la actividad procesal defectuosa y la aplicaciÓn de … · 2018. 10. 2. · 6.3.1. desde el punto...
TRANSCRIPT
UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA
ESCUELA DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
“LA ACTIVIDAD PROCESAL DEFECTUOSA
Y LA APLICACIÓN DE LAS NULIDADES EN
MATERIA PENAL”
ASTRID MARÍA RUIZ MONTERROSO
GUATEMALA, SEPTIEMBRE DE 2018
UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA
ESCUELA DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
“LA ACTIVIDAD PROCESAL DEFECTUOSA
Y LA APLICACIÓN DE LAS NULIDADES EN
MATERIA PENAL”
TRABAJO DE GRADUACIÓN PRESENTADO POR
ASTRID MARÍA RUIZ MONTERROSO
PREVIO A OPTAR AL GRADO ACADÉMICO DE
LICENCIADA EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
Y LOS TÍTULOS PROFESIONALES DE
ABOGADA Y NOTARIA
GUATEMALA, SEPTIEMBRE DE 2018
III
AUTORIDADES DE LA ESCUELA, ASESOR Y REVISOR DEL TRABAJO DE GRADUACIÓN
DIRECTOR DE LA ESCUELA: LIC. BENITO MARIANO MAZA CASTELLANOS
ASESOR: LIC. MIGUEL ÁNGEL JUÁREZ
REVISOR: LIC. JORGE ESTUARDO JIMÉNEZ GARCÍA
IV
V
VI
ARTÍCULO 9º: RESPONSABILIDAD
Solamente el estudiante, asesor y revisor serán los responsables ante
terceros, del contenido y desarrollo de los trabajos de graduación, quienes
deberán hacer del conocimiento del Decanato cualquier anomalía que se
diere en el proceso de su elaboración.
REGLAMENTO DE TESIS
VII
VIII
ÍNDICE
Pág.
INTRODUCCIÓN ----------------------------------------------------------------------------------- 1
CAPÍTULO I: PRINCIPIOS PROCESALES -------------------------------------------------- 3
1. CONCEPTO DE PRINCIPIOS PROCESALES ------------------------------------- 3
1.1. Legalidad ------------------------------------------------------------------------------- 3
1.2. Debido proceso o juicio previo ---------------------------------------------------- 5
1.3. Iura Novit Curia ----------------------------------------------------------------------- 7
1.4. Probidad -------------------------------------------------------------------------------- 7
1.5. Eficacia ---------------------------------------------------------------------------------- 8
1.6. Veracidad ------------------------------------------------------------------------------- 8
CAPÍTULO II: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA ----------------------------------------- 9
2. JURISDICCIÓN ----------------------------------------------------------------------------- 9
2.1. FUNCIÓN JURISDICCIONAL ----------------------------------------------------- 9
2.2. Elementos de la jurisdicción ----------------------------------------------------- 10
2.3. Actos jurisdiccionales -------------------------------------------------------------- 10
3. COMPETENCIA -------------------------------------------------------------------------- 11
3.1. Clases de competencia ----------------------------------------------------------- 12
3.2. Excepciones a la competencia -------------------------------------------------- 12
3.2.1. Impedimentos ----------------------------------------------------------------- 12
3.2.2. Excusas ------------------------------------------------------------------------ 13
3.2.3. Recusaciones ----------------------------------------------------------------- 14
IX
4. DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES ------------------------------------------- 15
4.1. Requisitos de las resoluciones judiciales ------------------------------------- 15
4.1.1. Requisitos de los autos o resoluciones interlocutorias ------------- 16
4.1.2. Requisitos de la redacción de sentencias ----------------------------- 16
4.1.3. Requisitos de la sentencia penal ---------------------------------------- 17
4.2. Impugnaciones ---------------------------------------------------------------------- 18
4.2.1. Clases de impugnaciones ------------------------------------------------- 19
4.2.2. Clases de vicios impugnables -------------------------------------------- 20
CAPÍTULO III: DE LA VALIDEZ E INVALIDEZ DE LOS ACTOS PROCESALES ---- 22
5. ACTIVIDAD PROCESAL --------------------------------------------------------------- 22
5.1. Tipo de acto y tipo procesal ------------------------------------------------------ 23
5.2. Tipo procesal e invalidez ---------------------------------------------------------- 24
5.3. Particularidades de la invalidez de los actos procesales ----------------- 25
5.4. La invalidez como sanción ------------------------------------------------------- 25
5.5. Progresión de los vicios del acto ------------------------------------------------ 26
5.6. Nulidad e inadmisibilidad --------------------------------------------------------- 27
5.7. Inexistencia del acto procesal --------------------------------------------------- 28
5.8. Irregularidad. Ineficacia. Invalidez ---------------------------------------------- 30
CAPÍTULO IV: DE LA NULIDAD -------------------------------------------------------------- 31
6. DEFINICIÓN DE NULIDAD ------------------------------------------------------------ 31
6.1. CLASIFICACIÓN DE LAS NULIDADES EN LA LEY ---------------------- 31
6.2. Actos nulos en la Ley del Organismo Judicial ------------------------------- 32
6.3. CLASIFICACIÓN DE LAS NULIDADES EN LA DOCTRINA ------------ 32
X
6.3.1. Desde el punto de vista de los vicios de los actos procesales --- 32
6.3.2. Desde el punto de vista de la nulidad propiamente dicha --------- 37
CAPÍTULO V: DE LA ACTIVIDAD PROCESAL DEFECTUOSA COMO MEDIO
LEGAL PARA EVITAR PREVARICATO JUDICIAL -------------------------------------- 42
7. ACTIVIDAD PROCESAL DEFECTUOSA ------------------------------------------ 42
8. DELITO DE PREVARICATO ---------------------------------------------------------- 43
CONCLUSIONES --------------------------------------------------------------------------------- 46
RECOMENDACIONES -------------------------------------------------------------------------- 47
ANEXOS --------------------------------------------------------------------------------------------- 48
BIBLIOGRAFÍA ------------------------------------------------------------------------------------ 52
1
INTRODUCCIÓN
El presente trabajo de graduación es un análisis jurídico sobre las
generalidades de la nulidad procesal, la actividad procesal defectuosa y la
inexistencia del acto procesal como un medio posible al prevaricato judicial, con el
objeto de establecer un precedente a los principios de la erradicación de la
obstrucción de justicia y afirmar la importancia de la nulidad procesal como medio
apropiado para invalidar los actos dentro del proceso penal. Este estudio tiene como
objeto desarrollar el tema de las nulidades tomando como punto de partida la figura
jurídica de la actividad procesal defectuosa como herramienta legal para evitar la
consumación del prevaricato judicial. Cabe mencionar que la investigación se justifica
no sólo por abarcar un tema jurídico sino que también un tema social, esto se debe a
que el resultado de un proceso penal es la emisión de una resolución judicial, que
además de surtir efectos jurídicos implica un impacto social el cual se ve reflejado en
la realidad del país. Para la realización de este estudio la principal fuente de
investigación fue el ordenamiento jurídico guatemalteco y la doctrina con referencia a
las nulidades y al proceso penal; se acudió a la consulta de libros de autores
guatemaltecos sin dejar a un lado a los autores extranjeros en lo que al estudio fuere
pertinente.
La actividad procesal defectuosa es una figura jurídica que se encuentra
regulada en el Código Procesal Penal de Guatemala, el cual no contempla una
definición exacta sobre esta figura sino que únicamente se limita a establecer sus
casos de procedencia. El artículo 281 del Código Procesal Penal regula: “No podrán
ser valorados para fundar una decisión judicial, ni utilizados como presupuestos de
ella, los actos cumplidos con inobservancia de las formas y condiciones previstas en
este Código […] Se procederá del mismo modo cuando el defecto consista en la
omisión de un acto que la ley prevé”. En ese sentido el artículo 283 establece del
mismo cuerpo legal: “No será necesaria la protesta previa y podrán ser advertidos
aún de oficio, los defectos concernientes a la intervención, asistencia, y
representación del imputado en los casos y formas que la ley establece a los que
2
apliquen la inobservancia de derechos y garantías previstos por la Constitución y por
los tratados ratificados por el Estado.” Es decir, la actividad procesal penal es figura
jurídica que está regulada en el ordenamiento procesal penal para subsanar errores
o “defectos” en el proceso penal ya que en este tipo de procesos no existe un
recurso de nulidad propiamente dicho. En la práctica la resolución judicial que
contiene el defecto consta en el expediente pero al ser declarada como “actividad
procesal defectuosa” no se toma en cuenta como parte del mismo.
El prevaricato es un delito regulado en el Código Penal de Guatemala que
únicamente aplica a los Jueces en ejercicio de sus funciones que, a sabiendas
(prevaricato doloso) o por negligencia o ignorancia inexcusables (prevaricato
culposo), dictaren resoluciones contrarias a la ley o las fundare en hechos falsos.
Cabe mencionar que este delito resulta ser controversial desde el punto de vista del
principio de Iura Novit Curia que está contemplado en el artículo 3 de la Ley del
Organismo Judicial, ya que, según este principio, el Juez es conocedor o experto del
Derecho. La Constitución Política de la República de Guatemala establece en su
articulado el principio del debido proceso como un derecho inherente a la persona
humana. En ese sentido, el Código Procesal Penal establece en su articulado que
proceso penal tiene como finalidad la averiguación de la verdad y sancionar a
quienes transgreden la ley mediante la pena correspondiente; por ende, es de suma
importancia que el Juzgador observe todas las formas y condiciones que la ley
establece al momento de valorar pruebas y emitir una resoluciones judiciales.
3
CAPÍTULO I
PRINCIPIOS PROCESALES
1. CONCEPTO DE PRINCIPIOS PROCESALES:
Los principios procesales, según el Licenciado César Barrientos, “son el
conjunto de opiniones de diversos autores sobre cualquier materia o la
enseñanza que se da para la instrucción de algo. Es por ello que en materia
procesal, se define como principios procesales los valores y postulados
esenciales que guían el proceso penal y determinan su manera de ser como
instrumento para realizar el derecho del Estado a imponer las consecuencias
jurídicas derivadas de los actos humanos tipificados en la ley como delitos o
faltas. Son también criterios orientadores de los sujetos procesales y constituyen
elementos valiosos de interpretación, facilitan la comprensión del espíritu y los
propósitos de la jurisdicción penal.”1
En otras palabras, los principios procesales son conceptos que fundamentan,
informan, inspiran y le dan sentido a un proceso legal.
1.1. Legalidad:
Para el Licenciado Benito Maza “Algunos tratadistas lo consideran un
principio procesal y otros lo consideran una característica del proceso penal,
ciertamente las dos posturas son correctas ya que está íntimamente
relacionada con la del debido proceso. Se refiere a que la pretensión punitiva
estatal tiene lugar siempre que se hallen reunidos los requisitos que la ley
señala.”2
1 Barrientos Pellecer, César, Derecho Procesal Penal Guatemalteco, pág. 60 2 Maza, Benito, Curso de derecho procesal penal guatemalteco, primera edición, Serviprensa SA., Guatemala, 2005, pág. 31
4
Por su parte el Código Procesal Penal establece en su artículo 2°: “No
podrá iniciarse proceso ni tramitarse denuncia o querella, sino por actos u
omisiones calificados como delitos o faltas por una ley anterior. Sin ese
presupuesto, es nulo lo actuado e induce responsabilidad del tribunal.”
Asimismo el artículo 6°: “Sólo después de cometido un hecho punible se
iniciará proceso por el mismo.” Artículo 1°: “No se impondrá pena alguna si la
ley no la hubiere fijado con anterioridad.”
En ese mismo sentido el jurista Eugenio Zaffaroni establece que “los
principios generales del derecho “no pueden sobrepasar el principio de
legalidad, no solo por la garantía ciudadana que constituye, sino porque en
materia penal él mismo, por sí, es uno de los axiomas generales del
derecho.”3
En ese sentido la Cámara Penal de la Corte suprema de Justicia ha
establecido en criterios jurisprudenciales respecto al principio de legalidad:
“…Esta Cámara estima que el principio de legalidad es el límite que tiene el
Estado para ejercer la potestad punitiva, entendida esa limitación, a que no
pueda sancionarse ninguna conducta ni imponerse pena de algún tipo que no
se encuentre establecida en la ley, tal como se encuentra contemplado en el
artículo 17 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Ello
implica que, si el Estado de Guatemala pretendiere sancionar a una persona,
la conducta atribuida deberá estar señalada en una norma. Compartiendo el
punto de vista que nos brindan los profesores... en el sentido que la norma de
carácter penal se estructura de un supuesto de hecho y de una consecuencia
jurídica. Comprendiendo, el supuesto de hecho, un delito, una conducta
humana, activa u omisiva; y la consecuencia jurídica, una pena o medida de
seguridad.”4
3 Zaffaroni, Eugenio Raúl, Tratado de derecho penal, t.1, Buenos Aires, Ediar, 1989, pág. 128 4 Casación No. 110-2006 Sentencia del 23/08/2006
5
1.2. Debido proceso o juicio previo:
El Derecho Procesal Penal tiene como finalidad la averiguación de la
verdad y es por esa razón que la Constitución Política de la República de
Guatemala en su artículo 12 establece expresamente: “La defensa de la
persona y sus derechos son inviolables. Nadie puede ser condenado, ni
privado de sus derechos, sin haber sido citado, oído y vencido en proceso
legal ante juez o tribunal competente y preestablecido.” Este principio está
igualmente desarrollado en los artículos 2, 3 y 4 del Código Procesal Penal.
Así mismo, el Licenciado Benito Maza menciona: “en cuanto a la observancia
de las formas del proceso es menester el acatamiento pleno de lo que la ley
consigna en cada caso especial por cuanto al procesado no se le pueden
cambiar las “formas propias” de su juzgamiento, por cuanto ello implicaría
erosionar su defensa y su derecho a la libertad. En ese sentido señala el
artículo 3°, de la ley procesal: “Los tribunales y los sujetos procesales no
podrán variar las formas del proceso, ni la de sus incidencias.”5
Según los juristas chilenos Gonzalo Pindo y Pablo Contreras Vázquez:
“se puede definir el al debido proceso como aquel que, franqueado el acceso
a la jurisdicción, permite que el proceso se desarrolle con todas las garantías
esenciales, racionales y justas que contribuyan a un procedimiento equitativo
y no arbitrario. El alcance jurídico del debido proceso se expresa en el
conjunto de garantías procesales, orgánicas y penales que pasaremos a
definir por separado, en el entendido, que corresponden a un entramado
complejo de instituciones que pueden concurrir o no en un procedimiento
legal específico.”6
Para el tratadista Martín Agudelo, “el debido proceso es el derecho
fundamental que tienen todas las personas a participar en procedimientos
5 Maza, Benito, obra citada, página 19 6 García Pindo, Gonzalo, y Pablo Contreras Vásquez, El derecho a la tutela judicial y al debido proceso en la jurisprudencia del Tribunal constitucional chileno, pág. 257
6
pluralistas y ampliamente participativas, en los que se asegure la igualdad y
un debate que permita la contradicción o defensa, desarrollados de
conformidad con las formas preestablecidas en el ordenamiento, trámites que
deben estar dirigidos por terceros supraordenados, exclusivos, naturales e
independientes y en los que sólo podrá juzgarse de conformidad con el
derecho preexistente.”7
El principio de legalidad y el principio del debido proceso son
fundamentales para la sustanciación de cualquier proceso legal, por eso es de
suma importancia que los jueces apliquen la justicia conforme los
procedimientos establecidos ya que contribuye en gran manera al Estado de
Derecho de nuestro país.
La Cámara Penal ha sentado en Jurisprudencia respecto al debido
proceso: “El debido proceso se observa como garantía conglobante de todo el
cúmulo de garantías procesales derivadas de la Constitución Política de la
República y consiste en la observancia de las formas sustanciales del proceso
relativas a sus diferentes fases, a la acusación, a la defensa, a la prueba, así
como a las resoluciones que emiten los órganos jurisdiccionales. La
Constitución Política de la República de Guatemala dispone en el artículo 29
que toda persona tiene libre acceso a los tribunales, para ejercer sus acciones
y hacer valer sus derechos de conformidad con la ley; …Dicha disposición en
concordancia con los artículos 12 Constitucional y 11 Bis del Código Procesal
Penal, disponen que nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos
sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez y tribunal
competente y preestablecido. La interpretación armónica de los tres preceptos
mencionados refleja la obligación de fundamentar las resoluciones,
expresando los motivos en que se basan las decisiones. Tal exigencia
7 Agudelo Ramírez, Martín, Debido Proceso, Norte del Derecho Procesal, pág. 4
7
constituye una garantía constitucional, por cuanto tiende asegurar la recta
administración de la justicia.” 8
1.3. Iura novit curia:
El diccionario jurídico establece que es una “expresión que indica que el
juez suple el derecho que las partes no le invocan o que le invocan mal.”9
En otras palabras es una voz latina que expresa el principio procesal de que
el Juez es conocedor del derecho y por lo tanto no puede alegar ignorancia o
desconocimiento de la ley.
Este principio está contemplado en el artículo 3 de la Ley del
Organismo Judicial, el cual establece: “Contra la observancia de la ley no
puede alegarse ignorancia, desuso, costumbre o práctica en contrario”,
máximo los Juzgadores que son los conocedores del derecho.
1.4. Probidad:
Según el Diccionario de la Lengua Española, la palabra ‘probidad’
etimológicamente se deriva del latín probĭtas y significa “honestidad”.10
En ese sentido, el Decreto 89-2002 o Ley de Probidad y
Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos, establece en su
artículo 6º que uno de los principios de probidad son: “el cumplimiento estricto
de los preceptos constitucionales y legales.” Si bien es cierto que esta ley es
de índole administrativa, para efectos de este estudio se hará mención del
artículo I de las Disposiciones Generales del Código Penal, el cual establece
en su inciso 2º, que para los efectos penales se entiende: “Por funcionario
público: i) toda persona que ocupe un cargo legislativo, ejecutivo,
administrativo o judicial, ya sea designado o elegido, permanente o temporal,
8 Expedientes Acumulados No. 306-2001 y 306-2001 Sentencia del 19/04/2002 9 Goldstein, Mabel, “Diccionario jurídico consultor magno”, edición 2013, Buenos Aires, pág. 599 10 http://dle.rae.es/?id=UEI8LOD
8
remunerado u honorario, sea cual sea la antigüedad de esa persona en el
cargo.”
Para la Licenciada Crista Ruiz “el proceso debe ser iniciado, impulsado,
tramitado y decidido, sin utilizar argucia, artilugios o argumentos falaces y
fraudulentos que concluyan en un fraude de ley (Artículo 4 de la Ley del
Organismo Judicial).”11
1.5. Eficacia:
Según el Diccionario de la Legua Española, etimológicamente viene del
latín ‘efficientia’ que significa “Capacidad de disponer de alguien o de algo
para conseguir un efecto determinado”.
Así mismo, la Licenciada Crista Ruiz manifiesta: “El proceso debe ser
eficiente para que se alcance por las partes las finalidades y satisfacciones de
sus derechos y pretensiones jurídicas, pues de otra manera la
ejecutoriabilidad de la sentencia deja de tener razón.”12
1.6. Veracidad:
Según el Diccionario de la Legua Española, etimológicamente viene del
latín medieval ‘veracitas’ que significa que “cualidad de veraz”’.13
El Código Procesal Penal establece en su artículo 5 que el proceso
tiene como objeto la averiguación de la verdad.
En esa dirección la Licenciada Ruiz establece: “El proceso debe
fundarse en hechos y pruebas verdaderas que permitan al juez una decisión
justa y conforme a lo que obra en el proceso.”14
11 Ruiz Castillo de Juárez, Crista, Teoría General del Proceso, XVII edición, 2015, Ciudad de Guatemala, Guatemala, pág. 19 12 Ruiz Castillo de Juárez, Crista, obra citada, pág. 19 13 http://dle.rae.es/?id=baVUdTJ
9
CAPÍTULO II
JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA
2. JURISDICCIÓN:
El artículo 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala
preceptúa: “La justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes
de la República. Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar
y promover la ejecución de los juzgado.”
El jurista Hugo Alsina define la jurisdicción como “la potestad conferida por el
Estado a determinados órganos para resolver, mediante la sentencia, las
cuestiones litigiosas que le sean sometidas y hacer cumplir sus propias
resoluciones; esto último como manifestación del imperio.”15
En esa dirección la profesional del Derecho Crista Ruiz menciona: “El poder
de aplicar y ejecutar la ley y la justicia corresponde a la Corte Suprema de
Justicia y a los Tribunales de Justicia, quienes por medio de la soberanía del
pueblo, se les delegó la aplicación de la función jurisdiccional. Los órganos
jurisdiccionales son las instituciones encargadas, por la delegación citada, de
administrar justicia y ejecutar lo juzgado conforme a la Constitución conforme a la
Constitución Política de la República de Guatemala y las leyes de la República
(artículo 203 y 204); normalmente se les denomina Tribunales de Justicia y, por
su función y origen, son de naturaleza pública.” 16
2.1. FUNCIÓN JURISDICCIONAL:
La función jurisdiccional consiste en una función pública realizada por los
órganos jurisdiccionales competentes del Estado, de acuerdo a la forma
14 Ruiz Castillo de Juárez, Crista, obra citada, pág. 19 15 Alsina, Hugo, Tratado Teórico-Práctico de Derecho Procesal Civil y Mercantil, Tomo I, Ediar, Buenos Aires, Argentina, 1941, pág. 419 16 Ruiz Castillo de Juárez, Crista, Teoría General del Proceso, XVII edición, 2015, Guatemala, pág. 62
10
requerida en la ley en virtud de la cual, por acto de juicio, se determina el
derecho de las partes con el objeto de dirimir sus controversias de relevancia
jurídica, eventualmente factible de ejecución (Eduardo Couture).
En ese sentido la jurista Crista Ruiz manifiesta: “Cada proceso o materia
de proceso tiene su propio estilo de manifestarse y substanciarse; éste no
puede cambiarse o modificarse por el Juez o las partes litigantes puesto que
se trata de una relación jurídica procesal continua, con análogas posiciones
de ataque, defensa y prueba para que se aseguren y queden aseguradas en
la decisión que se convertirá en cosa juzgada.” 17
2.2. Elementos de la jurisdicción:
En ese sentido el artículo 37 del Código Procesal Penal establece:
“Corresponde a la jurisdicción penal el conocimiento de los delitos y las faltas.
Los tribunales tienen la potestad pública, con exclusividad, para conocer los
procesos penales, decidirlos y ejecutar sus resoluciones.” Por ende, los
elementos de la jurisdicción son poderes o elementos que le corresponden
exclusivamente a los jueces por ser ellos quienes integran los órganos
jurisdiccionales, y en la doctrina muchos autores coinciden en que son cinco:
2.2.1. Conocimiento (Notio) para conocer los conflictos.
2.2.2. Convocatoria (Vocatio) para citar las partes a juicio.
2.2.3. Coerción (Coertio) para compeler a las partes a derecho.
2.2.4. Decisión (Iudicium) para decidir sobre los asuntos conocidos.
2.2.5. Ejecución (Executio) para imponer el cumplimiento de lo resuelto.
2.3. Actos jurisdiccionales:
Es importante observar que en los diferentes órganos del Estado se
llevan a cabo tres clases de actos: los actos legislativos, los actos
administrativos y los actos jurisdiccionales. Éstos últimos son los que
17 Ruiz Castillo de Juárez, Crista, obra citada, pág. 86
11
interesan en esta investigación y para ello continúa manifestando la tratadista
Crista Ruiz: “Estos son la actividad jurídica de la aplicación del Derecho;
tienen el carácter de cosa juzgada, irreversible, inimpugnable e inmutable.” 18
3. COMPETENCIA:
Según el Licenciado Henry Recinos, la competencia “se refiere a los límites
dentro de los cuales el juez puede ejercer su facultad jurisdiccional. Por ello
Couture afirma: un juez competente, es al mismo tiempo un juez con jurisdicción;
pero un juez incompetente es un juez con jurisdicción y sin competencia.”19
El Licenciado Benito Maza, en su libro de Curso de Derecho Procesal Penal
guatemalteco20, cita a dos autores, entre otros, con respecto al concepto de
competencia y establece que para el tratadista David Lascano “es la capacidad
del órgano del Estado para ejercer la función jurisdiccional.”21 Para el jurista
Alberto M. Binder “es una limitación de la jurisdicción del Juez.” 22
En ese sentido la jurista Crista Ruiz menciona: “los jueces competentes
conocen de la acción para declarar el derecho ya que se trata de una institución
proveniente de la ley, no de la voluntad de las partes, quienes no pueden alegar
que un juez tenga competencia para que resuelva su conflicto personal, real o
mixto, sino le ha sido concedida con antelación. Las partes están obligadas a
someterse y someter sus acciones ante el juez que puede resolverlas y no ante
otro, pues de hacerlo constituirían un fraude de ley.” 23
Es otras palabras, la jurisdicción es el género y la competencia es la especie.
18 Ruiz Castillo de Juárez, Crista, obra citada, pág. 89 19 Recinos Ávila, Henry Manuel, Introducción al Estudio del Proceso Penal Guatemalteco, 2ª. Edición, Guatemala, 2018, pág. 96 20 Maza, Benito, obra citada, pág. 46 21 Lascano, David, Jurisdicción y competencia, Editorial Kraft, Buenos Aires, Argentina, 1968, pág. 366 22 Binder, Alberto, Introducción al Derecho Procesal Penal, Ad-Hoc, Argentina, 1993, pág. 49 23 Ruiz Castillo de Juárez, Crista, obra citada, pág. 103
12
3.1. Clases de competencia:
Según el artículo 62 de la Ley del Organismo Judicial establece: “Los
tribunales sólo podrán ejercer su potestad en los negocios y dentro de la
materia y el territorio que se les hubiese asignado, lo cual no impide que en los
asuntos que conozcan puedan dictar providencias que hayan de llevarse a
efecto en otro territorio.” Muchos autores en la doctrina coinciden que existen
varias clases de competencia, el libro del Licenciado Henry Recinos menciona
cinco:24
3.1.1. Por razón del territorio;
3.1.2. Por razón del grado;
3.1.3. Por razón de la materia;
3.1.4. Por razón de la cuantía:
3.1.5. Por razón del turno.
3.2. Excepciones a la competencia:
El estudio de las excepciones a la competencia es relevante en esta
investigación ya que, si bien es cierto no constituyen casos de nulidad
propiamente dicha, son parámetros que determinan cuándo la competencia
del juez no es procedente en determinado asunto, para ello la Ley del
Organismo Judicial regula tres que son: impedimentos, excusas y
recusaciones.
3.2.1. Impedimentos:
El artículo 122 de la ley del Organismo, en concordancia con el
artículo 62 del Código Procesal Penal, establece: “Son impedimentos
para que un juez conozca un asunto determinado:
a) Ser parte del asunto.
b) Haber sido el juez alguno de sus parientes, asesor, abogado o
perito en el asunto.
24 Recinos Ávila, Henry Manuel, Introducción al Estudio del Proceso Penal Guatemalteco, 2ª. Edición, Guatemala, 2018, pág. 96 a la 99.
13
c) Tener el juez o alguno de sus parientes, interés directo o indirecto
en el asunto.
d) Tener el juez parentesco con alguna de las partes.
e) Ser el juez superior pariente del inferior, cuyas providencias pendan
ante aquél.
f) Haber aceptado el juez o alguno de sus parientes herencia, legado
o donación de alguna de las partes.
g) Ser el juez socio o participe con alguna de las partes.
h) Haber conocido en otra instancia o en casación en el mismo
asunto.”
3.2.2. Excusas:
El artículo 123 de la Ley del Organismo Judicial, en concordancia
con el artículo 63 del Código Penal, regula: “Los jueces deben
excusarse en los siguientes casos:
a) Cuando tengan amistad íntima o relaciones con alguna de las
partes, que a juicio del tribunal, según las pruebas y circunstancias,
hagan dudar de la imparciabilidad del juzgador.
b) Cuando el juez o sus descendientes tengan concertado matrimonio
con alguna de las partes, o con parientes consanguíneos de alguna
de ellas.
c) Cuando del juez viva en la misma casa con alguna de las partes,
exceptuándose el caso de hoteles o pensiones.
d) Cuando el juez haya intervenido en el asunto del que resulta el
litigio.
e) Cuando el juez o sus parientes hayan sido tutores, protutores,
guardadores, mandantes o mandatarios de alguna de las partes o de
sus descendientes, cónyuges o hermanos.
f) Cuando la esposa o los parientes consanguíneos del juez hayan
aceptado herencia, legado o donación de alguna de las partes.
14
g) Cuando alguna de las partes sea comensal o dependiente del juez o
éste de aquéllas.
h) Cuando el juez, su esposa, descendientes, ascendientes, o
hermanos y alguna de las partes, hayan otorgado un contrato escrito
del que resulte una relación jurídica que aproveche o dañe a juez, o
a cualquiera de sus parientes mencionados.
i) Cuando el juez, su esposa o parientes consanguíneos tengan juicio
pendiente con alguna de las partes o lo hayan tenido un año antes.
j) Cuando el juez, antes de resolver, haya externado opinión en el
asunto que se ventila.
k) Cuando del asunto pueda resultar daño o provecho para los
intereses del juez, su esposa o alguno de sus parientes
consanguíneos.
l) Cuando el juez, su esposa o alguno de sus parientes
consanguíneos tengan enemistad grave con alguna de las partes. Se
presume que hay enemistad grave por haber dañado o intentado
dañar una de las partes al juez o éste a cualquiera de aquellos, en su
persona, su honor o sus bienes, o a los parientes de unos y otros
mencionados en este inicio.
3.2.3. Recusaciones:
El artículo 125 de la Ley del Organismo Judicial, en concordancia
con el artículo 64 del Código Penal, establece: “Son causas de
recusación las mismas de los impedimentos y de las excusas […] Si se
tratare de materia penal, la recusación deberá resolverse antes de
iniciarse el debate. Pero, si la recusación se declarare procedente serán
nulas las diligencias practicadas desde la fecha en que se presentó la
recusación. (…) Por no corresponderles conocer del fondo del asunto,
no podrán ser recusados los miembros del tribunal que conozca de una
recusación.”
15
4. DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES:
Según el Licenciado Henry Recinos: “La doctrina legal es obligatoriedad que
alcanza un asunto jurídico, después de haber sido resuelto por la Corte Suprema
de Justicia o la Corte de Constitucionalidad, una vez satisfechos los requisitos
legales. La ratio decidendi a diferencia de la doctrina legal es aquella formulación
básica del principio, regla o razón general que constituye el sustento fundamental
de la decisión judicial.”25
El artículo 141 de la Ley del Organismo Judicial claramente establece: “Las
resoluciones judiciales son:
a. Decretos, que son determinaciones de trámite;
b. Autos, que deciden materia que no es de simple trámite, o bien resuelven
incidentes o el asunto principal antes de finalizar el trámite. Los autos
deberán razonarse debidamente;
c. Sentencias, que deciden el asunto principal después de agotados los trámites
del proceso y aquellas que sin llenar estos requisitos sean designados como
tales por la ley.”
4.1. Requisitos de las resoluciones judiciales:
El artículo 143 de la Ley del Organismo Judicial regula: “Toda
resolución judicial llevará, necesariamente, el nombre del tribunal que la dicte,
el lugar, la fecha, su contenido, la cita de leyes y las firmas completas del
juez, del magistrado o de los magistrados, en su caso y del secretario, o sólo
la de éste cuando esté legalmente autorizado para dictar providencias o
decretos de puro trámite.”
Es de suma importancia que los Jueces tomen en cuenta todos los
requisitos que se enumeran ya que la falta de uno de ellos es motivo de
nulidad.
25 Recinos Avila, Henry Manuel, Introducción al estudio del proceso penal guatemalteco, pág. 14
16
4.1.1. Requisitos de los autos o resoluciones interlocutorias:
El auto es una resolución judicial mediante la cual un órgano
jurisdiccional se pronuncia sobre peticiones de las partes, resolviendo
las incidencias o cuestiones accesorias al asunto principal del litigio que
surgen a lo largo de un proceso judicial.
La ley procesal no establece requisitos específicos para los autos
ya que son los mismos para las sentencias.
4.1.2. Requisitos de la redacción de sentencias:
Según el Licenciado Henry Recinos, “las sentencia constitucional
está conformada por tres partes esenciales:
a) Parte introductoria: es la que identifica a las partes, determina el
momento procesal al cual se va a referir la sentencia, precisa los
hechos, ubica el litigo, relaciona las prueba y determina la
naturaleza del juez en la respectiva instancia.
b) Parte considerativa: la conforman la ratio decidendi que tiene
carácter vinculante y la dictum u obiter dicta, que son todas las
apreciaciones expuestas por el juez, al motivar su fallo.
c) Parte resolutiva: es el decicum, la resolución concreta del caso.”26
El artículo 47 de la Ley del Organismo Judicial establece: “Las
sentencias se redactarán expresando:
a) Nombre completo, razón social o denominación y domicilio de los
litigantes, en su caso, de las personas que hubiere representado; y
el nombre de los abogados de cada parte.
b) Clase y tipo de proceso, y el objeto sobre el que versó, en relación
a los hechos.
26 Recinos Avila, Henry Manuel, Introducción al estudio del proceso penal guatemalteco, pág. 15
17
c) Se consignará en párrafos separados resúmenes sobre el memorial
de demanda, su contestación, la reconvención, las excepciones
interpuestas y los hechos que se hubieren sujetado a prueba.
d) Las consideraciones de derecho que harán mérito del valor de
pruebas rendidas y de cuales de los hechos sujetos a discusión se
estiman probados, se expondrán asimismo, las doctrinas
fundamentales de derecho y principios que sean aplicables al caso y
se analizarán las leyes en que se apoyen los razonamientos en que
descanse la sentencia.
e) La parte resolutiva, que contendrá decisiones expresas y precisas,
congruentes con el objeto del proceso.”
4.1.3. Requisitos de la sentencia penal:
El artículo 389 del Código Procesal Penal dispone: “La sentencia
contendrá:
1. La mención del tribunal y la fecha en que se dicta, el nombre y el
apellido del acusado y los demás datos que sirvan para
determinar su identidad personal; si la acusación corresponde al
ministerio público; si hay querellante adhesivo sus nombres y
apellidos. Cuando se ejerza la acción civil, el nombre y apellido
del actor civil y, en su caso, del tercero civilmente demandado.
2. La enunciación de los hechos y circunstancias que hayan sido
objeto de la acusación o de su ampliación, y del auto de apertura
del juicio; los daños cuya reparación reclama el actor civil y su
pretensión reparatoria.
3. La determinación precisa y circunstanciada del hecho que el
tribunal estime acreditado.
4. Los razonamientos que inducen al tribunal a condenar o
absolver.
5. La parte resolutiva, con mención de las disposiciones legales
aplicables. Y
18
6. La firma de los jueces.”
4.2. Impugnaciones:
Para el tratadista Jorge Clariá: “el recurso puede concebirse como el
medio impugnativo por el cual la parte que se considere agraviada por una
resolución judicial que estima injusta o ilegal, la ataca para provocar su
eliminación o un nuevo examen de la cuestión resuelta y obtener otro
pronunciamiento que le sea favorable.”27
Para el jurista Alberto Herrarte “es un derecho de la parte que se
considere agraviada por una resolución judicial para obtener un nuevo
pronunciamiento sobre la misma dentro de un mismo proceso.”28
Para el experto en derecho Alberto Binde “son los medios de
impugnación de la sentencia y otras resoluciones, y a través de ellos se
cumple con el principio de control.”29
Para el jurista italiano Vicenzo Manzini “Los medios que permiten que
las resoluciones dictadas fuera del ‘curso’ que señala el derecho, vuelvan al
camino que el mismo derecho ordena.”30
Para el Licenciado Henry Recinos “son los medios procesales o
instrumentos legales con los que las partes de un proceso cuentan para
intentar la anulación o la modificación de las resoluciones judiciales.”31
27 Claría Olmedo, Jorge A., Tratado de Derecho Procesal, t. II, Ediar, Buenos Aires, Argentina, 1960, pág. 442 28 Herrarte, Alberto, Derecho Procesal Penal. El Proceso Penal Guatemalteco, Editorial José de Pineda Ibarra, Guatemala, 1978, pág. 261, 262 29 Binder, Alberto, Introducción al Derecho Procesal Penal, Ad-Hoc, Buenos Aires Argentina, 1993, pág. 263 30 Manzini, Vicenzo, , Tomo V, pág. 6 31 Recinos Avila, Henry Manuel, Introducción al estudio del Proceso Penal Guatemalteco, pág. 473
19
El primer párrafo del artículo 398 del Código Procesal Penal establece:
“Las resoluciones judiciales serán recurribles sólo por los medios y en los
casos expresamente establecidos. Pero únicamente podrán recurrir quienes
tengan interés directo en el asunto. Si existiesen defecto u omisión de forma o
de fondo, el tribunal lo hará saber al interponente dándole un plazo de tres
días…” Cabe mencionar que lo que establece el artículo anterior es con
respecto a las partes en el momento de la interposición del recurso.
4.2.1. Clases de impugnaciones:
En doctrina muchos autores las clasifican en dos:
a) Remedios procesales: conocidos como medios de impugnación
horizontales. Son aquellos que son conocidos y resueltos por el
mismo juez que dictó la resolución que se impugna, se producen en
la misma instancia.
b) Recursos: También conocidos como medios de impugnación
verticales, toda vez que estos medios de impugnación son conocidos
por el órgano jurisdiccional de jerarquía superior al que dictó la
resolución, que a su vez es completamente distinto al que conoció en
primera instancia, es decir, abran una nueva instancia al proceso.
Cabe mencionar que tanto como la Constitución, en su artículo 211,
como la ley del Organismo Judicial, en su artículo 59, establecen que
en ningún proceso habrá más de dos instancias.
El Código Procesal Penal regula los recursos y remedios pero no
hace una distinción taxativa de los mismos, siendo los siguientes:
reposición (artículos 402 y 403), apelación (artículo 404 al 411),
recurso de queja (artículo 412 al 414), apelación especial (artículo
415 al 436), casación (artículo 437 al 452), y revisión (artículo 453 al
463), pero no regula un recurso de nulidad propiamente dicho
20
4.2.2. Clases de vicios impugnables:
En esta dirección, el Licenciado Benito Maza expone: “la doctrina
distingue entre dos tipos de vicios: a) el que se refiere en el mérito de
los elementos de hecho, y b) el encontrado en la valoración jurídica del
hecho (tipicidad, antijuricidad, etc).”32
Según el criterio del jurista Manzini33, la impugnación tiene su
fundamento en alguna de las siguientes causas:
1) Vicio in procedendo: en esta hipótesis no se ataca la resolución
como materialmente injusta, sino como resultado o manifestación de
un procedimiento irregular, que vicia el origen o la forma de la
resolución misma (exceso de poder o inobservancia de las normas
establecidas por el Código Procesal Penal). En concreto puede
decirse que es de carácter formal y consiste en la violación o
inobservancia de las normas que rigen el procedimiento.
2) Vicio in iudicando: en este caso no se censura la resolución bajo el
aspecto del derecho procesal, sino que se lo afirma materialmente
injusto, es decir, en relación al derecho sustancial. Este vicio a
diferencia del anterior, es exclusivamente propio y característico de
la resolución y no de los actos anteriores de que ella se deriva, en
cuanto se refiere necesariamente al momento lógico del juicio. Este
error es un error de juicio; consiste en el error en la declaración de
certeza de los hechos o en el error en la subsunción de las
circunstancias de hecho bajo las normas de la ley. El error in
iudicando escinde en dos clases:
32 Maza, Benito, obra citada, pág. 349 33 Manzini, Vizenzo, obra citada, Tomo V, pág. 6
21
a. Error in facto: Es cuando se pretende que la resolución esté
fundada en una falsa base de hecho. Este error sólo puede
ser deducido ante los jueces de mérito y no de casación. Al
respecto ha expuesto Clariá Olmedo que “conforme resulta
de la producción y valoración de las pruebas de autos […] la
cuestio facti debe quedar limitada, pues, al acontecimiento
que se juzga en la diversidad de sus manifestaciones
materiales objetivas, subjetivas y circunstanciales, evitando
proyectarlo a los esquemas legales que conceptualizan
jurídicamente esa materialidad.”34
b. Error in iure: En donde se sostiene que la resolución no se
ha observado o ha aplicado erróneamente el derecho penal
sustancial u otras normas jurídicas de derecho material que
había que tomar en cuenta en la aplicación de la ley penal
sustantiva. Este error se lo puede deducir tanto frente a los
jueces de mérito como a los jueces de casación. El Doctor
Alberto Herrarte menciona “el proceso penal moderno, con el
propósito de llevar a la práctica una efectiva inmediación, se
juzga en única instancia, de modo que las cuestiones de
hecho no pueden ser materia de recurso, no así las de
derecho, mediante recurso de casación.”35
34 Clariá Olmedo, Jorge A., obra citada, t. II, pág. 446 35 Herrarte, Alberto, obra citada, pág. 263
22
CAPÍTULO III
DE LA VALIDEZ E INVALIDEZ DE LOS ACTOS PROCESALES
5. ACTIVIDAD PROCESAL:
Para el jurista guatemalteco Wilfredo Valenzuela “La actividad procesal penal
es la fuerza que debe de dar impulso efectivo a la realización del derecho con la
actuación de la norma específica; materializar efectivamente el proceso y no
objetivarlo en la quietud que significa alejamiento de la realidad concreta y de los
intereses sociales. La actividad procesal penal es el reflejo claro de la
participación de sus sujetos: jueces, fiscales, acusadores, ofendidos, imputados,
expertos, testigos, etc., en ejercicio de las facultades que les asisten y en lo
concreto de los poderes judiciales, todos en cumplimiento de los deberes
derivados de la imposición legal, en función de la obligación estatal de juzgar y en
el arbitrio particular de actuar o no en los asuntos privados; pero siempre bajo el
postulado de proteger el interés social.”36
Por su parte el tratadista Carlos Creuss establece que “un acto es jurídico
porque sus efectos están descriptos por el derecho, el que, a la vez, comúnmente
lo define –expresa o implícitamente- requiriendo, para que aquellos se produzcan,
determinados elementos (requisitos) que atañen a los sujetos que lo realizan, al
modo en que lo llevan a cabo, a las circunstancias de tiempo y lugar de ejecución.
Esta noción –que distingue al acto jurídico del puro hecho con trascendencia
jurídica- común a todo el derecho, se ajusta con singular precisión al derecho
procesal. Acto válido es el que reuniendo todos los elementos o requisitos
nominados por la ley, encuéntrese jurídicamente habilitado para producir los
36 Valenzuela Oliva, Wilfredo, El Nuevo Proceso Penal, Guatemala, editorial Oscar de León Palacios,
2003, pág. 211
23
efectos que ella abstractamente le asigna a su especie; inválido es el que por
defecto de tales elementos o requisitos está inhabilitado para lograrlos.” 37
5.1. Tipo de acto y tipo procesal:
“La temática de la validez está, pues, directamente relacionada con la
teoría general del tipo (más bien entendido en el sentido de “figura”). Y la de
la invalidez de los actos procesales, por supuesto, también se relaciona
directamente con la teoría del tipo procesal en cuanto este es el que
condiciona la eficacia para el proceso de los actos en él realizados.
Acto válido procesalmente (es decir, eficaz en orden al proceso) es el
adecuado al tipo procesal, o sea el que se ha ejecutado reuniendo todos los
elementos subjetivos (sujetos), instrumentales (medios) y modales
(circunstancias) enunciados en su definición por la ley procesal. Solo el tipo
procesal es el que tiene que ser considerado en las referencias a la validez o
invalidez de los actos del proceso; en principio nada tiene que ver con ello el
debate sobre tipos del derecho sustancial.”38
“Se trata, sin duda, de una manifestación de la misma teoría del tipo
que se revela en el resto del ordenamiento jurídico. En ese ordenamiento, el
tipo siempre es la descripción de un actuar o de omitir a los que se asigna
determinadas consecuencias: la pena en el derecho penal, el surgimiento de
derecho y obligaciones en el civil, las facultades inherentes al poder político
en el constitucional o de policía en el administrativo, etcétera. Por lo general,
la teoría del tipo puede circunscribirse con especiales características propias
en cada una de esas áreas, aunque a veces desde una de ellas se trasciende
a otras, como ocurre con las repercusiones que el tipo político (constitucional)
37 Creuss, Carlos, Invalidez de los actos procesales penales, segunda edición, Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma, 1995, Buenos Aires, Argentina, páginas 1 a la 15 38 Por ejemplo, la sentencia que califica el delito de una manera distinta a la que propuso la acusación (aunque la defensa la haya aceptado), en tanto no importe reconocer circunstancias de hecho no reconocidas ni tenidas en cuenta por ella (que podrían fundar agravantes).
24
puede alcanzar en el área del proceso, según se verá al hablar de la
inexistencia.”39
5.2. Tipo procesal e invalidez:
“La noción de tipo procesal (abarcando los sujetos y los modos del acto)
es el fundamento dogmático para delimitar la de invalidez procesal, ya que
ella sólo puede originarse en un defecto interno del acto. Siempre se trata de
un desacomodamiento entre actuar y el omitir llevado a cabo, y el
abstractamente prefigurado en la ley. El defecto externo que se relaciona con
las condiciones de eficacia en orden a los objetivos sustanciales del proceso,
no dan lugar a dicha invalidez. De tal manera, un acto puede ser
perfectamente válido en el proceso y fallar como un elemento útil para las
consideraciones de mérito de la sentencia (p. ej., un reconocimiento
practicado en la instrucción observando todos los requisitos del tipo procesal,
después que la autoridad policial lo realizó por sí en forma irregular).”40
“El tipo procesal es la figura de acto formada por la ley con exigencias
objetivas y subjetivas. Las primeras refieren a la estructura formal y
finalmente procesal del acto: como tiene que ser y con qué sentido tiene que
estar en el proceso y ser aplicado en él. Las segundas aluden al poder o
facultad que posee una determinada persona para inducirlo en el proceso en
el momento que lo hace.”41
39 La relación de la teoría de la invalidez con la del tipo –con especial referencia a la nulidad– ha sido manifestada de manera terminante por Pallares: “La nulidad procesal puede ser provocada por su desviación o apartamiento del tipo legal respectivo, sea en la propia estructura, sea en sus antecedentes” (citado por Carlos Rubianes, Manual de derecho procesal penal, t. 1, p. 48), pero la idea está presente en la generalidad de la doctrina, aunque acudiendo a diferente denominación. 40 Clariá Olmedo, Jorge, Tratado de Derecho Procesal, t. II, Ediar, Buenos Aires, Argentina, 1960, pág. 110. 41 Clariá Olmedo, Jorge A., obra citada, pág. 114 y 115. Para Rubianes (Manual de derecho procesal penal, t. II, p. 148), “todos estos casos son de inobservancia de formas, de modo tal que en esta causal es dable fundar sanciones procesales, tomado del vocablo sanción, en sentido amplio como la consecuencia perjudicial para quien no ha observado alguna de las formas procesales”; pero sin duda aquí la expresión formas hace alusión a la total estructura del tipo procesal, y la distinción apuntada en el texto no tiene otro destino que el de determinar a cuáles elementos de ese tipo pueden afectar los vicios del acto.
25
5.3. Particularidades de la invalidez de los actos procesales:
“La noción de invalidez precedentemente expuesta puede atribuirse
genéricamente a todo el derecho, pero en el procesal adquiere una particular
configuración. Por ejemplo, en el derecho civil la invalidez del acto puede
llegar a impedir, desde su misma realización, la existencia de la relación
jurídica atributiva de bienes, facultades o estados a una determinada esfera
de intereses o persona, o puede impedirla para el futuro a partir de la
declaración jurisdiccional de la invalidez (actos nulos y anulables, efectos ex
nunc y ex tunc). En el derecho procesal, la particular proyección que adquiere
la invalidez no permite ambas modalidades de consecuencia del acto
defectuoso; en él, la invalidez queda circunscripta a los fines formales del
proceso; el acto inválido bloquea o entorpece la marcha hacia la cosa juzgada
como solución definitiva del caso judicial, en cuanto objetivo de aquél, y por
ello permite desechar los efectos del acto defectuoso sólo a partir de una
expresa declaración jurisdiccional sobre ello, salvo, como veremos, cuando
las hipótesis de invalidez ya no dependan del tipo procesal, sino del político,
aunque sus consecuencias refieran al proceso.
5.4. La invalidez como sanción:
La invalidez de los actos procesales ha sido considerada por la doctrina
común, entre nosotros, como el contenido de la sanción por el incumplimiento
del tipo procesal en la concreción del acto; pero se ha señalado que la
nulidad y la inadmisibilidad no significan más que una crítica a la acción
“llevada a cabo incorrectamente”, puesto que, perteneciendo el mundo de las
normas procesales al de las normas potestativas y no al de las imperativas,
no puede reconocérseles carácter de sanción. “Sanción –se dice– es la
consecuencia prevista por la norma de deber para el comportamiento
contrario a ella… la nulidad, al contrario, es una consecuencia jurídica…
expresa la no idoneidad de alguna acción para poder alcanzar las
consecuencias jurídicas que se propuso el agente… opera a nivel del tipo…
26
no tiene como objetivo el evitar que aquellas actividades que las normas
potestativas regulan o que quedan fuera de su regulación.
Consecuencia de estas opiniones de Maier puede ser la fórmula que
empleó el proyecto de Guatemala de 1988 redactado por él y por Alberto
Binder, obviando toda referencia a las categorías de invalidez para regular
sus efectos prácticos en el proceso: ‘No podrán ser valorados para fundar una
decisión judicial, ni utilizados como presupuestos de ella, los actos cumplidos
con inobservancia de las formas y condiciones previstas en este Código.’
(Artículo 281 Decreto 51-92, Código Procesal Penal).”42
“Estas distinciones, teóricamente correctas, no introducen una cuña
dogmática definitiva en lo que hasta ahora se ha venido diciendo con
vernácula terminología, en tanto se distinga el vicio del acto que da origen a
su ineficacia y a ésta como la consecuencia jurídica, a la que se da el nombre
de sanción, pero con un contenido conceptual distinto del que tiene, por
ejemplo, en el derecho penal.
No existe una incongruencia teórica mayor en acudir a esa
terminología, ya que las normas potestativas también configuran tipos y la
consecuencia de su inobservancia puede ser concebida como sanción cuyo
contenido final no es el de evitar la actividad extratípica, sino impedir el efecto
de la actuación.
5.5. Progresión de los vicios del acto:
Refiriéndose a la ‘mera irregularidad’ no todos los elementos de un acto
procesal son requeridos por la ley con la misma intensidad en cuanto a su
necesariedad. Algunos de ellos sólo están destinados a uniformar los
modelos formales para que permitan su inmediata distinción de otros,
42 Maier, Julio, Función normativa de la nulidad, Buenos Aires, Depalma, 1980, págs. 131, 132 y 135.
27
evitando –por ejemplo– dificultades o demoras en los proveimientos, pero no
refieren a sus contenidos con relación a las finalidades básicas del acto en el
proceso; tal puede ser el orden de las enunciaciones de una demanda (en
sentido genérico de instamiento). Salvo una disposición en contrario de la ley
que expresamente cambie la naturaleza del vicio, el incumplimiento de tales
requisitos no desmerece la validez del acto.
Trátense de meras irregularidades que pueden, en ocasiones, permitir
al órgano jurisdiccional paralizar momentáneamente el proceso (requiriendo
aclaraciones sobre el contenido del instamiento o disponiendo su corrección),
pero que no llegan a malear el acto mismo hasta el punto que tenga que ser
extirpado como sector de la secuencia procesal.
5.6. Nulidad e inadmisibilidad:
La mera irregularidad, pese a los defectos que introduce en el acto, no
elimina la individualidad procesal de éste y, por ende, no entorpece sus
repercusiones finales. En cambio, se dice que el acto es nulo cuando la
incongruencia entre lo actuado y el tipo procesal es de tal magnitud que la
individualidad final que éste asigna no aparece en aquél.
La nulidad, por tanto, arranca de un vicio del acto realizado que es
suficientemente grave como para desubicarlo respecto del tipo procesal. Se la
puede mentar como la característica negativa que lo priva de la eficacia que
en el proceso el tipo lo atribuye al acto perfecto. Tanto por razones de
tradición doctrinaria cuanto por el caudal de hipótesis que presenta, la nulidad
es la razón de ser por excelencia de invalidez de los actos procesales.
La doctrina ha revelado otra característica negativa del acto procesal
cuyas consecuencias son asimilables a las de la nulidad: la inadmisibilidad.
Inadmisible es el acto que no puede ser propuesto en el proceso tal como lo
fue; su defecto con relación al tipo procesal indica la imposibilidad jurídica de
28
introducirlo en aquél. Aunque la similitud de los efectos puede llegar a
enturbiar la motivación de una regulación general de la inadmisibilidad,
independiente de la nulidad, algunas leyes así lo han disciplinado, por
ejemplo, el artículo 186 del Decreto 51-92 del Congreso de la República,
Código Procesal Penal, establece: ‘Todo elemento de prueba, para ser
valorado, debe haber sido obtenido por un procedimiento permitido e
incorporado al proceso conforme las disposiciones de este Código.’
Sin perjuicio de volver sobre la cuestión puede adelantarse que hay dos
circunstancias que permitirían desconocer o estimar inconveniente esa
autonomía: los defectos respecto del tipo procesal son los mismos en el acto
inadmisible que en el nulo y las repercusiones en el proceso se asimilan,
pues uno y otro ven desechada su operatividad en la secuencia procesal.
Teóricamente la línea de separación es nítida: en la nulidad el defecto es
advertirlo cuando el acto defectuoso ya está insertado en el proceso u en la
inadmisibilidad antes de que ello ocurra, desde que esa inserción sólo puede
producirse mediante el acto de la disposición de la autoridad encargada de
criticar el acto, quien, en esta hipótesis lo hace negativamente. La
constatación de la infancia se lleva a cabo, en principio, en momentos
diferentes, puesto que si “la inadmisibilidad impide que los efectos se
produzcan, la nulidad extirpa los efectos producidos”43, con lo que se puede
decir que si la una previene, la otra es un mecanismo ablativo del acto
atípico.” 44
5.7. Inexistencia del acto procesal:
“Cuando los defectos de tipo dan lugar a la declaración de nulidad o a la
de inadmisibilidad que importan, respectivamente, la invalidación del acto o la
advertencia de que es inválido, estamos ante un acontecimiento del proceso
43 Clariá Olmedo, Jorge A., Tratado de Derecho procesal, t. II, Ediar, Buenos Aires, Argentina, 1960, pág. 113. 44 Maier, Julio, Función normativa de la nulidad, Buenos Aires, Depalma, 1980, págs. 140 y 141.
29
en curso o que se pretende que lo esté. Al culminar el proceso con el
juzgamiento que alcanza firmeza no existen ya posibilidades de efectuar tales
declaraciones. Aún los actos que hubiesen tenido que ser declarados
inadmisibles y los afectados por los más graves vicios nulificantes, devienen
en actos cuyos efectos se tornan permanentes sin poder ser atacados, desde
el momento en que se da la vigencia de la cosa juzgada. Pero hay defectos –
que aunque originados en otros campos del derecho trascienden al procesal–
que no sólo le quitan al acto los efectos en el proceso, sino cualquier efecto
para el proceso: como acto procesal es jurídicamente inexistente. La nulidad
y la inadmisibilidad se engendran en vicios que conmocionan la identidad
procesal del acto: la inexistencia se origina en vicios que desplazan su propia
juridicidad en general. Es entonces que se habla de acto inexistente, que
nunca produce efectos procesales, que nunca produce efectos procesales, ni
siquiera mediando la cosa juzgada, porque su misma inexistencia la ha
tornado imposible.”45
“En otras disciplinas puede llegarse a debatir la distinción entre acto
inexistente y acto nulo, al menos con relación a ciertas especies de nulidades
(como absolutas), en derecho procesal y especialmente en el procesal penal,
aquella categoría puede ser imprescindible46. Un acto nulo siempre ocurre en
el proceso; un acto inexistente, aunque muestre una corporeidad en el
procedimiento, es un acontecer desarraigado de aquel; es por ello que la
cosa juzgada no puede funcionar para otorgarle existencia jurídica: es obvio
que la sentencia dictada por quien es juez.
45 Circunstancia que la doctrina italiana subraya para justificar la autonomía de la disciplina de la inexistencia (ver Leone, Giovanni, Tratado de derecho procesal penal, t. I, p. 687). 46 Es un fenómeno suficientemente constatado la tendencia de la doctrina procesal civil hacia la desacralización de la cosa juzgada; pero se aprecia en parte de ella reticencias para trabajar en la dimensión de la inexistencia, prefiriendo –por ejemplo, para superar la rigidez de aquella– para alegar la invalidez “masiva” del proceso, lo que admitiría cuestionarla en otro proceso de carácter declarativo (ver Alvarado Velloso, Presupuestos de la nulidad procesal, LL, 1986-C-887).
30
Una de las razones que se han dado para negar como categoría
autónoma a la inexistencia es, precisamente, que el acto ‘ya se encuentra en
el proceso’ –lo que terminamos de negar– y que, por consiguiente, el único
remedio para quitarlo de él es declararlo nulo. Sin embargo, la inexistencia es
una “categoría perteneciente a otro mundo, que no es el del proceso y, por
tanto, no existe en él; el acto nulo es un acto que existe en el proceso, del
que puede desaparecer, como puede que su viabilidad se afirme
definitivamente; el acto inexistente nunca existió en el proceso y ningún
acontecimiento podrá dotarlo de validez.”47
5.8. Irregularidad. Ineficacia. Invalidez:
“La mera irregularidad consiste en un acto típicamente imperfecto en
cuanto a su estructura formal, que no acarrea ni su invalidez ni su ineficacia
para integrar la secuencia procesal.
La nulidad y la inadmisibilidad refieren a un acto típicamente defectuoso
que puede ser ineficaz, pero que no es inválido en sí mismo en tanto no
medie una expresa declaración jurisdiccional, que puede no producirse
(subsanación, incluyendo la constituida por cosa juzgada). El acto nulo o
inadmisible al ser declarado inválido se torna ineficaz para él. El acto
inexistente es inválido en sí mismo. Prácticamente de él nunca puede decirse
que sea eficaz o ineficaz para el proceso, simplemente no existe en el
proceso, nunca estuvo en él jurídicamente; su corporeidad material es pura
mecánica sin sentido procesal. En el acto nulo la ineficacia es el resultado de
su invalidez; la invalidez propia del acto inexistente no puede originar su
ineficacia para el proceso desde que nunca estuvo en éste.”48
47 Maier, Julio, Función normativa de la nulidad, Buenos Aires, Depalma, 1980, pág. 141. 48 Creuss, Carlos, obra citada, pág. 15
31
CAPÍTULO IV
DE LA NULIDAD
6. DEFINICIÓN DE NULIDAD:
“La nulidad es la declaración crítica que se le hace a una actuación procesal
incorrecta y, por ende, incapaz de producir efectos jurídicos. Es la descalificación
de un comportamiento judicial pretendidamente jurídico. Por eso se afirma que es
el reverso de la validez.”49 “Etimológicamente equivale a lo carente de fuerza
jurídica, a lo inválido, a los in valor, a lo insignificante. Es lo mismo que “ninguno,
ni siquiera uno.”50
“Una actuación procesal es nula cuando infringe los derechos de las partes
dentro del trámite procesal, o los de la sociedad, que tiene vivo interés en que las
investigaciones y los juicios sean serios y rectos.”51
6.1. CLASIFICACIÓN DE LAS NULIDADES EN LA LEY
Las nulidades, desde el punto de vista penal no se encuentran reguladas, sin
embargo desde el punto de vista civil, operan en función del negocio jurídico,
sin embargo son importantes para nuestro estudio debido a que la figura de
nulidad en materia penal y procesal penal, son motivadas por las mismos dos
razones: motivos de forma y motivos de fondo.
El ordenamiento jurídico civil guatemalteco, regula específicamente en los
artículos 1301 y 1303 los casos en que se produce la nulidad absoluta por
inexistencia del acto y la nulidad relativa por vicios del consentimiento.
49 Maier, Julio, Función normativa de la nulidad, Buenos Aires, Depalma, 1980, págs. 131, 135 y 136 50 Gómez De Silva, Guido, Breve diccionario etimológico de la lengua española, 2ª edición en español, México, D.F., F. C. E., 1998, pág. 489 51 Pérez Pinzón, Álvaro Orlando, Introducción al Estudio de la Casación Penal, Editorial Temis, S.A., Bogotá Colombia, 2014, pág. 199
32
6.2. Actos nulos en la Ley del Organismo Judicial:
En el artículo 4 de la Ley Organismo Judicial claramente se establece: “los
actos contrarios a las normas imperativas y prohibitivas expresas, son nulos de
pleno derecho, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso
de contravención. Los actos realizados al amparo del texto de una norma que
persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él, se
considerarán en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma
que se hubiere tratado de eludir.”
6.3. CLASIFICACIÓN DE LAS NULIDADES EN LA DOCTRINA
En doctrina existe una amplia clasificación sobre las nulidades y muchos
autores no se han puesto de acuerdo con respecto al tema pero dentro de las
más importantes se encuentran las siguientes:
6.3.1. Desde el punto de vista de los vicios de los actos procesales:
El experto en derecho Miguel Fenech, establece que “la posibilidad
de que se realice un acto sin que se observen y tengan en cuenta todos
los presupuestos de su formación procesal, o cuyo fin o contenido se
aparte de lo establecido en la Ley para cada acto en particular, da lugar a
que el acto sea vicioso. El estudio de las consecuencias puedan derivarse
para la eficacia procesal de estos actos plantea problemas, que,
precisamente por su carencia de regulación positiva, ofrecen mayor
dificultad e interés.
Los vicios de los actos procesales pueden ser de dos órdenes,
dando lugar a que los que llamaremos actos defectuosos o ilícitos. Son
actos defectuosos los que se realizan sin que concurran todos los
presupuestos, requisitos y condiciones que determinan su admisibilidad y
eficacia.
33
Son actos ilícitos los actos procesales cuyo fin o contenido se aparta del
establecido por la Ley, y aquellos otros realizados con ocasión del proceso
que implican una perturbación en éste.” 52
En ese sentido el jurista Pérez Pinzón afirma que “existe nulidad por
vicios o errores de estructura cuando en desarrollo del proceso se rompe el
rito preestablecido en la ley, se descompone el orden señalado en ella, se
resquebraja la organización procesal, siempre que esa ruptura sea
importante. Esta especie de nulidad es trascendente, pues aunque no
incorpora lesión de los derechos de las partes, sí tiene significado social: la
colectividad, con fe, espera que la justicia actúe normalmente, cumpliendo
con todos los pasos que sanamente debe dar hasta llegar a la declaración
final son responsabilidad penal. Si no se llenan esas expectativas, la gente
desconfía, no da crédito a su administración de justicia y, por consiguiente, se
lacera a los ciudadanos ante la incertidumbre que pueden sentir por las
indebidas conductas judiciales. Es problema de transparencia vinculado,
desde luego, al carácter aún prevalentemente público del derecho penal.” 53
a) ACTOS DEFECTUOSOS:
“Los defectos de los actos pueden dar lugar a consecuencias de
diversa índole, según la entidad y naturaleza de aquellos, que
determinan una primera distinción en actos nulos y actos irregulares.
b) ACTOS NULOS:
Cuatro órdenes de nulidad se pueden distinguir dentro del
concepto genérico de ella: en primer lugar, la nulidad, que equivale a la
no existencia del acto; en segundo lugar, la nulidad absoluta; en tercer
término, la nulidad relativa y, por último, la anulabilidad.
52 Fenech, Miguel, Derecho Procesal Penal, volumen primero, tercera edición, editorial Labor S.A., 1960, Barcelona, España, páginas 519 53 Pérez Pinzón, Álvaro Orlando, Introducción al Estudio de la Casación Penal, Editorial Temis, S.A., Bogotá Colombia, 2014, pág. 199
34
c) INEXISTENCIA:
La falta de una circunstancia esencial del acto hace que, aunque
se den las apariencias del mismo, haya que considerar al acto en sí
como inexistente (piense en una resolución dictada por el Tribunal).
En este caso no nos encontramos con un acto (sentencia), que tiene
todas las apariencias externas de un acto procesal correcto, pero
que por no haber sido dictada por el sujeto legitimado por ello (en
este caso por el Tribunal, compuesto por el número de Magistrados
ordenado por la Ley, y precedido de la deliberación legal) no puede,
en manera alguna, producir los efectos de una sentencia, ni puede
subsanarse por ningún medio, por lo que, siguiendo con el mismo
ejemplo, habría que proceder a un nuevo juicio oral por no existir
sentencia (sententia non existens).
d) NULIDAD ABSOLUTA:
La falta de una circunstancia de aquellas que sin tener una
influencia positiva en la producción del efecto del acto se requiere
para que éste pueda producir sus efectos, determina la nulidad
absoluta del acto (por ejemplo, la sentencia dictada sin haber sido
precedida de un juicio oral, por haberse conformado el procesado
con una pena de reclusión pedida por el Fiscal).
Estos actos son nulos de un modo absoluto y su nulidad debe ser
decretada de oficio, sin posibilidad alguna de subsanación.
e) NULIDAD RELATIVA:
La falta de una circunstancia formal origina otro tipo de nulidad del
acto, que denominaremos nulidad relativa, por su posibilidad de
subsanación, no produciendo sus efectos normales hasta tanto no
hayan sido subsanados, pero una vez que lo sean, los produce
desde el momento de su realización de oficio o petición de parte. En
35
este caso hay que considerar comprendida la nulidad de las
citaciones, notificaciones y emplazamientos que no se practicaren
con arreglo a las disposiciones legales, y que, sin embargo, surten
todos sus efectos si el sujeto a quien se dirige suple esta deficiencia
con su conducta posterior, y lo mismo la falta de citación de las
partes para el juicio oral, que da lugar a la casación, si no
comparecieren a tiempo, dándose por citadas.
f) ANULABILIDAD:
Por último, hay actos que, sin ser nulos en sí, son anulables a
petición de los interesados en ellos. Estos actos, aunque viciosos en
su origen en virtud de las circunstancias formales o externas,
producen todos sus efectos mientras no haya sido declarada su
nulidad, y ello, como decimos, a instancia de algún interesado, y
utilizando los medios legales. En este caso se encuentran, entre
otros, todos los actos defectuosos que enumera los motivos que
pueden dar lugar a la interposición del recurso de casación por
quebrantamiento de forma.
g) ACTOS ILÍCITOS:
Algunas de las categorías anteriores pueden interferirse con otras
carentes asimismo de toda construcción doctrinal, constituidas por
los que hemos llamado actos ilícitos procesales. Caracterizábamos
las anteriores mediante el concepto de carencia de presupuestos,
requisitos o condiciones; por el contrario, el acto ilícito procesal se da
cuando se ha utilizado un acto procesal para un fin, o con un
contenido distinto de aquellos establecidos por la Ley, conculcando
así una norma procesal penal (bien sea procesal stricto sensu, bien
de ética o de policía procesal), o una norma penal material.
36
Dentro del concepto así establecido encontramos una gran
variedad de actos ilícitos, que podemos intentar agrupar por la
naturaleza de la ilicitud en ético-procesal, policial-procesal, procesal
(strictu sensu).
h) ILICITUD ÉTICO-PROCESAL:
Existe ilicitud ético-profesional cuando el acto procesal vulnera las
normas éticas que regulan el proceso: en este grupo están
comprendidos aquellos actos procesales que atentan no ya contra la
Ley, sino contra los principios de ética, tales como la verdad, la
probidad, la buena fe, etc.
i) ILICITUD PROCESAL («STRICTO SENSU»):
Existe ilicitud procesal stricto sensu se conculca una norma
procesal se lleva a cabo sin la concurrencia de todos los
presupuestos correspondientes, y estos son establecidos por la Ley
con carácter cogente en garantía de los intereses estatales de la
jurisdicción penal, para el logro de los fines esenciales del proceso.
Estas normas son las referentes al sujeto que debe realizar el acto,
al objeto del mismo y a sus requisitos de lugar, tiempo y forma; pero
entiéndase bien que solo nos encontraremos ante un acto ilícito y no
simplemente ante un acto defectuoso cuando la norma tenga el
carácter a que hemos hecho alusión y no de cualquier otra. Un
ejemplo servirá para aclarar la cuestión: la interposición de un
recurso sin tener en cuenta los requisitos legales es un acto procesal
defectuoso, pero no un acto ilícito procesal, porque se trata de un
acto que queda a la disposición de la parte que no lo realiza, y por
tanto, su realización defectuosa solo lleva consigo su inadmisión y
consiguiente ineficacia que perjudica solamente a aquel que lo
interpone, privándole de las ventajas procesales que le hubiera
reportado el aprovechamiento de una oportunidad procesal si el acto
37
hubiera sido correcto; por el contrario, nos hallamos en presencia de
un acto ilícito procesal en el caso de que se dictara una sentencia
definitiva por un solo Magistrado, o sin haber sido precedida del
correspondiente juicio oral y público, en su caso, porque esto daría
lugar a una infracción de normas procesales de carácter obligatorio
establecidas en garantía de los intereses públicos que caracterizan
el fin del proceso penal. La ilicitud procesal en sentido estricto puede
tener dos aspecto, la ilicitud civil procesal y la ilicitud penal procesal.
j) ILICITUD PENAL PROCESAL:
Existe ilicitud penal procesal cuando el acto infringe una norma
procesal penal cuya sanción viene establecida en el Derecho penal
material. Más que de ilícitos debieran calificarse, en este caso, de
actos antijurídicos y delictivos.
La infracción de la norma procesal penal en este caso puede
obedecer a dos causas, bien a consecuencia de que el acto se haya
realizado faltando a determinados presupuestos de la formación
procesal del acto, bien infringiendo los presupuestos de la calidad del
acto, esto es, que siendo el acto correcto en su formación procesal,
no lo sea en su contenido.”54
6.3.2. Desde el punto de vista de la nulidad propiamente dicha:
El jurista Sergio Gabriel Torres considera que “mucho se ha escrito
clasificación de las nulidades aunque por lo general los autores no se han
puesto de acuerdo en todos sus aspectos.” 55
54 Fenech, Miguel, obra citada, págs. 520-523 55 Torres, Sergio Gabriel, Nulidades en el proceso penal, segunda edición, 1993, Buenos Aires, Argentina, pág. 57
38
El tratadista Carlos Rubianes prefiere “abandonar el distingo y decir
que en el proceso no existen las absolutas y que todas las nulidades del
proceso son susceptibles de convalidación por el consentimiento expreso
o tácito de las partes a quienes perjudica, aunque cabe aclarar que el
doctrinario sitúa esta posición en el sentido de la ley civil, clasificándolas
en esenciales o sustanciales y secundarias o accesorias. Sin embargo,
en el ámbito penal la clasificación tiene sentido teórico y,
fundamentalmente, interés práctico.” 56
a) ABSOLUTAS Y RELATIVAS:
“Las nulidades absolutas son las que se aplican cuando se afecta el
orden público o alguna garantía constitucional, en tanto que las relativas
surgen cuando el acto afecta un interés particular, ya que rige en
beneficio de las partes.
En cuanto a caracteres, existe un consenso en establecer los
siguientes:
Absolutas:
a) Deben ser declaradas de oficio;
b) Pueden serlo en cualquier estado del proceso;
c) Pueden ser planteadas por cualquiera de las partes;
d) No son convalidables o subsanables.
Relativas:
a) No pueden ser declaradas de oficio;
b) No pueden serlo en cualquier estado del proceso;
c) Solo puede pedirlas quien tenga interés;
d) Son subsanables.
56 Depalma, Derecho Procesal Penal, Buenos Aires, 1985, t. I, pág. 482
39
b) TOTALES Y PARCIALES:
Esta clasificación atiende a la extensión de la sanción de nulidad.
Indudablemente, para que pueda funcionar la nulidad parcial es
necesario que el acto de que se trate sea divisible. Así un acto singular,
por ejemplo una declaración indagatoria, un reconocimiento de
personas o un acta de secuestro, no pueden ser nulos más que en su
integridad. Por el contrario, los motivos de anulación se pueden referir
tan solo a una parte del acto, como aquellos que contienen parte y
hacer valer las restantes.
Un supuesto de nulidad parcial lo constituye una sentencia en la
que se condena a tres procesados aunque la acusación fiscal y la
defensa solo se habían cumplido respecto de dos de ellos. Obviamente
se incurriría en un rigorismo formal irrazonable anular la totalidad del
decisorio; en este caso, solo se deberá impugnar la condena dictada en
forma irregular, sobreviviendo las realizadas conforme a las normas
procesales.
c) EXPRESAS E IMPLÍCITAS:
El jurista Jorge Joaquín Llambías, sostiene sobre esta distinción que
“se refiere a solo si es indispensable que la sanción legal esté
formalmente expresada en el texto o si es posible que el intérprete
descubra una incompatibilidad entre la norma y la eficacia de cierto acto
jurídico, de manera que quede excluido tácitamente la validez de éste
sin una determinación en este sentido.” 57
“Esta división es admitida por Jorge Clariá Olmedo, quien
sostiene que a pesar de una previsión literal, debe entenderse la
57 Llambías, Jorge Joaquín, obra citada, pág. 288
40
implícita o virtual por sugerir sin lugar a dudas del contexto normativo
que sienta el sistema de taxatividad.”58
d) ESPECÍFICAS Y GENÉRICAS:
El maestro Jorge Clariá Olmedo establece que “las nulidades
específicas son casos de previsión expresa porque no se deja duda
alguna acerca de la nulidad del acto concretamente regulado si no se
observan los requisitos exigidos bajo conminación. En estos casos la
sancionabilidad es taxativa y no puede extenderse por analogía.” 59
Respecto a las nulidades genéricas, el jurista Sergio Torres, las
divide en sistematizadas y no sistematizadas: “Las nulidades genéricas
son tipos comunes de exigencias para el cumplimiento de todos los
actos del proceso, expresamente sancionadas con nulidad en su
conjunto y la no observancia de dichas normas en el cumplimiento de
los actos procesales, debe ser sancionada necesariamente con nulidad.
Las nulidades genéricas no sistematizadas son casos de nulidades
genéricas previstos en forma descentralizada. Las normas
relativamente amplias, de comprensión variable ajustan a observancia
de las reglas de competencia; imposición del caso de idioma nacional o
por escritos de los actos procesales; fecha; y la inobservancia de las
reglas sobre realidad y publicidad de los debates.”60
e) NULIDAD E INEXISTENCIA:
“El concepto de actos inexistentes se ha transportado a la órbita
penal desde el derecho civil. Hay inexistencia cuando a un hecho
material le falta algún elemento esencial para constituirse en un acto
58 Torres, Sergio Gabriel, Nulidades en el proceso penal, segunda edición, 1993, Buenos Aires, Argentina, pág. 59 59 Llambías, Jorge Joaquín, obra citada, pág.198 60 Torres, Sergio Gabriel, obra citada, pág. 61
41
jurídico, sea en el sujeto, u objeto o la forma, entendiéndose esta última
como la manifestación de voluntad del sujeto respecto al objeto.”61
Esta clasificación resulta importante y de gran interés práctico ya que
se ha advertido que si nos encontramos ante un acto sería válido. El
único remedio posible, siempre que se trate de un supuesto aplicable,
es su declaración de inexistente no puede ser convalidado ni
rectificado, sencillamente porque no existe. Respecto a su declaración
existe coincidencia en establecer que la calidad de “inexistente” debe
ser declarada judicialmente62 al igual que si se tratara de una nulidad,
ya que se parte de una lógica elemental: cualquier acto incorporado al
proceso lo es por los Tribunales, debiendo ser éstos quienes así lo
declaren.
Los límites entre el acto considerado nulo y el inexistente no son muy
precisos,63 ya que transitan por una zona gris resultando de una
variedad y arbitrariedad de designación casi absoluta. Indudablemente,
definirlos no resulta difícil, pero la cuestión se plantea al deber
determinarse cuándo un acto no es idóneo para producir los efectos
jurídicos para los que fue creado.
En síntesis un acto debe reunir previamente determinados requisitos
que permitan considerarlo un acto jurídico, ya que éstos son los únicos
que permiten su declaración de nulidad. Así una sentencia sin firma no
es acto procesal al faltarle un requisito de existencia, por ello esa
sentencia no existe; pero si luego el juez competente la suscribe, ya se
le suscribe, ya se le considera un acto procesal y por lo tanto,
susceptible de ser considerado válida o nula.
61 Llambías, Jorge Joaquín, obra citada, pág. 198. 62 Depalma, Lecciones de Derecho Procesal, Buenos Aires, 1982, t. II, pág. 482 63 Depalma, “Los frutos del árbol venenoso”, publ. en Doctrina Penal, Buenos Aires, 1986, pág. 113
42
CAPÍTULO V
DE LA ACTIVIDAD PROCESAL DEFECTUOSA COMO MEDIO LEGAL PARA
EVITAR EL PREVARICATO JUDICIAL
7. ACTIVIDAD PROCESAL DEFECTUOSA:
La palabra ‘defectuosa’ es un adjetivo de la palabra ‘defecto’, que según el
Diccionario de la Lengua Española significa “carencia de alguna cualidad propia
de algo; imperfección en algo o en alguien”. Así mismo el mencionado diccionario
define ‘defecto de forma’ en el ámbito del derecho como “falta derivada de la
infracción de la observancia de las normas procesales en una causa, que puede
llevar a la nulidad de las actuaciones.” 64
El ordenamiento jurídico penal no regula una definición de actividad procesal
defectuosa, sin embargo, en el artículo 281 del Código Procesal Penal se
establece su principio: “No podrán ser valorados para fundar una decisión judicial,
ni utilizados como presupuestos de ella, los actos cumplidos con inobservancia de
las formas y condiciones previstas en este Código, salvo que el defecto haya sido
subsanado o no se hubiera protestado oportunamente de él. El Ministerio Público
y las demás partes sólo podrán impugnar decisiones judiciales que les causen
gravamen, con fundamento en el defecto, en los casos y formas previstos por
este Código siempre que el interesado no haya contribuido a provocar el defecto.
Se procederá del mismo modo cuando el defecto consista en la omisión de un
acto que la ley prevé.”
En ese sentido el jurista Carlos Creuss establece: “el acto es defectuoso
cuando se desplaza o desacomoda en su ejecución respecto del modelo típico,
sea por no responder a la estructura formal propuesta por él, por pretender
aplicarlo a una finalidad no contemplada en éste, por haber sido realizado por un
64 http://dle.rae.es/?id=C1g7xcE
43
sujeto no comprendido entre los que están facultados para hacerlo o que ha
perdido esa facultad por haberla agotado, sea por haber realizado ya la actividad,
o por haber omitido su ejercicio durante el tiempo procesal legalmente fijado para
ejercerla.
Este tema es susceptible de crítica debido a que la inobservancia de las
formas y condiciones previstas en la ley que provienen por parte del Juez
implicaría delito de prevaricato, ya que como menciona el tratadista Carlos
Creuss “se trata, evidentemente, de una nulidad declarable de oficio en cualquier
estado y grado de la causa, aún cuando pueda ser un supuesto de nulidad
implícita según se advirtió precedentemente.” 65
8. DELITO DE PREVARICATO:
Según el Diccionario de la Lengua Española la palabra ‘prevaricación’
proviene del latín ‘praevaricatio’, ‘-ōnis’, y se define como “Delito consistente en
que una autoridad, un juez o un funcionario dicte a sabiendas una resolución
injusta.”66
En esa dirección jurista peruano Ricardo Gandolfo Cortés, establece en su
artículo “No puedes mandar a la cárcel a quien no puede mandarte a ti a la
cárcel” acerca del prevaricato: “El bien jurídico, en el caso de la comisión de los
delitos de prevaricato en sus distintas modalidades, es la administración de
justicia y el interés público que es afectado por los órganos específicamente
habilitados por la ley o por sus auxiliares. (…) Adviértase que el concepto alude
sin ninguna duda a la modalidad dolosa, a la manifiesta intención de actuar en
contra de la norma. También alude a quienes son susceptibles de incurrir en el
ilícito y en este punto tampoco deja lugar a duda alguna pues personaliza el delito
subrayando que puede ser perpetrado por “una autoridad, un juez o un
funcionario.” Es decir, continúa manifestando dicho autor “(…) sólo incurre en
65 Creuss, Carlos, obra citada, pág. 49 66 http://dle.rae.es/?id=U91ovyA
44
prevaricato ‘una autoridad, un juez o un funcionario’ tal como meridianamente lo
estipula el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española ya citado. No
hay forma de que incurra en prevaricato quien no ejerce un mandato derivado de
la autoridad del Estado, quien no ejerce función pública. El prevaricato es, por
tanto, consustancial a la función pública.”67
En ese sentido el Capítulo III, del Título XIV denominado “delitos contra la
administración de justicia”, del Libro Segundo del Código Penal, regula los delitos
concernientes a la prevaricación. El artículo 462 del Código Penal establece: “El
juez que, a sabiendas, dictare resoluciones contrarias a la ley o las fundare en
hechos falsos, será sancionado con prisión de dos a seis años. Si la resolución
dictada consistiere en sentencia condenatoria en proceso penal, la sanción será
de tres a diez años.”
Es importante mencionar que en Guatemala la pena de prisión
contemplada para el delito de prevaricato es conmutable, pese a que el inciso 7°
del artículo 51 del Código Penal expresamente establece que la conmutación no
se otorgará a los condenados por los delitos contra la administración pública y la
administración de justicia, creando de esta forma una contradicción legal y siendo
el caso de los jueces que al cometer este delito atentan contra el bien jurídico
tutelado de la administración de justicia así como los principios que luchan en
contra de la impunidad y la obstrucción de justicia.
Por otro lado, el artículo 463 del Código Penal regula el prevaricato
culposo: “El juez que por negligencia o ignorancia inexcusables, dictare
resoluciones contrarias a la ley o las fundare en hechos falsos, será sancionado
con multa de cien a un mil quetzales e inhabilitación especial de uno a dos años.”
67 Extracto del artículo en internet “No puedes mandar a la cárcel a quien no puede mandarte a ti a la cárcel” de Ricardo Gandolfo Cortés: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiAntjmh8zcAhXos1kKHUzlCe4QFjAIegQICRAC&url=http%3A%2F%2Frevistas.pucp.edu.pe%2Findex.php%2Farbitrajepucp%2Farticle%2Fdownload%2F9383%2F9798&usg=AOvVaw225df_0rKFNlM83Cf0gnl7
45
De igual forma, este artículo contradice a todas luces el principio de iura novit
curia regulado en el artículo 3 de la Ley del Organismo Judicial, el cual establece
claramente: “Contra la observancia de la ley no puede alegarse ignorancia,
desuso, costumbre o práctica en contrario”, siendo el caso de los jueces que por
la naturaleza de su investidura y por ser conocedores del derecho, al cometer
este delito atentan no solamente contra el bien jurídico tutelado de la
administración de justicia sino que también con el principio de iura novit curia.
Sobre el punto anterior el artículo 12 del Código Penal establece: “el delito es
culposo con ocasión de acciones u omisiones lícitas, se causa un mal por
imprudencia, negligencia o impericia. Los hechos culposos son punibles en los
casos expresamente determinados por la ley”, tal y como lo establece el artículo
463 del mismo cuerpo legal para el delito de prevaricato culposo, por lo que
resulta ser una contradicción legal ya que se supone que el juez es conocedor del
derecho, tal y como se mencionó anteriormente.
Finalmente, se puede observar que la falta de análisis por parte de los
legisladores al crear este tipo de normas y por parte de los juzgadores al
momento de aplicarlas, resulta en una deficiencia en el desenvolvimiento correcto
del sistema de justicia ya que, actualmente los casos de prevaricato se pretenden
ventilar de forma administrativa por medio del Colegio de Abogados cuando la ley
expresamente las tipifica como delitos y por lo tanto deben ventilarse en
tribunales (ver anexos). Dadas estas consideraciones, en la práctica profesional,
la actividad procesal defectuosa podría utilizarse como una herramienta legal
para evitar la consumación del prevaricato.
46
CONCLUSIONES
1. Desde la implementación de la actividad procesal defectuosa en el Código
Procesal Penal, esta se ha utilizado como herramienta legal para evitar el
prevaricato judicial, ya que la declaración de un acto como viciado o defectuoso
dentro del proceso, consecuentemente produciría la nulidad del mismo por haber
inobservado formas y condiciones que causen gravamen con fundamento en el
defecto.
2. El prevaricato judicial es una realidad social ya que afecta no sólo el ámbito
jurídico sino que tiene repercusión en la sociedad. Es de suma importancia la
observancia de los principios de legalidad y debido proceso por parte de los
jueces para afianzar la credibilidad en el sistema de justicia del país.
3. Por medio de este trabajo de investigación se pudo analizar la clasificación de las
nulidades y la importancia de su estudio para el presente tema resultó oportuno
ya que se estableció que un acto defectuoso, aunque se declare su inexistencia,
no deja de surtir sus efectos, tanto nulificantes como anulables, según sea el
caso.
4. El principio de iura novit curia lo que pretende es ser la guía de los jueces en la
conducción de su actuar, ya que son ellos los conocedores o expertos del
derecho y son ellos quien tienen la potestad y el deber de velar porque se
administre de forma correcta y eficiente la justicia en el país.
47
RECOMENDACIONES
1. A todos los estudiosos del derecho profundizar más sobre este tema para
investigación ya que los artículos 280 al 284 del Código Procesal Penal pueden
pasar fácilmente desapercibidos. Son pocos los juristas que tratan el tema de la
actividad procesal defectuosa propiamente dicha en los libros y cursos de
Derecho Procesal Penal guatemalteco.
2. Si bien es cierto que la enseñanza académica del Derecho Procesal Penal se
recibe en las aulas universitarias al cursar la carrera de Derecho, es importante
hacer conciencia que para ser juez la ley regula una carrera judicial y la Escuela
de Estudios Judiciales es la unidad encargada de planificar, ejecutar y facilitar la
capacitación y formación técnica y profesional de jueces, magistrados,
funcionarios y empleados del Organismo Judicial, tal como lo establece el artículo
13 de la Ley de la Carrera Judicial, con el fin de asegurar la excelencia y
actualización profesional para el eficiente desempeño de sus cargos.
3. Todos los principios del derecho son importantes pero se recomienda que los
órganos jurisdiccionales velen, con mayor esmero, que su actuación se rija por
los principios de legalidad y del debido proceso para garantizar la administración
justicia y afianzar su credibilidad como órganos jurisdiccionales.
4. Se recomienda que el órgano legislador haga una revisión de los artículos 281 al
284 del Código Procesal Penal con el objeto de reformar esta figura, agregando
una definición legal y ampliando su contenido por ser una herramienta legal para
evitar el prevaricato judicial.
48
ANEXOS
A continuación se presentan tres artículos de prensa, publicados en la sección de
“Opinión”, que están relacionados con el tema del presente trabajo de investigación:
1. “Prevaricato y retardo de justicia
“La prevaricación, o prevaricato, es un delito que consiste en que una autoridad,
juez u otro servidor público dicta una resolución arbitraria en un asunto
administrativo o judicial a sabiendas de que dicha resolución es injusta y contraria
a la ley (Wikipedia).
El delito de prevaricato (doloso) está tipificado y sancionado en el Código Penal
en los siguientes términos: “El juez que, a sabiendas, dictare resoluciones
contrarias a la ley o las fundare en hechos falsos, será sancionado con prisión de
dos a seis a años. Si la resolución dictada consistiere en sentencia condenatoria
en proceso penal, la sanción será de tres a seis años”.
Asimismo, está previsto en el Código Penal el delito de prevaricato culposo así:
“El juez que por negligencia o ignorancia inexcusables, dictare resoluciones
contrarias a la ley o las fundare en hechos falsos será sancionado con multa de
cien a un mil quetzales e inhabilitación especial de uno a dos años”.
Por otro lado, el retardo malicioso de la administración de justicia es el retraso de
la administración de Justicia por culpa imputable al juzgador (magistrado o juez).
El retardo malicioso de la administración de justicia está tipificado y sancionado
en el Código Penal de Guatemala como sigue: “Comete delito de retardo de
justicia, el juez que no diere curso a una solicitud presentada legalmente o que, a
sabiendas, retardare u ordenare retardar la administración de justicia; será
sancionado con prisión de dos a cuatro años, multa de cien mil a quinientos mil
Quetzales, e inhabilitación especial. Igual sanción se aplicará al representante del
Ministerio Público, de la Policía Nacional Civil y de la Dirección General de
Investigación Criminal que, a sabiendas, retardare la investigación penal o el
ejercicio de la acción penal”.
49
“Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía”, decía el filósofo Lucio
Anneo Séneca.
Tanto el delito de prevaricación o prevaricato como el delito de retardo malicioso
de la administración de justicia son crímenes contra la justicia, que
lamentablemente son comunes en nuestro medio y que ameritan ser perseguidos
y debidamente sancionados.
En nuestra opinión, estos hechos punibles deberían ser debidamente
establecidos tanto por el Procurador de los Derechos Humanos, porque suponen
graves violaciones de los derechos humanos, como por el Ministerio Público, a
cargo de la investigación y persecución penal”68
2. “Abolido el Prevaricato
Nuestro Código Penal tipifica en su artículo 462 el delito de Prevaricato diciendo
que lo comete el Juez que, a sabiendas, dictare resoluciones contrarias a la ley o
las fundare en hechos falsos, motivo por el cual el Ministerio Público y la CICIG
plantaron una acción de antejuicio contra el juez Mynor Moto a fin de poderle
iniciar proceso por la comisión específica de ese delito en varios procesos en los
que ha beneficiado a sindicados de casos de corrupción. Sin embargo, ayer el
pleno de la Corte Suprema de Justicia rechazó “in limine” la solicitud, enviando el
expediente al Consejo de la Carrera Judicial convirtiendo el delito en un problema
administrativo.
En otras palabras, con la decisión de la Corte se está de hecho aboliendo el delito
de Prevaricato porque cuando un juez, a sabiendas, dicte resoluciones contrarias
a la ley será simplemente objeto de un proceso administrativo, pero no de un
proceso penal como ordena el Código. Se trata, pues, de otro de los fallos
aberrantes que caracterizan a nuestro sistema de justicia y nuevamente vemos
cómo se concreta la impunidad pactada desde que las comisiones de postulación
elaboraron los listados de los magistrados de Salas y de la Corte Suprema de
Justicia.
68 Sección Opinión El Periódico, publicado el 23 de noviembre de 2017, https://elperiodico.com.gt/opinion/2017/11/23/prevaricato-y-retardo-de-justicia/
50
Ayer la comunidad internacional con embajadas en Guatemala reconocía los
esfuerzos del “Estado de Guatemala” en la lucha contra la corrupción, haciendo
énfasis en el trabajo de la CICIG y el MP. El mismo día la máxima autoridad
judicial del país demostró que no tienen ningún compromiso y que no hacen
absolutamente nada para combatir la corrupción y que, al contrario, son el
parapeto de la impunidad en el país.
Si no fuera por el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la
Impunidad, el Estado de Guatemala no hubiera merecido ninguna felicitación de
la comunidad internacional. El gobierno torpedea el trabajo del MP y la CICIG, el
Congreso emite leyes pro impunidad para proteger a los corruptos y la Corte
Suprema de Justicia decide que el Prevaricato deja de ser delito para convertirse
en un asunto administrativo. ¿Dónde queda, pues, el compromiso del Estado en
la lucha contra la corrupción?
Hemos venido insistiendo que será en los tribunales donde los corruptos serán
protegidos y arropados. Ya vimos que los diputados de las plazas fantasma
empiezan a volver a su casa como prueba para medir la tolerancia de la gente y
no tarda en llegar el día en que Baldetti y compañía hagan lo propio y, como
TCQ, demanden al Estado de Guatemala por daños y perjuicios”69
3. “CSJ salva de antejuicio al juez Moto señalado de prevaricato y retardo de
justicia
Por: Tulio Juárez
Pleno extraordinario remite el expediente a Consejo de la Carrera Judicial para
investigación administrativa sobre acusaciones del MP y la CICIG en expediente
“Bufete de la Impunidad”.
Los magistrados de la Corte Suprema han objetado hoy “in límine” –rechazo a
una acción al momento de ser presentada, por no ajustarse a las reglas o
requerimientos– la solicitud de antejuicio que por prevaricato y retardo de justicia
plantearon el 28 de noviembre el Ministerio Público (MP) y la CICIG contra el juez
69 Sección Opinión Diario La Hora, publicado el 09 de diciembre de 2017, http://lahora.gt/abolido-el-prevaricato/
51
Mynor Mauricio Moto Morataya, por sus actuaciones en el proceso de
corrupción “Bufete de la Impunidad”, relacionado al de La Línea.
El pleno extraordinario de la CSJ resolvió remitir el expediente al Consejo de la
Carrera Judicial (CCJ) para una investigación administrativa, explicó el vocero del
Organismo Judicial (OJ), Ángel Pineda, a fin de determinar si la denuncia
interpuesta por la fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en
Guatemala puede ser atribuible a las decisiones del Juzgado Tercero Penal o por
las partes procesales.
Motivaciones:
A Moto Morataya se le señala de retardo de justicia por haber atrasado más
de año y medio el cumplimiento de una orden de la Sala Primera de
Apelaciones para revocar por haber peligro de obstaculización a la
averiguación de la verdad, medidas sustitutivas favorables a una de las
sindicadas, la suspendida jueza Marta Josefina Sierra de Stalling.
Que el juez no resolvió sino hasta diez meses después el fallo de la Sala
Cuarta de Apelaciones que anuló las medidas sustitutivas que beneficiaron
a otras siete personas del proceso Bufete de la Impunidad.
El 16 de agosto pasado ordenó el sobreseimiento del caso por asociación
ilícita contra los sindicados y la clausura provisional por cohecho activo, tráfico
de influencias y cohecho pasivo, pero el MP y la CICIG sostienen que él
se basó en hechos falsos e ilegales por lo que lo señalaron de prevaricato
debido a su “interés marcado”. La Sala Cuarta de Apelaciones revocó el fallo
el 16 del mes pasado.”70
70 Sección Opinión de El Periódico, publicado el 08 de diciembre de 2017, https://elperiodico.com.gt/nacion/2017/12/08/csj-salva-de-antejuicio-al-juez-moto-senalado-de-prevaricato-y-retardo-de-justicia/
52
BIBLIOGRAFÍA
Libros:
Agudelo Ramírez, Martín, Debido Proceso, Norte del Derecho Procesal, pág. 4
Barrientos Pellecer, César, Derecho Procesal Penal Guatemalteco, pág. 60
Binder, Alberto, Introducción al Derecho Procesal Penal, Ad-Hoc, Buenos Aires
Argentina, 1993, pág. 49, 263
Clariá Olmedo, Jorge A., Tratado de Derecho Procesal, t. II, Ediar, Buenos Aires,
Argentina, 1960, pág. 110, 113, 442, 446
Creuss, Carlos, Invalidez de los actos procesales penales, Segunda edición,
Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma, 1995, Buenos Aires, Argentina,
pág. 1 a la 15, 49
Depalma, Derecho Procesal Penal, Buenos Aires, 1985, t. I, pág. 482
Depalma, Lecciones de Derecho Procesal, Buenos Aires, 1982, t. II, pág. 482
Depalma, Los frutos del árbol venenoso, publicación en Doctrina Penal, Buenos
Aires, 1986, pág. 113
Fenech, Miguel, Derecho Procesal Penal, volumen primero, tercera edición,
editorial Labor S.A., 1960, Barcelona, España, pág. 486-525
García, Alicia, “Estudios de nulidades procesales, Buenos Aires, Hammurabi,
1980
García Pindo, Gonzalo, y Pablo Contreras Vásquez, El derecho a la tutela judicial
y al debido proceso en la jurisprudencia del Tribunal constitucional chileno, pág.
257
Goldstein, Mabel, Diccionario jurídico consultor magno, edición 2013, Buenos
Aires, pág. 599
Gómez De Silva, Guido, Breve diccionario etimológico de la lengua española, 2ª
edición en español, México, D.F., 1998, pág. 489
Herrarte, Alberto, Derecho Procesal Penal. El Proceso Penal Guatemalteco,
Editorial José de Pineda Ibarra, Guatemala, 1978, pág. 261, 262
53
Hitters, Juan C., Revisión de la cosa juzgada, La Plata, Platense, 1977
Julio B. Maier, Función normativa de la nulidad, Buenos Aires, Depalma, 1980,
pág. 131, 132, 135, 136 y 141
Lascano, David, Jurisdicción y competencia, Editorial Kraft, Buenos Aires,
Argentina, 1968, pág. 366
Leone, Giovanni, Tratado de derecho procesal penal, t. I, pág. 687
Llambías, Jorge Joaquín, Tratado de Derecho Civil, Parte General, Editorial
Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1986, t. II, pág. 198, 288, 565
Manual de Derecho Procesal Penal, Plus Ultra, Buenos Aires, 1975, pág. 99
Manzini, Vicenzo, Derecho Procesal Penal, t. V, Ejea, Buenos Aires, Argentina,
1951, pág. 6
Maza, Benito, Curso de Derecho Procesal Penal guatemalteco, Primera edición,
Serviprensa S.A., 2005, Ciudad de Guatemala, Guatemala, pág. 18-21, 31, 46
Palacio, Lino Enrique, Manual de derecho procesal civil, t. I, pág. 388
Pérez Pinzón, Álvaro Orlando, Introducción al Estudio de la Casación Penal,
Editorial Temis, S.A., Bogotá Colombia, 2014, pág. 199
Recinos Ávila, Henry Manuel, Introducción al Estudio del Proceso Penal
Guatemalteco, 2ª. Edición, Guatemala, 2018, pág. 14-15, 96-99, 473
Rubianes, Carlos, Manual de derecho procesal penal, t. 1, pág. 48
Ruiz Castillo de Juárez, Crista, Teoría General del Proceso, XVII edición, 2015,
Ciudad de Guatemala, Guatemala, pág. 19, 62, 86, 89, 103
Torres, Sergio Gabriel, Nulidades en el proceso penal, segunda edición, 1993,
Buenos Aires, Argentina, pág. 57-65
Valenzuela Oliva, Wilfredo, El Nuevo Proceso Penal, Guatemala, editorial Oscar
de León Palacios, 2003, pág. 211
Vázquez Rossi, Jorge Eduardo, Curso de derecho procesal penal, pág. 77 y 78
Zaffaroni, Eugenio Raúl, Tratado de derecho penal, t.1, Buenos Aires, Ediar,
1989, pág. 128
54
Leyes:
Constitución Política de la República de Guatemala
Decreto Número 51-92, Código Procesal Penal
Decreto Número 2-89, Ley del Organismo Judicial
Decreto Número 17-73, Código Penal
Sentencias:
Casación No. 110-2006 Sentencia del 23/08/2006
Expedientes Acumulados No. 306-2001 y 306-2001 Sentencia del 19/04/2002
Consultas electrónicas:
Diccionario de La Lengua Española: http://dle.rae.es/?w=diccionario
Defecto: http://dle.rae.es/?id=C1g7xcE
Eficiencia: http://dle.rae.es/?id=EPVwpUD
Prevaricación: http://dle.rae.es/?id=U91ovyA
Probidad: http://dle.rae.es/?id=UEI8LOD
Veracidad: http://dle.rae.es/?id=baVUdTJ
Extracto del artículo en internet “No puedes mandar a la cárcel a quien no puede
mandarte a ti a la cárcel” de Ricardo Gandolfo Cortés:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiAntj
mh8zcAhXos1kKHUzlCe4QFjAIegQICRAC&url=http%3A%2F%2Frevistas.pucp.edu.pe%2Findex.php%2Farb
itrajepucp%2Farticle%2Fdownload%2F9383%2F9798&usg=AOvVaw225df_0rKFNlM83Cf0gnl7
Artículos de prensa:
Sección Opinión El Periódico, publicado el 23 de noviembre de 2017,
https://elperiodico.com.gt/opinion/2017/11/23/prevaricato-y-retardo-de-justicia/
Sección Opinión Diario La Hora, publicado el 09 de diciembre de 2017,
http://lahora.gt/abolido-el-prevaricato/
Sección Opinión de El Periódico, publicado el 08 de diciembre de 2017,
https://elperiodico.com.gt/nacion/2017/12/08/csj-salva-de-antejuicio-al-juez-moto-
senalado-de-prevaricato-y-retardo-de-justicia/