juicio contra el miem_sentencia de 1ra instancia 10 11 2014

8/10/2019 Juicio Contra El MIEM_Sentencia de 1ra Instancia 10 11 2014

1/40

DAU-0110-000380/2014

LECTURA DE SENTENCIA. En MONTEVIDEO, el da 10 de noviembre de

2014, estando en audiencia el Sr. Juez del Juzgado Letrado de Primera

Instancia en lo Contencioso Administrativo de 2 Turno Dr. DR. ALEJANDRO

MARTNEZ DE LAS HERAS, en autos caratulados BACHETTA GREZZI,

VICTOR c/ MINISTERIO DE INDUSTRIA ENERGIA Y MINERI - Accin

de Acceso a la Informacin Pblica (Art. 22 Ley 18.381) IUE N

0002-050654/2014, siendo la hora 17:30.

COMPARECENCIA

PARTE ACTORA

VICTOR BACHETTA sin asistencia letrada

PARTE DEMANDADA

MIEM, representado por las Dras Galvez y Bertini.

Se procede a dictar sentencia definitiva en autos, la que se inserta en la

presente.

IUE: Pg. 1


2/40

Para constancia labro la presente que previa lectura y ratificacin, firman los

comparecientes, despus del Sr. Juez.

DR. ALEJANDRO MARTNEZ DE LAS

HERAS

JUEZ LDO.CAPITAL

IUE: Pg. 2


3/40

SEF-0110-000094/2014 SENTENCIA DEFINTIVA

Montevideo, 10 de noviembre de 2014

VISTOS:

Para sentencia definitiva de primera instancia estos autos caratulados:

BACHETTA GREZZI, VICTOR c/ MINISTERIO DE INDUSTRIA,

ENERGIA Y MINERIA. ACCION DE ACCESO A LA INFORMACION

PUBLICA ART. 22 DE LA LEY 18.381 Fa. 0002-050654/2014.

RESULTANDO:

ANTECEDENTES DE HECHO Y ACTOS PROCESALES CUMPLIDOS

INFOLIOS.

PRIMERO. Comparece a fs. 5 y sgtes VICTOR BACHETA instaurando accin

de acceso a la informacin pblica contra el MIEM manifestando en sntesis,

que el 30-6-2014 al amparo de la Ley 18.381 presentsolicitud de acceso al

expediente 2904 relativo a la Minera Aratiri sobre el proyecto Valentines de

Extraccin y Beneficiamiento de Mineral de Hierro localizado en los

IUE: Pg. 3


4/40

Departamentos de Durazno, Florida, Treinta y Tres, Lavalleja y Rocha. La

solicitud se presentante el MIEM DIRECCION NACIONAL DE MINERIA Y

GEOLOGIA. Se form expediente administrativo y con fecha 24-7-2014 la

Asesora Jurdica dictinforme en el que sugiere no acceder a lo solicitado

fundado en la resolucin de la Direccin Nacional de Minera y Geologa Nro

122/2013 del 15-5-2013 por la cual se declara confidencial la totalidad de la

informacin contenida en el expediente relativa a los informes tcnicos

presentados por Minera AratirSA. No se cumplicon lo dispuesto en el art.

16 de la Ley 18.381 pues el acto que resuelve sobre la peticin debe emanar

del jerarca mximo del organismo o quien ejerza facultades delegadas. Por

otro lado, de acuerdo con el art. 26 de la Ley 19.126 en supuestos de

proyectos de minera de gran porte la clasificacin de informacin como

comercial compete al MVOTMA o al MIEM, no es competencia de DINAMIGE

declarar confidencial la informacin. Al da de la fecha el MIEM no ha

contestado la solicitud realizada al amparo de la Ley 18.381, por lo tanto, ha

operado silencio positivo establecido en el art. 18 de la Ley 18.381 con las

consecuencias jurdicas que la norma establece. Fundamenta el derecho y

solicita se condene a la parte demandada a que brinde acceso a la

IUE: Pg. 4


5/40

informacin dentro de los plazos establecidos en la ley.

SEGUNDO.Conforme con la estructura procesal dinamizada prevista en los

arts. 26 y sgtes de la ley 18.381, se convoca las partes a audiencia la que

luce cumplida a fs.42 y sgtes.

TERCERO. En la audiencia referida, compareci el MINISTERIO DE

INDUSTRIA, ENERGIA Y MINERIA debidamente representado por las Dras.

Galvez y Bertini quienes suscintamente al contestar la demanda sostuvieron;

que ante la solicitud de acceso a la informacin contenida en el expediente

2904/2011, la Unidad de acceso a la informacin Pblica de la DINAMIGE

dio cuenta de que en el expediente cuyo acceso se peticionaba exista la

resolucin 122/13 del 15-5-2013 por la que se declaraba confidencial la

totalidad de la informacin contenida en el mismo y relativa a informes

tcnicos presentados por la Minera AratirSA. La Asesora Jurdica del MIEM

concluyque no proceda acceder a la peticin. Se proyectla resolucin con

la conformidad con la Asesora Jurdica y fue remitida al Sr. Ministro para su

firma. El actor el da 28-7-2014 tom vista del dictamen de la Asesora

Jurdica del MIEM, por el que, se le pona en conocimiento de que la

informacin a la que solicitaba tener acceso haba sido declarada confidencial

IUE: Pg. 5


6/40

y a sabiendas de ello, lo solicitpor otra va ante la AGESIC el 10-9-2014. La

resolucin Nro 122/13 es ajustada a derecho, ya que da cumplimiento a lo

dispuesto por los arts. 123 y sgtes del Decreto 500/91 en cuanto a la debida

motivacin del acto. La Ley 19.126 es posterior al dictado de la resolucin por

DINAMIGE, por lo que, no resulta aplicable el art. 26 del cuerpo normativo

citado. Notificado de dicha resolucin, el actor con fecha 28-7-2014 no

interpuso contra la misma ningn recurso administrativo. La resolucin

dictada en legal forma clasificla informacin como confidencial. No puede el

Poder Judicial invadir la esfera de competencia de un rgano Administrativo

porque ello viola la separacin de poderes. No debe confundirse la

competencia para declarar la confidencialidad de determinada informacin

con la competencia para denegar la solicitud de acceso. El hecho de que no se

haya dictado resolucin sobre la peticin del actor en va administrativa

carece de trascendencia, pues lo que importa es que la informacin fue

previamente y en legal forma declarada confidencial, lo que impide el acceso

por terceros. La Administracin, despleguna actitud positiva, ya que, pronta

y oportunamente, solicit informacin a DINAMIGE a fin de resolver la

peticin del actor, y agregada que fue la Resolucin que le impeda hacerlo, le

IUE: Pg. 6


7/40

dio vista, con informe letrado en el que se consignaba la imposibilidad de

acceder a su peticin. Claramente, la Administracin actuen forma diligente

y responsable, conforme a lo dispuesto en la Ley 18.381, que imposibilita

autorizar el acceso de informacin declarada confidencial, mxime como en la

especie, en que la informacin proviene de terceros. Solicita la citacin a la

Minera AratirSA porque la informacin si bien la posee la demandada fue

brindada por dicha empresa. Ofrece prueba y solicita se noticie al tercero y se

desestime la pretensin con costas y costos.

CUARTO. En la audiencia cumplida se fij el objeto del proceso y de la

prueba, y se ordenel diligenciamiento de la prueba ofrecida (agregacin de

prueba documental presentada), constando que por resolucin firme SEI

0110-000068/2014 se desestimla solicitud de citacin de tercero "Minera

Aratir SA". Acto seguido alegaron las partes por su orden, citndose a

audiencia de lectura de sentencia a realizarse el da de la fecha.

CONSIDERANDO:

FUNDAMENTOS DE DERECHO Y ANALISIS DE LA PRUEBA.

PRIMERO. Determinado el del proceso en los trminos descritos a fs. 46

( Determinar si corresponde ordenar a la parte demandada MIEM a que

IUE: Pg. 7


8/40

brinde acceso al expediente Nro. 2904/2011 relativo a la Minera Aratirsobre

el Proyecto Valentines de Extraccin y Beneficiamiento de Mineral de Hierro

en los Departamentos de Durazno, Florida, Treinta y Tres, Lavalleja y Rocha

de acuerdo con la argumentacin desarrollada en la demanda... Es objeto

tambin la fundabilidad de la controversia que deduce la demandada en

audiencia...) corresponde en definitiva establecer la procedencia de la

especial accin prevista en la ley 18.381 sobre acceso a la informacin

pblica.

El art. 1 de la ley referida expresa; La presente ley tiene por objeto promover

la transparencia de la funcin administrativa de todo organismo pblico, sea

o no estatal, y garantizar el derecho fundamental de las personas al acceso a

la informacin pblica.

Como ya se ha sostenido por sta Sede en precedentes pronunciamientos

referidos a la temtica que nos ocupa, la ley citada consagra el denominado

Habeas data impropio sobre cuya conceptualizacin se ha establecido;

....como consecuencia y desprendimiento del derecho a la informacin propio

del Estado de Derecho, emerge hoy con plena autonoma el derecho de acceso

a la informacin pblica por medio de este derecho se canaliza el control de

IUE: Pg. 8


9/40

la actividad administrativa permitiendo el pleno ejercicio de la soberana del

pueblo sobre sus mandatarios y que, consecuentemente, la omisin o negativa

de la Administracin a proporcionar la informacin requerida fuerza al

interesado a acudir ante los tribunales para demandar el cumplimiento de ese

deber de la administracin....(Cfme. LA REGULACION PROCESAL DEL

HABEAS DATA BRUNO GAIERO e IGNACIO SOBA. EDITORIAL BdeF pgs. 47

y sgtes). Indudablemente el acceso a la informacin pblica es un derecho

humano fundamental de expreso reconocimiento por la legislacin nacional y

por el sistema internacional de derechos humanos como se ver, que debe ser

objeto de especial tutela cuando su limitacin por razones excepcionales, no se

encuentra debidamente justificada.

Acertadamente expresel T.A.C 1er turno en sentencia 125/2011; sobre el

derecho a acceder a la informacin pblica que es un derecho que debe

entenderse de rango constitucional por derivar de la forma republicana de

gobierno (Constitucin art. 72) y que tiene como finalidad optimizar la

transparencia de la gestin de los asuntos pblicosComo criterio

interpretativo importa consignar que, de acuerdo con la regulacin legal, toda

persona tiene derecho a acceder a la informacin de que dispongan los

IUE: Pg. 9


10/40

organismos pblicos a menos que se trate de informacin secreta, confidencial

o reservada, excepciones que son de interpretacin estricta.

Los principios que convocan el acceso a la informacin pblica, son descritos

por CARLOS DELPIAZZO quien refiere a la publicidad del obrar

administrativo, la transparencia en el actuar de la Administracin y la

participacin del ciudadano en la actividad pblica (cfme. PROTECCION DE

DATOS PERSONALES Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DR.

CARLOS DELPIAZZO (COORDINADOR) EDICION F.C.U pgs. 17 y sgtes).

PABLO SCHIAVI citando los principios fundamentales sobre acceso a la

informacin pblica desarrollados por el COMIT JURIDICO

INTERAMERICANO expresa que; Toda informacin es accesible en

principio. El acceso a la informacin es un derecho humano fundamental que

establece que toda persona puede acceder a la informacin en posesin de

rganos pblicos, sujeto solo a un rgimen limitado de excepciones, acordes

con una sociedad democrtica y proporcionales al inters que los justifica. Los

Estados deben asegurar el respeto al derecho de acceso a la informacinEl

derecho de acceso a la informacin se refiere a toda informacin significante,

cuya definicin debe ser ampliada, incluyendo toda la que es controlada y

IUE: Pg. 10


11/40

archivada en cualquier formato o medio(Cfme. EL CONTROL DEL

ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y DE LA PROTECCION DE DATOS

PERSONALES EN URUGUAY. UNIVERSIDAD DE MONTEVIDEO, pgs. 38 y

sgtes).

Los arts. 4 a 12 del decreto reglamentario 232/2010 describen los principios

vinculados al acceso a la informacin pblica, indicando; Principio de

libertad de informacin. Toda persona tiene derecho de acceder a la

informacin que obre en posesin de los sujetos obligados con la nica

excepcin de aquella clasificada como informacin reservada, confidencial y

secreta de acuerdo a lo establecido en las leyes especiales a tales efectos

Principio de transparencia. Toda la informacin en poder de los sujetos

obligados se entiende pblica siempre que no estsujeta a las excepciones

establecidas en los artculos 8, 9 y 10 de la Ley que se reglamenta.-

Principio de mxima publicidad. Los sujetos obligados deben proporcionar la

informacin de la forma ms amplia posible estando excluida slo aquella

sujeta a las excepciones sealadas en los artculos 8, 9 y 10 de la Ley que se

reglamenta.Principio de divisibilidad. Si un documento contiene

informacin que pueda ser conocida e informacin que debe denegarse en

IUE: Pg. 11


12/40

virtud de causa legal, se dar acceso a la primera y no a la segunda

Principio de ausencia de ritualismos. En los procedimientos establecidos para

el acceso a la informacin pblica se eliminarn las exigencias y ritualismos

que pudieren ser un impedimento para el ejercicio del derecho consagrado por

la Ley que se reglamenta..-Principio de no discriminacin. Los sujetos

obligados debern entregar la informacin a quien lo solicite, sin

discriminacin de tipo alguno sea en razn del carcter o nacionalidad del

solicitantePrincipio de oportunidad. Los sujetos obligados debern entregar

la respuesta acorde a la solicitud que se hubiera efectuado en tiempo y forma,

dando cumplimiento a los plazos establecidos en la Ley y en el presente

reglamentoPrincipio de responsabilidad. Los sujetos obligados sern

pasibles de responsabilidad y de las sanciones que pudieren corresponder en

caso de no cumplir las obligaciones establecidas por la Ley N 18.381, de 17

de octubre de 2008Principio de gratuidad. El acceso a la informacin

pblica es gratuito, sin perjuicio de lo establecido por el artculo 17 inc. 2 de

la Ley que se reglamenta.

En cuanto a la legitimacin activa, el art. 3 de la ley 18.381 expresa; El

acceso a la informacin pblica es un derecho de todas las personas, sin

IUE: Pg. 12


13/40

discriminacin por razn de nacionalidad o carcter del solicitante, y que se

ejerce sin necesidad de justificar las razones por las que se solicita la

informacin.

SEGUNDO. Teniendo presente las puntualizaciones efectuadas debe

considerarse que el art. 2 de la ley 18.381 sobre acceso a la informacin

pblica establece que: Se considera informacin pblica toda la que emane o

esten posesin de cualquier organismo pblico, sea o no estatal, salvo las

excepciones o secretos establecidos por ley, as como las informaciones

reservadas o confidenciales. A su turno, el art. 8 y sgtes fija las excepciones al

acceso a la informacin pblica relativa a la informacin secreta determinada

por la ley, informacin reservada (art.9) e informacin confidencial (art. 10).

La informacin reservada abarca por imperio legal; aquella cuya difusin

pueda: A) Comprometer la seguridad pblica o la defensa nacional, B)

Menoscabar la conduccin de las negociaciones o bien, de las relaciones

internacionales, incluida aquella informacin que otros estados u organismos

internacionales entreguen con carcter de reservado al Estado uruguayo C)

Daar la estabilidad financiera, econmica o monetaria del pas, D) Poner en

riesgo la vida, la dignidad humana, la seguridad o la salud de cualquier

IUE: Pg. 13


14/40

persona, E) Suponer una prdida de ventajas competitivas para el sujeto

obligado o pueda daar su proceso de produccin, F) Desproteger

descubrimientos cientficos, tecnolgicos o culturales desarrollados o en poder

de los sujetos obligados... La ley 19.178 agregel lit G al art. 9 incluyendo la

informacin que pueda "...Afectar la provisin libre y franca de

asesoramientos, opiniones o recomendaciones que formen parte del proceso

deliberativo de los sujetos obligados, hasta que sea adoptada la decisin

respectiva, la cual deberestar documentada...".

Al tipificar la informacin confidencial el art. 10 especficamente indica que

es; ....Aquella entregada en tal carcter a los sujetos obligados, siempre que:

A) Refiera al patrimonio de la persona. B) Comprenda hechos o actos de

carcter econmico, contable, jurdico o administrativo, relativos a una

persona fsica o jurdica, que pudiera ser til para un competidor. C) Est

amparada por una clusula contractual de confidencialidad. II) Los datos

personales que requieran previo consentimiento informado. Tendrn el mismo

carcter los documentos o secciones de documentos que contengan estos

datos.....

AUGUSTO DURAN MARTINEZ ensea sobre el particular; ...Como se ha

IUE: Pg. 14


15/40

dicho, hay informacin que an siendo pblica -por ser producida u obtenida

o estar en poder o bajo control de un organismo pblico no es objeto del

derecho de acceso regulado por esta ley. Estos casos excepcionales son aquellas

informaciones consideradas secretas por la ley y las que esta ley defina como

de carcter reservado y confidencial...( Cfme. DERECHO A LA PROTECCION

DE DATOS PERSONALES Y AL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

EDITORIAL AMF pgs. 104 y sgtes).

El fundamento de las excepciones legales se ubica en la propia nocin

moderna del Estado de Derecho, donde las facultades de actuacin de la

Administracin se encuentran especficamente regladas. JAIME ARAUJO

RENTERIA ha sealado al respecto que: ...El Estado de derecho parte del

supuesto de que la libertad del individuo es en principio ilimitada. Como

consecuencia de ello, el individuo puede hacer todo aquello que no le est

expresamente prohibido por la ley. En cambio, el gobernante, la autoridad,

acta siempre con competencias que en principio son limitadas. Al individuo,

al ciudadano, lo que no le estexpresamente prohibido, le estpermitido. Al

funcionario pblico, lo que no le est expresamente atribuido, le est

prohibido. Al particular le basta con saber que su conducta no estprohibida

IUE: Pg. 15


16/40

para que pueda realizarla; en cambio, al gobernante no le sirve este mismo

argumento. Para que l pueda actuar, necesita mostrar la norma que lo

faculte para actuar; si esa norma no existe, para l est prohibida esa

actuacin...la autoridad slo puede hacer lo que el orden jurdico le autoriza

a realizar...(Cfme. LOS METODOS JUDICIALES DE PONDERACION Y

COEXISTENCIA ENTRE DERECHOS FUNDAMENTALES. CRITICA. en

ANUARIO DE DERECHO CONSTITUCIONAL LATIONAMERICANO 2006,

Pgs. 853 y sgtes).

En tal sentido, el decreto reglamentario 232/2010 establece claramente los

parmetros dentro de los cuales la informacin puede catalogarse como

informacin reservada o confidencial. El art. 20 del decreto citado indica; La

documentacin clasificada como informacin reservada, de acuerdo con lo

establecido en el artculo 9 de la Ley que se reglamenta, debertener incluida

una leyenda indicativa de su carcter reservado, la fecha de su clasificacin,

su fundamento legal, el perodo de reserva y la firma de la autoridad

correspondiente. Asimismo se prevque el establecimiento de la reserva debe

realizarse por resolucin fundada de la autoridad administrativa (art. 21) y

que el listado de la informacin reservada debe remitirse a la UNIDAD DE

IUE: Pg. 16


17/40

ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA en las condiciones establecidas por la

norma (art.22). Agrega adems el art. 25; Prueba de dao.- La informacin

podr clasificarse como reservada, siempre que en la resolucin de la

autoridad responsable, debidamente fundada y motivada, se demuestre la

existencia de elementos objetivos que permitan determinar la expectativa

razonable de un dao al inters pblico protegido, de acuerdo con lo

establecido en el artculo 9 de la Ley que se reglamenta.

Sobre la informacin confidencial el decreto expresa en el art. 31; Los

titulares de los sujetos obligados debern adoptar las medidas necesarias

tendientes a otorgar seguridad en el acceso a los documentos o expedientes

clasificados como confidenciales. Para que la informacin pueda ser

clasificada como confidencial, se requerirresolucin fundada de la autoridad

administrativa competente, tanto en el momento en que se genera el

documento o expediente como en el momento en que se recibe la solicitud de

acceso a la informacin, en el caso que no se hubiera clasificado previamente.

La documentacin clasificada como informacin confidencial deber tener

incorporada una leyenda indicativa de su carcter confidencial, la fecha de su

clasificacin, su fundamento legal y la firma de la autoridad correspondiente.

IUE: Pg. 17


18/40

TERCERO. Con relacin a la procedencia de la pretensin deducida al

amparo de la ley 18.381, se estima que la aplicacin de la normativa

sustancial, en sus aspectos de forma y fondo, permite hacer lugar a la

demanda en el grado.

En el caso de autos, se requiere acceso a la informacin pblica contenida en

expediente No. 2904/2011 de la MINERA ARATIRI sobre el Proyecto

Valentines de Extraccin y Beneficiamiento de Mineral de Hierro, localizado

en los Departamentos de Durazno, Florida, Treinta y Tres, Lavalleja y Rocha.

De autos surge que la parte actora requiri la informacin objeto de la

presente accin en va administrativa con fecha 30-6-2014 (fs.2 y 27), lo que

dio mrito a la formacin del expediente administrativo Nro. 91/2014, ms

precisamente 2014-8-7-0000091 (fs. 28 y sgtes). Se encuentra admitido que

la parte demandada no se expidi accediendo al pedido o rechazndolo -

dentro del trmino legal conferido a tal efecto, de acuerdo con la ley de acceso

a la informacin pblica (art.18). Ese hecho es especficamente reconocido

por la accionada al contestarse la demanda (fs.63), aclarando dicha parte a

solicitud de la Sede al alegar de bien probado que; No existe resolucin

como surge del expediente 91/2014, lo que ssurge del mismo es toda la

IUE: Pg. 18


19/40

tramitacin de la solicitud e incluso el proyecto de resolucin que pasa la

firma del Sr. Ministro que no estfirmada, no hay acto(fs.74). Pues bien,

no puede considerarse como un hecho jurdicamente indiferente o irrelevante

que la demandada no se haya expedido mediante acto administrativo,

admitiendo o rechazando la solicitud de acceso a la informacin pblica

requerida, aunque haya proyectado pronunciarse como surge de fs.54-55,

pues ello implica desconocer la clara consecuencia, legamente prevista, que

tiene la omisin de una respuesta a la solicitud administrativa de acceso a la

informacin pblica.

El art. 18 de la ley 18.381 indica en forma difana: El organismo requerido

slo podr negar la expedicin de la informacin solicitada mediante

resolucin motivada del jerarca del organismo que seale su carcter

reservado o confidencial, indicando las disposiciones legales en que se funde.

Vencido el plazo de veinte das hbiles desde la presentacin de la solicitud, si

no ha mediado prrroga o vencida la misma sin que exista resolucin expresa

notificada al interesado, ste podr acceder a la informacin respectiva,

considerndose falta grave la negativa de cualquier funcionario a proversela,

de conformidad con las previsiones de la Ley No. 17.060 de 23 de diciembre

IUE: Pg. 19


20/40

de 1998, y del artculo 31 de la presente ley. Como se desprende de la norma

citada y sin mayores esfuerzos interpretativos puede concluirse que, si no

existe resolucin que se pronuncie sobre la solicitud de acceso a la informacin

pblica, la demandada se ubica en una situacin jurdica de deber brindar

la informacin requerida, lo que fundamenta el amparo de la accin

dinamizada. Porque el art. 18 de la ley 18.381 no habilita a tomar en cuenta

las excepciones legales relativas a la confidencialidad, reserva o secreto cuando

opera efectivamente el silencio positivo legalmente previsto.

Sobre instituto del Silencio Positivo resultante del art. 18 de la ley 18.381,

el T.A.C de 3er turno en sentencia 354/2011 del 22-11-2011 expres en

interpretacin que se considera ajustada a derecho; ha de relevar el

Tribunal una circunstancia que reduce en forma decisiva, las posibilidades de

defensa y anlisis de la obligacin rectius: deber de brindar la informacin

por parte de la Administracin demandada. En efecto, establece la ley 18.381

en su artculo 18 que vencido el plazo de veinte das hbiles desde la

presentacin de la solicitud, si no ha mediado prrroga o vencida la misma

sin que exista resolucin expresa notificada al interesado, ste podracceder a

la informacin respectivaDice la norma que el interesado podr

IUE: Pg. 20


21/40

acceder, lo que unido al acpite mencionado (silencio positivo), lleva a

concluir que la ausencia de resolucin expresa, a diferencia de lo consignado

en la Constitucin de la Repblica en relacin a la peticin administrativa

comn, supone que se accede no se deniega- la peticin. Y la accin de

corte jurisdiccional prevista en el art. 23 ausencia de expedicin dentro de

los plazos administrativos estaracotada a un control muy diverso del que

procede cuando existe negativa expresa. En esa direccin ha de verse que el

ordenamiento jurdico hace prevalecer el derecho a la informacin por sobre

la morosidad de la Administracin en pronunciarse, en aplicacin de una

especie de regla de admisin similar a la establecida en el orden procesal

cuando no hay efectiva contradiccin (V. gr. Arts. 130,339 y 340 CGP). De all

que sea trasladable al sub judice los lmites previstos en aqul instituto, y que

en lo relevante, es de establecer que se sitan en el sector indisponible del

objeto de decisin que no son otra cosa que los presupuestos procesales para

un vlido y eficaz pronunciamiento. Entonces, en un panorama como el de

autos, en el que, frente a la solicitud de informacin la Administracin

requerida no se pronuncia dentro del plazo legalmente establecido ni

despus a travs de su jerarca sino simplemente contesta la demanda en sede

IUE: Pg. 21


22/40

jurisdiccional habilitada por los arts. 22 y 23 de la ley 18.381, lo nico que

puede el rgano jurisdiccional analizar es la existencia de los presupuestos de

la accin; pues en lo dems, rige una regla establecida por la propia ley que

otorga al silencio de la Administracin la consecuencia de situarla en posicin

de deber de brindar la informacin solicitada. Y en el entendido que la

consecuencia legal prevista en el art. 18 (silencio positivo) implica una

admisin del mrito de la solicitud de informacin pblica es procedente

amparar la accin impetrada. Si no ha existido acto administrativo que

rechace la solicitud de acceso a la informacin pblica, no puede haber dos

interpretaciones sobre la aplicacin en el caso del instituto del silencio

positivo, lo que determina en consecuencia el progreso de la accin.

No obstante ello, la parte demandada MIEM ejerce su derecho defensa

basndose en que por resolucin No. 122/13 del 15-5-2013 la DIRECCION

NACIONAL DE MINERIA Y GEOLOGIA se resolvideclarar confidencial la

totalidad de la informacin contenidarelativa a los informes tcnicos

presentado por MINERA ARATIRI S.A( fs. 36). Dicha resolucin, como

surge del VISTO fue adoptada ante solicitudes de MINERA ARATIRI

S.A, indicndose en el RESULTANDO, que toda la documentacin

IUE: Pg. 22


23/40

aportada contiene informacin del patrimonio, hechos o actos de carcter

econmico, contables, jurdicos y administrativos de MINERA ARATIRI S.A

que pudieran resultar tiles para un competidor. Empero, en la parte

dispositiva de la resolucin slo se declara confidencial la informacin relativa

a informes tcnicos presentados por MINERA ARATIRI S.A sin

especificarse qutipo de informes tcnicos seran y sus respectivas temticas,

desconocindose si comprende informes de repercusin ambiental de notorio

inters general y de necesaria difusin pblica como resulta de la normativa

sustancial nacional e internacional que ms adelante se relacionar. No puede

limitarse el acceso a la informacin pblica en trminos genricos o vagos sino

que debe especificarse claramente aquellos tpicos que justificadamente se

entienden confidenciales.

Tngase presente que la ley 19.126 sobre Minera de Gran Porte publicada en

el Diario Oficial el 25-9-2013, es decir, posteriormente al dictado de la

resolucin de DINAMIGE 122/2013 del 15-5-2013, pero anterior al pedido de

acceso a la informacin pblica realizada por el actor el 30-6-2014 (fs.2),

claramente en su art. 26 inciso final establece; . En ningn caso podrser

considerada de carcter confidencial o reservada la informacin relacionada a

IUE: Pg. 23


24/40

los aspectos ambientales del proyecto. (destacado de la presente).

Pero adems, en autos se advierte el incumplimiento de lo previsto por el

decreto 232/2010 con relacin a la clasificacin de la informacin como

confidencial. De la resolucin 122/2013 (fs. 36) emerge que la declaracin de

confidencialidad, como se indic, se realiz en mrito a solicitudes

efectuadas por MINERA ARATIRI S.A(fs. 36) y no consta en estas

actuaciones que se hubiere cumplido con lo dispuesto por el art. 31 del citado

decreto que establece; Cuando los particulares entreguen a los sujetos

obligados informacin confidencial, debern sealar los documentos o

secciones en los que se contenga tal informacin. Tambin debern presentar

un resumen no confidencial breve y conciso. En caso que, la naturaleza de la

informacin impida elaborarlo, se explicitar tal imposibilidad ante la

autoridad competente. No surge de autos que se hubiere presentado un

resumen no confidencial cuya presentacin es obligatoria en caso de tratarse

de informacin confidencial, y tampoco emerge de autos que se hiciera la

salvedad relativa a la imposibilidad de su presentacin.

Las causales legales de exclusin de acceso a la informacin pblica en tanto

son excepciones de interpretacin estricta (art.8), deben emanar de la ley o de

IUE: Pg. 24


25/40

la voluntad del rgano requerido, que en el caso, no se expididentro de los

plazos legales habilitantes a tal efecto como ya se seal. Esa circunstancia de

orden formal tiene decisiva incidencia sobre el progreso de la accin en el

grado.

En otro orden, es del caso destacar tambin que la parte demandada afirma al

contestar la demanda que notificado el actor de la resolucin del 15-5-2013

(122/2013), no interpuso contra la misma ningn recurso administrativo (fs.

62). El razonamiento no es de recibo pues segn emerge de fs. 44 al actor se

lo notificde una "vista" del expediente 91/14, vista requerida en informe de

Asesora Jurdica de fs. 37. No se lo notific al accionante de ninguna

resolucin por lo cual, mal puede exigirse, para controvertir la procedencia de

la accin del acceso a la informacin pblica, el agotamiento de la va

administrativa. La interposicin de los recursos administrativos no es un

presupuesto de admisibilidad para el ejercicio de la accin al acceso de la

infomacin pblica pues la ley no lo exige (arts. 22 y sgtes de la ley 18.381).

No se comparte lo esgrimido por la demandada cuando al contestar la

demanda sostiene que la existencia de una sentencia que la condene a

suministrar la informacin requerida, supondra vulnerar el principio de

IUE: Pg. 25


26/40

Separacin de Poderes. Y ello no es as, desde que lo ordenado en el presente es

exclusivo ejercicio de funcin jurisdiccional sin vulneracin de competencias

exclusivas y excluyentes de la accionada, sino que se le impone cumplir, en

proceso judicial con todas las garantas inherentes a la estructura procesal en

trmite, con una norma (art. 18 de la ley 18.381) que la demandada ha

desconocido, sin perjuicio de la argumentacin que a continuacin se

desarrolla y refuerza la conclusin a que arriba la presente. Porque es claro

que un Juez cuando ordena al Estado a que haga o deje de hacer algo en el

caso a brindar informacin pblica no realiza una interferencia

injustificada en la esfera de competencia del mismo, y en la situacin en

anlisis, no se sustituye la voluntad del rgano accionado, simplemente se

ejerce funcin jurisdiccional ante un conflicto intersubjetivo de intereses en

aras de la proteccin de derecho humano fundamental relativo al acceso a la

informacin pblica, porque ascorresponde conforme con las resultancias de

autos y normativa aplicable, derecho que la autoridad desconoce sin motivo

jurdicamente vlido ni eficaz para hacerlo. Y ello en funcin de una clara

norma legal que lo establece en el marco de un procedimiento donde la propia

ley determina la intervencin del Poder Judicial. La decisin que se adopta no

IUE: Pg. 26


27/40

invade la esfera de competencia de otro rgano, sino que su nica finalidad

es, en cumplimiento de lo previsto por la ley 18.381, tutelar un derecho

humano fundamental de acceso a la informacin pblica cuando no son

aplicables las causales de excepcin de interpretacin estricta. En el punto no

se trata de consagrar un activismo judicial inmotivado o postular un

gobierno de los jueces sino desplegar el estricto cometido jurisdiccional de

acuerdo con lo dispuesto por los arts. 5 y 6 de la ley 15.750; Los

tribunales no pueden ejercer su ministerio sino a peticin de parte, salvo los

casos en que, segn la ley, deban o puedan proceder de oficio. Reclamada su

intervencin en forma legal y en negocios de su competencia, no podrn

excusarse de ejercer su autoridad ni an por razn de silencio, oscuridad o

insuficiencia de las leyesEs jurisdiccin de los tribunales la potestad pblica

que tiene de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en una materia

determinada. Como sostuvo el constituyente de 1830 JOSE ELLAURI, El

Poder Judicial, constituido con amplia independencia, bastar para

asegurarnos que no sern en lo sucesivo los hombres quienes nos juzguen, sino

las leyes (cita en REVISTA JUDICATURA No. 10 vol II pg. 254).

CUARTO.Por otro lado, la aplicacin de la normativa constitucional y legal

IUE: Pg. 27


28/40

de tutela de los derechos humanos en general y del derecho al acceso a la

informacin pblica en particular coadyuva al amparo de la demanda

impetrada. Si bien nuestra Constitucin carece de una norma expresa sobre el

acceso a la informacin pblica en general y en especial de la ambiental, a

diferencia de lo que sucede en la regin (por ejemplo en Argentina el art.41

de la Constitucin respectiva establece Todos los habitantes gozan del derecho

a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que

las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin

comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo.

El dao ambiental generar prioritariamente la obligacin de recomponer,

segn lo establezca la ley. Las autoridades proveern a la proteccin de este

derecho, a la utilizacin racional de los recursos naturales, a la preservacin

del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biolgica, y a la

informacin y educacin ambientales, y en BRASIL el art. 5 Num. XXXIII de

la Constitucin de la Repblica Federativa afirma todos tienen derecho a

recibir de los rganos pblicos informaciones de su inters particular, o de

inters colectivo o general, que sern facilitados en el plazo sealado en la ley,

bajo pena de responsabilidad, salvo aquellas cuyo secreto sea imprescindible

IUE: Pg. 28


29/40

para la seguridad de la sociedad y del Estado;); el bloque constitucional

de proteccin al medio ambiente resultante de los arts. 7, 47, 72 y 332 de la

Carta, fundamenta el acceso a la informacin pblica pretendida, de donde

surge implcitamente que la regla siempre es habilitar el acceso a la

informacin y la excepcin restringirla. Porque el acceso a la informacin

pblica en definitiva no solo remarca la importancia de los principios de

publicidad y transparencia en el obrar de la Administracin, sino que

constituye asimismo un instrumento que alienta e impulsa la participacin

democrtica inmanente al Estado de Derecho.

Al respecto diversas normas legales internacionales y nacionales tutelan el

derecho humano fundamental de acceso a la informacin pblica en general y

especialmente en materia ambiental.

El art. 19 de la DECLARACION UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS

aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas del 10-12-1948

indica, Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinin y de

expresin; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus

opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de

difundirlas, sin limitacin de fronteras, por cualquier medio de expresin.

IUE: Pg. 29


30/40

Por su parte el PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y

POLITICOS ratificado en el pas por la ley 13.751 expresa en el art.19, 1.

Nadie podrser molestado a causa de sus opiniones. 2. Toda persona tiene

derecho a la libertad de expresin; este derecho comprende la libertad de

buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda ndole, sin

consideracin de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o

artstica, o por cualquier otro procedimiento de su eleccin. 3. El ejercicio del

derecho previsto en el prrafo 2 de este artculo entraa deberes y

responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas

restricciones, que debern, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley

y ser necesarias para: a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputacin

de los dems; b) La proteccin de la seguridad nacional, el orden pblico o la

salud o la moral pblicas. El art. 13 de la ley 15.737 que aprueba la

CONVENCION AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (PACTO SAN JOSE

DE COSTA RICA) expresa; Toda persona tiene derecho a la libertad de

pensamiento y de expresin. Este derecho comprende la libertad de buscar,

recibir y difundir informaciones e ideas de toda ndole, sin consideracin de

fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artstica, o por

IUE: Pg. 30


31/40

cualquier otro procedimiento de su eleccin. Adicionalmente, el principio 10

de la DECLARACION DE RIO SOBRE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO

adoptada por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y

Desarrollo y que se incorpora a nuestro sistema normativo mediante las leyes

17.712 que aprueba el ACUERDO MARCO SOBRE MEDIO AMBIENTE EN EL

MERCOSUR y la ley 18.372 que aprueba el PROTOCOLO ADICIONAL AL

ACUERDO MARCO SOBRE MEDIO AMBIENTE EN EL MERCOSUR EN

MATERIA DE COOPERACION Y ASISTENCIA EN EMERGENCIAS

AMBIENTALES; establece; El mejor modo de tratar las cuestiones

ambientales es con la participacin de todos los ciudadanos interesados, en el

nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona debertener acceso

adecuado a la informacin sobre el medio ambiente de que dispongan las

autoridades pblicas, incluida la informacin sobre los materiales y las

actividades que encierran peligro en sus comunidades, as como la

oportunidad de participar en los procesos de adopcin de decisiones. Los

Estados debern facilitar y fomentar la sensibilizacin y la participacin de la

poblacin poniendo la informacin a disposicin de todos. Deber

proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y

IUE: Pg. 31


32/40

administrativos, entre stos el resarcimiento de daos y los recursos

pertinentes.

La ley 17.283 sobre PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE en su art.6 literal

F) expresa que es un principio de poltica ambiental que: La gestin

ambiental debe basarse en un adecuado manejo de la informacin ambiental,

con la finalidad de asegurar su disponibilidad y accesibilidad por parte de

cualquier interesado y que constituye un instrumento de gestin ambiental

La informacin ambiental y la sensibilizacin, educacin y capacitacin

ambiental. (art. 7 literal C).

El art. 6 lit. D) de la ley 18.308 sobre ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y

DESARROLLO SUSTENTABLE indica que constituye uno de los derechos

territoriales de las personas el hecho de que ; Toda persona tendrderecho

al acceso a la informacin sobre el territorio que posean las instituciones

pblicas..

La COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS en el ao

2000 aprobla DECLARACION SOBRE LA LIBERTAD DE EXPRESION que en

el Principio 4. establece: El acceso a la informacin en poder del Estado es

un derecho fundamental de los individuos. Los Estados estn obligados a

IUE: Pg. 32


33/40

garantizar el ejercicio de este derecho. Este principio slo admite limitaciones

excepcionales que deben estar establecidas previamente por la ley para el caso

que exista un peligro real e inminente que amenace la seguridad nacional en

sociedades democrticas.

Recientemente la ley 19.126 sobre ACTIVIDAD MINERA DE GRAN PORTE

expresamente consagra el principio de acceso a la informacin pblica relativo

a las cuestiones ambientales que involucren los proyectos vinculados a

aquella. En su art. 26 indica; El titular del proyecto de Miner a de Gran

Porte podrsolicitar al Poder Ejecutivo, respecto a la informacin que ponga

en conocimiento de este, la declaracin de carcter reservado o confidencial,

de acuerdo con lo dispuesto en el artculo 15 de la Ley No. 16.466 de 19 de

enero de 1994, y en los artculos 8, 9 y 10 de la Ley No. 18.381, de 17 de

octubre de 2008. El Ministerio de Industria, Energa y Minera, en acuerdo

con el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y

en funcin de sus competencias respectivas, resolversobre la pertinencia de

considerar dichos datos de carcter reservado o confidencial bajo resolucin

fundada. Aquellos datos que as se consideren se debern presentar en

documento separado. En ningn caso podr ser considerada de carcter

IUE: Pg. 33


34/40

confidencial o reservada la informacin relacionada a los aspectos

ambientales del proyecto. Y en los arts. 67 y 68 consagra los principios de

transparencia, difusin y participacin; El Poder Ejecutivo promoverque

el Estado uruguayo integre organizaciones internacionales que apliquen

herramientas de medicin de transparencia en relacin a la gestin de los

fondos soberanos de inversin y en las prcticas de informacin, fomentando

el logro de los mayores estndares por ellas establecidos. El Poder Ejecutivo

dispondr la contratacin de una auditora anual a efectos de evaluar el

sistema de informacin del Fondo Soberano Intergeneracional de Inversin

El Poder Ejecutivo promoverel ejercicio del derecho a la informacin y su

transparencia, as como la participacin de los ciudadanos, entre otras

formas, mediante la creacin de una Comisin de Seguimiento asociada a

todo proyecto de Minera de Gran Porte durante todo el ciclo de vida del

proyecto. La Comisin de Seguimiento serde amplia participacin y estar

integrada por representantes de la comunidad, del Gobierno Nacional,

Departamental y Municipal, constituirun mbito de participacin y recibir

informacin econmica relevante y no confidencial, ascomo informacin

ambiental relevante. Dicha informacin ser proporcionada por parte del

IUE: Pg. 34


35/40

Estado y del titular del proyecto de Minera de Gran Porte, en relacin a las

actividades, impacto y desempeo del emprendimiento..-

En el marco de la jurisprudencia de la CORTE INTERAMERICANA DE

DERECHOS HUMANOS, sta Sede ha citado en pronunciamientos anteriores,

la relevancia de la sentencia emitida en el caso CLAUDE REYES Y OTROS VS.

CHILE del 19-9-2006 donde expresel citado rgano; .La jurisprudencia

del Tribunal ha dado un amplio contenido al derecho a la libertad de

pensamiento y de expresin consagrado en el artculo 13 de la Convencin, a

travs de la descripcin de sus dimensiones individual y social, de las cuales

ha desprendido una serie de derechos que se encuentran protegidos en dicho

artculo. En este sentido la Corte ha establecido que, de acuerdo a la

proteccin que otorga la Convencin Americana, el derecho a la libertad de

pensamiento y de expresin comprende no slo el derecho y la libertad de

expresar su propio pensamiento, sino tambin el derecho y la libertad de

buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda ndole. Al igual que la

Convencin Americana, otros instrumentos internacionales de derechos

humanos, tales como la Declaracin Universal de Derechos Humanos y el

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos, establecen un derecho

IUE: Pg. 35


36/40

positivo a buscar y a recibir informacin. En lo que respecta a los hechos del

presente caso, la Corte estima que el artculo 13 de la Convencin, al estipular

expresamente los derechos a buscar y a recibir informaciones, protege el

derecho que tiene toda persona a solicitar el acceso a la informacin bajo el

control del Estado, con las salvedades permitidas bajo el rgimen de

restricciones de la Convencin. Consecuentemente, dicho artculo ampara el

derecho de las personas a recibir dicha informacin y la obligacin positiva

del Estado de suministrarla, de forma tal que la persona pueda tener acceso a

conocer esa informacin o reciba una respuesta fundamentada cuando por

algn motivo permitido por la Convencin el Estado pueda limitar el acceso a

la misma para el caso concreto. Dicha informacin debe ser entregada sin

necesidad de acreditar un inters directo para su obtencin o una afectacin

personal, salvo en los casos en que se aplique una legtima restriccin. Su

entrega a una persona puede permitir a su vez que sta circule en la sociedad

de manera que pueda conocerla, acceder a ella y valorarla. De esta forma, el

derecho a la libertad de pensamiento y de expresin contempla la proteccin

del derecho de acceso a la informacin bajo el control del Estado, el cual

tambin contiene de manera clara las dos dimensiones, individual y social, del

IUE: Pg. 36


37/40

derecho a la libertad de pensamiento y de expresin, las cuales deben ser

garantizadas por el Estado de forma simultnea. Al respecto, es importante

destacar que existe un consenso regional de los Estados que integran la

Organizacin de los Estados Americanos (en adelante la OEA) sobre la

importancia del acceso a la informacin pblica y la necesidad de su

proteccin. Dicho derecho ha sido objeto de resoluciones especficas

emitidas por la Asamblea General de la OEA. En la ltima Resolucin de 3 de

junio de 2006 la Asamblea General de la OEA insta los Estados a que

respeten y hagan respetar el acceso a la informacin pblica a todas las

personas y a promover la adopcin de disposiciones legislativas o de otro

carcter que fueran necesarias para asegurar su reconocimiento y aplicacin

efectiva el actuar del Estado debe encontrarse regido por los principios de

publicidad y transparencia en la gestin pblica, lo que hace posible que las

personas que se encuentran bajo su jurisdiccin ejerzan el control democrtico

de las gestiones estatales, de forma tal que puedan cuestionar, indagar y

considerar si se est dando un adecuado cumplimiento de las funciones

pblicas. El acceso a la informacin bajo el control del Estado, que sea de

inters pblico, puede permitir la participacin en la gestin pblica, a travs

IUE: Pg. 37


38/40

del control social que se puede ejercer con dicho acceso. El control

democrtico, por parte de la sociedad a travs de la opinin pblica, fomenta

la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de

los funcionarios sobre su gestin pblica. Por ello, para que las personas

puedan ejercer el control democrtico es esencial que el Estado garantice el

acceso a la informacin de inters pblico bajo su control. Al permitir el

ejercicio de ese control democrtico se fomenta una mayor participacin de

las personas en los intereses de la sociedad (Cfme.

http://www.corteidh.or.cr).

Por lo expuesto y fundado en la normativa nacional e internacional de tutela

de los derechos humanos, entre los cuales se encuentra indudablemente el

derecho humano fundamental de acceso a la informacin pblica, es que se

entiende procedente el accionamiento.

QUINTO.No obstante la fundabilidad de la accin instaurada, existe una

limitacin que por imperio legal debe ser aplicada en el caso. Y esa limitacin

resulta del art. 15 de la ley 16.466 sobre PROTECCION DEL MEDIO

AMBIENTE. Dicha norma expresa; Las informaciones que puedan configurar

secreto industrial o comercial del responsable del proyecto sern mantenidas

IUE: Pg. 38


39/40

en reserva por la Administracin. La citada limitacin implica la tutela de

determinada informacin exclusivamente relacionada con aspectos vinculados

al secreto industrial o comercial de la empresa respectiva, informacin que

deberser objeto de reserva por parte de la Administracin a los efectos de

cumplir con el presente fallo.

SEXTO. La conducta de las partes no amerita la imposicin de especiales

sanciones en el grado (art. 688 C.C).

Atento a lo expresado y con fundamento en la normativa citada,FALLO:

AMPARASE LA PRETENSION DE ACCESO A LA INFORMACION

PUBLICA DINAMIZADA Y EN SU MERITO, ORDENASE AL MINISTERIO

DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINERIA A BRINDAR AL ACTOR LA

INFORMACION OBJETO DE LA PRESENTE (FS.69) EN EL PLAZO DE 15

DIAS CORRIDOS E ININTERRUMPIDOS (ART. 28 LITERAL C) DE LA

LEY 18.381), CON LA LIMITACION RESULTANTE DEL CONSIDERANDO

QUINTO. SIN ESPECIAL CONDENA PROCESAL EN EL GRADO.

HONORARIOS FICTOS $U. 35.000 EN LO PERTINENTE. CONSENTIDA

O EJECUTORIADA, CUMPLASE Y OPORTUNAMENTE, ARCHIVESE.

IUE: Pg. 39


40/40

DR. ALEJANDRO MARTNEZ DE LAS HERAS

JUEZ LDO.CAPITAL

juicio contra el miem_sentencia de 1ra instancia 10 11 2014

Documents