historia de las reformas judiciales

5/27/2018 Historia de Las Reformas Judiciales

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UNIVERSIDAD SAN MARTN DE PORRESFacultad Derecho y Ciencia Poltica Seccin de

Postgrado

TEMA : HISTORIA DE LAS REFORMAS JUDICIALES(Gobierno de Velasco Alvarado/Gobierno de Alejandro

Toledo)

CATEDRATICOS : Dr. Carlos Ramos NezDra. Roxana Sotomarino

DOCTORANDOS :

ANGEL ROMERO DIAZCERAPIO ROQUE HUAMANCONDORDORIS MADELEINE PEA NORESEDMUNDO PELAEZ BARDALESFLOR DEL CARMEN TAMAYO MONTESGLORIA VILLAFUERTE ICAZALILIAN SAENZ MALAVER

IV CICLO : 2010-IV

Diciembre 2010


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INDICE

HISTORIA DE LAS REFORMAS JUDICIALES DE VELASCOALVARADO

AL GOBIERNO DE TOLEDO MANRIQUE

1. INTRODUCCIN 05

2. PARTE I

MARCO TERICO 11

3. PARTE II

3.1. REFORMAS JUDICIALES EN EL GOBIERNO DE VELASCO

ALVARADO.- Contexto de la Reforma Judicial 36

- Objetivos de la Reforma Judicial 37

- Reformas intentadas 38

- Reforma del Fuero Comn 38

-Creacin de Fueros Especializados 46

3.2. REFORMAS JUDICIALES EN EL GOBIERNO DE MORALESBERMUDEZ.

- Contexto de la Reforma Judicial 50

- Primer Periodo 51

- Segundo Periodo 51

- Tercer Periodo 51

- Reformas Judiciales 56

-- Camino a la Asamblea Constituyente 57


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4.- PARTE III

REFORMAS JUDICIALES EN LOS GOBIERNOS ELEGIDOSDEMOCRATICAMENTE

4.1. DEMOCRATICOS EL GOBIERNO DE BELAUNDE TERRY.

- El Restablecimiento del Ministerio de Justicia. 59

- La Nueva Constitucin de 1979- Nuevo Marco Jurdico Para la Nacin. 65

-Las Nuevas Instituciones y Organismos Constitucionales Autnomos.El Consejo Nacional de la Magistratura, el Ministerio Pblico y el Tribunal de GarantasConstitucionales 67

-La Pretendida Reforma o Reestructuracin del Poder Judicial en este quinquenio 74

4.2. REFORMAS JUDICIALES EN EL GOBIERNO DE GARCIA PEREZ

- Contexto de la Reforma Judicial 77

- Asociacin Nacional de Magistrados del Per 84

- Reforma Judicial y Acceso a la Justicia 84

4.3 REFORMAS JUDICIALES EN EL GOBIERNO DE ALBERTO

FUJIMORI FUJIMORI.

- Elecciones 1990 88

-Primer Gobierno 89

-Cdigo Penal De 1991 90

-Cierre Del Congreso y Crisis Institucional 99

-Lucha contra el terrorismo 101

-Segundo Gobierno 102

-Reeleccin. 102

-El avasallamiento de los rganos constitucionales autnomos. 103

-Ley de Interpretacin Autntica. 104

-Modernizacin del Servicio de justicia y los nuevos mdulos organizativos. 107

-Los Mdulos Bsicos de Justicia. 124

-Mdulos Corporativos. 137

-Mdulos Corporativos de Apoyo a los Juzgados 142


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-Mdulos Corporativos de Apoyo a los Juzgados Especializados de Familia 146

-Reforma y Adaptacin del Soporte Gerencial y Administrativa del

-Poder Judicial. 155

-Modernizacin Administrativa del Poder Judicial en el Per. 157

4.4 REFORMAS JUDICIALES EN EL GOBIERNO DE VALENTIN

PANIAGUA.

-Aspectos Generales 163

-La Mesa de Dialogo de la OEA y los Consejos Transitorios del Poder Judicial y el

Ministerio Publico. 164

-Autonoma Del Sistema De Justicia 165

-Reformas Legales 165

4.5 REFORMAS JUDICIALES EN EL GOBIERNO DE ALEJANDRO

TOLEDO.

-Aspectos Generales 169

-Ceriajus 169

5. CRECIMIENTO DE LA CORTE SUPREMA 217

6. CONCLUSIONES 223

7. BIBLIOGRAFIA 226


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HISTORIA DE LAS REFORMAS JUDICIALES: DE

VELASCO ALVARADO AL GOBIERNO DE

ALEJANDRO TOLEDO

1. Introduccin

Esta investigacin describe e interpreta los acontecimientos ms importantes vinculados a

los procesos de Reformas del Sistema de Justicia o Reformas judiciales, impulsados desde

Octubre de 1968 a Julio de 2006. Abarcamos los perodos de gobierno de lospresidentes Juan Velasco Alvarado hasta Alejandro Toledo.

Conforme al artculo 138 de la Constitucin Poltica de 1993 (1), la potestad de

administrar justicia si bien emana del pueblo, es ejercida por el Poder Judicial.

Ciertamente, ste no es el nico rgano con dicha funcin (2) pues tambin lo hace el

Tribunal Constitucional en materia constitucional; el Jurado Nacional de Elecciones en

materia electoral, de referndum y consultas populares; el Consejo de la Magistratura en

la evaluacin y ratificacin de jueces; y, los Tribunales Militares en asunto de su

competencia. Ejercen tambin la funcin jurisdiccional, las comunidades campesinas y

nativas dentro de su mbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario,

siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona (3).

1 . Constitucin Poltica de 1993

Artculo 138.- Administracin de Justicia. Control difusoLa potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a travs desus rganos jerrquicos con arreglo a la Constitucin y a las leyes.

En todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal,los jueces prefieren la primera. Igualmente, prefieren la norma legal sobre toda otra norma de rangoinferior.

2. RUBIO CORREA, Marcial (1999).Estudio de la Constitucin Poltica de 1993.Primera Edicin, Tomo 5.Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Catlica del Per, p. 11.3. Constitucin Poltica de 1993Artculo 149.- Ejercicio de la funcin jurisdiccional por las comunidades campesinas y nativasLas autoridades de las Comunidades Campesinas y Nativas, con el apoyo de las Rondas Campesinas,pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su mbito territorial de conformidad con el derecho

consuetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona. La ley establece lasformas de coordinacin de dicha jurisdiccin especial con los Juzgados de Paz y con las dems instanciasdel Poder Judicial.


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Es coherente pedir que, por el hecho de ejercer funcin jurisdiccional, se exija a las

entidades indicadas, el cumplimiento de los principios y derechos previstos en el artculo

139 de nuestra Constitucin (4).

Histricamente el rol del sistema judicial peruano dentro del sistema poltico ha sido la

subordinacin poltica, con dos caractersticas principales: La intervencin directa de la

rama ejecutiva en la composicin y orientacin de las cortes, y una constante escasez

presupuestal.

Sin duda, al analizar la administracin de justicia y sus procesos de reforma, es

indispensable un anlisis integral del Poder Judicial, Ministerio Pblico, de las entidades

que consideramos de ntima relacin con ste como son el Tribunal Constitucional y elConsejo de la Magistratura y los que los antecedieron.

Al ser un poder del Estado, que dice Derecho, a travs del tiempo, han surgido y surgen

constantemente, situaciones de conflicto y tensin entre los dems poderes y

lgicamente, con las personas que se someten a l. Ello ha generado intentos de control y

manipulacin que han sido ms evidentes en perodos de gobiernos de facto en donde se

ha buscado legitimar muchas actuaciones sobre todo del Poder Ejecutivo.

La injerencia poltica no ha estado ausente sobre todo cuando se ha presentado fuertes

divergencias entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo.

A todo ello, hay que agregar la percepcin de la poblacin que siempre ha reclamado

cambios sustanciales del Poder Judicial para solucionar de manera equitativa y rpida los

conflictos que se le someten.

Son muchas las normativas dictadas, resoluciones y las historias que hemos podido

recabar sobre el particular.

La investigacin abarca el Derecho Constitucional, el Administrativo y esta rama que

podemos llamar de la administracin de justicia incluyendo en ella, las estructuras y su

desarrollo organizacional. Hemos buscado reconstruir el contexto social, poltico y

econmico recurriendo a peridicos y las revistas ms importantes de cada poca.

4. Ibidem p. 12.


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La pregunta de investigacin que hemos considerado conveniente formular es

Las sucesivas reformas del Poder Judicial han tenido como denominador comn

y central, el cese de magistrados y sobretodo, en momentos de quiebre del

rgimen constitucional, intervenir polticamente, ms que definir e impulsar

soluciones estructurales?

Ante dicha pregunta, nuestra hiptesis de trabajo , es : Los gobiernos de turno, tanto

autoritarios de facto, como democrticos, justificados en una necesidad de

reforma judicial, generalmente buscan tener jueces cuyas decisiones no sean

obstculos a sus proyectos buscando alcanzar objetivos polticos ms que una

autentica reforma estructural.

A travs de esta investigacin buscamos profundizar en el desarrollo histrico de los

procesos de reforma judicial buscando realzar los aciertos y lo que podemos observar

como desaciertos de los mismos durante los perodos indicamos que van de 1968 al 2006.

Luego de los estudios de Psara, Javier de Belaunde, Juan Vergara Gotelli, Justicia Viva,

Comisin Andina de Juristas y otros, como los impulsados por CERIAJUS, no hemoshallado estudios recientes sobre el particular.

Un estudio como el indicado resulta valioso entonces, pues representa una

reconstruccin de las etapas tanto desde una perspectiva jurdica al estudiar los aspectos

normativos y jurisdiccionales del tema como una aproximacin al contexto de cada

momento.

La perspectiva metodolgica adoptada ha conjugado el mtodo histrico con el

exegtico, dogmtico y el funcional pues hemos procurado advertir como ha actuado o

ha funcionado en la realidad, el proceso de Reforma de la Administracin de Justicia

durante este importante segmento de nuestra reciente historia.

La segunda parte, se inicia con el estudio de la reforma implantada por Juan Velasco

Alvarado; en ella expondremos el contexto situacional en que se dio la reforma judicial,

las motivaciones que se esgrimieron para justificarla, las acciones realizadas dentro del

proyecto poltico global, los gestores intelectuales y el balance general. Asimismo, se


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8

expondrn las principales herramientas normativas utilizadas para tal efecto, como : a).-

El decreto Ley nmero uno ( Estatuto del Gobierno Revolucionario ) de fecha 03 de

octubre de 1968, que , entre otras finalidades trazadas, tenia : la de Transformar la

estructura del Estado, hacindola ms dinmica y eficiente para una mejor accin de Gobierno y la de

Moralizar al pas en todos los campos de la actividad nacional y restablecer plenamente el principio de

autoridad, respeto a la ley y el imperio de la justicia;b).- Decreto Ley 18060 de fecha 23 de

diciembre de 1969, mediante el cual se cesaron a los 16 vocales supremos; y se crea el

Consejo Nacional de Justicia; c).- Decreto Ley 18061 de fecha 23 de diciembre de 1969,

que elige a los vocales supremos reemplazantes de los cesados; d).- Decreto Ley 17388,

promulgado el 24 de enero de 1969, cuyo artculo 5 aadi al Cdigo penal el artculo

197 penas severas para delitos graves; e).- Decreto Ley 17083 del 24 de octubre de 1968

sobre el proceso de habeas corpus; f).- El Decreto Ley 17716 publicado en 1969, que

crea el Fuero Agrario; g).- Decreto Ley 21109, dictado en 1975, mediante el cual se crea

el Fuero de Comunidades Laborales.

Seguidamente, se analiza el importante acontecimiento relativo al restablecimiento del

Ministerio de Justicia, dispuesto por el propio gobierno militar de Francisco Morales

Bermdez Cerruti en los das previos a la asuncin a la segunda magistratura del

arquitecto Fernando Belande Terry, describiendo las principales funciones que se leasignaron mediante D.L. 23103, ante la inminencia de la entrada en vigor de la nueva

Constitucin Poltica del Estado, aprobada por la Asamblea Constituyente que presidi el

fundador del Partido Aprista Peruano Vctor Ral Haya de la Torre.

En el Gobierno de Morales Bermdez , se decidi una nueva reforma de la

administracin de justicia, creando la Comisin de Reforma Judicial la que se dedic a

promover proyectos de investigacin logrando capacitar a magistrados ( justicia regular

y la justicia de paz).

Estos segmentos de la historia, vinculados al tema de la Reforma del Poder Judicial

tuvieron como denominador comn el cese y el cambio de magistrados por otros

condescendientes y convenientes al rgimen de turno, ms que a un estudio y diagnostico

serio, responsable que concluya con un plan o programa a largo plazo, cuya continuidad

sea asumida en su conjunto por los diversos sectores de la poblacin a efector de

asegurar su vigencia en la administracin de turno, indistintamente a la posicin poltica

que tenga.


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El desarrollo de la Tercera Parte incide, con marcado nfasis, en la implementacin y

puesta en marcha del nuevo ordenamiento jurdico de la Nacin, por la dacin y entrada

en vigencia de la nueva Constitucin Poltica de 1979. Se describen con algn detalle las

nuevas instituciones y organismos constitucionales autnomos previstos por la referida

Carta Constitucional, como el nuevo Consejo Nacional de la Magistratura, el Ministerio

Pblico y el Tribunal de Garantas Constitucionales, (antecedente inmediato del actual

Tribunal Constitucional).

Se analizar la pretendida reforma o reestructuracin del Poder Judicial, y en ese

intento, abordaremos las ratificaciones judiciales dispuestas al amparo de lo dispuesto

por la Dcima Tercera Disposicin General y Transitoria de la Constitucin de 1979,destacando la intervencin o influencia poltica en tales procesos, especialmente en las

ratificaciones de los vocales de la Corte Suprema por parte del Senado de entonces, as

como el proceso de ratificacin de los dems estamentos de la judicatura y fiscala, con

algunas injusticias consumadas, al amparo del llamado baloteo o voto secreto

inmotivado.

Se abordar algunas de las ms importantes modificaciones producidas en nuestralegislacin, en ese quinquenio, como la dacin del Cdigo Civil de 1984, el Cdigo de

Ejecucin Penal, La Ley de Habeas Corpus y Amparo N 23506, la misma que marc

todo un hito en el avance de la proteccin de los derechos fundamentales y como no,

algunos intentos de reforma de los Cdigos Penal y de Procedimientos Penales, entre

otros.

Nuestra investigacin se ha forjado con apuntes o vivencias personales, por haber sido,

en alguna forma, testigos presenciales de algunos acontecimientos, por el desempeo que

nos toc realizar, por entonces, como auxiliares de justicia, luego magistrados de los dos

primeros escalones de la Carrera Judicial; por aadidura, se ha producido en uno de

nosotros, el desempeo de un cargo de dirigente gremial.

Volcamos pues estas experiencias y lgicamente, un estudio descriptivo pero que,

adems, pretende correlacionar las diversas fuerzas o variables como la poltica y los

cambios sociales y hasta econmica, que han impactado en cada uno de los procesos de

reforma, interpretndolos con la mayor objetividad posible.


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Frente a estos segmentos de la historia, vinculados a la reforma de la Administracin de

Justicia, concluimos mencionando

No nos enfrentamos ante un problema que pueda superarse fcilmente con la sola

emisin de normas y el aumento del nmero o sueldo de jueces y rganos jurisdiccionales

o cese de magistrados. Vivimos una poca en la que la complejidad de la justicia ya no

puede enfrentarse solo con instrumentos rudimentarios y medidas de corto plazo. Debe

existir un consenso poltico bsico para potenciar el uso generalizado y permanente de

avanzadas tcnicas de gestin, as como la participacin y coordinacin entre todos los

operadores del sistema , el dilogo interdisciplinario y participacin ciudadana, a efectos

de disear un plan de reforma , coherente y sostenido a largo plazo y que cada

administracin de turno deba continuarlo.

Finalmente debemos sealar que casi no hay gobierno de los ltimos tiempos que no

haya expresado la profunda necesidad de que el Poder Judicial sea reformado, an con

invariable determinacin, tales actos slo han consistido en mutaciones cosmticas, que

nicamente han conducido a mantener intactas las condiciones, muchas veces

deplorables, en las que imparte justicia en el pas.


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2. PARTE I

MARCO TEORICO

Desde el punto de vista de la regulacin jurdica de la sociedad, la importancia de la

administracin de justicia se acenta en periodos de grandes transformaciones polticas y

sociales, porque las reglas aplicables cambian rpidamente, y se producen conflictos con

las normas anteriores, surgiendo necesidades de interpretacin y adaptacin de las nuevas

disposiciones y realidades. Al propio tiempo, se requiere transformaciones de diversos

patrones de la conducta social: aspectos que antes fueron considerados deseables en la

vida cotidiana, dejan de serlo y viceversa (5).

Nuestro sistema judicial republicano, como muchos otros aspectos de la historia,

recibieron influencia de Espaa a travs de la conquista tal y como ha comentado Marcial

Rubio (6).

Respecto de los Orgenes de la Administracin de Justicia, hallamos aspectos valiosos por

resaltar.

Juan Monroy Glvez7, seala sobre los orgenes de la Administracin de Justicia. la

teora de los tres poderes fue llevada a la prctica en la Europa del siglo XVIII y, como es

obvio, fue concebida como la manera de organizar polticamente los nacientes estados

nacionales de la poca. Como se recordar, se trataba de estados europeos pequeos con

problemas tambin menudos, absolutamente irreconocibles para las sociedades polticas

que hoy conformamos

A veces, con escasa imaginacin, se pretende modernizar la teora afirmando que no se

trata de poderes los que se dividen y controlan, sino de funciones. La transformacin

propuesta no deja de ser slo una exquisitez cosmtica, dado que no se modifica el

modelo en lo sustancial.

5 Corrales Melgarejo Ricardo, en Gaceta Jurdica: Bases Ideolgicas de la Reforma JudicialDialogo con laJurisprudencia, Cuadernos Jurisprudenciales N 67, 2007.p.53

6. Citado por Corrales Melgarejo, Ricardo, Ibidem, p. 537 Monroy Glvez, Juan: La Funcin del Juez en el Derecho Contemporneo, Editorial San Marcos, Lima2004


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Precisamente uno de los problemas ms difciles de resolver, en el intento de actualizar la

vigencia de la teora de la separacin de poderes, consiste en identificar,

contemporneamente, cules son los lmites de actuacin, funcin o inter afectacin de

los poderes.

Precisaba que stos eran: el legislativo, el ejecutivo y el fedarativo. Esto significa que

quien propuso inicialmente los fundamentos de la teora, no consider al judicial como

un poder, de hecho Locke consider que el judicial era una manifestacin del poder

ejecutivo. Nos parece que es una primera huella que no debe perderse de vista, si

queremos llegar a conocer lo que tenemos y lo que necesitamos.

La teora de la separacin de poderes no equipar a stos en cuanto al mbito de su

potestad y tampoco a la extensin de esta en cada cual. Tal situacin determin que, en la

prctica, los mbitos de actuacin del legislativo y del ejecutivo, en ese orden histrico ,

fuesen vastos en comparacin con el judicial. Sea que el siglo XIX se considere como el

del auge del Legislativo, sea que el XX sea definido como el siglo del Ejecutivo, lo

transcendente es que desde la vigencia de la teora de la separacin de poderes no se ha

concretado un auge del judicial.8

Esta restriccin del Judicial se manifest en el hecho de que ste perdi toda injerencia en

el ejercicio del poder poltico, limitndose a su funcin de resolver conflictos en el plano

civil y a controlar las conductas antisociales en el plano penal, fue sacudido por decididos

esfuerzos reivindicativos de juristas que colocaron en el primer plano de la recuperacin

del Judicial, la necesidad de ampliar sus zonas de actuacin. 9

Luis Carlos Arenas y Gabriel Ignacio Gmez10, sealan que las ltimas dos dcadas se

han caracterizado por ser un periodo de mltiples transiciones polticas, econmicas y

sociales en varios pases de Amrica Latina. La dcada de los ochenta fue un tiempo de

lucha por la democracia y la igualdad social en contra de los regmenes autoritarios que

varias sociedades latinoamericanas tuvieron que padecer en medio de un contexto

internacional polarizado polticamente. Por ejemplo, las tensiones sociales y polticas que

8 Ibidem, p. 1509 Ibidem, p.151

10Arenas Luis Carlos /Gmez Gabriel: En busca de justicia en los tiempos de las reformas judiciales: Dic.2000, Editorial Ilsa. P.181


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surgieron en Centroamrica, y que se manifestaban en el conflicto entre movimientos

subversivos y regmenes autoritarios tradicionales, eran afectadas adems por el contexto

poltico de la guerra fra. El temor del gobierno de Estados Unidos sobre la posible

expansin del proyecto socialista en Amrica latina, de un lado, y la ilegitimidad de los

regmenes autoritarios de derecha, del otro, tuvieron como resultado la introduccin de

proyectos de democraciaen la regin y la necesidad de prestar atencin a la situacin

de los derechos humanos. Al comienzo de los aos noventa, los cambios en el contexto

internacional, y el surgimiento de un acuerdo general entre las naciones industrializadas

sobre un proyecto consolidado de democracia y de reformas legales y judiciales como

manera de fortalecer el crecimiento econmico y la estabilidad poltica, parecan

representar el comienzo de un periodo de globalizacin del derecho y la democracia.

El inters por los sistemas jurdicos no es una novedad para algunas entidades

internacionales. Su surgimiento se asocia con el contexto poltico y social del periodo de

la guerra fra durante los aos sesenta. Para esa poca, muchos recursos y esfuerzos se

unieron para promover progreso y crecimiento econmico en Amrica Latina desde una

perspectiva en la cual la idea de desarrollo orientaba la accin institucional. Estos

esfuerzos involucraban diferentes campos del conocimiento y de grupos de profesionales.

En el caso particular del campo jurdico, su contribucin a los programas de desarrollo seconoce como el movimiento Derecho y Desarrollo, financiado especialmente por la

Fundacin Ford y la United States Agency for International Developmet ( Usaid). De

acuerdo con Blair y Hansen, los programas llevados a cabo principalmente por la AID

se pueden dividir en cuatro periodos. El primero corresponde a los sesenta, cuando el

movimiento Derecho y Desarrollo surgi bajo la influencia de la teora de Max

Weber. En ese periodo la AID promovi programas de capacitacin jurdica en

diferentes pases de Amrica Latina, los cuales eran ejecutados por jvenes profesores

provenientes de distintas facultades de derecho de Estados Unidos. Posteriormente el

programa entr en crisis y fue duramente criticado a finales de los sesenta y comienzos

de los setenta. La segunda fase del programa fue ms modesta y se caracterizaba por el

inters en programas de acceso a la justicia y de asistencia legal. Lo que Blair y Hansen

llaman el tercer y cuarto periodo corresponde a los programas denominados de

administracin de justicia ( administration of Justice- AOJ-programs) y del rgimen de

derecho ( Rule of Law- ROL- programs), los cuales fueron desarrollados durante los


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aos ochenta y noventa respectivamente. Este periodo, que cobija las dos ltimas

dcadas, es el de mayor inters en esta investigacin. 11

Otro actor importante dentro del contexto transnacional que ha nutrido los programas

de reforma del sistema judicial es el Banco Mundial. El inters del Banco Mundial por

reformas jurdicas y judiciales puede explicarse como consecuencia de diferentes hechos

sociales, polticos y econmicos que se produjeron en todo el mundo a finales de los

aos ochenta y comienzos de los noventa. Para esa poca, el Banco experimentaba una

transicin que lo condujo a revisar las perspectivas de desarrollo y a considerar la funcin

de las instituciones frente al crecimiento econmico, especialmente en relacin con el

papel de los sistemas judiciales en la estabilizacin del ambiente econmico. 12

Histricamente el rol del sistema judicial peruano dentro del sistema poltico ha sido de

subordinacin poltica, con dos caractersticas principales: la intervencin directa de la

rama judicial. El hecho de que Per haya tenido gobiernos militares durante la mayor

parte del siglo veinte contribuy a relegar el rol de la rama judicial dentro del escenario

poltico. Sin embargo, a finales de los aos sesenta y comienzos de los setenta, Per tuvo

una dictadura militar atpica en el contexto de Amrica Latina durante la poca. La

dictadura del General Velasco Alvarado ( 1968-1975) le dio a la rama judicial un rolmuy especial en su proyecto poltico reformista. Velasco- Alvarado tena el proyecto de

modernizar las relaciones sociales en las reas rurales, centrndose en una reforma agraria

que elimin a la elite terrateniente ya las relaciones sociales precapitalistas que existan

en muchas comunidades rurales andinas.13

Velasco- Alvarado le asign al derecho un papel primordial, especialmente en aspectos

relacionados con la reforma agraria y, en menor grado, con las relaciones capital- trabajo.

Con esta idea, el gobierno de Velasco- Alvarado cre dos jurisdicciones especiales: los

llamados fueroagrarioy fuero de trabajo.El primero se encarg de la aplicacin de

la reforma de la propiedad en las reas rurales, y el segundo tuvo como meta facilitar un

rol activo de la rama ejecutiva en la solucin de conflictos laborales. Velasco- Alvarado

fue ideolgicamente crtico del papel del derecho y de las cortes como factores que

contribuan a la reproduccin de las relaciones de dominio e injusticia dentro de la

11 Ibidem, p. 18412 Ibidem, p.p. 187 y 18813 Ibidem, p.p. 198 y 199


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sociedad peruana. Con este discurso, VelascoAlvarado trat de lograr un compromiso

con los miembros del sistema judicial respecto a su proyecto revolucionario,

especialmente con la idea de superar el formalismo jurdico de los jueces. Al mismo

tiempo, intervino en la composicin de las cortes por medio de la creacin de leyes que

modificaban las condiciones para el retiro y reemplazo de los jueces, para nombrar a

quienes haban ganado la confianza de la rama ejecutiva.14

Sin embargo, las contradicciones del proyecto Velasquista y de su discurso

revolucionario, junto a las transformaciones en el contexto internacional, hicieron fallar el

experimento. Las mismas instituciones militares, bajo el liderazgo del General Francisco

Morales Bermdez, fueron responsables de abortar la experiencia reforma. En efecto, en

1975, Morales Bermdez asumi el poder con el apoyo del sector ms conservador de lasociedad, el cual no tena ningn inters en permitir ms cambios estructurales en la

sociedad peruana. Morales Bermdez fue una tpica figura de transicin y su misin fue la

de organizar la transferencia del poder a los gobiernos civiles. Esto sera garantizado a

travs de una reforma constitucional que estipulara que las nuevas realidades sociales

impulsadas por los militares ( especialmente en las reas rurales) estaran consagradas en

una nueva constitucin de 1979, que reemplazo a la Constitucin de 1933, fue escrita con

una amplia participacin de los diferentes partidos polticos.

En el Mensaje a la Nacin el 20 de Julio de 1970, el General Juan Velasco Alvarado,

seala que Uno de los males ms enraizados del Per fue la lenta y defectuosa

administracin de justicia. El antiguo poder judicial fue verdaderamente el smbolo de la

decrepitud y la insensibilidad de todo el orden social establecido,

(En el Mensaje a la Nacin el 3 de Octubre de 1971, El General Velasco acus a la

administracin de justicia haber tenido siempre dos caras, una adusta y cruel para los

humildes, y otra, tolerante y buena, para los poderosos

En este gobierno, se dieron dos tipos de cambio relevantes, dirigidas a la transformacin

del fuero comn. De una parte, la recomposicin de los magistrados en 1971, que

comenz con la remocin de toda la Corte Suprema y al disponer que la nueva corte

ratificara al resto de jueces constitua un rebajamiento de los mecanismos de

14 Ibidem, p. 198


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transformacin a ser usados - y el otro al dictado de medidas legales destinadas a

reformar los procedimientos y algunos contenidos de la administracin de justicia.

La creacin del fuero de Comunidades Laborales (1975), constituye el nico caso de un

fuero creado a pedido de los trabajadores; sin embargo, dicho fuero no resolvi un

significativo nmero de causas, y la mayor parte de juzgados fuera de Lima, tenan poco

trabajo, lo que origino que en 1976 este fuero se fusionara con el Tribunal de trabajo.

En 1975, se decidi una nueva Reforma Judicial que, dedicaba bsicamente a promover

proyectos de investigacin, funcion hasta 1978.

A partir de la instalacin de la Comisin de Reforma Judicial en 1975, la Corte Supremadesarroll el inters por la capacitacin de los magistrados. Dos fueron los focos de

atencin: la justicia regular y la justicia de paz. El programa de capacitacin a los

magistrados de primera y segunda instancia fue confiado al Consejo Latinoamericano de

Derecho y Desarrollo a travs de un convenio firmado con la Corte Suprema., cuyos

objetivos principales fue a) Sensibilizar en una perspectiva jurdico social a los

magistrados; b) Permeabilizar a los jueces respecto a la reforma judicial, c) La

constitucin de un ncleo de magistrados que viabilizara el proceso de reforma ,invitando a los jueces a revisar sus hbitos en la interpretacin y en el razonamiento

judicial.

La Comisin de Reforma Judicial, asumi directamente la capacitacin, a travs de la

direccin de un magistrado de segunda instancia. Estaba dirigido a los jueces de paz, con

incidencia especial en los no letrados, buscando dotar de sustento terico a los

cambios en la perspectiva de la funcin, presuntamente acaecidos mediante las

modificaciones operadas en el Poder Judicial.

En una de las ltimas actuaciones del gobierno de Morales Bermdez, los militares

peruanos crearon un marco jurdico para reorganizar las cortes, con el propsito de

borrar la ltima evidencia de velasquismo, particularmente la pluralidad de las

posiciones crticas sobre el rol del derecho en la sociedad que se haban creado dentro del

sistema judicial. Por lo tanto, el experimento militar del gobierno entre 1968-1980 fue

abierto y cerrado con una fuerte intervencin de la rama ejecutiva en la composicin de

las cortes. Sin embargo, la aplicacin de la ltima intervencin estuvo a cargo de


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Fernando Belaunde- Terry ( 1980-1985), el primer presidente constitucional despus de la

dictadura militar. El gobierno de Alan Garca ( 1985- 1990) continu la misma lnea. De

esta forma, los gobiernos civiles rompieron con esta tradicin de intervenir en la

composicin de la estructura judicial.

La Constitucin de 1979 elimin los fueros privativos creados durante el Gobierno

Militar, vinculados a ciertas reformas como la agraria y la de la empresa, y todo entr a

ser competencia del Fuero Comn.

Se institucionaliz el Consejo Nacional de la Magistratura, y la Academia de la

Magistratura15; la primera, como una institucin autnoma encargada de la seleccin y el

nombramiento de los jueces y fiscales, previo concurso pblico de mritos y evaluacin

personal. Tambin tiene como misin ratificar a los jueces y fiscales de todos los niveles

cada siete aos; aplicar la sancin de destitucin a los Vocales de la Corte Suprema y

Fiscales Supremos y, a solicitud de la Corte Suprema o de la Junta de Fiscales Supremos,

respectivamente, a los jueces y fiscales de todas las instancias.

Adems se encargo la formacin y capacitacin de los jueces y fiscales a la Academia de

la Magistratura, la misma que forma parte del Poder Judicial.16

En los aos ochenta, el escenario poltico y el sistema judicial peruano tuvieron que

afrontar retos inesperados causados por la aparicin de dos grupos guerrilleros, el maosta

Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tpac Amaru (MRTA) as como

tambin el aumento del trfico de drogas.

Alberto Fujimori, desde el primer da de su mandato empez a fustigar y atacar el

sistema judicial y a tener fuertes conflictos con el Congreso respecto a quien tena el

poder de aprobar leyes. En su discurso inaugural, Fujimori se refiri al Palacio de Justicia

como el Palacio de la Injusticiay declar el sistema judicial en una entidad corrupta e

indiferente ante los problemas sociales. En los meses siguientes se volvi comn que el

15Artculo 150.- El Consejo Nacional de la Magistratura se encarga de la seleccin y el nombramiento delos jueces y fiscales, salvo cuando stos provengan de eleccin popular. El Consejo Nacional de laMagistratura es independiente y se rige por su Ley Orgnica.

16 Artculo 151.- La Academia de la Magistratura, que forma parte del Poder Judicial, se encarga de laformacin y capacitacin de jueces y fiscales en todos sus niveles, para los efectos de su seleccin.Es requisito para el ascenso, la aprobacin de los estudios especiales que requiera dicha academia.


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presidente criticara pblicamente al sistema judicial por su corrupcin, abusos, etc. A

pesar de que muchas de las crticas eran justificadas, sus problemas eran muy complejos y

muchos de ellos estaban relacionados con la marginalidad histrica dentro del sistema

poltico peruano y su falta de independencia.17

Conviene recordar que tras el autogolpe de estado del Presidente Fujimori, del 5 de abril

de 1992, se dispuso el cese de gran cantidad de magistrados judiciales / y fiscales), sea

bajo la acusacin de corrupcin (a veces con fundamento) o de politizacin partidaria, o

como represalia por su negativa a someterse al gobierno; todo ello sin la observancia de

un debido proceso ni derecho de defensa para los afectados. Su lugar fue ocupado por

magistrados provisionales designados adedopor el rgimen de facto y, luego, por las

autoridades judiciales impuestas por este. 18

Posteriormente la reforma judicial, iniciada a travs de una ley del Congreso (de

noviembre de 1995) supuso la virtual intervencin poltica del Poder Judicial, la supresin

de los rganos de gobierno previstos en la ley Orgnica y la imposicin de autoridades

designadas por el rgimen fujimorista. Mediante una ley de junio de 1996, se declar en

reorganizacin el Poder Judicial, el Ministerio Pblico y la Academia de la

Magistratura, por un periodo inicial de dos aos, que fue prorrogado sucesivamente hastadiciembre de 2000.

Al margen de que esta reforma realiz, en su fase inicial, algunas mejoras importantes

en la organizacin administrativa y gerencial, as como en la infraestructura de locales e

instalaciones destinada destinadas al servicio de justicia, su rasgo definitorio fue el

marcado control poltico gubernamental de los rganos judiciales y de las decisiones de

los magistrados, sobre todo en los asuntos de inters para el rgimen. Para este efecto se

instauraron y mantuvieron comisiones ejecutivas (interventoras) del Poder Judicial y del

Ministerio Pblico, impidiendo que los magistrados designaran a sus rganos de gobierno

y autoridades; igualmente, se recorto progresivamente las principales atribuciones del

Consejo Nacional de la Magistratura, lo que motiv finalmente la renuncia de sus

miembros en marzo de 1998, siendo remplazados por suplentes permeables a los inters

oficialistas.

17 Ibidem, p. 20018 Gaceta Jurdica: Dialogo con la Jurisprudencia, Cuadernos Jurisprudenciales N 67, 2007.p.61


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El cuadro durante los ltimos aos en sistema de administracin de justicia peruano, (

durante el gobierno fujimorista) fue muy lamentable y hasta vergonzoso. Dos tercios de

los cargos de magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Pblico han sido ejercidos

por personal que tiene la condicin de provisional y suplente, designados sin cumplir el

procedimiento previsto en la Constitucin ( es decir, preparacin por la Academia de la

Magistratura y nombramiento, previo concurso, por el Consejo de la Magistratura); con el

agravante que durante casi cinco aos estuvo vigente una ley dictada por el Congreso que

suspendi todo proceso de nombramiento de magistrados titulares, a pesar del insistente

reclamo de la comunidad jurdica y la opinin pblica acerca de la necesidad urgente de

superar la situacin de provisionalidad predominante en el sistema judicial.

Debe precisarse que las comisiones ejecutivas, y las autoridades designadas por estas para

presidir las cortes y fiscalas de los distintos distritos judiciales del pas, podan nombrar,

promover y remover libremente a los magistrados colocados como provisionales o

suplentes en todos los niveles jerrquicos del Poder Judicial y el Ministerio Pblico, lo

que atentaba claramente contra la estabilidad e independencia de la funcin jurisdiccional

y facilitaba las presiones o amenazas para lograr decisiones judiciales favorables a los

intereses polticos judiciales favorables a los intereses polticos gubernamentales,asimismo, permiti sancionar ( con la separacin o retorno al cargo inferior de origen) a

los magistrados que no se sometan a estos mandatos.

Fue tambin muy frecuente que se modificara intempestivamente la composicin de los

juzgados, fiscalas o tribunales cuando deban resolver casos que interesaban

directamente al gobierno fujimorista, colocando a estos a magistrados controlados o

permeables a los designios del rgimen autoritario; asimismo, la designacin de fiscales

ad hocpara investigar hechos o delitos que podan comprometer al gobierno o cuando

se pretenda perseguir o sancionar penal o patrimonialmente a personas incomodas al

rgimen fujimorista19

Juan Francisco Vergara Gotelli20, refiere que dice la historia, que desde el acto inaugural

de la Suprema Corte de Justicia del Per, en el ao 1824 por Simn Bolivar, se sintieron

19 Ibdem P.61-6220Vergara Gotelli, Juan Francisco; La Reforma del Poder Judicial, KinkoS Impresiones SAC. Lima 2004,p.23


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protestas y reclamos por hechos y situaciones que, desde el primer momento de la

existencia de este Poder del Estado, desdicen de su Independencia y dicen de la

proclividad de nuestros jueces a acercarse al poderoso de turno para la obtencin de

ventajas personales, con el costo consiguiente de la minusvala institucional.

Quiere esto decir que el propio Poder Judicial, a travs de las determinaciones de sus

propios Jueces, siempre se present como un Poder sin Poder frente a los Poderes

Ejecutivo y Legislativo. Por tanto, la primera comprobacin en el tema de la problemtica

judicial nos seala que siempre se habl y se reclam sobre la Independencia de este

Poder porque tal independencia nunca la tuvo realmente, obviamente por la interferencia

de los otros poderes que, arrinconando a los jueces, encontraron en stos la seguridad de

cobertura al trmino de sus mandatos.

ACUERDO NACIONAL POR LA JUSTICIA

POLITICAS DE ESTADO PARA EL CAMBIO ESTRUCTURAL EN EL

PODER JUDICIAL

El 21 de noviembre de 2003, en la Ciudad de Ayacucho, se instal el grupo impulsor del

ACUERDO NACIONAL POR LA JUSTICIA, designado por el Presidente de la Corte

Suprema de aquel entonces, Dr. Hugo Sivina Hurtado, y respaldado por su Sala Plena.

El Acuerdo Nacional, refleja las opiniones, expectativas y demandas de ciudadanos,

magistrados, usuarios, profesionales, docentes universitarios, trabajadores, empresarios e

instituciones especializadas, desplegando iniciativas y opiniones en conjunto para la

mejora de la justicia, formulando las siguientes polticas de Estado para el cambio

estructural en el Poder Judicial:

1. Fortalecimiento de la Autonoma e Independencia del Poder Judicial

Para la realizacin de esta poltica, el Estado, el Poder Judicial y la sociedad civil

promovern:


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(a) El fortalecimiento de la Presidencia de la Corte Suprema de la Repblica, como

primera autoridad del Poder Judicial, a travs del otorgamiento de facultades

ejecutivas que le permitan la coordinacin interinstitucional para la conduccin

del cambio estructural del servicio de justicia.

(b) El reforzamiento de los rganos de gobierno del Poder Judicial, en especial del

Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y de la Sala Plena de la Corte Suprema

(c) La aprobacin de la Ley de Emergencia Judicial y de la modificacin de la ley

Orgnica del Poder Judicial, cuyos proyectos se encuentran en el Parlamento.

(d) La estabilidad de los magistrados en el desempeo de sus funciones, as como

otros mecanismos que garanticen su independencia e imparcialidad.

(e) El respeto al principio de no injerencia en el Poder Judicial por parte de los otros

poderes del Estado.

(f) La titularidad plena de los magistrados del Poder Judicial.

(g) El respeto a la autonoma administrativa y financiera del Poder Judicial.

(h) La legitimidad del Poder Judicial, como medio para consolidar el Estado de

derecho.

(i) El respeto de los fallos jurisdiccionales dictados de acuerdo a la Constitucin y la

ley, asegurando la efectividad de su ejecucin

(j) La aplicacin de sanciones efectivas a todo aquel que lesione la independencia delPoder Judicial.

Fundamentacin:

Slo la autonoma e independencia del Poder Judicial garantizan el efectivo equilibrio de

poderes y la vigencia del Estado de derecho en el pas, y as lo expresan los compromisos

regionales suscritos. Todo proceso de reforma o reestructuracin deber tener como eje

el respeto de la autonoma funcional del Poder Judicial, as como la independencia e

imparcialidad de los jueces al ejercer su labor jurisdiccional.

Lineamientos Operativos:

Otorgamiento de carcter preferencial al debate y tratamiento de las iniciativas

legislativas del Poder Judicial ante la Comisin de Justicia del Congreso de la

Repblica.

Aprobacin de una nueva Ley Orgnica del Poder Judicial


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Aprobacin de un Estatuto Nacional del Juez, conforme a estndares

Internacionales.

Difusin de los Principios Bsicos de Naciones Unidas para la Independencia de

la Judicatura, as como de otros instrumentos internacionales sobre el tema.

Formulacin de sistemas de evaluacin de los magistrados que respeten su

estabilidad y carrera judicial, sujeta al debido cumplimiento de las funciones de

administracin de justicia.

2. Acceso a la Justicia


promovern:

a) La dotacin de recursos necesarios para establecer un Sistema Nacional de

Defensa Legal Para Todos, que involucre la Defensa de Oficio, los Consultorios

Jurdicos Populares, los Colegios de Abogados, Facultades de Derecho, Iglesias,

ONGs, a fin de promover asesora y defensa legal gratuita, as como medios

alternativos de resolucin de conflictos a las personas de escasos recursos,

comunidades indgenas y a mujeres, nios, ancianos y discapacitados en situacinde vulnerabilidad.

b) La incorporacin del tema del acceso a la justicia como concepto y poltica

medular dentro de las estrategias nacionales de lucha contra la pobreza,

solicitando la participacin activa de la cooperacin internacional para proveer

recursos que permitan revertir las carencias.

c) La capacitacin del personal judicial y de los dems operadores legales para

sensibilizar y generar aptitudes pluriculturales que eviten la discriminacin de

cualquier ndole.

d) La intensificacin del uso de medios alternativos de resolucin de conflictos.

e) El establecimiento de una mejor oferta de servicios judiciales a la poblacin con

mayor nmero de magistrados que faciliten el acceso.

f) Revisin del sistema de tasas judiciales y otros gastos judiciales con criterio

equitativo respecto de las personas de escasos recursos para solventar estos

gastos y aplicando los beneficios de auxilio judicial (beneficio de pobreza).

g) La creacin de un Centro sobre Acceso a la Justicia, encargado de realizar

estudios de seguimiento para la reversin de sus carencias e impacto social.


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h) La convergencia de las formas comunitarias de justicia con el sistema de justicia

formal, reforzando las garantas de los derechos humanos y la legalidad

democrtica.

Fundamentacin

Es que varios sectores de la poblacin se encuentran imposibilitados de acceder al

aparato judicial, lo cual genera una constante demanda de reversin de esta situacin

que se debe principalmente a: i) el alto costo y la complejidad de los procesos judiciales,

ii)la falta de conocimiento de la poblacin respecto de sus derechos en el sistema de

justicia; y iii) la exclusin y discriminacin hacia ciertos sectores especialmente

vulnerables, como las mujeres, los indgenas y los menores de edad desprotegidos,

quienes se ven especialmente impedidos de acceder a una justicia pronta y eficaz.

Se hace necesaria una poltica de equidad, que permita a quienes tienen menos recursos

acceder a una justicia gratuita y de calidad, adems de facilitar el acceso de quienes sufren

una mayor vulneracin de sus derechos ciudadanos.

Las adecuadas condiciones de acceso a la justicia son fundamentales para la convivencia

social y el desenvolvimiento econmico del pas. Un gran sector de la poblacin se

encuentra privada de proteccin judicial efectiva y no goza de adecuadas condiciones de

acceso a la justicia, razn por la cual la vigencia efectiva de sus derechos resulta en gran

medida ilusoria. La tarea de crear esas condiciones no puede quedar relegada dentro de

las polticas sociales y los procesos de reforma judicial.

Revertir esta omisin resulta fundamental para mejor las condiciones de gobernabilidad y

demanda una perspectiva multidimensional, priorizando los siguientes objetivos:

Incorporar el uso de los mecanismos legales dentro de los programas y

proyectos de desarrollo;

Ampliar sustancialmente la disponibilidad de medios alternativos de

resolucin de conflictos destinados particularmente a los pobres,

socialmente excluidos y discriminados:


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Fortalecer la justicia de paz y crear mecanismos judiciales para resolver

disputas patrimoniales de bajo monto; y,

Otorgar a las Facultades de Derecho protagonismo en las estrategias y

programas de acceso a la justicia.

El acceso a la justicia implica la existencia de recursos informativos, profesionales,

normativos, de procedimiento y materiales, disponibles para todos en forma pronta,

expeditiva y eficaz, en concordancia con sus posibilidades econmicas o culturales.

Lineamientos operativos

Aplicar una estrategia de acceso a la justicia destinada a:

- Asegurar igual proteccin de la ley a todas las personas;

- Proteger y dotar de eficacia a los derechos y por consiguiente, incrementar la

seguridad y reducir la vulnerabilidad;

- Facilitar la incorporacin de sectores excluidos dentro de los flujos de

prosperidad generados por la economa de mercado.

Dar respuestas integrales frente al problema de falta de oportunidades de acceso a

la justicia. Propender a alcanzar un ratio de un magistrado por cada diez mil habitantes,

dentro de un programa de ampliacin de los servicios de justicia que revierta la

tendencia actual en donde existe aproximadamente un Juez por cada diecisiete mil

habitantes.

Apoyar como medida urgente la creacin de 152 unidades jurisdiccionales nuevas

para el Poder Judicial, conforme a la demanda adicional planteada por el Poder

Judicial en el Proyecto de Presupuesto para el ao 2004, no considerada por falta

de recursos.

Articular los programas de reforma judicial y los de administracin estatal en el

objetivo de simplificar y abaratar procedimientos, eliminar la corrupcin y

mejorar la eficiencia en el servicio pblico de la justicia.

Optimizar la calidad de la informacin y del apoyo profesional para reivindicar

derechos a travs de la instancias judicial o administrativa.

Priorizar opciones de medios alternativos de resolucin de conflictos.

Disear y poner en marcha mecanismos procesales orientados a proveer remedios

judiciales prontos y sencillos ante disputas patrimoniales de escasa cuanta.


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Desarrollar en el corto plazo, espacios de concertacin con Facultades de

Derecho, Colegios de Abogados y ONGs, Polica Nacional y Gobiernos Locales,

as como con las instancias pblicas que proveen servicios de defensa legal para el

establecimiento del Sistema Nacional de Defensa Legal para Todos.

Promover el desarrollo institucional, considerando las decisiones de la jurisdiccin

especial de las comunidades campesinas y nativas con el apoyo de las rondas

campesinas, siempre que se respeten los derechos fundamentales de las personas.

Dictar medidas que impidan la persecucin penal a autoridades que hayan

ejercido funciones jurisdiccionales dentro del marco de la justicia comunitaria,

con pleno respeto a la Constitucin.

3. Lucha contra la Corrupcin


promovern:

a) La lucha contra la corrupcin y sus redes, dentro y fuera del Poder Judicial, que

involucren jueces, auxiliares de justicia, funcionarios, litigantes, abogados,

empresarios o cualquier persona vinculada a la corrupcin en la imparticin o en eluso de servicio de justicia.

b) La prevencin de la corrupcin en el servicio de justicia y el fortalecimiento de la

investigacin para la sancin correspondiente.

c) La simplificacin de los procedimientos legales y administrativos, a fin de erradicar

toda complejidad que favorezca la arbitrariedad y la corrupcin.

d) El fortalecimiento de los rganos de control de la magistratura OCMA y

ODECMAS- as como de la Inspectora del Poder Judicial.

e) La participacin ciudadana en el sistema de control de magistratura.

f) La adecuacin de la legislacin nacional a los instrumentos internacionales de lucha

contra la corrupcin.

g) Una tica de Servicio y Transferencia en los diferentes operadores de la

administracin de justicia, basada en la responsabilidad, integridad y honradez

individual y en la eficiencia y calidad del servicio institucional al usuario.

h) El fortalecimiento y la dotacin de recursos integrales al Sistema Judicial

Anticorrupcin.


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Fundamentacin

La corrupcin es uno de los principales problemas que afectan a la administracin de

justicia y una importante causa del deterioro de la imagen pblica de la justicia en el pas.

Su gravedad fue reconocida por los magistrados en la Comisin de Reestructuracin del

Poder Judicial, que concluy que el Poder Judicial, debe poner por delante los intereses

del ciudadano y no el inters particular de sus servidores.

La impunidad ante la corrupcin flagrante genera la prdida de credibilidad de la

administracin de justicia. Ms all de la percepcin externa se reconoce que al interior

del Poder Judicial se dan conductas antiticas y prcticas que violan la igualdad dentro

del proceso judicial. De all la necesidad de enfrentar la corrupcin y revalorizar la

funcin pblica judicial dentro de una poltica nacional de tica pblica fomentando la

eficiencia y la eficacia en la administracin de justicia as como la transparencia

institucional.

Es necesario optimizar el control con representantes de la Sociedad Civil y con el

fortalecimiento de la autorregulacin tica de los trabajadores, entendiendo la

transparencia como el mejor mecanismo de control. Igualmente controlar la gestin,analizar la eficacia del gasto pblico y racionalizar y equilibrar el uso de los recursos. La

rendicin de cuentas pblica y peridica y la ejecucin permanente de programas de

lucha contra la corrupcin, servirn para enfrentar toda prctica aceptada de corrupcin.

La corrupcin no es unilateral, no slo depende del mayor o menor control sobre la

conducta del juez, se alimenta tambin del mal comportamiento de todos los actores del

sistema: abogados, litigantes, jueces, fiscales, secretarios de juzgado, de la corrupcin

heredada y de la cultura generalizada de la viveza. Requiere por ello de una respuesta

integral, de polticas de eticidad y de probidad, con participacin de los ciudadanos. Toda

Poltica anticorrupcin del Poder Judicial deber acompaarse de medidas similares en el

conjunto del Estado en el objetivo mayor de un cambio cultural de la sociedad respecto

de este flagelo.



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Fortalecimiento de la Oficina de Control de la Magistratura ( OCMA) y de las

Oficinas Desconcentradas de Control de la Magistratura ( ODECMAs), mediante

mayores recursos, capacitacin, personal idneo y nuevos procedimientos que

agilicen su funcin de control.

Dotacin de estos rganos de magistrados a tiempo completo, dedicados

exclusivamente a la planificacin, ejecucin y optimizacin de las tareas de

control en cada Corte Superior de Justicia.

Establecimiento de mecanismos preventivos de control de la labor jurisdiccional,

centrados en la evaluacin de la productividad, calidad de los fallos judiciales,

celeridad procesal y legitimidad social de los despacho judiciales, entre otros.

Brindar facilidades a los ciudadanos para la informacin o presentacin de

denuncias sobre corrupcin. Implementacin de mecanismos telefnicos o por

Internet.

Conexin en red de los rganos de control interno del Poder Judicial ( OCMA,

ODECMAS), Inspectora y Jefatura de Personal del Poder Judicial, de modo que

sean de conocimiento general las sanciones impuestas a nivel nacional.

Separacin de las denuncias presentadas ante los rganos de control referidas a

procesos judiciales en trmite o recientemente culminados, a ser notificadas a la

otra parte para el mejor discernimiento de los rganos de control. Prioridad en el juzgamiento de las denuncias que, ante los rganos de control,

estn acompaadas del debido recaudo.

Implementacin de una Unidad de Control Patrimonial de los Jueces para

deteccin de enriquecimiento ilcito.

Desarrollo de campaas mediticas educativas para la poblacin.

Elaboracin de Manuales de Organizacin y Funciones claros y transparentes,

con procedimientos disciplinarios y penalidad correspondiente a faltas leves y

graves cometidas por el personal judicial.

Puesta en vigencia y difusin del Declogo del Juez y del Cdigo de Etica del

Poder Judicial.

Promocin de un Sistema Nacional de Veeduras Ciudadanas contra la

Corrupcin, en coordinacin con los Consejos Consultivos Regionales.

Eleccin del Juez y del servidor judicial del ao en cada Corte Superior de

Justicia y a nivel nacional a partir de 2005.


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Dar carcter de permanencia y competencia nacional a la Justicia Anticorrupcin

ampliando el nmero de juzgados anticorrupcin a nivel nacional, que permita el

control judicial efectivo de la corrupcin en todo el pas.

Concertacin con las otras ramas de Gobierno y con los Colegios de Abogados

del Pas para redaccin y promulgacin de una Ley de Responsabilidad

Profesional de los Abogados, en virtud de la cual los Colegios de Abogados

asuman responsabilidades especificas y efectivas de prevencin, control y sancin

para el correcto desempeo tico de sus afiliados, publicando semestralmente

informes sobre las denuncias recibidas, las investigaciones de oficio que se

realicen y los resultados de los procesos disciplinarios.

Coordinacin interinstitucional entre organismos pblicos y privados para

desarrollar polticas de lucha contra la corrupcin.

4. Gobierno y Organizacin Descentralizada del Poder Judicial

Para la realizacin de esta poltica, el Estado, el Poder Judicial y la Sociedad civil

promovern:

(a) El fortalecimiento de los rganos de gobierno y de administracin del PoderJudicial dentro de la mayor autonoma administrativa y financiera.

(b) La desconcentracin paulatina de las competencias, atribuciones y recursos

institucionales del Poder Judiciales, a favor de las Cortes Superiores de Justicia.

(c) Una mayor capacidad de planeamiento estratgico de los rganos de gobierno

judicial de nivel regional.

(d) La redefinicin de la estructura territorial de las Cortes Superiores de Justicia, a fin

de adecuarlas a las necesidades de acceso a la justicia de la poblacin.

(e) El desarrollo de una poltica especial para el fortalecimiento del servicio de justicia

en sedes de frontera.

(f) La desconcentracin de los servicios judiciales, dando prioridad al uso de recursos

propios de cada regin.

(g) La participacin del Poder Judicial en las instancias de planeamiento de cada

regin, en lo relacionado a la justicia.

(h) El desarrollo de una nueva cultura judicial, tomando como eje un perfil de juez

sensible a su entorno social, socialmente responsable de sus decisiones y con

marcos de pensamiento flexible y creativo.


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(i) La capacitacin de los magistrados en la legislacin regional y municipal de cada

zona, as como en el anlisis de la problemtica de su regin.

Fundamentacin

La justicia es mayoritariamente percibida como lenta, congestionada, costosa,

burocrtica, ineficiente y poco eficaz. Esta caracterizacin negativa surge de la falta de

una organizacin moderna y eficiente del Poder Judicial, as como de la limitada

capacidad de sus rganos de gobierno- Corte Suprema de la Repblica, Consejo

Ejecutivo del Poder Judicial y Gerencia General para subsanar estos aspectos de

manera efectiva y oportuna.

El Poder Judicial mantiene una estructura vertical y jerrquica, una cultura altamente

formalista , rutinas de trabajo complejamente burocrticas, escasa comunicacin entre

juzgados y sedes judiciales, marcos normativos poco transparentes, los que han persistido

a pesar de la incorporacin de algunos elementos y criterios modernos de administracin

y gestin como el uso de computadoras- en una convivencia de confusa y difcilinteraccin entre sus componentes

En segundo lugar, a contracorriente del proceso de descentralizacin, el Poder Judicial

tiene un sistema de gestin centralizada y concentrada en Lima que afecta la labor de sus

27 Cortes Superiores de Justicia, generando debilidad en la autoridad descentralizada,

ineficiencia en el uso de los recursos y lentitud den los procesos internos de decisin.

Las Cortes Superiores no estn facultadas para decidir sobre asuntos centrales de sus

jurisdicciones, como la distribucin territorial de juzgados, la contratacin de personal y

servicios judiciales o la modernizacin de sus locales, entre otros aspectos. A nivel

administrativo una Caja Central, si bien contribuye a reducir costos para la adquisicin de

bienes y servicios, resulta contraproducente cuando las decisiones responden a

necesidades urbanas sin mayor atencin a las zonas rurales.

Esta situacin se agrava en las sedes de frontera como Tumbes, Tacna, Iquitos o Madre

de Dios, donde los conflictos sociales suelen ser ms agudos adems de concentrar


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delitos que afectan fuertemente la economa nacional, como al extraccin ilegal de

recursos naturales o el contrabando. A pesar de ello el personal judicial en estas zonas es

insuficiente, no cuenta con condiciones mnimas de trabajo y muchas veces expone sus

vidas en el cumplimiento de su labor por las distancias geogrficas magistrados y jueces

no acceden a la informacin ni a una adecuada capacitacin, lo que se agrava con un

presupuesto insuficiente para atender sus mltiples problemas.

La organizacin judicial debe responder a la diversidad propia del pas a travs de un

cabal proceso de descentralizacin de la gestin y administracin del Poder Judicial. Las

Cortes Superiores de Justicia deben contar con prerrogativas administrativas y de gestin

y organizarse como Unidades Ejecutoras de Gasto, con el objetivo de brindar una

atencin oportuna, adecuada y eficiente a los usuarios del servicio de justicia.


Creacin de gabinetes tcnicos u oficinas de modernizacin institucional adscritas

las Presidencia de las Cortes Superiores de Justicia, encargadas del Planeamiento

estratgico de mediano plazo de las sedes judiciales y del desarrollo de proyectos

de modernizacin. Implementacin de un sistema interconectado, a nivel nacional, de informacin

entre organismos administrativos y gerenciales del Poder Judicial.

Definicin de indicadores uniformes de gestin para una evaluacin objetiva de la

labor jurisdiccional.

Diseo de un Plan de Descentralizacin del Poder Judicial, consensuado entre las

Cortes Superiores de Justicia del pas, para el siguiente quinquenio.

Creacin de un Fondo Especial para el desarrollo del servicio de justicia en las

zonas de frontera.

Conformacin de Consejos Multidisciplinarios para el estudio y anlisis de los

delitos en las zonas de frontera, a fin de precisar polticas de control y manejo de

la carga procesal.

Brindar incentivos a magistrados y personal que labore en dichas zonas, as como

facilidades para la capacitacin.

5. Presupuesto judicial


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promovern:

(a) La asignacin progresiva al Poder Judicial de un presupuesto que alcance, en

periodo de cinco aos, no menos del 4% del Presupuesto General de la

Repblica.

(b) La transparencia presupuestal en el uso de los recurso del Poder Judicial, a nivel

regional y nacional, mediante publicacin de su Pgina WEB.

(c) La Mejora de la infraestructura de los despachos judiciales a nivel nacional, de las

condiciones de trabajo y de la atencin a los usuarios.

(d) La dotacin de un moderno soporte informtico bsico para todos los rganos

jurisdiccionales del pas.

6. Personal y Recursos Humanos


promovern:

(a) Un perfil del magistrado y del servidor judicial acorde con las necesidadesinstitucionales.

(b) La seleccin y nombramiento de magistrados idneos y honestos, de acuerdo a

criterios de mrito personal y profesional.

(c) El tratamiento equitativo de los trabajadores y servidores del Poder Judicial, sobre

la base de un rgimen de carrera.

(d) Un sistema disciplinario y de evaluacin transparente de conforme al debido

proceso.

(e) Una poltica remunerativa acorde con la dignidad de la funcin judicial, que

incentive una mayor participacin del personal en el proceso de cambio.

Lineamientos Operativos

Promulgacin de una Ley de la Carrera Judicial.

Promulgacin de una Ley de Carrera del Personal Jurisdiccional, elaborada con

participacin de los representantes de los trabajadores del Poder Judicial.


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Diseo y puesta en marcha de concursos de mritos para la contratacin de

personal judicial.

Captacin en las Cortes Superiores de recursos humanos mediante convenios con

Universidades, Programas de Voluntariado de los estudiantes de Derecho,

Contabilidad, Administracin, Psicologa y reas afines al Poder Judicial.

Creacin de una Oficina de Defensora del Personal Judicial, que permita la

atencin eficiente y oportuna de las quejas sobre el trato al personal del Poder

Judicial.

7. Modernizacin de reas prioritarias de la justicia


promovern:

(a) La reforma del sistema penal, mediante la instauracin de un nuevo modelo

procesal acusatorio garantista, con base en una poltica criminal coherente.

(b) Una mayor atencin del sistema de justicia penal juvenil.

(c) La constitucin de una justicia especializada en derechos humanos, sobre la base

de las recomendaciones de la Comisin de la Verdad y la Reconciliacin.(d) La proteccin adecuada de las vctimas de los delitos

(e) La revalorizacin de la justicia de paz como agente que impulsa la confluencia del

derecho oficial y el derecho consuetudinario.

(f) El fortalecimiento de la justicia civil, especialmente en el mbito econmico,

financierocomercial y de familia.

Fundamentacin

La reforma integral del Poder Judicial requiere atender problemas y necesidades en sus

diferentes mbitos de accin, sin desmedro de la prioridad que reclaman algunas reas de

la administracin de justicia para concentrar los esfuerzos del proceso de cambios.

La definicin de estas reas implica la de los mbitos jurisdiccionales con mayor impacto

en los derechos fundamentales de las personas, pues slo su efectiva proteccin

garantizar la tutela del conjunto de derechos de los ciudadanos.


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La justicia penal es un mbito principal en la administracin de justicia. A travs de ella el

Poder Judicial ejerce el control de las actividades del Estado y en la que afecta

legtimamente los derechos fundamentales de la persona, como la libertad o la propiedad.

No obstante, la situacin de la justicia penal en el Per es crtica tanto por el crecimiento

permanente de la criminalidad social y econmica como por la permanencia de marcos

procesales y de una cultura inquisitiva que resulta incompatible con los principios del

debido proceso.

En este marco, el Poder judicial no muestra condiciones adecuadas para una proteccin

efectiva a las vctimas de graves violaciones de derechos humanos, como lo ha sealado

el Informe Final de la Comisin de la Verdad y la Reconciliacin ( CVR). El pedido de

perdn a las vctimas de la violencia hecho por el Presidente del Poder Judicial, en el

marco de la Primera Audiencia Regional realizada en Ayacucho, es un gesto significativo

respecto del nuevo modelo de justicia en el cual la tutela de los derechos humanos deber

ser eje fundamental de la labor jurisdiccional.

Otro mbito crtico es la justicia civil. Los juzgados civiles no han crecido de manera

proporcional a la demanda ciudadana y reciben la mayor carga procesal. Su

especializacin se da desordenadamente, pudiendo abocarse indistintamente a materiasciviles, comerciales, constitucionales y laborales. A pesar de marcos procesales ms

modernos y flexibles, no hay capacidad suficiente para responder a la demanda.

Urgen salidas concretas que faciliten tanto la atencin a los usuarios como la

modernizacin de la justicia penal y civil propuesta por la Comisin de Magistrados para

la Reestructuracin del Poder Judicial.

Lineamientos Operativos

Aprobar, considerando los proyectos existentes y como producto del consenso, el

Cdigo Procesal Penal.

Desarrollar en el Sistema de Justicia, un Plan de Emergencia para la

implementacin progresiva del nuevo sistema procesal penal.

Proporcionar mayores recursos humanos y materiales al sistema de juzgamiento

de reos de crcel, ampliando el nmero de Juzgados y Salas y simplificando los


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procedimientos a fin de reducir el nmero de personas injustamente

encarceladas.

Facilitar el juzgamiento de menores infractores en sus localidades o regiones de

origen, crendose institutos de tratamientos educativo a nivel regional.

Ampliar las competencia de los Juzgados de Paz

Garantizar la eleccin popular de jueces de paz. Impulsar la convocatoria en el

ao 2005 para elecciones de Jueces de Paz en toda la repblica.

Capacitacin de jueces de paz en aspectos constitucionales y de Derechos

Humanos.

Estudiar las necesidades de creacin de juzgados civiles a nivel nacional, sobre la

base de la demanda social, el incremento poblacional y la tasa de litigiosidad.

Crear de manera progresiva juzgados y salas econmico- financiero- comerciales.

8. Enseanza del derecho y formacin del magistrado

Para la realizacin de esta poltica , el Estado, el Poder Judicial y las facultades de

Derecho del Pas promovern:

(a) La reorientacin de los contenidos de la enseanza del derecho, buscando ladestreza para el razonamiento jurdico como componente transversal en los

estudios.

(b) Un examen de homologacin con exigencias de calidad para que los egresados de

las Facultades de Derecho reciban el titulo para ejercer la abogaca.

(c) El fortalecimiento de la formacin judicial que imparte la Academia de la

Magistratura, estableciendo un periodo bsico de un ao acadmico de estudios

para acceder a la judicatura.

(d) La creacin y desarrollo de nuevas especializaciones y estudios de postgrado en

derecho, tiles para la carrera judicial.

(e) Un sistema peridico de acreditacin de las Facultades de Derecho.

(f) Sistemas de consultorios jurdicos universitarios.

(g) Promover el anlisis, estudio, publicacin y difusin de las sentencias judiciales.

(Poder Judicial: Acuerdo Nacional de Justicia, Abril 2004).


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3. PARTE III

GOBIERNO DEJUANVELASCOALVARADO

3 de Octubre de 1968 al 29 de Agosto de 1975


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3.1 LA REFORMA JUDICIAL DEL GOBIERNO MILITAR

DE JUAN VELASCOALVARADO

CONTEXTO DE LA REFORMA JUDICIAL

El 03 de octubre de 1968 se produjo un golpe de Estado propiciado por los altos

mandos de las Fuerzas Armadas, derrocando el Gobierno Constitucional del Arq.

Fernando Belaunde Terry, a quien deportaron a Argentina, instaurndose el gobierno

militar dirigido por el general Juan Velasco Alvarado, el cual dur hasta el 29 de agosto de

1975 siendo derrocado por Francisco Morales Bermdez. El gobierno Velasquista

declar su intencin de realizar una reestructuracin revolucionaria, nacionalizando

industrias clave, el sector financiero y los medios de comunicacin; emprendiendo - entre

otros - una reforma agraria masiva que beneficiara a las comunidades campesinas y a los

trabajadores del campo, no propietarios de tierras .

Segn el llamado Plan Inca21 y el Estatuto Revolucionario del Gobierno Militar, la

reforma de las instituciones del Estado deba ser integral, es as que en cuanto al PoderJudicial, se le atribuy corrupcin, sealndole que la justicia serva a los ricos y

condenaba a los pobres, que los tribunales o la justicia era lenta, morosa y parcial a favor

de los poderosos, que esta institucin careca de autonoma ya que sus miembros

dependa del favor poltico de un senador amigo, un diputado influyente o a un

Ministerio 22 al cual debe el favor del nombramiento, que los magistrados honestos,

carecan de programas de preparacin profesional y estaban mal pagados, propiciando la

inmoralidad del soborno y la coima y las leyes y procedimientos judiciales eran

anacrnicos y favorecan a los grupos privilegiados, se seal que uno de los objetivos del

Gobierno Militar consista en lograr un Poder Judicial independiente, capacitado y que

asegure una oportuna e inflexible aplicacin de la ley a todos por igual.

21

ZIMMERMANN ZAVALA, Augusto; El Plan Inca, Objetivo: Revolucin Peruana;Lima: Editorial:Edita Grijaldo, 1975; p.119.22Antes del Gobierno Militar, el sistema de nombramiento de Magistrados de la Corte Suprema, era por elSenado y los de primera y segunda instancia, por el Poder Ejecutivo a travs del Ministerio de Justicia.


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Garca Rada23 confirmando - en parte - lo expuesto anteriormente, seala que Arturo

Valdez Palacio, Coronel del Cuerpo Jurdico Militar enviado por el general Velasco, al

convocarlo a una reunin en diciembre de 1968, le dijo que exista gran malestar contra la

Corte Suprema en especial y contra el Poder Judicial en general. Consideraban a la justicia

lenta, cara, no siempre imparcial y con muchos magistrados venales; que haba una

cantidad de detenidos sin juzgar y notable exceso en la poblacin carcelaria, y que el

gobierno estimaba indispensable una reforma integral del Poder Judicial, poner al da las

leyes y nuevos hombres que se adecuaran a los cambios de estructuras que se avecinaban.

Para los efectos de la reforma judicial, el gobierno militar estuvo asesorado por los

siguientes juristas: Hctor Cornejo Chvez, Guillermo Figallo Adrianzen, Alfonso

Montesinos y Montesinos, Guillermo Garca Motfar, as como los citados por DomingoGarca Rada 24 , Mario Alzadora Valdez; Alberto RuizEldredge.

OBJETIVOS DE LA REFORMA JUDICIAL

Del denominado Plan Inca antes citado, podemos extraer los siguientes objetivos

trazados por el gobierno militar :

a. Cese definitivo de los magistrados que no reuniesen los requisitos necesarios para

administrar justicia con prontitud, rectitud y honestidad;

b. Creacin de un organismo de alto nivel idneo para garantizar la autonoma de

los jueces e impedir la intromisin poltica como instrumento de control;

c. Otorgamiento de sueldos decorosos a los magistrados para evitar que fuesen

tentados aprovechando su necesidad;

d. Establecer un sistema que garantice la eleccin de magistrados idneos, la

fiscalizacin de sus actos y la imposicin de severas sanciones a quienes no

cumplieran con el objetivo de instaurar la justicia;

e. Implementacin de un sistema de capacitacin y especializacin en beneficio de

los magistrados;

23 GARCIA RADA, Domingo; Memorias de un Juez;Volumen VIII; Segunda Edicin; Lima: EditorialSan Marcos 2004; p. 33324 Ibdem, p.p.392, 393.


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f. Promulgar nuevas leyes acordes con la justicia y con el derecho revolucionario del

pueblo a ser amparado, por igual, sin discriminaciones ni privilegios por razn de

apellido, familia o cuenta bancaria.

REFORMAS INTENTADAS

Segn el profesor y analista Luis Psara 25 las reformasen general- fueron agrupadas

en relacin con su proyecto global, en tres categoras. La primera es la que corresponde al

Poder Judicial tradicional, el fuero comn. La segunda es la que se expresa en la creacin

de dos nuevos fueros, correspondientes ambos a dos reformas sociales de importancia

dentro del proyecto gubernamental de Velasco. La tercera, incluye las reformas en otros

dos fueros, el administrativo de trabajo y el militar. Tema que no tocaremos en elpresente trabajo.

REFORMA DEL FUERO COMUN

El referido autor precisa el dictado de dos tipos de medidas relevantes , las mismas que

estuvieron dirigidas a la transformacin del fuero comn. De una parte, la recomposicin

de los magistrados y de otra, el dictado de medidas legales destinadas a reformar losprocedimientos y algunos contenidos de justicia.

CESE COLECTIVO DE MAGISTRADOS Y CREACION DEL CONSEJO

NACIONAL DE JUSTICIA

El Gobierno Militar de Juan Velasco Alvarado, materializando las medidas tendientes a

reformar el sistema de administracin de justicia, dict las siguientes medidas:

- Se promulg el Decreto Ley 18060 de fecha 23 de diciembre de 1969

que estableca lo siguiente:

- Declar en reorganizacin el Poder Judicial, removiendo a los miembros

de la Corte Suprema ( vocales y fiscales);

25 PASARA , Luis ; Per : Administracin de Justicia? En, consejo latinoamericano de Derecho y Desarrollo; LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN AMERICA LATINA Lima . p. 252.


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- Modific la composicin de la Corte Suprema, estableciendo tres salas de

cinco miembros cada una, suprimiendo las Fiscalas;

- Cre el Consejo Nacional de Justicia para elegir magistrados de todos los

niveles, excepto los Jueces de Paz, y posteriormente potestad disciplinaria

respecto a dichos magistrados.

En cuanto a los ceses de los integrantes de la Corte Suprema, es pertinente citar el doctor

Garca Rada26, quien precisa que luego de la conversacin con los asesores del general

Velasco, qued convencido que el Gobierno entrara a la Corte Suprema, ya que no poda

soportar la permanencia de magistrados que no se sometieran dcilmente a sus rdenes.

Al respecto Linn Hammergren27 refiere que el Gobierno Militar no incluy al sector

justicia en el plan de accin que sac a la luz en 1969 y que los militares destituyeron a los

integrantes de la Corte Suprema y ordenaron varias ratificaciones judiciales, debido a que

los integrantes de este rgano judicial le explicaron que la independencia judicial les

impeda instruir a sus jueces acerca de como tomar las decisiones, justificando sus

acciones como un esfuerzo para crear un Poder Judicial con jueces dotados de una

mentalidad revolucionaria.

Como un ejemplo de magistrados que compartan dicho compromiso tenemos las

palabras del Presidente reelecto de la Corte Suprema, doctor Jos Garca Salazar, cuando

en una parte de su discurso publicado en el nmero 496 de la Revista Caretas 28 , precis:

En el momento histrico que vivimos, segn el estatuto que nos rige, ninguna ley puede ser incompatible

con los altos fines de la Revolucin, ni la misma Constitucin, que solo queda vigente en cuanto sus

disposiciones se compatibilicen y sirvan de nexo a la concrecin de sus fines.

El doctor Alberto Ruiz- Eldredge29 , justificando la medida contenida en el citado

Decreto Ley, refiere que en el Congreso de Abogados del Cusco, realizado en enero de

1968, durante el rgimen de Belaunde Terry, dio un voto de censura a la Corte Suprema

de la Repblica, haciendo presente que ello no fue promovido por el Colegio de

26 op. Cit. p. 344.27

Hammergren, Linn; Laexperiencia peruana en reforma judicial: tres dcadas de grandes cambios con pocas mejoras,http://www.bibliojureidica.or/libros/4/1509/9.pdf.28 Revista Caretas Nro.496 del 21 de marzo al 04 de abril de 1974; p.11.29 RUIZ-ELDREDGE, Alberto ; LA CONSTITUCION COMENTADA 1979; Lima,1980; p.293
http://www.bibliojureidica.or/libros/4/1509/9.pdfhttp://www.bibliojureidica.or/libros/4/1509/9.pdf


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Abogados de Lima, sino un acuerdo unnime producto tal vez de las graves injusticias

sufridas, sobre todo por los sectores mas humildes de la poblacin, en especial los

campesinos. Seala que esta ley es el resultado de lo acordado en el Congreso de

Abogados antes citado, y los principales Colegios de Abogados de la Repblica (Callao,

Arequipa, Piura, Ayacucho, Huancavelica, que representan un 90% de todos los abogados

del Per, apoyaron la medida, sin hacer la menor defensa de los magistrados salientes.

Por Decreto Ley 18061 se nombr a los vocales de la Corte Suprema,

otorgndoles la facultad de ratificar a los vocales superiores y jueces de toda la

Repblica.30 . Los magistrados designados por tal Decreto, fueron los siguientes:

Manuel Segundo Nuez Valdivia, Luis Ponce Mendoza, Octavio Torres Malpica,

Alejandro Bustamente Ugarte, Enrique Cuentas Ormachea, Juan Domingo

Crdova Vargas, Francisco Velasco Gallo, Alberto Balln Landa Arrisueo, Jos

Garca Salazar, Javier Alzadora Valdez, Andrs Len Montalbn, Jos Santos

Rivera, Emilio Llosa Rickkets, Manuel Garca Caldern Koechlin, Ricardo

Nugent Lpez Cheves y Placido Galindo Pardo, nombrndose tambin como

Fiscal en lo administrativo al doctor Jess Arturo Linares Barreda.

El doctor Alberto Ruiz- Eldredge31

, en el mismo sentido de defensa del decreto Ley18060, seal que de 1956 a 1968 las Vocalas Supremas y las de las Cortes Superiores,

sobre todas las primeras, se distribuan por turno entre los partidos que conformaban la

mayora o a favor de parientes o relacionados de los Presidentes de los rganos de poder

o de otras personalidades. En tal estado de cosas, no pudieron llegar a la Corte Suprema

ilustres juristas, a pesar de que muchos de ellos eran propuestos, repetidamente, por las

instituciones del Foro, sin embargo se le cerr el camino, siendo olvidados por el Poder

Poltico, citando como ejemplos a los siguientes abogados: Javier Alzadora Valdez,

Manuel Segundo Nez Valdivia, Jos Samanez Concha, Alberto Balln Landa, Federico

Gutirrez Salazar, Roberto Mac Lean Ugarteche, Guillermo Garca Montufar, Guillermo

Figallo Adrianzen, Cesar Polar Romero, Ricardo La Hoz Tirado, Jos Santos Rivera, Jos

Ignacio Tello Campodnico, Francisco Velasco Gallo, Ricardo Nugent Lpez, Arturo

Linares, Manuel Garca Caldern, Artemio lvarez Benavides, Emilio Llosa Ricketts,

Andrs Len Montalbn, Lorenzo Tolentino Tapia, Juan Arce Murua, Jos Garcia

Salazar, Jos Rodrguez Montoya, Remigio Pino. Niega que los nombrados hayan sido

30 Con anterioridad a dicha medida, las ratificaciones se daba ordinariamente cada cinco aos.31 Ibdem; pp.294,295


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32 Revista Caretas , nmero 613 del 1 de setiembre de 1980; p. 2433 Revista Caretas , nmero 416 de mayo a junio 1970; p. 15

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impuestos, ya que unos fueron nombrados directamente y otros electos por el Consejo

Nacional de Justicia. Cuando hubo nombramientos directos, recayeron con una sola

excepcin, entre los propuestos desde atrs por los Colegios de Abogados y cuando se

cre el Consejo Nacional de Justicia, mediante los concursos de ley, pero siempre a base

de propuestas del Foro y de la Corte Suprema.

Sobre el nombramiento de los vocales supremos, la revista Caretas32 en su seccin Mar

de Fondo , critica la medida contenida en el Decreto Ley 18060 llamada de

reorganizacin y moralizacin del Poder Judicial, sealando que en busca de una Corte

Suprema acorde con el pensamiento del nuevo derecho revolucionario, en realidad, se

buscaba usufructuar de verdaderos tribunales de sancin contra los hombres del

gobierno derrocado el 03 de octubre de 1968; el general Velasco dej en la calle a 12vocales y fiscales supremos, entre ellos, su presidente el doctor Alberto Eguren Bressani,

para integrar la nueva Corte Suprema con 11 miembros de carrera y 06 de los llamados

de la calle, entre estos el doctor Ricardo Nugent Lpez - Chvez, que no reuna

entonces los requisitos para ser magistrado supremo ni por ejercicio de la abogaca,

aunque si cumpla el requisito de ser pariente poltico del entonces coronel Ral

Meneses Arata, miembro del COAP que despus sera Ministro de Transportes. Cabe

destacar que dentro de los magistrados nombrados se encontraba el doctor FranciscoVelasco Gallo, pariente cercano del General Velasco Alvarado.

En ese sentido tambin se pronunci el doctor Csar San Martn Castro, con motivo de

su Discurso con motivo del Da del Juez el 04 de agosto del 2009, al sealar que con

la dacin del Decreto Ley 18061 mediante la cual se facultaba a la Corte Suprema una

ratificacin extraordinaria del conjunto de jueces, vocales y fiscales, ocasion un

alejamiento arbitrario de numerosos magistrados, e inaugur una etapa de funcionamiento del

Poder Judicial a todas luces insatisfactoria y en extremo condescendiente con el rgimen , al punto de

cohonestar sus arbitrariedades y desconocer la vigencia y tutela de las libertades pblicas

La ratificacin extraordinaria llevada a cabo por la Corte Suprema, comprendi a los 20

Distritos Judiciales, siendo llamada por la Revista CARETAS nmero 416 33 como la mas

mortfera purga en la historia del Poder Judicial.


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37 Op.cit, p.25342

Al respecto, en el nmero 378 de la revista OIGA 34 se da a conocer la carta del

magistrado Dagoberto Ojeda del Arco35, quien informa que al concluir el trmite

administrativo de ocho das, llevado a cabo por la Corte Suprema, 131 magistrados de

entre ellos 53 vocales de segunda instancia y fiscales ( aproximadamente el 41% del total

en todo el pas ) y

historia de las reformas judiciales

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