informe.democracia.española_fund.alternativas_2011

INFORMESOBRE LADEMOCRACIAEN ESPAA2011

INFORMESOBRELADEMOCRACIA

ENESPAA

2011

| | fundac iona l te rnat ivas .o rg

CALIFICACIN DE LA DEMOCRACIA EN ESPAA: 5,9

Para la realizacin del Informe sobre la Democracia en Espaa (IDE-2011), elLaboratorio de la Fundacin Alternativas design un Consejo Asesor que, junto con eldirector del IDE, debati sobre los trabajos en curso y concret una propuesta finalpara el documento. Un equipo de investigadores contratado por el Laboratorio llev acabo la recogida de la informacin, la elaboracin de los datos relevantes y laredaccin inicial de los diferentes captulos que componen este IDE. La edicin finalcorrespondi al equipo de direccin del mismo.

CONSEJO ASESOR

Joaqun Estefana Moreira (Director del Informe), Joaqun Arango Vila-Belda, Mercedes Cabrera

Calvo-Sotelo, Juan Manuel Eguiagaray Ucelay, Jess Leguina Villa, Sandra Len Alfonso, Jos

Mara Maravall Herrero, Emilio Ontiveros Baeza, Javier Pradera Gortzar, Rubn Ruiz-Rufino,

Ignacio Snchez-Cuenca Rodrguez, Julin Santamara Ossorio, Beln Barreiro Prez-Pardo

(Directora del Laboratorio de Alternativas) y Javier Ortiz Vicente (Subdirector del Laboratorio de Alternativas).

INVESTIGADORES

Luis Ayala Can, Mariano Bacigalupo Saggese, scar Celador Angn, Carlos Elordi Dentici,

Modesto Escobar Mercado, Joaqun Estefana Moreira, Pablo Fernndez Vzquez, Braulio Gmez

Fortes, Santos Juli Daz, Vctor Lapuente Gin, Sandra Len Alfonso, Rosa Martnez Lpez, Emilio

Ontiveros Baeza, Llus Orriols i Galve, Javier Pradera Gortzar, Toms de la Quadra-Salcedo

Fernndez del Castillo, Gonzalo Rivero Rodrguez, Jess Ruiz-Huerta Carbonell, Rubn

Ruiz-Rufino, Ignacio Snchez-Cuenca Rodrguez y Miguel Satrstegui Gil-Delgado.

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INFORMESOBRE LADEMOCRACIAEN ESPAA2011

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Ninguna parte ni la totalidad de este documento puede ser reproducida, grabada o

transmitida en forma alguna ni por cualquier procedimiento, ya sea electrnico,

mecnico, reprogrfico, magntico o cualquier otro,

sin autorizacin previa y por escrito de la Fundacin Alternativas.

Fundacin Alternativas

Fundacin Alternativas

ISBN-13: 978-84-92957-63-7

EDICIN: Iosu Latorre. COORDINACIN: Javier Ortiz y Julio Embid.

MAQUETACIN: Chano del Ro y Juan Ramos (grficos).

EDITA: Fundacin Alternativas. Calle Zurbano 29, 3 izq. 28010 Madrid. Espaa.

Tel: 34 913 199 860 | Fax: 34 913 192 298 | www.falternativas.org


Para la realizacin del Informe sobre la Democracia en Espaa (IDE-2011), elLaboratorio de la Fundacin Alternativas design un Consejo Asesor que, junto conel director del IDE, debati su estructura y orientacin a lo largo de varias sesiones,conoci los trabajos en curso y la propuesta de documento final.Un equipo de investigadores contratado por el Laboratorio llev a cabo la recogida dela informacin, la elaboracin de los datos relevantes y la redaccin inicial de losdiferentes captulos que componen este IDE. La edicin final correspondi al equipode direccin del mismo.

CONSEJO ASESOR

Joaqun Estefana MoreiraDirector del Informe

Joaqun Arango Vila-Belda

Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo

JuanManuel Eguiagaray Ucelay

Jess Leguina Villa

Sandra Len Alfonso

Jos Mara Maravall Herrero

Emilio Ontiveros Baeza

Javier Pradera Gortzar

Rubn Ruiz-Rufino

Ignacio Snchez-Cuenca Rodrguez

Julin Santamara Ossorio

Beln Barreiro Prez-PardoDirectora del Laboratorio de Alternativas

Javier Ortiz VicenteSubdirector del Laboratorio de Alternativas

Equipo del Informe sobre laDemocracia en Espaa, 2011

3


Luis Ayala CanRenta y desigualdad

Doctor enEconmicas por laUniversidadComplutense

deMadrid. Catedrtico de EconomaAplicada en laUni-

versidad Rey Juan Carlos de Madrid. Ha sido Subdirec-

tor General de Estudios del Instituto de Estudios Fisca-

les.Hapublicadonumerosos trabajos sobre desigualdad

y pobreza.

Mariano Bacigalupo SaggeseJusticia

Licenciado en Derecho por la Universidad de Friburgo

(Alemania), Diplomado en Derecho Constitucional y

CienciaPoltica por elCentrodeEstudiosPolticos yCons-

titucional (CEPC), as comoDoctor enDerecho conPre-

mio Extraordinario. Es Profesor Titular de Derecho

Administrativo en la Facultad de Derecho de la UNED

y ex Letrado del Gabinete Tcnico del Consejo General

del Poder Judicial.

scar Celador AngnReligin y Estado

Doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de

Madrid. Catedrtico de Derecho Eclesistico de la Uni-

versidad Carlos III. Ha publicado numerosos artculos

y monografas sobre los principios constitucionales de

laicidad, libertad de pensamiento, conciencia y reli-

gin, as como sobre poltica y secularizacin.

Carlos Elordi DenticiMedios de comunicacin

Periodista. Ha trabajado para los diarios La Repubblica

yEl Pas y para laCadenaSER, as comodirector delmen-

sualMayo. En la actualidad colabora como columnista de

opinin en El Peridico de Catalunya.

Modesto Escobar MercadoSondeo sobre la democracia

Doctor enSociologa por laUniversidadComplutense de

Madrid y Catedrtico de la Universidad de Salamanca.

Especializado en tcnicas de investigacin social. En la

actualidad dirige el Mster de Servicios Pblicos y Pol-

ticas Sociales de la Universidad de Salamanca

Joaqun Estefana MoreiraEditorial

Licenciado en Ciencias Econmicas y en Ciencias de la

Informacinpor laUniversidadComplutensedeMadrid.

Ha sido director de El Pas y director de opinin de este

peridico. En la actualidad dirige la Escuela de Perio-

dismo UAM/El Pas. Premio Europa de Periodismo

por su defensa de las libertades democrticas.

4

INVESTIGADORES


5Pablo Fernndez-VzquezCorrupcin

Es candidato doctor en el Departamento de Ciencia Po-

ltica de la Universidad de Nueva York. Licenciado en

Ciencias Polticas por la Universidad Complutense, ob-

tuvo el ttulo de Mster en el CEACS del Instituto Juan

March, adems del Diploma de Estudios Avanzados

del Departamento de Ciencia Poltica de la Universi-

dad Autnoma de Madrid.

Braulio Gmez FortesSondeo sobre la democracia

Doctor en Ciencias Polticas y Sociologa por la Univer-

sidad Complutense de Madrid. Actualmente es investi-

gador en el Instituto de Estudios Sociales Avanzados -

Consejo Superior de Investigaciones Cientficas.

Santos Juli DazMemoria histrica

Catedrtico emrito de Historia del Pensamiento Pol-

tico de laUNED.Ha sidoDecano de la Facultad deCien-

cias Polticas y Sociologa de la UNED. Colabora como

columnista del diario El Pas.

Vctor Lapuente GinCorrupcin

Profesor de Ciencias Polticas en el Quality of Govern-

ment Institute de la Universidad de Gotemburgo (Sue-

cia). Doctor en Ciencias Polticas por la Universidad de

Oxford y Doctor miembro del Instituto JuanMarch.

Sandra Len AlfonsoPoltica

Doctora en Ciencias Polticas por la Universidad Aut-

noma de Madrid y Doctora miembro del Instituto Juan

March. Actualmente es investigadora en el Centro de Es-

tudiosPolticos yConstitucionales y responsable deZoom

Poltico en el Laboratorio de Alternativas.

Rosa Martnez LpezRenta y desigualdad

ProfesoradeEconomaPblicaen laUniversidadRey Juan

Carlos. Licenciada en Econmicas y en Sociologa por la

Universidad Complutense deMadrid. Ha sido investiga-

doradel InstitutodeEstudiosFiscales y sus trabajos sehan

especializado en distribucin de la renta y poltica social.

Emilio Ontiveros BaezaEconoma

Catedrtico de Economa de la Empresa en la Universi-

dad Autnoma deMadrid de la que fue vicerrector du-

rante cuatro aos y autor de varios libros, y numerosos

artculos, sobre economa y finanzas. Fundador y Presi-

dente de Afi (Analistas Financieros Internacionales).

Llus Orriols i GalvePoltica

Doctor en Ciencias Polticas por la Universidad de Ox-

ford (Nuffield College) y Doctor miembro del Instituto

Juan March. Actualmente es profesor de Ciencias Pol-

ticas en la Universidad de Girona.


6Javier Pradera GortzarTC y Estatut

Licenciado enDerecho por laUniversidadComplutense

de Madrid. Fundador de El Pas, fue director de opi-

nin de este peridico. En la actualidad es el director

de Claves de Razn Prctica.

Toms de la Quadra-Salcedo Fernndezdel CastilloTC y Estatut

Catedrtico de Derecho Administrativo de la Universi-

dadCarlos III deMadrid.Ha sidoPresidente delConsejo

de Estado y Ministro de Justicia y de Administracin

Territorial.

Gonzalo Rivero RodrguezCorrupcin

Es candidato doctor en el Departamento de Ciencia Pol-

tica de la Universidad de Nueva York. Anteriormente ob-

tuvo el ttulo deMster por el Centro de Estudios Avanza-

dosenCienciasSociales (CEACS)del InstitutoJuanMarch.

Es licenciado enHistoria por laUniversidad de Vigo.

Jess Ruiz-Huerta CarbonellRenta y desigualdad

Catedrtico de Economa Aplicada en la Universidad

Rey Juan Carlos. Ha sido director del Instituto de Es-

tudios Fiscales y vicerrector de la Universidad de Sa-

lamanca. Coordin el programa EUROSOCIAL de la

Unin Europea.

Rubn Ruiz-RufinoPoltica

Doctor en Ciencias Polticas y Sociologa por la Univer-

sidadComplutense deMadrid yDoctorMiembrodel Ins-

tituto JuanMarch.Ha sido investigador del InstitutoUni-

versitario Europeo de Florencia (IUE) y del Consejo

Superior de Investigaciones Cientficas (CSIC). Actual-

mente es investigador Garca-Pelayo del Centro de Es-

tudios Polticos y Constitucionales (CEPC).

Ignacio Snchez-CuencaJusticia

Director de Investigacin del Centro de Estudios Avan-

zados de Ciencias Sociales (CEACS) del Instituto Juan

March yProfesor Titular de Sociologa en laUniversidad

Complutense. Doctor en Sociologa por la Universidad

Complutense de Madrid.

Miguel Satrstegui Gil-DelgadoPartidos polticos

Profesor deDerechoConstitucional de la Facultad deDe-

rechode laUniversidadComplutensedeMadrid.Ha sido

Director de laAsesora Jurdica delGrupoPRISA y deSo-

gecable ySecretarioGeneral TcnicodelMinisterio deCul-

tura. Miembro del Patronato de la Fundacin Carlos de

Amberes y de la Fundacin Thyssen Bornemisza.


7Prefacio

Este es el quinto Informe sobre la Democracia en Espaa (IDE) que presenta el Laboratorio dela Fundacin Alternativas. Como en los aos anteriores, la preocupacin fundamental deesta compilacin de trabajos es la de ofrecer un anlisis riguroso del estado de nuestra demo-cracia, en muchas de sus dimensiones.En este IDE se presta atencin a la actuacin del Gobierno, a sus proyectos y a sus resultados;a las lneas estratgicas de la oposicin; a la evolucin de la opinin pblica; a los problemas quese plantean a propsito de la democracia interna de los partidos polticos; a la corrupcin po-ltica y a las frmulas institucionales que podran atajarla; al papel que los medios de comu-nicacin desempean en el control delGobierno y en la configuracin denuestra esfera pblica;a los conflictos que se han desencadenado a propsito de la intervencin del Tribunal Consti-tucional en un asunto espinoso como el Estatuto de Catalua, as como a los problemas in-ternos de esta institucin con respecto a las manipulaciones y sesgos en los nombramientosde los magistrados; a las relaciones del Estado con instituciones sociales emblemticas, comolas confesiones religiosas; a la capacidad del sistema democrtico para afrontar la crisis eco-nmica, la desigualdad social y la pobreza, o el pasado de nuestra nacin.Esta edicin incluye otra auditora de la democracia, en la que un conjunto extenso de expertosevala su calidad, atendiendo a sus varias esferas: la ciudadana y el Estado de derecho, la repre-sentacinpoltica, lagobernabilidady la rendicindecuentas, la sociedadcivil y laparticipaciny, fi-nalmente, el mbito internacional.Lanotamediadenuestrademocraciaes5,9, ligeramenteporen-cima de la calificacin del ao pasado, pero algo peor que la del 2008. Algunos de los resultadosse asemejan a los de los aos anteriores: sigue siendo decepcionante la baja participacin polticao la incapacidad para atajar la corrupcin y sigue valorndose positivamente la proteccin de losderechos de lasminoras y de la libertad de expresin. Un cambio digno demencin se ha produ-cido en la esfera internacional, con un deterioro significativo: los expertos perciben unamayor in-terferenciade las instituciones internacionalesyde lospodereseconmicosennuestrademocracia.Quiero terminar expresando mi agradecimiento a los autores del Informe, que son quienesgarantizan la seriedad que, en mi opinin, tiene el producto final. Igualmente, quiero dar lasgracias a los miembros del Consejo Asesor, por la orientacin proporcionada, as como al di-rector del IDE, JoaqunEstefana. Por supuesto, este trabajo ve la luz gracias al trabajo diario delequipo del Laboratorio y de la Fundacin.

Beln Barreiro

Directora del Laboratorio de Alternativas


9ndiceEDITORIAL

El pulso del poder econmico al poder poltico 131. Dos situaciones nuevas 14

2. La noche del 9 de mayo 16

3. Crecer para ajustar o ajustar para crecer 18

4. El problema diferencial 19

5. El Estatuto de Catalua 23

6. Alarma de incendios 24

7. El tancredismo del PP 25

El ao ms difcil 271. El pulso de la economa al poder poltico 27

2. Gobernar en crisis 29

2.1 El contagio de la crisis de la deuda

2.2 Las imposiciones de la crisis

2.3 El tortuoso camino de la reforma laboral

2.4 El viraje de Rodrguez Zapatero

3. Un Gobierno en recesin y una oposicin en la cama 39

3.1 La factura electoral del Gobierno

3.2 El peor ao del presidente Rodrguez Zapatero

3.3 Una oposicin en la cama: de la estrategia de la crispacin a la estrategia de la inaccin

4. La cuestin territorial en el 2010 49

4.1 Las energas no renovables de la gobernabilidad

4.2 Repensando el modelo autonmico?

4.3 El Estatut en clave electoral

5. Las elecciones catalanas y los impostergables dilemas del PSC 56

Conclusiones 60

Rezagados y vunerables 631. Introduccin 63

2. Entorno global 64

2.1 Paro creciente

2.2 Deterioro de las finanzas pblicas

2.3 Emergentes diferenciados

2.2 Tensiones en la Eurozona


10

3. Economa espaola 72

3.1 Desempleo diferencial

3.2 Convergencia real estancada

3.3 Regeneracin empresarial

3.4 Finanzas pblicas deterioradas

4. Las polticas econmicas 83

4.1 Poltica presupuestaria

4.2 Reformas

5. Un horizonte de lenta recuperacin 87

Conclusiones 90

Desigualdad y pobreza en tiempos de crisis 931. Introduccin 93

2. Ciclo econmico, desigualdad y pobreza 95

3. Crecimiento econmico y desigualdad en Espaa 97

4. Desigualdad en Espaa en la transicin a la crisis econmica 102

5. Evolucin de los niveles de pobreza y privacin material 104

6. El impacto de la crisis sobre la composicin de la pobreza 107

Conclusiones 112

Bibliografa 114

La democracia interna en los partidos polticos 1151. El concepto de la democracia interna 116

2. El valor de la democracia interna 120

3. La democracia interna en el sistema poltico espaol 122

3.1 El vnculo asociativo

3.2 El vnculo programtico

3.3 El vnculo electivo

Conclusiones 139

Apndice. Referencias a los estatutos de los partidos 143

Polticas pblicas de la memoria 1471. Propuesta de una ley de reconocimiento y reparacin 148

2. Propuestas de la Comisin Interministerial 151

3. Subvenciones a asociaciones y particulares 153

4. Un proyecto de ley duramente contestado 157

5. Nulidad de condenas y exhumacin de fosas 160

6. La ltima mocin 165

Conclusiones 168


11

Medios de comunicacin: incertidumbres del presentey del futuro 1711. Un 20% de periodistas en paro 174

2. Cada de las inversiones publicitarias 175

3. Descenso de la difusin de los diarios 177

4. Prdidas econmicas 182

5. Crece la audiencia de los medios en lnea 183

6. Medios digitales frente a medios impresos 184

7. El pago por las informaciones en lnea 186

8. El usuario, dueo de la informacin 188

9. Las redes sociales 189

10. La televisin y la radio 190

Conclusiones 196

Carencias en el control vertical y horizontal de la corrupcin 1991. Las elecciones como instrumento de control vertical de la corrupcin 200

2. La influencia de los medios de comunicacin en la percepcin de la corrupcin 204

3. Las importantes consecuencias de la corrupcin ms all de las elecciones 209

4. Instrumentos de control horizontal para combatir la corrupcin 212

4.1 De controles externos a controles internos

4.2 De controles internos basados en la legalidad a controles internos basados en incentivos

4.3 De castigar al corrupto a proteger al buen empleado pblico

Conclusiones 221

Bibliografa 222

Las relaciones entre el Estado y las confesiones religiosas 2251. Introduccin 225

2. La reforma de la Ley Orgnica de Libertad Religiosa 226

3. Educacin para la Ciudadana y los Derechos Humanos (EPC) 228

3.1 Posicin del Partido Popular y la Conferencia Episcopal

3.2 La polmica judicial sobre la objecin de conciencia

4. Financiacin de las confesiones religiosas 230

4.1 Financiacin de la Iglesia catlica

4.2 Financiacin de las confesiones religiosas minoritarias

5. La interrupcin voluntaria del embarazo 234

5.1 Desarrollo legislativo

5.2 Posicin de la Iglesia catlica

5.3 Estrategia del PP: el recurso ante el Tribunal Constitucional


12

6. Smbolos religiosos y espacios pblicos 237

6.1 El uso del burka en los espacios pblicos

6.2 Crucifijos y espacios pblicos

6.3 Pauelo islmico y escuela pblica

7. La visita del Papa a Espaa 240

7.1 Los casos de abusos sexuales

7.2 Las declaraciones del Papa y el papel de los lderes polticos durante la visita

Conclusiones 244

El Tribunal Constitucional y el Estatuto de Catalua 2471. Las tensiones previas 247

2. Una sentencia equilibrada 249

3. Nacin y nacionalidad 251

4. Lengua propia 255

5. El blindaje de competencias 257

6. La bilateralidad en las relaciones con el Estado 260

7. Una visin integral del Estado de las Autonomas 262

Conclusiones 264

OPININ

Dos visiones sobre el Tribunal Constitucional y sus decisiones 267La patologa institucional, sin fin y elevada a categora legal.Mariano Bacigalupo 269

Los retrasos y los sesgos de la composicin del Tribunal Constitucional. Ignacio

Snchez-Cuenca 283

Cuarta medicin de la democracia 2951. Introduccin 295

2. Resultados generales 297

3. La calidad de la democracia: resultados por reas 302

3.1 Ciudadana, leyes y derecho

3.2 Representacin poltica

3.3 Gobernabilidad y rendicin de cuentas

3.4 La dimensin de la sociedad civil

3.5 Dimensin internacional de la democracia

Conclusiones 314

Apndice I. Nota metodolgica 316

Apndice II. El cuestionario 317

Apndice III. Listado de participantes que aceptan que su nombre sea publicado 322


13

LAS HUELLAS DE LA CRISIS

El pulso del podereconmico al poder poltico

Los ciudadanos sienten con mucha intensidad lainterferencia de los poderes econmicos y lasinstituciones internacionales.

La principal huella de la crisis son los cincomillones de parados y el crecimiento de ladesigualdad y la pobreza.

Sigue siendo imprescindible un pacto entre lasprincipales fuerzas para lograr el crecimientocon empleo, y aplicar las reformas.

La sentencia del Tribunal Constitucional sobre elEstatuto de Catalua ha establecido una doctrinasobre el alcance del Estado autonmico.

| EDITORIAL |

01 Editorial 13-26:03 Losdistintosnivelesde 87-128 10/5/11 00:27 Pgina 1

14

1. Dos situaciones nuevas

Quin tienemspoder, elGobiernoo los bancos?: los bancos, respondenmayoritariamentelos ciudadanos; y, sin embargo, en esas mismas encuestas, castigan a los gobiernos,sean del signo de sean (tambin al espaol), por su gestin de la larga y profunda crisis eco-nmica. Esta es la primera paradoja de la situacin. Los dos principales cambios que se hanproducido en la poltica espaola en los ltimos meses han sido la emergencia, con ca-rcter general y con una enorme fuerza en la percepcin pblica, de un nuevo poder fc-tico denominado ampliamente los mercados, y la falta de credibilidad del presidentedelGobierno, RodrguezZapatero, hiciese lo quehiciese o dijese lo que dijese. Esta segundacircunstancia ha quedado amortizada en buena parte, dada su decisin de no presentar-se a las prximas elecciones generales.La potencialidad de los mercados como actor principal de la vida pblica se ma-

nifiesta, por ejemplo, en la medicin de la calidad de la democracia, que todos losaos desde 2008 hace un grupo de expertos para el Informe sobre la Democracia en Es-paa (IDE). En ella se analiza hasta qu punto las instituciones democrticas y lossectores polticos de nuestro pas responden a los ideales de la democracia represen-tativa siguiendo dos principios bsicos: el control ciudadano sobre los polticos y las de-cisiones polticas, y la igualdad en el acceso a la esfera poltica de todos los ciudada-nos para ejercer ese control. Pues bien, en la medicin correspondiente a 2010, elmayor deterioro en las opiniones de los expertos, en relacin con los ejercicios ante-riores, se corresponde a la independencia de los gobiernos nacionales frente al exterior;los encuestados advierten el desgaste que supone para la democracia espaola la in-capacidad del Gobierno, sea el que sea, para poder sacar adelante sus polticas sin lasinterferencias de los poderes econmicos y las instituciones internacionales; como efec-to de ello, los ciudadanos podran sentirse menos representados al comprobar cmola toma de decisiones polticas sobre sus intereses se traslada desde el proceso electorala espacios ajenos a la participacin ciudadana, que sienten cada vez ms alejados deellos. Llevada al lmite esta tendencia, en el extremo esos mismos ciudadanos podr-an preguntarse para qu votar. Quiz en parte como consecuencia de ello, la confian-za de los ciudadanos en los principales actores polticos, Gobierno y oposicin, nun-ca haba sido tan baja como ahora en nuestra democracia; este es el primer ao en elque la clase poltica, segn los barmetros del Centro de Investigaciones Sociolgicas(CIS), ocupa uno de los tres primeros problemas de los espaoles.El historiador britnico Tony Judt, recientemente fallecido, ha sido de los analistas

quemejor han estudiado este fenmeno relacionado con elmarco de referencia de nues-tra poca, la globalizacin: el de la responsabilizacin a losmercados de lo que sucedey la impotencia consecuente de los ciudadanos respecto al verdadero poder de sus re-presentantes para solucionarles los problemas para los que fueron elegidos. Y lo vin-cula a lo que se est denominando cada vez ms ampliamente como la economa


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del miedo: las crisis, ya se saba, multiplican el miedo; ahora ya no se trata del te-mor al terrorismo (que contina subsistiendo), sino a la inseguridad econmica, al otro,al inmigrante que viene de fuera y compite con nuestro puesto de trabajo y con las pres-taciones del Estado de Bienestar. El miedo, que resurge como un ingrediente activode la vida poltica de las democracias occidentales: el miedo a la incontrolable velocidaddel cambio, a perder el empleo, a quedar atrs en una distribucin de recursos cada vezms desigual, a perder el control de las circunstancias y rutinas de nuestra vida coti-diana. Y quiz, o sobre todo, el miedo a que ya no podamos definir nuestras vidassino tambin a que quienes tienen la autoridad democrtica hayan perdido su con-trol a favor de fuerzas que estnms all de su alcance. En este entorno cobranms im-portancia que nunca las instituciones pblicas. La historia muestra que cada vez que seproduce una crisis tan extrema como la que estamos sufriendo desde la segunda par-te del ao 2007, los ciudadanos redescubren de forma aguda la necesidad de institu-ciones eficaces, la necesidad de lo colectivo, la importancia de estar bien gobernados, lasignificacin de los servicios pblicos y su buen funcionamiento, la centralidad deun Estado de Bienestar lo ms potente y eficaz que sea posible. Solo que ahora, a di-ferencia de otras coyunturas histricas, hay que hacerlo en el marco de la globalizacin.La ausencia de credibilidad del presidente Zapatero, que sin duda vivi en 2010 su

ao ms difcil desde que lleg a la Moncloa en 2004, vino dada sobre todo por dosaspectos: por un lado, la persistencia de una crisis econmica, como hemos dicho, msprofunda y larga de lo pronosticado por nadie, que est acabando con todo aquel que go-bierna casi en cualquier pas del mundo; y, por el otro, por su gestin de la misma, mar-cada primero por el tardo reconocimiento de los problemas (siempre ha ido detrsde la dificultades), y despus por las medidas contradictorias contradictorias al menospara lamayora de los ciudadanos, ya que la Gran Recesin ha tenido desde su comienzodistintas caras, que hacan preciso medidas reactivas de distinta naturaleza en cadacoyuntura, y por tanto requeran importantes dosis de pedagoga para explicarlas adop-tadas para paliar sus peores efectos. Zapatero ha tenido una virtud que ha devenidoen su peor defecto ante esa ausencia de pedagoga y explicacin consecuente: ha de-fendido con la misma vehemencia e intensidad unas medidas (por ejemplo, la nece-sidad de planes de estmulo keynesianos para cortar la sangra del desempleo en los pe-ores momentos de la recesin, que suponan el incremento de la inversin y el gastopblico y que generaban un dficit de dos dgitos) que las contrarias (la estabilizacinfiscal, la eliminacin de partidas presupuestarias de ayuda a las familias y a los paradosde larga duracin, la congelacin de las pensiones o la disminucin de los sueldos delos empleados pblicos, etc.) en la fase de la crisis en la que el problema principaleran los ataques especulativos contra la deuda soberana, que hubieran podido acabar,incluso, con el propio euro como moneda nica europea. Cul es el verdadero Zapa-tero, el primero o el ltimo?; qu representa mejor sus convicciones, la reforma la-boral aprobada por decreto, que provoc una huelga general, y cuya principal caracte-


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rstica demostrada hasta el momento es el abaratamiento de los despidos, o aquellascontinuas declaraciones en la que aseveraba rotundamente que no se aprobara nin-guna de las reformas estructurales pendientes, principalmente la laboral y la de las pen-siones, sin que antes llegasen a un acuerdo los agentes econmicos y sociales? Lapercepcin mayoritaria ha sido la de un Zapatero contradictorio y, sobre todo, some-tido una vez que no pudo mantener por ms tiempo la direccin de su poltica eco-nmica a los intereses de sus socios europeos y al diktat de los mercados, que casti-gaban con fuerza a unos y a otros.

2. La noche del 9 de mayo

La representacin ms grfica de ello se da en una ciudad y en una fecha: Bruselas, 9demayo, en una reunin de losministros de Economa de la Eurozona en la que laUninEuropea toma por necesidad las decisionesms importantes en almenos una dcada des-de la implantacin del euro para la gobernanza econmica conjunta del futuro inmediato.Alguien titul el resultado de esa cumbre Europa se reinventa en una noche. De ma-drugada, en el ltimo momento, como Europa suele tomar los acuerdos ms trascen-dentales, la Unin Europea aprueba en trminos genricos nuevos mecanismos de go-bierno y esboza el paso de una Unin Monetaria a una Unin Econmica. La cumbrede responsables econmicos se cierra con cinco grandes conclusiones:

1) Se crea un fondo de rescate para evitar una segunda, tercera o cuarta Grecia.Este pas haba tenido que ser salvado de la suspensin de pagos a travs de las ayu-das de la UE y el FMI.

2)Lospasesmsacosadospor la especulacinde losmercados, losperifricos a losque seles denomina (despectivamente, desde la prensa anglosajona) pases PIGS acrstico dePortugal, Irlanda,Grecia yEspaa,pero sobre todoEspaayPortugal, sonobligadosadarungiro copernicano a su poltica econmica en el sentido de un ajustemuy duro y drsticos re-cortes para limitar, en un periodomuy corto de tiempo, sus niveles de dficit pblico.

3)El BancoCentral Europeo (BCE), cuyamisin principal, definida estatutariamente, escontrolar la inflacin, adquiere una nueva funcin casi sacrlega para sus representantesms duros, los halcones: comprar deuda soberana de los pases europeos para limitar la es-peculacin que se abate sobre la misma.

4) Se anuncia de una estrategia para potenciar la coordinacin econmica de la UninEuropea, ms all de la poltica monetaria: un pacto de competitividad que complementaal Pacto de Estabilidad y Crecimiento vigente desde el principio del euro (aunque violen-tado, cada vez que lo consideraron oportuno, por los pasesms importantes de la eurozona,Alemania y Francia, en lo que se refiere al dficit y la deuda pblica).

5)Hay una intervencin directa en la crisis econmica europea por parte del presi-dente de Estados Unidos, que se pone en contacto con los principales lderes de los pa-


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ses, incluido Espaa (a quien se considera too big to fail, demasiado grande para caer: la eco-noma espaola supone por tamao cuatro veces la griega, cinco veces la irlandesa y seis ve-ces la portuguesa). Obama tiene comoobjetivo prioritario de esa intervencin evitar el con-tagio de la deuda europea sobre la deuda americana. Esta es una de las grandes parado-jas de la historia de esta crisis: las turbulencias financieras generadas por los abusos eirregularidades de la banca norteamericana desencadenaron las hostilidades en Europa,que podran reproducir un efecto rebote de segunda vuelta en Estados Unidos.Las cinco conclusiones se consideran elementos imprescindibles para evitar el desastre.

Los lderes europeos entienden que lo que est en juego no es Grecia o Irlanda, ni siquie-ra el contagio de la volatilidad a Portugal o Espaa, sino la propia supervivencia del euro.Rodrguez Zapatero, que apenas unos das antes haba recibido en La Moncloa al lder dela oposicin, Mariano Rajoy, y le haba comentado que reduccin del dficit s, pero a c-mara lenta, no tiene ms remedio que dar un espectacular cambio a su poltica econ-mica y aplicar con extrema urgencia la ciruga agresiva que le haban exigido en Bruselasa cambio de ayudas en caso de que fuesen necesarias para Espaa: anuncia una nuevareduccin del dficit pblico por valor de 15.000millones de euros, la congelacin de laspensiones para lo que resta de ao y la reduccindel salario de los funcionarios enuna cuan-ta del 5%. Son las primeras medidas de choque, que asombrarn a los ciudadanos sobretodo por no estar preparados para ellas y sin que el grado de explicacin de lasmismas hayasido suficiente.La gestin de la crisis econmicamonopoliz la agenda poltica. Ello complic la accin

delGobierno deundoblemodo. Enprimer lugar, una cierta esquizofrenia, ya que tena queresponder al tiempo a las urgencias de los mercados que exigan otra poltica econmicay unas reformas pendientes, y que multiplicaban las presiones sobre las mismas encare-ciendo la primade riesgo de la deuda espaola (con lo cual costabams financiarse para pa-gar lo que ya se deba o para conseguir dinero fresco con el que sufragar los compromi-sos adquiridos con los ciudadanos enmateria de Estado deBienestar, gastos corrientes, par-tidas presupuestarias, etc.), y a la necesaria negociacin con los actores polticos, econmicosy sociales, dado que no dispona de mayora absoluta, y que le demandaban a veces solu-ciones antagnicas a las de los mercados. En segundo lugar, primar la gestin de la crisiseconmica sobre cualquier otro aspecto debilit el sustrato ideolgico del proyecto socia-lista, basado hasta el momento anterior a las dificultades econmicas en la ampliacinde los derechos civiles, lasmejoras sociales enmateria de salariomnimo, pensiones, ayu-das a los parados y a las familias y, en definitiva, la extensin del concepto de ciudada-na poltica, civil y social.La opinin pblica acus inmediatamente esas dificultades de los socialistas, lo que

se traslad a los sondeos en forma de una doble tendencia: prdida de confianza en la ca-pacidad de gestin del Gobierno (y, en especial, de su presidente), con la excepcin de laspolticas relacionadas con la seguridad ciudadana y el terrorismodeETA; y notable descensoen la intencin directa de voto del PSOE, especialmente entre la izquierda.


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3. Crecer para ajustar o ajustar para crecer

La poltica econmica espaola, enmarcada como no poda sermenos en la de los pases dela eurozona, se vio sacudida en 2010 por la confrontacin de ideas que se haba trasladadoal conjunto del planeta. Hasta ese ao se haba instalado en el mismo una especie de senti-do comn de nuestra poca (manifestado en las reuniones del G-20 como principal escena-rio en el que dirimir las salidas a la crisis) consistente en polticas pblicas de estmulo a laseconomas reales que sustituyesen a la anmica presencia de la inversin y el consumo pri-vado, medidasmasivas de apoyo a los sistemas financieras, taln de Aquiles de la recupe-racin segndefinicindelFondoMonetario Internacional, ypolticasmonetarias laxas, contipos de inters bajos y liquidez abundante. Como contrapartida a esas ayudas, semultipli-caron losdficits y ladeudapblicade lamayorpartede lospases.Entonces seprodujoel grandebate que dividi a los pases y a los economistas: crecer para ajustar o ajustar para crecer.Mientras que Estados Unidos y la mayor parte de los pases emergentes los que antes pa-recen haber salido de la Gran Recesin adoptaron la primera va retrasando el ajuste hastaque la recuperacin estuviese consolidada, Europa opt por la segunda, adoptando una po-lticadeextremorigorpresupuestario y, conexcepciones como ladeAlemania, permanecees-tancadacuandoha terminadoelprimer trimestredel ao2011.Cuandosevaa cumplir el cuar-to aniversario del inicio de la Gran Recesin, las economas de la Organizacin de Coopera-cin y Desarrollo Econmicos (OCDE) han abandonado la recesin en sentido estricto dostrimestres oms seguidos de crecimiento negativo, aunque persisten las amenazas de in-estabilidad financiera, demodo que es difcil avanzar todava el potencial de la recuperaciny, ms all, su sostenibilidad en el tiempo. Esta inestabilidad se desplaz desde su epicen-tro, en Estados Unidos, a los pases de la eurozona, y dentro de esta, a losmercados de deu-da. La vuelta aposicionesdecrecimientoeconmicoenelmundo, suficientespara volver age-nerar empleo, se est generandoados velocidades, perteneciendoa laprimera losprincipalespases emergentes, con espectaculares tasas de crecimiento, y que son los responsables delcrecimientode lademandamundial (alimentos,materiasprimas, petrleoquegeneranau-mentos de las tasas de inflacin). Se produce as la llamada paradoja de Lucas (premio Nobelde Economa): la direccin de los flujos de capital no va desde las economasmsmadurasa lasmenos desarrolladas, sino al contrario. En la segunda velocidad, con diferentes gradosy notables excepciones (la ms notable, la de Japn, que ha visto sumar a sus tradicionalesdificultades los efectos de los desastres naturales), se han instalado los pases desarrollados.Espaa, sin embargo, permanece estancada (con tasas de crecimiento muy dbiles),

rezagada en el proceso de recuperacin y con fuertes restricciones crediticias derivadasde su nivel de endeudamiento. Recordemos la composicin de este ltimo: al final de2010nuestro pas deba el equivalente al 357%del PIB anual (cerca de cuatro billones de eu-ros); de ese porcentaje, tan slo el 58% corresponda a la deuda pblica, el 194% era delas empresas y familias, y el 105%restante perteneca al sector financiero.Aproximadamentela mitad de esa deuda, el 170%, estaba contrada con el exterior.


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4. El problema diferencial

Pese a lo gigantesco de esta deuda, el verdadero problema diferencial espaol, el quele distingue de los dems pases de nuestro entorno y de los de la OCDE, es el des-empleo. En 2010 se cumplan tres aos de destruccinmasiva de puestos de trabajo. Se-gn la Encuesta de Poblacin Activa (EPA) del cuarto trimestre de 2010 (ya superadapor la del primer trimestre de 2011), a final de ese ao haba casi 4,7 millones de ciu-dadanos en paro, una tasa del 20,3% de la poblacin activa. Con ser extraordinarioeste porcentaje, ms lo son algunos datos desagregados: el paro juvenil, que afecta a losmenores de 25 aos, superaba el 42% del total de la generacin mejor preparada dela historia de Espaa; el nmero de hogares en el que nadie de los que buscan em-pleo lo encuentra se situaba por encima de los 1,3 millones; se superan por primeravez desde 1996 los dos millones de parados de larga duracin (ms de un ao bus-cando empleo) y el colectivo que crece con ms rapidez es el de los que llevan dosaos a la bsqueda de empleo, que ronda el milln (940.000 personas), tras casi du-plicarse en el ltimo ao. Desde finales de 2007, la crisis econmica se ha llevadopor delante ms de dos millones de empleos, correspondiendo el 55% de ellos al sec-tor de la construccin, lo que manifiesta la intensidad del estallido de la burbuja in-mobiliaria en nuestro pas. La tasa de temporalidad ronda el 25% de los activos.Dificilsima situacin de unGobierno para presentarse a cualquier tipo de elecciones.

Adems, comienzan a conocerse empricamente las huellas que esta crisis est dejan-do en nuestro pas en materia de pobreza y de desigualdad. Se sabe que, en general, ladesigualdad tiende a crecer en pocas de recesin y afecta de manera especial a lossectores ms vulnerables. En una crisis de la naturaleza de la que estamos viviendo,estos ltimos son los relacionados con la prdida del puesto de trabajo. De los datosque se van conociendo se puede deducir que la crisis est generando un efecto impor-tante en trminos de desigualdad y pobreza en Espaa; que los sectores ms afectadosson los ms vulnerables a la situacin de desempleo de largo plazo y que la situacinen elmercado de trabajo es clave para interpretar lo que est ocurriendo con la desigualdad;y, por ltimo, que las polticas pblicas no parecen estar adecundose plenamente a lanueva coyuntura ni a los riesgos que implica que esta se extienda en el tiempo.En la Espaa contempornea se pueden distinguir con nitidez cinco etapas que

relacionan la coyuntura de estancamiento y crecimiento con desigualdad y pobrezarelativa. En primer lugar, el largo periodo de estancamiento desde el inicio de la cri-sis del petrleo (justo enmedio de la dcada de los setenta del siglo pasado) hasta la mi-tad de los aos ochenta no signific, paradjicamente, un empeoramiento de la des-igualdad o de la pobreza. Por qu la intensa destruccin de empleo de la poca (es-pecialmente en el sector industrial), desde el 5% de la poblacin activa hasta ms alldel 20%, no se tradujo en un incremento de la desigualdad?: por el crecimiento delas remuneraciones (incluso en trminos reales) en un periodo altamente inflacionis-


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ta y por el desarrollo de algunos componentes del Estado de Bienestar al amparo dela oleada democratizadora tras el franquismo.La segunda etapa contempla el periodo expansivo de la segundamitad de los aos ochen-

ta hasta el primer tercio de la dcada de los noventa. En ella se dio una importante reduc-cin de la desigualdad enEspaa, al tiempo que en lamayora de los pases de laOCDE (es-pecialmente enEstadosUnidos y el Reinounido, sujetos protagonistas de la revolucin con-servadora de Reagan y Thatcher) se registraron fuertes aumentos de la misma. La raznfundamental fue la fuerte recuperacin del empleo aunque no se lograra reducir signi-ficativamente la tasa de paro y buena parte de los puestos de trabajo se sostuvieran sobreel aumento de la temporalidad ms un incremento del gasto redistributivo al final dedicho periodo, con la puesta enmarcha denuevas prestaciones y el fortalecimiento de otrosprogramas ya existentes.La tercera etapa es el trienio recesivo 1992-1994: un breve pero intenso proceso de es-

tancamiento econmico e incluso de crecimiento negativo. El paro volvi a crecer diez pun-tos, desde una tasa de la poblacin activa del 15% a alrededor del 25%. Hay una rupturade la tendencia de dcadas anteriores en trminos de desigualdad y pobreza, con unatendencia al alza.La cuarta etapa la protagoniza la larga etapa de crecimiento que va desde el ao 1995 (to-

dava con los socialistas de Felipe Gonzlez en el poder) hasta el ao 2007 (las dos legis-laturas de gobiernos del PP y casi toda la primera legislatura de Rodrguez Zapatero). Enella, el crecimiento de los indicadores anteriores de desigualdad y pobreza no se vio com-pensado, por un cmulo de razones: un grannmero de los puestos de trabajo creados erande salarios bajos y en buena parte temporales; los salarios crecieron menos que el em-pleo, por primera vez en varias dcadas; el incremento del gasto social fue ms modera-do en este periodo, conun cierto distanciamiento respecto a los nivelesmedios de laUninEuropea, conviniendo advertir el peso que en Espaa tiene el gasto en desempleo, vincu-lado al nivel de paro; la prdida de la capacidad redistributiva de la imposicin de la ren-ta; la disminucin del efecto redistributivo de las prestaciones sociales monetarias debi-do al aumentomsmoderado del nmero de beneficiarios y al distanciamiento de las cuan-tas respecto a los niveles medios de renta; etctera.As entramos en la quinta y ltima etapa, la de la gran crisis. La experiencia adquiri-

da indica la falta de conexin mecnica entre el crecimiento de la produccin y el em-pleo y lamejora de la desigualdad y la pobreza, as como la importancia de las polticas p-blicas redistributivas, para explicar la evolucin de ambos fenmenos. El IDE-2011 avan-za dos cuestiones: parece existir cierta asimetra en la respuesta de la pobreza relativa yla desigualdad a los cambios de ciclo, y mientras los indicadores se muestran muy sen-sibles a las recesiones (en ellas suben muy rpidamente los indicadores de desigualdady pobreza), la respuesta suele ser menor, o ms lenta, en los ciclos expansivos, como loatestigua la evolucin entre 1995 y 2007. Segundo, la tasa de paro explica parte de am-bos fenmenos (desigualdad y pobreza), pero es ms relevante la distribucin intrafa-


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miliar del desempleo que la propia tasa agregada: las situaciones de pobreza relativa se ex-tienden ante los cambios en la tasa de paro de la persona principal del hogar o cuandoen este todos los activos se encuentran desempleados.La Encuesta de Condiciones de Vida (ECV), que elabora el Instituto Nacional de

Estadstica, es un buen instrumento para analizar algunas cuestiones relacionadas conla desigualdad y la pobreza y permite estudiar de forma comparada estos indicadoresen relacin con lo sucedido en los aos anteriores a la crisis. Lo primero que se des-prende de la ECV hecha pblica en 2010 es un empeoramiento de la desigualdad en Es-paa, que ve aumentar el ndice de Gini casi un punto. Ello se ha debido, sobre todo,al aumento de las diferencias de renta entre los adultos en edad de trabajar, debido alincremento de la tasa de paro y al endurecimiento de las condiciones laborales para unaparte de los que semantenan sin ocupacin. Esta subida de la desigualdad se confirmacon la evolucin de otros ndices quemiden la diferencia en trminos de ingresos anua-les de un ciudadano representativo de la zona alta de la distribucin (rico) respecto aotro situado en el otro extremo de la distribucin (pobre), as como al comparar am-bos niveles con el que se encuentra en la posicin mediana: el 84% del incrementode las desigualdades se gener en la parte baja de la distribucin, es decir, est creciendoentre los individuos de menores rentas. O lo que es lo mismo: se est dando una dis-minucin en trminos reales de las rentas percibidas por los hogares, pero la cadareal est siendo muy superior en el extremo inferior de la distribucin que entre gru-pos de renta media o alta. Los datos indican que el ingreso real del individuo pobretpico cay mucho ms que en caso del rico, con un cambio de perfil de los grupos debaja renta, con un creciente peso de las familias afectadas por el desempleo y unmenorprotagonismo de los pensionistas.La crisis tambin marca un cambio en los indicadores de pobreza en Espaa. El n-

dice de privacinmaterial, por ejemplo (que refleja las dificultades de las familias en dis-tintos mbitos, como el acceso a ciertos bienes y actividades de consumo, problemas parallegar a fin de mes, retrasos en el pago de las hipotecas, alquileres u otros pagos peri-dicos) detuvo sumejora en 2007 y empeor de forma aguda a partir de 2008. Hay uncambio del perfil demogrfico y laboral de las personas en riesgo de pobreza, en ma-yor medida adultos en situacin de empleo precario o desempleo; en cambio, mejoranlos pensionistas. La pasada recesin y actual estancamiento de la economa afecta dema-nera ms dura a las personas cuyos ingresos se hallan ms directamente vinculados almercado de trabajo, con el aumento singularmente rpido del nmero de hogarescuyo sustentador principal est desempleado, sobre todo en familias inmigrantes. Comoconsecuencia de ello, ha aumentado el nmero de menores de 18 aos que viven enhogares en los que nadie trabaja.Conviene insistir en esta caracterstica del mercado laboral sobre la pobreza: el

impacto negativo del desempleo sobre los ingresos y las condiciones de vida es mu-cho mayor cuando el paro afecta a los sustentadores principales, en especial si se tra-


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ta de hogares con hijos econmicamente dependientes. La tasa de pobreza entre estegrupo de desempleados supera el 70% y, adems, en 6 de cada 10 casos, se dan situa-ciones de privacin material, y en casi 5 de cada 10 existe el riesgo de pobreza cons-tante (bajas rentas con privacin material). El origen inmigrante supone un factorcon capacidad explicativa del riesgo de pobreza y privacin material; apreciable ya an-tes de la crisis, se ha agudizado a partir de 2008, debido al mayor aumento del paroen ese segmento en la crisis y la menor cuanta de las prestaciones y subsidios pordesempleo respecto a los trabajadores nativos.De aqu podemos sacar algunas conclusiones sobre las huellas que la crisis est de-

jando entre los ciudadanos espaoles, y que son bastante rotundas:a)Un claro empeoramiento de los indicadores sobre el estado de la distribucin de la

renta en nuestro pas, en relacin con los objetivos razonables de equidad.b) Aunque la crisis afecta a todos la capacidad de defensa y recuperacin de los mis-

mos, es muy diferente segn el lugar que ocupan en la distribucin de la renta.c)Hay un punto de inflexin que comienza en 2008 en cuanto a los indicadores de

privacin material, debido al aumento del nmero de hogares con dificultades financie-ras, especialmente en las familias de inmigrantes; ello se agudiz mucho en 2009, loque es explicable en granmedida por el incremento espectacular del paro de larga duracin:2,15 millones de personas, casi la mitad (un 45%) de los desempleados.

d) Los trabajadores de origen extranjero se sitan entre los grupos ms afectados porla crisis, como consecuencia del hundimiento de los sectores que constituan sus nichos deempleo; tambin los jvenes, los hogares con varios adultos en paro, los trabajadores conbaja formacin o las familias formadas por unamujer parada o con empleo precario, y unoo ms nios a su cargo.

e) La situacin del mercado de trabajo se convierte en el factor decisivo para explicarla situacin de pobreza en sus diversasmanifestaciones, condos elementos clave: el intensocrecimiento del desempleo entre los sustentadores principales de los hogares, muy supe-rior al de otras pocas, lo que conlleva que el cambio en la composicin del paro estaraminorando la efectividad de la red de proteccin informal que en etapas anteriores pudosignificar la familia; y el incremento sin precedentes en el nmero dehogares con todos susintegrantes fuera del mercado de trabajo (ms de unmilln), lo que implica un significa-tivo cose social y una importante prdida de bienestar.

f) A pesar de los esfuerzos realizados desde las polticas pblicas, la insuficiencia delas medidas de proteccin del desempleo, la falta de articulacin de las rentas mnimasautonmicas y las restricciones financieras de las Administraciones pblicas en el actualcontexto de aumento de la pobreza y la desigualdad suscitan serios interrogantes sobre elpeligro de inestabilidad social en el futuro inmediato.

g) La recuperacin econmica, a la luz de experiencias pasadas enEspaa y otros pases,no implica una mejora inmediata de las variables distributivas dada la segmentacinexistente en el mercado de trabajo y la precariedad de muchos empleos creados.


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5. El Estatuto de Catalua

La agenda econmico-social condicion de forma exhaustiva la dialctica poltica del ao2010. Pero no fue su nico tema. Al menos otros dos asuntos el primero, ms novedo-so, el segundodesgraciadamente estructural enturbiaron el horizonte: la sentencia del Tri-bunal Constitucional (TC) sobre el Estatuto de Catalua y los casos de corrupcin.Noventa ynuevediputadosdelPartidoPopular (PP) interpusieronen2006, ante elTC,un

recurso sobre el nuevo Estatuto de Catalua. Este dict su resolucin en 2010, abriendo dosdebatesparalelos: sobre sucomposicinyel tiempoque tardendictaminar, y sobre lapropiasentencia sobre el Estatuto. Las tensiones que precedieron a la resolucin pusieron a prue-ba la capacidaddel alto tribunalpara aplicaruncriterio estrictamente jurdicode conformidadcon elmarco constitucional a los conflictos de naturaleza en ltima instancia poltica.Los problemas inducidos desde el primer momento dentro del TC por las manio-

bras procesales de los recurrentes hicieronmuy descarnada y visible la pretensin del PPde precondicionar el fallo mediante la manipulacin irregular de la composicin delTribunal. El PP sostena que el texto del Estatuto destinado a sustituir al anterior, de 1979,era una forma fraudulenta de proceder a la reforma de la Constitucin. La estrategiade la crispacin aplicada por los populares llev las crticas al nuevo proyecto de Esta-tuto cataln hasta el extremo de considerar que su aprobacin significara la rupturade Espaa. El PP recogi firmas por toda Espaa para pedir un referndumnacional in-viable en trminos legales contra su aplicacin.El TC tard cuatro aos en pronunciarse sobre el recurso del PP, tardanza atribuible a

la presin exterior de los partidos y a los desacuerdos internos del tribunal. Su sentencia noentr a saco en el texto del Estatuto, tal como pretenda el PP, ni transform en leso peca-do de inconstitucionalidad la mera posibilidad o sospecha de futuros usos desviados delos preceptos impugnados, pero tampoco acept las retorcidas lecturas de la letra de laley, tal como los defensores exigan, para hacer cuadrar el crculo de sus realidades y deseos.La sentencia del TC ha resuelto las controversias sobre el Estatuto de Catalua, pero tam-bin, y de forma no menos relevante, ha establecido una doctrina que viene a fijar porprimera vez con carcter general y onmicomprensivo la interpretacin autntica (hecha porel intrprete cualificado que es el TC) de la esencia, significado y alcance del modelo au-tonmico. Tras esta sentencia, otras seis posteriores resuelven los recursos interpuestoscontra el Estatuto por elDefensor del Pueblo y por otras cinco comunidades autnomas (en-tre ellas dos gobernadas por el PSOE). El fallo del TC declar directamente inconstitucio-nales 14 preceptos, letras o incisos de preceptos del Estatuto y tambin consider que noeran inconstitucionales hasta 27 preceptos, siempre que se interpreten en los trminos quese establecen en los fundamentos jurdicos. Pero, adems de tales preceptos, se cuentanpordecenas y decenas (pasan del centenar) los casos en que el Tribunal, al enfrentarse a lapretensin de los recurrentes del PPde que se declare inconstitucional un precepto, lo con-sidera constitucional aun sin llevarlo al fallo.


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En 2010, el TCmarc los lmites del Estado autonmico. Ahora toca decidir poltica-mente si con esos lmites se puede seguir jugando o hay que afrontar un proceso de refor-ma constitucional, que necesariamente deber contar con el acuerdo de los partidosmayo-ritarios. Lo que no caba era cambiar el sentido y alcance de la Constitucin desde una nor-ma infraconstitucional. Menos an se poda pretender que el TC, como guardin de laConstitucin, avalase cualquierpretensinensucontra.Coneldiseoactual delEstadode lasAutonomas, y con la doctrina del TC, parece posible encontrar, de forma conforme a laConstitucin, espacios de confluencia con las pretensiones presentes en el Estatuto de Au-tonoma de Catalua enmaterias competenciales. La cuestin es saber si para el nacionalis-mo cataln resultara suficiente, o si su pretensin radica en que su singularidad quede re-conocida en una norma y se haga patente en aspectos peculiares o exclusivos, instituciona-lesoestatutarios: competenciassingularesqueno tengan lasdemsComunidadesAutnomas,un sistema de concierto, instituciones peculiares, etc. Una de las salidas a la situacin plan-teadapor la sentencia sehaorientadohaciaunsistemacomoelConciertodelPasVasco,plan-teado por Convergencia i Uni. Sin embargo, una reforma fiscal en esa lnea no parece po-sible, pues no resulta concebible que dicho sistema sea extendido a ningn otro lugar. So-bre todo porque es injusto tal y como est diseado. Despojado de sus elementos injustos ycon otras correcciones muy importantes (como evitar que el Estado quede despojado decompetencias recaudatorias y de la titularidad de recursos propios), cabra extender el Con-cierto; pero la complejidad de ese sistema no quedara compensada por sus escasos efectos(desde el punto de la singularidad de Catalua) una vez que el sistema se extendiese. Y re-sultara inconcebible no extenderlo en unamateria que tantas inquietudes puede suscitar,en punto a privilegios y ruptura de solidaridad.

6. Alarma de incendios

Ao tras ao, el IDE tratadeprofundizar en las causas y consecuenciasde la corrupcinenEs-paa, un fenmeno debilitador de la democracia y su calidad. Nuevamente, en el de 2011 seconcluye que el control esencial de la corrupcin poltica, que debera estar en las urnas, nofunciona en nuestro pas. Pero ello no slo ocurre aqu, sino que tiene un carcter geogrfi-comuchomsgeneral.Unade lasprincipales causaspor lasque la corrupcinnoes castigadaelectoralmentepuede ser la influenciade losmediosde comunicacin; el tipodeperfil deme-dios de comunicacin consumido (que es analizado exhaustivamente en el captulo del IDEcorrespondiente a losmedios) repercute en la percepcin de la prevalencia de la corrupcin.Por otra parte, existen unos controles horizontales de la corrupcin que han sido poco es-tudiados en nuestro pas, sobre todos aquellos categorizados como alarma de incendios;el objetivode losmismosdebera serque, dentrode lasorganizacionespblicas, saltaranalar-mas cuando exista peligro de corrupcin. Por ejemplo, facilitando las denuncias sobretodo informales procedentes de empleados pblicos.


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7. El tancredismo del PP

El PP es el principal partido de la oposicin en un sistema de bipartidismo imperfectocomo el espaol, cada vez ms acusado. Sin embargo, sus siglas casi no han aparecido eneste captulo: slo para subrayar su recurso de inconstitucionalidad sobre el Estatuto de Ca-talua, que present en 2006. Apenas hay nada que analizar de su prctica poltica durante2010 en relacin con la parte ms importante de la agenda poltica, salvo su negativa siste-mtica a apoyar laparteprincipal de lapoltica econmicadelGobiernodurante el ejercicio enel que la crisis de la deuda soberana, por el ataque de los especuladores, fuems intensa. Sehamerecido con su praxis la calificacin de partido del no, siendo su alternativa econmi-ca unmisterio que apenas ha sido desvelado.Elnico intentoenelqueparecihaberposibilidadesdeunpactoambiciosoentreelPSOE

y el PP fue el de la educacin y, en el ltimomomento, como pronosticaban desde el iniciomuchos analistas (vase el anterior IDE), el PP se neg al mismo. Por tanto, no se cumplila condicin necesaria que se explicitaba en el IDE 2010 para la recuperacin econmica:uncompromisohistrico entre las fuerzaspolticas y socialesms importantes, en tornoa lasiniciativas indispensablesde saneamiento y la reformade la economaespaola.Trabajar conun objetivo comn: el bienestar de la poblacin. Un pacto transversal que recorriese los dis-tintos mbitos territoriales (elEstadocentral, las comunidades autnomasy las corporacioneslocales) y que superase el mbito de la legislatura para que, gobierne quien gobierne, pudie-ra aplicar lo consensuado durante el periodo que fuese necesario. Una poltica de austeri-dad compartida para recuperar la senda del crecimiento, que es la nica forma de crearpuestos de trabajo, y una poltica de reformas que permitan a la economa espaola volver ala velocidad de crucero. Alcanzar un acuerdo de ese tenor, y transmitirlo adecuadamente,sigue formando parte de esas exigencias de calidad democrtica cuya satisfaccin deberahaber sido una de las prioridades de una clase poltica responsable.El desidertum de esta poltica de oposicin sin alternativas y sin consenso tuvo lugar en

el pleno del Congreso de los Diputados, despus de la citada noche del 9 demayo en la queelGobiernohizoungirodramticodesupoltica econmicahacia el ajuste y la austeridadpre-sionadopor sus sociosdelEurogrupo, cuandoelGrupoParlamentariodelPPvot no, apro-bndose dicho paquete demedidas de rigor por un solo voto ymerced a la poltica de alian-zas de geometra variable practicada por los socialistas. Es perfectamente legtimo imagi-narsequhubierasucedidoconelpreciode ladeudasoberana, y conel conjuntode laeconomaespaola, si el Gobierno hubiera perdido la votacin parlamentaria. Ocurri en Portugalmesesdespus, cuando laoposicinnosostuvoelpaquetedeausteridadpresentadoporelpri-mer ministro socialista Jos Scrates: el precio de la deuda portuguesa subi tanto que elpas hubo de renunciar a pagarla sin la ayuda del fondo de rescate de la Unin Europea y elFondoMonetario Internacional.Acambiodeese rescate, el plandeajusteportugus sermsduro que el rechazado en el Parlamento y, adems, tendr la marca directa de Bruselas sinla intervencin de los representantes nacionales directos de sus ciudadanos.


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De la estrategia de la crispacin del pasado (que de vez en cuando sacan en procesin di-versos dirigentes de la derecha), el PP pas a otra etapa de esperar y ver, dejando que elGobierno se abrasase en la impopular gestin de la crisis econmica. Esa estrategia ha sidoavalada por las encuestas que, desde el pasadomes demayo, han indicado un espectaculardespeguedelPPdecara a lasprximaseleccionesgenerales.Conunapeculiaridad: apesardeque se ha dejado de discutir en el seno del partido la oportunidad de queMariano Rajoy seaquien lidere al PP en esos comicios, podra ocurrir (as sucede hasta el momento de escribirestas lneas) que llegue a ser jefe de Gobierno sin haber conseguido nunca el aprobado enla valoracin de la opinin pblica.La estrategia de esperar y ver del PP se ha asentado durante 2010, basada en cuatro pun-

tos. Primero, que la crisis haga su trabajo y abrase primero a Rodrguez Zapatero y luego alresto de sus gestores. Segundo, evitar a toda costa que en sus declaraciones o documentosprogramticos se haga referencia a polticas concretas que produjesen divisin entre su pre-sunta base de votantes (por ejemplo, Rajoy declar que haba que practicar una poltica ener-gtica comoDiosmanda. Un humorista public una tira, titulada Las alternativas del PP,en laqueseveaaRajoyexplicandosuprograma: Paraacabarcon lacrisisproponemos,enpri-mer lugar, acabar con la crisis, y no como hace ZP, que no acaba con ella; La crisis habracabado justocuandoempieceanohabercrisis.Nuestrapropuestaconcretaesqueestosepro-duzca con nuestra subida al poder; Proponemos tambin tomar las decisiones correctasen cadamomento y no las equivocadas, como ZP; Si queremos acabar con el paro propo-nemosenprimer lugar,yante todo,crearempleo.Ynodestruirlo,quees loquehaceZP;Quiendiga que no tenemos propuestasmiente. Como han podido ver, tenemosmuchas. La princi-pal es conseguir el poder gracias a la crisis), Etctera, etctera.El tercer y cuarto punto de la estrategia de esperar y ver son defensivos: evitar que la

corrupcin, sobre todo la relacionadaconel casoGrtel, singularice alpartido,mediante la tc-tica del calamar: y tms (caso de los expedientes de regulacin de empleo irregulares enAndaluca); y tambin paliar en lo posible que los ruidos internos del partido (por ejem-plo, las interferencias extravagantes de JosMara Aznar y de los dirigentesms vinculadosal tea party espaol) tenganmucha trascendencia pblica; las apariciones conjuntas de Az-nar y Rajoy sonmuy contadas, como tambin lo han sido las coincidencias fsicas entre esteltimo y el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps.Adems de todos los aspectosmencionados, este ao el IDE ha abierto nuevas reflexio-

nes sobre algunas de las cuales habr de enfatizarse irremediablemente en prximas edi-ciones, hasta llegar a su centralidad acerca de la naturaleza de los partidos polticos, losconflictos irresueltos entre el Estado y la iglesia catlica, y lo relacionado con la memoriahistrica.El IDE-2011 es laquintaedicinconsecutivayanualdeeste informequenacial sen-tirnos insatisfechos con lademocracia realmente existente e interesarnos por sus resultadossociales.Conel IDE intentamoscontribuir al debatepbliconosolo comounaconsecuenciadel pluralismo existente, sino, adems, como la condicin indispensable para la propiame-jora del sistema democrtico.


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El ao ms difcil

1. El pulso de la economa al poder poltico

Los bancos son ms poderosos que el Gobierno.Al menos, eso es lo que opinaban los ciudadanosespaoles en octubre de 20101. Las percepciones dela opinin pblica espaola sobre los desequilibriosentre el poder econmico y el poder poltico venana ilustrar la herencia ms importante de este ao delegislatura: la constatacin de que la poltica na-cional y la europea van a remolque de los impera-tivos econmicos globales.

1 El Barmetro de noviembre del CIS (estudio 2853) preguntaba a los encuestados sobre quin tena ms po-

der en Espaa. Casi 1 de cada 3 respondi que los bancos (31,6%), mientras que slo 1 de cada 4 (26,4%) pen-

saba que el Gobierno tena ms poder. Las grandes empresas eran mencionadas en tercer lugar (15,1%).

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Los mercados de financiacin de la deudapusieron de manifiesto dnde empieza yacabaelmargendeactuacinpolticade losgobiernoseuropeos. Deestamanera, la cri-sis econmica destap algunas debilidadesdel sistema que fueron disimuladas en laanterior etapa de bonanza econmica. Enprimer lugar, se constat que los gobier-nos nacionales actan con un margen demaniobrams limitadodelquecreen tenercuando se atribuyen mritos y responsa-bilidades ante sus electorados. Y, en se-gundo lugar, qued patente que la unidadpoltica europea no est a la altura de losretos que le imponen la internacionaliza-cin del mercado de capitales y las inter-dependencias de sus economas.

En Espaa, la ilusin de que las solu-ciones a la recesin econmica se dirigenexclusivamente desde los gobiernos na-cionales se esfum en mayo de 2010. Enese momento, Rodrguez Zapatero se vioobligado a dar un giro a su poltica de es-timulacin de la demanda a travs del gas-to pblico y puso en marcha un progra-ma de recortes presupuestarios para com-batir el dficit y convencer a los mercadosde deuda de la viabilidad econmica delpas. A este plan le sigui la reforma labo-ral de las pensiones y una nueva baterade medidas de ajuste fiscal, una especiede Plan B que el Ejecutivo tena prepa-rado por si Espaa no consegua recuperarla confianza de los mercados tras las pri-meras reformas. No obstante, el ao fina-liz sin que se desvanecieran las dudassobre la solvencia de nuestra economa.

Ante las dudas mostradas por los ac-tores econmicos, la accin del Gobiernose dirigi fundamentalmente al envo de

seales sobre el rumbo de sus polticas conel fin de reducir las incertidumbres so-bre su capacidad econmica. Esto supu-so un lastre adicional en la gestin de la cri-sis para el Gobierno de Rodrguez Zapa-tero, pues deba responder al mismotiempo a la urgencia que imponan losmercados y a la necesaria negociacin conlos actores polticos para adoptar las re-formas. En realidad, esa negociacin se ha-ca ms necesaria que nunca durante estalegislatura. Primero, porque el Gobiernono dispona de mayora parlamentariaen el Congreso y necesitaba buscar el ma-yor nmero posible de apoyos para legi-timar sus medidas; segundo, porque losmercados podan no tomarse en serio lasreformas del Gobierno si estas no estabanavaladas por un amplio consenso. Anteesta situacin, el Partido Popular optpor arrimar poco el hombro. Visto el pro-gresivo deterioro electoral del PSOE, laoposicin opt por refugiarse en la inac-tividad poltica y esperar a que la crisis fue-ra erosionando a los socialistas hasta las si-guientes elecciones generales.

Finalmente, la prdida de apoyos elec-torales junto con el deterioro de la valo-racin de Rodrguez Zapatero entre suspropios votantes desataron los rumoressobre el futuro candidato de los socialis-tas para las prximas generales. La cer-cana de las elecciones autonmicas de2011 no ayud a silenciar estas cuestiones.Con el objetivo de minimizar el impactonegativo de la poltica nacional sobre losresultados autonmicos, algunos baronesterritoriales intentaron cuestionar o des-marcarse de las polticas puestas en mar-cha por el Ejecutivo.


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ms, se embarc en reformas estructura-les de gran calado. El objetivo de estas me-didas era reducir el dficit pblico y de-volverlo a los niveles anteriores.

2.2 Las imposiciones de la crisisEl desplome de la economa griega a co-mienzos de 2010 introdujo el pnico en losmercados financieros. La posibilidad deque un pas de la zona euro pudiera de-clararse en bancarrota aument la incer-tidumbre entre los inversores. Esa incer-tidumbre, adems, no era casual: tantola deuda como el dficit pblico de eco-nomas de la zona euro haban aumenta-do considerablemente desde 20082.

El patrn no fue muy distinto en el casode Espaa. A pesar de que en nuestro pasla deuda pblica fue la que menos crecientre 2008 y 2009 (34%), el dficit se des-boc a partir de 2009 (creci un 164%).Adems, el FMI anunci a principios de2010 que durante ese ao Espaa serael nico pas del G-20 que seguira enrecesin. Algunos analistas econmicos3

y responsables polticos comunitarios4 em-pezaron a considerar la posibilidad de queen Espaa se estuviera incubando una tra-gedia econmica mucho mayor que la grie-

2. Gobernar en crisis

2.1. El contagio de la crisis de la deudaDurante 2010, la crisis econmica mo-nopoliz la agenda poltica. Los efectos dela Gran Recesin, particularmente devas-tadores en algunas economas europeas,hicieron tambalear no solo el sistema fi-nanciero, sino la propia estabilidad deleuro. El caso ms evidente de colapso eco-nmico fue Grecia, pero otros pasescomo Portugal o incluso Italia fueronsealados por los principales analistas eco-nmicos como amenazas para la estabi-lidad econmica de Europa. A finales de2010, a Grecia se le uni Irlanda, pas quetuvo que aceptar ser rescatado por la UEtras la imposibilidad de afrontar el pagode su deuda. Espaa no se qued al mar-gen de esta debacle econmica.

Ante un escenario tan negativo, la eco-noma espaola sufri durante 2010 fuer-tes cadas burstiles, adems de devalua-ciones de la calidad de su deuda por par-te de las agencias calificadoras. En unempeo por tranquilizar a los mercadosy generar confianza, el Gobierno adoptduros paquetes anticrisis que incluan im-portantes recortes del gasto pblico y, ade-

2Losdatosnegativosde ladeudaydficitpblicos fueronpronunciadosenGrecia,pero las incertidumbresde losmer-

cados hacia pases como Irlanda, Portugal o Reino Unido tambin tenan justificacin. En el caso de la deuda pbli-

ca, entre 2008 y 2009, Portugal aument un 16,53%, Irlanda un 47,85% y el Reino Unido casi un 31%. Sin embar-

go, es en las variaciones de dficit donde las alarmas se pusieron en marcha. El diferencial entre lo que gasta y recauda

el Estado aument casi un 221% en Portugal, casi un 100% en Irlanda y un 128% en el Reino Unido.

3 A principios de febrero de 2010, el Financial Times public una serie de artculos donde comparaba la situa-

cin de Espaa con la de Grecia.

4El 3 de febrero, el comisario de Asuntos Econmicos y Monetarios, Joaqun Almunia, declaraba con respecto a Gre-

cia, Portugal y Espaa: Tienen dficits pblicos elevados y en esos dficits hay componentes cclicos pero tam-

bin estructurales. En el caso de Grecia y Portugal, ms que en el caso de Espaa (vase El Pas, 03-02-2010).


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ga, pues la economa espaola represen-ta cuatro veces la griega, cinco veces la ir-landesa y seis veces la portuguesa. Losdatos macroeconmicos de Espaa no ayu-daban a mitigar estos temores. Comomuestra el Grfico 1, el paro se mova en lafranja de los 4 millones de desemplea-dos y la variacin interanual del PIB con-tinuaba siendo negativa, mientras que yaera positiva en la eurozona.

Ante este escenario tan negativo, el Go-bierno decidi actuar de forma contun-dente para recuperar la imagen de Espaaante los mercados. La recuperacin de laconfianza de los inversores se convirti enuna condicin necesaria para retomar lasenda del crecimiento econmico. Coneste fin, Rodrguez Zapatero emprendi la

bsqueda de consensos polticos sobre losque apoyar sus propuestas econmicas.As, el presidente del Gobierno decidiconvocar una mesa de negociacin dondese buscara el mximo consenso posiblepara encontrar medidas que, por un lado,fomentaran la creacin de empleo, redu-jeran el gasto pblico e impulsaran la re-forma del sistema financiero; y, por otro,contribuyeran a cambiar el modelo pro-ductivo5. La mesa se constituy al ms altonivel y fue presidida por la vicepresiden-ta econmica, Elena Salgado, a quienacompaaba el ministro de Industria, Mi-guel Sebastin y el ministro de Fomento,Jos Blanco. Por parte de los partidos po-lticos acudieron todos los portavocesparlamentarios. A pesar de la solemni-

5 Vase el discurso del presidente del Gobierno en el Pleno del Congreso de los Diputados para informar so-

bre el Consejo Europeo de Bruselas y sobre las medidas ante la evolucin de la situacin econmica y del empleo

celebrado el 17 de febrero (http://www.la-moncloa.es/Presidente/Intervenciones/Sesionesparlamento/ ).


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a un electorado que le exiga contunden-cia frente a la poltica econmica del Go-bierno. No poda negarse a la propuestade buscar un gran acuerdo, pero s po-da ningunear el propio proceso delibe-rativo desde el comienzo6.

Sin el apoyo del principal partido de laoposicin, el Gobierno se centr en bus-car apoyos en partidos minoritarios, al-gunos de los cuales ya empezaban a estarcondicionados por la proximidad de laselecciones autonmicas. As, si bien ERCy CiU tenan una predisposicin favora-ble a participar de un gran acuerdo e in-cluso lo fomentaban (CiU), sus exigenciaselectorales tampoco les permita acer-carse demasiado a un partido polticodel que necesitaban desmarcarse de caraa su electorado. Otras fuerzas polticas(IU, ICV o BNG) mostraban discrepan-cias ideolgicas importantes. Ante este es-cenario, el pacto era ms probable conPNV y CC7.

Las conclusiones de las reuniones deZurbano se plasmaron en un real de-creto que contena una serie de medidasde las que destacaban la deduccin fis-cal por la rehabilitacin de la viviendahabitual o medidas de apoyos a las pymes,como, por ejemplo, ampliar su capacidadpara recuperar el IVA de las facturas im-pagadas. A pesar de que el pacto se apro-b con el voto favorable de prcticamente

dad de la ocasin, si lo que buscaba elGobierno era un gran pacto consensua-do por todas las fuerzas polticas (o, al me-nos, los dos grandes partidos), entonces lasllamadas reuniones de Zurbano fue-ron un fracaso.

Las razones para comprender el fra-caso son varias. En primer lugar, aun-que todos los participantes tenan claroque negarse de entrada a un pacto po-dra no ser comprendido por la opininpblica, tampoco mostraron una clara dis-posicin al acuerdo. El Partido Socialis-ta, por ejemplo, se enfrentaba a un dile-ma. As, como partido de gobierno, te-na la obligacin de buscar apoyos quegarantizaran la estabilidad poltica anteuna difcil situacin econmica. Adems,esta decisin tambin podra entender-se como una seal a su electorado y al res-to de votantes de que la crisis era una cues-tin de Estado donde todas las fuerzas po-lticas tenan que implicarse. Pero almismo tiempo le urga tomar decisio-nes rpidas y no poda dedicar muchotiempo a buscar un gran acuerdo que im-plicara la discusin en profundidad de lasgrandes medidas y reformas econmicas:la tensin en los mercados financieros se-gua siendo alta.

Por su parte, el Partido Popular em-pezaba a despuntar en las encuestas elec-torales y necesitaba enviar seales firmes

6Mariano Rajoy replicaba al presidente del Gobierno en el Congreso: Yo lo que le pido es que gobierne, que rec-

tifique, que se deje de mesas, que se deje de comisiones (Pleno del Congreso de los Diputados para informar so-

bre el Consejo Europeo de Bruselas y sobre las medidas ante la evolucin de la situacin econmica y del empleo

celebrado el 17 de febrero, http://www.congreso.es/, pgina 10).

7 De hecho, y como se explica ms adelante, tanto PNV como CC se terminaron convirtiendo en socios esta-

bles del PSOE para el resto de la legislatura.


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todas las fuerzas polticas8, la sensacingeneralizada alimentada por los princi-pales medios, pero tambin expresada porrepresentantes polticos fue la de fraca-so e incapacidad para alcanzar un acuer-do poltico que reforzara las decisioneseconmicas del Gobierno.

La aprobacin de este paquete de es-tmulo econmico no consigui calmara los mercados y, esta vez de forma uni-lateral, el presidente del Gobierno anun-ci en un pleno extraordinario el 12 demayo uno de los paquetes de medidasde contencin del gasto ms drsticasde la historia de nuestra democracia9.En ese pleno, el presidente del Gobiernodetall las medidas de un ajuste que ya ha-ba anticipado dos das antes en Bruse-las10. La cita parlamentaria se desarrolltras otra semana de turbulencias finan-cieras que culmin con dos decisiones

trascendentales por parte de la Comi-sin Europea. En primer lugar, por pri-mera vez en la historia del euro, la Co-misin aprob un fondo con el objetivo derescatar a Grecia, cuyo importe sera de110.000 millones. En segundo lugar, y traslos ataques especulativos contra el euroque se produjeron en la segunda sema-na de mayo, la UE, con la participacin delFMI, aprob un fondo de 750.000 mi-llones de euros para rescatar cualquiereconoma de la zona euro que se decla-rara incapaz de hacer frente a los pagos desu deuda.

La creacin del fondo de rescate dela UE volvi a poner en el punto de miraa pases como Irlanda, Italia, Portugal y,en especial, a Espaa. La razn volva aencontrarse en las incertidumbres sobrela capacidad para hacer frente a la deuda.Poco antes de la reunin de la UE, los

8 Excepto cinco abstenciones de ICV, BNG, Na-Bai y un diputado del PP.

9Vase el discurso del presidente en el Pleno del Congreso dedicado a este asunto (http://www.la-moncloa.es/Pre-

sidente/Intervenciones/Sesionesparlamento/prsp20100512.htm).

10 Las medidas fueron las siguientes:

1 Ajuste salarial de los funcionarios. Los funcionarios vieron su salario reducido un 5%, de media, duran-

te 2010, y su sueldo se quedara congelado en 2011. Adems, los miembros del Gobierno se redujeron su

salario un 15%.

2 Se suspendi para 2011 la revalorizacin de las pensiones, con excepcin de las pensiones no contributivas

y mnimas.

3 Se elimin el rgimen transitorio para la jubilacin parcial previsto en la Ley 40/2007.

4 Se suprimi el llamado cheque-beb de 2.500 euros por nio nacido.

5 Se decidi reducir el gasto farmacutico a travs de dispensacin de medicamentos personalizadas.

6 Se eliminaron las ayudas a la dependencia con carcter retroactivo y se estableci un plazo mximo de seis me-

ses para resolver las solicitudes.

7 La ayuda al desarrollo se redujo en 600 millones entre 2010 y 2011.

8 Se redujo la inversin pblica estatal de 6.045 millones de euros.

9 Adems, se estim un ahorro adicional de 1.200 millones de euros en las administraciones locales y

autonmicas.


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cnyuge (lnea punteada) y sin cnyuge(lnea continua) desde 1997. La lnea azulmarca el periodo en el que gobern el PPy la lnea roja marca el periodo de go-bierno de Rodrguez Zapatero. Comose puede observar, las pensiones mni-mas, por lo general, subieron conside-rablemente a partir de 2004, siendo ade-ms ms importante el incremento paralos pensionistas con cnyuge. Los in-crementos interanuales llegaron a ser decasi el 9% (658,7 ) para los mayoresde 65 aos con cnyuge y de casi el 7%(528,5) para aquellos que no lo tenan.En 2010, la cada en las pensiones fuebrusca, pero, como muestra el grfico, losincrementos siguieron siendo significa-tivamente superiores a los realizados porel Partido Popular en poca de bonanzaeconmica.

Es posible, no obstante, que las me-didas presupuestarias aprobadas para el2011 produzcan un cambio en la evolu-cin del gasto social. De hecho, en di-ciembre de 2010, el Gobierno presentun nuevo paquete de medidas anticri-sis que puede reforzar la tendencia a labaja que se observa a finales del 2010.Con el fin de ahuyentar el fantasma deuna intervencin financiera, RodrguezZapatero anunci una bajada del im-puesto de sociedades para pymes y la pri-vatizacin de una parte de los aeropuer-tos y loteras del Estado. Pero, sobre todo,se anunci la supresin de la ayuda de426 euros que el Gobierno haba esta-blecido para los parados de larga dura-cin y que haba sido una de las medidas

tipos de inters de los bonos a 10 aos au-mentaban en Espaa ms que en otrasgrandes economas en apuros como Ita-lia o el Reino Unido. En este escenario,y para recuperar confianza, el Gobiernoespaol adelant un plan de ajuste don-de se pretenda ahorrar hasta 15.000 mi-llones de euros y disminuir el dficitpblico entre 2010 y 2011 hasta llegar al3% en el ao 2013.

El rechazo al paquete de medidasanunciado por el Gobierno fue casi un-nime. El Partido Popular lo calific deinjusto; el lder de Izquierda Unida, CayoLara, consider que las medidas eran im-propias de un Gobierno socialista, y lossindicatos mayoritarios, UGT y CC OO,convocaron una huelga de los trabajado-res de la funcin pblica que tuvo lugar el8 de junio.

El presidente del Gobierno, no obs-tante, defendi la poltica de recortes ar-guyendo que esta haba respetado en granmedida el gasto social. Como reconocerameses ms tarde en una entrevista con-cedida aEl Pas, los recortes sociales hansido muy limitados. Debo decir que bajomi Gobierno, en la legislatura pasadaincrementamos un 40% el gasto social.No haba precedentes de un aumento tangrande, y hemos renunciado al 1%, fun-damentalmente el conocido como chequebeb y la no revalorizacin de las pen-siones en 201111.

Esta valoracin se puede contrastarcon algunos indicadores. El Grfico 2muestra la evolucin de las pensiones m-nimas para los mayores de 65 aos con

11 Vase El Pas, 21-11-2010


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de carcter ms social establecidas por elGobierno para proteger a los sectoresms castigados por la crisis12.

El margen de maniobra del Gobier-no no solo se fue estrechando, sino queel desgaste que sufri entre la ciudada-na fue notorio. Los Barmetros del CISestimaron una clara ventaja del PP so-bre el PSOE a partir de julio. El PP de-cidi convertir su crtica a los distintospaquetes de medidas anticrisis del Go-bierno en un elemento esencial de su es-trategia de oposicin. Esta estrategiacombin el anuncio de medidas eco-nmicas que no acababan de concretar-

se con mensajes al electorado usando te-mas de calado social. As, algunas de laspropuestas econmicas generales delPartido Popular consistan en bajada deimpuestos, eliminacin de ministerios,reestructuracin del gasto pblico y re-formas estructurales, aunque sin arti-cular medidas concretas que las mate-rializaran. Con respecto a los mensajes,estos se centraron en la incapacidad delpresidente para salir de la crisis, en pro-puestas de naturaleza populista13 y encuestionar la veracidad de las informa-ciones dadas por el Gobierno con res-pecto a los datos macroeconmicos14.

12 Esta situacin se modific, no obstante, con el acuerdo que alcanz el Gobierno con los sindicatos y la patro-

nal a comienzos de febrero de 2011. El llamado Pacto Social inclua ayudas a desempleados de larga duracin.

13El 16 de mayo de 2010, Mara Dolores de Cospedal defenda que el PP era un partido social y progresista ade-

ms de ser el partido de los trabajadores y el que protege a los pensionistas (vase http://www.rtve.es/noti-

cias/20100516/cospedalel-partido-social-progresista-trabajadores-jubilados-pp/331509.shtml).


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por los sindicatos. La principal medida es-tructural, y el mayor motivo de desencuen-tro, fue la reforma del mercado laboral.

Al comienzo de 2010, la reforma delmercado laboral se torn prioritaria. Latasa de paro sigui en aumento, llegn-dose a convertir en la principal preocu-pacin de los espaoles, a gran distan-cia de cualquier otro problema. Comomuestra el Grfico 3, a lo largo del aoel desempleo fue sealado como el prin-cipal problema en ocho de cada diez men-ciones, mientras que en 2008 (lnea rojahorizontal) las menciones apenas re-presentaban seis de cada diez.

Adems, el impulso para crear empleoa travs de las polticas de gasto que se ha-

2.3. El tortuoso camino de la reformalaboralLa reforma laboral que termin impo-niendo el Gobierno ante la presin de losmercados internacionales desencaden eldesencuentro con los sindicatos tras unosaos de paz y estabilidad social.

Durante la poca de bonanza econmi-ca (2004-2007), el Gobierno cuid a lasbases trabajadoras facilitando el entendi-miento con los sindicatos adems de in-crementandolasprestacionesporjubilacin,como se ha mostrado ms arriba. Sin em-bargo, a partir de 2008, cuando la crisisgolpe de lleno a Espaa y el Gobierno em-pez a poner en marcha algunas reformasimportantes, estas no fueron compartidas

14 Justo tras la noticia de que Irlanda tendra que ser rescatada por la UE, Esteban Gonzlez Pons declaraba: Nos

gustara que lo que diga el Gobierno de Espaa sea la verdad, toda la verdad; exigimos que diga la verdad y que

no mienta como nos tiene acostumbrados. Y unos das antes, Mara Dolores de Cospedal haba dicho No

solo hay que decir que Espaa no es Irlanda, tambin hay que demostrarlo (El Pas, 25/11/2010).


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ba llevado a cabo con anterioridad15 tuvoque ser abandonado, dados los altos ni-veles de dficit pblico.

Desde un principio, la intencin delGobierno fue que la reforma laboralresultara de un pacto entre Gobierno,sindicatos y patronal, tal y como habasucedido con la reforma de 200616. Sinembargo, las condiciones para que esono ocurriera estuvieron muy relacio-nadas con la evolucin de la economa.Por un lado, los empresarios empezarona ver cmo sus costes de produccin au-mentaban debido al cambio de actitudde los bancos para conceder crditos.Esto condujo a que los empresariosapostaran durante las negociaciones pormedidas que abaratasen el despido delos trabajadores. Por otro lado, los sin-dicatos, conscientes de la situacin eco-nmica, trataron de buscar medidas queflexibilizaran el mercado de trabajo almismo tiempo que protegieran al tra-bajador. En medio de empresarios y sin-dicatos, el Gobierno se vio cada da mspresionado por los mercados financie-ros internacionales, los cuales exiganreformas estructurales claras y contun-

dentes para aumentar la confianza y cre-dibilidad de Espaa.

Lossindicatosy lapatronalconsiguieronalcanzar un acuerdo de negociacin colec-tivaqueimplicabaunasubidasalarialdel 1%para2010,peroeldilogoentreellosfuepococonstructivo.Acomienzosdemarzo,elpre-sidente de la CEOE, Gerardo Daz Ferrn,public un artculo en la prensa donde ex-puso su modelo de mercado laboral17. Suspropuestas18 fueronrechazadastantoporlossindicatos como por el Gobierno, y este l-timo incluso reproch a la CEOE no con-tribuiralclimanecesarioparaunacuerdo.Anteesteescenariodedesencuentro,elEje-cutivo present en abril otro proyecto dereforma19que,adiferenciadelanterior, ins-pirado en el modelo alemn, imitaba elmodelo austriaco en las cuestiones relati-vasalaindemnizacinpordespido.Adems,el Gobierno propuso medidas para fomen-tar lacontratacinindefinidayatiempopar-cial, adems de instrumentos para facilitarla incorporacin de los jvenes al mercadolaboral.

A pesar de las innumerables reunio-nes, el acuerdo no se alcanz y el Go-bierno impuso a los sindicatos y a la pa-

15 Vase Informe sobre la Democracia en Espaa 2010. Fundacin Alternativas.

16 Esta reforma consensuada buscaba reducir la temporalidad de los contratos laborales, adems de rebajar

los costes de las empresas. Tambin fortaleca el papel de los sindicatos en el control de las subcontratas.

17 Vase Propuestas para una reforma laboral eficaz. El Pas, 03-03-2010.

18 Daz Ferrn defenda un nuevo contrato indefinido, el uso del contrato temporal, bajar los costes de despi-

do, la reduccin de las cotizaciones de las empresas a la Seguridad Social, entre ot

informe.democracia.española_fund.alternativas_2011

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