I. PRESENTACIÓN II. ÁLVARO URIBE III. PARAPOLÍTICA IV. FALSOS POSITIVOS V. YIDISPOLÍTICA VI. ESPIONAJE VII. VIOLACIÓN DE SOBERANÍA VIII. NEGOCIADO FAMILIAR IX. SEGURIDAD DEMOCRÁTICA X. CPI XI. VOCES XII. VIDEOS

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I. PRESENTACIÓN

JUICIO A ÁLVARO URIBE VÉLEZ juicioauribe@gmail.com

Los delitos, los abusos de poder, la violación de derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario, las arbitrariedades, la insolencia, los múltiples desafueros, cometidos en el ejercicio del cargo de Presidente de la República de Colombia por Álvaro Uribe Vélez, no pueden quedar impunes, ni pueden pasar por alto en la frágil memoria de una sociedad adormecida y manipulada mediáticamente como la colombiana. Uribe Vélez pisoteó la dignidad de amplios sectores sociales y políticos de Colombia durante sus ocho largos años de gobierno (2002-2010). Desconoció sus derechos, abusó de la primera magistratura para beneficio personal e impuso a como dé lugar sus arbitrarios procedimientos al mejor estilo de los dictadores tropicales. La corrupción y el atropello fueron notas predominantes de su malhadado mandato, gracias a esas vías logró comprar a buena parte del Congreso de la República y desconocer la institucionalidad para imponer sus condiciones y caprichos. En los dos cuatrienios del gobierno Uribe, Colombia quedó sumida en la condición de "banana republic". Utilizó todo tipo de prácticas, artimañas, componendas y artificios para torcer la Constitución y la ley. Su autocracia dio para todo: sobornó congresistas para comprar su reelección en 2006 (el escándalo de la "yidispolítica"); prohijó y fue cómplice del narcoparamilitarismo que llegó a controlar prácticamente el órgano legislativo; puso al servicio de los paramilitares el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), institución además que le sirvió de instrumento para interceptar los teléfonos y celulares de dirigentes de oposición, periodistas, defensores de derechos humanos, magistrados y jueces, a quienes simultáneamente se les montó operaciones de inteligencia y seguimiento por considerarlos cómplices del "terrorismo"; fue proclive con los congresistas vinculados con la "parapolítica", los cuales en su gran mayoría, eran sus amigos y aliados; violó la soberanía de Venezuela (secuestro del guerrillero Rodrigo Granda) y Ecuador (ataque del campamento de Raúl Reyes) en su guerra contra las Farc, en la que impuso su criterio de que "todo vale", con tal de acabarlas; forzó a los militares a cometer delitos de lesa humanidad como los mal denominados "falsos positivos" para poder mostrar resultados en su estrategia bandera que denominó "Seguridad Democrática"; impulsó la delación entre ciudadanos generando un clima de crispación social; amnistió a 30 mil paramilitares y embolató las pruebas de los crímenes cometidos, extraditando a sus jefes a los Estados Unidos; entregó en forma desvergonzada la soberanía nacional al gobierno de Washington, al ofrecer por lo menos siete bases militares colombianas para uso del Comando Sur; y para completar, en el ámbito familiar, supo con habilidad favorecer a sus hijos mediante el negociado de una zona franca.

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La característica del gobierno de Uribe Vélez fue el haber actuado siempre al borde del Código Penal. Por eso el abogado y periodista colombiano Felipe Zuleta Lleras ha considerado conducente denunciarlo ante la Corte Penal Internacional, porque en su opinión, casos criminales como los de Augusto Pinochet en Chile y Alberto Fujimori en Perú, quedan pequeños frente a las graves y múltiples violaciones a la ley cometidas por el autócrata colombiano. El Observatorio Sociopolítico Latinoamericano WWW.CRONICON.NET ha considerado pertinente aportar su grano de arena a la iniciativa de Zuleta Lleras y de algunas organizaciones colombianas de derechos humanos que asumiendo un gran riesgo personal e institucional han resuelto trabajar por no dejar pasar olímpicamente tanto desafuero cometido por Uribe Vélez, y pone a disponibilidad esta Plataforma virtual con documentos, análisis periodísticos, videos, testimonios, etc., que posibiliten solidificar esta causa penal. Se trata, en definitiva, de un empeño porque se haga justicia y no haya olvido. Pero al mismo tiempo, constituye un ejercicio de largo aliento que contribuirá a generar conciencia democrática en un país como Colombia en que se carece de ella y por eso irrumpen caudillos tropicales y de pacotilla que con ímpetu mesiánico terminan horadando lo poco que se ha consolidado de civilidad y respeto por los derechos humanos.

FERNANDO ARELLANO ORTIZ Director www.cronicon.net

Agosto de 2010.

URIBE, ANTE TODO PELIGROSO Por Felipe Zuleta Lleras http://felipezuleta.blogspot.com/ EL ESPECTADOR Bogotá, agosto 8 de 2010 Jamás pensé que tuviéramos la suerte de ver salir del gobierno a Álvaro Uribe Vélez, un presidente polémico, frentero, divagador y, ante todo, peligroso. Quienes hicimos oposición al régimen de Uribe fuimos estigmatizados, tachados de guerrilleros, perseguidos, chuzados. Si hay algo que nos quedó claro después de estos ocho años, es que Uribe implantó la política del todo vale, corrió los bordes del Código Penal y las líneas de la ética y las buenas costumbres. Uribe les enseñó a los colombianos que la ley y la moral se pueden vulnerar sin aparentes consecuencias. Y digo aparentes porque no pasarán muchos meses antes de que veamos a muchos de los cercanos colaboradores del ex presidente pagando largas condenas por delitos como las chuzadas y la corrupción.

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No tengo memoria de haber visto agonía tan dramática como la del gobierno de Uribe. Los últimos tres meses fueron una pesadilla para el ex presidente. Desde el llamamiento a juicio a su ex ministro del Interior por la yidispolítica hasta la solicitud de investigación a uno de sus hijos por el caso de las notarías. A eso súmenle que le vincularon a sus colaboradores inmediatos al caso de las chuzadas. DENUNCIA ANTE LA CPI Se equivoca el ex presidente si cree que quienes le hicimos oposición vamos a dejar que todos estos casos se olviden con el paso de los días. Entre ellos por supuesto los mal llamados falsos positivos, por los que tiene que responder el propio Uribe en su calidad de comandante en jefe de las FF.MM. Esta semana anuncié que lo denunciaré ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara, comisión que procederá a absolverlo como hizo la Fiscalía con el presidente Santos. Estas absoluciones son precisamente las que nos permitirán ir a la Corte Penal Internacional con las madres de Soacha, en cuyos casos no ha habido ni una sola condena y más bien ha habido toda clase de maniobras dilatorias para que las audiencias no se realicen. Se equivocan los uribistas si creen que transmitiendo cadenas en sus chats pueden frenar que Uribe vaya a la CPI. La muerte de más de 3.000 muchachos para mostrar supuestos resultados y el cobro de recompensas no es un asunto que pueda quedar en la en la impunidad. Si nuestra justicia no opera, la internacional lo hará. Cuando uno compara la cifra de las personas muertas durante los 17 años de Pinochet en Chile (3.200) y sabe que acá puede haber más de 5.000 asesinatos entre los falsos positivos y los sindicalistas, no puede menos que denunciar estos hechos, con todos los riesgos que eso implica. Por supuesto que debo confesarles que a mí me preocupa mucho más Uribe como ex presidente, porque con su peligrosidad no me cabe la menor duda que hará todo cuanto esté a su alcance para desestabilizar el gobierno del presidente Santos, entre otras cosas para que el país crea que él era imprescindible. Y conociendo que para Uribe todo vale, es claro que quienes le hicimos oposición quedamos expuestos a peligrosas retaliaciones.

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II. ÁLVARO URIBE

CARTA DE FERNANDO GARAVITO SOBRE VINCULACIÓN DE ÁLVARO URIBE A GEORGETOWN

"SORPRENDE QUE CÁTEDRA SOBRE DEMOCRACIA CAIGA EN MANOS DE QUIEN HA EJERCIDO UN LIDERAZGO PERVERSO"

El periodista, escritor y abogado colombiano Fernando Garavito Pardo envío al presidente de Georgetown University, John J. Degioia, la siguiente misiva en la que hace algunas reflexiones en torno de la vinculación del ex mandatario de Colombia, Álvaro Uribe Vélez a ese centro de estudios superiores, regentado por la Compañía de Jesús, en calidad de catedrático sobre temas como democracia y liderazgo global.

Santa Fe, NM, agosto 20, 2010 Señor JOHN J. DEGIOIA Presidente Georgetown University Washington D.C. Apreciado señor Presidente: Noticias de prensa dan cuenta de que el señor Álvaro Uribe, ex presidente de Colombia, dictará clases en el Walsh School para Servicios Extranjeros de esa Universidad a partir del próximo otoño. El dato tiene numerosas implicaciones éticas que ignoro si han sido evaluadas en forma suficiente por Georgetown University. El señor Uribe fue Presidente de Colombia por espacio de ocho años. Durante ellos, dos frentes de la actividad pública entraron en un período crítico: el primero, la corrupción administrativa; el segundo, el atropello sistemático a los derechos de la oposición y a los Derechos Humanos. No soy un enemigo del señor Uribe. Soy, simplemente, un colombiano a quien le preocupa que la enseñanza sobre lo que es un "liderazgo global" en una de las instituciones educativas más prestigiosas del mundo, caiga en manos de quien ha ejercido un liderazgo perverso. En este momento mi hija Manuela comienza sus estudios universitarios en este país. Ella quiere participar en la vida pública de los Estados Unidos, una nación que le ha abierto con generosidad las puertas que el señor Uribe y su régimen le cerraron en Colombia. Si por alguna circunstancia ella hubiera

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entrado a Georgetown y uno de sus profesores fuera el señor Uribe, yo no dudaría un solo momento en pedirle que se retirara de esa institución. No quisiera, sobra decirlo, establecer contra él ninguna clase de censura. Por el contrario, me parece que está en la obligación de rendir cuentas sobre sus hechos, que muchos en mi país califican como "crímenes". Pero esa rendición de cuentas debe darla ante un tribunal de justicia. En Colombia se prepara ahora mismo un auto cabeza de proceso contra él, que se dirigirá a la Corte Penal Internacional. Pienso que hasta que no se decida su situación jurídica, él no puede estar al frente de una cátedra donde se imparta cualquier tipo de instrucción a quienes él mismo llama "futuros líderes". Me encantaría debatir con el señor Uribe sobre algunos de estos temas ante la comunidad universitaria. Estoy dispuesto a trasladarme a Washington cuando usted considere que ese debate puede darse. Los estudiantes tienen derecho de saber quiénes son, qué representan y qué pueden enseñar quienes van a ser sus profesores. Mi hoja de vida es insignificante frente a la que podrá mostrar el señor Uribe. Soy, simplemente, uno de los periodistas a quienes él y el régimen que impera en Colombia, condenaron al silencio. Pienso que una de las tareas que tienen las directivas universitarias es defender a la comunidad puesta a su cuidado. El nombramiento del señor Uribe como maestro de Georgetown es un peligro para la formación ética de los estudiantes. Cordialmente,

Fernando Garavito C.C. James J. O'Donnell, Provost Carol Lancaster, Dean, Edmund A. Walsh School of Foreign Service Arturo Valenzuela, Director, Center for Latin American Studies, Edmund A. Walsh School of Foreign Service Diana Owen, Program Director, American Studies Program Mark Lance, Director, Program on Justice and Peace Professor of Philosophy, Professor of Justice and Peace Georgetown University Alumni Association P. Francisco De Roux S.J. Provincial de la Compañía de Jesús, Colombia franjosederoux@gmail.com

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P. Mauricio García S.J. Director del CINEP mgarciasj@hotmail.com P. Javier Giraldo S.J. Investigador gixavsj@hotmail.com Gabriel Ignacio Rodríguez Asistente del P. General para América Latina Septentrional als-a@sjcuria.org P. Ernesto Cavassa, S.J. Presidente de la Conferencia de Provinciales de América Latina - CPAL presidente@cpalsj.org P. Alfredo Ferro, S.J. Coordinador del Sector Social de la CPAL social@cpalsj.org y alferrosj@gmail.com P. Luis Felipe Gómez Asistente del Provincial para los Apostolados en Colombia luisfelipegomezsj@yahoo.com TEXTO EN INGLÉS Santa Fe, NM, 08-20-10 MR. JOHN J. DEGIOIA Ph. D. President Georgetown University Washington, D.C. Esteemed Mr. President: Press reports indicate that Mr. Alvaro Uribe, ex-president of Colombia, will teach classes at the Walsh School for Foreign Service beginning this fall. This news has many ethical implications that I'm not sure have been sufficiently considered by Georgetown University. Mr. Uribe was President of Colombia for eight years. During these years, two areas of public policy reached critical proportions: first, administrative corruption; second, systematic trampling of the rights of the opposition and of human rights.

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I am not an enemy of Mr. Uribe. I am, simply, a Colombian who is concerned that the teaching of "global leadership" in one of the world's most prestigious educational institutions, fall into the hands of one who has exercised perverse leadership. At this time my daughter Manuela is beginning her university studies here in this country. She wants to participate in the public life of the United States, a country which has generously opened to her the doors that Mr. Uribe and his regime closed to her in Colombia. If by some chance she were studying at Georgetown and one of her professors were Mr.Uribe, I would not hesitate for one moment to ask her to withdraw from that institution. I want to be clear: I have no desire to establish any form of censorship against Mr. Uribe. On the contrary, it seems to me that he has the obligation to give an accounting of his acts, which many people in my country consider to be "crimes." But this accounting must be given before a court of law. In Colombia at the moment preliminary documents for criminal proceedings are being prepared against him to be presented to the International Criminal Court. I believe that until his legal status is determined, he should not hold a chair at any institution which offers instruction to those whom he himself describes as "future leaders." I would welcome an opportunity to debate some of these matters with Mr. Uribe before the university community. I am prepared to travel to Washington whenever you may call for such a debate. Your students have the right to know who their professors are, what they represent and what they have to teach them. My resume is insignificant compared to Mr. Uribe's. I am, simply, one of the journalists whom he and the reigning powers of Colombia condemned to silence. I believe that one of the obligations of university leadership is to defend the community placed under its care. The appointment of Mr. Uribe as a member of the Georgetown faculty is a threat to the ethical training of your students. Cordially yours,

Fernando Garavito

LA FIRMA Por Alfredo Molano Bravo El Espectador, Bogotá, agosto 8 de 2010 Con el zurriagazo a la Corte Suprema, la adjudicación a troche y moche de la Transversal de las Américas -una verdadera A.S.E. (artefactos sin explotar) de pleitos- y recitando versos de Jorge Robledo Ortiz: "Esta ruana de estirpe montañera…", deja firmada Uribe su obra de gobierno.

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Fue una larga administración autocrática, personalista y mediática; diseñada para beneficio de la minoría de más plata. Uribe fue -dudo del tiempo verbal- un gamonal clásico sin escrúpulos, un mayordomo camorrero. El gobierno estaba encima de todo por enfermiza obsesión y no por principios éticos. No quería que nada se le saliera de las riendas. A los ministros los volvió -con algún par de pataleos- secretarios, y a los secretarios, mensajeros. El costo fue altísimo: la corrupción. Tuvo que corromper para poder gobernar a su amaño. Al Congreso lo compró con notarías, puestos diplomáticos y "agüita para su gente". Teniendo en el bolsillo el 30%, lo que faltaba, lo pagó. Al que no se vendió, lo chuzó, lo sindicó y hasta en los computadores de Reyes salió. A la Fuerza Pública le dio lo que pidió: los generales andaban inclinados por el peso de las condecoraciones en el pecho; los cabos y sargentos jadeaban subiendo una lomita por exceso de calorías. A la opinión pública la tramó con la imagen de la carretera sin retenes de la guerrilla, pero con tanques de guerra. Amnistió de hecho a 30.000 paramilitares y encapsuló a sus jefes en canas gringas para permitirles cambiar crímenes atroces por paquetes de cocaína. Extraditó las pruebas. Repartió concesiones de oro, petróleo y carbón a diestra y siniestra, garantizando a los inversionistas gabelas fiscales y asegurándoles seguridad a trueque de saqueo. Instituyó, para el efecto, una política de resultados que terminó en ejecuciones fuera de combate a muchachos desempleados y discapacitados, para ajustar las cuotas prometidas. Distribuyó contratos y contraticos para enriquecer a sus adjudicatarios, siempre intermediados -y pagados- por hombres de confianza. La matonería se hizo ley: el famoso "le rompo la cara, marica" se convirtió en la fórmula final para resolver asuntos de gobierno, y el cómo voy yo (CVY), en lubricante de todo negocio que pasara por la red del poder ejecutivo. El administrador de la Ley 100 entregó un sistema de salud exhausto en manos de intereses particulares de dudosa fuente. La tierra robada por los paramilitares y sus patrones se fertilizó con regalos a cambio de votos para la reelección del patrón de patrones. Subsumió los partidos y los transformó en máquinas registradoras de subsidios. Una compra a gran escala de la voluntad popular. Gamonalismo y populismo, de un lado, y bala, por el otro, hicieron el milagro de esquinear la oposición y, sin oposición, repartir el ponqué a manos llenas y en beneficio político propio. El 80% de la popularidad con que sale Uribe costó ocho presupuestos nacionales. Deja una lección que se debería aprender bien aprendida: sin oposición fuerte, la corrupción campea, anida en toda oficina pública, se apropia de todo presupuesto y, lo más grave, necesita andar armada hasta los dientes. Queda decir, como dice la gente: aunque le vaya bien, váyase señor Presidente. ~~~ ¡Pobres turcos! Uribe fallará en el caso del asesinato de 9 voluntarios de la flotilla turca que buscaba romper el infame bloqueo israelí a Gaza.

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EL FUNDAMENTALISMO Y LA AUTOCRACIA COMO EXPRESIONES DEL PODER Por Fernando Arellano Ortiz Su campaña fue un modelo de marketing político en que la consistencia y la claridad del mensaje fueron los aspectos determinantes. Se esmeró para que ese mensaje electoral calara en la ciudadanía mediante un ejercicio didáctico en el que utilizó frases cortas, ideas simples, cifras exactas, respuestas directas, actitudes magnánimas y ademanes finos. De lo que se trataba era de "vender" a la opinión pública colombiana un líder enérgico, valiente y corajudo que no le temblara la mano para enfrentar a la guerrilla y derrotarla. Las circunstancias estaban dadas. El gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) había fracasado en su política de negociación con el grupo insurgente de las FARC y el país decepcionado que había apostado por un proceso de paz ahora cambiaba diametralmente de opinión y abogaba por la mano dura para enfrentar a la insurgencia. Aparejada a la imagen de dirigente decidido a enfrentarse a la guerrilla a la que le achacó ser la causante en gran medida del desempleo y de la mayor parte de males de Colombia, se mostró a un hombre disciplinado, estudioso, eficiente, óptimo congresista y excelente gobernador. Con esos atributos, Álvaro Uribe Vélez que cabalgó durante la campaña presidencial de 2002 sobre el desprestigio de la administración Pastrana, atacando particularmente el frustrado proceso de paz con las FARC, fue subiendo paulatinamente en las encuestas hasta terminar ganando las elecciones en franca lid. En poco tiempo la candidatura de Uribe se consolidó, pues venía de registrar algo más del siete por ciento de favorabilidad en las encuestas y faltando tres o cuatro meses para la realización de los comicios pasó a encabezarlas. Claro que para que se diera este fenómeno coadyuvaron de manera determinante los grandes medios de comunicación que prefabricaron una imagen renovada y técnica del candidato para convencer a la opinión de que el ex gobernador de Antioquia era el líder para el momento de crisis y desesperanza que afrontaba Colombia. De esta manera, Uribe Vélez logró reinventarse como alguien distinto de lo que había sido su cuestionado pasado: un político mañoso de provincia con vínculos non sanctos con los gamonales Guerra Serna, los narcotraficantes Ochoa, los dueños de avionetas, los enemigos de la extradición, el general Rito Alejo del Río, el "pacificador" de la zona roja de Urabá, y con las criticadas organizaciones de autodefensa Convivir. Esos antecedentes tanto el país político como el país nacional los conocía, pero no importaban ni importan ahora. Al fin y al cabo una sociedad pacata como la colombiana que ha convivido por más de tres décadas con la informalidad no puede escandalizarse que un dirigente de la política tradicional haya estado inmerso en ese ambiente. Más aún cuando en un país resquebrajado institucionalmente, con altos índices de

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criminalidad, de concentración del ingreso, de falta de oportunidades, de desgobierno y con una cultura del pillaje, lo normal es la informalidad. Por eso es hipócrita atacar a Uribe Vélez por sus andanzas de antaño. Lo que es criticable son sus posturas farisaicas de mostrarse como un ejemplar e impoluto dirigente y un estadista de alto coturno. Uribe es sin lugar a dudas, un buen producto de marketing que tiene la capacidad y la audacia de cautivar a la opinión. Posee un halo que le permite conquistar auditorios. Es más mensaje que contenido. Si se quiere explicar en lenguaje llano, se puede afirmar que es un eficaz culebrero paisa. A esa singular manera de engatusar se debe en gran medida su triunfo en las elecciones presidenciales de 2002, pues mientras Uribe consiguió llegar en forma directa y contundente con su discurso, sus contendores no lograron endulzar el oído a la opinión pública y se quedaron con un mensaje lleno de lugares comunes. El estilo de comunicación de Uribe y el manejo que le da a los medios electrónicos han sido eficaces. En los primeros dos años de gobierno, cuando se escribe esta crónica, su gestión es muy cuestionable por cuanto los indicadores sociales y económicos siguen siendo críticos, va por una cuarta reforma tributaria y ha polarizado al país con su empeño de reelección inmediata. Pese a ello su popularidad sigue incólume y alcanza el 75% de favorabilidad en los sondeos de opinión. CONCEPCIÓN ABSOLUTISTA DEL ESTADO COMUNITARIO Al llegar a la Presidencia de Colombia, Uribe Vélez ha buscado por todos los medios satisfacer en grado superlativo la pasión del poder, lo cual es peligroso porque dadas sus desmedidas ambiciones, puede arrojar al país al precipicio. Su empeño por quedarse hasta el 2010 en la casa de Nariño y la profundización de las políticas neoliberales muestran un cuadro más que preocupante. Sin embargo, la desinstitucionalización por el desconocimiento del Estado Social de Derecho y el desprecio por el respeto de los derechos humanos que ha ocurrido en Colombia con el gobierno de Uribe Vélez no debe sorprender a nadie y menos a los propios colombianos, habida cuenta que se conocía de antemano la concepción política de derecha así como el perfil psicorrígido del mandatario paisa y, sobre todo, la cultura caballista de la que procede. Si algo hay que reconocerle a Uribe Vélez es que tuvo franqueza desde la campaña presidencial de anunciar una estrategia de tierra arrasada para "eliminar a la guerrilla", una política de "entendimiento" con los grupos paramilitares y sumisión total a los dictados tanto de Estados Unidos como del Fondo Monetario Internacional. En definitiva, guerra y profundización del modelo neoliberal han sido las prioridades fundamentales de Uribe.

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Fueron sus propios contendores como Horacio Serpa Uribe y Noemí Sanín Posada que paradójicamente terminaron de aliados políticos, quienes alertaron a Colombia del riesgo que se cernía para la democracia del país si ganaba las elecciones presidenciales el entonces cuestionado ex gobernador de Antioquia. No en vano, la ex candidata Noemí Sanín señaló que "Si Álvaro Uribe gana la Presidencia de la República es como si ganara Carlos Castaño". (1) Y una vez en la Presidencia, Uribe muy inteligentemente designó a Noemí como su embajadora en Madrid, epicentro del uribismo en Europa hasta la derrota de José María Aznar. Por eso no debe sorprender que Uribe Vélez en desarrollo de su gobierno haya sacado a relucir su estilo autoritario, su complejo mesiánico y su claro perfil fujimorista. Uribe Vélez desde que llegó a la Casa de Nariño ha buscado reemplazar el Estado Social y Democrático de Derecho por el Estado Comunitario, una visión fascistoide de la organización política. Coincidencialmente muy similar al nombre que Hitler puso a su modelo político: "Comunidad del Pueblo". En efecto, según esa concepción del mandatario paisa, lo que Colombia requiere es reeditar el Estado absolutista hegeliano basado en elementos como el orden, la autoridad y el imperio de la ley. Dentro de esa premisa, el ciudadano existe en tanto el Estado lo reconozca, y de la garantía de los derechos se pasa a la primacía de los deberes. Y es en esa dirección que ha conducido al país, con la anuencia de los sectores más recalcitrantes de la derecha y del establecimiento colombiano. Estos sectores consideran muy compatible la política del Presidente con la grave situación de la nación, pues combina el autoritarismo con un falso asistencialismo social, en el que se privilegia la protección del gran capital y se exige la lealtad de los más pobres con discursos demagógicos y huecos que el Presidente pronuncia en reuniones de pueblo que denomina Consejos Comunales. EL RENEGADO Uribe Vélez es un renegado de la vieja política que en apariencia critica y combate. Se inició en la actividad pública ni más ni menos que en el nido clientelista de uno de los barones electorales más conspicuos en materia del tejemaneje burocrático como el dirigente antioqueño Bernardo Guerra Serna. Gracias al padrinazgo de ese barón tradicional del liberalismo de Antioquia, Uribe logró escalar los diversos peldaños de la administración pública. Aprendió tan bien la lección de los intríngulis clientelistas y politiqueros de Guerra Serna que a poco de ingresar a su movimiento le armó disidencia e hizo tolda aparte. En los diversos puestos públicos que ocupó tanto en la administración seccional de Antioquia, como en la Alcaldía de Medellín y la Aeronáutica Civil, entre otros, supo "muñequear" muy bien las diversas 1 El Tiempo, Bogotá, 24 de abril/02, página 9.

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circunstancias políticas y como buen dirigente que se respete, conoció como el que más la dinámica clientelista del sistema político y electoral colombiano. Durante la campaña y en el ejercicio del poder Uribe ha renegado de ese estilo que practicó y se ha mostrado como un cruzado contra "la corrupción y la politiquería". Desde un comienzo mostró su inclinación de gobernar con los representantes tecnocráticos y neoliberales del país frente al fracaso en la gestión pública de los dirigentes políticos. Como éstos han demostrado no tener capacidad de gestión ni credibilidad pública, razón por la que en Colombia como en otros países latinoamericanos ha hecho carrera la "antipolítica" ante la crisis de los partidos, Uribe escogió a destacados asesores y servidores del sector privado y de las transnacionales como sus inmediatos colaboradores y, para disimular ese sesgo empresarial, designó algunos ministros con trayectoria pública, más tecnocrática que política. Ese gabinete de claro tinte conservadurista funcionó medianamente gracias al respaldo electoral que obtuvo Uribe en las elecciones presidenciales. Pero comenzó a desmoronarse tras la derrota del referendo y el cansancio que mostraba un país tras el primer año de autoritarismo gubernamental. EL FUNDAMENTALISTA Perteneciente a una familia terrateniente antioqueña, educado en los mejores colegios de Medellín y en universidades extranjeras de prestigio como Harvard y Oxford, este abogado nacido en 1952, aficionado a los caballos finos y reputado como buen chalán, tiene una concepción política ultraconservadora. Durante su trayectoria pública ha defendido los intereses de los sectores oligárquicos y ha abogado por los del sector financiero. Es un convencido de las bondades de su proyecto de Estado comunitario que se sustenta en elementos como la centralización absoluta del poder ejecutivo, el control y la disminución del Congreso, el fortalecimiento del aparato militar, la restricción de las libertades públicas y la reducción de los derechos y garantías sociales. Como senador de la República sacó adelante leyes como la reforma pensional (Ley 71 de 1988), la reforma laboral (Ley 50 de 1990) y el Sistema de Seguridad Social (Ley 100 de 1993) que tienen como impronta una clara filosofía neoliberal y cuyo propósito ha estado dirigido a propiciar la más grande concentración financiera del capital tanto nacional como extranjero en desmedro de los sectores más vulnerables de la sociedad colombiana. Estas disposiciones legales y la política económica que ha impulsado Uribe desde el gobierno han servido para que los grupos monopólicos y el capital financiero internacional se hayan apoderado de los fondos privados de pensiones y cesantías, al tiempo que indujo a que la salud se convirtiera en un negocio rentable y especulativo.

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Simultáneamente con estas políticas ha desmejorado las condiciones laborales de los trabajadores colombianos, mediante lo que eufemísticamente se conoce como flexibilización laboral. Es decir, se ha empeñado en adecuar la legislación laboral a las necesidades de los esquemas neoliberales, haciendo de los trabajadores una mercancía más sujeta a las leyes de un mercado libre de ataduras legales y sindicales. Uribe ha defendido estas políticas señalando que constituyen la piedra filosofal para crear empleo. En el plano personal es irascible, autoritario, terco, absorbente, astuto y calculador. En su afán por estar en todo y en todas partes, es detallista, meticuloso, regañón, tiene el estilo de un capataz o de un mayordomo. Exteriormente muestra una imagen de bonachón y altruista, pero en el fondo es ambicioso y urdidor. En síntesis es un lobo con piel de oveja. Como para la sociedad colombiana el trabajo constituye un valor, entonces Uribe es un excelente ejemplo de laboriosidad, aunque su gestión de gobierno deja mucho que desear. Su autoritarismo y su ansia de poder le descubren sus rasgos de dictador. A semejanza de Hitler que también llegó al poder democráticamente y mantuvo altos índices de popularidad, una de sus banderas ha sido la lucha contra el terrorismo que en la época del tercer reich lo constituía el comunismo. Para atacarlo, el autócrata alemán otorgó a la Gestapo, la policía secreta, facultades jurídicas extraordinarias, tal como Uribe buscó hacerlo con el llamado Estatuto Antiterrorista que declaró inexequible la Corte Constitucional en septiembre de 2004. Otra de las políticas de Hitler fue la creación de grupos paramilitares o red de informantes como se llama en Colombia, salidos del partido nazi para que colaboraran con las autoridades en las redadas masivas que permitieran consolidar una especie de estrategia de "Seguridad Democrática". Hitler contó con el apoyo decidido y definitivo de los medios de comunicación por eso la mayoría del pueblo alemán terminó convalidando el estado de terror. Algo parecido ocurre con el mandatario paisa. En materia económica el Führer argumentaba que la crisis se debía a la presencia de extranjeros en el mercado laboral, mientras en Colombia Uribe se ha empeñado en hacer creer que los altos índices de desempleo se deben a la guerrilla y no a las políticas neoliberales que hicieron agua a lo largo y ancho de América Latina. Es un defensor a ultranza de las bondades del libre mercado y de la necesidad de mantenerles los privilegios y darles todas las garantías y exenciones tributarias a los sectores financieros y empresariales, porque según Uribe, de esta manera se puede generar empleo. En la aplicación de esta receta ha sido dogmático. Está convencido, además, de que es un predestinado, y en afirmar esa convicción ha coadyuvado su camarilla palaciega que lo ha erigido como un hombre de mando, dispensado desde lo

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alto como el restaurador de la autoridad perdida y el conductor político que le hacía falta a Colombia. EL SÍNDROME DE STALINGRADO A partir de los comicios regionales de octubre de 2003 las cosas cambiaron ostensiblemente para el gobierno de Uribe. La derrota electoral que la mayoría de los colombianos le propinaron a su referendo, que el propio mandatario y sus áulicos habían convertido en un plebiscito de respaldo a su gestión, determinó el comienzo del declive de la política del Presidente. En las altas esferas del poder político se apoderó el síndrome de Stalingrado consistente en presentir que se ha desencadenado un proceso de dificultades que puede terminar en la derrota final y en el caso del gobierno colombiano en que sea una nueva frustración más para un sector del país que vio en Uribe Vélez a su Mesías. Contaban los generales nazis de la Segunda Guerra Mundial que tras la primera derrota que sufrió el ejército alemán en Stalingrado por parte de los rusos, muchos de ellos fueron conscientes de lo que se venía era la catástrofe. Y así sucedió. Por eso es que hay quienes consideran que para Uribe la derrota del referendo es lo que a los nazis la debacle de Stalingrado. En otras palabras, el principio del fin. Y es que lo grave para la política de Uribe no fue que no hayan pasado las 15 preguntas del referendo con sus intentos de congelación salarial y pensional y todo el paquete fiscal que se buscaba imponer por esta vía, sino el rechazo frontal de una gran parte de la población colombiana a su esquema neoliberal y a sus políticas alcabaleras. Es decir, el gobierno recibió un duro golpe a la legitimidad de su proyecto político. Eso se reflejó además en el ascenso de la izquierda a las posiciones del poder local. Las consecuencias del resultado electoral no se hicieron esperar. En primer término quedó evidenciado que al gobierno de Uribe se le restó capacidad de maniobra y ello fue evidente por el cambio de estilo, pues los nuevos ministros que designó para las carteras del Interior y de Defensa son más dados al consenso, al diálogo, a las relaciones públicas en parte por su incapacidad política, lo que dista del talante de sus antecesores. El Congreso ha adquirido mayor preponderancia y ha hecho valer su poder porque Uribe requiere ahora más que nunca de su bancada parlamentaria para que le aprueben sus proyectos legislativos. El síndrome de Stalingrado ha seguido rondando en la Casa de Nariño, por cuanto que las dificultades y los tropiezos no han parado. El Presidente perdió a uno de sus más caracterizados escuderos el cuestionado ética, jurídica y moralmente ministro del Interior, Fernando Londoño Hoyos por sus arrebatos verbales. Luego no pudo imponer a su ficha política para llenar una vacante en la Corte Constitucional, lo que se consideraba clave y definitivo para la viabilidad de proyectos decisivos del gobierno. Y para rematar el año de 2004, este tribunal le declaró inexequible el draconiano Estatuto

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Antiterrorista, que era fundamental para Uribe en su política de "Seguridad Democrática". Sin embargo y pese a estos tropiezos, Uribe ha demostrado que no es fácil de amilanar y en una actitud desafiante lanzó su llamativa idea de buscar la reelección inmediata para entronizarse en la Casa de Nariño hasta agosto de 2010. EL OPUS DEI AL AUXILIO Para ello y una vez amainado el temporal tras la derrota de los comicios de octubre de 2003, Uribe quiso dar un timonazo con ayuda directa del sector empresarial que fue decisivo en su elección y determinante en la financiación de la campaña en pro del referendo. No de otra manera se puede explicar la escogencia como ministro del Interior de un dirigente gremial anodino, sin mayor enjundia intelectual como Sabas Pretelt de la Vega, miembro activo del Opus Dei y devoto acérrimo de José María Escrivá de Balaguer. A esa misma línea conservadora pertenece quien fuera su segundo ministro de Defensa, Jorge Alberto Uribe Echavarría, sacado de la entraña empresarial paisa y representante de intereses financieros transnacionales. Por eso es que en el caso de Pretelt de Vega su primera actuación como ministro del Interior estuvo enfocada a defender una criticada reforma tributaria cuyas exenciones proyectadas favorecen los grandes capitales y descarga en los asalariados, pensionados y los sectores medios de la población, el peso del ajuste. Al fin y al cabo Pretelt de la Vega y su colega de Defensa son unos experimentados comerciantes que saben tasar el bien y el mal de los negocios a su cargo, y que lo mismo pueden ayudar a crear adehalas impositivas que la compra ventajosa de las existencias de su haber, sin que la mano izquierda se percate de cuanto ejecuta la derecha. Tanto el empresariado neoliberal colombiano como el Opus Dei se han comprometido con Uribe Vélez a prestarle su concurso activo y decidido para que logre su propósito de reelección inmediata y saque sin mayores obstáculos en el Congreso medidas como la llamada Ley de alternatividad penal que no es más que un eufemismo para amnistiar a las bandas de paramilitares que por años se encargaron de hacerle el mandado de guerra sucia al Estado colombiano y dejar impunes los crímenes de lesa humanidad que han cometido. Con Uribe en la Presidencia, el Opus Dei que por muchos años ha desarrollado una labor silenciosa en Colombia, cuenta ahora con poder político pues buena parte del equipo de gobierno gira en su órbita como en los mejores tiempos de la España franquista. Además del Presidente que es simpatizante de esa organización, su ministro de Transporte, Andrés Uriel Gallego, habita en un convento del Opus Dei en Bogotá. De la misma manera han hecho gala de su estrecha vinculación a esta conocida secta de ultraderecha y de dudosas componendas políticas y financieras internacionales, además de Pretelt de la Vega, el director del Plan Colombia y de la Red de Solidaridad,

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Luis Alfonso Hoyos Aristizábal, el Jefe de Prensa de Palacio, César Mauricio Velásquez, y el ex secretario general de la Presidencia, José Roberto Arango. LA DESMEDIDA AMBICIÓN DE PODER Engolosinado con unas encuestas de popularidad que le dan un 75 por ciento de respaldo a su gestión, Uribe que se asemeja a los Pastrana por su megalomanía, se dio a la febril tarea de buscar su reelección presidencial a cualquier costo y con unas mayorías prefabricadas en el Congreso, logró reformar la Constitución para quedarse otros cuatro años en el poder. En este propósito el gobierno de Uribe no ha ahorrado esfuerzos: desconoció las reglas de juego democráticas como lo señaló el ex presidente Andrés Pastrana; compró respaldos parlamentarios a punta de burocracia y puestos diplomáticos para los familiares de los congresistas; propició la división de los partidos tradicionales; trató de manipular cifras estadísticas del DANE que dejaban mal parada su estrategia nacional de seguridad ciudadana, y comprometió a los sectores plutocráticos colombianos dueños de los medios de comunicación para que lo acompañen en esta aventura y manipulen la información. Dos analistas como el sociólogo y periodista Alfredo Molano Bravo y el ex canciller Augusto Ramírez Ocampo llamaron la atención sobre el peligro institucional que se cierne para Colombia con la pretensión reeleccionista de Uribe. Para Molano, la búsqueda de la reelección significa "el afianzamiento de una hegemonía que es bastante autoritaria y despótica. Constituye una autoelección por los métodos que se han utilizando, lo cual es una muestra de lo más clásico y chapucero de los clientelismos. El establecimiento colombiano está seguro de que es el último capítulo y que se requieren seis u ocho años para derrotar la insurgencia y que así se acaban todos los problemas sociales. Pero de esta manera se está abriendo la puerta a la dictadura". (2) Ramírez Ocampo considera que la ambición del Presidente es un antecedente muy grave para la democracia, puesto que "alterar las reglas de juego en la mitad del partido es técnicamente un golpe de Estado. Eso es como si en un partido de fútbol entre Millonarios y Santa Fe el árbitro resuelve que para el segundo tiempo Millonarios entre con cinco jugadores y Santa Fe con 22". (3) "FUJIMORIZACIÓN" Colombia, en opinión de varios politólogos, va por la senda de la "fujimorización", ya que bajo el gobierno de Uribe, se está repitiendo, política e institucionalmente la fórmula aplicada en la década de los noventa por el ex presidente peruano Alberto Fujimori.

2 Uribe Vélez está encauzando a Colombia hacia una dictadura. www.cronicon.net. 3 No se pueden cambiar las reglas del juego presidencial. Entrevista con Augusto Ramírez Ocampo, realizada por Edulfo Peña. El Nuevo Siglo, Bogotá, 10 de mayo de 2004, página 6.

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La "fujimorización" consiste en el populismo, la militarización, el ensayo de derrotar a la guerrilla, el intento de adaptar la legislación a los tiempos de guerra para permitir la acción de las Fuerzas Armadas, el recurso de optar medidas extraordinarias para evadir la institucionalidad como el referendo o el plebiscito, el intento de constituir un partido o movimiento propio que reemplace las colectividades tradicionales y el empeño obsesivo por la reelección. Institucionalmente es un camino semejante al de Fujimori. Pero el caso colombiano tiene una connotación más grave que la experiencia peruana porque es otra época. Es la época de la lucha antiterrorista internacional y de la doctrina de Seguridad del presidente Bush que permite y legitima el ataque preventivo, la invasión a países por simple sospecha y todo esto que ha sido cuestionado internacionalmente, Uribe lo ha recogido y lo ha aplicado para Colombia. La historia reciente de varios países de América Latina enseña que para que haya un proceso político progresista y de avanzada social se requiere haber pasado por dictaduras o gobiernos de ultraderecha que han sido servidores obsecuentes de Washington y la sociedad colombiana comienza recién a pagar esa costosa cuota. La crisis política y social que vive Colombia llevó a sus habitantes en el desespero y en la desesperanza a optar por un líder de ultraderecha como Uribe Vélez alineado en el concierto latinoamericano como el que más frente al gobierno de Estados Unidos. La iniciativa de reelección inmediata constituye una grave amenaza para el proceso democrático colombiano porque todo el esfuerzo hecho para fortalecer los partidos como sustancia de la democracia, se echa por tierra. Personalizar el poder antes que institucionalizarlo es un riesgo del cual se habían librado ya las democracias latinoamericanas. Al fin y al cabo el poder tiende a pervertir y los hombres que se creen providenciales como Uribe Vélez, a diferencia de las instituciones sólidas, tienen el riesgo de la fragilidad humana. Este retroceso es una clara muestra de subdesarrollo político que en el caso de Uribe se sustenta en su complejo mesiánico y caudillista, pues está convencido que él y solo él puede convertirse en el salvador de la desheredada Colombia y refleja su concepción fundamentalista, desconociendo las funestas experiencias históricas que muestran que los intentos por mantenerse en el poder a toda costa han terminado en dictadura y reventando los aparentes liderazgos de los mandatarios que han osado atreverse a tal aventura. "Un fundamentalista es, en definitiva, un integrista, alguien tan convencido de que tiene la razón que está dispuesto a imponerla a los demás, para el bien de ellos, y que no ha de reparar en métodos a la hora de hacerlo…El comportamiento mesiánico de los fundamentalistas democráticos hace que frecuentemente se deslicen hacia el populismo y la demagogia, descaros que mucho tienen que ver con el autoritarismo". (4) 4 Cebrián, José Luis. El fundamentalismo democrático, Editorial Taurus, Madrid, 2004.

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No obstante el Presidente colombiano y sus áulicos están convencidos de que tienen las mayorías populares y basan su concepto de democracia en ese hecho. Si bien la regla de la mayoría en las urnas concede legitimidad para gobernar, ello no otorga el conocimiento de la verdad revelada. La democracia es mucho más que eso. Es equivocado concebir que la democracia simplemente se limita a ser el gobierno de la mayoría. No, democracia es un sistema político, que no ideológico, que propende por el consenso general de los ciudadanos, respeta la igualdad ante la ley, el derecho de las minorías y garantiza un mínimo de oportunidades. Pero Colombia simplemente tiene una democracia de caricatura y el fenómeno político de Uribe obedece a que las tragedias sociales que afronta este país allanan el camino a la demagogia, y la historia demuestra que los demagogos nunca tienen soluciones a fondo para combatir la desigualdad, sino habilidad retórica y gestual para edificar sobre ellas poderes inexpugnables. Tomado del libro Crónicas negras del Poder, Uniediciones, Bogotá, febrero de 2006.

El Señor de las sombras

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III. PARAPOLÍTICA

POLITÓLOGA CLAUDIA LÓPEZ PRESENTÓ LIBRO SOBRE CAPTURA MAFIOSA DEL ESTADO COLOMBIANO

"CON LA PARAPOLÍTICA, COLOMBIA HA SUFRIDO TRES VECES MÁS VIOLACIONES QUE LAS DICTADURAS DEL CONO SUR SUMADAS" Por Juanita León LA SILLA VACIA www.lasillavacia.com Agosto 19 de 2010 Con motivo de la presentación de un libro sobre cómo las mafias y el paramilitarismo capturaron el Estado colombiano con la complicidad en buena medida de gobernantes de la catadura de Álvaro Uribe Vélez, la directora del portal web www.lasillavacía.com, Juanita León, realizó la siguiente entrevista con la politóloga e investigadora social, Claudia López, quien coordinó este revelador trabajo bibliográfico. Claudia López se hizo famosa con sus investigaciones sobre la parapolítica, que revelaron los vínculos entre los políticos y los paramilitares que hoy tienen encausados judicialmente a 97 congresistas. En la Feria del Libro de Bogotá lanzó el segundo capítulo de esta investigación. "Y refundaron la patria... de cómo mafiosos y políticos reconfiguraron el Estado colombiano". Es el resultado de una extensa investigación coordinada por ella pero realizada por 15 investigadores de la Corporación Nuevo Arcoiris, Grupo Método de Luis Jorge Garay, Congreso Visible, Dejusticia y la MOE. Esta es una entrevista sobre sus resultados. ¿Por qué decidió escribir este libro? Claudia López: Arrancamos porque me descrestó la teoría de Luis Jorge Garay sobre la captura y reconfiguración del Estado. Él se pregunta qué pasa cuando no es un privado el que trata de inhibir a un regulador público en beneficio de un interés económico -que es lo normal- sino que se trata de toda una estructura de poder tratando de capturar al Estado a través de la violencia. Mi pregunta es por qué si el que tiene plata y capacidad de chantaje tiene cómo capturar al Estado, los paramilitares y los narcotraficantes han sido más eficaces en esta captura que los guerrilleros. ¿Y qué descubrió? Que no basta tener armas y dinero para capturar al Estado. Hay tres diferencias que definen la capacidad sostenida de captura del Estado entre los paras, las Farc y el Eln: el capital social, la visión del poder político y su carácter pro o antiestatal.

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Es como raro pensar en capital social en relación con los paramilitares o los guerrilleros. El capital social es con quién te relacionas, cuáles son tus contactos y qué puertas te abren esos contactos. El capital social de la guerrilla es pobre, sus contactos son marginales política y económicamente. En cambio, el narcotráfico y los paramilitares son hijos del poder. Nacieron al lado de élites políticas y económicas que además les dieron cobertura legal hasta 1986. Esa enorme conexión con el poder les permite llegar a altos niveles del Estado. La guerrilla es anti-Estado mientras que los paramilitares y el narcotráfico son pro-Estado, pro capitalismo, y saben cómo operar dentro de él. ¿Y estas diferencias entre paras y guerrilleros cómo hace que sean diferentes la Farc política de la parapolítica? La Farc política consiste en matar políticos y su judicialización sigue en un parte en la impunidad. Descubrimos que entre las Farc y el Eln mataron a tres de cada cuatro políticos asesinados o secuestrados en los últimos 20 años y mientras tanto, los paras ponían candidatos únicos en las alcaldías y gobernaciones. ¿Cómo fue que operó esa captura del Estado? En la teoría de captura del Estado, se supone que el capturador es un privado que está por fuera del Estado. Pero en esta investigación concluimos que aquí la captura ha sido invertida. Han sido los legales, los empresarios, los políticos, los de la Fuerza Pública, quienes fueron a instrumentalizar a los ilegales para consolidar su propio poder. En una entrevista que le hice a Ernesto Báez, me dijo que en el 98 no daban abasto con tanta gente llamándolos y que por eso tuvieron que crear franquicias. A mí me sonó un poco fantoche. Pero en el 2007, le preguntaron a Mario Iguarán quién había buscado a quién. Su respuesta fue que luego de analizar los casos, pensaba que mayoritariamente los políticos fueron quienes buscaron a los paras. En el libro vamos departamento por departamento viendo quién buscó a quién y concluimos que fue una captura invertida. ¿Pero, por ejemplo, los políticos tenían alguna alternativa? Esa es la gran discusión de Juan Manuel López con la Corte. Pero López y su tío y su familia se habían inventado a Mancuso, que luego se les volvió una amenaza. Mancuso fue promovido por esas élites. Es lo que pasa siempre, en una alianza de este tipo el que tiene las armas termina imponiéndose sobre el que tiene capital político. Le pasó también al Partido Comunista con las Farc. Los políticos se inventaron a Jorge 40, lo financiaron; en 2002, él dijo quién podía hacer campaña y, en 2006, le cobró a sus aliados por dejarlos hacer campaña. En retrospectiva, viendo todo lo que pasó con la parapolítica, ¿se puede decir que consiguieron su objetivo?

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Mientras lo pudieron disfrutar, reconfiguraron el mapa político. Se legitimaron a través del proyecto uribista. La Corte logró sacar con ganzúa a unos pocos. El espectro político cambió de manera dramática. El país quedó en la centro derecha y se demorará muchos años allí. Hay posibilidades de cambiar porque en la política nada es estático. ¿Cuál fue la magnitud de la captura? ¿Somos un Estado mafioso? Con los datos judiciales, lo que se ha conocido a través de los procesos de Justicia y Paz y de la Corte Suprema, es razonable concluir que una tercera parte de los cargos de elección popular tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo han sido capturados por los ilegales. No es un narco-Estado pero tampoco se trata de unas cuantas manzanas podridas. ¿Cuál fue el rol que jugó Uribe en todo esto? No hay pruebas que hasta ahora lo vinculen directamente con estructuras ilegales. Pero es claro que todos los ilegales de derecha se insertaron en su proyecto político y él no hizo nada para evitarlo. Ocho de cada 10 parapolíticos eran de su coalición. En el libro, Francisco Gutiérrez demuestra estadísticamente que el Uribismo atrae a más ilegales. ¿Pero es porque los ilegales se ven atraídos hacia el que tiene el poder o hay algo estructural en el uribismo que los atrae? Hay una convergencia de intereses políticos y económicos. Uribe podía elegir con quién gobernar y él hundió todas las reformas que los hubieran castigado. Él les dio un recibimiento deliberado y activo. Les dio el Das y el Incoder. En muchas instancias nacionales pero con representación regional, también les dio participación: la Universidad de Córdoba, varias corporaciones autónomas regionales. ¿Cómo se explica que esto sea así y al mismo tiempo haya propiciado la desmovilización de los paramilitares, y que tantos parapolíticos hayan terminado tras las rejas durante su mandato? El mérito de Uribe fue legitimarlos incorporándolos en su fuerza política o desmovilizándolos. No entiendo cómo se legitiman extraditándolos. Estás pensando en los narcoparas como si fueran el virus. Lo que dice la Corte Suprema de Justicia es que son estructuras organizadas de poder. Por ejemplo, Álvaro García está preso y su socio militar, Cadena, está desaparecido. Pero su estructura de poder se reinventó. No importan los nombres de las personas, sino la estructura de poder. Los políticos pueden reinventarse. ¿Cómo funcionan exactamente esas estructuras de poder?

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En el libro rearmamos las estructuras de poder de los congresistas que han sido investigados por parapolítica. Rastreamos su trayectoria electoral entre 1997 y 2007. ¿A qué alcaldes, a qué gobernadores habían apoyado? Y una vez elegidos, ¿a quién apoyaban? No todos eran bandidos, pero da una idea de la capacidad de penetración política del investigado. Mostramos cómo fueron mutando. ¿Es hoy Colombia un país más mafioso que hace 10 años? Sí, claro. Lo medimos desde 1982, cuando Pablo Escobar llega al Congreso con 16.650 votos., menos del 0.2 por ciento del Senado en esa época. Medimos cómo fue creciendo la representación de la mafia. Pasamos al 8.000, cuando tenían entre el 12 y el 16 por ciento de las curules, a la parapolítica, donde tenían el 35 por ciento del Senado. Se triplicaron. El libro acaba en el 2009. En las últimas elecciones, la mafia no logró crecer su representación política en el Congreso. Los congresistas investigados tenían candidatos para ocupar el 40 por ciento del Senado, pero solo consiguieron el 29 por ciento de las curules. Por primera vez desde 1982, no pudieron crecer. ¿Qué cambió? ¿Cómo se explica esa buena noticia? Ha cambiado el nivel de control judicial y social. La justicia se les atravesó. La Fiscalía, con los procesos de Justicia y Paz, y la Corte Suprema de Justicia con la judicialización de los parapolíticos y sobre todo la Corte Constitucional que frenó los proyectos de ley con los que pensaban reconfigurar el Estado. ¿Qué hicieron realmente en el Congreso los parapolíticos? Elizabeth Ungar con Congreso Visible encontró que los parapolíticos no tuvieron iniciativa como bancada legislativa. No fueron más activos ni más exitosos en pasar sus proyectos de ley y no encontró una diferencia sustancial entre la actividad de los congresistas investigados y los no investigados. Entonces, ¿a qué fueron al Congreso? Descubrimos que son una bancada en su condición de uribistas. Si bien eran el 35 por ciento del Senado, constituían el 53 por ciento de la bancada uribista en esa coporación, es decir eran mayoría. Y una mayoría que para cualquier gobierno es un paraíso. No hablan, no sugieren, votan lo que el ministro les diga. Lo que los convierte en una bancada capaz de reconfigurar la política es ser parte estructural de la bancada de gobierno. Estudiamos ocho leyes en las que tenían interés: las cuatro de economía agraria, la de Justicia y Paz, las dos reformas políticas y la reelección. Cuando se escudriña el trámite de estas leyes de iniciativa gubernamental lo que ocurre es que se aprobaban normas cuya aplicación podía beneficiar tanto los intereses legales como los ilegales. Las leyes que abiertamente beneficiaban a los ilegales se hundieron, como la de Rocío Arias para eliminar la extradición. Pero cuando metieron la suspensión de la extradición dentro de Justicia y Paz, que era iniciativa del gobierno, ahí sí pasó. ¿Cómo es esa patria refundada por ellos?

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Es una sociedad que pasó de la intolerancia a la legitimación de los ilegales; es de centro derecha incluida la derecha ilegal; la porción de país que se ha beneficiado del narcotráfico logró legitimarse, con el discurso anti-Farc y anti-izquierda. Una tercera parte de los enemigos de la democracia está adentro. Hace más daño una tercera parte agazapada dentro del Estado que un Estado abiertamente tomado por una dictadura, por lo menos en términos de vidas. Ciento sesenta y cinco mil colombianos pagaron con su vida este chistecito. Tuvo costos humanitarios y de corrupción brutales. En ese proceso de 20 años, Colombia en democracia sufrió tres veces más violaciones que las dictaduras del Cono Sur sumadas. Ellos tuvieron 10 mil desaparecidos, Colombia 31 mil. Ningún otro país del continente, ni siquiera Guatemala, ha registrado 1.300 masacres. En términos de corrupción, los economistas dicen que el narcotráfico representa dos puntos del PIB en Colombia. Si uno suma los estimativos de la Contraloría sobre lo que le cuesta la corrupción a Colombia equivale a entre 1,1 y 1,5 por ciento del PIB. Es un negocio tan rentable como el narcotráfico. Es el resultado de usar su posición aventajada dentro del Estado. Garay tiene la teoría de que hay una integración vertical entre la corrupción y el narcotráfico. ¿Cómo así? Sí, la corrupción se ha vuelto una forma de lavado de capitales del narcotráfico. Antes, construían un edificio con los dólares negros. Pero si logran hacer una troncal mediante una concesión, es mucho más eficiente para lavar dinero. Una zona franca puede lavar miles de millones de pesos y descubrirlo es muy difícil. ¿Para qué hicieron todo esto? Hay intereses convergentes pero separados. Uno se pregunta qué lleva a Caballero, a Vives o Araújo a hacer eso si ellos ya tenían poder, ya eran la élite. Nuestra hipótesis es que era una resistencia a las reformas democráticas de la Constitución de 1991, una reacción para mantener el status quo y no ceder poder. La circunscripción nacional del Senado amenazaba los feudos regionales; el Senado se redujo de 114 curules a 100; no sólo competían entre los que ya estaban sino que cualquiera podía crear un partido polítitico. Y además, los ciudadanos, a través de la tutela, podían exigir derechos. Todo esto amenaza su poder. En un libro que encontraron de Jorge 40, él decía textualmente que cuando fue a una instrucción, le explicaron que la Constitución era comunista. Su otro objetivo era no dejar modificar el régimen de tierras. Y encima, creían que la guerrilla se iba a tomar el poder por las armas o a través de la negociación del Caguán. La última razón es que cada vez hay más crímenes que necesitan impunidad. No puedes soltar el poder político, porque lo necesitas para influir sobre lo judicial para asegurarte impunidad. ¿Qué representa Santos en todo esto?

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Dentro de ese proyecto de derecha, una visión más moderna, más global. A los del PIN los trata como a la amante, y eso les quita poder. Mientras que Uribe fue a condecorar al gobernador Abadía ya destituido, Santos no se va a reunir con ellos. Los usan, pero como diría Turbay, "en sus reales proporciones". Si el centro derecha legal tiene sentido de clase y de supervivencia tiene que hacer este proceso o si no, los otros los pueden sustituir como élite. ¿Qué viene ahora? Yo creo que en estas elecciones se da una reconfiguración de fuerzas al interior del proyecto de centro derecha. Los de la derecha legal ganaron las elecciones. Uribe tenía razón en que él era el único que podía perpetrar ese proyecto unido de la derecha legal e ilegal. El candidato que se pidió representar esa unidad era 'Uribito' pero perdió. Santos era el Plan C. Pero ha dado muestras de distancia de ese proyecto muy rápido. En el Congreso lograron menor representación. Eso lo que demuestra es que todos los artículos periodísticos, todos los libros, todas las sentencias sí han servido. ¿Qué significa personalmente para usted este libro? Como investigadora me da satisfacción porque me topé con la parapolítica por casualidad. Así descubrí los nombres de la punta del iceberg. Pero con este libro entendí el iceberg. Pero lo malo de ser una investigadora es que uno responde una pregunta y termina con otras dos. ¿Y cuál es la pregunta más grande con la que se queda? La relación entre el narcotráfico y la corrupción. También hay un tema que tiene que ver con la participación de un sector de la fuerza pública en todo esto. Es una caja negra y si la sociedad no enfrenta la impunidad de ese sector se puede reproducir otra guerra, en parte para mantener la impunidad. Esta guerra se acaba no solo desarmando a las Farc sino también a ese sector militar vinculado al paramilitarismo.

LA PARAPOLÍTICA EN COLOMBIA: DELITOS EN IMPUNIDAD Parapolítica es el nombre con el que se le conoce al escándalo político desatado en Colombia a partir de 2006 por la revelación de los vínculos de políticos con paramilitares, con posterioridad al proceso de desmovilización que adelantaron varios de los grupos que conformaban las Autodefensas Unidas de Colombia. En Colombia se les llama paramilitares a los grupos armados ilegales de extrema derecha que se autodenominan como autodefensas y que están generalmente ligados al narcotráfico. Según las investigaciones varios dirigentes políticos y algunos funcionarios del Estado, en su inmensa mayoría de la coalición del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, se beneficiaron de estas alianzas por medio de la intimidación y la acción armada de los grupos paramilitares contra la población civil, algunos habrían presuntamente

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alcanzado cargos en alcaldías, concejos, asambleas municipales y gobernaciones así como en el Congreso de la República y otros órganos estatales. A su vez algunos de los políticos desde sus cargos habrían desviado dineros para la financiación y conformación de grupos armados ilegales y habrían filtrado información para facilitar y beneficiar las acciones de estos grupos dentro de las que se incluyen masacres, asesinatos selectivos, desplazamiento forzado entre otras acciones criminales con el objetivo de extender su poder en el territorio nacional. El escándalo se ha desatado en medio de revelaciones de medios de comunicación, sectores políticos e investigaciones judiciales que han terminado con la detención de varios congresistas y otros políticos en ejercicio dando lugar a fuertes debates y controversias que han polarizado la opinión pública. La vinculación al proceso de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación y de la Corte Suprema de Justicia de funcionarios y políticos cercanos al presidente de la República, Álvaro Uribe, han afectado las relaciones internacionales de este gobierno con el Congreso de los Estados Unidos y con diferentes organizaciones de Derechos Humanos, a la vez que se ha generado un fuerte enfrentamiento entre la Corte Suprema de Justicia y el presidente Uribe quienes se han acusado mutuamente de conspiración. Igualmente se ha cuestionado la legitimidad del Congreso de la República debido al creciente número de Congresistas implicados en el escándalo. Desde agosto de 2008 la Corte Penal Internacional está estudiando los procesos judiciales dentro del escándalo. PACTO DE RALITO El Pacto de Ralito, uno de los procesos más sonados dentro de este escándalo, es un documento que involucra a varios parlamentarios, ex parlamentarios, alcaldes, gobernadores y otros funcionarios públicos en un acuerdo con las AUC para "refundar la patria". Hoy la mayoría de los firmantes se encuentran en la cárcel acusados del delito de concierto para delinquir agravado aunque algunos de los involucrados pidieron ser juzgados por el delito de sedición, iniciativa que no prosperó. El documento fue firmado en el año 2001 en un encuentro entre el Estado Mayor de la Autodefensas y siete representantes a la cámara, cuatro senadores, dos gobernadores y cinco alcaldes. Se conoció sobre la existencia del documento después de que el senador Miguel De la Espriella, uno de los firmantes, revelara su existencia a finales de 2006 por órdenes de Salvatore Mancuso; el texto del documento solo fue conocido en enero de 2007 tras declaraciones de Jorge 40 durante el sometimiento al proceso de Paz con el gobierno. De acuerdo a investigaciones publicadas por el Diario El Espectador, el pacto estaba enmarcado dentro de una estrategia de las AUC para consolidar una alianza de fuerzas al margen de la ley bajo la financiación del narcotráfico y concretar, a futuro, la toma del poder político, inicialmente en la Región Caribe para más tarde consolidarse a nivel nacional. Según el informe, dicha estrategia se denominó "El Plan Birmania", haciendo referencia a lo sucedido en Birmania (hoy Myanmar), país asiático donde se estableció una dictadura militar y se le señala como uno de los ejes del denominado "Triángulo de

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oro" entre Laos, Myanmar y Tailandia, por el cultivo de la amapola, la producción de opio y la fabricación de heroína. Carlos Castaño se negó a respaldar la iniciativa y reiteró las objeciones que ya venía haciendo en contra de los entonces líderes del Bloque Central Bolívar de las AUC, Iván Roberto Duque alias Ernesto Báez y Carlos Mario Jiménez alias Macaco, por sus nexos con la producción de drogas ilícitas. Además informó a sus hombres de confianza de las intenciones de algunos de los jefes, a fin de buscar respaldo a su negativa a la alianza. A través de declaración pública, el miércoles 30 de mayo de 2001, Carlos Castaño Gil dijo: "Compañeros de causa, somos en las AUC, amigos y respetuosos de las instituciones del Estado. Este principio es inviolable. Respétenlo. Renuncio irrevocablemente a mi cargo otorgado por ustedes". LISTA DE FIRMANTES DEL ACUERDO DE RALITO Este es el listado de los firmantes del pacto de Ralito. Se especifica el cargo que ocupaban los dirigentes políticos el 23 de julio de 2001, fecha en la que se firmó el documento. JEFES PARAMILITARES Salvatore Mancuso (Santander Lozada) Diego Fernando Murillo (Don Berna) Edward Cobo Tellez (Diego Vecino) Rodrigo Tovar Pupo (Jorge 40) POLÍTICOS COMPROMETIDOS José María López Gomez "Mono López (Gobernador de Córdoba) Salvador Arana Sus (Gobernador de Sucre) Reginaldo Montes (Representante a la Cámara por Córdoba) Luis Álvarez (Suplente Cámara de Representantes por Córdoba de Reginaldo Montes) Jaime García (Director de la Corporación Autónoma de los Valles del Sinú y San Jorge) Álvaro Cabrales (ex Diputado conservador de Córdoba) Sigifredo Senior (Alcalde de Tierralta, Córdoba) Alfonso Campo Escobar (Representante a la Cámara por el Magdalena del partido Conservador) José María Imbeth (Representante a la Cámara por el partido Conservador) William Montes (Senador por Bolívar. Conservador) Rodrigo Burgos de la Espriella (Senador Conservador) José Pepe Gnecco (Senador Bolívar) Luis Carlos Ordosgoitia (Representante a la Cámara por Córdoba) Fredy Sánchez (Representante a la Cámaras por Córdoba) Miguel de la Espriella (Representante a la Cámara por Córdoba) Eleonora Pineda (Concejal de Tierralta) Marciano Argel (Secretario de Planeación de Córdoba) Wilmer Pérez (Alcalde de San Antero)

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José de los Santos Negret (Gerente del Partido Conservador) Germán Ortiz (Asesor Alcaldía de San Antero) Remberto Montes (Representante a la Cámara por Córdoba) - Anulada la firma Juan Manuel López Cabrales (Senador Liberal) Luis Saleman (Ex alcalde de San Onofre Sucre) Sabas Balserio (Alcalde de San Onofre) Edwin Mussi (Alcalde de Ovejas, Sucre) Felipe Quedaga (Funcionario de la alcaldía de Ovejas, Sucre) CIVILES CON NEXOS PARAMILITARES Antonio Sánchez (Periodista) Rodolfo Vargas (Funcionario alcaldía de Sincelejo) José Luis Feris (Ganadero) Víctor Guerra (Ganadero) Alfredo Padilla Eljach ( Aspirante a Alcaldía Pueblo Nuevo ) Ricardo Barrera Gallón ( Alcalde Electo Pueblo Nuevo)

Balance de la parapolítica

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ENTREVISTA CON JAVIER GIRALDO, SACERDOTE PERSEGUIDO Y ESTIGMATIZADO EN COLOMBIA

"GOBIERNO DE URIBE DIO ESTATUS POLÍTICO AL NARCOTRÁFICO Y AL PARAMILITARISMO" Por Fernando Arellano Ortiz www.cronicon.net Marzo de 2009

los congresistas que hacen

Su voz de denuncia y sus acciones categóricas en defensa de los derechos humanos y de los sectores marginados de la población le han valido la persecución de los sectores de derecha en Colombia. Sus afirmaciones son contundentes. En esta entrevista con WWW.CRONICÓN.NET, es enfático en señalar que el gobierno de Álvaro Uribe Vélez ha sido condescendiente con el narcoparamilitarismo, hasta el punto que le dio "estatus político", habida cuenta que la gran mayoría de parte de su bancada parlamentaria se encuentran en la

cárcel o son procesados judicialmente por el fenómeno que se conoce como la "parapolítica". Las represalias por atreverse a opinar abiertamente no se han hecho esperar. Los sectores militaristas y el propio gobierno de Uribe han desplegado una serie de acciones políticas y de persecución judicial en contra del sacerdote jesuita y sociólogo Javier Giraldo Moreno. En la actualidad cursan en su contra tres procesos judiciales que buscan, por una parte, vincularlo con grupos armados al margen de la ley, y por otra, silenciar sus denuncias acusándolo de cometer injuria, calumnia y falsa denuncia, y de esta manera, estigmatizarlo ante la opinión pública nacional e internacional. En uno de los procesos judiciales se ha ordenado vincular a este sacerdote a la investigación penal mediante indagatoria por parte de la Fiscalía 216 seccional. Giraldo Moreno es vicepresidente de la Liga Internacional por los Derechos y la Liberación de los Pueblos, una organización con estatuto consultivo ante Naciones Unidas; además, es coordinador del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep). Con una trayectoria como activista de derechos humanos de más de 30 años, acompaña varias comunidades víctimas del terrorismo de Estado y es reconocido a nivel nacional e internacional por sus denuncias, reflexiones e inquietudes. INQUIETANTE DENUNCIA Es inquietante y a la vez sorprendente que el proceso penal que se ha iniciado en su contra se sustente en una denuncia presentada por el teniente coronel del Ejército

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Néstor Iván Duque, oficial que ejercía el mando operacional de las tropas que ejecutaron el 21 de febrero de 2005, la masacre en contra de ocho personas de la Comunidad de Paz de en la población San José de Apartado, en el departamento de Antioquia. Duque en múltiples oportunidades ha sido señalado por el padre Giraldo como uno de los responsables de ese atroz delito. Por eso es que las organizaciones de derechos humanos han señalado que es más que preocupante que la Fiscalía otorgue credibilidad al citado oficial, quien solicitó permiso de los paramilitares, según relato de Hebert Veloza, alias "H.H.", uno de los líderes de las autodefensas, para asesinar a uno de los testigos de la masacre. La denuncia del teniente coronel se presentó coincidentemente, 40 días después de ejecutado este crimen en contra de la comunidad. MASACRE PLANIFICADA El padre Giraldo en diálogo con este Observatorio Latinoamericano, señala en forma enfática que esta fue una masacre del Ejército perpetrada conjuntamente con paramilitares que estaban comandados por alias don Berna. Además, agrega, "fue planificada y obedecía a la Operación Táctica Feroz, dentro de un operativo más amplio que se denominaba Fénix, comandado por el coronel Néstor Iván Duque, acusado por torturas contra miembros de la comunidad". "Dentro de esa masacre se descuartizó a un niño de 18 meses, y a sus dos hermanitos: de de cinco y diez años de edad", denuncia Giraldo, pero lo más grave es que "la línea de investigación estaba trazada por el Ejército" para tapar los móviles de tamaño delito y acusar de su autoría a la guerrilla de las Farc. "Gracias a la Procuraduría y la presión internacional se logró esclarecer el caso. Esa presión llevó a la Fiscalía a actuar como debía actuar porque durante dos años no quiso hacerlo", afirma el sacerdote jesuita. INSTITUCIONALIZACIÓN DEL PARAMILITARISMO - ¿El paramilitarismo se ha acabado en Colombia como afirma el gobierno del presidente Álvaro Uribe? - De ninguna manera. El paramilitarismo hay que analizarlo a lo largo de toda su trayectoria que tiene diversas fases y etapas, para resumir considero que la etapa en que nos encontramos ahora es la de su legalización e institucionalización porque todas las desmovilizaciones que ha habido de paramilitares son ficticias. Los paramilitares han regresado a su accionar, no han sido tocados por la justicia. La Ley de Justicia y Paz aún no da frutos y se ha quedado muy corta frente a las confesiones que muchos de ellos han hecho, pero lo peor es que la gente que fue indultada por la Ley 782, alrededor de 20 mil que nunca utilizaron su propio nombre porque ese era una de las

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condiciones, acudieron a nombres ficticios, por lo tanto nunca van a ser investigados por la justicia. - Usted ha manifestado que en el gobierno de Uribe se le ha dado estatus político al narcotráfico. ¿En qué sustenta esta afirmación? - Es muy conocido el hecho de que la inmensa mayoría de los líderes paramilitares que se acogieron a la Ley de Justicia y Paz están ligados con el narcotráfico. El mismo Carlos Castaño dice que esa fue su principal contradicción con el resto de los jefes paramilitares y por eso seguramente lo mataron. Es que la mayoría de los comandantes eran capos del narcotráfico y muchos de ellos compraron las comandancias por miles de millones de dólares para poder aprovechar los beneficios de la Ley de Justicia y Paz. Además, una de las fuentes de su financiación más importantes fue el narcotráfico y todos sabemos que Castaño y varios de sus compañeros lucharon mucho porque se le diera estatus político al paramilitarismo y Uribe se lo concedió, por eso yo afirmo eso. - También ha señalado usted que Colombia vive un "proceso de neofascismo" ¿A qué atribuye ese fenómeno? - El modelo que estamos viviendo actualmente en el de un excesivo gasto militar que ha permitido que el pie de fuerza se haya multiplicado como lo demuestran algunos estudios como el del rector de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, José Fernando Isaza. Más del 80% de los puestos públicos es para fuerza armada y si a eso le sumamos la fuerza del paramilitarismo y una fuerza que ha creado el gobierno del presidente Uribe que es un paramilitarismo 'más decente', por llamarlo de alguna manera, como las redes de informantes y de cooperantes, y el nuevo estatuto para las compañías de seguridad privada que agrupan centenares de miles de personas, podemos decir que todo este componente hoy día controla a la población civil en Colombia. Al mismo tiempo no se permite el accionar de los movimientos sociales sino que sutilmente se los está deslegitimando, estigmatizando y exterminando ya sea por la vía del asesinato o por otras vías. Yo he seguido muy de cerca la historia de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó a la que le han asesinado cerca de 200 líderes y ahora el Estado quiere destruirla por otras vías: por la vía jurídica o la económica, sobornando a cantidad de campesinos con el propósito de que se salgan de la Comunidad para lo cual el Gobierno les da millones de pesos para que reactiven sus fincas; en fin, son muchas las maneras que tiene para el control de la población civil. - ¿Y a qué atribuye el alto nivel de popularidad de Álvaro Uribe? - El Presidente ha sabido manejar bien al hombre-masa, las masas y la sicología de las masas. Pero, además, ha tenido una buena relación con poderes mundiales, como por ejemplo haber logrado una importante interlocución con el anterior gobierno norteamericano; y uno de los factores más importante de su popularidad es el manejo que ha tenido de los medios masivos de comunicación. Realmente el problema tanto de la información como de la comunicación se ha vuelto neurálgico para una democracia y

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en el caso colombiano existe una democratización mínima de los medios, los cuales son muy controlados. - ¿Usted se siente estigmatizado por la labor de defensa de los derechos humanos que realiza en Colombia? - He sido tan estigmatizado que en más de una oportunidad me he visto obligado a salir del país.

Uribe, empresarios y clérigos, parte de una cadena criminal: Iván Cepeda

Blanche Petrich Periódico La Jornada, México, D.F. Martes 15 de junio de 2010 Bogotá, 14 de junio. El defensor de derechos humanos Iván Cepeda, cuyo padre, Manuel Cepeda, senador por la Unión Patriótica, fue asesinado en 1994, jamás imaginó que algún día se sentaría frente a uno de los jefes paramilitares que cometieron el crimen. Mucho menos que como resultado de esa reunión, que tuvo lugar en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York, no sólo conocería detalles de la conspiración contra su padre, sino obtendría mucha más información que, espera, permitirá algún día completar un complejo mosaico del gran proyecto de exterminio y expropiación que dio origen a la nueva clase política colombiana, cuya cabeza indiscutible es el presidente Álvaro Uribe. De manera discreta pero metódica, Cepeda, vocero del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice); Danilo Rueda, defensor de la comisión intereclesial, y la senadora Piedad Córdoba han viajado a prisiones de Washington, Nueva York, Virginia y otras dispersas en territorio estadunidense para entrevistarse con los 14 capos de los aparatos paramilitares que fueron extraditados hace dos años. Antes de su partida a prisiones estadunidenses, esos paras se habían acogido a la llamada Ley de Justicia y Paz, fraguada por la fiscalía como recurso de impunidad, ya que les ofrecía penas de máximo ocho años y laxas condiciones carcelarias a cambio de sus confesiones. En poco tiempo, en las famosas versiones libres, los paras confesaron su responsabilidad en más de 21 mil homicidios en los años 90, la ubicación de fosas comunes, hornos crematorios y su vinculación con políticos y gobernantes de todos los niveles. Para detener el daño potencial de sus revelaciones, Uribe los entregó a la justicia de Estados Unidos. Pero nosotros sí queremos saber la verdad. Y ése es el propósito de nuestro trabajo, afirma Cepeda.

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Entre sus interlocutores se encuentra Salvatore Mancuso, Vicente Castaño, Diego Murillo, Don Berna; Jorge Tovar, J-40, y Carlos Mario Jiménez, Macaco, por citar los más sanguinarios. Ellos son lugartenientes, los jefes son otros El objetivo de esa investigación es uno, explica Cepeda: Que entreguen a la justicia nacional o internacional sus testimonios y las pruebas sobre quiénes fueron los máximos responsables de los crímenes de lesa humanidad. Esos que llaman jefes paramilitares no son más que lugartenientes de unas estructuras criminales mucho más complejas. Ellos hacían el trabajo sucio. Pero las grandes ganancias materiales y las grandes posiciones políticas las obtuvieron otros. Ésa es la verdad que necesita Colombia, y eso se va a lograr. –¿Qué tanto han aportado hasta ahora? ¿Qué intereses tienen ellos en colaborar con ustedes en ese fin? –Son distintas motivaciones; habría que ver caso por caso. Obtener rebajas de penas es una de sus peticiones. Otros quieren poner a salvo a sus familias. Abiertamente nos dicen que no hablan con toda la fluidez que quisieran, porque sus familias están amenazadas. Y también quieren ajustar cuentas con quienes, según su opinión, los han traicionado. Han sido conversaciones muy largas de las que nada se conoce aún. Pero Iván Cepeda admite: “Hemos escuchado cosas de extrema gravedad que comprometen a la cúspide del poder político. Y sin duda lo que tenemos apunta a esclarecer la responsabilidad del más alto nivel de muchas de las masacres en las que figuras como los Castaño, Mancuso y Don Berna fungían como jefes de ejércitos particulares. Pero en momentos claves lo que hacían era cumplir órdenes de un proyecto mayor, superior al de sus propios planes y estructuras.” Para Iván Cepeda, filósofo de formación y forzado también al exilio en dos ocasiones, el contenido de la lucha por los derechos humanos en Colombia es inevitablemente político, porque tiene que ver con los cimientos del poder. Coautor junto con Jorge Rojas del libro A las puertas del ubérrimo, que documenta el origen delincuencial del poder económico y político de Álvaro Uribe en el departamento de Córdoba, epicentro del nacimiento de las fuerzas paramilitares, Cepeda describe la red de complicidades del actual mandatario con ganaderos y empresarios, representantes del clero y banqueros, militares y paramilitares como una cadena criminal sofisticada y compleja. Las pruebas están ahí Como parte de otra investigación de este activista –publicada como capítulo Los expedientes de la Casa Nariño en el libro colectivo Las perlas uribistas–, Cepeda logró conocer al menos 100 expedientes judiciales, en los que aparecen como sindicados el

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mismísimo mandatario, su vicepresidente y media docena de ministros (entre ellos Juan Manuel Santos, hoy candidato presidencial), y varios comandantes de las fuerzas armadas y la policía. Creo que Uribe debería terminar enjuiciado, ya sea por un tribunal en Colombia o por un tribunal internacional. Bastaría uno solo de los crímenes por los que se señalan. –Si tuvieras que elegir uno... –Es una cadena que relaciona unos con otros. Pero si tuviéramos que hablar de uno sería el desvío de las tareas de la policía secreta del Estado, que es el DAS, para convertirla en empresa criminal. No se dedicaba solamente a espiar, sino gestionaba directamente los planes para asesinar y hostigar a sus opositores. ¿Por qué monta Uribe una policía de esa naturaleza? Evidentemente porque tiene mucho que ocultar. Mi tesis es que estamos ante una situación propia de la criminalidad del sistema. –¿Cómo se ubica Santos en ese tejido? ¿Es continuidad, forma parte de estas cadenas? –Sin duda la familia Santos ha estado muy ligada a todo esto. Ya como presidente va a tener que tomar una decisión. ¿Se va a comprometer con Uribe y su entorno para garantizarle impunidad, o va a dejar que los jueces actúen? Los que conocen a Santos dicen que no es un hombre que guarde lealtades. No quiero decir con eso que se va a convertir en un hombre respetuoso de la ley. En su trayectoria ha demostrado tener nexos con el paramilitarismo y, sobre todo, tolerar ejecuciones, como hizo como ministro de Defensa con los falsos positivos. –¿Cómo se ha transformado la práctica política con estas asociaciones del poder y el crimen organizado? –El ejemplo clásico es la existencia del PIN (Partido de Integración Nacional), que claramente está muy ligado a los paramilitares. Los anteriores congresistas del PIN están en la cárcel por parapolítica. Sus escaños ahora los ocupan sus hermanas, esposas, tíos, primos. No es una mutación del fenómeno, sino una estructura ilegal que sigue íntegra. –El gobierno se defiende de estas acusaciones con el argumento de que metió a los paramilitares a la cárcel e incluso los extraditó. –Es su coartada. Pero un hecho muy concreto es que la emergencia del poder de Uribe está muy ligada a las familias paramilitares. Esa relación tuvo carácter armónico hasta el momento en que los políticos le incumplieron a los paramilitares y estos últimos amenazaron con contar la verdad: cómo habían recibido órdenes, cuáles eran los nexos, qué dineros habían entregado, por qué cometieron los crímenes. Ése es el fondo de la extradición. Dice que no hay pruebas, pero abundan; se encuentran en los expedientes.

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PARAPOLÍTICA, LA RUTA DE LA EXPANSIÓN PARAMILITAR Y LOS ACUERDOS POLÍTICOS

Este libro del investigador Mauricio Romero, editado en 2007 por la Corporación Nuevo Arco Iris, presenta una visión acerca de la expansión territorial de algunos de los frentes de las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y de la forma como los intereses de los políticos en su gran mayoría aliados del presidente Álvaro Uribe Vélez, confluyeron con los de los paramilitares en diversas regiones. La investigación espera contribuir al entendimiento del fenómeno paramilitar que tanto daño le hizo y le hace a la sociedad colombiana y a sus instituciones, a contravía de sectores poderosos e influyentes que consideran a los paramilitares "salvadores" y acreedores de una deuda que el país debe pagar por haberle ganado territorio a la guerrilla. El libro controvierte la idea de que estábamos ante un "Estado víctima", unas instituciones que luchaban a brazo partido por repeler a unos grupos ilegales que cometían toda clase de fechorías contra la población civil, es decir, una democracia asediada. La parapolítica vino a demostrar que el Estado no era ninguna víctima. Resultó que una parte importante de las elites regionales y nacionales aliadas del gobierno Uribe, con una presencia decisiva en el Estado se coaligaron con paramilitares y narcotraficantes para consolidar su predominio dentro y fuera del Estado y alterar la competencia política y la democracia.

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IV. FALSOS POSITIVOS

IMPUNIDAD A LA VISTA Por Felipe Zuleta Lleras El Espectador, Bogotá 5 de septiembre de 2010 No acaban de escandalizarme los mal llamados falsos positivos cuando más los conocemos a fondo. El caso de los hermanos James de Jesús y José Antonio Agudelo, con su trabajador Javier Enteno Acuña, es otro ejemplo atroz. Los tres fueron asesinados por soldados del Ejército, y por instrucciones de un capitán Ovalle, comandante de la compañía Bayoneta, y un teniente Mora, comandante de la Compañía Apolo. Las víctimas simplemente habían ido a buscar a los soldados para preguntarles por qué mataban su ganado, cosa que había hecho en forma reiterada el teniente Mora. En vez de responderles y protegerlos como lo ordena la Constitución, el Ejército los emboscó en la tarde del 30 de noviembre de 2006, en el Municipio de Vista Hermosa (Meta), los hizo vestir como guerrilleros, con prendas que habían incautado a la guerrilla días antes, les pusieron en las manos unos fusiles AK 47 que también habían incautado y "el soldado Caballero ejecutó a uno de ellos" siguiendo instrucciones de sus superiores, relata un testigo. Sus cuerpos fueron trasladados a Granada (Meta), en donde fueron enterrados los tres en una fosa común como N.N. Por presión de los familiares, seis días después y luego de reconocer la identidad de las víctimas, éstos lograron que les entregaran los cuerpos. Varios interrogantes surgen al conocer esta macabra, dolorosa y repugnante historia: ¿qué hicieron los soldados con los documentos de sus víctimas? ¿Y sus pertenencias? ¿Para qué enterraron los caballos en los que se transportaban los hermanos Agudelo? ¿Por qué los enterraron en una fosa común y no en fosas individuales como lo ordena la ley? Y óigase bien: este caso va a quedar en la impunidad porque está siendo investigado por la justicia penal militar. Es precisamente por estos casos, y todos los demás que van a quedar en la impunidad, que debemos llevar a Álvaro Uribe Vélez ante la Corte Penal Internacional para que responda por las conductas delincuenciales del Ejército cuando él era comandante en jefe de las FF.MM. Esto por cuenta de la actitud indolente de nuestra justicia. Hablaba en estos días con un ex magistrado chileno que abrió 99 causas penales en contra del ex dictador Pinochet y me decía que jamás había visto una cosa igual a la de los falsos positivos. Y créanme que cuando uno se adentra a conocer al detalle las atrocidades que se cometieron por parte de quienes intervinieron en esos asesinatos, más se compromete con las causas de todas las víctimas de los crímenes de Estado sistemáticos cometidos durante el gobierno de Uribe Vélez. No lo dejaremos descansar hasta que pague por cada falso positivo. ¡Paz en la tumba de los hermanos Agudelo y de Javier E. Acuña!

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FALSOS POSITIVOS: RESULTADO DE UNA POLÍTICA DE EXTERMINIO EN COLOMBIA

AVN, 04 de agosto de 2010. Por lo menos cinco mil víctimas de combates simulados por el ejército y por las fuerzas paramilitares que han operado en Colombia estarían sepultadas en fosas comunes en distintos municipios del territorio de Colombia. Estos crímenes, conocidos también como "falsos positivos", estarían inscritos dentro de lo que parece ser una política de exterminio de la base social de las organizaciones guerrilleras, ejecutada por el ejército y las fuerzas paramilitares que han operado en ese país. Tan sólo en la fosa de La Macarena, ubicada en el municipio de ese nombre, en el Departamento del Meta, 450 kilómetros al sur de Bogotá, estarían sepultadas 2 mil de estas víctimas, en su mayoría campesinos inocentes, de acuerdo con la directora nacional de investigaciones Especiales de la Procuraduría de la Nación, Alexandra Valencia, quien afirmó, en oficio fechado12 de Febrero de 2010, que en el cementerio habría aproximadamente 2 mil cuerpos y que era necesario iniciar de inmediato las labores de identificación. Y en mayo de 2007, el para entonces fiscal general de la nación, Mario Iguarán, tras la exhumación de 700 cadáveres en más de 65 fosas comunes localizadas en la zona de Putumayo, frontera con Ecuador, dijo que en esa región podría haber hasta 3 mil víctimas de los paramilitares. La agencia de noticias France Press (AFP), en un despacho fechado en Bogotá, el 7 de mayo de ese año, y titulado: "Último hallazgo fue de 105 cuerpos/ Colombia descubre barbarie de la guerra paramilitar", da cuenta de estos hechos. ENTRE PALABRAS En el argot de las fuerzas militares y policiales de muchos países, la palabra positivo significa afirmación, seguridad, cierto. Así, las bajas causadas al enemigo en combate se tienen como positivos. Acertadamente, en Colombia, a los civiles inocentes asesinados por el ejército o por paramilitares en simulacros de combates se les ha denominado "falsos positivos", ya que han sido presentados como resultado de supuestos enfrentamientos armados. EL ESCÁNDALO El escándalo de los "falsos positivos" estalló a finales del 2008, cuando se descubrió que los cadáveres de 19 jóvenes desaparecidos en el municipio Soacha y en la

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localidad de Ciudad Bolívar, ambas cercanas a Bogotá, fueron presentados por el ejército, en Norte de Santander como bajas causadas a las guerrillas, en combate. Los jóvenes fueron vestidos con uniformes de campaña y luego asesinados por miembros del ejército. Este caso generó un enorme revuelo y dio pie a la aparición de otros similares en las poblaciones de: Antioquia, Boyacá, Huila, Valle y Sucre. Por este asunto renunció a su cargo el comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia, general Mario Montoya, y fueron destituidos varios oficiales y suboficiales del ejército. El presidente Álvaro Uribe designó a Montoya embajador de su país en República Dominicana. La proliferación de casos hizo que para finales de 2009 La Fiscalía General de la Nación tuviese en investigación 946 casos relacionados con posibles "falsos positivos" y la Procuraduría otros mil. EL MINISTRO DE LA DEFENSA DE URIBE Cuando estalló el caso de los 19 jóvenes de Soacha asesinados por el ejército, a finales de 2008, el ministro de Defensa de Colombia era el hoy presidente electo, Juan Manuel Santos, quien ejerció el cargo entre julio de 2006 y mayo de 2009. A principios de 2009, salieron a la luz unos documentos desclasificados de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos, que dan cuenta de la práctica de las ejecuciones extrajudiciales en unidades del ejército colombiano, y de los "falsos positivos". Santos, en su carácter de ex ministro de la Defensa, y según despacho de la agencia EFE del primero de setiembre, pidió "tener cuidado" con quienes quieren "inflar" el problema de las ejecuciones extrajudiciales en su país, aludidos en esos documentos desclasificados por la CIA y divulgados por una organización no gubernamental (ONG) de Washington. El ministro trató de relativizar los hechos y de hacer ver que no se trataba de una política de Estado, sino de conductas aisladas de algunos mandos militares. "No se puede generalizar en forma alguna casos que se hayan podido dar y que hay que, también, tener cuidado con gente que quiere inflar el problema mucho más allá de lo que es", sostuvo Santos al hacer mención de dichos informes, según el despacho de EFE ya citado. UNA POLÍTICA

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Sin embargo, hay elementos que inducen a pensar que el caso de los falsos positivos sí forma parte de una política de exterminio de Estado colombiano, compuesta de tres líneas principales. En primer lugar, la presión constante de los mandos militares sobre los cuerpos de combatientes por obtener resultados "positivos", en la lucha contra las guerrillas. En segundo lugar, la existencia de una tarifa de incentivos a la eliminación física de guerrilleros, conocida como Directiva Ministerial Número 29, que ha estimulado fuertemente los crímenes de inocentes. Detalles de esta "tarifa" de guerra nos los revela el investigador Samuel Barinas, en su trabajo: "Los falsos positivos: explicación necesaria a los pueblos del mundo" (Lebrered.net, del 02/5/2010). El autor dice: "En el marco de su política de seguridad democrática o inversionista, Uribe dio luz verde al Ministerio de Defensa para la aplicación de la directiva ministerial permanente, número 29, de noviembre de 2005, "que desarrolla criterios para el pago de recompensas por la captura o abatimiento en combate de cabecillas de las organizaciones armadas al margen de la ley, material de guerra, intendencia o comunicaciones e información que sirva de fundamento para la continuación de labores de inteligencia y el posterior planeamiento de operaciones". Dicha directiva, firmada por su entonces Ministro de Defensa, Camilo Ospina Bernal, establece los siguientes montos para cancelar recompensas: $5.000 millones de pesos (2 millones 500 mil dólares) por máximos cabecillas. $1.719 millones de pesos (859 mil 550 dólares) por cabecillas de estructuras mayores de relevancia nacional. $191 millones de pesos (95 mil 500 dólares) por cabecillas de estructuras rurales y urbanas a nivel regional. $68 millones 760 mil pesos (34 mil 380 dólares) por cabecillas de estructuras rurales y urbanas a nivel local $3 millones 815 mil pesos (1.900 dólares) por cabecillas y miembros de guerrillas, escuadras o rasos responsables de acciones a nivel local. Explica Barinas, que estas recompensas fueron difundidas en todas las unidades militares con la lista de las personas incluidas en los niveles I y II. Las Brigadas Militares -puntualiza- accionaron sus gatillos para alzarse con las recompensas en dinero, ascensos en el escalafón y las vacaciones remuneradas ofrecidas por el gobierno.

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Y en tercer lugar, una línea de acción militar, ejecutada de consuno con los grupos paramilitares, de ataque y eliminación preventiva de la base social de las organizaciones guerrilleras: campesinos y pobladores rurales. La misma estrategia "preventiva" que se usó en marzo de 2008 para atacar territorio ecuatoriano. Se trata de eliminar la base de apoyo potencial de la guerrilla, actuando "preventivamente" antes de que responda a su llamado o antes de que ésta se presente en la región o zona determinada. De esta forma se debilita objetivamente la guerrilla, al perder su base social, y se aterroriza a la población susceptible de atender su llamado. Además, no se expone la tropa a fuego enemigo y las bajas resultantes reportan pingües ganancias. Estos tres elementos conformarían la base de una cruel y pérfida política de exterminio aplicada por el Estado colombiano, a través del ejército y las fuerzas paramilitares en contra de la población campesina de ese país, a costa del sacrificio moral de las fuerzas armadas de Colombia. EL PRECIO DE LA MUERTE En su trabajo, Samuel Barinas hace este comentario concluyente: "Le quitaron valor a la vida y le pusieron precio a la muerte. Querían medir el éxito de su criminal política de seguridad en litros de sangre. Como consecuencia de esta directiva los noticieros de la radio y la televisión y los titulares de la prensa se llenaron de muertos, casi todos presentados por los militares como "jefes de finanzas" de la guerrilla, "mano derecha" del comandante tal, o simplemente, "terroristas" muertos en combate…" OTRAS VOCES El estadounidense John Lindsay-Poland, director para América Latina de la Fellowship of Reconciliation (Confraternidad de Reconciliación), una organización no gubernamental que junto con la agrupación Coalición Colombia presentó el jueves 29 de Julio, en Bogotá, el informe Asistencia Militar y DDHH: Colombia, responsabilidad de EEUU y consecuencias a nivel mundial, manifestó a Inter Press Services (IPS) lo siguiente sobre el tema de las ejecuciones extrajudiciales en ese país: "Hay vínculos preocupantes entre el aumento de denuncias por ejecuciones extrajudiciales y las unidades militares colombianas asistidas con financiamiento militar estadounidense". Y el director del Observatorio de Derechos Humanos (DIH), Alberto Yepes, sobre el mismo caso, dijo a esa agencia de noticias: "Esto sucede al final de un gobierno signado por muy graves violaciones a los derechos humanos, con mayor afectación de

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poblaciones vulnerables, manifestadas en miles de falsos positivos, como se han denominado popularmente a las ejecuciones extrajudiciales".

LA DIRECTIVA No. 29 DIO VIA LIBRE A LOS "FALSOS POSITIVOS" En el marco de su política de Seguridad Democrática el gobierno de Álvaro Uribe a través del Ministerio de Defensa ejecutó la directiva ministerial número 29, de noviembre de 2005 "que desarrolla criterios para el pago de recompensas por la captura o abatimiento en combate de cabecillas de las organizaciones armadas al margen de la ley, material de guerra, intendencia o comunicaciones e información que sirva de fundamento para la continuación de labores de inteligencia y el posterior planeamiento de operaciones". Dicha directiva, firmada por su entonces ministro de Defensa, Camilo Ospina Bernal, estableció los siguientes montos para cancelar recompensas: $5.000 millones de pesos (2 millones 500 mil dólares) por máximos cabecillas. $1.719 millones de pesos (859 mil 550 dólares) por cabecillas de estructuras mayores de relevancia nacional. $191 millones de pesos (95 mil 500 dólares) por cabecillas de estructuras rurales y urbanas a nivel regional. $68 millones 760 mil pesos (34 mil 380 dólares) por cabecillas de estructuras rurales y urbanas a nivel local $3 millones 815 mil pesos (1.900 dólares) por cabecillas y miembros de guerrillas, escuadras o rasos responsables de acciones a nivel local. Estas recompensas fueron difundidas en todas las unidades militares con la lista de las personas incluidas en los niveles I y II. De esta manera, le pusieron precio a la muerte. Lo sucedido en la municipalidad de Soacha es emblemático: decenas de jóvenes desempleados fueron recogidos por contactos del ejército en las esquinas con ofertas de trabajo y en menos de 24 horas aparecieron en los titulares de los diarios como guerrilleros muertos en combate, en otro extremo de la geografía nacional. Les habían colocado uniformes y armas para hacer creíble la noticia. Lo raro es que mientras sus uniformes aparecían intactos, los cuerpos de las víctimas semejaban un colador por efecto de las balas. En un principio el gobierno de Uribe intentó hacer creer que se trataba de hechos aislados que no comprometían a la institución, para eludir así su responsabilidad penal. Sin embargo, la Directiva 29 del Ministerio de Defensa, constituye prueba contundente de que los falsos positivos fueron el resultado directo de una política oficial y de terrorismo de Estado.

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En el municipio de La Macarena, en un terreno colindante con la base militar del lugar, fue descubierta una gran fosa común con más dos mil cadáveres. En los últimos años, en una ininterrumpida como ruidosa procesión de muerte, los helicópteros del ejército descargaron allí a los asesinados. Esos muertos son el parte de victoria de la política de seguridad de Uribe y de sus "falsos positivos". Durante el gobierno de Uribe Vélez las Fuerzas Armadas fueron convertidas en una fría máquina de matar inocentes. Estos crímenes de guerra y de lesa humanidad tienen como responsables a altos funcionarios del Estado colombiano.

A UN AÑO DE CONOCERSE LOS PRIMEROS CASOS

FAMILIARES DE VÍCTIMAS DE FALSOS POSITIVOS EXIGEN JUSTICIA AL GOBIERNO COLOMBIANO

Por Telesur 10 de septiembre de 2009 Las ejecuciones extrajudiciales han enlutado a miles de familias colombianas a lo largo y ancho del territorio, mientras tanto, el gobierno del presidente Álvaro Uribe no se muestra muy interesado en ayudar a los afectados. Más de mil 600 casos de falsos positivos se registran en diversos departamentos de Colombia y las víctimas piden que la justicia llegue de la mano del restablecimiento del buen nombre de sus hijos. La muerte de un hijo es una de las experiencias más duras, difíciles y dolorosas que puede sufrir un ser humano. Los padres se sienten responsables de la protección de sus hijos y esta pérdida suele vivirse como un fracaso por el resto de la vida. ¿Qué hicimos mal? ¿En qué nos habremos sobrepasado? ¿Por qué a nosotros? Suelen ser las interrogantes que acompañan a quienes han sufrido en carne propia el asesinato de un ser querido. "Nos han quitado un pedazo de vida", es la frase que se escucha de los familiares de las víctimas de asesinatos perpetrados a lo largo y ancho del territorio colombiano desde que en el año 2008 se destaparan los casos de ejecuciones extrajudiciales conocidos también como falsos positivos, que involucran a funcionarios del Ejército de esta nación suramericana. Las ejecuciones extrajudiciales, consisten en asesinar campesinos, o jóvenes, civiles, que son ajusticiados y que posteriormente, con la finalidad de ocultar el delito y obtener méritos, las tropas colombianas difunden que resultaron "caídos" durante enfrentamientos. La desaparición de 16 jóvenes en el municipio colombiano de Soacha (centro) y cinco en el municipio de Aguachicas (norte), en septiembre de 2008, desató el escándalo

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producido por los también llamados falsos positivos. Los jóvenes fueron encontrados asesinados en el departamento del Norte de Santander y fueron presentados por el Ejército de Colombia como guerrilleros muertos en combate. Algunos habían muerto tras 24 horas de desaparecidos y otros luego de dos o tres días. Al conocerse los casos de Soacha y Aguachicas fue cuando la secretaria de gobierno de Bogotá Clara López Obregón advirtió que éstos podrían tratarse de "una desaparición forzada con fines de homicidio" y que no era lógico que los jóvenes se convirtieran en combatientes a sólo un día de haber sido reclutados. Ante esto, personal militar de alto mando en el Ejército colombiano negó la suposición de López y confirmó la teoría de que se trataba de personas que habían sido reclutadas por la guerrilla y se habían enfrentado al Ejército. Han sido muchas las denuncias planteadas sobre el tema de los falsos positivos en todo el territorio colombiano, destacándose algunos casos presentados en los departamentos de Antioquia, Boyacá y Sucre, las cuales se han incrementado después que salieron a la luz pública los primeros casos de las ejecuciones extrajudiciales. De hecho, actualmente existen alrededor de mil 600 casos investigados en los últimos seis años por la fiscalía que involucran a tres mil 546 integrantes del Ejército colombiano. De ellos, apenas 426 uniformados están detenidos pero sólo a 50 se les ha dado sentencia condenatoria. El pasado mes de junio, el fiscal general de Colombia, Mario Iguarán señaló que más de mil casos de homicidios, bajo la figura de falsos positivos, han sido presuntamente perpetrados por funcionarios de la fuerza pública en Colombia. Durante la presentación de un informe preliminar sobre ejecuciones extrajudiciales en Colombia, elevado al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, el relator de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Philip Alston, denunció que la ejecución extrajudicial de miles de civiles por parte del Ejército colombiano fue una práctica que se llevó a cabo de manera sistemática en ese país suramericano. En entrevista exclusiva para la página web de teleSUR, Zoraida Hernández, miembro de la mesa de ejecuciones extrajudiciales en Colombia, señaló que actualmente existe un número de militares detenidos de los diferentes casos pero éstos no llegan a ser los responsables directos de los más de mil 600 casos de falsos positivos que se han registrado en el país. "Estamos hablando de unos casos supremamente emblemáticos que fueron los que pusieron a la comunidad nacional e internacional en la expectativa de lo que estaba sucediendo en el país con respecto a las ejecuciones extrajudiciales (...) Sin embargo, en el caso de Soacha, aún no se ha proferido condena y en el caso de los jóvenes de Aguachicas ni siquiera se ha abierto investigación formal. Y de esto ha pasado más de un año", expresó.

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Hernández plantea que esta es una situación importante de impunidad que resalta por la trascendencia de los casos ya que se habla del asesinato de jóvenes en pro de la eficacia de un plan para eliminar la guerrilla colombiana. "En estos momentos estamos planteando que los falsos positivos son crímenes de lesa humanidad, porque se han cometido de manera general en el país y ha sido a lo largo de muchos años. (...) Han habido, incluso, asesinato de algunos de los testigos de los casos que en algún momento se atrevieron a denunciar estos homicidios ante las diversas instancias del Estado", señaló la miembro de la mesa de ejecuciones extrajudiciales. No obstante, Zoraida Hernández aclaró que no sólo se han presentado estos casos de Soacha y Aguachicas ante las autoridades colombianas; éstos fueron "la gota que derramó el vaso; pues fue tal su magnitud que no se podían tapar, porque fueron cometidas en masa" y añadió que las investigaciones han demostrado que esta práctica se ha venido desarrollando desde hace mucho tiempo en el país suramericano. GOBIERNO ENTORPECE INVESTIGACIONES Al hablar de las acciones que ha tomado el gobierno colombiano, encabezado por el presidente Álvaro Uribe Vélez respecto a estos crímenes que han enlutado a tantas familias colombianas, Hernández, integrante de la mesa de ejecuciones extrajudiciales, insiste en que ha habido una intencionalidad directa por parte de las autoridades gubernamentales no sólo de entorpecer las acciones de los cuerpos de derechos humanos, sino también de entorpecer las investigaciones que existen en contra de las fuerzas militares por su responsabilidad directa en estas ejecuciones extrajudiciales. Explicó Hernández que hace muy pocos días, justamente el presidente Uribe dio la orden al ministerio de Defensa nacional para que, a través de este ministerio, se destinara del presupuesto nacional los recursos necesarios para defender a los militares que están implicados en estos hechos, en lugar de ayudar a las víctimas a buscar la verdad, la justicia y la reparación de estos hechos. "Vemos aquí que la balanza se ha inclinado a favor, directamente, de quienes han violado los derechos fundamentales de la población en Colombia, tratándose de ejecuciones extrajudiciales", apuntó. El reciente nombramiento de Camilo Ospina como candidato a nuevo fiscal general colombiano ha traído reacciones negativas por parte de los afectados por las ejecuciones extrajudiciales quienes, según informó Zoraida Hernández, catalogan la acción como un error del gobierno colombiano, reconocido por todas las organizaciones de derechos humanos, pues alegan que Ospina ha sido el responsable directo de una de las directivas que promovió el acometimiento de ejecuciones extrajudiciales en el país al ofrecer estímulos a las unidades del ejército que presentaran estas muertes como "positivos". LAS MUERTES NO SE OLVIDAN

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A un año de los asesinatos ocurridos en Soacha y Aguachicas, territorio colombiano, los familiares de las víctimas de los llamados falsos positivos aún esperan la condena de los responsables intelectuales de estos casos que han estremecido al pueblo colombiano de norte a sur y de este a oeste. Aun cuando se han reportado nuevos casos de ejecuciones extrajudiciales, principalmente en el Meta (centro) y en el departamento de Nariño (sudoeste), los organismos defensores de derechos humanos siguen en pie de lucha para investigar a fondo estas muertes que incrementan el dolor del pueblo colombiano, tan azotado por la inseguridad; ante un gobierno que no le da la importancia debida a estos hechos. El aniversario de estas ejecuciones servirá de marco a una peregrinación que realizarán los familiares de las víctimas de falsos positivos desde cada una de sus localidades de residencia hasta la ciudad de Ocaña (noroccidente), donde pedirán solidaridad ante su dolor y la búsqueda de la verdad, justicia y reparación; para que este tipo de crímenes tenga la sanción debida hacia los responsables y evitar que esta situación se siga viviendo en la nación suramericana. Hasta el momento no se conoce que en estos casos de ejecuciones extrajudiciales, o falsos positivos, haya habido más sentencias, ni avance de las investigaciones preliminares de las muertes ocurridas hace un año; mientras tanto, los familiares esperan que la justicia llegue de la mano del restablecimiento del buen nombre de sus víctimas; quienes, luego de sus muertes, siguen siendo señalados como delincuentes y guerrilleros.

V. YIDISPOLÍTICA

A LA CÁRCEL Por Felipe Zuleta Lleras El Espectador Agosto 29 de 2010 Me leí con detenimiento la providencia proferida por el Procurador General de la Nación, mediante la cual ordena la destitución e inhabilita por 12 años, para ejercer cargos públicos, al ex ministro Sabas Eduardo Pretelt de la Vega. Lo primero que hay que decir es que la conducta del ex ministro es tan, pero tan grave que al absolvedor Ordóñez no le quedó otra opción distinta que sancionar a Pretelt por haberle dado la Notaría 67 al ex congresista Teodolindo Avendaño para que no se presentara a la sesión en la que se aprobó la reelección presidencial de Álvaro Uribe en 2004, mientras compraban también el voto de la representante Yidis Medina.

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Claras aparecen para la Procuraduría todas las maniobras ilegales del ex ministro para garantizarse los votos necesarios para lograr la aprobación de la reforma constitucional que permitió que Uribe llegara de manera ilícita y, por segunda vez, a la Presidencia (para la desgracia de este país y sus instituciones democráticas). Por supuesto que lo más relevante de esta providencia de 103 páginas, es que la Corte Suprema de Justicia tiene allí nuevos elementos que le permitirán condenar penalmente al ex ministro por el delito de cohecho. Esto en plata blanca quiere decir que veremos a Pretelt preso, como lo han estado Yidis Medina y Teodolindo Avendaño. Y es lo que corresponde en estricto derecho penal, pues a nadie le cabe en la cabeza que haya un delito de cohecho en una sola dirección o en la que sólo participe una persona. Pretelt está procesado por el caso de Yidis, pero le corresponde ahora a la Fiscalía hacer lo propio por el caso de Teodolindo, pues de acuerdo con la Procuraduría se violó la ley al haberle ofrecido la notaría. Es decir que en este caso también habría un cohecho. Qué vergüenza que este país haya tenido un Presidente de la República habilitado para reelegirse como consecuencia de la comisión de varios delitos e infracciones a la ley. Un gobierno espurio que se dedicó a delinquir para sostenerse, como aparece probado por el dicho de los ex funcionarios del DAS que se han acogido a sentencia anticipada o al principio de oportunidad. Hace un par de años sostuve en una columna que el gobierno de Uribe acabaría con sus altos funcionarios presos porque estaban dedicados a delinquir. Sostuve en 2007 que en Palacio manejaban unas listas con los nombres de los opositores y magistrados a quienes les hacían seguimientos. Y todo se ha ido sabiendo. El ex ministro Pretelt acabará tras las rejas como lo han estado Yidis y Teodolindo, porque en derecho se debe aplicar aquel principio según el cual a la misma conducta igual sanción. Y personalmente creo que las penas del ex ministro deberían ser mayores y ejemplarizantes en razón del cargo que ostentaba y la gravedad de los hechos.

POR YIDISPOLÍTICA, PROCURADURÍA DESTITUYE E INHABILITA A EX MINISTRO SABAS PRETELT DE LA VEGA

Por el corrupto caso de la denominada "Yidispolítica", la Procuraduría General de la Nación destituyó al ex ministro del Interior Sabas Pretelt de la Vega, actualmente embajador de Colombia ante Roma, al tiempo que lo inhabilitó para ocupar cargos públicos por el lapso de doce años. La sanción disciplinaria está sustentada en el hecho de haber ofrecido prebendas al entonces representante conservador Teodolindo Avendaño para que se ausentara del Congreso el día de la votación del proyecto de reelección presidencial en el año 2004 que favoreció en forma directa a Álvaro Uribe Vélez.

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En su investigación, la Procuraduría estableció que Pretelt ofreció la Notaría 67 de Bogotá a Avendaño el 4 de julio de 2004. Pretelt de la Vega tendrá que regresar a Colombia - está en Roma en calidad de embajador - toda vez que su inhabilidad, que será de 12 años para ejercer cargos públicos, le impediría asumir estas funciones. Aparte de ello, tendrá que afrontar la justicia por supuesta compra de votos para darle trámite a la reelección presidencial del entonces mandatario Álvaro Uribe. En el documento de 103 páginas, la Procuraduría señala que Sabas fue responsable de interferir en la aprobación del proyecto de reelección presidencial y que por su condición sabía plenamente que hacer algún ofrecimiento era un acto contrario al derecho. En la investigación adelantada por el procurador General, Alejandro Ordóñez, se recaudaron 35 pruebas. Por el mismo caso, Pretelt fue acusado por la Fiscalía porque supuestamente ofreció prebendas para lograr la aprobación del proyecto que revivió la reelección en Colombia, que se tramitó en 2004. La ex congresista Yidis Medina aseguró que fue testigo de cómo Pretelt, que era ministro de la política, intervino para que Avendaño recibiera la notaría. Esta finalmente fue -según las investigaciones de varias entidades- vendida por cerca de 400 millones de pesos a una persona que firmó pagarés a favor de Avendaño. Tanto en la Fiscalía como en la Procuraduría siguen cursando los procesos contra otros altos funcionarios del gobierno de Uribe Vélez.

Agosto 24 de 2010

EL ESCÁNDALO DE COHECHO DE LA "YIDISPOLÍTICA" www.diariocritico.com mayo 14 de 2010 La 'Yidispolítica' hace referencia a un escándalo de cohecho en el que miembros del Gobierno de Álvaro Uribe Vélez ofrecieron dádivas a congresistas para que éstos aprobaran la reforma que permitió, en el 2006, la reelección del mandatario. En este sentido la Fiscalía ya condenó a tres congresistas a quienes se les comprobó que vendieron su voto a favor de la reforma para permitir el segundo periodo de Uribe. Los congresistas penalizados fueron: Yidis Medina (de cuyo nombre tomó el escándalo

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su mote), Iván Díaz Mateus quien había ocupado la curul de Medina, y Teodolindo Avendaño perteneciente al Partido Conservador. Los tres anteriores personajes fueron acusados por recibir las dádivas, y hasta el momento la Fiscalía no se había pronunciado definitivamente en relación a la contraparte; sin embargo, el congresista del Polo Democrático Alternativo, Germán Navas Talero, ya había denunciado al ex -ministro de Interior y Justicia, Sabas Pretelt de la Vega, porque presuntamente habría comprado los votos parlamentarios necesarios para que se aprobara el proyecto de reforma. Por su parte, Yidis Medina, señaló que fue el ministro de Protección Social, Diego Palacio Betancourt, quien hizo parte de esta componenda que habría derivado en la entrega de una "feria de notarías". De este modo, la Fiscalía acusó a Pretelt de la Vega como presunto responsable del delito de cohecho, luego de que hallara los méritos necesarios para vincularlo penalmente al escándalo. Tras el anuncio, Pretelt renunció a su cargo diplomático y emitió un comunicado en el que asegura que ya ha presentado "innumerables pruebas para demostrar" que no ofreció prebendas ni puestos oficiales a nadie. Además, el ex -ministro aseguró que ya dos de los ex - congresistas condenados han expresado que él jamás les ofreció algún tipo de soborno. De esta forma, Pretelt aseguró que queda a la espera de que se le haga la notificación formal, para entonces estudiar con su abogado las acciones legales a que tenga derecho para demostrar su inocencia. La defensa del ex ministro aseguró que según los elementos de juicio que ha analizado no hay fundamento para una posible acusación. "Hay que estudiar la decisión del vicefiscal para saber cómo él superó todas las contradicciones que hay en el proceso y cómo analizó las pruebas", afirmó. De otro lado, el ex candidato presidencial Rafael Pardo aseguró que lo ocurrido ratifica que en la votación de la aprobación del proyecto de reelección de Uribe se ofrecieron una serie de cargos y puestos. "Este llamamiento a juicio complementa lo que ya hizo la Corte Suprema frente a Yidis Medina, que ya está condenada, y Teodolindo Avendaño, quien permanece en situación similar", aseguró. Sin embargo, Pardo insistió en que desde la condena a Medina se comprobó que existieron ofrecimientos a cambio de la aprobación del proyecto y consideró que este llamado es tardío.

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"El llamado al ex - ministro Sabas Pretelt es consecuente con la realidad, con bastante retraso, y va hacia el otro componente del cohecho que se configuró en la reelección", agregó. Cabe recordar que Edgardo Maya, ex procurador, por petición de Navas ya había abierto una investigación disciplinaria por este hecho a Sabas Pretelt; sin embargo, Alejandro Ordóñez Maldonado, sucesor de Maya, absolvió al ex ministro, así como a los demás servidores estatales vinculados a este escándalo. Justamente esa actuación de Ordóñez, es la que actualmente lo tiene inmerso en un proceso disciplinario preliminar ante la Corte Suprema de Justicia, debido a una queja también presentada por Navas, quien argumenta que al parecer Ordóñez habría modificado los puntos más trascendentes de un proyecto de providencia que era sancionatorio y que había dejado el ex procurador Edgardo Maya al abandonar el cargo.

VI. ESPIONAJE

EL ESPIONAJE DE URIBE EN ESPAÑA Y EN COLOMBIA CONTRA ESPAÑOLES Por Dick Emanuelsson Tegucigalpa, octubre 26 de 2010 Veinte españoles son víctimas de espionaje ordenado por el ex presidente Álvaro Uribe en España mientras en Colombia, un periodista español ha sido objeto por el seguimiento del DAS. Contrasta ese tratamiento a la periodista favorita de Uribe, Salud Hernández Mora, que prestaba o presta su servicio a Uribe y al DAS (Departamento Administrativo de Seguridad) planteando crónicas en el único diario con cobertura nacional, El Tiempo, contra integrantes de la Corte Suprema de Justicia y europeos que cuestionan la política de guerra de Uribe. Uribe estuvo en España pero no fue bienvenido por el pueblo español. Más de cien organizaciones lo ha declarado persona non grata por sus ocho años de terrorismo de estado que han cobrado decenas de miles de víctimas. "OPERACIÓN EUROPA" Pero los "ingratos" españoles no se quedan ahí. Llega al día siguiente que dos abogados, representando varias ONG´s, han demandado a Uribe por haber ordenado su Policía Política Secreta, DAS-G3, de realizar espionaje a por lo menos veinte españoles en tierra española. Según los abogados de Justicia por Colombia, el

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gobierno de Uribe consideraba "objetivos de su 'guerra política'" a estas ONG y a los activistas que fueron espiados en Madrid y otras ciudades españolas, según El Tiempo. El periodista y escritor Hernando Calvo Ospina, exiliado en París, ha descrito en varios textos como fue la "OPERACIÓN EUROPA" [1]. No es que DAS "supuestamente" espiaba a españoles, suecos, colombianos exiliados en diferentes países en Europa. Sino, como escribe Calvo Ospina: "Toda esa información estaba contenida en carpetas clasificadas como las operaciones "Amazonas", "Transmilenio", "Bahía", "Halloween", "Arauca", "Intercambio", "Risaralda" "Internet", y "Europa". SEGUIMIENTO A PERIODISTA ESPAÑOL EN COLOMBIA Un periodista español que conocí en Colombia fue Antonio Albiñana. "Periodista y analista internacional", como se presenta. Participamos los dos en el programa "HORA 20" liderado en Caracol Radio por Néstor Morales en la noche del viernes. No siempre estábamos de acuerdo cuando comentábamos "La Noticia del Día" en el programa de Néstor pero si, en varios temas coincidimos. Y parece que eso trajo la atención a los jefes de la Inteligencia del DAS a enviar unos agentes para hacernos seguimientos cuando salíamos de Caracol Radio. A principio del año 2010 supe que yo figuraba en los archivos del DAS y sobre todo en el ilegal organismo sucursal del DAS, llamado G3. Varios colegas colombianos me avisaron que habían visto en la Fiscalía colombiana una "copiosa carpeta" sobre mi persona. En abril este año recibí del Colectivo de Abogados Alvear Restrepo, que me representan contra el estado colombiano, la carpeta que contiene 450 folios sobre el seguimiento que me hacían los agentes del G3, minuto por minuto durante el tiempo que vivía y trabajaba en Colombia como reportero. Cuando pasaba por los folios descubrí que DAS-G3 había trascrito programas enteros de "HORA 20", subrayando lo que decía Antonio y este humilde servidor. Pero no paraba ahí. Leemos literalmente de la página 296 de mi carpeta: "RESERVADO, Bogotá, 08 de junio de 2005. INFORME DE INTELIGENCIA, ANTECEDENTE: El día viernes a las 20:20 horas aproximadamente, mediante orden verbal del Subdirector de Operaciones; se realizó desplazamiento hacia la Carrera 7 con 67 a las instalaciones de Caracol Radio, con el fin de realizar control a un extranjero que estaban entrevistando VERIFICACIONES 1 "OPERACIÓN EUROPA", por Hernando Calvo Ospina. http://hcalvospina.free.fr/spip.php?article194

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Se realizó desplazamiento hacia el sector de la carrera 7 con calle 67 instalaciones de Caracol radio, donde a las 21 00 horas, salieron de las mismas un grupo de cuatro- personas; entre las cuales se- encontraban dos extranjeros. (…) Se tomó la decisión de seguir a un hombre alto, contextura gruesa, cabello largo, canoso, ojos: cafés y barbado, quien estaba acompañada por una mujer, los cuales se desplazaron en un taxi hacia el sector dé la carrera 4 con calle 14, al restaurante denominado "Parrillada el Campanario"(…) El día domingo 5 de junio, el objetivo realizó movimientos similares a los del día anterior y el lunes 06 de junio el objetivo se desplazó en un bus intermunicipal, en compañía de la mujer al municipio de Choachí, posteriormente, se desplazó a pie por un camino destapada. En ese sitio se soltó el objetivo". Los agentes del DAS-G3 siguieron a Antonio y a su esposa desde la noche del viernes cuando nos encontramos en las afueras de Caracol Radio, hasta la tarde del domingo. Los dos folios son acompañados con cinco (5) fotos donde Antonio y su esposa son fotografiados directamente a la cara cuando se encuentran en Choachí, un pequeño municipio en las afueras de Bogotá. No sé exactamente por qué esos cuatro folios se encuentran en la carpeta mía, aunque figuro también en los mismos documentos donde el DAS hace seguimiento a Antonio, tanto con fotos cuando salgo de Caracol Radio el viernes el 3 de junio, como cuando salgo a trotar el sábado y domingo. Pero lo grave es, que dos extranjeros, un ciudadano español y un sueco, fuimos objetos por el espionaje solo por el hecho que cuestionábamos elementos en la política del régimen de Uribe. OTRA PERIODISTA ESPAÑOLA, PERO AL SERVICIO AL DAS Pero una periodista española que en Colombia se siente como fueran los días gloriosos del Generalísimo Franco, es Salud Hernández Mora. Corresponsal del diario español El Mundo, conocido por su simpatía al dictador Franco y un odio y obsesión de atacar a todo y todos que no cabe en la línea política de esta señora. Es columnista también en el diario El Tiempo y como tal ha creado turbulencia y polémica a mucha gente en Colombia por una actividad periodística pésima. Ahora es acusada, no por mí que ella considera ser "una correa de transmisión de los señores del monte", sino por los ex jefes del DAS por haber sido "una de las que se prestaban para las campañas de contrainteligencia en contra de los ´blancos´ del DAS".

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En el interrogatorio del ex director de Inteligencia del DAS, Fernando Alonso Tabares Molina, éste, en sus declaraciones ante la Fiscalía Delegada de la Corte Suprema el día 13 de julio de 2010, dice textualmente [2]: "La doctora María del Pilar Hurtado nos cita a mí y al capitán Jorge Lagos a su despacho, y cuando yo llegué la encontré acompañada de la periodista Salud Hernández-Mora. Me la presentó y estuvimos hablando de cosas intrascendentes hasta la llegada del capitán Jorge Lagos. Una vez éste llegó, nos indicó que por instrucciones también de la Casa de Nariño (casa presidencial, nota del redactor) había que entregarle cierta información a la citada periodista con relación a lo que nosotros denominamos el caso PASEO y en consideración de que quién tenia, por así decirlo, toda la información en relación con eso era el capitán Jorge Lagos. Terminada la charla en el despacho de la señora Directora, yo salí del mismo y JORGE LAGOS quedó, por así decirlo, a cargo de la citada periodista, quien posteriormente el 15 de junio de 2008 publica una columna en El Tiempo que tituló ´La paja en el ojo ajeno', en la que comentaba algunos temas relacionados con algunos magistrados de La Corte". SE PRESTABA PARA LA CONTRAINTELIGENCIA Esta declaración, citada de la trascripción del proceso contra el ex director de Inteligencia del DAS, fue publicada por NIZKOR, un destacado organismo español de derechos humanos que se ha especializado en publicar documentos sobre procesos judiciales contra grandes violadores de derechos humanos en América Latina. Y concluye NIZKOR el caso de su compatriota Salud Hernández Mora: "En otra declaración en sede judicial el coordinador del Grupo Observación de Nacional e Internacional (GONI) del DAS, Germán Albeiro Ospina, quien también se acogió al principio de oportunidad, aseguró que la periodista Salud Hernández Mora era una de las que se prestaban para las campañas de contrainteligencia en contra de los ´blancos´ del DAS". AUTOR DEL PRÓLOGO DE LIBRO DE CARLOS CASTAÑO La hoja de vida que presenta Nizkor sobre Salud Hernández-Mora muestra que la corresponsal del diario El Mundo dirigía la delegación colombiana de la conocida empresa de tratamiento de imagen, Burson Marsteller. Preparó y escribió el prólogo del libro hagiográfico sobre Carlos Castaño "Mi Confesión", el indiscutible jefe de los Escuadrones de la Muerte llamado AUC, que la fiscalía colombiana calcula han asesinado más de 150.000 civiles durante sus 15 años de existencia asesina. Prestarse a escribir un prólogo para "levantar" y atraer clientes a un libro de donde sale chorros de sangre, realmente es para cualquier comunicador social con un mínimo de ética y principios del periodismo, totalmente repudiable. Pero no para Salud Hernández Mora.

2 Tabares dice que la española Salud Hernández Mora escribió un artículo contra la Corte Suprema dentro de la operación de contrainteligencia http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/das169.html

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Pero lo peor es que deformó el periodismo, se prestó a denigrar el entonces Magistrado Jaime Araujo Rentería en 2005, que "fue denunciado por este y, con la información actual, no cabe duda que este ataque fue parte de las operaciones de contrainteligencia en contra magistrados", resume NIZKOR. Y sigue su investigación de Salud Hernández Mora, diciendo que "en España integró el gabinete de imagen del Banquero Mario Conde, antes de que este fuera condenado por estafa. Fue asesora en las elecciones gallegas para el Partido Popular y también fue asesora de imagen en la primera campaña del ex presidente del Gobierno Español José María Aznar". ¿QUÉ ROL TIENES EN EL ESPIONAJE EN ESPAÑA, SALUD? ¿Qué papel jugaba o juega Salud Hernández Mora en el espionaje del DAS & Uribe en España? Porque en sus crónicas en El Tiempo no solamente ataca violentamente a los magistrados honestos de la Corte Suprema de Justicia, sino también a los europeos que se atreven a cuestionar a Uribe. En la crónica "Los santuarios europeos" [3], publicado el 7 de marzo de 2009 en El Tiempo, la franquista arremete contra varias personas en Europa, mencionados con nombres y apellidos como los encargados del trabajo de las FARC en Europa. Solo el hecho de escribir textos que posteriormente son publicados o copiados en el portal de la Agencia de Noticias Nueva Colombia, ANNCOL, es suficiente para ser caracterizado como guerrillero con lápiz por Salud Hernández Mora. El primitivo nivel del periodismo que representa la Sra. Hernández Mora se ilustra en la siguiente frase: "Hace unas tres décadas, el entonces primer ministro sueco, Olof Palme, se paseaba por las calles de Estocolmo con una hucha pidiendo dinero para la ETA". Esa frase no solamente fue una descomunal mentira, sino se nota en su descontrolada declaración el odio contra el asesinado jefe del gobierno sueco, porque este había repudiado las ejecuciones de los cinco antifascistas vascos y españoles en la década -70, ejecuciones que fueron mundialmente repudiadas. SALUD, CASTAÑO Y OTRO ESPÍA PERO EN SUECIA Salud Hernández Mora tiene algo en común con Ernesto Yamhure. Este fue designado por Álvaro Uribe como primer secretario en la embajada colombiana en Estocolmo a principio de 2004. En julio de 2005 fue desenmascarado como espía en flagrancia, sacando fotos a integrantes de los exiliados colombianos en Suecia. ¿Y qué tienen en común, Salud y Ernesto?

3 Los santuarios europeos http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/saludhernndezmora/los-santuarios-europeos_4863490-1

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Pues mientras la falangista Salud hacía el prólogo a Carlos Castaño, Ernesto Yamhure redactaba cartas y orientaba a Carlos Castaño en noviembre del 2002 cómo debería manejar el recién iniciado proceso de "Justicia y Paz" con el Patrón, Álvaro Uribe. Con el tiempo varios jefes paramilitares como Freddy Rendón Herrera, alias ´El Alemán´ y el asesor político de Carlos Castaño, Juan García, han confirmado que Yamhure era asesor político pero también amigo personal de Carlos Castaño. Yamhure era el encargado de organizar y coordinar el trabajo de la inteligencia y el espionaje en la embajada colombiana en Estocolmo. Fue jefe en Suecia por la "Red de 100.000 amigos de Colombia en el exterior", decreto expedido por Uribe ya en octubre de 2002. Pero Yamhure en 2005 ya estaba quemado y Uribe tuvo que retirarlo después del escándalo del espionaje en Suecia. Dos españoles en Colombia, pero dos diferentes hojas de vida y rumbo profesional. Que los lectores juzguen.

POLO DEMOCRÁTICO SE HARÁ PARTE EN PROCESO CONTRA ÁLVARO URIBE POR "CHUZADAS"

Bogotá, octubre 16 de 2010 La Presidenta del Polo Democrático Alternativo (PDA), Clara López Obregón anunció que solicitará a la Comisión Colombiana de Juristas, que representa a esta colectividad de izquierda en su calidad de víctima de la operación criminal de interceptación telefónica y espionaje, hacerse parte en el proceso que se le sigue al ex presidente Álvaro Uribe Vélez en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. "Debemos saber de una vez por todas quienes son los verdaderos responsables del plan criminal urdido contra la oposición desde del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS)", afirmó López Obregón. El pronunciamiento de la Presidenta del PDA se produjo luego de que la ex subdirectora de Operaciones del DAS, Martha Leal, señaló en forma categórica que las denominadas "chuzadas" fueron ordenadas directamente por el ex mandatario Álvaro Uribe Vélez.

MARTHA LEAL, EX SUBDIRECTORA DE OPERACIONES DEL DAS ACUSA

"CHUZADAS FUERON ORDENADAS POR ÁLVARO URIBE" Las órdenes de seguimientos e interceptaciones ilegales, conocidas como chuzadas, realizadas por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), fueron ordenadas directamente por el presidente Álvaro Uribe, según se lo comunicó a la ex subdirectora

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de operaciones de la entidad Martha Leal, su jefe inmediato, el entonces director del organismo de inteligencia Andrés Peñate. "Recibí instrucciones del doctor Peñate de buscar la manera de establecer si la senadora Piedad Córdoba había viajado a la ciudad de México a una reunión organizada por el Partido de los Trabajadores de ese país con recursos dados por ese mismo partido y conseguir la copia de factura del hotel, para demostrar que ella había faltado a la verdad cuando afirmó que tanto el viaje como los gastos de hotel y comida fueron pagados con recursos propios", le expresó Leal a la Fiscalía al ampliar su testimonio inicial en cumplimiento de un principio de oportunidad acordado con las autoridades, según lo divulgó anoche Caracol Radio. "Esta información, según palabras del doctor Peñate, era requerida por el entonces presidente Álvaro Uribe y en varias ocasiones me requirió por los resultados que hasta la fecha que él se retiró del DAS no se habían logrado conseguir", declaró Leal. La ex funcionaria recontó a la Fiscalía que dos de los cuatro grupos que estaban a su cargo, estaban encargados de hacer seguimientos a dirigentes como la ya mencionada senadora Córdoba, del Partido Liberal, así como al ex senador Gustavo Petro, del Polo Democrático, y a la ex esposa de este. Al conocerse la noticia, la congresista liberal se preguntó, a través de Twitter, "¿qué más nos hace falta por conocer del gobierno de Álvaro Uribe?" y agregó: "Le va a resultar difícil a Álvaro Uribe explicar cómo un Presidente ordenó perseguir ilegalmente a la oposición". Leal le afirmó textualmente a la Fiscalía: "Por instrucciones dadas por el doctor Andrés Peñate al doctor Carlos Arzayuz, director general de inteligencia, la subdirección de operaciones a mi cargo recibió cuatro grupos especiales de inteligencia, dos de ellos contra el terrorismo y dos de ellos para actividades de contrainteligencia de Estado. Estos dos últimos se denominaban Venus y Bahía, que tenían como finalidad investigar presuntas actividades irregulares o ilegales realizadas por agentes de otros países en Colombia, específicamente de los gobiernos de Venezuela y Cuba". "Con base en las investigaciones que estos grupos adelantaban", sostuvo Leal, "el doctor Peñate conoció información de la senadora Piedad Córdoba y del senador Gustavo Petro, así como de la ex esposa de éste último en la cual se indicaba la relación que estas personas tenían con funcionarios del gobierno de Venezuela y Cuba aquí en Colombia, quienes estaban interesados en implantar en el territorio nacional, la revolución bolivariana, bandera del presidente Hugo Chávez, así como los presuntos dineros que estarían ingresando por parte del gobierno de Venezuela para apoyar las candidaturas al senado y a la presidencia de Piedad Córdoba y Gustavo Petro, respectivamente". Leal también detalló los seguimientos al director de Noticias Uno, Daniel Coronell: "Como lo indiqué en la entrevista del principio de oportunidad, el doctor Peñate fue quien ordenó hacer todas las labores de búsqueda de información y labores de campo

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del periodista Daniel Coronell a fin de determinar primero si estaba en el país y segundo saber quiénes eran sus fuentes de información, pues según lo indicado por el presidente Uribe, estaba muy molesto por los artículos que éste venía publicando en la revista Semana". El Nuevo Siglo, Bogotá, 16 de octubre de 2010

URIBE SERÁ INVESTIGADO POR ESCÁNDALO DE "CHUZADAS" La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes ordenó abrir investigación de oficio para establecer posibles responsabilidades del ex presidente Álvaro Uribe Vélez en el escándalo de las "chuzadas". El ex mandatario será investigado por su presunta responsabilidad u omisión en el caso de las interceptaciones telefónicas por parte del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), particularmente la participación de su secretario Bernardo Moreno. El fallo de la Procuraduría donde el ex secretario general de Presidencia fue inhabilitado para ejercer cargos públicos por 18 años también fue tenido en cuenta. Además, se tomó como sustento para la investigación, las decisiones de la Procuraduría contra varios de los ex directores del DAS. "El inicio de esta investigación tiene sustento en situaciones y hechos que han sido de conocimiento público a través de los diferentes medios de comunicación, aunado al pronunciamiento del ex mandatario través de la carta en la que asegura que asume responsabilidades políticas y jurídicas por las acciones legales de sus ex funcionarios, entre ellos, el ex secretario Moreno", sancionado para ejercer cargos públicos por 18 años, destaca una misiva de la Comisión. "Se hace necesario revisar la ocurrencia de los hechos, determinar si son constitutivos de falta penal o disciplinaria, esclarecer los motivos determinantes, circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se cometieron y la presunta responsabilidad del investigado (Álvaro Uribe)", continúa la misiva de la Comisión. Desde la semana pasada, en el Congreso los legisladores que en su momento fueron opositores al Gobierno de Uribe llamaron a la Comisión a que indagara sobre el papel del ex mandatario en ese escándalo. El Espectador, Bogotá 11 de 2010

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POR ESPIONAJE TELEFÓNICO, PROCURADURÍA DESTITUYE E INHABILITA A FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO URIBE

Por considerar que incurrieron en faltas disciplinarias gravísimas, el procurador general, Alejandro Ordóñez, destituyó e inhabilitó a varios funcionarios del gobierno del ex presidente Álvaro Uribe Vélez por el caso de las interceptaciones ilegales y seguimientos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, miembros de la oposición y periodistas. Al considerar su directa responsabilidad en el escándalo de las denominadas "chuzadas" fue destituido e inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas durante 18 años el ex secretario jurídico de la Presidencia de la República, Bernardo Moreno. A través de la misma decisión, el Ministerio Público sancionó con destitución e inhabilidad a los ex directores del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, Jorge Aurelio Noguera Cotes, por 20 años, y María del Pilar Hurtado, por 18 años. Por los mismos hechos fue suspendido durante ocho meses el ex director de ese mismo organismo de inteligencia, Andrés Peñate. Adicionalmente, fueron sancionados bajo las mismas condiciones el ex subdirector del organismo José Miguel Narváez, por espacio de 20 años y los ex detectives Jorge Alberto Lagos, Fernando Tabares y Carlos Arzayús, por 15. También fue destituido e inhabilitado por el mismo espacio de tiempo el ex director de la Unidad de Información y Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda, (Uiaf), Mario Aranguren. La determinación del organismo de control obedece a la participación de los disciplinables en las interceptaciones telefónicas y seguimientos ilegales de los que fueron blanco algunos magistrados de las altas cortes, líderes políticos opositores, periodistas y defensores de derechos humanos. LAS DECISIONES Las sanciones más drásticas del Ministerio Público fueron contra: Jorge Noguera, ex director del DAS, y José Miguel Narváez, ex subdirector del organismo, quienes fueron inhabilitados por 20 años; Bernardo Moreno, ex secretario de la Presidencia de la República, María del Pilar Hurtado, ex directora del DAS, y Mario Aranguren, ex director de la Unidad de Análisis Financiero (Uiaf), por 18 años. Además de ellos, otros tres subdirectores del DAS fueron inhabilitados: Jorge Alberto Lagos, ex subdirector de contrainteligencia; Fernando Tavares, subdirector de inteligencia; y Carlos Arzayús, ex subdirector de operaciones, por 15 años. Andrés Peñate, ex director del organismo de inteligencia recibió una sanción de 8 meses de suspensión y una multa cercana a los 22 millones y medio de pesos.

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La Procuraduría encontró responsable a Noguera por haber permitido, "de forma continua", que el G3 interceptara llamadas telefónicas y correos, sin orden judicial, de diversas ONG, periodistas, activistas políticos, entre otros. A Narváez por haber ordenado a funcionarios del DAS interceptar a algunas personas, "en una clara extralimitación de sus funciones". A Arzayús por los mismos hechos, pero también por "haber obtenido información de manera ilegal". A Tabares por haber permitido que funcionarios adscritos a su unidad participaran en tareas de seguimiento ilegal. A Lagos por haber ejecutado una orden, de Hurtado, de "realizar labores de seguimiento". A Hurtado haber dado órdenes en ese sentido. Y a Peñate por haber "omitido" su deber, pues no puso en conocimiento de las autoridades las irregularidades de las que tenía conocimiento. Estos son algunos de los elementos que la Procuraduría tuvo en cuenta durante la investigación: Bernardo Moreno, ex secretario general de la Presidencia. Llamado a interrogatorio por la Fiscalía General En febrero de este año, la Procuraduría General abrió pliego de cargos contra Moreno dentro del escándalo por el espionaje del DAS. Está señalado de extralimitación de funciones por haber participado en una reunión en su despacho a la que asistieron funcionarios de Inteligencia del DAS y de la UIAF para recibir información sobre un viaje de un grupo de magistrados de la Corte a Neiva, datos que posteriormente fueron filtrados a la prensa con el fin de desacreditar a los togados. Por el caso del DAS el escenario más complejo para Moreno está en la investigación que adelanta en su contra la Fiscalía General, en donde se indaga su posible responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir agravado y abuso de autoridad. El pasado 9 de julio, el ex jefe de inteligencia del DAS Fernando Tabares le dijo a la Fiscalía que: "el requerimiento (indagar sobre magistrados) hecho por Bernardo Moreno sí influyó en gran medida en lo realizado por la Dirección General de Inteligencia a partir de septiembre del 2007 y gran parte del año 2008 para la obtención de información de los tres temas de interés de la Presidencia de la República, tales como la ubicación de fuentes dentro de la Corte Suprema de Justicia y el incremento del esfuerzo de búsqueda de información sobre la senadora Piedad Córdoba. Es importante aclarar que el flujo de información de la misma, relacionada con los dos temas (Corte Suprema y Piedad) tenía como único destinatario el alto gobierno". La declaración del ex jefe de inteligencia comprometió seriamente a Moreno por haber supuestamente ordenado averiguar irregularmente sobre actividades de magistrados de la Corte y políticos de oposición. Además lo relacionó con el hecho de que el ex secretario general de la Presidencia también estaba al tanto de la infiltración por parte de miembros del DAS en la propia Corte, en donde se grabaron ilegalmente sesiones y reuniones privadas de los magistrados. Pero Tabares no es el único que ha mencionado a Moreno.

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El ex jefe de contrainteligencia del DAS Jorge Lagos, condenado por el caso de espionaje y quien aceptó los cargos y pidió perdón, ya había dicho que asistió a la sede presidencial en compañía de la ex directora del DAS María del Pilar Hurtado y de Fernando Tabares, para reunirse con el secretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno, con el fin de hablar del caso del viaje de los magistrados y el manejo que le darían. El ex director de la UIAF Mario Aranguren también había mencionado que entregó información financiera confidencial a Moreno y otros funcionarios del DAS y la Presidencia. Lo que ha dicho Moreno ha argumentado en repetidas oportunidades que jamás se extralimitó, ni excedió los límites legales al haber solicitado información del viaje de los magistrados. Tabares afirmó también que aparte de las reuniones que tuvo en la Presidencia, acudió a un desayuno con Moreno en el Club Metropolitan de Bogotá en compañía de Hurtado, pero, a diferencia de lo afirmado por Tabares, Bernardo Moreno dijo que los temas que se trataron en esa reunión tenían que ver con el interés de la Presidencia por estar enterados sobre temas de orden público y narcotráfico. El pasado 28 de julio, Moreno acudió a la Fiscalía para responder un interrogatorio. Al finalizar la diligencia, su abogado, Jaime Granados, dijo que "la reunión del club nunca se negó. Desde el primer día, el 9 de julio del año pasado, Moreno informó de la existencia de ese desayuno, que no tuvo nada ilegal (...) Confiamos en que la Fiscalía, al investigar, pueda establecer que Tabares mintió y le niegue el principio de oportunidad", dijo Granados, quien también afirmó que Tabares miente y que instaurarán una demanda por calumnia en su contra. Mario Aranguren, ex director de la UIAF Acusado por la Fiscalía de los delitos de concierto para delinquir agravado, prevaricato por acción y abuso de función pública. A finales de mayo pasado, la Fiscalía presentó ante un juez un escrito de acusación contra el ex director de la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero (UIAF). De acuerdo con la Fiscalía, desde finales del 2007 y durante el 2008, Aranguren y funcionarios del DAS concertaron para realizar "conjuntamente y de forma ilegal una serie de actividades investigativas sobre algunos magistrados, encaminadas a establecer vínculos con agentes del narcotráfico o con cualquier persona o conducta al margen de la ley". El fiscal hizo énfasis en que el objetivo era generar una campaña de desprestigio y que dichas actividades habrían sido ordenadas por funcionarios del Gobierno. "El 16 de mayo del 2008, Aranguren Rincón hizo una reunión en su oficina con la directora del DAS (María del Pilar Hurtado), Jorge Alberto Lagos y Luis Eduardo Daza, con el fin de conocer los avances de las averiguaciones adelantadas contra Ascencio Reyes y los magistrados de la Corte... de manera permanente y sistemática con otros servidores públicos del DAS y otras instancias gubernamentales para la ejecución indeterminada

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de delitos. Como director general y subdirector de análisis de operaciones de la UIAF, dirigieron y organizaron la empresa criminal". El organismo investigativo estableció que la UIAF formó parte de la campaña de desprestigio que se elaboró en contra de la Corte Suprema de Justicia al entregar información, de carácter reservado, al parecer requerida y conocida por funcionarios del Gobierno Nacional. La defensa Aranguren ha reconocido que el ex secretario general de la Presidencia Bernardo Moreno lo citó en Palacio y le entregó un sobre cerrado que contenía información sobre el viaje a Neiva de un grupo de magistrados, organizado por el empresario Ascencio Reyes. Le dijo: "Director, esto es competencia de la UIAF y tiene que ver con Ascencio Reyes y un vuelo chárter”. Aranguren también ha reconocido que sobre ese caso entregó información al ex jefe de contrainteligencia del DAS Jorge Lagos, pero ha insistido en que nunca participó en un complot contra magistrados, políticos y periodistas, y se limitó simplemente a entregar información en virtud de acuerdos interinstitucionales. María del Pilar Hurtado, ex directora del DAS (30 de agosto del 2007-22 octubre del 2008) Está a la espera que la Fiscalía diseñe el programa metodológico para iniciar investigación en su contra. "Todo se inicia después de la posesión de la doctora María del Pilar Hurtado como directora del DAS, el 31 de agosto del 2007. Los días siguientes ella me invita a que la acompañe a un desayuno de trabajo que iba a tener con Bernardo Moreno en el Metropolitan Club de la ciudad de Bogotá. (…) Ella nos presentó y le indicó que yo era director general de Inteligencia del DAS. Moreno le manifestó a Hurtado que el interés del señor Presidente de la República era que el DAS lo mantuviera informado sobre cuatro temas o aspectos principales: la Corte Suprema de Justicia, la senadora Piedad Córdoba, el senador Gustavo Petro y el periodista Daniel Coronell... Terminado ese desayuno, yo me regreso con la doctora Hurtado y ella me pregunta que si nosotros tenemos cómo informar al Presidente sobre esos temas. Le dije que sobre los tres primeros temas, la Corte Suprema de Justicia, Piedad Córdoba y Gustavo Petro, no le veía ningún inconveniente porque están enmarcados dentro de nuestras funciones como proveedores de inteligencia para el alto gobierno, pero que en el de Daniel Coronell yo lo veía más como un tema personal y que no veía cómo el DAS podría adelantar labores de inteligencia sobre esta persona… Ella impartió instrucciones para que empezáramos a centrar lo más posible nuestras labores sobre ese requerimiento transmitido por Moreno, y al interior del DAS se inició la elaboración de documentos y la recolección de información correspondiente... En el caso específico del senador Gustavo Petro, la subdirección de Contrainteligencia desde tiempo atrás venía recopilando información al respecto… En el tema de Córdoba… se realizaron labores de inteligencia tendientes a obtener más información . Esta era entregada a la Dirección

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del departamento, para que, a su vez, la pusiera en conocimiento del Presidente de la República (...)". Esta declaración del ex jefe de inteligencia del DAS Fernando Tabares es sólo una de las múltiples pruebas que tienen seriamente enredada a María del Pilar Hurtado en las investigaciones que se adelantan en su contra en la Fiscalía y en la Procuraduría por el caso de las "chuzadas" del DAS. La Fiscalía y Procuraduría tienen también correos internos del DAS en los que la ex subdirectora de operaciones Marta Leal le reportaba a Hurtado unas actividades irregulares contra el abogado Ramiro Bejarano y el ex presidente de la Corte César Julio Valencia. "Me enteré por palabras de Leal que Hurtado le había ordenado esas diligencias en cumplimiento de instrucciones de la Casa de Nariño con el fin de apoyar la labor que realizaban los abogados defensores del Presidente...", dijo Tabares a la Fiscalía al referirse a ese hecho específicamente. De acuerdo con los correos internos cruzados entre la cúpula del DAS, es claro que, al menos durante las tres primeras semanas de abril del 2008, un numeroso grupo de detectives estuvo dedicado a escarbar en todas las notarías existentes en Bogotá con el único fin de buscar información sobre César Julio Valencia Copete, quien era en ese entonces el presidente de la Corte Suprema de Justicia, e hicieron lo mismo con su abogado, Ramiro Bejarano. "Los funcionarios encargados de la tarea continúan haciendo descartes, especialmente en las notarías del norte, pero a la fecha no han encontrado nada. Mañana continúan", dice un correo enviado por un detective el martes 1° de abril del 2008 a la subdirectora de operaciones, Martha Leal. Al día siguiente, esta funcionaria le envió a las 12:15 un correo electrónico a la directora del DAS, María del Pilar Hurtado, en donde le reporta los primeros hallazgos cumpliendo su orden: "Doctora, en relación con su requerimiento me permito informarle que el señor Ramiro Bejarano Guzmán c.c. (...) registra en catastro un inmueble en la carrera (...). Así mismo el señor Valencia Copete Cesar Julio c.c. (...) registra un inmueble en la calle (...). Continuamos con las labores de verificación en las diferentes notarías ya que son más de ochenta en toda la ciudad". Para las fechas de las pesquisas ilegales emprendidas por el DAS, el magistrado y su defensor estaban en el momento más difícil por cuenta del enfrentamiento con el presidente Álvaro Uribe, a raíz de la demanda por injuria y calumnia que el mandatario adelantaba contra Valencia. Esos correos demuestran además que, a diferencia de lo que ha argumentado Hurtado en su defensa, el espionaje contra miembros de la Corte no se había limitado al episodio de indagar sobre el viaje de unos magistrados a Neiva. Sobre este último hecho, Hurtado también aparece seriamente comprometida en la investigación de la Fiscalía, ya que no sólo participó activamente como directora del DAS en esos seguimientos al ordenar a sus subalternos ejecutarlos, sino que, como ella lo ha reconocido, participó en reuniones para recibir y cruzar información sobre ese caso con la UIAF. La defensa Hurtado ha dicho que ella es "un chivo expiatorio" y en su defensa ha sostenido insistentemente que nunca siguió a magistrados o miembros de la Corte. Afirma que

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simplemente cumplió un requerimiento hecho por Bernardo Moreno encaminado a saber si un polémico abogado, presuntamente relacionado con la mafia, estaba infiltrando a la Corte Suprema. Sin embargo, más allá, Hurtado deberá explicarle a la justicia también por qué y para qué aceptó infiltrar funcionarios del DAS al interior de la Corte con el fin de grabar las reuniones privadas de los magistrados, hechos que ya han sido confesados por quienes fueron sus jefes de inteligencia y contrainteligencia y por aquellos que participaron en la infiltración. Andrés Peñate, ex director del DAS (Octubre del 2005 a agosto del 2007) Está a la espera que la Fiscalía General diseñe el programa metodológico para iniciar investigación en su contra. La Procuraduría General abrió el año pasado una investigación contra él, al considerar que: "de acuerdo con los resultados de la investigación, el señor Peñate Giraldo, al parecer, pudo haber incurrido en falta disciplinaria por haber omitido su deber de poner en conocimiento de las autoridades competentes, las presuntas irregularidades cometidas por funcionarios adscritos al DAS, consistentes en interceptación de comunicaciones y correos electrónicos, así como el seguimiento a diversas personas, sin el lleno de los requisitos legales, lo cual pudo ser constitutivo de conductas delictivas, disciplinarias y fiscales por parte de dichos funcionarios.", dice el pliego de cargos en contra de Peñate. Andrés Peñate fue quien nombró como jefes de inteligencia y contrainteligencia a Fernando Tabares y Jorge Lagos, respectivamente, funcionarios que aceptaron y confesaron (incluso Lagos aceptó condena) haber participado en el espionaje ilegal del DAS. Aunque la Fiscalía, por su parte, también abrió desde el año pasado una investigación en su contra, después de 18 meses ésta aún se encuentra en la etapa de diseño de programa metodológico para adelantar las investigaciones. La defensa Peñate siempre ha negado que durante su administración se adelantara algún tipo de actividad ilegal de espionaje o seguimientos. Sin embargo, como testigo en el juicio que la Corte Suprema adelanta contra Jorge Noguera y en una declaración ante la Fiscalía, Peñate reconoció que cuando asumió la dirección del DAS encontró serias y graves irregularidades adelantadas por esa entidad antes de su llegada. Estas incluían el espionaje por parte del DAS a diversas personalidades del país, de las cuales él mismo y su familia fueron víctimas cuando se desempeñó como viceministro de defensa. Jorge Noguera, ex director del DAS (Agosto 2002-octubre 2005) Noguera tiene varias investigaciones en la Fiscalía y Procuraduría por presuntos nexos con paramilitarismo. En el caso que tiene que ver concretamente con el espionaje del DAS durante su administración, la Fiscalía ha encontrado abundante documentación sobre interceptaciones ilegales, seguimientos y amenazas por parte del miembros de

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ese organismo de inteligencia contra ONG, políticos de oposición, periodistas y sindicalistas. La defensa Esas actividades ilegales fueron adelantadas por un polémico grupo conocido al interior del DAS como G-3. Aunque esos hechos ocurrieron cuando Noguera fue director el ex funcionario ha sido enfático en afirmar que el siniestro grupo G-3 operó sin su autorización o conocimiento y las actividades estuvieron coordinadas y orientadas de manera clandestina y paralela por quien fue su asesor y subdirector, José Miguel Narváez. Con información de Revista Semana y periódico El Espectador, Bogotá, octubre 4 de 2010

UNA PRUEBA REINA Por Cecilia Orozco Tascón EL ESPECTADOR Septiembre 1 de 2010 Como una noticia que merecía abrir noticieros, pero sin más trascendencia que la del día en que se produjo, pasó la petición pública de perdón que hizo el ex jefe de contrainteligencia del Departamento de Seguridad de la Presidencia, Jorge Alberto Lagos, a la Corte Suprema y a los senadores Piedad Córdoba y Gustavo Petro por haberlos perseguido. En una histórica escena judicial que no habíamos visto en Colombia -en donde hasta los perpetradores de masacres se proclaman 'inocentes' aunque los cojan con las manos en la masa-, Lagos leyó frente a la jueza, el fiscal, los abogados de las víctimas y la prensa, una declaración contundente, después de su súplica: "Lamento lo sucedido y pido perdón a todos por este hecho". Con voz firme, reconoció que "el objeto de las investigaciones (ilegales del DAS) era desacreditar a la alta corte... y desprestigiar a los congresistas" de la oposición. Lagos admite su culpa para cumplir uno de sus acuerdos con la Fiscalía. El otro acuerdo consiste en contar cuáles de sus superiores lo incitaron a "desacreditar y desprestigiar" a las otras ramas del poder, en particular, a aquéllas que estaban juzgando a los parapolíticos, origen real de esta gran tramoya. De cualquier manera, las revelaciones de Lagos serán apenas el inicio de una montaña de datos que entregarán otros implicados del DAS, también ansiosos de no terminar pagando los platos que rompieron los de más arriba. Entonces habrá evidencias innegables de cuán comprometidos están los cinco hombres del primer círculo del Presidente, y, de pronto, el mismísimo Uribe. Por eso la condena de Lagos no es una decisión judicial como otras. Merece un análisis de mayor proyección, puesto que es la primera prueba reina

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del complot que se trazó para quitarles soporte moral y apoyo de la comunidad a la Corte Suprema y a su Sala Penal, no en vano la más vilipendiada. Tres líneas de acción tuvo el plan delictivo contra los magistrados independientes (porque no fue contra todos): 1.- Encontrar vínculos criminales con el narco Giorgio Sale 2.- Encontrar deudas de gratitud con Asencio Reyes y de éste, con un presunto socio narcotraficante 3.- Encontrar lazos 'clientelistas' de los togados y sus familiares con otros organismos del Estado. A estas tres patas le hacía falta una cuarta, la de mayor éxito: la difusión mediática. Vamos por partes: No pudieron comprobar conexión criminal de la Corte con Sale o con Reyes. A éste ni siquiera pudieron impulsarle un proceso. Tampoco hallaron una sentencia torcida que favoreciera los intereses del uno o del otro. Pero hubo evidencias de reuniones sociales. Con eso, y a través de sujetos poco respetables de la prensa, extendieron sospechas como si fueran verdades. Y se cuidaron de guardar bajo llave, informes sobre contactos de ese par de individuos, con políticos de los primeros renglones, ministros, militares y policías de los rangos más altos, o magistrados de otras épocas a los que había que proteger, porque hoy son amigos de la cofradía. En efecto, nadie acepta que estuvo en L'Enoteca comiendo por invitación de su dueño. ¡Ay, si la lista fue larga! No obstante, se agarraron de ese filón y del clientelista, para el que no había que montar operativo alguno porque era fácil encontrar familiares de quien fuera, trabajando en el sector público. Unos por mérito propio y otros, por influencia. A ver ¿Quién se atreve a decir en el rubro de las clientelas esta boca es mía? Los magistrados no son perfectos. De acuerdo. Pero distan mucho de estar impedidos para ejercer su función de jueces. Pésele a quien le pese. Y lo harán.

LA POLÍTICA DEL PARA-ESTADO Por Pedro Medellín El Tiempo Julio 27 de 2010 Muy graves los hechos revelados a las autoridades judiciales por el ex director general de Inteligencia del DAS Fernando Tabares. En ellos vincula a la Presidencia de la República con los seguimientos y las interceptaciones ilegales contra la Corte Suprema, opositores políticos y periodistas, realizados por el organismo de seguridad. En su declaración ante la Fiscalía, conocida la semana pasada en exclusiva por La W, Tabares fue explícito al afirmar que el más alto nivel de la Presidencia de la República no sólo estaba al tanto de lo que sucedía con los seguimientos y las interceptaciones ilegales, sino que desde allí era desde donde se impartían las órdenes para realizarlos. Y más grave todavía resulta que, además de ilegales, tenían el propósito expreso de interrumpir o alterar la acción de la justicia, especialmente en los asuntos que afectaban directa o indirectamente al Presidente o a uno de sus familiares.

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A primera vista, pareciera que se trata de unos funcionarios públicos que, por ser demasiado celosos en la defensa de la Primera Magistratura del Estado, se excedieron en sus funciones e incurrieron en conductas que traspasan los límites establecidos por el Código Penal. Es decir, en abuso de autoridad, concierto para delinquir e interceptación ilegal de comunicaciones, para caracterizar sólo algunas conductas por las que podrían ser procesados. Sin embargo, si se analiza con mayor detenimiento y se pone en contexto con los demás escándalos que le han estallado al Gobierno en los últimos años, se encuentra que no se trata únicamente de unos cuantos altos funcionarios que delinquieron. No. Detrás de lo hecho por esos altos funcionarios (supuestamente) implicados, en realidad estaba operando un verdadero para-Estado, que se había fraguado y puesto en marcha para la defensa de unos intereses muy definidos. Es decir, una organización paralela al aparato institucional que (con el argumento de defender la institucionalidad) se fue apropiando de sus funciones para cumplir con fines que terminaron desbordando al propio Estado, atentando contra el Estado de Derecho y privatizando los recursos públicos al ponerlos al servicio de una causa particular. Es la política del para-Estado, que se manifiesta en toda su dimensión. Primero, porque el hecho de que sean cuatro los directores del DAS y cerca de una veintena los funcionarios altos y medios involucrados en las investigaciones judiciales revela que hay una decisión política y una línea de acción continuada, que les imprime a los seguimientos y las interceptaciones ilegales una sistematicidad que va más allá de la acción solitaria de uno de los directores ocasionales del DAS. Segundo, porque si hay una decisión de política y una línea de acción continuada es porque hay una jerarquía en funcionamiento y una unidad de mando que hace que todas las piezas actúen de una manera relativamente coordinada. Se trata de una situación muy delicada, pues si bien es cierto que compromete directamente al Secretario General de la Presidencia en los hechos ilegales, también lo es que Tabares deja ver que el propio Presidente estaba al tanto y dio órdenes precisas a quienes intervinieron en esos hechos, como la trama que intentó fraguarse contra el magistrado coordinador de investigación de la 'parapolítica', Iván Velásquez, en el caso 'Tasmania'. Y en tercer lugar hay un propósito explícito de generar y consolidar espacios oscuros de información para ejercer presión sobre aquellos que se constituyen en un riesgo para la supervivencia del para-Estado. Sin embargo, se trata de organizaciones atadas con alianzas tan débiles que, cuando se desgarra una de ellas, comienza a desplomarse toda la organización. En la medida en que avancen las declaraciones de los involucrados, las mayores responsabilidades se irán visibilizando. No hay duda de que uno de los desafíos que tendrá el nuevo gobierno está en apoyar la acción de la justicia, que es la única capaz de desmantelar ese para-Estado. Si quiere gobernar, claro está.

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CHUZADAS, SEGUIMIENTO Y RESPONSABILIDAD POLÍTICA: EL WATERGATE COLOMBIANO

Por José Gregorio Hernández Galindo Razón Pública Abril 26 de 2010 Por lo que la Fiscalía General de la Nación ha divulgado en audiencia pública, y por informes periodísticos de los últimos días, el escándalo de las llamadas "chuzadas" o interceptación de comunicaciones privadas es mucho más grave de lo que creíamos. Entre otras razones, porque se ha sabido que no había sólo grabación de conversaciones telefónicas sino mucho más: lo que en fútbol se denomina "marcación", un procedimiento confiado a los defensas y aplicado principalmente a los delanteros que tienen fama de goleadores, y que consiste en no dejarlos libres un segundo. Al comienzo se pensó -y eso de suyo era grave en un sistema que alega ser respetuoso del Derecho- que se trataba de saber lo que estaban conversando ciertas personas de importancia, pero que había sido algo extraordinario y proveniente de la actuación aislada de algunos funcionarios de menor rango del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) por supuesto sin orden judicial y sin conocimiento de sus superiores. Pero la Fiscalía, sobre la base de las pruebas allegadas, ha establecido ahora que esas acciones respondían a un plan preconcebido y a una verdadera empresa criminal contra personas expresamente seleccionadas en razón de su pertenencia a la Corte Suprema de Justicia, al periodismo o a la oposición. Un programa delictivo perfectamente trazado, con pautas e instructivos específicos; con la deliberada intención -no ya de espiar a las personas escogidas y a sus familias- sino de averiguar todos sus pasos y costumbres. Se trataba de buscarles algún posible vínculo con delincuentes o con organizaciones criminales. Se trataba de desacreditarlos. Y, en el caso de los opositores, de conocer, además, lo que pensaban acerca de las políticas o decisiones oficiales; de las posiciones críticas que asumían; de las estrategias que seguirían. Y, en el caso de los magistrados -precisamente aquellos que llevan los procesos de la "parapolítica" o que han tenido diferencias con el Ejecutivo, como Valencia Copete- se quería "escarbar", en sus actos cotidianos y en sus asuntos personales y privados, con el objeto de "descubrir" irregularidades para, de alguna manera, desprestigiarlos y hacerles perder credibilidad. LOS DELITOS SON VARIOS Y SON GRAVES En definitiva, un plan macabro y concebido con dolo e intención perversa, que hace empalidecer lo sucedido en Watergate que culminó con la caída del Presidente Richard Nixon. Una empresa criminal en la que tomaron parte ex funcionarios del DAS y que tiene detrás, a no dudarlo, uno o varios cerebros que no hemos podido identificar y a quienes es menester descubrir cuanto antes. Toda una estructura malévola respecto de

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la cual sin duda los subalternos obedecieron órdenes. ¿De quién? El país espera que las investigaciones prosigan y que lleguen algún día a alguna parte, ojalá sin que se atraviese el nefasto vencimiento de términos. No se podría admitir que los responsables intelectuales de estos delitos quedaran impunes. Si, como lo ha dicho el Presidente encargado de la Corte, doctor Jaime Arrubla, estamos ante una conspiración de Estado, la situación adquiere características de verdadera crisis, en especial si llegara a probarse que las órdenes provinieron de altos funcionarios de la Casa de Nariño, puesto que ello significaría un grave atentado contra las instituciones democráticas, y una preocupante incrustación de tenebrosos "goebbels" o "montesinos" en la estructura gubernamental colombiana. Por todo lo que significa para la democracia y para el Estado de Derecho, lo que se ha venido estableciendo en el curso de ese proceso es un campanazo que nos debe alertar: 1. El espionaje y los seguimientos ilegales contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia constituyen prácticas delictivas propias de un sistema dictatorial, pues en su desarrollo han sido hostigados los jueces de mayor jerarquía con los propósitos definidos de vencer su voluntad y de quebrar su independencia; 2. Con los periodistas, lo que hay es una inadmisible violación de las libertades de información y de expresión; 3. Con la oposición y sus dirigentes, una enfermiza tendencia -muy característica de algunos funcionarios- a considerar que quienes son críticos del gobierno o se abstienen de usar el incienso ante el gobernante son, por eso mismo, enemigos de la sociedad y amigos de la subversión, y que deben ser seguidos para rastrear sin orden judicial aquello que obsecuentes servidores del régimen piensan que pueden encontrar: sus "vínculos" con la guerrilla. Con el agravante de que los maquiavélicos organizadores del complot no descartaron crear los "vínculos" en caso de no ser encontrados, según puede verse en algunos de los documentos divulgados, que, al tenor de las instrucciones allí contenidas, tenían por objetivo el descrédito, además del espionaje. Por supuesto, el Gobierno Nacional ha afirmado que ninguno de sus integrantes ha dado instrucciones en sentido violatorio de la ley, y que ninguna participación ha tenido la Presidencia de la República en la comisión de estos graves delitos, pese a que las pruebas dan vueltas concéntricas alrededor de la Casa de Nariño. Eso sí -hay que decirlo- hasta ahora ninguna prueba compromete al Presidente de la República, y quien esto escribe jamás ha creído que el oscuro plan en referencia sea suyo, pero todo indica que sí pudo provenir de algún espontáneo funcionario muy cercano, que no se sabe si estuvo o está todavía en la sede del Gobierno. UNA DISCULPA INACEPTABLE DEL PRESIDENTE El parte oficial dice que en las reuniones de empleados del DAS con funcionarios de la Casa de Nariño, el Gobierno sólo tenía el propósito de averiguar sobre la conducta de

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los magistrados de la Corte Suprema. Y considera, probablemente de buena fe, que esa averiguación era legítima. Al respecto, manifestó el Presidente Uribe: "Hubo un momento en que los medios publicaron probables interferencias de algunos narcotraficantes en algunos magistrados. En la Presidencia se le preguntó al DAS por eso. Una cosa es preguntarle al DAS por eso, que es una institución de inteligencia y que en alguna forma tiene que trabajar con la Presidencia, (...) y otra muy distinta, que nunca ha pasado por la mente de este Gobierno, es sugerirle al DAS que haga interceptaciones o que viole la Ley" [1]. Allí hay una equivocación. Si algo aparecía en los medios acerca de posibles conductas reprobables o delictivas de magistrados, el Presidente de la República no era ni es el llamado a investigar esos hechos ni a juzgar sobre los mismos. Menos todavía subalternos suyos en la Casa de Nariño. Ni era el DAS el organismo encargado de llevar proceso alguno al respecto porque no le correspondía. Las interceptaciones telefónicas o los datos de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) que hubiesen sido filtrados ilegalmente a los medios, no eran tampoco la vía para establecer si esas conductas tuvieron o no lugar. Recuérdese que, según la Constitución, las comunicaciones privadas son inviolables y que solamente pueden ser interceptadas por orden judicial y por los motivos previstos en la ley. Dígase lo propio acerca de los documentos privados. Además, los magistrados de los altos tribunales gozan del fuero constitucional especial en cuya virtud, por delitos, solamente pueden ser juzgados por el Senado, previa acusación de la Cámara de Representantes. En esos procesos no tiene arte ni parte el Ejecutivo. De otro lado, que se sepa, no había en este caso proceso judicial alguno contra los magistrados por esas supuestas relaciones con delincuentes, ni había orden judicial para interceptar sus teléfonos, ni para esculcar sus documentos privados, y menos para seguirlos en su vida íntima. Y de todas maneras es absolutamente inexplicable que sobre los resultados de esas interceptaciones y seguimientos se estuviera informando a la Presidencia. La conducta de los magistrados no es juzgada por la Presidencia de la República, ni existía razón para que estuviera preguntando. La Presidencia no tiene función judicial, ni el DAS, ni la UIAF seguían órdenes judiciales. Entonces -lo digo con el debido respeto-, el Presidente no tiene la razón en cuanto a la justificación que presenta para las reuniones señaladas. En todo caso, se estaba recibiendo de los funcionarios del DAS una información de origen ilícito, y eso no es

1 Declaración del Presidente de la República en entrevista telefónica con la emisora Radio Santea Fe de Bogotá, Abril 13 de 2010 (reproducida en http://web.presidencia.gov.co/sp/2010/abril/13/02132010.html)

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correcto, aunque el Jefe del Estado tenga la convicción de que todo se hace -y considera que está bien que se haga, sea lo que sea- por salvar la patria. RESPONSABILIDAD LEGAL Y RESPONSABILIDAD POLÍTICA Pero, con independencia y sin detrimento de ello, lo que deseo subrayar en esta ocasión es la necesidad de que en Colombia se comprenda la diferencia existente entre la responsabilidad jurídica, bien sea penal o disciplinaria, y la responsabilidad política. La responsabilidad política se configura en razón del compromiso que contrae con la sociedad quien tiene a su cargo la dirección, conducción u orientación de una institución u organismo, una actividad, una operación o un evento o empresa de carácter público que, por serlo, interesa a toda la colectividad. Quien asume el liderazgo tiene sobre sus hombros no solamente la carga de sus propios actos u omisiones, por los cuales naturalmente responde, sino, en el aspecto político, la de responderle a la colectividad por aquello que, así no le sea imputable directamente, es producto de acciones u omisiones de sus delegados, nominados o subalternos. Ese conductor sabe desde el comienzo que, bajo el punto de vista del compromiso asumido, será exaltado por los aciertos, o necesariamente afectado por las fallas de la empresa que comanda; que será suyo tanto su éxito como su fracaso, aunque ni el uno ni el otro hayan sido el resultado de decisiones o actuaciones suyas, positivas o negativas. En relación con altos funcionarios ha venido haciendo carrera la práctica desaparición de la responsabilidad política, de manera que hechos tan delicados como las interceptaciones y seguimientos en mención; tan graves como los denominados "falsos positivos"; tan vergonzosos como "Agro Ingreso Seguro", o la monumental cascada de equivocaciones de la Emergencia Social en salud -para no mencionar sino los más recientes- solamente repercuten en la trajinada expresión de "...yo asumo la responsabilidad..." -vacía y sin consecuencias reales-, o en la salida del servicio de unos mandos medios que sirven de "fusibles" para que no sean tocados sus superiores. Ese "asumir" la responsabilidad sin asumirla se suele acompañar de la constante e impropia apelación al debido proceso y a la presunción de inocencia, ingeniosamente trasplantadas, de los principios constitucionales que rigen los procesos judiciales y disciplinarios, al terreno de la responsabilidad política, para que solamente respondan en este último aspecto quienes fueron condenados mediante sentencia en firme al culminar un juicio en su contra. Se confunden así esas dos formas de responsabilidad, y aunque el fracaso del funcionario en lo político sea estruendoso, nada pasará en este campo, y nadie responderá políticamente con efectos tangibles, mientras no se dilucide la responsabilidad jurídica, lo que, además de constituir un gran error conceptual, ocasiona en la práctica una forma olímpica de garantizar la impunidad política, e inclusive el ascenso burocrático de quienes deberían responder ante la sociedad y finalmente nunca le responden. Repito que la tesis ha hecho carrera y por eso, aunque al cabo de los años los autores materiales de las "chuzadas" y seguimientos resultaran castigados, no me hago ni

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siquiera la ilusión de que esta cadena de atropellos se refleje en el plano de la responsabilidad política. Aquí hubo un Watergate pero no habrá un Nixon.

COLOMBIA VIVE UN RÉGIMEN DE TERROR

MÁS QUE CHUZADAS, CRIMEN DE ESTADO "Esto no son chuzadas, esto es el espionaje más horrendo y asqueroso y repugnante del mundo, con atentados terroristas", coligió el director de Noticias de RCN, Juan Gossaín, en su contundente editorial del viernes 16 de abril para calificar los seguimientos telefónicos realizados por personal del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) a dirigentes de la oposición, magistrados, jueces, periodistas y defensores de derechos humanos. Se trata de "una actividad criminal sistemática para acabar con la oposición en Colombia", señaló por su parte el candidato presidencial del Polo Democrático Alternativo (PDA), Gustavo Petro, y "el responsable directo, el que tiene que responder, agregó, es el presidente Álvaro Uribe Vélez". La estrategia que constituye una empresa criminal de grandes proporciones no solo contempla la interceptación de comunicaciones telefónicas, sino la ejecución de una serie de "Operaciones" para denigrar y atentar contra la vida y honra de todo aquel que en Colombia sea reconocido opositor al gobierno. Por eso el candidato del PDA ha insistido en el carácter mafioso del régimen político colombiano y la implicación directa del Presidente de la República. Todas estas "operaciones" de espionaje, de desprestigio y de persecución son "acciones propias de una dictadura", enfatizó Petro (1), que tenían como propósito "un plan de liquidación del Polo por el Gobierno". (2) ¿QUIÉN LO ORDENÓ? Aún la justicia no ha logrado identificar a los verdaderos responsables que promovieron este régimen de terror, pues a nadie le cabe en la cabeza que un "crimen monstruoso" como catalogó Gossaín a la cacería del DAS, haya sido ordenada por algún mando medio o por algunos detectives de esta institución que depende directamente de la Presidencia de la República. Los colombianos están en mora de saber quiénes son los autores de haber convertido al país en un Estado policíaco estigmatizando y violando su intimidad a una serie de ciudadanos inocentes.

1 Gustavo Petro convocó a un debate en el Senado de la República el 27 de abril para denunciar en forma pormenorizada la criminal estrategia sistemática del gobierno, ejecutada a través del DAS. 2 Entrevista de Yamid Amat a Gustavo Petro, El Tiempo, Bogotá, abril 25 de 2010.

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¿Quien ordenó este macabro plan? ¿Por qué se ejecutó? ¿Quiénes lo encubrieron? ¿Qué funcionarios públicos de alto nivel están comprometidos? ¿Estos crímenes de Estado fueron ideados e impulsados por el alto gobierno? Todos estos graves interrogantes deberá develarlos la justicia para que caigan los verdaderos responsables, porque hasta ahora solo están siendo procesados funcionarios del nivel medio del DAS. "OPERACIONES" CRIMINALES La empresa criminal ejecutada por el DAS contemplaba una serie de "Operaciones" que determinaban la realización de actividades tendientes a menoscabar la dignidad y la integridad física y moral de determinadas personas consideradas "enemigas" del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Así se desprende de un documento de 166 páginas que decomisó la Fiscalía en el allanamiento que realizó a esa agencia de seguridad del Estado. "Operación Amazonas: "Objetivo general: Promover acciones en beneficio del Estado para las elecciones del año 2006. Blancos: Partidos políticos opositores al Estado, Corte Constitucional. Frente Social y Político, Carlos Gaviria Díaz. Generar vínculos con las Farc al Partido Liberal, a Piedad Córdoba. Generar vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia a Horacio Serpa Uribe. Generar vínculos con el ELN al Polo Democrático, a Gustavo Petro. Generar vínculos con las Farc a Antonio Navarro. Generar vínculos con el M19 y el narcotráfico a Wilson Borja: Generar vínculos con infidelidad sentimental a Samuel Moreno. Demostrar relación con desfalcos financieros". "Operación Transmilenio: "Objetivo general: Neutralizar las acciones desestabilizadores de las ONG en Colombia y en el mundo. Objetivo específico: Establecer vínculo con organizaciones terroristas en busca de su judicialización. Casos: En desarrollo: Proyecciones: Operación Imprenta: Impedir la edición de libros E.A y otros. Estrategias: Sabotaje y presión. Acción: Servicios públicos, camiones de distribución, amenazas, guerra jurídica. Operación Halloween -a mí no me cabe duda de que esto lo hicieron unas verdaderas brujas -. Objetivo: Concientizar a la población sobre la realidad de la ideología comunista. Estrategias: Desprestigio. Acción: Publicación de libro 10.000 ejemplares, entregados 7.620. Proyecciones: Internet, 4 mil ejemplares, creación página web". "Operación Bahía: "Estrategia: Desprestigio medios de comunicación, encuestas, chat. Calles: Distribución de panfletos, grafitis, volantes, afiches, libros. Creación de páginas web, comunicados, denuncias, montajes. Sabotaje: terrorismo, explosivo, incendiario, servicio público, tecnológico. Presión: amenazas y chantaje. Desinformar a la población que se encuentra a favor de los detractores del gobierno. Generar división al interior de los movimientos de oposición. Impedir la materialización de escenarios convocados por la oposición. Transbordo ideológico".

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"Operación Arauca: "Objetivo: Establecer vínculos entre C. K. Jar y ELN. Estrategia: sabotaje. Acción: intercambio mensaje con cabecilla ELN, el cual será encontrado en allanamiento -es decir, siembra de documentos falsos -. Otra: Operación intercambio: Objetivo: neutralizar influencia en Corte Interamericana de Derechos Humanos, Costa Rica. Estrategias: desprestigio y sabotaje. Acción: alianzas servicios de inteligencia extranjeros, comunicado y denuncia, páginas web, guerra jurídica. Operación Europa: Neutralizar influencia en sistema jurídico europeo, Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Gobiernos nacionales. Estrategias: desprestigio. Acción: comunicado y denuncia, páginas web, guerra jurídica. "Operación Risaralda: "Objetivo: generar división entre altos funcionarios de Redepaz, Ana Teresa Bernal. Estrategias: investigación operativa, desprestigio y sabotaje. Acción: comprobar actividades ilícitas de funcionarios Redepaz para obtener prebendas económicas por obtención de asilo político. Comunicados: desvinculación del esquema de protección del DAS Operación Internet: Objetivo: generar controversia en torno a las ONG. Estrategias: desprestigio. Acción: emisión de comunicados a través de las páginas Corporación Verdad y Justicia y Servicio Colombiano de Información y Estadística para la Prevención del Conflicto". "Operación Extranjeros: "Objetivo: neutralizar la operación de ciudadanos extranjeros que atentan contra la seguridad del Estado. Estrategias: investigaciones operativas, desprestigio y presión. Acción: deportación, comunicados y denuncias". Periódico POLO, edición extraordinaria, Bogotá, mayo de 2010

MUCHO PEOR QUE EL WATERGATE Descargue pdf

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LA HISTORIA DETRÁS DEL NOMBRE DE LAS OPERACIONES CRIMINALES DEL DAS ...Descargue archivo en Power point

OCHO AÑOS EN PRIMERA PERSONA DE DAS Por Claudia Julieta Duque Mayo 7 de 2010

"Claudia Julieta Duque ha tenido una relación tormentosa y difícil con el DAS. Si se llegara a comprobar siquiera el uno por ciento de lo que se dice del G-3 contra ella, ahí sí que merecería una disculpa".

Felipe Muñoz, director del DAS, 4 de mayo de 2010.

Voz de locutor. Eso fue lo primero que pensé cuando el hombre preguntó "¿es usted Claudia Julieta Duque?". El conductor de la ruta del colegio de mi hija, fue lo segundo, cuando me interrogó por ella, con sus dos nombres y apellidos. En ambas oportunidades contesté "sí, a la orden". Pero cuando empezó la sarta de insultos, amenazas y la descripción detallada de lo que le harían a mi niña por haberme "metido con el que no era", sentí una descarga eléctrica que recorría todo mi cuerpo, y seguí escuchando, pasmada, hasta que dijo: "le vamos a esparcir los dedos por su apartamento, su hija va a saber lo que es sufrir, perra". Recuerdo que entre los agravios e intimidaciones pensé en negociar con el locutor, informarle que yo me rendía y haría lo que quisiera, rogarle que a ella no la tocara, decirle que si quería me entregaba esa misma noche en el lugar que dispusiera para que hiciera conmigo todo lo que anunciaba haría con ella, que yo me ofrecía para la tortura siempre y cuando a ella, a mi hija, no se atreviera jamás ni siquiera a mencionarla. El desespero se apoderó de mí y yo, que hasta ese momento había logrado conservar un mínimo equilibrio durante los últimos dos años, en los que era usual encontrar en mi contestador mensajes con gritos desgarradores que sólo podían ser de gente torturada, otros más con música de funeral, algunos en los que me gritaban "gonorrea",

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"hijueputa", "te vamos a picar viva", "maldita", "estúpida", "ponga voz de mujer", o me anunciaban en medio de carcajadas que se habían robado a mi hija, que ella no volvería "nunca más"… yo, que había sabido mantenerme lúcida a pesar de los ochos meses de insomnio, de los múltiples y constantes seguimientos, del secuestro de julio de 2001, del intento de desaparición del 13 de octubre de 2004, de las burlas del Ministerio del Interior y el DAS ante mis denuncias, del silencio que siguió a mis descubrimientos sobre la responsabilidad de esa entidad en la persecución en mi contra, de todos los miedos juntos, me quebré. Me quebré como me quiebro cinco años después mientras escribo estas líneas. Colgué el teléfono y de inmediato intenté hablar por Avantel con algún miembro de la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR), organización para la que trabajaba desde agosto de 2003. Pero el servicio estaba bloqueado y en la pantalla aparecía un mensaje de "restringido", pese a que sólo un minuto antes había recibido la llamada que cambiaría mi vida en forma definitiva, cuyo recuerdo aún hoy me causa el mismo shock, el mismo terror, el mismo dolor. Sin pensarlo mucho traté por los teléfonos fijos pero el resultado fue el mismo: ni siquiera daban tono de marcado. Corrí a la sala y busqué el celular que había comprado pocas horas atrás porque sabía que era urgente conseguir un medio de comunicación seguro y desconocido para quienes me perseguían. Por fin pude hablar con Soraya Gutiérrez, para entonces presidenta del CCAJAR, y en medio de un llanto incontenible pero en voz baja para que mi hija no se enterara de lo sucedido, le conté de "la llamada". Ella me pidió el número desde el que ésta se había realizado, 310 5692455, y otra abogada, Pilar Silva, se encargó de verificar si éste existía, si era real. Tal y como está consignado en el libreto elaborado por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), cuyo original reposa hoy en la carpeta 54, folio 170, del expediente mal conocido como de las "chuzadas", el locutor se encargó de responder y desviar la responsabilidad de la amenaza hacia la Policía Nacional, hecho que hasta ahora no ha merecido ningún pronunciamiento de esa entidad. El locutor respondió al coqueteo de Pilar, quien segura de que lo engañaba, le preguntó: "mi amor, ¿dónde estás que se oye tanto ruido?". "Aquí, saliendo de la Estación Sexta", dijo él. Esa noche, mientras el coordinador del área de Derechos Humanos de la Policía, coronel Luis Alfonso Novoa, hacía acordonar la Estación y el comandante de la misma decretaba acuartelamiento de primer grado para requisar a todos los funcionarios, civiles y policías, que se encontraban en el lugar a las 7.52 p.m. de ese 17 de noviembre de 2004, yo reinicié un peregrinaje absurdo e infame que ya me había obligado a salir del país en el año 2001, y que esa noche me llevó a esconderme en casa de un amigo, para luego salir hacia un apartamento amoblado y a las pocas semanas partir hacia un segundo exilio. EN POSICIÓN DE ZUGZWANG Recuerdo que la noche anterior a "la llamada" volví a jugar ajedrez con el DAS. A eso me dediqué durante los meses en que el sueño se ausentó debido a la angustia y al miedo. Yo, ajedrecista desde los 11 años y aficionada a los análisis de partida -o de

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situación- concluí que estaba cerca de encontrarme en posición de zugzwang, palabra alemana que viene de zug: jugada y zuwang: coacción, y que implica que quien tiene el turno de mover las piezas está en una situación tal que a donde juegue, pierde. En el expediente de la Fiscalía figuran decenas, sino cientos, de mails ilegalmente interceptados en los que yo compartía con Alirio Uribe, abogado del caso Jaime Garzón, mi temor de perder la partida a través de quien era, es y será siempre mi punto débil: mi hija. Aunque para saber lo que un hijo significa para un padre o una madre no es necesario pertenecer a ningún grupo criminal al interior del Estado colombiano, alguien en el DAS, de nombre Jair, se encargó de romper las claves con las que Alirio y yo "protegíamos" nuestros mensajes y discusiones sobre el caso Garzón, mi investigación y mis problemas de seguridad, y de allí se desprendieron las órdenes para "finalizar urgente" conmigo y amenazar a mi hija. La noche del 16 de noviembre, tras esa última partida de ajedrez, en la que yo me vi protegida por un carro blindado que me había dado el gobierno dos días antes y por unas rondas policiales realizadas con eficiencia y compromiso extremos por el sargento Fabio Cepeda, concluí que algo podría pasarle a mi hija si iba al colegio al día siguiente. Por fortuna logré convencer a su papá de recogerla en la madrugada del 17, a una hora en la que hasta los asesinos duermen, bajo la excusa de que ella tenía derecho a conocer a su hermanita recién nacida. Lo que pasó después, y mucho de lo que sucedió antes, se salvó de la destrucción de los archivos del Grupo de Inteligencia Estratégica 3 (G-3) del DAS y está consignado en el expediente de la Fiscalía, con excepción de la impunidad con que mis denuncias fueron signadas durante los últimos cinco años. El coronel Novoa, un hombre que le hizo honor al uniforme que portó hasta el año 2008 y que salvó mi vida al menos en dos ocasiones, ordenó triangulaciones y verificaciones de llamadas sobre el teléfono desde el cual fui amenazada. Allí se destacaba un número Avantel en el que hasta hace poco contestaba un capitán (recuerdo algunos: Lagos, Tabares) y varios números celulares que resultaron sospechosos para los investigadores de la Policía. Sin embargo, la fiscal 23 de la Unidad de Derechos Humanos, Marlene Barbosa Sedano, la misma que recientemente dejó en libertad a alias El Cebollero, concluyó en forma extra rápida que el número desde el que fui torturada psicológicamente correspondía a un teléfono público. En diciembre pasado, cuando conocí la existencia del memorando bautizado por la revista Semana como "manual para amenazar", lloré durante varios días y noches y recapitulé los dolores de tres exilios y ocho años de persecución y terror, así como el esfuerzo enorme que ha implicado educar y ver crecer a mi hija con el temor que nos impuso la agencia de seguridad del Presidente de la República.

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A pesar de todo, hoy mi hija es una hermosa adolescente que ha sabido sacar provecho de cada oportunidad: a sus quince años habla cuatro idiomas y sonríe al sentirse dueña del mundo aunque, paradójicamente, en su propio país jamás ha conocido el significado de la palabra libertad. Por mi parte, he contado con la suerte de amistades y amores leales y he construido un currículo "internacional", aunque me acompaña la frustración de no haber podido ejercer mi carrera como y en donde me hubiera gustado: en Colombia. Durante estos años, mi hija y yo nos hemos fotografiado en cinco de las maravillas del mundo, hemos subido a cumbres nevadas de tan solo dos mil metros de altura y conocido lugares donde el sol se oculta cerca de la medianoche y la gente puede bañarse en los ríos a la madrugada sin correr el riesgo de ser secuestrada. Sin embargo, en las navidades han estado ausentes la música salsa, la natilla, los buñuelos, y el 31 de diciembre no hemos podido cantar "me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá". Hemos llorado por la ausencia de abrazos y afectos que no hubiéramos nunca querido dejar y nos hemos quejado porque el DAS tiene tentáculos que nos han seguido por doquier... ¿Cuándo terminará todo esto?

MONTAÑA CONSPIRATIVA Por Cecilia Orozco Tascón El Espectador, Bogotá, 28 de julio de 2010 Todos estamos entretenidos con el drama teatral montado por Colombia en la OEA y con la subsiguiente ruptura de relaciones diplomáticas que ordenó Chávez antes de que bajara el telón. La sesión continental, celebrada cuando se empeñó el presidente Uribe (jueves 22 de julio), copó la agenda, a partir de ese momento, de prensa, radio y televisión. Apenas previsible. En vista de que las autoridades judiciales tienen decenas de pruebas de la infiltración criminal a que fueron sometidas con micrófonos ocultos y "fuentes humanas", como llamaba el DAS a sus agentes encubiertos en Corte y Fiscalía, no es absurdo pensar que la obra colombiana se presentó ante los Estados americanos justo cuando la Casa de Nariño necesitaba sustituir una bomba noticiosa por otra. Para el día siguiente, viernes 23, Félix de Bedout tenía prevista, tal como lo hizo, la publicación de apartes de la declaración del ex director de Inteligencia del DAS, Fernando Tabares, pero la "chiva" periodística pasó a un segundo plano. Increíble, si se considera la situación de grave anormalidad democrática que quedó en evidencia. Como se sabe, Tabares señaló al Jefe de Estado, por primera vez, de ser el gran promotor de la operación de espionaje y persecución que padecieron los miembros de la Corte Suprema, los opositores políticos (Piedad Córdoba, Gustavo Petro), los abogados que, en ejercicio de su profesión, se enfrentaban al Mandatario (Ramiro

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Bejarano) y los columnistas que aireaban los grandes escándalos del Gobierno (Daniel Coronell). Revelaciones que hubieran horrorizado a otro pueblo menos negligente y domeñable que éste, pasaron tan inadvertidas que El Tiempo consideró indignas de registro las siguientes afirmaciones: 1.- Por orden del palacio, el DAS le entregó información contra la senadora Córdoba a la consentida de Uribe, la ex congresista Nancy Patricia Gutiérrez, para que ésta usara los datos contra la dirigente liberal en un debate en el parlamento. DAS también recibió de uno de sus espías los "expedientes (de la Corte) requeridos por la Casa de Nariño", entre ellos, el del proceso que el tribunal tiene abierto contra Gutiérrez. ¿Qué tal la ventaja? 2.- A un fotógrafo que dio rueda de prensa en las instalaciones del DAS en Bucaramanga para denunciar a Yidis Medina por pertenecer a la guerrilla, la dirección de Inteligencia le pagó con dinero de gastos reservados para que hiciera esa sindicación, con el fin de desprestigiar a Medina. 3.- La ex directora de la agencia, María del Pilar Hurtado, ordenó averiguar los bienes que poseían Ramiro Bejarano y su defendido mientras cursaba el proceso de Álvaro Uribe vs. César Julio Valencia (ex presidente de la Corte), para "apoyar la labor que realizaban los abogados defensores del Presidente de la República". Lo que ha dicho Tabares no es ni el pico de la montaña conspirativa que se organizó desde la cúpula del Ejecutivo para favorecer a los amigos, o destruir a los enemigos personales de Álvaro Uribe. Encontré, en otros documentos, varias perlas que dejan ver lo que aún no ha salido a la luz. Vaya una: al magistrado Sigifredo Espinosa le asignaron su espía personal. El 5 de agosto de 2008, el agente le informó al DAS que el jurista recibió "el sábado 2, una llamada del fiscal que lleva el caso del senador Mario Uribe" y añadió: "el magistrado le dijo al fiscal… que todas las conversaciones que realizaran, lo harían (sic) por ese medio, pues ese número era el privado y podrían hablar tranquilamente". Espinosa continúa engañado, así como varios de sus colegas, ahora infiltrados pero por su propia voluntad ¡Y lo que falta por conocerse!

SOBRE CHUZA-DAS Y TODA SUERTE DE CRÍMENES Y DELITOS Por Aurelio Suárez Montoya Bogotá, 11 de mayo de 2010 El debate de Gustavo Petro en el Senado, el pasado 4 de mayo, sobre la empresa criminal forjada en el DAS en los últimos ocho años, permitió concluir que es la más funesta iniciativa ilegal que gobierno alguno haya promovido. Se volvió lugar común decir que por una milésima de las infracciones cometidas tuvo que dimitir Richard Nixon, por la Operación 40 de la CIA en 1974, que era un sistema de grabación de conversaciones en Watergate, sede del Partido Demócrata. Un recuento de los delitos cometidos en el DAS, hecho por Manuel Sarmiento Argüello, arroja la violación de al menos 20 artículos del Código Penal, desde homicidio, tortura

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agravada, concierto para delinquir y terrorismo, hasta abuso de autoridad por acto arbitrario, utilización ilícita de equipos de comunicaciones y fraude procesal. A ellos debe sumarse el crimen de lesa humanidad, transgrediendo el Estatuto de Roma, con la "persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos", referido a las acciones sistemáticas del DAS contra el Polo Democrático Alternativo, y que han afectado a 350 de sus miembros. Esa operación, denominada "Amazonas", tuvo como constante desprestigiar a Gustavo Petro y acosarlo a él y a sus familiares y colaboradores. Uribe también intervino, como en 2006, con comentarios alusivos a Carlos Gaviria, como el de "terrorista vestido de civil", y en 2007 sobre el actual alcalde de Bogotá, como que estaba "respaldado por la guerrilla y que además compra votos". La defensa oficial fue desvergonzada. El ministro Valencia Cossio intentó desvincular al Presidente, de quien depende el DAS, presentando como prueba declaraciones del mismo Uribe sobre su propia inocencia. Felipe Muñoz, director del DAS, desestimó las acusaciones, arguyendo que en dicha institución tales ilegalidades no son nuevas y que la recolección de información a toda costa es parte de su misión institucional como base de datos y agencia de protección. Tan atrevida tesis, que persigue continuar con igual modus operandi, fue refutada por el presidente de la Corte Suprema, Jaime Arrubla, al explicar que "no es legal que el DAS tenga información sobre ciudadanos que no son objeto de investigación judicial". El silencio de candidatos como Santos sobre tan graves hechos los hace cómplices. Y la invocación de la "legalidad democrática", como cura para tanta monstruosidad es, sin advertir el riguroso castigo a los culpables, una ingenuidad. Sólo la corrección de las causas estructurales en las que se cimentó el régimen criminal, desigualdad, antidemocracia, corrupción e impunidad, evitará su repetición, empezando por poner a buen recaudo a los responsables. Por todo lo visto, es, a un eventual gobierno que así obrara, al que Uribe llamó "hecatombe".

ESTO ES UN CRIMEN MONSTRUOSO Transcripción del editorial del periodista Juan Gossaín en RCN Radio, 16 de abril de 2010. Confieso que no termino de salir de mi perplejidad y de mi asombro con cada nueva revelación que se hace de la investigación, ahora en manos de la Fiscalía General, sobre el tema que el pueblo colombiano conoce de las chuzadas, como el tema de las chuzadas telefónicas del DAS, y que en realidad no es más que un acto de espionaje y de violación a la intimidad de la vida de las personas. ¡No salgo de mi asombro! Cada día el asunto es peor y más repugnante y más grave. Miren ustedes, mi admirado compañero Antonio José Caballero, con su tesonera labor de reportero ha obtenido fotocopia de algunas de las páginas de los documentos que las autoridades de la Fiscalía encontraron al allanar algunas oficinas del DAS, especialmente las oficinas donde estaban los equipos de intercepción, de espionaje, los equipos de control. Los documentos que ha obtenido Caballero aquí los tengo en mi mano, aquí están, esto es monstruoso, esto es un crimen monstruoso. Quién lo cometió, quién lo ordenó, quién lo

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estimuló o lo patrocinó o lo calló o lo encubrió, eso es lo que la justicia está intentando establecer. Pero a mí no me cabe duda de la monstruosidad de esto. Los documentos hablan por sí solos. Terrible ironía, terrible y dolorosa ironía, sabe cuál, en la parte superior izquierda de cada hoja decomisada en el DAS, incautada en el DAS en estos allanamientos, en la parte izquierda, en la parte de arriba aparece el escudo de Colombia con la leyenda "Libertad y orden". Yo me sentaría a reírme si no fuera porque estas cosas dan ganas de llorar. "Libertad y orden", imagínese usted, "Libertad" sobre todo. Y a la derecha, en el otro ángulo, también arriba, cada documento tiene el sello del DAS, el escudo del DAS. Voy a permitirme leerles a ustedes algunos de estos documentos, de estas páginas que ha logrado obtener Antonio José. Las voy a leer textualmente, porque hablan por sí solas. Son tan terribles que son elocuentes. Oiga esto: "Operaciones: Amazonas, Transmilenio, Bahía: Estrategia: Desprestigio medios de comunicación, encuestas, chat. Calles: Distribución de panfletos, grafitis, volantes, afiches, libros. Creación de páginas web, comunicados, denuncias, montajes". Luego dice: "Sabotaje: terrorismo, explosivo, incendiario, servicio público, tecnológico. Presión: amenazas y chantaje." Ese es uno de los documentos, oigan otro. "Desinformar a la población que se encuentra a favor de los detractores del gobierno. Generar división al interior de los movimientos de oposición. Impedir la materialización de escenarios convocados por la oposición. Transbordo ideológico". Luego otro documento, también decomisado por la Fiscalía en el allanamiento al DAS. "Departamento Administrativo de Seguridad. Dirección General de Inteligencia Subdirección de Operaciones. Libertad y orden. Junio de 2005. República de Colombia. Amazonas -el nombre de una de las operaciones según dije al comienzo -. Objetivo general: Promover acciones en beneficio del Estado para las elecciones del año 2006. Blancos: Partidos políticos opositores al Estado, Corte Constitucional. Frente Social y Político, Carlos Gaviria Díaz: Generar vínculos con ONT-Farc. Partido Liberal Colombiano, Piedad Córdoba: Generar vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia. Horacio Serpa Uribe: Generar vínculos con el ELN. Polo Democrático Independiente, Gustavo Petro: Generar vínculos con las Farc. Antonio Navarro: Generar vínculos con el M19 y el narcotráfico. Wilson Borja: Generar vínculos con infidelidad sentimental. Samuel Moreno: Demostrar relación con desfalcos financieros". Estoy leyendo algunos documentos que fueron decomisados por la Fiscalía General de la Nación en las oficinas del DAS. Hay otro que dice: "Corte Constitucional: Jaime Córdoba Triviño, Humberto Sierra, Jaime Araújo Rentería, Clara Inés Vargas Hernández, Tulio Alfredo Beltrán Sierra: Desprestigio, presión y sabotaje”. Luego la otra operación: “Transmilenio: Objetivo general: Neutralizar las acciones desestabilizadores de las ONG en Colombia y en el mundo. Objetivo específico: Establecer vínculo con organizaciones terroristas en busca de su judicialización. Casos: En desarrollo: Proyecciones: Operación Imprenta: Impedir la edición de libros E.A y otros. Estrategias: Sabotaje y presión. Acción: Servicios públicos, camiones de distribución, amenazas, guerra jurídica. Operación Halloween -a mí no me cabe duda de que esto lo hicieron unas verdaderas brujas -. Objetivo: Concientizar a la población sobre la realidad de la ideología comunista. Estrategias: Desprestigio. Acción: Publicación de libro 10.000

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ejemplares, entregados 7.620. Proyecciones: Internet, 4 mil ejemplares, creación página web. Operación Arauca: Objetivo: Establecer vínculos entre C K Jar y ELN. Estrategia: sabotaje. Acción: intercambio mensaje con cabecilla ELN, el cual será encontrado en allanamiento -es decir, siembra de documentos falsos -. Otra: “Operación intercambio: Objetivo: neutralizar influencia en Corte Interamericana de Derechos Humanos, Costa Rica. Estrategias: desprestigio y sabotaje. Acción: alianzas servicios de inteligencia extranjeros, comunicado y denuncia, páginas web, guerra jurídica. Operación Europa: Neutralizar influencia en sistema jurídico europeo, Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Gobiernos nacionales. Estrategias: desprestigio. Acción: comunicado y denuncia, páginas web, guerra jurídica. Operación Risaralda: Objetivo: generar división entre altos funcionarios de Redepaz, Ana Teresa Bernal. Estrategias: investigación operativa, desprestigio y sabotaje. Acción: comprobar actividades ilícitas de funcionarios Redepaz para obtener prebendas económicas por obtención de asilo político". Me permito recordarle, entre paréntesis, al bárbaro que hizo esto, que asilo se escribe con s, por lo menos. "Comunicados: desvinculación del esquema de protección del DAS Operación Internet: Objetivo: generar controversia a cerca, en torno, a las ONG. Estrategias: desprestigio. Acción: emisión de comunicados a través de las páginas Corporación Verdad y Justicia y Servicio Colombiano de Información y Estadística para la Prevención del Conflicto". Y el último de los documentos obtenidos por Caballero, es decir, los documentos que fueron decomisados por la Fiscalía General de la Nación, que lleva el proceso de las chuzadas cuando allanó las oficinas del DAS, dice: "Operación extranjeros: Objetivos: neutralizar la operación de ciudadanos extranjeros que atentan contra la seguridad del Estado. Estrategias: investigaciones operativas, desprestigio y presión. Acción: deportación, comunicados y denuncias". Esto es una prueba de 6 páginas de las 166 que decomisó la Fiscalía en el allanamientos del DAS. Esto es escuetamente lo que dicen esos terribles y monstruosos documentos. Son las 7 y 22. Divulgados esos documentos, permítanme ustedes, ya que estamos en la sección de mi editorial, y digo mí editorial porque no me compromete sino a mí, a nadie más. Mis opiniones me comprometen a mí, déjenme decir lo siguiente: esto no son chuzadas, esto es el espionaje más horrendo y asqueroso y repugnante del mundo, con atentados terroristas, como dice ahí, inclusive atacando camiones que reparten libros, con desprestigios de las personas, con ataques a sus familias. Esto no son chuzadas, señores, esto es muchísimo más grave que eso. Esto es un plan de un organismo del Estado para acabar con el país, eso no es más, lo que dice ahí es eso. Quién le dijo al DAS, quién les dijo a los funcionarios del DAS que el gobierno y el Estado son lo mismo. Por ejemplo, aquí dice: "Establecer vínculos con delincuentes de parte de los opositores del Estado". No. En una democracia la gente tiene derecho a oponerse al gobierno, sea cual sea el gobierno. Quién le dijo al DAS que aquí hay delito de opinión o el delito de discrepar o el delito de disentir del gobierno. Quién les dijo que uno puede ir al colegio de los niños a perseguir a los hijos de los opositores. Quién le dijo que uno puede acostarse en este país y no amanecer en su cama porque a la media noche sin proceso, sin justicia, sin pruebas, sin una orden judicial, aparecen a cogerlo a uno en su

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casa. Quién les dijo eso. No solo los colombianos, no solo le estamos pidiendo a la Fiscalía, a la Corte Suprema o todo el sistema judicial, no solo estamos pidiendo que nos digan quién hizo esto, quién lo ordenó, quién lo aprobó, quién lo llevó a cabo, quién, conociendo lo que el DAS estaba haciendo, se volvió encubridor de esto y no lo denunció ante las autoridades. No solo lo pedimos, lo exigimos. Los colombianos tenemos derecho a saber quién fue el que convirtió al país en un Estado de policías y terroristas del Estado, quién intentó convertir esto en una nación de espías, quién fue el que concibió el macabro plan de convertir a opositores reales o imaginarios como si fueran delincuentes, quién, quién está detrás de esto. ¿Tres detectives del DAS? No me hagan reír, hombre. Queremos y necesitamos y exigimos saber que esto llegue hasta sus últimas consecuencias, caiga quien caiga. Miren, el cáncer no se cura con mejorales, dice el pueblo, esto lo que necesita es una alta operación de cirugía, esto no se cura con analgésicos. Queremos saberlo, porque queremos saber si el DAS es una institución respetable del Estado o es una cueva de bandidos. Esto no lo hacen sino los bandidos, perseguir a los demás, poner bombas para hacer creer que fue la oposición, como ellos la llaman, perseguir adversarios, intentar manipular las elecciones, como lo dicen ahí mismo los documentos del DAS que acabamos de leer. Yo no sé si el país tenga, como yo, la indignación que estoy sintiendo, pero por lo menos a título único como si estuviera aquí clamando en el desierto pido, exijo, como ciudadano colombiano, porque ese es mi derecho, que me digan quién hizo esto. Quién lo hizo, quién lo planeó, quién lo concibió, quién lo escribió, quién lo llevó a cabo, quién lo aprobó, qué funcionario del Estado, sea quien sea, sabiendo que el DAS los estaba cometiendo estos delitos, no los denunció o no hizo nada por impedirlo. Eso es lo que queremos saber. Vuelvo y repito con San Juan el Evangelista cuando tenía apenas 24 años, era casi un niño el evangelista cuando escribió esos textos magníficos, repito con él: "Conocer la verdad, porque solo la verdad nos hará libres".

VII. VIOLACIÓN DE SOBERANÍA

RADICADA DENUNCIA CONTRA URIBE VÉLEZ Septiembre 2 de 2010

El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, acompañado por el representante a la Cámara Iván Cepeda Castro, denunció penalmente al ex presidente Álvaro Uribe Vélez y tres ex ministros por traición a la patria. La denuncia fue radicada en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y la misma fue acompañada por más de 500 firmas de respaldo.

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POR TRAICIÓN A LA PATRIA, COLECTIVO DE ABOGADOS DENUNCIARÁ A URIBE VÉLEZ Y TRES DE SUS MINISTROS

Prensa - Colectivo de Abogados, agosto 19 de 2010 Al desconocer las obligaciones constitucionales y legales tras haber otorgado a Estados Unidos la utilización de por lo menos siete bases militares colombianas, el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, y sus ministros de Defensa, de Relaciones Exteriores y del Interior, comprometieron la soberanía nacional e incurrieron en una actuación de hecho al haber procedido arbitraria y unilateralmente, pudiendo subsumirse sus conductas en los punibles de abuso de autoridad (Título III delitos contra la Administración Pública, capítulo VIII del Código Penal) y traición a la patria (delitos contra la existencia y seguridad del Estado, capítulo primero de los delitos de traición a la Patria contemplados en el código penal), por tanto, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo solicitará investigación respectiva por parte de la Comisión de Acusaciones de la Cámara y del Fiscal General de la Nación. El Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo" manifestó su satisfacción por la decisión del día 17 de agosto de 2010 de la Corte Constitucional al declarar que el denominado "Acuerdo complementario para la Cooperación y Asistencia Técnica en Defensa y Seguridad entre los Gobiernos de la República de Colombia y de los Estados Unidos de América", suscrito en Bogotá el 30 de octubre de 2009, no puede surtir efectos en el ordenamiento interno colombiano hasta tanto cumpla con el trámite constitucional previsto para los tratados en forma solemne. El Colectivo argumentó en la demanda de inexequibilidad, presentada en el mes de febrero, que dicho Acuerdo violaba las obligaciones constitucionales y legales frente a un tratado que compromete la soberanía nacional, constituyendo un desconocimiento más del "principio de separación de poderes y las facultades de cada autoridad de la República para cumplir las finalidades del Estado Social y Democrático de Derecho. El principio de separación de poderes y la vigencia de la Constitución derivada de él, hacen la diferencia en una sociedad, entre el orden y la arbitrariedad". Dicho acuerdo compromete la soberanía nacional al establecerse la cesión de porciones considerables y estratégicas del territorio, del espacio aéreo, marítimo y del espectro electromagnético a favor de los Estados Unidos más la concesión irrestricta de un conjunto de prerrogativas no reconocidas a la población nacional. El Colectivo de Abogados llamó igualmente al Presidente Juan Manuel Santos a reconsiderar dicho acuerdo por sus lesivos impactos sobre las relaciones diplomáticas de Colombia en la región, pero sobre todo por la afectación negativa que conlleva de la soberanía nacional y su impacto sobre los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y frente a la necesidad de encontrar una solución política negociada al conflicto armado en Colombia.

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LOS DELITOS DE URIBE CONTRA EL ECUADOR Por Milton Castillo Maldonado Quito, marzo de 2009 Vemos en los medios de prensa desfilar analista tras analista, ya sean nacionales o extranjeros, todos ellos expertos y prudentes, especulando de manera "ponderada", alrededor del ataque colombiano al Ecuador, y todos caen, sin excepción en ese inmenso laberinto que Uribe ha urdido inteligentemente (con inteligencia norteamericana también), dentro de nuestro país, atando y volviendo sinónimos al fenómeno terrorista y el narcotráfico con una posición política de izquierda, propia de los gobiernos emergentes de América Latina [1]. En el fondo lo único que existe en la conducta del Gobierno colombiano son intereses económicos que excitan al ánimo de poder: el poder a toda costa. Demostraré con la presente, que ninguno de los analistas que he escuchado -incluidos algunos afines al Gobierno Nacional- han tenido la sensatez ni académica ni histórica suficiente para privilegiar los hechos y consecuencias jurídicas ineludibles del bombardeo colombiano a tierra ecuatoriana y seres humanos, por sobre la coyuntura de hechos minúsculos, políticos, acomodaticios, que en ningún caso están por sobre lo que la humanidad entera ha privilegiado durante los últimos 60 años dentro de los denominados "Estados democráticos de Derecho". Se evidenciará del presente trabajo que las Declaraciones hechas a inicios de este mes por parte del Ministro de Defensa Juan Manuel Santos, confirman los delitos de Uribe y terminan de viabilizar el camino hacia la Corte Penal Internacional en contra de ellos. LOS DELITOS INTERNACIONALES La Constitución Colombiana dice: ARTICULO 11. El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte. ARTICULO 12. Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. ARTICULO 22. La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. ARTICULO 92. Cualquier persona natural o jurídica podrá solicitar de la autoridad competente la aplicación de las sanciones penales o disciplinarias derivadas de la conducta de las autoridades públicas.

1 Cierto es además que la "Revolución" hoy por hoy no puede ser patrimonio de unos cuantos mediocres que sólo se aman a sí mismos, incapaces de proponer nada contra la profunda desigualdad social en la que vivimos.

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ARTICULO 93. Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. El Estado Colombiano puede reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en los términos previstos en el Estatuto de Roma adoptado el 17 de julio de 1998 por la Conferencia de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas y, consecuentemente, ratificar este tratado de conformidad con el procedimiento establecido en la Constitución. La admisión de un tratamiento diferente en materias sustanciales por parte del Estatuto de Roma con respecto a las garantías contenidas en la Constitución tendrá efectos exclusivamente dentro del ámbito de la materia regulada en él. ARTICULO 94. La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos. Como si estas normas no fueren suficientes para entender el espíritu del noble Pueblo colombiano [i], - que en muchos estamentos apoyaría una o varias acciones legales ecuatorianas- pero que lamentablemente es pisoteado por la violencia y la muerte que inspiran y mueven a su católico Presidente, existe esta otra norma Constitucional que evidencia el permanente ánimo de Paz y Conciliación que exige lo más profundo de su sociedad: ARTICULO 95. La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades. Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes. Son deberes de la persona y del ciudadano: 1… ….. 2. Obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas; 3… …..

i Partimos del supuesto que una constitución recoge los más profundos valores e ideales de cada sociedad, que no siempre son respetados por los Gobiernos de turno.

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4. Defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica; 5… ….. 6. Propender al logro y mantenimiento de la paz; 7. Colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia; Las normas constitucionales y legales colombianas traen un marco jurídico propicio para quitar el velo de inmoralidad tejido por el Presidente Uribe y sus "players". Por ello vale hacer un breve análisis, mencionando en primer lugar que dentro del expediente de Sucumbíos, (aquel que llevaba el difunto Fiscal Gonzabay) constan las autopsias de los "eliminados" la noche y madrugada del 1 de marzo donde consta que fueron "matados chimbamente" (palabra dicha por el oficial colombiano en el video tantas veces repetido en la TV ecuatoriana), es decir, por la espalda o con tiro de gracia para "rematar". Nótese que murieron en la noche, en despoblado de país amigo que no está en guerra, mientras dormían, por una orden del Presidente Uribe a través del Ministro Santos y su política de "seguridad democrática" y de "legítima defensa", que en su esencia repugnan todo tipo de norma jurídica internacional, al igual que el justificativo que tuvo George Bush para atacar Irak por las supuestas "armas de destrucción masiva" basado en falsos informes del FBI y CIA [ii]. Dentro del Derecho Internacional Humanitario, es decir, las normas que se aplican para la Guerra [iii] (Tratados de Ginebra de 1947), específicamente en su Protocolo I se afirma que el derecho de los conflictos armados exige de los combatientes un mínimo de lealtad; el texto es el siguiente: "Está prohibido matar, herir o capturar a un adversario valiéndose de medios pérfidos (PI, 37). Se prohíbe hacer uso indebido de los emblemas reconocidos (signo de la cruz y de la media luna roja, bandera blanca, signo de los bienes culturales, etc.) (PI, 38). Está prohibido hacer uso de los signos de nacionalidad de la Parte adversa y de los Estados que no sean Partes en el conflicto (PI, 39)". En concordancia con lo anterior, vale indicar lo que establece el Estatuto de la Corte Penal Internacional (Estatuto de Roma de 1998) [iv], en las partes pertinentes: ARTÍCULO 5°. CRÍMENES DE LA COMPETENCIA DE LA CORTE

ii La semejanza política de la estrategia Bush con lo que sucede en el caso Angostura por parte de Colombia es sorprendente e indignante. iii El Ministro de Defensa Colombiano así como el Presidente de ese país han invocado la "legítima defensa" como justificativo del ataque, lo cual significa que reconocen expresamente que están en guerra y por tanto se aplica las normas de la guerra. iv Del cual Colombia es suscriptor, y sobre el cual amerita hacer un análisis jurídico más extenso sobre su vigencia en ese país, pero que en definitiva está expedita su aplicación.

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l. La competencia de la Corte se limitará a los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto. La Corte tendrá competencia, de conformidad con el presente Estatuto, respecto de los siguientes crímenes: a) El crimen de genocidio; b) Los crímenes de lesa humanidad [2]; c) Los crímenes de guerra; d) El crimen de agresión. ARTÍCULO 7°. CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD. l. A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por "crimen de lesa humanidad" cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque: a) Asesinato; ARTÍCULO 8°. CRÍMENES DE GUERRA. l. La Corte tendrá competencia respecto de los crímenes de guerra en particular cuando se cometan como parte de un plan o política o como parte de la comisión en gran escala de tales crímenes. 2. A los efectos del presente Estatuto, se entiende por "crímenes de guerra": a) Infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, a saber, cualquiera de los siguientes actos contra personas o bienes protegidos por las disposiciones del Convenio de Ginebra pertinente: i) El homicidio intencional; iii) El hecho de causar deliberadamente grandes sufrimientos o de atentar gravemente contra la integridad física o la salud; b) Otras violaciones graves de las leyes y usos aplicables en los conflictos armados internacionales dentro del marco establecido de derecho internacional, a saber, cualquiera de los actos siguientes:

2 Nótese que el actual Gobierno colombiano, con su política de violencia y guerra ha generado una gran movilización de sus nacionales hacia Ecuador, presionando o exterminando a campesinos considerados como "guerrilleros" que viven en la frontera.

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i) Dirigir intencionalmente ataques contra la población civil en cuanto tal o contra personas civiles que no participen directamente en las hostilidades; ii) Dirigir intencionalmente ataques contra bienes civiles, es decir, bienes que no son objetivos militares; xi) Matar o herir a traición a personas pertenecientes a la nación o al ejército enemigo; xii) Declarar que no se dará cuartel; xiii) Destruir o apoderarse de bienes del enemigo a menos que las necesidades de la guerra lo hagan imperativo; xiv) Declarar abolidos, suspendidos o inadmisibles ante un tribunal los derechos y acciones de los nacionales de la parte enemiga; xx) Emplear armas, proyectiles, materiales y métodos de guerra que, por su propia naturaleza, causen daños superfluos o sufrimientos innecesarios o surtan efectos indiscriminados en violación del derecho internacional de los conflictos armados, a condición de que esas armas o esos proyectiles, materiales o métodos de guerra, sean objeto de una prohibición completa y estén incluidos en un anexo del presente Estatuto en virtud de una enmienda aprobada de conformidad con las disposiciones que, sobre el particular, figuran en los artículos 121 y 123; xxi) Cometer atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes; c) En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional, las violaciones graves del artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, a saber, cualquiera de los siguientes actos cometidos contra personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa: i) Los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles y la tortura; ii) Los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes; iv) Las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal regularmente constituido, con todas las garantías judiciales generalmente reconocidas como indispensables; e) Otras violaciones graves de las leyes y los usos aplicables en los conflictos armados

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que no sean de índole internacional, dentro del marco establecido de derecho internacional, a saber, cualquiera de los actos siguientes: i) Dirigir intencionalmente ataques contra la población civil como tal o contra civiles que no participen directamente en las hostilidades; ix) Matar o herir a traición a un combatiente adversario; x) Declarar que no se dará cuartel; xii) Destruir o apoderarse de bienes de un adversario, a menos que las necesidades del conflicto lo hagan imperativo; LOS DELITOS AL INTERIOR DE COLOMBIA VINCULADOS CON EL ATAQUE DE ANGOSTURA Como si lo anterior no fuera suficiente, el Código Penal Colombiano sanciona las siguientes conductas: ARTICULO 453. FRAUDE PROCESAL. El que por cualquier medio fraudulento induzca en error a un servidor público para obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, multa de doscientos (200) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a ocho (8) años. ARTICULO 457. TRAICION DIPLOMATICA. El que encargado por el Gobierno Colombiano de gestionar algún asunto de Estado con gobierno extranjero o con persona o con grupo de otro país o con organismo internacional, actúe en perjuicio de los intereses de la República, incurrirá en prisión de cinco (5) a quince (15) años. Si se produjere el perjuicio, la pena se aumentará hasta en una tercera parte. Existe fraude procesal y traición diplomática (amén de otros delitos que no van a ser analizados ahora) que pueden ser perseguibles en Colombia "por cualquier persona" por lo siguiente: violación flagrante a la CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE ASISTENCIA MUTUA EN MATERIA PENAL suscrita por el Ecuador (firma 10-15-92; ratificación/adhesión 12-26-2001; depósito 03-08-2002 RA), y de la cual Colombia hace parte (ratificación/adhesión 12-04-2002; depósito 01-13-2003 RA)." y el "Manual para el intercambio de pruebas con el exterior" vigente aquel tanto para Ecuador como para Colombia y este último en Colombia, los cuales obligan a que todos los indicios o elementos de prueba que se recojan en los países que tengan delincuencia de otro (país), serán hechos por la fiscalía del lugar en donde se encuentran tales elementos o indicios (cadena de custodia), lo cual significa que las famosas "computadoras de Reyes" tenían que estar en manos de la fiscalía ecuatoriana y posteriormente ser solicitadas por vía diplomática por Colombia. Al haberse llevado las computadoras de alias "Raúl Reyes" para Colombia -por el ejército y policía de ese país- sin los mecanismos que la legislación local e internacional obligan, el Fiscal Ecuatoriano debió hacer un incidente diplomático, a través de la cancillería sobre el tema.

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Existe "fraude procesal" esencialmente por dos motivos: 1. Las computadoras de Reyes "no existen" desde el punto de vista jurídico, precisamente porque se prescindió dolosamente de la "cadena de custodia" y las "copias" de los famosos "discos duros" no pueden ser prueba pues, sobre los discos duros como tal existen peritajes ecuatorianos (dentro del expediente en Sucumbíos) que dicen que no se tuvieron acceso directo a los mismos y que sobre las copias (que por sí no son prueba alguna) se evidencia manipulación entre el 1 al 3 de marzo del 2008. 2. El informe de la INTERPOL sobre los discos duros está lleno de falsedades y de violaciones procesales por parte de Ronald K. Noble Presidente de esta institución, quien también se ha prestado para el fraude procesal. El artículo 1 (2) del 'Reglamento relativo a la Cooperación Policial Internacional y al Control Interno de los Ficheros de Interpol' (vínculo) se refiere expresamente al respeto de los derechos humanos en el tratamiento de la información policial. Este artículo declara que la finalidad del Reglamento reside en "proteger contra cualquier abuso las informaciones de policía tratadas y comunicadas en el seno del sistema de cooperación policial internacional establecido por la OIPC-INTERPOL, con vistas sobre todo a prevenir cualquier atentado contra los derechos de las personas". Las computadoras de "Reyes", insisto, al no existir jurídicamente, de todas maneras se han usado para atentar contra los derechos a la honra, la intimidad y el buen nombre de todas las personas que son nombradas cada vez que le conviene a Colombia. Y el Fiscal General del Estado ecuatoriano frente a estas evidentes violaciones de sus propias competencias y la grosera influencia de la Policía y Fiscalía Colombiana así como de la Interpol contra el Ecuador... bien gracias. El papel del Dr. Pesantez será motivo de otro análisis, baste por ahora una visión que explica a breves rasgos que a despecho de la oligarquía Colombiana que siempre ha pensado que somos tontos, y que militarmente no somos nada, jurídicamente somos soberanos y un Pueblo de Paz y respetable.

EL CASO DEL GUERRILLERO RODRIGO GRANDA

UN SECUESTRO QUE DETERIORÓ LAS RELACIONES COLOMBIA-VENEZUELA Por Omar Roberto Rodríguez* Jueves 27 enero 2005 El día 13 de diciembre de 2004, a través de una operación clandestina e ilegal de la inteligencia militar y la policía colombiana -violatoria del derecho internacional y de la soberanía venezolana- fue secuestrado Rodrigo Granda en Caracas. La acción encubierta en una danza de los millones tuvo autorización y conocimiento plenos del gobierno colombiano y el Alto Mando. Mentira y corrupción en la sombra. Omar Roberto Rodríguez, testigo del final de la operación militar y policial sin requisitos de ojo por ojo * Editor de Le Monde Diplomatique edición Colombia, asesor de información del periódico Desde abajo.

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y diente por diente contra el ahora nombrado dirigente guerrillero, relata detalles de esta acción clandestina. Los colegas que cubren las noticias en la Dirección de Policía en Bogotá me dicen, por teléfono y al aire: el lunes 13 de diciembre a las 10:30 am de allá, 11:30 aquí, fueron alertados: Estén listos que caerá un pez gordo de las FARC en Venezuela. Como consta en el expediente G652830, desde temprano, un secreto de la inteligencia colombiana espiaba (denominado así por su condición no declarada a la autoridad extranjera) a Rodrigo Granda en el lugar donde pernoctaba. También conocía en Maracay el paradero de una sobrina suya. Sin saberlo, antes de caer entre las 3:56 y las 4:01 pm, el guerrillero tenía perdida su clandestinidad. Su nombre y apellidos estaban detectados y era vigilado minuto tras minuto. Ese lunes, el oficio, la vida y el destino me pusieron como testigo de excepción. Estaba frente a mí. Y tenía la palabra. De pronto, pasadas las 3:55 de la tarde del 13 de diciembre de 2004, una emoción cruzó su rostro. "¡Cuánto hace que no te veo!", exclamó ante una llamada a su celular que lo impresionó mucho y lo retiró de la mesa con pasos rápidos. Yo, sentado de espaldas a la puerta angosta, no común en una cafetería, no presté atención a su desplazamiento. Supuse que buscaba discreción y mejor comunicación. Hoy, me doy cuenta de que los investigadores conocen la fracción de segundo en la que Granda contestó: fue a las 15:56:14 de la tarde. Así lo vi en una lista de las llamadas que entraron a ese celular y que está en poder de la Dirección de Seguridad, Información y Prevención (Disip). Y saben también el instante en que Rodrigo cortó la conversación. Al hacerlo, el jefe guerrillero intentó regresar a la mesa. Así lo observé con el rabillo del ojo. Lo percibí un instante de cuerpo no completo con su mirada apuntada hacia la mesa donde reposaban sus objetos: un esferográfico negro, sus hojas de notas, una cajetilla de cigarrillos y un encendedor plástico verde. Justo cuando regresaba a la mesa, otra llamada, o algo más a su espalda, lo devolvió de rumbo. Sin visión sobre la calle, a dos metros de la puerta, no escuché grito o forcejeo alguno que me hiciera voltear la cabeza. Todo sucedió sin alarma, según testimonio de una vendedora de llamadas que trabaja a pocos pasos de la cafetería. Ella lo vio salir a la acera. Recuerda que un individuo de origen colombiano lo señaló o traicionó ante los oficiales y agentes que iban tras de Granda. De inmediato, declaró la testigo, dos oficiales alertados por los demás que lo 'seguían', agarraron con fuerza a Granda, cada uno por un brazo. Con precisión, uno se acercó por el frente y otro por su espalda. En un segundo lo empujaron dentro de una camioneta de placas DAE63.C para llevarlo a la frontera. DOS HORAS ANTES, RODRIGO ME DEJÓ ESPERANDO El encuentro que se dio no fue el inicialmente previsto. Habíamos acordado la 1:00 pm de ese 13 para vernos, pero él no llegó. Una frustración para mis propósitos, ya que no tenía forma de buscarlo. Después de una espera de 35 minutos, no quedaba más que retirarme. Ya distante, a las 2:15, recibí una llamada -registrada en las investigaciones- en la que Rodrigo se excusó y me pidió que a las 3:00 volviera al mismo sitio. Con su timbre renació la posibilidad de obtener respuesta para una entrevista con Raúl Reyes o

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Alfonso Cano, en el objetivo de hacer el libro "Revelaciones del Caguán" y un reportaje sobre ellos, que me solicitaron respectivamente las editoriales Norma y La Oveja Negra. Llegué a las 3:02 minutos para el nuevo encuentro. Nada más al acercarme, desde el andén observé a Granda sentado de frente, en diagonal a la puerta, en el rincón derecho de un espacio donde sólo caben dos mesas laterales. Sí, la cita era a las 13 flat, saludó. Intenté llamarlo varias veces, dijo con la aclaración de que con su teléfono tenía dificultades. EL 'CANJE', LA IGLESIA Y EL ENDURECIMIENTO EN UN DESPEJE Ocho días antes, a 200 metros de allí, habíamos hablado en una concurrida arepería que queda al doblar la esquina sur, justo a la salida del metro. En mi condición de periodista independiente, varios sectores de la vida política nacional me han buscado para intercambiar inquietudes al respecto del llamado 'canje humanitario'. Y sobre ese tema le pregunté a Rodrigo en la tarde del 6 de diciembre sentados en Doña Arepota. Cumplidos dos años y cinco meses del actual gobierno, hay un trasfondo que oculta a toda costa el alto nivel oficial y diplomático: ¡Un conjunto de 21 embajadores hizo petición al presidente Uribe para que trate el problema conforme a las normas internacionales de conflictos! Entrados en el tema, Rodrigo puntualizó textualmente: "En la actual correlación militar, el comandante Marulanda determinó que no es posible un gesto más de parte nuestra. Hacerlo sería interpretado como debilidad. Ante la situación, estamos tras nuevos golpes. Y para eso, nosotros tenemos mucha, mucha paciencia..." Una frase que me recordó al agente Chan Li Po, personaje de la época de las radionovelas. Y el hombre de la guerra continuó: -La solución del conflicto implica una agenda política, de poder, y no una simple desmovilización. Con este o con el próximo gobierno, las FARC exigen desmilitarizar el Caquetá y el Putumayo. Aseguró que eso no es un capricho desmedido. Que con Pastrana acordaron, en caso de ruptura del diálogo, disponer de 72 horas para el retiro, y con violación de la palabra del Estado sólo les dio tres. Ahora, con un poder militar y aéreo crecido del Estado, con participación directa de los Estados Unidos, una nueva mesa requerirá un área de mayor extensión para las eventualidades de seguridad. Y amplió en seguida: Para el canje, con este gobierno hubo una propuesta inicial de despeje de tres áreas rurales sin casco urbano, para la llegada de cada uno de sus negociadores. Con respecto a la Iglesia, reclamó que cumpla un papel estricto como intermediario. Un puente en riesgo si se convierte en vocera de propuestas gubernamentales. Dijo enfático: Con voceros o representantes de este gobierno, sólo hablamos en condiciones de despeje. Acotó que ante el demostrado fracaso militar de la orden presidencial de sangre y fuego para liberar retenidos, exigieron despejar por 48 horas dos cabeceras municipales en el Caquetá. Los mandos militares analizaron esa propuesta como busca de alivio ante la Operación Patriotas. Las FARC ripostan entonces que se desmilitaricen las cabeceras de Florida y de otro municipio del Valle.

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Ante la negativa, creo que el canje llega (llegó) a su punto militar... No pregunté más. EL CONGRESO BOLIVARIANO DE LOS PUEBLOS En el lobby del hotel Caracas Hilton fue donde me acerqué a Granda por primera vez el 1 de diciembre. Por los bordes, sin portar credencial, se movía sin ínfulas entre los densos corrillos del Encuentro Mundial de Intelectuales, con cerca de 600 participantes. En uno de esos, alguien con acento brasileño o portugués portaba la revista Resistencia, de las FARC, e indicó que la obtuvo con uno de sus miembros internacionales "que andaba por ahí". Así pude verlo y presentarme. Anotó mi teléfono y quedó de llamar. Al día siguiente, como es costumbre de los periodistas presionar, inquirí: ¿por qué no me llamó? Él accedió entonces a un encuentro el día 6, que ya mencioné y que dejó pendiente la aceptación o no de una entrevista con Raúl Reyes. Tres días después volví a tenerlo en el lobby del Hotel Residencias Anauco, donde coincidía todo aquel que participara o que buscara a los participantes en el II Congreso Bolivariano de los Pueblos. Ahí acordamos que el lunes 13 nos veríamos. No antes -como le solicité- porque debía ausentarme el fin de semana. En la Razzeti introduje el tema de la situación política y sus variantes electorales: reelección de Uribe, disidencia liberal casi imposible de Serpa -debilitado ante la alta votación de congresistas por la reelección- el veto de la clase política a Luis Eduardo Garzón por su arrastre de opinión, y el sorpresivo liderazgo de Carlos Gaviria. Fueron cuatro apellidos que él anotó en letra pequeña. Tal vez para responderme luego. Mas de inmediato quería saber mi opinión sobre las conclusiones del Congreso Bolivariano. Admití su afán. Valoré que en relación con Colombia, el evento mencionó en forma expresa la presencia de bases militares de los Estados Unidos en nuestro territorio, y consignó la fórmula "Bush y sus aliados", que en lenguaje indirecto incluye al presidente colombiano. Tales referencias, en un evento cruzado por la responsabilidad del Estado, son novedosas en la posición oficial del gobierno venezolano, reticente y cuidadoso en la relación política y diplomática con su vecino. Rodrigo dejó aflojar su desacuerdo de inmediato: En su opinión, el evento quedó herido. Limitó la expresión de los colombianos y no dio justa importancia a la caracterización certera de Uribe y del conflicto. Expresó -para mi sorpresa- que en una comisión en Maturín exigió su derecho a entrar, ante la indicación de la diputada Marelys Pérez de que no podía hacerlo. Rodrigo le replicó que no tenían que pedir permiso a nadie para asistir y ser bolivarianos. Así, pues, a las 4:00 ó 4:01 por última vez, tuve su cara de reojo. Hoy, los investigadores averiguan con el retrato hablado por el colombiano que lo señaló. Saben el segundo exacto en que Rodrigo colgó el teléfono con ese alguien del "¡Cuánto hace que no te veo!", que sin querer lo paró de la mesa. Porque ahora saben que dos minutos después, Rodrigo ya no pudo contestar al mismo número. Como no pudo contestar ante la insistencia de seis intentos más. Antes de retirarme del lugar, exigí la factura. Están escritos: un hígado, un jugo, una soda y tres cafés. LA MENTIRA "DE CÚCUTA"

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Caracas, 18 de enero 2005. Por ahora me siento extraño. Sin la movilidad para obtener documentos ni entrevistas como reportero, estoy bajo el favor y la exigencia de una estricta protección por parte del Ministerio Público de Venezuela -luego, y ante las afirmaciones de las autoridades colombianas sobre el lugar del hecho, que según afirman ellos, sucedió en Cúcuta. Durante mis declaraciones voluntarias ante dos fiscales y dos organismos de investigación, el periodismo no cesa: veo, oigo y pregunto. De este modo, se entrecruzan el testigo, el periodista de la noticia en medios comerciales, y el de información y análisis mensual independientes. Constato así que existe el retrato hablado de un colombiano que al momento de la aprehensión ilegal en Caracas señaló o traicionó a Granda. Además, sin que las pesquisas hayan finalizado, los investigadores venezolanos de la Unidad de Delitos contra la Función Pública, del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), con su cangrejo como distintivo, han encontrado -con casi todos los pelos y señales- que esa aprensión fue un acto sin requisitos de la inteligencia militar y la Policía colombianas, un ojo por ojo y diente por diente contra el nombrado guerrillero, con irrefutable violación del territorio venezolano y con una danza de los millones en corrupción y sobornos, estos últimos a guardias y soldados venezolanos, que tuvo autorización y conocimiento plenos del gobierno colombiano y su Alto Mando. Mentira y corrupción en la sombra. La Procuraduría, la Contraloría y la Comisión de Acusaciones de la Cámara, de oficio, tienen la palabra. Para Venezuela, ese operativo extranjero constituye un riesgo de seguridad nacional. Lo es, que miembros de su Fuerza Armada Nacional (FAN) actúen por soborno. Hoy es contra un guerrillero extranjero; mañana, lo instigado para actuar por cualquier gobierno puede ser contra un dirigente de alto rango de la Revolución Bolivariana o contra un funcionario venezolano.

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VIII. NEGOCIADO FAMILIAR

LOS NEGOCIOS DE LOS HIJOS DEL PRESIDENTE URIBE La causa del enriquecimiento de los Uribe Moreno en miles de millones de pesos fueron las decisiones oficiales. Transcripción de la intervención del senador del Polo Democrático Alternativo, Jorge Enrique Robledo, en el debate sobre los negocios de los hijos del Presidente, plenaria del Senado, 12 de mayo de 2009. Valorización de cien veces y utilidad de diez mil por ciento. Las zonas francas sí valorizan la tierra. Los curiosos negocios de Bavaria SabMiller. Las decisiones de la alcaldía de Mosquera. Ilegalidades evidentes. No pagaron todo el impuesto de plusvalía. Lotes baratos para la familia del alcalde. Favoritismos por lo alto. Falsedad en documento público. ¿Sí pagaron los otros impuestos? Los ministros tenían que saber. Colombia no es El Ubérrimo. Que los colombianos resistan. Señor Presidente del Senado, ministros, senadores y colombianos: Antes de entrar en materia, le hago un llamado al gobierno para que busque una solución pronta y eficaz a la huelga que adelantan 17 mil trabajadores del banano en Urabá, huelga que busca resolver justos reclamos sobre salarios, vivienda y educación que, estoy convencido, no son imposibles de atender en la medida en que medie la buena voluntad de los empresarios. No perdamos de vista que estos paros generan sufrimientos entre distintos sectores y que vale la pena encontrarles pronta solución. Debo rechazar de la manera más enfática que ministro bien llamado de la 'desprotección social' ande por Urabá estimulando nuevas cooperativas de trabajo asociado, para contratar esquiroles que rompan la huelga de los trabajadores, un movimiento constitucional y legal. Es lamentable que el ministro Palacios actúe de esta manera. Y después se dice que si en el exterior se critican las actitudes del gobierno colombiano, es porque a alguien va y se le ocurre mencionarlas. No. Lo que son criticables son las actitudes del gobierno. Llamo nuevamente al gobierno nacional, a los empresarios del banano y a los trabajadores a que encuentren la manera de resolver el conflicto. Arruinan a los recicladores Lo segundo tiene que ver con un tema que va a desarrollar mi compañero de debate, el senador Alexánder López, pero que no quiero dejar de mencionar. Todos sabemos que los hijos del presidente Uribe, a través de una firma llamada Residuos Ecoeficiencia, se vienen quedando con el negocio que antes era de los recicladores, uno de los sectores más pobres de la sociedad colombiana. Quiero mencionarlo, además, porque guarda íntima relación con uno de los aspectos del debate: cuál es la moralidad del comportamiento de unos jóvenes que se aprovechan de su condición de hijos del Presidente para impulsar estos negocios. Les hago una pregunta a los empresarios.

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¿Hay un gerente o un funcionario público de este país que se atreva a no pasarles al teléfono a los Uribe Moreno? ¿Hay un solo empresario en Colombia que se atreva a negarles una cita a los hijos del Presidente? ¿Cómo queda el empresario al que abordan estos jóvenes y le piden que les entregue los residuos de su empresa para que los recicle Residuos Ecoeficiencia? Estas son las cosas que suceden y el ejemplo clásico de cómo no cualquier conducta que sea legal, y probablemente esta lo sea, es moral. A mi juicio, allí se aprovechan de sus apellidos para beneficiarse y para sacrificar los intereses económicos de otros. La causa de las grandes ganancias Entrando en materia, hay un hecho confirmado e incluso reconocido por los hijos del Presidente de la República, y es que en el negocio de los lotes de Mosquera, donde voy a centrar mi intervención, ha habido un inmenso enriquecimiento para quienes son parcialmente propietarios, como ellos, de esos predios. En documentos suscritos por los Uribe Moreno, Residuos Ecoeficiencia le transfiere a Yogurt S.A., dos empresas de ellos, unos derechos sobre los lotes por casi 34 millones de pesos, que al traspasarse a la otra empresa aparecen con un valor de más de tres mil millones de pesos. Es este el reconocimiento legal, formal, de una valorización de cien veces, de una utilidad del diez mil por ciento, senadores y colombianos, producto de movimientos especulativos que voy a explicar. Luego está claro, por el reconocimiento de ellos mismos y por otros datos que vamos a dar aquí, que ha habido un inmenso enriquecimiento para los Uribe Moreno por cuenta del lote de Mosquera. Voy a demostrar, senadores y colombianos, que la causa, la causalidad de ese enriquecimiento no han sido las labores empresariales de los hijos del jefe del Estado, sino las decisiones oficiales tomadas, primero, por la alcaldía de Mosquera, y segundo, por varios de los ministros y otros altos funcionarios del presidente Álvaro Uribe. Se demostrará que son las modificaciones de las normas las que valorizan esos predios y las que enriquecen a los hijos del jefe del Estado. Inmoralidades y violaciones a la ley Este debate tiene dos aspectos. De una parte, se analizan las conductas éticas y morales que, a juicio de la mayoría de los colombianos, deben acompañar a los funcionarios y a sus familiares y en especial a los hijos de los presidentes de la República, quienes deben dar ejemplo de no aprovecharse de su condición para enriquecerse, como ha ocurrido en este caso. Es un debate de índole ética y moral. Y, además, colombianos, sobre violaciones de las normas legales y constitucionales. Como lo explicaré, la relación de estos jóvenes con el alcalde de Mosquera puede configurar un enriquecimiento ilícito, a partir del delito de cohecho, situación que tendrá que investigar la Fiscalía General de la Nación. Hay también no solo sospechas graves, sino certezas en torno a que los ministros, y en general toda la Comisión Intersectorial de Zonas Francas y el director de la DIAN de ese momento, violaron la Constitución y la ley en su actuación para declarar la Zona Franca de Occidente, que se ubica en los predios que parcialmente les pertenecen a los Uribe Moreno.

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Por último voy a señalar, y esto es particularmente grave, que el jefe del Estado, ante un derecho de petición que le hice, con todo descaro viola la Constitución y la ley cuando se niega a responderme. Valorización y zonas francas El ministro Plata y los Uribe Moreno han sostenido que la constitución de una zona franca en un predio no lo valoriza. Debo lamentar, doctor Plata, que sean ustedes capaces de decir exabruptos de ese calibre. Porque es evidente que las normas modifican el precio del suelo aquí y en cualquier parte. Hagamos una explicación de índole técnica al respecto. ¿Qué determina el valor del suelo, sea urbano o rural? Y me estoy refiriendo solo a la tierra, no a los edificios, que técnicamente se pueden separar como negocios diferentes, porque puede haber negocios en los que una persona aporte una tierra y se gane una plata y otra desarrolle un proyecto constructivo sobre esa tierra y se gane otra plata. Es algo sabido por lo menos desde el siglo XIX. La pregunta clave es: ¿qué hace que un terreno rural o urbano valga más? ¿Por qué se valoriza? Y la explicación es muy simple. Se valoriza si renta más. El precio de un predio depende de la rentabilidad que se obtenga de él. Y la rentabilidad, en términos generales, depende de lo que pueda hacerse sobre el lote. Por ello es que como norma valen más los terrenos urbanos que los rurales. Porque un terreno rural soporta unas cuantas vacas o alguna actividad agrícola, mientras que en un terreno urbano se terminan haciendo fábricas, edificios, viviendas, etc. A una inversión mayor, una ganancia mayor. ¿Por qué valoriza una zona franca a un predio? La explicación también es sencilla. Cuando un predio se declara zona franca, esa condición les permite a quienes instalen sus empresas allí unas gabelas que, al mejorarles las rentabilidades, aumentan el precio del suelo, precio del que se apropian los propietarios del área beneficiada. A quien instala su empresa en una zona franca el Estado no le cobra impuesto de renta del 33 por ciento, sino del 15 por ciento; las importaciones que haga no pagan ni IVA ni arancel; las compras de bienes terminados para su producción que se realicen en Colombia tampoco están obligadas a pagar IVA; tienen métodos de depreciación de activos que permiten eludir impuestos y formas de amortización de inversiones que también los favorecen; y pueden manejar los precios de transferencia en su beneficio. Aumentan las ganancias del propietario del suelo Entonces, ¿cómo opera el asunto si Bavaria, por ejemplo, se instala en una zona franca? Goza de una rentabilidad mayor que la de una empresa igual a ella que se instale en otro sitio que no sea zona franca. Pero como esa rentabilidad mayor depende del suelo donde se instala, porque es el suelo el que disfruta de gabelas tributarias y otras ventajas, el propietario de esa tierra puede decirle al industrial: 'Señor industrial, si usted quiere impuesto de renta del 15 y no del 33 por ciento, tiene que pagarme por el suelo más de lo que tendría que pagarle a otro por una tierra donde no hubiera zona franca'. Lo que ocurre que las zonas francas son un monopolio u oligopolio mediante el

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cual el propietario del suelo le arrebata al industrial que invierte en él una parte de las gabelas que el gobierno nacional le ha concedido. En las zonas francas estamos, entonces, ante una actividad económica que no es estrictamente de corte industrial y empresarial, porque esos son negocios distintos, sino ante una actividad especulativa de los propietarios del suelo. Tan claro es esto que el director de la Zona Franca de Occidente explicó que los hijos del presidente Uribe no derivarían ganancias de la actividad constructora sobre ese suelo, sino que a ellos les entregarían dinero por cada metro de lote que se vendiera. Permítanme ahora mostrarles los planos del negocio del que hablamos (se proyecta en los televisores). Lo que aparece en verde es la Zona Franca de Occidente, que queda en el lote de los hijos del Presidente. El área roja eran también terrenos de ellos, pero se los vendieron a los familiares del alcalde de Mosquera, el mismo que aprobó su desarrollo industrial. Son terrenos excepcionalmente buenos, porque se comunican muy bien con la Costa Atlántica y Bogotá, por vías de muy buenas especificaciones, y porque por el costado les pasará el tren de cercanías. También son muy valorizados por las actividades que se desarrollan en sus alrededores. Bavaria SabMiller vende barato Hay un primer hecho que desnuda los privilegios y los favorecimientos. ¿Cuál es el papel de Bavaria en los negocios inmobiliarios de los hijos del Presidente de la República? Los jóvenes cuentan que ellos descubrieron un lote que resultó ser de propiedad de Bavaria y que compraron en diciembre de 2006. Según las escrituras, era un terreno de 34 hectáreas, que ellos compraron en ocho mil seiscientos millones de pesos, en un negocio en el que detentan el 15 por ciento de las acciones. El metro cuadrado de ese lote les costó a unos 26 mil pesos, un precio bastante bajo, curiosamente barato para un terreno de esas condiciones. Pero en circunstancias que ellos no han explicado con claridad, resultó que el predio no medía 34 hectáreas, como decían las escrituras, sino que mide 53 hectáreas. O sea que entre la realidad del área del predio y lo que decían las escrituras había un error de 19 hectáreas. Cualquiera se cuestiona: ¿son estos extranjeros propietarios de Bavaria SabMiller, que ni siquiera saben cuánto miden sus lotes, quienes van a salvar la economía nacional? ¿O sí sabían lo que tenían y lo ocultaron en las escrituras por alguna razón inconfesable? Pero lo de fondo es que por el cambio del área del lote la tierra no les costó a los hijos del Presidente a 26 mil pesos el metro cuadrado, sino a 16 mil pesos el metro cuadrado. Le pregunto a cualquiera que sepa de precios del suelo en la Sabana de Bogotá qué opina de un lote de esas condiciones a apenas 16.000 pesos el metro cuadrado. A mi juicio, allí hay un regalo que la empresa SabMiller les hace a los hijos del Presidente y a sus socios. No terminan ahí los negocios de Bavaria con los hijos del Presidente. Hay otra parcelación cerca del autódromo de Tocancipá, llamada Gran Sabana, de cien hectáreas, en la que, curiosamente, la tierra también era de Bavaria y ahora es de una sociedad en las que los hijos del Presidente poseen el 12 por ciento, asociados con

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varios de los más importantes cacaos del país. Pregunto: ¿si no fueran los Uribe Moreno, Bavaria SabMiller vendería estos predios en vez de urbanizarlos ella misma, con las ganancias estrafalarias de las que estamos hablando? ¿Y no constituye una insensatez que una empresa como esa ande vendiendo a menos precio sus terrenos (a 22 mil pesos el metro cuadrado), cuando lo único que tiene que hacer es conseguir un promotor, entregarle el predio y sentarse a esperar a que la valorización le llegue? ¿De cuándo acá, además, jóvenes de 25 años resultan de tú a tú con los cacaos de la economía? Insisto en la pregunta: ¿si fueran Pepito Pérez o Juan Rodríguez, también tendrían ese tipo de relaciones? A Bavaria no le ha ido mal Realmente no sé por qué Bavaria está haciendo este tipo de negocios que me parecen por lo menos curiosos, pero sí sé que si a los hijos del presidente Uribe les ha ido tan bien con Bavaria, a Bavaria le ha ido supremamente bien con el presidente Uribe. Ahí está la trasnacional desarrollando en Yumbo, Valle, una zona franca individual, y esas son mejores todavía, porque como la empresa beneficiaria de la zona franca es a su vez propietaria del terreno, no tiene que cederles a otros las gabelas de las rebajas tributarias, sino que en este caso es Bavaria, y solo ella, la que toma para sí el ciento por ciento de los regalos que le hace en tributos el gobierno colombiano. Y como si fuera poco, a ese proyecto de Bavaria SabMiller, un proyecto inmenso en el Valle del Cauca (30 hectáreas), el gobierno le concedió un contrato de estabilidad jurídica, según el cual el Estado no le podrá subir los impuestos en las próximas décadas, entre otras canonjías. Entonces, si se renueva el impuesto de guerra, por este proyecto Bavaria no lo pagará, porque el impuesto que ella paga hoy termina en el año 2010 y del nuevo que se defina estará protegida por el contrato de estabilidad jurídica. Luego cuando en Colombia andan los uribistas buscando pobres para imponerles el nuevo impuesto de guerra, que sepan esos pobres que en buena medida eso se explica por esta gabela concedida a esta trasnacional. Digamos también que todas las rebajas tributarias que el gobierno les concede a las grandes empresas golpean a los pobres de dos maneras diferentes. O porque el Estado cuenta con menos recursos para gastar en salud y educación o porque el Estado debe aumentar el IVA y los impuestos a los pobres y a las capas medias para compensar lo que no pagan los monopolios y las trasnacionales. La alcaldía de Mosquera los enriqueció ¿Cómo es la historia de la valorización de los predios en el municipio de Mosquera? Los hijos del presidente Uribe han dicho que cuando ellos compraron el lote ya existía un POT, un Plan de Ordenamiento Territorial, y que desde el 2000 ese POT señalaba que era un lote de expansión urbana y de uso industrial. Y eso es cierto. Pero es una verdad a medias, y las verdades a medias suelen ser mentiras completas. Porque lo que no cuentan los Uribe Moreno es que para que ese lote pudiera efectivamente utilizarse para construcciones industriales necesitaba, además, un Plan Parcial adoptado por la alcaldía de Mosquera. Ocultan también que mientras la alcaldía de Mosquera no adoptara el Plan Parcial, según los decretos del gobierno nacional y de la

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propia alcaldía, en ese lote solo podía haber desarrollos agrícolas y forestales. Luego ese no era un lote urbano, estrictamente hablando, sino un lote rural, que se valorizó una vez el alcalde de Mosquera le otorgó, como efectivamente lo hizo en agosto de 2007, un Plan Parcial. Dicen los hijos del Presidente que era obligatorio que el alcalde de Mosquera les concediera el Plan Parcial. Pues eso no es cierto. La propia Camacol se ha quejado de que esos planes parciales son discrecionales de los alcaldes. Y la cosa es bien simple, senadores y colombianos, porque un Plan Parcial es un negocio entre un particular y un municipio, y puede haber muchos desacuerdos que impidan que se concrete el negocio. Por ejemplo, si al municipio le cobran parte de la financiación del plan, como sucede en este caso, puede suceder que no se llegue a un acuerdo. El tema de la plusvalía, al que me referiré luego, es otro que ha de pactarse, acuerdo que puede o no lograrse. Las etapas de desarrollo del Plan Parcial Siete Trojes, donde están los lotes de los hijos del Presidente, también podrían ser motivo de un desacuerdo fundamental. El tipo de industrias, si son pequeñas o grandes; si las aguas servidas se tiran a un vallado, etc., pueden generar desacuerdos insalvables. Luego no es cierto que el alcalde de Mosquera tenía que darles obligatoriamente ese Plan Parcial. Era por completo una decisión discrecional del alcalde. Otra valorización Hay una segunda decisión del alcalde de Mosquera que beneficia a los hijos del Presidente de la República, ¡y de qué manera! Tres o cuatro meses después de que los muchachos le compraran el lote a Bavaria, el alcalde de Mosquera pasó el índice de ocupación de 0.50 a 0.75, es decir, de 50 a 75 por ciento. Esa decisión valoriza el predio en proporciones notables, porque el índice de ocupación es el que determina cuánta área puede construirse a nivel del primer piso. Y por supuesto, no es lo mismo poder construir a nivel de primer piso el 50 por ciento, la mitad del lote, que el 75 por ciento, como quedó estipulado. Tan es cierto que son las decisiones oficiales las que valorizan los predios que en este caso los propietarios del lote tuvieron que pagarle impuesto de plusvalía (de mayor valor) al municipio de Mosquera por 56 millones de pesos, suma que está por verse si era la justa o no. Tengo mis dudas, pero digamos que la utilizo simplemente para demostrar que sí existe un impuesto de plusvalía y que ese impuesto de plusvalía debe pagarse cuando una decisión del municipio valoriza un predio. Ilegalidades evidentes Veamos algunas de las ilegalidades del Plan Parcial que el alcalde Álvaro Rozo le concedió al lote de los hijos del Presidente de la República. En el Plan Parcial se señala que el municipio de Mosquera tendrá que correr con gastos importantes en el desarrollo del Plan Parcial del Proyecto Siete Trojes, donde están los lotes de los Uribe Moreno, particularmente por conducción y tratamiento de aguas negras. Y que en el Plan Parcial, en general, deberá aplicarse el impuesto de plusvalía a los lotes beneficiados por el desarrollo de Siete Trojes. Pero cuando llega la hora de establecer las

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herramientas de tipo financiero para pagar el plan parcial, y esto es sin duda una ilegalidad, aparece que no existe el impuesto de plusvalía, cuando ese impuesto es una obligación en los planes parciales. Pero sí se dice que el municipio financiará esos costos con derrames de valorización y con aumentos en las tarifas, que no se les cobrarán solo a los hijos del presidente Uribe y a sus compañeros del Plan Siete Trojes, sino que también los tendrán que pagar los habitantes de Mosquera, configurándose entonces no solo una ilegalidad sino también un atentado contra los moradores del municipio, que deberán pagar de su bolsillo lo que no pagaron los beneficiarios del Plan Parcial Siete Trojes. Ocurrió otra ilegalidad en el proyecto de la Zona Franca de Occidente. Presentaron como áreas de cesiones públicas las vías y las zonas verdes privadas, las cuales, como se sabe, y esto es elemental y se estipula en todas las normas, no se pueden contabilizar como zonas de cesión pública, entre otras cosas, porque quedan dentro de un lote cerrado, con portería y celadores, al que no pueden entrar los niños de Mosquera a jugar en el parque que aparece en los planos. Hay otra ilegalidad en el desarrollo urbanístico de la Zona Franca de Occidente. Dicen que las aguas residuales serán echadas a un vallado, cuando los acuerdos entre la CAR y el municipio de Mosquera establecieron que había que trasladarlas por tuberías y no tirarlas a un vallado, como terminó aprobándose. Lotes baratos para la familia del alcalde Otra parte escabrosa son los negocios entre los hijos del presidente Uribe y la familia del alcalde de Mosquera. Poco tiempo después de ocurrido el enriquecimiento de los hijos del Presidente, ellos le venden una parte del lote valorizado a los hijos y los hermanos del alcalde de Mosquera. Venden los lotes que mostré en el plano, que suman de 6,4 hectáreas, repito, poco después de haberse valorizado. ¿Y a cómo les venden el metro cuadrado a los familiares del alcalde? Apenas a 19 mil pesos el metro cuadrado. A 16.000 lo habían comprado los Uribe Moreno y a solo 19 mil lo vendieron después de su notoria valorización, porque esos predios ya tenían POT, Plan Parcial, mayor índice de ocupación, es decir, su precio inicial estaba valorizado en por lo menos en once veces. Y aun así, apenas se ganan tres mil pesitos por metro. Alguno de pronto dirá que ese era el precio. Pues bien, dos días después de que los hijos del Presidente prácticamente le regalaran esos lotes a la familia del alcalde Mosquera, les vendieron a otros dos lotes contiguos y sobre la vía, ¿saben a cómo el metro cuadrado? A 53 mil pesos, que sigue siendo baratísimo, pero bueno, entre 53 mil y 16 mil media una notable diferencia. Las preguntas saltan a la vista. ¿Ante qué estamos? ¿Será este un caso del famoso CVY, 'Cómo Voy Yo'? ¿Será esta la manera de devolverse favores, de 'llevar' al alcalde que los benefició en los beneficios que este anteriormente les había concedido? No tengo pruebas, pero ahí están los hechos, que investigue la Fiscalía General de la República. Porque sí llama muchísimo la atención que este tipo de cosas estén ocurriendo en Colombia. Al comparar los 16 mil pesos contra los 53 mil el metro cuadrado, suponiendo que 53 mil sea el precio correcto, los hijos del Presidente le regalaron 2.240 millones de pesos a la familia del alcalde de Mosquera.

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Buenas relaciones con el poder Escandaliza también la reunión de Tomás Uribe, el vocero de los dos hermanos, con el ministro de Transporte, doctor Andrés Uriel Gallego, en la que estuvieron presentes además el actual alcalde de Mosquera y el gobernador de Cundinamarca, para hablar de una vía que los beneficia, según se mostró en la fotografía publicada en el periódico El Tiempo. Y cuando se le pregunta al ministro de Transporte qué habló el señor Tomás Uribe en esa reunión, responde que no dijo nada. Tras de negociante, mudo. Se quedó como un búho, dice el señor ministro del Transporte, cosa que los colombianos no le creemos y tenemos todo el derecho a no creerle. Está probada también la cercanía entre los hijos del Presidente y el alcalde Rozo, de Mosquera, y con el actual alcalde Rincón. Tomás Uribe asistió al lanzamiento de la campaña al Senado del señor Rozo y casi termina de padrino de matrimonio de la hija. Creo que no hay alcaldes en Colombia más importantes que los de Mosquera. Hay que ver cómo los atienden en el palacio presidencial. Terminan a las carcajadas en las reuniones, y se muestran películas con el Presidente de la República, en una relación que no deja de llamar la atención (según las crónicas y las fotos del periódico del municipio de Mosquera). Altos funcionarios y más valorización El caso de la Zona Franca de Occidente también va a demostrar cómo son los favoritismos en beneficio de los hijos del jefe del Estado y cómo es la conducta irregular e ilegal, a mi juicio, de los ministros de Hacienda y de Comercio, de la directora de Planeación Nacional, del director de la DIAN y de la directora de Proexport, miembros de la Comisión Intersectorial de Zonas Francas, quienes, como vamos a ver, no cumplieron con las leyes de la República. Pero antes de mirar lo sucedido, unas cifras interesantes. Muy cerca de la Zona Franca de Occidente hay otra zona franca donde el metro cuadrado se vende a 650.000 pesos, ya de terreno urbanizado. Si ese precio se lo aplicamos al lote de la Zona Franca de Occidente, podemos estar hablando de un negocio de unos 138.000 millones de pesos, de los cuales no sabemos cuánto les toca a los hijos del presidente de la República, pero sí que es una suma bastante importante. Más favoritismos y actos ilegales Hablemos de cómo fue el trámite ante la Comisión Intersectorial de Zonas Francas y empecemos con una información. Cada día de trámite vale plata, porque mientras no se termine el trámite, el negocio no logra concretarse ni puede realizarse. Luego aquí resultan claves los tiempos y los momentos. Aunque parezca mentira, senadores y colombianos, este negocio empieza con la tentativa de violar la primera de norma sobre cómo tramitar una zona franca ante la Comisión Intersectorial de Zonas Francas. Un buen día, el 7 de diciembre de 2007, se aparece ante las oficinas encargadas la entidad Zona Franca de Bogotá, ojo, no la Zona

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Franca de Occidente, a tramitar que se conceda una zona franca sobre la tierra de los hijos del presidente Uribe. Pero resulta que las normas establecen como primera condición para iniciar el trámite que el peticionario sea una persona jurídica nueva, creada para ese fin. Luego no podía la Zona Franca de Bogotá hacer el trámite, porque ella existía de tiempo atrás y con otros fines y para esa fecha no se había constituido la empresa Zona Franca de Occidente, que solo se va crear seis meses después, en junio de 2008. Así arranca el trámite, y lo más increíble es que no solo empieza así, sino que quince días después de cometida esta flagrante ilegalidad, que, según entiendo, la Zona Franca de Bogotá ni siquiera intentó ocultar, empiezan los funcionarios de la Comisión Intersectorial a tramitarle a la Zona Franca de Bogotá lo que pedía por fuera de la ley. El 28 de diciembre, le solicitan a la DIAN que certifique si hay continuidad entre los lotes que se van a desarrollar. Y le piden al Ministerio de Ambiente que conceptúe si en ese negocio se aplica el decreto 3600. Luego, repito, en medio de la ilegalidad absoluta, se comienza a tramitar el negocio de la zona franca de los hijos del presidente de la República y de sus socios. Cómo serían las irregularidades en el trámite, que dos meses después, el 25 de febrero de 2008, se lleva el proyecto a la reunión de la Comisión Intersectorial para que le dé el visto bueno. Y es probable que alguien se haya puesto nervioso, pues la Comisión decidió que no podía aprobarse por la notoria ilegalidad, al no existir una persona jurídica llamada Zona Franca de Occidente. Pero, senadores y colombianos, y quienes tramitan asuntos ante el Estado saben de la gravedad de esta denuncia, no se detuvo el proceso. No es cierto, como usted aduce, doctor Plata, que a lo peticionarios "les tocó volver a hacer la fila", porque, como lo voy a demostrar, a pesar de la ilegalidad, a pesar de que no se podía tramitar, los funcionarios continuaron con el trámite. Solo el 16 de junio de 2008 la Zona Franca de Occidente obtuvo su derecho legal a existir. Y un mes después, el 28 de julio, y esto prueba que los trámites prosiguieron en la ilegalidad, la Comisión Intersectorial aprobó el Plan Maestro y le dio concepto favorable a la Zona Franca de Occidente. En 35 ó 38 días se cumplieron todos los trámites, que en otros casos se demoran bastante más. Y el 18 de diciembre la DIAN le otorgó a la Zona Franca Permanente de Occidente el derecho a ofrecer sus lotes con las gabelas señaladas. Otras ilegalidades Pero los abusos y los favoritismos no terminaron ahí. El 26 de septiembre, la DIAN hace un requerimiento único y da un "término perentorio" de un mes para que quienes están tramitando la Zona Franca de Occidente alleguen todos los papeles, e insisto en el plazo perentorio: un mes. ¿Y saben hasta cuándo entregaron papeles? Hasta el 17 de diciembre de 2008, el día antes que se diera la autorización definitiva. Papeles complejos que no revisaron, de asuntos técnicos, y que tramitaron violando las normas de la República. Además, la Zona Franca de Occidente presenta, y así lo aprueba la Comisión Intersectorial, que las aguas residuales donde se desarrolla este negocio puedan tirarse a un vallado, violando lo determinado por la CAR y el municipio de Mosquera.

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Falsedad en documento público Igualmente es el colmo que la DIAN, en la resolución definitiva para aprobar la zona franca, afirma que la Zona Franca de Occidente S.A., con NIT 900.224.887, el 8 de diciembre de 2007 le solicitó a la Comisión Intersectorial concepto sobre la viabilidad de declaratoria de existencia de dicha zona franca y sobre la aprobación del Plan Maestro. ¡Y la Zona Franca de Occidente solo tuvo constitución jurídica en junio de 2008, seis meses después! Luego era absolutamente imposible que la DIAN le concediera el NIT a finales de 2007. Esto se llama falsedad en documento público. Ya Felipe Zuleta, conocido articulista del periódico El Espectador, ha anunciado que interpondrá un denuncio penal, porque la violación es notoria. Tengo que lamentar que el actual director de la DIAN le haya escrito una carta a la revista Semana minimizando lo ocurrido, diciendo que no vale la pena, que lo que pasa es que no se entienden las interpretaciones y las conductas geniales de este gobierno. ¿Para qué la falsedad? No se sabe muy bien, pero puede tener que ver con que tenían un problema. Si se daban por recibidos los papeles en junio de 2008, la Zona Franca de Occidente aparecía como tramitada en apenas seis meses. Y lo que anda diciendo el ministro Plata por todas partes es que el trámite duró un año. Pero ahí tiene usted una contradicción grave, doctor Plata. O la zona franca se tramitó en seis meses, entre junio y diciembre de 2008, o entre diciembre de 2007 y junio de 2008 ustedes adelantaron trámites que no podían adelantar, y no fue cierto que ellos hubieran tenido que "volver a hacer la fila" con sus papeles, como usted afirmó. ¿Para qué ocultan los nombres? También es mortificante la telaraña de empresas que los hijos del presidente constituyeron y que no puedo explicar en detalle porque el tiempo no alcanza. Pero voy a darles los nombres de empresas que aparecen, nombres que en últimas, a mi juicio, tienen como uno de sus propósitos hacer difícil encontrar los nombres de Tomás y Jerónimo Uribe: Residuos Ecoeficiencia, Patrimonio Autónomo FLC Lotes Mosquera, Fiduciaria Colpatria, Zona Franca de Bogotá, Zona Franca de Occidente, Zona Franca Permanente de Occidente, Yogur S.A. y, en Panamá, la firma Achlist Investment Corporation. Les pregunto a los Uribe Moreno. ¿A los 25 años de edad constituyendo empresas en Panamá? Es legal, por supuesto, pero también sabemos que una parte muy grande de las empresas que se montan en los paraísos fiscales son para cometer delitos. No estoy haciendo ninguna acusación, sino formulando una pregunta. ¿Para qué ocultar los nombres? Porque el primer propósito de las empresas que se constituyen en Panamá es ocultar los nombres de los accionistas. Les pido a los hijos del presidente de la República que le digan a Colombia quiénes son los socios de esas empresas que aparecen en Panamá y que están involucradas en ese negocio. Y recordemos que, en buena medida, en el negociado de las acciones de Invercolsa, donde se defraudó el interés nacional, no ha podido saberse en detalle lo que pasó porque esas empresas y esas acciones terminaron bajo el control de algún desconocido que opera con una compañía en Panamá. Luego este reclamo tiene que ver con asuntos legales y morales.

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¿Pagaron otros impuestos? Nos preguntamos también si este veloz enriquecimiento de los Uribe Moreno pagó los impuestos respectivos. Infortunadamente, la DIAN no me respondió una pregunta específica que le hice. Pero el asunto es sencillo. Ellos transfieren valores por 33,9 millones de pesos de Residuos Ecoeficiencia a Yogur S.A., firma también de su propiedad. Y cuando se pasan de una empresa a la otra, su valor salta de 33,9 millones a 3.092 millones de pesos. Ahí hay una ganancia inmensa. La pregunta es simple. ¿La ganancia es de Residuos Ecoeficiencia? ¿La ganancia es de Yogur S.A.? Porque tiene que ser de alguien. ¿Nos hallamos ante el caso clásico de una elusión, en la que, como suele suceder en Colombia, quienes se benefician de esta clase de negocios no pagan los impuestos que sí deben pagar los asalariados y las gentes del común que no tienen manera de evadirlos? Esperaremos con paciencia a que la DIAN nos diga si esta operación tiene un propósito distinto al de evadir los impuestos a que estaban obligados. La aprobación no era obligatoria Han dicho los hijos del Presidente que la Comisión Intersectorial de Zonas Francas estaba en la obligación de otorgarles la petición que hicieron sobre la Zona Franca de Occidente. De la misma manera, equivocadamente, dijeron que el alcalde de Mosquera tenía que concederles el Plan Parcial. Pues no es cierto, senadores y colombianos. El otorgamiento de una zona franca en Colombia, y bien lo saben los ministros, porque incluso lo sugieren en las respuestas de este debate, es discrecional de la Comisión Intersectorial de Zonas Francas. Lo dice clarísimo el decreto 2685 de 1999, en su artículo 393-5, cuando señala que la Comisión "podrá emitir concepto desfavorable" a una zona franca permanente por motivos de inconveniencia técnica, financiera o económica". Inconveniencia, no ilegalidad, dice. Y claro, las causales de inconveniencia pueden ser muchas, porque las zonas francas son negocios que las grandes empresas le proponen al gobierno nacional y que contienen muchos aspectos en que pueden aparecer diferencias. En el acta 01 del 20 de noviembre de 2007, la Comisión Intersectorial señala que hay que estudiar este tema con mayor profundidad y usa la palabra "discrecionalidad". Los ministros tenían que saber Por último, la que puede ser la pregunta del millón. ¿Sabían los ministros y los altos funcionarios del presidente Uribe que en este negocio beneficiaban a los hijos de su jefe, de su patrón, del Presidente de la República? Las posibilidades, a mi juicio, son dos. Una, que supieran que esos lotes eran efectivamente de los hijos del presidente Uribe y, entonces, de acuerdo con la Constitución y la ley, han debido declararse impedidos, como lo han hecho en otros negocios los funcionarios de la Comisión Intersectorial de Zonas Francas, y decir: 'No podemos atender el caso, porque tenemos el impedimento de ser subalternos del Presidente'. La otra opción es aducir, como están aduciendo, que

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no sabían. Con franqueza les digo que no sé qué será peor. Porque si no sabían, con franqueza les digo, ministros y demás funcionarios, la irresponsabilidad y la negligencia de ustedes no tienen nombre. Y voy a demostrar que en una lectura sana de las normas, ustedes violan la Constitución y la ley cuando no averiguaron quiénes eran los propietarios del lote de la Zona Franca de Occidente. Que la DIAN tenía que saber no tiene discusión. Sería el colmo de la falta de seriedad que ustedes intentaran aducir que la DIAN no tenía que saberlo. Miren lo que dicen las normas al respecto. Los usuarios operadores de zonas francas deberán "acreditar ante la DIAN, entre otros, los siguientes requisitos: 6. Allegar estudios de títulos de propiedad de los terrenos sobre los que se desarrollará físicamente el proyecto de la zona franca permanente (…) 9. Adjuntar certificados de tradición y libertad de los terrenos que formen parte del área que se solicita declarar como zona franca permanente". Más claro no canta un gallo. No hay la menor duda de que la DIAN tenía que establecer de quién eran los terrenos. Y si hay la menor coordinación en este gobierno, el director de la DIAN ha debido declararse sorprendido, por lo menos, si es que lo ignoraba, y haber llamado a su jefe, el doctor Óscar Iván Zuluaga, y a los demás miembros del Consejo Intersectorial y decirles, 'miren lo que acabo de encontrar: los hijos del Presidente son los dueños del terreno de la Zona Franca de Occidente'. Más normas que no cumplieron Observen lo que dicen los artículos de las normas que han debido cumplir. Primero, la Constitución, en su artículo 209, establece que es obligación de la función administrativa desarrollar los fundamentos y los principios de moralidad administrativa. ¡Moralidad administrativa! Y la moralidad administrativa, y más en un país como Colombia, los obligaba a preguntarse de quién eran los terrenos que iban a beneficiar. Aquí voy a repetir algo dicho por la periodista María Isabel Rueda, que es una pregunta que les dirijo a los ministros y que tendrán que responder: si esos lotes hubieran sido de alias 'Don Mario' o de 'Chupeta', ¿también les habrían dado la zona franca? Si esos lotes, repito, hubieran sido de 'Don Mario' o de 'Chupeta', ¿también les habrían concedido la zona franca? La Resolución 001 de 2007 dice además que el Plan Maestro que tiene que revisar la Comisión Intersectorial deberá contener, "como mínimo", la siguiente información: "Características del terreno". Y pregunto: entre las características del terreno, ¿no figura, como mínimo, el propietario del lote? ¿Les parece a ustedes que no son de las características del terreno sus propietarios? ¿Les parece que las características del terreno se limitan a si es pantanoso, si hay un arbolito, cuántas vacas hay en él? Curiosa manera de atender, señores ministros, la moralidad administrativa que les ordena la Constitución de Colombia. Decisiones que los condenan Y, senadores y colombianos, cuando estudio decisiones de la Comisión Intersectorial de Zonas Francas encuentro que en otros casos sí buscan establecer quiénes son los beneficiarios de los proyectos. El 20 de junio de 2008, en la sesión número 08, ordenan

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"que la Secretaría Técnica realice un ejercicio conjunto con la DIAN para hacer una verificación previa de los antecedentes de los socios de cada proyecto que se presente a su consideración desde el punto de vista fiscal, aduanero y de lavado de activos". Pregunto: quienes aportan en este negocio la parte principal, que son los terrenos, ¿no deben considerarse socios del proyecto, socios del negocio? ¿O se limitan ustedes, como el avestruz, a considerar socios del negocio únicamente a quienes aparecen como tales en esa figura que crearon, la Zona Franca de Occidente, que entre otras cosas tiene como propósito ocultar el nombre de los propietarios del terreno donde se desarrollaba la zona franca? Y van más allá. En la sesión número 9 del acta 7 dicen ustedes: "Para efectos de verificar si el inversionista y sus representantes legales, socios o miembros de las juntas directivas se encuentran reportados en la Lista Clinton, se instruyó a la Secretaría Técnica", etc., etc. Le dicen ustedes a la Secretaría Técnica que mire si los representantes legales de la Zona Franca de Occidente, los socios o los miembros de las juntas directivas están en la Lista Clinton. ¿Y van a decir que en las revisiones de ustedes sobre la Lista Clinton -una lista que tiene establecido el gobierno norteamericano para señalar y perseguir narcotraficantes- no se les ocurre mirar el nombre de los propietarios de los lotes? Bonita manera de burlarse de esa revisión. Porque es obvio que si se pasan los nombres de la última compañía que aparece, en este caso la Zona Franca de Occidente, no figuran los nombres de todas las personas que hay detrás. Negligencia extremadamente grave. De paso, hago otra pregunta: ¿se están convirtiendo los negocios fiduciarios en Colombia y la figura de los patrimonios autónomos en una manera de ocultar dolosamente a los propietarios de esos negocios, de forma que no se les pueda revisar el origen de sus fortunas? ¿Este caso es excepcional, o es el ejemplo de la norma? ¿Lo que predomina es que los patrimonios autónomos y los encargos fiduciarios son formas de ocultar a los propietarios de los negocios, de modo que puedan eludir los impuestos que deben pagarle al Estado colombiano? No les puedo aceptar las explicaciones que ustedes dan, señores ministros. Violan la ley o por acción o por omisión. La violan porque no se tomaron el trabajo de averiguar a quién favorecían con su decisión, es decir, a los hijos de su patrón, o la violan porque sabiendo que los Uribe Moreno estaban en el negocio se hicieron los locos porque, entre otras cosas, si se declaraban impedidos aparecería un enredo de proporciones mayúsculas, en razón de que el Presidente de la República no podía nombrar sus reemplazos en esos cargos para estos efectos, pues él también era parte en el negocio y tenía impedimentos para sustituirlos. Confesión de boca Los hijos del presidente Uribe anunciaron hoy que van a donar a alguna institución de beneficencia todas o parte de las utilidades de este negocio. Aquí me uno a la voz de la Iglesia Católica que dice que hechos como ese se llaman confesión de boca. Si aquí no hay nada inmoral ni antiético, si aquí no hay nada ilegal, ¿por qué regalar lo que ellos llaman el fruto de sus esfuerzos como empresarios, que en este caso son esfuerzos como especuladores? Pero además pregunto: cuánta rebaja en impuestos les otorgará

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que hagan algún tipo de donación. Y agrego otra pregunta: ¿sí será verdad la oferta o será igual a la que nos hizo el Presidente a los colombianos hace unos meses, a la senadora Cecilia López, específicamente, cuando nos amenazó con entregarnos las declaraciones de renta de los Uribe Moreno, y esta es la hora en que el país sigue sin conocerlas? Yo les exijo, señor Presidente y jóvenes Uribe Moreno, muéstrenselas a los colombianos, para ver si pueden explicarnos por qué a los 25 años, en el brevísimo lapso que llevan haciendo negocios, terminan más ricos que muchos de los ricos de Colombia. El país tiene derecho a saberlo y tiene derecho a saber si ustedes están pagando los impuestos que corresponden, entre ellos, el impuesto de guerra, que pretenden hoy trasladarles a los pobres de Colombia (dos días después de este debate, el 14 de mayo, en El Colombiano, los hijos del Presidente explicaron que en este caso "es diferente hablar de proyectos de inversión social a regalar o donar"). Colombia no es la hacienda El Ubérrimo Por último, le hice un derecho de petición al jefe del Estado para que me respondiera dos preguntas: en la primera, doctor Uribe, le dije que sus hijos, Tomás y Jerónimo, afirmaron en La W que usted conocía del negocio, porque ellos le consultaban todos sus negocios en la mesa del comedor de su casa. Le pregunté entonces al señor Presidente: ¿conocía usted, doctor Uribe, si sus hijos estaban en este negocio? Y si lo conocía, esta fue la segunda pregunta: ¿les advirtió a sus ministros y a los demás altos funcionarios que sus hijos eran socios de este proyecto, de forma que estos funcionarios cumplieran con la Constitución y con la ley y se declararan impedidos? Dos preguntas absolutamente elementales, razonables, que se le hacen a un funcionario público que, por muy Presidente que sea, también tiene que cumplir con la Constitución y con la ley. Y miren la respuesta que me dio. Primero, se la encarga al asesor de la Secretaría Jurídica, el doctor Armando López Cortés, quien después de echar alguna frasecita, me dice, y es la respuesta del Presidente a un senador de la República que hace un derecho de petición autorizado por la Constitución y por la ley con dos preguntas elementales. Miren lo que me dice: "Me permito indicarle, como él (o sea, Uribe) ya lo ha manifestado, que es un tema que le compete a ellos (es decir, a los hijos), quienes manejarán directamente frente a cualquier inquietud que se requiera". No, doctor Uribe, no les estoy preguntando nada a sus hijos. Nada les estoy preguntando, entre otras cosas, porque no tengo ningún derecho legal de hacerlo y no voy a hacer el oso de que no me respondan. Le formulo a usted, presidente de la República, dos preguntas simples: ¿sabía usted que sus hijos estaban en el negocio? ¿Por qué no les advirtió a los altos funcionarios del Estado para que se declararan impedidos? Eso es todo lo que hay que responder. Y nos sale con esta. ¡La satrapía! Ante hechos tan escandalosos como estos, el doctor Uribe me dice que esos son problemas de los muchachos, que hable con ellos. No, doctor Uribe, esto no es El Ubérrimo, esto es la República de Colombia, donde se supone que los funcionarios públicos, por encopetados que sean, tienen que cumplir la ley. También pediré que se investigue la conducta incluso dolosa del jefe del Estado en este sentido. Los ministros deben renunciar

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Concluyo diciendo que los favoritismos públicos y privados en beneficio de los hijos del presidente Uribe son manifiestos y que todo su enriquecimiento en este caso tiene como causalidad las decisiones oficiales. Los enriquecen las decisiones del municipio de Mosquera, los enriquecen las de la Comisión Intersectorial de Zonas Francas. Aquí se configuran una serie de delitos que no voy a detallar porque, entre otras cosas, no soy especialista en el tema, pero sí es evidente que aquí hay violaciones a la ley que tendrán que tipificar las autoridades competentes. ¿Qué hacer con los ministros y con los altos funcionarios que actuaron como no debían actuar, sea porque sabían o porque no sabían? En principio los instaría, señores ministros, a que les pidan perdón a los colombianos por estas conductas. Aceptándoles que no sabían, ministro Plata, ministro Óscar Iván Zuluaga, es manifiesta su irresponsabilidad. Pero además deberían renunciar para que pudiéramos creerles el perdón que les estamos solicitando. Pero como en Colombia estamos, y se trata de los asuntos del Presidente, no nos sorprendamos, senadores y colombianos, si antes de que el doctor Uribe salga de la Casa de Nariño les concede la Cruz de Boyacá a estos funcionarios por su conducta ejemplar. Que los colombianos no se dobleguen Llamo a todos los colombianos a reconocer la gravedad de lo que ocurre en el país. Colombia se hunde en la descomposición. Nuestra patria avanza en grado superlativo en un proceso de putrefacción y esto sucede, primero, porque hay quienes le hacen daño, pero también porque las gentes buenas, y ahí incluyo a mucha gente que ha sido partidaria de este gobierno, decide en estos casos enterrar la cabeza en la arena como el avestruz, mirar hacia un lado, taparse las narices, decir que son exageraciones de la oposición, que aquí no pasa nada, que si es que los hijos del Presidente no tienen derecho a hacer negocios. Invito a los colombianos a no doblegarse ante estas conductas, a entender que el país sí tiene arreglo, pero solo en la medida en que las gentes buenas no toleremos que este tipo de conductas se sigan repitiendo. Muchas gracias, señor Presidente.

Segunda intervención Empiezo por lamentar que el senador Javier Cáceres haya hecho una salida tan en falso como la de esta noche. Definitivamente, el uribismo que tiene subido a la cabeza le melló la punta al chuzo con el que hizo su campaña electoral. Ya se han refutado varias de las equivocaciones que él lanzó. Voy a comentar unas más. Doctor Cáceres, primero, tirar las aguas de la Zona Franca de Occidente a los vallados viola la ley. Segundo, los Uribe Moreno compraron baratísimo el lote de Bavaria. Usted le puede dar las vueltas que quiera, pero a 16 mil pesos por metro cuadrado en ese sitio y en ese momento es un regalo que esa empresa les hizo a los hijos del jefe del Estado y a sus amigos. Usted se ufana de que cuando los hijos del Presidente les

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vendieron un pedazo del lote a los hijos del alcalde de Mosquera, se ganaron 200 millones de pesos. Pero lo que no señala es que dejaron de ganarse 2.240 millones de pesos al no venderlos al mismo precio al que le vendieron a otro comprador dos días después. Luego es lamentable, doctor Cáceres, su intervención, porque no resiste análisis. Quiero mencionar también que el doctor Óscar Iván Zuluaga, en forma astuta, aduce que este es un debate moral. No voy a hacer discusiones morales con el doctor Zuluaga, porque después de las cosas lamentables que oímos de su parte, definitivamente ahí no hay cómo comunicarnos. Pero el ministro de Hacienda oculta que yo hice por lo menos diez cargos de violaciones a la ley y a la Constitución. Por ejemplo: que hubieran empezado el trámite a pesar de que no estaba constituida la Zona Franca de Occidente; la falsedad en documento público que presenta la resolución de otorgamiento de la zona franca; el alargue de los plazos que le dieron a la entrega de los papeles que tenían un término perentorio; que se haya aceptado que se boten las aguas servidas a los vallados del municipio de Mosquera. Pienso además que tenían que saber que esos lotes pertenecían a los hijos del Presidente de Colombia, entre otras cosas, porque el doctor Ramiro Bejarano, en el periódico El Espectador del 6 de diciembre de 2008, señaló que ese lote pertenecía, por lo menos en parte, a los Uribe Moreno. Y ustedes nos dijeron que no conocieron la denuncia del doctor Bejarano. ¡Qué tal la historia! Fueron probablemente los únicos colombianos que no leyeron la columna, ellos, los interesados en la Casa de Nariño, José Obdulio Gaviria, el ministro del Interior, nadie leyó que Ramiro Bejarano denunció a quién pertenecían esos lotes. Y dice el doctor Óscar Iván Zuluaga que por qué tenía que saber que en el patrimonio autónomo FLC Lotes Mosquera estaban los hijos del Presidente de la República. Pero en este documento, entregado por el Ministerio de Comercio y expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, doctor Zuluaga, que usted ha debido mirar, dice que ese lote es de propiedad de Residuos Ecoeficiencia, donde aparecen como socios los hijos del Presidente, y Tomás Uribe Moreno como el representante legal de la empresa. Luego si usted no pudo saber que detrás del patrimonio autónomo se hallaban los Uribe Moreno, fue porque no se tomó el trabajo de leer este documento que reposaba en los archivos de la Comisión Intersectorial de Zonas Francas. Entonces me ratifico en las dos ideas principales que he planteado. La primera, que el origen del enriquecimiento de los hijos del Presidente, la causalidad, son las decisiones del alcalde de Mosquera y de la Comisión Intersectorial de Zonas Francas. La segunda, que además de los problemas éticos y morales que hemos planteado, los hay gravísimos de ilegalidad, que inclusive pueden ser de tipo penal, y les señalo uno: por qué los hijos del Presidente le vendieron a menos precio unos lotes a la familia del alcalde de Mosquera, quien los acababa de favorecer valorizando unos predios que eran de excelente calidad, porque tampoco es cierto que fueran de mala calidad.

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IX. SEGURIDAD DEMOCRÁTICA

CONFLICTO, DROGAS Y PAZ Por Diego Otero Prada Agosto de 2010 ¿Qué habría hecho un país normal con cien mil millones de dólares? Tal vez solucionar su futuro para siempre. Pues bien: ese fue el gasto militar de los ocho años de Uribe. LOS MÁS MÁS DE LOS MÁS El conflicto interno colombiano, clasificado como "de baja intensidad" porque determina la muerte de más de mil personas por año, es responsable de una militarización impresionante del país, un gasto militar que se encuentra entre los diez más altos del mundo y un ejército propio de un imperio, ubicado entre los 17 más grandes del planeta. En una situación como la de Colombia, con un conflicto que cumplió 46 años, el gasto militar comprende el que se clasifica como tal en el presupuesto de la nación, con un doble destino: el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional. Pero, además, en él están parte de los "gastos en seguridad" del Ministerio del Interior y de la Justicia, y de agencias del gobierno como el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, el DAS, la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo. Y ESO NO ES TODO Aparte de esos rubros hay otros que no se incluyen en este cálculo, provenientes de Municipios, Departamentos y entidades descentralizadas tales como ECOPETROL, Interconexión Eléctrica S.A., ISA, y empresas de telecomunicaciones o electrificadoras, que dedican recursos para defenderse de atentados a sus instalaciones o a su personal. Tampoco se incluyen los auxilios de gobiernos extranjeros que envían fondos para combatir a las guerrillas, los más importantes de los cuales son los de Estados Unidos a través del Plan Colombia, ni los presupuestos de las empresas industriales y comerciales del Ministerio de Defensa, como la Industria Militar, INDUMIL, ni el pago de pensiones, ni las demandas que cursan contra el Estado. Por lo tanto, las cifras que se dan se quedan cortas frente a lo que efectivamente se gasta para enfrentar el conflicto. Sin tener en cuenta estos ítems, se encuentra que en el período 2002-2010 el gasto militar se acercó a cifras que oscilaron entre el 5,0 y el 6,0 por ciento del PIB.

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CUADRO 1. GASTOS EN DEFENSA Y SEGURIDAD Miles de millones de pesos

2002 % PIB 2010 % PIB Ministerio de Defensa 6016 2,94 12.077 2,60

Policía Nacional 2867 1,40 7.770 1,67

Ministerio del Interior 481 y de Justicia

0,24 969 0,21

DAS 47 0,02 116 0,02 Fiscalía 211 0,1 431 0,09 Defensoría del Pueblo 14 0,01 70 0,02

Procuraduría Generalde la Nación

52 0,03 102 0,02

Otros sectores delnivel central

14 0,01 130 0,03

Departamentos 8 0,00 15 0,00

Municipios 24 0,01 35 0,01 Plan Colombia 1016 0,50 1.100 0,24

Otros gobiernos extranjeros

253 0,12 250 0,05

Total 11.003 5,38 23.065 4,97

Porcentaje del Presupuesto

15,33 15,11

Fuente: Cálculos con base en información del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. EL CLUB DE LOS "MILLONARIOS" En este cuadro se discrimina el gasto militar para enfrentar el conflicto interno colombiano en esos períodos, especificando los del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, y el 30 por ciento del correspondiente a entidades de los subsectores de justicia y seguridad, cifra que el investigador Luis Jorge Garay encontró que es la que se dedica a los aspectos que tienen que ver con la conflagración interna. En total, los gastos pasaron de 11.003 miles de millones de pesos corrientes en 2002 a 23.065 miles de millones en 2010, con un incremento anual de 9,69 por ciento, en comparación con el aumento anual de la inflación, que fue de 4,93 por ciento. O sea, que el gasto militar tuvo un crecimiento real anual de 4,76 por ciento, para un aumento real en el período de 45,07 por ciento.

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En proporción al PIB, el gasto militar en 2002 fue el equivalente del 5,38 por ciento, en 2004 subió al 6,02 por ciento, y en 2008 y 2010 bajó a 5,47 y 4,97 por ciento respectivamente. Pero, de cualquier manera, esas son las cifras más altas en América y Europa. En 2008, Colombia ocupó el décimo lugar en este gasto y sólo fue superada por Arabia Saudita, Israel, Omán, Chad, Jordania, Georgia, Eritrea, Irak y Emiratos Árabes Unidos. EL TRISTE CAMPEONATO En Latinoamérica, la mayoría de los países tenían en 2008 un gasto militar por debajo del 1,0 por ciento de su respectivo PIB (Argentina, Paraguay, México, Nicaragua, El Salvador, Guyana, Jamaica, Honduras, Panamá), otro grupo se encontraban entre 1,0 por ciento y 1,5 por ciento (Brasil, Venezuela, Perú, Uruguay y Bolivia), Chile se salía de la tendencia con 3,5 por ciento y Colombia era el caso excepcional con 5,47 por ciento. En valores absolutos, con 12.468 millones de dólares, el gasto militar colombiano ocupa en 2010 el puesto 20 en mundo, muy por encima de todos los países de Latinoamérica y el Caribe, con excepción del Brasil. Por tamaño de las Fuerzas Armadas, en 2006 Colombia ocupaba el puesto 17, con 285 mil hombres. En Latinoamérica sólo la superó el Brasil. MEDIO VIVOS, MEDIO MUERTOS Los gastos militares del gobierno central y sus entidades descentralizadas representaron el 15,33 por ciento del presupuesto de la nación en 2002, cifra que bajó a 15,11 por ciento en 2010. Los de funcionamiento equivalieron a 26,33 por ciento y 23,13 por ciento en los mismos años y los de inversión a 9,12 por ciento y 8,62 por ciento. Si se suman los gastos militares y los del servicio de la deuda externa e interna, se tiene que estos dos rubros representaron el 53,43 por ciento del presupuesto de la nación en 2002 y el 41,6 por ciento en 2010. Desde un punto de vista macroeconómico lo anterior significa que en los ocho años del gobierno Uribe un 50 por ciento de los egresos de la nación estuvieron orientados al gasto improductivo, que impide dedicar las sumas que se necesiten en actividades con las que se aumente la riqueza futura. Sería necesario matizar la afirmación anterior en caso de que el endeudamiento se hubiera utilizado para inversión. Pero no. Buena parte de esas sumas permitieron que dineros provenientes de impuestos pudieran orientarse para financiar la guerra y sostener el déficit fiscal.

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CONFLICTO Y DESPILFARRO De agosto 2002 a agosto 2010, es decir, en los ocho años de gobierno de Álvaro Uribe, Colombia destinó al gasto militar aproximadamente 100 mil millones de dólares, cifra impresionante que da una idea del despilfarro de recursos que implica el conflicto interno, sin incluir otros costos como los daños a la infraestructura, los secuestros, los delitos conexos, las muertes y los costos en la seguridad del sector privado. De ahí que la mejor política para aumentar el crecimiento, el bienestar y la democracia sea la de acabar con el conflicto lo más rápidamente posible. La opción del diálogo es la más cuerda. GOBERNAR DESPUÉS DE MORIR Pero eso no es todo. El presupuesto presentado por el gobierno Uribe para 2011 sigue las mismas orientaciones de su período presidencial, con la circunstancia de que mientras suben las partidas militares, se disminuyen las dedicadas a agricultura, vivienda, educación y ciencia y tecnología. En esta forma, los gastos para la guerra, incluyendo el Plan Colombia y otros, aumentan a 24.698 miles de millones de pesos, un incremento de 7,07 por ciento con relación a 2010, que representan un 5,09 por ciento del PIB, si se supone que este último tenga un crecimiento del 4,5 por ciento en 2011. Como participación del presupuesto de la nación, el gasto militar asciende a 15,91 por ciento, el porcentaje más alto desde 2002. Es decir, que el gobierno Uribe deja un presupuesto nacional más militarizado y con menos recursos para el gasto social y para los sectores productivos. Ese fue, quién lo creyera, su regalo de despedida.

DE LA PLAZA DE MAYO A SOACHA Por: Arlene B. Tickner El Espectador, Bogotá, agosto 18 de 2010 Sin que haya sido su intención, un reportaje en la portada de El Tiempo sobre niños robados durante la guerra resalta una contranarrativa de la Política de Seguridad Democrática (PSD) que es importante rescatar y debatir. A pesar de desfilarse ante el país y el mundo como un modelo exitoso de consolidación estatal y seguridad pública, la "triple sombra" del gobierno Uribe (parapolítica, falsos positivos y chuzadas) sugiere que de "democrático" no tuvo nada. En términos de pobreza, desigualdad y costos humanos generados por la violación de los Derechos Humanos, su balance también fue negativo.

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Las estadísticas son elocuentes. La Comisión Colombiana de Juristas estima que durante los primeros seis años de PSD, más de 14.000 civiles murieron o desaparecieron por actos de violencia relacionados con el conflicto armado. Sólo en desaparición forzada, el Conpes 3590 de 2009 habla de 27.000 casos, mientras que la Fiscalía afirma que durante los últimos 20 años se han presentado 50.000, el mayor número entre 1982 y 1986, y 2002 y el presente. Se trata de una cifra superior al total de desapariciones de todas las dictaduras del Cono Sur y Brasil, siendo la de Argentina (1976-1983) la que mayores víctimas cobró -cerca de 30.000- versus 3.200 en el caso de Chile (1973-1990). Por simple lógica se puede deducir que muchas de las víctimas de la violencia en el país tenían hijos y que algunos de éstos fueron raptados y criados por sus verdugos, como ocurrió también en países como Argentina. Si bien Justicia y Paz ha esclarecido una docena de casos de niños robados, el número tiene que ser considerablemente mayor. Colombia se lleva también la medalla de plata en desplazamiento (después de Sudán). Entre 2002 y 2009 un promedio de 300.000 de los colombianos más vulnerables fueron expulsados de sus tierras cada año. Ni hablar de los "falsos positivos", que en su misma terminología disminuye la magnitud del hecho. Hasta 2.177 civiles inocentes fueron asesinados por miembros de la Fuerza Pública, en su mayoría bajo la vigilancia de la "seguridad democrática". Una pregunta que está por esclarecerse dentro de la estrategia de "prosperidad democrática" del gobierno Santos es el lugar que ocuparán en ella los Derechos Humanos. El Presidente advirtió en el discurso de posesión que habrá "cero tolerancia" ante su violación, no por imposición de otros países sino por convicción. Sin embargo, cómo corregir el legado de su antecesor queda por verse. Reescribir esta parte oscura de la historia oficial, como hicieron en su momento las madres de la Plaza de Mayo y como claman por hacerlo ahora las de Soacha (y tantas más) en el caso de la PSD, sería un primero paso.

"EL GOBIERNO URIBE ES EL QUE MÁS PERSONAS HA DESPLAZADO" Por Isabel Coello www.publico.es, agosto 8 de 2010 Jorge Rojas, director de la Consultoría para Derechos Humanos y Desplazados (CODHES), denuncia cómo los campesinos son expulsados de sus tierras y es casi imposible que puedan recuperarlas. Colombia sigue siendo hoy el segundo país del mundo en número de desplazados por un conflicto armado, sólo superado por Sudán. Son 3,4 los millones de personas que han tenido que abandonar sus hogares por la violencia en Colombia. El director de la

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ONG que ha hecho de la población desplazada su foco de atención subraya una inquietante y creciente relación: la que vincula desplazamiento con un nuevo paramilitarismo que despeja zonas vitales para explotaciones estratégicas, como las de palma aceitera. ¿Qué opina de la política de seguridad democrática? Nos preguntamos dónde estaba la seguridad democrática para los 2,4 millones de personas desplazadas, según cifras del Gobierno, en los años de Uribe. Hay seguridad, pero para los grandes propietarios de la tierra, los industriales, banqueros e inversionistas extranjeros, pero no pueden decir lo mismo quienes han tenido que abandonar sus hogares por la acción de las guerrillas, de los grupos paramilitares e incluso de las fuerzas del orden. El desplazamiento en Colombia, ¿ha empeorado o mejorado en la era Uribe? Según las cifras gubernamentales de Acción Social, en Colombia hay 3.400.000 personas desplazadas, de las cuales 2.400.000 lo fueron durante el gobierno de Uribe. Es decir, la mayoría de los desplazados que reconocen las autoridades se han producido con el Gobierno de Uribe. Si en lugar de las cifras oficiales usa nuestras cifras, de CODHES y la Iglesia, ha habido 4,9 millones de desplazados en los últimos 25 años (1985-2009), a lo largo de seis gobiernos. Más de la mitad se ha producido con Uribe. Es decir, el de Uribe es el gobierno que más personas ha desplazado en la historia reciente de Colombia. Lo mire por las cifras oficiales o por las nuestras. ¿Dónde se producen los desplazamientos? Nuestra preocupación es que la economía la impulsan los minerales y los recursos energéticos y el mapa del desplazamiento está coincidiendo con estos grandes proyectos macroeconómicos. Se están beneficiando empresas en medio de un conflicto. No digo que las empresas estén involucradas en el desplazamiento o en la violencia, pero sí deben saber que sus operaciones en zonas de conflicto se están haciendo en medio de la violencia, el desarraigo y las agresiones contra la población civil. ¿Eso incluye a empresas españolas? Hay muchas empresas de diversas nacionalidades. Yo no tengo una afirmación directa frente a una empresa española, pero sí una preocupación sobre cómo gobierno y empresas están asumiendo esta situación de derechos humanos a la hora de invertir en el país. ¿Cómo viven los desplazados? Hay un 60% de pobreza y un 90% de indigencia entre la población desplazada.

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Decenas de dirigentes que luchaban por la restitución de sus tierras han sido asesinados. ¿Qué denota esta situación? Que hay una intención de los nuevos grupos paramilitares de consolidar el despojo, asegurar la tenencia de la tierra e imponer un desarrollo rural asociado a la producción intensiva de palma agrícola aceitera y otros productos para fabricar agrocombustibles. La restitución es un derecho. Procede cuando una persona abandona la tierra por violencia (aunque conserva pruebas de tener propiedad) y ésta es tomada por otras personas. Hay que devolverle la tierra. Pero es muy peligroso. Más de 35 líderes que lo han intentando han sido asesinados. ¿Qué ha de hacer un desplazado para que le devuelvan su tierra? Toda la carga de la prueba es en contra de la víctima. Hay todo un entramado burocrático que lo hace muy difícil. Y hay un muro de contención de grupos armados ilegales que hace muy peligroso imponer demandas de restitución. La Fiscalía anda buscando a 23 empresarios y grandes propietarios que, con todo tipo de argucias, asesinatos y desplazamiento, pretendieron quedarse con la tierra de los campesinos del Chocó en los años 90. La Corte Constitucional ha paralizado la ejecución de cualquier negocio de esas tierras, en una acción ejemplar que saludamos. ¿Y la adjudicación de tierras baldías que el Estado por ley ha de dar a campesinos? ¿Cuánta tierra ha entregado? Las mafias no permiten que el Estado adjudique tierras de calidad a campesinos pobres. El Estado lo intenta. Un ejemplo: un grupo de campesinos recibió títulos de propiedad de manos del presidente de la República, quien le dijo a uno de ellos: vaya y disfrútela'. El hombre quiso ir y lo mataron y luego a otro y luego desplazaron a toda la comunidad. El Gobierno ha incautado dos millones de hectáreas (quitándoselas a las mafias) pero sólo ha podido entregar a campesinos entre 48.000 y 70.000 hectáreas. Ridículo. Muestra la incapacidad del Estado para democratizar la tierra, en un país donde la inequidad es la más alta del mundo. El 0,4% de los propietarios posee el 68% de las mejores tierras. Ahí está la raíz del conflicto. Hay una mafia incrustada en la institucionalidad que impide cualquier avance en restitución y adjudicación de tierras. Los nuevos grupos paramilitares están aquí para evitar que eso ocurra. Esos grupos ¿no surgen en oposición a la guerrilla? La experiencia paramilitar de los años 90 es presentada como una gran estrategia de combate a la guerrilla. Pero fueron pocos los combates de los paramilitares con las guerrillas y muchas las masacres contra la población civil. Lo que hicieron los paras es el modelo de la Escuela de las Américas de quitar el agua al pez: desarticular, crear terror, asesinar, masacrar, desaparecer a miles de civiles, bajo la acusación de que son base social de la guerrilla. Eso no ha cambiado. Si en los años 90 esas masacres se hicieron para controlar la institucionalidad política lo que en efecto lograron los nuevos grupos paramilitares están para controlar y asegurar el despojo y el dominio sobre los bienes y la tierra.

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140 EN EL CESAR

SIGUEN APARECIENDO FOSAS COMUNES EN COLOMBIA

Bogotá, agosto de 2010 Con el descubrimiento e identificación de 140 fosas comunes en el departamento del Cesar, en la región Caribe colombiana, continúa el macabro hallazgo de cementerios clandestinos donde los paramilitares y miembros de las fuerzas militares enterraban a sus víctimas en aplicación de la política de "seguridad democrática" del ex presidente Álvaro Uribe Vélez. Según el informe divulgado en http://www.elpaisvallenato.com la 'verdad' de la historia de horror que vivió en el Cesar, sigue sin conocerse a pesar del avance del proceso de la Ley de Justicia y Paz. El tema vuelve a estar en la mesa, durante la semana por la verdad, que se desarrolla en la ciudad hasta el 13 de agosto. Dentro de esa 'verdad' se logró identificar en el Cesar 140 fosas comunes, a través de las audiencias de los ex paramilitares, sin embargo, se desconoce el número real de víctimas. "Algunas personas que estaban como desaparecidas, fueron ubicadas en esas fosas", dijo Antonio Calvo, director regional de la CNRR, quien sostuvo que esto refleja la magnitud de la violencia en la región. Sin embargo, para el mismo funcionario, la reparación sigue siendo un proceso lento y que poco se avanzado en el Cesar. Mientras en el país se conoce una sentencia, aquí aún no hay ninguna a pesar de que 20 mil personas han denunciado delitos. Se estima que en el departamento hay cerca de 140 mil víctimas, sin contar con algunas de las familias desplazadas que aún no hacen parte del proceso, porque en su mayoría no se sienten víctimas. "La gente desconoce sus derechos y solo creen que la condición de desplazados les sirve para recibir una ayudad de Acción Social", sostuvo Calvo. Otra de las revelaciones hechas durante la rueda de prensa, donde participó además Rosangela Pimienta, asesora de paz del departamento y Gabriel Turriago, coordinador Territorial del PNUD en el Cesar, es que las víctimas en su mayoría son mujeres, por lo que esta actividad en parte es un homenaje a quienes tienen el mayor peso de la violencia. "Con este evento lo que se busca es tomarle el pulso al proceso de Justicia y Paz en el Cesar, porque se conoce como avanza en otras regiones, pero no este, por lo que el espacio servirá para conocer más verdad del horror que pasó esta región", dijo Gabriel Turriago.

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SITUACIÓN DE DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS EMPEORÓ A LO LARGO DEL GOBIERNO URIBE

Agencia de Prensa IPC www.ipc.org.co/ Agosto de 2010 En materia de garantías para los defensores de derechos humanos en Colombia, los ocho años de gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, bajo la consigna de "Seguridad Democrática", no dejan el balance más alentador. Las evaluaciones realizadas por las diferentes plataformas nacionales de derechos humanos señalan que los dos periodos presidenciales más trascendentales en la historia del país, que culminaron el 7 de agosto, dejan tras de sí una estela de graves hechos que no sólo afectaron el ejercicio de esta labor vital para la democracia sino que además pusieron en riesgo (y cobraron) la vida de cientos de activistas a lo largo y ancho del territorio nacional. Aspectos como los continuos señalamientos y estigmatizaciones por parte de miembros del poder Ejecutivo; las persistentes amenazas contra organizaciones no gubernamentales (ONG) provenientes de grupos armados ilegales y el asesinato selectivo de importantes activistas en diferentes regiones del país marcaron, a juicio de los defensores, una constante a lo largo de los dos periodos presidenciales de Uribe Vélez. Según cifras del Programa No Gubernamental de Protección a Defensores de Derechos Humanos (Somos Defensores), entre los años 2002 y 2009 unos 1.057 defensores de derechos humanos fueron víctimas de todo tipo de agresiones tales como asesinatos, amenazas, atentados, detenciones arbitrarias, torturas, uso arbitrario del sistema penal, entre otros. De acuerdo con el Programa, en dicho periodo se presentó un promedio de 16 asesinatos y 132 ataques contra defensores por año. Las estadísticas también indican que el año más crítico para los defensores lo constituyó el 2009, cuando se registraron 179 agresiones discriminadas en 99 amenazas, 32 asesinatos, 17 atentados, 15 detenciones arbitrarias, 3 heridas, 10 usos arbitrarios del sistema penal y un caso de tortura. Las cifras de 2010 ya generan alarma. Sólo en el mes de mayo fueron asesinados siete líderes campesinos que venían trabajando por la reivindicación de los derechos de la población desplazada así como la reclamación de tierras usurpadas por grupos paramilitares. En este mismo mes, más de 100 organizaciones que trabajan por los derechos de las mujeres, el campesinado, las comunidades afrodescendientes e indígenas denunciaron haber sido víctimas de amenazas por parte de actores armados ilegales.

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De acuerdo con Alberto Yépez, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU), instancia que agrupa a más de 150 organizaciones defensoras de derechos humanos de todo el país, los líderes y organizaciones vinculados al trabajo con estas comunidades han sido precisamente las que más han padecido la persecución de los actores del conflicto armado. "La entrega de múltiples concesiones para la explotación minera por parte del Gobierno nacional, sumado a la negativa de terratenientes y redes mafiosas de entregar las tierras usurpadas por los paramilitares y que ahora son explotadas por empresarios de agrocultivos como la palma africana, han convertido a las comunidades campesinas e indígenas en blanco directo de los actores armados, bien porque 'estorban' a estos intereses o bien porque están ubicados en territorios privilegiados", señaló Yépez. Para sustentar su afirmación, Yépez señala que sólo en los tres últimos años más de 47 campesinos que venían adelantando procesos de reclamación de tierras ante la justicia han sido asesinados. Seis de estos asesinatos se cometieron en la región agroindustrial de Urabá, donde diversas organizaciones no gubernamentales han documentado graves casos de despojo de tierras por parte de ex jefes paramilitares como Fredy Rendón Herrera, alias "el Alemán"; y Ever Veloza, alias "H.H". Lo anterior evidencia el grado de vulnerabilidad en que se encuentran las víctimas de este flagelo que muchos califican como uno de los principales retos del país en los próximos años. En el caso de los indígenas la situación es aún más preocupante. Debido al recrudecimiento del conflicto armado en el occidente y sur de Colombia, los diferentes cabildos asentados allí han tenido que soportar la persecución de guerrillas y nuevos paramilitares así como el señalamiento de miembros del Ejército Nacional, dejando un saldo trágico de 120 aborígenes asesinados en los últimos tres años. "Aquí la responsabilidad recae en todos los actores del conflicto armado: guerrilla, narcotraficantes, nuevos grupos paramilitares, pues desafortunadamente los resguardos indígenas se convirtieron en puntos estratégicos para la guerra y para el negocio del narcotráfico", añadió Yépez. LA PERSECUCIÓN OFICIAL Pero a lo largo de estos ocho años la arremetida contra los defensores de derechos humanos no provino sólo de sectores de la ilegalidad. Las pesquisas que ha venido realizando la Fiscalía General de la Nación por el caso de las interceptaciones ilegales llevadas a cabo por el DAS han dejado al descubierto como importantes ONG como el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y la Comisión Colombiana de Juristas, dedicadas principalmente a denunciar las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes estatales, se convirtieron en blanco de seguimientos, hostigamientos y montajes a fin de desestimular y desacreditar su labor. El hecho fue abordado por la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que en su informe anual de 2009 consignó que "tales acciones, en muchos casos tenían como objetivo neutralizar las

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labores desarrolladas por estas organizaciones, a quienes se consideraba 'blancos legítimos' por ser potenciales opositoras de las políticas gubernamentales". Liliana Uribe Tirado, abogada de la Corporación Jurídica Libertad, organización que ha denunciado casos de ejecuciones extrajudiciales en Antioquia y que ha sido víctima de hostigamientos y señalamientos por parte del Ejecutivo, comparte dicha apreciación y agrega que acciones como estas indican que la labor de denuncia de violaciones a los derechos humanos se convirtió para el Gobierno que termina en una actividad sospechosa y quienes se dedican a ello fueron considerados como "enemigos de la Patria". "Si a un defensor de derechos humanos en un país como Colombia se le considera como parte del enemigo interno, entonces el tratamiento nunca va a poder ser respetuoso. ¿Cómo se trata al enemigo interno? Desacreditándolo y deslegitimándolo y en este sentido, este Gobierno empleo una estrategia bien calculada", agregó Uribe Tirado. Según la abogada, prueba de ello es que actualmente cientos de organizaciones no gubernamentales y activistas afrontan duros procesos judiciales, algunos de ellos llevados a cabo de manera irregular, tal como lo señaló la organización internacional Human Rigths First (HRF), en un informe publicado en febrero de 2009. Tras analizar 32 procesos penales adelantados contra defensores de derechos humanos en Colombia por los delitos de rebelión y terrorismo, HRF encontró que en ellos operaban patrones que vulneraban el derecho a las garantías del debido proceso, pues muchos de los casos estaban sustentados sobre falsas denuncias, pruebas obtenidas de manera ilegal, testimonios no corroborados de desmovilizados de la guerrilla, principalmente, y archivos elaborados por los organismos de inteligencia del Estado. Si hubo algún caso que dejara en evidencia todo lo anterior fue el afrontado por el movimiento de derechos humanos de Medellín en el año 2009. En abril de ese año se conoció cómo a través de informes de inteligencia preparados en la capital antioqueña por el Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, en coordinación con la IV Brigada del Ejército, se buscaba vincular a una serie de reconocidas organizaciones de la cuidad y partidos políticos alternativos con la guerrilla de las Farc. El documento señalaba que para los años 2008-2009 la estructura del Partido Comunista Clandestino (PC3), perteneciente a las Farc, estaba integrado por partidos políticos, organizaciones juveniles, de derechos humanos, sindicales, y movimientos estudiantiles de universidades públicas de la ciudad. Dichos informes dieron lugar a la reapertura de una investigación por parte de la Fiscalía 74 Seccional destacada ante la Red de Inteligencia Militar con sede en la IV Brigada, la misma que en 2008 decidió precluir este proceso tras considerar que "no contaba con las pruebas que respalden la presunción de la actividad rebelde". Por esta

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investigación fue privado de la libertad en junio del año anterior el defensor de derechos humanos Winston Gallego Pamplona, en momento en que se presentaba ante el Ente Acusador para clarificar su situación. A la fecha continúan las investigaciones. SEÑALAMIENTOS E IMPUNIDAD En su publicación, la organización internacional HRF llamó la atención sobre la celeridad con que se llevaban a cabo las investigaciones contra defensores de derechos humanos, en contraste con la falta de diligencias, indagaciones y recolección de pruebas en las denuncias de amenazas contra organizaciones y activistas, muchas de las cuales aún se encuentran en total impunidad. Al respecto, un informe elaborado en 2007 por el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), mostró que la eficacia de la justicia era para aquel entonces de 2,34 % y los índices de impunidad llegaban al 97,66 %. El documento recogió un muestreo de 168 casos de asesinatos y desaparición a defensores en Colombia. Después de haber solicitado información oficial sobre los mismos, la Fiscalía General de la Nación tenía conocimiento de sólo 128, de los cuales se había proferido condena en tres de ellos; 50 se encontraban archivados y el resto estaba en indagación preliminar. De lo anterior fue consciente el Gobierno nacional, que mediante Conpes 3411, promulgó una política de lucha contra la impunidad en casos de violaciones a los Derechos Humanos. Según la Vicepresidencia de la República, como resultado de lo anterior se produjeron 264 sentencias con 367 personas condenadas por violaciones a los derechos de sindicalistas. Para Alberto Yépez, lo anterior constituye un avance importante a lo largo de estos años, pero advierte que aún persisten prácticas entre los miembros de la Fuerza Pública y los operadores de justicia que ayudan a la estadística oficial y perpetúan la impunidad. "En muchos casos las autoridades están minimizando las denuncias, no las valoran y por tanto se deja a las organizaciones y a los defensores sometidos al régimen del terror que tiene que soportar en sus territorios", manifiesta Yépez. Las afirmaciones de Yépez fueron corroboradas por la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en su informe anual de 2009. "La Oficina en Colombia constató un aumento de las intimidaciones y amenazas de muerte a través de panfletos y correos electrónicos contra defensores de derechos humanos, líderes sociales y comunitarios y miembros de otros grupos marginados. Si bien las investigaciones avanzaron en algunos casos, la mayoría de las amenazas permanecen en la impunidad y en ocasiones las autoridades rápidamente las descalificaron, sin una investigación previa", reseñó la Oficina.

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De ahí que los activistas no duden en calificar el tema de la impunidad como una de las principales amenazas en materia de garantías para la defensa de los derechos humanos. "Hay avances importantes en algunos ámbitos, como lo que viene haciendo la Corte Suprema de Justicia en el caso del DAS por tratar de llegar a la médula de la autoría intelectual. Claro que todo esto queda supeditado a que el país logre dotarse de un buen fiscal, distinto a los personajes que integran la actual terna que no son garantía de independencia", asegura el coordinador del Observatorio de Derechos Humanos de la CCEEUU. Pero además de superar esta ineficacia de la justicia, lo que esperan las plataformas de derechos humanos es que, con el nuevo gobierno, cesen los señalamientos y el fuerte lenguaje empleado por altos funcionarios del Ejecutivo, incluido el propio Presidente de la República, con los que se buscaba deslegitimar la labor de denuncia y que en no pocas ocasiones pusieron en riesgo la vida de los defensores. Basta recordar discursos como el pronunciado por el presidente Uribe el 8 de septiembre de 2003, durante la posesión del general Edgar Alfonso Lesmes como nuevo comandante de las Fuerza Aérea Colombiana (FAC), para corroborar que el presidente Uribe no escatimó esfuerzos para cuestionar la legitimidad de los defensores de derechos humanos. "Politiqueros al servicio del terrorismo que cobardemente se agitan en la bandera de los derechos humanos para tratar de devolverle en Colombia al terrorismo el espacio que la fuerza pública y la ciudadanía le ha quitado", dijo en tono enérgico ese día. De hecho, una de las principales recomendaciones que hizo la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos, Margaret Sekaggya, en visita realizada en septiembre de 2009, fue que cesaran los señalamientos y las estigmatizaciones dirigidas contra las ONG por parte del Gobierno nacional. Por ello, los anuncios que ha hecho el presidente Juan Manuel Santos, de "desarmar la palabra" y trabajar por la unidad nacional, han despertado expectativas al interior de las distintas plataformas de derechos humanos sobre lo que será el relacionamiento con el nuevo gobierno, máxime si se tiene en cuenta que el nuevo Vicepresidente de la República, Angelino Garzón, proviene del sindicalismo. Al respecto, Liliana Uribe prefiere no hacerse mayores expectativas, pues recuerda que cuando fue Ministro de Defensa, el propio Juan Manuel Santos fue muy crítico de la labor de las ONG y por ello afirma que "va a haber un cambio en las formas, no en los fondos". Por su parte, Alberto Yépez espera que el nuevo gobierno reconozca y valore la labor de denuncia, investigación, defensa y promoción que hacen las organizaciones defensoras de derechos humanos, pues a su juicio, dicha actividad constituye un punto vital en el desarrollo del Estado Social de Derecho en el que se circunscribe Colombia. En ello, el activista tiene toda la razón. Si no, basta recordar que los temas que estremecieron el acontecer nacional a lo largo de estos últimos ochos años, como las

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ejecuciones extrajudiciales, las interceptaciones del DAS, la parapolítica, la visibilización de las víctimas del paramilitarismo, se logró gracias a la labor decidida de las organizaciones no gubernamentales y, ¿Qué sería hoy de la democracia si no hubieran surgido a la luz pública estos temas?

LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA DE URIBE: 2002 -2010 Tras 8 años de gobierno del presidente saliente es necesario un balance del eje central de su gestión que fue sin lugar a dudas la política de defensa y seguridad democrática (PDSD) y su segunda etapa, la política de consolidación de la misma (PCSD). Tanto la PDSD como la PCSD tenían como objetivo en líneas generales: recuperar el control de territorio por parte del Estado para garantizar la vigencia del Estado de derecho; combatir el

narcotráfico y otras formas de crimen organizado; y promover la seguridad y la ciudadanía. ...Descargar archivo en Word

LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA DE URIBE VÉLEZ

SI EL PLAN COLOMBIA ES UN ÉXITO, ¿QUÉ ES UN FRACASO? Por Adam Isacson* Julio 29 de 2010 En el décimo aniversario de un proyecto en el que Estados Unidos ha invertido 7 mil 300 millones de dólares, no hay ninguna razón para mostrarse optimista por sus resultados. El 13 de julio de 2000, el presidente Clinton firmó una ley que se llamó desde ese momento "Plan Colombia", por la cual se le otorgó a este país 1,3 mil millones de dólares para ayuda militar. Esa suma lo convirtió, aparte del Medio Oriente, en el mayor beneficiario de los Estados Unidos para este tipo de auxilio. Diez años después, en julio de 2010, Washington considera que el "Plan Colombia" ha sido un éxito. En ese calificativo comparten honores la política exterior de Estados Unidos y el presidente Álvaro Uribe. Cualquiera que no sea funcionario del Departamento de Estado sabe que el Plan * Senior Asociado de Políticas de Seguridad Regional, Oficina de Washington para Latinoamérica.

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Colombia no ha sido propiamente un éxito. Entonces, ¿de dónde ese entusiasmo? La respuesta debe buscarse en el hecho de que en estos diez años Estados Unidos ha gastado 7,3 mil millones de dólares en ese programa. ¡Siete mil trescientos millones de dólares! Para aproximarse a lo que significa esa cifra para los contribuyentes norteamericanos, basta decir que el gobierno Bush no autorizó un presupuesto de 2.500 millones de dólares para la reconstrucción de los diques de New Orleans, y que a esa decisión se atribuye en buena parte a la enorme dimensión que adquirió la tragedia del huracán Karina. Si los funcionarios no dicen que una inversión de 7.3 mil millones de dólares fue un éxito total, se exponen a perder su empleo y, de paso, su cabeza, aunque por hechos así en Estados Unidos no se pierda la cabeza. Relaciones cercanas del tercer tipo Pero, ¿qué resultados tangibles han tenido los 7 mil 300 millones de dólares invertidos en Colombia? Uno, por lo menos: el gobierno de Colombia es uno de los pocos de América Latina que busca activamente estrechar relaciones con Estados Unidos. Pero acá hay una sutileza: una cosa es el gobierno de Colombia y otra es Colombia. Para el Departamento de Estado algo así puede no tener mayor interés. Pero en América Latina ese tipo de diferencias son importantes. NARCOTRÁFICO Y ALGO MÁS El "Plan Colombia" buscaba, ante todo, detener el flujo de estupefacientes hacia el mercado de Estados Unidos. El resultado de esa tarea no pasó nunca de ser mediocre. Varias veces, Washington ha calificado los avances en dicho terreno como "decepcionantes". Pero el Plan tenía también otro tipo de propósitos: · Fortalecer el aparato estatal · Lograr un mejor equilibrio en el desarrollo social · Contribuir a la recuperación económica del país · Apoyar esfuerzos para la negociación política del conflicto. En este punto ocuparon lugar destacado: - El respeto por los derechos humanos - El avance sostenido hacia la solución política de la crisis humanitaria en que se debate el país desde hace varias décadas

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En este artículo, destinado a la lectura en el exterior, trataré de hacer un esquema sobre las peculiaridades de un proceso difícil de entender inclusive para los expertos en política colombiana. El fiasco de las fumigaciones Comencemos por ver el resultado en la lucha contra el narcotráfico. A mediados de los años 90, Estados Unidos creía que las fumigaciones áreas de herbicidas podían acabar con los sembrados de coca. Esa idea persistió hasta hace poco. A los encargados de la lucha contra el narcotráfico no les fue difícil convencer a los gobiernos de Colombia, siempre dóciles. En las fumigaciones se comprometieron, sucesivamente, los gobiernos de Gaviria, Samper, Pastrana y Uribe. Con un pequeño problema: que la estrategia era equivocada. En 1999, un año después de haber puesto en marcha el Plan Colombia, la Oficina de las Naciones Unidas para las Drogas y el Crimen (UNDOC) estableció que había 160.001 hectáreas de coca plantadas en Colombia, con base en las cuales se producían 680 toneladas de cocaína. En 2007, después de la fumigación de un millón de hectáreas de coca el número de hectáreas plantadas se redujo a 99.000. Pero las toneladas producidas apenas bajaron a 600 toneladas. La política de fumigaciones no sólo fue cruel -fumigar químicos sobre aéreas rurales, sin planes que garantizaran la seguridad alimentaria- sino que tampoco mostró ser efectiva. Para enfrentarla, las familias cultivadoras, sin otra alternativa de subsistencia, ajustaron sus patrones de cultivo para producir casi la misma cantidad de cocaína en poco más de la mitad del espacio físico. TODO CAMBIA PARA QUE TODO SIGA IGUAL A partir de 2007, los gobiernos de ambos países comenzaron a cambiar de estrategia. Le quitaron énfasis a los herbicidas e incrementaron la presencia de agentes del gobierno en las zonas de cultivo. La fumigación aérea y manual cayó en un 39 por ciento entre 2006 y 2009. Al menos por ahora, ese cambio redujo los cultivos. En 2009 la UNODC encontró una caída significativa en el número de hectáreas cultivadas, que bajó a 68 mil. Sin embargo, las mafias continúan abasteciendo a los adictos de Estados Unidos y Europa con tanta eficacia como siempre. Mientras los carteles mexicanos han acaparado el transporte de cocaína, los narcotraficantes colombianos se mantienen ricos y políticamente poderosos. La última década muestra como el mercado colombiano de drogas se ha reconfigurado. En reemplazo del viejo modelo de grandes carteles, hoy las organizaciones son de pequeños ejércitos con líderes de bajo perfil que controlan puntos claves del tráfico y mantienen vínculos con organizaciones mexicanas. COSTO DE LA SEGURIDAD…

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Es indudable que con su política de "Seguridad Democrática" el gobierno colombiano, apoyado por Estados Unidos, ha logrado mejorar la seguridad. Es cierto que en los ocho años del gobierno Uribe se han reducido los homicidios, los secuestros y los actos de sabotaje. Que las FARC y el ELN (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y Ejército de Liberación Nacional, ambos fundados en 1964) son ahora más débiles y menos numerosos que en 2002. Que los grupos paramilitares que se "desmovilizaron" en 2006, ahora asesinan menos personas que hace una década. Que inversionistas extranjeros se han sentido atraídos por el cambio en el clima de seguridad. En una región donde la violencia está yendo en sentido contrario, el enfoque colombiano parece atractivo. Pero el costo ha sido alto. Para lograr esos resultados fue necesario triplicar el presupuesto militar, poco menos que duplicar el tamaño de las fuerzas de seguridad, y utilizar a ciudadanos del común como informantes pagados. Además, en el último período el progreso en materia de seguridad se estancó e inclusive sus resultados se invirtieron, sin que fuera posible recuperar la dinámica que acompañó el arranque del programa bandera del gobierno. Los "daños colaterales" provocados por la obsesión en torno a la seguridad no han cejado, y terminaron por representar un alto costo de vidas y recursos en Colombia. …Y MENTIRA DE LA SEGURIDAD Analistas de seguridad independientes, incluyendo la Corporación Arco Iris y el Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, encontraron un modesto pero preocupante incremento de la actividad y los ataques de la guerrilla desde 2008, el año bandera de la seguridad democrática. "Lo que vemos hoy en día -dijo el pasado mes de abril Christophe Beney, jefe de la delegación del CICR- es que quizá desde finales de 2009 y comienzos de 2010 las FARC como grupo guerrillero se ha adaptado dinámicamente a la situación y que una vez más tienen la capacidad de ser un actor importante en el conflicto armado". Al menos nueve mil combatientes de las FARC y del ELN y un número similar de "nuevos" paramilitares, persisten en áreas remotas, barrios marginales y a lo largo de corredores estratégicos claves, perpetran emboscadas, siembran minas antipersonales, reclutan niños y lanzan ataques en todo el país casi a diario, aunque, se debe reconocer, en áreas más remotas que antes. Hoy hay frentes guerrilleros con autonomía que se han convertido en meras organizaciones criminales y actúan dentro del narcotráfico. Y hay otros, herederos de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, con nombres exóticos como Los Machos, Rastrojos, Nueva Generación, Águilas Negras, Urabeños, Paisas, Renacer y Ejército Revolucionario Popular Antiterrorista. Las estimaciones sobre nuevos paramilitares sitúan su número entre 4 mil y 10 mil 200 combatientes, similar al número de guerrilleros. DE MAL A PEOR

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Aparte de las guerrillas, redes criminales en su gran mayoría relacionadas directamente con los antiguos grupos paramilitares y financiadas por el narcotráfico están creciendo con rapidez y han provocado un aumento en el número de homicidios de varias regiones importantes, una de ellas Medellín, que se destacó por la dramática reducción del crimen a mediados de la década, pero que de 2008 a 2009 dobló su propia tasa de homicidios y en 2010 va peor. La Policía Nacional señaló que hubo una leve reducción de los homicidios entre 2008 y 2009, de 16.140 a 15.817. Sin embargo, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses hizo sonar las alarmas al decir que los homicidios aumentaron en un 16 por ciento luego de seis años continuos de descenso. Según sus estadísticas, pasaron de 15.250 en 2008 a 17.717 en 2009. Es la cifra más alta desde 2005. ¿CÓMO? ¿NOS GANA SUDÁN? Otras expresiones de la violencia, como el desplazamiento forzado o amenazas contra defensores de los derechos humanos, no mejoraron durante los años de "éxito" de la seguridad democrática. De acuerdo con la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODHES, la ONG que monitorea el fenómeno, el desplazamiento interno convierte a Colombia en un país con la "emergencia humanitaria" más alta del hemisferio. En 2009, 286 mil 389 personas fueron forzadas a dejar sus hogares y sitios de origen. Aunque esta es la cantidad más baja de nuevos desplazamientos en tres años, es la misma que registró CODHES en 1999 antes de que comenzara el Plan Colombia. Desde 2002, 2.4 millones (estimado de CODHES) o 2.2 millones (estimados del gobierno) -uno de cada 20 colombianos- han sido desplazados. El desplazamiento interno en Colombia es el segundo más alto en el mundo después de Sudán. Los datos muestran que la violencia cayó más rápido al principio, sólo para establecerse unos años después en niveles inaceptables. El Plan Colombia y la Seguridad Democrática privilegiaron la capacidad militar y de la Policía sobre otras facetas de la administración, y ahora indican cómo Colombia ha alcanzado los límites de lo que una estrategia militar puede lograr por sí misma. CINCO CERDITOS El retroceso que ha sufrido la seguridad puede dividirse en cinco capítulos distintos pero complementarios: 1. Costo humano y financiero 2. Parapolítica o la corrupción al poder 3. Justicia y paz o naufragio de la justicia 4. Falsos positivos o el error de la contabilidad 5. El servicio de inteligencia o la inteligencia fuera de control CERDITO UNO: COSTO HUMANO Y FINANCIERO

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De acuerdo con las cifras oficiales, en los ocho años del gobierno Uribe, han muerto en combate 21 mil soldados, policías, guerrilleros y paramilitares. Grupos de derechos humanos estiman que la violencia relacionada con el conflicto ha dejado como resultado la muerte de otros 14 mil civiles no combatientes -víctimas inocentes o personas a quienes se les ha negado el debido proceso- entre 2002 y 2008. En enfrentamientos en los que no participan las fuerzas de seguridad (guerrilla contra paramilitares, guerrilla contra guerrilla, y paramilitares contra paramilitares), han muerto probablemente unos cuantos miles de personas más durante este período. El incremento del tamaño y capacidad de las fuerzas de seguridad, más de 200 mil efectivos en los últimos años, le ha costado a Colombia entre 40 y 50 mil millones de pesos. Esta cifra ha socavado la competitividad del país. Si ese dinero se hubiera invertido en educación o infraestructura, Colombia podría ser una potencia económica regional preparada para desempeñar un mayor papel global, a la par que Chile y Brasil. CERDITO DOS: PARAPOLÍTICA Un claro ejemplo del asedio a que han estado sometidas las instituciones democráticas en Colombia es el escándalo que durante este período se ha dado en llamar "parapolítica". Desde los años 80, los jefes políticos de distintas regiones, muchos de ellos grandes terratenientes con lazos con el narcotráfico, promovieron y financiaron grupos a favor del gobierno paramilitar. Esas tácticas arrasaron las tierras y asesinaron a decenas de miles de no combatientes en la década de 1990 y a principios del tercer milenio. La arremetida paramilitar, marcada por cientos de horribles masacres y fosas comunes, los llevó a superar a la guerrilla y a las fuerzas armadas, convirtiéndolos en el mayor violador de derechos humanos en Colombia. Los paramilitares no podrían haber funcionado sin el apoyo de los políticos que tenían el poder local. La evidencia, en gran parte de los ex líderes paramilitares, ha provocado una cascada de investigaciones penales contra legisladores, gobernadores, alcaldes y otros funcionarios que hicieron causa común con los criminales. LA COSA ES CON PIN Entre los involucrados en la parapolítica aparecen el primo del presidente, el ex senador Mario Uribe; el hermano de su ex canciller, el ex senador Álvaro Araújo; el hermano del actual ministro del interior, ex jefe fiscal de Medellín, Guillermo Valencia Cossio; y los embajadores designados por este gobierno en Chile y República Dominicana. Y el problema sigue: en marzo de este año el Partido de Integración Nacional, PIN, partidario del gobierno y vinculado de cerca a los "parapolíticos", obtuvo nueve curules en el Senado y unas doce curules para la Cámara en las elecciones legislativas. De esta forma, el PIN será el cuarto o quinto partido más grande en el Congreso colombiano en el periodo 2010 - 2014.

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Algo positivo es que el sistema judicial ha sido lento pero incansable en las investigaciones sobre "parapolítica". Pero la Corte Suprema se ha visto obligada a encarar las constantes agresiones del Presidente y de su círculo. La intimidación incluye escuchas telefónicas y vigilancia por parte del servicio de inteligencia al servicio del Presidente, e incidentes que nadie explica, como un encuentro inquietante en el palacio presidencial entre los asesores del gobierno y emisarios paramilitares, en el que se habló sobre la necesidad de espiar a los opositores y de desacreditar a los investigadores de la parapolítica en la Corte Suprema. CERDITO TRES: JUSTICIA DE TRANSICIÓN Entre 2002 y 2006 el gobierno de Colombia negoció un acuerdo que buscaba la desmovilización de la organización paramilitar "Autodefensas Unidas de Colombia", AUC. El resultado del proceso llamado de "Justicia y Paz", iniciado en julio de 2005, fue ofrecer a los líderes paramilitares desmovilizados sentencias leves a cambio de confesiones completas y reparación de las víctimas. Nada de lo anterior ha sucedido. Hasta el 29 de junio de 2010, cuando las dos primeras sentencias fueron entregadas (y todavía podrían ser apeladas), este lento proceso aún no había condenado a un solo jefe paramilitar por crímenes contra los derechos humanos y había fracasado rotundamente en devolver las tierras y propiedades que los paramilitares robaron a miles de familias. A pesar de estas deficiencias, Estados Unidos y funcionarios colombianos frecuentemente califican el proyecto de "Justicia y Paz" como un éxito. Es cierto que las confesiones de los paramilitares han aclarado muchos crímenes y que también han disminuido los asesinatos de civiles no combatientes. Sin embargo, una gran excepción son las víctimas que se han organizado para exigir la devolución de las tierras robadas. Cuarenta y cinco de ellos han sido asesinados desde 2005. En cuanto a otro ingrediente crucial, la impunidad, en los últimos años se ha avanzado muy poco. Colombia ha sido testigo de una serie de escándalos que aún no se han investigado y sancionado. La situación de los derechos humanos sigue siendo problemática. Y el sistema judicial ha sido maltratado por años de lucha en los que ha buscado mantener su independencia. CERDITO CUATRO: "FALSOS POSITIVOS" Con los paramilitares jugando un papel menor, las fuerzas armadas asumieron una mayor responsabilidad en la lucha contra la guerrilla. Casi inmediatamente, se disparó el número de violaciones de los derechos humanos atribuido directamente a los militares colombianos. Mientras crecía el apoyo a las fuerzas armadas, el presidente Uribe las presionó para obtener resultados contra las guerrillas. El sistema más fácil de medir ese éxito ha sido "el recuento de cadáveres" luego de los combates. Para esto, el Ministerio de Defensa de Colombia estableció un sistema de incentivos informales para los soldados (en

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tiempo de descanso y ascensos), e incentivos oficiales para informantes civiles. A mediados de la década de 2000, el general Mario Montoya visitó brigadas en todo el país exhortando a las tropas a producir "litros de sangre". En 2005 los grupos de derechos humanos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas detectaron un aumento de las denuncias sobre asesinatos de civiles no combatientes. Los cuerpos aparecían vestidos con uniforme de camuflaje y eran presentados como miembros de grupos armados muertos en combate. En 2007, los grupos colombianos de derechos humanos habían contado 955 casos de ejecuciones extrajudiciales por las Fuerzas Armadas desde el año 2002, incluyendo los llamados "falsos positivos" (un término colombiano que básicamente significa fasos resultados). HOSTILIDAD DEL CERDITO MAYOR Los esfuerzos de los grupos de derechos humanos por documentar los "falsos positivos" se ganaron la hostilidad extrema del presidente Uribe, quien, en un discurso ante el alto mando militar en septiembre de 2003, calificó a esas organizaciones como "voceras del terrorismo". Uribe y su ministro de Defensa, el ahora presidente electo Juan Manuel Santos, insistieron en que las quejas de los grupos de derechos humanos se debían a un complot para socavar el prestigio de las Fuerzas Armadas. "La guerrilla tiene otra estrategia -dijo el presidente Uribe en julio de 2007-. Cada vez que hay un siniestro en la guerrilla, ellos inmediatamente movilizan sus voceros en el país y en el extranjero para decir que fue una ejecución extrajudicial". Y repitió esa misma tesis tres meses más tarde en un discurso ante la OEA. En 2006, el entonces ministro Defensa Santos llamó a las acusaciones sobre los primeros "falsos positivos" "una pantomima con claras intenciones políticas". SOACHA, LA TAPA DE LA OLLA Esas palabras hicieron todavía más arriesgado el trabajo de los defensores de los derechos humanos. Pero las denuncias siguieron aumentando. A finales de 2008, el escándalo de los "falsos positivos" se hizo demasiado fuerte para seguir negándolo e ignorándolo. En septiembre de ese año, las familias de 19 jóvenes desaparecidos en Soacha, un barrio marginado de Bogotá, descubrieron que habían sido enterrados a cientos de kilómetros de distancia y que las Fuerzas Armadas afirmaban que habían sido dados de baja en combate. Las investigaciones demostraron que los jóvenes habían sido engañados con la promesa de un empleo remunerado, pero que en realidad fueron llevados a una zona de combate y asesinados. Sus cuerpos se presentaron como pruebas de combatientes muertos para que los militares pudieran ganar el reconocimiento del gobierno y los premios ofrecidos. A fines de 2009, la Fiscalía General anunció que estaba investigando 1.302 casos de ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad, con un total de 2.177 víctimas. Aunque los casos se remontan a 1985, mil de los 1.302 se cometieron a

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partir del año 2002, cuando Uribe se posesionó como Presidente de la República con el total apoyo de Estados Unidos. COMO PEDRO POR SU CASA Pero eso no es todo. "Ha habido más asesinatos de carácter similar caracterizados como incidentes aislados perpetrados por unidades de soldados renegados o manzanas podridas", sostiene el informe de 2010 del Relator Especial de la ONU sobre Ejecuciones Extrajudiciales. Lograr condenas no ha sido fácil. Por lo menos cuarenta y seis de los militares acusados en el caso de Soacha se encuentran libres y a la espera de un juicio ya que los procedimientos, que se han prolongado demasiado, han permitido la excarcelación. Los retrasos, que ahora suman más de un año y medio, se deben principalmente a tácticas de procedimiento desplegadas por los defensores de los soldados. De cualquier manera, el escándalo de los "falsos positivos" y el manejo que el gobierno le ha dado, salpican con su desprestigio el "éxito" del Plan Colombia, en el que se ofrecía apoyar esfuerzos para la negociación política del conflicto. CERDITO CINCO: "INTELIGENCIA" Tan impactantes como los "falsos positivos" han sido las acusaciones sobre la vigilancia ilegal e intimidación llevada a cabo por el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, el servicio de inteligencia o "policía secreta" de la Presidencia de la República. Esta problemática agencia, que ha recibido continuos auxilios de Estados Unidos, parece haber estado fuera de control. El DAS utilizó la ayuda norteamericana para propósitos indebidos, y deterioró gravemente lo que el gobierno colombiano ganó en términos de seguridad. El organismo llevó registros completos, con fotografías, de las rutinas de los defensores de derechos humanos y de sus familias, inclusive los horarios en que los buses escolares recogían a sus hijos. El primer director del DAS en el gobierno Uribe, Jorge Noguera, supuestamente compartió información sobre las operaciones militares con el Bloque Norte de las AUC, al igual que con otras organizaciones de paramilitares y narcotraficantes. Esto incluye la entrega a los paramilitares de listas de líderes sindicales, defensores de derechos humanos y figuras de la oposición para ser asesinados. Algunas de esas órdenes se llevaron a cabo. Hoy, Noguera, quien trabajó como jefe de inteligencia de la Presidencia durante tres años, está siendo sometido a juicio por homicidio agravado. SABER O NO SABER, ESA ES LA CUESTIÓN Pero la salida de Noguera no terminó con los problemas del DAS. A principios de 2009 los colombianos se enteraron que la agencia oía y grababa las conversaciones telefónicas de decenas de decenas de defensores de los derechos humanos, periodistas independientes, políticos de oposición e inclusive jueces de la Corte Suprema, en especial los que investigaban la "parapolítica". Se señaló que el DAS

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había interceptado y recopilado miles de horas de conversaciones y archivos de correo electrónico, y que mantenían registros pormenorizados de los movimientos de las familias. A principios de 2010 aparecieron nuevos documentos que revelan cómo hacia el año 2005 se montó una "guerra política" contra los adversarios del gobierno, que consistieron en planes para difamar y neutralizar a la oposición, a la información independiente y a los miembros de organizaciones internacionales. Los esfuerzos del DAS incluyeron la difusión de falsas acusaciones de vínculos con las guerrillas, corrupción y adulterio; pequeños actos de sabotaje para afectarlos en su trabajo y esfuerzos para negar la aprobación de visas a Estados Unidos. Los investigadores judiciales no han podido determinar hasta qué punto sabía el presidente Uribe de las actividades delictivas del DAS. La Fiscalía General concluyó que las órdenes fueron dadas por altos funcionarios de la Presidencia. Los fiscales han ordenado que algunos de los colaboradores más cercanos de Uribe declaren sobre sus posibles vínculos con este proceso. La respuesta de Uribe ha sido la de acusar a los jueces de "nostálgicos del terrorismo". "Se prestan –dijo- para el terrorismo y el tráfico de testigos". Se trata de un señalamiento grave, que dejó atascado al gobierno. En un momento en que las investigaciones penales son de importancia crítica, el país pasó un año sin fiscal por la pretensión del gobierno de manipular la elección y contar con un funcionario de su agrado. Pobres y ricos, el abismo que los separa La brecha que separa a ricos y pobres hace de Colombia uno de los países más desiguales del mundo. La riqueza se ha concentrado cada vez más en unos pocos. La seguridad promovida por el "Plan Colombia" se caracterizó por un marcado acento en las desigualdades sociales del país. Como consecuencia de los avances en seguridad en la década 2000-2010, la inversión extranjera, especialmente en las industrias extractivas, se triplicó. Los mercados de capitales se robustecieron: según el índice de la Bolsa de Bogotá, 100 dólares invertidos en el 2002 valdrían 1.025 dólares en la actualidad. Pero el desempleo, que en mayo del 2002 era del 14.5 por ciento, sólo disminuyó al 12,1 por ciento en mayo de 2010. El subempleo bajó apenas de un 35,4 a un 32,8 por ciento en ese periodo. La tasa de pobreza disminuyó de un 51,5 a un 42,8 por ciento entre 2002 y 2008, pero el descenso es inferior al de los países vecinos como Perú, Brasil, Venezuela, Ecuador y Panamá. La "pobreza extrema" o tasa de indigencia -quienes no pueden satisfacer sus necesidades básicas- no cambió sino muy levemente: 24,8 por ciento en 2002; 22,9 por ciento en 2008. BIEN EN DESIGUALDAD

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Cuando se puso en marcha el "Plan Colombia", desde el punto de vista económico el país era uno de los más desiguales del mundo. Ya sea medido por el coeficiente de GINI o la relación entre el porcentaje de ingresos de los más ricos y los más pobres, Colombia se ha mantenido en el fondo. Diez años después, gran parte del hemisferio ha avanzado hacia la igualdad, pero algo diferente ocurre en Colombia donde las medidas de desigualdad se han agravado. Según la Comisión Económica para América Latina, sólo tres países del continente han crecido en desigualdad económica desde el 2002: Guatemala, República Dominicana y Colombia. ¿MODELO? La experiencia de Colombia ofrece lecciones importantes. La primera, que copiar su modelo en otros casos sería desastroso. Los escándalos, abusos, decepciones y altos costos del "Plan Colombia" impiden presentarlo como algo digno de imitar en otros Estados en problemas que reciben asistencia de Estados Unidos, tales como México o Afganistán. El "Plan Colombia" y la "Seguridad Democrática" se centraron en el fortalecimiento de la presencia del Estado. Pero se centraron casi exclusivamente en la presencia de parte del Estado: la que lleva uniforme. La policía militar se fortaleció en todo el territorio nacional, pero el resto del gobierno: los constructores de carreteras, los trabajadores de la salud, los maestros y los jueces, quedaron muy atrás. En alguna forma mejoró la seguridad pero en el atropello a los derechos humanos, la "parapolítica", los "falsos positivos" y los delitos cometidos por el DAS desmienten afirmaciones según las cuales la experiencia en Colombia ha sido un "éxito". LO QUE PUEDE LA EDICIÓN En su visita a Bogotá en el pasado mes de abril, Robert Gates, secretario de Defensa, dijo que el presidente Uribe era "heroico" y que Colombia se había convertido en "una pieza clave de seguridad y prosperidad en Suramérica" y en "una fuente única de experiencia y conocimientos" para los esfuerzos de seguridad de sus vecinos. A su turno, en una visita a México ese mismo mes, el ex presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, hizo un llamado para realizar un "Plan México" en la misma línea de lo que se hizo en Colombia diez años atrás. "Veo el mismo tipo de desafíos en Afganistán y también en México", dijo Mike Mullen, presidente de Joint Chiefs en su visita a Bogotá en junio de 2010. Y agregó "Hay mucho que aprender del éxito que se ha visto en Colombia". Pero esas son opiniones que carecen de información suficiente o que son mal intencionadas. Los defectos de la Seguridad Democrática son trágicos. Mostrar a Colombia como un "modelo" es superficial y puede llegar a ser peligroso.

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PRESENTADO LIBRO LAS PERLAS URIBISTAS

DELITOS DE LESA HUMANIDAD COMPROMETEN A ÁLVARO URIBE VÉLEZ

Bogotá, marzo de 2010 El viernes 5 de marzo fue presentado en Bogotá el libro "Las perlas uribistas" que hace un descarnado análisis de los ocho años de gobierno de Álvaro Uribe Vélez y en el que se denuncian en forma documentada delitos de lesa humanidad que comprometen seriamente al mandatario colombiano. En el trabajo bibliográfico realizado por doce reconocidos formadores de opinión se hace no solamente una radiografía de este gobierno de ultraderecha que termina su mandato el próximo 7 de agosto sino que se denuncia una serie de violaciones de derechos humanos y crímenes cuya responsabilidad política y penal deberá responder Uribe Vélez ante los tribunales internacionales. Uno de los temas tratados es el de los denominados "falsos positivos" a cargo del columnista Felipe Zuleta, quien cuestiona la indiferencia del gobierno colombiano ante la participación de 33 brigadas del Ejército y el asesinato de 1778 personas. "Lo que demuestra es que esto era una maquinaria criminal montada desde el interior de las fuerzas militares, no eran unos soldaditos, el gobierno destituyó a 26 altos oficiales que no están judicializados", explicó en la presentación del libro. Otro de los escándalos que documenta este libro-denuncia son las llamadas "chuzadas del DAS", la agencia de inteligencia del Estado colombiano que depende directamente del Presidente de la República. El periodista Hollman Morris advierte que lo más delicado fue descubrir los "Manuales para amenazar". "La sociedad colombiana está buscando una respuesta y unas disculpas, porque lo que hizo el DAS fue interceptar y amenazar al menos a 300 personas en este país, eso es supremamente grave", explicó. En la publicación también se revela que Uribe Vélez tiene acumulados numerosos procesos en su contra. Son 160 investigaciones en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y hay un número similar en la Procuraduría y el Contraloría, advirtió el defensor de derechos humanos, Iván Cepeda. Aseguró que el listado de delitos es interminable y muchos de ellos están incluidos en el estatuto de Roma, sustento de la Corte Penal Internacional que pueden ser tipificados como crímenes de lesa humanidad.

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Lo más grave, según Cepeda, editor del libro, es que en Colombia no hay un organismo de control político ni de justicia que pueda investigar debidamente y llevar ante un tribunal al Presidente. Por lo tanto queda la esperanza que la justicia internacional investigue y se pronuncie. El caricaturista Vladdo dijo que este revelador documento quedó incompleto, pues, "cada día Uribe bota nuevas perlas". Editado por Random House Mondadori reúne los ensayos de Ramiro Bejarano, Daniel Coronell, Juan Camilo Restrepo, Felipe Zuleta, León Valencia, Germán Navas Talero, Cecilia Orozco, Adam Isacson, Alfredo Molano, Iván Cepeda, Hollman Morris y Vladdo. Los autores expresaron que el jefe de Estado colombiano tiene 150 días que le restan de su mandato para responder por éstas perlas: "falsos positivos", "cacería criminal" del DAS, negociados de sus hijos Tomás y Jerónimo, corrupción (su relación con el narcoparamilitrismo que le posibilitó reelegirse en 2006), inequidad en la agricultura, aprovechamiento del poder para beneficio personal y violación de derechos humanos.

Documentos exclusivos: así se fraguó el acuerdo de paz con los 'paras'

La desmovilización VERDAD ABIERTA Lunes, 26 de Abril de 2010 En noviembre de 2002 el Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, y jefes de las Auc se reunieron en secreto para pactar un cese de hostilidades. VerdadAbierta.com publica la transcripción de esa reveladora reunión, hasta ahora desconocida. El 12 de noviembre de 2002, dos semanas antes de que las Autodefensas Unidas de Colombia le anunciaran al país su cese al fuego y empezaran a negociar con el gobierno las condiciones para desmovilizar a sus tropas, el ex comisionado de paz Luis Carlos Restrepo se reunió en secreto con la plana mayor de ese grupo armado en un finca en Córdoba. A esta reunión fueron Carlos Castaño, Salvatore Mancuso, quien era entonces el jefe del Bloque Catatumbo; Ramón Isaza de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio y algunos paramilitares más. También asistieron los sacerdotes Julio César Vidal, obispo de Montería, y Germán García, de la Diócesis de Apartadó, quienes junto a varios representantes de la Iglesia Católica, buscando frenar el terror paramilitar que estaba dejando un reguero de víctimas, ya habían establecido contactos con los paramilitares antes de que asumiera el gobierno Uribe. Esta reunión, en la que se cocinó el primer borrador de acuerdo de cómo sería el desmonte del aparato militar de las Auc, fue grabada por los jefes 'paras'. VerdadAbierta.com encontró una transcripción de esta grabación en un expediente

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judicial y revela en exclusiva su contenido, que arroja muchas luces acerca de qué y cómo se negoció. (Ver transcripición de la reunión de los 'paras' y el comisionado). El documento, una transcripción que los paramilitares hicieron de la reunión después de haberla grabado, fue hallada en una caleta de Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’ y reposa en varias investigaciones judiciales sobre parapolítica. “Hay una diferenciación de dos tipos de zonas, unas zonas que ustedes tienen control, donde no tendrían mayor dificultad para el cese de hostilidades y otras zonas de frontera podríamos decir”, dijo Restrepo. “Como es un cese unilateral y como todavía no hemos tenido supuestamente contactos con el gobierno, todas las agresiones que suframos de la subversión estamos en pleno derecho de responderlas, en caso de que nos ataque, que con seguridad nos van a seguir atacando”, advirtió Mancuso. A lo que Restrepo les respondió: “Ese es un derecho que no les podemos quitar. Lo dejo claro. Yo como representante del gobierno no puedo quitarles a ustedes ese derecho”. Y tanto el comisionado Restrepo como el paramilitar Mancuso estuvieron de acuerdo en que en estas “zonas de frontera”, el gobierno dejaría a los paramilitares "operar defensivamente" allí, mientras llegaba la Seguridad Democrática, que el Comisionado definió allí como redes de informantes, soldados campesinos, aumento de la Fuerza Pública y el retorno de la institucionalidad. Así, dijo el Comisionado de Paz, el gobierno garantizaría que la guerrilla no se fuera a aprovechar del cese al fuego para volver a tomarse "las zonas controladas por las Auc", que era una preocupación mayor que los jefes ‘paras’ negociadores dijeron tener. El proceso, según Restrepo, se haría en tres etapas. Primero el cese de hostilidades, segundo la entrada de la fuerza pública a las zonas controladas por los ‘paras’, y tercero, la desmovilización y el desarme de las Auc. También propuso delimitar zonas para concentrar las tropas paramilitares. Se ve que las conversaciones entre gobierno y paramilitarismo ya venían de tiempo atrás, pues los paramilitares llevaron a la reunión un borrador del comunicado que iban a emitir para anunciar su cese al fuego. El primer punto del borrador era reconocer las Auc como un actor armado del conflicto político y social, y que fueran tratados como tal (ver documento borrador). Y aunque el gobierno no reconoció el estatus político que pedían las Auc, cómo se deduce de las conversaciones, les reconoció ser el Estado de facto en varias regiones y les permitió mantenerlo como una salvaguarda con el posible regreso de la guerrilla. Al no admitir el gobierno que se les daría estatus político, acordaron que era necesario buscar un mecanismo jurídico alternativo que les permitiera negociar con las Auc. El Comisionado habló de reformar la Ley 418, con la que el gobierno podía iniciar

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conversaciones con un grupo armado ilegal, si tenía voluntad de negociar la paz. Así, el Gobierno podía suspender las órdenes de captura en contra de los voceros del grupo y pactar unos territorios de negociación. Dos semanas después, en efecto, el Congreso aprobó la reforma a esta Ley que presentó el gobierno. El e-mail del día anterior Un día antes de esta reunión secreta, Carlos Castaño, forjador de la alianza de diferentes grupos de autodefensa del país bajo la sombrilla de las Auc, le había enviado un correo electrónico a los jefes de todos los diferentes bloques de la organización ilegal. VerdadAbierta.com hace su contenido público, pues contribuye a poner en contexto en qué estaban pensando los paramilitares en la víspera de ese día clave de negociación. El correo fue encontrado en una memoria Usb que entregó Hebert Veloza, alias ‘HH’, antes de su extradición. (Ver el correo de Carlos Castaño a los jefes 'paras'). “La salida deberá ser política”, dijo Castaño, aconsejó presionar para que el gobierno los considerara un actor político del conflicto y esforzarse para "no despolitizar la negociación”. Pero el correo electrónico de Castaño muestra que su mayor preocupación para enfrentar las negociaciones con el gobierno era la infiltración del narcotráfico en las Auc. Con pragmatismo expuso que “el tema de la extradición, es inconveniente incluirlo en la agenda de trabajo con el gobierno. Debemos (…) prepararnos para hacer nuestra defensa individual ante los EU”. Dos meses antes el Departamento de Estado de Estados Unidos había solicitado en extradición a Carlos Castaño, Salvatore Mancuso y Juan Carlos Sierra Ramírez, alias ‘El Tuso’ para ser juzgados por narcotráfico en ese país. Castaño reiteró que “el gobierno y la comunidad internacional estarán atentos de quienes en las AUC impulsen la lucha contra la extradición; yo a esto no le caminaré jamás, por ahí van los capos y yo al lado de ellos no voy; ya sabemos que ‘Los narcos sólo se unen para matar o traicionar a un amigo’”. “A decir verdad, yo creo que a los Gringos les importa un carajo lo que pase en el futuro con Mancuso o Castaño (…); tal vez seamos considerados por ellos, como instrumentos desechables. Ellos le apuntan a intereses grandes; Petróleo, capos narcos y territorio estratégico en Colombia (Sic)”, dijo Castaño en el correo. Castaño estaba en contra de que grandes narcotraficantes se camuflaran de paramilitares para ser cobijados con los acuerdos de la negociación política con las Auc. A pesar de la oposición del menor de la poderosa familia fundadora del paramilitarismo en Córdoba y Urabá, varios narcotraficantes ya habían "comprado" bloques de las Auc y habían adquirido mucho peso en la organización paramilitar. Así que lograron quedar incluidos en los tratos de paz de Santa Fe de Ralito, entre ellos,

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Francisco Javier Lindo, alias 'Gordolindo', ‘Los Mellizos’ Mejía Múnera y Miguel Arroyave. Es más, los contactos de Carlos Castaño con la DEA en 2004 para comenzar a negociar directamente la colaboración con la justicia estadounidense, puso a los narcotraficantes "purasangre" a sospechar que éste tejía una traición contra ellos. Así que presionaron a su hermano Vicente, para que les probara su lealtad, enviando a sus hombres a matar a su hermano menor. Y así fue, en abril de 2004, Castaño cayó abaleado por los hombres de su hermano. Luis Carlos Restrepo era consciente del problema que representaba firmar un acuerdo de paz con una organización permeada por el negocio ilícito de traficar narcóticos. En la reunión en la finca de Córdoba el ex Comisionado de Paz dijo que “lo que se busca es que el Ejecutivo no negocie con el narcotráfico... (...)... hay temor de que se use la ley nueva para negociar con narcotraficantes y delincuentes comunes”. Lo que salió de la reunión Después de la reunión del 12 de noviembre, el ex comisionado Restrepo consiguió que los paramilitares salieran de la reunión a anunciar cese de hostilidades, la entrega de menores combatientes y a colaborar en el retorno de los desplazados. El compromiso del gobierno de dejarlos "defenderse" en zonas que aún no controlaban del todo, no se hizo explícito al país, y hubiera sido difícil de explicarle. El gobierno además se comprometió con los paramilitares a darles todas las garantías para la desmovilización. Y dar un “debate más profundo, dentro del Congreso o una nueva reforma constitucional, o una constituyente” para negociar la descentralización del Estado, uno de los puntos que los ‘paras’ pidieron antes de firmar un pacto. Restrepo logró que los ‘paras’ confiaran en él y en las promesas de Uribe. Dijo que no llevaban un plan predeterminado y explicó que el Presidente era “un amansador de caballos, él va sobre el potro, él va ir ajustando las cosas en detalle”. Al final de la reunión, Mancuso reconoció que el grupo de jefes de las Auc llegó “con cara de incertidumbre, de preocupación”, pero después de la reunión dijo: “Ahora veo caras de felicidad, los veo muy sonrientes, la verdad es que es muy bueno”.¨ Al final de la reunión los ‘paras’ se comprometieron a decretar un cese al fuego unilateral el primero de diciembre de 2002 y emitir un comunicado donde dejarían claro que su compromiso es a largo plazo. Los e-mail del día después Pocos días después de la cumbre entre jefes de las Auc y el gobierno, Carlos Castaño empezó a redactar el comunicado final, donde las Auc iban a anunciar el cese al fuego unilateral. Así se deduce de un segundo correo electrónico al que tuvo acceso VerdadAbierta.com, que también hace parte del material de la USB de alias ‘HH’.

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Se trata de un e mail que le envió Carlos a su hermano Vicente, en el que le informó que “la reunión con el Comisionado de Paz fue muy satisfactoria” (Ver el correo de Carlos a Vicente Castaño). Según Castaño, el principal logro del encuentro fue que Restrepo les hizo “un claro reconocimiento político”. Castaño le comentó a su hermano que parte del compromiso era decretar a partir del primero de diciembre el cese de hostilidades y que sólo lo iban a anunciar hasta el 29 de noviembre “pues hacerlo desde ahora sería alertar a las Farc para que preparen su arremetida a nuestras zonas”. En efecto el 29 de noviembre las Auc anunciaron el cese de hostilidades. Sin embargo, en el correo a su hermano, Carlos Castaño se refirió a apartes de la reunión que no fueron transcritas en el documento al que VerdadAbierta.com tuvo acceso. Dijo que Mancuso y Hernán (alias ‘HH’) denunciaron el Frente Talibán y sus dueños y que se enfrentaron a Alfonso (Diego Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’), que “se mueve en dos aguas -el narcotráfico y las autodefensas-”. Según Castaño el Frente Talibán era un intento de los narcotraficantes para infiltrar las autodefensas. ‘Don Berna’ fue un gran narcotraficante, que luego de traicionar a Pablo Escobar, consiguió dominar su tenebroso imperio de sicariato y crimen organizado en Medellín, y convertirse en aliado principal del paramilitarismo. Y existe además un tercer correo que pone en contexto esta reunión clave. Días después, el 18 de noviembre de 2002, Carlos Castaño recibió un correo de Ernesto Yamhure, columnista, ex primer secretario de la embajada de Colombia en Suecia. (Ver correo de Ernesto Yamhure a Carlos Castaño). En su correo, también salido de la memoria USB de alias ‘HH’, titulado “Consideraciones sobre el primero de diciembre” Yamhure le dice a Castaño que “es recomendable que el comunicado vaya acompañado por manifiesto de buena voluntad de todos y cada uno de los comandantes de los diferentes bloques”, también aconsejó que los ‘paras’ tenían que explicar que el cese al fuego “no se trata de un gesto político de corto plazo” y que "hay que hacer énfasis en el tema del acompañamiento y la veeduría internacional". El comunicado final de las Auc Finalmente, el 29 de noviembre de 2002, es decir dos semanas después de la reunión, el país conoció un comunicado de las Autodefensas Unidas de Colombia en la que decretaban unilateralmente a partir del primero de diciembre un cese de hostilidades contra la guerrilla. El texto de este comunicado tendría varias diferencias con el borrador discutido el 12 de noviembre (Ver comunicado final de las AUC). Días después, los bloques Central Bolívar y Vencedores de Arauca, que habían estado al margen de estas reuniones con la Casa Castaño, hicieron público su anuncio de cese

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de hostilidades y su intención de iniciar un proceso de paz con el gobierno (ver documento). Así mismo el 23 de diciembre de 2002 el presidente Uribe firmó la Ley 782 (ver), con la cual se prorrogaba y se hacían cambios a la Ley 418 de 1997, el más importante de ellos era que no era necesario reconocer el estatus político a los grupos armados ilegales, y de esa forma quedaba abierto el camino para una negociación con las Auc. Ese mismo día, con la Resolución 185 de 2002 (ver) el Presidente de la República ordenó “integrar una Comisión Exploratoria de Paz para propiciar acercamientos y establecer contactos con los Grupos de Autodefensas”.

LAS ACTAS DE LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA

Las fronteras del DAS Por Constanza Vieira IPS 30 de junio de 2010 BOGOTÁ, 30 jun (IPS) - Un informe presentado el 29 de octubre de 2009 por el ministro del Interior y de Justicia de Venezuela, Tarek El Aissami, a la Asamblea Nacional (parlamento) de su país, habría generado dos días después dos muertos y dos heridos en una finca cercana a Bogotá. Catalogado como una pelea de borrachos en una "fiesta de brujas" (Halloween) de funcionarios de la agencia de inteligencia colombiana Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), el incidente en realidad habría sido una advertencia para obstaculizar a la justicia, alertaron seis meses después sobrevivientes del hecho y funcionarios del organismo. Agentes de inteligencia ocuparon la escena del crimen y durante varias horas obstaculizaron la entrada a la policía judicial. El detective que disparó, aseguran esas fuentes, lo hizo por encargo de superiores. El actual director del DAS, Felipe Muñoz, niega las acusaciones y dice que el agente aceptó cargos por doble tentativa de homicidio. Los muertos y heridos y el agente que disparó "hacían parte de un cuerpo de contrainteligencia especial" que combinó durante un tiempo actividades legales e ilegales, según sostuvo la bogotana revista Semana en mayo. En su informe al parlamento venezolano, El Aissami presentó documentos del DAS encontrados a una ciudadana colombiana y obtenidos a partir de interrogatorios a dos

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colombianos y un venezolano detenidos el 2 de octubre de 2009 en la norteña ciudad venezolana de Maracay. Muchas aristas expuestas por el ministro fueron refrendadas en abril de este año por funcionarios del DAS al programa de televisión Contravía y a la revista Semana o en testimonios bajo juramento en el juicio que sigue la Corte Suprema de Justicia contra el ex director del organismo de inteligencia, Jorge Noguera. El DAS coordinó cuatro grupos, tres de ellos contra gobiernos latinoamericanos: Falcon (Venezuela), Salomón (Ecuador), Fénix (Cuba) y Cóndor, supuestamente contra "el Islam", según dijo un detective en Contravía. Sus acciones en el marco de la inteligencia ofensiva extrafronteriza se iniciaron hace unos cuatro años, se intensificaron en 2008 y continuaron con fuerza en 2009, data el mismo funcionario. Esto contradice la versión dada al diario El Universo de Guayaquil por un agente del DAS que operó en Quito y que el lunes 28 detalló el espionaje del DAS contra el presidente de Ecuador, Rafael Correa. Según la fuente de El Universo, las operaciones en Ecuador se iniciaron en 2008 y supuestamente sólo después del bombardeo en ese país de un campamento insurgente en el que pereció el negociador guerrillero Raúl Reyes, el 1 de marzo de ese año. La coordinación de Falcon, Salomón, Fénix y Cóndor operaba en sedes de fachada, externas al DAS, cuyo alquiler era pagado, supuestamente, por la estadounidense Agencia Central de Inteligencia (CIA), de acuerdo a los documentos expuestos por El Aissami. Al respecto, un testigo del DAS ante la Corte habla de la embajada estadounidense en Bogotá, y otra declaración judicial menciona a "un gobierno extranjero". Falcon, Fénix y Cóndor habrían sido financiados por la CIA, mediante un programa de cooperación con el DAS que pagaba recompensas por información. Operativamente dependían del subdirector de contrainteligencia en Bogotá. Fénix y Falcon se componían de 14 funcionarios y contrataban a las denominadas "fuentes humanas", en posición de suministrar información estratégica transfronteriza. El investigador del DAS que habló en Contravía se refirió a un "nefasto crimen contra las naciones hermanas", que no especificó. La judicialización de una serie de altos funcionarios y ex funcionarios del DAS habría sido provocada por la propia cúpula actual del organismo de inteligencia para evitar que éstos sean llevados a la Corte Penal Internacional, aseveró.

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Ese tribunal solamente estudia casos impunes de crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio. Los resultados de los espionajes de esos grupos fueron supuestamente reportados en la Casa de Nariño, sede presidencial colombiana, a asesores del mandatario Álvaro Uribe, así como al entonces ministro de la Defensa y hoy presidente electo Juan Manuel Santos. A Santos se le hicieron al menos tres presentaciones oficiales, una incluso en su casa, como balance de la gestión de Andrés Peñate, director del DAS entre noviembre de 2005 y agosto de 2007, indican agentes del DAS. El grupo coordinador ha cambiado de nombre y de objetivo a los largo de los años, al menos entre 2003 y 2009: G-3, GONI y GCOE. Además, ha existido el grupo GAME, financiado y capacitado por Estados Unidos, según Semana, en 2005. El GAME llegó a adquirir armas en el mercado negro, de acuerdo con la confesión de un detective. La actividad en el exterior de estos grupos ha sido clasificada como de "seguridad nacional", lo que implica restricciones para los investigadores judiciales y la prensa. El criterio de "seguridad nacional" se mantiene a pesar de que el ex director Noguera es juzgado por haber puesto el DAS al servicio de las bandas paramilitares de ultraderecha comandadas por capos del narcotráfico, considerado éste último un delito transnacional. Todos los directores del DAS bajo el gobierno de Uribe, iniciado en agosto de 2002, están enjuiciados por la persecución ilegal a magistrados, defensores de derechos humanos, opositores, líderes sociales y periodistas. (FIN/2010)

Tercer pedido de Quito sobre espionaje del DAS Por Gonzalo Ortiz* QUITO, 29 jun (IPS) - El gobierno de Ecuador reclamó este martes a Colombia, por tercera vez en ocho meses, amplias y completas informaciones sobre el supuesto espionaje telefónico cometido contra el presidente ecuatoriano Rafael Correa. El pedido fue hecho al encargado de Negocios de Colombia Ricardo Montenegro, mediante una enérgica "nota verbal". Se trata del tercer reclamo de informaciones a Colombia sobre la "operación Salomón", confirmó a IPS en exclusiva el vicecanciller ecuatoriano, Kintto Lucas. * Con aportes de Constanza Vieira (Bogotá).

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En esta ocasión, el pedido tiene un sentido de urgencia ante la revelación periodística de que agentes colombianos habrían interceptado, desde marzo de 2008, las comunicaciones telefónicas de Correa, de su entorno, así como de altos mandos militares, de políticos y periodistas. "El conflicto interno colombiano ya había saltado la frontera, pero ahora es mucho más grave, porque si se comprueban las denuncias implicaría que dicho conflicto ha llegado hasta la casa presidencial del Ecuador. Y, además, movido por altas esferas de Colombia", agregó Lucas. Colombia vive desde 1964 una guerra interna que frecuentemente desborda los límites nacionales, con incursiones de actores armados en países vecinos y un flujo continuo de refugiados, la mayoría a Ecuador. El supuesto espionaje fue revelado el lunes por el diario El Universo de Guayaquil, basado en una fuente a la que identificó como un "agente de contrainteligencia colombiano del DAS", siglas del Departamento Administrativo de Seguridad, adscripto a la Presidencia de Colombia. Este operativo se habría iniciado en marzo de 2008, después de la ruptura de relaciones entre los dos países a raíz del bombardeo colombiano del 1 de ese mes a un campamento de las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en territorio de Ecuador, en el que resultó muerto el portavoz internacional de esa guerrilla, "Raúl Reyes", entre otras personas. Ya en octubre de 2009, en una reunión del entonces ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Fander Falconí, y su par colombiano, Jaime Bermúdez en la norteña población Cotacachi, se había pedido a Bogotá información sobre el operativo encubierto, dijo Lucas. El encuentro se celebró como parte de los esfuerzos para normalizar las relaciones entre los dos países. Los primeros datos se conocieron por denuncias de ex integrantes del DAS, recogidas por la fiscalía colombiana en su investigación de un amplio operativo ilegal que incluyó escuchas, seguimientos, sabotajes y amenazas a políticos, magistrados, periodistas y activistas de Colombia y que, como muestra el caso ecuatoriano, no se habría restringido a las fronteras nacionales. El 21 de mayo de este año, el propio Lucas despachó una nota escrita reclamando más información, a propósito de un vídeo aparecido en la televisión colombiana con nuevas denuncias sobre las actividades del DAS. "Nunca nos respondieron. Ahora aparecen estas nuevas denuncias, así que estamos insistiendo de manera mucho más enérgica", dijo Lucas. Este giro se da cuando se iba a retomar la discusión de "temas sensibles", como paso

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previo a la completa normalización de las relaciones con el nombramiento de embajadores. El vicecanciller aceptó que "teníamos temas sensibles que sortear, y en el medio surgen estas denuncias. Esto pone una traba a la buena voluntad con que emprendíamos esta nueva etapa, y no viene de nosotros". Por eso, dijo, "esperamos del gobierno de Colombia que nos dé información completa. No basta que el DAS lo niegue, sino que demuestre con toda la buena voluntad lo acontecido". Quito esperaría recibir toda la información que sobre la operación Salomón tienen instituciones colombianas como la fiscalía, el propio DAS, y la policía, entre otras. El fiscal general del Estado ecuatoriano, Washington Pesántez, abrió el lunes una investigación sobre el supuesto espionaje. Lucas confirmó que, como parte de ese proceso, se solicitarán datos a la fiscalía colombiana. "Esperamos que el gobierno de Colombia ayude positivamente a que la fiscalía entregue dicha información. Queremos saber si esos nombres que aparecen en las denuncias son reales", añadió. El DAS negó el lunes que hubiera intervenido los teléfonos del presidente Correa y de cualquier otra autoridad ecuatoriana. La fuente del diario guayaquileño puntualiza que los listados telefónicos fueron proporcionados por efectivos de la fuerza pública ecuatoriana, sobornados por agentes colombianos. Las operaciones se realizaban desde dos apartamentos alquilados en el centro de Quito, sede del palacio presidencial, y uno en el norte de la ciudad, todos alquilados por empresas de fachada. Tanto el ministro de Defensa, Javier Ponce, como el de Seguridad Interna y Externa, Miguel Carvajal, consideraron "muy grave" la denuncia. Según El Universo, en una declaración de mayo de 2009, el agente colombiano John Jairo Jiménez Rojas reveló que para la operación Salomón también se consiguieron informantes a sueldo en los consulados ecuatorianos en Colombia y se reclutó a oficiales policiales de Ecuador. En 2008, sostiene el periódico, "conoció por otras fuentes del DAS que entre los informantes ecuatorianos había periodistas cuyo trabajo clandestino era pagado con fondos secretos del grupo ‘Somos Andina’, formado por detectives de contrainteligencia que también operaban en Venezuela".

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Espionaje contra misión de la CIDH Por Constanza Vieira IPS 14 de agosto de 2009 BOGOTÁ, 14 ago (IPS) - "Llegar a Colombia es entrar en un mundo siempre intenso, cautivador y desgarrador al mismo tiempo", escribió en abril de 2008 Susana Villarán, ex integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ex ministra peruana. En ese entonces Villarán ignoraba que en un viaje anterior a Colombia, en 2005, como relatora para los derechos de la mujer y comisionada de la CIDH, fue declarada "blanco" de operaciones de inteligencia por parte del Grupo Especial de Inteligencia 3 (G-3) que, según las autoridades colombianas, ha sido disuelto. El G-3 fue creado por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), que depende de la Presidencia de la República y es el principal servicio de inteligencia de Colombia. Para la CIDH, el G-3 "fue conformado a fin de dar seguimiento a las actividades vinculadas al litigio de casos a nivel internacional", es decir los procesos por graves violaciones a los derechos humanos que se siguen contra el Estado colombiano en el propio sistema interamericano de justicia. La Comisión anota que en las actas levantadas por el G-3 de sus espionajes ilegales se evidencia que dicha estructura "habría realizado un operativo de inteligencia contra una visita de la CIDH a Valledupar en 2005", la capital del nororiental departamento del Cesar y una de las cunas de las milicias paramilitares de ultraderecha comandadas por narcotraficantes, que desde los años 80 actúan en el conflicto interno colombiano. La visita espiada por el G-3 estuvo "encabezada por la entonces comisionada y relatora para Colombia, Susana Villarán", recordó la CIDH. Un acta del G-3, según la CIDH, dio la orden de "determinar los casos que la relatora estudia y los testimonios que presentan las ONG (organizaciones no gubernamentales), además del lobby que adelantan para presionar una condena del Estado". Con el argumento de que es peligroso dar información a la prensa, cuatro años después de esos hechos aún es difícil que las organizaciones no gubernamentales de mujeres que acompañaron a Villarán acepten efectuar declaraciones acerca de esa visita, realizada entre el 20 y 25 de junio de 2005. En todo caso, el objetivo principal de la visita de la relatora fue evaluar el impacto de la guerra sobre las mujeres y las niñas colombianas, incluyendo un estudio específico sobre indígenas y comunidades negras.

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Para ello, Villarán sostuvo encuentros con víctimas, familiares de víctimas, organizaciones de la sociedad civil y agencias intergubernamentales vinculadas a la defensa y promoción de los derechos femeninos. El conflicto colombiano perdura desde 1964, cuando se alzaron en armas guerrillas izquierdistas. En Valledupar, Villarán se reunió, aparentemente durante dos días, con la Red de Mujeres del Caribe y otras organizaciones vinculadas a la Mesa Mujer y Conflicto Armado, que reúne a una veintena de grupos, así como con entidades indígenas de la norteña Sierra Nevada de Santa Marta. "Todas se fueron hacia Valledupar a encontrarse con ella", dijo a IPS una dirigente feminista que sostuvo no haber estado presente. Los espías enviados por el G-3 deben haber informado a sus jefes que Villarán se reunió también allí con el entonces gobernador departamental, la Red de Solidaridad Social, de la Presidencia de la República, y con unidades regionales de la Defensoría del Pueblo (ombudsman), entre otras autoridades. Sobre la evidencia de seguimientos a Villarán, la CIDH advirtió el jueves en un comunicado de prensa que "estas actividades violan el compromiso del Estado de respetar los privilegios e inmunidades de los representantes de la OEA", Organización de los Estados Americanos. Asimismo, las acciones del G-3 del DAS se contradicen con el compromiso estatal colombiano "de cumplir de buena fe con el objeto y fin de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados del sistema interamericano", agregó la Comisión. La CIDH dejó constancia de que "estos operativos también afectan gravemente la tarea de los defensores de derechos humanos de Colombia". "La Comisión ha expresado reiteradamente su preocupación por la situación de los defensores en ese país, y en especial por su señalamiento por parte de altas autoridades del Estado como miembros de la guerrilla y el empleo de mecanismos de inteligencia para controlar sus actividades", agregó el comunicado. El organismo recordó "que los Estados deben abstenerse de cualquier tipo de injerencia arbitraria o abusiva" en la correspondencia y comunicaciones telefónicas y electrónicas de los defensores de derechos humanos, y que las acciones de espionaje del G-3 deben ser sancionadas "disciplinaria y penalmente". El G-3 funcionó en la sede del DAS y, aunque nunca figuró en el organigrama de la entidad, todas las subdirecciones estuvieron relacionadas con ese grupo, según estableció la Fiscalía General de la Nación en su resolución acusatoria contra algunos de sus integrantes.

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El 16 de julio, la Comisión Interamericana solicitó al Estado colombiano "información sobre el detalle de todas las operaciones de inteligencia realizadas respecto de la CIDH, el destino y empleo de los informes, y las investigaciones sobre el tema de la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación". La CIDH indica que en su respuesta "el Estado condenó las actividades ilegales de este ente de inteligencia", que paradójicamente depende del Poder Ejecutivo, y "resaltó su compromiso de convertirlo en una entidad 'confiable y transparente'". Además, Bogotá prometió facilitar canales para que la CIDH esté informada sobre los avances de las investigaciones. La Comisión instó al gobierno de Álvaro Uribe "no sólo a que se identifique a los responsables sino a que se haga una profunda revisión de los organismos de inteligencia del Estado, para asegurar que estos no contravengan los estatutos internacionales de protección de derechos humanos". La CIDH, además, presentó formalmente el caso al secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, así como al Consejo Permanente del organismo hemisférico, a fin de que éste "adopte las medidas que correspondan". Durante años, el DAS condujo espionajes ilegales contra políticos, defensores de derechos humanos, periodistas y magistrados del Poder Judicial y llegó incluso a ejecutar contra ellos operaciones de "inteligencia ofensiva", es decir sabotaje. El escándalo estalló en febrero de 2009, cuando lo divulgó la revista Semana. La publicación reveló además la masiva destrucción de archivos de inteligencia efectuada por el DAS en enero, según dijo, siguiendo una orden gubernamental. Días después, el 26 de febrero, la CIDH expresó "preocupación" por las actividades de inteligencia contra diferentes actores de la vida colombiana. En esa ocasión, la CIDH se limitó a solicitar información al Estado por el espionaje contra personas protegidas por medidas cautelares dictadas por la propia Comisión, así como a investigar y sancionar a los responsables. También citó su propio Informe sobre la Situación de las Defensoras y los Defensores de los Derechos Humanos en las Américas, publicado en 2006. En ese documento, la CIDH puso de relieve que la interceptación de comunicaciones y de correspondencia de los defensores entorpece su labor y los pone en peligro, así como a las comunidades y víctimas a las que acompañan.

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Del espionaje al sabotaje y la guerra sucia (Parte III) Análisis de Constanza Vieira* IPS Agosto de 2009 BOGOTÁ, ago (IPS) - Desde hace décadas, la privacidad de las comunicaciones electrónicas personales sólo existe en el papel. El aspecto más grave del escándalo de espionajes que estalló este año en Colombia radica en el uso que se da a la información recolectada. La estadounidense Agencia Nacional de Seguridad (NSA por sus siglas en inglés), "controla el teléfono, radio y otras comunicaciones, tanto de amigos como de adversarios de Estados Unidos. Subrepticiamente, lee todo el correo del mundo". "El tráfico que intercepta diariamente es considerable. En épocas de tensión, gran número del personal de la ANS con conocimiento de los idiomas más importantes se pone los auriculares para escuchar en directo desde las órdenes cifradas del Estado Mayor de la nación objetivo, hasta conversaciones íntimas". "Para otro tipo de material, los ordenadores destacan palabras clave que reclaman atención humana a mensajes específicos o conversaciones importantes. Se almacena todo, de modo que sea posible volver a revisar las cintas magnéticas: rastrear la primera aparición de una palabra código, por ejemplo, o exigir responsabilidad en una crisis". La cita no proviene de algún aficionado a las teorías conspirativas, sino del astrofísico Carl Sagan en su libro "El mundo y sus demonios", publicado originalmente en inglés en 1995, un año antes de la muerte del científico estadounidense. Según Sagan, las interceptaciones pueden hacerse desde puestos de escucha en países cercanos al objetivo, desde aviones y barcos que patrullan la zona o desde satélites de observación en la órbita de la Tierra. La ANS es una agencia de apoyo a las operaciones bélicas, dependiente del Departamento (ministerio) de Defensa de Estados Unidos y que cuenta con personal militar y civil estacionado en el mundo entero. Su misión fundamental es proteger los sistemas de seguridad de Estados Unidos mediante el monitoreo técnico de todo tipo de comunicaciones. La ANS complementa la labor de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y de la menos

* Con aportes de Diana Cariboni (Montevideo). Tercer informe de la serie "Las actas de la seguridad democrática", sobre el escándalo de los espionajes del Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia.

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conocida Defense Intelligence Agency (Agencia de Inteligencia de la Defensa), que basan su tarea en inteligencia humana, y de la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial, que se especializa en imágenes satelitales. Concluida la Guerra Fría, la ANS prosiguió sus acciones en colaboración con Gran Bretaña, principal aliado estadounidense, mediante un "pacto de información", o "pacto de seguridad", al que estaban asociados también Canadá, vecino septentrional de Estados Unidos, y Australia y Nueva Zelanda, miembros de la Mancomunidad Británica. Fue entonces cuando Echelon --el nombre con el que se conoce este "pacto de información" entre países de habla inglesa-- dejó de ser un mito. En febrero de 2000, la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores del Parlamento Europeo se ocupó de la ANS y de Echelon pues sus actividades, reconvertidas en buena medida de lo militar a lo civil, preocupaban a la industria europea. Ya no se trataba de cooperación entre agencias de inteligencia para luchar contra el comunismo, el terrorismo o la defensa nacional, sino de un espionaje económico y comercial sobre gobiernos y empresas, al que estaba asociado un miembro de la Unión Europea (Gran Bretaña), en contra de competidores de ese continente. Para entonces ya había ocurrido, entre otros, el enojoso caso de la venta de un radar a Brasil, en un concurso que, presuntamente gracias a Echelon, ganó la empresa estadounidense Raytheon y no la francesa Thompson, que alegó haber perdido millones de euros. Según el periodista investigativo británico Duncan Campbell --quien confirmó la existencia de Echelon en 1988 y aportó a la comisión del Parlamento Europeo un documento que describía la dimensión de la vigilancia electrónica--, para 1999 los países socios de Echelon usaban 120 satélites. El debate europeo en torno a Echelon se prolongó varios años, aunque no llegó a tanto como para poner en peligro los negocios de los propios europeos con su principal socio comercial, Estados Unidos, y tampoco derivó en un enfrentamiento con la principal potencia militar del continente, Gran Bretaña. Mientras, el gobierno estadounidense de George W. Bush encontraba en los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 fundamento para terminar con la exigencia de orden judicial para espiar rutinariamente al ciudadano de a pie. En todo caso, la historia ilustra que la privacidad de las comunicaciones es una ilusión que sólo perdura en el papel, vale decir, en las constituciones y leyes nacionales y en la normativa internacional, y a veces ni siquiera en ellas. INTELIGENCIA OFENSIVA

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En los hechos, el quid está en el uso que se hace de la información obtenida por medio de espionaje electrónico. La prensa colombiana comprobó este año que la principal agencia de inteligencia, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) que depende de la Presidencia, espió comunicaciones y llevó a cabo otro tipo de seguimientos ilegales contra magistrados, defensores de derechos humanos, políticos opositores y periodistas, a los que clasificó como "blancos". Una mirada benigna a las actuaciones del DAS indicaría que la cultura del secreto, propia de las fuerzas militares y de inteligencia que menciona Sagan, fue aprovechada por algunos individuos para sus propios fines. Esa es la posición del gobierno, cuyos representantes apuntan a un hecho real: en la lista de espiados figuran también altos funcionarios y oficialistas a ultranza. Pero los propios agentes del DAS que filtraron el escándalo a la prensa dijeron en febrero a la revista bogotana Semana que habían grabado a algunos altos dignatarios como autoprotección ante el hecho de que recibían órdenes irregulares. La diferencia fundamental estriba en que los altos funcionarios y los políticos oficialistas espiados aparentemente no fueron objeto de acciones de "inteligencia ofensiva". Muchos en Colombia piensan aún que lo más grave de este escándalo es la invasión ilegal de la privacidad mediante interceptaciones y seguimientos, y no el uso que ha hecho el DAS de esa información para ejercer inteligencia ofensiva contra los disidentes. "Aunque resulte sorprendente, hay desacuerdo sobre la definición de esos dos términos", dijo a IPS el ingeniero eléctrico Steven Aftergood, analista investigador mayor de la Federación de Científicos Estadounidenses, donde dirige el Proyecto sobre Secreto Gubernamental, destinado a reducir el alcance del secretismo oficial y reformar sus prácticas. La inteligencia se refiere en general a la recolección de información relacionada con amenazas potenciales para la seguridad nacional, indicó Aftergood. Si bien las interpretaciones sobre "seguridad" y "amenaza" pueden diferir, "la inteligencia per se no tiene un componente ofensivo", agregó. Sin embargo, hay acciones encubiertas contra países (o "blancos") que "bien pueden ser consideradas como operaciones de inteligencia ofensiva", agregó. "Las operaciones de información ofensiva buscan impedir, degradar, destruir, perturbar, engañar y explotar los sistemas de comando y control del adversario" o "blanco", definió en su edición de julio-septiembre de 1999 el estadounidense Military Intelligence Professional Bulletin, del Centro de Inteligencia del Ejército de Estados Unidos.

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La información ofensiva, agrega la publicación, degrada "los sistemas de información del enemigo (...) perturbando sus ciclos de decisiones y su capacidad de generar poder de combate". Miles y miles de folios integran las 104 carpetas entregadas en marzo por el DAS a la Fiscalía General de la Nación a raíz de denuncias periodísticas sobre la actividad del Grupo de Inteligencia 3 o G-3, creado para recabar supuesta inteligencia estratégica y de Estado sobre disidentes colombianos. El G-3 actuaba sin orden judicial y usaba la información para intimidar a sus "blancos" y sabotear sus actividades, a las que hacía un estrecho seguimiento. El sabotaje incluyó amenazas de muerte anónimas, como lo reconoció Jorge Alberto Lagos, ex jefe de contrainteligencia, destituido en febrero y detenido tras la orden de captura librada por la fiscalía el 31 de julio contra él y otros nueve funcionarios y ex funcionarios del DAS. También se enviaron coronas fúnebres al menos a tres periodistas, como sugieren coincidencias entre órdenes que aparecen en actas del G-3 y los hechos. Para uno de los "blancos", Alirio Uribe, director del humanitario Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo que sufrió el seguimiento más invasivo de su vida privada, "la inteligencia usada como lo ha hecho el DAS es el corazón de la guerra sucia en este país", según dijo al diario bogotano El Espectador. El G-3 también buscaba judicializar a sus "blancos", críticos del gobierno de Álvaro Uribe y defensores de derechos humanos. El G-3 fue creado en 2003 fuera del organigrama del DAS, y "en teoría el grupo se acabó en noviembre de 2005", concluyó la fiscalía, pero "algunas actividades del G-3 se extendieron en el llamado GONI", Grupo de Observación Nacional e Internacional (también del DAS), a su vez supuestamente disuelto en marzo. El DAS negó hasta ese mes la existencia del G-3.

Prohibido hurgar en crimen de Jaime Garzón (Parte II) Por Constanza Vieira* IPS BOGOTÁ, jun/2009 (IPS) - Siempre pasa lo mismo: los televidentes se conmueven e indignan porque ya no está, aunque terminan riendo con él. El periodista satírico Jaime Garzón fue asesinado el 13 de agosto de 1999, pero el burlón implacable sigue vigente.

* Primer informe de la serie "Las actas de la seguridad democrática" sobre el escándalo de los espionajes del Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia.

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En cada aniversario de su muerte los noticieros de televisión repiten sus ácidas parodias políticas que lo convirtieron en un ídolo de la gente. El día de su asesinato, los transeúntes bogotanos lloraban por la calle, incluso curtidos hombres del pueblo de mediana edad, educados en que las lágrimas son sólo cosa de mujeres. La sentencia callejera de entonces también sigue vigente: "lo mataron porque decía la verdad". Garzón fue baleado cerca de la emisora donde trabajaba, en el occidente de Bogotá, por sicarios que se desplazaban en moto. Según el Proyecto contra la Impunidad de la Sociedad Interamericana de Prensa, "Garzón habría descubierto que algunos miembros de la Brigada XIII (del ejército) en Bogotá vendían armas e incluso personas secuestradas a la guerrilla de las FARC", las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, alzadas desde 1964. El crimen adquirió un nuevo giro a raíz del escándalo del espionaje ilegal del principal organismo de inteligencia nacional, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Fue el senador Gustavo Petro, del izquierdista Polo Democrático Alternativo, quien trazó relaciones entre ese asesinato y los espionajes y sabotajes ejecutados durante años por el Grupo Especial de Inteligencia 3 (G-3) del DAS. El escándalo estalló en febrero, cuando la prensa reveló esas acciones contra magistrados, opositores, defensores de derechos humanos, pacifistas, líderes sociales y periodistas. La consecuente pesquisa del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), policía judicial de la Fiscalía General de la Nación, para establecer quiénes en el DAS filtraron la información a la prensa, resultó una caja de Pandora. En un informe a los fiscales al que tuvo acceso IPS, el CTI resumió miles de folios de archivos del G-3 designados como "ultrasecretos" y organizados en 104 carpetas tipo A-Z. El 9 de este mes, con apenas unos 18 de los 102 senadores en el recinto, Petro condujo un debate en el que expuso el documento del CTI, agregando elementos recabados por su oficina. Recibió poca atención de la prensa, aunque fue transmitido en directo por televisión. UN HOMBRE DE LA SEGURIDAD NACIONAL El senador se concentró en las actividades del G-3, creado por José Miguel Narváez, si bien dicho grupo nunca figuró en el organigrama del DAS.

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Economista y consultor de empresas, Narváez asesoró desde fines de los años 90 al Ministerio de Defensa sobre el secuestro, un delito muy frecuente en este país que lleva casi medio siglo de guerra interna. Narváez asesoraba a la Brigada XIII cuando, al inicio del gobierno de Álvaro Uribe en 2002, su nombre sonó para dirigir una central de inteligencia que proyectaba el presidente. Pasó luego a asesorar a Jorge Noguera, director del DAS entre agosto de 2002 y noviembre de 2005. Desde allí, y con pleno conocimiento de Noguera --según las actas estudiadas por el CTI--, Narváez creó el G-3, cuya existencia fue negada por el DAS hasta marzo de este año. En junio de 2005, Noguera nombró a Narváez subdirector nacional del DAS. Al poco tiempo, ambos salieron de la entidad enfrentados, ante escándalos por sus aparentes vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), milicias paramilitares de ultraderecha creadas supuestamente para combatir a la guerrilla. Noguera, preso y en espera de juicio, negó el 23 de este mes ante el fiscal general Mario Iguarán haber tenido relación con el G-3. Cuatro ex jefes paramilitares han señalado a Narváez como una de las figuras principales en el organigrama de estos grupos de ultraderecha, "y como eslabón central que unía el paramilitarismo a las elites políticas del país", recordó a IPS Iván Cepeda, portavoz del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice). Narváez ha sido mencionado como miembro del "Grupo de los Seis" que, según el extinto comandante paramilitar Carlos Castaño, estaba conformado por "verdaderos patriotas", "nacionalistas" y "personajes de todo respeto y credibilidad" que usaban cierto símbolo, que no describió, cuyo significado era "sociedad que se defiende". Ese grupo, al que Narváez niega haber pertenecido, decidía a quién ejecutar y a quién no de las listas que les pasaba Castaño, según relató el propio comandante de las AUC en el libro "Mi confesión", de 2001. Dos ex jefes paramilitares hoy extraditados a Estados Unidos recuerdan a Narváez como uno de los máximos ideólogos e instructor de las AUC, que les dictaba una cátedra titulada "Por qué es lícito matar comunistas en Colombia", y como instigador de los asesinatos de los periodistas Garzón y Manuel Cepeda, éste último también senador comunista y padre del portavoz del Movice. Narváez fue catedrático de las escuelas de guerra y de inteligencia del ejército y, según Cepeda, "asesor del gobierno del presidente Uribe en asuntos de seguridad nacional". Hoy es funcionario de la Federación Colombiana de Ganaderos.

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"A pesar de estas graves acusaciones, y de estar involucrado en el espionaje contra destacadas figuras del país desde los organismos de seguridad del Estado, la Fiscalía General de la Nación aún no investiga estas denuncias", agregó Cepeda. Narváez está llamado a indagatoria por el espionaje ilegal del G-3. OTRA PIEZA DEL ROMPECABEZAS Las relaciones entre el crimen del periodista Garzón y el escándalo del DAS no se restringen a Narváez. Emiro Rojas ha sido funcionario del DAS por más de 30 años. Fue director regional de esa entidad en el noroccidental departamento de Antioquia entre 1997 y 2002, y subdirector nacional hasta junio de 2005. Hoy dirige la Escuela Superior de Inteligencia y Seguridad Pública del DAS, en Bogotá. En el proceso penal por el asesinato de Garzón, el DAS de Antioquia, bajo jefatura de Rojas, acusó a dos jóvenes de las barriadas pobres de Medellín, capital departamental, de ser los sicarios que dispararon contra el periodista. La fiscalía aceptó esa versión y acusó de autoría intelectual a Castaño. Pero, en el marco del proceso, se probó que Rojas disponía de un testigo profesional, contra quien hoy pesa una orden de investigación por falso testimonio. Además, un joven que no quiso declarar contra uno de los pretendidos sicarios, fue asesinado. El juicio culminó en 2004 con la absolución de los dos jóvenes, que pasaron más de cuatro años presos, pero no se adelantó investigación contra Rojas y otros funcionarios del DAS que hicieron el montaje, a pesar de que así lo ordenaron las sentencias de primera y segunda instancia. Al contrario, Rojas fue nombrado para integrar la "comisión de la verdad", conformada por el gobierno una semana antes de la renuncia de Noguera para determinar qué ocurría y qué debía hacerse con ese organismo de inteligencia adscrito a la Presidencia. ¿PROHIBIDO HURGAR EN CRIMEN DE GARZÓN? Periodistas y abogados que se interesaron en aclarar el crimen contra Garzón resultaron espiados por el DAS. Fue el caso del jurista Alirio Uribe Muñoz, director del no gubernamental Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, quien se constituyó en parte civil en representación de la familia de Garzón en el proceso por su asesinato. El informe del CTI señala que en la carpeta A-Z número 54 aparece un documento dirigido al DAS el 2 de octubre de 2003 y firmado por Uribe Muñoz.

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En el mensaje, el abogado cuestionaba el papel del DAS en la desviación de la investigación penal y denunciaba ante ese mismo organismo amenazas y hostigamientos contra una periodista que seguía el caso desde 2001, Claudia Julieta Duque. El CTI también reseña varios informes de inteligencia sobre Duque, entre febrero y noviembre de 2004. El 17 de agosto de 2003, el programa de televisión "Contravía", dirigido por el periodista Hollman Morris, presentó las principales conclusiones de la investigación de Duque sobre el asesinato de Garzón. Los periodistas hicieron lo que le faltó a la fiscalía: reconstruir los hechos. Derrumbaron así la versión armada por el organismo de inteligencia. Noguera, entonces director del DAS, aseguró a "Contravía" que "algunos funcionarios del DAS" habían sido investigados por el caso y "no encontramos nada irregular". Pero en el debate que no fue noticia, el senador Petro señaló un "puente de unión" entre el acoso del DAS contra Uribe Muñoz y los periodistas Duque y Morris: cuando los tres demostraron la desviación de la investigación y el juez descartó el montaje, en 2004, fueron designados como "blancos" de espionaje. Petro indicó que en las carpetas reseñadas por el CTI se encontraban "las más abundantes labores de inteligencia contra todos los miembros" del Colectivo de Abogados, interceptaciones telefónicas y de correos electrónicos, hojas de vida con base en seguimientos, grabaciones, nombres de familiares, e incluso de los hijos menores de edad. "Aparecen fotografías de los colegios adonde van los hijos de estas personas, e incluso aparecen fotografías del colegio por dentro, de los salones de clase...", denunció el senador. También, "fotografías de las viviendas, seguimientos durante viajes nacionales e internacionales, fotografías del pasaporte, registros migratorios, investigaciones financieras..., y seguimientos a personalidades internacionales" que entraban en contacto con los espiados, detalló. Otras carpetas exponen los minuciosos seguimientos ejecutados contra Duque, Morris y sus familias. Para Petro "aquí había intereses particulares que hacían seguir a personas porque éstas estaban haciendo investigaciones que iban indicando quiénes eran los verdaderos asesinos..., como en este caso el de Jaime Garzón", sostuvo el senador. En otras palabras, dijo Petro, se trató de "una persecución hecha en el DAS, en donde

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los funcionarios del DAS que toman la decisión de perseguirlos están siendo sindicados", uno (Narváez) de ser autor intelectual del asesinato, y otro (Rojas) de manipular pruebas para acusar a inocentes y desviar la investigación sobre este crimen a punto de cumplir 10 años de impunidad. El gobierno de Uribe negoció la desmovilización paramilitar a cambio de penas leves para crímenes atroces y "algo de verdad", como preveía el ex alto comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo. La Corte Constitucional, sin embargo, condicionó los beneficios judiciales a que los desmovilizados confesaran "la verdad completa". Tras ese fallo, la verdad vigente de Garzón no está tan sola.

Las actas de la seguridad democrática (Parte I) Por Constanza Vieira IPS BOGOTÁ, jun/2009 (IPS) - Mientras el mundo estaba pendiente de la investidura de Barack Obama como presidente de Estados Unidos, una operación subrepticia se llevó a cabo entre el 19 y el 21 de enero en la sede del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), adscrito a la Presidencia de Colombia. Decenas de cajas de archivos, discos duros y externos de computadoras, grabaciones y transcripciones, que contenían el resultado del espionaje a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, fiscales, defensores de derechos humanos, políticos opositores y periodistas, fueron destruidas por orden superior. Un mes después, el 21 de febrero, la bogotana revista Semana y el noticiero de televisión Noticias Uno publicaron la información. El 16 de enero, tres días antes de que, según Semana, el gobierno diera la orden de recoger grabaciones y documentos, se había anunciado el nombramiento del nuevo director del DAS, Felipe Muñoz, quien asumió el cargo el 22 de enero, un día después de que terminara la destrucción de los archivos. "De todas las cajas que se llevaron a Contrainteligencia (del DAS, a cargo de verificar la lealtad de los miembros del organismo), con documentos, grabaciones y demás, sólo quedó una, que fue sacada del piso 11 el miércoles 21 al final de la tarde. No sé qué dejaron en esa, ni para dónde se la llevaron. Sólo sé que lo demás fue destruido", dijo a Semana un funcionario de ese cuerpo de inteligencia que la revista no identificó. Como reacción a las publicaciones periodísticas, el Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI), policía judicial de la Fiscalía General de la Nación, allanó el domingo 22 de febrero las instalaciones del DAS, previo aviso al director de esa entidad sobre el operativo.

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El lunes 23, ingresó al DAS una comisión ad hoc de fiscales para sumarse a la unidad del CTI que continuaba el allanamiento. El CTI adelantó el 1 y el 19 de marzo otras inspecciones "significativas" por la información recolectada, según un reporte de 228 páginas de esa policía judicial, al que tuvo acceso IPS. El CTI dirigió ese informe a los fiscales que abordan el caso, en primer término, para determinar de dónde provino la filtración a la prensa sobre operaciones del DAS aparentemente por fuera del marco legal. Los forenses informáticos del CTI descubrieron huellas electrónicas en aparatos que habían sido "limpiados" por Contrainteligencia del DAS en el piso 11 de la sede, así como en equipos de monitoreo de comunicaciones situados en otros dos pisos. Su informe no se conoce aún. Entre el material que no fue destruido, y que desde 2007 reposaba en el archivo de la institución bajo el rótulo de "ultrasecreto", la nueva dirección del DAS entregó al CTI extensos expedientes organizados en 104 archivadores o carpetas tipo A-Z, fechados entre 2004 y 2005 y que contienen una serie de actas de la máxima instancia del organismo de inteligencia y otros documentos o fotos. En el informe de 228 páginas del CTI, las 46 iniciales se destinan a resumir el contenido de las carpetas A-Z que consideró de mayor interés judicial. Ochenta por ciento de las carpetas se referían a la operación "Transmilenio", una serie de seguimientos y acciones contra el no gubernamental Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (en adelante Colectivo de Abogados) y especialmente contra su director, el defensor de derechos humanos Alirio Uribe Muñoz. El DAS seguía también cada paso al defensor de derechos humanos Gustavo Gallón, director de la no gubernamental Comisión Colombiana de Juristas, con estatus consultivo ante las Naciones Unidas. "Cascabel" llamó el DAS a esta operación, que incluía a toda la familia del abogado. Había asimismo expedientes contra el sacerdote jesuita Javier Giraldo, director del Banco de Datos del también jesuita Centro de Investigación y Educación Popular, dedicado a llevar el registro de víctimas de la prolongada guerra interna colombiana. Igualmente se encontraron expedientes contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, situado en la región bananera de Urabá, en el noroccidental departamento de Antioquia. Esa comunidad, de la cual Giraldo es defensor de primera línea, es una asociación de campesinos que rechaza el uso de las armas y reivindica su derecho a no involucrarse con ningún actor armado.

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El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, no acepta la neutralidad en la guerra y acusa a la comunidad de ser aliada de las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), surgidas hace 45 años. Otra iniciativa pacifista, la Red Nacional de Iniciativas por la Paz y contra la Guerra, cayó bajo sospecha del gobierno de Uribe, cuyo lema central es la seguridad democrática, que busca el monopolio estatal de las armas y la participación de la población en el combate a las FARC. Dos carpetas tituladas como "Puerto Asís" estaban dedicadas, según reportó el CTI, al periodista Hollman Morris, director del programa de televisión "Contravía". Se sabe de otros periodistas críticos bajo seguimiento del DAS: el director del semanario comunista Voz, Carlos Lozano, Daniel Coronell, director del noticiero de televisión Noticias Uno, Félix de Bedout, de la emisora W Radio, y el reportero sueco Dick Emanuelsson, corresponsal de varios medios de su país, entre otros. Otras carpetas mostraban espionaje a políticos de oposición y a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en lo que constituye el más grave escándalo en curso en este país andino. La carpeta titulada "Blancos políticos", de 541 folios, registra seguimientos a los candidatos presidenciales, en las elecciones de 2006, Carlos Gaviria, del izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA), Horacio Serpa, del opositor Partido Liberal, y Álvaro Leyva Durán, ex ministro conservador que lanzó su postulación independiente y luego la retiró. "Blancos políticos" fueron también Luis Eduardo Garzón, por entonces alcalde de Bogotá, Antonio Navarro, actual gobernador del sudoccidental departamento de Nariño, el senador Gustavo Petro y el representante a la Cámara Wilson Borja, todos del PDA, y Piedad Córdoba, senadora del Partido Liberal. Asimismo han sido "blancos políticos" la ex alcaldesa de San José de Apartadó, Gloria Cuartas y el ex fiscal general Alfonso Gómez Méndez, actual precandidato presidencial del Partido Liberal. El 28 de mayo fueron llamados a indagatoria por la Fiscalía General de la Nación 34 funcionarios y ex funcionarios del DAS, incluyendo a sus cuatro últimos directores. La fiscalía está determinando si los acusa de concierto para delinquir, violación ilegal de comunicaciones, uso ilícito de equipos transmisores o receptores, abuso de autoridad, falsedad ideológica en documento público, destrucción, supresión u ocultamiento de documento público y fraude procesal. "Se cayó la verdad en documentos públicos", dijo el fiscal general Mario Iguarán cuando anunció el llamado a indagatoria.

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A su vez, a mediados del mismo mes, la Procuraduría General de la Nación (ministerio público) abrió investigación disciplinaria contra 16 funcionarios del DAS. Además, vinculó al caso a tres altos funcionarios de la Presidencia: el secretario general Bernardo Moreno, el secretario de prensa César Mauricio Velásquez y el asesor presidencial de comunicaciones, Jorge Mario Eastman. La procuraduría pondrá la lupa sobre reuniones de los tres con los hoy ex directores de Inteligencia y de Contrainteligencia del DAS. En esas reuniones, los tres funcionarios habrían recibido supuestamente información clasificada sobre el espionaje a magistrados de la Corte Suprema, contra los cuales Uribe se enfrentó por los procesos penales a decenas de legisladores oficialistas --incluyendo al primo del presidente, Mario Uribe--, acusados de nexos con el paramilitarismo de ultraderecha. Iguarán terminará su mandato el 31 de julio. Su sucesor será elegido por la Corte Suprema de una terna escogida por el presidente.

Los espías de la Presidencia Análisis de Javier Darío Restrepo BOGOTÁ, 10 jun/2009 (IPS) - El periodista colombiano Hollman Morris se valió de un teléfono fijo para informar, alterado, a una agencia internacional de noticias: "Soy objeto de seguimiento policial". Al salir de su apartamento, en el norte de Bogotá, había encontrado al otro lado de la calle el acostumbrado automóvil policial; cuando minutos después llegó al apartamento de sus padres para encomendarles a sus hijos, otro vehículo estaba estacionado a unos metros del edificio. Y al llegar frente al lugar donde íbamos a conversar, un tercer vehículo con detectives dentro lo convenció del seguimiento que alguien había ordenado. Diez días antes, Morris había sido señalado públicamente por el presidente Álvaro Uribe de ser cómplice de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) por su cobertura periodística del acto de liberación de un grupo de secuestrados en manos de esa guerrilla. Semanas después, Morris comentaría en una reunión de periodistas el hallazgo "escalofriante" del dossier que figuraba a su nombre desde hacía tiempo en las oficinas del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, organismo de inteligencia que depende de la Presidencia), allanadas por orden de la Fiscalía General de la Nación. Allí se habían encontrado fotografías y datos de sus padres y hermanos, de su esposa

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y sus hijos y de todos sus movimientos, con un detalle que a los presentes hizo pensar en la minuciosa investigación de un sicario que prepara su crimen. Morris es uno de los periodistas a los que la policía política del presidente ha hecho un seguimiento en una operación llamada por la prensa colombiana "las chuzadas del DAS", en alusión a la intervención ilegal de las líneas telefónicas y a las tareas de espionaje contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia, congresistas de la oposición, reporteros y hasta un precandidato presidencial. En efecto, según el acta de inspección de la fiscalía, en la oficina de informática del DAS, los investigadores encontraron información sobre los magistrados de la sala penal de la Corte, sobre senadores opositores y sobre el actual postulante presidencial Rafael Pardo, del Partido Liberal. Las evidencias encontradas hasta ahora son de tal gravedad que ya produjeron la salida de la directora del DAS, María del Pilar Hurtado, la indagatoria a los cuatro últimos directores y la vinculación de 30 funcionarios a la investigación. Las semejanzas que ofrece esta operación de espionaje con el escándalo de Watergate --que obligó a dimitir al presidente estadounidense Richard Nixon (1969-1974)-- han sido utilizadas por portavoces de la oposición como argumento para pedir la renuncia de Uribe, con escasas posibilidades de éxito, tanto por el apoyo popular de que goza el mandatario, como por el acostumbramiento de los colombianos a esta clase de prácticas. ANTES DEL DAS El general presidente Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957) reemplazó la policía de seguridad cuando creó el Servicio de Inteligencia Colombiano (SIC) el 31 de octubre de 1953, dependiente de la Presidencia de la República y con métodos como los del estadounidense FBI (Buró Federal de Investigaciones). El SIC actuaba en conexión estrecha con la Oficina de Información y Propaganda del Estado, en actividades como el control de la prensa, con asesoría de Karl von Merk, ex secretario del jefe de propaganda de la Alemania nazi, Josef Goebbels, como afirma una investigación del periodista Alberto Donadío. El SIC, predecesor del DAS, tuvo una importante participación en las actividades de investigación a los políticos opositores del presidente Rojas Pinilla. El 5 de abril de 1955, el SIC allanó la sede de la dirección del Partido Liberal, e involucró al líder Alberto Lleras en actividades subversivas, con base en cartas de jefes guerrilleros de las regiones del Tolima y del Llano. También allegó pruebas para acusar de infiltración comunista al decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, Abel Naranjo Villegas, tras los sucesos

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sangrientos del 9 de junio de 1954, cuando el ejército disparó contra una manifestación de estudiantes. El SIC cumplió la misión de determinar quién era comunista en Colombia y tuvo entre sus tareas las de seguir y detener periodistas. A Hernando Santos Castillo, quien sería director del diario El Tiempo, lo detuvieron cuando pintaba grafitis de oposición en el centro de Bogotá. Por el mismo tiempo fue encarcelado el entonces candidato del Partido Conservador a la Presidencia, Guillermo León Valencia. Otra actividad del SIC fue denunciada por un comandante militar del Valle del Cauca, oeste del país: agentes del SIC operaban en complicidad con "los pájaros" de ese departamento. Así se llamaba a bandas de asesinos al servicio de jefes conservadores. Parecida actuación fue la que desarrollaron en la corrida de toros del 5 de febrero de 1957, cuando infiltrados del SIC entre el público contribuyeron a los actos de violencia con que el gobierno castigó el rechazo de los aficionados a la hija del general presidente, María Eugenia Rojas. En esa ocasión hubo 20 muertos, según reporte de la embajada de Estados Unidos. LOS TIEMPOS DEL DAS El DAS, creado por decreto en 1960, continuó las tareas del SIC al amparo de los decretos de Estado de Sitio y del Estatuto de Seguridad, sancionado a finales de 1982, instrumentos que estuvieron a punto de infiltrarse en el régimen legal que siguió a la Constitución de 1991. Según el posterior proyecto de ley de estados de excepción, los allanamientos y la interceptación de líneas telefónicas, podrían hacerse sin decisión judicial previa. El proyecto fue denunciado en el VIII Foro de Derechos Humanos, de 1996. En el gobierno del presidente Julio César Turbay (1982-1986) "se había sembrado en los jóvenes oficiales una adicción a tales prácticas, justificadas en nombre de la defensa de la Patria". Sin la crudeza de las prácticas de tortura y de los calabozos, la tradición de hostigar a los oponentes políticos se ha mantenido y refinado con instrumentos tecnológicos avanzados. Camionetas con equipos de interceptación que pueden interferir al mismo tiempo 16 llamadas en un área de 70 metros, en los últimos meses emprendieron su tarea de seguimiento a los magistrados, líderes políticos y periodistas. En los tiempos del general Rojas Pinilla se trataba de cazar comunistas y opositores. Hoy llevar a cabo acciones de oposición es más grave que ser comunista. Por ejemplo, las acciones judiciales contra congresistas que han operado conjuntamente con paramilitares para manipular elecciones y resultados electorales.

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Cuando estos casos movilizaron a la Corte y se produjeron las primeras detenciones, comenzaron los seguimientos a los magistrados. A las interceptaciones siguieron las investigaciones del DAS en busca de hechos que pudieran generar descrédito a los magistrados. El ojo de los agentes del DAS llegó a las cuentas bancarias, a los pagos de impuestos, a las fiestas en que los magistrados habían participado, a los viajes y a los obsequios recibidos. Mientras la oposición y el periodismo crítico veían en esas actividades un intento de deslegitimar a los jueces de más de 60 congresistas pertenecientes al bloque oficial, los documentos y explicaciones del gobierno adujeron posible lavado de dinero, o relaciones de los magistrados con narcotraficantes, o complicidad con la guerrilla. Los documentos, órdenes de trabajo, archivos y fotografías que han reunido los investigadores de la fiscalía demuestran que medio centenar de personas fueron objeto de un monitoreo sin orden judicial y sin rastro, hecho "de acuerdo con las políticas de seguridad democrática", como se lee en el memorando de un detective al director de Contrainteligencia del DAS. "Se está trabajando políticamente a los afectados para movilizar un bloque que puede contrarrestar la elección del señor Presidente", notifica otro de los agentes al describir su trabajo en Pasto, en el sur del país. Las indagaciones han conducido a la conexión entre el DAS y la Presidencia. El DAS de hoy, lo mismo que el SIC de ayer, aparece como dependencia de la Presidencia, de modo que hay pocas dudas sobre el origen de las órdenes de espionaje electrónico. Pero las pistas seguidas por el ministerio público y la fiscalía llegan hasta las oficinas cercanas a la del presidente Uribe, y de allí no pasan. Y aunque las interceptaciones del DAS ofrecen reveladoras semejanzas con el episodio de espionaje de Watergate, se diferencian en que todavía el escándalo no ha llegado al escritorio presidencial.

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X. CORTE PENAL INTERNACIONAL, CPI

REPRESENTANTE IVÁN CEPEDA PRESENTA ANTE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL PRIMERA DENUNCIA CONTRA ÁLVARO URIBE

El Espectador, Bogotá, 18 de 2010 El representante a la Cámara por el Polo Democrático Alternativo (PDA), Iván Cepeda Castro remitió a la Corte Penal Internacional un proceso en el cual el Congreso de la República absolvió al ex presidente Álvaro Uribe Vélez. El pasado martes 17 de agosto fue remitido a ese tribunal internacional el primer proceso en el cual, tras dejar el poder, fue absuelto el ex mandatario Uribe Vélez. La plenaria de la Cámara de Representantes decidió archivar un caso en el cual el ex jefe de Estado era procesado por injuria y calumnia, luego de que en 2002 -durante un Consejo de Seguridad en Carepa (Antioquia)- Uribe Vélez acusó de auxiliadores de la guerrilla a la comunidad de San José de Apartado y al sacerdote jesuita Javier Giraldo. Tras esto fueron asesinados 20 habitantes de ese municipio. Al conocer dicha declaración lo denunciaron ante la Comisión de Acusaciones por injuria y calumnia; pero llegando a la determinación final del pasado martes. Por eso, el Polo Democrático Alternativo solicitó las copias de dicho caso y anunció su inmediato envío a la Corte Penal Internacional. El representante Iván Cepeda explicó que ésta sería la primera vez que una investigación que termina archivada de la Comisión de Acusaciones de la Cámara va a parar a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. "Esperábamos que se actuará en justicia y que la plenaria devolviera el expediente para que se diera una investigación (...) no pedíamos que se declarara culpable al ex Presidente sino que se practicaran las pruebas pero esto nunca se dio", señaló Cepeda. Según él, esto demuestra que "no se está haciendo la tarea" de juzgar a altos responsables del Estado; por ende se hace necesaria la intervención de la CPI.

A PROPÓSITO DEL EX PRESIDENTE ÁLVARO URIBE Y LA CORTE PENAL INTERNACIONAL

POR ENRIQUE SANTIAGO ROMERO*

* Abogado español, experto en derecho internacional. Responsable de los servicios jurídicos del Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África (IEPALA). Formó parte del equipo jurídico que impulsó la querella que el 13 de octubre de 1998, condujo a la Audiencia Española a solicitar la detención, en Londres, del ex dictador chileno Augusto Pinochet y de otros ex militares chilenos y argentinos responsables de la llamada "Operación Cóndor".)

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Agosto 8 de 2010 Es conveniente repasar la hoja de vida del ex presidente colombiano para comprender sus obvios temores a acabar compareciendo ante la Corte Penal Internacional (CPI). Álvaro Uribe Vélez ha sido denominado como el "precursor del Narco-Estado" por uno de las más importantes centros de investigación en materia de narcotráfico internacional , "The Narco News" (http://www.narconews.com) desde que en 1997 y 1998, los agentes de aduanas de Estados Unidos en California detuvieron tres sospechosas naves con destino a Colombia que portaban un total 50 toneladas de permanganato de potasio, un precursor químico clave necesario en la manufactura de cocaína. De acuerdo con un documento firmado por el jefe de la DEA Donnie R. Marshall el 3 de agosto de 2001, las naves se dirigían a Medellín (Colombia) a nombre de una empresa llamada GMP Productos Químicos. Las 50 toneladas del precursor químico destinadas a GMP eran suficientes para fabricar 500 toneladas de hidroclorato de cocaína, con un valor en la calle de 15.000 millones de dólares. Según el reporte de la DEA, el dueño de GMP Productos Químicos era Pedro Juan Moreno Villa, el jefe de campaña y ex Secretario de Gobierno durante el periodo de Uribe como Gobernador de Antioquia y, por mucho tiempo, mano derecha del todavía Presidente de Colombia. Moreno fue el alter ego político de Uribe durante y después de esos nerviosos meses de 1997 y 1998, cuando esperaba los envíos de contrabando. Cuando Uribe fue gobernador del estado de Antioquia -cuya capital es Medellín- de 1995 a 1997, Moreno era el Secretario de Gobierno. Según el entonces jefe de la DEA Marshall, "entre 1994 y 1998, GMP fue el más grande importador de permanganato de potasio en Colombia". NEXOS CON EL NARCOTRÁFICO Recordemos que el primer cargo público del entonces joven licenciado en Derecho Álvaro Uribe, fue el de Director de la Agencia de Aeronáutica Civil de Colombia entre 1980 y 1982. La ex amante de Pablo Escobar y presentadora de televisión Virginia Vallejo, en su libro "Amando a Pablo, Odiando a Escobar" da nuevos datos de la relación entre Uribe y Pablo Escobar: según la periodista actualmente exiliada en los Estados Unidos, Uribe fue clave como Director de la Aeronáutica Civil para el otorgamiento de licencias masivas de vuelo al Cartel de Medellín, sin las cuales jamás habrían podido hacer sus inmensos envíos de la droga a los Estados Unidos ni acumulado sus inmensas fortunas. En una entrevista explica por qué el primo de Escobar, José Obdulio Gaviria, es actualmente el asesor presidencial de Uribe. Uribe tuvo a César Villegas como su delegado cuando fue Director de la Aerocivil. Éste último fue sentenciado a 5 años de prisión por nexos con el Cartel de Cali y asesinado para callar su testimonio. (Diario "El Tiempo" de Colombia, 17/03/2002) Esta querencia de Uribe en materia aeronáutica quedó también de manifiesto cuando la policía y el ejército colombiano desactivaron el mayor laboratorio de transformación de cocaína encontrado hasta la fecha en Colombia, en el remoto paraje denominado

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eufemísticamente "Tranquilandia" (Operación Yarí). El 11 de marzo de 1983, la fuerza pública irrumpió en el laboratorio del conocido narco Gonzalo Rodríguez Gacha "El Mexicano" y entre otras evidencias intervino un helicóptero Hughes 500, matricula HK 2704 X, propiedad de Aerofotos Amortegui Ltda., empresa propiedad de la familia Uribe. Al respecto Álvaro Uribe alega que ese helicóptero había sido previamente vendido y que se le olvidó documentar dicha compraventa. FICHADO CON EL No. 82 Álvaro Uribe ha demostrado tanto "empaque" que hasta tiene una "ficha", la número 82, en la "Agencia de Inteligencia de la Defensa" de los Estados Unidos. Veamos qué dice la indicada ficha de inteligencia (puede consultarse el original en http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB131/index.htm:) "Confidencial. Septiembre 1991. Informe clasificado Confidencial. Departamento de Defensa de EE.UU. (DIA. Defense Intelligence Agency). La información contenida en este informe hace referencia a fichas/archivos de los más importantes narco-terroristas colombianos contratados por los Carteles de la droga colombianos para tareas de seguridad, transporte, distribución, recogida y puesta en práctica de operaciones de drogas en ambos países, Estados Unidos y Colombia. Estos individuos son además contratados por los jefes de los Carteles como "ejecutores" para cometer asesinatos (…) 82. Álvaro Uribe Vélez. Político colombiano y senador dedicado a colaborar con el Cartel de Medellín a altos niveles gubernamentales. Uribe ha sido vinculado a negocios relacionados con drogas en Estados Unidos. Su padre fue asesinado en Colombia debido a sus conexiones con los traficantes de drogas. Uribe ha trabajado para el Cartel de Medellín y es amigo personal cercano de Pablo Escobar Gaviria. Él (Uribe) ha participado en la campaña política de Escobar para ganar el puesto de parlamentario suplente de Jorge Ortega. Uribe ha sido uno de los políticos que desde el Senado ha atacado todas las formas del Tratado de Extradición (de Colombia con los Estados Unidos) (…)" VÍNCULOS CON EL PARAMILITARISMO Uribe ha sido señalado de participar habitualmente en el diseño y ejecución de matanzas perpetradas por los paramilitares colombianos, como el caso de la "matanza de El Aro" cometida en 1997, en la cual, según relata el periódico de Miami, "El Nuevo Herald" en su edición del 6 de agosto de 2009, el mismísimo Álvaro Uribe, planeó la matanza con los dirigentes de las AUC (Autodefensa Unidas de Colombia) y posteriormente acudió personalmente a felicitar a los paramilitares que "brillantemente" habían asesinado, con motosierras, al menos a 15 campesinos indefensos, matanza por la que la Corte Interamerica de Derechos Humanos condenó a Colombia.

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El grupo paramilitar "Los doce apóstoles" habría tenido sede en la hacienda "La Carolina", en el departamento de Antioquia, cuya propiedad comparten los hermanos Uribe Vélez. El hermano del Presidente fue interrogado por la fiscalía en 1997 respecto a delitos de secuestro, extorsión y asesinato cometidos por "Los doce apóstoles" entre 1993 y 1994. El grupo paramilitar fue acusado de asesinar 50 personas, y de haber cometido una masacre de la cual fueron hallados los cuerpos de cuatro personas y otras dos permanecen desaparecidas. Por este caso existe una demanda en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El fiscal colombiano Luís Camilo Osorio confirmó que el hermano del mandatario sí había sido objeto de una investigación oficial en 1999, pero también indicó que se había declarado "un auto inhibitorio a favor del señor Uribe Vélez y se ordenó el archivo definitivo" ese mismo año. El 4 de diciembre de 2006, en declaraciones a W Radio de Bogotá, el Presidente Uribe Vélez debió admitir que su hermano sí fue investigado por involucramiento con el paramilitarismo. (Fuente: El Nuevo Herald, Miami, 24 jun 05). Tres parientes del Presidente colombiano, entre ellos dos primos hermanos, lideraron una banda paramilitar conocida como "Los Erre", señalada de haber asesinado a medio centenar de personas en varios municipios del departamento de Antioquia. Estos familiares fueron condenados en primera instancia y estuvieron presos cerca de un año, hasta que un juez de apelaciones los puso en libertad y archivó el caso por considerar "que no había pruebas suficientes contra los acusados". Los parientes del presidente son Carlos Alberto Vélez Ochoa, Juan Diego Vélez Ochoa y Mario Vélez Ochoa, (también son familiares del clan Ochoa, capos del narcotráfico). (Fuente: El Nuevo Herald, Miami, 24jun05). El ex senador colombiano Mario Uribe, primo y colaborador cercano en la presidencia de Álvaro Uribe, está acusado formalmente de narcoparamilitar por la justicia colombiana. No es el único parlamentario de la mayoría uribista en esa situación. Más de 70 congresista y senadores de los partidos que apoyaban a Uribe en las cámaras legislativas hasta el pasado mes de marzo, se encuentran procesados por la justicia colombiana por narco-paramilitares. Casi el 50% de las cámaras legislativas. Actualmente, 50 congresistas o ex congresistas uribistas ya cumplen condena por favorecer o pertenecer a grupos narcoparamilitares. Todos son de partidos políticos uribistas (Cambio Radical, Alas Equipo Colombia, Apertura Liberal, Partido Conservador, Partido de la U, Colombia Democrática y Convergencia Ciudadana). Tras las elecciones legislativas de marzo de 2010, continúa habiendo procesados por narco-paramilitarismo ocupando escaños en el Congreso de la República... ¿Se imagina el lector el escándalo que supondría que el 50% de la Asamblea Nacional venezolana estuviera procesado por narco-terrorismo? SEÑALADOR CONTRA DEFENSORES DE D.H.

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De larga data, ya en sus tiempos de gobernador de Antioquia, viene la tendencia de Uribe a actuar como "señalador oficial" de los defensores de Derechos Humanos en Colombia, convirtiéndolos en objetivos a eliminar por los narco-paramilitares. Uno de los más sonados "trofeos" que Uribe se cobró en esta otra actividad habitual en él, fue Jesús María Valle Jaramillo, abogado, Coordinador del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos "Héctor Abad Gómez" de Antioquia, quien fue asesinado por sicarios el 27 de febrero de 1998, cuando se encontraba en su oficina en el centro de la ciudad de Medellín. Varios días antes, el entonces Gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, había mencionado en una intervención pública a Jesús Maria Valle, señalándolo como "auxiliador de la guerrilla", a pesar de que el abogado era miembro del Partido Conservador colombiano. Durante su mandato presidencial Uribe ha mantenido y expandido abusivamente esta tendencia suya a criminalizar a los defensores de los derechos humanos, equiparándolos a viles terroristas y situándolos sistemáticamente en el objetivo de grupos paramilitares y -según se ha confirmado a la vista del escándalo denominado "chuzadas del DAS"- convirtiendo tantos a los defensores como a sus familias en objetivos de las amenazas, seguimientos y atentados de los servicios de inteligencia presidencial, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Uribe Vélez ha puesto en marcha durante su presidencia el mayor operativo de espionaje ilegal que recuerde la sociedad colombiana. Nombró a Jorge Noguera, su director de campaña electoral en 2002, como Director del DAS (Departamento Administrativo de Seguridad). Después de salvarlo de su primera detención, Uribe lo designó cónsul en Milán. Actualmente Noguera paga condena en la cárcel por concierto para delinquir por vínculos paramilitares y permitir que el DAS (la agencia de inteligencia dependiente de la Presidencia de la República) fuera puesto al servicio de los narco paramilitares ya con pruebas, recopiladas por la Fiscalía General de Colombia, que acreditan que cientos de sindicalistas, opositores a Uribe, periodistas y defensores de los derechos humanos han sido asesinados en Colombia por encargo y con medios del DAS. Noguera fue también protagonista del reciente escándalo de las "chuzadas" telefónicas, operaciones ilegales de intervención de las comunicaciones personales y seguimiento de políticos, jueces, periodistas y defensores de los derechos humanos colombianos perpetradas por el DAS. En la Colombia de Uribe no ha existido discriminación a la hora de espiar a cualquiera de sus críticos. El Presidente los espía y amedrenta a todos por igual y sin olvidarse de nadie, sea conservador o liberal, de izquierdas o de derechas, magistrado o periodista. RESPONSABLE DE LOS "FALSOS POSITIVOS" La política de "Seguridad Democrática" de Álvaro Uribe ha dado lugar al escándalo conocido como "falsos positivos": el asesinato de -al menos- 2.500 civiles inocentes por la fuerza pública colombiana, bajo el mandato de Uribe como Presidente y siendo Juan Manuel Santos el Ministro de Defensa, presentados como "guerrilleros dados de baja

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en combate", con la única intención de cobrar las recompensas que el Estado colombiano paga por "dar de baja a guerrilleros". Tras ser denunciado el crimen de "los falsos positivos" por una Misión Internacional de Observación sobre Derechos Humanos en Colombia en Octubre de 2007 y negado y descalificado por Uribe, tuvo que ser reconocido por el propio Presidente cuando la OEA hizo suyas las conclusiones del informe de la Misión Internacional. El relator de las Naciones Unidas para las Ejecuciones Extrajudiciales no sólo ha dado por válidas estas acusaciones, sino que, tras hablar de un plan sistemático criminal, ha exigido su esclarecimiento y castigo a los culpables. Colombia es el país del hemisferio occidental donde mayores violaciones de los derechos humanos se cometen- cuantitativa y cualitativamente hablando- de forma sistemática y respondiendo a un plan criminal perfectamente diseñado que tiene como finalidad el despojo de la tierra a los campesinos y su apropiación por las oligarquías terratenientes en alianza con narcotraficantes y organizaciones paramilitares. De los más de 4 millones de desplazados internos ocasionados en Colombia por el conflicto armado interno, la inmensa mayoría han sido provocados para consolidar la apropiación ilegitima de tierras de los campesinos. De estos desplazamientos, al menos 2 millones se han producido durante los 8 años de mandato del Presidente Uribe. En la actualidad las organizaciones de víctimas y de defensores de los derechos humanos en Colombia intentan preservar la que sin duda es la mayor fosa común descubierta en América Latina con cadáveres "NN". Más de 2.500, según las primeras estimaciones, en la fosa denominada de "La Macarena", que escondería victimas campesinas de ejecuciones extrajudiciales realizadas por destacamentos del ejército colombiano y organizaciones paramilitares. "INDUSTRIA CRIMINAL" No pierda de vista el lector que la "industria criminal", organizada entre otros por las autoridades colombianas durante el mandato del Presidente Uribe, llegó a utilizar -emulando la "solución final" del nazismo alemán- hornos crematorios para hacer desaparecer los cuerpos de los miles de asesinados por funcionarios del Estado y sus aliados paramilitares: tres hornos al menos han sido descubiertos hasta ahora, uno en Arauca, otro en Antioquia y uno "móvil", en Bogotá. En mayo de 2010 el diario The Washington Post daba cuenta de la confesión del oficial de la policía nacional colombiana Juan Carlos Meneses, quien sostuvo haber participado en operaciones paramilitares del grupo denominado "Los 12 apóstoles", de los que formaba parte Santiago Uribe, hermano del Presidente. OSADÍA FRENTE A VENEZUELA Ante tal prontuario "presuntamente" criminal, no deja de sorprender la osadía del todavía presidente Uribe cuando amenaza a su vecino venezolano con llevarlo ante la Corte Penal Internacional. Sin cabernos duda alguna de que los presuntos hechos

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perpetrados por y bajo las instrucciones de Álvaro Uribe -arriba descritos- son de una gravedad sin parangón en la historia contemporánea de América Latina, tras la desaparición de las dictaduras militares del periodo 1960-1990, examinemos desde un punto de vista exclusivamente jurídico la viabilidad de la denuncia ante la CPI anunciada por Uribe. El pasado jueves 22 de julio Venezuela anunciaba en la OEA la ruptura de relaciones diplomáticas con Colombia como reacción a la campaña de descalificaciones que contra Venezuela inició Uribe, una vez conocido quién sería su sucesor el próximo 7 de agosto. No se recuerda en los anales de la diplomacia caso similar de un presidente que empeñe su último mes de mandato en provocar con tanto ahínco un conflicto bélico con su vecino. Tras conocerse el anuncio de Venezuela, Uribe convocó al Fiscal General de Colombia, Guillermo Mendoza, para instarle a que iniciara el proceso necesario para llevar ante la Corte Penal Internacional a altos funcionarios venezolanos, incluido el Presidente Hugo Chávez Frías. Algunos periódicos han publicado estos días que fueron los máximos jefes militares colombianos quienes, en presencia de Álvaro Uribe, entregaron al Fiscal General documentación sobre acciones de organizaciones insurgentes colombianas que habrían utilizado suelo venezolano. El Fiscal General anunció a la prensa que el encargo recibido era: "estudiar la posibilidad de llevar ante la Corte Penal internacional a autoridades venezolanas por proteger, ayudar o auxiliar a grupos que cometen crímenes de guerra o de lesa humanidad en la zona fronteriza colombiana". NI UNA SOLA PRUEBA RIGUROSA CONTRA GOBIERNO DE CHÁVEZ Al margen de que Colombia, incapaz de controlar más de 50 frentes de organizaciones insurgentes dentro de su territorio, exija a Venezuela una diligencia de imposible cumplimiento en fronteras selváticas o montañosas, lo cierto es que desde que se realizaron las primeras acusaciones del presidente Uribe respecto a que Venezuela albergaba bases guerrilleras colombianas en su territorio, ni una sola prueba rigurosa ha sido presentada al respecto. Para discernir si la iniciativa del ex presidente Uribe busca realmente conseguir una condena de la CPI al Presidente Chávez, nada más y nada menos que por "crímenes de lesa humanidad y de guerra", o simplemente es la última "pataleta" política del presidente latinoamericano con la mayor carpeta abierta en la Corte de La Haya, debemos examinar lo establecido en el Estatuto de la CPI, íntegramente en vigor para Colombia y Venezuela. La Corte Penal Internacional únicamente es competente para conocer denuncias penales contra personas individualizadas -no contra Estados o gobiernos- y con carácter complementario con las jurisdicciones penales de los países donde hayan ocurrido los hechos. así se establece en el artículo 1 del Estatuto de la CPI:

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"(…) La Corte (…) estará facultada para ejercer su jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia internacional de conformidad con el presente Estatuto y tendrá carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales.” Los "crímenes más graves de trascendencia internacional" sobre los cuales tendría competencia la Corte, se indican en el artículo 5 del Estatuto y son: "(…) a) El crimen de genocidio; b) Los crímenes de lesa humanidad; c) Los crímenes de guerra; (…)". Conforme a lo anterior, la iniciativa del ex Presidente Uribe, en caso de llegar a concretarse mediante la interposición de una acción penal contra funcionarios venezolanos ante el Fiscal de la Corte Penal Internacional conforme a lo establecido en los artículos 13: "Ejercicio de la competencia La Corte podrá ejercer su competencia respecto de cualquiera de los crímenes a que se refiere el artículo 5 de conformidad con las disposiciones del presente Estatuto si: a) Un Estado Parte remite al Fiscal, de conformidad con el artículo 14, una situación en que parezca haberse cometido uno o varios de esos crímenes; (…)" Y 14 del estatuto: "Remisión de una situación por un Estado Parte 1. Todo Estado Parte podrá remitir al Fiscal una situación en que parezca haberse cometido uno o varios crímenes de la competencia de la Corte y pedir al Fiscal que investigue la situación a los fines de determinar si se ha de acusar de la comisión de tales crímenes a una o varias personas determinadas." Necesariamente debería fundamentar racionalmente, al menos indiciariamente, que funcionarios venezolanos auxiliaron a las FARC de forma continuada y sistemática, que por ello pudieron cometer un crimen de lesa humanidad, y que el asunto nunca ha sido investigado por las autoridades venezolanas. Esto último, en términos jurídicos, hace referencia a la denominada "concurrencia de jurisdicciones" -entre la de la C.P.I. y las nacionales del país donde hayan ocurrido los hechos- supuesto en el que como establece el artículo 1º del estatuto, la jurisdicción de la C.P.I. "tendrá carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales". El artículo 15 del Estatuto de Roma regula el procedimiento que deberá seguir el Fiscal y la Sala de Cuestiones Preliminares del Tribunal, una vez recibida la información remitida por el Estado Parte, para iniciar una investigación respecto a los hechos denunciados, siendo imprescindible que el Fiscal analice "la veracidad de la información recibida." (art 15.2)

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A la vista de lo anterior, no cabe duda alguna de que los Estados Parte en el Convenio de Roma de constitución de la C.P.I. -como es Colombia- pueden remitir información -equivalente a una denuncia- al Fiscal del Tribunal para que éste y la Sala de Cuestiones Preliminares del Tribunal estudien si la misma amerita el inicio de un procedimiento judicial ante esta Corte o en su caso el inicio de una investigación preliminar, siempre y cuando dicha denuncia tuviera un mínimo de veracidad a juicio del Fiscal de la C.P.I., lo que en el contexto que analizamos y a la vista de las pruebas -escasas e inconcretas- aportadas por el gobierno colombiano, no parece que sea el caso. En todo caso, el procedimiento podría ser puesto en marcha por Colombia mediante presentación de denuncia ante el Fiscal de la Corte Penal Internacional, quien en virtud del artículo 18 del estatuto, si hubiera "determinado que existen fundamentos razonables para comenzar una investigación, (…) lo notificará a todos los Estados Partes y a aquellos Estados que, teniendo en cuenta la información disponible, ejercerían normalmente la jurisdicción sobre los crímenes de que se trate" De forma que el Estado notificado -en este hipotético caso Venezuela- podrá informar a la Corte de que está llevando o ha llevado a cabo una investigación en relación con sus nacionales u otras personas bajo su jurisdicción respecto a actos criminales que puedan constituir crímenes contemplados en el artículo 5 y a los que se refiera la información proporcionada en la notificación a los Estados. A petición de dicho Estado, el Fiscal se inhibirá de su competencia en favor del Estado en relación con la investigación sobre las personas antes mencionadas, a menos que la Sala de Cuestiones Preliminares decida, a petición del Fiscal, autorizar la investigación. Es decir, antes de iniciarse cualquier investigación o al menos simultáneamente al inicio, el Fiscal de la Corte Penal debería dirigirse a Venezuela para comunicarle la interposición de dicha denuncia y esperar una contestación de Venezuela, siendo posible que la contestación de Venezuela sea precisamente la más evidente: que todo lo relativo a la presencia de la insurgencia colombiana en su terrilorio es algo que las autoridades y la justicia de Venezuela investigan y persiguen desde, al menos, el inicio del mandato del actual Presidente venezolano, en cuyo caso la Fiscalía de la CPI debería inhibirse a favor de la justicia venezolana. En este supuesto analizado, parece evidente que la denuncia con la que ha amenazado el ex presidente Uribe, tendría poco recorrido jurídico. Entrando aunque sea brevemente en un somero análisis jurídico sobre si los hechos imputados por Uribe a las autoridades venezolanas -la actuación de la insurgencia colombiana en territorio venezolano- podrían ser considerados crímenes de lesa humanidad (art. 7 del Estatuto): "(...) se entenderá por "crimen de lesa humanidad" cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque:

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a) Asesinato; b) Exterminio; c) Esclavitud; d) Deportación o traslado forzoso de población; e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional; f) Tortura; g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable; h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte; i) Desaparición forzada de personas; j) El crimen de apartheid; k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.", o crimenes de guerra (art. 8 del Estatuto), es decir, violaciones de las Convenciones de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales, lo primero que resulta destacable para cualquier observador es que los hechos criminales incluidos en la definición del tipo penal "crimen de lesa humanidad" antes indicado presentan bastante coincidencia con las sistemáticas violaciones de los derechos humanos que ocurren en Colombia de forma habitual, violaciones imputadas mayoritariamente -por organismos internacionales, observatorios y organismos de derechos humanos- a las autoridades colombianas y sus agentes. Nunca ningún organismo internacional o de derechos humanos mínimamente prestigioso ha relatado crímenes con apariencia de lesa humanidad ocurridos en Venezuela. EL ESTADO COLOMBIANO, EL MAYOR VIOLADOR DEL DIH Para nadie es un secreto que en Colombia existe un conflicto armado que encaja en los parámetros legales establecidos en las Convenciones de Ginebra de 1949 y respecto al cual las partes implicadas tiene la obligación de reconocer y aplicar las previsiones legales contenidas en las mencionadas cuatro Convenciones de Ginebra así como en los dos Protocolos Adicionales de 1977. Las fuerzas beligerantes en el conflicto colombiano -FARC incluidas- sin duda han incurrido e incurren en numerosas violaciones del Derecho Internacional Humanitario contenido en las 4 Convenciones de Ginebra, provocando con ello numerosas víctimas entre la población civil. Para los organismos de derechos humanos colombianos más reputados, la responsabilidad de las violaciones graves del DIH. ocurridas en Colombia en 2007 se reparten de la siguiente forma, según el Informe "Noche y Niebla" del CINEP, organismo de derechos humanos colombiano dependiente de la Compañía de Jesús: del total de 1.670 violaciones del DIH reportadas en 2007, 858 se imputan a organismos oficiales dependientes del Estado colombiano (fuerzas armadas y cuerpos policiales), 5 a agentes extranjeros, 39 a combatientes sin identificar, 580 a paramilitares, 8 al ELN, 176 a las FARC y 4 a "guerrilla" sin especificar. La situación de los derechos humanos en Colombia es sumamente grave. Éstos son vulnerados sistemáticamente por todas las partes en conflicto, a la vez que incumplen sistemáticamente el DIH., no resultando un hecho objetivo ni verificable, por carente de

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sustento probatorio alguno, la afirmación de las autoridades colombianas de que las FARC o el ELN cometen sistemáticos crímenes de lesa humanidad o de guerra. De los datos anteriores, se verifica que con mucho el mayor violador del DIH en Colombia es el propio Estado, seguido de organizaciones paramilitares de extrema derecha y seguido por las FARC y el ELN. Desgraciadamente, todos los actores del conflicto colombiano -empezando por el propio Estado- vienen utilizando métodos terroristas contrarios al derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. En sustento de nuestra anterior afirmación, se referencian los siguientes documentos de organismos internacionales: el informe anual de Amnistía Internacional 2008, relata claros indicios de que los grupos paramilitares tradicionales siguen operando en la actualidad en muchas partes de Colombia con nombres nuevos, como los "Águilas Negras", manteniéndose los informes que señalan la connivencia entre paramilitares y fuerzas de seguridad. El Departamento de Estado de EE.UU., a pesar de su apoyo incondicional al Presidente colombiano Álvaro Uribe al que pretende exculpar de su responsabilidad, señala en la sección 1, apartado a) de su informe anual fechado el 11 de marzo de 2008 las evidentes conexiones entre los paramilitares y la fuerza pública, así como el mantenimiento de elevados grados de impunidad. El grado de esta vinculación entre los grupos paramilitares y el Estado colombiano lo muestra el escándalo de la parapolítica, reflejado en el Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, de 28 de febrero de 2008: La Corte Suprema de Justicia inició investigaciones por presuntos nexos con grupos paramilitares contra 45 Congresistas de 16 departamentos, de los cuales 18 están en prisión. También se iniciaron investigaciones contra cuatro ex Gobernadores y 18 ex Alcaldes. En noviembre, la Procuraduría destituyó e inhabilitó por 18 años al ex director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), por haber colaborado con grupos paramilitares y por actos de corrupción. Todas estas investigaciones han revelado el alto grado de infiltración paramilitar en el Estado a través de alianzas con políticos y con el sostén de algunas empresas privadas. La Corte Suprema ha dado claras muestras de fortaleza e independencia, lo cual refuerza la posibilidad de continuar revelando otros vínculos de paramilitares con miembros de instituciones públicas y privadas. Las consecuencias de este tipo de vínculos pudieron ser constatadas por la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, de la Organización de los Estados Americanos, en su octavo informe trimestral publicado en febrero de 2008, al identificar 22 nuevas estructuras compuestas por aproximadamente 3.000 integrantes; en el periodo de 12 meses concluido en junio de 2007, al menos 230 homicidios de civiles se atribuyeron a los paramilitares, ya fuera actuando por su cuenta o en connivencia con fuerzas de seguridad. En el mismo informe de la OEA se destaca cómo la impunidad sigue siendo la norma en la mayoría de los casos de abusos contra los derechos humanos. Aunque se

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registraron algunos progresos en varios casos emblemáticos, en otros muchos no hubo avance alguno en la determinación de responsabilidades en la cadena de mando. En el mismo sentido, según el informe 2007 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pese a la desmovilización de las AUC persiste la violencia derivada del conflicto armado. La CIDH continúa recibiendo denuncias que indican que grupos armados al margen de la ley (paramilitares y guerrilla) y miembros de la fuerza pública continúan involucrados en la comisión de crímenes, violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario contra la población civil que se traducen en violaciones del derecho a la vida, la integridad personal y la libertad: El "Observatorio de derechos humanos y del derecho internacional humanitario" de la Vicepresidencia de la República (conforme a su metodología) señala que los primeros nueve meses de 2007 se habrían producido 13.023 homicidios. Asimismo, indica que durante el mismo período se habrían producido 21 casos de masacre con 98 víctimas. Por su parte, el CINEP (siguiendo su propia metodología de compilación y presentación de cifras) indica que en el primer semestre de 2007 se habrían producido 243 ejecuciones extrajudiciales; 231 homicidios intencionales de personas protegidas y 31 desapariciones forzadas. La CIDH estima pertinente citar en su informe a ambas fuentes a pesar de las amplias discrepancias metodológicas entre ellas, a fin de dar cuenta del panorama presentado tanto por fuentes oficiales como de la sociedad civil, como es su práctica consistente. Igualmente, durante 2007 la CIDH constató el alto número de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a miembros de la Fuerza Pública, tal y como ya hemos relatado en este artículo, destacando ahora lo que nos interesa: "los más de 2.500 casos constatados muestran lo que se denomina en Derecho Internacional como ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias, acciones que, aunque se presentan en diferentes modalidades, corresponden a patrones comunes de actuación diseñados y realizados, al menos, por las autoridades civiles del Ministerio de defensa y los funcionarios militares del Ejercito Nacional de Colombia, práctica que se ha mantenido en el tiempo y se ha producido en un gran número de departamentos de Colombia". LA CARPETA DE ÁLVARO URIBE YA EXISTE EN LA CPI Podemos concluir que aun en el improbable supuesto de que Colombia llegue a interponer la denuncia anunciada por Uribe Vélez y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional llegara a admitir la misma para sus estudio, difícilmente puede afirmarse que los crímenes de lesa humanidad o de guerra perpetrados en el conflicto interno colombiano son responsabilidad de las organizaciones insurgentes, y ello a la vista de las innumerables pruebas -asumidas como propias por organismos internacionales multilaterales y de derechos humanos- que ponen de manifiesto que son las autoridades colombianas -en especial en el período 2002 al 2010- las mayores responsables de estos crímenes. No se pierda de vista en el análisis de la realidad colombiana la "hoja de vida" arriba relatada del presidente Uribe y sus más que probables nexos con las mafias del narcotráfico y el paramilitarismo. Por menos, el ex presidente peruano Alberto Fujimori

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fue condenado por un tribunal de su país por delitos de lesa humanidad. Todo indica que la carpeta caratulada con el nombre de Álvaro Uribe ya existe en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, y su grosor es sustancialmente mayor que cualquiera otra relativa a América Latina.

SOTIENE ALIRIO URIBE, DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS

"ÁLVARO URIBE PODRÍA TERMINAR ENJUICIADO INTERNACIONALMENTE COMO FUJIMORI Y PINOCHET"

Bogotá, enero de 2007 Ante el monumento de impunidad que se ha erigido en Colombia con el seudo proceso de desmovilización de los grupos paramilitares, no es nada improbable que en el mediano o largo plazo, el presidente Álvaro Uribe Vélez, decidido impulsor del mismo, pueda ser procesado internacionalmente. Así lo sostiene el abogado constitucionalista y destacado defensor de derechos humanos, Alirio Uribe Muñoz, uno de los voceros del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, al que está vinculado hace 16 años. Al hacer un análisis de las graves incidencias en que se ha visto envuelto dicho proceso que deja muchos interrogantes por resolver, este jurista, catedrático y actual vicepresidente de la Federación Internacional de Ligas de Derechos Humanos (FIDH) con sede en París, en diálogo con www.cronicon.net, señala que lo que se está presenciando ante el estupor tanto de la opinión nacional como internacional "es la paramilitarización del Estado colombiano". Por ello, agrega Uribe Muñoz, es muy probable que en algunos años los altos funcionarios del gobierno de Uribe Vélez que han prohijado todo el conjunto de dislates jurídicos y políticos que se han cometido para cohonestar con la impunidad de los paramilitares, sus promotores y financiadores, terminen siendo judicializados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos o ante la Corte Penal Internacional. LA REINGENIERÍA DEL PARAMILITARISMO EN COLOMBIA - El gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez ha venido señalando que el fenómeno paramilitar ha dejado de existir en Colombia. ¿Usted está de acuerdo con esa aseveración? - No. A través del Colectivo de Abogados nosotros hemos venido diciendo tanto a nivel nacional como internacional que lo que se está haciendo con el denominado proceso de desmovilización paramilitar es una reingeniería, una reestructuración o reorganización de este sistema de grupos de autodefensa que, es bueno recordar, fueron creados mediante un decreto de estado de sitio en el año de 1965. Estos grupos han tenido vínculos con autoridades civiles y autoridades militares y lo pudimos ver en el año 2006 con el entonces director del DAS, Jorge Noguera y con la misma Presidencia de la República prácticamente. Es decir, el paramilitarismo ha sido como una especie de privatización de la guerra sucia en Colombia, a través del cual se tratado de desviar la

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responsabilidad de las graves violaciones de derechos humanos que se han cometido desde el Estado contra los disidentes del statu quo, contra aquellos que se consideraban como enemigos internos, etc. Así se ha refundido la responsabilidad de la guerra sucia en Colombia. Estos grupos se salen de control en algunas zonas del país por todos los intereses privados, políticos, económicos y mafiosos, incluso de transnacionales que están detrás de ellos. En fin, de alguna manera el paramilitarismo ha sido como la voluntad estatal de renunciar al monopolio de las armas y delegar en civiles armas de guerra, permitiendo la creación de ejércitos privados que responden a diferentes lógicas y a diferentes intereses, inicialmente como una estrategia netamente antisubversiva y después como una estrategia más de control social. El proceso que se está llevando a cabo con el gobierno de Uribe no es un proceso de desmonte de los paramilitares, ni de verdad, ni de justicia, ni de reparación, sino que estamos es frente a un mecanismo de limpieza de este fenómeno. - Si el Estado creó los grupos paramilitares. Ahora que se le salieron de control, el mismo Estado quiere desmontarlos. ¿Esa es la lectura que se puede hacer de este controvertido proceso? - Efectivamente, pues hay que recordar que desde el año 1965 hasta 1989 los grupos paramilitares fueron legales. Es más, mediante un decreto del año 1994 se trataron de legalizar estos grupos con las llamadas Cooperativas de Seguridad Privadas, Convivir, que en forma entusiasta impulsó Álvaro Uribe cuando fue gobernador de Antioquia. Este intento de legalización fracasó porque la Corte Constitucional en una demanda que presentamos las declaró ilegales. Cuando Uribe Vélez llega a la Presidencia se genera como un clima de confianza entre estos grupos y el gobierno a raíz de su postura antisubversiva y su discurso antiterrorista en que sustenta la llamada política de Seguridad Democrática. Lo que nosotros hemos podido constatar es que hoy Colombia está viviendo un gran proceso de impunidad para favorecer a los miembros de estos grupos que no se han desmovilizado sino que permanecen en las zonas de su influencia y por eso la gente se mantiene bajo terror, con el agravante de que se apoderaron de amplias regiones del país. Cuando se inició el gobierno de Álvaro Uribe se hablaba de que había 12 mil paramilitares, hoy el Alto Comisionado de Paz afirma que se han desmovilizado más de 30 mil, pero está diciendo 30 mil colectivamente cuando hay 10 mil desmovilizados individualmente. - ¿Cómo se explica ese aumento exponencial de 12 mil a 30 mil hombres del paramilitarismo durante el primer gobierno de Uribe Vélez? - La explicación está en que durante este proceso se ha dado un empoderamiento y fortalecimiento del paramilitarismo y eso incrementó las filas. Pero además, eso tiene otra explicación y es que mucha gente se está comprando un seguro de impunidad. Sabemos que en las cárceles se están vendiendo los cupos por diez millones de pesos para meter en listas de desmovilizados a delincuentes comunes que están pagando prisión con el fin de que aparezcan como miembros de los diferentes bloques. NARCOTRÁFICO DISFRAZADO DE PARAMILITARISMO

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- Alfredo Molano hace cuatro años en una conferencia en la Universidad Nacional hablaba ya de que potentados narcotraficantes estaban negociando desde entonces la adquisición de bloques enteros de paramilitares para beneficiarse de la mal llamada Ley de Justicia y Paz que en esa época apenas estaba en ciernes. ¿Ustedes en el Colectivo de Abogados han tenido conocimiento de este fenómeno? - Sí, claro, y de hecho ha sido así todo este proceso. Si se recuerda, la mayoría de los comandantes de casi toda la cúpula paramilitar estaba con solicitudes de extradición por parte de Estados Unidos, sindicados por narcotráfico. El negocio de ellos ha sido volverse teóricamente delincuentes políticos y por eso la ley se hizo con la finalidad de que los que no tuvieran como única sindicación el narcotráfico pudieran acogerse a los beneficios, y al ser condenados en Colombia así sea con juicios aparentes y demás, quedar a salvo de la extradición. - ¿Pero eso no es un exabrupto jurídico y político? - Ah claro, no queda ninguna duda, pero a eso están jugando y cuando hemos hablado con el embajador de los Estados Unidos en Colombia sobre ese tema, su posición es que el gobierno de Washington no quiere que la gente se siga echando tiros en este país suramericano. Entonces la reflexión que se hacen los norteamericanos es para qué queremos en una cárcel a Salvatore Mancuso en Estados Unidos si este jefe paramilitar tiene la capacidad de desmovilizar tres mil hombres. Esa es la lógica que manejan ellos, pero conocemos que en Washington existe una tensión entre lo que quiere el Departamento de Estado y lo que quieren otros organismos como la DEA. Unos son proclives a que sean extraditados y otros que prefieren que se deje las cosas como se vienen haciendo en Colombia. Es decir, en Estados Unidos tampoco hay una política homogénea respecto del tema de los paramilitares. - Con todo lo que ha salido a flote respecto de las relaciones paramilitares y políticos, ¿usted considera que se va a terminar contando todo sobre el fenómeno de las autodefensas que ha sumido a Colombia en una compleja crisis institucional? - Bueno, contar todo es contar quiénes los financiaron, quiénes los patrocinaron, quiénes han sido los señores de la guerra en este país, cómo ha funcionado todo el tema del narcotráfico, cómo han funcionado los enlaces que tenía cada bloque paramilitar con la Fuerza Pública para no cruzarse en los operativos. Entonces decir toda esa verdad es muy duro y decir que en Colombia hay más de siete millones de hectáreas expropiadas a la fuerza que no van a devolverlas ni nunca las van a devolver, lo cual ha generado un desplazamiento de tres millones y medio de personas, es muy difícil. El proceso no está hecho para que haya verdad. PARAMILITARES APOSTARON POR LA REELECIÓN DE URIBE - ¿Entonces este es un proceso de vergüenza y mentira?

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- Para todo el mundo y para la comunidad internacional. Según el Comisionado de Paz solo 2200 paramilitares de los 30 mil desmovilizados se han acogido a la Ley de Justicia y Paz, entonces los otros 28 mil 800 ya tienen auto inhibitorio, preclusión de investigación, cesación de procedimiento e indulto por la Ley 782 de 2002 y el Decreto 128 de enero de 2003, es decir que más del 98% ya están en la impunidad. Los 2200 que según el gobierno se van acoger a la Ley de Justicia y Paz recibirán sentencias a partir de la aceptación de cargos cuyas penas oscilarán entre cinco y ocho años de condena. Estas personas no van a ir a cáceles sino que se las recluirá en una especie de casas fiscales, a unas colonias agrícolas o a las fincas que ellos tienen. Pero además les van a rebajar 18 meses por haber estado en sitios de concentración como Ralito. Si uno resta todo eso quiere decir que no van a estar en la cárcel. Es un proceso de impunidad absoluta, total, en el que no va a haber ni justicia, ni verdad y menos reparación. Además y para obtener en el futuro más beneficios o para que se consolide esta impunidad, los paramilitares anunciaron el control del Congreso y por eso apostaron públicamente a la reelección presidencial de Álvaro Uribe. En definitiva, lo que estamos presenciando es la paramilitarización del Estado colombiano. - El gobierno de Uribe sostiene que lo que ha habido es un proceso de negociación con los paramilitares. ¿Qué es lo que han negociado sustancialmente? - No, en este proceso no ha habido ninguna negociación política, ellos no han tenido que negociar nada, simplemente lo que se ha hecho es un proceso de autoperdón, garantizando que no habrá verdad, ni justicia. ¿Y porqué de autoperdón?, simplemente porque quienes sacaron la mal llamada Ley de Justicia y Paz y están agenciando el proceso son muchos de los determinadores del paramilitarismo que han sido al mismo tiempo los beneficiarios de la guerra sucia. - ¿Este proceso de vergüenza y de impunidad con los paramilitares puede ir en un momento determinado a la Corte Penal Internacional? - Es obvio que cuando los mecanismos nacionales o el Estado no quiere investigar y cuando se genera un proceso de impunidad de las magnitudes como el que se presenta en Colombia, las organizaciones sociales, los movimientos de derechos humanos, las víctimas, los familiares de las víctimas, van a acudir cada vez más al escenario internacional. De hecho ya en el 2005 nosotros obtuvimos una sentencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto del caso de Mapiripán, en la que se expresa claramente que no se debe aplicar la Ley de Justicia y Paz a los que intervinieron en esa masacre y ahí está implicado Mancuso. Vamos a ver si el Estado colombiano acata o no esa sentencia. En el Sistema Interamericano se van a seguir produciendo pronunciamientos en torno a este proceso. En cuanto a la Corte Penal Internacional tengo conocimiento que ya está estudiando el caso de Colombia, pero aún no ha abierto la investigación porque la competencia la tienen el fiscal, los Estados partes o el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero ha recibido muchísima información por diferentes vías. Hoy existe un contexto internacional que no permite que la impunidad pase como ocurrió en la década de los 70 con las dictaduras en los países suramericanos. Esto en relación con Colombia quiere decir que si el gobierno de

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Uribe tiene rabo de paja en este proceso de impunidad con los paramilitares puede terminar como Fujimori o Pinochet, enjuiciado internacionalmente. Hay que resaltar que la Corte Penal Internacional no está hecha para procesar sicarios, por eso no reconoce inmunidades a presidentes ni a generales, ni a parlamentarios, porque lo que busca es procesar a personas que tengan los más altos niveles de responsabilidad. Y las responsabilidades no son simplemente por acción sino también por omisión y hay omisiones que son necesarias para la comisión de los crímenes que son casi responsabilidades activas. En lo que atañe al presidente Uribe hay que decir que él no ha sido cuidadoso con este proceso, como por ejemplo, quiso tapar por dos años las infracciones al cese de hostilidades cuando las hubo todo el tiempo, hasta tal punto que el mismo Comisionado debió reconocer que se habían presentado 500 muertos durante el proceso de desmovilización paramilitar. - ¿Y según su criterio, Uribe y funcionarios de su gobierno podrían terminar enjuiciados internacionalmente? - Habrá que esperar. Se abren muchos interrogantes en torno a lo que vaya a pasar con Jorge Noguera, pues su caso es muy grave porque él fue nombrado en el DAS por Uribe y ahí estamos viendo todo lo que ha salido al interior de esta institución que es la policía secreta y de inteligencia de la Presidencia de la República. Vimos como salió Noguera y como fue destituido el subdirector del DAS y entre ellos mismos denunciándose. Es decir, el proceso es completamente sucio y estamos hablando de un paramilitarismo que según el Alto Comisionado se acabó y los ex funcionarios del DAS están diciendo que no, que esta entidad respondía a una estructura paramilitar, hasta el punto que el propio presidente Uribe llegó a plantear la necesidad de desmontar el DAS, entonces la crisis salta y salta entre ellos mismos. La crisis institucional es muy profunda. EN COLOMBIA SURGIÓ UNA CLASE POLÍTICA NEO MAFIOSA - ¿Usted coincide con analistas como Alfredo Molano y Ramiro Bejarano, así como con voceros del Polo Democrático Alternativo y del Partido Liberal que han señalado que Colombia está incursa en un estado mafioso? - Yo lo que creo es que hay unas nuevas clases políticas neo mafiosas, neo paramilitares que están desplazando a las clases políticas tradicionales que no tienen vínculos con narcoparamilitares y si ese poder económico se va traduciendo en poder político, Colombia terminará gobernada por lo peor de lo peor. - ¿En su opinión qué significa políticamente Álvaro Uribe Vélez para Colombia? - Creo que es un retroceso en la posibilidad de construcción democrática en la medida en que lo que hace Álvaro Uribe es hacernos perder varios años a los colombianos en la posibilidad de alcanzar la paz en este país, de hacer una negociación política real con la insurgencia, en poder tener realmente una política de derechos humanos. Uribe facilita una intervención extranjera directa de los Estados Unidos, inscribe su política en la lucha antiterrorista a los esquemas de Washington, creo que representa lo más

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grueso de la derechización del país: la intolerancia, la exclusión; el gobernar para los ricos y los sectores poderosos, el darle seguridad a sectores de poder trasnacional; es populismo, es la crisis de los partidos tradicionales y representa, en síntesis, los intereses de esa neo burguesía mafiosa paramilitar.

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XI. VOCES

URIBE FUE DENUNCIADO ANTE LA JUSTICIA DE EE.UU. POR ESTUDIANTES DE GEORGETOWN

Agencia EFE | Elespectador.com, noviembre 1 de 2010 Según los universitarios, durante los ocho años del Gobierno de Álvaro Uribe "se cometieron miles de asesinatos extrajudiciales a manos de paramilitares". Un grupo de estudiantes de la Universidad de Georgetown dijo que ha "alertado" al Departamento de Justicia de EE.UU. sobre las violaciones de derechos humanos del ex presidente colombiano Álvaro Uribe, que esta semana regresa a dar charlas a esa universidad. Según la "Coalición Adiós Uribe", durante los ocho años de Gobierno de Uribe (2002-2010) salieron a la luz "miles de casos documentados" de asesinatos extrajudiciales a manos de fuerzas militares y paramilitares. Además, Uribe "ha sido vinculado con escuchas electrónicas ilegales, narcotráfico y amenazas de muerte y ataques contra sus opositores políticos", argumentó el grupo en un comunicado. Los estudiantes decidieron presentar sus denuncias al enterarse de que una división del Departamento de Justicia estaba solicitando información sobre violadores de los derechos humanos que hayan ingresado a Estados Unidos. "Uribe debe ser llevado ante la Justicia... en vez de que se le dé una plataforma para promover una versión distorsionada" de su presidencia, dijo Charity Ryerson, estudiante de Derecho de la Universidad de Georgetown. "Las víctimas de sus políticas merecen algo mejor", agregó Ryerson. En su contacto con el Departamento de Justicia, el grupo dijo que destacó varias de las violaciones de derechos humanos que ocurrieron durante el mandato de Uribe, incluyendo los "falsos positivos", en los que se hacían pasar por guerrilleros de las Farc a civiles muertos en el conflicto. También mencionaron la "Operación Genésis", que produjo el desplazamiento de miles de afrocolombianos y la "usurpación de sus tierras", dijo el comunicado. La coalición tiene previsto instalar mesas de información en el recinto universitario este miércoles para "educar a la comunidad" sobre las "atrocidades de Uribe" en Colombia. El encuentro contará con la participación de abogados, estudiantes, profesores y activistas colombianos.

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A finales de septiembre pasado, un grupo de unos 80 profesores de prestigiosas universidades de EE.UU. reclamó a la Universidad de Georgetown que retire a Uribe su cargo de "académico distinguido" por considerarlo "una afrenta a los académicos y a su misión educativa" en la institución. El grupo envió una carta al rector de la universidad, John J. DeGioia, en la que destacaron los problemas registrados en el área de derechos humanos durante el mandato de Uribe. Los académicos salieron así a respaldar una carta abierta emitida a principios de septiembre por el jesuita colombiano Javier Giraldo, investigador y activista de derechos humanos, para protestar porque Uribe esté dando clases en Georgetown, una universidad católica regida por la Compañía de Jesús. El ex mandatario colombiano presentó su primera conferencia en esa universidad el pasado 9 de septiembre, y regresa este lunes al recinto académico para una estancia hasta el próximo día 12.

¡ÁLVARO URIBE VÉLEZ, PERSONA NON GRATA!

¡Que sea puesto a disposición de la Corte Penal Internacional! Octubre de 2010 Los abajo firmantes, en solidaridad con miles de víctimas de la violencia política en Colombia, expresando nuestra indignación por la sistemática ejecución de violaciones a los Derechos Humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos desde las más altas posiciones del Estado colombiano, repudiando además de la impunidad institucional, el apoyo directo y la complicidad que otros poderes y gobiernos han brindado a Álvaro Uribe Vélez, quien fue presidente de ese país de 2002 a 2010, para protegerle del alcance judicial internacional por dichos crímenes, manifestamos que: 1. Ante su anunciada presencia en España para la entrega del galardón "La Puerta del Recuerdo" que concede la Fundación Universitaria San Pablo CEU el 27 de octubre de 2010 en el Casino de Madrid, LE DECLARAMOS PERSONA NON GRATA En consecuencia estamos claramente en contra de que se le invite y se le reciba, exigiendo a su vez al Gobierno español que establezca este mismo tratamiento. 2. Nos basamos en los probados vínculos de Uribe Vélez con bandas de paramilitares y de narcotraficantes, como en su historial que le compromete a lo largo de su carrera política en la realización de numerosas estrategias y campañas de guerra sucia contra

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organizaciones sociales, máximo responsable político y operativo de asesinatos políticos, detenciones-desapariciones, genocidio, masacres, desplazamiento forzado y torturas, cometidas por las fuerzas militares, en hechos que han dejado sembrada a Colombia de grandes sufrimientos e injusticias, reconocidas por diferentes órganos e informes de la ONU y prestigiosos organismos internacionales de derechos humanos. 3. Por todo ello, nos sentimos obligados/as moralmente a no mirar más para otro lado; a desplegar los medios legítimos de los que disponemos para rechazar esa visita en España y hacer nuestra la exigencia que múltiples organizaciones colombianas e internacionales han promovido: HACER QUE ÁLVARO URIBE VÉLEZ RESPONDA ANTE LACORTE PENAL INTERNACIONAL U OTROS TRIBUNALES O AUDIENCIAS, POR TODOS LOS CRÍMENES CONTRA LA HUMANIDAD QUE HACOMETIDO O CONSENTIDO. Acudiremos a instancias judiciales y políticas, basados en el derecho internacional y en la ética que sustentan los principios de verdad, justicia y reparación de las víctimas del genocidio. ¡Álvaro Uribe Vélez, persona non grata! ¡Que sea puesto a disposición de la Corte Penal Internacional! Primeros firmantes: “Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz 1980 y Presidente honorario, Servicio Paz y Justicia en América Latina “Beverly Keene, coordinadora Jubileo Sur “Javier Corcuera, Director de cine “Guillermo Toledo Monsalve, Actor “Nuria del Viso, Investigadora y coordinadora del área de Paz y Seguridad - Centro de Investigación para la Paz (CIP-Ecosocial) “Itziar Ruíz-Giménez Arrieta, Profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid “Jorge Riechmann, Profesor titular de Filosofía Moral de la UAM “Enrique Santiago, abogado experto en Derecho Internacional “Miguel Romero, Editor de la revista Viento Sur “Ramón Fernández Durán, escritor-investigador "Jaime Pastor, Profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) "Jerónimo Aguado, presidente de Plataforma Rural "Andrea Benites-Dumont, editora de la revista "Codo a Codo" "José Goyes, representante internacional de la MINGA Social y dirigente del CRIC, Colombia "Paul Nicholson, dirigente campesino de EHNE-COAG y de la Coordinadora Europea Via Campesina

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"Rocío Blanco Castro, Concejala y Portavoz del Grupo Municipal IUVerdes - Ayuntamiento Palencia “David Bondia García, Profesor titular de Derecho Internacional Público, Universidad de Barcelona "Roberto Colunga, Diputado del Bloque por Asturies en la Xunta Xeneral d´Asturies "Decio Machado, Analista político, consultor internacional y periodista del periódico Diagonal, Ecuador "José Manuel Martín Medem, periodista “Vicent Maurí, Secretariado de la Confederación Intersindical “Javier Orozco Peñaranda, Colectivo de Colombianos/as Refugiados en Asturias “Luciano Romero Molina" “Rafael Palacios, Portavoz Bloque por Asturies "Álvaro Perdomo Díaz, Director Diario Colombia y el Mundo Hoy “M. Carmen Reboreda Jiménez, Presidenta de la Associació Catalana de Brigadistes a Nicaragua "Gerardo Pisarello, Profesor Titular de Derecho Constitucional - Universidad de Barcelona “Reboreda Jménez, M. Carmen, Presidenta de la Associació Catalana de Brigadistes a Nicaragua Barcelona. Organizaciones firmantes: A Cova da Terra (Lugo) ACAT Catalunya/España (Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura) ACSUR-Las Segovias Asamblea contra la Globalización capitalista y la Guerra ASOC-Katío Asociación cultural y social "Puentes no Muros" Asociación Iberoamericana pro Derechos Humanos (Castilla-La Mancha) Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Mérida y Comarca Asociación Pro Derechos Humanos de España Associación Catalana de Brigadistes a Nicaragua Ateneu Republicà de Gràcia (Barcelona) Ateneo Popular de Solidaridad entre los Pueblos ATTAC España Bloque por Asturias Campaña ¿Quién debe a Quién? está formada por las siguientes organizaciones: ACSUR-Las Segovias / Agermanament Sense Fronteres / Àgora Nord - Sud / Alternativa Universitaria de Valladolid / Amarante-SetemGalicia / Amigos de la Tierra - España / ARA - l'Assemblea Revolucionàriad'Artés / Asociación de Estudiantes de

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Medicina para la Cooperación y elDesarrollo (IFMSA-Spain) / Associació Castellví Solidari / Associació de Cooperació per la Pau / Associació per el Desenvolupapmnet i la Integració Beni Snasen de Catalunya -ADIB- / ATTAC- Catalunya / ATTAC-Madrid / BALADRE - Coordinación estatal de luchas contra el paro, la pobreza y la exclusión social / Comité de Suport al MST de Barcelona / Confederación General del Trabajo (CGT) / Consell de la Joventut de Barcelona / Coordinadora d'ONGs de Tarragona / Coordinadora ONGD de Asturias / Coordinadora Un Altre Món És Possible de Sabadell / Cristianos de Base de Madrid / Derechos para Tod@s / Dones x Dones / Ecologistas en Acción / EdPAC (Educació per a l'Acció Crítica) / Educació Sense Fronteres / Enginyeria sense Fronteres / Entrepobles-Entrepueblos-Entrepobos / Espacio Alternativo / Espacio Horizontal contra la Guerra / Federació catalana de ONG pel Desenvolupament (FCONGD) / Federación SETEM / Foro Social de Tomelloso / IEPALA (Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África) / Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) / Justícia i Pau / Mans Unides (Barcelona) / Minyons Escoltes Guies Sant Jordi de Catalunya / Mon3 / Observatori del Deute en la Globalització / Observatori de Drets Humans- DESC / Observatorio de Multinacionales en América Latina - Paz con Dignidad / OCSI (Organización de Cooperación y Solidaridad Internacional) / ONU Veto NO / Paz Ahora / Plataforma 0,7 Estatal / Proyecto Cultura y Solidaridad / Red África-Europa, Fe y Justicia / Red Ciudadana Por la Abolición de la Deuda Externa (RCADE/XCADE) / Rubi Solidari / SED (Solidaritat, Educació, Desenvolupament) / Servei Civil INTERNACIONAL - Catalunya / SETEMCatalunya / Sitges Solidari / Verdegaia / Veterinarios Sin Fronteras] Campaña de apoyo a los juicios contra los genocidas en Argentina Casapueblos CEAR-Euskadi Centro de Iniciativas para la Cooperación Batá (CIC-Batá, Córdoba) Centro Internacional para la promoción e investigación de los Derechos Humanos (Cinproindh) Colectivo 26 de Julio Colectivo BACHUE (Euskadi) Colectivo de Colombianos Refugiados en España-COLREFE Colectivo de Colombianos/as Refugiados en Asturias "Luciano Romero Molina" Colectivo de Solidaridad por la Justicia y Dignidad de los Pueblos (COLICHE-La Rioja) Colectivo Irradia Colectivos de Jóvenes Comunistas de Madrid Col·lectiu Maloka (Barcelona) Col·lectiu Republicà del Baix Llobregat (Barcelona) Comité de Defensa de los Derechos Humanos en Colombia (COMADEHCO) Comité de Solidaridá con América Llatina de Asturies (COSAL) Comité de Solidaridad Internacional (Zaragoza) Comité Oscar Romero (Cartagena)

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Comunidad de Santo Tomás de Aquino Coordinación Valenciana de Solidaridad con Colombia (ASPAZ, CEAR, CEDSALA, CEPS, Colectivo Sur Cacarica, Entreiguales) Coordinadora Estatal de Solidaridad con Cuba Ecologistas en Acción Entrepueblos Federación de Comités de Solidaridad con África Negra-UMOYA Federacion Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados en España (FERINE) Fundación Pueblo Indio del Ecuador Fundación Hijos del Maíz Iglesia de Base de Madrid Iniciativas de Cooperación Internacional para el Desarrollo (ICID) Izquierda Anticapitalista Izquierda Unida Komite Internazionalistak (País Vasco) MINKA-Centro de Promoción y Solidaridad Mirada Solidaria Movimiento de Víctimas de Crímenes del Estado Colombiano - MOVICE (Comité de Impulso en España) ONG XXI Solidario Paz Ahora Plataforma Asturiana por la Paz en Colombia (PLASPAZ) Plataforma Bolivariana de Madrid Plataforma de Solidaridad con Colombia Plataforma Justicia por Colombia (CEAR, Comité Oscar Romero Madrid, IEPALA, Mundubat, OSPAAAL, Paz con Dignidad, Fundación Madrid Paz y Solidaridad), Plataforma Rural [ACSUR las Segovias, Amigos de la Tierra, Cáritas Española, Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional (CERAI), Centro de Iniciativas para la Cooperación Bata (CIC BATA), Centro de Investigación y Formación en Actividades Económicas Sostenibles (CIFAES), Colectivo Tierra de Campos, Colectivos de Acción Solidaria (CAS), Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), Coordinadora de Agricultores y Ganaderos (COAG), Ecologistas en Acción, Entrepueblos, Fundación Emaus, Movimiento deJóvenes Rurales Cristianos (MJRC), Movimiento Rural Cristiano (MRC), MUNDUBAT, Red África Europa, Red de Semillas "Resembrando e Intercambiando", Sindicato Obrero del Campo de Andalucía (SOC), Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE), SODEPAZ, Universidad Rural "Paulo Freire" (U.R.P.F.), Veterinarios sin Fronteras (VsF), Xarxa de Consum Solidari] Red Canaria por los Derechos Humanos en Colombia Red Capicua Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia

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Resistencia Antifascista de Cataluña Secretaría Estatal de los Comités Óscar Romero Socialismo 21 Sodepau País Valencia Sodepaz-Balamil (Valladolid) Soldepaz Pachakuti (Asturias) Teatro Vuelvo al Sur Unión de Juventudes Comunistas de España (UJCE) Adhesiones de organizaciones de otros países: " Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos-AMAP (México) " ARLAC (Bélgica) " Asociación Francia América Latina-FAL (Francia) " Asociación Francia América Latina Lyón-AFAL (Francia) " Asociación Internacional por la Paz en Colombia y el Mundo (AIPAZCOMUN, Suiza) " ASOLATINO (Berna-Suiza) " Asociacion Violeta Parra (Chile) " Breites Bündnis für Kolumbien (Alemania) " Comité Cívico por los Derechos Humanos del Meta (Colombia) " Comité Carlos Fonseca (Italia) " Comunidad Española en la Ciudad de Montevideo (Uruguay) " Comite Obispo Oscar Romero (Chile) " Corporación de Estudios Socviopolíticos y Culturales Colombia Plural " Coordinadora Mexicana de Solidaridad con Honduras (México) " Coordinadora Mexicana de Solidaridad con Venezuela Grupo Tacuba (México) " Coordinadora Popular de Derechos Humanos de Panamá (COPODEHUPA, Panamá) " Corporación REINICIAR (Colombia) " Ecuador Decide (Ecuador) " H.I.J.O.S. Guatemala (Guatemala) " Hijos e Hijas por la Memoria y contra la impunidad (H.I.J.O.S.-México) " Movimiento Continental Bolivariano (América Latina) “Movimiento de Solidaridad Nuestra América (México) " Partito della Rifondiazione Comunista - Sinistra Europea (Italia) " Salva la Selva - Rettet den Regenwald (Alemania) " SERVICIO PAZ Y JUSTICIA EN AMERICA LATINA - SERPAJ - AL. " Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los pueblos de América Latina SICSAL " Tribunal Internacional de Opinión sobre el Sur de Bolívar (Francia) Firmas personales: Aguayo Casado, Ángeles Angulo Talavera, Luis Javier (Perú) Aragües, Rafael Arnau Puigvert, Maria Antònia (Barcelona) Arnaiz Varela, Iñaki (Profesor de Educación Física)

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Arrobo Rodas, Nelly (Educadora popular, Ecuador) Asladines, Michelle (Ergonomista franco-argentina) Baena Altisent, Pilar Barea Díaz, Pedro Beltrán de Guevara, Sonia Biffi, Natalia (Comunicadora e investigadora social) Bilbao Munitiz, Josu Boix Lladó, Anna (Gironella, Barcelona) Cabrera Suárez, Rodrigo Calandra, Mariana (Argentina) Camacho, Lidia (Suecia) Cano, Alejandro Carballo Ceballos, José David Carballo, Domingo (Pontevedra, España) Casanueva, Carlos Castillo, Evelyn (El Salvador) Castro García, Silvia Juliana (estudiante de bachillerato, Lyon - Francia) Cavanna, Gloria (Farmacéutica) Chaves Hernández, Gilberto Chaves, Emilio José Investigador independiente en temas de economía y estadística Colombia Contreras Calzada, Inmaculada de Sena García-Castrillón, Concepción Responsable de Cursos y Proyectos Internacionales. Escuela Sindical de CC.OO. Duque Alzate, Carlos Hugo Encuentra, Josep Maria (ANIM) Espitia Beltran, Ingrid Adriana Fernández Fernández, Basilisa Fernández Linares, Agustín Fernández, Ana García Nemocon, Mª Eugenia (Ingeniera de caminos) García, Juan José (Asesor de Medio Ambiente dela Comunidad de Madrid) García Rivera, Diana Maritza (Comunicadora social y defensora de derechos humanos) Gomes de Souza, Adriana María (Psicóloga) González Amaya, Paola (Plataforma de Solidaridad con Colombia) González Calle, María Graf, François (Fotógrafo, Suiza) Grande Lorenzo, María Beatriz (Administrativa, Madrid) Guevara Castro, Manuel Gutiérrez Porset, Jose Daniel (Responsable de proyectos de la Oficina de Software libre del Gobierno Vasco) Guzmán Castillo, Gustavo (Educador Social) Herrera, Alexander (Presidente Asociación Francia América Latina - Lyón) Hernández Abad, Sandra Hidalgo Rodríguez, Concha. (Abogada España) Jaramillo, Claudita Jefriess, Timoteo

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Jiimeno, Gladys Jiménez Coronado, Juan Jimeno, Gladys Jordá Moscardó, Enric Latorre, Lourdes López López, Pedro Profesor de la Universidad Complutense. Activista Derechos Humanos. Madrid López-Baissón, Juan Ramón López, Mª Carmen López, Pedro Lora, David Maldonado Bravo, Rene Martín, Tito (Red Canaria por los DD.HH. en Colombia) Martínez García, Maria Belvis Martínez de la Vega, Álvaro Martínez Redondo, Jose Luis Martínez, Antonio (Comunidades eclesiales de base de Esmeraldas) Martínez, Jaime Matamala Oporto, Lola (Madrid) Mejía, Pepe (Periodista) Mier, Atria Molano, Oscar Molí, Francisco Morales, Piedad (Poeta) Muquitay, Carlos Pérez de los Cobos Suárez, María (Psicóloga, Islas Canarias) Perla Campos, Claudia (El Salvador) Planas, Jordi Posada Bastón, Claudio (Uruguay) Ponds, Carlos (Secretario Comunidad Española en la Ciudad de Montevideo) Posada Bastón, Claudio (Uruguay) Puga Renne, María Soledad Quiroga Carrillo, Jahel Ramos Miguel, Marta Redondo Sánchez, Andres (Médico Oncólogo) Riera Isern, Francesc (Hortelano y Ecologista) Riera, Milagros Rojas Carvajal, Alpher Rodríguez, Tania (Bióloga) Romero Encinas, Agustín Rovetta, Fernando (Presidente de AIAHH-CLM) Salazar Chaves, Consuelo A. (Periodista-educadora social, Illescas) Sanabria Velásquez, María Concepción (El Salvador) Sanabria, Conchi Sanabria, Paula Sánchez Estop (Traductor, Bruselas)

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Sánchez Gil, Libertad Sanjur, Conrado (Panamá) Santodomingo Guarín, Olger Sarabia, Ana Sepúlveda Giraldo, Claudia Alejandra Silgo, Mª Antonia Toledo Daudén, Laura (Periodista) Torres Hernández, Vicente Antonio Tostado Sánchez, Pedro (Sociólogo) Tostado, Beatriz Vega Domingo, Luis Urruzola, Mª Angeles Verdú Vila, Sara Villagrá Rubio, Ángel Villarroya i Navarro, Josep (Professor d'Educació Secundària

CARTA ABIERTA A LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO CEU Sr. Alfredo Dagnino Guerra Presidente Ejecutivo de la Fundación Universitaria San Pablo CEU Somos el Movimiento de víctimas de crímenes del estado colombiano, capítulo estado español. MOVICE, y ahora "agraviados/as" por vosotros la Fundación Universitaria San Pablo CEU. "La Fundación Universitaria San Pablo CEU nace con la intención de contribuir a la mejora de la sociedad a través de la formación impartida en sus centros docentes, ofreciendo un modelo educativo de acuerdo con la concepción integral de la persona, y a la vez actuando en la vida pública a favor de la justicia y en defensa del ser humano. (El Subrayado es de MOVICE). Así reza en vuestra misión fundacional. Pero, la realidad es otra" El manto manchado de sangre perpetuará la impunidad y cubrirá la mesa del premio "La Puerta del Recuerdo" que concede la Fundación Universitaria San Pablo CEU el 27 de octubre de 2010 en el Casino de Madrid al Ex presidente de Colombia el Sr. Álvaro Uribe Vélez, para protegerle del alcance judicial en Colombia y a nivel internacional. Es de recordar a la Fundación Universitaria San Pablo CEU. que nosotros exiliados y exiliadas en el Estado español hemos implicado, judicial, política, y públicamente al señor Álvaro Uribe Vélez en Crímenes contra la humanidad y somos víctimas por acción y omisión de su ejercicio presidencial. Es de recordar a la Fundación Universitaria San Pablo CEU algunos datos relacionados con este ejercicio presidencial claves en el dudoso galardón de su premiado, pues en el uso de la violencia política bajo el amparo de la Política de Seguridad Democrática se

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puso en entredicho la vida y la libertad ante la humanidad de miles de personas y familias que hoy son víctimas de su política gubernamental. Así le recordamos a la Fundación Universitaria San Pablo CEU que el conflicto colombiano que dura más de 60 años ha deteriorado el ejercicio de los derechos humanos en Colombia y que teniendo en cuenta los datos allegados por organizaciones de derechos humanos de nuestro Movimiento les podemos contar con mucho dolor que hasta el 7 de agosto de 2010 cuando termina el ejercicio del galardonado, y que en 8 años de su presidencia, fueron detenidas desaparecidas 18.875 personas,(siendo el 71.26% de los casos que se han denunciado en Colombia desde 1948 son), se registraron 21.001 homicidios de carácter político (siendo el 48% de los casos, desde 1948 son 43752), son 704 casos de homicidio a sindicalistas durante su gobierno (o sea el 25,08% de los casos registrados durante su gobierno, desde 1986 en total son 2798 casos, siendo Colombia el país que registra el 58% de los homicidios de sindicalistas a nivel mundial desde 1948). Y sin hablar de otros temas igual o más de dolorosos, robo de más de nueve millones de hectáreas de tierras, hurto de muebles valorados aproximadamente en 83000 millones de Euros, semovientes, cobro de seguros de asesinados imposibles de calcular, indescriptibles masacres, torturas, falsos positivos, secuestros, lesiones personales, el feminicidio político, homicidios de activistas, líderes sociales, campesinos, indígenas, etc. Persecución a la oposición política y el Genocidio contra la Unión Patriótica Fuerza de Izquierda. Etc. Es de recordar a la Fundación Universitaria San Pablo CEU que tanto así El Gobierno del Ex presidente de Colombia y las fuerzas de seguridad son responsables de abusos contra los derechos humanos y de violaciones del derecho internacional humanitario generalizado y sistemático. El otrora conocido grupo terrorista Autodefensas Unidas de Colombia A.U.C. sigue delinquiendo con otros nombres (Rastrojos, Águilas Negras, etc.) Los grupos paramilitares siguen actuando, a veces con el apoyo militar, financiero, logístico, o la connivencia de las fuerzas de seguridad, pese a las declaraciones en sentido contrario del ex gobernante premiado por ustedes. Es de recordar a la Fundación Universitaria San Pablo CEU y no se puede ignorar que actualmente existen más de 245 procesos judiciales en contra del ex presidente Uribe Vélez relacionados con graves violaciones a los derechos humanos, con un rasgo común en la gran parte de los casos se trata de delitos de lesa humanidad, dichos casos van desde promoción, protección y amparo a grupos armados, concierto para delinquir, omisión en el ejercicio de sus facultades. Solo recordar dos casos el primero que el grupo armado Autodefensas Unidas de Colombia A.U.C, declarado grupo terrorista a nivel internacional, el cual a su vez aparece en la lista de grupos terroristas en la Unión Europea, está íntimamente relacionado en la mayoría de las investigaciones judiciales del Ex presidente de Colombia, por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas. El segundo es la Macro investigación contra el DAS organismo de inteligencia de Colombia implicado en el homicidio de más de 150 personas protegidas, casos hasta ahora conocidos

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(Sindicalistas, defensores de derechos humanos, activistas sociales, etc.), todas las declaraciones judiciales de ex funcionarios de esta institución lo señalan directamente como el responsable de esta penuria. Nuestra memoria nos lleva a incontables decenas de decenas de denuncias en todo el territorio colombiano que lo relacionan con el narcotráfico, el paramilitarismo, la creación de las Convivir (Grupos de seguridad privada extra legales), en la realización de campañas de exterminio contra organizaciones sociales, presunto responsable político y operativo de asesinatos políticos, ejecuciones extrajudiciales, detenciones-desapariciones, genocidio, masacres, desplazamiento forzado y torturas, cometidas por las fuerzas militares, hechos reconocidas por diferentes órganos e informes de la ONU y prestigiosos organismos internacionales de justicia y derechos humanos. Es por todo esto que consideramos que si todos estos hechos van a ser premiados sentimos agredida nuestra dignidad. Y en tanto: Exigimos que La Fundación San Pablo CEU retire el premio al SR. Álvaro Uribe Vélez Ex presidente de Colombia y nos mostramos claramente en contra de que se le invite y se le reciba, exigiendo a su vez al Gobierno español que establezca este mismo tratamiento. De ser galardonado el Ex presidente de Colombia, denunciaremos ante la sociedad española, asociaciones de víctimas en España, dicha complicidad y amparo al terrorismo internacional. Nosotros familias, hombres y mujeres de todas las edades del Movimiento de Víctimas de crímenes del estado colombiano, capítulo estado español, MOVICE, afectados por el Sr. Álvaro Uribe Vélez emplazamos a la Fundación San Pablo CEU a que cumpla su misión de Fundación y promover a favor de las víctimas de los delitos de lesa humanidad y de terrorismo, denunciarle y llevarle ante los tribunales de justicia para que sus delitos por acción o por omisión no queden en la impunidad, acompañarnos en la defensa de nuestros derechos de reparación y en la recuperación de la verdad que nos asiste. Esperamos de vuestra Fundación una respuesta, un trato de respeto a nuestra carta abierta, pero cerrada a premiar a un presunto terrorista, el Sr. Álvaro Uribe Vélez Ex presidente de la República de Colombia. Movimiento de víctimas de crímenes del estado colombiano, capítulo estado español. MOVICE Octubre 24 de 2010

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NOAM CHOMSKY Y 80 PROFESORES NORTEAMERICANOS PIDEN RETIRAR A URIBE COMO CONFERENCISTA EN GEORGETOWN

Unos 80 profesores de Estados Unidos, encabezados por el connotado lingüista y analista político internacional Noam Chomsky enviaron una categórica carta a la Universidad de Georgetown en la que piden retirar el cargo de "académico distinguido" al ex presidente colombiano Álvaro Uribe, para que no pueda dar clases en esa prestigioso centro académico por considerar que constituye una "afrenta" a la educación. Los académicos consideran inaceptable que Uribe forme parte de una de las universidades más importantes del mundo, por haber sido un presidente duramente criticado por las violaciones a los Derechos Humanos que se denunciaron durante su Gobierno (2002-2010). En la misiva, dirigida al rector de la universidad, John J. Degioia, los profesores recuerdan hechos trascendentales como las ejecuciones extrajudiciales de civiles colombianos, que fueron contados como guerrilleros abatidos en combate con el Ejército. "Su nombramiento es una afrenta a los profesores y su misión educativa", señalan los firmantes en la carta divulgada por algunos medios estadounidenses. Entre los firmantes se encuentran además Chomsky, del Massachusetts Institute of Technology (MIT), la antropóloga Deborah Poole, de la Universidad de Johns Hopkins, entre otras importantes figuras del mundo académico de Estados Unidos. Los profesores respaldan de esta manera la misiva pública emitida el pasado 6 de septiembre por el jesuita colombiano Javier Giraldo, reconocido activista de Derechos Humanos, quien criticó que Uribe dé clases en una universidad católica. "No sólo es profundamente ofensiva para aquellos colombianos que mantienen principios morales sino que coloca en alto riesgo el desarrollo ético de los jóvenes que asisten a nuestra universidad en Washington", alertó Giraldo. Uribe se estrenó como profesor de Práctica de Liderazgo Internacional en Georgetown el pasado 9 de septiembre en medio de abucheos y protestas de estudiantes que intentaron impedir su primera clase gritando consignas a favor de los Derechos Humanos. Un grupo de estudiantes, denominados 'Coalición adiós Uribe', invitó al ex mandatario a salir del recinto académico con pancartas en las que podía leerse 'Ciao', tras ser convocados a través de correos electrónicos. "Hago un llamado a seis o más estudiantes que estén dispuestos a ser arrestados con tal de sabotear la clase desde dentro", reza uno de los emails divulgados por medios locales.

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Las presiones a las autoridades de Georgetown para que se retire el cargo al ex mandatario colombiano han ido creciendo paulatinamente y han tomado fuerza gracias a que la prensa norteamericana se ha hecho eco de estas protestas. Septiembre 29 de 2010

"CÁTEDRA DE URIBE EN GEWORGETOWN PONE EN ALTO RIESGO FORMACIÓN ÉTICA DE SUS ESTUDIANTES": JAVIER GIRALDO, S.J.

Texto de la carta dirigida por el sacerdote jesuita colombiano Javier Giraldo a su colega norteamericano John Dear, S. J., quien ha recorrido muchas zonas de guerra del mundo como activista de la paz y ha sufrido la cárcel por oponerse a las políticas criminales de su país. Ha publicado libros sobre espiritualidad cristiana de la paz y ha visitado varias regiones de Colombia. Estimado y recordado John: Recibe un fraterno y cariñoso saludo. Te escribo muy preocupado por el hecho de que en nuestra universidad jesuita de Georgetown hayan vinculado como docente al Presidente saliente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. No ceso de recibir mensajes de personas y grupos que sufrieron enormemente durante su gobierno, que reclaman y cuestionan la actitud de nuestra Compañía o su falta de discernimiento ético al tomar este tipo de decisiones. Es posible que las directivas de Georgetown hayan recibido conceptos positivos de colombianos de altas posiciones económicas o políticas, pero es difícil que ignoren al menos las profundas controversias éticas que levantó su gobierno y los cuestionamientos y sanciones que recibió de muchos organismos internacionales que tratan de proteger la dignidad humana. El sólo hecho de que durante su carrera política, desde que era Gobernador del Departamento de Antioquia (1995-1997) hubiera fundado y protegido tantos grupos paramilitares, llamados eufemísticamente "Convivir", que asesinaron y desaparecieron a millares de personas y desplazaron multitudes cometiendo otras muchas atrocidades, ya implica una exigencia de censura ética para encomendarle cualquier responsabilidad en el futuro. Pero no sólo continuó patrocinando esos grupos paramilitares sino que los mantuvo y los complementó con un nuevo modelo de paramilitarismo legalizado, como son las redes de informantes, las redes de cooperantes y el nuevo tipo de empresas de seguridad privada que involucran a varios millones de civiles en actividades militares relacionadas con el conflicto armado interno, mientras le mentía a la comunidad internacional con una falsa desactivación de los paramilitares. Además, fue escandalosa durante su gobierno la práctica de los "falsos positivos" consistente en asesinar civiles, principalmente campesinos, y después de muertos vestirlos de combatientes para justificar su muerte. Con ello pretendía mostrar victorias

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militares falsas sobre los rebeldes y eliminar a los activistas de los movimientos sociales que buscan justicia. La corrupción durante su gobierno fue más que escandalosa, no sólo por la presencia de narcotraficantes en los puestos públicos sino porque el Congreso y muchos cargos de gobierno fueron ocupados por delincuentes. Hoy hay más de cien congresistas en procesos criminales, todos ellos del entorno electoral más cercano del Presidente Uribe. Fue escandalosa la compra de conciencias para manipular los aparatos de justicia, lo que terminó destruyendo, en niveles muy profundos, la conciencia moral del país. También fue escandalosa la corrupción con que sus ministros más cercanos manejaron la política agraria para favorecer a los más ricos con los dineros públicos, mientras impedía y estigmatizaba los proyectos sociales. La corrupción de sus hijos, para enriquecerse a costa de ventajas de poder, escandalizó en su momento a toda la nación. También utilizó el organismo de seguridad que estaba directamente bajo su control (el Departamento Administrativo de Seguridad) para espiar mediante controles telefónicos clandestinos, a las Cortes de Justicia, a los políticos de la oposición, a los movimientos sociales y de derechos humanos. Fueron en extremo escandalosos los mecanismos corruptos de los cuales se valió para lograr su reelección a la Presidencia en 2006, lo cual ha llevado a ministros y colaboradores cercanos suyos ad portas de la cárcel. El manejo que hizo de coordinación entre el Ejército y los grupos paramilitares llevó a que durante su período se produjeran 14.000 ejecuciones extrajudiciales. Sus estrategias de impunidad para quienes desde el Estado o el Paraestado perpetraron crímenes de lesa humanidad, pasarán a la historia por su atrevimiento. La decisión de los jesuitas de Georgetown de ofrecerle una cátedra a Álvaro Uribe, no sólo ofende profundamente a los colombianos que aún conservan principios éticos sino que pone en alto riesgo la formación ética de los jóvenes que acuden a nuestra universidad en Washington. ¿Dónde queda la ética de la Compañía de Jesús? Te escribo estas líneas porque estoy seguro que tú compartes nuestras preocupaciones y quizás podrás hacerlas llegar a los jesuitas de Georgetown y a otros círculos de opinión en tu entorno de simpatizantes por la justicia. Recibe un fuerte abrazo.

Javier Giraldo Moreno, S. J. Septiembre 6 de 2010

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RECHAZO AL NOMBRAMIENTO DE ÁLVARO URIBE EN LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA ONU

Texto de la carta enviada por organizaciones sociales, defensores de derechos humanos, académicos, periodistas y dirigentes políticos al Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-Moon rechazando la designación de Álvaro Uribe Vélez en la comisión de investigación del incidente de la flotilla humanitaria que se dirigía a Gaza, acontecido el 31 de mayo de 2010. Bogotá, 9 de agosto de 2010 Su Excelencia Ban Ki-Moon Secretario General Organización de las Naciones Unidas 1 United Nations Plaza New York, NY. Su Excelencia: Las organizaciones, los defensores de derechos humanos y los comunicadores sociales abajo firmantes nos dirigimos a Usted para expresar nuestro rechazo al nombramiento del antiguo Presidente de Colombia, Álvaro Uribe, como miembro del panel de investigación del incidente de la flotilla, acontecido el pasado 31 de mayo. Estamos convencidos de que el Señor Uribe no está calificado para defender el derecho internacional y, a modo de ejemplo, ponemos a su consideración los siguientes hechos: Violación de la integridad territorial de un Estado vecino - En marzo 1o. de 2008, las fuerzas armadas colombianas bombardearon el campamento de alias "Raúl Reyes", líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias FARC, en territorio de Ecuador. Esta trasgresión de uno de los pilares del orden internacional - el respeto a la integridad territorial - llevó al rompimiento de relaciones con el vecino país, las cuales no se han restablecido hasta la fecha. La resolución 930 (1632/08) del 5 marzo 2008, del Consejo Permanente de la OEA, estableció que la incursión de Colombia "constituyó una violación de la soberanía y de la integridad territorial del Ecuador y de los principios del derecho internacional". Adicionalmente, el gobierno ecuatoriano ha demandado a Colombia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por estos hechos. Ejecuciones extrajudiciales. Durante los dos períodos presidenciales del Señor Uribe, aumentaron drásticamente las ejecuciones extrajudiciales. En palabras de Philip Alston, Relator Especial de Naciones Unidas para las Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias, o Arbitrarias: "El fenómeno de los llamados "falsos positivos"

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-ejecuciones ilegales de civiles manipuladas por las fuerzas de seguridad para que parezcan bajas legítimas de guerrilleros o delincuentes ocurridas en combate- es bien conocido por los colombianos. Si bien hay ejemplos de esos casos que se remontan a la década de 1980, las pruebas documentales indican que comenzaron a ocurrir con una frecuencia alarmante en toda Colombia a partir de 2004… Ha habido demasiados asesinatos de carácter similar para caracterizarlos como incidentes aislados perpetrados por apenas algunos soldados o unidades renegados, o "manzanas podridas›." (A/HRC/14/24/Add.2). Es más, en su declaración pública, Philip Alston afirmó que los ‹falsos positivos› constituían una práctica "más o menos sistemática" (Declaración del Profesor Philip Alston, Relator Especial de Naciones Unidas para las Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias, o Arbitrarias, Misión a Colombia del 8 al 18 de junio de 2009) Confrontación con la rama judicial -El Gobierno de Álvaro Uribe hostigó a las altas cortes y, con constante descalificaciones públicas, puso en peligro la independencia de la rama judicial. En su último informe, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Colombia sostuvo: "La Oficina en Colombia documentó críticas públicas de desprestigio a la Corte Suprema y a sus magistrados de parte de funcionarios públicos de alto nivel y de actores sociales y políticos, así como interferencias indebidas, directas o indirectas, a sus funciones por medio de influencias, presiones y amenazas. Estos actos podrían constituir una violación a los principios de independencia del poder judicial de las Naciones Unidas y han dado lugar a preocupaciones frente a la seguridad personal de algunos magistrados." (A/HRC/13/72). Utilización de organismos de inteligencia contra defensores de derechos humanos, opositores y magistrados- Según las declaraciones de detectives asignados al Departamento Administrativo de Seguridad, desde el Palacio Presidencial, se ordenaron interceptaciones telefónicas ilegales de magistrados, periodistas y congresistas opositores por lo menos desde 2003. Las investigaciones de la justicia dan cuenta de una maquinaria criminal de la inteligencia del Estado. Según la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Colombia, "en 2009 se hizo público que el DAS, entidad de inteligencia dependiente de la Presidencia de la República, había estado desarrollando, por lo menos desde 2003 y de manera generalizada y sistemática, una serie de actividades ilegales dirigidas contra, entre otros, defensores de derechos humanos, opositores políticos, periodistas y altos funcionarios del Gobierno, como el Vicepresidente. Además, información preocupante publicada en los medios de comunicación indicaría que incluso los magistrados de la Corte Suprema fueron objeto de vigilancia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un Relator Especial de las Naciones Unidas y la Oficina en Colombia fueron también objeto de vigilancia. Estas acciones, en muchos casos, tenían como objetivo neutralizar las labores desarrolladas por las víctimas, a quienes se consideraba "blancos legítimos" por ser potenciales opositoras de las políticas gubernamentales." (A/HRC/13/72).

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En la medida en que el mismo sistema de Naciones Unidas en el terreno ha sido testigo y hasta víctima de los hechos señalados, elevamos nuestra voz de protesta ante la decisión tomada por Su Excelencia. Como se desprende de lo anterior, el gobierno del Señor Uribe ha sido objeto de condenas por su actuación al margen de los principios del derecho internacional, que son punto de referencia para el análisis de la situación de la flotilla. Por eso, solicitamos respetuosamente que, por la credibilidad del panel de investigación y el bien de Naciones Unidas y del derecho internacional, Su Excelencia reconsidere el nombramiento del señor Álvaro Uribe como miembro del panel de investigación antes mencionado. Cordialmente, Organizaciones Derechos Humanos Internacionales: Centro América por el Diálogo -CAD- (espacio centroamericano) Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEJIL Colombia Human Rigths Committee Fellowship of Reconciliation FOR Frente Ecuatoriano de Derechos Humanos FEDHU Movimiento Tzuk Kim-pop (Guatemala). Red para la infancia y la familia Stichting Play Fair Europe Amsterdam TEJE (Travailler Ensemble Jeunes et Engagés). Francia. The Presbyterian peace fellowship The United Methodist Church Us Office on Colombia Defensores Derechos Humanos Internacionales: Philippe Texier, Magistrado honorario, experto de Naciones Unidas. Francia. Carola Iñiguez Zambrano Chloe Schwabe Cristina Espinel Henry Morales Ildefonso Finol Janeth Muñoz Kelly Nicholls Kimberly Stanton Luci Faria Pinheiro Raúl Zibechi Rosa Lía Chaica S. Susana Pimiento Académicos:

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Álvaro Camacho Guizado Andrés Felipe Ortiz Gordillo Carlos Rodríguez Mejía Carlos Vidales César Giraldo Emmanuel Rozental Fé David Rodríguez (Francia) Felipe Gómez Fernando Arellano Ortiz Flor Edilma Osorio Francisco Guerra Giovanny Leal R Jaime Zuluaga Nieto Juan Guillermo Ferro Juan Tokatlián Laura Gil Leopoldo Múnera Luis Mejía Orlando Iregui Rumazo (Colombia) Ramiro Garcia Arias Ricardo Sánchez Ángel Columnistas y Periodistas: Alfredo Molano Álpher Rojas Carvajal Carlos Jiménez Moreno Carlos Lozano Clara Nieto de Ponce de León Claudia Julieta Duque Constanza Cuetia Constanza Vieira Dawn Paley Fernando Garavito Javier Darío Restrepo Jesús Abad Colorado Laureano Monroy León Valencia Ramiro Bejarano Guzmán Vladimir Flórez, Vladdo Yurani Mena Organizaciones Derechos Humanos Nacionales: Alianza Social Continental Andas Valle

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Asamblea Permanente por la Paz Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos ASFADDES Asociación Minga Asociación Origen común Centro de Investigación y Educación Popular CINEP Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo CCAJAR Colectivo Otra Colombia Es Posible Colombia Human Rights Commitee Comisión Colombiana de Juristas CCJ Conciudadanía Consejería de Proyectos PCS Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODHES Coordinación Colombia - Europa - Estados Unidos Corporación Nuevo Arcoíris Corporación Reiniciar Corporación Viva la Ciudadanía Cultura Democrática Derechos Humanos y Democracia Foro Interétnico Solidaridad Chocó Foro Nacional por Colombia Fundación Guagua Fundacion Mujer Sola Fundación Rostros y Huellas del Sentir Humano Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos ILSA Manovuelta Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado MOVICE Organización Femenina Popular y Movimiento Social de Mujeres contra la Guerra Pensamiento y Acción Social, Pas. Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo Plataforma Interamericana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo Capítulo Peruano, Capítulo Argentino. Red de Acción contra el ALCA - Recalca Red de Mujeres Red Nacional de Iniciativas por la Paz y contra la Guerra REDEPAZ Red Nacional de Mujeres Red Nacional de Mujeres Nodos: Barranquilla, Bolívar, Bucaramanga, Cauca, Chocó, Manizales, Medellín, Pasto, Risaralda, San Andrés y Providencia, Tolima, Tunja, Valle. Ruta Pacífica de mujeres Sisma Mujer Taller Abierto Tejido de Comunicación y de Relaciones Externas para la Verdad y la Vida Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca ACIN Defensores Derechos Humanos Nacionales: Agustín Jiménez Alirio Uribe

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Álvaro Villarraga Amaury Padilla Cabarcas Antonio Madariaga Astrid Flórez Aurelino Quejada Bibiana Ortiz Carlos Salgado Araméndez Carolina Jiménez Diana Sanchez Diego Pérez Enrique Daza Fabio Lozano Gloria Florez Gloria Luz Gómez Héctor León Moncayo Hernán Darío Correa Jahel Quiroga Carrillo Jorge Eliécer Molano Jorge Peralta de Brigard Jorge Rojas Juan Acevedo G Julia Ines Madariaga Larry Castillo Luis Emil Sanabria Durán Luis Sandoval Luz Miryam Moncayo Magdala Velásquez Marco Romero Maria Elena Unigarro Coral Maria Ruth Vera Vera Marina Gallego Zapata Mauricio Garcia Duran Miguel Antonio Cruz González Mildrey Corrales Ch. Nancy Sanchez Olga Amparo Sanchez Otoniel de Jesús Mejia Londoño Pedro Santana Pilar Trujillo Rafael Vargas Reinaldo Villalba Ricardo Esquivia Richard Moreno Rosaliano Riascos R. Salomé Oliva Tatiana Montaña Tito Augusto Gaitán

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Sindicatos y Sindicalistas: Alex Fabián Espinoza Asonal Judicial Central Unitaria de Trabajadores CUT Gerardo Cajamarca Alarcon Sinaltrainal Mision Internacional Tarsicio Mora Partidos Políticos: Partido Polo Democrático Alternativo Dirigentes políticos: Clara López Obregón Carlos Naranjo Ossa Gloria Cuartas Iván Cepeda Más firmantes: Álvaro Jimenez Millán Amalia Caro Ana Marcela Bueno Ana María Gómez Ana María González Valencia Ángel Beccassino Jugovac Beatriz Montoya Brayan E. Cárdenas Posada Carlos Eduardo Perez Corredor Cira Vila Ciro Ramirez Claudia Mejía Dairo Alberto Ospina Diana Patricia Salazar Fernando Gredelmann Gilberto Herrera Stella Gladys Jimeno Guillermo Segovia Mora Imelda Daza-Cotes Jairo Espinosa Gutiérrez Jairo rojas José I. Nieto Juan Manuel Roca Julia Adriana Figueroa Lucely Orozco Soto

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Manuel Antonio Velandia María Eugenia Rodríguez Miguel Montoya Myriam Montoya Nancy Ruth López Flórez Néstor Camilo Garzón Noemí Lafuente Redón Santiago Pérez Bartolomé Florentina Redón Delmiro Nubia Pedraza Paola Marcela Murillo Patricia Ariza, dramaturga, actriz Viviana Cárdenas Viviana Sigrid Cárdenas Cardona VERSIÓN EN INGLÉS DE LA CARTA August 9th, 2010 Your Excellency Ban Ki-Moon Secretary-General United Nations Organization 1 United Nations Plaza New York, NY 10026. Your Excellency: We, the undersigned - a number of international and domestic human rights and peace organizations, human rights defenders, journalists, and professors - would like to express our concern for the appointment of former President of Colombia, Álvaro Uribe, to the panel of inquiry on the May 31st Flotilla incident. We are convinced that Mr. Uribe is not qualified to defend international law and would like to submit the following examples for your consideration: Violation of the territorial integrity of a neighboring State - On March 1st, 2008, the Colombian Armed Forces bombed the camp of "Raúl Reyes", a leader of the Armed Revolutionary Forces of Colombia , known as FARC, in Ecuador . This transgression of one of the pillars of the international order - the respect for territorial integrity - led to the break-off of diplomatic relations with the neighboring country, which have not yet been restored. Resolution 930 (1632/08) of March 5 2008, of the Permanent Council of the Organization of American States, established that the act constituted "a violation of the sovereignty and territorial integrity of Ecuador and of principles of international law". The

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Government of Ecuador placed a complaint against Colombia before the Inter-American Commission of Human rights for these facts. Extrajudicial executions - During the two presidential terms of Mr. Uribe, extrajudicial executions increased dramatically. In the words of Philip Alston, United Nations Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, "the phenomenon of so-called "false positives" (falsos positivos) - unlawful killings of civilians, staged by the security forces to look like lawful killings in combat of guerrillas or criminals - are well known to Colombians. While there are examples of such cases going back to the 1980s, the evidence indicates that they began occurring with a disturbing frequency across Colombia from 2004... There have been too many killings of a similar nature to characterize them as isolated incidents carried out by individual rogue soldiers or units, or "bad apples"." (A/HRC/14/24/Add.2). Moreover, in his press statement in Bogota , Philip Alston, sustained that "false positives" constituted a practice "more or less systematic". (Press statement of Professor Philip Alston, United Nations Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, Mission to Colombia from 8 to 18 June 2009). Confrontation with the judicial branch - The Government of Álvaro Uribe harassed the high courts and, with constant public disqualifications, put at risk the independence of the judicial branch. In its last report, the United Nations Office of the High Commissioner of Human Rights in Colombia stated: "Tension and public disputes between the executive and judicial branches during 2009 may have undermined the independence of the judiciary. OHCHR-Colombia documented public statements by high-level government officials and social and political actors discrediting the Supreme Court and its magistrates, as well as undue interference, direct or indirect, into their functions through lobbying, pressure and threats. These acts could constitute a violation of the United Nations principles of judicial independence4 and raise concerns over some magistrates' personal security." (A/HRC/13/72) Use of intelligence agencies against human rights defenders, political opponents, and magistrates - According to the testimonies of detectives assigned to the Administrative Department of Security, at least from 2003 on, orders for the illegal wiretapping of journalists, judges, and congressmen originated in the Presidential Palace. The investigations of the Attorney-General show a criminal machinery set up by the intelligence agency - DAS - , under the control of the President. According to the United Nations Office of Human Rights in Colombia, "information was made public in 2009 that DAS (the national civil intelligence agency reporting directly to the President) had conducted widespread and systematic illegal intelligence operations going at least as far back as 2003. These operations targeted, inter alia, human rights defenders, political opposition leaders, journalists and high-level Government officials, such as the Vice-President. Furthermore, disturbing information appeared in the public

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domain that even magistrates of the Supreme Court were subject to surveillance. The Inter-American Commission on Human Rights, a United Nations Special Rapporteur and OHCHR-Colombia itself were targeted as well. These actions, in many cases, had the objective of invalidating the work of the victims, who were considered as "legitimate targets" for being potential opponents to Government policies". (A/HRC/13/72) To the extent that the United Nations system in the field has witnessed and even been a victim of the facts described, we would like to protest the decision taken by your Excellency. As can bee seen, the Government of Mr. Uribe has been condemned for its behavior of disrespect towards international law, which is the necessary point of reference for the analysis of the Flotilla incident. Therefore, we respectfully request Your Excellency that, for the credibility of the inquiry panel and the good of the United Nations and international law, the appointment of Mr. Uribe be reconsidered. Cordially,

"ÁLVARO URIBE GENERÓ UNA POLÍTICA DE TERROR EN COLOMBIA": PÉREZ ESQUIVEL

El activista argentino Premio Nobel de Paz 1980, Adolfo Pérez Esquivel en dialogo con el Observatorio Sociopolítico Latinoamericano www.cronicon.net sostuvo que "el gobierno de Uribe violó sistemáticamente los derechos humanos". "Yo como presidente del Tribunal Permanente de los Pueblos y mis compañeros pudimos comprobar esto. Es evidente el hecho de la responsabilidad del Estado y del gobierno de Uribe apoyando a los paramilitares y a los parapoliciales, generando una política de terror, lo cual lógicamente daña la democracia en Colombia y es un pésimo precedente para América Latina. En Colombia no hay democracia. Democracia es el derecho a la libertad de cada una de las personas que no existe en este país, porque cuando un Estado ejerce el terrorismo no puede haber democracia. Y el Estado colombiano es terrorista y por lo tanto no hay democracia. De qué estamos hablando: poner el voto en una urna no garantiza la democracia. Lo que la garantiza es el respeto a la Constitución y las leyes, su cabal aplicación y el respeto al pueblo, y eso no existe en Colombia".

URIBE: FUNCIÓN DE DESPEDIDA Por Atilio Boron*

* ATILIO BORON, sociólogo y politólogo argentino, Premio Unesco José Martí 2009, director del Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias Sociales (PLED).

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Incondicional peón del imperio, Álvaro Uribe se despide de la presidencia de Colombia con una nueva provocación: la denuncia de la existencia de campamentos de las FARC en territorio venezolano. Ni lerdo ni perezoso el Departamento de Estado salió a respaldar sin reservas la acusación formulada por Bogotá en la OEA, alentado por la supuesta "contundencia" de las pruebas presentadas por Uribe que denuncian al gobierno de Hugo Chávez por permitir la instalación de campamentos de la FARC y la realización de diversos programas de entrenamiento militar de unos 1.500 efectivos de la guerrilla en territorio venezolano. El vocero del Departamento de Estado, Philip Crowley, declaró con singular insolencia que "Venezuela ha mostrado una conducta desafortunada e insolente" con su vecino y amenazó que si ese país "no coopera, Estados Unidos y los demás países obviamente lo tomarán en cuenta." Hay que recordar que desde 2006 Estados Unidos incluye a Venezuela en la lista de países que no cooperan en la lucha contra el terrorismo. En la misma línea se manifestó el Subsecretario Adjunto para América Latina, Arturo Valenzuela, declarando que la denuncia hecha por Uribe era "muy seria." Ambas declaraciones arrojan espesas sombras de dudas sobre las capacidades intelectuales de ambos funcionarios y, lo que es aún más grave, alimentan la sospecha de que por su afición a la mentira la calidad moral de ambos no parece ser demasiado diferente de la de Álvaro Uribe. Es evidente que para los administradores imperiales cualquier cosa que convenga a sus intereses tratan de hacerla aparecer ante los ojos de la opinión pública como "seria y contundente". Y son esos intereses los que movieron a la Casa Blanca a pedirle una última "prueba de amor" al gobernante colombiano pocos días antes de abandonar la presidencia. Como es de público conocimiento, el prontuario que la DEA, la CIA y el FBI han venido construyendo sobre Uribe por sus íntimas y prolongadas vinculaciones con los narcos no le permite al mandatario colombiano desobedecer ninguna orden originada en Washington, so pena de correr la misma suerte que el ex presidente panameño Manuel A. Noriega y terminar sus días en una cárcel de máxima seguridad de los Estados Unidos (1). La disparatada denuncia de Uribe, un inveterado mentiroso, viene de perlas para impulsar la desestabilización que Washington quiere producir en vísperas de las cruciales elecciones venezolanas programadas para el 26 de Septiembre y, a la vez, legitimar el impresionante programa de militarización que está imponiendo en América Latina, una de cuyas mayores expresiones ha sido la firma del tratado Obama-Uribe mediante el cual el país sudamericano cede al menos siete bases militares para uso de las fuerzas armadas de los Estados Unidos.

1 Para quienes tengan dudas al respecto se les recomienda consultar al Archivo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, cuyos documentos desclasificados se encuentran ahora en la George Washington University. El que nos interesa en este momento se denomina "U.S. INTELLIGENCE LISTED COLOMBIAN PRESIDENT URIBE AMONG "IMPORTANT COLOMBIAN NARCO-TRAFFICKERS" IN 1991, y en su subtítulo se dice que el por entonces Senador, y hoy presidente de Colombia, se dedicaba a colaborar con el Cartel de Medellín en los niveles más altos del gobierno y era un estrecho amigo de Pablo Escobar y sus "narco-asesinos." Ver en detalle éstas y muchas otras similares caracterizaciones sobre Álvaro Uribe en http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB131/index.htm

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Por eso los personeros del gobierno norteamericano simulan que consideran "serias y contundentes" las pruebas que respaldan la denuncia de Uribe, sabiendo que no tienen asidero alguno y que son puro palabrerío y montajes fotográficos. Pero las mentiras son parte del discurso oficial de Estados Unidos, elementos imprescindibles para rodear con un halo de legitimidad los designios del imperialismo norteamericano, y esto por varias razones. Mentiras porque, en primer lugar, si las FARC controlan cerca del 30 % del territorio nacional (cosa que es archisabida en Colombia) no se entiende qué sentido puede tener distraer nada menos que 1.500 hombres del teatro de operaciones, enviar a sus jefes a vacacionar en Venezuela y organizar 85 campamentos guerrilleros en el vecino país. Si hay un político que miente sistemáticamente en nuestra región -¡y hay muchos!- Uribe se lleva las palmas: es en la propia Colombia donde la crisis y putrefacción del estado oligárquico permite que amplias franjas de su territorio, especialmente en las zonas selváticas, estén controladas por la guerrilla, los narcos y los paramilitares. Diversas autoridades ecuatorianas comentaron luego del ataque que las fuerzas colombianas realizaron en su territorio que Ecuador no limita al norte con Colombia sino con una tierra de nadie controlada por las organizaciones descritas más arriba. Con una necedad sin límites Uribe acusa a sus vecinos de no hacer lo que él ha dado sobradas muestras de ser incapaz de hacer: controlar su propio territorio. Cerrando los ojos ante esta realidad Estados Unidos se monta sobre esta falaz denuncia para, desde allí, acosar al gobierno bolivariano por su falta de colaboración en la lucha contra el narcotráfico, ocultando ante la opinión pública -¡con la complicidad de la "prensa libre", por supuesto!- el molesto hecho de que el mayor exportador mundial de cocaína (y también de narcotraficantes) es la Colombia militarizada por Uribe y devenida gracias a su invalorable colaboración en un protectorado norteamericano. Ante semejante cuadro de descomposición política, denunciar que las FARC se instalan en Venezuela -¡y para colmo con el aval y la complicidad del gobierno de Hugo Chávez!- no pasa de ser una vulgar engañifa al servicio del imperio; una acusación que carece por completo de entidad como para ser tomada mínimamente en serio. Es la calumnia que descerraja un personaje completamente inescrupuloso como Uribe. (2) En segundo lugar, ¿cómo olvidar que Uribe fue el hombre que mintió alevosamente cuando sus fuerzas, apoyadas por las de Estados Unidos, incursionaron en territorio ecuatoriano aduciendo que iban en persecución de una columna de las FARC? Las pruebas demostraron que los guerrilleros a los que supuestamente se perseguía luego de un enfrentamiento ocurrido en territorio colombiano estaban durmiendo -vestidos inclusive con pijamas- al momento de producirse el ataque y que, en consecuencia lo que tuvo lugar en Santa Rosa de Sucumbíos no fue un combate sino lisa y llanamente 2 No se nos escapa el hecho de que a lo largo de una frontera como la colombo-venezolana (de más de dos mil kilómetros de largo y con escasos accidentes geográficos que permitan delimitar claramente el terreno) narcos, guerrilleros, paramilitares, contrabandistas y delincuentes comunes, amén de gente normal y corriente, pueda cruzar de un lado al otro sin el menor inconveniente. No existen fronteras herméticamente cerradas en América del Sur, y eso lo saben mejor que nadie los narcotraficantes. Pero acusar a Caracas de tolerar o avalar el establecimiento de bases o campamentos de las FARC en territorio venezolano sólo habla de la absoluta deshonestidad de Uribe y sus patrones.

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una masacre indiscriminada. Esta operación, realizada poco después de la medianoche del 1º de Marzo del 2008 fue realizada con el apoyo logístico y material de los efectivos norteamericanos estacionados en la base de Manta, los únicos que disponían de la tecnología necesaria y de aviones capaces de efectuar un bombardeo de asombrosa precisión en plena selva y en medio de la más absoluta oscuridad. Una muestra más de la enfermiza afición de Uribe por la mentira fue la historia montada en torno a la famosa laptop de Raúl Reyes, que en un prodigio tecnológico sin precedentes sobrevivió indemne a un bombardeo que destruyó todo lo que había a su paso y cuyo disco rígido habría entregado valiosísima información sobre los profusos contactos de Reyes y las FARC con todos los enemigos de Uribe y Estados Unidos. (3) Tercero, ¿cómo se le puede creer a un hombre que desde la presidencia de Colombia convalidó la acción de los paramilitares y del terrorismo de estado? El 16 de febrero de este año la unidad de "Justicia y Paz" de la Fiscalía colombiana publicó un informe en el que se revela que algo más de 4.000 paramilitares de las AUC, las Autodefensas Unidas de Colombia, aseguraron haber perpetrado 30.470 asesinatos en el período comprendido desde mediados de los ochenta hasta su "desmovilización" en 2003-2006. No sólo eso: la Fiscalía recibió además declaraciones de los paramilitares dando cuenta de 1.085 masacres, 1.437 reclutamientos de menores; 2.520 desapariciones forzadas, 2.326 desplazamientos forzados y 1.642 extorsiones, además de 1.033 secuestros. Pese a este luctuoso récord Uribe es considerado por sus mandantes en Washington como un campeón en la lucha por los derechos humanos. (4) En relación a esto, si el ansiado TLC entre Colombia y Estados Unidos no ha sido todavía ratificado por el Congreso norteamericano es porque, tal como lo señala el conservador periódico colombiano El Tiempo, tan sólo en el año 2009 los paracos y las "fuerzas de seguridad" asesinaron a 40 sindicalistas, convirtiendo a Colombia en el país más peligroso del mundo para ese tipo de actividad. Sobre un total de 76 dirigentes gremiales asesinados en todo el mundo, el 52 % de esos crímenes se perpetraron en un país al que Estados Unidos considera un ejemplar paradigma de la lucha por los derechos humanos y el combate al terrorismo. La Central Única de Trabajadores de Colombia informó pocos meses atrás que desde 1986, año de su creación, 2.721 activistas y dirigentes de esa organización fueron asesinados por las "fuerzas de seguridad." (5) Pese a ello, las credenciales democráticas de Colombia jamás fueron puestas en duda por Washington. (6)

3 Ver la abrumadora evidencia aportada por el estudio de Margarita Vallejo y Horacio López, El ataque de Colombia en territorio ecuatoriano: detrás de las palabras y los hechos (Buenos Aires: Ediciones del Centro Cultural de la Cooperación, 2009) 4 Ver el informe en: http://www.telesurtv.net/noticias/secciones/nota/66984-NN/ex-paramilitares-colombianos-reconocen-haber-cometido-cerca-de--30-mil-500-asesinatos. 5 http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/asesinados-40-sindicalistas-el-ano-pasado-en-colombia-denuncia-organizacion-de-trabajadores_7120268-1 6 A esta lúgubre estadística habría que agregar que bajo los ocho años del gobierno de Uribe se asesinaron en Colombia por lo menos a 27 periodistas, "por razones de oficio", como dice un informe elaborado al respecto. Se trata de una estimación hecha por una fuente conservadora, impugnada por otras que aportan una cifra mucho mayor.

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Cuarto, el denunciante es nada menos que el responsable intelectual y político de la masacre serial conocida con el nombre de "falsos positivos." Tal como lo señalan distintas notas publicadas en Colombia por el Observatorio Latinoamericano, Cronicón, durante estos tres últimos años de gobierno de Uribe el balance es funesto. Se comprobó que las fuerzas militares ante el acoso del gobierno para que mostrara resultados concretos en la lucha contra la guerrilla el Ejército diseñó y ejecutó un plan criminal: recorrer las comunidades y aldeas más pobres del país ofreciendo trabajo a la enorme masa de desocupados y reclutando a un elevado número de indigentes, campesinos indefensos y jóvenes marginados, que luego eran asesinados a sangre fría y sus cadáveres se los hacía pasar como pertenecientes a guerrilleros ejecutados en combate para cobrar la recompensa establecida por el gobierno u obtener estímulos o ascensos en su carrera militar. Según estimaciones muy conservadoras estos crímenes de Estado, perpetrados cuando el futuro presidente de Colombia, Juan M. Santos era Ministro de Defensa, superan los mil setecientos casos. (7) Otra faceta de esta criminal política mal llamada de seguridad democrática la brinda el hallazgo, dado a conocer el 16 de Febrero del 2010, "de la mayor fosa común de la historia contemporánea del continente americano, horrendo descubrimiento que ha sido casi totalmente invisibilizado" por los principales medios de comunicación de masas en Colombia y en el mundo. La fosa común contiene los restos de al menos 2.000 personas, está en La Macarena, departamento del Meta… (y fue descubierta) gracias a la perseverancia de los familiares de desaparecidos y a la visita de una delegación de sindicalistas y parlamentarios británicos que investigaba la situación de derechos humanos en Colombia, en diciembre 2009. (8) Cabe añadir que esa zona había sido objeto de preferente atención por parte de las fuerzas armadas colombianas desde el 2005, con los nefastos resultados recientemente revelados. Como ocurrió con todos los terrorismos de estado que asolaron la región en los años setentas del pasado siglo, los crímenes de lesa humanidad cometidos por sus perpetradores tenían también un trasfondo económico. En el caso de la Colombia de Uribe, con su comparsa de sanguinarios esperpentos, entre las corruptas fuerzas armadas, los paramilitares y el narco se repartieron millones de hectáreas que en su desesperado éxodo dejaban tras de sí los campesinos desplazados por los bombardeos y masacres indiscriminadas a que estaban sometidos. Tal como lo expusiera Jomar y Orteon Osorio, del Colectivo de Abogados de Colombia, en la conferencia del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU reunida en Ginebra a comienzos de Mayo de este año, la cifra de los campesinos desplazados ascendería a 4.500.000 y sus tierras fueron luego transferidas, con gran provecho para los encargados desalojarlos, a los terratenientes y el agronegocios, auspiciantes y cofinanciadores del paramilitarismo. En esa misma conferencia se estableció que pese a los "éxitos" del gobierno de Uribe el número de desplazados

7 Datos proporcionados en una entrevista realizada al director del Observatorio Latinoamericano, Fernando Arellano. Ver más antecedentes sobre el tema en el sitio web del Observatorio: http://www.cronicon.net/paginas/cronicon_menu.htm 8 Cf. http://www.publico.es/internacional/288773/aparece/colombia/fosa/comun/cadáveres; y también http://www.lahaine.org/index.php?p=42954 y http://www.lahaine.org/index.php?p=47088

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sigue creciendo a razón de 150.000 personas por año. El Ministro de Planeación de Colombia, Esteban Piedrahita Uribe, jefe de la delegación colombiana en esta conferencia, no desmintió las alegaciones antes formuladas y se limitó a decir que "hemos confiscado 2.000.000 de hectáreas a grupos criminales que se apropiaran ilegalmente de esas tierras y ahora la justicia va a decidir la devolución a sus verdaderos propietarios." (9) En todo caso, hay que subrayar que el cálculo del número de hectáreas expropiadas en esta salvaje re-edición del proceso de acumulación originaria que Marx describiera en su célebre capítulo 24 del primer tomo de El Capital está sujeto a fuertes controversias. Hay quienes sostienen que el número de hectáreas así transferidas asciende a 6 millones pero hay otros que fijan esa cifra en torno a los 10 millones. En todo caso, cualquiera que sea el número que finalmente se establezca más allá de toda duda, lo cierto es que la política de seguridad democrática si hay algo que efectivamente aseguró fue la expropiación de la masa campesina y la apropiación de las mismas por el capitalismo agrario. (10) Este es el hombre que hoy levanta su dedo acusador en contra de la revolución bolivariana. Es evidente que lo suyo es una maniobra más, dictada por los estrategas del imperio, para acosar al gobierno de Hugo Chávez y para legitimar la política del "hardpower" (poder duro) a la cual parece haberse vuelto más afecto Obama que su ignominioso predecesor, pese a que en las declaraciones oficiales y en los escritos de algunos analistas cercanos a la Casa Blanca, como Joseph Nye, se hable con insistencia de las ventajas del "softpower" (poder blando, o la diplomacia tradicional) o el "smartpower" (el poder inteligente, de la nueva diplomacia) sobre la brutalidad y elevado costo del primero. Sin embargo, el imperio insiste en el poder duro de su impresionante dispositivo militar: por eso las bases en Colombia; en Aruba y Curazao, a pocos kilómetros del litoral marítimo venezolano; las que se encuentran en El Salvador y en Honduras y, ahora, la autorización para introducir nada menos que 7.000 marines y toda clase de armamento, además de portaviones, helicópteros, buques anfibios, aviones de última generación, en la vecina Costa Rica. Por eso también la Cuarta Flota. El gobierno de Uribe cumple así un servicio de extraordinaria importancia para facilitar los planes destituyentes del imperialismo: incapaz de proteger su frontera de 586 kilómetros con Ecuador, a la que destina apenas 8 minúsculos destacamentos militares, y mucho más incapaz todavía de hacer lo propio en los 2.216 kilómetros que tiene la frontera colombo-venezolana, convertida en una zona liberada para narcos y paracos, trata por todos los medios de crear las condiciones que justifiquen la intervención militar norteamericana en América del Sur; en lo inmediato, mantener viva la tensión entre Colombia y Venezuela luego del recambio presidencial, evitar que Santos modifique la 9 Ver más antecedentes de este tema en el sitio Web de la Cadena Caracol, 4 Mayo 2010 http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=1019108 10 Datos que surgen de estudios e investigaciones realizados por el MOVICE, Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado: 4,5 millones de desplazados, cifras 2009: http://www.movimientodevictimas.org/index.php?option=com_content&task=view&id=278&Itemid=64 Sobre la superficie agrícola expropiada, ver las cifras del año 2009: http://www.movimientodevictimas.org/index.php?option=com_content&task=view&id=274&Itemid=69

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agenda de confrontación permanente con la revolución bolivariana instituida por Uribe y enlodar la cancha para que Chávez llegue desgastado y acosado internacionalmente a las elecciones de finales de Septiembre. Preocupado por su futuro y agobiado por el espectro de Noriega pudriéndose en una cárcel gringa o de una querella planteada ante la Corte Penal Internacional, Uribe se esmera hasta el último día de su mandato para mostrar su total sumisión a los dictados de los imperialistas. Por eso es importante desenmascarar al denunciante, y exigir la pronta intervención de la UNASUR para desbaratar los planes de Washington en Nuestra América. Este no es un tema para la OEA (que además no supo desbaratar la provocación uribista) sino para la UNASUR, que será puesta a prueba con este incidente. Es de esperar que esta naciente organización de los países sudamericanos actúe de inmediato, ya mismo, porque de lo contrario puede ser demasiado tarde para evitar las graves consecuencias de todo orden que tendría la consumación del proyecto belicista de los Estados Unidos, implementado por Washington y sus proxies latinoamericanos. www.atilioboron.com, julio 26 de 2010.

LA ESPADA DE DAMOCLES QUE PENDE SOBRE ÁLVARO URIBE Por Heinz Dieterich* En el expediente criminal de Álvaro Uribe hay dos delitos que se están convirtiendo en la espada de Damocles de la justicia colombiana e internacional contra el ex presidente. El 9 y 13 de julio del presente, Uribe fue acusado por primera vez directamente por los casos de espionaje telefónico y seguimiento a personalidades de la alta política colombiana. La acusación fue hecha, nada menos, que por el ex director general del Área de Inteligencia de la policía secreta del régimen, "DAS", Fernando Alonso Tabares Molina. Siendo la justicia colombiana una honrosa excepción a la mayoría de las justicias clasistas corruptas de América Latina, es muy posible que esta vez Uribe no se escape de la responsabilidad de haber creado un proto-Estado paramilitar-narco, a la sombra del Estado oficial; coordinado desde la Presidencia y el DAS. Más grave aún es que el 22 de julio del presente, diputados y senadores del Congreso de la República, junto con 21 parlamentarios europeos y representantes de organizaciones de Derechos Humanos de Colombia, constataron en el municipio de la Macarena, departamento del Meta, un cementerio clandestino con, posiblemente, unas 1.500 víctimas de la Fuerza Armada de Colombia y sus aparatos paramilitares. La fosa común se encuentra al lado de una brigada del Ejército que ha recibido apoyo del Plan Colombia. La reacción de Uribe al descubrimiento consistió en su habitual método de amenazar e intimidar. Esas acusaciones, dijo, las están haciendo "voceros del

* HEINZ DIETERICH, científico social y economista alemán, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México.

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terrorismo para poderse recuperar". Se le olvidó que con los parlamentarios europeos, sus métodos terroristas no van a funcionar. Hoy día está claro que la ejecución del "Plan Colombia" por Uribe, es una cadena interminable de crímenes de lesa humanidad, moldeada según el modelo de holocausto de Washington en Vietnam, con su Operation Phoenix, que asesinó a 75.000 cuadros vietnamitas; el body count, es decir, la matanza de civiles en beneficio de soldados y oficiales, que en Colombia reaparece ---con una tasa de impunidad del 98.5%--- como la política de "falsos positivos"; la "separación del pez del agua", o sea, del guerrillero de la población campesina, que ha producido más de cuatro millones de desplazados y refugiados en Colombia; finalmente, el vano intento bélico de destruir la retaguardia del Movimiento de Liberación Nacional (Vietminh) que llevó a la invasión militar de Laos y Camboya y, en Colombia, a la intervención militar contra Ecuador y la planeada agresión contra Venezuela. Paso a paso, esos crímenes saldrán del anonimato creado por el poder oligárquico colombiano y alcanzarán a sus autores, tal como está sucediendo con los asesinos militares y policiacos del Cono Sur. Santos ya tiene una orden de captura en su contra en Ecuador, desde el 26 de abril del 2010, que solo podrá neutralizar a través de un arreglo político. Si no llega a ese quid pro quo, quedará desprotegido jurídicamente una vez que deje la Presidencia. Cuando el dictador Pinochet dejó la presidencia chilena, en 1990, pasaron ocho largos años antes de que fuera detenido en Londres. No cabe duda, de que el futuro carcelario de Uribe y Santos se resolverá en un plazo mucho más corto. Sin embargo, la diferencia clave entre ambos radica en que a Santos le quedan cuatro años para salvarse, mientras que Uribe se quedó desamparado institucionalmente. Julio de 2010

COLOMBIA: TERRORISMO DE ESTADO EN EL NOMBRE DE LA PAZ Por James Petras* La primera causalidad del terrorismo de estado es la corrupción del lenguaje, la invención de eufemismos en donde palabras significan su opuesto y eslogan que cubren grandes crímenes. Ya no hay consenso global que condena los crímenes contra la humanidad. Porque las masacres y los asesinatos selectivos aseguran la confianza de la inversión exterior; los indígenas son desplazados para que minas puedan ser explotadas, trabajadores desaparecen para que el petróleo fluya, la prensa internacional alaba el éxito del presidente en "pacificar el país."

* JAMES PETRAS, sociólogo estadounidense conocido por sus investigaciones sobre el imperialismo, la lucha de clases y los conflictos latinoamericanos. Ha sido profesor de Binghamton University de Nueva York, la Universidad de Pensilvania, y Saint Mary's University, de Halifax (Canadá).

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Cuando los narco-presidentes son recibidos por los líderes norteamericanos y europeos, es evidente que cuando los criminales se vuelven respetados, los respetados se vuelven criminales. Pero otras voces de otras regiones han puesto sus criminales de guerra de hoy y ayer en juicio. En Argentina, los generales de los desaparecidos pasan sus últimos años de vida en prisión. Peticiones de arresto contra comandantes militares israelíes se han dado a cabo en España, Dubái y en otros lugares. Tony Blair, cómplice del genocidio iraquí' de Bush es buscado para arresto criminal ciudadano en Malasia. Colombia, Estados Unidos e Israel, los epicentros del terrorismo de estado son los únicos en la Asamblea General de las Naciones Unidas que han sido condenadas pero no puestas a juicio. Los días de la impunidad se acaban. Guerras sin fin, corrupción rampante, engaño financiero masivo -la podredumbre interna- se están erosionando las fachadas externas del poder militar. Los escritores e intelectuales tienen un rol que jugar en acelerar el proceso en exponer las mentiras que sostienen las maquinas de guerra. Continuemos. Las mentiras de nuestros tiempos: Política de Seguridad Democrática, que no es ni democrática ni para la seguridad. La corrupción del lenguaje acompaña cada gran crimen político. La noción de la "seguridad democrática" no es la excepción. En el actual contexto colombiano, asesinar líderes de movimientos sociales para asegurar la reelección de un partido de asesinos políticos es democrático. "Seguridad" es el eufemismo de cementerios de tumbas sin marcar, nombres olvidados. "Libertad de prensa" existe cuando anuncia otro "triunfo militar"... el asesinato de campesinos desarmados cultivando sus campos. Los economistas son expertos cuando proclaman que la economía está creciendo. Los políticos son estatistas cuando declaran que son uno con el pueblo, a excepción de cuatro millones de desplazados y más de treinta mil, familiares de los desaparecidos que no aprecian al que se afirme, que es uno con el pueblo. Cuando el presidente afirma que guerra es paz, militarización es seguridad, desigualdades son justicia social, los que no logran entender estas verdades oficiales temen un toque a la puerta a la medianoche. La definición oficial de un terrorista es aquel que no logra entender que el camino a la paz, es gastar miles de millones en aviones de guerra, helicópteros, bases militares, contratistas consejeros militares y mercenarios. Enemigos de los diálogos de paz De acuerdo con el presidente, los grupos de derechos humanos quienes se oponen a asesinar a los adversarios, quienes proponen diálogos en vez de monólogos son los

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enemigos de la paz. Sólo los monólogos aseguran que hay una sola verdad oficial y ninguna otra. El Precio de la Prosperidad De acuerdo con el presidente y el Fondo Monetario Internacional, la pobreza, el desempleo y los bajos ingresos son los precios de la democracia y la prosperidad, pero sólo los obreros y los campesinos pagan el precio y los ricos prosperan. Una nueva definición de soberanía De acuerdo con el presidente, ceder territorio a un poder imperial extranjero para construir siete bases militares que operan con sus propias leyes y jurisdicción, es la nueva definición de soberanía. Soberanía es igual a ocupación extranjera. La nueva definición de subversión De acuerdo con el presidente, acuerdos humanitarios e iniciativas de paz son pretextos para subversión. Quienes lo piden, saben de antemano que serán rechazados por el estado. Deshumanizar el enemigo y los que abrogan por la paz facilita el bombardeo de pueblos subversivos, estos son los verdaderos enemigos de la paz. Alabanzas y condenas ¿Qué hay para decir sobre un presidente que es condenado por todos los grupos de derechos humanos y movimientos sociales y alabado por todos los medios financieros e instituciones militares? Un presidente con récords mundiales No hay duda que el Presidente Uribe, ya ingresó al libro de los record Guiness. El Presidente cuenta con el apoyo de más narcos en el congreso que cualquier otro presidente o primer ministro en el mundo, incluyendo Afganistán. El Presidente es responsable del desplazamiento forzado de la mayor cantidad de personas en la menor cantidad de tiempo que cualquier otro presidente en la historia, incluyendo Israel. El Presidente ha permitido el establecimiento de más bases militares norteamericanas que todos los otros presidentes latinoamericanos combinados. El Presidente "presidio" sobre la muerte de más sindicalistas y dirigentes sociales que cualquier otro líder en el mundo. El presidente se merece un premio Innoble. Pero no está solo. Tres presidentes, demócratas y republicanos, Clinton, Bush y Obama lo proveyeron con miles de millones de dólares en armas, y centenares de consejeros

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para promover 30 mil escuadrones de la muerte y 300 mil soldados que le ayudaron a Uribe con sus récords mundiales. Recordemos y castiguemos los crímenes de lesa humanidad de hoy y ayer, pero también sigamos adelante en la búsqueda de dialogo entre quienes lo desean porque son la mayoría los que creen en la paz a través de la justicia. Traducción: Justicia y Vida Foro Internacional, Bogotá Colombia, mayo 13 y 14 de 2010

UN RÉGIMEN COMO EL DE URIBE, ES PEOR QUE UNA DICTADURA MILITAR: HEBE DE BONAFINI

Refiriéndose al gobierno de Álvaro Uribe Vélez, la presidenta de la Asociación de Plaza de Mayo de Buenos Aires, Argentina, Hebe de Boanfini sostuvo: "Las dictaduras son cívico-militares, no las hacen los militares solos. Si ustedes en Colombia no hubieran tenido ese hijo de mil putas de Presidente que tuvieron, no estaría pasando lo que pasa, a veces los civiles son peores que los militares, lo vimos con Uribe. Mi mensaje al pueblo colombiano y a los sectores progresistas es que la única lucha que se pierde es la que se abandona, los colombianos no pueden bajar la guardia y por eso no hay que abandonar nunca la lucha pese a todas las adversidades. No podemos entregar la patria por la que tantos colombianos han ofrendado su vida y para ello es necesario enfrentar el miedo. La presencia de tropas norteamericanas en las bases militares colombianas es un peligro para América Latina. Estados Unidos y la derecha colombiana liderada por Uribe Vélez no aceptan que Latinoamérica se una, por eso se atraviesan a proyectos integracionistas como UNASUR. A ellos no les conviene la libertad y la independencia de nuestros pueblos. Un régimen como el de Uribe es peor que una dictadura militar".

LA META ES DETENER A URIBE Por Fernando Garavito Uribe, sobra decirlo, no es una persona. Uribe es un sistema, es una forma de pensamiento, es la agresión persistente del más fuerte, es la miopía social, es la pobreza absoluta de ideales. Uribe es esa figura desvaída de un país que se pone la mano en el sitio donde debería tener el corazón y sólo encuentra vacío. La tarea contra las muchas acciones criminales del gobierno: el ataque a la población civil, el terrorismo de Estado, la entrega de la soberanía, el atropello a los débiles, la profundización del abismo económico, la transformación de unas instituciones discutibles en instituciones indiscutibles dentro del propósito de la administración de consolidar el crimen, puede expresarse dentro de un solo objetivo: detener a Uribe, y, al detenerlo, detener lo que el delito representa como forma de acción política.

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Está bien la discusión teórica, y mi objetivo ha sido siempre el de participar de manera activa en el debate en torno a las dudas que se presentan y en las conclusiones a las que pueda llegarse. Pero pienso que la urgencia del momento está en la acción, y que esa acción está en detener a Uribe. Si pudiera expresar mi opinión diría que la unidad se construye planteando metas que hablan un lenguaje común y proponen un objetivo necesario. Ahora mismo, ese lenguaje, ese objetivo, no es otro que el de detener a Uribe. Santa Fe, N.M., enero 16 de 2010.

BALANCE COLOMBIA A LA SALIDA DE URIBE Por Juan Manuel López Caballero Que un país avance en 8 años de gobierno es lo menos que se puede esperar. Lo importante es el cuánto, el cómo, a qué costo y en cuáles aspectos. La seguridad democrática se precia de que "se puede viajar por las carreteras". Pero pareciera que más que seguridad, la cantidad de retenes militares muestran es lo inseguras que son. Y seguramente menos 'democrática' que para los eventuales 50 o 100 mil propietarios que así pueden ir a sus fincas, se percibe esa 'seguridad' para los 2.800.000 desplazados que el asesor presidencial considera 'migrantes internos'. Y el consuelo de que estos están disminuyendo es como la del calvo con que cada vez se le caen menos pelos. En cuanto a la disminución de secuestros y homicidios, falta tener en cuenta las categorías que implican ambos delitos pero que tienen otras denominaciones: Desaparecidos: La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas ha informado que entre el 1º de enero de 2007 y el 21 de octubre de 2008 se registraron 7.763 casos (11 diarios)- En el 2002 eran dos diarios, en el 2004 cuatro, al inicio del segundo mandato siete. Ejecuciones extrajudiciales: el Observatorio de Derechos Humanos de la CCEEU (Coordinación Colombia Europa Estados Unidos) en el 2007 señaló un incremento del 65,51 por ciento en relación con las ocurridas de 1997 a mediados de 2002. El Relator de Naciones Unidas enfatiza el crecimiento: en 2002 fueron 12; en 2003, 37; en 2004, 93; en 2005, 125; en 2006,223; en 2007, 397. En total según la fuente que cita, 1.486 entre julio 2002 y junio 2008. Falsos positivos: Según Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, de los 1.160 casos que está investigando y que comprenden 1.881 víctimas, 312 fueron denunciados entre enero y julio de este año (2010).

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Fosas comunes: En abril 2007, al año de iniciada la búsqueda de fosas comunes, la Fiscalía recibía 3.710 denuncias de sitios en donde hallarlas e informó que tenía unos 10.000 casos documentados de víctimas de los paramilitares sepultadas en ellas. En 2.644 fosas exhumadas por la Fiscalía, hasta ahora, se han encontrado 3.216 osamentas distintas (no incluidos los 449 NN, abatidos por el ejército y enterrados al lado de la guarnición de La Macarena). Por algo las necropsias en Medicina Legal han ido aumentando hasta llegar en 2008 a 30.770 y en 2009 a 33.017 (sobra decir que solo se hacen a los muertos que aparecen) Y por algo en la clasificación de países más violento y peligrosos del Instituto Global por la Paz GPI (Global Peace Index) Colombia está de 138 sobre 147. Y el costo económico: Según Semana (3-VII-2010), después de cinco años, la primera sentencia contra 2 paramilitares que se acogieron a 'Justicia y Paz' (Tribunal Superior de Cundinamarca), por 11 muertes y 300 familias desplazadas, cuesta 117.000 millones de pesos (hay más de 2.000 procesados, más de 35.000 homicidios confesados, casi medio millón de familias desplazadas; el Fondo de Reparación tiene solo 32.000 millones). La 'confianza inversionista' también se debe mirar con lupa: el crecimiento de la inversión extranjera ha sido principalmente y muy de lejos en el sector extractivo (Petróleo, Carbón) pero porque estas inversiones van dónde hay esos recursos, no por confianza en un país. Por el contrario, la desconfianza requiere ser compensada con prebendas y beneficios para atraerla: por eso los 'contratos de estabilidad', las exenciones tributarias, pero sobre todo la disminución del costo de las concesiones, con la modalidad de subastar a partir de un porcentaje mínimo de regalías (dándose la paradoja de que el aumento de la extracción -de la que se precia el Gobierno- casi nada contribuye al mayor ingreso para el país; se entrega buena parte del subsuelo nacional contra simples aventuras donde es el riesgo-beneficio y no la confianza lo que atrae). Raro sería que fueran la seguridad y la confianza lo que el país vendiera, cuando además otros indicadores son: Menor crecimiento del continente durante el periodo de bonanza más grande de la historia reciente (apenas se mantuvo cerca al promedio histórico del 4%) y menos expectativa inmediata, con el Banco Mundial pronosticando 2.8% mientras el Presidente del BID, Luis Alberto Moreno prevé 4.5% promedio para América Latina y el Caribe. Según el International Institute for Management Development (IMD) (que ni Uribe puede incluir entre las ONGs enemigas de Colombia) sobre 57 países estudiados Colombia clasifica de 56 en Productividad y eficiencia; de 57 en infraestructura científica; de 56 en educación; de 45 en competitividad (perdió 10 puestos el último año); de 40 en un sistema financiero "que se canaliza obsesivamente hacia sí mismo o hacia el sector público deficitario e improductivo y no hacia el sector real de la economía". Según Alberto Carrasquilla el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2010 muestra que las

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obligaciones derivadas de distintas sentencias y conciliaciones, las cuales representaban 0.7% del PIB en 2009, saltan al 18% del PIB en 2010. Basta pensar que según el Procurador para Conciliaciones el caso Ingrid por 'solo' 15.000 millones entró después de más de 300.000 (¡!) otras solicitudes, que suman más de 118 billones (millones de millones) de pesos. Y qué dirán de la cohesión social aquellos que perdieron las más de 4.000.000 de hectáreas que reconoce el Estado. O como lo destaca Mauricio Cabrera, qué pensar de que desde el 2001 los precios de las acciones en la bolsa de valores han subido más de 1.200%, o de que las utilidades del sistema financiero se multiplicaron por siete al pasar de $632.000 millones en el 2002 a $4.4 billones en el 2009, mientras el salario mínimo solo creció 6% en estos años. Entre el 2002 y el 2007 la participación de las utilidades de las empresas en el PIB pasó del 28.9% al 33.7%, a costa de una disminución idéntica de la de los asalariados en el ingreso nacional (caso único conocido). Como se sabe es el país donde menos disminuyó la pobreza, el único que aumentó el Gini de la desigualdad, el de mayor desempleo del continente, y el de mayor crecimiento en el subempleo y la informalidad. La delincuencia trasladada de los campos a las ciudades se disparó vertiginosamente; 21.887 delincuentes han tenido que ser recluidos con casa por cárcel; y se intentó 'la emergencia judicial' por la cantidad que quedan libres por prescripción de términos ante la incapacidad del sistema judicial de manejar ese crecimiento. (Y eso que según el mismo relator de la ONU "La actual tasa de impunidad en relación con presuntas ejecuciones por parte de las fuerzas de seguridad, llega hasta el 98,5%"). Destaca el Gobierno que ya no somos el primer en hectáreas en cultivos de coca, pero omitiendo -como sí lo muestra Thoumi- que sí lo somos en producción de cocaína porque mejoramos nuestra productividad y porque avanzamos en la cadena productiva importando hoja para industrializarla acá. Tampoco divulgan que para disminuir de 81 mil a 68 mil hectáreas se erradicaron 165.329 (60.557 manuales y 104.772 por aspersión), siendo así también el país que más siembra. No alcanza el espacio para el recuento de lo que han significado las pésimas relaciones internacionales, los 'choques de trenes', el abandono del campo, la crisis de la salud, la pérdida de la ética públuca, ni el costo y lo que falta para recomponerlas. Julio 29 de 2010

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XII. VIDEOS

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Actualizado a noviembre 5 de 2010