gradoceropress- revista proceso, número 2053

8/20/2019 GradoCeroPress- Revista Proceso, Número 2053

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CISA / Co mu ni ca ción e Información, SA de CV

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: Francisco Álvarez Romero, Estela Franco Arroyo, Salvador CorroOrtiz, Rafael Rodríguez Castañeda, Julio Scherer Ibarra

DIRECTOR FUNDADOR: Julio Scherer García †

SUBDIRECTOR FUNDADOR: Vicente Leñero Otero †

DIRECTOR: Rafael Rodríguez Castañeda

SUBDIRECTOR EDITORIAL: Salvador Corro

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN: Alejandro Rivera

ASISTENTE DE LA DIRECCIÓN: María de los Ángeles Morales; ayudante, Luis Ángel Cruz

ASISTENTE DE LA SUBDIRECCIÓN EDITORIAL: Flor Hernández

ASISTENTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN: Laura Ávila

COORDINADORA DE FINANZAS DE REDACCIÓN: Beatriz González

COORDINADORA DE RECURSOS HUMANOS: Luz María Pineda

EDICIÓN Y CORRECCIÓN: Alejandro Pérez, coordinador; Cuauhtémoc Arista, Tomás Domínguez,Sergio Loya, Hugo Martínez, Juan Carlos Ortega

REPORTEROS: Carlos Acosta, Jorge Carrasco, Jesusa Cervantes, Juan Carlos Cruz, Patricia Dávila,Gloria Leticia Díaz, Álvaro Delgado, José Gil Olmos, Santiago Igartúa, Arturo Rodríguez, MathieuTourliere, Rodrigo Vera, Rosalia Vergara, Jenaro Villamil

CORRESPONSALES: Campeche, Rosa Santana; Colima: Pedro Zamora; Chiapas, Isaín Mandujano;Guana juato: Verónica Espinosa; Guerrero, Ezequiel Flores Contreras; Michoacán, FranciscoCastellanos; Nuevo León, Luciano Campos; Oaxaca, Pedro Matías; Puebla, María GabrielaHernández; Tabasco, Armando Guzmán; Veracruz, Noé Zavaleta

INTERNACIONAL: Homero Campa, coordinador; Corresponsales: Madrid: Alejandro Gutiérrez;París: Anne Marie Mergier; Washington: J. Jesús Esquivel

CULTURA : Armando Ponce, editor; Judith Amador Tello, Isabel Leñero, Niza Rivera Medina, Colum-ba Vértiz de la Fuente, reporteras; Colaboradores: Javier Betancourt, Blanca González Rosas, EstelaLeñero Franco, Samuel Máynez Champion, Jorge Munguía Espitia, José Emilio Pacheco, Alberto Pa-redes, Raquel Tibol, Florence Toussaint; [email protected]

ESPECTÁCULOS: Roberto Ponce, coordinador. [email protected]

DEPORTES: Raúl Ochoa, Beatriz Pereyra

FOTOGRAFÍA : Marco Antonio Cruz, coordinador; Fotógrafos: Germán Canseco, Miguel Dimayuga,Ben jamín Flores, Octavio Gómez, Eduardo Miranda; asistente, Aurora Tre jo; auxiliar, Violeta Melo

AU XILIAR DE REDACCIÓN: Ángel Sánchez

ANÁLISIS: Colaboradores: John M. Ackerman, Ariel Dorfman, Sabina Berman, Jesús Cantú, DeniseDresser, Marta Lamas, Rafael Segovia, Javier Sicilia, Enrique Semo, Héctor Tajonar, Ernesto Villanue-va, Jorge Volpi; cartonistas: Gallut, Helguera, Hernández, Naran jo, Rocha

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN: Rogelio Flores, coordinador; Juan Carlos Baltazar, Lidia García,Leoncio Rosales

CORRECCIÓN TIPOGRÁFICA: Jorge González Ramírez, coordinador; Serafín Dí az, Daniel González,Patricia Posadas

semanario de información y aná lisis

EDUCACIÓN

28 Claudio X. González arrea parejo: desafía aNuño, a Peña, al gobierno todo... /Álvaro Delgado

MEDIOS

32 La contrarreforma electoral /Jenaro VillamilESTADOS

36 PUEBLA: Propaganda a escala monumental /Gabriela Hernández

ANÁLISIS

40 Otra vez, colusión policía-criminales /Jesús Cantú 41 La lista de Nuño /Naranjo 42 Reaccionar frente a Trump /Olga Pellicer 43 Un empleado más de Washington

/John M. Ackerman

44 TIEMPO FUERA: Días sin Carmen /Fabrizio Mejía Madrid

NARCOTRÁFICO

6 Habla Rosa Isela Guzmán: mi padre los

financió y ahora lo llaman criminal /José Luis Montenegro y Rory Carroll

12 Crímenes por obediencia /Jorge Carrasco Araizaga

CASO AYOTZINAPA

17 Preguntas para el Ejército /Gloria Leticia Díaz

VIOLENCIA

20 La burocracia que dasaparece cadáveres /Marcela TuratiECONOMÍA Y FINANZAS

23 Videgaray: historia de un fracaso /Carlos Acosta Córdova

ÍndiceNo. 2053 • 6 de marzo de 2016 36

F ot os por t ada: Especial

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DISEÑO: Ale jandro Valdés Kuri, coordinador; Fernando Cisneros Larios, Antonio Fouilloux Dávila,Manuel Fouilloux Anaya y Juan Ricardo Robles de Haro

COMERCIALIZACIÓN: Margarita Carreón, gerente Tel. 56 36 20 63. Mercadotecnia: Lucero García,

Norma Velázquez. Tel. 56362059. Karina Valle. Circulación: Mauricio Ramírez. Tel. 5636-2064. Pascual Acuña, Barbara López, Gisela Mares, Fernando Polo, Andrés Velázquez. Publicidad: Ana María Cortés.Tel. 5636-2077 / 2091 / 2062. Eva Ángeles, Rubén Báez. Suscripciones: Cristina Sandoval Tel. 5636-2080 y 01 800 202 49 98. Mónica Cortés, Ulises de León, Benita González, Atención a suscriptores (Reparto): Lenin Reyes Tel. 5636-2065. Jonathan García, Rosa Morales.

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN: Fernando Rodríguez, jefe; Marlon Mejía, subjefe; Eduardo Alfaro,Betzabé Estrada, Javier Venegas

ALMACÉN y PRO VEEDURÍA: Mercedes Guerra, coordinadora; Rogelio Valdivia

MANTENIMIENTO: Miguel Olvera

CONTABILIDAD: Edgar Hernández, contador; Ma. Concepción Alvarado, Rosa Ma. García, Raquel Tre jo

COBRANZAS: Sandra Changpo, jefa; Raúl Cruz

OFICINAS GENERALES: Redacción: Fresas 13; Administración: Fresas 7, Col. del Valle, 03100 México, DF

CONMUTADOR GENERAL: Karina Ureña; Susana Arellano, 5636-2000

FAX: 5636-2055, Palabra de Lector; 5636-2086, Redacción.

AÑO 39, No. 2053, 6 DE MARZO DE 2016

IMPRESIÓN: Quad Graphics. Durazno No.1, Col. San José de las Peritas, Xochimilco, México, DF

EDITOR EN JEFE: Raúl Monge; Editores: Sara Pantoja, Miguel Ángel Vázquez, Concepción Villaverde,María Luisa Vivas; Tels.: 5636-2087

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INTERNACIONAL

46 ESTADOS UNIDOS: El rival a vencer... porlos republicanos /J. Jesús Esquivel

50 MEDIO ORIENTE: Las "guerreras" de la yihad /Anne Marie Mergier

53 El escape de Sophie /Anne Marie Mergier

LIBROS

56 El origen del cacique político /Romana FalcónCULTURA

60 CDMX: un gentilicio para una ciudad-estado /Patrick Johansson K. 65 Páginas de crítica ARTE: Santiago Rebolledo: Temporadas

/Blanca González Rosas

MÚSICA: La Orquesta Mariinsky /Raúl Díaz

TEATRO: Puras cosas maravillosas /Estela Leñero Franco

CINE: El hijo de Saúl /Javier Betancourt TELEVISIÓN: Blim vs. Netflix /Florence Toussaint

FESTIVAL DE GUADALAJARA

69 Cazals: Canoa, tan vigente como hace 40 años /Columba Vértiz de la Fuente

DEPORTES

74 CENTROAMERICANOS VERACRUZ 2014: Federación y estado documentan la transa /Beatriz Pereyra y Noé Zavaleta

77 TENIS: Castillo pretende imponer presidente enla FMT /Raúl Ochoa

80 Palabra de Lector 82 Mono Sapiens / President Trump /Helguera y Hernández

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JOSÉ LUIS MONTENEGRO /CIUDAD DEMÉXICO Y RORY CARROLL /LOS ÁNGELES

Era una tarde agradable en elsur de California. Turistas y ve-cinos se mezclaban en el Star-bucks y, a primera vista, pocodistinguía a esa mujer estadu-nidense de 39 años de otros

clientes habituales.Con un casual vestido blanco y negro,

mallones negros y botas, daba pequeñossorbos a su café y hablaba del trabajo, de

Habla Rosa Isela Guzmán: mi padre

los financió y ahora lo llaman criminal

F o t o : E s p e c i a l

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Sobreviviente, dice, del atentado en que murió el cardenal Posadas, casa-da primero con El Vicentillo , hijo del Mayo Zambada, y después con un hijode Juan José Esparragoza, El Azul , Rosa Isela Guzmán –la hija mayor delChapo Guzmán– a la luz de sus palabras pertenece a la cofradía del Cártel

de Sinaloa y, en esa calidad, dio esta entrevista en la que revela datos delo que es la vida entre narcos y su relación con la política y el gobierno,llena de complicidades y traiciones. Sus declaraciones son resultado de

una larga entrevista con el periódico britá-nico The Guardian , que la compartió en suversión íntegra con Proceso.

“Vino dos veces”, afirmó. Interrogadasobre cómo uno de los fugitivos más bus-

cados del mundo pudo cruzar una fronte-ra tan fuertemente resguardada, sonrió ydijo: “Créame, yo le pregunté lo mismo”.

Guzmán Loera tiene otros lazos fami-liares en Estados Unidos: su tercera es-posa, la exreina de belleza Emma Coro-nel, es ahora ciudadana estadunidense yen 2011 dio a luz a sus gemelas en el surde California.

En ese momento Guzmán había esta-do prófugo más de una década y el enton-ces presidente Felipe Calderón especulóque el escurridizo capo podía estarse es-condiendo al norte de la frontera.

“No está en territorio mexicano y yosupongo que El Chapo está en el lado esta-dunidense”, declaró a The New York Times.

Guzmán Ortiz concedió la entrevistaen julio de 2015, a condición de que no serevelara su ubicación exacta en California,para proteger su privacidad y la de sus hijos. La verificación de ciertos detalles –yla cacería y recaptura de su padre, a quienconsultó sobre la entrevista– retrasaronsu publicación hasta ahora.

La recaptura

Fuerzas de la Marina y policías atraparonal Chapo el 8 de enero en Los Mochis, unaciudad sobre la costa mexicana del Pacífi-co, luego de una frenética balacera y per-secución a través de alcantarillas y calles.Ahora él se encuentra en El Altiplano, unacárcel de máxima seguridad al norte de laCiudad de México, desde donde pelea suextradición a Estados Unidos.

Asumiendo que no logre otra fuga es-pectacular, el capo, que se piensa tiene 62años, podría muy bien terminar sus días enla celda de una prisión estadunidense, es-cribiendo así el capítulo final de una vidaextraordinaria que vio a un pobre vende-dor de naranjas ascender por las filas del

los niños y de la importancia de mantener-se en contacto con la familia. Su pequeñacadena de autolavados, salones de bellezay cafés marchaba bien, dijo.

Muy bien, a juzgar por el Rólex en sumuñeca, la bolsa Louis Vuitton que des-cansaba a sus pies y el Mercedes Benz es-tacionado afuera.

Pero había otro indicio de una vida na-da ordinaria. Sus rasgos guardaban unmarcado parecido con el hombre cuyo ros-tro aparecía desde hacía tiempo en los pe-riódicos y la televisión; un hombre odia-

do, temido y admirado por habercreado la organización criminal

más grande y rica del mundo.Se trataba de Rosa Isela Guz-

mán Ortiz, la hija mayor de Joa-quín El Chapo Guzmán, jefe delcártel mexicano de Sinaloa; y ahíestaba, sentada con The Guardian en Estados Unidos, su patria adop-tiva, concediendo a un medio laprimera entrevista de su vida.

Es la primera vez que ella hablacon un medio y sus explosivas de-claraciones, que no pudieron ser ve-rificadas de manera independien-te, probablemente serán rechazadaspor las autoridades mexicanas.

“¿Sabía que le llaman Archivaldoy no Joaquín?”, preguntó. “Mi papáno es un millonario como dice Forbes.Esa revista dice que se pueden contartodos los millones que mi viejo su-puestamente tiene. No es verdad, esolo inventó el gobierno mexicano”.

El ascenso del Chapo desde un po-bre vendedor de naranjas a la lista demultimillonarios de Forbes, medianteel trasiego de enormes cantidades demariguana, cocaína y otras drogas, hasido desde hace tiempo objeto de unaintensa especulación.

La explicación de Guzmán Ortiz esque compró protección oficial al más al-to nivel, enviando a sus representantes aencontrarse con encumbrados políticos osus personeros.

Durante la entrevista de tres horas ysubsecuentes llamadas telefónicas, Guz-mán Ortiz dio a conocer su hasta enton-ces desconocida vida en Estados Unidos ehizo sorprendentes revelaciones sobre supadre, incluyendo la afirmación de que lavisitó en California; lo que, de ser confir-mado, levantaría serios cuestionamientossobre los servicios de inteligencia y la se-guridad fronteriza estadunidenses.

NARCOTRÁFICO

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narcotráfico hasta la infamia y la fortuna.El Chapo, que significa chaparro, su-

puestamente trasegó toneladas de mari-guana, cocaína y otras drogas a EstadosUnidos, desde las boscosas sierras de Si-naloa, un reducto protegido por funciona-rios corruptos, un ejército de pistoleros yhabitantes locales que lo consideran unaespecie de Robin Hood del narco.

A lo largo de la entrevista Guzmán Or-tiz abordó temas como la reestructura-ción y las traiciones dentro del cártel, lossupuestos sobornos a políticos de primernivel y los planes del Chapo para retirar-se. También habló de su amistad con unageneración más joven de “narco júniors”,la segunda generación de las familias decárteles que creció gozando de extraordi-narias riquezas y privilegios.

Guzmán Ortiz mostró fotografías fa-miliares privadas de su padre, más cartasque le envió desde la cárcel. The Guardian corroboró de manera independiente algu-nos detalles, pero no pudo verificar susacusaciones contra encumbrados políti-cos mexicanos o su versión sobre el ma-nejo de los negocios de su padre.

El cuadro que emergió de todo ello fue

el de una familia que vive en un extrañosubmundo de notoriedad y anonimato,orgullosa y desafiante, pero también es-quiva y –desde la captura del Chapo– lle-na de resentimiento. Su imperio ilícito en-casilló a sus miembros como marginadossociales y, al mismo tiempo, los separó delpatriarca cuando se encontraba escondi-do o en la cárcel.

Guzmán Ortiz describió al Chapo co-mo un hombre de familia que logró cons-truir un negocio exitoso con aprobacióndel gobierno mexicano, sólo para ser trai-cionado por miembros de cárteles rivalesy políticos, incluyendo al presidente Enri-que Peña Nieto. “Mi papá no es un crimi-nal. El gobierno es el culpable”.

No confirmó ni negó que su padre tra-ficara drogas (él sí lo admitió ante SeanPenn, en la entrevista del mes pasado dela revista Rolling Stone), pero dijo que vi-vía modestamente y que se había retira-do del “negocio” familiar en 2014, antes deser capturado. “Mi papá le pasó la estafetaa mi hermano Iván Archivaldo y planeabaretirarse y descansar”, aseguró.

Su relato arroja una nueva luz sobre unahistoria oscurecida por el rumor y el mito.

Relaciones familiares

El bajo y fornido joven llamado JoaquínArchivaldo Guzmán Loera empezó a ha-cerse de un nombre como correo y agen-te del entonces dominante Cártel de Gua-dalajara, donde a mediados de los setentaentabló una relación con María Luisa Or-tiz, de la cual nació su hija Rosa Isela Guz-mán Ortiz. The Guardian pudo verificar suacta de nacimiento.

La identidad de Guzmán Ortiz fue con-firmada por Francisco Villa Gurrola, mi-nistro evangélico de Badiraguato, el pue-blo natal del Chapo, donde lo conoció en2012 y quien mantiene una amistad cer-cana con su madre, de 87 años, Consue-lo Loera.

“La conozco y le puedo asegurar que esuna buena persona; ella es la primera hijaque Joaquín tuvo con una mujer de Jalis-co”, le dijo a The Guardian.

Después de terminar la relación de suspadres, Guzmán Ortiz fue criada por su ma-dre y un padrastro. Él la maltrataba y a los 10años ella lo apuñaló y fue a dar a un centrode readaptación juvenil en Tijuana.

Luego de ser liberada volvió a estable-

–¿ Hay en usted espacio para latranquilidad?–Cargo miedo.–¿Todo el tiempo?

–Todo.–¿Lo atraparán, finalmente?–En cualquier momento o nunca.Zambada tiene 60 años y se inició en

el narco a los 16. Han transcurrido 44 añosque le dan una gran ventaja sobre sus per-secutores de hoy. Sabe esconderse, sabehuir y se tiene por muy querido entre los

hombres y las mujeres donde medio vive ymedio muere a salto de mata.

–Hasta hoy no ha aparecido por ahíun traidor –expresa de pronto para sí. Loimagino insondable.

–He leído sus libros y usted no miente–me dice.

Detengo la mirada en el capo, los labioscerrados.

–Todos mienten, hasta Proceso. Su re-vista es la primera, informa más que todos,

pero también miente.–Señáleme un caso.–Reseñó un matrimonio que no existió.–¿El del Chapo Guzmán?–Dio hasta pormenores de la boda.–Sandra Ávila cuenta de una fiesta a

la que ella concurrió y en la que estuvopresente El Chapo.

–Supe de la fiesta, pero fue una excep-ción en la vida del Chapo. Si él se exhibierao yo lo hiciera, ya nos habrían agarrado.

–¿Algunas veces ha sentido cerca alEjército?

Nos amábamos tanto...A principios de 2010 Julio Scherer García, fundador deProceso, tuvo un encuentro con Ismael El Mayo Zam-bada en alguna de sus guaridas. En la conversacióninevitablemente hablaron de Joaquín Guzmán Loera,compadre del Mayo . A continuación reproducimos laspartes en las que el tema del Chapo aparece en la pláti-ca y fueron publicadas en abril de ese año en la edición1744 de este semanario.


“El Mayo”

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–Cuatro veces. El Chapo más.–¿Qué tan cerca?–Arriba, sobre mi cabeza. Huí por el

monte, del que conozco los ramajes, losarroyos, las piedras, todo. A mí me agarransi me estoy quieto o me descuido, como alChapo. Para que hoy pudiéramos reunir-nos, vine de lejos. Y en cuanto terminemos,me voy.

–¿Teme que lo agarren?–Tengo pánico de que me encierren.–Si lo agarraran, ¿terminaría con su

vida?

–No sé si tuviera los arrestos paramatarme. Quiero pensar que sí, que memataría.

Yo pretendía indagar acerca de la

fortuna del capo y opté por valerme de larevista Forbes para introducir el tema en laconversación.

Lo vi a los ojos, disimulando un ánimoansioso:

–¿Sabía usted que Forbes incluye alChapo entre los grandes millonarios delmundo?

–Son tonterías.Tenía en los labios la pregunta que

seguiría, ahora superflua, pero ya no pudecontenerla.

–¿Podría usted figurar en la lista de larevista?

–Ya le dije. Son tonterías.

–Es conocida su amistad con El Chapo Guzmán y no podría llamar la atenciónque usted lo esperara fuera de la cárcel dePuente Grande el día de la evasión. ¿Podríacontarme de qué manera vivió esa historia?

–El Chapo Guzmán y yo somos amigos,compadres y nos hablamos por teléfonocon frecuencia. Pero esa historia no existió.Es una mentira más que me cuelgan. Comola invención de que yo planeaba un atenta-do contra el presidente de la República. Nose me ocurriría.

–Zulema Hernández, mujer del Chapo,

me habló de la corrupción que imperabaen Puente Grande y de qué manera esacorrupción facilitó la fuga de su amante.¿Tiene usted noticia acerca de los acon-tecimientos de ese día y cómo se fuerondesarrollando?

–Yo sé que no hubo sangre, un solomuerto. Lo demás, lo desconozco.

Inesperada su pregunta, Zambada mesorprende:

–¿Usted se interesa por El Chapo?–Sí, claro.–¿Querría verlo?–Yo lo vine a ver a usted.–¿Le gustaría…?–Por supuesto.–Voy a llamarlo y a lo mejor lo ve.La conversación llega a su fin. Zamba-

da, de pie, camina bajo la plenitud del sol ynuevamente me sorprende:

–¿Nos tomamos una foto?

Sentí un calor interno, absolutamenteexplicable. La foto probaba la veracidad delencuentro con el capo.

Zambada llamó a uno de sus guardaes-paldas y le pidió un sombrero. Se lo puso,blanco, finísimo.

–¿Cómo ve?–El sombrero es tan llamativo que le

resta personalidad.–¿Entonces con la gorra?–Me parece.El guardaespaldas apuntó con la cáma-

ra y disparó.

cer contacto con su padre. En 1992, a los 15años, él la envió a Scripps Mercy, un hos-pital católico y privado de San Diego, paraque la trataran de tumores potencialmen-te cancerosos en la espalda.

Como una señal del cerrado –y podríadecirse que feudal– mundo del narco, ElChapo le dijo a su hija que quería que se ca-sara con Vicente Zambada Niebla, El Vicenti-llo, el hijo de 16 años de otro capo de la dro-ga, Ismael El Mayo Zambada. Ambos padres,sin embargo, se enojaron mucho cuandoella se embarazó antes de la boda. GuzmánOrtiz tuvo un segundo hijo con El Vicentillo después de su casamiento.

En mayo de 1993 la ocupación de supadre casi les cuesta a ambos la vida. Seencontraban en el estacionamiento delaeropuerto de Guadalajara, contó, cuan-do un grupo de pistoleros enviado por elcártel rival de Tijuana apuntó a un auto-móvil equivocado, matando al cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo y a otras seispersonas.

“El día del asesinato yo me encontrabaen un auto con mi padre, cuando de pron-to empezaron a disparar de todas direc-ciones. No supimos a quién habían ma-

tado, pero después nos enteramos de quehabía sido al cardenal. Mi padre nada tuvoque ver con ello”, aseguró.

En medio de la indignación nacionalpor la masacre, El Chapo envió a su hija a

vivir a California, con una tía a la que visi-taba desde temprana edad. Él fue apresa-do unas cuantas semanas después y pasólos siguientes ocho años dirigiendo su cre-ciente imperio desde atrás de las rejas.

B e n j a m í n F l o r e s

E d u a r d o M i r a n d a

Guzmán Loera

8 de enero de 2016. La segunda recaptura

NARCOTRÁFICO

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Cuando en 2001 se avecinaba la extradi-ción a Estados Unidos, se fugó de la prisiónde Puente Grande, cercana a Guadalajara,supuestamente en un carro de lavandería;y pasó los siguientes 13 años escondiéndo-se, principalmente en su feudo de Sinaloa.Desde ahí supervisaba un complejo nego-cio que inundaba Chicago, Dallas y otrasciudades estadunidenses con narcóticos.

En contraste con los dramas de su pa-dre, Guzmán Ortiz aseguró que ella viviódos décadas tranquilas del otro lado de lafrontera, convirtiéndose en ciudadana esta-dunidense y aprendiendo inglés, el cual ha-bla de manera fluida, aunque con acento.

Dijo que estudió computación en laUniversidad de Phoenix, peluquería y cos-metología en las academias de belleza Ma-rinello, de Riverside, y que utilizó el dine-ro de su padre para abrir varios negocios.

Esto atrajo la atención del FBI por pre-

sunto lavado de dinero, lo que redundó en15 días de detención y una fianza de 50mil dólares, contó. Ella insistió en que tan-to los fondos como los negocios eran lega-les. “Todos mis negocios están en orden, elFBI no pudo probar nada. Los salones debelleza, las fuentes de sodas, los autola-vados ya no están a mi nombre”, sostuvo.

Interrogado para confirmar que Guz-mán Ortiz había sido aprehendida y man-tenida bajo custodia en San Diego en 2011,el agente especial Amy Roderick, vocerodel FBI, informó que “la agencia encarga-da del arresto en este caso fue la de Adua-nas y Protección Fronteriza (CBP)”.

Ralph DeSio, portavoz de la CBP, dijoque su agencia no podía tratar temas es-pecíficos debido a las leyes de privacidad.

Guzmán Ortiz aseguró que su padre vi-sitó Estados Unidos en 2015, después defugarse del Altiplano. El motivo, dijo, fuefamiliar: además de a ella y sus hijos, quie-

nes viven al sur de Los Ángeles, él desea-ba ver a sus propias gemelas y a su esposa.

El Chapo también quería ver el regaloque le hizo a Guzmán Ortiz: una casa concinco recámaras, tres baños, un salón de juegos, un amplio jardín y una cochera conespacio para cuatro automóviles. “Mi papádepositó el dinero en una cuenta de banco

a través de un abogado y, un tiempo des-pués, vino a ver la casa, su casa”. Ella se ne-gó a dar más detalles, diciendo que no te-nía autorización del Chapo.

No hay amistad, sólo negocio

Guzmán Ortiz aseguró que el deseo de supadre de pasar las riendas a su medio her-mano, Iván Archivaldo, consternó al Ma- yo, su socio en el cártel. Supuestamente ElChapo debía reunirse con él en un hotel enMazatlán, en febrero de 2014, cuando lasautoridades llevaron a cabo una redada ylo atraparon.

“Ya se había retirado, sólo era cuestiónde afinar las cosas con El Mayo; pero al pa-recer al viejo no le gustó mucho la idea”,afirma. “Estamos completamente segurosde que El Mayo lo traicionó. Siempre acos-tumbraban reunirse en lugares privados ya mi papá le pareció extraño que sugirie-ra ese sitio”.

El gobierno de Peña Nieto proclamó sucaptura como un triunfo y trasladó al Cha- po a la prisión del Altiplano.

Guzmán Ortiz dice que visitó a su pa-dre en esta instalación de máxima segu-ridad y que él le expresó su confianza enque pronto saldría; juró que asistiría a unareunión familiar en noviembre de 2015, encasa de su madre, en Sinaloa.

En julio de 2015 el capo se fugó a travésde un elaborado túnel. De manera gene-ralizada esto se interpretó como una hu-millación al gobierno mexicano, pero, deacuerdo con su hija, funcionarios de pri-mer nivel avalaron el escape. “La fuga demi padre fue un acuerdo”, aseguró. No hu-bo forma de confirmar su dicho.

Por lo menos 34 personas han sidoacusadas de ayudar al Chapo a escapar, in-cluyendo al que era el director de El Alti-plano y a la cabeza del sistema de prisio-nes federales de México.

Durante este nuevo periodo de fuga, ElChapo negoció con una actriz mexicana detelenovelas, Kate del Castillo, realizar unapelícula biográfica sobre su vida. A solici-tud de ella, aceptó reunirse con Sean Penn,quien lo entrevistó para Rolling Stone en unescondite de la sierra en octubre de 2015.

El hecho de que unos meses an-tes Guzmán Ortiz haya contactado a TheGuardian para concertar una reunión–aparentemente con la bendición de supadre– sugiere una estrategia de mediosde largo alcance, que ha continuado endías recientes con una serie de entrevis-

theguardian.com /uk. El repor ta je

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Guzmán Loera nunca hablará,para proteger a sus hijos

J. JESÚS ESQUIVEL

combatir con mayor eficacia el tráfico dedrogas en Estados Unidos y en México.

Lo que están haciendo los familiares delChapo es una “comedia de mal gusto”. Loquieren presentar como víctima, cuando enrealidad es el responsable directo o indirectode la muerte de miles de personas en amboslados de la frontera. “En términos generales,

sabemos lo que declaran, pero no nos sirvede nada”, acota uno de los entrevistados.

En junio de 2015, un mes antes dela espectacular fuga del Chapo del penaldel Altiplano, el gobierno del presidenteObama calificó al Cártel de Sinaloa como laorganización criminal con mayor presenciaen Estados Unidos.

Por esas fechas, cuando el capo sina-loense aún permanecía en prisión, el propioDepartamento de Justicia divulgó los ma-pas en los que exponía que su organizaciónera la dueña casi absoluta del mercadoestadunidense de la heroína, metanfetami-na y cocaína.

Las estadísticas de las agencias deinteligencia de Estados Unidos incluidasen el informe del Departamento de Justiciaasentaban que aun sin El Chapo, el Cártelde Sinaloa se consolidaba como la principalorganización del crimen organizado transna-cional y como gran amenaza a la seguridadnacional de Estados Unidos y México.

La semana previa a la segunda fuga delChapo, Jack Riley, administrador interinode la DEA, declaró a este semanario queel éxito del Cártel de Sinaloa se debía alliderazgo absoluto del Mayo Zambada( Proceso 2014).

En Estados Unidos se acusa al Chapo

de tráfico de drogas, lavado de dinero yotros delitos en más de una decena deestados; también se le atribuye la introduc-ción de cientos de toneladas de estupefa-cientes durante más de dos décadas.

Los principales encausamientos judiciales contra él se encuentran en lasfiscalías del Distrito Norte, en Chicago, y enla del Distrito de Brooklyn, en Nueva York.

Ahí acusan a Guzmán Loera de tráfico dedrogas, lavado de dinero y homicidio.

Según los entrevistados, cuando algúncriminal extranjero es acusado de delitosfederales en varias entidades de EstadosUnidos –como es el caso del Chapo–, elDepartamento de Justicia por lo general loprocesa en el distrito donde haya cometidolos ilícitos más graves.

Y aunque él se declarará culpable parabuscar una sentencia menos severa, sabeque no aportará la información que requie-ren las autoridades.

“Es un iluso si piensa que le vamos adar un trato especial una vez que lo tenga-mos. Nosotros seríamos ilusos al creer quenos dará información importante. Ya no esun activo significativo de información sobreel Cártel de Sinaloa”, concluye uno de losentrevistados.

WASHINGTON.- Aun cuando EstadosUnidos quiere castigar con to-do el peso de la ley a Joaquín ElChapo Guzmán Loera por el da-

ño que causó a su sociedad con el trasie-go de drogas, no lo considera un “activo”de información, comentan a Proceso dosfuncionarios del Departamento de Justicia.

“¿Nos diría algo de lo que no estemosinformados? –se pregunta uno de ellos–.¡Claro que no! Él sabe que por la seguridadde su propia familia no puede dar informa-ción delicada sobre el Cártel de Sinaloa y eltráfico de drogas en general ni a nosotrosni al gobierno de México.”

Su compañero arguye: El Chapo sabemuchas cosas sobre esa organizacióncriminal que ayudarían a desmantelarla, perono es imbécil. “Si lo hace –en México o aquí,cuando nos lo entreguen–, sus palabras se-rían la sentencia de muerte de sus hijos, por-que las otras fracciones del cártel se les iríanencima. Sería como declarar una guerra”.

Los dos funcionarios del gobierno deBarack Obama aceptaron hablar de laeventual extradición de Guzmán Loera aEstados Unidos con la estricta condiciónde que no se citaran sus nombres. Ambosaseguran que la entrega del capo sinaloen-se ocurrirá pronto.

“El presidente (Enrique) Pena Nieto yase comprometió a extraditar al Chapo. Paraque esto ocurra, tendrán que agotarse losrecursos legales en juzgados de México; nohay prisa”, admite uno de los entrevistados.

De acuerdo con las autoridades estadu-nidenses, desde que El Chapo fue recap-turado en febrero de 2014 en Mazatlán,Sinaloa, el gobierno mexicano las mantuvoal tanto de las declaraciones que hizo eldetenido ante la Procuraduría General de laRepública y ante los agentes del Centro deInvestigación y Seguridad Nacional.

En su segunda recaptura, la del pasado8 de enero, los entrevistados aseguran queEl Chapo sólo ha aportado algunos detallesacerca de quiénes lo ayudaron a escapardel penal del Altiplano a través de un túnel.

“Está muy limitado –dice uno de losfuncionarios del Departamento de Justicia–.Sus hijos Iván Archivaldo y Alfredo Guzmánllevan varios años a cargo de la fraccióndel Cártel (de Sinaloa) que él manejaba. Yaunque Iván Archivaldo y Alfredo están dis-tanciados de los otros capos de la organi-zación, sus hijos cumplen con los compro-misos de mantener a flote el negocio.”

De acuerdo con la radiografía que tieneel gobierno de Obama, el Cártel de Sinaloa

está dividido en tres fracciones: la de los hijosde Ismael El Mayo Zambada García, la de loshijos del finado Juan José Esparragoza More-no, El Azul, y la de los hijos del Chapo.

“Es una nueva generación de mando. Yaunque El Mayo sigue al tanto de todo, sonsus vástagos quienes manejan la organi-zación. En el caso de los hijos del Azul, semantienen como jefes desde hace tiempo,incluso tienen contacto con sus parescolombianos para el tráfico de cocaína yheroína sudamericana”, agrega el funciona-rio del Departamento de Justicia.

En México, es usual que cuando algúncapo cae en manos de la justicia o es elimi-

nado, inmediatamente es remplazado. Deahí que, para los entrevistados, El Chapo ya no sea un “activo de información”, puessu segunda recaptura es muestra de queincluso representaba un problema para elfuncionamiento de la organización criminal.

“Creemos que su presencia en la sierramexicana (la Sierra Madre Occidental) erauna dificultad hasta para sus propios hijos.Las autoridades mexicanas –y las nues-tras– lo seguían de cerca. Su detención erainminente”, apunta uno de los funcionarios.

–¿Alguna fracción se disputa la hege-monía en la organización? –les pregunta elcorresponsal.

Uno de los funcionarios contesta conotra pregunta:

–¿Lo dice por lo que han dicho algunosde los familiares del Chapo a medios decomunicación?

–Sí, en parte, pero también por lamanera de operar del Cártel de Sinaloa enel manejo de las rutas para el tráfico dedrogas –insiste el corresponsal.

–En el Cártel de Sinaloa hay muchosintereses económicos. Más bien, el dineroes el único interés de los criminales quelo manejan. A ninguno de ellos les gustaperder dinero. El Chapo les estaba cau-sando muchos problemas. Traiciones enel narcotráfico siempre las hay, en todasdirecciones. Habría que preguntarle a Iván(Archivaldo) cuánto dinero le estaba cos-tando que su padre fuera el objetivo de unapersecución tan grande.

Lo reclaman en 10 estados

En el Departamento de Justicia conocen lasdeclaraciones de los familiares del Chapo a los medios, incluidas las de su esposaEmma Coronel ( Proceso 2052). Sin embar-go, según los entrevistados, no ven en ellasinformación sustantiva que les sirva para

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Crímenes por obediencia

El subteniente Jorge Alberto Tadeo Hernández está pre-so por la muerte de un sospechoso al que detuvo en2011 en Nuevo León. En espera de sentencia, acusa asus superiores –los generales Cuauhtémoc Antúnez Pé-

rez y Guillermo Galván, así como el presidente al quesirvieron: Felipe Calderón– de colgarse las medallascon sus éxitos y dejarlo expuesto cuando falló en unalabor policiaca. En una carta dirigida a distintas autori-dades, el oficial indica que no recibió capacitación paralabores policiacas y se le ordenó no llevar a un agen-te del Ministerio Público. Únicamente se le dio la ordenterminante: combatir al enemigo.

tas televisivas a la tercera esposa del Chapo, Emma Coronel.

Despreocupada y alegre, GuzmánOrtiz se presentó en el Starbucks comouna hija leal y una empresaria exito-sa. Cuando sonó su teléfono, interrum-pió con una sonrisa. “Disculpe, son misempleados. Me llaman todo el tiempo”.

Separada del Vicentillo, Rosa Iselatiene ahora como pareja al sobrino deotro capo, Juan José Esparragoza More-no, con quien ha procreado otros doshijos, sumando un total de cuatro.

Guzmán Ortiz sostuvo que su padreha sido generoso. Le dijo que como regalode Navidad le comprará una Ford Explo-rer a su pareja. Ella insistió en que todoslos fondos que recibe son lícitos. Interro-gada sobre la fortuna que su padre ama-só con las drogas, ella sólo se rió. “No sé.No puedo responder a esa pregunta”.

Pero contactada via Skype en enero,cuando El Chapo ya había sido recaptu-

rado y reenviado a El Altiplano, su tonose escuchaba más sombrío.

Hacia finales del año pasado, la reddesplegada para reatrapar al capo pare-ció empezarse a cerrar, después de queéste acordó un encuentro con el actorhollywoodense Sean Penn, quien esta-ba bajo vigilancia de agentes de inteli-gencia. En octubre, el Ejército lanzó unaoperación masiva en la región monta-ñosa que separa a los estados de Sina-loa y Durango, pero la captura del ca-po se frustró.

Al mes siguiente, otro intento porcapturarlo –durante una planeada reu-nión familiar en la casa de su madre, enLa Tuna, Sinaloa– también se vino aba- jo, luego de que una fuente de alto ran-go de la Secretaría de la Defensa alerta-ra a la familia, asegura Guzmán Ortiz.

“El gobierno rompió su promesa”, sequejó. “Si hay un pacto, ellos no lo respe-taron. Ahora que lo atraparon, dicen quees un criminal, un asesino. Pero no dije-ron lo mismo cuando pidieron dinero pa-ra sus campañas. ¡Son unos hipócritas!

“Todo lo que sé es que mi papá le dijo a su abogado que le entregara unoscheques al equipo de campaña (de unpolítico) y exigió a cambio que lo res-petaran”. Según dijo ella, la familia es-taba considerando presentar pública-mente copias de estos cheques, juntocon los nombres de funcionarios y polí-ticos que los aceptaron.

Las autoridades han remodelado laprisión para impedir que se repita unafuga, incrementando las posibilidades deque el vendedor de naranjas que cons-truyó un imperio subterráneo sea extra-ditado a –y muera en– Estados Unidos.

Su hija lo considera un giro cruel. “Eneste negocio no hay amistades, sólo so-cios”, remata. (Traducción: Lucía Luna)

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JORGE CARRASCO ARAIZAGA

H

ace cinco años, el 14 de febre-ro de 2011, la Secretaría dela Defensa Nacional (Sede-na) movilizó su aparato pro-pagandístico para darle am-plia difusión a la captura de

uno de los jefes regionales de Los Zetas enNuevo León. Era parte de la campaña mili-tar del gobierno de Felipe Calderón contrael narcotráfico y una respuesta del Ejércitoa los ataques de ese cártel, que incluso ha-bía decapitado a nueve soldados.

El reconocimiento por la captura fuepara el jefe de la Séptima Zona Militar, elgeneral Cuauhtémoc Antúnez Pérez, ac-tual secretario de Seguridad Pública en elgobierno nuevoleonés de Jaime RodríguezCalderón,El Bronco. También, para el enton-ces comandante de la IV Región Militar, elgeneral de división Noé Sandoval Alcázar,hoy subsecretario de la Defensa Nacional,

quien fue condecorado con el Mérito en laCampaña contra el Narcotráfico.

Fue el subteniente de infantería Jor-ge Alberto Tadeo Hernández, comandante

de una Base de Operaciones Mixtas (BOM),quien al mando de 21 soldados del 22 Ba-tallón de Infantería y ocho policías esta-tales detuvo a Juan Carlos Olivera Acosta,El Sonrics, jefe de Los Zetas en la zona ci-trícola de Nuevo León. Con los datos ob-tenidos en terreno a partir de denunciasanónimas, el oficial llegó hasta la casa del

cabecilla regional en Guadalupe, munici-pio conurbado de Monterrey.

Lo detuvo afuera de su domicilio. Olive-ra Acosta no se lo esperaba y había relaja-do su seguridad. Sin enfrentamiento arma-do fue apresado junto a otras dos personas,una de las cuales era agente de la policía deese municipio. Se les aseguraron tres armaslargas y una corta, 19 cargadores, 370 car-tuchos de diferentes calibres, un vehículo ycuatro equipos de comunicación.

La Sedena no sólo emitió el comunica-do de prensa en la Ciudad de México, si-no que abrió las puertas de la Séptima Zo-na Militar para presentar a los detenidos

ante la prensa. El Ejército quería destacarla importancia de la detención de OliveraAcosta y lo dio a conocer como el jefe deLos Zetas desde 2010 en los municipios de

Santiago, Allende, Montemorelos, Gene-ral Terán y Linares, en el centro del estado.

En la instalación militar se leyeron pú-blicamente los cargos en su contra: in-tento de rescate de miembros de su or-ganización en Monterrey, narcomenudeo,secuestros, asesinatos y un ataque a la ba-se militar en Montemorelos. La Sedena di-

jo que Olivera Acosta había sido reclutadopara el cártel por un exmilitar, Octavio Al-manza Morales, El Gori 4, quien había sidodetenido por el Ejército en Cancún a prin-cipios de 2010.

La Sedena quería remarcar que el Ejérci-to detuvo al cabecilla luego de que El Sonrics se le había escapado en enfrentamientosarmados al Séptimo Batallón de Fuerzas Es-peciales de la Secretaría de Marina-Armadade México, en el inicio de las operaciones dela Infantería de Marina en tierra, ordenadaspor el gobierno de Calderón.

En otro choque armado Olivera Acostatambién se le había escapado al 16 Batallón

de Infantería, de la Séptima Zona Militar.El subteniente Tadeo Hernández había

cumplido con la exigencia del general An-túnez de aplicar la directiva para el com-bate integral al narcotráfico 2007-2012 dela Sedena. Todos los días, a las 07:30 ho-ras, el jefe de la Séptima Zona Militar reu-nía en su oficina a los comandantes de subase para transmitirles las órdenes de la IVRegión Militar: dar resultados conforme ladirectiva que exigía a todos los comandan-tes del Ejército actuar contra “el enemigo”,desarrollar “esquemas de combate” y tener“amplia libertad de acción”, “mayor dina-mismo” y “amplia iniciativa” para combatira los narcotraficantes (Proceso 1967).

Como jefe de la unidad operativa quehizo la aprehensión, Tadeo Hernández lle-vó a los detenidos a la delegación de la Pro-curaduría General de la República (PGR).Pero ante el temor de que fueran rescata-dos, el Ministerio Público federal le pidió alEjército que se los llevara a sus instalacio-nes. El oficial recibió la orden de llevarlosa su base, al 22 Batallón de Infantería dela Séptima Zona Militar. Hasta ahí llegaronautoridades civiles y militares a realizar losinterrogatorios.

Responsable de recabar la informacióny efectuar la detención, el subteniente norecibió ningún reconocimiento. Una sema-na después aplicó de nuevo la directiva con-tra el narcotráfico elaborada por el Ejército apartir de “la visión” de Calderón. Al frente dela BOM, Tadeo Hernández detuvo en la zonacentro de Monterrey a dos hombres sospe-chosos de pertenecer a Los Zetas.

Ambos estaban en un auto Pontiac ne-gro que tenía reporte de robo con violencia.Según el parte militar, se les encontraron80 cartuchos, un rifle AR-15 con dos carga-dores y 50 cartuchos útiles, 200 dosis de co-caína, 350 dosis de piedra de cocaína y trescelulares con mensajes de halconeo.

A l f r e d o G u e r r e r o / P r e s i d e n c i a

El general Galván y Calderón. Precipitación

NARCOTRÁFICO

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El asesinato de un soldado procesadopor tortura sexual en la prisión delCampo Militar Número Uno el pasa-do 17 de enero truncó la posibilidad

de que un juez civil emitiera una sentenciacondenatoria contra un efectivo castrensepor violaciones a los derechos humanos, enapego a una sentencia emitida por la CorteInteramericana de Derechos Humanos.

Cinco días después, el 22, durante unarevisión habitual de la causa penal 56/2013en el Juzgado Segundo de Distrito en Aca-pulco, relacionado con la tortura sexual en

agravio de Inés Fernández Ortega, aboga-dos del Centro de Derechos Humanos de laMontaña Tlachinollan advirtieron que al ex-pediente se le agregó un telegrama firmadopor el director de la prisión militar, generalde brigada Cruz Heracleo Medina Ávila.

Proceso consultó el documento emi-tido por el general Medina Ávila el 19 deenero en el cual notifica al juez de la causa,José Artemio Navarrete Sánchez, que “conmotivo de una riña suscitada entre Salvador

Aguilar Otañez y otro interno de nombreJosé Javier Acosta Piñones, el primero delos dos nombrados perdió la vida comoconsecuencia de heridas penetrantes entórax por objeto punzocortante”.

Según el director del penal militar, lalegista mayor Ayari Natielly Onofre Ló-pez, adscrita al Laboratorio Científico deInvestigaciones de la Procuraduría Generalde Justicia Militar, fue quien determinó lacausa de la muerte de Aguilar. Y aunqueMedina debió adjuntar copia del certificadode defunción en su documento para inte-grarlo al expediente, no lo hizo.

El día 20, el juez Navarrete Sánchez de-terminó que “por no haber sido transmitido(el informe del fallecimiento) por un órganodel Poder Judicial de la federación conside-

Campo Militar No. 1: el trasfondo

del soldado asesinado GLORIA LETICIA DÍAZ

ro que no es confiable”, por lo que una vezque sea recibido vía postal “se acordará loque a derecho corresponda”.

El fallecido –un cabo de transmisio-nes– y el soldado Hugo Humberto Garcíade León, preso también en el CampoMilitar Número Uno, fueron identificadospor la indígena mep’haa Inés FernándezOrtega como quienes la agredieron se-xualmente en 2002. Aquel día, los solda-dos irrumpieron en la vivienda de Inés,en la Montaña de Guerrero, y frente a sushijos abusaron de ella, además de some-

terla a un interrogatorio sobre el paraderode su esposo.

Ambos soldados estaban siendo pro-cesados por un juez civil, después de quetras un litigio de ocho años, abogados deTlachinollan y del Centro para la Justiciay el Derecho Internacional lograron que laCorte Interamericana determinara la res-ponsabilidad del Estado mexicano en losabusos cometidos por los efectivos de laSecretaría de la Defensa Nacional (Sedena)contra la indígena mep’haa.

En el caso de Inés, como en el de Valen-tina Rosendo Cantú, otra indígena mep’haaque fue también ultrajada por militares enGuerrero el mismo 2002, la Corte Interame-ricana determinó que “(ambas) sufrieron unaagresión como parte de una estrategia delEjército que emprendió en la región de laMontaña, bajo el pretexto de la destrucciónde siembra de enervantes”, según comentaa Proceso Isidoro Vicario Aguilar, abogadode Tlachinollan.

La pelea legal de Inés y Valentina seinició en la justicia ordinaria, pues ambasdenunciaron los agravios en agencias delMinisterio Público del fuero común, perosus casos fueron llevados al fuero militar,donde se les dio carpetazo.

“Es en cumplimiento de ambas sen-tencias de la Comisión Interamericanaen 2010, que al inicio de 2013 se libraronórdenes de aprehensión contra dos perso-nas en agravio de Inés y dos en agravio deValentina. En el caso del soldado asesina-do, su proceso se va a cerrar una vez queel juez reciba el certificado de defunción y

notifique formalmente de esta situación adoña Inés”, apunta Vicario Aguilar.

La versión no oficial

Al señalar que Tlachinollan notificó a laCorte sobre el fallecimiento del inculpado,el abogado explica que esta situación lerestó oportunidad al juez civil para “dictaruna sentencia condenatoria contra un ele-mento de la Sedena por violaciones gravesa derechos humanos”.

Agrega que la expectativa es que lostribunales mexicanos “dejen precedente” ycondenen a los responsables de la tortura

sexual –uno en el caso de Inés y dos en elde Valentina–, uno de ellos internado en elpenal de Chilpancingo, pues se había dadode baja en el Ejército.

“No tenemos hasta ahora noticia de quealgún elemento castrense haya sido conde-nado por violaciones graves a los derechoshumanos y menos en agravio de poblacio-nes indígenas”, dice Vicario Aguilar.

Si el juez civil resuelve dar sentenciascondenatorias por los abusos sufridos porValentina e Inés, “serían las primeras contra laSedena emitidas por tribunales mexicanos”.

Isidoro Vicario advierte que la muertede Aguilar Otañez reaviva una discusión

que fue cerrada por la Sedena durante losdebates de la reforma al Código de JusticiaMilitar, decretada en agosto de 2014, queadmite que militares que hayan violadoderechos humanos de civiles, sean proce-sados en juzgados ordinarios.

“La reforma dejó fuera de la discusiónque si hay un proceso contra los militarespor la vía civil lógicamente tendrían que serrecluidos en una cárcel civil. El argumentode las autoridades federales es que porcuestiones de seguridad los elementoscastrenses iban a estar recluidos en lascárceles militares”, recuerda Vicario Aguilar.

Sin embargo, la muerte del soldado enel penal del Campo Militar, en un día devisita familiar –el 17 de enero era domingo–,derrumba el argumento de la Sedena, pues“por lo que se ve no hay garantías de segu-ridad en ningún penal”, apunta el abogadode Tlachinollan.

De acuerdo con la información recabadapor la reportera entre familiares de militaresrecluidos en el Campo Militar, Aguilar Otañezno murió en una riña, como afirma el directorde la prisión militar en el telegrama enviadoal juez Navarrete Sánchez.

Algunos de ellos comentan, a condiciónde que se omitan sus nombres, que Aguilar


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Otañez “fue degollado con una punta” por Acosta Piñones, quien se acercó a la mesadel comedor donde el primero departíacon otros reos y lo atacó.

La noche del 17 de enero las celdas ylos militares procesados fueron revisadosde manera escrupulosa y las autoridadesmilitares prohibieron a los reos hablar de

lo ocurrido o comentar que se trató deuna riña.

El 25 de enero, en el portal EstadoMayor , especializado en informaciónmilitar y de seguridad nacional, el perio-dista Juan Veledíaz escribió: “José Javier

Acosta Piñones realizaba hace unos me-ses un curso básico de fuerzas especia-les, cuando con un arma punzocortanteprivó de la vida al sargento que estaba almando de su pelotón. El cabo de infan-tería Acosta Piñones quedó detenido yfue consignado a la prisión militar de laMojonera, en las instalaciones de la 15Zona Militar en Guadalajara, Jalisco”.

Según el sitio de internet, AcostaPiñones fue transferido a la prisión delCampo Militar Número Uno, donde se-manas después atacó a Aguilar Otañez.El caso presuntamente está siendo pro-cesado por el Juzgado Segundo Militar.

Para el abogado de Tlachinollan, lamuerte de Aguilar Otañez debería motivaruna revisión a la reforma al Código deJusticia Militar, misma que se derivóde cuatro sentencias de la Corte Inte-ramericana contra México por abusoscometidos por elementos castrenses enGuerrero, las dos sentencias por torturasexual de Valentina e Inés; la referente a

la desaparición forzada de Rosendo Ra-dilla durante la llamada Guerra Sucia delos setenta, y los tratos crueles y degra-dantes contra los campesinos ecologistasRodolfo Montiel y Teodoro Cabrera.

Si bien el argumento de la Sedenapara impedir que personal implicado enabusos contra civiles fuera recluido encárceles ordinarias era para proteger asus tropas, en este litigio quienes estánperdiendo son precisamente los milita-res, resalta Vicario Aguilar.

Y agrega: “Lo que hemos visto enlos procesos penales de Valentina e Inéses que mientras que los agraviados notienen complicaciones para seguir su

juicio, quienes tienen obstáculos son losdefensores castrenses, precisamenteporque sus defendidos se encuentran enuna cárcel militar y el litigio se lleva eninstancias civiles”.

Vicario Aguilar concluye que la muer-te de Aguilar Otañez pone en evidenciaque “tampoco hay seguridad en lascárceles militares, de ahí la necesidadde una reforma integral para que los ele-mentos de la Sedena que sean juzgadosen tribunales del fuero civil sean reclui-dos en cárceles civiles”.

Los llevaron a la PGR, pero en el cami-no a uno de los detenidos le dio un parocardiaco por los golpes que recibió. Lo lle-varon de urgencia a un hospital, dondemurió. Tadeo Hernández afirma que el de-tenido fue golpeado en el pecho cuando élviajaba en la cabina del vehículo militar.

En el operativo no participó ningún

Ministerio Público ni la Policía Ministe-rial, como marca la operación de las BOM.El subteniente aclara que así lo había or-denado el general Antúnez. No obstante,tras el fallecimiento del detenido, el ge-neral ordenó al Ministerio Público Militarque le iniciara una averiguación previa aTadeo Hernández.

Fue el único procesado. De acuerdo consu carta, quienes estuvieron bajo su man-do declararon contra él ante la justicia mi-litar por órdenes de Antúnez. El subtenien-te dice que no fue llamado a declarar y el juez Cuarto Militar en Monterrey pidió 30años de prisión para él por los cargos de

homicidio calificado, tortura y robo conviolencia. Tras esa actuación, el juez cas-trense se declaró incompetente y el casopasó a la justicia civil, donde el subtenien-te lleva su defensa y no ha recibido senten-cia definitiva, mientras que el otro civil quedetuvo en aquella ocasión ya está libre.

Descendiente de militares, Tadeo Her-nández tiene 17 años y medio de servicio,de los cuales lleva cinco procesado en pri-sión. A diferencia de la captura del Sonrics,cuando los generales se llevaron las me-dallas, en este caso la responsabilidad só-lo ha recaído en el oficial.

Impunidad de mandosEn una carta dirigida al presidente Enri-que Peña Nieto –comandante en jefe delas Fuerzas Armadas–, al general secreta-

rio Salvador Cienfuegos Zepeda y a la titu-lar de la PGR, Arely Gómez, el subtenientese queja de que los militares de bajo ran-go fueron utilizados durante el gobiernode Calderón.

“En ese periodo, los militares realiza-mos un trabajo para el que no fuimos capa-citados. Fuimos instruidos para ser solda-

dos, pero nos ordenaron hacer funcionesde policías que estábamos lejos de com-prender a cabalidad. Hay una gran confu-sión y ahora somos muchos los militaresque estamos señalados como criminales”,dice en su misiva.

Apoyado en las declaraciones públi-cas del general Cienfuegos en el sentido deque en el Ejército “estamos haciendo unafunción para la cual no estábamos estric-tamente preparados” y que “ninguno denosotros vino a las Fuerzas Armadas parahacer esto”, Tadeo Hernández afirma quelos militares fueron enviados a las callespor el entonces titular de la Sedena, el ge-

neral Guillermo Galván Galván, sin más ór-denes que la de cumplir la directiva contrael narcotráfico elaborada con la visión deFelipe Calderón.

“Nos dijeron lo que teníamos que ha-cer, pero en ninguno de los ordenamientosni en los manuales militares dice cómo te-nemos que actuar” contra los narcotrafi-cantes, comenta.

El 23 de abril de 2012, cuando el gobier-no de Calderón estaba por terminar, sepublicó en el Diario Oficial de la Federación el Manual sobre el Uso Legítimo de la Fuerza que regula la acción del Ejército, la Marinay la Fuerza Aérea.

Ante la falta de normatividad sobre elalcance de las acciones de autoridades ci-viles y militares, afirma que con los ope-rativos ordenados por el Ejecutivo federal,el personal militar “ha quedado expuesto”

w w w . i n f o 7 . m x

“El Sonrics”. Presa codiciada

NARCOTRÁFICO

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en los cateos, revisiones, intervenciones einvestigaciones relacionadas con la delin-cuencia organizada, pues incluso el Minis-

terio Público ha evitado hacerse cargo delos detenidos. Más aún cuando los milita-res a cargo de las detenciones han recibidoórdenes de interrogar a los detenidos, algoque corresponde sólo al Ministerio Público.

Sobre los éxitos y fracasos de las ope-raciones, escribe: “Cuando las misionesplanteadas al oficial comandante del Gru-po Mixto salen bien, todo el mundo cele-bra y está presto a cobijar con su parentes-co el hecho. Pero cuando sale mal, el actose queda huérfano y el agente del Ministe-rio Público sale a cumplir con su deber, quees sancionar a los militares”; pero no actúacontra quien dio las órdenes, sino contra elque realizó la operación.

De igual forma, añade, cuando el ope-rativo tiene resultados positivos, inequí-vocamente el comandante que dio las ór-denes admite que lo hizo personalmente.Pero cuando los resultados son negativos,ese mismo comandante niega que hayadado las instrucciones y responsabilizaa quien estuvo al frente de la acción queterminó en “fracaso o error”.

En los procesos penales abiertos poresas fallidas incursiones “los comandan-tes se escudan en que no existen órdenespor escrito para los actos motivos de laacusación penal, a pesar de saber que nin-gún mando da esas órdenes por escrito”,dice el subteniente.

El soldado señala que si no obedece, esacusado de insubordinación o faltas a ladisciplina. Para no ser sometido a la jus-ticia militar, sólo le queda acatar la ordenrecibida en la forma en que el comandan-te la emitió, añade.

En julio de 2015, un año después de lamatanza de 22 civiles a manos de efectivosdel 102 Batallón de Infantería en Tlatlaya,Estado de México, ocurrida ya en el gobier-no de Peña Nieto, el Centro Pro de DerechosHumanos documentó con información del

propio Ejército que los militares tenían ór-denes de “abatir” y realizar “las accionespara reducir la violencia... en horas de os-curidad sobre objetivos específicos”.

El subteniente asegura que a pesar deese tipo de órdenes, los comandantes mi-litares de alta jerarquía emiten una ordenpor escrito para pedir que se respeten los

derechos humanos de los civiles. “¿Cómose van a respetar los derechos de los civi-les con semejantes órdenes?”, se pregunta.

Asegura que cuando Calderón, comocomandante supremo de las Fuerzas Ar-madas, dispuso que las tropas salieran alas calles a hacer funciones de policía, fue“una orden que efectivamente se cum-plió”. Pero “los más afectados fueron lasbajas colaterales, es decir civiles inocentes,y los militares de baja graduación que es-tuvieron en primera fila en el cumplimien-to de esa orden”.

Arbitrariedades

Ante lo que considera como “franca gue-rra” en que los embarcó Calderón, TadeoHernández afirma que los mandos de lasinstituciones armadas nunca tuvieron encuenta que las organizaciones criminaleslos “superaban en mucho” en el númerode delincuentes y armamento, además deque soslayaron su fuerza económica. Pe-ro sobre todo “dejaron de instruir a la tro-pa en las elementales disposiciones lega-les para el uso de la fuerza”.

Explica que en cumplimiento de la or-den superior se implantaron los retenescarreteros, portuarios, aeroportuarios yfronterizos, tarea que se asignó a peloto-nes integrados, cuando mucho, por algúnoficial (teniente o capitán) egresado del Co-legio Militar.

“En su mayoría han sido los soldados,cabos o sargentos, quienes en general ape-nas lograron terminar la primaria o la se-cundaria. También se dispusieron patru-llas en caminos, pueblos y ciudades, conel mismo personal castrense y mismo gra-do de estudios. Quienes estuvimos al fren-te cumpliendo las órdenes somos los que

ahora estamos pagando las consecuen-cias”, dice el oficial, egresado del ColegioMilitar en 1996.

“Trabajamos en condiciones jurídicasnulas, sólo con la orden presidencial con-sentida por los militares de alta gradua-ción, quienes en la mayoría de los casosordenaron y, en otros, dirigieron personal-mente las acciones”, dice en su carta eloficial del Ejército.

Dirige su queja en particular contraCalderón, el general retirado Galván y elgeneral Antúnez, a cargo ahora de la segu-ridad pública de Nuevo León y señalado deomisión en la riña que dejó 49 muertos en

el penal de Topo Chico, en Monterrey, el pa-sado 10 de febrero (Proceso 2051).

Del general Antúnez dice que su ordenera no operar en el municipio San PedroGarza García, donde se refugiaban líderesde la organización de los hermanos Bel-trán Leyva:

“Había órdenes tajantes de que el per-sonal militar no entrara a ese municipio.Si una patrulla militar entraba al munici-pio, de inmediato recibía la orden verbal,no por escrito, de retirarse y que se fue-ran a otras colonias, como La Independen-cia, Niño Artillero o Industrial y otras zo-nas populares.”

Antúnez Pérez, quien además ha es-tado destacado en Coahuila y Guerrero,ya estaba al frente de la Séptima ZonaMilitar cuando efectivos a su cargo asesi-naron a dos estudiantes del Tecnológicode Monterrey. De acuerdo con informa-ción obtenida a través de Méxicoleaks, élmismo reportó el hecho como un enfren-tamiento a la Sedena en la Ciudad de Mé-xico (Proceso 2033).

En cuanto al general Galván, dice, de- jó que la justicia militar actuara en con-tra del personal subordinado para eximira los mandos: “Les regaló grados y los de- jó hacer y deshacer a su antojo. Nunca vioqué clase de personal de justicia militartenía. Cuando algo salía bien, los mandosse lucían, pero cuando no, recurrían a lasarbitrariedades de la justicia militar”.

Y señala que, como jefe supremo de lasFuerzas Armadas, Calderón dio la orden deactuar. “Nosotros, como soldados, históri-camente hemos sido preparados para ac-tuar hasta las últimas consecuencias. Paranosotros no hay medias tintas”. La directi-va de su gobierno contra el narcotráfico eramuy clara para actuar contra un enemigo,asegura, “y así fueron las órdenes que nosdieron los mandos”.

E m

i l i o V á s q u e z M o r e n o / P r o c e s o f o t o

Antúnez Pérez. Méritos dudosos

B e n j a m í n F l o r e s

Cienfuegos Zepeda. Solicitud

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CASO AYOTZINAPA

GLORIA LETICIA DÍAZ

A un año y medio de la desapari-ción forzada de los estudiantesde la Normal Rural Raúl IsidroBurgos, con más de un cente-nar de presuntos responsablesen prisión y una averigua-

ción de casi 200 tomos (PGR/SDHPDSC/OI/001/2015), para los familiares de lasvíctimas y sus representantes aún haymucho por hacer.

En un documento entregado a la pro-curadora Arely Gómez el pasado 18 de fe-brero, observan que en la investigación“no sólo no se ha terminado de esclare-cer el acto criminal, sino que además nisiquiera se han comenzado a dilucidar lasrelaciones que se dieron tanto en el grupocriminal como con actores políticos, mis-mas que posibilitaron una atrocidad”.

Padres y madres de los 43 normalis-tas, así como abogados del Centro de De-rechos Humanos Agustín Pro Juárez y delCentro de Derechos Humanos de la Mon-taña Tlachinollan –acreditados como susrepresentantes– solicitan que se desaho-

Preguntas

guen al menos 140 diligencias para alcan-zar la verdad y la justicia en un caso quela Comisión Interamericana de DerechosHumanos (CIDH), en su informe Situaciónde los derechos humanos en México, conside-ra “un ejemplo emblemático de la aparen-te colusión entre agentes del Estado e in-tegrantes del crimen organizado”.

Entre otras diligencias, piden a la PGRsolicitar información a la Secretaría de laDefensa Nacional (Sedena), así como to-mar declaraciones a militares, en con-cordancia con lo solicitado por el GrupoInterdisciplinario de Expertos Indepen-

dientes (GIEI) conformado por la CIDH pa-ra el esclarecimiento del caso.

“Macrocriminalidad”

En el documento, del cual Proceso tienecopia, familiares y representantes de losnormalistas piden a la PGR abordar la in-vestigación desde la perspectiva de “ma-crocriminalidad”, ya que hasta ahora sólose ha limitado a presentar los vínculos defuncionarios y policías de los municipiosde Iguala y Cocula con Guerreros Unidos,omitiendo los “posibles vínculos ilegales

En uso de su derecho a la coadyuvancia, padres y ma-

dres de los 43 estudiantes de la Normal Rural RaúlIsidro Burgos, de Ayotzinapa, aportaron líneas de in-vestigación que la PGR debe seguir para determinarel destino final de los jóvenes y explicar en qué condi-ciones se cometió el crimen, incluidas las complicida-des de servidores públicos. Para ello solicitaron quese cumplan al menos 140 diligencias para obtener in-formación del Ejército.

para el Ejército

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que dicho grupo podría tener con servido-res públicos de otros municipios e incluso

de los ámbitos estatal y federal”.Entre algunas de las medidas que ten-

dría que tomar la PGR está la de interrogara ocho militares y dirigir 25 oficios a la Se-dena, a la Procuraduría General de JusticiaMilitar, a la XXXV Zona Militar y al 27 Ba-tallón de Infantería para recabar informa-ción específica.

En apego al derecho de coadyuvanciade los familiares de las víctimas, consagra-do en la Constitución y en tratados inter-nacionales firmados por México, la depen-dencia tendría que realizar las diligenciasindependientemente de que asuma lasindicaciones que la CIDH expone en su in-forme: “Atender las recomendaciones delGIEI conforme a las atribuciones conferi-das en su mandato, específicamente susolicitud reiterada de entrevistarse conlos integrantes del Ejército, así como pa-ra visitar el Batallón 27 y continuar con lasinvestigaciones del caso”.

Tras una revisión minuciosa de las de-claraciones de integrantes del 27 Batallónde Infantería, del 3 y 4 diciembre de 2014,y la ampliación de algunas de ellas del 2de marzo, 26 de agosto y 11 de septiembredel año pasado, los representantes lega-les de los padres y madres de los 43 consi-deran necesario que la PGR llame a com-parecer al comandante de la XXXV ZonaMilitar, general Alejandro Saavedra Her-nández; al coronel José Rodríguez Pérez,excomandante del 27 Batallón de Infante-ría; al teniente José Gálvez Santos, al sub-teniente Fabián Alejandro Pirita Ochoa, yal capitán José Martínez Crespo.

Los coadyuvantes solicitan que se in-terrogue también a los soldados Paul Es-cobar López, Juan Carlos Peralta y Francis-co Narváez Pérez.

Al general Saavedra Hernández, a quienno se le ha tomado testimonio, la unidad es-pecial de la PGR que investiga la desapari-

ción de los estudiantes tendría que cuestio-narlo sobre “la información allegada a ese

mando por el 27 Batallón de Infantería res-pecto a la situación imperante en Iguala an-tes, durante y después de los hechos del 26de septiembre de 2014”, pues, de acuerdocon las declaraciones ministeriales del te-niente Gálvez Santos, el general “estuvo in-formado de manera constante de la situa-ción que imperaba en dicho municipio”.

En cuanto al exjefe del 27 Batallón deInfantería, los coadyuvantes consideranque debe ser interrogado sobre su relacióncon José Luis Abarca, exalcalde de Igua-la procesado por sus presuntos vínculoscon Guerreros Unidos, ya que el soldadode infantería Rodolfo Antonio López Lan-da testificó ante la PGR que ese personaje“solicitaba al comandante José RodríguezPérez que personal militar le diera seguri-dad en distintos eventos (…) aunado a quenuestro coronel era invitado del alcalde ytenía lugar en el presídium”.

Dicha relación no ha sido explicadapor Rodríguez Pérez en sus declaracionesdel 3 de diciembre de 2014 ni del 2 de mar-zo de 2015, apuntan.

Ese mando también tendría que expli-car con detalle qué son los “OBIS (Órganosde Búsqueda de Información)” de los quehizo referencia en su primer testimonio,para referirse a “personas civiles” que in-forman sobre lo que ocurre en Iguala.

El coronel deberá dar a la representa-ción social los nombres de los OBIS –figuraque “no se encuentra reconocida ni regula-da en el marco jurídico al que deben suje-tarse las Fuerzas Armadas”–, sobre todo delas “personas que con esas funciones y bajo esa atribuciones operaron la noche del26 de septiembre de 2014”. De igual forma,el oficial tendrá que entregar la informa-ción que esos elementos generaron al res-pecto, así como la obtenida antes y duran-te la desaparición forzada, “incluyendo losinformes que hayan efectuado sobre las

organizaciones criminales presentes en lazona y su vinculación con autoridades dediferentes niveles de gobierno”.

Gálvez Santos tendrá que responder porlas afirmaciones del soldado Eduardo MotaEsquivel y el capitán Martínez Crespo, quie-nes en sus declaraciones ministeriales ase-guraron que él descargó las fotografías del

celular del soldado, pues éste presenció laagresión contra los normalistas y “la regis-tró fotográficamente con su teléfono”.

El mando militar también “deberá res-ponder a quiénes de sus superiores infor-mó y entregó la información generada porel soldado Mota Esquivel en razón de lacadena de mando y jerarquía que rige alinterior de las Fuerzas Armadas y si algu-no de ellos autorizó u ordenó la misión delsoldado (…) y tuvo información en tiemporeal de lo acontecido”.

Para los coadyuvantes, al subtenientePirita Ochoa podrían fincársele “responsa-bilidades penales”, ya que en sus declara-

ciones ministeriales omitió informar sobresu traslado a la comandancia de la PolicíaPreventiva Municipal de Iguala, como lo se-ñalan tres soldados que estuvieron ahí, aligual que el capitán Martínez Crespo, quien“lo ubica entrando junto con él y con el sol-dado Francisco Narváez Pérez a las instala-ciones (…) específicamente a la barandilla”.

En cuanto a Martínez Crespo, se le pi-de a la PGR que lo cite a comparecer “a finde que sea interrogado respecto a las im-putaciones que se le han hecho en tornoa sus posibles vínculos con la delincuen-cia organizada”.

Basan esa solicitud en el expediente:

“Dentro del tomo 44 foja 501, dicho servi-dor público fue mencionado en la mantaque apareció en la reja de la escuela Pre-paratoria 24 de Febrero de la colonia San José, ubicada en la carretera federal Igua-la-Taxco, entre la comandancia de la Poli-cía Federal y el 41 Batallón de Infantería,el 30 de octubre, donde se alude a sus po-sibles vínculos ilícitos con la delincuenciaorganizada, cuestión sobre la que no se lehan formulado preguntas al comparecerante la autoridad ministerial”.

Al soldado Paul Escobar López se le de-berá interrogar sobre su asistencia y la decinco efectivos más al informe de la enton-ces presidenta del DIF municipal de Igua-la, María de los Ángeles Pineda –hoy pro-cesada–, el 26 de septiembre de 2014, comolo refieren el coronel Rodríguez Pérez y elsoldado Carlos Díaz Espinosa en sus decla-raciones. Se pide que Escobar identifique aquienes lo acompañaron al acto y a quie-nes estaban en el presídium, “específica-mente sobre la representación del Gobier-no Estatal de Guerrero en el mismo”.

En apego al expediente, se pide que sellame a declarar al cabo de infantería JuanCarlos Peralta, ya que de acuerdo a unaconstancia fechada el 27 de septiembre, “a

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CASO AYOTZINAPA

las 2:40 am fue precisamente dicho cabo deinfantería quien vía telefónica informó alMinisterio Público del Fuero Común sobrela comisión de hechos delictivos, sin quehasta ahora se le haya requerido declarar”.

Advierten los solicitantes que en suampliación de declaración del 2 de mar-zo de 2015, el coronel Rodríguez Pérez ne-

gó que Peralta perteneciera al 27 Batallón,aunque “no obra en el expediente docu-mentos formales que acrediten que dichapersona no es parte de la Sedena”.

A Narváez Pérez se le deberá interro-gar sobre su presencia en las instalacionesde la Policía Municipal de Iguala, “especí-ficamente en la Barandilla”, en compañíadel subteniente Pirita Ochoa, situaciónque omitió en su declaración ministerialdel 3 de diciembre, lo que le “podría gene-rar responsabilidades penales”.

Comunicaciones y relacionessospechosas

Para la coadyuvancia es fundamental quela PGR solicite a la Sedena, por medio de laProcuraduría General de Justicia Militar, in-formación sobre los ya mencionados OBIS,y que entregue “el Sistema de Inscripciónde Archivos Arcanos sobre lo acontecido enla ciudad de Iguala la noche del 26 de sep-tiembre de 2014 y días subsecuentes”.

Dicho sistema “opera por medio de co-rreo electrónico donde se envía y recibedocumentación oficial de las diferentesunidades del Ejército y Fuerza Aérea”, ex-plicó el soldado Eduardo Mota.

La Sedena deberá proporcionar infor-mación sobre “la donación –o cualquierotra operación análoga– de los terrenosubicados en las inmediaciones de Periféri-co Oriente que fueran propiedad del Ejér-cito Mexicano”, y donde posteriormentese construyó el Centro Comercial GaleríasTamarindos, propiedad del exalcalde JoséLuis Abarca y su esposa.

Para los coadyuvantes es relevanteque la Sedena informe sobre el cabo JuanCarlos Peralta, “incluyendo su expedien-te personal y su adscripción”, así como deelementos de apellido Barbosa adscritos alas unidades y batallones que conformanla XXXV Zona Militar, incluyendo la infor-mación relativa a quienes integraron di-chas corporaciones durante septiembrede 2014”, pues el apellido Barbosa apare-ce relacionado con la desaparición de losestudiantes, en una manta localizada el30 de octubre en Iguala y consignada enel expediente.

Asimismo la PGR debe solicitar a la Se-dena los expedientes personales de pre-suntos responsables de la desaparición delos estudiantes y quienes pertenecieron alas Fuerzas Armadas: Roberto Pedrote Na-va, Óscar Veleros Segura, Julio César Ma-teos Rosales, Antonio Morales González,

Marco Antonio Segura Figueroa y José An-tonio Flores Train.

Es también el caso de Jesús Parra Arro-yo, Ignacio Hidalgo Segura, Wilber BarriosUreña, Honorio Antúnez, César Nava Gon-zález y Salvador Bravo Bárcenas.

Se pide requerir al comandante de laXXXV Zona Militar el convenio estableci-

do con la Secretaría de Seguridad Públicadel estado de Guerrero “en virtud del cuallos elementos del Ejército participan en laestructura del C-4”, de acuerdo a la men-ción del coronel Rodríguez Pérez.

A la comandancia del 27 Batallón deInfantería la PGR tendrá que solicitarlelos Radiogramas emitidos la noche de 26y la madrugada del 27 de septiembre, “in-cluyendo las comunicaciones que hayansostenido con otras unidades, bases, ba-tallones, regiones o zonas militares” y ladocumentación relativa al “contexto de co-rrupción asociado a los vínculos entre laorganización criminal Guerreros Unidos y

el poder público”, incluidas fotografías delos hechos, de cuya existencia dio cuenta elsubteniente Pirita Ochoa en su declaraciónministerial del 3 de diciembre.

Se pide solicitar además a la mismainstancia militar el “reporte de activida-des” que el capitán Martínez Crespo ela-boró y entregó a la comandancia de esebatallón el 27 de septiembre “sin que obreen autos”, así como “copia de volante entransportes correspondientes a los días 26y 27 de septiembre de 2014”, a fin de iden-tificar “la distribución del personal militaren los vehículos que salieron del 27 Bata-llón de Infantería la noche del 26 de sep-tiembre de 2014”.

Otra información que deberá solicitar laPGR a esa comandancia es la “relación de fil-tros de revisión y retenes instalados por es-te cuerpo militar en la ciudad de Iguala y sus

alrededores durante el 2014, precisando suubicación y señalando a los elementos queparticiparon en los mismos, las bases deoperación participantes y las instruccionesu órdenes conferidas a los mismos, pues elpolicía federal Luis Dorantes Macías declaróel 7 de enero de 2016 que el Ejército colocabafiltros de revisión en el punto conocido co-

mo Loma de Coyote, lugar de suma impor-tancia para esta indagatoria”.

Piden a la PGR que solicite informa-ción a los concesionarios de telecomuni-caciones y, en caso de ser necesario, ob-tener autorizaciones del juez federalespecializado en cateos, arraigos e inter-venciones de comunicaciones privadascorrespondientes, sobre los números ce-lulares del coronel Rodríguez Pérez, quien“refiere haber realizado diversas llamadasdurante la noche de los hechos”, así comolos pertenecientes al soldado de infante-ría Mota Esquivel y el teniente Gálvez San-tos, ya que ambos estuvieron en comuni-

cación cuando ocurrieron los hechos.En su escrito, los familiares de los 43

desaparecidos y sus representantes con-sideran que el desahogo de las diligen-cias solicitadas “contribuirán al esclareci-miento de lo ocurrido la noche del 26 deseptiembre de 2014, pero también a dilu-cidar el funcionamiento de los elementosdel sistema criminal que lo permitió, con-figurando en Guerrero una zona al mar-gen del estado de derecho, propiciandoque en dicha entidad la connivencia dela institucionalidad pública con el crimenorganizado o incluso la abierta colusióny fusión de las estructuras delincuencia-

les con las estructuras públicas alcanza-ran un grado de expansión en varios nive-les de gobierno y en diversos municipios,como fue reconocido por los gobiernos es-tatal y federal”.

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Los 43. Reclamo que no se olvida


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Un migrante salvadoreño desapareció en Tamauli-pas en 2011. Su madre comenzó a buscarlo y supoque zetas y policías municipales lo habían asesi-nado. Supo luego que lo sepultaron junto con otros

67 cuerpos en una fosa común de San Fernando.Y dice que aun cuando desde 2012 las autorida-des mexicanas conocían la ubicación del cadáver,construyeron un laberinto burocrático para desa-parecerlo de nuevo y no entregárselo. Apenas enenero de 2015 pudo recuperarlo y la semana pasa-da ganó en la Suprema Corte un amparo para quesea considerada como víctima

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MARCELA TURATI*

A unque vive en El Salvador, laseñora Bertila Parada conocedetalles de la tortura que su-frió su hijo Carlos Alberto enMéxico a partir de aquel 27 demarzo de 2011, cuando dejó de

reportarse.Sabe que nunca llegó a la frontera con

Estados Unidos y que estuvo a unos kiló-metros de la misma, pero el autobús don-de viajaba fue interceptado por Los Zetasy policías municipales a la altura de SanFernando; lo obligaron a bajar.

Sabe que lo atormentaron antes dematarlo: a golpes le tumbaron nueve dien-tes y le destrozaron el cráneo.

Sabe que en sus últimos instantes devida vestía una camisa que no le cono-cía, unos calcetines y unos calzones que síeran suyos, y estaba amordazado.

Sabe que así, con la mordaza, fue ente-rrado en una colina donde duró poco másde dos semanas.

M a r c e

l a T u r a

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Bertila Parada. Duelo sin fin


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VIOLENCIA

Sabe que a su cuerpo, cuando fue ha-llado, la Procuraduría de Tamaulipas leasignó el número 3 en la fosa 3 de la bre-cha El Arenal, del municipio de San Fer-nando, donde se encontraba con otros 12asesinados. Todavía faltaban 44 fosas pordescubrirse, de las cuales fueron sacados193 cadáveres en el llamado caso de las

“narcofosas” o “San Fernando 2”.Sabe también que el 17 de abril lo tras-

ladaron a la morgue de Matamoros y que aldía siguiente le tocó turno para la autopsia.

Mas por decisiones de la burocracia, suhijo volvió a desaparecer el día que fue se-pultado con otros 67 cuerpos en una fosacomún tamaulipeca: lo enterraron en la fila11, lote 314, manzana 16, del panteón mu-nicipal de la Cruz, Ciudad Victoria. Perma-necieron ahí hasta octubre de 2014, cuan-do fueron enviados a la Ciudad de México.

En abril de 2011, otros 122 habían co-rrido mejor suerte al ser trasladados a unamorgue capitalina, donde los mantuvie-ron congelados durante meses; luego losdestinaron al panteón de Dolores.

En la fosa común tamaulipeca, CarlosAlberto esperó tres años y 10 meses a queBertila lo rescatara y lo condujera de re-greso a casa. Fueron casi cuatro años detortura para ella y su familia, ya no porparte de los criminales, sino de las auto-ridades mexicanas que, aun cuando des-de el año 2012 conocían la identidad delcuerpo 3 de la fosa 3, lo perdieron en loslaberintos de la burocracia.

Bertila sospecha que los funcionarioslo desaparecieron “a propósito” como re-presalia por las protestas que ella hacíadesde El Salvador y por el amparo que in-terpuso en 2013 –promovido por la Fun-dación para la Justicia y el Estado de De-recho– para que conservaran su cuerpo yno lo incineraran, como hizo la Procuradu-ría General de la República (PGR) con otrosmigrantes, y también para conocer la ave-riguación previa que México abrió por eseasesinato y que le permitirá saber en de-talle cómo y por qué perdió la vida su hijo,al igual que las investigaciones al respecto.

“Siempre he querido saber toda la ver-dad, aunque me duela; por eso he estadoluchando. No quiero enterarme por otros

de lo que le pasó; quiero ser la primera ensaberlo porque yo, como todos los migran-tes, queremos saber qué pasó a nuestroshijos, al esposo, a aquel padre que tam-bién se quedó en el camino, en un paísdonde nos robaron algo, donde nos roba-ron todo motivo de vivir”, explica.

Al tiempo que expresa esto, Bertila llora

en el jardín de su casa de Sonsonate –cons-truida con paredes de adobe, techo de lámi-na oxidada, cables colgantes y, en el jardíncomido por las gallinas, la lona vieja de unaaerolínea usada como techo de porche–,donde muestra las fotos de su muchacho,ora disfrazado de payasito, ora sosteniendoun diploma escolar, ora en la playa.

Tiene a su lado una carpeta que el 28de enero de 2015 le entregó la PGR y quecontiene las fotos del cráneo destrozadoy del panteón donde su hijo estuvo comoanónimo, así como algunos de los oficiosque funcionarios de Tamaulipas enviarona la PGR, y en los que desde 2012 se men-ciona que debería avisarse a la familia sal-vadoreña de la muestra genética 115 quesu hijo es el cuerpo 3 de la fosa 3. Una or-den que nadie cumplió.

O quizás, especula esta mujer a la quela tristeza carcomió sus 56 años de vida,nadie quiso cumplir…

“Aquí estuvo enterrado. ¿Por qué tan-to tiempo sin poderlo traer? En esta coli-na estuvo”, dice mientras muestra las fo-tografías en las que se observa el cadáveren distintas tomas y la cruz oxidaba quemarcaba su tumba cuando llevaba comoidentidad las señas “Cuerpo 3, Fosa 3”.

El 28 de enero de 2015, en la PGR, ellasupo esa parte de la verdad gracias a la Co-misión Forense instalada en septiembrede 2013 y que autoriza al Equipo Argen-tino de Antropología Forense y a diversasorganizaciones de familiares mexicanas ycentroamericanas a trabajar al lado de losperitos de la procuraduría para devolverla identidad a los cuerpos de los migran-tes masacrados en San Fernando (2010 y2011) y Cadereyta (2012).

Cuando le entregaron el cadáver de suhijo menor, pidió a las antropólogas ar-gentinas le explicaran lo que el maltrata-do cuerpo denunciaba.

“Yo quería saber cómo había muerto mihijo. Cuándo más o menos había sido en-contrado. Qué es lo que tenía: si llevaba do-cumentos, dinero, prendas que podíamos re-conocer. Pero no, sólo el calcetín, el bóxer y lamanga larga. Quería saber cómo fue su muer-te. Yo me pongo a pensar en todo lo que vi-vió en el tormento que sufrió. Yo lo presentía

todo, quería saber cómo fue, por eso les pedí:‘Contéstenme todo lo que pregunte’. Me dije-ron que la muerte fue un golpe contundentede este lado –dice mientras se toca la sien dellado derecho–. De eso murió.”

Ese día, en la Ciudad de México, solici-tó ver los restos. Aunque ya eran huesos,ella constató que sí era él: “Lo reconocí porel físico de la cara, por los dientes que lehabían quedado –muy rectecitos y suave-citos– y los pies, que eran poco anchos. Síle pude reconocer eso”.

Emigrar para sobrevivir

Carlos Alberto abandonó Sonsonate cuan-do tenía 25 años porque iba a tener un hijo y quería ofrecerle una vida digna. No en-contraba trabajo, le desesperaba que Bertilavendiera pupusas en los autobuses para dar-le dinero, y era amenazado por las pandillas.

Cuando el pollero que lo recogería enla frontera con Texas avisó que nunca ha-bía llegado, Bertila, ayudada por una sobri-na, puso una denuncia en su país el mis-mo mes de abril y avisó a la embajada deMéxico, donde, afirma, sólo “se burlaron”,la engañaron diciendo que lo estaban bus-cando. No supo entonces ni le informarondel hallazgo de las fosas de abril.

“Quedamos esperando, pero esa espe-ra se hizo larga, torturadora.”

Su segundo martirio comenzó en di-ciembre de 2012, al recibir llamadas de lacancillería y la fiscalía salvadoreñas avi-sándole que las autoridades mexicanashabían encontrado a su hijo, que lo cre-marían y enviarían sus cenizas a casa.

Ella se comunicó con el Comité de Mi-gran

gradoceropress- revista proceso, número 2053

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