montañoso y maderas preciosas, presentes en 41 municipios de la entidad en la década de 1940, fue un botín irresistible para los capi-talistas nacionales y extranjeros, de origen norteamericano, que se vieron ampliamente favorecidos por la reforma agraria cardenista, que no logró desaparecer los latifundios enclavados en la Costa Grande, a través de la Sierra Madre del Sur y Tierra Caliente. Así The Guerrero Land and Timber, Co, el mayor latifundio del estado seguía intocable; de igual manera se encontraban las propiedades de Maderas Papanoa; la propiedad del terra-teniente Pioquinto Huato; la propiedad de The Guerrero Iron Timber Co; la propiedad de la Cía. Maderera Camotla y Anexas, entre las más sobresalientes. Este grupo para 1940 seguía conservando más de seiscientas mil hectáreas, lo que contrastaba con las 278 mil hectáreas, que habían sido afectadas por la reforma agraria en Guerrero5.

Estas empresas madereras adquirieron inmensas superficies de terreno mediante el traspaso de viejos deslindadores porfirianos, o al amparo de las Leyes de Desamortiza-ción de 1856, donde algunos se posesionaron de las áreas forestales, incluyendo terrenos de las comunidades indígenas. En las operaciones muchos de ellos ni siquiera conocían la superficie exacta de la tierra que decían poseer. Frente a esto el Estado no hacía ningún intento por expropiar los predios, ignorando los reclamos de los campesinos que exigían con razón su derecho a esta tierra. Fue tal la complicidad de las autoridades con estos empresarios que llegaron a venderles más predios a precios irrisorios, como ocurrió con el gobernador Catalán Calvo, quien contó con la anuencia de la cámara de Diputados de 1941 y 19436, además de que en otros casos la restitución de propiedades a los legítimos dueños fue un proceso que tardó más de 40 años.

Así la disputa por la tierra y el bosque entre industriales-madereros y campesinos forma parte de la lucha social de la segunda mitad del siglo XX en la Sierra Madre del Sur, aunque este ambiente de conflicto y litigios en ningún momento obstaculizo el que los madereros y funcionarios hicieran una buena mancuerna para continuar con el saqueo de

5 Bustamante Álvarez Tomás Bustamante Álvarez Tomás. “La reconstrucción (1920-1940)” en Historia General de Guerrero. Revolución y reconstrucción. Volumen IV. Instituto Nacional de Antropolo-gía e Historia. Gobierno del Estado de Guerrero y JGH Editores, 1998. pp. 191-307.6 Gutiérrez Ávila Miguel Ángel. “Guerrero después de Cárdenas” en Edgar Neri Quevedo (com-pilador) Guerrero 1949-1999. Tomo I. Gobierno del Estado de Guerrero. 1998. pp. 75-98.

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la madera, ya que para ellos siempre estuvieron disponibles las concesiones y los permi-sos sin importar los problemas de propiedad, de hecho “tales situaciones de conflicto e indefinición en diversos casos fueron propiciados por los inversionistas en complicidad con los funcionarios públicos para prolongar los procesos de extracción, estos largos pleitos fueron parte del negocio maderero” 7.

Pero el problema con estos latifundistas madereros no estaba sólo con su perma-nencia y el acaparamiento ilegítimo de las propiedad, ya que en gran parte de las oca-siones se amparaban en documentos de cuestionada legalidad; sino además en la forma en que desarrollaron su actividad, pues emprendieron acciones de rapiña fuera de todo límite, a fin de obtener los mayores beneficios económicos. Explotaron a sus trabajadores con pésimos salarios que ni siquiera llegaban al mínimo y sin seguridad en el desempeño de labor, impidiendo la sindicalización y con la puesta en operación de tiendas de raya. Cuando los lugareños se oponían a esta condiciones los talamontes trajeron consigo trabajadores procedentes de otros estados como el Estado de México e Hidalgo” que estaban adiestrados en la industria maderera y eran incondicionales a sus patrones lo que causó enfrentamientos con los campesinos de las comunidades que defendían sus derechos”8.

Fue así como la comunidad de Tixtlancingo, municipio de Coyuca Benítez en-frentó los abusos de la compañía Eureka que se estableció en la zona a partir de 1940, a fin de aprovechar más de 481 hectáreas de la comunidad para producir 80 toneladas de carbón, sin pagar ningún derecho de monte y, con irrisorias cantidades de “pago” a los “principales” amen de promesas incumplidas de mejoras a las comunidades. Frente a ello los comuneros procedieron a organizar un Comité Ejecutivo Agrario y la Liga Femenil Campesina a fin de hacer frente a las guardias blancas y al ejército, que los principales tenían de su lado para acallar a quienes se opusieran a sus negocios con los empresarios.

Las organizaciones campesinas reclamaron que se les otorgaran las tierras que legítimamente les pertenecían, además de denunciar los crímenes y vejaciones que se sucedieron en la zona y encabezar una autodefensa, que procedió por propia cuenta al castigo de los culpables. A pesar de ello, unos 400 hombres y mujeres salieron de la zona por temor a ser reprimidos y fue hasta 1961 que por resolución presidencial se divide el poblado en ejidos y los campesinos logran sus objetivos9 .

7 Bustamante Álvarez Tomás. La tragedia de los bosques de los bosques de Guerrero. Historia ambiental y las políticas forestales. Editorial Fontmara, 2003. p.139.8 Gutierrez Ávila Miguel Ángel. “Guerrero después de Cárdenas”, op. cit., pp. 75-98 p.89.9 Gutiérrez Ávila Miguel Ángel “Violencia caciquil y autodefensa campesina en la Costa Grande. El capitalismo salvaje y los boques de Guerrero (1940-1952)” en Mario Martínez Rescalvo Gómez (Coordinador) Ensayos sobre el Estado de Guerrero. Universidad Autónoma de Guerrero, 2003. pp. 95-118.

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Pero con esta solución del problema a través de organizarlos como ejidos, se ini-cian acuerdos que entran en operación con una serie de disposiciones totalmente des-ventajosas para los pobladores y garantizaban elevadas ganancias para los aserraderos, además del control de los ejidatarios que se sentían deudores con las “bondades del gobierno”. Así los madereros, más interesados por los boques que por la tierra, fueron entrelazando sus buenas relaciones con los funcionarios federales para llegar a acuerdos con los campesinos y seguir explotando los bosques a cambio de compromisos que no siempre cumplieron. Lo que generó de nueva cuenta la movilización de los campesinos, que llegaron hasta la huelga del corte de madera y en un movimiento ecologista aún vi-gente en el siglo XXI en la sierra de Guerrero.

3. La lucha por los bosques

Autores como Miguel Ángel Gutiérrez10 , Alba Teresa Castañon11 y Tomás Bustamante12 coinciden en señalar que el saqueo forestal de Guerrero dañó ampliamente el equilibrio ecológico de amplias regiones de la entidad, sin beneficiar a la economía del estado, el desarrollo de la entidad y mucho menos contribuyó a la mejoría de las comunidades asentadas en el bosque. En cambio generó profundos conflictos y violencia al interior de la vida de los campesinos.

Sin embargo hay que destacar que la situación también permitió la creación de nuevas formas civiles de lucha y organización, lo que permiten a grupos campesinos como los de la sierra emprender una fuerte defensa para la preservación de sus bosques en contra de la explotación irracional de una serie de empresas que, en los años cuarenta y cincuenta, llegaron al estado para hacer una explotación voraz de los recursos naturales de comunidades campesinos.

El 8 de diciembre de 1957 el Comité Regional Campesino, de la sierra de Atoyac, informaba sobre las gestiones que había realizado durante el año, entre las que destaca-ban trámites realizados ante el propio Presidente de la República para la cancelación de

10 Gutiérrez Ávila Miguel Angel. “Guerrero después de Cárdenas” en Edgar Neri Quevedo (com-pilador) Guerrero 1949-1999. Tomo I. Gobierno del Estado de Guerrero. 1998. Pags 75-98 y Gu-tiérrez Ávila Miguel Ángel “Violencia caciquil y autodefensa campesina en la Costa Grande. El capitalismo salvaje y los boques de Guerrero (1940-1952)” en Mario Martínez Rescalvo Gómez (Coordinador) Ensayos sobre el Estado de Guerrero. Universidad Autónoma de Guerrero, 2003. pp. 95-118.11 Estrada Castañon Teresa. El movimiento caballerista en Guerrero 1960. Crónica de un conflicto Univer-sidad Autónoma de Guerrero. 2001.12 Bustamante Álvarez Tomás. La tragedia de los bosques de los bosques de Guerrero. Historia ambiental y las políticas forestales. Editorial Fontmara, 2003.

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los contratos con Maderas Papanoa S. de R.L. debido a la falta de cumplimiento de los contratos que la compañía había contraído con los pueblos.

Sin embargo ante la complicidad por parte de las autoridades del estado y federa-les, las autoridades ejidales decidieron aplicar por cuenta propia un remedio a la situación por lo que encabezados por Benjamín Piza Armenta, Presidente; Simón Martínez Gó-mez, Secretario y Domitilo Barrientos Blanco, Tesorero, anunciaron en 1961 la cance-lación de contratos con la compañía de Ortega y el desmantelamiento del campamento que Maderas Papanoa había instalado en La Peineta. El 26 de junio de 1961, la Compañía Constructora Continental S.A. firmó contratos similares a los que habían convenido con Maderas Papanoa para continuar los trabajos de apertura de brechas con Mexcaltepec, Agua Fría, El Camarón, Río Chiquito y San Juan, a cambio de explotar los recursos ma-derables.

En 1962, por no cumplir los contratos, los ejidatarios y el profesor Lucio Cabañas, personaje destacado de la guerrilla tiempo después, bloquearon el acceso a Mexcaltepec con troncos de árboles impidieron el acceso a los camiones madereros. Con esta acción los talamontes salieron del poblado “en 1962 de plano la empresa es expulsada por los ejidatarios de El Naranjal y San Vicente de Jesús. Dos años después se levantan contra Ortega los pueblos de Mazcaltepec, Agua Fría y El Camarón. La Lucha en los setentas alcanzó a Chapas y Triplay y coincidió con la aparición del movimiento armado revolu-cionario en la Costa Grande”13

Los datos indican que en torno al Comité Regional Campesino se fueron nuclean-do los que después serían los cívicos, los detenidos desaparecidos y los exiliados en la época de la guerrilla. En torno a la Unión de Productores Forestales de Guerrero y la Asociación Local de Cafeticultores, se congregaron los pequeños propietarios y aquellos grupos caciquiles que sembraron un clima de hostigamiento y terror que facilitó el surgi-miento del movimiento armado en esta zona.

De hecho se desata una ola de protestas y huelgas campesinas en 1963, 1964 y 1965-1966, que culmina con la huelga en 1966-1967 en que comuneros de Jaleaca logran expropiar el aserradero de Florencio García. Ahí la respuesta de los campesinos obliga a los empresarios a tolerar la existencia de empresas controladas por los campesinos14

Y es que los métodos de control, represión y explotación de los madereros pro-piciaron que algunos núcleos de campesinos comenzaran a desarrollar procesos de or-ganización y defensa de sus recursos que les permitieran hacer frente a los pistoleros

13 Camacho, Jimena. Lumbre en el Monte. La historia de Rodolfo Montiel y la lucha de los campesinos de Guerrero. Itaca, La Jornada Ediciones. México, 2004. p 42.14 Estrada Castañon Teresa. El movimiento caballerista en Guerrero 1960. Crónica de un conflicto Univer-sidad Autónoma de Guerrero. 2001.

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de los empresarios y al propio ejército mexicano, quien se colocó del lado de éstos15. Así los campesinos para librarse de los abusos emprendieron su marcha hacia la parte más profunda de la sierra y “recurrían a la autodefensa con los medios a su alcance, mucha de la población perseguida, excluida y considerada violadora de la ley y el orden, en los años setentas fueron clientela de las guerrillas que liderearon Genaro Vásquez y Lucio Cabañas”16 .

4. Políticas de aprovechamiento sin resultados

Para la década de los sesentas la explotación en la industria forestal del estado “se trans-formó para no cambiar” con la llegada de Gustavo Díaz Ordaz. Se habló de una política forestal en donde el aprovechamiento fuera racional con técnicas adecuadas y capital necesario –nada de vedas para conservar los bosques- “porque sólo las grandes unidades industriales de explotación forestal está probado darán resultados, pues ellas consideran la explotación como un recurso renovable, como una industria permanente ya que cuan-do la técnica se aplica adecuadamente no solamente no se acaba el bosque, sino que se conserva y aún se incrementa”(Discurso pronunciado en Chilpancingo, 16 de enero de 1964).

Bajo esta tónica se creó la Unidad Industrial de Explotación Forestal por la cual se concesionó a favor de Industrial Forestal del Poniente, S. de R.L. (de su familia) por 25 años un total de 434 mil 837 hectáreas de bosque localizadas en 9 de los principales municipios de la Costa Grande y centro de Guerrero17, quien se encargaría de abastecer de materia prima a Celulosa Forestal del Pacífico. Sin embargo este proyecto en nada se diferenció en cuanto a explotación industrial en comparación con sus antecesores.

Con Luis Echeverría se crea el organismo público descentralizado Forestal Vicen-te Guerrero (2 de agosto de 1972) que se encargaría de administrar el abundante potencial forestal que se cuantificaba en 2 millones 15 mil 200 hectáreas. De nueva cuenta uno de los allegados al presidente –ahora su compadre y no un familiar- sería el encargado de

15 En una carta dirigida al Secretario de la Defensa Hermenegildo Cuenca, con copia al Presidente de la República Luis Echeverría, recibida el 15 de mayo de 1971 denuncia la colusión del ejército con la compañía maderera “Un civil con un pelotón de federales exige a la comisaría del Plan del Carrizo una asamblea para que se apoye a explotar las maderas que corresponden a los ejidos de San Juan de Las Flores, El Agua Fría, El Camarón, Río Chiquito, Pie de la Cuesta, Mexcaltepec, San Andrés, Rincón de las Parotas. Firman 16 gentes de la comunidad Carta recibida el 71/ 05/ 15 (SDN 79/ 236/ 284) Archivos abiertos.16 Bustamante Álvarez Tomás. La tragedia de los bosques de los bosques de Guerrero. Historia ambiental y las políticas forestales. Editorial Fontmara, 2003. p. 137.17 Esto fue posible gracias a que Nacional Financiera –gobierno federal- había comprado e in-demnizado a los diversos madereros que operaban en la entidad.

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orientar la política forestal, se trataba de Rubén Figueroa Figueroa (representante de uno de los cacicazgos económicos y políticos más importantes en esta entidad) quien pri-mero se encargó de indemnizar a la Industrial Forestal del Poniente y las empresas que operaba18 , para luego poner en marcha un programa que enarbolaba el discurso de una explotación racional de los recursos, su aprovechamiento integral y de desarrollo social de los pueblos.

En el decreto de creación de la FVG, se establecía que este organismo tenía todos los recursos verdes de Guerrero, sin embargo en la práctica debido a la falta de capacidad técnica, económica y administrativa tuvo que apoyarse en el sector privado, quienes poco a poco se fortalecieron al grado de que para finales de 1980 la paraestatal era más bien una instancia burocrática e intermediaria, contratista de la industria forestal. “La experiencia no es considerada por los sierreños como una gestión favorable a sus intereses, pues la decisión del manejo de los bosques pasó a ser sólo tarea del Estado, quien además de ser juez y parte resultó marcada por la corrupción e ineficiencia de sus funcionarios”19.

La relación de la Forestal Vicente Guerrero con los campesinos no resultó dis-tinta al trato con los madereros; “se valía de amenazas como quitar la tierra a quienes no acataban su política y se negaban a vender sus bosques, dividió pueblos, sobornaba a los líderes, incumplía convenios contraídos. A principios de los ochenta existía una profunda crisis de confianza...las expectativas de un cambio se fueron desvaneciendo...no contribuyó a educar y formar una nueva cultura para el aprovechamiento, preserva-ción y de convivencia con el bosque…su función fue política y no económica. Se ocupó más de ser un bastión de los gobiernos federal y estatal, del combate guerrillero de ese entonces realizando obras y servicios comunitarios para desactivar la clientela social del movimiento” 20.

Su presencia tampoco redujo la movilización de los ejidatarios de la zona, ya que para 1980 los ejidos de Las Compuertas, Bajos de Balsamar, El Balcón y Cordón Grande se organizaron para demandar más precio y el cumplimiento de los compromisos hechos por la paraestatal. Cinco años después el movimiento comprendía también a El Molote, Toro Muerto, Puerto del Gallo, Vallecitos de Zaragoza, Pitos Pilates y Letrados, Corrales del Río Chiquito, quienes fundan la Coordinadora de Ejidos Forestales de la Costa Gran-de de Guerrero, para desde ahí emprender la lucha para controlar los fondos comunales generados por la madera (cortada por ellos) y destinados a las cuentas de los administra-dores y para reducir los altos costos de los servicios técnicos que encarecían la produc-

18 Se pagó la maquinaria chatarra que operaba y los caminos construidos –brechas para el aprove-chamiento. Por lo que fue nuevamente un buen negocio para los explotadores.19 Rodríguez Herrera, América y otros. “Hacia una geopolítica de Guerrero, el caso de la sierra: retos y perspectivas” . En Rosalío Wences y otros (coordinadores) Problemática territorial y ambiental en el desarrollo regional. AMECIDER, UAGRO, ININEE. 2005. p. 356-376.20 Bustamante Álvarez Tomás. La tragedia de los bosques de los bosques de Guerrero. op. cit..p.153.

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ción. Ello fue de gran utilidad luego de que en 1986 la ley Forestal les autorizara a operar sus propios servicios técnicos. Para 1988 esta organización se transforma en la Unión de Ejidos de Producción Forestal Agropecuaria General Hermenegildo Galeana21.

En 1987 se canceló el decreto de creación de la Forestal Vicente Guerrero y lo que quedó de ella se transfirió al gobierno del Estado de Guerrero. Sin embargo con la llegada de las políticas neoliberales se presentaron cambios importantes en la políticas de aprovechamiento forestal: las reformas al artículo 27 constitucional, la Ley Forestal de 1992 y la Firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte que han propiciado que los bosques y sus campesinos queden más desprotegidos y bajo la acción cada vez mayor del mercado.

5. Las nuevas luchas

Con un gobierno que ahora se ocupa sólo de supervisar la correcta aplicación de los programas de manejo integral forestal los dueños de los bosques, campesinos o pequeños pro-pietarios son los responsables de una correcta explotación que garantice su reproduc-ción, cuidado de los ecosistemas y del medio ambiente. Además deben realizar acciones de prevención y combate a los incendios, plagas y evitar cortes clandestinos, realizar reforestaciones, evitar erosiones y demás acciones una vez que tienen autorización para explotarlos.

Las condiciones sin duda resultan complicadas para los campesinos guerrerenses, ya que según datos de Semarnat hasta agosto de 2006 existían en Guerrero 108 permi-sos de aprovechamiento forestal vigentes –sólo uno estaba suspendido por problemas internos de la comunidad- de los cuales sólo 21 habían sido otorgados a particulares y el resto era para ejidos y comunidades de las 6 regiones de la entidad (exceptuando a Acapulco)22

De acuerdo a los resolutivos del diagnóstico presentado en el Foro “Comunidades forestales: manejo y conservación de los recursos naturales”, celebrado en el Palacio Legislativos de San Lázaro en junio pasado, entre las fortalezas de las condiciones actuales de los bosques y selvas de México están: la propiedad social y el manejo comunitario de la mayor parte de los bosques –de tal suerte que estos espacios tienen quien los vigile y se preocupe por ellos; la gran diversidad de los recursos naturales y etno-biológicos; el buen potencial de los sitios forestales; el paulatino pero progresivo reconocimiento de la so-ciedad y los tomadores de decisiones sobre la importancia de los bosques como medios

21 Camacho, Jimena. Lumbre en el Monte. op. cit.22 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Estado de Guerrero 2006. Disponible en http://portal.semarnat.gob.mx/semarnat/portal), acceso el 30 de octubre 2006.

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productivos y de servicios ambientales y las experiencias forestales comunitarias exitosas, entre otras cosas.

En cuanto a las debilidades, destacan en una lista mayor que: sobresale la insufi-ciente conciencia de la sociedad mexicana sobre la importancia de los bosques; la escasa atención gubernamental a este sector; la pérdida acumulada de superficie forestal –que en Guerrero representaba en el 2002, cerca de 40 mil hectáreas de selvas tropícales y 14 mil en bosques templados23-; infraestructura caminera insuficiente y de mala calidad; caren-cia de una política de apoyo al uso sostenible de los recursos biológicos; normas comer-ciales inadecuadas para la fijación de precios en la madera aserrada –principalmente en el sur-; excesiva burocracia y lentitud en los trámites administrativos forestales; sobrerregu-lación para los productores con aprovechamientos autorizados y acciones insuficientes y tibias para regularizar los no autorizados; escaso desarrollo de mercados para productos forestales; restricción del crédito a las empresas de servicios forestales –con precondición del 30% de garantía líquida-; escaso o nulo apoyo financiero a organizaciones civiles que trabajan por el desarrollo de empresas rurales sustentables; centralización por parte de la federación así como altos costos en la extracción forestal derivados de la inversión en caminos, entre otras cosas.24.

A esta problemática los productores de Guerrero habrían de agregar la presencia de caciques que siguen intentando beneficiarse de la explotación forestal como lo denun-ciaron autoridades de la localidad de Jaleaca, cerca de la capital del estado, quienes desde el 2002 han demandado el apoyo de las autoridades contra Roberto Fuentes Catalán quien encabeza un grupo que a través de amenazas y hostigamiento a los comuneros busca seguir controlando el marcado de la madera, como lo han hecho desde hace 40 años(Periódico El Sur 11 de Junio de 2002).

Y está también la denuncia del alcalde de Petatlán, Francisco Javier Rodríguez, quien advirtió que “los caciques madereros siguen devastando los bosques de Petatlán con complicidad de funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Natu-rales (SEMARNAT). Esta dependencia sigue dando permisos sin checar la explotación real que se hace, así está el ejido del Corral y Balcón de la Bandera donde se explotan 30 mil metros cúbicos con una autorización para 10 mil”25.

También está la denuncia de los habitantes mixtecos de la comunidad de Quihuite-pec y El Coquillo, del municipio de Ayutla de los Libres, quienes aseguran que el estudio técnico para autorizar un aprovechamiento otorgado al propietario del aserradero El Ocotito, desde 2003 y vence hasta el año 2012, está mal fundamentado ya que el bosque

23 Declaración hecha por el delegado federal de la SEMARNAT, Octavio Klimek Alcaraz luego de calificar como preocupante la situación ambiental del estado. Periódico El Sur de Acapulco, 28 de noviembre de 2002, p.14.24 El Sur de Acapulco. El problema de los bosques de Guerrero 17 de junio de 2006. p. 27.25 El Sur de Acapulco. Denuncian severos daños a los bosques. 27 de abril de 2005. p. 18 .

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no tiene la capacidad autorizada, por lo que se están talando ya los árboles próximos al manantial de la comunidad con lo que se vive ya una aguda escasez de agua. Ante la insistencia de cancelación por parte de los comuneros, autoridades municipales y esta-tales realizaron un recorrido por la zona en donde encontraron “árboles derribados sin marcación, troncos de árboles tirados que fueron cortados y no aprovechados, así como árboles quebrados por el derribamiento de otros....una brecha para sacar madera –en las inmediaciones de un manantial- sin respetar la norma que señala que se debe respetar y no talar en los en los próximos 20 metros a la orilla de un cauce...así como cortes en árboles de encino, cuando el aprovechamiento autoriza sólo el corte de pinos”.

Así cuando las autoridades no cumplen con las acciones de vigilancia son los pro-pios comuneros quienes supervisan las acciones de explotación, como en el caso del predio de Iris en Atoyac, donde la denuncia de los pobladores propició que en marzo de 2006 la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente suspendiera los trabajos que venía realizando la Empresa Maderas de Dos Costas, del estado de Oaxaca en el predio particular de Telehuala, en donde se comprobó que, entre otras fallas, que se estaba al-terando de un 19 a un 25 por ciento el volumen la corta autorizada para un predio de 3 hectáreas.26

También está la disputa de los comuneros por la titularidad de los aprovechamien-tos forestales, como la de los de Jaleca y la comunidad de Chicahuales, o bien la presencia de plagas como el dendoctonus mexicanus, insecto que provoca que los árboles se sequen, con una rápida propagación en la región boscosa de Ayutla y que se presentó en la región desde hace un año; sin que hasta ahora las autoridades se den a la tarea de combatirla. “Hemos venido quejándonos en la SEMARNAT y nos dijeron que no tienen capacidad para resolver el problema y que fuéramos a la CONAFOR; ahí nos respondieron que tampoco puedan hacer nada” denunció el comunero Celestino Peláez, luego de agregar que los árboles secos generan sequía y prolongan los incendios forestales en la región27.

6. Organización para el bosque

Frente a la necesidad de atender esta problemática y responder a los nuevos esquemas de aprovechamiento forestal, las organizaciones campesinas de la región han tenido que consolidarse para trabajar en dos ámbitos: (1) en uno por el reconocimiento de sus ca-pacidades para aprovechar los recursos forestales propios con medios autogestionarios, para lo que se plantean posibilidades de conseguir apoyos y recursos para lograrlo. En el otro (2) hay quienes pugnan por poner un alto a la tala inmoderada de los bosques a tra-vés de la conformación de un movimiento ambientalista hasta ahora incipiente, heterogé-

26 El Sur de Acapulco. Comuneros preocupados por los bosques de Guerrero.7 de marzo 2006. p. 1327 El Sur de Acapulco. CONAFOR niega apoyo a comuneros. 11 de Junio de 2002. p. 11.

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neo y hasta contradictorio que aún sigue enfrentando los intereses de cacicazgos locales y regionales que actúan en complicidad con funcionario de gobierno y militares.

Entre las organizaciones que promueven apoyos para programas de aprovecha-miento forestal, productivos y de servicios está La Unión de Ejidos Hermenegildo Ga-leana; que impulsó en los noventas en el Ejido El Balcón un modelo de aprovechamiento que buscaba explotar los recursos con responsabilidad, integrando aspectos como la re-forestación, el control y combate a incendios, aunque más tarde entró en las dinámicas del mercado. También tenemos a La Unión de Ejidos Rubén Figueroa que se ocupa de la explotación de los bosques, más no de su preservación; y que en 1995 con la interme-diación del gobernador Rubén Figueroa firmó un convenio con la Boise Cascade (USA), como parte del TLC, que los llevó a intensificar la explotación de los bosques para ser competitivos en el abasto de madera al mercado norteamericano –en esto también par-ticipó la Hermenegildo Galeana-. La empresa norteamericana terminó por retirarse ante la oposición de los campesinos de algunos ejidos como El Zapotillo que alertaron sobre la tala salvaje de los bosques. Afirmaban que “antes tuvimos otros madereros, pero nin-guno como la Boise, que dejaba los árboles a rape, se llevaba los árboles viejos y jóvenes. Terrenos que antes eran de ocotes los dejaba limpios de pura pastura. Hizo desaparecer manantiales y animales,” relató Rodolfo Montiel28

Greempeace México documenta el reclamo de los habitantes de la Costa Grande y la alarma de que la empresa tuviera una concesión de explotación en la zona por 10 años (1995-2005), y asegura que en la sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán de 1992 al 2000 se perdieron 86 mil hectáreas de bosque. Ante estas denuncias la trasnacional terminó por retirarse, no sin antes dejar un sector campesino lastimado y dispuesto a luchar a favor de sus recursos y por la defensa de su territorio.

Otras organizaciones de este tipo más autogestionarias que ecologistas son la Unión de Ejidos José Azueta, que maneja programas productivos, de servicio de explotación de madera; el Consejo Supremo de Pueblos de la Sierra de Guerrero que maneja proyectos productivos y de servicios con poca atención a cuestiones ambientales. Otras de corte más ambientalista son El Consejo Regional de la Sierra de Guerrero que promueve el aprovechamiento y la conservación de los boques; la Coordinadora Democrática de la Sierra que además de programas productivos y de servicios pugna por el establecimiento de vedas creadas desde abajo, no a instancias del gobierno federal; La Central Campesina de Obreros Agrícolas y Campesinos con aprovechamientos y servicios comunitarios y el impulso de vedas para zonas sobreexplotadas; la Organización Campesina del Sur Nuevo Milenio con atención a proyectos productivos (aunque aquí algunos de sus miembros protegen los boques y otros arrasan con ellos); y la Organización Campesina Ecologista

28 Camacho, Jimena. Lumbre en el Monte, op. cit., p. 18.

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de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, que con su propuesta de una veda total se ha vuelto el punto más visible del movimiento campesino ecologista de los últimos años.

Además de estas organizaciones, los campesinos organizados han emprendido ac-ciones directas para aprovechar sus recursos forestales, como el Ejido del Carrizal, Mu-nicipio de Leonardo Bravo que participan en la protección de la biodiversidad del Pro-grama de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), denominado pago por servicios ambientales y reciben recursos federales para proyectos productivos a través del compromiso de preservar sus bosques evitando la tala ilegal, los incendios forestales y sobre todo desechando las prácticas de pastoreo y de transformar estas áreas en zonas de cultivo.

Así los pobladores del ejido aceptaron que 900 hectáreas sean consideradas zonas de conservación, ya que en su subsuelo se encuentran tres microcuencas que alimentan al río Balsas, en tanto contarán con recursos para aprovechar otras 815 hectáreas de bosque de manera racional y con reforestación,29

Habitantes de la comunidad de la Concordia, municipio de Ayutla de los Libres inauguraron en el mes de abril, de este año, el primer proyecto social para procesar la madera de los bosques a través de un aserradero que beneficiará a 106 comunidades mix-tecas de la zona. Esto es posible luego de un proceso de cuatro años en que los indígenas cumplieron con todos los requisitos que les solicitó la Comisión Nacional Forestal quien les otorgó el 50 por ciento del millón 150 mil pesos que se necesitaron para la instalación del aserradero, mientras la otra parte fue aportado por los comuneros.

Este proyecto que genera 30 empleos directos, y mejores prestaciones que las que otorgaban otros madereros, como José Gil de origen español que explotó por 30 años la madera de la zona, además de que tiene como fin revertir el fenómeno de la migración en la zona; sin embargo, desde su inicio tiene problemas de operación debido a la oposición de los comuneros de Quiahuitepec quienes mantienen su determinación de que el bosque no debe ser talado, aún cuando esté plagado30.

7. La Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán (OCESP)

Esta organización forma parte de lo que denomina la tercera generación de los defen-sores del bosque de Guerrero. La primera fue aquélla que se enfrentó a los caciques de los años cuarentas que saquearon tanto la madera como el trabajo de los pobladores de las comunidades. La segunda fue la que se enfrentó a la paraestatal Vicente Guerrero que engañaba y se aprovechaba de los pueblos serranos sin permitirles disponer de sus

29 El Sur de Acapulco. Comuneros buscan apoyo para sus bosques. 4 de julio de 2005. p. 5.30 El Sur de Acapulco. Reciben apoyo los comuneros de la Concordia.01 de abril de 2006. p. 8.

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recursos forestales; y en la tercera destaca la OCESP que surge en los noventas -y se protocoliza con su registro como organización civil el 13 de abril de 1998- con el fin de detener la degradación ecológica preservando el bosque y con él la diversidad y el medio ambiente31.

En su lucha, los campesinos ecologistas de la OCESP deciden enfrentar a una de las empresas madereras más grandes del mundo, Boise Cascade, con sede en Idaho, Estado Unidos, donde han sido limitadas sus actividades –al igual que en Canada- al no obedecer las leyes ambientales, por lo que se ha dirigido a lugares donde la gente es pobre y las condiciones le resultan ventajosa, según han denunciado varias organizaciones como Sierra Club y el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro.

En el caso de Guerrero, a su llegada en 1995 la empresa norteamericana contó con el apoyo del entonces gobernador Rubén Figueroa Alcocer quien le facilitó un acuerdo que le otorgara la concesión y derechos exclusivo de compra y explotación en los ejidos de la Costa Grande –donde comenzó la tala más agresiva que recuerdan los campesinos. Con ello su subsidiaria, la empresa Costa Grande Forest Products firmó un contrato con 24 ejidos comandados por el cacique Bernardino Bautista Valle, quien con-trola la Unión de Ejidos Rubén Figueroa Alcocer. A partir de aquí comenzó la historia en donde los troncos de pino y abeto llegaban las 24 horas del día a la planta de Papanoa, en un lucrativo negocio en donde resultaron beneficiados, además de la empresa, caciques y funcionarios, con protección del general Pedro Moya, según afirmaban los ecologistas en sus denuncias públicas32.

Con sus denuncias y movilizaciones los de la OCESP –donde relatan que paraban hasta 40 camiones que bajaban de la sierra cargados de 15 metros cuadrados de madera de día y de noche- propiciaron que la empresa trasnacional saliera del país en 1998, ar-gumentando “condiciones de negocio difíciles”. Sin embargo esta fue a penas una breve victoria para los ecologistas; pues tuvieron que seguir enfrentándose a los explotadores forestales locales y sus círculos de poder.

Con sus denuncias sobre la tala inmoderada y la grave deforestación en la zona –que fue respaldada con un estudio de Greenpeace (Boletín 4 de septiembre 2004) que advierte que si la tala ilegal continua en Guerrero en 10 años no habrá bosques- los simpatizantes de esta organización recibieron de inmediato hostigamiento constante por soldados y judiciales. Pero sobre todo aseguran que la explotación ha repercutido en la falta de agua en la zona. Por ello siguieron sus acciones hasta lograr que PROFEPA en el 2000 cancelara siete permisos de tala en la región.

31 Bartra, Armando. Guerrero bronco. Campesinos, ciudadanos y guerrilleros en la Costa Grande .Ediciones Era, México. 2000.32 Camacho, Jimena. Lumbre en el Monte, op. cit.

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8. Las luchas de los ecologistas más allá de su región

Sin duda el trabajo de los campesinos ecologistas ha sido fundamental para que los pobla-dores de la región se preocupen y ocupen del cuidado de sus bosques. Muestra de ello ha sido la filiación de más de 100 integrantes en esta organización y la conformación de dos agrupaciones más la Organización de las Mujeres Ecologistas de la Sierra de Petatlán (en donde 60 personas sin ayuda gubernamental se han dado a la tarea de sembrar 170 mil ár-boles de cedro rojo en la zona) y la de Organización Ecologista de la Sierra de Petatlán.

Sin embargo, uno de los logros más importantes de esta organización ha sido hacer visible la problemática de los bosques de Guerrero para otras organizaciones de la sociedad civil y grupos ecologistas. Con ello han conseguido asesoría y respaldos en la realización de proyectos alternativos, especialmente luego de que el 2 de mayo de 1999 Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera García fueran detenidos, sin orden de cateo ni arresto en su contra, por cuarenta y tres elementos del ejército mexicano, adscritos al 40 batallón de Infantería. Los mantuvieron incomunicados durante cinco días y fueron torturados física y psicológicamente para obligarlos a declararse culpables de portar ar-mas de uso exclusivo del ejército, cosechar y sembrar marihuana y tener vínculos con el Ejército Popular Revolucionario (EPR).

El caso de Montiel y Cabrera fue un eslabón más en la cadena de abusos en contra de los movimientos organizados del estado (con antecedentes como la matanza de 17 campesinos en Aguas Blancas (1995), la de 10 indígenas y un estudiante muerto en la Comunidad del Charco), por lo que la lucha para la liberación de los campesinos ecolo-gistas resultó emblemática, pues en ella confluían la lucha de justicia para los campesinos de Guerrero, la lucha por la protección del medio ambiente y la lucha por la defensa y respeto a los derechos humanos.

9. Las batallas externas

Ello hizo que este caso diera la vuelta al mundo. Las muestras de solidaridad nacional e internacional se hicieron patentes durante su estancia en prisión, hasta que se decretó su excarcelación por el presidente Vicente Fox, el 8 de noviembre de 2001. Aunque ya para entonces estos personajes había recibido el apoyo del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro, con Digna Ochoa al frente, para su defensa; así como la visita de médicos forenses de la organización Physicians for Human Rights de Dinamarca para documentar las torturas y violaciones a sus derechos humanos, sufridas durante su detención. Además de la recomendación 8/2000 con fecha del 14 de julio del 2000 que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió al general Enrique Cervantes Aguirre, entonces titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, como resultado de un careo entre los ecologistas y los soldados que los detuvieron en donde se comprobó que Montiel y Cabrera luego

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de ser detenidos no fueron puestos inmediatamente a disposición del ministerio público como lo establece la constitución. Además de que fueron interrogados y torturados por militares, pues los ecologistas reconocieron a los soldados Artemio Nazario y a Calixto Rodríguez como los responsables de este hecho33

Con la difusión de los hechos, Hilllary Clinton, entonces primara dama de Estados Unidos escribió a la organización Sierra Leona para que se exigiera la libertad de los cam-pesinos, demanda a la que se sumó la Conferencia Mundial de Pueblos Indios, reunida en Panamá en el 2000. El expresidente de la otrora URSS, Mikhail Gorbachev, también se manifestó en solidaridad con ellos. Ethel Kennedy, presidenta del Centro de Derechos Humanos Robert F. Kennedy, entregó a Montiel y a Cabrera el reconocimiento Chico Méndez en el Centro de Readaptación Social de Iguala.

Además, Sierra Club incluyó a Montiel en su campaña Defending Those Who Give the Earth a Voice, organizada por Amnistía Internacional para difundir los casos de 10 luchadores ambientales víctimas de la represión en todo el mundo. El mismo Rodolfo Montiel recibió el premio Ambiental Goldman, la Medalla Roque Dalton y el Premio Méndez Arceo. Todo ello generó suficiente presión nacional e internacional para lograr su excarcelación, aún cuando ellos reclamaron que se decretara su inocencia; y el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro mantiene una solicitud de reapertura del caso por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a fin de que se castigue la actuación de los militares que los reprimieron y de los jueces de distrito que les negaron el amparo a los ecologistas cuando lo solicitaron.

10. Las batallas internas

El 3 de noviembre de 2004 fue detenido por la ahora policía ministerial Felipe Arriaga Sánchez, uno de los dirigentes más visibles de la OCESP, acusado de los delitos de ho-micidio calificado y asociación delictuosa en agravio de Abel Bautista Valle, ocurrido en una emboscada el 30 de mayo de 1998 en el punto conocido como el Paso del Muerto, a unos 10 kilómetro del poblado Banco Nuevo. En esta celaba sobrevivió su hermano Prisciliano quien acusó a Bautista y a 13 ecologistas más del asesinato de su hermano.El hecho en el que resultaban agraviados los hijos de uno de los principales caciques de la región, Bernardino Bautista, quedó asentado en la averiguación previa AZUE/II/039/2004, pero a lo largo del proceso penal la participación de grupos a favor de los derechos humanos y ambientalistas locales, nacionales e internacionales fundamentaron la versión de que la acusación a los ecologistas era falsa y estaba ligada a su trabajo en la defensa de los bosques. Ello quedó comprobado el jueves 15 de septiembre, cuando

33 Ídem.

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el juez primero de distrito, Ricardo Salinas Sandoval lo eximió del delito de homicidio calificado.

En este proceso de 10 meses de lucha, varias organizaciones exigieron al gober-nador se liberara Felipe Arriaga, quien fue declarado preso de conciencia por Amnistía Internacional. También le exigieron acciones efectivas para castigar a los responsables de una emboscada ocurrida en mayo de 2005 donde otro ecologista, Albertano Peñaloza, fue herido y asesinados dos de sus hijos.

El gobernador encaró a las organizaciones. Calificó de fundamentalistas a los eco-logistas, pidiéndoles a las organizaciones solidarias con ellos en el ámbito nacional e internacional que mejor le sugirieran cómo resolver “los problemas de drenaje” y repro-chándoles que opinen “desde lejos” y “sin conocer las causas” de los “grandes problemas de Guerrero”.

11. Nuevos Frentes de Lucha. Conclusiones

La reseña de lo ocurrido en Guerrero a lo largo de los años nos muestra cómo ha sido la larga lucha que han debido impulsar los lugareños para defender sus riquezas naturales. Si antes lo hacían fundamentados en su derecho a la tierra, hoy lo hacen en defensa tam-bién del ambiente, con el anhelo de que sus hijos tendrán agua y un nuevo esquema de desarrollo justo y equitativo.

La lucha de los defensores de los bosques se ha ido transformando para hacerse más amplia hasta llegar a la integración de estas redes internacionales de denuncia, que pasan a constituir acciones políticas colectivas de mayor envergadura. Estamos entonces frente al “cosmopolismo” que reseña Santos (2005) cuando hace referencia al entretejido internacional que buscan hacer grupos con intereses comunes para enfrentar los efectos dañinos de las formas hegemónicas de globalización, para lo cual a partir de la conciencia de nuevas oportunidades de creatividad y solidaridad internacional emprenden una lucha de mayor impacto34. Estamos ante la presencia de la lucha altermundista; que, tal como comenta Susan George, se propone la construcción de otro mundo. Tarea factible si sal-vamos el planeta, si forjamos alianzas, si combinamos conocimiento con política, etc.35

En el mes de febrero de 2005 circuló vía electrónica un documento denominado “Un programa por la tierra guerrerense”, elaborado por 50 ambientalistas de Guerrero que proponían acciones concretas al gobernador entrante, Zeferino Torreblanca Galindo –primer gobernador propuesto por un partido distinto al que había gobernado por más

34 Santos, Boaventura de Sousa, La globalización del derecho. Los nuevos caminos de la regulación y la emancipación. Universidad Nacional de Colombia facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos (ILSA). 1998. p.36.35 George, Susan. Otro mundo es posible… si, Barcelona, Icaria Editorial. 2003.

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de 70 años el estado y un empresario con activa participación dentro de organizaciones de la sociedad civil-.

Los planteamientos de los ambientalistas comprendían 10 propuestas y compro-misos en materia de política ambiental y recursos naturales; y, en concreto para el bosque de Guerrero, eran: Fortalecimiento real de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el estado que impulse una política pública ambiental consensuada y con vi-sión integral; un ordenamiento ecológico territorial que comprenda un 10 por ciento del territorio como área de reserva; una propuesta de desarrollo que integre la participación de las comunidades indígenas y campesinas con un fuerte contenido ambiental, sobre la base de programas de desarrollo sustentable, considerando la perspectiva de género. Impulsando la agricultura y ganadería ecológica, así como el manejo forestal comunitario, entre otras cosas.

Sin embargo, la nueva administración lejos de tomar en consideración las pro-puestas ha optado por el distanciamiento de estos grupos, quienes con lo ocurrido a sus militantes han entendido que ésta no es sólo una lucha por los bosques y un medio ambiente sano, se trata de un frente capaz de transformar las instituciones por unas ver-daderamente democráticas y con sentido social que garanticen la correcta aplicación de la justicia, que limite los abusos del ejército, que impida la aplicación torcida de la ley.

Los ecologistas de Guerrero están entendiendo que su trabajo de acción y con-cientización debe de ir más allá de sus comunidades y que la solidaridad con pares locales, regionales e internacionales es valiosa en esta tarea. Sin duda nos han enseñado que este es el comienzo de una larga lucha contra el autoritarismo, en donde ellos tienen ya una larga experiencia.

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