Órgano de comunicación gremial de la Federación Minera del Chocó, - FEDEMICHOCO-POR UNA MINERÍA RESPONSABLE PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCÓ

Año 1. Edición No. 1. Febrero de 2012. Precio de apoyo $1.000,oo

Compromiso con el desarrollo de una minería responsable en el

departamento del Chocó.

Federación Minera del Chocó, un año de vida gremial, luchas, propuestas, tareas, acciones, ideas, sueños, iniciativas, en defensa de la pequeña y mediana minería.Federación Minera del Chocó, un año de vida gremial, luchas, propuestas, tareas, acciones, ideas, sueños, iniciativas, en defensa de la pequeña y mediana minería.

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Consejo Editorial

Presidente: Ariel Antonio Quinto Murillo.Vicepresidente: José Domingo Fluentes.

Secretario General: Federico Taborda Cardona.Suplente: Tibaldo León Mosquera.

Tesorero: Pedro Ardila Enciso. Suplente: Nohemí Piedad Perea.

Fiscal: Miguel Antonio Quejada Palacios. Suplente: Rodolfo Erazo.

Secretario de Organización y Educación: Juan Esteban Zapata. Secretario de Relaciones Gremiales y Corporativas: Marino Ledesma.

Secretario de Asuntos de Negociación Pública y privada: Juan Carlos Restrepo.Secretario de Asuntos de Minorías Étnicas: Franklin Pino.

Secretario de Seguridad Social: Juan Mosquera.Secretario de Asuntos Laborales y Jurídicos: Ezequiel Uribe.

Secretario de Prensa y Publicaciones: Durley Sánchez. Secretario de Cultura, Recreación y Deportes: Oliver Moreno.

Secretario de Derechos Humanos: Carlos Andrés Rivas. Secretario de Medio Ambiente: Sergio Márquez.

Coordinador: Federico Tabordasecretariogeneral@fedemichoco.com, secretaria@fedemichoco.com

www.fedemichoco.com

Nota Editorial

Por Ariel Quinto Murillo, Presidente de la Federación Minera del Chocó.

¡Qué drama!, Colombia es un país en el cual todo se sospecha y de todos se sospecha, un país en que todo lo del ciudadano es incierto y cada quien es incierto para los demás y por ello no se sabe qué se pueda esperar. El sistema gobernante y administrativo nuestro, se encuentra distorsionado de todo y de todos; ello como consecuencia de un individualismo desmedido, el afán de la riqueza particular, de una relativización de las cosas, de la pérdida de valores y respeto por la dignidad humana, por las esperanzas comunes, que caracterizaron a grandes civilizaciones de la humanidad. Así las cosas, en un país donde cada quien oculta su condición como en una especie de cascaron; qué fácil es sospechar. Simultáneamente se asiste a una paradoja: ¿por qué y para qué predicar por un Estado Social de Derecho, si a la hora de administrar y legislar, no se respeta esa condición? El actual modelo de desarrollo de las potencias del mundo, especialmente Estados Unidos de Norte América, Canadá, La Unión Europea, han impuesto una política económica, que acondiciona a los países de América Latina, concretamente a Colombia, para permitir la explotación de sus materias primas y recursos naturales, profundizando el saqueo de su biodiversidad, pero al mismo tiempo, ese modelo permite el mínimo esfuerzo o compensación por parte de sus trasnacionales; estos países se aprovechan de legislaciones flexibles, acordes y

elaboradas, por gobernantes y legisladores, muchas veces inescrupulosos y sin sentido de pertenencia, que les facilitan y entregan enormes ganancias económicas pero poco o nada se les exige a cambio como cumplir requisitos tributarios, ni se les hace responsables, por los grandes impactos sociales, económicos y ambientales, que genere su accionar.

Al final el país se queda sin agua, sin los minerales y sin los recursos económicos resultantes de la extracción. Para colmo, esta política y modelo de desarrollo es el impuesto en Colombia y particularmente en regiones tan ricas en biodiversidad como el pacífico colombiano, especialmente en el departamento del Chocó; para ello el gobierno del señor presidente Santos, se afianza en los tratados de libre comercio, Plan Nacional de Desarrollo, la Ley de Regalías, reforma el Código de Minas y otros; garantiza así el un nuevo proceso de colonización de nuestra sociedad y economía, que tiene como objetivo, facilitar el control y beneficio de las riquezas naturales.

Frente a esta situación, existen variadas realidades: Por un lado organizaciones sociales y ambientales que dicen no a la minería, de acuerdo a la situación específica de cada región y por voluntad expresada por sus comunidades. En regiones como Chocó con importante actividad minera, se aprecian , dos situaciones, aquellas comunidades ubicadas en los andenes de la cordillera occidental de tradición minera que clamamos y luchamos porque el gobierno nos formalice y titule el territorio y los ubicados en los extremos occidentales del territorio que claman por la conservación, la biodiversidad, pero que desconocen que el potencial minero y los recursos naturales de estas vastas zonas ya está siendo entregado en concesiones a las Tras Nacionales, junto con la modificación a las normas que lo protegían y nos daban algún derecho sobre esos territorios.

Se está legislando, criminalizando y persiguiendo la actividad del pequeño minero bajo el argumento de la defensa del medio ambiente, con campañas mediáticas, y el empleo de la fuerza pública, cuando el tras fondo no es la responsabilidad social y ambiental, sino la estrategia para el sometimiento colonizador y el despojo del territorio a las comunidades en favor de las transnacionales y todo esto bajo la mirada indiferente de nuestros gobernantes y dirigentes.

Con este panorama nada alentador para el desarrollo autónomo de las iniciativas empresariales chocoanas, consideramos pertinente, desde el proceso organizativo minero, de la Federación de Mineros del Chocó (FEDEMICHOCO), adscrita a la Confederación Nacional de Mineros de Colombia (CONALMINERCOL); hacer un llamado a toda la sociedad civil, a la comunidad minera, académica, laboral, religiosa, gremial, a todos los chocoanos y chocoanas, para que hagamos un frente común en defensa del territorio.

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Bogotá, 4 de febrero de 2012

El 4 de febrero de 2012 se reunieron en Bogotá pequeños y medianos mineros de todas las regiones del país para discutir y aprobar un plan de acción frente a la difícil situación por la que atraviesa esta actividad económica y social.

De este tipo de minería provienen los ingresos que garantizan la existencia a más de dos millones de colombianos. Durante los últimos años el Estado colombiano se ha empeñado en perseguir esta minería nacional, con el único propósito de allanarle el camino a los intereses que tienen las trasnacionales de la gran minería, para quedarse con los recursos minero-energéticos de todos los colombianos, sin que esto signifique beneficio alguno.

En cumplimiento de este objetivo, ha iniciado una campaña de desprestigio a la pequeña y mediana minería, para que se crea que todo aquel que realiza esta actividad es un delincuente que está afectando a las finanzas y al medio ambiente del país; que todo colombiano que tenga una maquinaria es un narcotraficante. Al mismo tiempo que esto ocurre, a las compañías extranjeras se les protege de todas las formas posibles, garantizándoles con todo el poder del Estado el desarrollo de sus actividades que significan para los colombianos la pérdida irreversible de su riqueza natural, la destrucción irreparable de su biodiversidad y la afectación definitiva de su economía, sumiendo al país en la miseria y en el atraso.

De todas las formas posibles se han dado pruebas al Estado colombiano de tener toda la voluntad y disposición de buscar una solución democrática a la creciente problemática minera del país, que de no resolverse terminará en un conflicto social sin precedentes. La única respuesta que da la institucionalidad nacional son los operativos de la fuerza pública destruyendo maquinaria, deteniendo a productores y trabajadores e iniciando procesos de judicialización a los nacionales que no tienen otra forma de vida que la minería. El Estado de manera equivocada insiste en resolver por la fuerza un problema que tiene un origen social y económico.

Al pueblo colombiano le expresamos que los pequeños y medianos mineros no son delincuentes, como falsamente dice el Estado. Es deber del Estado actuar frente a los grupos ilegales, pero sin tocar a los productores y trabajadores que actúan de manera honesta.

Se deben agotar todos los mecanismos democráticos para buscar la formalización de los productores mineros de tradición. Trabajaremos en un frente común con todos los sectores democráticos del país: organizaciones agrarias, grupos indígenas y afros, movimiento estudiantil, ambientalistas, académicos, trabajadores, industriales, iglesia, movimientos sociales y populares y otras organizaciones de pequeña y mediana minería. Las invitamos a que nos unamos a planificar, para el primer semestre de 2012, una jornada nacional de protesta contra la locomotora minero-energética y en defensa de la soberanía de nuestro territorio y el derecho que tenemos a producir y a seguir trabajando.

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA CONFEDERACIÓN MINERA DE COLOMBIA.

ALLI ESTUVO FEDEMICHOCÓ.

Con una nutrida y entusiasta asistencia de 28 delegaciones de 18 departamentos del país tuvo lugar en Bogotá el 4 de febrero la Asamblea Extraordinaria de la Confederación Nacional de Mineros de Colombia –CONALMINERCOL-. Esta fue la declaración final de esta Asamblea.

Presidente de CONALMINERCOL Ramiro Restrepo Vicepresidente de FEDEMICHOCÓ, Domingo FuentesFiscal de FEDEMICHOCO. Miguel Quejada Palacios

Presidente de FEDEMICHOCÓ,Ariel Quinto Murillo

junto a los demás miembros dela Junta Directiva de

CONALMINERCOL mientrasdaba su informe como Fiscal de la

organización gremial.

DEFENDER LA PEQUEÑA Y MEDIANA MINERIA

ES DEFENDER LA PRODUCCIÓN Y EL TRABAJO COLOMBIANO

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LA INFORMALIDAD DE LA MINERÍA EN COLOMBIA

A partir de la Ley 20 de 1969 la minería empieza un proceso de ajuste a nuevas realidades siendo declarada de utilidad pública y de interés social la industria en sus ramas de exploración, explotación, beneficio, transporte y procesamiento. Además, la ley extinguió los derechos de los particulares sobre las minas, salvo que ellos, en un plazo de tres años las declararan ante el ministerio del ramo. Sin embargo, no fue superada con esta ley la informalidad del sector, prueba de ello es que el primer Código de Minas, el Decreto 2655 de 1988 contempló el tema de la informalidad o ilicitud de la explotación minera.

Con la Ley 141 de 1994, Artículo 58, en los casos de explotaciones mineras de hecho, se confirió un término de seis meses para la legalización y quedaba el Ministerio de Minas en la obligación de legalizar dichas explotaciones. Esta ley fue reglamentada por el Decreto 2636 de 1994 y su tiempo prorrogado por el artículo 127 del Decreto 2150 de 1995: Dentro del citado término las autoridades ambientales y mineras competentes estarán obligadas a agotar todos los trámites que sean del caso, en las actuaciones iniciadas para legalizar explotaciones mineras de hecho. Para tal propósito, la viabilidad ambiental y plan de manejo ambiental de que trata el artículo 3o literales e) y f) del Decreto 2636 de 1994 tendrán la fuerza y efectos de una licencia ambiental. Como parte de la asistencia técnica a que tiene derecho el interesado en el trámite, la autoridad ambiental competente diseñará el respectivo plan de manejo ambiental.

El actual código de minas, ley 685 de 2001 contempló también procesos de legalización y estableció un régimen de transición en su Artículo 165: “Los explotadores de minas de propiedad estatal sin título inscrito en el Registro Minero Nacional, deberán solicitar, en el término improrrogable, de tres (3) años contados a partir del primero (1°) de enero de 2002, que la mina o minas correspondientes les sean otorgadas en concesión llenando para el efecto todos los requisitos de fondo y de forma y siempre que el área solicitada se hallare libre para contratar. Formulada la solicitud y mientras ésta no sea resuelta por la autoridad minera, no habrá lugar a proceder, respecto de los interesados, mediante las medidas previstas en los artículos 161 y 306, ni a proseguirles las acciones penales señaladas en los artículos 159 y 160 de este Código.”

El Artículo 165 de la Ley 685 de 2001, fue reglamentado por el Decreto N° 2390 del 24 de octubre del 2002, el cual en su artículo 14 consagró: “Mientras la solicitud de legalización presentada por explotadores de minas de propiedad estatal sin título minero inscrito en el Registro Minero Nacional no haya sido resuelta por la autoridad minera delegada competente, no habrá lugar a suspender las labores de explotación, a decomisar el mineral explotado, ni a proseguir la acción penal a que se refiere el artículo 338 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal).

Después de la Ley 20 de 1969 Colombia se acerca a medio siglo de informalidad en la explotación minera y aún no se han podido resolver los problemas de ilicitud.

De la anterior situación no ha sido ajeno el sector ambiental, de tal manera que el Decreto 1753 de 1994, en su Artículo 38 estableció un Régimen de transición para acomodarse a las disposiciones vigentes.

Pero igual que lo ocurrido con la normativa minera, las disposiciones transitorias para superar la informalidad no dieron el resultado esperado y por eso el Decreto 1728 de 2002 volvió a contemplar este proceso, situación que se repite con el Decreto 1180 de 2003 y los decretos 1220 de 2005 y 500 de 2006.

Otro aspecto que tiene que ver con la explotación minera informal es que los productores mineros pagan sus regalías, en particular sobre los cuales se han decretado acciones. Ellos, han cumplido con la obligación constitucional y legal de pagar sus regalías en el marco del Artículo 227 del Código y por lo tanto no están robando al Estado, al tenor de lo que dice la Ley de que: “toda explotación de recursos naturales no renovables de propiedad estatal genera una regalía como contraprestación obligatoria”

Tal parece que los esfuerzos del Estado por más de 40 años para legalizar las explotaciones mineras, de acuerdo a la legislación minera no han obtenido los mejores resultados. Pero más grave aún, a pesar de haberse llevado al Código Penal la ilicitud en minería por la ausencia de los títulos, se desconoce que jueces de la República hayan proferidos condenas en este sentido. Pero no por alcahuetería o sus parecidos. Es que con la explotación minera no se configura el injusto penal que exige

Quizás las autoridades ambientales, por lo sensible del caso y a pesar de los limitados actos administrativos de suspensión de actividades, han obtenido mejores resultados, con la limitante que sus esfuerzos se ven mediatizados por unas acciones de control y seguimiento con un reducido nivel técnico que no permite evaluar en forma adecuada los presuntos impactos sobre el ambiente y adelantar efectivos procesos sancionatorios, pero además porque las autoridades ambientales no han podido hacer una distinción entre los impactos naturales y antrópicos.

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El 20 de enero tuvo lugar la Asamblea Ordinaria de socios de la Federación Minera del Chocó, FEDEMICHOCÓ. Con asistencia de cinco delegados de cada una de las organizaciones que la conforman, entre otros temas, se procedió a la elección de nueva Junta Directiva. Quedó así:

Presidente: Ariel Antonio Quinto Murillo.Vicepresidente: José Domingo Fluentes.Secretario: Federico Taborda Cardona.Suplente: Tibaldo León Mosquera.Tesorero: Pedro Ardila Enciso. Suplente: Nohemí Piedad Perea. Fiscal: Miguel Antonio Quejada Palacios. Suplente: Rodolfo Erazo. Secretario de Organización y Educación: Juan Esteban Zapata. Secretario de Relaciones Gremiales y Corporativas: Marino Ledesma. Secretario de Asuntos de Negociación Pública y privada: Juan Carlos Restrepo.Secretario de Asuntos de Minorías Étnicas: Franklin Pino. Secretario de Seguridad Social: Juan Mosquera.Secretario de Asuntos Laborales y Jurídicos: Ezequiel Uribe. Secretario de Prensa y Publicaciones: Yurley Sánchez. Secretario de Cultura, Recreación y Deportes: Oliver Moreno. Secretario de Derechos Humanos: Carlos Andrés Rivas. Secretario de Medio Ambiente: Sergio Márquez.

A esta Asamblea Ordinaria de FEDEMICHOCÓ asistieron en calidad de observadores y expositores... etc. y que vaya arriba la foto del diputado y abajo la del barbado,, Porque primero se nombra a este y luego a aquél.

La invitación como observadores y expositores fueron el Doctor Carlos Andrés Vargas, diputado del Chocó y quien en adelante coordinará la Comisión Especial para Asuntos Ambientales y Mineros y el Doctor Rodrigo Rojas Orozco, miembro de KVC Pax Christi Internacional, movimiento católico pro-paz, sin ánimo de lucro, no gubernamental, que trabaja a escala global en una amplia variedad de asuntos en las áreas de derechos humanos, seguridad humana, desarme y desmilitarización, un orden social justo y la religión y los conflictos armados, con presencia en el país desde hace 23 años.

ASAMBLEA DE FEDEMICHOCO NUEVA JUNTA DIRECTIVA

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EL MAPA DEL DESPOJO

En este mapa, de una pequeña porción de la geografía del Chocó usted puede ver:

1. Cómo se entregaron 127 mil hectáreas a tres empresas multinacionales. Son ellas Gold Ashanti, Condoto Platinum Limited (CPL)

2. Se entregaron en zonas de resguardos indígenas y de comunidades negras mediante 32 títulos.

3. Nunca se les consultó que se iba a desarrollar allí proyectos mineros.

4. Se les desconoció el derecho de prelación.

Aparte de la zonas en colores verde y amarillo usted encuentra unos cuadritos. Listo: estos son los polígonos o áreas pedidas para que se las entreguen a las multinacionales.

Y eso que se trata apenas de una zona en el Atrato Medio, en Bebaramá. De ahí pa' arriba y más pa' abajo está la cosa peor. No va quedar donde meter los chiritos, todo pa' ellos y pa'l nacional, pa'l propio de la tierrita nanai cucas. No más mire usté.

Y el mapa de la parte inferior puede ver títulos en zonas de Resguardos Indígenas, en Reserva Forestal. Ah y así el gobierno nacional cacaraquea tanta queridura,

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Federación Minera del Chocó. FEDEMICHOCO. Un año de logros gremiales. Apoya tu organización gremial. Apoya a la Federación de los mineros chocoanos.

Fedemichocó está siempre abierta al debate, buscando salidas a la problemática minera por cuenta de unos gobiernos que no ven sino en la persecución policial la alternativas a cientos y miles de familias que devengan el sustento de esta actividad.

Fedemichocó es centro de concertación con autoridades, buscando formas civilizadas para apoyar el desarrollo social del Chocó y sus gentes.

FEDEMICHOCÓ defiende la miner ía t rad ic ional . Con decisión responsable ante la sociedad ha convocado al paro Minero y popular en rechazo a la irracional voluntad del Gobierno Nacional de criminalizar a la pequeña y mediana minería, acorralándola con leyes y proyectos de leyes que la c o n d e n a n a s u t o t a l desaparición favoreciendo descaradamente a las grandes compañías multinacionales.

Fedemichocó, ha participado activamente de Foros como el de la Minería responsable en el Pacífico Colombiano, el mes de julio de 2011 con la presencia de personalidades y autoridades académicas en la materia.

Fedemichocó ha estado en el Congreso de la República.Tarea: que representantes y senadores se comprometan con las causas del pueblo a que dicen representar.

Acá la delegación de Fedemichocó es recibida por el Senador Eugenio Prieto Soto y la Senadora Maritza Martínez Aristizabal.

En este año de labor gremial la asistencia y acompañamiento del I n s t i t u t o d e I n v e s t i g a c i o n e s A m b i e n t a l e s d e l Pacífico –IIAP- ha sido determinante.

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Asociación de Dragueros delChocó, ASODRACHO

Asociación de Mineros del Chocó COOPERATIVA DE MINEROSDEL SAN JUAN

ASOCIACION DE MINEROSDE NÓVITA

"ASOMINOV"

ASOCIACIÓN

DE MINEROS

DE TADÓ

Afiliados: