ÍNDICE    VIOLENCIA La población de Tamaulipas, entre dos, tres, muchos fuegos...La hipocresía de Estados Unidos condena a migrantes /Marcela Turati El vacío que deja El Chuyín /Patricia Mayorga Apatzingán, una muestra: Castillo dejó a Michoacán en descomposición /José Gil Olmos y Francisco Castellanos J. CORRUPCIÓN Entrevista con Jorge Ramos: Los Pinos cierra las puertas a Univision /J. Jesús Esquivel MVS-Aristegui, ahora un litigio “mediático” /Jenaro Villamil Andrés Massieu, cabildero con ligas en el poder político /Alejandro Gutiérrez JUSTICIA La “restitución” que acabó en secuestro internacional /Verónica Espinosa Regina: Tres años de impunidad ANÁLISIS El miedo a votar /Javier Sicilia Recortador /Naranjo Covachas pero no casas /Denise Dresser Delatar o no delatar /Sabina Berman Celebración en Tlaxcala /Marta Lamas Apatzingán: aberrante respuesta federal /Jesús Cantú Omisiones de la fiesta panameña /Olga Pellicer INTERNACIONAL ARMENIA: Sutil censura diplomática... en México /Mathieu Tourliere El genocidio que Turquía se niega a reconocer /Andrés Mourenza ESPAÑA: La prensa hispana, doblegada ante Rajoy /Alejandro Gutiérrez CHINA: De Mao a la Coca-Cola: El hombre que atestiguó una época /Adrián Foncillas ENSAYO Las ambigüedades en el rescate de bienes culturales /Jorge Sánchez Cordero CULTURA Las promesas de la literatura mexicana /Niza Rivera

Páginas de crítica Arte: Carlos Ashida (1955-2015) /Blanca González Rosas MÚSICA I: La fille mal gardée /Mauricio Rábago Palafox MÚSICA II: Tres años después el II Concurso Irma González /Raúl Díaz TEATRO: Melville en Mazatlán /Estela Leñero Franco CINE: El niño de piedra... /Javier Betancourt TELEVISIÓN: Los veintidós años de Canal 22 /Florence Toussaint CIENCIA La agrohomeopatía, solución para el campo /Roberto Ponce ESPECTÁCULOS El México cruel de Rafa Lara en Aquí no pasa nada /Columba Vértiz de la Fuente DEPORTES El lado oscuro de Pumas: el club y Darío Verón evaden pagos /Beatriz Pereyra Cuauhtémoc: El último héroe a la altura del arte /Mariano Albor Contradicciones del delantero “extorsionado” /Beatriz Pereyra Palabra de lector Mono Sapiens /Que hablen los expertos /Helguera y Hernández

La población de Tamaulipas, entre dos, tres, muchos fuegos... Algo pasa en Tamaulipas, donde no funcionan las estrategias que en otras partes han llevado por lo menos a la baja de las cifras oficiales de muertes por la narcoviolencia. A la infernal ofensiva que lanzaron las bandas criminales el viernes 17 en Reynosa, se sumó el miércoles 22 otra en Tampico. La explicación para una –la reacción de los narcos por la captura de un capo– no aplica para la otra. Y mientras el gobierno federal aprende con prueba y error, la población está atrapada entre muchos fuegos. La violencia es muy necia: no cede. REYNOSA, Tamps.- En menos de una semana la ciudad fronteriza de Reynosa y el puerto de Tampico padecieron sendas jornadas de violencia que paralizaron las actividades laborales, escolares, el comercio internacional, las campañas políticas, lo que causó pérdidas millonarias. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, atribuye esa violencia a la captura de capos y afirma que se reducirá gracias a esas detenciones. No obstante, investigadores expertos en narcotráfico, empresarios y ciudadanos le recuerdan al funcionario que Tamaulipas es el estado donde se han capturado y matado más capos de todos los niveles, pero “la necia violencia no cede”. Los entrevistados destacan que la violencia en la entidad revela cuán arraigado está aquí el crimen organizado, con la complicidad de funcionarios de los tres niveles de gobierno, y que para erradicarlo se requieren estrategias muy diferentes a las que se han aplicado en otras regiones del país. En uno de los estallidos de violencia más importantes del año, a las 10:30 horas del viernes 17 se escucharon las primeras ráfagas de fusil automático en varias zonas de Reynosa. Aproximadamente a la misma hora del miércoles 22, en la zona metropolitana de Tampico se desató otra balacera con armas de grueso calibre que comenzó en la carretera a Mante. Pobladores de estas ciudades, entrevistados por este semanario, describen lo que hacen cuando se encuentran atrapados entre disparos, granadazos y narcobloqueos con vehículos incendiados. Al escuchar los primeros tiros de armas largas se echa a andar el sistema de alerta para Situaciones de Riesgo (SDR) y mediante las redes sociales se advierte a los civiles que eviten transitar por la zona de la confrontación. En la medida que las alertas SDR se extienden hacia otros rumbos de la ciudad, la población comprende que debe resguardarse porque hay enfrentamientos y persecuciones en un área muy extensa. En las escuelas, los maestros piden a los alumnos que se tiendan en el piso tan pronto oyen el seco estampido de los fusiles de asalto. En las primarias se intenta que parezca un juego para no asustar más a los niños. Si hay padres y transeúntes afuera, los directivos les dan refugio en los planteles, cierran la puerta y suspenden todas las actividades. También se suspende el tránsito. Conforme se extienden las alertas, la gente intenta abandonar la calle, entra en las tiendas, en las oficinas y, si están cerca, se

esconden en su casa. Todas las empresas cierran, el comercio baja las cortinas y el transporte público deja de dar servicio. Saben lo que les espera si permanecen afuera: en pocos minutos aparecerán decenas de jóvenes fuertemente armados para robar automóviles particulares, autobuses y tráileres para atravesarlos en las avenidas importantes e incendiarlos. Cuando las alarmas suenan, por lo común ya circulan camionetas que siembran el pavimento de estrellas de clavos que llaman “ponchallantas”, a fin de dificultar el despliegue de vehículos de soldados y marinos. Pese a la huida general, en las zonas de conflicto quedan paralizados hombres, mujeres, niños y ancianos por decenas. En pleno fuego cruzado se les ve pegados desesperadamente al piso, escondiéndose tras cualquier pared o haciéndose poco visibles entre los autos, cuya lámina atraviesan fácilmente las balas de los cuernos de chivo y los fusiles de asalto de las fuerzas armadas. Parecen escenas de película: espesas nubes de humo, caravanas de al menos 15 camionetas con hombres armados circulando a toda velocidad, vehículos militares que llegan por distintos rumbos, helicópteros que sobrevuelan y estridentes sirenas de patrullas. A veces los sicarios abandonan sus vehículos para escapar de las fuerzas armadas e irrumpen en cualquier vivienda. Una mujer relata que en mayo del año pasado, cuando en su casa de una exclusiva zona residencial de Tampico se realizaba una fiesta con cerca de 20 niños, se escucharon explosiones y balazos muy cerca. Los adultos reunieron a los niños en un baño y todas las mujeres se quedaron en una recámara, tendidas en el piso por si había tiroteo desde afuera. Minutos después entraron policías federales y soldados a registrar el inmueble. Así, la ciudad se detiene durante varias horas. Se siente el miedo aun después de que cesan los disparos y las autoridades dicen que la situación “está controlada”. La vida se detiene La cantidad de balas y granadas utilizadas casi siempre deja víctimas que no entran en las estadísticas ni en los comunicados oficiales. La mayoría son delincuentes, cuyos cuerpos recogen sus compañeros, pero el fuego también alcanza a ciudadanos inocentes. En los enfrentamientos del viernes 17 en Reynosa murieron al menos tres hombres. Uno de ellos, Édgar Cruz, era un obrero de 18 años. Le pegó una bala cuando esperaba el camión. Y a bordo de una camioneta fallecieron dos, que no han sido identificados ni registrados en el parte oficial. Fuentes de la presidencia municipal, que solicitaron no publicar sus nombres, señalan que las balaceras que comenzaron a las 10:30 se debieron a la incursión de Los Ciclones, una banda de Matamoros, en territorio de Los Metros, que controlan Reynosa. El objetivo era entregar al líder de éstos, José Tiburcio Hernández Fuentes, El Gafe, a las fuerzas federales. Su captura provocó que a partir de las 14:00 horas se desataran nuevos enfrentamientos y narcobloqueos. En Tampico, la violencia se derivó de los enfrentamientos entre las fracciones del Cártel del Golfo que se disputan la plaza: Los Fresitas y Dragones de Sheyla. No

se detuvo a ningún capo, sólo a sicarios y halcones que realizaban los bloqueos. El rumor sobre la presunta captura de José Silvestre Haro Maya, El Chive o el R1, fue difundido por un funcionario estatal. Cabe recordar que el 18 de octubre de 2014 también se informó la supuesta aprehensión de Haro Maya, “cuando pretendía escapar de las fuerzas federales”. Igual que Reynosa, Tampico se paralizó. Se desalojó al personal de una empresa y todas las escuelas suspendieron las clases. La delegación de la Cruz Roja fue atacada por un grupo de hombres armados cuando unos heridos llegaban a sus instalaciones. Por el intenso tiroteo, los estudiantes del Campus Tampico-Madero del Tec de Monterrey fueron retenidos en las aulas, pues a pocos metros de la entrada ardía un vehículo y se reportaban disparos de armas de gruesos calibre. Las autoridades informaron que decenas de camiones, autos y tráileres, también en llamas, obstruían el paso en 25 lugares, entre ellos importantes cruceros de la zona metropolitana. Empresarios de Tampico y Reynosa dicen en entrevista que las cámaras de comercio aún están evaluando las pérdidas que provocó la ola de violencia, tanto por la destrucción de bienes como por el cese de actividades productivas, pero adelantan que fueron millonarias. Recuerdan que Tampico es la tercera ciudad del país con mayor número de secuestros, mientras que en Reynosa cerraron cientos de negocios por las extorsiones de bandas protegidas por funcionarios de todos los niveles. Estiman que los ingresos que obtienen los criminales de la industria maquiladora, tan sólo por ese delito, son de alrededor de 100 millones de pesos por año. Y el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, en su dossier Seguridad, Justicia y Paz Tamaulipas, calcula que en general “los grupos criminales obtuvieron 784 millones de pesos en el año 2013 por concepto de cobro de derecho de piso y otras formas de extorsión”. Peligrosa fragmentación La violencia extrema en Tijuana, Ciudad Juárez y Monterrey comenzó a reducirse durante el sexenio de Felipe Calderón, observa el periodista británico Ioan Grillo, autor del libro El narco. Y se pregunta: si en el de Enrique Peña Nieto también disminuyeron en varios estados los traumáticos enfrentamientos en las calles, ¿por qué la violencia no se reduce en Tamaulipas? “Parece el estado más necio, donde la violencia no cede”, comenta. Enfatiza que un factor es que los cárteles no están concentrados en una sola ciudad, como ocurre en otras entidades: “Aquí tenemos urbes, como Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Tampico y Ciudad Victoria, donde se registran continuos enfrentamientos y las fuerzas federales no se pueden enfocar en un solo punto. En Michoacán, por ejemplo, la violencia se concentra en algunas regiones, como Tierra Caliente”. En su opinión, la estrategia anunciada por Osorio Chong para Tamaulipas no cambia en esencia la que aplicaba el gobierno de Felipe Calderón: concentra un

gran número de fuerzas federales y da prioridad a la captura de los capos de mayor jerarquía. Por eso, recuerda, Tamaulipas es donde se ha capturado a más capos en los últimos años. Desde el gobierno de Calderón hasta la fecha cayeron aquí cerca de un centenar de ellos, más otros 700 clasificados como lugartenientes. Entre los primeros, detenidos o muertos, se cuentan Osiel Cárdenas, su hermano Tony Tormenta, Heriberto Lazcano, Jorge Eduardo Costilla (El Coss), Miguel Ángel Treviño (El Z-40) y su hermano Omar, El Z-42. Y la violencia no se reduce pese a lo que diga el secretario de Gobernación. El gobierno federal ha difundido que los cárteles del estado ya están muy fragmentados. Grillo destaca que el Cártel del Golfo y Los Zetas ya no tienen “capos supremos”, de la talla de El Chapo, Amado Carrillo, Heriberto Lazcano, El Coss o El Z-40. Tales divisiones y escisiones implican que ahora hay muchos cabecillas menores que se disputan las plazas y la dirección de las bandas criminales. Por ejemplo, las plazas controladas por el Cártel del Golfo, como Matamoros, Reynosa y Tampico, se las pelean al menos dos facciones: Metros contra Ciclones, Fresitas contra Dragones. Lo mismo ocurre en las plazas de Los Zetas. El periodista subraya que el crimen organizado usa la violencia extrema para someter a la población y a los gobiernos locales. “De esa manera protegen sus intereses”, ya que ni el gobierno federal se ha atrevido a tocar la gran infraestructura de negocios que tienen en Tamaulipas. Para Grillo, la guerra irregular que padece Tamaulipas desde 2004 es similar a las que desgarran el Medio Oriente y África, “donde los niños han crecido con la violencia. La ven como normal en la medida en que van creciendo. Los jóvenes escucharon desde que eran niños las historias de los grandes capos y ahora quieren tener su propia historia, lo que perpetúa la violencia”.

La hipocresía de Estados Unidos condena a migrantes Marcela Turati A Washington le preocupa Tamaulipas. Frecuentemente emite alertas a sus ciudadanos en las que recomienda no salir de noche, no transitar por carreteras, enumera la gran cantidad de delitos que ahí se cometen, desconfía de las autoridades mexicanas... pero a la hora de deportar migrantes olvida todo y los pone en máximo peligro: prefiere las ciudades tamaulipecas para regresarlos, los devuelve de noche, se desentiende de su suerte. Proceso documentó 10 casos de personas que desaparecieron después de ser repatriadas de este modo. He aquí las historias de la mayor indefensión. El pasado 13 de abril el gobierno de Estados Unidos lanzó una alerta a sus paisanos para que no arriesguen su vida y eviten pisar el “Estado sin ley” que es Tamaulipas. Esa peligrosa frontera, sin embargo, es su sitio favorito para deportar migrantes, a pesar de los repetidos informes que advierten que en cuanto los expulsados cruzan los puentes internacionales quedan a manos de los cárteles de la droga y pueden ser asesinados, secuestrados, torturados, extorsionados, esclavizados o reclutados a la fuerza para su guerra. Proceso pudo documentar los nombres de 10 personas que fueron desaparecidas en las ciudades de Nuevo Laredo o Matamoros, momentos después de su deportación. El primer caso data de 2010; una es mujer. En varios casos las familias interpusieron denuncias ante la Procuraduría de Tamaulipas y advirtieron al gobierno estadunidense sobre lo ocurrido y, pese a eso, el número de migrantes expulsados por la frontera tamaulipeca ha seguido en aumento. En 2014 Tamaulipas se convirtió en el primer destino de mexicanos deportados (77 mil 859 de un total de 242 mil 905 expulsados entró por sus fronteras) y ha mantenido ese lugar durante 2015. Alrededor de una tercera parte de todos los repatriados llegan a esa entidad, que Estados Unidos declaró fuera de control por tanto crimen. En una base de datos realizada el sexenio pasado por la Procuraduría de Tamaulipas fue posible encontrar observaciones como las siguientes: “Lo deportaron de Estados Unidos y se hospedó en un hotel de Laredo y de allá salió en un taxi con rumbo a Reynosa y ya no supieron de él” (averiguación previa 0222/2011, iniciada el 22 de agosto de 2011). “Fue deportado de EU e iba a viajar de Matamoros a Fresnillo, Zacatecas, y es fecha que no saben de él” (16 de febrero de 2011). “Lo deportaron e iba a salir de Nuevo Laredo a Reynosa y ya no supieron de él” (19 de agosto de 2011). “Estaba de ilegal en los EU y la deportaron” (averiguación previa 425/2010). No se encontraron afiches de búsqueda sobre esos casos. Otra víctima es el señor Maximino Morán Martínez, padre de familia mexicano, cuyo caso quedó registrado en la procuraduría estatal de esta manera: “Lo

deportaron a una estación camionera y ya no apareció”. En el sitio de internet elbuscapersonas aparecen más detalles: “Al ser arrestado en Georgia, fue deportado a la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, el 7 de abril de 2011. Y hasta la fecha no se sabe nada del paradero de él”. Sus rasgos particulares son: “Tez morena, cabello negro rizado, complexión delgada, ojos café claro, cejas tupidas negras, nariz aguileña”, se indica en la descripción, con otro dato que llama la atención y que denota su posible profesión como obrero: “huellas digitales dañadas por el trabajo”. “Estaba de ilegal en Estados Unidos y la deportaron por Nuevo Laredo”, se lee en el listado de denuncias por desapariciones en Tamaulipas. Es la que lleva el número 425/2010. La víctima es una mujer de 31 años (se omite su nombre porque fue imposible contactar a su familia), originaria de Norias del Refugio, en Guadalcázar, San Luis Potosí. El reporte lo puso su padre, que se dedica al campo. Otra víctima fue Luis Benito Monsiváis Lara, de 27 años, cuya desaparición ocurrió el 23 de julio de 2011 y quedó asentada en la averiguación previa 536/2010. “La persona radicaba en EU y fue deportado, se encontraba en Nuevo Laredo y necesitaba dinero para trasladarse a Saltillo, Coahuila”, indica el reporte que puso en la Procuraduría uno de sus hermanos, quien dijo ser obrero. Para más señas, registró que tenía un tatuaje en la espalda con el apellido “Monsivais”, y otros en ambos brazos. El caso se boletinó, pero el joven no ha aparecido. Dora Lara, abuela de Luis Benito, dice desde Saltillo que el gobierno estadunidense no les ayudó a localizarlo. La desgracia familiar estuvo a punto de repetirse ya que “hace poco tiempo” su hijo, el papá de Luis Benito, también fue deportado por Laredo, Texas, y tuvo que cruzar por Tamaulipas. Luis Benito tenía cinco hijos y se había criado en Estados Unidos. Sobre el nieto ausente desde hace cuatro años la abuela comenta: “Salió del hotel donde trabajaba y lo han de haber agarrado (la migra). Ya no lo dejaron regresar a su casa ni nada, lo deportaron de inmediato por Laredo, Texas. Llevaba como 25 años de vivir allá, mi hijo se los llevó desde chiquitos, vivían muy bien. No sé por qué no fueron a legalizarse. No tenía seguro ni nada ni servicio de medicamento ni nada. Ya toda la familia vive aquí”. Lo único que supo la familia es que pidió a su esposa que le depositara dinero a una cuenta del Banco Azteca, en una sucursal de Elektra. Alguien recogió el dinero por él. “No se volvió a saber nada de él ni en accidente ni secuestrado ni deportado más para allá de Estados Unidos, nada, nada”, insiste. La única infracción que cometió su nieto fue haber entrado de manera ilegal a Estados Unidos (“siempre trabajó en ese hotel, no creo que… no asesinaron a nadie, no robaron, no secuestraron”). Su castigo entonces fue la deportación por Tamaulipas. Advertencias ignoradas Para nadie es sorpresa la peligrosidad de Tamaulipas. La organización

estadunidense National Security Archive ha logrado desclasificar cables en los que el consulado de Matamoros advirtió –desde 2010– la violencia extrema que se vive en el noreste mexicano, y en particular en Tamaulipas, o “Mataulipas”, como lo nombran en redes sociales. (Proceso 1931). El 4 de enero de este año el Departamento de Estado de Estados Unidos fijó un “toque de queda” nocturno a todos sus empleados radicados en esa entidad controlada por bandas criminales en disputa, y emitió una prohibición de viajar por algunas carreteras debido a los robos y secuestros. En su alerta señaló que en Tamaulipas no hay carreteras que se consideren seguras, pero destacó las rutas entre Matamoros-Ciudad Victoria, Reynosa-Ciudad Victoria, Ciudad Victoria-Tampico, Monterrey-Nuevo Laredo y Monterrey-Reynosa como las más peligrosas. A su vez, el consulado estadunidense en Matamoros alertó por Twitter a sus ciudadanos y funcionarios de la posibilidad de ser víctimas de secuestros exprés, comunes en las inmediaciones de tiendas de conveniencia y cajeros automáticos. En abril la alerta subió de tono. La advertencia del Departamento de Estado a los viajeros señalaba que en Tamaulipas “los enfrentamientos violentos entre elementos criminales rivales y/o el Ejército mexicano pueden ocurrir en cualquier sitio a cualquier hora del día”, “la violencia criminal, incluyendo el homicidio, el robo a mano armada, el secuestro, la extorsión y los ataques sexuales suponen un significativo riesgo para la seguridad”, “la capacidad estatal y municipal de imponer la ley es limitada o inexistente”, “en Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo y Ciudad Victoria se registran batallas armadas y ataques con explosivos”, “no hay autopistas que se puedan considerar seguras”, “el número de secuestros declarados es de los mayores de México y la cifra de estadounidenses abducidos o desaparecidos ha aumentado en 2014”. A pesar del diagnóstico, entre enero y febrero de este año, de los 31 mil mexicanos deportados por Estados Unidos, 9 mil 257 fueron expulsados por Tamaulipas. Entre 2006 y 2012 las repatriaciones de mexicanos a Tamaulipas aumentaron hasta cinco veces al pasar de 25 mil 376 a 122 mil 36. En este mismo periodo, el número anual de homicidios reportados se duplicó. Las deportaciones siguieron en aumento a pesar de la masacre de 72 migrantes en 2010 y del hallazgo de casi 200 cadáveres –la mayoría de migrantes– enterrados en fosas. En 2013, aun cuando la inmigración mexicana a Estados Unidos cayó a un mínimo histórico, Estados Unidos repatrió a 88 mil 38 personas a Tamaulipas, lo que representa alrededor de 26% de todos los retornados. En 2014 subió a 30%. La organización Washington Office on Latin America (WOLA), dedicada a informar sobre los derechos humanos en la región, ha advertido en diversos reportes, los más recientes en mayo de 2014 (What Happens to Migrants After They Are Deported?) y febrero de 2015 (On the Front Lines: Border Security, Migration, and Humanitarian Concerns in South Texas), esta “perturbadora” situación. “El gobierno estadunidense prohíbe a sus ciudadanos que trabajan en los consulados en Tamaulipas estar fuera entre medianoche y las seis de la mañana. Debe tener la misma preocupación para los migrantes mexicanos y asegurarse de

no retornarnos de noche. También debe hacer una evaluación de sus prácticas de deportaciones de mexicanos detenidos en el interior de Estados Unidos y evitar regersarlos a la parte más peligrosa de la frontera mexicana”, dice en entrevista Maureen Meyer, directora del Programa México de WOLA. Según el informe más reciente, los mexicanos expulsados son una presa particularmente fácil: basándose en su ropa y sus bolsas de plástico –hechas en Estados Unidos– en las que guardan todas sus pertenencias, los grupos criminales saben que tienen parientes con capacidad de pagar un rescate. Varias de las personas que la organización entrevistó en Reynosa y Matamoros expresaron su preocupación por la colusión entre las autoridades mexicanas y los grupos criminales. Tanto en las investigaciones de esa organización como en las del profesor Jeremy Slack, de la Universidad de El Paso, Texas (UTEP), se revela que las autoridades migratorias estadunidenses deciden arbitrariamente a quiénes deportar a través de ciudades como Reynosa o Matamoros, ya que lo mismo son expulsados migrantes arrestados en la frontera que en el interior de Estados Unidos, sin importar si son personas con muchos años de residencia que ya no tienen familiares en México. “Hay un aumento en la cantidad de gente deportada a Tamaulipas y Coahuila. A pesar de que ésta es la zona más conocida por las masacres de migrantes, también tiene la fama de tener los grupos de crimen organizado más brutales del país. Hay más expulsados en esta zona que mexicanos agarrados por la patrulla fronteriza en el otro lado; los demás, más o menos unas 50 mil personas, vienen de todos lados de Estados Unidos. No sabemos por qué (en Estados Unidos) tienen este política, nunca lo han justificado ni aceptado”, apunta Slack. Tras haber vivido medio año en albergues de migrantes en Tamaulipas, el investigador encontró que 34% de los migrantes reportó haber perdido por lo menos alguna pertenencia durante su trámite con las autoridades: esto incluía dinero para poder tomar el autobús y salir de las zonas peligrosas, la credencial electoral que se requiere para recibir dinero de familiares o amigos y teléfonos celulares con números de contacto de sus parientes. “Los deportados son muy buenas víctimas porque no tienen apoyo local, supuestamente tienen familia en Estados Unidos que puede pagar un rescate y son altamente visibles en las calles de las ciudades fronterizas más peligrosas del país”, asienta en entrevista por escrito con este semanario. El autor del estudio “Cuerpos cautivos: secuestro y deportación de migrantes en México” (Captive bodies: migrant kidnapping and deportation in Mexico) y “La sombra del muro: Separación familiar, inmigración y seguridad” indica que las deportaciones hacia el noreste mexicano suelen “alimentar” al crimen organizado y la inseguridad fronteriza. “En mi tiempo viviendo en albergues de migrantes en Tamaulipas no conocí a ningún migrante que no lo hayan intentado reclutar. A veces era una simple oferta pero otras veces era una amenaza o secuestro. Pocos iban con ellos, pero no tengo idea de qué porcentaje. Ya que empezaron en este mundo, era muy peligroso acercárseles y desaparecieron rápido”, menciona sobre su investigación.

A pesar de la gran violencia en Tamaulipas, detalla WOLA, cada año entran por Tamaulipas más migrantes deportados, y sólo en 2014 recibió 30% del total, a pesar del riesgo de que sean asaltados, secuestrados, robados o padezcan otros crímenes. Meyer confirma que esta tendencia existe desde 2009, en detrimento de posibilidades como Sonora y Chihuahua. Las autoridades no consideran la vulnerabilidad de los expulsados ni los pocos servicios disponibles en Tamaulipas. “La Patrulla Fronteriza debe retornar a los migrantes mexicanos a las mismas zonas por donde ellos cruzaron originalmente, y no hay nada que justifique que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) regrese a migrantes detenidos en el interior de Estados Unidos, muchos de los cuales llevan años viviendo en el país, por una de las partes más peligrosas de la frontera mexicana”, considera. Según un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores del 7 de julio de 2014, por un acuerdo entre los presidentes Enrique Peña Nieto y Barack Obama se reunió el Grupo Ejecutivo de Políticas de Repatriación para acordar procesos de deportación de mexicanos y garantizar un retorno “digno, seguro y ordenado”. “En esta sesión, las delegaciones de ambos países instruyeron a sus respectivas agencias e instancias a efectuar las repatriaciones por 12 puntos en los que existen infraestructura y programas de asistencia establecidos para recibirlos. Por otra parte, se acordó realizar las repatriaciones primordialmente en horario diurno”, se lee en el boletín. Sin embargo, WOLA evidencia que los retornos siguen haciéndose de noche. “Esta práctica supuestamente quedaba limitada después de un acuerdo logrado entre los gobiernos de Estados Unidos y de México en julio de 2014, no obstante, las casas del migrante en Matamoros y Reynosa han confirmado que en los últimos meses centenares de migrantes han sido retornados de noche cada mes”, expone Meyer. “Deportar migrantes mexicanos durante la noche es la manera más evidente de incrementar su exposición a los riesgos. Los refugios generalmente están cerrados, no hay autobuses en circulación y para quienes son de bajos ingresos la única opción es quedarse varados en la calle. Mientras estén lejos de las zonas hoteleras, albergues o estaciones de autobús, están en peligro de ser extorsionados por grupos criminales o policías corruptos.” El reporte enfatiza los riesgos que representan las autoridades mexicanas. Deportado, luego desaparecido Dos jóvenes fueron deportados a Matamoros por la Patrulla Fronteriza al caer la tarde y no recibieron asistencia de ningún agente de migración. Cuando caminaban una cuadra a un sitio de taxis fueron secuestrados por un grupo criminal, golpeados y retenidos por horas hasta que dieran un número telefónico de alguien que pudiera pagar su rescate, reportó WOLA. Otro caso: La organización Amnistía Internacional reportó que el 18 de marzo de 2014 tres mujeres recién deportadas fueron secuestradas mientras esperaban en la fila de Western Union en Matamoros. Siguen desaparecidas.

“En un centro de atención para migrantes dentro de la estación de autobuses en Matamoros, recientemente establecido por la iglesia católica y el gobierno del estado, un anuncio advierte a los migrantes no concretar transferencias electrónicas con sus familias a través de Western Union. La razón: sus sucursales están muy lejos de la terminal. La distancia incrementa sustancialmente las probabilidades de que los migrantes sean secuestrados”, indica WOLA. Pocas veces existen denuncias de desapariciones de migrantes ante las autoridades. Algunas veces las redes sociales sirven para difundir los casos. En la página de Facebook de Esperanza por Tamaulipas se pide información sobre otros mexicanos desaparecidos tras haber sido expulsados de territorio estadunidense. Algunos son Juan Rodríguez, de 50 años, desaparecido el 12 de noviembre de 2012 en Matamoros; Ricardo Gutiérrez Muñiz, de 31 años, desaparecido en marzo de 2010 (cicatriz en mano izquierda con el nombre de Jeidi); Ranulfo Leonel Jiménez, guatemalteco, de 35 años, a quien se le perdió el rastro en julio de 2010, en Piedras Negras, Coahuila. Rigoberto Ramírez Villegas desapareció en 2013. En su reporte de búsqueda quedó escrito: “Originario de Miguel Alemán, vivía en McAllen TX hasta que fue deportado a Reynosa. Regresaría a McAllen; sin embargo, desde el 12 de septiembre a las 11:30 am se tuvo la última comunicación hasta el momento, tiene dos nombres tatuados en el brazo derecho (el de la hija y la esposa)”. En la ficha de Israel Silva Beiza, de 25 años, con quien se cortó el contacto el 26 de septiembre de 2014, una persona escribió: “Inmigración lo deportó en Septiembre 26, 2014, y lo dejaron en la frontera de Laredo, Texas. Padece de una enfermedad severa que requeria de Emodialysis y su familia no lo a podido localizar desde que fue deportado. Hable a todos los hospitales en el area de Nuevo Laredo, Tamaulipas y de Laredo, Texas y no esta registrado. Hable tambien con el doctor que hiva seguir su tratamiento en Mexico y nunca llego con el. Su mamá esta muy procupada porque no sabe de su hijo desde Septiembre 2014”.

Apatzingán, una muestra: Castillo dejó a Michoacán en descomposición José Gil Olmos y Francisco Castellanos J. Los testimonios de Domingo Barajas y la diputada michoacana Selene Vázquez refuerzan la versión publicada por Proceso en su edición 2007 sobre la masacre perpetrada por policías federales en el palacio municipal de Apatzingán el pasado 6 de enero. Ambos llaman mentiroso al excomisionado Alfredo Castillo y aseguran que hoy Michoacán está viviendo tiempos difíciles, pues alimentó a nuevos grupos criminales que hoy controlan la región de Tierra Caliente. La masacre del Día de Reyes en Apatzingán es una muestra de la descomposición y el desorden que dejó Alfredo Castillo Cervantes en Michoacán, quien pactó con los nuevos grupos del crimen organizado que sustituyeron a Los Caballeros Templarios: Los Viagras. La aseveración es sostenida por Domingo Barajas Magaña, un exautodefensa de esa ciudad, y por la legisladora Selene Vázquez Alatorre, quienes piden que se investigue al excomisionado en Michoacán por esas ejecuciones. Luego de la publicación del reportaje “Apatzingán, 6 de enero: “¡Mátenlos…!”, publicado por Proceso en su edición 2007 y donde se incluyen testimonios según los cuales los policías federales arremetieron contra los ocupantes del palacio municipal, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Secretaría de Gobernación se comprometieron a acelerar las investigaciones. “No podemos precipitarnos, pero la gravedad de las imputaciones que se formulan demanda que actuemos con toda seriedad y responsabilidad, a efecto de que las conclusiones a las que se llegue estén sólidamente sustentadas en las evidencias y elementos que obran en los expedientes de queja”, señaló el ómbudsman Raúl González Pérez el martes 21 en una reunión de trabajo a la que fue invitado por los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Senado. La CNDH abrió una investigación sobre los presuntos abusos de los policías federales el día de la masacre, pero hasta ahora se desconocen los avances a cargo del primer visitador, Ismael Eslava. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó que la ciudadanía será debidamente informada acerca de los resultados de las indagatorias que realizan la Procuraduría General de la República y la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal. El excomisionado Castillo, quien desde la semana antepasada está al frente de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, declaró varias veces a radiodifusoras que en Apatzingán hubo un “enfrentamiento”. Según él, la versión de la reportera Laura Castellanos –autora del reportaje que se publicó en este semanario el domingo 19 y se difundió de manera simultánea en el portal Aristegui Noticias y la cadena televisiva Univision– son “mentiras”, pese a que está basado en testimonios grabados de 39 personas, entre sobrevivientes, pobladores, familiares de las víctimas, médicos y colonos, así como en fotografías

y videos. El exautodefensa Barajas reitera que esa noche del desalojo y la mañana del 6 de enero no hubo tal enfrentamiento ni intercambio de balas. Fue una masacre. Los policías federales dispararon contra la gente que estaba desarmada. La diputada Vázquez acusa a Castillo de “mentiroso de oficio”, pues, dice, hay indicios de que hubo ejecuciones. Tras la publicación del reportaje de Laura Castellanos, Barajas testimonió que Miguel Madrigal y su familia, quienes viajaban en una camioneta, murieron el 6 de enero: “Tenemos grabaciones de radio y videos originales de la ejecución; testimonios de vecinos que vieron y grabaron los hechos”. Los uniformados, añade, les “sembraron” armas para justificar la versión de que hubo enfrentamientos. “Los policías las pusieron intencionalmente para justificar los asesinatos. Así le han estado haciendo con los que detienen. Si mis compañeros hubieran sido los agresores, ¿ustedes creen que no le hubieran dado unos tiros a los policías? Pero no fue así. Los ejecutaron. Incluso les dieron el tiro de gracia”. La diputada Vázquez coincide con Barajas. Sostiene que hay grabaciones en las cuales aparece la familia Madrigal sin armas y después otras imágenes donde ya tienen armas. “Eso se tiene que investigar”. Carlos Vázquez, uno de los sobrevivientes, también dio su testimonio. Exintegrante de la Fuerza Rural y de las autodefensas, dice no olvidar ese 6 de enero. “Me duele”, sostiene. Y agrega: “Empezaron a disparar y a gritar: ‘¡Maten a esos perros. No dejen ni uno vivo!’ ¿A qué hora dialogaron? ¿No se fijaron que había niños, mujeres?... ‘¡Maten a esos perros!’, gritaban los policías federales. “Dicen que traíamos armas de alto poder. ¿A poco un pedazo de madera es un rifle? ¿Una piedra es una granada? Nos gritaban: ‘¡Ríndanse, perros!’ Muchos pensábamos hacerlo, pero cuando vimos que agarraron a uno y le dijeron ‘Te llevó tu puta madre’ y lo mataron, ya no me rendí; me di a la fuga. Ahora soy un fugitivo.” Los Viagras Las reacciones al reportaje publicado por Proceso en su edición 2007 en torno a las presuntas ejecuciones fueron diversas. El miércoles 23, el cura Gregorio López Gerónimo declaró en Morelia que el desalojo del palacio municipal de Apatzingán era un “mal necesario” para sacar a Los Viagras que habían tomado las instalaciones municipales. Según el sacerdote, los integrantes de ese grupo habían tomado el edificio municipal en protesta porque el entonces comisionado Castillo no cumplió su compromiso de pagarles cuando los integró al grupo de élite G-250 para atrapar a Servando Gómez, La Tuta. Nicolás Sierra Santana, El Gordo Coruco, uno de los líderes de Los Viagras, incluso subió un video a YouTube. En éste niega que él y sus hermanos formen parte de un cártel y explica que Los Viagras es un apodo que le pusieron a su familia, aunque confirmó que él y su hermano Carlos sí participaron en el G-250.

Castillo creó ese grupo en mayo de 2014, cuando ordenó el desarme de las autodefensas para convertirlas en Fuerza Rural, y lo desactivó en diciembre. Estaba formado por exautodefensas de varios municipios y su propósito era recuperar comunidades controladas por Los Caballeros Templarios. Informes confidenciales consultados por Proceso indican que Los Viagras forman parte de los nuevos grupos criminales surgidos en 2013 tras la caída de Los Caballeros Templarios. Se les relaciona con el grupo H3, de Luis Antonio Torres, El Americano, quien presuntamente controla el trasiego de drogas en el municipio de Buenavista Tomatlán. El grupo de Los Viagras estaba encabezado por siete hermanos de apellido Sierra. Uno de ellos, El Gordo Coruco, fue el que encabezó la toma del palacio municipal de Apatzingán el 15 de diciembre de 2014 y aparece en las grabaciones del 6 de enero, pidiendo a la gente no responder con armas a las agresiones policiacas. En noviembre de 2014 el procurador de Michoacán, José Martín Godoy Castro, afirmó que Los Viagras habían participado en las acciones para ubicar a La Tuta y eran integrantes de la fuerza rural. Sin embargo, el entonces comisionado Castillo lo negó. Carlos Vázquez, integrante del G-250 y sobreviviente de la masacre del 6 de enero, sostiene que no es justo el trato de delincuentes que ahora les dan luego de que los “usaron” para combatir a Los Templarios. Recuerda que la madrugada del Día de Reyes, tras el desalojo del palacio municipal, él y los demás se fueron al jardín que está enfrente para que los policías federales vieran que estaban desarmados. “Muchos éramos autodefensas, otros del G-250. El gobierno no quería vernos con armas y ésa era la idea cuando nos fuimos al jardín para que vieran que no estábamos armados. Iba gente del pueblo, no somos personas de conflicto. Los habitantes comenzaron a solidarizarse con nuestro plantón, hasta unos maestros del Politécnico llegaron a apoyarnos. Ahí se reunían los de los recorridos nocturnos de bicicleta; no éramos peligrosos. ¿Por qué nos masacraron?” –Castillo dice que había Viagras… –se le comenta. –Sí, hablan de Los Viagras, de Nicolás Sierra Santana y sus tres hermanos. Pero que el gobierno no se haga pendejo. Hay fotos de Castillo con Sierra Santana, con El Americano, con Papá Pitufo, con Hipólito Mora, con Fructuoso de Aguililla. ¿Por qué no los detuvieron en una de esas reuniones donde tomaban café y refrescos? Vázquez pide justicia: “¡Que pague quien tenga quien pagar! A la Policía Federal no la queremos en el estado. Si una nación extranjera quiere ayudarnos, bienvenida la ayuda; urge parar ya este gobierno corrupto”. La descomposición Barajas advierte que el gran error de Castillo fue permitir que los nuevos grupos se formaran en cada municipio y pactar con ellos. Dejó, por ejemplo, que El Americano controlara Buenavista; Mora, La Ruana; Los Viagras, Pinzándaro; los Álvarez, Apatzingán; José Farías Álvarez, El Abuelo, Tepalcatepec; Miguel Gallegos Godoy, El Micheladas, La Huacana; Barba Roja y El Gallito, Uruapan; y

El Chanda, Parácuaro. “Castillo permitió que cada quien hiciera lo que quisiera y el Ejército tampoco cumplió con poner un instructor para que las cosas se hicieran como marca la ley”, sostiene Barajas. Un informe del gobierno michoacano basado en testimonios destaca que al de­sintegrarse la dirigencia de Los Caballeros Templarios surgieron nuevos grupos, en algunos de ellos participaban autodefensas y elementos de la fuerza rural (Proceso 2000). De acuerdo con el documento, un nuevo grupo delincuencial se disputa Apatzingán, epicentro del narcotráfico michoacano. Se trata de La Nueva Línea, integrado por michoacanos que se refugiaron en Guadalajara y Colima y ahora están regresando. En ese nuevo cártel supuestamente hay gente de los Álvarez –Emilio y Roldán Álvarez Rodríguez y el regidor de Apatzingán, Martín Gómez–, quienes se escindieron del Cártel Jalisco Nueva Generación. Su líder es Homero González Rodríguez, El Gallito –primo de Nazario Moreno–, quien operaba en el Estado de México y se enemistó con La Tuta, según el informe. “Lo que hizo Castillo fue una nueva repartición del territorio –insiste Barajas–. Dejó a la gente que le convenía. Yo, como autodefensa, voy a dejar las armas cuando esté seguro de que el gobierno está haciendo las cosas bien.” Vázquez Alatorre acusa a Castillo de dejar Michoacán en manos de grupos criminales que medran sobre todo en Tierra Caliente. Ellos operan libremente, pues él desarticuló a la policía estatal que tenía cierta instrucción y la sustituyó por la fuerza rural que carece de preparación. “En aras de presentar resultados, Castillo maquilló muchas cosas, atropelló los derechos humanos, confrontó a la población; pero sobre todo armó a medio Michoacán. Convirtió a los civiles en policías, muchos de los cuales creyeron en Castillo, quien les prometió un sueldo, pero no les cumplió”, asegura la diputada. E insiste: Castillo es mentiroso por oficio. “En los videos de la masacre del 6 de enero que el propio virrey mostró, se veían las camionetas con gente con palos, alebrestada, que intentaba recuperar sus carros. La policía la recibió con ráfagas. Él presentó esos videos en un intento por demostrar que hubo fuego cruzado. Sólo que no explicó que quienes iban adelante eran los federales. Es increíble lo que este personaje hizo; quiso tapar lo que hicieron (los federales)”. Hoy, insiste la legisladora, Michoacán vive tiempos difíciles, con grupos sociales confrontados, algunos de los cuales incluso aprobaron el operativo en Apatzingán diciendo: “Pues se lo ganaron porque andaban con Los Viagras”.

Apatzingán, una muestra: Castillo dejó a Michoacán en descomposición José Gil Olmos y Francisco Castellanos J. Los testimonios de Domingo Barajas y la diputada michoacana Selene Vázquez refuerzan la versión publicada por Proceso en su edición 2007 sobre la masacre perpetrada por policías federales en el palacio municipal de Apatzingán el pasado 6 de enero. Ambos llaman mentiroso al excomisionado Alfredo Castillo y aseguran que hoy Michoacán está viviendo tiempos difíciles, pues alimentó a nuevos grupos criminales que hoy controlan la región de Tierra Caliente. La masacre del Día de Reyes en Apatzingán es una muestra de la descomposición y el desorden que dejó Alfredo Castillo Cervantes en Michoacán, quien pactó con los nuevos grupos del crimen organizado que sustituyeron a Los Caballeros Templarios: Los Viagras. La aseveración es sostenida por Domingo Barajas Magaña, un exautodefensa de esa ciudad, y por la legisladora Selene Vázquez Alatorre, quienes piden que se investigue al excomisionado en Michoacán por esas ejecuciones. Luego de la publicación del reportaje “Apatzingán, 6 de enero: “¡Mátenlos…!”, publicado por Proceso en su edición 2007 y donde se incluyen testimonios según los cuales los policías federales arremetieron contra los ocupantes del palacio municipal, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Secretaría de Gobernación se comprometieron a acelerar las investigaciones. “No podemos precipitarnos, pero la gravedad de las imputaciones que se formulan demanda que actuemos con toda seriedad y responsabilidad, a efecto de que las conclusiones a las que se llegue estén sólidamente sustentadas en las evidencias y elementos que obran en los expedientes de queja”, señaló el ómbudsman Raúl González Pérez el martes 21 en una reunión de trabajo a la que fue invitado por los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Senado. La CNDH abrió una investigación sobre los presuntos abusos de los policías federales el día de la masacre, pero hasta ahora se desconocen los avances a cargo del primer visitador, Ismael Eslava. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó que la ciudadanía será debidamente informada acerca de los resultados de las indagatorias que realizan la Procuraduría General de la República y la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal. El excomisionado Castillo, quien desde la semana antepasada está al frente de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, declaró varias veces a radiodifusoras que en Apatzingán hubo un “enfrentamiento”. Según él, la versión de la reportera Laura Castellanos –autora del reportaje que se publicó en este semanario el domingo 19 y se difundió de manera simultánea en el portal Aristegui Noticias y la cadena televisiva Univision– son “mentiras”, pese a que está basado en testimonios grabados de 39 personas, entre sobrevivientes, pobladores, familiares de las víctimas, médicos y colonos, así como en fotografías

y videos. El exautodefensa Barajas reitera que esa noche del desalojo y la mañana del 6 de enero no hubo tal enfrentamiento ni intercambio de balas. Fue una masacre. Los policías federales dispararon contra la gente que estaba desarmada. La diputada Vázquez acusa a Castillo de “mentiroso de oficio”, pues, dice, hay indicios de que hubo ejecuciones. Tras la publicación del reportaje de Laura Castellanos, Barajas testimonió que Miguel Madrigal y su familia, quienes viajaban en una camioneta, murieron el 6 de enero: “Tenemos grabaciones de radio y videos originales de la ejecución; testimonios de vecinos que vieron y grabaron los hechos”. Los uniformados, añade, les “sembraron” armas para justificar la versión de que hubo enfrentamientos. “Los policías las pusieron intencionalmente para justificar los asesinatos. Así le han estado haciendo con los que detienen. Si mis compañeros hubieran sido los agresores, ¿ustedes creen que no le hubieran dado unos tiros a los policías? Pero no fue así. Los ejecutaron. Incluso les dieron el tiro de gracia”. La diputada Vázquez coincide con Barajas. Sostiene que hay grabaciones en las cuales aparece la familia Madrigal sin armas y después otras imágenes donde ya tienen armas. “Eso se tiene que investigar”. Carlos Vázquez, uno de los sobrevivientes, también dio su testimonio. Exintegrante de la Fuerza Rural y de las autodefensas, dice no olvidar ese 6 de enero. “Me duele”, sostiene. Y agrega: “Empezaron a disparar y a gritar: ‘¡Maten a esos perros. No dejen ni uno vivo!’ ¿A qué hora dialogaron? ¿No se fijaron que había niños, mujeres?... ‘¡Maten a esos perros!’, gritaban los policías federales. “Dicen que traíamos armas de alto poder. ¿A poco un pedazo de madera es un rifle? ¿Una piedra es una granada? Nos gritaban: ‘¡Ríndanse, perros!’ Muchos pensábamos hacerlo, pero cuando vimos que agarraron a uno y le dijeron ‘Te llevó tu puta madre’ y lo mataron, ya no me rendí; me di a la fuga. Ahora soy un fugitivo.” Los Viagras Las reacciones al reportaje publicado por Proceso en su edición 2007 en torno a las presuntas ejecuciones fueron diversas. El miércoles 23, el cura Gregorio López Gerónimo declaró en Morelia que el desalojo del palacio municipal de Apatzingán era un “mal necesario” para sacar a Los Viagras que habían tomado las instalaciones municipales. Según el sacerdote, los integrantes de ese grupo habían tomado el edificio municipal en protesta porque el entonces comisionado Castillo no cumplió su compromiso de pagarles cuando los integró al grupo de élite G-250 para atrapar a Servando Gómez, La Tuta. Nicolás Sierra Santana, El Gordo Coruco, uno de los líderes de Los Viagras, incluso subió un video a YouTube. En éste niega que él y sus hermanos formen parte de un cártel y explica que Los Viagras es un apodo que le pusieron a su familia, aunque confirmó que él y su hermano Carlos sí participaron en el G-250.

Castillo creó ese grupo en mayo de 2014, cuando ordenó el desarme de las autodefensas para convertirlas en Fuerza Rural, y lo desactivó en diciembre. Estaba formado por exautodefensas de varios municipios y su propósito era recuperar comunidades controladas por Los Caballeros Templarios. Informes confidenciales consultados por Proceso indican que Los Viagras forman parte de los nuevos grupos criminales surgidos en 2013 tras la caída de Los Caballeros Templarios. Se les relaciona con el grupo H3, de Luis Antonio Torres, El Americano, quien presuntamente controla el trasiego de drogas en el municipio de Buenavista Tomatlán. El grupo de Los Viagras estaba encabezado por siete hermanos de apellido Sierra. Uno de ellos, El Gordo Coruco, fue el que encabezó la toma del palacio municipal de Apatzingán el 15 de diciembre de 2014 y aparece en las grabaciones del 6 de enero, pidiendo a la gente no responder con armas a las agresiones policiacas. En noviembre de 2014 el procurador de Michoacán, José Martín Godoy Castro, afirmó que Los Viagras habían participado en las acciones para ubicar a La Tuta y eran integrantes de la fuerza rural. Sin embargo, el entonces comisionado Castillo lo negó. Carlos Vázquez, integrante del G-250 y sobreviviente de la masacre del 6 de enero, sostiene que no es justo el trato de delincuentes que ahora les dan luego de que los “usaron” para combatir a Los Templarios. Recuerda que la madrugada del Día de Reyes, tras el desalojo del palacio municipal, él y los demás se fueron al jardín que está enfrente para que los policías federales vieran que estaban desarmados. “Muchos éramos autodefensas, otros del G-250. El gobierno no quería vernos con armas y ésa era la idea cuando nos fuimos al jardín para que vieran que no estábamos armados. Iba gente del pueblo, no somos personas de conflicto. Los habitantes comenzaron a solidarizarse con nuestro plantón, hasta unos maestros del Politécnico llegaron a apoyarnos. Ahí se reunían los de los recorridos nocturnos de bicicleta; no éramos peligrosos. ¿Por qué nos masacraron?” –Castillo dice que había Viagras… –se le comenta. –Sí, hablan de Los Viagras, de Nicolás Sierra Santana y sus tres hermanos. Pero que el gobierno no se haga pendejo. Hay fotos de Castillo con Sierra Santana, con El Americano, con Papá Pitufo, con Hipólito Mora, con Fructuoso de Aguililla. ¿Por qué no los detuvieron en una de esas reuniones donde tomaban café y refrescos? Vázquez pide justicia: “¡Que pague quien tenga quien pagar! A la Policía Federal no la queremos en el estado. Si una nación extranjera quiere ayudarnos, bienvenida la ayuda; urge parar ya este gobierno corrupto”. La descomposición Barajas advierte que el gran error de Castillo fue permitir que los nuevos grupos se formaran en cada municipio y pactar con ellos. Dejó, por ejemplo, que El Americano controlara Buenavista; Mora, La Ruana; Los Viagras, Pinzándaro; los Álvarez, Apatzingán; José Farías Álvarez, El Abuelo, Tepalcatepec; Miguel Gallegos Godoy, El Micheladas, La Huacana; Barba Roja y El Gallito, Uruapan; y

El Chanda, Parácuaro. “Castillo permitió que cada quien hiciera lo que quisiera y el Ejército tampoco cumplió con poner un instructor para que las cosas se hicieran como marca la ley”, sostiene Barajas. Un informe del gobierno michoacano basado en testimonios destaca que al de­sintegrarse la dirigencia de Los Caballeros Templarios surgieron nuevos grupos, en algunos de ellos participaban autodefensas y elementos de la fuerza rural (Proceso 2000). De acuerdo con el documento, un nuevo grupo delincuencial se disputa Apatzingán, epicentro del narcotráfico michoacano. Se trata de La Nueva Línea, integrado por michoacanos que se refugiaron en Guadalajara y Colima y ahora están regresando. En ese nuevo cártel supuestamente hay gente de los Álvarez –Emilio y Roldán Álvarez Rodríguez y el regidor de Apatzingán, Martín Gómez–, quienes se escindieron del Cártel Jalisco Nueva Generación. Su líder es Homero González Rodríguez, El Gallito –primo de Nazario Moreno–, quien operaba en el Estado de México y se enemistó con La Tuta, según el informe. “Lo que hizo Castillo fue una nueva repartición del territorio –insiste Barajas–. Dejó a la gente que le convenía. Yo, como autodefensa, voy a dejar las armas cuando esté seguro de que el gobierno está haciendo las cosas bien.” Vázquez Alatorre acusa a Castillo de dejar Michoacán en manos de grupos criminales que medran sobre todo en Tierra Caliente. Ellos operan libremente, pues él desarticuló a la policía estatal que tenía cierta instrucción y la sustituyó por la fuerza rural que carece de preparación. “En aras de presentar resultados, Castillo maquilló muchas cosas, atropelló los derechos humanos, confrontó a la población; pero sobre todo armó a medio Michoacán. Convirtió a los civiles en policías, muchos de los cuales creyeron en Castillo, quien les prometió un sueldo, pero no les cumplió”, asegura la diputada. E insiste: Castillo es mentiroso por oficio. “En los videos de la masacre del 6 de enero que el propio virrey mostró, se veían las camionetas con gente con palos, alebrestada, que intentaba recuperar sus carros. La policía la recibió con ráfagas. Él presentó esos videos en un intento por demostrar que hubo fuego cruzado. Sólo que no explicó que quienes iban adelante eran los federales. Es increíble lo que este personaje hizo; quiso tapar lo que hicieron (los federales)”. Hoy, insiste la legisladora, Michoacán vive tiempos difíciles, con grupos sociales confrontados, algunos de los cuales incluso aprobaron el operativo en Apatzingán diciendo: “Pues se lo ganaron porque andaban con Los Viagras”.

MVS-Aristegui, ahora un litigio “mediático” Jenaro Villamil Las argucias legales, los ataques y las fintas amenazan con volver interminable el litigio en el cual se enfrentan la periodista Carmen Aristegui y el Grupo MVS. Pero mientras las cosas siguen su lento camino en los tribunales, la prensa ha empezado a jugar un papel que se quiere ver como definitorio. Artículos y columnas periodísticos han empezado a ser esgrimidos como “pruebas” del consorcio de Joaquín Vargas para, entre otras cosas, desprestigiar al juez que amparó a la comunicadora. El litigio entre Carmen Aristegui y Grupo MVS entrará en una nueva fase cuando el juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa, Fernando Silva García, se pronuncie este lunes 27 frente a un caso que trascendió las esferas judiciales para entrar al terreno mediático a través de presiones, distorsiones informativas y columnas periodísticas cuyos textos se convierten en “prueba judicial” de la empresa de Joaquín Vargas para pedir la remoción del juez. El abogado Xavier Cortina, quien encabeza con Javier Quijano la defensa de la periodista, explica a Proceso que hay tres posibles escenarios ante la decisión del juez: que conceda la suspensión definitiva del amparo 672/2015, lo que implicaría “la reinstalación de Carmen Aristegui en los términos tutelados por el contrato con MVS que está vigente”; que niegue la suspensión definitiva, lo cual implicará una prolongación del litigio judicial, o un escenario “muy remoto”, donde se podría pedir de nuevo la intervención del árbitro designado por ambas partes, José Woldenberg. El miércoles 22 los tres magistrados integrantes del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Distrito Federal revocaron la suspensión provisional otorgada por el juez el lunes 13 y que proponía la reunión de común acuerdo entre Aristegui, los directivos de MVS y Woldenberg para llegar a una solución negociada. Los magistrados María Gabriela Rolón Montaño, Óscar Fernando Hernández Bautista y María Guadalupe Saucedo, la ponente, determinaron –a menos de 24 horas de que los abogados de MVS interpusieran el recurso de queja ante ese tribunal colegiado– que la reunión de conciliación entre las partes ordenada por Silva García era improcedente, pero no negaron la jurisdicción del juez ni cuestionaron el fondo del litigio, que es la vigencia del contrato de Carmen Aristegui con Grupo MVS. Para Cortina esta resolución fue “exprés”, pero advirtió que los jueces “no negaron la restitución del contrato que Aristegui había firmado con MVS y que fue violado al imponerse unos lineamientos editoriales que iban en contra de este contrato. Este es el fondo del asunto”. Explica: “Es importante aclarar que el contrato de Aristegui con MVS es de carácter asociativo. Ella no era una empleada más del grupo. El contrato fue

mediado, negociado por Carmen y MVS después de una experiencia previa de censura. Por eso se plantearon reglas para modificarlo, como fue la temporalidad, un Código de Ética con pleno respeto a la autonomía editorial y la participación de un árbitro consentido por ambas partes. “Un contrato de este tipo no se puede terminar de manera unilateral. Esto es justamente la materia del amparo que promovemos. Tampoco se puede determinar una reparación del daño cuantificable en dinero, porque nada ni nadie podrá recompensar la violación que significa que cada día Carmen esté fuera del aire en la emisión matutina de seis a 10 de la mañana que habían acorado en ese contrato.” –Hay quienes argumentan que no hay censura contra Aristegui porque todavía tiene sus espacios en CNN, en su portal informativo o en su columna periodística. ¿Qué responde a estas expresiones? –se le pregunta. –Lo que no tiene ahora es lo que sí tenía y estaba amparado por un contrato que fue violado de manera unilateral por MVS: una audiencia de millones de personas que la escuchaba de seis a 10 de la mañana en el espacio informativo determinado y con características de autonomía editorial y libertad de expresión, tutelados por una garantía constitucional. En medio del litigio judicial, el viernes 24 MVS oficializó la incorporación de Alejandro Cacho al espacio informativo que conducía Aristegui. Cortina considera que se trata de una “estrategia mediática” que confirma “una conducta contumaz y tramposa” por parte de MVS Radio. “Están generando una situación de hecho ante una posible resolución del juez a favor de Aristegui y de su reinstalación. Sin embargo, también podríamos argumentar que el señor Cacho sí tenía audiencia en otro programa y en otro horario, por lo tanto, removerlo no sería violación a sus derechos”, abunda. Las “pruebas” de MVS Paralelamente al litigio por la demanda de amparo de Aristegui, los abogados de MVS interpusieron una petición para pedir la destitución del juez Silva García ante el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa. Hasta el momento el tribunal no ha informado si admitió o no tal recurso. Cortina afirma que MVS “lo único que presentó como prueba de su dicho para sustentar que el juez tiene un conflicto de interés con los abogados de la defensa de Aristegui fueron los artículos periodísticos de Ricardo Alemán en El Universal”. El miércoles 15 Ricardo Alemán publicó en su columna “Itinerario Político” que el abogado Quijano “no sólo es amigo entrañable del ministro de la Corte Juan Silva Meza, sino de su hijo, el juez Silva García, quien casualmente otorgó la suspensión provisional a favor de la conductora de MVS. Es decir, privó la amistad”. Alemán mencionó que de 1999 a 2001 se formó una comisión para elaborar una nueva ley de amparo en la Suprema Corte donde participó, entre otros, Quijano. El jueves 16, en su mismo espacio, Alemán afirmó que “un puñado de expertos en derecho y juicio de amparo coincidieron en el diagnóstico. Es una grave violación

legal la suspensión provisional que otorgó el juez Fernando Silva García a la demanda de amparo promovida por la conductora Carmen Aristegui”. No aportó ningún dato más que confirmara la amistad directa entre el juez y los abogados. Para Cortina “es una imputación muy grave decir que existe un conflicto de interés y no presentar pruebas contundentes. ¿En qué se basaron? ¿En un acta de fe de bautismo del hijo del juez donde aparezca firmando el abogado Quijano? ¿En una serie de fotografías donde se demuestre la cercanía y amistad? No. Se basaron en una serie de columnas periodísticas. Se trata de la vieja estrategia de calumniar que algo queda. “Nosotros no conocíamos al juez. Conocíamos a su padre como ministro de la Suprema Corte, de la misma manera que ahora conocemos todos al nuevo ministro Eduardo Medina Mora. Es absolutamente falso lo que sostiene MVS. No hay manera de que un tribunal colegiado pueda comprobar que hay lazos de consanguinidad, amistad o sociedad entre nosotros y el juez.” –Sin embargo, también se publicó que el recurso de amparo de Aristegui fue desechado por 15 jueces hasta que lo aceptó Silva García. ¿De qué se trata este tipo de información? –Es otra calumnia. Están confundiendo deliberadamente las demandas de amparo presentadas por muchísima gente para defender su derecho de audiencia, pero que no es la demanda de amparo de Aristegui. El juez fue designado en un proceso aleatorio, como se hace en todos los casos. Proceso ha solicitado varias veces la versión oficial de Grupo MVS frente al litigio con Aristegui y también sobre el supuesto conflicto de interés del juez. En ningún caso han aceptado exponer su versión en entrevista ni los documentos que han interpuesto ante tribunales. Desde que el lunes 13 el juez Silva García otorgó la suspensión provisional, arreciaron solamente las versiones indirectas y “filtraciones” de parte de la empresa. Tejado Dondé Las distorsiones informativas constituyen la otra cara de este litigio en tribunales mexicanos. El martes 21 el abogado de Grupo Televisa, Javier Tejado Dondé, argumentó en un artículo publicado en El Universal que “lo relevante de este caso es que la periodista –que alega censura del gobierno en su despido– para regresar está pidiendo estatizar toda la industria de radio y televisión”. Tejado Dondé, asesor también de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, organismo cúpula de los concesionarios de medios electrónicos, afirmó que la decisión del juez a favor de Aristegui implicaría “volver a la radiodifusión una dependencia más del gobierno. Y el impacto de esto no sólo aplicaría para su caso, sino para cualquier otro despido de personal administrativo o sindicalizado. “También aplicaría para la compra de equipos o hasta para decidir qué programa de radio o película se transmite. Estaría toda la radiodifusión obligada a dar derecho de audiencia y fundar y motivar cada una de sus decisiones. Eso sería lo que se busca y las complejidades para la radiodifusión (y las telecomunicaciones) serían de una magnitud importante. Sobre todo, para las estaciones de radio y canales de televisión, pequeños y medianos, que no tienen las áreas jurídicas para

proceder como oficinas de gobierno”, abundó Tejado Dondé, el mismo personaje implicado en la salida de Aristegui de W Radio, de Grupo Televisa, en 2008. –¿Qué opinión le merece esta posición del abogado de Televisa? –se le pregunta a Cortina. –Si ese fuera el caso, cualquier decisión de un juez tendría un efecto estatizador. El señor Tejado Dondé no comprende la diferencia entre la división de poderes, el papel del Poder Judicial y tampoco que este amparo tiene un efecto en el reconocimiento de un derecho garantizado constitucionalmente. “¿Acaso garantizar un derecho constitucional es estatizar? No. ¿El medio y los concesionarios deben tener cuidado con sus contratos? Sí. Ese es el fondo del litigio”, abunda. Lineamientos de MVS En la suspensión provisional otorgada por el juez el lunes 13, se argumentó que los lineamientos editoriales impugnados por Aristegui “modifican unilateralmente las condiciones del contrato y el acuerdo firmado por las partes y no son producto de una acción consensuada. “Este juzgador advierte que la terminación del contrato por parte de MVS Radio se justificó exclusivamente en facultades contractuales de derecho privado, sin tener en consideración que se está en presencia, por un lado, de una concesión de un bien y servicio público del Estado; por otro, de un ámbito de relevancia social (periodismo crítico). “La libertad y autonomía empresarial y contractual que goza MVS Radio como persona jurídica de derecho privado se transforma en una libertad que, si bien no desaparece en muchos sentidos, se encuentra delimitada de entrada por ejercerse en el ámbito de una concesión regida por el derecho administrativo, en donde confluyen no solamente intereses patrimoniales sino fines sociales y públicos que deben protegerse”, abundó el juez. La suspensión provisional otorgada por el juez tuvo como efecto que “se dejen de aplicar de inmediato los ‘Lineamientos aplicables a la relación entre Noticias MVS y los conductores de sus emisiones informativas’ respecto de la quejosa (Aristegui), puesto que se advierte preliminarmente que se pone en riesgo lo estipulado en el contrato y además sus efectos pueden generar un efecto inhibidor de la libertad de expresión”. “Este juzgador advierte que los lineamientos impugnados modifican unilateralmente las condiciones del contrato y el acuerdo firmado por las partes y no son producto de una acción consensuada por éstas”, remató. Esta suspensión provisional puede modificarse y volverse una suspensión definitiva, lo que implicaría la reinstalación de Aristegui en los mismos términos anteriores a la emisión de los lineamientos de Grupo MVS. En cualquier caso, el litigio continuaría porque si el juez le concede el amparo definitivo a Aristegui, MVS puede interponer un recurso de queja ante otras instancias judiciales. L

Paso libre a la Corte Penal Internacional Gloria Leticia Díaz Las masacres de Tlatlaya y Apatzingán, así como la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, abrirían la puerta para que este año la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) “pueda afirmar que en México se están cometiendo delitos de lesa humanidad y, en su caso, crímenes de guerra”, sostiene el abogado Netzaí Sandoval Ballesteros. Redactor de una de las peticiones a la Fiscalía de la CPI para que intervenga en México, Sandoval afirma en entrevista que esos tres casos engrosaron el expediente presentado en noviembre de 2011 con el apoyo de 23 mil firmas. En contacto permanente con el personal de esa fiscalía, encabezada por Fatou Bensouda, Sandoval alerta: es muy probable que el caso de México sea anunciado este año como objeto de un análisis preliminar. “Cuando se presentó en 2011 la comunicación, se nos dijo que estábamos locos, que nunca iba a prosperar la petición; pero ahora en el gobierno de Enrique Peña Nieto hay temor, están viendo que va a proceder y tratan de cabildear el asunto”, advierte. Frente al activismo de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, el gobierno de Peña Nieto intensificó su ofensiva para evitar la intervención de Bensouda. Esto lo hizo evidente el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Manuel Gómez Robledo, en la decimotercera sesión de la Asamblea General de los Estados Partes del Estatuto de Roma, en Nueva York el pasado 10 de diciembre. En un fuerte discurso ante representantes de 122 países, Gómez Robledo –quien el mes pasado descalificó al relator especial de la ONU sobre tortura, Juan Méndez– transmitió la oposición del gobierno de Peña Nieto al sometimiento de los Estados miembros a los análisis preliminares de la Fiscalía de la CPI, a los cuales propuso imponer candados. Además puso en duda el concepto de “complementariedad positiva”, figura que permite a la CPI dar asistencia técnica a los países observados para fortalecer los mecanismos de procuración de justicia (Proceso 1996). Considera que la aplicación de esa figura en México “sería una excelente noticia para el país”, pues intervendrían “organismos internacionales para detener esta descomposición en la que estamos”. La reacción virulenta del gobierno de Peña Nieto, señala, por las conclusiones del relator Méndez y del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, de que en México la tortura y la desaparición son prácticas generalizadas, son el “picaporte” que le abre la puerta a la CPI. Engrosar el expediente El catedrático de la Universidad Iberoamericana y antiguo asesor del expresidente

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Guillermo Ortiz Mayagoitia, sostiene que desde que presentó la petición ha alimentado su expediente ante el tribunal internacional para dar lugar a la intervención. “Lo que tal vez no existe es la contundencia de decir: ‘Los culpables son X, Y o Z’ –apunta–. No podemos decir que ya se tienen elementos para hacer imputaciones, pero lo que sí existe en los expedientes de la CPI son pruebas suficientes de la comisión a gran escala de crímenes de lesa humanidad y de guerra.” Explica que en poco más de tres años el expediente presentado el 25 de noviembre de 2011 se ha alimentado con declaraciones, testimonios de víctimas y documentos obtenidos mediante solicitudes de información, “que acreditan lo que el gobierno mexicano más o menos ha aceptado en los casos de Tlatlaya o de Iguala, que hubo intervención de agentes del Estado, que por un lado ejecutaron y por otro desaparecieron a los jóvenes. En el caso de Michoacán todavía no lo aceptan, pero parece inocultable. Esta información la agregamos al mismo expediente”. La petición de que se abra un “análisis preliminar sobre los crímenes que se cometen en México como competencia de la Corte” se fundamenta en los números y la frecuencia de los delitos de desapariciones forzadas, tortura, desplazamientos forzosos y ataques a migrantes, explica Sandoval. “No es la desaparición de 43 jóvenes, no es sólo la ejecución de Tlatlaya o la de Michoacán, son casos que se dan en un contexto generalizado y sistemático de violaciones a los derechos humanos. Eso es lo que los convierte en delitos internacionales”, apunta. El escenario en el cual se dan los abusos es parte de lo descrito por organismos y relatores internacionales, resalta. “Tortura y desaparición son prácticas generalizadas en las que incurren incluso las Fuerzas Armadas; desplazamiento interno por violencia, un contexto en donde las tareas de seguridad están militarizadas, donde hay una confrontación permanente entre los cárteles y las Fuerzas Armadas, donde se usan armas prohibidas”. La petición pretende que, explica, con base en el análisis preliminar de la fiscal de la CPI, “se denuncie que en México hay crímenes de lesa humanidad y de guerra, algo que no es aceptado por el Estado mexicano” ni siquiera como parte de su legislación, con lo que se estaría incumpliendo con el Estatuto de Roma, ratificado por México en octubre de 2005. Recuerda que en 2011 habló con el entonces fiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo. “No creía que México no había tipificado los crímenes de guerra y de lesa humanidad. Fue una de las primeras cosas que investigaron para dar entrada a la petición”. En la primera exploración del caso mexicano, añade Sandoval, la Fiscalía pudo comprobar que a poco más de nueve años de adherirse al Estatuto de Roma, México “ni siquiera ha aprobado la ley de cooperación con la CPI. Evidentemente le está fallando a la CPI justo ante el temor de ser juzgado por estos delitos”. La ausencia de legislación sobre crímenes de guerra y de lesa humanidad, explica, pone prácticamente a salvo a los “mandos militares que autorizan que sus subordinados usen la tortura, o para quien recluta y entrena niños para convertirlos

en sicarios, cuando en el resto del mundo reclutar niños para que formen parte de un conflicto hostil es un delito internacional, y eso en México no está sancionado”. Catedrático de derecho constitucional y amparo, Sandoval sostiene que una de las consecuencias positivas de la petición formulada al tribunal es que en su último año de gobierno, Felipe Calderón “aceptó emitir protocolos de actuación en operativos antinarco” para las secretarías de la Defensa y Marina, la Procuraduría General de la República y la Policía Federal, lo que no había hecho “en cinco años a pesar de que la Suprema Corte había pedido que se reglamentara la actuación de las Fuerzas Armadas y de seguridad federal ante hechos tan lamentables como la muerte de menores en retenes militares”. A tres años del ordenamiento, apunta, casos como los de “Tlatlaya y Apatzingán dan cuenta de que no se cumplieron, eso es evidente, pero ahora sabemos que son las autoridades las que están incumpliendo. El protocolo es un avance legal o formal, no quiere decir que eso haya detenido la crisis humanitaria, es una herramienta jurídica que no teníamos y se logró gracias a la denuncia que interpusimos en la CPI”. Ante la continuidad que ha dado el gobierno de Peña Nieto a la estrategia de combate al narcotráfico seguida por Calderón, Sandoval advierte: uno de los objetivos de la petición ante la CPI es la “modificación de la política militar en contra del narco y sería esperanzador que organismos internacionales intervengan para saber dónde estamos y poder rectificar las políticas del Estado para solucionar la crisis humanitaria”. Confía en que este mismo año Bensouda anuncie el inicio del análisis preliminar para acreditar que en México se cometen crímenes de guerra y de lesa humanidad. “Tenemos información de que así será, pero lamentablemente no hay un plazo legal y fatal para ejercer esta atribución.” L

Andrés Massieu, cabildero con ligas en el poder político Alejandro Gutiérrez Andrés Massieu Berlanga llegó a España en el segundo semestre de 2012 e instaló su despacho de cabildeo frente a la sede de la Audiencia Nacional en Madrid. En menos de tres años, este personaje cercano a los priistas Emilio Gamboa Patrón y Genaro Borrego logró incluir en su cartera de clientes a varias firmas de renombre interesadas en invertir en México. Una de ellas es el Grupo Copisa, que incluso ya amarró un convenio con la CFE, aun cuando está acusado de corrupción en España. MADRID.– Una fotografía oficial del presidente Enrique Peña Nieto cuelga de una pared de la sala principal del despacho de MSA Promotores Internacionales, en la calle Prim de esta ciudad, frente a la sede de la Audiencia Nacional. Se trata de una oficina de cabildeo encabezada por Andrés Massieu Berlanga, cuya tarea es ofrecer “ayuda” a pequeñas y medianas empresas españolas y chinas para que inviertan en México. Por lo menos una de las compañías hispanas que representa Massieu Berlanga, Grupo Copisa, especializado en construcción de infraestructuras, ya obtuvo un contrato con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pese a que al conglomerado se le menciona en la prensa de este país como uno de los consorcios implicados en casos de corrupción por el presunto financiamiento ilegal a partidos y gobiernos españoles. Los directivos de Copisa han tenido que comparecer en calidad de imputados en tres causas judiciales muy mediáticas por su calado: el caso Bárcenas, la trama de corrupción que implica al Partido Popular (PP); el caso Pujol, una investigación contra Jordi Pujol Ferrusola –el hijo del expresidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol (1980-2003)–, quien recibía sobornos a cambio de conseguir adjudicaciones de obras y servicios públicos, y por el presunto financiamiento a Convergencia Democrática de Catalunya (CDC) a través de la fundación Xavier Trias Fargas. Massieu Berlanga desembarcó en España en la segunda mitad de 2012 y comenzó a presumir que su despacho tendría acceso directo en Los Pinos cuando el PRI retornara al poder, según confirmaron dos fuentes consultadas para este reportaje. Y aun cuando Massieu Berlanga explicaba que su hijo Andrés Massieu Fernández iba a ser designado secretario particular de Enrique Peña Nieto –cargo similar al que él ocupó durante la gestión de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994)–, la jugada no le salió, ya que Peña Nieto nombró a Erwin Lino Zárate, quien le maneja su agenda desde que era gobernador del Estado de México. Massieu Fernández obtuvo el cargo de coordinador de Mensaje Institucional de Los Pinos (Proceso 1908). Massieu Berlanga, quien tiene vínculos familiares con la secretaria de Turismo,

Claudia Ruiz Massieu, es un hombre del sistema y así lo exhibe en las redes sociales, donde luce la fotografía de Peña Nieto, similar a las que tienen las dependencias del gobierno mexicano y sus legaciones. MSA Promotores Internacionales se presenta como una firma profesional para “acompañar” a pequeñas y medianas empresas en sus planes de internacionalización entre México, España y China. Esta sociedad surgió de la fusión de PDI Servicios, sociedad de Massieu especializada en consultoría empresarial, y del Bureau de Relaciones Institucionales y Comercio (BRIC), propiedad de Eduardo Sartré de la Riva y Roberto Aguirre, y cuyo giro son las “relaciones institucionales” y la comunicación empresarial. La fusión se hizo pública en febrero de 2013, aunque en España Massieu y sus socios tuvieron reuniones meses antes con distintos actores, como parte de su implantación en este país. Ese febrero también anunciaron una alianza denominada The Three Alliance, en la que participan MSA, el despacho de abogacía español Medina Cuadros y La Nao Group, que opera en Hong Kong el abogado mexicano Evaristo Treviño. Otra de las empresas del Grupo Copisa representadas por MSA es la turca Noksel, con una filial en España, que participó como proveedora para las obras de ampliación del sistema Cutzamala. MSA difundió en su página de Facebook una serie de fotografías, fechadas el 17 de octubre pasado, cuando el barco Polaris Star atracó en el puerto de Veracruz con la tubería para la Tercera Línea de ese proyecto de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). MSA también tiene como cliente a Tragsa, una empresa pública española, aunque ésta no aparece como proveedora del gobierno mexicano, según una revisión en Compranet. Tragsa fue la compañía contratada por el gobierno español para rehabilitar en México el domicilio donde vivió el cineasta Luis Buñuel, en la cerrada de Félix Cuevas, delegación Benito Juárez, en el Distrito Federal. Esta empresa no ha estado exenta de escándalos. Su gerente en Madrid, Javier de Miguel, fue cesado luego de que su nombre apareció en la lista de los 83 consejeros de Bankia –la cuarta entidad financiera española– que utilizaron las llamadas tarjetas black, las tarjetas de crédito ilegales utilizadas para gastos personales, cuyos montos no fueron reportados ante Hacienda. Entre los consorcios españoles que buscan contratos públicos en el gobierno de Peña Nieto o están en proceso de participación en licitaciones destacan las firmas OHL, FCC, Ferrovial, Sacyr y Copisa. Sus dueños están involucrados en su país de origen en investigaciones judiciales por casos de corrupción. Las redes del poder En una fotografía que circula en su cuenta de red social, Andrés Massieu Berlanga aparece acompañado por el senador Emilio Gamboa Patrón en su despacho madrileño. Fue tomada en junio de 2013, cuando el legislador visitó la capital española como parte de la comitiva que participó en la reunión interparlamentaria España-México.

Ambos han tenido trayectorias políticas similares junto con Genaro Borrego Estrada, quien fue dirigente nacional del PRI a principio de los noventa. El reportero Ignacio Rodríguez Reyna habló de ellos en un texto titulado El poder del picaporte, que publicó la revista mexicana Este País en agosto de 1992 y en el cual analiza el papel que juegan los secretarios particulares de los gobernantes y la clase política en México. Una de esas camarillas es la que Porfirio Muñoz Ledo denominaba Los Miguelitos o La Familia Feliz, que se fraguó por la amistad de Gamboa, Borrego y Massieu desde que estudiaban relaciones industriales en la Universidad Iberoamericana, escribió Rodríguez Reyna. Aunque coincidieron y se apoyaron en cargos anteriores, fue en el gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988) cuando se consolidaron como grupo. Massieu Berlanga era entonces gerente de relaciones industriales de Coca-Cola, y director de personal del Grupo Lanzagorta hasta 1982. Gamboa Patrón lo introdujo al sector público, cuando era el secretario particular del presidente De la Madrid, a quien “convenció” de que nombrara a Massieu “coordinador de giras presidenciales”, cargo que ocupó entre 1985 y 1987; posteriormente fue designado como secretario adjunto del presidente de la República, expuso Rodríguez Reyna. Gamboa Patrón también lo recomendó con Salinas de Gortari, quien lo puso como su secretario particular. Gamboa había trabado una estrecha relación con Salinas en los años en que estuvieron en la Secretaría de Programación y Presupuesto, y así pudo colocar a su amigo Massieu. Entre 1994 y 1995, éste fue subsecretario de Comunicación y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y luego fungió como subsecretario de Gobernación, cuando Esteban Moctezuma Barragán estuvo al frente de la dependencia. Después fundó la sociedad PDI Servicios; fue vicepresidente corporativo del Grupo Radiorama, donde coordinó la alianza con Televisa Radio; consejero propietario de Teléfonos de México; presidente del Consejo de la Junta Directiva de Correos de México; vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) y consejero del consorcio ARA. Tanto MSA como la firma hispana Social Noise se ocuparon del marketing digital del proyecto “De la Secu a la Antártica”, de la Fundación Karla Wheelock, cuyos estudiantes fueron abanderados el 17 de diciembre pasado por el secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet. Experiencia en “moches” El 15 de marzo de 2013, la Gerencia de Centrales Nucleares de la CFE anunció el fallo de la licitación LO-018TOQ064-T18-2013 en relación con los servicios de ingeniería para diversas áreas de la Subgerencia de Centrales Nucleoeléctricas. El licitante Dumez Copisa Sistemas Mexicanos, una de las dos filiales mexicanas del Grupo Copisa, en asociación con IAI Ingeniería y Ultra Ingeniería, se adjudicaron el contrato 9400072668 con una propuesta de 319 millones 650 mil

733 pesos, de acuerdo con la base de datos del gobierno mexicano. Según el contrato consultado para este reportaje, en esa licitación no hubo más sociedades licitantes. En julio de 2013, Copisa y Tragsa, dos de las empresas en la cartera de MSA, participaron en un foro de inversiones y cooperación empresarial España-México celebrado en Madrid que, entre otros, organizaron la Unión Europea, Proméxico, el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), la embajada de España en México y el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (COMCE), de Valentín Díez Morodo. Era la etapa más dura de la crisis en España, las empresas pequeñas y medianas (Pymes) de ese país buscaban alternativas en Latinoamérica y otras regiones, porque la inversión en construcción de infraestructuras estaba frenada en este país. En el documento sobre los perfiles de las empresas participantes en dicho foro se lee en el caso de Tragsa –la empresa pública con 35 años de experiencia­– que entonces ya contaba con “un delegado en el país” (México) a fin de buscar “empresas locales para formar consorcios y presentarse conjuntamente a proyectos en sectores medio ambiental y de desarrollo rural”. Asimismo, Tragsa enlista los 30 países donde operaba y precisa que lo hace en colaboración con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, entidad dependiente del Ministerio de Exteriores. En el documento también se presenta Copisa, que centra su actividad en la construcción de infraestructuras (principalmente ferroviarias y carreteras) y en construcción industrial (refinerías, energía, industria pesada…). Tragsa vende su prestigio presentándose así: “En España siempre van a los grandes proyectos de infraestructuras con otras empresas, pero en México de momento se están presentando solos a los proyectos y les gustaría encontrar un socio local para colaborar”, como hacen muchas de las empresas españolas que ganan licitaciones en México pero subcontratan la construcción y mano de obra en sus empresas filiales o en las locales. Copisa buscaba socios mexicanos que se encargaran de hacer “el diseño de la ingeniería básica”. La empresa española proponía entonces “aportar posibles proyectos, además de las calificaciones y las referencias”. Pese a ese perfil empresarial público, esta última empresa tiene un nutrido historial de problemas con la justicia, como consta en procesos de investigación abiertos en España. Copisa está involucrada en el procedimiento judicial abierto en 2013 por el juzgado de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional, del magistrado Pablo Ruz, por los presuntos cobros de comisiones ilegales por parte de Jordi Pujol Ferrusola. Entonces se abrió una nueva línea de investigación de financiación ilegal que implica a Convergencia Democrática de Catalunya (CDC), el partido creado por el padre, Jordi Pujol Soley, presidente de Cataluña de 1980 a 2003, y a la que pertenece el actual presidente Artur Mas. El informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional –del cual Proceso tiene copia–, base de esta nueva indagatoria, concluye

que Pujol Ferrusola habría cobrado al menos 12.2 millones de euros en comisiones ilegales mediante facturas falsas con “supuestas prestaciones de servicios” giradas a una veintena de compañías que tenían intereses económicos en Cataluña. Una de ellas es Copisa, de la que Pujol presuntamente recibió 3.6 millones de euros. El procedimiento que utilizó el primogénito del expresidente es idéntico a los que empleó CDC para obtener también presuntamente en forma ilícita a través de la fundación Palau de la Música más de 6 millones de euros, ambos escándalos con fuertes vínculos entre sí. Estos sobornos se facturaron en 2007 mediante las sociedades de Pujol hijo para obras que empezaron a desarrollarse a finales de 2002. El proyecto era la construcción de la Ciudad Judicial de Hospitalet, valuado en 90 millones de euros y cuya obra fue adjudicada a la Unidad Temporal Empresarial (UTE), formada por FCC y Copisa, propiedad de Josep Cornadó Mateu. Los agentes dedican 24 páginas a describir las relaciones comerciales que Pujol tenía con diversas sociedades del Grupo Copisa, y muchas de las cuales implicaron pagos a Pujol por servicios inexistentes. El consejero delegado de Copisa, Xavier Tauler, pieza central en la trama, fue amigo “desde la infancia” de Pujol Ferrusola. En su comparecencia ante una comisión de Investigación en el Parlamento de Cataluña, Tauler lo reconoció así y también aceptó que en el otro escándalo, el del Palau de la Música, la empresa hizo donaciones por 700 mil euros a la fundación Xavier Trias Fargas de CDC a cambio de serle “adjudicadas las obras de remodelación del Palau”. Esta empresa de origen catalán también apareció en el proceso judicial del caso Gürtel, concretamente en la pieza separada de “los papeles de Bárcenas”, como una de las decenas de firmas que presuntamente aportaron fondos a la caja B del Partido Popular, de acuerdo con el expediente consultado por Proceso. Los documentos contables del extesorero del PP Luis Bárcenas atribuyen a Copisa ocho pagos por un importe de 362 mil euros al partido y, como en muchos otros casos, sus directivos niegan haber hecho esas aportaciones, pese a que los fallos del juez Pablo Ruz –quien hasta hace unos días instruía esta causa– lo documentan fehacientemente. Ruz centró su atención sobre una empresa, Neu 1500 SL, a la que en uno de sus fallos le exige toda su documentación que acredite los pagos al PP, uno de los cuales se hizo a Rosalía Iglesias, esposa de Bárcenas, por 149 mil euros y disfrazado como “remesas de cheques”, para sufragar la adquisición de un chalet en Baqueira, valuado en 900 mil euros, que Bárcenas y su esposa compraron a la promotora inmobiliaria. Neu 1500 SL es una sociedad propiedad de Teyco y Copisa, dos corporaciones que poseen cada una 50% de las participaciones de dicha promotora, la primera propiedad de Carlos Summaroca, fundador de la organización política catalana CDC, y la otra del ya citado Cornadó Mateu. Cuando Copisa se convirtió en contratista del gobierno de Peña Nieto y cliente de Massieu Berlanga en su sociedad MSA Promotores Internacionales, ya eran públicas sus implicaciones en presuntos casos de corrupción en España.

La “restitución” que acabó en secuestro internacional Verónica Espinosa Una serie de desatinos jurídicos implicó a funcionarios de varias instancias del Estado mexicano en una brutal injusticia contra Alondra Luna, una adolescente guanajuatense, y su familia. Ella fue secuestrada de su escuela por agentes de la PGR adscritos a la Interpol y llevada a Michoacán, donde una juez ordenó entregarla a una mujer en Estados Unidos que la reclamaba como su hija. Pero fue un error... o algo peor. GUANAJUATO, GTO.- El ridículo. Una vez más, sin el mínimo sentido común y violando derechos humanos, el gobierno mexicano dejó en total indefensión a connacionales frente a las autoridades de Estados Unidos. Con la entrega dispuesta por una juez civil de Michoacán de la menor Alondra Luna Núñez –residente en la ciudad de Guanajuato– a una mujer radicada en Houston que la reclamó como su hija, el gobierno federal incurrió en graves faltas en el procedimiento de restitución internacional de un menor y violó convenciones internacionales, así como protocolos judiciales y policiacos en perjuicio de la adolescente de 14 años y su familia. La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) considera paradigmático el caso, no por la eficiente actuación de las autoridades mexicanas, sino “por las graves violaciones a los derechos humanos de la niña y su familia” cometidas supuestamente para “cumplir la ley”, y en los hechos para acatar instrucciones de Estados Unidos. La coalición de organizaciones civiles, que desarrolla programas para niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, dará seguimiento al caso a fin de que se convierta en precedente para modificar la actuación indebida de las instancias implicadas y que se sancione a los funcionarios participantes. “La actuación de las autoridades ha generado incertidumbre jurídica al violentar las garantías judiciales de ser escuchado, actuar con imparcialidad y tener un juicio justo”, expresó la Redim en un comunicado, después que se dio a conocer que Alondra sería repatriada, pues un examen de ADN determinó que no es la hija que Dorotea García Macedo reclama desde 2007. El ridículo cubrió a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Interpol, la Procuraduría General de la República (PGR), así como el Poder Judicial y el DIF de Michoacán, eslabones de la cadena de errores que comenzó cuando Dorotea García localizó a Alondra Luna Núñez por Facebook. La ciudadana la creyó su hija desaparecida, acudió a una Corte estadunidense y le pidió que requiriera su restitución al gobierno mexicano, que en unas cuantas semanas “resolvió” el caso a entera satisfacción. Particularmente desastroso fue el ­desempeño de la juez civil Cinthia Mercado García, quien rechazó la documentación oficial presentada por Gustavo Luna y

Susana Núñez para acreditar que son los padres de la menor. Después, Mercado García celebró una audiencia que acumuló anomalías, como la falta de un psicólogo para asistir a Alondra en la primera parte de la misma e ignoró la petición que en dos ocasiones le hizo el procurador de la defensa del menor de Michoacán, Roberto Vega Camarillo, de allegarse de más elementos para determinar si procedía o no la restitución. Las dos Alondras La hija desaparecida de Dorotea García, Alondra Díaz García, fue vista por última vez en Houston, Texas, el 1 de junio de 2007. Fue secuestrada por su padre, Reynaldo Díaz Barragán. García obtuvo la custodia después de divorciarse de Díaz en 2005, aunque a él se le otorgó el derecho de visitar a la niña. García tenía una orden de protección en contra de su exmarido. El 1 de junio de 2007, éste insistió en que llevara a la niña a una sucursal de McDonalds cercana a su casa para verla. Acordaron que la devolvería a su madre el 3 de junio, pero no lo hizo y no se ha vuelto a saber nada de ellos. El 2 de julio siguiente fue emitida una orden de arresto contra Díaz por la violación de la orden de custodia infantil. Ante la Corte estadunidense, García describió a su exesposo como controlador y abusivo; dijo temer por la vida de su hija y manifestó su sospecha de que el hombre pudo llevarla a California o a México. Como el caso se tipificó como secuestro familiar en Estados Unidos, las autoridades judiciales emitieron un reporte para la búsqueda de la menor. En su ficha, Alondra Díaz aparece con el rostro sonriente, cabello al hombro y peinada con colitas. Sobre ella se informa: “Nacida el 9 de julio del 2002; 4 años; 17 kilos de peso; cabello castaño, ojos marrones. Tiene una cicatriz entre las cejas”. La última vez que su madre la vio, la niña vestía pantalón de mezclilla y camisa a rayas anaranjadas y amarillas. De acuerdo con el expediente 678/2014, la señora García creía que si Díaz y su hija estuvieran en México, vivirían en Los Reyes, Michoacán, aunque no hay datos que permitan localizarlos. Casi ocho años después, García localizó a Alondra Luna por Facebook. El padre de la adolescente de 14 años, Gustavo Luna, conoció a Reynaldo Díaz porque es hermano de una de sus cuñadas. La señora García creyó identificar la cicatriz de su hija en la joven de 14 años, y acudió a la Corte, la cual solicitó a la autoridad estadunidense que hiciera la petición formal de restitución ante el consulado mexicano. También apoyó la petición con la ficha de búsqueda de Alondra Díaz García y la orden en contra de Reynaldo Díaz, así como el testimonio de la señora García sobre el contacto establecido con Alondra Luna Núñez y su presunción de que se trataba de su hija, así como un retrato progresivo elaborado por el FBI con base en el crecimiento aproximado de la niña, que resulta en una imagen muy parecida a la adolescente que vive en Guanajuato. Con estos elementos, las autoridades mexicanas admitieron el procedimiento de restitución. Por los datos iniciales proporcionados por la madre de la desaparecida,

el caso pasa a manos de la juez civil de Los Reyes, Cinthia Elodia Mercado. Desde esa ciudad michoacana, la juzgadora es informada de que la menor en realidad radica en Guanajuato. Y en vez de emitir un exhorto a las autoridades guanajuatenses, como establecen los convenios de colaboración, gira una orden para que agentes federales adscritos a la Interpol ingresen a esa entidad y “aseguren” a la menor para que le sea presentada. Los agentes localizan a la menor en la escuela y muestran la orden de la juez a la directora, quien avisa a Gustavo Luna, el padre. Éste alcanza a llegar cuando la adolescente está por ser trasladada. Pretende impedirlo e insiste en su parentesco con la joven. Los policías optan por llevárselo también a Michoacán. Oídos sordos El lunes 20 la PGR emitió un comunicado: “En cumplimiento al mandamiento girado por el Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en Los Reyes, Michoacán, el pasado 16 de abril elementos de la Agencia de Investigación Criminal, adscritos a Interpol México, en coordinación con la Dirección de Derecho de Familia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, localizaron y recuperaron a la menor Alondra ‘N’ ‘N’. “La menor de edad, que había sido sustraída ilegalmente de su familia, era reclamada por uno de sus progenitores que reside en los Estados Unidos, por lo cual con el apoyo de la Dirección de Derecho de Familia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se procedió conforme al Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores. “Cabe destacar, que en todo momento los elementos de la Agencia de Investigación Criminal, actuaron apegados a derecho, salvaguardando la integridad física, psicológica y emocional de la menor, en cumplimiento del mandato judicial”. Por cierto, este comunicado ya no aparece en la página de la PGR. Sin embargo, en los dos videos que ­circularon profusamente en las redes sociales y se convirtieron en denuncia pública, se aprecia cómo la menor fue sacada a rastras y visiblemente alterada de la telesecundaria Sor Juana Inés de la Cruz, donde estudia. Después los agentes la sacaron del estado y, al día siguiente, tras la audiencia de restitución en el Juzgado Civil michoacano, la obligaron a subir a una camioneta para viajar a Houston, Texas. La PGR no informó en su boletín que Alondra ni siquiera fue presentada de inmediato a la juez civil el jueves 16, sino que se le trasladó a Morelia, donde fue entregada en un albergue del DIF. El viernes 17 fue llevada a Los Reyes y, por fin, presentada ante la juez. En la audiencia de ese día, de las 12 del día a las seis de la tarde, la juez Mercado García incurrió en más anomalías. Según los datos obtenidos por Proceso sobre lo ocurrido en el Juzgado, Alondra fue presentada con el procurador de la Defensa del Menor y la Familia del DIF michoacano, Roberto Vega Camarillo. Gustavo Luna también compareció, aun cuando ni siquiera tenía personalidad

acreditada para esta audiencia, puesto que no fue notificado o emplazado para ello. Aunque no se presentó Reynaldo Díaz, el expediente consigna que en ese momento estuvo presente su hermana, quien aseguró a la juez que la familia ignora dónde se encuentra y que no lo han visto en años. También asistieron un representante de la delegación de la SRE en el estado y un agente del Ministerio Público, que poco habló. Susana Núñez, madre de la adolescente, viajó ese día desde Guanajuato para llegar a la audiencia. De inmediato entregó a la juez el acta de nacimiento de Alondra Luna Núñez, la cual asienta que la dio a luz en León, Guanajuato, el 10 de agosto de 2000. También llevó su cartilla de vacunación, fotografías donde aparece la pareja en la Oficialía del Registro Civil con Alondra en brazos y otras de la niña en su bautizo, en festivales escolares y con familiares, entre otros documentos. Un psicólogo se incorporó a media audiencia para asistir a Alondra. En determinando momento, la juez Mercado solicitó a los presentes abandonar la sala para entrevistarse a solas con Alondra, a quien trató de convencer de que Dorotea García era su mamá y debía estar con ella. Lo repitió varias veces, pero la menor lo negó y rechazó irse con García. Sostuvo ante la juez que desde que ella tiene memoria está con Gustavo y Susana, que no le interesaba ver a Dorotea García. En el registro, el psicólogo que asiste a Alondra refiere a la juez que ella se encuentra alterada y que pasa de un estado de ansiedad a uno de coraje. Aun así, Mercado prosigue con la audiencia. De acuerdo a lo previsto en el Código familiar de Michoacán, el procurador de la Defensa del Menor, Roberto Vega Camarillo, estuvo con Alondra en calidad de tutor en esa audiencia. El funcionario le solicitó a la juez que, ante las circunstancias y los documentos presentados por Susana Núñez, se allegue de más elementos antes de resolver si procede la restitución internacional. Aunque en efecto el procedimiento prevé la apertura de un periodo probatorio de tres días después de esta audiencia, y ocho días más para dictar su resolución, Mercado denegó la petición de Vega Camarillo las dos veces que se la planteó. Tras un receso, Mercado elabora su resolución en menos de una hora. Concluye que como “no tiene elementos suficientes para probar que Alondra está integrada a esta familia, por el interés superior de la menor” debe entregarla a Dorotea García. Daños jurídicos Los abogados penalistas guanajuatenses Héctor Ponce Ramírez y Mauricio Alejandro Murillo de la Rosa, consultados por Proceso, destacaron las graves violaciones en que incurrieron las autoridades mexicanas desde que el proceso recayó y fue asumido por la juez en Michoacán. “Lo primero que debió hacer la juez en cuanto fue enterada de que la menor radicaba aquí, es declinar su competencia y enviar el asunto a un Juzgado Civil en

Guanajuato”, explica Ponce Ramírez, quien tiene una experiencia de más de 20 años y cuya tesis profesional trató sobre tráfico de menores. Murillo de la Rosa, exdirector del Instituto Estatal de Ciencias Penales de Guanajuato, coincide con Ponce Ramírez en que la autoridad consular adscrita a la SRE no vigiló que el proceso se efectuara conforme a la Convención sobre la Sustracción Internacional de Menores, signada por el Estado mexicano. Además, ambos indican que con la actuación de la juez civil michoacana prácticamente se violó la soberanía de otro estado, puesto que la orden de presentación debió ser en realidad un exhorto a las autoridades de Guanajuato para verificar la petición y acompañarlos a cumplir la diligencia. La Interpol y la PGR efectuaron un aseguramiento de la menor totalmente violatorio de sus derechos humanos, sin las medidas de contención psicológica y sin darle la información correcta de lo que estaba sucediendo. Con ello la revictimizaron, además de que privaron de su libertad al padre de Alondra al llevarlo ante la juez de Los Reyes, explican. Y si bien la prueba genética no es obligatoria en el proceso de restitución internacional de un menor, y más bien se prevé en conflictos por la paternidad, sostuvieron que la juez Mercado actuó erróneamente en todo lo demás. “El artículo 13 de la Convención sobre los Aspectos de la Sustracción Internacional de Menores señala que quien se oponga a la restitución de un menor tiene la obligación de demostrar las causas para su oposición. En este caso, dadas todas las circunstancias y sobre todo la total negativa de la menor a reconocer a Dorotea como su madre y a irse con ella, la juez debió abrir el periodo de pruebas y tampoco accedió, sospechosamente”, dice Ponce Ramírez. Para ellos no hay duda: si Dorotea García no hubiera accedido a la aplicación de la prueba de ADN la adolescente se habría quedado en Estados Unidos, adonde ingresó “legalmente” con la visa y el acta de nacimiento de aquella niña, Alondra Díaz García, a la que su madre dejó de ver cuando tenía cuatro años.

Tres años de impunidad El 28 de abril de 2012 la corresponsal de Proceso en Veracruz, Regina Martínez, fue asesinada. Desde ese momento las irregularidades y las dudas se desataron. Pese a que hay un detenido, el crimen sigue impune: el acusado denuncia tortura, la Suprema Corte aún analiza la validez del proceso, las pruebas son endebles y contradictorias, hay un sospechoso prófugo y la versión oficial parece fabricada para darle carpetazo a un asunto que toca en lo más hondo la libertad de expresión, las garantías de informar y ser informado y el estado de derecho. Hace tres años nuestra corresponsal en Veracruz, Regina Martínez Pérez, fue asesinada y el caso está lejos del esclarecimiento. Aunque hay un supuesto culpable encarcelado, condenado a 38 años y dos meses de prisión, no se tiene ninguna certeza de que el homicidio de la periodista de Proceso haya ocurrido como dice el gobierno del priista Javier Duarte que ocurrió. La explicación de que se trató de un robo con tintes pasionales aún no es avalada por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), de la Procuraduría General de la República (PGR). Una de las causas es que la única huella dactilar que la FEADLE pudo rescatar de la casa de Regina Martínez después de que la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Veracruz, hoy Fiscalía General del Estado, interviniera la escena del crimen, no coincide con las del encarcelado, Jorge Antonio Hernández Silva. Además, la información genética que obtuvo de la taza de baño de la casa de Regina Martínez, espacio donde fue agredida, tampoco coincide con los resultados del perfil genético de Hernández Silva ni con las pruebas de ADN hechas a los familiares de José Adrián Hernández Domínguez, a quien la PGJ señaló como el principal responsable, pero a quien las autoridades ministeriales del estado aseguran que no han podido encontrar. Para la FEADLE el caso está lejos de haberse resuelto. Está pendiente una línea de investigación: el trabajo periodístico de la corresponsal de este semanario. Laura Angelina Borbolla, titular de la Fiscalía Especial, asegura que la Policía Federal, que depende de la Secretaría de Gobernación, y la Policía Federal Ministerial, adscrita a la PGR, están a cargo de un peritaje sobre las publicaciones de la reportera, asesinada en las primeras horas del 28 de abril de 2012. Se busca identificar hechos y actores que pudieron sentirse afectados por su trabajo periodístico, que tocaba tanto asuntos locales como federales. Además, hay que verificar si recibió amenazas, considera la fiscal. La FEADLE puntualiza: hasta ahora no se ha descartado que el móvil del homicidio esté vinculado con su actividad profesional, pero tampoco se ha acreditado que así sea. La falta de coincidencia de la información genética y de las huellas digitales fue informada por la fiscalía especial a la Procuraduría de Veracruz. Pero como responsable de la indagatoria, la PGJ continuó sus pesquisas sin esta consideración y se mantuvo en la idea de que el móvil del homicidio fue un robo

simple perpetrado por Hernández Silva, El Silva, y Hernández Domínguez, El Jarocho. Sin pruebas De acuerdo con la titular de la FEADLE, “hay una sola huella dactilar que no se sabe de quién es”. La marca fue recuperada por los peritos de la Fiscalía Especial en la tina del baño de Regina Martínez, pero no identifica a ninguno de los inculpados de la PGJ ni ha sido encontrada en ninguna base de datos del gobierno federal. De confirmarse la versión de la PGJ, en el ataque participó una tercera persona. Pero hasta ahora, la única certeza que tiene la FEADLE es que no encontró en la casa de la periodista datos genéticos o huellas dactilares de quienes fueron acusados como culpables, así que otra posibilidad es que el crimen haya sido perpetrado por alguien distinto a los inculpados. La única huella digital utilizable –las demás sólo son fragmentos– no aparece en Plataforma México, donde se concentran los bancos de datos policiales, ni en los de personas desaparecidas de la PGR, dice Borbolla. La FEADLE también contrastó la información genética recuperada en el lugar del ataque con la de Jorge Antonio Hernández Silva y con el hijo y la madre del prófugo Hernández Domínguez. En ningún caso coincidió. La fiscal considera que la participación de Hernández Silva “no es un elemento convincente”, mientras que en el caso de Hernández Domínguez la PGJ ni siquiera tiene sus huellas dactilares. Sin el respaldo de pruebas periciales, Hernández Silva fue consignado y procesado sólo con su confesión y diversos testimonios; entre ellos, el de María del Rosario Morales Zárate, pareja sentimental de Hernández Domínguez. Pero tanto El Silva como Morales Zárate aseguran que fueron torturados por la PGJ para declararse culpables. La PGR aplicó el Protocolo de Estambul al detenido. El resultado de ese instrumento internacional para identificar tortura física y psicológica fue negativo, pero la fiscal dice que el resultado es relativo, porque la revisión se hizo medio año después de la consignación, además de que la juez de primera instancia desestimó esa declaración del acusado. El futuro de Hernández Silva está ahora en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde se resolverá la revisión de un amparo que interpuso contra la decisión de un tribunal federal que revocó su libertad. La Séptima Sala del Tribunal Superior de Justicia del estado había ordenado la liberación del inculpado por considerar que la PGJ no pudo probar su responsabilidad. Pero el hermano de la periodista, Ángel Martínez Pérez, convencido de la versión de la procuraduría veracruzana, promovió el amparo contra el auto de libertad que mantuvo en la calle a Hernández Silva durante un año y dos meses, de agosto de 2013 a octubre de 2014. El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal y del Trabajo también le dio la razón a la PGJ del estado, confirmó la sentencia de primera instancia y ordenó la

reaprehensión del acusado, un desempleado seropositivo que no sabe leer ni escribir, condenado a 38 años y dos meses de prisión, 17 mil 724 pesos de multa y un pago de 81 mil 473 pesos como reparación de daño. En su solicitud de revisión del fallo judicial que lo regresó a la cárcel, Hernández Silva alega violaciones constitucionales al debido proceso. Una de ellas es que fue detenido varias semanas antes de que fuera presentado por la PGJ en noviembre de 2012, siete meses después del asesinato. Hernández Silva asevera que fue torturado para que se declarara culpable y diera la versión que la PGJ le obligó a aprenderse. “Los que me agarraron me metieron toques, me vendaron los ojos, me echaron agua por la nariz y me dijeron que me iban a matar y también a mi mamá”, refiere Hernández Silva en la revisión que le pide a la Suprema Corte. Esa misma versión la ha sostenido desde su primera declaración ante la juez de primera instancia que lo condenó, Beatriz Rivera Hernández, a quien el gobernador Duarte propuso como magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz en septiembre del año pasado. Hernández Silva también asienta que además de no haber sido presentado ante el Ministerio Público inmediatamente después de su primera detención y haber sufrido tortura, no contó con la debida defensa, le asignaron una abogada de oficio que, expresa, sólo avaló la actuación de la procuraduría estatal. En el caso de que la Suprema Corte considere que la PGJ de Veracruz respetó los derechos constitucionales de Hernández Silva, se confirmaría su condena. Pero por ahora, para la FEADLE no hay pruebas periciales de su culpabilidad. En el caso del prófugo, José Adrián Hernández Domínguez, el titular de la actual Fiscalía General del Estado (FGE), Luis Ángel Bravo, afirma que la orden de aprehensión en su contra “ha sido boletinada a toda la República, a través de los convenios de colaboración existentes (e) incluye también a la Policía Federal. Su información (del acusado) también está alojada en Plataforma México”, respondió el fiscal a un requerimiento de Noé Zavaleta, corresponsal de Proceso en Veracruz. “Hay voluntad política y disposición jurídica. En éste, como en todos los casos, la FGE no conduce su actuar por lineamientos políticos. Nos ceñimos a un marco jurídico en el que agotamos todos los medios legales para su cumplimiento”, contestó por escrito. Versión de la PGJ El cuerpo de Regina Martínez fue encontrado por la procuraduría de Veracruz después de una llamada de los vecinos, alrededor de las 18:30 horas del sábado 28 de abril, más de 12 horas después de su muerte, causada por estrangulamiento. Desde el inicio, la PGJ se concentró en el robo como móvil del asesinato, pero lo complementó con la versión de que Regina Martínez era pareja sentimental de Hernández Domínguez, un sexoservidor de la zona de la casa de la periodista. Según la consignación de la procuraduría, el hurto consistió en una laptop, una

pantalla plana y dos celulares. Meses después informó que encontró un reloj y una cámara fotográfica a un prestamista al que supuestamente los acusados le vendieron los objetos robados. Para la consignación, la PGJ se apoyó en la declaración de Hernández Silva. Según esa versión, “Hernández Domínguez le contó que había conocido en un antro a una señora que era periodista que tenía mucho dinero y que quería robarle”. La noche del asesinato, se lee, llegaron a la casa de Regina Martínez. La periodista fue a comprar cervezas y después de un rato ella le reclamó a Hernández Domínguez que no fuera a verla. Empezaron a discutir y luego siguieron las agresiones, momento en que el principal acusado le pidió el dinero y las joyas. Después la siguió atacando hasta asfixiarla. Según la Dirección de Servicios Periciales de la entonces PGJ del estado, Regina Martínez era vulnerable por ser una mujer que vivía sola, pero que al momento de su homicidio se encontraba en “el inicio de una relación”, porque encontraron en su vivienda cosméticos y perfumes, lo que los investigadores consideraron como “un agente externo” que la volvió “más entusiasta” y ya no tan reservada, como siempre fue. La versión sobre su participación en el homicidio y la supuesta relación de Hernández Domínguez con la periodista no fue ratificada por Hernández Silva cuando declaró por primera vez ante la juez Beatriz Rivera. No obstante, la juzgadora dio por válida la declaración que el acusado hizo en el Ministerio Público de Veracruz, donde también declaró que los policías que lo detuvieron lo trataron bien y le dieron de comer. En ese mismo momento, la PGJ emitió un certificado médico en el que se aseguró que el detenido no presentaba lesiones cuando quedó a disposición de la autoridad ministerial.

Tierra de periodistas asesinados Xalapa, Ver.- El clima de inseguridad, corrupción e impunidad en Veracruz, aunado a los asesinatos de 11 reporteros y la desaparición de otros cuatro, dio pie a que en la red social Twitter se creara la etiqueta #HastaQueRenuncieDuarte, convertida pronto en trending topic de periodistas de todo Latinoamérica. Tras el más reciente homicidio de un reportero –el de Moisés Sánchez el pasado 2 de enero– quedó demostrado que tanto la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJ) como la actual Fiscalía General del Estado (FGE) tienen una característica común: resuelven los casos de comunicadores asesinados sólo a medias. En el caso del reportero-editor de La Unión, transcurridos casi cuatro meses de su ejecución, sólo hay dos detenidos: Clemente Noé Rodríguez, expolicía intermunicipal y asesino confeso, y José López Meneses, subdirector de la Policía Municipal de Medellín y autor intelectual; sin embargo, siguen en libertad los expolicías El Harry, El Chelo, El Moy, El Piolín y El Olmos, oficiales a quienes la FGE sólo conoce por sus apodos. Libre sigue también Omar Cruz Reyes, exalcalde de Medellín de Bravo –desaforado por el Congreso local el pasado 26 de marzo–, pese a que en la investigación ministerial 01E/2015 de la FGE Noé Rodríguez lo incrimina como el otro autor intelectual del homicidio del reportero. Algo similar ocurrió con el caso del homicidio del corresponsal de Milenio, Víctor Manuel Báez, cuyo cuerpo mutilado fue arrojado la madrugada del 14 de junio de 2012 a una cuadra de Palacio de Gobierno con el siguiente mensaje: “Eso le pasa a quienes traicionan y se quieren pasar de listos, atentamente Los Zetas”. De esa ejecución la PGJ, con Amadeo Flores a cargo, concluyó semanas después, que los “asesinos de Víctor Manuel Báez” habían muerto en un enfrentamiento con fuerzas federales, muy cerca de la zona centro de Xalapa, con lo cual la procuraduría dio carpetazo al asunto. A medias El modus operandi de la impartición de justicia a medias también se vio en el caso que sacudió al periódico Notiver en junio de 2011 con el asesinato de su columnista Miguel Ángel López Velasco; el de su esposa, Agustina Solana, y el de su hijo, el fotógrafo Misael López Solana. Días después del triple homicidio el entonces procurador, Reynaldo Escobar Pérez, hizo responsable del crimen al exagente de Tránsito municipal Juan Carlos Carranza Saavedra, El Ñaca. Para mayo de 2013 la misma PGJ, apoyada en un boletín de la Procuraduría General de la República (PGR), “confirmó” que El Ñaca murió en Jalisco en un enfrentamiento con marinos; a partir de ahí el gobierno de Duarte dio “carpetazo” al caso. El móvil nunca se exploró a fondo. Situación similar está por ocurrir con los seis presuntos homicidas de Goyo

Jiménez, asesinado en febrero de 2014, quienes ya obtuvieron uno de tres amparos que necesitan para poder recuperar su libertad provisional en Coatzacoalcos, por estar sujetos a un proceso penal plagado de irregularidades. Pese a todas estás aristas, el actual fiscal general, Luis Ángel Bravo, asegura que desde su designación, el pasado 30 de enero, al frente de una entidad autónoma, hay “investigaciones ministeriales abiertas” y cuyas “diligencias” tendientes a la identificación de “partícipes” en homicidios de periodistas se tienen que “agotar”, así como “localizar” a los responsables. Sin embargo, en el caso de periodistas asesinados y cuya investigación atrajo la PGR, Bravo Contreras ataja: hay una “definición legal” en la que ni la autoridad local ni la Fiscalía General del Estado tienen ya competencia. “Las indagatorias iniciadas en años anteriores han tenido una definición legal que incluye la incompetencia de algunas de ellas, en virtud de la facultad de atracción ejercida por parte de la PGR, eso sí, las que aún permanecen en la Fiscalía, se agotan todas las líneas de investigación para lograr (sic) el esclarecimiento de los hechos que motivaron su inicio”, dice en entrevista por escrito. Asegura: “La verdad histórica y legal a la que se arriba en cada indagatoria es producto de una investigación seria. El mensaje es que en Veracruz no hay impunidad para nadie”. (Noé Zavaleta.) l

El miedo a no votar Javier Sicilia Las condiciones para boicotear las elecciones, con el voto nulo o la no asistencia a las urnas, están dadas. Nunca como ahora, en la historia del México moderno, la simbiosis entre política y crimen, y la ausencia, por lo mismo, de una verdadera oferta política que termine con la inseguridad, la corrupción, la miseria, el crimen y la impunidad, han puesto en evidencia no sólo la ausencia del Estado, sino de un verdadero suelo democrático. No obstante, algunos sectores de la sociedad se empeñan en ir a las urnas este próximo 7 de junio. Fuera de quienes irán por razones no ciudadanas, es decir, por las razones que han destruido la vida política: la coacción, la corrupción y el clientelismo –eso que se define como “el voto duro”–, los verdaderos ciudadanos que votarán lo harán por miedo al vacío, es decir, por el terror a aceptar que no haya nada y que debemos empezar de otra manera, casi desde cero. No es para menos. Tomar conciencia de una realidad que es la negación del mundo estable que imaginamos, es difícil. Nunca sucede de golpe. Sino poco a poco, a pesar de los estragos. Nos cuesta trabajo aceptar que el amigo nos traicionó, que la mujer amada se acuesta con otro, que las ideas libertarias a las que un día nos entregamos eran la máscara de la tiranía, que el hijo amado no volverá a casa. También nos cuesta aceptar que nuestro país está absolutamente destrozado, que la idea que nos hicimos de la democracia –por las que tantas generaciones lucharon y entregaron sus vidas– es una simulación, y que ir a votar no es otra cosa que llevar al poder a criminales que usan nuestra ilusiones para robarnos, vender la tierra y el agua, permitir que se lleven a nuestros hijos y mantenernos sometidos a las fuerzas del miedo, la impunidad y el horror. Muy pocos se atreven a soportarlo. No bien llegan las elecciones inmediatamente, bajo los pretextos más superficiales del pensamiento político –va a ganar el voto duro del PRI, estos son menos malos que los otros, si no votamos dejaremos el poder a los peores, ¿qué va a suceder si no votamos?–, se dirigen a las urnas para, a los pocos meses, encontrase con el ahondamiento del horror. Lo que el miedo, que construye esta ilusión democrática, no los deja ver es lo sistémico del problema: el PRI no es un partido. Es, por el contrario, una cultura delincuencial que corroyó el esqueleto político y moral de todos los partidos y de una buena parte de la nación. Cambiar a unos por otros –no hemos dejado de vivirlo sexenio tras sexenio– es repetir ese cultura sistémica y ahondar en el horror de su corrupción. Donde quiera que volvamos el rostro, los partidos políticos, sean de cualquier color, aumentan los crímenes, la impunidad, la corrupción, la represión, las mentiras, las simulaciones y los vínculos con los grupos del crimen organizado. Sin embargo, en la ilusión, las urnas, que hacen posible esa realidad (cada atrocidad sucedida en este país desde la inexistente transición democrática ha sido sostenida y avalada por la ilusión del voto), vuelven a borrar en la imaginación

los estragos, relativizándolos y reduciéndolos a un asunto que la magia de los elegidos borrará. El miedo a aceptar la realidad entrampa a la imaginación en las zonas de confort de lo ilusorio y, como todo miedo, contribuye a legitimar lo inconcebible. Pese a eso, la realidad se repite una y otra vez. Las noticias con las que a diario nos topamos –la compra del voto, los pleitos entre partidos, los dispendios del dinero público y del crimen organizado en campañas sucias como las del Partido Verde, los asesinados y desaparecidos de todos los días, las violaciones a los derechos humanos, la incompetencia del INE, la ausencia de sentido político de los candidatos y los gobiernos, la inseguridad de cada día, los conflictos de interés, la impunidad, los colusiones de funcionarios públicos con el crimen organizado, el silenciamiento a la libertad de expresión y a la protesta, etcétera– son pruebas de la existencia de la realidad y revelaciones de la irrealidad democrática. Aceptarlo es doloroso. Pero es la única manera de rehacer el país y la vida. La democracia electoral no está en crisis. Murió hace mucho. Sólo existe en la ilusión y el miedo que se refrendan en los comicios electorales y permiten que la realidad de la devastación continúe su espantosa marcha. Ir a las urnas es volverle a entregar un cheque en blanco a esta barbarie y prolongarla en el tiempo de formas cada vez más inauditas. La política y su fuente democrática necesitan otro lenguaje y otra forma de actuar. Pero eso sólo puede nacer de quienes han aceptado la realidad y comprenden que el lenguaje de las urnas y de las partidocracias es un idioma que perdió sus significados y sólo produce –es la ausencia del sentido– corrupción, caos y muerte. Esta experiencia es la de todos en México. Muchos, sin embargo, por miedo a aceptarla, intoxicados de ilusión, incapacitados para ver que asistimos al desmoronamiento de un mundo que necesita pensarse y rehacerse desde sus cimientos, continuarán creyendo en las elecciones como un dogma de fe e irán a ellas a votar. Entonces, como lo dijeron los zapatistas, la tormenta y la catástrofe que llegarán serán todavía peores. Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, detener la guerra, liberar a José Manuel Mireles, a sus autodefensas, a Nestora Salgado, a Mario Luna y a todos los presos políticos, hacer justicia a las víctimas de la violencia, juzgar a gobernadores y funcionarios criminales, boicotear las elecciones, y devolverle su programa a Carmen Aristegui. L

Covachas pero no casas Denise Dresser Algo que celebrar, algo que lamentar. Algo que aplaudir, algo que criticar. Así hay que evaluar el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. Un paso hacia adelante, pero un paso muy pequeño. Un movimiento en la dirección correcta, pero no la sacudida que el país quería y necesitaba. Insuficiente para lidiar con el pesado fardo que la corrupción nos coloca. Un país donde en 2014 se registraron 200 millones de actos de corrupción. Un país que ocupa el lugar 77 de 99 países en materia de sobornos, según el World Justice Project. Donde la corrupción cuesta 1.4 mil millones de pesos al año. Donde cada semana surge otro síntoma de la podredumbre. La Casa Blanca. La Línea 12. La Casa en Malinalco. La Estela de Luz. La licitación del tren México-Querétaro. Actos cotidianos de corrupción que involucran a la policía, a los legisladores, a los contratistas, a los gobernadores, a los empresarios que prestan aviones, a los que reciben “moches” y ofrecen “mordidas”. Actos que rara vez son investigados o sancionados y que llevan a México a ocupar el lugar 58 de 59 países miembros de la ONU en materia de impunidad. En un sitio similar a Filipinas, Colombia, Turquía y la Federación Rusa. Un sitio en el cual –como dice José Merino– la transición democrática dejó sin tocar cosas relevantes que atañen a la corrupción. Dejó intacto un andamiaje institucional que no atacaba la corrupción. La permitía. La solapaba. La promovía. Entre lo positivo está la construcción de un nuevo sistema de cooperación entre diversas entidades encargadas de combatir la corrupción. Entre lo loable está el fortalecimiento de las funciones de la Auditoría Superior de la Federación. Entre lo aplaudible está que la ASF puede revisar en qué gastan los gobiernos estatales y municipales, así como hacer auditorías en tiempo real. Particulares involucrados en actos de corrupción podrán ser sancionados e inhabilitados. El secretario de la Función Pública tendrá que ser ratificado por el Senado y no sólo según el libre albedrío del presidente, como fue el caso de Virgilio Andrade. Pero para que el nuevo andamiaje funcione hará falta voluntad política. Hará falta tiempo y dicen que el sistema no entrará en función plena sino hasta 2018. Hará falta la captura de algunos peces gordos y muchos charales. Hará falta –como ha argumentado Luis Carlos Ugalde– que el Congreso ejerza su papel de contrapeso en lugar de comportarse como cómplice. Con demasiada frecuencia, en la era de la transición democrática, el Congreso se ha vuelto uno de los peores culpables de la corrupción. Con los pagos irregulares a legisladores. Con las “subvenciones” a los grupos parlamentarios. Con prácticas administrativas opacas y discrecionales. Con la etiquetación de partidas del presupuesto que desencadenaron la práctica de los “moches”. Y es ese Congreso el que tendrá que vigilar y vigilarse a sí mismo, castigar y castigarse a sí mismo, combatir la corrupción, incluso la que emana de sus propias curules. Una misión imposible desde el momento en el cual las bancadas del PRI y del

PVEM votaron en contra de la eliminación del fuero. Una tarea incumplible desde el momento en el cual la mancuerna de dos partidos parecidos votaron en contra de la posibilidad de que el Presidente fuera procesado por actos de corrupción. Peor aún cuando se negaron a incorporar la obligatoriedad de hacer públicas las declaraciones patrimoniales y de interés de los servidores públicos. Y con esas tres acciones convirtieron al Sistema Nacional Anticorrupción en el Sistema Nacional Para la Protección. Protección para fortunas acumuladas desde el poder público, desde el gabinete, desde los partidos, desde las presidencias municipales. Allí quedó ese corredor de impunidad que va desde la Colina del Perro hasta la Casa Blanca. Allí queda el presidente protegido e impune, haga lo que haga, contratista que beneficie tras contratista que beneficie. Grupos Higa ad infinitum. Junto con lo que quedó fuera y nos prometen que se abordará en la legislación secundaria. Ponerle topes y candados a la comunicación social. Crear esquemas más amplios de participación ciudadana en la denuncia y el combate a la corrupción. Crear un sistema sancionatorio. Responsabilizar a personas morales, como las empresas. Establecer nuevos mecanismos para sancionar la corrupción en el Poder Judicial. Desarrollar inteligencia financiera. Y dicen que “faltan algunas pequeñas partes”. Y dicen que “faltan algunos pedacitos”. Y todas las organizaciones de la sociedad civil que participaron en la elaboración del nuevo sistema se congratulan de que exista. Y argumentan que era mejor aprobar la legislación incompleta que se elaboró que permitir que los gobernadores la bloquearan. Desde luego es mejor que sea así. Pero parecería que volvemos a caer en la misma trampa de ir cojeando de una reforma incompleta a otra. De argumentar que la nueva ley es una mejora sustancial sobre las leyes vigentes. De darnos palmadas en la espalda porque algo es mejor que nada. Y el “algo” aprobado todavía tiene muchos huecos, lagunas, recovecos y espacios para que la corrupción florezca sin sanción. El Sistema Nacional Anticorrupción va a operar en un sistema político con una ausencia alarmante de mecanismos de rendición de cuentas, de auditores autónomos, de medios que en lugar de vigilar al poder se vuelven sus escribanos. Quienes le apuestan a la efectividad del nuevo sistema piensan que el único peligro que enfrenta son “los coletazos de los dinosaurios locales”, que tratarán de impedir la legislación y que podrán monitorearse mediante un “anticorruptómetro” para medir avances. Pero el problema es que el Sistema Nacional Anticorrupción trata sólo de colocarle una correa al dinosaurio y no lo logra al permitir que persista la práctica del fuero que lo volvió tan voraz. Como escribió Enrique Berruga: “Deja un mal sabor de boca que el Congreso haya dejado abierta esa gran ventana a la impunidad”. El fuero seguirá permitiendo el desvío de fondos, la concesión de contratos a cambio de casas, el uso de bienes públicos para fines privados. Más grave aún, el Sistema Nacional Anticorrupción falla al dejar libre al dinosaurio más grande de todos. Al líder del país que debería ser ejemplo de honestidad y apego a la legalidad. Al Peñanietozauros Rex. Al que la nueva ley no podrá tocar. Y por ello, lo que veremos en el futuro quizá sea algún castigo por la construcción de covachas, pero jamás una remoción por la construcción de Casas Blancas. L

Delatar o no delatar Sabina Berman El secretario de Gobernación, en una carta a la revista Proceso, dedica un gentil párrafo a pedir una disculpa a sus vecinos por los “inconvenientes” que el reportaje del semanario sobre sus casas de las Lomas les trae. Sucede que la fotografía aérea de una de las casas del secretario abarca también varias casas de sus vecinos. Al mismo tiempo, el reportaje cita a varios vecinos como informantes. Es decir, se trata de vecinos que les dieron datos a los reporteros, pidiendo a cambio sólo el anonimato. Pueden ser otros vecinos los que hablaron con Proceso y otros con quienes se disculpa el secretario. O puede suceder, es lo más probable, que el secretario no ha registrado un cambio importante ocurrido en la conciencia colectiva del país. Resulta que los vecinos de los políticos hablan de ellos, y bastante, y cuando detectan una injusticia, como en el caso del secretario, hablan con enojo. ¿Por qué, si es un servidor público, el secretario habita una mansión equivalente a la de un gran empresario? Su salario es más bien equivalente al de un alto ejecutivo, no a las ganancias de los dueños de megaempresas. ¿Dónde están las ensambladoras de automóviles del secretario Chong? ¿Dónde sus minas de cobre? ¿Dónde la creación, a través de la inversión de su trabajo y de su capital, de decenas de miles de empleos? Resulta que los vecinos de los políticos han llegado a la misma conclusión que el resto de los ciudadanos: la corrupción de un funcionario nos daña a todos. Inclina la proa del barco de la nación al agua. Y la corrupción de toda la clase política está a punto de llevar el barco a pique. “La corrupción es el peor problema de nuestras democracias”. Lo dijo Pepe Mujica, expresidente de Uruguay, en la Cumbre Latinoamericana recién pasada, donde no por azar la mitad de los mandatarios presentes están acusados en sus países de corrupción. (Y donde, tampoco por azar, nadie sino Mujica habló de la corrupción.) El problema, explicó Mujica, no es sólo que los funcionarios extraen lo que no es suyo del erario. “Eso es menor”, dijo. Es que “la democracia ha sido infiltrada por la lógica capitalista”, y hoy el mismo funcionario que roba a la nación para sí es el que vende al mejor postor los bienes que son de todos: Las carreteras. La educación. Los hospitales. La cultura. La recolección de la basura. El petróleo. Las playas. El agua… Es decir, lo que la naturaleza regala a los humanos que la habitan y lo que generaciones y generaciones de humanos tardaron en construir. Cuando el dinero es Dios, el Bien Común es un botín. Y si a un buen liberal la venta de los bienes comunes no le parece en teoría un robo, sino una estrategia económica eficaz, debería revisar los resultados macroeconómicos de las privatizaciones que se han realizado masivamente en los últimos 30 años, eso en las democracias capitalistas del mundo: los muchos hoy tienen menos que ayer en dinero contante y sonante y mucho menos en servicios del Estado, mientras que los muy ricos son exorbitantemente ricos, y los políticos que les subastaron los

bienes comunes son, no tan ricos, no, pero sí indebidamente ricos. Tal vez no haya visible en nuestro país un mejor ejemplo de la tesis de Mujica que el señor David Korenfeld, exdirector de Conagua. Como es sabido, el funcionario fue fotografiado por uno de sus vecinos en Huixquilucan cuando abordaba con su familia un helicóptero del Estado para irse a vacacionar. Denise Dresser escribió en el periódico Reforma alabando al vecino que lo delató, y con justicia: es, como Denise refiere, un héroe civil. Ahora habría que alentar a ese vecino y a otros vecinos a que publiquen los otros datos del funcionario corrupto, los que suelen narrar en sus reuniones, para completar el retrato y su moraleja. Por ejemplo, que cuenten cómo la visita del helicóptero estatal no fue excepcional. Era un estilo de vida: los viernes llevaba a la familia a su casa de Valle de Bravo y la traía a Huixquilucan el domingo en la noche. O que hablen de lo que sucedió en Huixquilucan cuando el señor fue alcalde: El uso de los suelos cambió de manera repentina para que se levantaran edificios mientras se murmuraba que el alcalde se enriquecía indeciblemente. Y falta igual que los reporteros indaguen en la propuesta de Korenfeld de privatizar el agua, la así llamada Ley del Agua –cuya aprobación en el Congreso no fue rechazada sino únicamente pospuesta–, y según la cual la sed de los mexicanos y la sequedad de los campos de cultivo del país se volverían un negocio de trillones de dólares: una reforma que por cierto se aplicó ya en Francia, donde multiplicó en 500 por ciento los costos del agua, y por ello hoy está siendo abrogada; y se aplicó en Bolivia, causando una revolución civil. Hay que repetirlo: una revolución civil. Sí, la corrupción es el peor problema de nuestra democracia, y esa certeza –ahora compartida por una mayoría–, más el hecho de que los ciudadanos hoy pueden delatar a sus vecinos políticos a través de las redes sociales, saltándose a los dueños de medios que acallarían la información, o mediante la plataforma para la delación, Mexicoleaks, que guarda el anonimato del informante, vuelve fácil el pronóstico: nos esperan cuatro años de escándalos. Eso o que este gobierno dé un golpe de timón y se decida a combatir la corrupción como a un crimen contra el Estado. Me retracto del exceso de optimismo: serán más bien cuatro años de escándalos sobre la corrupción. l sabinaberman.mx

Celebración en Tlaxcala Marta Lamas En mayo de 2013 las y los dipu­tados de Tlaxcala aumentaron dos causales por las que las mujeres tlaxcaltecas podrían interrumpir su embarazo: 1) si éste era producto de una inseminación no consentida, y 2) si el producto presentaba malformaciones graves que no daban posibilidad alguna de sobrevivencia, como sucede con la anencefalia. Esta malformación consiste en una alteración del tubo neuronal del feto, que deja el cerebro expuesto en tanto el líquido amniótico disuelve gradualmente la masa encefálica. La anencefalia no admite tratamiento ni curación posible y, en una gran mayoría de casos, los fetos no resisten la gestación. Los pocos que llegan al parto mueren pocas horas después o duran escasos días. Hace unos años en Perú, una chica de 17 años, Karen Llantoy, solicitó el aborto por tener un feto anencefálico, y le fue negado: la obligaron a llevar a término su embarazo y la criatura murió a los cuatro días. El escándalo social en torno a su caso hizo que el Comité de Derechos Humanos de la ONU resolviera, en su periodo 85 de sesiones, que el sufrimiento de Karen fue por omisión del Estado, puesto que con el trato cruel e inhumano con el que manejó el asunto había violado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos –firmado por Perú–, y le exigió la adopción de medidas para evitar casos similares. La causal de malformaciones graves es justamente ese tipo de medida. Por otra parte, la inseminación artificial no consentida suele implicar una violación, y en nuestro país el aborto es legal en todas las entidades cuando el embarazo es producto de un ataque de este tipo. Como se ve, era muy razonable que estas dos causales estuvieran en la legislación tlaxcalteca; sin embargo, como en torno al aborto se juega el poder simbólico de la jerarquía de la Iglesia católica, poco tiempo después esos mismos diputados y diputadas se echaron para atrás y las quitaron. Por ello, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Tlaxcala, Francisco Mixcóatl Antonio, presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad en contra del decreto mediante el cual el Congreso del estado modificó el artículo 243 del Código Penal, que regulaba esas causales. Su argumento se basó en el principio de progresividad, que consiste en que no se puede quitar a los ciudadanos derechos ya adquiridos. La progresividad, una de las reglas básicas en las que se sustenta toda la estructura de promoción, protección, respeto y garantía de los derechos humanos, beneficia a todas las personas, y el ómbudsman cumplió con su obligación al denunciar el retroceso que el Legislativo de Tlaxcala había llevado a cabo. A lo largo de la disputa entre el ómbudsman y el Legislativo los grupos que se oponen a cualquier regulación sobre la interrupción del embarazo tergiversaron el tema de las causales. Estos grupos creen que ampliar las causales es estar “a favor” del aborto y se niegan a aceptar que lo que verdaderamente implica es estar

“a favor” de evitar el sufrimiento ante gravísimos problemas como la anencefalia o la inseminación no consentida. Su oposición la formulan desde una idea abstracta de “protección” a la vida intrauterina, que se acerca a lo que el filósofo Richard Hare califica de fanatismo: “La actitud de quien persigue la afirmación de los propios principios morales dejando que éstos prevalezcan sobre los intereses reales de las personas de carne y hueso al mismo tiempo que permanece indiferente frente a los enormes daños que su actuación ocasiona a millones de seres humanos”. Estos grupos, alentados por la jerarquía de la Iglesia católica, no toman en cuenta que es necesario modificar el tratamiento penal que se le debe dar al aborto para así evitar mayores dolores y problemas. Pero la vida da vueltas insospechadas. Ante la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolviera la acción de inconstitucionalidad tomando en cuenta el principio de progresividad, se realizó una negociación en la cual, si el ómbudsman Mixcóatl retiraba el procedimiento, el Congreso reestablecería las causales. Parece razonable y hasta loable que se llegue a una negociación inteligente y que, con ella, las mujeres de Tlaxcala ganen. Al modificar el artículo 243 de su Código Penal, el Congreso de Tlaxcala hoy establece cinco causales para interrumpir legalmente un embarazo: 1) Si hay aborto culposo (imprudencial); 2) Si el embarazo es producto de violación; 3) Si el embarazo es producto de una inseminación artificial no consentida; 4) Si la vida de la mujer está en peligro o hay riesgo de grave daño a su salud; y 5) Si hay una malformación del producto que sea incompatible con la vida. Además, y tal vez eso es lo más importante, la mujer que interrumpa su embarazo (en cualquiera de las cinco causales) “no ameritará responsabilidad”, con lo que así se deja de criminalizar a las mujeres. Más vale tarde que nunca y es de celebrar que los legisladores escucharan finalmente la voz del ómsbudsman Mixcóatl, pues juntos lograron ubicar a Tlaxcala como una de las entidades federativas que tiene más causales legales para interrumpir un embarazo no deseado o con graves problemas. ¡Ojalá y los medios de comunicación transmitan con claridad la buena noticia a la sociedad tlaxcalteca! L

Apatzingán: aberrante respuesta federal Jesús Cantú El reportaje de la matanza de 16 civiles en Apatzingán el pasado 6 de enero, de la periodista Laura Castellanos y divulgado simultáneamente por Proceso, Aristegui Noticias y Univision, vuelve a evidenciar un patrón de conducta del Estado mexicano: ejecuciones sumarias, alteración de la escena del crimen, manipulación de dictámenes periciales, exculpación de los miembros de las fuerzas públicas, incriminación de civiles y pretendido fin del expediente. En hechos anteriores la Procuraduría General de la República (PGR) tenía vías para eludir su responsabilidad, porque siempre habían sido otros ministerios públicos los actuantes en primera instancia. En Tlatlaya, la Procuraduría del Estado de México; en Iguala, la de Guerrero; e incluso en los asesinatos cometidos directamente por efectivos del Ejército: los dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey, el de Jorge Otilio Cantú y el de los menores Bryan y Martín Almanza Salazar, que fueron atendidos por las procuradurías estatales y la militar. Pero en el caso de Apatzingán, desde el primer momento fue la PGR la que participó en las investigaciones y los detenidos fueron remitidos directamente a su delegación en Morelia, así que no pueden culpar a ninguna otra instancia de la deficiente integración de la averiguación previa. Por ello es aberrante que “el gobierno de la República” haya solicitado a “la Procuraduría General de la República y a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal investigar los hechos ocurridos en Apatzingán…”, como informó el titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el lunes 20, tras la difusión del reportaje. Como en los anteriores casos, las primeras denuncias no fueron suficientes para mover al gobierno federal de la ruta trazada. Cuando las evidencias se hicieron contundentes y se difundieron ampliamente, no tuvieron más alternativa que atenderlas. Una semana después de la masacre, Francisco Castellanos, corresponsal en Michoacán de este semanario, ya había dejado constancia de que la versión de los lugareños contradecía la del comisionado Alfredo Castillo (Proceso 1994), pero el gobierno simplemente pretendió ignorar la publicación, con la esperanza de que pasara inadvertida y el tema se olvidara. Sin embargo, ninguna de las dos cosas sucedió y la reiteración de la misma, con mayores elementos, lo obligó a reaccionar. La respuesta del gobierno federal obedece al mismo patrón: cuando los medios evidenciaron los excesos de las Fuerzas Armadas o de los policías federales, el gobierno inició la integración de expedientes. Pero en los casos anteriores, asignarle las investigaciones a la PGR parecería lógico, pues no había participado en las averiguaciones previas. En este caso la procuraduría tendrá que reabrir los expedientes y de paso investigar a sus propios

agentes, pues fueron ellos quienes, por complicidad o incapacidad, exoneraron a los policías federales, así que difícilmente podrían llegar a conclusiones distintas en estos momentos. Incluir a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal casi parece una burla, pues remite nuevamente al eterno conflicto de la administración pública mexicana: encargar la investigación y eventual sanción de las conductas irregulares a compañeros de trabajo de los presuntos infractores, quienes además dependen del mismo jefe, con lo cual éste se encarga de protegerlos, sobre todo porque en la mayoría de los casos él también estuvo implicado o informado y, por lo tanto, tiene algún tipo de responsabilidad. Para intentar evitar esta aberración, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al emitir su recomendación al gobierno de Puebla por el asesinato del menor José Luis Alberto Tehuatlie a raíz de las lesiones que le ocasionó el impacto en la cabeza de un contenedor de gas lacrimógeno, exigió que se designara un fiscal especial sin dependencia del procurador estatal. El gobernador poblano, Rafael Moreno Valle, cumplió formalmente la recomendación, aunque en los hechos la burló, pues designó responsable a un funcionario de la misma dependencia, con lo cual en la práctica seguía dependiendo del procurador. “El gobierno de la República” (para mantener el eufemismo del secretario de Gobernación) repite la fórmula que actualmente mantiene sin determinación los presuntos conflicto de interés en los cuales incurrieron el presidente, su esposa, el secretario de Hacienda y ahora el secretario de Gobernación: que sea un subordinado del investigado quien lo investigue. Remiten el caso (en el conflicto de interés, al flamante secretario de la Función Pública; en éste, a la nueva titular de la PGR) con la instrucción de construir una explicación jurídica suficientemente sólida que permita exonerar a los responsables y respaldar la versión oficial. Esta acción les permite argumentar, en caso necesario, ante las instancias nacionales e internacionales de derechos humanos que las denuncias públicas presentadas se están investigando y en caso de encontrarse responsabilidades, los servidores públicos recibirán las sanciones que establece la legislación. Pero como las respuestas son políticas y los casos requieren réplicas jurídicas, los hechos y las evidencias difundidas por los medios son tan contundentes que impiden a los responsables de resolverlos lograrlo, por lo que los expedientes permanecen abiertos y se acumulan uno tras otro. Ninguno de los casos mencionados en este texto ha sido resuelto, todos se encuentran en proceso y desde luego éstos no son los únicos pendientes. La gravedad de los asuntos, las respuestas cada vez más ineficaces y aberrantes del gobierno y su impacto en la opinión pública amenazan cada día más la gobernabilidad e impiden cualquier repunte económico del país. El gobierno está atrapado en un círculo vicioso que no logra romper y que cada día se agudiza más. L

Omisiones de la fiesta panameña Olga Pellicer Ya se apagaron los fuegos de artificio con que cerró la Cumbre de las Américas en Panamá. Las estrellas de la fiesta fueron, sin lugar a dudas, Barack Obama y Raúl Castro. Con sus discursos conciliatorios y su encuentro privado, ellos dieron el tono a esta reu­nión calificada de evento histórico en el que, según la opinión de algunos, se trazaron nuevas rutas a las relaciones interamericanas. Sin embargo, terminada la fiesta la reflexión se impone; ¿Qué tan nuevas son esas rutas? Cierto, Cuba y Estados Unidos confirmaron la decisión de continuar el proceso de negociación para el pleno restablecimiento de relaciones; eso es histórico. Pero para el resto del continente las relaciones hemisféricas no cambiaron. Los asuntos urgentes no se trataron; las diferencias permanecieron y los reclamos siguen en pie; los compromisos de Obama son ambivalentes, limitados por sus fuertes diferencias con el Congreso. Así, más allá de la retórica, el continente americano tiene poco que ofrecer en términos de posiciones unificadas o cooperación constructiva. La agenda de problemas que requieren acción conjunta es grande, pero la voluntad de construirla es muy pequeña. Algunos ejemplos ilustran esa afirmación. Empecemos con uno de los problemas más cercanos a México: el deterioro de la situación económica y social de Centroamérica. Diversas circunstancias se han combinado para que la pobreza, el rompimiento del tejido social, la debilidad institucional, el narcotráfico y los desastres naturales conviertan a esa región en uno de los puntos más álgidos para la violencia en el mundo. Según encuestas, una violencia que supera a la existente en África. Semejante situación afecta seriamente a México. El problema de los migrantes centroamericanos que atraviesan el territorio nacional para dirigirse a Estados Unidos es cada vez más complejo; las presiones de Washington para que México detenga ese flujo son cada vez más obvias; las dificultades para lograrlo, cada vez más evidentes. Allí se encuentra uno de los focos rojos más inquietantes de las relaciones interamericanas. Durante su discurso en Panamá, Obama hablo con esperanzas de la situación del istmo, aludiendo a la suma de mil millones de dólares que ha solicitado al Congreso para ayudar a esa región. Comparando con años anteriores, es una suma respetable; en términos de las necesidades de la región, es insuficiente. Pero en todo caso el Congreso no lo ha aprobado y posiblemente no lo haga, o lo hará con condiciones muy restrictivas. Es bien sabido que en la actualidad allí hacen todo lo posible por ahogar las promesas de Obama. Otro tema al que no se le otorgó la atención que merece fue la legalización de la mariguana, lo cual tiene bastante relación con el deterioro de la situación en Centroamérica. En efecto, la violencia que acompaña la lucha contra el narco, las cantidades de dinero que están involucradas en el tráfico ilícito, están en la base de gran parte de los problemas sociales y de la violencia que sufren los países

centroamericanos y México. En la Cumbre de Cartagena, hace tres años, el tema de la búsqueda de enfoques nuevos para abordar el problema de la producción, comercialización y distribución de drogas tuvo un lugar central en los debates. Esta vez, con excepción del discurso del presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, el problema quedó en la penumbra. Sin embargo, diversas circunstancias hacían muy pertinente que el problema hubiese sido retomado como algo prioritario. De una parte, la manera como evoluciona la legalización de la mariguana en Estados Unidos; de la otra, la cercanía de la reunión sobre drogas que tendrá lugar el año próximo en las Naciones Unidas. El tercer tema que merecía una consideración más detallada era el de la corrupción y su efecto tan negativo en gran número de países de la región; baste llamar la atención sobre los momentos que atraviesa Brasil. Dentro de los objetivos comunes a países del hemisferio se encuentra el intercambio de experiencias sobre mecanismos que han buscado combatirla. Lo que se ha obtenido con ellos o lo que ha permanecido igual es conveniente evaluarlo para no repetir errores y aprender de éxitos. Asimismo, una mejor cooperación para detectar flujos inexplicables por redes financieras podría llevar a resultados valiosos en casos de enriquecimiento ilícito. Finalmente los temas globales, entre los cuales sobresale el cambio climático, requieren enfoques regionales. Sin duda, es importante que Obama destine energías a dialogar con su contraparte china sobre cómo decidir sobre tiempos y manera de informar acerca de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Es de lamentar que el diálogo a nivel hemisférico sea tan pobre, a pesar de que se podrían identificar algunos puntos concretos para trabajar conjuntamente. Esa lista de temas, que podría ser más larga, habla de la posibilidad de dar al diálogo continental un contenido más amplio, más moderno, menos determinado por el uso o no del discurso antiimperialista. Bienvenida la reconciliación Estados Unidos-Cuba, cuyos resultados se verán, muy probablemente, en el ámbito del turismo y la inversión. Tal proceso no agota el contenido que pueden tener las relaciones hemisféricas, las cuales, desde la relación de igual a igual que hoy se pregona, pueden promover una agenda acorde con los retos y necesidades que hoy se viven. Identificar ambas cosas fue una omisión de la fiesta de Panamá. L

Sutil censura diplomática… en México Mathieu Tourliere La comunidad armenia en México se topó de frente con la realidad: algunos actos preparados para recordar los cien años de la primera limpieza étnica del siglo XX, y que tendrían lugar en recintos oficiales, se cancelaron o sufrieron modificaciones, como la eliminación de la palabra “genocidio”. Para el investigador Carlos Antaramián, de origen armenio, detrás de esto se halla la sombra de Turquía y de sus recientemente establecidos lazos diplomáticos y comerciales con México. Y aun hay quienes atribuyen este fenómeno al intenso cabildeo de la embajada de Azerbaiyán. La mañana del jueves 16, el director del Museo Nacional de las Culturas, Carlos Vázquez Olvera, convocó a una reunión extraordinaria a sus colaboradores en el recinto del museo. Les informó que la directora general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), María Teresa Franco, le había dado la instrucción de cancelar la muestra de cine armenio, a estrenarse un día después en la Sala Intermedia, también conocida como Mediateca de la institución cultural. La agenda del Ciclo de Cine Armenio, Centenario del Genocidio Armenio preveía la proyección y comentarios de ocho películas durante tres sesiones los días 17, 24 y 25 de abril. “El problema se nos sale de las manos, escala arriba del museo”, comentó Vázquez. Según el director del museo, Franco insistió en que no se podía abordar el tema armenio “en este momento” ya que a su vez ella recibía “llamadas” de más arriba, pero no detalló de quién. Los armenios eligieron el 24 de abril como fecha simbólica para conmemorar el genocidio que perpetró el Imperio Otomano contra sus antepasados en 1915: más de un millón 200 mil perdieron la vida y centenares de miles más se exiliaron. Como otros países, México no lo ha reconocido como genocidio. Vázquez urgió a sus colegas a encontrar una justificación creíble para explicar la súbita cancelación. Acordaron una versión: lo atribuirían a un defecto en la red eléctrica, aunque esto implicó cancelar o trasladar a otro salón el resto de actos culturales programados en la Mediateca. Un trabajador de la institución relata lo anterior a Proceso a condición de reservar su nombre. Insiste en que los funcionarios del museo sólo cumplieron órdenes de la Dirección General del INAH. El embajador de Armenia en México, Grigor Hovhannissian inauguraría el ciclo de cine el viernes 17. Con un manejo muy diplomático de sus palabras, dice que supo de la postergación de la muestra de cine por medio de una notificación “por parte del museo”. “No tengo la razón exacta de la postergación”, subraya en entrevista con Proceso y añade que su interlocutor “no mencionó ningún problema eléctrico”. “No puedo negar que tuve repetidas conversaciones con la Secretaría de Relaciones Exteriores de México en las que me plantearon su deseo de mantener

el tema (del genocidio) fuera del país”, afirma. “Todo se hizo de manera muy diplomática y aceptable”, agrega. Los pasados miércoles 22 y jueves 23 este semanario buscó de manera insistente a la directora del INAH así como al director del Museo Nacional de las Culturas para recoger sus versiones. Pese a la amable atención de sus encargados de comunicación, ninguno devolvió las llamadas. La Cancillería, a través de su área de comunicación social, negó categóricamente estar implicada en la cancelación del ciclo de cine armenio. “Genocidio” desaparecido El investigador de El Colegio de Michoacán, de ascendencia armenia, Carlos Antaramián, duda de la versión oficial de la cancelación. Activo en la comunidad armenia de México, coordinó varios de los actos por el centenario del genocidio. Afirma en entrevista con Proceso que en varios de ellos “hubo mucha presión para que se evite a toda costa hablar del genocidio; por ejemplo para cambiar el título de la exposición temporal que presenta el Museo de la Memoria y la Tolerancia”. El anuncio de la exposición decía: “Armenia. Una herida abierta”. Abajo, en blanco, el subtítulo señalaba: “A 100 años del genocidio armenio”. Esta imagen todavía era visible en la sección de “cartelera” de la página del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes hasta el jueves 23. Pero la imagen promocional colgada en la fachada del museo, a un costado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como en su página de internet, aparece con un hueco en el lugar del subtítulo. En pocos días desapareció la mención del genocidio. MIKTA Para Antaramián, detrás de la cancelación están la sombra de Turquía y de los recientemente establecidos lazos diplomáticos y comerciales entre esa nación y México, dentro de la asociación estratégica de los países MIKTA (México, Indonesia, Corea, Turquía y Australia). El gobierno turco siempre se ha negado a reconocer el genocidio –habla de “eventos” ocurridos durante una guerra civil y que causaron centenares de miles de muertos, tanto turcos como armenios– y ha desplegado amplios esfuerzos diplomáticos para bloquear su reconocimiento a escala internacional. En cambio, asienta el embajador Hovhannissian, el reconocimiento del genocidio es un eje fundamental de la política exterior armenia. En 2013 Enrique Peña Nieto fue el primer presidente mexicano en hacer una visita de Estado a Turquía mientras Recep Tayyip Erdogan fue el primer mandatario turco en visitar México. A raíz de esos dos encuentros, ambos gobiernos acordaron las bases de un tratado de libre comercio y según datos de la Secretaría de Economía, si bien el comercio entre México y Turquía sigue siendo escaso, se multiplicó por tres en los últimos cinco años: pasó de 292 millones de dólares en 2009 a 967 el año pasado.

El exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Sarukhán, de origen armenio, estima que “México tiene que buscar este tipo de relaciones con países con los que tiene similitudes e intereses en un mundo mucho más comercializado”. “Espero que no fuera la razón por la que México adoptara una posición u otra respecto al reconocimiento del genocidio”, agrega, al recordar que el presidente estadunidense Barack Obama, durante su primera campaña presidencial prometió que reconocería el genocidio armenio, lo cual no cumplió. “Querían seguir utilizando a Turquía como plataforma de acceso directo a Medio Oriente”, estima. “Existe una actitud de negación y de defensa a ultranza por parte de algunos países. Turquía y Azerbaiyán son muy afines en su política exterior”, recuerda el académico, al subrayar que ambos se oponen al reconocimiento internacional del genocidio armenio. Respecto a la cancelación de la muestra de cine, el embajador armenio declara: “No creo que las relaciones dentro de un bloque económico deriven en censura”. Diplomacia antipoética La tarde del lunes 20, a unos pasos de la avenida Ámsterdam y del Reloj Armenio instalado en la Condesa, un mensajero bajó de su vehículo, atravesó el porche de la Casa Refugio Citlaltépetl y entregó un sobre al director de la institución cultural, el francés Philippe Ollé-Laprune. Hacía varios días que la Casa Refugio Citlaltépetl –dedicada a recibir y difundir las obras de escritores exiliados– había anunciado un acto de lectura de poesía armenia para la noche del martes 21. Fue el poeta exiliado de origen iraní Mohsen Emadi quién sugirió el acto, a fin de “tener un momento de comunión con toda la gente que quiso conmemorar el genocidio en el mundo”, cuenta Ollé-Laprune a Proceso. Ollé-Laprune recuerda que en el sobre había una carta firmada por el embajador turco en México, Oguz Demiralp, un paquete de trípticos que explican “Los sucesos de 1915 y la polémica turco-armenia sobre la Historia”, así como ejemplares de un pequeño libro de historia. “Entiendo que usted organizará una actividad el 21 de abril de 2015 en la Casa Refugio Citlatépetl sobre los eventos de 1915”, planteó el diplomático en el primer párrafo de la carta, redactada en inglés. Enseguida insistió en la importancia que representa el tema de los refugiados para el gobierno turco. “Respecto a los eventos de 1915, le invito a que refleje también el punto de vista de Turquía”, precisó luego el embajador, quién concluyó su misiva al urgir a la institución cultural a “considerar el tema de manera objetiva y humanitaria” y distribuir a los asistentes el material adjunto a la carta. El director de la Casa Refugio Citlaltépetl considera que la misiva era “bastante respetuosa” y que la reacción del embajador es “bastante comprensible”. “Nos pidió que observáramos los hechos de 1915 de manera más imparcial, pero nosotros no quisimos ver los hechos de manera parcial o imparcial”, asevera. “Lo que conforma el corazón de esta casa es dar la palabra a los escritores y a la

literatura”, precisa. Sin embargo el penúltimo párrafo de la misiva le pareció extraño. El embajador enfatizó que “la República de Armenia causó un problema mayor de refugiados en Azerbaiyán al invadir y ocupar el 20 por ciento del territorio azerí” y que a consecuencia, “más de 200 mil ciudadanos azerís fueron desplazados y se volvieron refugiados en sus propios países”. Correspondencia azerbayana La perplejidad cedió el paso a la franca sorpresa, cuando apenas dos horas después de llegar el paquete turco, otro mensajero entró a la Casa Refugio, se dirigió a las oficinas del director y le entregó un sobre, en cuya esquina derecha destacaba el sello de la República de Azerbaiyán. Dentro había una carta, la edición de enero de 2015 de la revista Genocidio en Jodyalí así como copias de resoluciones de la ONU y de distintos parlamentos, incluido el de México. La carta que firmó el embajador azerbayano, Ilgar Mukhtarov, también mencionó el “millón de refugiados y personas internamente desplazadas” a raíz de la “ocupación ilegal del 20 por ciento del territorio de Azerbaiyán” y denunció la “infame política de limpieza étnica” llevada a cabo por el gobierno armenio. Mukhtarov se refirió a la disputa que opone a armenios y azerbayanos desde 1905 por el control del enclave de Nagorno-Karabaj, que provocó el desplazamiento de centenares de miles de personas de ambos países. En febrero de 1992 una ofensiva del ejército armenio sobre el pueblo de Jodyalí mató a un gran número de civiles, 150 según los armenios, 613 según Azerbaiyán. Mucho menos diplomático, el embajador azerbayano escribió en el último párrafo: “En un defecto (sic) solicitamos el evento sea cancelado o pospuesto a una fecha donde todos los estados de la crisis humanitaria regional puedan estar presentes para representar justamente las diferentes perspectivas”. “Nos hablan de problemas de frontera que existen actualmente entre Azerbaiyán y Armenia. ¡No era para nada el tema del evento del martes! El embajador se confunde porque evoca un problema de refugiados, relacionado con el derecho internacional, nosotros no tenemos nada que ver con ello”, estima Ollé-Laprune. Además “se nos pidió cancelar un evento del día a la mañana”, lamenta, al comentar, con una sonrisa: “fue bastante atrevido, pero por supuesto no atendimos su solicitud”. “Resulta muy raro que una embajada se pague el lujo de pedir la cancelación de un evento en una asociación independiente; sobre todo cuando defendemos la libertad de expresión y que la solicitud viene de un país como Azerbaiyán, dónde no se le respeta mucho”, apunta. Desde 1992 el gobierno azerbayano, aliado de Turquía en la región, multiplicó los esfuerzos y las invitaciones a parlamentarios, celebridades y empresarios extranjeros para conseguir el reconocimiento internacional de lo ocurrido en Jodyalí como un genocidio. “Han estado invirtiendo mucho dinero en un aparato de propaganda, mediante el

cual han invitado a congresistas a Azerbaiyán de viaje y de regreso, han hecho declaraciones respecto de Jodyalí. Tienen recursos porque tienen petróleo”, recuerda Sarukhán, a quien una revista azerbayana comparó una vez con un “oficial de la SS nazi”. En América Latina, y particularmente en México, Mukhtarov tuvo éxito: en febrero de 2011 se abrió las puertas del Congreso a través del Grupo de Amistad Interparlamentario México-Azerbaiyán, presidido por el diputado panista Marcos Pérez Esquer y cuyos integrantes fueron invitados varias veces a Bakú, capital azerbayana. La noche del 8 de diciembre de 2011, apenas nueve meses después de la creación del grupo, la Cámara de Diputados aprobó un punto de acuerdo redactado por Pérez Esquer que mencionaba el “denominado ‘Genocidio de Jodyalí’”. En ese entonces ningún país ni instancia internacional lo había “denominado” como tal, lo cual obligó la Cancillería mexicana a aclarar que esta postura no era la del gobierno. En 2012 Mukhtarov desató una polémica en la Ciudad de México al colocar una monumental estatua de Heydar Aliyev, el padre del actual presidente de Azerbaiyán –y fallecido dictador del país–, en una parte del bosque de Chapultepec que renovó la embajada azerbayana, lo que generó una reacción hostil en sectores de la sociedad civil mexicana. Ese año Mukhtarov también inauguró la Plaza Tlaxcoaque-Jodyalí, recién restaurada con dinero azerbayano, donde el embajador logró colocar una placa evocando el “genocidio de Jodyalí”. Tanto la estatua como la placa estaban incluidas en cláusulas de los contratos que firmaron Mukhtarov y el exalcalde capitalino Marcelo Ebrard en agosto de 2010. A pesar de la indignación y las amenazas de la diplomacia azerbayana de no invertir cantidades multimillonarias en México, el Gobierno del Distrito Federal, por recomendación de una comisión ciudadana, removió en 2013 la estatua a cambio de una compensación para los azerbayanos. El pasado 8 de enero el GDF se comprometió en ofrecer a cambio una mansión de 36 millones de pesos a la embajada azerbayana para convertirla en la “Casa de la Cultura de la Embajada de Azerbaiyán”. l

El genocidio que Turquía se niega a reconocer Andrés Mourenza Hace 100 años en el Imperio Otomano fue perpetrada una de las peores matanzas de la historia: aproximadamente millón y medio de armenios, habitantes de la actual Turquía, fueron asesinados o expulsados de la tierra en la cual habían vivido durante siglos. Es el Genocidio Armenio, vergüenza histórica que el actual Estado turco se niega a reconocer: Lo irrita la palabra “genocidio”, pues aceptarla implicaría una serie de reparaciones económicas y territoriales que no está dispuesto a cumplir. Estambul/Vakifli/Diyarbakir, Turquía.- Hasta su muerte hace tres años, la centenaria Yelena Abrahamyan recordaba con todo detalle –y volvía a temblar de miedo– su precipitada huida del hogar bajo las balas de los gendarmes turcos, quienes disparaban con saña contra hombres, mujeres y niños. Mihran Tomasyan vive con una honda pena, una que se ha transmitido de generación en generación e hizo enloquecer a su bisabuelo: uno de sus hijos desapareció al ser deportada parte de la familia. Aun hoy nadie ha conseguido dar con sus restos. El abuelo paterno de Snork Besiktasliyan fue el único sobreviviente de seis hermanos y la abuela paterna de Hazaros Kücükficiyan vio morir uno a uno a sus cinco hijos en las largas marchas a pie hasta los desiertos de Siria. Todos ellos tienen en común ser armenios, parte de un pueblo de origen caucásico y religión cristiana que, hace ahora 100 años, vivió una de las mayores tragedias del siglo XX: su deportación y exterminio a manos del Imperio Otomano. Los historiadores turcos consideran que ese traslado forzoso a territorio de la actual Siria era la única manera de salvar de la desmembración al moribundo Imperio Otomano –el Estado que ocupaba el territorio de la actual Turquía más una parte de Medio Oriente–, pues los armenios se habían rebelado contra la autoridad y apoyaban a Rusia en la Primera Guerra Mundial. Pero los historiadores armenios arguyen que la contienda bélica fue una “excusa” y el Genocidio Armenio fue una política planificada de aniquilación de los súbditos otomanos de dicha etnia “con el objetivo de ‘turquificar’ e islamizar el imperio”, apunta Ara Sarafian, historiador y director del Instituto Gomidas de Londres. El 24 de abril de 1915 las autoridades otomanas detuvieron a unos 250 intelectuales, representantes políticos y notables de la comunidad armenia de Constantinopla (actual Estambul) y los deportaron al interior del país. Dos meses después los traslados forzosos se habían generalizado y se aplicaron a toda la población armenia, excepto en un puñado de localidades. “Mis abuelos se salvaron de la deportación porque escaparon a las montañas y vivieron en cuevas durante meses, pasando hambre y sed. Incluso tuvieron que alimentarse bebiendo sus propios orines”, explica a Proceso Murat, un armenio de Estambul.

Las marchas hacia los desiertos de Siria se convirtieron en auténticas caravanas de la muerte: los hombres eran separados de sus mujeres y niños, y asesinados, y los restantes integrantes de los convoyes eran constantemente atacados por bandas de kurdos y circasianos musulmanes, que los despojaban de sus pertenencias y se llevaban a las chicas jóvenes para violarlas o desposarlas. “Mi abuelo paterno me contó todo lo que se les hizo a los armenios –admite Brusk, un joven kurdo de la ciudad de Diyarbakir–. Atacaron a nuestros propios vecinos y amigos armenios, y nosotros no tuvimos el coraje de ayudarlos.” Las crónicas de los testigos de la época –cónsules extranjeros y misioneros– describen a aquellos que lograron alcanzar Siria como verdaderos “esqueletos” andantes: su ropa eran apenas andrajos y la piel se les pegaba a los huesos; quemados por el sol, sedientos y tan hambrientos que se tiraban al suelo para alimentarse de las briznas de hierba. En 1916 buena parte de quienes habían superado las marchas fueron empujados de nuevo hacia el desierto y masacrados por tropas irregulares. Sus cadáveres permanecen enterrados bajo la tierra que se extiende entre Raqqah y Deir ez Zor, hoy hogar del fanático grupo armado Estado Islámico. Al final de la Primera Guerra Mundial habían perecido alrededor de 1 millón de armenios, y la mayoría de los sobrevivientes abandonó en los siguientes años la tierra que había sido su hogar durante siglos. La memoria “La Humanidad conoció en el siglo pasado tres grandes tragedias inauditas: la primera, que generalmente es considerada como ‘el primer genocidio del siglo XX’, afligió al pueblo armenio. Hoy recordamos, con el corazón traspasado de dolor, el centenario de aquel exterminio terrible y sin sentido que vuestros antepasados padecieron cruelmente”, afirmó el Papa Francisco el domingo 12 ante fieles armenios. “Es obligado recordarlo, porque donde se pierde la memoria quiere decir que el mal mantiene aún la herida abierta”, advirtió. Las palabras del pontífice enervaron al gobierno de Turquía, el cual niega que las deportaciones y matanzas fuesen un genocidio y achaca el sufrimiento del pueblo armenio a los excesos de la guerra. Veintitrés países han reconocido el Genocidio Armenio, entre ellos Rusia, la mitad de los Estados de la Unión Europea y seis naciones americanas: Canadá, Uruguay, Argentina, Venezuela, Chile y Bolivia. En Estados Unidos, turcos y armenios hacen presión continuamente para defender sus posturas, pero por el momento la Casa Blanca no ha querido seguir la estela de 43 estados federados que sí reconocen el genocidio, para no dañar sus relaciones con Turquía, uno de sus aliados estratégicos en Medio Oriente. A Hayrabet Babikyan le molesta esta terquedad del gobierno turco. Él es uno de los 130 habitantes de Vakifli, la única población completamente armenia que quedó en Turquía después del genocidio, situada en Musa Dag (la Montaña de Moisés), cerca de la frontera con Siria. Aún le molesta más que hace 35 años los

militares turcos dinamitaran la escultura erigida por su tío en 1919 en honor al barco francés que rescató a los armenios de Musa Dag y los libró de la deportación. “Pensaban que destruyendo la estatua borrarían lo que pasó. ¡Pero no! Lo que ocurrió es historia y está en los libros, no puedes hacerlo desaparecer”, masculla con rabia. “¿Por qué no hay apenas armenios en Turquía? ¿Y por qué en todo el mundo, vayas a donde vayas, levantas una piedra y hay un armenio? Porque siempre hemos estado huyendo de las masacres.” Efectivamente, unos 5 millones de armenios –muchos de ellos descendientes de los supervivientes del genocidio– viven repartidos por el mundo, además de los 3 millones que habitan en la república ex­soviética de Armenia, vecina de Turquía. Pero ambos países no mantienen contactos diplomáticos normales y sus fronteras permanecen cerradas, entre otras cuestiones porque el asunto del genocidio sigue envenenando las relaciones. Armenia y buena parte de la diáspora reclaman a los turcos perdón oficial, reparaciones económicas a los descendientes de las víctimas y cesión de parte de su territorio, algo que el gobierno de Ankara no está dispuesto a satisfacer. “Todos somos Hrant” En Turquía apenas viven unos 50 mil armenios de una comunidad que hace 100 años oscilaba entre 1.5 y 2 millones de personas. Durante décadas, quienes se quedaron tras el genocidio han vivido con miedo y procurando no destacar demasiado, pues el nacionalismo turco se impuso como ideología de Estado, las propiedades de las víctimas fueron confiscadas y lo que un día fueron abarrotadas iglesias quedaron en ruinas. “Cuando nos insultan o nos critican, procuramos mirar hacia otro lado. Ya nos hemos acostumbrado”, lamenta el armenio Snork Besiktasliyan. Pero también es cierto que en los últimos años se han dado pasos adelante, en especial desde el asesinato en 2007 del periodista turco-armenio Hrant Dink, gran defensor del acercamiento entre ambos pueblos. A partir de entonces, cuando decenas de miles de personas tomaron las calles de Turquía gritando “Todos somos Hrant, todos somos armenios”, importantes personajes de la cultura dieron un paso al frente para defender sus raíces armenias, ocultas durante generaciones. Uno de los primeros que rompió el tabú fue Mihran Pirgic Gültekin, quien tras investigar la historia de su familia y de su pueblo descubrió que eran armenios. “Sentí que tenía que hacer algo por defender mi identidad armenia, así que acudí a un tribunal y pedí el cambio de nombre”, explica a Proceso. Gültekin sostiene que miles de armenios, como su familia, se convirtieron al Islam en 1915 para escapar a las matanzas, un número que algunos cálculos sitúan en hasta unos 300 mil en toda Turquía. Si bien es cierto que, según un estudio del think-tank EDAM, sólo 18% de los turcos estaría dispuesto a que su país pidiese perdón oficialmente por las matanzas de armenios, el debate acerca del genocidio se ha instalado en la

sociedad turca, algo que sólo hace unos años podía suponer un procesamiento judicial. “Es algo que tiene que ver con que Turquía se ha democratizado y la gente ha comenzado a tener una mejor educación –sostiene el historiador turco Ibrahim Ethem Atnur–, y cuando la gente adquiere un mayor nivel educativo comienza a interesarse y a preguntarse por el pasado, sea bueno o malo.” El incremento de los contactos entre organizaciones armenias y turcas ha llevado a que este viernes 24 se conmemore conjuntamente en Estambul el centenario del inicio del genocidio. “Gracias al trabajo hecho por la gente en Turquía, a su coraje y a su valentía emocional, ahora se puede hablar más libremente y conmemorar el genocidio aquí”, señala Nicolas Tavitian, director para Europa de la Armenian General Benevolent Union, una de las organizaciones más importantes de la diáspora armenia. “El Genocidio Armenio es parte de la memoria de Europa, de Turquía y Armenia, y no hay civilización sin memoria”, agrega. Esta evolución, en un proceso desarrollado fundamentalmente en la sociedad civil, es lo que ha forzado a que el gobierno turco, aunque no se plantee dar pasos en dirección al reconocimiento del genocidio, tome medidas a favor de la convivencia. Así, en la última década se han reconstruido y restaurado varias iglesias armenias. Además, por primera vez en la historia republicana de Turquía, un armenio, Etyen Mahcupyan, ocupa el cargo de asesor en jefe del primer ministro. Igualmente los partidos políticos turcos han incluido en las listas electorales de junio a varios candidatos armenios, con amplias posibilidades de convertirse en diputados, algo que no ocurría desde el Imperio Otomano. “Debemos tener paciencia para obtener justicia, pues la justicia del mundo actual va a su ritmo”, admite el párroco Anul Tatusyan, presidente del Consejo Espiritual del Patriarcado Armenio de Estambul Y añade: “Nosotros somos hijos de estas tierras, llevamos siglos aquí”.

La prensa hispana, doblegada ante Rajoy Alejandro Gutiérrez Por medio del dinero, el gobierno español ha ido acallando las voces críticas de la prensa. En un panorama en el cual la mayoría de los medios ha perdido grandes porcentajes de lectores o audiencias, y en consecuencia ingresos por publicidad, las autoridades hispanas chantajean: rescatan financieramente a cambio de una cobertura favorable a ellas, especialmente en éste, que es año electoral. Un panorama que no es extraño en otros lugares, como México… Madrid.- El pasado 27 de marzo el conductor Jesús Cintora ya no apareció en la pantalla de Las Mañanas de Cuatro, una tertulia política de la cadena propiedad de Mediaset España. Fue destituido abruptamente la víspera, pese a los buenos datos de audiencia de su programa. La filial española del consorcio –propiedad de Silvio Berlusconi, expresidente del Consejo de Ministros de Italia– emitió un duro comunicado contra el periodista. Señaló que “la línea editorial de Mediaset España es coherente en toda su programación y tiene el claro objetivo de informar, que no formar a los espectadores, a través de un pluralismo con el que dar voz absolutamente a todas las opiniones políticas y con unos presentadores que traten de informar objetivamente”. El caso de Cintora es similar al de Carmen Aristegui, separada de su espacio en Noticias MVS por ser una de las voces incómodas para el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y como en el caso de la mexicana, Cintora movilizó las redes sociales al publicar en Twitter el hashtag #26MStopMordazas, que se sumó a otras voces del gremio que lo señalan como uno más de los “periodistas incómodos” sacrificados por presiones del gobierno de Mariano Rajoy. Esto va de la mano con que en los medios tradicionales de la prensa española, sus directivos fueron cediendo espacios ante el poder, agobiados por sus millonarias deudas, por la caída de las ventas y la baja publicidad, comprometiendo su independencia editorial. Aparte de la mano del gobierno, el poder económico también influye en la línea editorial de la prensa, a partir de que los bancos, las empresas y las sociedades de capital de riesgo fueron ocupando posiciones en las juntas de accionistas y los consejos de administración de estos medios. Es el caso del Grupo Prisa, que publica el diario El País, una referencia para la prensa latinoamericana, agobiado por sus deudas y supeditado a una operación de rescate. Con la ayuda de la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, Prisa consiguió en 2012 un refinanciamiento de 434 millones de euros a través de bonos que en 2014 se convirtieron en acciones –cerca de 25%– que pasaron a manos del Banco Santander, HSBC y La Caixa, y un porcentaje para Telefónica. Hoy 75% de los miembros del consejo de administración tiene vínculos con el

sector financiero o proviene de él. Antonio Caño, director de ese diario desde mayo de 2014, dijo en julio pasado (Proceso 1969) que “la vida era más cómoda cuando teníamos una cuenta de resultados boyante y positiva y no teníamos como accionistas a los bancos. Ahora la vida es más difícil para este periódico y para otros muchos”. Y reconoció que los bancos “tienen un enorme poder” y ese “es un factor con el que hay que contar; no te oculto que es un factor el hecho de que los medios están atravesando dificultades económicas y necesitan los créditos de los bancos”. Noticias negativas de esos bancos acreedores difícilmente llegan a las páginas del diario español más reconocido. Pudo ser una coincidencia, pero El País prácticamente no abordó el tema sobre la jugosa lista Falciani, que destaparon Le Monde y otros medios del mundo, que involucra a la filial de Ginebra del HSBC en un esquema global de evasión de impuestos. En Vocento, grupo editor del diario ABC, de línea conservadora y monárquica, el presidente es Enrique Echenique desde abril de 2014. Este ejecutivo fue consejero delegado del Banco Santander y mano derecha, hasta su muerte, del presidente de ese grupo financiero, Emilio Botín. Esta influencia empresarial se nota en la sintonía editorial de este periódico con el discurso gubernamental, más que obvia. En marzo pasado, un artículo del director Bieito Rubido, titulado “Ingratitud”, llegó al extremo de pedirle a Rajoy que “hable más” para convencer de sus reformas, porque a su juicio, “si tú no hablas, lo harán por ti las tertulias –sobre todo las televisiones– y trata después de explicar a esos ingratos que las cosas pudieron haber sido bien distintas”. Pasa lo mismo con el diario La Razón, de línea conservadora y afín a la derecha, cuyo director, Francisco Marhuenda, aparece todos los días en tertulias defendiendo las políticas del presidente español y atacando a Podemos y a otro partido nuevo, Ciudadanos. Lo explica el hecho de que el periodista fue diputado del Partido Popular (PP), director de gabinete de Mariano Rajoy en el Ministerio de Administración Pública y en el de Educación y Cultura, durante el gobierno de José María Aznar, entre otros cargos. Todas estas concesiones editoriales parecen ir de la mano con los malos números que tienen en ventas y en publicidad, siendo el gobierno y las empresas españoles sus principales anunciantes. El informe anual Infoadex arroja que el conjunto de la inversión publicitaria en los diarios españoles pasó de mil 155 millones de euros en 2008 a 454 millones en 2013, que representa una caída de 61%. La publicidad en radio cayó 50% al pasar de 476 millones a 239 millones, mientras en televisión pasó de 2 mil 307 millones a mil 191, es decir una caída de 48%. Mientras que el informe del Observatorio de Prensa Diaria señala que en el primer trimestre de este año, el caso más grave lo tuvo el diario ABC, que cayó 19% en ventas y 20% en difusión; El País bajó 16% y 11%, respectivamente, mientras El Mundo lo hizo 11% y 13%, en cada uno de esos rubros. Los datos de este informe elaborado por Deloitte en enero pasado para la Asociación Española de Editores, también señalan que la caída del sector fue de 4% general, aunque en el caso particular de El País su caída a enero pasado fue

de 18% respecto de enero de 2014 y El Mundo perdió 17% de ventas de publicidad en este mismo periodo. “Pax audiovisual” Las dificultades de las televisoras privadas son de otra índole: Mediaset con sus canales Telecinco y Cuatro y el grupo Atresmedia, con sus canales Antena 3 y La Sexta, vienen supeditando sus líneas editoriales al proceso que dirige el gobierno para subastar a fines de abril cinco canales de televisión nuevos. Estas empresas también piden al gobierno de Rajoy que cabildee ante el Tribunal Supremo para que se suavice una inminente sentencia contra ellas, que podría anularles algunas concesiones otorgadas durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011) y dejar “sus pantallas en negro”. Lo que buscan es que el gobierno emita un decreto para beneficiar a Mediaset y Atresmedia, y con ello evitar que otra televisora extranjera pueda adquirir esas concesiones que sancione el tribunal. Con estas dos medidas Rajoy busca firmar una “pax audiovisual” en pleno año electoral, como la describió el diario digital El Confidencial. Este guiño del gobierno ya tuvo su recompensa y se refleja en las pantallas de estas dos cadenas, las cuales en pocos días disminuyeron su atención mediática a Podemos, el partido que representa a la indignación española. Cedieron a las críticas provenientes desde el PP y el gobierno en el sentido que estaban fomentando el fenómeno de Podemos, cuyos líderes son tertulianos habituales en las barra de actualidad política, lo cual les da el foro idóneo para lanzar sus mensajes reivindicativos contra “la casta” en el poder. La vicepresidenta Sáenz, artífice de esta política de cara a controlar el tablero mediático rumbo a las elecciones generales de este año, reanudó los encuentros en enero con los principales ejecutivos de las televisoras. Después de esos encuentros, los programas de actualidad política súbitamente centraron su atención en el proceso de inestabilidad de Venezuela, relacionándolo con Podemos por sus “propuestas populistas” o “chavistas” y sobre el supuesto financiamiento del país sudamericano al partido de Pablo Iglesias. El pasado 28 de enero, los kioscos de prensa en España amanecieron con las portadas de todos los diarios tradicionales con la misma publicidad del banco Santander. Los cabezales de los siete diarios de mayor tiraje iban acompañados con una publicidad a plana completa. A diferencia de otras ocasiones en que los diarios llevan un forro externo con publicidad pero conservan su primera página, en esta ocasión El País, El Mundo, ABC, La Razón, La Vanguardia, El Periódico de Cataluña y 20 Minutos cedieron su portada al lema del plan “GeneraciON Encendida” del banco español. Esto fue una demostración de fuerza de la nueva presidenta del Banco Santander, Patricia Botín –uno de los mayores anunciantes en España–, hija de Emilio Botín, fallecido el 10 de septiembre de 2014. El fallecimiento de este banquero fue otra muestra de una desmesurada cobertura en la que dichos medios mostraron un absoluto servilismo, como lo refiere Manuel

Conthe, extitular de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, quien consideró que “el despliegue informativo y encomiástico sobre el banquero fallecido, tan desmesurado y servil, que me ha parecido ‘bananero’ e incompatible con la idea de una prensa libre”. Los caídos El 6 de noviembre de 2014 El País inauguró su sitio elpais.cat, su versión digital en catalán, como un guiño al gobierno español en plena crisis política por la independencia de Cataluña. En el acto, la vicepresidenta Sáenz brindó con los principales directivos del diario, encabezados por Juan Luis Cebrián e Ignacio Polanco, imagen que representó el sello de la intervención de la mano derecha de Rajoy en su operación de salvamento del grupo Prisa. La mano de la vicepresidenta ayudó para que Telefónica adquiriera 53% del negocio televisivo de Prisa, Digital plus, por 650 millones de euros, con la coincidencia que la empresa de telecomunicaciones no sólo se comporta como empresa de Estado, con fuerte presencia de expolíticos o familiares, como el mismo esposo de Sáenz de Santamaría, José Iván Rosa Vallejo. También su intervención permitió que los bancos acreedores suavizaran su posición ante el grupo mediático y se capitalizara en acciones la deuda adquirida, como era el acuerdo, hasta poseer alrededor de 24% de Prisa. En reciprocidad, Cebrián cambió a Javier Moreno de la dirección –durante cuya gestión se publicó el caso Gürtel, que tanto molestó a Rajoy– por Antonio Caño, quien desde su llegada rebajó el tono editorial contra La Moncloa. Unos meses antes, en enero de 2014, Unidad Editorial anunció la destitución de Pedro J. Ramírez al frente del diario El Mundo, periódico que dirigió durante casi 25 años, desde su fundación. Y es que el periodista dio amplia cobertura al caso Gürtel y al caso Bárcenas, que molestó al gobierno. Bajo su dirección se publicaron los documentos originales de la libreta de Bárcenas, una entrevista de cuatro horas con el incómodo extesorero del PP y luego los mensajes de texto que se enviaron Bárcenas y Rajoy, donde éste le pedía “resiste Luis”, en alusión a la ofensiva judicial y mediática por el caso. Federico Jiménez Losantos, el polémico conductor de radio y colaborador de Ramírez calificó su salida de El Mundo como un golpe de “los poderes fácticos” y las “coacciones procedentes de La Moncloa y de Zarzuela”, debido a que también ofreció innumerables exclusivas sobre la trama de corrupción en que están envueltos la infanta Cristina Borbón y su esposo Iñaki Urdangarín. En un artículo publicado en The New York Times, titulado “En España, despedido por hablar claro”, Pedro J. Ramírez advertía en febrero de 2014 que la democracia española vive su momento “más frágil” desde la muerte del dictador Francisco Franco en 1975. “Los anteriores presidentes, incluido el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, aceptaron las críticas de la prensa. Pero todo cambió cuando Mariano Rajoy llegó al poder. Aunque le apoyamos –desde El Mundo– en tres ocasiones, una vez en el

poder mostró hostilidad hacia las verdades incómodas e indiferencia respecto a la opinión pública”. Añade: “Mi confrontación con el gobierno empezó el año pasado, cuando el extesorero del partido de Mariano Rajoy, Luis Bárcenas, ahora encarcelado con cargos de corrupción y fraude fiscal, aportó documentos que mostraban la financiación ilegal del partido durante casi dos décadas”. El 12 de diciembre de 2013 de La Vanguardia fue destituido José Antich, director durante 13 años, y en su lugar fue nombrado Márius Carol, quien antes fue corresponsal de ese diario catalán ante la Casa Real. El motivo fue el enojo monumental del rey Juan Carlos I porque el diario había apoyado la deriva soberanista en Cataluña, por lo cual exigió al propietario, Javier Godó, que destituyera a Antich. La obediencia de Godó ante el exabrupto se entendió porque fue el monarca quien le concedió los títulos nobiliarios a su familia, como tercer conde de Godó y Grande de España. De esa forma lo explicó la revista satírica Mongolia, en su sección “Reality News”, donde publicó un detallado reportaje del periodista Pere Rusiñol en el que refiere el enojo del monarca y la abyección del dueño de La Vanguardia. Por su parte, al periodista Jesús Cintora lo destituyeron cinco días después de las elecciones de Andalucía, del 22 de marzo, que representaron un batacazo para Rajoy pese a que se implicó públicamente para intentar salvar al PP; su pifia fue ampliamente abordada en la prensa española. Pero con antelación había una serie de hechos que disgustaron a La Moncloa y al PP, como la difusión en su programa de unas fotografías del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, en una plaza de toros el mismo día que se produjo el atentado de Túnez en el que murió un matrimonio español. También les disgustó una incómoda entrevista que el periodista le hizo a Rafael Hernando, portavoz del PP. Pero particularmente incómoda era escuchar en esa tertulia política los ácidos comentarios de sor Lucía Caram, una monja de clausura de la orden dominica contemplativa, que es particularmente crítica con el gobierno de Rajoy tanto como de los abusos del poder financiero en este país. La religiosa que dirige una fundación que da comida a mil 600 familias no tuvo empacho, desde la pantalla, en exigirle a Rajoy la dimisión del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a quien criticó por desdeñar un informe de Cáritas sobre la pobreza en España. “O (Montoro) demuestra que el informe no es real o que dimita, porque está insultando a 3 millones de españoles que están en una situación de exclusión social”, dijo, y agregó que hay muchos voluntarios que trabajan diario para “paliar esta crisis demoledora en la que gente está siendo expulsada del sistema” por una clase política que “inyecta dinero público y rescata bancos e ignora a las personas”. En un artículo en eldiario.es, Rusiñol sostiene que “jamás el partido del gobierno había tenido en democracia un nivel tan extraordinario de control sobre los medios” y compara: “La libertad de expresión y de información en España empieza a parecerse al derecho a la vivienda: grandes y rimbombantes palabras en la

Constitución, pero una legión de desahuciados en la vida real”. l

De Mao a la Coca-cola El hombre que atestiguó una época Adrián Foncillas El filipino Jaime FlorCruz, jefe de la oficina en China de la cadena de televisión CNN y decano de la prensa extranjera en el gigante asiático, anuncia su retiro. En 1971 realizó un viaje de estudios de tres semanas a ese país y se quedó 43 años. Llegó a una nación cerrada que padecía la Revolución Cultural, su población vestía “trajes Mao”, andaba en bicicletas, y el régimen profesaba una ideología delirante. Ahora se va de un país de rascacielos y calles atestadas de vehículos que busca “su alma perdida” en el vértigo del progreso. Beijing.- El filipino Jaime FlorCruz llegó a la capital china en agosto de 1971. Tenía 20 años y quería cambiar el mundo y formar parte de la revolución que encabezaba Mao Tse-tung. Una semana después de su llegada a esta ciudad una bomba estalló en su país, Filipinas. Murieron seis personas. El entonces dictador Ferdinand Marcos achacó el atentado a izquierdistas radicales y elaboró una lista negra en la cual estaba FlorCruz. Ante el temor de ser detenido, el joven decidió quedarse en Beijing. Así, un viaje planeado para tres semanas se prolongó 43 años. FlorCruz laboró en una granja y en un barco pesquero, estudió en la Universidad de Beijing e ingresó, por casualidad, al periodismo: trabajó para las revistas Time y Newsweek y luego para la cadena de televisión CNN, de cuya oficina en la capital china es corresponsal en jefe. Durante ese tiempo le tocó ver las grandes transformaciones del gigante asiático: la Revolución Cultural de Mao, la apertura económica de Deng Xiaoping, la matanza de Tiananmén, el primer concierto pop, la llegada de la Coca-Cola, el boom de la economía… A los 64 años FlorCruz es el decano de los corresponsales extranjeros en China y, en días previos a su jubilación, concede una entrevista a Proceso. –Cuando usted llegó a China, ¿encontró el paraíso esperado? –Al principio mantuve mi idea romántica. No había brechas entre ricos y pobres, todos iban con los trajes Mao. Te enseñaban comunas, hospitales y granjas. La gente estaba segura y feliz. Después fui a trabajar a una granja durante casi un año y ahí vi la verdadera China. “Plantábamos arroz, manzanas y peras durante siete días a la semana. No nos pagaban. Sólo la manutención. Los chinos nos habían pedido que esperáramos en el hotel a que la situación se tranquilizara en Filipinas. Pero yo tenía 20 años, quería cambiar el mundo y formar parte de la revolución. Insistimos en trabajar.” –¿Cómo era la vida en la Revolución Cultural (1966-1976)? –Habían pasado los años más locos. La gente ya no luchaba en las calles, pero seguían las campañas ideológicas. Al principio pensé que la gente creía la propaganda. Había familias separadas, hijos que denunciaron a sus padres por capitalistas. Mi epifanía llegó en 1974. Deng Xiaoping había tenido problemas por segunda vez. Un amigo del partido me dijo: ‘Deng es un buen hombre, quiere

cambiar a China de la forma correcta’. Me quedé perplejo. Supe entonces que no podía quedarme en la superficie. –¿Qué problemas había entonces? –(Los chinos) no estaban preocupados por el dinero, porque lo esencial venía del partido: comida, casa, sanidad… Pero sus salarios eran muy bajos y la economía no funcionaba. La propaganda aseguraba que todo iba bien, pero en privado me pedían vino, aceite para cocinar o tabaco. Todo estaba racionado y yo los conseguía en la Tienda de la Amistad para extranjeros. Deng visitó Japón y Estados Unidos. La televisión lo emitió y la gente quedó impactada: los países imperialistas no se estaban muriendo de hambre, sino que era China la que se había quedado atrás. El suicidio de Jiang Qing A FlorCruz se le pregunta si había miedo o entusiasmo ante los cambios. Señala que “los emprendedores estaban excitados y los del partido no querían cambios radicales”. Comenta que “los campesinos experimentaron algo mágico: Deng les dijo que si daban una parte de su cosecha al Estado, se podrían quedar la otra para venderla. Tan pronto lo oyeron empezaron a trabajar más duro y la agricultura nacional se disparó. Y 10 años después ya compraban los productos que las ciudades fabricaban”. –¿Cómo aprendió mandarín? –Mi traductor me prestó su diccionario. Sólo había uno, con consignas políticas. Las copié a mano. Fue sólo una quinta parte del diccionario, pero llené tres libretas. También leía la prensa oficial. Fue como aprender las escrituras en un monasterio, había muy pocas distracciones. Recuerda cuando a inicios de los ochenta empezó a trabajar en la revista Newsweek. “Al principio sólo traducía la prensa china y ayudaba en entrevistas”, comenta. Recuerda su “primer reto” en el oficio: cubrir el juicio en 1981 a la llamada Banda de los Cuatro, altos dirigentes del Partido Comunista quienes, tras la muerte de Mao, fueron acusados de crímenes y abusos cometidos durante la Revolución Cultural. En esos momentos –recuerda FlorCruz– “mi jefa en Newsweek estaba de vacaciones. Publiqué una historia de dos páginas y así los editores oyeron hablar de aquel pobre chico filipino que no podía volver a casa”. Diez años después, en 1991, obtuvo una exclusiva impensable: el suicidio de Jiang Qing, la viuda de Mao, quien purgaba cadena perpetua. “Fue a través de gente que confió en mí –rememora–. Las fuentes oficiales no nos lo desmintieron, así que lo dimos por bueno. Estábamos seguros porque nos dieron detalles, aunque no al 100%. Lo publicamos pequeño para no hacer ruido. Otros colegas extranjeros lo leyeron y llamaron al Ministerio de Exteriores. Y el gobierno nunca nos acusó de difundir rumores. Diez días después lo publicó la agencia oficial.” Se le comenta que cuando estudió en la Universidad de Beijing conoció a Bo Xilai,

poderoso político condenado a cadena perpetua por corrupción en 2013. “Era alto, carismático, guapo. Destacaba a pesar de que todos vestíamos igual. Las mujeres se sentían atraídas por él. Se juntaba con los extranjeros porque quería perfeccionar su inglés. Nos preguntaba por el mundo porque China seguía muy cerrada. Ya era muy ambicioso, pero le interesaba más el periodismo que la política”, dice. –En las escaleras del Gran Palacio del Pueblo, Bo provocaba aglomeraciones –se le comenta. –En cualquier país habría ganado las elecciones. Parecía una estrella de cine, abrazaba a los niños... Su caída pudo deberse tanto a la corrupción como a las pugnas de poder. Muchos se sintieron amenazados. Y después llegó el asesinato de un empresario inglés ordenado por su esposa, la huida de su subordinado al consulado estadunidense… fue su final. Tiananmén A FlorCruz se le comenta sobre otro evento histórico: la matanza de Tiananmén en 1989. –¿Los estudiantes en Tiananmén temían que se les disparase? –No, y yo tampoco. El escenario quedó preparado, pero no intencionadamente. Pensé muchas veces que las protestas se habían acabado. Los estudiantes declaraban la victoria y se iban al campus universitario, pero después regresaban. No se ponían de acuerdo en la estrategia. Tampoco China tenía entonces unidades antidisturbios y todo fue confiado al ejército. “(El ejército) intentó varias veces dispersar a los estudiantes sin disparar. Enviaron destacamentos de soldados desarmados para negociar, pero algunos fueron golpeados y humillados. La cúpula del partido también estaba dividida. Todos esos elementos conspiraron para el desenlace.” –Y ahí conoció a Liu Xiaobo, el disidente encarcelado y Nobel de la Paz. –Fue el 4 de junio. Horas después de los disparos, una mujer me llamó y pidió que recogiera a mi amigo, un cantante taiwanés, en un hospital. Lo pensé porque no sabía si era correcto que un periodista ayudase a fugitivos. Conduje mi auto por las calles desiertas. Sólo había soldados y tanques. Vi a mi amigo en la puerta, disfrazado de médico, y detrás estaba Liu. Los metí rápidamente en el auto. Mucha gente podía reconocerlos. –Se cumplen 30 años del primer concierto de una banda extranjera. Fue Wham –se le comenta. –Sí, en un estadio de Beijing abarrotado con 8 mil personas, todas sentadas. Había mucha policía porque nadie sabía qué podía ocurrir. Ellos cantaban el Wake me up before you go-go y la gente los miraba fijamente, muy curiosa y extrañada; no sabían cómo reaccionar. Cuando algún joven aplaudía o se levantaba, la policía lo reprendía inmediatamente. Fue un gran shock. Los jóvenes lo disfrutaron porque en ese tiempo el pop extranjero llegaba en contrabando de cintas de casete. Había mucha gente mayor, en su mayoría miembros del partido. –Los chinos son más ricos y poderosos ahora, pero la mayor felicidad parece estar

en la China rural. –Tener un gran auto o una lujosa casa no te da necesariamente la felicidad. También necesitas fe, valores familiares… El gran desafío de China es llenar el vacío espiritual. El maoísmo está desacreditado, las religiones se consideran burguesas, el confucionismo es rechazado. China está en crisis espiritual desde hace 20 años. Muchos intentan encontrar el sentido de todo esto. Necesitan encontrar el pegamento para los mil 300 millones de habitantes. El gobierno ofrece el nacionalismo. Es una vía rápida y eficaz para aglutinar a la gente, pero también peligrosa porque puede desembocar en el patrioterismo. –¿Cuál ha sido tu mejor historia aquí? FlorCruz no lo piensa mucho: “Tiananmén y la de los huérfanos del sida”, dice en referencia al contagio masivo del virus registrado en los noventa en la provincia de Henan, cuando campesinos donaron o vendieron su sangre para hospitales y centros de salud. “Entramos en un pueblo a pesar de que los funcionarios no estaban nada contentos. Lo mejor es que después de su emisión recibimos muchos e-mails de gente que quería donar dinero para los huérfanos”, comenta FlorCruz. –¿Qué historia le habría gustado contar? –Entrevistar a Mao. O al menos a Chou En-lai (su primer ministro). Y estar en una reunión del Buró Político; ser una mosca en la pared y ver cómo toman las decisiones. –Sabemos muy poco de la política. –El sistema tiene muchas capas. Quizá pelamos más ahora a través de gente que sabe más que nosotros. Pero un experto en política china es una contradictio in terminis. Algunos asuntos siguen sellados, pero otros son más accesibles. Antes era difícil hablar con los chinos. Muchas veces llamaban a la policía porque se asustaban. Ahora ya no. Escribimos historias económicas y sociales antes impensables. –Durante estos 43 años ha escuchado a los expertos extranjeros anunciar el inmediato colapso de China –se le comenta. –Y aquí seguimos. Yo aún no escucho el murmullo del terremoto. Mis amigos chinos no están sumidos en el pánico. Por supuesto hay graves problemas, pero no provocarán un colapso. Los chinos son más resistentes de lo que se cree. –¿Pensó que China podría convertirse en lo que es hoy? –Si alguien me lo hubiera sugerido, habría pensado que era un loco o que soñaba. Desde las calles colapsadas por autos a la Coca-cola. Estaba convencido de que (ese refresco) no triunfaría. Los chinos decían que era horrible, que sabía a medicina. Y poco después estaba en todas partes. Cualquier cosa puede pasar aquí debido a su pragmatismo: pueden hacer mañana lo contrario de lo que dicen hoy sin sentirse culpables ni obligados a dar explicaciones. –Muchos extranjeros que llegan a China se sorprenden. Esperan un país sombrío, de gente oprimida, como la Rumanía de Ceausescu. Los corresponsales, ¿estamos haciendo bien nuestro trabajo? –Yo también me lo pregunto. Eso indica lo difícil e importante que es (el trabajo de un corresponsal). Es muy complicado explicar el cuadro de China por grande y

complejo. Es muy frustrante. Intentamos pintar un mosaico juntando todas las pequeñas piezas. Hay algunas muy bonitas y otras horribles. Tienes que alejarte para ver la globalidad. Tenemos que trabajar muy duro para recoger todas las piezas, pero la audiencia también tiene que esforzarse para entenderlas y colocarlas en perspectiva. Normalmente, sólo se queda con el “hombre tanque” de Tiananmén o con los graciosos pandas, lo simplifica todo. Y entre esos dos conceptos está la verdadera China.

Las ambigüedades en el rescate de bienes culturales Jorge Sánchez Cordero* Ante la gravedad del pillaje perpetrado por el Estado Islámico (EI) en Medio Oriente y el vandalismo contra los sitios arqueológicos de la región, que hemos presenciado estupefactos, Occidente tomó medidas insólitas que ya trastocaron el mercado internacional del arte. Por un lado, los servicios de inteligencia de los países de destino se dieron a la tarea de identificar los contactos del EI en el mercado negro que han hecho posible el financiamiento de esta organización mediante el saqueo de bienes culturales. Por otro lado, incluso satélites militares estadunidenses, según varias versiones, están detectando las rutas de exportación de bienes culturales asociadas al contrabando de petróleo y armamento; las más importantes que se han descubierto hasta ahora pasan por Líbano y Turquía. De acuerdo con el aparato de inteligencia israelí, los grupos yihadistas son los principales beneficiarios (The Wall Street Journal, del 1 de abril de 2015). Se estima que el presupuesto anual del EI es de 2 mil millones de dólares, con un fondo disponible de 250 millones de dólares. Para esta facción islamista, los recursos financieros son vitales; el Proyecto Asimétrico Terrorista (TAPSTRI por sus siglas en inglés) aduce que, con 1 millón de dólares, el EI tiene la capacidad para comprar 11 mil 600 fusiles AK-47, provistos de 2 millones 500 mil cartuchos, o bien mil 250 cohetes y 5 mil morteros en el mercado negro. El Estado Islámico transformó el robo de bienes culturales en una industria. Este es el sentido de la resolución 2199 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas del 12 de febrero último, la cual determinó que el Estado Islámico, el Frente Al-Nusrah y otros grupos terroristas se financian sobre todo con la extorsión, la exportación de petróleo y el tráfico ilícito de bienes culturales. Éstos provienen sobre todo de sitios arqueológicos, museos, bibliotecas y archivos. Los recursos financieros, sostiene la misma instancia, se emplean para el reclutamiento de miembros y la planeación y ejecución de ataques terroristas. El Consejo de Seguridad resolvió que todos los Estados deben adoptar las medidas adecuadas para prevenir el tráfico ilícito de bienes culturales provenientes de la región en conflicto. Para dar una idea aproximada del valor de estos bienes, se estima que un busto de la Edad de Bronce procedente de Siria o Irak se cotiza en 30 mil dólares en el mercado de Nueva York; otras piezas, empero, pueden alcanzar un valor de hasta 1 millón de dólares. Únicamente una acción concertada de todos los países de destino, de manera muy especial en donde se localizan los principales centros de acopio de arte, podría atemperar el tráfico ilícito. El fundamento primario de esta mecánica consiste en la disminución de la demanda y la regulación de la oferta, lo que se conoce como “perspectiva reductora del mercado” (Stefano Manacorda y Duncan Chapell). Actuar en forma aislada tendría el efecto nocivo de privilegiar a unos mercados de

arte sobre otros. Sin embargo, el desafío es enorme: a diferencia de otros mercados, como el bursátil, el de bienes culturales ha carecido hasta ahora de legislación básica en materia de operación. Al margen de ciertas piezas cuyo tráfico resulta prima facie ilícito, como las de marfil, determinar la ilegalidad de bienes culturales que han sido robados o exportados de manera indebida reviste una gran complejidad cuando son ingresados al mercado, incluso para expertos en arte y arqueólogos. Los países de destino han empezado a adoptar todo un florilegio de medidas para frenar el contrabando de bienes culturales, lo que presupone un conocimiento básico por parte de los vistas aduanales. La capacitación de este personal se realiza ahora en forma apresurada. La misma UNESCO, a pesar de su crisis presupuestal, ha destinado ya más de 3 millones de dólares de sus fondos europeos para ofrecer entrenamientos esenciales. A su vez, Italia pidió el envío a esa misión de cascos azules culturales, conformados principalmente por el cuerpo de élite de los Carabinieri, líderes en la defensa del patrimonio cultural. Por su lado, Estados Unidos está integrando en Fort Bragg, Carolina del Norte, una fuerza de élite similar a la que integró en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, compuesta de arqueólogos y académicos con la encomienda de controlar in situ el pillaje. Las acciones descritas son una respuesta a las expresiones de inquietud manifestadas por el Instituto Arqueológico (AIA por sus siglas en inglés), la Sociedad de Arqueología (SAA), la Asociación de Museos de Arte, las escuelas de investigación del Oriente, la Asociación Antropológica (AAA) y por el Instituto de Estudios Orientales de la Universidad de Chicago. Instituciones todas ellas radicadas en Estados Unidos. El tráfico ilícito ha florecido en la actualidad como muy pocas veces. Ahora, las subastas y galerías acopian cantidades significativas de bienes culturales provenientes de la zona de conflicto en Medio Oriente. La efervescencia en los centros de arte más importantes a escala mundial es enorme, máxime hoy, cuando es inminente la entrada en vigor de una legislación restrictiva del tráfico de bienes culturales en los países de destino. Lo inusitado En una acción bipartidista, los legisladores estadunidenses Eliot Engel, demócrata por Nueva York, Chris Smith, republicano por Nueva Jersey, y William Keating, demócrata por Massachussets, miembros influyentes del poderoso Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, presentaron una iniciativa de ley que tiene visos de ser aprobada en forma inmediata: el Acta sobre la Protección y Preservación Internacional de la Propiedad Cultural (The Protect and Preserve International Cultural Property Act). Esta acta tiene como propósito específico impedir que el EI se beneficie del tráfico ilícito, e implementará para ello medidas con la finalidad de impedirlo. Prevé la creación de un Coordinador para la Protección Internacional de la Propiedad Cultural en el Departamento de Estado y un Comité Coordinador de todas las

dependencias y entidades del gobierno de Estados Unidos. El propósito: “coordinar el combate de la destrucción de la propiedad cultural debida a la inestabilidad política, los conflictos armados y los cataclismos naturales”. El citado coordinador coadyuvará con el Comité Asesor de la Propiedad Cultural (CPAC por sus siglas en inglés) –compuesto por académicos, arqueólogos y la sociedad civil– del Departamento de Estado que actualmente preside la profesora Patty Gerstenblith, directora del Centro de Arte, Museo y Legislación sobre la Herencia Cultural de la Facultad de Derecho de la Universidad de DePaul, en Chicago. A ello habría que agregar el Memorándum de Entendimiento (MOU por sus siglas en inglés) que prevé el Acta Cultural de Implementación Estadunidense (CPIA) de la Convención de la UNESCO de 1970, que el gobierno estadunidense firmó recientemente con el de Egipto. Reino Unido no ha hecho menos. El 12 de febrero pasado, el parlamentario conservador Robert Jenrick urgió en la Cámara de los Comunes al gobierno británico a ratificar el Protocolo II de la Convención para la Protección de los Bienes Culturales en Caso de Conflicto Armado, conocido como Convención de La Haya de 1954 y que está en vigor desde marzo de 2004. En su exposición, el legislador planteó incluso la necesidad de fortalecer el Código de Ética de la Asociación de Museos Británicos –publicado en 2002–, que sigue el modelo aprobado por el Comité Internacional de Museos (ICOM por sus siglas en inglés) en 2001, revisado y aprobado en 2004 y en 2006. Esta iniciativa constituye un hecho insólito en un país que tradicionalmente se ha mostrado reticente en la materia, dada su activa participación en conflictos armados y su defensa del libre mercado de bienes culturales. La reacción del mercado de arte Tal como lo declaró Ricardo J. Elia, arqueólogo de la Universidad de Boston (The New York Times, 30/03/2015), el mercado de antigüedades capitalizó de inmediato el saqueo de los sitios arqueológicos en la región de conflicto de Medio Oriente. Con una anticipación premeditada, uno de los ideólogos del libre mercado de bienes culturales, el estadunidense James Cuno, presidente del J. Paul Getty Trust, administrador del Museo de Malibú, California, y perito en el mercado de arte, había pregonado un alegato en la revista Foreign Affairs (noviembre-diciembre 2014, Culture War. The case against repatriating museums artificats) en contra de la “repatriación” de los bienes culturales de proveniencia dudosa. No pasa desapercibido en el presente análisis que el citado museo ha adquirido algunas piezas grecolatinas que después se ha visto obligado a restituir en medio de un pandemónium. La soflama de Cuno (Who owns Antiquity? y Whose Culture?) ha sostenido la inviabilidad de la restitución de bienes culturales por parte de museos con vocación universal, como el Británico, el Louvre, el Metropolitano de Nueva York y, desde luego, el Getty en California, entre otros muchos, bajo muy diversos argumentos. En el criterio de Cuno, los museos enciclopédicos aseguran una

cultura universal y cosmopolita, así como un diálogo intercultural permanente que se ve confrontado por la repatriación de bienes culturales y cuyo trasfondo es una retórica nacionalista y sectaria. El financiamiento con recursos estadunidenses al Estado Islámico por el tráfico ilícito de bienes culturales confronta el argumento de Cuno. Si antes resultaba socialmente cuestionable la adquisición de bienes culturales robados, ahora será legalmente sancionable. La argumentación de Cuno, por lo tanto, tiene que ser reducida ahora a las colecciones de los museos y no a la defensa del libre mercado. El enciclopedismo museístico, sostiene por ello el mismo autor, es representativo de la realidad contemporánea, preserva los valores universales y salvaguarda la herencia cultural de la humanidad; por lo tanto, debe estar al margen de los intentos nacionalistas que propugnan la “repatriación.” El interés público En su poema narrativo Las peregrinaciones de Childe Harold (1812-1818), George Gordon (Lord Byron) hizo una crítica acerba contra Thomas Bruce (Lord Elgin) por la sustracción de las metopas y los frisos del Partenón, en tanto que John Keats, en su soneto Al ver los mármoles Elgin, expresó su fascinación por ellos. Estos dos poemas sintetizan dos posturas diametralmente opuestas respecto de los bienes culturales: nacionalismo e internacionalismo. La proposición empero es equivocada, toda vez que la salvaguarda de bienes culturales in situ obedece a una razón de interés público: la preservación del conocimiento. El entendimiento y la comprensión del pasado contribuyen a reconstruir la memoria colectiva. Es mediante el desarrollo de legislaciones, entre las que sobresale la relativa a la restitución de bienes culturales, como puede preservarse esa memoria, lo cual representa una de las fórmulas más efectivas a fin de asegurar el estímulo para la investigación y conocimiento. A Occidente le asiste la responsabilidad de haber contribuido de manera determinante al fomento del saqueo de los sitios arqueológicos de Medio Oriente que ahora presenciamos con frustración. Si bien la falta de preservación de los sitios culturales erosiona el conocimiento universal, de ello no se colige que el pillaje propiciado por el libre mercado sea la solución. En el umbral del siglo XXI emerge un nuevo paradigma totalmente inesperado. Los esfuerzos de Occidente por suprimir las fuentes de financiamiento del EI, el Frente Al-Nusrah y otros grupos extremistas han tenido como efecto la creación de un nuevo mercado internacional del arte. Las mercaderías, por su parte, han estado sujetas a reglamentaciones primarias, en contraste con el mercado de bienes culturales, que ha sido excepción. Las medidas inminentes de los países en donde están radicados los principales mercados de esta naturaleza conformarán un nuevo paisaje cuyas nuevas reglas todavía están por ser escritas. *Doctor en derecho por la universidad Panthéon Assas.

Las promesas de la literatura mexicana Niza Rivera A la lista de 10 escritores de renombre representando a las letras nacionales en la Feria del Libro de Londres, se sumó otra: la de 20 menores de 20 años y mayores de 40, reunidos en una antología que fue presentada en un evento el miércoles 15 en esa ciudad, en el marco del Año Dual México-Reino Unido. Proceso buscó a los literatos jóvenes para que hablaran de esta selección –que los coloca como las promesas literarias hoy–, y al director de Publicaciones del Conaculta, Ricardo Cayuela, encargado del jurado que integró la lista. El acto pasó prácticamente desapercibido. Y es que en la presentación de la antología de 20 jóvenes autores del proyecto México 20, seleccionados por un jurado de Conaculta (con apoyo del Consejo Británico y el Hay Festival) para representar a nuestro país en la Feria del Libro de Londres, sólo asistieron tres de ellos y no de manera oficial: Laia Jufresa, Valeria Luiselli y Eduardo Rabasa. Este último, fundador de la editorial Sexto Piso, además de otros cuatro narradores, Nicolás Cabral, Emiliano Monge, Antonio Ortuño y Carlos Velázquez, coincidieron, en entrevistas por separado, que como en toda lista –además de polémica–, siempre faltarán más escritores de los escogidos, y que la antología México 20. New voices, old traditions (Pushkin Press, edición en inglés), que reúne fragmentos de cada uno de los 20, sirve para dar una pista a los editores extranjeros y del país acerca de lo que ocurre hoy en la literatura mexicana. De hecho ya hay varias ofertas de traducción en el extranjero (ver Recuadro). Los enlistados, mayores de 20 años y menores de 40, son: Juan Pablo Anaya (1980) , Nicolás Cabral (1975, nacido en Argentina), Verónica Gerber (1981), Laia Jufresa (1983), Luis Felipe Lomelí (1975), Brenda Lozano (1981), Valeria Luiselli (1983), Fernanda Melchor (1982), Emiliano Monge (1978), Eduardo Montagner Anguiano (1975), Antonio Ortuño (1976), José Pergentino (1981), Eduardo Rabasa (1978), Antonio Ramos Revillas (1977), Eduardo Ruiz Sosa (1983), Daniel Saldaña París (1984), Ximena Sánchez Echenique (1979), Carlos Velázquez (1978) y Nadia Villafuerte (1978). El único escritor incluido que ya falleció es Gerardo Arana (1987-2012). Así, la edición México 20. New voices, old traditions fue presentada el 15 de abril en el marco del año dual México-Reino Unido (que se celebra todo el 2015), por Cristina Fuentes –directora de Hay Festival en América–, Julio Trujillo–director de Producción de Conaculta– y el narrador Juan Villoro, este último uno de los 10 escritores de renombre de la delegación mexicana asistente a Londres, encabezada por Elena Poniatowska; además de Roger Bartra, Carmen Boullosa, Lydia Cacho, Francisco Hinojosa, Enrique Krauze, Tedi López Mills, Pedro Serrano, y Jorge Volpi. El acto resultó un evento informal en un restaurante de comida mexicana, en donde coincidieron tres de los 20 jóvenes –Luiselli, invitada especial por la feria

como “Autor del día”–, Jufresa, y Rabasa, representantes de sus respectivas editoriales. México 20. New voices, old traditions es una modesta edición de portada colorida en formato de bolsillo (318 páginas), con prólogo de DBC Pierre y Cristina Rivera Garza. Proceso se dio a la tarea de buscar a los autores y logró hablar con cinco de ellos sobre la selección. Antonio Ortuño A diferencia de sus compañeros, el jalisciense Antonio Ortuño, autor de la novela El buscador de cabezas (2006), explicó que lo sondearon sobre la posibilidad de viajar a la Feria de Londres, pero que se negó, debido a que coincidía con la presentación de su más reciente libro de cuentos, Agua corriente (2015), presentado en Arequipa, Perú. Fue un fragmento de esa edición el que publicó en la antología inglesa: “A mí directamente me sondearon para ver si podía ir, hablé con Julio Trujillo y le comenté que no podía, agradecí la invitación y ahí quedó la cosa, porque ya tenía el compromiso de Perú, aunque vi en muchos lados que la gente dedujo que iba a haber una presentación con los 19 autores (ya que Arana falleció), pero no entendí ni llegué a pensar que nos iban a llevar a todos en bola, hará un poco más de dos meses de esa invitación.” Ortuño, quizá uno de los de más larga trayectoria de los 20 antologados, tiene entre sus obras las novelas Recursos Humanos (2007) –que lo hizo finalista del premio Herralde de Novela–, Ánima (2011), y La fila india (2013), y cuentos como El jardín japonés (2007), y La Señora Rojo (2010), además de que algunas de sus obras han sido traducidas al inglés, francés, rumano, alemán e italiano. –¿Cómo fue la selección del texto que aparece en la antología? –Juan Villoro fue quien se puso en contacto conmigo y me pidió algunos textos, me sugirió que fuera un relato o fragmento de novela que considerara y le mandé una especie de antología de relatos, y de ahí fue que salió. –¿Qué le parece la lista, conoce a todos los que están? –Como en toda selección habrá polémica, pero puede servir como una especie de primer guía, para mí es obvio que ahí no se agota la literatura mexicana actual, sencillamente es una especie de muestrario o de selección para que se dé ese primer contacto con las letras de nuestro país, es una antología como muchas otras. A un editor mexicano esta antología en inglés le dará una pista porque la mayoría en términos generales somos autores que venimos publicando y no hay autores inéditos rigurosamente hablando. “He leído a unos quince o dieciséis de los antologados y había oído hablar prácticamente de todos, incluso los que no he leído, para mí es también una posibilidad de conocer a gente que está escribiendo en México.” También explicó que aparte de Agua Corriente acaba de entregar “Méjico”, una novela sobre dos historias que abordan la de España a causa de la Guerra Civil y que espera se publique este año.

Eduardo Rabasa Politólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México, Rabasa, quien nació en la Ciudad de México, ha hecho labor de traducción de obras de escritores como Morris Berman, George Orwell y Somerset Maugham –aunque confesó alejarse por el momento de eso–. Es autor de la novela La suma de los ceros (2014), la que le valió estar en la lista, y editor en Sexto Piso. Como uno de los tres que asistieron a la presentación de México 20. New voices, old traditions, comentó: “No fui como autor, lo que sucedió es que la editorial en la que trabajo quedó en la bolsa de las 15 editoriales mexicanas que viajaron a la feria a raíz de un concurso público, y así fue como estuve en la presentación de la antología. Estuvo bien, hubieron unas 250 gentes, entre editores y agentes literarios, a todos les dieron un ejemplar y me pareció buena promoción. En la presentación hablaron Julio Trujillo, Cristina Fuentes y Juan Villoro, quien habló un poco de la experiencia que había sido la selección de los veinte autores, porque a su juicio la narrativa mexicana estaba en un muy buen momento, y básicamente ese fue el acto. “No hablé, no hablamos ninguno de los tres antologados, más bien estuvimos parados al lado de los oradores casi todo el tiempo. Fue muy breve, era una fiesta realmente y la cuestión era más bien convocar a la gente y que se llevaran los libros.” Sobre la lista de los 20 autores en la que se encuentra, dijo que estaba consciente de que en su caso ha habido molestias porque lo ven más como editor que como autor, “pero respeto el punto de vista, como dijo Villoro, ‘nadie está diciendo que son los únicos veinte’, es una muestra para captar la atención, para mí más allá de la satisfacción de estar ahí mencionado es que la literatura mexicana reciba atención. “Sé del caso de una editorial muy grande que ya contrató para publicar en español a tres de los antologados que previamente estaban en editoriales muy pequeñas, así que está muy bien.” Carlos Velázquez Por su parte, el coahuilense Carlos Velázquez, autor de la novela La marrana negra de la literatura rosa (2010), del cual se tomó un fragmento para la antología, calificó esta edición como un “registro de un momento” cuyos autores se asentarán según su producción y aceptación del lector: “Para mí hacer un viaje carece de importancia, el viaje lo tenía que hacer la obra y así lo hizo, el traslado de un autor vale la pena cuando el libro está colocado, de otra manera de qué sirve irte a encerrar tres días. Y pienso que más allá de la antología, lo importante sería hacer una traducción de al menos un libro de cada uno de los veinte, eso valdría la pena, la antología es una punta de lanza para abrir brecha en el mundo. “Ser parte de un listado tiene distintos significados y niveles, no olvidemos que las editoriales son negocios, se dijo con cierta ironía que se prefiguraba un pre-

canon, y no es que sea una imposición, no es imperativa, marca un rumbo. Creo que mientras los autores vayan produciendo y los lectores recibiendo, quizá ese canon podría asentarse, me parece más un registro del momento.” –¿Ha leído a sus colegas antologados? –No los conozco a todos en persona, ni los he leído a todos, honestamente de algunos ni sabía que existían, conozco de Brenda Lozano, de Monge, de Ortuño, Valeria, Saldaña París, con algunos de ellos sí tengo contacto personal, estoy leyendo actualmente a Eduardo Rabasa, y estoy por leer a Nicolás Cabral.” –¿Qué futuro le ve a los autores de la lista? –Por el momento tengo entendido que viajaremos al Hay Festival de México que se hará en octubre, y de la editorial Mal Paso de España me pidieron un cuento para una antología que entiendo es un buen resultado de la publicada por Pushkin Press, y estoy viendo alguna selección para la misma, además espero a título personal publicar este año mi novela “El corrido del Santo Madero”. Emiliano Monge Para este escritor no resulta para nada polémica la selección de los 20 México 20, sino los que faltan. “Igual si fuera de cuarenta lo sería y de todas formas sería válida”, comentó el defeño Emiliano Monge, autor de Arrastrar esa sombra (2008), Morirse de memoria (2010) y El cielo árido (2012). “Lo que es cierto es que la antología generó mucha noticia y fue importante porque agentes y editoriales extranjeras estuvieron en la presentación, hasta donde tengo entendido. Las listas siempre son polémicas pero no puedes acusar de nada que no sea el mero gusto, ni poner en tela de juicio a los jurados. Mi agente me dijo que en la feria hubo una muy buena recepción en particular de los autores que estamos en la antología.” –¿Ya tiene el libro? –No, solamente por fotos y creo que quedó bien, supongo que la harán llegar poco a poco, hasta donde tengo entendido la mayoría todavía no la tiene. –A su juicio, ¿de qué les sirve estar en una lista así en México? –Yo creo que esta lista en México no significa nada porque en teoría los editores nos conocen a los veinte y a todos los demás, pero para las extranjeras sí, pienso que una lista de cincuenta o una de tres sería menos polémica, porque en veinte parece que caben muchos pero en realidad son pocos. –¿Conocía las obras de sus colegas? –He leído por lo menos a dieciséis y todos hacemos cosas diferentes, creo que hay un valor estético y literario en cada uno y por supuesto hay gente que falta, yo diría Paulette Jonguitud, Daniela Tarazona, Javier Beltrán, pero no están por azar. Al final para lo que sirve una antología es para abrir puertas, y a veces significa mucho más para los ausentes que para los que están nombrados. El escritor explicó que actualmente trabaja en su novela “Las tierras arrasadas” que espera salga en septiembre por Random House Mondadori, y trata sobre lo que considera el holocausto del siglo XXI: la migración.

Nicolás Cabral Arquitecto por la Universidad de Guanajuato, nació en Córdoba, Argentina, aunque ha vivido toda su vida en nuestro país. Recientemente publicó su primera novela, Catálogo de formas (2014), y está por publicar un libro de cuentos, “Las moradas” en la editorial Periférica (un fragmento está en la edición de Pushkin Press). Es director editorial de la revista La tempestad. Para él la antología es un ejercicio interesante siempre y cuando no se institucionalice: “La antología en sí da una visibilidad que de otra manera no se tendría, de todos soy el que comencé a publicar más tardíamente y escribo una literatura con un público no muy amplio, así que una antología como ésta pienso que tiene beneficios en términos de difusión. “Como el límite de edad es muy arbitrario, me considero más cercano de la siguiente generación que en la que me colocaron, creo que si México 20 logra abrir alguna puerta para la lectura de calidad en nuestro país, más allá de los antologados, eso será mucho más importante que los nombres que aparecen en la lista.” L

Pormenores de la antología y su presentación Niza Rivera Entrevistado sobre la antología México 20. New voces, old traditions, de jóvenes autores mexicanos, Ricardo Cayuela, director de Publicaciones del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), despejó dudas sobre por qué no asistieron los narradores a la presentación del libro en Londres, por qué razón no se va a presentar en México, y lo que calificó de una consecuencia positiva de la edición: el interés de una editorial catalana por publicar a los 20 en una nueva antología con textos inéditos. “Nosotros nunca dijimos que íbamos a llevarlos a Londres”, comentó Cayuela vía telefónica en relación a comentarios en redes sociales sobre la feria. La presentación fue “profundamente informal” en un restaurante mexicano del Soho londinense, a decir del funcionario: “Cualquiera que revise con cuidado la rueda de prensa de la FIL (Feria Internacional del Libro) Guadalajara o la London Book Fair, nunca mencionamos y nunca estuvo en el proyecto que fueran, porque es un evento para profesionales que dura sólo tres días y es para compra y venta de derechos. Desde luego que había una delegación cultural mexicana seleccionada de común acuerdo entre el Conaculta, el Consejo Británico, la Feria de Libros de Londres y la Asociación de Editores de Gran Bretaña, porque no es una feria donde asiste el público, es muy pequeña pero importante en términos profesionales, y queríamos que cada autor tuviera su contraparte británica, garantizarles atención mediática y público adecuado. “La lista de la delegación mexicana que me pareció irreprochable, estuvo encabezada por Elena Poniatowska, Premio Cervantes 2013, y había pensadores, periodistas, poetas, narradores, de todas las tendencias, ideologías, edades y géneros.” –Los comunicados del Conaculta mencionaban entre la delegación mexicana la presencia de Valeria Luiselli, una de los autores del Proyecto México 20. ¿En qué consistió su participación? –La feria tradicionalmente dedica cada día a un autor y lo llaman así, “El autor del día” y nos ofrecieron que un mexicano lo fuera bajo la recomendación de que fuera joven, que hablara inglés y que tuviera libros traducidos. Y de común acuerdo con el Consejo Británico escogimos a Valeria Luiselli, así que ella fue invitada por la Feria de Londres como “Autor del día”. Coincidió en que formaba parte de uno de los veinte de la antología. “Es decir, la delegación mexicana fue de diez, más uno invitado por la feria, de hecho Luiselli tuvo una agenda exclusiva con entrevistas en la BBC, conferencias, y demás, y lo mismo sucedió con Eduardo Rabasa, que iba como parte de la editorial Sexto Piso, una de las 15 editoriales que salieron de una convocatoria pública, pero coincidió.” –¿Cómo resultó la presentación del libro? –Cuando vimos que el libro iba a estar a tiempo para la Feria de Londres porque

Pushkin Press se apuró para tenerlo, pensamos que valdría la pena presentarlo, y ya que Luiselli y Rabasa estaban ahí, así como Juan Villoro, que fue como autor de la delegación pero a la vez había sido jurado del proyecto (junto a Guadalupe Nettel y Cristina Rivera Garza) no dudamos en hacer la presentación. “Lo que hicimos fue organizar la presentación con el apoyo del Hay Festival, en realidad fue profundamente informal, en un restaurante del Soho londinense que se llama Wahaca, lo que me sorprende es que se pensara que íbamos a llevar veinte autores jóvenes a Londres a una feria profesional. El gobierno no iba a gastar en veinte boletos de avión para llevarlos a una presentación de un libro que no está a la venta, su sentido era de promoción y se cumplió plenamente con la impresión del libro. La venta va a ser en mayo, tengo entendido, a través del editor británico.” –Pero si Enrique Peña Nieto hizo un viaje con 200 diputados a Londres, ¿no tendría más sentido haber llevado a esos 20 autores o a algunos de ellos? –Para este proyecto no. Porque en una presentación ¿quién escucha a 20 autores? ¿Cómo discriminas quién sí y quién no va? Sería otra cosa si se organiza una feria de autores jóvenes, por supuesto que una antología da para más, pero para la Feria de Londres, en concreto de la delegación mexicana, no tenía sentido llevarlos, hubiera sido visto como el clásico derroche, un viaje a Europa para 20 segundos de participación. –¿Cómo calibrar la presencia de la antología, de qué puede servirle a estos autores? –Primero, ya están publicados al inglés, luego hay una serie de ejemplares repartidos con su nombre y texto en el mercado inglés, y de editoriales de todo el mundo se pueden interesar en la obra de ellos. Y ya hay un primer fruto pues la editorial Mal Paso, de Barcelona, España, se interesó en publicarlos. También hay una posible edición en Italia, y está el interés de Hay Festival de mostrarlos en su programación, y el reconocimiento más que la presencia efímera de ellos en Londres.” –¿Van a presentar el libro en México? –No, no tiene sentido porque las obras ya fueron publicadas, ya se conocen, de hecho a Mal Paso, que fue la editorial que se acercó, le sugerimos por cuestión de derechos de autor y de las editoriales a las que pertenecen los textos, que les pidieran inéditos que me parece valdrían más la pena, y al parecer eso van a hacer.” L

Carlos Ashida (1955-2015) Blanca González Rosas Discreto en su actitud, Carlos Ashida fue un protagonista relevante en la construcción del escenario post-conceptual del arte mexicano. Coleccionista, galerista y funcionario, Ashida destacó en la década de los noventa como un promotor libre y audaz que no se limitó a las estéticas apropiacionistas que imperaban en el Distrito Federal. Activo en la Ciudad de Guadalajara, Ashida se sumó a la vitalidad artístico-comercial que existía en esa época en la capital tapatía apoyando la creación, el pensamiento y la comercialización de las nuevas y conceptuales tendencias artísticas. Conocido desde entonces por su desempeño en el Departamento de Educación Pública del gobierno de Jalisco, por su participación como jurado en eventos nacionales –como la Sección de Pintura del Salón Nacional que organizaba el Instituto Nacional de Bellas Artes–, y por su presencia y colaboración en Expo Arte Guadalajara –primera Feria Mexicana de Arte Contemporáneo de resonancia internacional en la que también participaron los curadores Patrick Charpenel y Guillermo Santamarina–, el promotor, en su carácter de curador y galerista, representó y difundió firmas que si en los noventa eran desconocidas, ahora gozan de gran prestigio internacional: Francys Alys, Gabriel Orozco, Abraham Cruzvillegas. Pionero en la vinculación entre el mercado, el trabajo curatorial y la difusión museístico-gubernamental, Ashida destacó en los noventa como un curador de estéticas potentes y atrevidas. Coleccionista del espléndido pintor y escultor Germán Venegas, en 1992 colaboró con el equipo del Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México (MAM) en la muestra Polvo de imágenes del artista mencionado. Promotor comercial de estéticas post-conceptuales a través de su galería Arena México ubicada en Guadalajara, en 1995 curó, en conjunto con Charpenel, la emblemática muestra Acné o el nuevo contrato social ilustrado que exhibida también en el MAM legitimó y anunció el predominio institucional y comercial de estas poéticas con obras de Cruzvillegas, Eduardo Abaroa y Sofia Taboas. En lo que concierne a las poéticas bidimensionales, los dibujos de Daniel Guzmán y la obra en papel de Pablo Vargas Lugo evidenciaron un cambio rotundo en los valores artísticos. Director del Museo Carrillo Gil de la Ciudad de México de 2002 a 2007, Ashida fue también pionero en la controvertida incorporación de un galerista como funcionario museístico. Cuestionado en su gestión por la inclusión en el programa de exposiciones de creadores relacionados con la galería que fundó, el curador no se limitó en el fortalecimiento de vínculos entre el mercado y la difusión museística gubernamental. Dedicado actualmente al trabajo de curador en jefe en el Instituto Cultural Cabañas en Guadalajara, Carlos Ashida murió prematuramente el lunes 20.

“La fille mal gardée” Mauricio Rábago Palafox La fille mal gardée es un antiguo ballet pantomima estrenando nada menos que en 1789 en Burdeos, tal vez la única obra del siglo XVIII que aún se representa. A diferencia de los ballets “heroicos” de su época, propios de la corte de Luis XIV, esta obra trata de la vida simple y sencilla de una campesina y su inocente amor, lo cual contribuyó a su éxito en una sociedad harta de las historias provenientes de héroes mitológicos, y en su época se le acusó de melodrama popular. Este ballet es el más conocido de Jean Bercher Dauberval (1742-1806), cuyo título original fue Le ballet de la paille, ou Il n’est qu’un pas du mal au bien (El ballet de la paja, o del mal al bien no hay más que un paso), mejor conocido como La fille mal gardée (La hija mal cuidada) al parecer Dauberval se inspira en un grabado de Chauffard que muestra a un campesino huyendo de una matrona enojada que agita el sombrero, mientras a sus espaldas lloraba una chica. A finales del siglo XVIII la música que acompañaba a los ballets era frecuentemente una colección de melodías populares o fragmentos de óperas sin que esto fuera visto como un plagio, todo lo contrario, un homenaje. Esta es la razón por la que la música de La fille mal gardée ha cambiado al menos cinco veces de partitura a lo largo de los siglos; hoy en día prevalecen dos versiones, la rusa y la inglesa. En la primera escuchamos melodías de Rossini (Barbero de Sevilla) y Donizetti (El elixir de amor) entrelazadas con otras danzas anónimas. El estudio de esta partitura y sus orígenes puede abarcar todo un voluminoso ensayo. La Compañía Nacional de Danza (CND) del INBA ha repuesto esta obra fundamental en un recinto universitario; el teatro Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario. Asistimos al estreno donde se presentó Agustina Galizzi como la protagonista Lisette. Se trata de una experimentada primera solista que baila de maravilla al personaje. Estupenda su pantomima y el histrionismo generoso con que dibuja cada una de las muchas emociones en este complejo papel. Su compañero Colín fue interpretado por el joven bailarín Rodrigo Ortega, estupendo, con gran soltura y dominio del rol. La madre de Lisette, la vieja viuda Simonne, fue Yared Tobón, quien deleitó al público con su actuación llena de gracia y fluida actuación; su baile, aunque de pantomima, no está exento de arduas dificultades técnicas. El par de niñas chismosas fue interpretado por Cecilia Rodríguez y Natalia Lemus (ésta de reciente incorporación a la compañía) muy bien, con mucha experiencia y muy graciosas, al igual que los demás personajes y el cuerpo de baile. Lo malo fue el sonido: muy opaco, le faltó brillantez y volumen. La función en la sala Covarrubias no tuvo orquesta en vivo, se hizo con una grabación; ya sea que ésta fuera lamentable de origen o el equipo de audio de muy baja calidad o no supieron usarlo, pero el resultado resultó muy malo.

Una vez más los programas de mano escasearon, los pocos que había traían poca información e inadecuada. En fin, se recibe con mucho placer esta joya del repertorio dancístico, excelente puerto de entrada a la danza clásica.

Tres años después, el II Concurso Irma González Raúl Díaz Cuando nadie se acordaba de su existencia, de pronto, con todo retraso, llegó la invitación a la audición final, concierto de finalistas, de la segunda edición del Concurso Iberoamericano de Canto Irma González, que se realizara inicialmente en 2012. De cómo, cuándo, dónde y porqué se hizo esta segunda versión nadie se cuidó de informarlo y, por supuesto, menos aún de cuántos participantes se habían inscrito, provenientes de dónde –recordemos que el concurso se nombra iberoamericano–, cuáles fueron las audiciones y los criterios para integrar al jurado de siete miembros que eligió a los siete finalistas para la parte puramente operística, y a cinco para un premio a la mejor interpretación de canción iberoamericana, tres de los cuales participaron también en el otro. En total nueve cantantes finalistas, todos mexicanos. ¿Hubo participantes de otros países? En la sección operística participaron, por orden de aparición, el tenor David Orlando Pineda, la mezzosoprano Guillermina Gallardo Morales, el barítono Jorge Ruvalcaba de la Torre, la soprano Diana Mora Rodríguez, el barítono Óscar Velázquez Lara, la soprano Zaira Soria Tinoco y el tenor Juan Felipe Gallegos. En canción iberoamericana, aparte de las ya nombradas Mora, Soria y Gallardo, participaron también el barítono Juan Rafael Urrusti y la soprano Cynthia Sánchez Guerra. En este apartado, en el que se otorgó sólo un premio, la ganadora fue Zaira Soria Tinoco. Al galardonarla los jurados se allanaron el camino para no tener que considerarla en la otra categoría en la que, rotundamente, merecía. Por cierto que en esta sección, según dijo el maestro de ceremonias Francisco Méndez Padilla, compitieron 48 cantantes. ¿Algún extranjero? En la parte de ópera fueron tres los premiados; el primer lugar lo dio el jurado al tenor David Orlando Pineda, el segundo a la soprano Diana Mora Rodríguez y el tercero al barítono Óscar Velázquez, coincidentemente todos oriundos del D.F. Concierto caótico en el que todo mundo entraba y salía sin respetar nada, y en el que, en algún momento, quizás se tenía pensado un intermedio porque algunos músicos de la orquesta como que intentaron pararse y el propio director, maestro Srba Dinec, se desconcertó, y en el que se aprovechó para pasar a la luneta bastante vacía al poco público que estaba en los otros pisos, sin importarle que una de las participantes estuviera en plena actuación, situación que se prolongó por varios minutos. ¿Por qué se revivió este concurso? ¿Se volverá a repetir? ¿Cuándo y cómo? Los premios en metálico son interesantes: 100 mil, 75 mil y 50 mil pesos para los tres galardonados y 10 mil para la mejor interpretación de la obra iberoamericana. Dados los recortes presupuestales, ¿estos 235 mil pesos no mermarán otros proyectos? Es de esperar que no. Para terminar positivamente, agreguemos que fue gratísimo escuchar a estos siete jóvenes cantantes cuyas edades oscilan entre los 21 y 33 años, todos merecedores de estímulo.

“Melville en Mazatlán” Estela Leñero Franco A la orilla del mar, en el puerto de Nueva York, se dan encuentro dos personajes de tiempos distintos. Un viejo, Herman Melville, se refugia en una banca de 1883 para buscar las palabras exactas del poema que escribe sin querer ser interrumpido por nadie, pero un joven impertinente y audaz de 1844 rompe la tranquilidad de su soledad para abrumarlo con preguntas, inquietudes y cuestionamientos. Aquel joven del pasado se impone en la realidad de un presente desencantado. Dos tiempos vitales, dos impulsos, dos lugares extremos en el curso de una vida. Melville en Mazatlán es una obra de teatro escrita por Vicente Quirarte y dirigida por Eduardo Ruiz Saviñón que pone frente a frente a un personaje desdoblado. La situación se va dando poco a poco; de ser dos desconocidos, la comunión de intereses los va identificando, rompiendo las barreras que el viejo Melville tiene para cualquier extraño. La escritura es la que los une: uno decepcionado de ella y que busca la perfección y el otro ansioso de plasmar en palabras lo que fluye a borbotones de su ser. Quiere dejar el mar como marinero y lanzarse a las profundidades del contar. El viejo Melville llena el espacio con sus consejos, sus incertidumbres, sus decretos sobre el acto creativo, y la poesía vuela como polvo de mariposa en este mágico lugar. Textos de Melville y de Quirarte se integran para ser escuchados, pero difícilmente para ser recibidos en una puesta en escena. El propositivo debate acerca de la escritura se aleja de lo escénico a pesar de las capacidades interpretativas de dos buenos actores: Arturo Ríos y Pedro de Tavira Egurrola. La confrontación es más conceptual que relacional; son dos posturas encontradas más que dos personajes que dialogan sus diferencias y encuentran puntos de encuentro. El texto es bellamente discursivo y el punto de vista interesante: un personaje desdoblado en dos etapas de su vida. Difícil reto que suscita variadas preguntas dramatúrgicas: ¿qué sabe uno y desconoce el otro?, ¿qué provoca el verse años después o descubrirse rebosante de ilusiones?, ¿cómo hacer dialogar un yo dividido encarnado en dos seres? Ruiz Saviñón crea en el puerto diversas atmósferas propuestas por el autor, a través de la luz, la interacción y la pantalla donde se visualiza un mar constante en blanco y negro o ballenas en las profundidades. Martha Benítez, la escenógrafa, y Libertad Mardel, la diseñadora del vestuario, nos ubican en el espacio y el tiempo permitiendo la concreción de esta recreación onírica. El trazo escénico fluye suavemente y toca puntos distantes o cercanos en este puerto imaginario. La intensidad actoral que propone el director con la pretensión de dar fuerza y dramatismo al texto, diluye el movimiento emocional de los personajes. Los actores los interpretan verazmente pero la estridencia emborrona su evolución. Es atractivo el punto de partida que juega con la creencia de que Herman Melville estuvo en Mazatlán, siendo que nunca puso un pie en el puerto, ya que los marineros prohibieron a los pasajeros bajar a tierra por miedo a que desertaran.

Melville en Mazatlán se presenta en el Foro Sor Juana Inés de la Cruz dentro del Ciclo Narradores al Teatro de la UNAM hasta el 31 de mayo, y no importa estar o no estar familiarizado con la obra del autor, ya que la melodía del texto elaborado con frases y pensamientos tanto de Quirarte como de Melville nos sumergen en un universo literario bellamente construido.

“El niño de piedra…” Javier Betancourt Primordialmente independiente y nunca ausente del todo, el cine de animación en México no ha conocido aún su época de oro; apenas comienza a expandirse en las últimas dos décadas con cortometrajes como El héroe de Carlos Carrera, premiado en Cannes. Nada de extrañar si se toma en cuenta el alud constante de la animación estadunidense (y un tanto de la japonesa), sobre el público de todas edades; pero una lástima si piensa en la riqueza gráfica de un país complejo y vistoso como el nuestro. La increíble historia del niño de piedra (México, 2014) aprovecha mucho del capital visual cultural trasladando a Olga Costa con sus mercados de frutas, o a Diego Rivera y a Frida Khalo, quienes incluso aparecen en la cinta; parte de la historia ocurre en una feria de pueblo, el mejor lugar para una fiesta de color. Recursos éstos, obvios y sobados por estar tan a la mano, pero aprovechables por la misma razón, son bellos, poseen una carga histórica y algunas de estas tradiciones gráficas tienden a desaparecer. ¿Cuántos niños citadinos, expertos de centro comercial, han visitado una feria de pueblo? Los directores, un equipo formado por Pablo Aldrete, Jaime Romadía, Miguel Bonilla, Miguel Ángel Uriegas, optaron por un relato simple y lineal que contrasta con la elaboración visual, barroca y llena de alebrijes. Una historia basada en un cuento de Nadia González, quien también escribe el guión; un grupito de niños, Marina y sus tres primos, encuentran, en una feria de la Huasteca tamaulipeca, a un niño que por enojo fue perdiendo los sentidos hasta petrificarse por completo. El cometido ahora es viajar al País de los Sentidos, encontrarse con los diferentes habitantes, grotescos pero simpáticos, Narices, Orejas, Manos, Ojos y Bocas, para buscar cómo ayudar al chico a recuperar sus sentidos y reconciliarse con la vida. Ingenua y llana, la historia es apta para menores de 7 años; las etapas son claras, la misión es constructiva, el contenido propone una reflexión sobre los sentidos y su función; la didáctica se refuerza en las canciones cristalinas, variopintas, compuestas y cantadas por Julieta Venegas. El mensaje apoya la unidad familiar. Todo demasiado obvio para un público infantil curtido en animaciones con carga de violencia, propuestas arriesgadas y complicadas; imposible pasar por alto que dicho público resulta demasiado sofisticado y exigente para tanta inocencia. Los directores rehusaron sistemáticamente cualquier posibilidad de picardía, choque de códigos o placer culpable de la animación moderna. Hay un canal, sin embargo, por el que pueden entrar niños mayores y hasta adultos: En La increíble historia del niño de piedra no hay princesas, monstruos o villanos, la oscuridad está dentro del personaje; el mal, por decirlo así, es un bloqueo. El recorrido de estos chiquitos propone todo un proceso terapéutico que, aunque esquemático, resuena más allá de los procesos mentales aparentes, asocia de manera concreta emociones y sentidos, y sugiere líneas de reflexión sobre el enojo y el resentimiento, que sí pueden funcionar en el entorno familiar.ç

Los veintidós años de Canal 22 Florence Toussaint Hace ya más de dos décadas nacía Canal 22, separándose de sus homólogos el 13 y el 7. Al hacerlo evitaba volverse otra anodina señal mercantil. Era tiempo de vender, recortar el presupuesto, de contraer al Estado. Tiempos de implantar el neoliberalismo. En desventaja por estar ubicado en UHF, en ese entonces ausente de la mayor parte de los receptores televisivos, Canal 22 se rescató para la cultura y sirvió de pantalla a los desmantelamientos de empresas estatales perpetrados por el gobierno de Salinas de Gortari. Canal 22 inició su vida independiente con una antena mal ubicada, escaso presupuesto, débil potencia y sin contenidos que ofrecer. Al timón el escritor José María Pérez Gay, quien lo construyó, le dio personalidad, formó un equipo y mantuvo su curso durante dos sexenios. En el 2000, con el panismo en el poder presidencial, arribó para modernizar tecnología y programas el productor Enrique Strauss. En 2006 tomó la batuta el novelista Jorge Volpi con propuestas inéditas, reality shows culturales, concursos de canto, danza y bandas de música. Actualmente lo dirige Raúl Cremoux. El recambio del 2012, bajo la actual tormenta privatizadora que amenaza con dejarnos hasta sin agua para beber, zarandea a Canal 22. Ese año el canal recibió 252.9 millones de pesos, en 2013 obtuvo 231.5, al siguiente ejercicio anual le tocaron 188.5 (a los cuales se agregaron 60 millones que puso Conaculta para completar las producciones propias). Ya desde finales del 2014 las arcas se vieron vacías, no había dinero para pagar la nómina. Este año la disminución será mayor: En 2015 contará con 164 millones de pesos. El recorte presupuestal al gasto público, consistente en 124 mil millones de pesos, se está aplicando de manera inequitativa. La peor parte la lleva la cultura. Los efectos sobre la señal televisiva de Conaculta están siendo devastadores. Recursos fiscales y lo que arribe por publicidad será repartido entre pago a trabajadores, compra de series, seis millones de renta anual de las instalaciones que se encuentran dentro de los estudios Churubusco. Para realizaciones propias quedan 24 millones de pesos, según afirma Raúl Cremoux. El remate de sus males está en la campaña política que se ve obligada a difundir. 96 spots diarios es la cuota. Esta debe pautarse en tres registros: el metropolitano, el regional y el nacional. Cumplir con esta obligación requiere de un aparato llamado FORK, cuyo motor está obsoleto desde el 2004 y el nuevo apenas llegó. Deben operarlo tres ingenieros pues el proceso es delicado, la señal puede irse a negros –o sea, salirse del aire–, lo cual ya ha pasado en tres ocasiones. Ello consume horas del personal más dineros de la emisora. El director calcula que son 90 millones de pesos que el INE no paga. Hay una rígida vigilancia, si algún spot no aparece en el horario exacto los partidos protestan. El INE obliga al medio a repetir el spot, a veces a pasar el mismo uno tras otro con el consiguiente aburrimiento del televidente.

Fuera de la campaña, el gobierno inserta sus spots, compra el espacio a precios que son los que el mercado establece para un canal cuya audiencia es de 39 millones de espectadores potenciales, según Cremoux. La discrecionalidad logra que Canal Once reciba tres veces más presupuesto que el 22.

Aclaración sobre el archivo Bénard Sr. Director: En el reportaje “Dona la familia de Émile Bénard su archivo histórico”, publicado en estas páginas hace un par de semanas, se dice que se rescataron planos y cortes que iban a ser desechados de la Planoteca de Bellas Artes, y se incorporaron al acervo de la señora Martha Bénard Calva. En realidad fue el Instituto Nacional de Bellas Artes el que los rescató de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en cuyo acervo permanecen hasta hoy permanecen hasta hoy. Asimismo, hay que aclarar que Xavier Pérez Siller es historiador y no arquitecto, como se menciona en el texto. Atentamente: Judith Amador Tello

CD para ayudar a los padres de los 43 Columba Vértiz de la Fuente A siete meses de la desaparición de los 43 alumnos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Iguala, Guerrero, un colectivo de artistas, preocupado por la situación, lanza al mercado el disco Poetas por Ayotzinapa, con ocho canciones y 33 poemas. El dinero que se reúna será para ayudar a los padres de estos estudiantes, “que no encuentran la paz”, en su lucha por hallar a sus hijos. El CD se grabó de manera independiente y reúne a alrededor de 40 artistas, entre poetas, músicos y cantantes. La producción estuvo a cargo de Gwenn-Aëlle Folange Téry, Alexandro Guerrero, Osvaldo Flores y Óscar Orlando Canseco Martínez. Guerrero, productor ejecutivo, cuenta a Proceso que se grabó todo en dos meses, y que cuando lo invitó al proyecto la escritora y pintora Falange Téry, se entregó totalmente: “El disco surge de un encuentro de poetas a nivel nacional que se realiza cada año en Papantla, Veracruz, y cuando la coordinadora general del disco Falange Téry me dijo de esta idea (cada quien iba a grabar su poema o canción de manera casera, y el disco se iba a vender a los familiares y amigos), el proyecto fue creciendo y se fue profesionalizando. “Yo busqué a Canseco Martínez, quien maneja un proyecto underground en el DF, dedicado a la etnografía musical de los sonidos de las bandas, de distintas propuestas y fusiones, de rock y hip hop, en fin. Y Canseco participa sin cobrar, como todos, para grabar todos esos poemas. Los poetas que pudieron costear su pasaje, ya que son de varias partes de la República, vinieron a un estudio ubicado al norte de la Ciudad de México. El cantautor Osvaldo Flores se dedicó a editar, junto con Víctor Torres. Canseco estuvo totalmente en la grabación.” Después se agregaron las canciones, que originalmente eran poemas. “En las mismas fechas en que laborábamos el disco nos vimos con La Revuelta, emblemática banda de Taxco, Guerrero, que toca ska. Los invité y en un fin de semana grabaron la melodía ‘Corazón de Guerrero’. Tienen a su disposición un estudio bien equipado y son de ese estado que ahora enfrenta el proceso electoral.” Resalta el también actor y director de escena que este colectivo no pertenece a ningún partido político ni representa a alguna corriente ideológica o religiosa: “Lo aclaro para que no se les quiera perjudicar a los familiares de los estudiantes desaparecidos.” De “Soliloquio con un presidente sordo. Por los 43 y el resto”, de Norailiana Esparza M., es este fragmento que forma parte del disco: Pregunto señor presidente, si vale la pena, si su sueño sueña. ¿qué sueña? Si su vida vive, ¿cómo vive señor Presidente? Eran cuarenta y tres, pero no sólo cuarenta y tres. Súmele señor presidente, si sabe sumar los muertos de San Fernando, los de

Acteal, guardería ABC, Casino Royal… los ignorados. Señor presidente, los que no sabemos, esos señor presidente que encontraron Presumiendo a los cuarenta y tres. ¿Sabe señor Presidente que México es una gran tumba que cavan sus manos? “Los poetas que participan en el CD son muy reconocidos en su localidades”, resalta Alexandro Guerrero. Luego rememora: “Esto empieza bien casero, pero fue creciendo. En términos económicos no fue fácil terminar el disco.” El artista interpreta “Vivos los queremos” y “Réquiem”. “En realidad, a los únicos poemas musicalizados yo les puse la música. Desde hace cinco años canto y produzco el homenaje sonoro al escritor Carlos Montemayor. Realizo canciones a partir de sus textos y su poesía.” El disco costará cien pesos. El primer tiraje es mil unidades. Se venderá en cada presentación. La primera ocurrió la tarde del sábado 25 de abril en el Museo Casa de la Memoria Indómita (Regina 66, Centro Histórico de la Ciudad de México). También se podrá adquirir en la página de facebook Poetas por Ayotzinapa y en la librería El Juglar. Poetas por Ayotzinapa se presentará próximamente en Taxco y luego en Ayotzinapa, sin precisarse aún las fechas. Así es la canción “Corazón de Guerrero”: Es la noche callada y fríos mis rezos, sobre el viento el tiempo se va. Han cubierto el muro con tus recuerdos, sólo pido que vuelvas ya. Que ¿quién será? o ¿dónde está? La palabra que nos unió. Han querido callarnos pero olvidaron que Guerrero soy, de pie estoy. Corazón de Guerrero lucha por tu pueblo. Levanta la marcha y a gritar, a gritar: ¡De ti nunca me voy a olvidar! Mi lucha será tan firme, y no me voy a retirar. Cuarenta y tres razones para no dejar de pensar. Todo lo que ya sucedió no se puede quedar atrás. Han querido callarnos pero olvidaron que Guerrero soy, de pie estoy. Corazón de Guerrero lucha por tu pueblo. Levanta la marcha y a gritar, a gritar: ¡De ti nunca me voy a olvidar! El colectivo destaca que crearon el disco “con amor y con rabia”. Al respecto Alexandro Guerrero explica: “La rabia tiene que ver con que todos enojados trabajamos una idea, y el enojo es una frustración que crece cada vez que pasa algo, ahí está Apatzingán. Es difícil que un proyecto se apoye por una causa y consiga el objetivo. Ahora estamos en conseguir el objetivo que es el dinero para ellos. Esperamos que la rabia se llene

de arte.” –Hace unos días el grupo interdisciplinario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó a la PGR abrir nuevas líneas de investigación y ampliar algunas ya existentes sobre el caso de los normalistas de Ayotzinapa… ¿qué opina de la respuesta del gobierno? –La respuesta según ellos ya la dieron. Es la fórmula que utilizan después de los procesos electorales que son impugnados y que todos nos damos cuenta que están llenos de irregularidades. Aplican exactamente la misma fórmula: el desgaste y el uso tendencioso de sus medios. La clave está en revisar lo que dieron como tesis los peritos argentinos, quienes se encargaron de esclarecer todo el horror de la dictadura de los setenta en su país. Es un gran equipo de especialistas, pero aquí sufrieron una represión. El colectivo deja un mensaje: “Llevaremos a vender el disco de puerta en puerta, de plaza en plaza, de pueblo en pueblo.” L

La agrohomeopatía, solución para el campo Roberto Ponce Se trata de una metodología ligada al desarrollo de la agricultura de subsistencia que ha sido desarrollada por el catedrático e investigador del Centro Regional Universitario del Anáhuac en la UACh, el doctor Felipe Ruiz Espinoza. No depende de las trasnacionales para lograr más alimentos, y su elaboración y aplicación son prácticamente regaladas, pues se sustenta en la curación homeopática de plantas y hortalizas; por ello no produce daño alguno, y ha demostrado en la experiencia sus enormes beneficios. Falta que las autoridades se enteren… Desde un modesto cubículo de la Universidad Autónoma de Chapingo (UACh) se desarrollan unas curiosas metodologías alternativas a aquellas otras tecnologías agresivas de manipulación genética y pesticidas en las plantas, con el objeto de “revolucionar el conocimiento agronómico”, crear bienestar para el campesino y solucionar el hambre en México. Se trata de ciertos métodos que aplican los principios de la agrohomeopatía, “un conocimiento científico que puede vencer las plagas económicas, físicas, biológicas y sociales que amenazan la flora, la fauna y a los seres humanos”, según el doctor Felipe de Jesús Ruiz Espinoza, catedrático e investigador del Centro Regional Universitario del Anáhuac en la UACh. Algunos beneficios de la agrohomeopatía serían “cosechar alimentos orgánicos sanos de nula contaminación en su proceso productivo, aplicando también otra forma de curar plantíos y reducir sus daños por plagas; aumentar la fertilidad en el suelo, así como en términos ecológicos no provocarle ningún daño al medio ambiente”. Utilizando la homeopatía “podemos crear una resistencia contra el maíz transgénico”, asegura. No sólo en la opción agrohomeopática para la tierra, “sino incluso para revertir los efectos negativos de los transgénicos en la salud humana y bienestar del planeta”. La ventaja de la agrohomeopatía, insiste Ruiz Espinoza, “es que por los resultados positivos en nuestras investigaciones podemos garantizar que las preparaciones homeopáticas que aplicamos a las plantas son inocuas, y demostrar que ciertas sustancias que amenazan con matar a algunos organismos son igualmente útiles para promover la vida en ese organismo, de manera que parte central de la agrohomeopatía es la inocuidad, y su no toxicidad”. –¿En qué consiste la agrohomeopatía? –La homeopatía agrícola o agrohomeopatía es un conocimiento científico cuya característica esencial es usar cantidades muy pequeñas de un preparado o una dinamización, dirigida específicamente a la producción tanto agrícola como agropecuaria, controlando plagas o enfermedades y sirviendo como promotor de crecimiento, así como en procesos diversos de enraizamiento y fructificación para contribuir de esta manera a la resistencia de heladas, salinidad o sequía en la

producción agrícola. “Tratando el suelo agrícola y las siembras de forma orgánica para combatir plagas y enfermedades se evita la contaminación de la tierra, el agua y el aire, y se contribuye a una producción agroecológica y limpia. La agrohomeopatía utiliza a las mismas plantas enfermas, e incluso al mismo agente que las enferma para preparar el Nosode (vacuna homeopática), o Fitonosode, según la vía de dilución y dinamización.” Ruiz Espinoza estudió economía en la UACh. “Hice maestría en enseñanza superior y un doctorado en ciencias agrarias. En 1990 empezamos a trabajar con Segilfredo Castro la temática homeopática, pues aun hoy a nivel Chapingo existe pero como materia y nada más. Institucionalmente no tenemos mayor representación en términos de estructura universitaria, a pesar de que las soluciones con homeopatía pueden revolucionar el conocimiento agronómico.” Compilador de Homeopatía. Avances 2014 (153 páginas), entre sus escritos destacan Agrohomeopatía: Una alternativa ecológica, tecnológica y social. Tesis doctoral. Departamento de Sociología Rural. (UACh 2003); Sustentabilidad en la agricultura (2007), Aportaciones de la agrohomeopatía a la agricultura (2010), Los agronosodes y la producción agropecuaria (2011), Agrohomeopatía e inocuidad: Una alternativa de vida y agrohomeopatía y ganadería de traspatio (2014). Soberanía alimentaria Basada en la homeopatía, sistema de medicina alternativa descubierta hacia 1796 por el médico y químico alemán Samuel Hahnemann (1755-1843) bajo el postulado hipocrático Similia similibus curantur (lo semejante cura a lo semejante), la agrohomeopatía traslada sus principios fundamentales a las plantas. Ruiz Espinoza enfatiza: “Es una alternativa de vida no contaminante, la cual se puede utilizar sin riesgo en beneficio de productores, consumidores y del medio ambiente, porque es armónica con la naturaleza.” Visionario, va más allá de una definición: “Es la defensa más efectiva contra lo que nos quieren quitar en términos de la reforma en México: independencia, autosuficiencia y soberanía alimentaria.” O tal como lo describió en el estudio Posibilidades de uso del método homeopático en agricultura (Cuadernos de Centros Regionales número 24, UACh, mayo 2001) con sus colegas del Departamento de Fitotecnia, Segilfredo Castro Inzunza y Jorge F. Curtis Patiño: “La adopción de una postura nacionalista va ligada al desarrollo de la agricultura de subsistencia, y el uso del método homeopático es la base práctica de esa política, ya que el no depender de las transnacionales para lograr más y mejores alimentos es una necesidad, más aún cuando dichos alimentos estén exentos de contaminantes.” Con la agrohomeopatía, “todo pequeño productor –que no tiene acceso a los recursos en términos de comprar fertilizantes o insecticidas, y más aún en

comunidades alejadas donde no hay médico o no hay agrónomo–, sabiendo el procedimiento y proceso de las dinamizaciones, podrá elaborarlas”, para así resolver “que si su hijo tiene diarrea, pues las dinamizaciones son para su hijo; si el pollo tiene catarro, van para el pollo; si el cultivo tiene mosquita blanca, entonces a la mosquita blanca”. Con Castro y Curtis, en 1997, Ruiz había escrito los reportes Uso del barbasco (Dioscorea villosa) en dinamizaciones homeopáticas como biorreguladores de crecimiento del frijol (Phaseolus vulgaris) y Respuesta del rabanito (Raphanus sativus, minor) al barbasco (Dioscorea villosa) en dinamizaciones homeopáticas. Del 2001 data Aguas negras homeopáticas en la germinación de trigo (Triticum aestivum), y del 2002 Experimentación pura en agrohomeopatía. La pasada Navidad, en coordinación con vecinos de la comunidad de Santiago Tlacotepec e integrantes de diversas organizaciones en defensa del Nevado de Toluca, acudió al bosque de esa zona mexiquense para dar seguimiento a los trabajos de atender la plaga de gusano descortezador y muérdago. “Es también una medida de control alternativa para la roya del cafeto; sus costos de producción y aplicación son significativamente inferiores a métodos convencionales de control, además de ser efectiva y no contaminante”, cita conforme al estudio de sus alumnos Comparación de la efectividad de dinamizaciones agrohomeopáticas en roya de café, aplicado entre octubre y diciembre en Tepetzingo, Huatusco, Veracruz.” Pionero en Chapingo Con frecuencia, Felipe de Jesús Ruiz Espinoza viaja de la UACh a comunidades campesinas o centros educativos de la República Mexicana para impartir talleres y diplomados sobre el tema polémico que le apasiona casi genéticamente: “Tengo parientes que son homeópatas. Cuando nosotros nos incorporamos a Chapingo en los noventa, pensamos que habíamos descubierto una nueva vertiente de conocimiento, pero no, ya estaba. No obstante, aquí en Chapingo somos pioneros y uno de nuestros aportes es que se pueden utilizar las mismas plagas o enfermedades o secreciones de éstas para eliminar el daño, con la ruptura de escala y la escala unitaria junto con otros elementos que hemos ido aportando, a través de investigaciones y prácticas de campo.” –Hoy la homeopatía goza de más simpatizantes que hace dos siglos cuando nació, pero la comunidad científica no cree en ella y los médicos alópatas reconocen las curas homeopáticas cual mero “efecto placebo”. ¿Hay resistencia para aceptar la agrohomeopatía en la UACh? –Sí, la resistencia se entiende en términos de parasitología, porque los profesores llevan años diciéndole a los alumnos cómo matar a las plagas con pesticidas y no van a cambiar… Afortunadamente las nuevas autoridades de Centros Regionales aquí en este momento tienen una gran apertura que esperamos continúe para seguir avanzando, porque hay varios aspectos muy importantes por investigar. “Las plantas responden a preparaciones más allá de la 12 centesimal; pero con agrohomeopatía no sólo se controlan plagas o enfermedades, sino se logra incidir

en posibilitar biomasa, es decir, una producción mayor a partir de las dinamizaciones homeopáticas. Hay investigaciones en el ámbito pecuario donde se aplica calcárea carbónica a la 200 centesimal una vez cada 15 días y se induce en el ganado un incremento de hasta 40% de su peso. Es algo fabuloso en términos de promotores de crecimiento, y necesitamos demostrarlo.” La actual UACh, recuerda, tuvo sus orígenes en la Escuela Nacional de Agricultura (ENA), fundada el 22 de febrero de 1854 en el Convento de San Jacinto. La ENA se trasladó a la exhacienda de Chapingo, donde inició actividades el 20 de noviembre de 1923, acuñando el lema: “Enseñar la explotación de la tierra, no del hombre”. Para el equipo que trabaja con Felipe de Jesús Ruiz Espinoza en ese pequeño cubículo de la Universidad de Chapingo, sólo falta que “las autoridades responsables de nuestro país volteen a ver este método alternativo que gracias a sus sorprendentes resultados podría salvar al noble campo mexicano y contribuir a la solución agropecuaria nacional”. L

El México cruel de Rafa Lara en “Aquí no pasa nada” Columba Vértiz de la Fuente Una ficción cinematográfica de apenas 16 minutos bastó al director Rafa Lara para mostrar al mundo la realidad de un país doliente que se anega en el cinismo y los crímenes, desde el sexenio de Felipe Calderón. Aquí no pasa nada es un corto triunfador en España sobre el autismo político, la censura informativa y, según vislumbra el cineasta, los violentos actos contra la familia nacional. Escrito, dirigido y producido por Rafa Lara, el cortometraje Aquí no pasa nada quedó entre los 50 mejores mundialmente del certamen Short of the Year obteniendo mención especial del jurado. No obstante su agradecimiento, el cineasta mexicano sólo pretende que esta historia ficticia suya de 16 minutos sirva para denunciar cómo el crimen organizado ha impuesto “sin piedad” su ley contra la gente de escasos recursos, y las autoridades “no hacen nada al respecto”. Abunda: “El titulo viene de lo que creo ha sido la política gubernamental del último sexenio panista, pero no exclusiva de Calderón. Se establece, sobre todo en el exterior, la política del aquí no pasa nada y todo es minimizar como si (esos problemas) fueran cosas aisladas: se compra a la gran mayoría de los medios de comunicación para que no informen”, expresa. El reconocimiento se le notificó el jueves 23. Dos días antes, su fuerte y duro relato obtuvo la Diosa de Plata por Mejor Cortometraje en la 44 edición de los Premios Pecime de la prensa mexicana. Lo filmó en febrero de 2014. Aquí no pasa nada “es un poderoso retrato cinematográfico de lo que miles, o incluso millones, de familias están sufriendo actualmente en muchas regiones de México, donde el estado de derecho ha desaparecido y en su lugar, los poderosos y violentos grupos del crimen organizado liderados por el narcotráfico han impuesto su ley extorsionando, secuestrando, violando, desapareciendo, torturando o asesinando impunemente a quien se oponga a sus objetivos, incluso a la gente más humilde”. Short of the Year (El corto del año) es organizado por Promofest, una plataforma de promoción y distribución de obras audiovisuales apoyada por el gobierno de España, consistente en 50 envíos gratuitos a festivales del planeta. También realizador de los largometrajes Cinco de Mayo, La batalla (la más costosa producción en la historia el cine mexicano), Labios rojos, El quinto mandamiento y La milagrosa, Rafa Lara asegura que Aquí no pasa nada “sin duda es un proyecto cinematográfico difícil de ver, dolorosamente real”; pero va sustentado por un minucioso estudio de la realidad mexicana asesorado por especialistas del tema, “como la reconocida doctora en ciencias sociales Rossana Reguillo”, del Sistema Nacional de Investigadores. El elenco lo componen Julio Casado, Alonso Echánove, Miguel Mena, Ramón

Medina, Antonio Monroi, Karelia Romero y Marifer Santillán. Las productoras son Cine Feroz, INDIE Estudios Cinematográficos y Equis Cosa Estudio. Daniel Blanco Villanueva es el director de fotografía. Aquí no pasa nada ganó el premio de Derechos Humanos en el Cine en el Festival de Guanajuato y también fue reconocido en el Oaxaca Film Fest. Una vez finita su proyección por festivales, Lara desea subirlo a YouTube: “Tengo la esperanza que para cuando ocurra, esa realidad que planteo ya no esté, pero parece que no va a ser así… La violencia no sólo va a continuar, sino que se va a recrudecer porque de ninguna manera se están atendiendo las causas reales de la violencia.” Los premios no son su objetivo; quizás, un parámetro: “Se siente muy bien y se agradecen las preseas, pero lo más importante para mí es que estoy aportando mi granito de arena en la lucha social por la terrible situación por la que pasa nuestro país. Me niego a ser un militante de redes sociales. Todo mundo cuando quiere despotricar algo, creen que con las redes sociales ya cumplieron su cuota de indignación y de lucha social, y yo no creo en eso, yo creo que hay que pasar a la acción.” Sin anestesia Rafa Lara egresó de la carrera de ciencias de la comunicación del ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara. Recuerda cómo su corto-ficción deseaba contar “de inmediato”, una vez que en otra época “cierto estrato social decidía irse al secuestro, a la extorsión en contra de los ricos de una manera muy enferma, sin duda, como justificándose de que los millonarios eran los que nos robaban y eran los que nos tenían pobres”. No es justificación “en absoluto”, esclarece; “pero, bueno, era parte de la psicopatía del secuestrador y del extorsionista… y ahora, en los últimos años en México se ha desarrollado una violencia que no distingue clases sociales, sexo ni edades, ni ninguna condición”. De tal dolor prácticamente “parió” Aquí no pasa nada. “Nace de la angustia. Y de la indignación que me provoca ver lo que está pasando en muchas partes del país. De acuerdo a datos oficiales, en más del 60% del territorio nacional se llevan a cabo este tipo de actos de intimidación y extorsión a la gente, lo cual habla de un Estado fallido. Porque el Estado falla en su primera función, que según yo es garantizar la seguridad física de sus habitantes. Evidentemente estamos hablando de un Estado fallido.” Y es lo que refleja Aquí no pasa nada. –¿Qué lo impulsa a llevar tan fuerte historia a la pantalla grande? –Tengo una formación como comunicólogo y en el análisis político y social, desde siempre me han interesado los temas políticos del mundo y por supuesto, los de mi país. Me informo de las cosas que ocurren; pero en los últimos años, lo que nos llega es realmente aterrador y no sólo por los medios de comunicación, sino también de parte de familiares y conocidos que radican, por ejemplo, en Michoacán…

El acceso a este tipo de anécdotas es absolutamente terrible, dice. “Un año antes de que surgieran las autodefensas en Michoacán me di cuenta... Me decía que no era posible que lo que estaba ocurriendo no saliera en las noticias. Las autodefensas no es un fenómeno que haya ocurrido en el 2014, viene de mucho tiempo atrás y tiene que ver con el halo de impunidad y de falta de acción del sistema de justicia mexicano. Así que al enterarme de estos hechos terribles, escribí el relato.” El público que ha visto Aquí no pasa nada le manifiesta que “es durísimo y les contesto a todos lo mismo: que me vi light, porque hay anécdotas y situaciones más aterradoras que han ocurrido en estados donde la sociedad civil está totalmente a expensas del crimen organizado, el cual gobierna e impone su ley, por la vía de la fuerza”. Para la cinta trató de encontrar una historia “digamos micro y a partir de esa historia micro, de los más desposeídos, de los más vulnerables, hablar de las condiciones de las mujeres”; una realidad “evidentemente difícil para todos”, pero “siendo mujer o, peor aún, siendo niña, es terrible porque están en medio de una guerra como en la que estamos” los mexicanos. –¿Cómo ha sido la reacción y el comportamiento del público con esta historia tan realista? –Primero que nada, la historia atrapa enseguida a todo el mundo porque sigue teniendo esos elementos intrínsecos digamos de la artesanía cinematográfica. “Es una película ‘disfrutable’ para el público, la historia atrapa a la gente desde el primer minuto hasta el final. Al cortometraje se le ve como un género menor, ‘de estudiantes’, ‘de directores aprendices’; aunque yo lo veo como un formato con fortalezas diferentes al largometraje...” En segundo término, Rafa Lara dilucida que “las personas en todos los foros y festivales que se ha presentado al corto reflexionan y quieren hablar, expresarse, y para mí ahí es donde se cumple el objetivo”. Es, pues, “un corto que hice para que se entienda. Que mueva. Para que le ponga a la gente un golpe de realidad. Muchos dicen que eso ya lo sabemos con las noticias, y por lo mismo, como estamos muy anestesiados, para mí con Aquí no pasa nada es una manera de quitarnos esa anestesia a través del lenguaje de la ficción” Concluye: “La respuesta de la gente es muy impactante. A la gente le provoca por un lado esta cosa contradictoria de decir: ‘Cinematográficamente lo disfruté’, pero manifiestan que lo que se cuenta es… aterrador.” Por ser una cinta dura, le dicen: “Mira, me gustó, pero no quiero presentarle algo así a mi público, es duro…”. Surge su credo: “Siempre he dicho que el cine hay que hacerlo por las razones correctas, yo no hago cine ni para ser morboso ni para ganar premios; hago cine porque es una necesidad de mi alma. Pero se siente muy bien cuando eres reconocido. El premio más contundente que un cineasta puede tener es la continuidad, que siga filmando… Todo mundo puede hacer una película; pero si por alguna razón ya no haces más, allí hay algo que cuestionar...” Rafa Lara no ha parado de filmar. Finaliza:

“Soy cineasta y mi herramienta es el cine, y a partir de ahí es que pongo mi granito de arena que tal vez sea muy pequeño, pero que contribuye no sólo a denunciar, porque el corto contiene una gran fotografía... “Hay un nivel de cinismo porque a muchas de nuestras autoridades no les importa lo que los mexicanos opinen o si salen a marchar; pero sí les importa mucho lo que se diga en el exterior porque allí se desenmascara la mentira. De ahí que haya que presionar en el exterior para que cambie la situación y el gobierno atienda las causas de la violencia, que son la pobreza y la falta de un sistema de justicia eficiente. Y es el objetivo que busco.” L

El lado oscuro de Pumas: el club y Darío Verón evaden pagos Beatriz Pereyra Un pleito laboral entre el jugador Darío Verón y su exrepresentante se definió en favor de este último, en un litigio que reveló negociaciones opacas, presunto tráfico de favores y mentiras de altos mandos del club Pumas de la UNAM, entre los que destaca el entonces director deportivo del equipo universitario, Mario Trejo. Pero la pelea aún no acaba: el futbolista y el club se niegan a pagar y ya hay tres procedimientos abiertos en dos países. En medio se encuentra el prestigio de un conjunto que representa a una de las instituciones más queridas del país, así como el oscuro método que se sigue en el balompié mexicano para tratar con agentes y promotores. El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en francés) emitió un laudo en el que condena al jugador de los Pumas Darío Verón a pagar 340 mil dólares al agente José María González Araujo. Esta cantidad representa 10% del contrato que el zaguero firmó con el club Universidad por tres años. A pesar de que el laudo se emitió el 14 de marzo de 2014, Verón se rehúsa a pagar, por lo que el demandante ya inició un juicio civil en Paraguay para obligarlo a cumplir. Al mismo tiempo, en los tribunales mexicanos, González Araujo le reclama a Verón el pago de otros 300 mil dólares más intereses por un pagaré que firmó en 2009. Paralelamente, González, quien también fue representante de Salvador Cabañas, promovió en México un juicio ordinario mercantil contra el equipo universitario, al que reclama 277 mil 459 dólares correspondientes al pago de distintos trabajos para los cuales fue contratado por el exdirector deportivo Mario Trejo. El caso TAS 2013/O/3134 contra Darío Verón comenzó el 26 de marzo de 2013 mediante una solicitud de arbitraje que González hizo al TAS. El presidente de la División de Arbitraje de ese tribunal nombró como árbitro al mexicano Francisco González de Cossío, quien fijó como fecha de celebración de la audiencia el 25 de noviembre de 2013, en la Ciudad de México. El demandante solicitó que Verón le pagara 340 mil dólares, 10 mil francos suizos que cubren el costo del asesoramiento legal y las costas del proceso. Por su parte, el futbolista solicitó que se desestimaran las pretensiones del demandante y reviró iniciando una reconvención para pedir que González Araujo rindiera cuentas de todas las operaciones realizadas con él, “que fueron ocultadas total o parcialmente”. Exigió que lo condenaran a pagar 620 mil dólares “por concepto de adeudo derivado del monto de venta de sus derechos económicos y deportivos (…) y, en su caso, a la devolución de 350 mil 926 dólares”. Ante el árbitro del TAS, González argumentó que Verón firmó el contrato que tiene con Pumas gracias a su intervención. Por lo tanto –según el contrato de representación deportiva que por dos años mantuvieron ambas partes: del 26 de octubre de 2010 al 26 de octubre de 2012– el defensa debía pagarle su comisión.

El agente alegó que el 4 de noviembre de 2011 se reunió con el entonces director deportivo de Pumas, Mario Trejo, para negociar el contrato que regiría hasta el 30 de junio de 2015, que implicaba un aumento salarial de 35% global a partir del 1 de julio de 2012. En tanto, Verón declaró que, por instrucciones suyas, José María González no colaboró aquel 4 de noviembre en la charla con Trejo. Por lo tanto, “no participó ni directa ni indirectamente en las negociaciones con los Pumas”. Según su dicho, el agente sí estuvo ahí, pero para tratar la situación de otro jugador y para pedirle una carta a Trejo que le ayudaría a resolver un problema personal en Paraguay. Verón argumentó que en el contrato no aparece el nombre de González, según lo dispuesto en el artículo 26 del Reglamento para Agentes de Jugadores de la FIFA (RAJ), “lo que acredita que no lo negoció. Además, es falso que la cantidad incrementada al salario global del jugador haya sido de 35%”. Por último, el futbolista alegó que el monto de la remuneración del agente es contrario a lo dispuesto por el artículo 20 del RAJ, por lo tanto “debe ser declarada nula”. El árbitro del TAS consideró que en el contrato de representación deportiva Verón y González pactaron –en la cláusula 11 de las estipulaciones– que “la exclusividad de la relación implica que será el agente quien se encargue en exclusiva de obtener demanda por los servicios del jugador” e incluyeron una “notificación de negociación: la existencia del deber del jugador de informar sobre cualquier negociación que conlleve”. “Este árbitro simpatiza con el sentir del jugador que el monto puede ser excesivo por celebrar una sola junta. Sin embargo, ello no alcanza a conmover la convicción de este árbitro único: se trata de una relación de exclusividad donde la obligación de representar y gestionar la obtención de demanda por los servicios del jugador fue confiada al agente. A cambio de ello se pactó una remuneración. Si el jugador albergaba objeciones sobre la calidad del servicio del agente –como lo asevera en sus escritos– o deseaba dar por concluida su relación al desear él gestionar sus propios negocios, existían alternativas jurídicas”, se lee en el laudo arbitral. El juzgador también rechazó que la remuneración del agente haya sido excesiva, toda vez que el artículo 20 del RAJ que invocó Verón se refiere a un porcentaje sobre los ingresos brutos anuales del jugador. “Siendo que ‘netos’ es inferior a ‘brutos’ el argumento de exceso no se sustancia. Segundo, no existe una jerarquía entre el reglamento citado y la Representación o Estipulaciones (es decir, los acuerdos contractuales entre las partes) que permitan un análisis de validez. Los jugadores y agentes están en libertad de pactar lo que quieran”. Para determinar si existió o no una gestión de Jose María González Araujo con el propósito de que Verón renovara su contrato con el club universitario, resultaron clave dos cartas emitidas por Mario Trejo presentadas por el agente, una del 26 de enero de 2012 y otra del 27 de abril de 2012. La primera dice: “En fecha 4 de noviembre de 2011, se ha presentado en mi despacho por mandato del señor Darío Anastacio Verón Maldonado, para tratar temas laborales inherentes al contrato del jugador, específicamente para la renovación y continuidad del mismo, entre el club y el jugador antes mencionado”.

La segunda: “González Araujo (…) en fecha 4 de noviembre de 2011, se ha presentado por única ocasión en mi despacho para tratar el tema de la renovación del contrato del jugador Darío Anastacio Verón Maldonado, sin haber llegado en algún momento a ningún acuerdo sobre el mencionado tema”. En el punto 59 del laudo, el árbitro refiere que escuchó el testimonio de Mario Trejo, quien explicó que el contrato de Verón con Pumas fue negociado por el jugador directamente –sin la intervención del agente– y que nunca trató con González ninguna cuestión relacionada. Cuando González de Cossío le dijo que existe una contradicción entre su dicho y las cartas, el directivo explicó que las cartas fueron emitidas “para ayudar al Sr. González Araujo con sus problemas con la justicia”. Con base en todo lo anterior, el árbitro llegó a tres conclusiones. Primera: que el dicho de Verón no está soportado por nada y que es contrario al contrato que firmó con González, además de que al aceptar que negoció su propio contrato con Pumas “no pueden anclarse consecuencias jurídicas positivas en un acto antijurídico”. Segunda: “El testimonio del Dr. Trejo merece (respetuosamente) poco peso probatorio (...) no sólo dista de persuadir, sino que es inherentemente contradictorio. (...)Si la palabra dada por escrito no significa lo que dice, ¿por qué habría de significarlo la palabra dada en forma verbal?”. En su tercera conclusión, el árbitro se refirió a “la coincidencia” entre los dichos de González y el contrato aún vigente. “En su escrito de demanda, el agente hizo una descripción de los términos que gestionó con el doctor Trejo. Dicha descripción es parecida a los términos en los que el contrato con Pumas se concluyó. ¿Cómo explicar dicha coincidencia? Mientras que la postura del agente engrana perfectamente con lo ocurrido, la postura del jugador exige considerar que es un acto de coincidencia –algo difícil de creer. “Por todo lo anteriormente expuesto, este árbitro único concluye y determina que existió gestión del contrato con Pumas por parte del agente. Por consiguiente, se actualiza la hipótesis normativa contenida en la cláusula Cuarta de las Estipulaciones, por lo que el jugador está contractualmente obligado a pagarle al agente 10% del ‘monto del dinero que perciba’ del contrato con Pumas. Es decir, la suma de 340 mil dólares.” Segundo round En noviembre de 2014, González Araujo comenzó un juicio ordinario mercantil contra Verón para exigirle que le pagara 300 mil dólares, así como 10% de la suma total de remuneraciones fijadas en el contrato celebrado el 5 de febrero de 2009, es decir, 70 mil 226 dólares. Verón firmó un pagaré en el que se comprometió a liquidar estos montos “en la medida en que el club Pumas así cumpla conmigo”. Acorde con la demanda, en la fecha citada se celebró un Contrato de Cesión de Derechos Deportivos y Económicos entre el club Universidad, Verón y la empresa

JYA, S.R.L., en el que acordaron ceder a José María González Araujo 100% de los derechos económicos y deportivos para que a su vez fungiera como intermediario y realizara la venta y transferencia del futbolista a los Pumas. Se acordó que los Pumas pagaran a Verón 1 millón 520 mil 523 pesos en seis partes (dos de 117 mil 44 pesos a cubrir en abril y mayo de 2009 y tres de 321 mil 722 dólares a pagar en agosto de 2009, enero y agosto de 2010 y enero de 2011). “Pagos que pese a haber sido debidamente entregados y cubiertos por dicho club, el demandado se abstuvo de cubrir a su intermediario hoy parte actora del presente”, se lee en la demanda. En una audiencia de medios preparatorios a juicio ejecutivo mercantil que se realizó el 21 de abril de 2014 ante el juez 27 civil del Distrito Federal, Verón manifestó haber realizado el pago; sin embargo, “se abstuvo de presentar documento fehaciente que acreditara el dicho”. Finalmente, el 25 de junio de 2014 González reclamó ante un juez civil de la Ciudad de México el pago de 277 mil 459 dólares al club Universidad por concepto de servicios prestados como representante de futbolistas. El agente entregó a la directiva cuatro facturas –por los montos de 55 mil 88, 56 mil 500, 113 mil y 52 mil 874 dólares–, de las cuales, hasta ahora, sólo le han abonado 30 mil dólares que el demandante utilizó para pagar los impuestos correspondientes en Paraguay, país donde reside. En una audiencia realizada el 8 de abril de 2014, el defensor jurídico del club, Manuel Alcocer Castelazo, reconoció la relación comercial entre las partes. En entrevista, el letrado Rogelio Ruiz Irigoyen explica: “Los abogados de Pumas dijeron en su respuesta a la demanda que según los usos y costumbres del futbol mexicano, ellos le pagaron a Verón para que a su vez él le pagara a José María, pero eso en una práctica comercial no existe porque hablamos de un trabajo directo del agente con el club, no se trata de facturas por representación o traspaso de un jugador. “Pumas dice que ya le pagó el dinero a Darío, pero Darío no se lo ha dado a mi cliente. Pagaron mal a sabiendas. En derecho hay un principio que dice: el que paga mal, paga dos veces.” –¿Significa que Verón se robó el dinero? –se le pregunta. –Es lo que yo presumiría. Ellos tendrán sus arreglos. El titular de Comunicación Social del club Universidad, Fernando González, afirma a la reportera que ni la directiva ni Verón aceptaron la solicitud de entrevista que se les hizo para fijar su posición en torno a las demandas. L

El único héroe a la altura del arte Mariano Albor Cuauhtémoc. Así, completo. Nada de “Cuauh” ni “Temo”, hipocorísticos tristes que reducen la noble sonoridad del nombre y sirven para simular aprecio y familiaridad con el que hace poco tiempo era ofendido con la certera e innecesaria confusión entre cómo se vive y se juega. En un futbol desorganizado que ha reclutado un ejército variopinto de burócratas del balón, chamacos soñadores de la cancha y un puñado de jugadores de futbol –¡Salve, Leandro Augusto! ¡Salud, Ailton!–, Blanco es el único héroe a la altura del arte. Acá en la tribuna es solamente Cuauhtémoc. Los camaradas enseñan las primeras picardías con el juego y el hombre. Los choques de orgullo con escasos premios que los convierten en contendientes de obra y de palabra. Son los rudimentos del oficio mágico y del arte que después los harán dueños de los instantes fulgurantes que consagran al balón como la pieza central de una estética momentánea que se manifiesta en una jugada, pase o gol, dibujados con las líneas invisibles de lo inesperado. Si ése es el origen, de Blanco son por derecho propio los engaños legítimos del mago y del artista para pasmo del rival y asombro de la multitud. El oficio de Cuauhtémoc no se aprende en la universidad ni el conservatorio. No es un asunto de escuelas de artes plásticas. Anticiparse, aparecer y desaparecer silencioso, astuto –casi perversamente– en los espacios de la cancha es un misterio que resuelve en un instante supremo de belleza. Proviene de la vieja tradición de los enigmas que esconde hábilmente entre las manifestaciones de su arte. Blanco, que no renuncia a sus herencias antiguas, es el primer futbolista mexicano de la modernidad, para bien o mal. Su futbol de raíces viejas, no nace como antaño, del amor a las mañanas futboleras. Proviene de los rencores y los resentimientos. Él, como el público, sabe que el juego permite los desquites. Sus enojos y rabietas, reales o simulados, los reclamos al árbitro que representa la autoridad no son reprobados sino repetidos cada día en las casas y en las calles de las ciudades. Es la molestia sorda de saber que el dinero en el bolsillo no cubre el gasto doméstico; la humillación que inunda el espíritu y los ojos cuando alguien es asaltado en una esquina y la autoridad ministerial y judicial lo abandona con la arrogancia de la indiferencia para quedarse como Cuauh­témoc sentado bajo la techumbre azul del cielo del estadio. Sus pleitos son de todos. Los que gana y los que pierde. Si golpea a un adversario después de que ha concluido un encuentro, con él la muchedumbre se enoja, reflexiona y arrepiente. Si se burla del equipo brasileño, como en las mejores fiestas, bailando un jarabe tapatío, el público corea el proverbio que irrita a los cariocas: “Ganan los negritos, todos contentitos; pierden los negritos, gritos y gritos”. Si suelta un mamporro desde la ventana de un vestuario y le atina –dolosa o culposamente, como dicen los abogados– a un locutor, comienzan las apuestas: “Se cobró viejos agravios”, o bien después del golazo que les anotó a todos

cuando, sin jugar su mejor partido, se llevó el trofeo Galilea para su casa, lo ofendieron tomando por asalto su intimidad o su vida privada, entonces le arrimó al gordito como lo hace con cualquier defensor del otro equipo. Otros aseguran que fue un remedio para curar al periodista de una enfermedad: la incontinencia metafórica. La crítica deportiva casi no tiene palabras. Padece la mudez del diccionario breve del alarido y el anuncio comercial al que acude con pereza profesional. La crónica no tiene lenguaje ni estilo. Éste sí es un juego que ha sacrificado con crueldad mercantil la modernidad empresarial. Los críticos y comentaristas usan las palabras con la escasez con que el avaro destina las monedas para sobrevivir creyendo que se vive en la fortuna. Casi todos cumplen a plenitud la sentencia de su clásico: “¡Nada de intelectuales narrando el futbol!”. Así pues, la plasticidad del juego de Cuauhtémoc, que a la tribuna le permite evocar en muchas ocasiones a Garrincha, carece de poetas con la inspiración para describir lo que hace este hombre para que la cancha deje de ser un tablero de ajedrez y sea simplemente un espacio de césped ancho y largo para jugar futbol. Sin poetas, se habrá de recurrir entonces a Manuel Picón, cuando cantó a Mané: “Lo lleva atado al pie /como una luna atada al flanco de un jinete /lo juega sin saber /que juega el sentimiento de una muchedumbre /le pega tan suave, tan corto, tan quedo… /el balón es palomo de comba en vuelo /y lo toca tan suave, tan leve, /tan quedo /que lo limpia de barro y lo cuelga en el cielo.” L

Contradicciones del delantero “extorsionado” Beatriz Pereyra El delantero Oribe Peralta enfrentó dos momentos clave del proceso judicial que mantiene contra dos hermanas que, según afirma, intentaron extorsionarlo con fotos comprometedoras. El americanista amplió su declaración y se careó con las acusadas. Sin embargo, sus nuevos dichos –y los de una amiga que supuestamente lo ayudó– no atajan el escepticismo sobre la veracidad de su señalamiento. El futbolista cambió la fecha en que ocurrió el supuesto chantaje y dice que las imágenes eran “inocentes”, pero que igual aceptó entregar 250 mil pesos… aunque su amiga asevera que sí eran fotografías sexuales. El jugador del América Oribe Peralta y su amiga Esther Shueke Daniel se presentaron en el juzgado 69 penal para ampliar su declaración en un caso de extorsión agravada, delito por el que acusan a las hermanas Natividad Arlem y Mercedes Torres Ricarte, a quienes señalan como responsables de chantajear económicamente al futbolista a cambio de no hacer públicas unas fotografías que comprometen su integridad moral. Sin embargo, sus dichos no solventaron las dudas que planean sobre el caso. Ocho meses después de que las indiciadas fueran detenidas –según la autoridad ministerial, en flagrancia– y posteriormente se les dictara auto de formal prisión, Peralta y Shueke comparecieron ante el juez para responder preguntas de los abogados de las hermanas Torres Ricarte y carearse con ellas. En la diligencia, que se celebró el jueves 16 de abril ante el juez interino Carlos Ortiz Camacho, Oribe Peralta Morones ratificó “en todas y cada una de sus partes” la declaración que rindió el 19 de agosto de 2014, día en el que se realizó la supuesta extorsión y las hermanas fueron detenidas. En su primera declaración, el futbolista dijo que a las 8 de la mañana de ese día, desde el teléfono móvil de Esther Shueke, se comunicó al de Harlem Márquez (Natividad Arlem), una mujer que –asevera– conoció en una reunión de amigos en enero de 2014. Intercambiaron números de celular y se mantuvieron en contacto en dos o tres ocasiones más. Según declaró, habló ella porque otro amigo –ahora se sabe que es el futbolista Javier Aquino– le dijo que Harlem Márquez lo estaba buscando porque tenía unas fotografías de él, y que si no la llamaba las haría públicas. El americanista agregó que, como sintió temor, le pidió ayuda a Shueke, con quien se reunió para llamar a Márquez. Siempre según su dicho, su amiga escuchó cómo, mediante amenazas e insultos, la mujer le exigió 500 mil pesos para entregarle a Peralta las fotos y no hacerlas públicas. Oribe Peralta asentó que se comunicó con Esther Shueke para pedirle ayuda: “Le llamé a mi amiga Esther Shueke Daniel al número telefónico (con terminación 1411) de la compañía telefónica Iusacell, ya que le tengo mucha confianza, y le comenté que esta mujer de nombre Harlem Márquez, a la cual conocí en el mes

de enero del presente año, me había sacado unas fotografías en una reunión y que me estaba tratando de localizar porque quería hacer públicas esas fotografías, situación que me generó temor, ya que pone en riesgo mi integridad moral, ya que soy una figura pública y mi reputación es primordial para la profesión que desempeño, entonces le pedí que nos reuniéramos el día de hoy (19 de agosto) para llamarle a Harlem Márquez y ella escuchara lo que esta mujer me tenía que decir”, se lee en la averiguación previa. Añadió que él y Shueke fueron a la casa de éste por el dinero –juntó 250 mil pesos– y llamaron otra vez a Márquez, a las 11:42 de la mañana, para decirle que sólo tenía esa cantidad. En la denuncia sostuvo que la mujer aceptó la suma y le dijo a Peralta que fuera al restaurante Los Arcos, en la avenida Insurgentes Sur, para entregársela antes de las dos de la tarde. Peralta le avisó que él no podía ir, pero que mandaría a alguien de su confianza. Shueke acordó con su amigo que ella entregaría la suma y recogería las fotografías (Proceso 1975). Olvidos, incomodidades… En la ampliación de su declaración –esta revista tiene una copia– Peralta le dijo al ministerio público (MP) que no recuerda dónde se realizó la reunión donde conoció a Harlem Márquez (Natividad Arlem), pero que Javier Aquino se la presentó “como una amiga”. Refirió que estuvo en dicha reunión durante 40 minutos, pero como le incomodó que le tomaran fotografías decidió irse. “PREGUNTA: Que diga el testigo a qué se refiere cuando asienta que dichas fotografías le incomodaron. RESPUESTA: porque al principio se estaba tomando fotos como cualquier fan y de repente arrepegó (sic) todo su cuerpo y yo me sentí incómodo”, dijo Peralta al agente del MP. Reconoció que después de ese día siguió teniendo comunicación con Harlem Márquez aunque aclaró que no recuerda las fechas “no lo recuerdo, es como cualquier persona que me llama”. Oribe Peralta declaró también que después de salirse de la reunión no le comentó nada a Aquino acerca de que su amiga lo había incomodado y que tampoco le ha dicho nada acerca de la supuesta extorsión. En el interrogatorio, los abogados de las hermanas –Alejandro y Octavio Cruz Cisneros– le pidieron a Peralta que precisara cómo le tomó la fotografía, a lo cual contestó: “como cualquier fan, con la mano estirada, es decir, (salían las imágenes) de la procesada y el de la voz”. El futbolista matizó: no recordó cuántas fotografías le tomó Harlem Márquez y tampoco pudo detallar el contenido de las mismas, porque “el de la voz no vio las fotografías, por lo tanto no puedo describirlas”. “PREGUNTA: Que diga el testigo por qué considera que ponían en riesgo su integridad física y moral las fotografías que refiere le tomó mi representada. RESPUESTA: porque soy una persona que me dirijo correctamente y antes que nada está mi familia y mi carrera.” Esa es toda la información que Peralta proporcionó al juez acerca de las fotos que le causaron zozobra y originaron el presunto delito. Las imágenes no forman parte

del expediente de este caso. Sobre esas instantáneas el MP también interrogó a Esther Shueke. Declaró que Harlem Márquez le mostró fotografías, pero en ellas no logró identificar a Peralta. “PREGUNTA: que diga el testigo qué tipo de fotografías eran. RESPUESTA: fotografías de miembros masculinos. PREGUNTA: que diga el testigo cómo le muestra estas impresiones fotográficas. RESPUESTA: me pasa su celular y me muestra las fotografías de penes de varias personas, no me mostró papel, sino teléfono. PREGUNTA: que diga el testigo si Harlem le dijo algo cuando le muestra las fotografías. RESPUESTA: me dijo mira, y me das el dinero. “PREGUNTA: que diga el testigo si las fotografías que refiere haber observado, en alguna se observa la imagen de alguna persona. RESPUESTA: sólo se observan penes. PREGUNTA: que diga el testigo si a su consideración alguno de esos penes se puede atribuir a persona alguna. RESPUESTA: no”. Peralta introdujo otro cambio respecto de su primera declaración. Manifestó que el día que se reunió con Shueke para comunicarse con Harlem Márquez (Natividad Arlem) fue el 18 de agosto de 2014 y no el martes 19, fecha en la cual, según su primera declaración, fue extorsionado. Agregó que el encuentro se realizó en el estacionamiento de la iglesia del Pedregal. “PREGUNTA: que diga el testigo aproximadamente cuánto tiempo estuvo en la iglesia. RESPUESTA: no lo recuerdo. (…) PREGUNTA: que diga el testigo, en caso de saberlo, si le fueron entregadas a la señora Esther Shueke las fotografías que refiere en su declaración. RESPUESTA: no lo sé.” Los cambios de Shueke En respuesta a las preguntas del MP, Shueke confirmó que el 19 de agosto de 2014 se reunió con Peralta en la iglesia del Pedregal, “en uno de los muros lateral (sic), afuera” y que el futbolista le pidió su teléfono para llamar a Harlem Márquez porque “como estaba muy nervioso” él quería que ella escuchara lo que le diría la mujer. “PREGUNTA: que diga la testigo si recuerda cuánto tiempo estuvo dialogando Oribe con la señorita Harlem. RESPUESTA: segundos, no llegó ni siquiera al minuto. PREGUNTA: que diga la testigo cuál fue la conversación que tuvieron. RESPUESTA: ella le estaba exigiendo un dinero vía telefónica PREGUNTA: que diga la testigo si recuerda qué fue lo que le contestó Oribe. RESPUESTA: sí, le dijo que iba a ir yo, y que ellas insistieron que antes de las dos de la tarde tenía que estar el dinero. “PREGUNTA: que diga la testigo qué hicieron después de dicha llamada. RESPUESTA: fuimos a su casa por el dinero. Yo pasé por él y estuvimos afuera de la iglesia aproximadamente cuatro minutos”. “PREGUNTA: que diga la testigo en qué parte del domicilio de Oribe Peralta le fue entregado el dinero que refiere en su declaración. RESPUESTA: en la calle, afuera de su casa.” Estas declaraciones se contradicen con lo que el 19 de agosto Peralta y Shueke dijeron a la autoridad ministerial. En la averiguación previa FAS/T1/921 /14-08 –que inició la Agencia Especial de

Investigación para Secuestros y Extorsiones con Detenido (FAS)– está asentado que el futbolista y Shueke declararon que se reu­nieron a las ocho de la mañana de ese día, que Peralta llamó desde el teléfono móvil de Shueke a Harlem Márquez, a las 9:54 horas, y que en esta llamada, con amenazas e insultos, le exigió 500 mil pesos a cambio de entregarle las fotos. Fue después de esa llamada que, según su primera declaración ministerial, ambos se trasladaron a la casa de éste, donde reu­nió 250 mil pesos. A las 11:42, ya desde la casa de Peralta, llamaron otra vez a Harlem Márquez para decirle que tenía esa cantidad, que la mujer aceptó la suma y le dijo al jugador que fuera al restaurante para entregársela. Según la segunda declaración de Shueke, en una llamada –y no en dos– que hizo afuera de la iglesia del Pedregal y que duró segundos se cometió la extorsión. Si la reunión –que comenzó a las 8 de la mañana– afuera de la iglesia sólo duró 4 minutos, de los cuales le tomó casi uno a Oribe Peralta hablar con Harlem Márquez, no se sabe dónde estuvieron y qué hicieron en la hora con 54 minutos que transcurrió antes de que, según la sábana de llamadas del teléfono de Esther Shueke –documento que Proceso también posee–, se realizó la primera de tres llamadas al número con terminación 9621 que pertenece a la indiciada. Ante el MP Shueke también dijo que, como le dio miedo ir sola a entregar la citada suma, llamó al Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia del DF (número 5533-5533) donde se le informó que debería acudir a la FAS. Le proporcionaron la dirección de la fiscalía y los teléfonos 5345 5026 y 5345 5028. En la FAS le contestó el teléfono Juan Felipe García, jefe de grupo de la policía de investigación, según expresaron el 19 de agosto de 2014. Los policías Israel Martínez e Irlanda Suhely Millán Díaz, a petición de su jefe inmediato, le pidieron su media filiación a Shueke y le informaron que acudirían al restaurante para “brindarle el apoyo”. La amiga de Peralta aseveró también que a las 12:19 volvió a marcar al número con terminación 9621 y que le contestó otra mujer, no Harlem –a quien después identificó como Mercedes Torres Ricarte. A ella le dijo que tenía el dinero y que se verían en Los Arcos, donde, alrededor de las 14:30 horas, las hermanas fueron detenidas gracias a un megaoperativo que la FAS, con el simple dicho de Shueke, armó en menos de una hora. En la declaración que rindió el pasado 16 de abril, Shueke dijo que la persona que le contestó el teléfono cuando llamó al Consejo Ciudadano fue “si mal no recuerdo, la señorita Irlanda ‘N’”. En el expediente del caso está integrado el oficio CSPPJDF/DG/1709/2014, en el que el director jurídico del Consejo Ciudadano, José Henio Plascencia Hernández, informó lo siguiente al juez: “En atención a su solicitud se realizó una búsqueda exhaustiva de las grabaciones y registros de la línea ciudadana 5533-5533 del día 19 de agosto de 2014, así como de los días 18 y 20 del mismo mes y año, sin obtener ningún reporte con una extorsión en contra de la C. Esther Shueke Daniel y/o el C. Oribe Peralta Morones”. Como parte de las diligencias del caso, falta que comparezca el futbolista Javier Aquino a quien, vía la embajada de México en España –país donde juega con el

Rayo Vallecano– se le exhorta a presentarse. Asimismo, el restaurante Los Arcos no ha entregado los videos de seguridad con las cintas que registraron lo ocurrido el 19 de agosto de 2014. Tampoco los empleados han atestiguado. Hasta ahora, la reportera de TV Notas Gabriela de los Santos –a quien Natividad Arlem señala de haber acompañado a Esther Shueke el día que las detuvieron en el restaurante y la acusa de haberla hostigado durante meses para pedirle que le vendiera fotografías de Peralta– no ha podido ser notificada para que se presente a declarar. En el careo con Natividad Arlem, Shueke insistió en que asistió sola. En el careo con Peralta, Natividad Arlem le dijo al jugador que el día que se conocieron se fueron juntos de la fiesta, lo cual negó el delantero: “La procesada: ¿por qué intercambias teléfonos así (con una desconocida)?; careado responde: porque eras una fan; la procesada: ¿a qué hora nos fuimos a mi casa? Nos fuimos juntos; el careado refiere que no; la procesada refiere: ¿por qué te parecí simpática? ¿Qué otro día nos vimos?; el careado: ningún otro día, sólo ése; la procesada indica: ¿por qué dices que te llamé?; su careado responde: no lo recuerdo; la procesada manifiesta: aproximadamente salimos qué, ¿un par de veces?; su careado refiere: no salimos nunca; la procesada indica: me señalas sólo por creer que era quien te llamó, porque tienes miedo; su careado responde: no tengo miedo a nada, por eso estoy aquí” (sic).

Enfatiza la importancia de la publicidad para los medios Señor director: Está visto que el excelente trabajo periodístico divulgado en medios de alto prestigio ante la sociedad hizo trizas una vez más las absurdas e insultantes “versiones oficiales” con que las autoridades pretendieron esconder las consecuencias del mal gobierno. Ese prestigio que en 1976 abarrotó el enorme salón del entonces Hotel de México para solidarizarse con el grupo de don Julio Scherer y hacer posible este semanario de análisis e información –necesario entonces y hoy imprescindible– es el que ahora hace que las audiencias se unan en torno a la periodista Carmen Aristegui y su grupo. Son ya miles de amparos que han recibido los juzgados de distrito en materia administrativa en busca de protección de la justicia federal en contra de las autoridades responsables de actos que afectan los derechos humanos de las audiencias, previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus leyes, así como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, debido a que la empresa MVS dejó de transmitir el noticiero de Carmen Aristegui. Y también son ya muchos juzgados los que se han declarado incompetentes ante la avalancha de esas demandas. Si bien el juez federal Fernando Silva García dio luz verde al amparo que promovió la periodista y ordenó a las partes sentarse a negociar el viernes 24, la empresa MVS promovió el martes 21 la recusación del juez octavo de Distrito en Materia Administrativa. El hecho en sí sienta ya un precedente. Pero hay que decirlo: ese prestigio ganado con excelente trabajo periodístico es muchas veces aprovechado por anunciantes que ofrecen productos o servicios con el simple afán de lucro. Esos anunciantes no se encuentran a la altura de la calidad del trabajo informativo. Tal es el caso de un anunciante de MVS que hace dos años ofrecía un curso de lectura veloz, “pagando únicamente el material didáctico” como oferta para los radioescuchas de esa emisora. Al solicitar informes, mandaron a mi domicilio a un representante que durante más de dos horas estuvo insistiendo en que firmara el contrato para recibir el curso y “aprovechar la oferta”. El costo: 17 mil pesos. Más recientemente, en la misma MVS Radio se anunció un aparato ahorrador de energía eléctrica. Como oferta para los radioescuchas, los ofertantes estaban regalando un segundo aparato en la compra del primero, si se pagaba con tarjeta de crédito o débito. Al llamar para pedir informes, me comunicaron que era el afortunado “número tres”, y que sólo por 4 mil pesos me llevarían hasta las puertas de mi casa dos “increíbles” ahorradores de energía. Al aclarar que sólo quería informes, el vendedor (supongo) llegó a ofrecer el aparato en cuestión hasta en 2 mil pesos, pues su supervisor “le había autorizado en esos momentos el precio en exclusiva para mí”. Mi pregunta es: ¿Podemos las audiencias demandar también el amparo de la justicia ante los engaños de los anunciantes sin escrúpulos que se aprovechan del

prestigio de los medios informativos como el noticiero de Carmen Aristegui y su grupo y de la revista Proceso? Es indudable la enorme pérdida económica que tiene la empresa de Joaquín Vargas con la suspensión del trabajo periodístico de doña Carmen y su equipo de reporteros, comentaristas y colaboradores. Es indudable, también, la enorme responsabilidad que tuvo la empresa concesionaria MVS al permitir la contratación del espacio de transmisión para difundir productos y servicios de dudosa calidad que nada tienen que ver con el excelente trabajo periodístico de la señora Aristegui y sí, mucho, con el lucro desmedido; ésa es la razón fundamental de mi pregunta. Pero, por otro lado, es preocupante ver tan pocos anuncios en las páginas de la revista Proceso. Si bien esto habla de que la circulación hace posible su existencia gracias a la independencia que la administración de la revista mantiene a favor de sus lectores, también me brinca otra pregunta: ¿No hay entonces en el entorno público o privado nacional y extranjero nadie que apueste por la libertad que mantiene el semanario desde hace décadas ofreciendo un buen producto o servicio en beneficio del consumidor?, ¿o es que temen que el tipo de lectores, por el carácter de la revista, sea el de un tipo de consumidor exigente en extremo? ¿Tan mal estamos? Tal vez la administración de la revista debiera incursionar en temas poco socorridos por el periodismo pero igual de interesantes e importantes para el selecto público de lectores que solidariamente sostienen y reconocen el prestigioso trabajo periodístico de Proceso. Atentamente Raúl Hernández Rivera Distrito Federal

IFAI: cátedra de opacidad con un despido masivo Señor director: Las leyes en México son tan admirables y perfectas que nadie duda que si se aplicaran seríamos un país de santos. Lamentablemente su cumplimiento deja mucho que desear. El último ejemplo es la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, un ordenamiento jurídico impecable y progresista que será ejemplo para muchos países. Prueba de ello es que para evitar malas interpretaciones de la norma, los legisladores precisaron los principios fundamentales que deben ser aplicados: máxima publicidad de todo acto de autoridad y la obligación de documentar todo acto que se derive de sus funciones. Hasta aquí la hermosa teoría, pero ¿qué ha sucedido en la práctica con quien será el principal operador de esta ley, el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, el IFAI? Los siete comisionados desmantelaron al Instituto despidiendo a más de 150 funcionarios. Ante la denuncia de que no se habían transparentado los procedimientos del despido masivo ni se habían rendido cuentas de las liquidaciones oprobiosas, y a la solicitud de información sobre el dicho de la comisionada presidenta, Ximena Puente, quien había hecho una valoración de los despedidos, el IFAI respondió (folio 0673800025415) que no se había publicitado nada en particular, que no existía ninguna documentación de todos esos actos de autoridad y que, “en sentido práctico”, cada superior había hecho la evaluación. La extraordinaria ley y sus ideales principios se estrellaron ante la interpretación de los comisionados: “Aquí sólo mis chicharrones truenan”. ¿Con qué autoridad moral el IFAI solicitará a los sindicatos que den máxima publicidad a sus decisiones y documenten todos sus actos, si son ejemplo de lo contrario? Ellos podrán responder: “En sentido práctico” he seguido su ejemplo. Adiós magnífica ley, adiós IFAI, caja de cristal convertida por los siete comisionados en otra caja negra del gobierno. Atentamente Edmundo González Llaca Distrito Federal

Pese a dos fallos de la Suprema Corte, la PGJDF congela su caso Señor director: Le agradecería que publicara la siguiente carta. El 22 de febrero de 2012 se dio inicio la averiguación previa número A.P. FGAM/GAM-3/0541/12-03 en contra del señor Aldo Sánchez Sánchez y otros por el delito de robo a casa-habitación en pandilla y lo que resulte, y presenté dos testigos de los hechos ocurridos el día del hurto. Al pasar el tiempo nos percatamos de que la agente del Ministerio Público Guadalupe Esquivel Soto no daba seguimiento a la indagatoria, e interpuse una queja ante la contraloría interna. La dependencia mandó un perito de la Procuraduría capitalina a mi domicilio a realizar una inspección ocular junto con la funcionaria y solicité que, como ya estaba integrada mi averiguación, fuera consignara al juzgado. No lo quiso hacer. Posteriormente presenté cinco quejas al procurador, Rodolfo Fernando Ríos Garza, y siempre me canalizó con Óscar Montes de Oca Rosales, subprocurador de Averiguaciones Previas Desconcentradas, jefe de todas las agencias del Ministerio Público del Distrito Federal. Se me entregaban notas informativas y me mandaban con diferentes agentes. Un funcionario, identificado como el “licenciado Rello”, me indicó que ampliara mi declaración y lo hice, pero tampoco se le dio seguimiento. De hecho, la ministerio público mandó a reserva la multicitada averiguación y dijo, de forma burlona, que presentara una inconformidad “y a ver si la regresaban”. La presenté, pero mi protesta fue respondida con una resolución del todo falaz por parte de Montes de Oca, quien la mandó al archivo histórico, bloqueándome de forma total. En otra queja al procurador fui canalizado a contraloría interna, con José Luis González Mendoza, quien nunca me quiso recibir y, a su vez, me envió con Mónica Morán. A ella le pregunté si una averiguación con imputación directa puede consignarse al juzgado y nos contestó que sí. Le recordé que justo en esa situación estaba mi expediente, pero se puso nerviosa, se fue y no resolvió nada. También presenté una queja a Derechos Humanos y no me ayudaron. Como respuesta a una de las quejas enviadas al procurador, se me respondió que el funcionario le había dado instrucciones “de resolver el caso conforme a derecho” al licenciado José Manuel Everardo Gordillo, quien tampoco me recibió y me mandó con otro funcionario, quien no quiso dar su nombre y nos quitó la nota informativa que me habían dado. De forma despectiva me dijo que la averiguación se quedaba en el archivo histórico, que ésa era la resolución de Montes de Oca y que debía respetarse. Luego interpuse una queja ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y falló a nuestro favor. Se sacó de reserva mi averiguación y se le ordenó al procurador que resolviera mis peticiones. El expediente se turnó a la respectiva agencia del Ministerio Público, pero ahí dijeron que “estaba en estudio” y que como no les gustó la determinación del máximo tribunal del país a lo mejor la

mandaban nuevamente a reserva. Se presentó una segunda queja y la SCJN volvió a resolver a nuestro favor. Sin embargo, las autoridades siguen sin ayudarnos y protegen al presunto responsable. El culpable de todo esto es el procurador general de Justicia del Distrito Federal, Rodolfo Fernando Ríos Garza, quien no supervisa el trabajo de sus subalternos; Óscar Montes de Oca Rosales, y los ministerios públicos de la agencia investigadora. Atentamente Juan Francisco Hernández Hernández

Bajezas laborales y jurídicas de la empresa Auditech Señor director: Mi nombre es Alan Daniel Rebolledo Segura. Fui encarcelado injustamente el 13 de diciembre de 2013 en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, acusado falsamente de robo agravado por los hermanos Alejandro y Arturo Wladislavosky Shapiro, dueños del Instituto Audiológico Audiotech, para el que laboré. Me sentenciaron a seis años de prisión. Mi caso se publicó en Proceso 1973, y gracias a este medio y al esfuerzo de los magistrados de la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal Laura Minerva Duarte González, Enrique Sánchez Sandoval y Sabino Mario Huitrón Heredia, el 16 de febrero de este año finalmente fui absuelto de los cargos imputados y así obtuve mi libertad, bajo la Resolución de Toca 1478/2014. Mi excarcelación se logró porque peritos especialistas en caligrafía y grafoscopía analizaron y desecharon todas y cada una de las pruebas presentadas en mi contra por el apoderado legal de la empresa, Pedro González Brito. También se descartaron las declaraciones de testigos comprados por el consorcio. Por ello, los magistrados, después de ver los análisis, concluyeron que “resultaba inverosímil e incongruente denunciar hechos delictivos de los cuales se enteraron supuestamente el día 13 de noviembre del año 2012 y lo hacen saber a la autoridad ministerial hasta el 10 de julio del año 2013”. Lo mismo sucedió con el supuesto recibo-pagaré de fecha 16 de noviembre, hecho dos días después de haberme despedido de la empresa y que fue presentado como una prueba más en mi contra. Los magistrados lo desecharon por haber sido “efectuado de manera dolosa”. En éste se asentaba que yo había recibido del contador Carlos Barriga 87 aparatos auditivos con un valor de 153 mil pesos. Todo el coraje de los dueños de Audiotech es porque desde que llegué a laborar a esta empresa descubrí muchas irregularidades e injusticias que los dueños cometen contra sus empleados. En su momento, estas anomalías se las hice saber a diferentes instancias de gobierno y de derechos humanos, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y la Presidencia de la República, entre otras, sin obtener respuesta. Durante mi encarcelamiento fui objeto de agresiones físicas y una tentativa de homicidio. Por esto, mi madre, la señora Susana Segura, presentó ante la Agencia del Ministerio Público de la Delegación Gustavo A. Madero las denuncias FGAM/GAM/1/T2/00789/14-04 y FGAM/GAM/1/73/1298/1407, a las que la autoridad nunca dio seguimiento, según me indicaron funcionarios de esta agencia. Por estos hechos interpuse un recurso de inconformidad. Por despido laboral injustificado presenté una demanda en contra del Instituto Audiológico Audiotech S.A. de C.V. ante la Junta Especial Número 2 de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán-Texcoco, en el Estado de México, que quedó asentada en el expediente J.2/732/2012.

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Finalmente y por tratarse de una empresa muy poderosa y que presuntamente fue capaz de ordenar mi asesinato en prisión, quiero manifestar ante las autoridades competentes que hago responsables a Alejandro y Arturo Wladislavosky Shapiro, así como a Carlos Barriga y Pedro González Brito, de cualquier amenaza o agresión física que pudiéramos sufrir mi familia y yo. Esto porque, vía telefónica, he sido víctima de amenazas de muerte desde el día que obtuve mi libertad. Atentamente Alan Daniel Rebolledo Segura