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Tribuna Comunista Ideas y debate revolucionario

www.movimientocomunistamexicano.wordpress.com

Fue el Estado Juan Pablo Jardón

Al pobre nadie lo hamaca, nadie tasa su desgracia, La justicia es una vaca pastando en la democracia.

Alfredo Zitarrosa -Milonga más triste (fragmento)

Fue el Estado, como consigna, no es el elemento inicial del examen social de éste caso en particular, sino el resultado de un largo proceso de distanciamiento y contradicción entre los órganos constructores de la hegemonía y la sociedad civil. Es consecuencia de la degradación de la política como instrumento articulador del consenso, decantación del fastidio y la rabia de quienes no encuentran en la participación o la representación política a través de los partidos o las instituciones reguladas por la legalidad burguesa, de los componentes institucionales del Estado para la construcción de acuerdos, los cauces para cambiar la realidad o para resistirse a los cambios que les afectan, porque se han agotado las reservas de la credibilidad y la paciencia después de decenas de miles de sacrificados, fraudes electorales, Pacto por México, reformas antipopulares, represión, despojo, inseguridad y pobreza encubiertos por la demagogia y la desinformación; no es solo cuestionar y acusar al gobierno del Estado de Guerrero, mucho menos el que se expresa a nivel municipal según pretenden el presidente, el procurador y su gabinete, no es únicamente la policía o la CNDH, el CISEN, el PRD o la PGR:

El conjunto del Estado está podrido en incompetencia, corrupción, despotismo, impunidad; por lo tanto, es el aparato de dominio de la burguesía en su totalidad el que requiere ser modificado de fondo para darle viabilidad a un proyecto diametralmente opuesto al que, desde el propio Estado, se ha venido implementando en las últimos tres décadas, proyecto en el que el peso de la sociedad civil se acreciente y, por primera vez, se establezcan vías democráticas de participación y decisión, mucho más amplias y profundas que las de la normatividad electoral, que hoy excluye la organización social independiente, limita o cancela la iniciativa popular y condiciona la existencia de los organismos ciudadanos, como punto de partida en la búsqueda de la democratización del conjunto de las relaciones sociales que, ahora, se encuentran absorbidas, secuestradas o manipuladas

2ª. Época 14 de diciembre de 2014 TC MCM 114

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por ese Estado que ha fracasado en la imposición de un proyecto autoritario, imposibilitado para lograr la justicia en la distribución de la renta y en la vida social cotidiana.

Peña Nieto se ha distanciado del conflicto luego de su presentación de los 10 puntos para continuar con su agenda como si nada hubiera ocurrido: el día 1 de diciembre, mientras una multitud coreaba ¡Tú no eres Ayotzinapa! a las afueras de la residencia presidencial, él se reunía en el interior de los Pinos con la crema y nata de la burguesía para celebrar su segundo año a la cabeza del gobierno y para otorgarles garantías de “estabilidad” y “paz” en un diálogo “privado”, luego de lo cual Gutiérrez Candiani, representante patronal, le expresó a los medios la necesidad de volver al orden y “sugirió” reprimir las manifestaciones que atentan contra los bienes de “la gente”.

El gobierno peñista quiere administrar, en la percepción social, los objetivos estratégicos de su proyecto como ajenos de las consecuencias políticas de su aplicación, sin asociarlos como proceso derivado uno del otro sino presentando a las víctimas como poseedores de una intención conspirativa para evitar el presunto éxito de su gestión; no menciona el hecho de que los normalistas fueron lanzados a la resistencia por diversos motivos asociados al despotismo con que el Estado ha tratado a ese sector de jóvenes, indígenas, procedentes de comunidades marginadas: porque el recorte y suspensión de la entrega del presupuesto para la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa es el mecanismo represivo del gobierno estatal utilizado para lograr su desaparición por inanición, intención que se ha mantenido desde que se implantó el neoliberalismo como estrategia política del Estado; porque han sostenido una tradición y capacidad de lucha que data de la fundación, en la época del cardenismo, de las normales rurales, que aun reivindica a la Federación de Estudiantes Socialistas, mantiene elementos de la Educación Socialista, el agrarismo activo y el compromiso social; porque han sido más que solidarios, fraternos, con los movimientos de resistencia producidos por la implementación de los mega-proyectos; porque debido a la Reforma Educativa perdieron la contratación al egresar de su carrera y, por lo tanto, estaban defendiendo sus derechos democráticos a la educación y el trabajo; porque reclamaban justicia para sus dos camaradas asesinados por el Estado hace un par de años; porque necesitaban transportarse hacia la Ciudad de México a homenajear a los jóvenes estudiantes ultimados brutalmente, por el Estado, en 1968. Porque son jóvenes, indios, estudiantes, rebeldes, futuros maestros rurales,…

El control de daños del Estado

El procurador Jesús Murillo Karam, que será el próximo Fiscal General de la República dotado de poderes extraordinarios por los siguientes nueve años según la Ley que hoy se discute en el Senado de la República, ha mostrado la ansiedad, la premura del Estado por cerrar el nefando capítulo de la masacre de normalistas en Iguala al confirmar la hipótesis del asesinato masivo en el tiradero de Cocula, Guerrero, en la conferencia de prensa dictada el domingo 8 de diciembre al mediodía, en la que presentó el resultado entregado por el laboratorio de la antiquísima (1669) Universidad de Innsbruck, en la capital del Tirol Austriaco, que convalida la declaración de los sicarios referente al atroz destino que se ha develado y, ahora probado científicamente, que especifica que los fragmentos óseos son del

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estudiante normalista del primer semestre Alexander Mora Velazco, de 21 años, con lo que inician la etapa de desmovilización del núcleo moral de la revuelta cívica, cuyo epicentro son los padres de los estudiantes de Ayotzinapa, que aún se niegan a aceptar esos resultados, como la única y evidente herramienta para mantener la resistencia y exigir una justicia que se materialice en acciones concretas, tangibles y no simples sentencias; es necesario, para el Estado, recuperar el control político de la situación, saltar la página de la tensión generada por la indignación social para reimplantar la hegemonía, dar el “carpetazo” que frene los impulsos solidarios de los pueblos alrededor del mundo e intentonas intervencionistas del gobierno estadounidense y proseguir con los planes trazados en la estrategia general para cuya implementación fueron instalados, a un alto costo, en la administración política del Estado en el 2012.

Después de haber adoptado una táctica de desgaste usando la prolongación del proceso a su favor, el gobierno de Peña ha llegado a la desmovilización decembrina con pocas mermas y algunas ganancia: primero retrasando la intervención federal en un asunto de su obvia competencia de la que han quedado eximidas tanto las fuerzas armadas como su propia administración, que no han sufrido bajas políticas ni padecido una profundización de la crisis por la que atraviesa el gobierno debido su pésimo desempeño en la conducción de la economía, a pesar de su evidente implicación en los hechos de Iguala; luego focalizando el tema como un asunto regional, en contra de la percepción general que considera que el país entero es un hervidero de corrupción, para centrar la atención sobre el plano local y sus personajes más notorios, despolitizando el asunto de fondo; de forma combinada, acudieron a la táctica utilizada por el calderonismo intentando desprestigiar a las víctimas a través de la televisión y otros medios masivos de comunicación, lo que, de inmediato, le arrebató el contenido político particular a las demandas de los normalistas y trató de difuminar el verdadero contexto, distanciándolos del pensamiento social como luchadores en resistencia para colocarlos, al final, como víctimas de una circunstancia, un “daño colateral” propiciado por la confusión de los agentes políticos de los Guerreros Unidos, que en su confrontación con Los Rojos por el control territorial cometieron el yerro paranoico de creerse víctimas de un ataque adversario.

Al mismo tiempo, el núcleo del Estado tomó la decisión de mutilar uno de sus muchos apéndices deformados y descompuestos, para aprovechar la coyuntura y recuperar la hegemonía en una de las regiones más conflictivas: presionó desde el centro para conseguir la renuncia del gobernador y, de paso, obtener el desprestigio de su partido a nivel local para posicionar al PRI con una ventaja electoral considerable para la gubernatura subsecuente que se elegirá el 2015, además de garantizarse la mayoría en el Congreso guerrerense para ese futuro próximo, usando para arribar a este objetivo los mismos mecanismos clientelares que se desbandaron del PRD y ya habían pertenecido al PRI, cuya migración tuteló desde el centro su presidente, César Camacho, utilizando los programas federales como el PROGRESA; Ángel Eladio Aguirre se vio así atenazado entre los reclamos sociales, la presión empresarial, el oportunismo priísta y el gobierno federal y, luego de su cita con el Secretario de Gobernación, Osorio Chong, prefirió entregar la plaza a cambio de la inmunidad que simboliza impunidad, lo que le desde luego ha permitido al Estado tundir de una paliza al PRD nacional, dirigido

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por Carlos Navarrete de Nueva Izquierda, que no consiguió amortiguar la carga por la promoción de Abarca a la Presidencia Municipal de Iguala mediante la simple presentación de sus disculpas. Éste es el punto de inflexión que marcará el derrumbe absoluto del PRD.

El uso electoral de la tragedia y la crisis del PRD han sido componentes medulares de la estrategia estatal; a partir de éste punto, el PRD se ha roto por el centro y liquidado definitivamente su perspectiva histórica original, desechando todo el bagaje acumulado por la izquierda histórica que depositó en ese partido sus mayores anhelos, al desgajarse cuadros y militancias relevantes, entre ellos el más significativo, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano -que ya había sido atacado por provocadores en una manifestación “plural”- lo que implica la evidente pérdida de posiciones de elección popular para el siguiente ciclo y la imposibilidad de recuperar la gubernatura de Michoacán, a menos de que Silvano Aureoles la reclame como retribución por su participación reformista en el Pacto por México y el Estado considere que le sirve como factor de alternancia, esa fachada sustitutiva de la democracia liberal burguesa, una táctica gatopardista para airear el clima de podredumbre dejado por el ex-gobernador Fausto Vallejo asociado a los “Caballeros Templarios” de “la Tuta”, para que siga mandando allí Peña Nieto indefinidamente a través del comisionado Castillo.

El golpe se extendió de tal modo que la izquierda electoral sólo puede contemplar, desasosegada, su caída en las preferencias electorales hasta cifras ridículas en varios distritos y municipios del país; los priístas aprovecharon la coyuntura para “embarrar” a MORENA, quitarle votos imprescindibles para su registro y perjudicar a López Obrador en su campaña moralizante, así como a otros personajes, como Lázaro Masón, destrozando su precandidatura en el Estado de Guerrero; la estrategia gubernamental de control de daños prosiguió pretendiendo tratar el asunto de la desaparición como un tema puramente judicial, esperando el desgaste de las organizaciones y la menor afluencia y frecuencia en las movilizaciones; también abriendo un diálogo estéril con los padres de los normalistas y cerrándolo para las organizaciones movilizadas para quienes reserva la táctica de cooptación o coacción violenta; lo siguiente fue la infiltración de provocadores –y la utilización de los grupos de la ultraizquierda pequeñoburguesa anarquista que involuntariamente favorecen el discurso oficial y brindan herramientas políticas al Estado que pretenden suprimir rompiendo vidrios, golpeando “perros” policías o saqueando tiendas de conveniencia-, sembrados en los eventos para desprestigiar a los actores inconformes, desviar la atención pública y modificar las demandas, que entonces se centraron en la libertad de los 11 detenidos en la Plaza de la Constitución, acusados de terrorismo y homicidio en grado de tentativa, de los 15 de las cercanías de aeropuerto, mostrar el repudio a la actuación facinerosa de las policías que sin protocolo detienen a las víctimas propiciatorias así como de los tribunales de consigna, etc., es decir, creando una amenaza entre los participantes en las manifestaciones para que piensen dos veces antes de acudir a una protesta ajena a la institucionalidad del Estado.

En éste proceso el Estado asentó sus reales, marcó los límites permisibles de frente a las movilizaciones sociales, lo que de paso ha afectado la imagen del mismo gobierno del PRD en la Ciudad de México –en pleno proceso electoral intermedio-, sobre todo a partir del estúpido incendio de la estación y de

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una unidad del metrobús en C.U., las confrontaciones del Zócalo y el affaire-montage televisivo de la Colonia Juárez, lo que ha coadyuvado –por si le hiciera falta- a disminuir la aceptación pública de Miguel Ángel Mancera y llevado a la renuncia al Secretario de Seguridad Pública, el señor Jesús Rodríguez Almeida, “gústele a quién le guste”.

El 28 de noviembre, dos meses y dos días después del ataque en Iguala, Peña Nieto intentó un tardío control de daños y, en el colmo del oportunismo, lanzó un golpe de mano fascistoide contra la división de poderes, el federalismo y la democracia mediante un programa de 10 puntos que evidentemente será aprobado por los mismos actores que participaron en la bufonada tragicómica que robó el cartel bajo el nombre de Pacto por México, con algunos pataleos escenográficos que compensarán la ausencia de argumentos en la exposición de motivos. Tratando de exculpar al Estado y eludir la responsabilidad de la dirección política, quiso secuestrar también las demandas populares: en un exceso de cinismo retórico y demagogia desesperada, el Ejecutivo de la Nación, mostrándose ridículo y vulnerable por haber perdido la iniciativa política, gritó al final del evento “¡Todos somos Ayotzinapa!”, nadie lo coreó.

Paralelamente el Estado ha actuado con la cartera en la mano: ofreciendo dádivas a las comunidades guerrerenses para evitar su incorporación a la protesta –sobre todo a través de la política social y los proyectos productivos: SEDESOL, SAGARPA, etc. –con Rosario Robles Berlanga a la cabeza de la desprestigiada “Cruzada contra el hambre”- y a los hoteleros y promotores turísticos por medio de la SECTUR –comandada por la precandidata a gobernar Guerrero, la señora Claudia Ruiz Massieu que el 12 de diciembre anunció que el gobierno federal ofrecerá todo tipo de garantías para que los paseantes acudan sin molestias a los destinos turísticos de Guerrero-; en el ínterin, cuando Peña Nieto presentó su proyecto: Plan de Seguridad y Justicia en favor del Estado del Derecho y el Desarrollo, en la que solicita se le otorguen facultades extraordinarias para intervenir discrecionalmente los municipios, desconocer autoridades electas, entrometerse en sus asuntos presupuestales, organizar ocupaciones militares sin consulta previa a los gobiernos locales, violar la soberanía de los estados, etc., el Estado inició una ofensiva por todos los frentes: el General Salvador Cienfuegos, Secretario de la Defensa, ha cobrado un protagonismo político no visto desde que fueron excluidos, los militares, de la vida política activa del país, hace más de seis décadas; buscan relanzar los objetivos del Plan Puebla-Panamá con la instalación de las Zonas Económicas especiales, sobre de las que tendrá control absoluto el gobierno federal para que se instales los mega-proyectos de los monopolios, a sabiendas de que es ahí en donde se han presentado fuertes resistencias populares, por ejemplo, contra la operación de los generadores eólicos de electricidad en detrimento de la vida comunitaria de los pueblos zapotecos del Istmo de Tehuantepec.

Por último, el gobierno federal, como si el ejército estuviese exento de responsabilidades en el tema, ha militarizado la zona con miles de agentes y elementos castrenses en Tierra Caliente, Acapulco, Costa Grande y Chica así como en La Montaña, reforzando la presencia de la herramienta más violenta del Estado -aun con varios palacios municipales tomados por la CETEG y la UPOEG-, ratificando la amenaza de que se ejercerá un rígido control social y se utilizará la represión contra los movimientos sociales, emitida por el General Salvador Cienfuegos, que aparece en los medios tan cotidianamente

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que se ha hecho “familiar”, para reiterar: “defenderemos el Estado de Derecho”, en una diatriba por demás inquietante, del 20 de noviembre, cuando recibió una condecoración de manos de Peña Nieto: “hay dos caminos: el de la desunión reflejado y marcado por la violencia, y la crítica infundada que lleva a la inestabilidad, no soluciona problemas, sólo los agrava”, perorata que sirve para simplificar el Estado de Excepción que han extendido hasta Michoacán, Morelos y el Estado de México, fincando así, de facto, el poderío presidencialista, anulando políticamente a los gobiernos estatales y municipales, estrategia que se pretende legitimar con las reformas en materia de seguridad y que ha permitido al gobierno peñista apoltronarse primero en Michoacán, luego en Guerrero, seguido de Morelos y el Estado de México por sobre el pacto federal, sustituyendo a las élites políticas locales por otra de rango superior, pero también suprimiendo la competencia política en detrimento de la incipiente democracia ciudadana. Aún permanece la duda: ¿Tlatlaya fue un error de unos cuantos indisciplinados o una advertencia?

En ese sentido amedrentador es el acoso en contra de los grupos de la sociedad civil que han acompañado a los familiares de los desaparecidos: acoso del CISEN contra los activistas del Centro Tlachinollan y otras asociaciones que participan en la asesoría jurídica y la defensa de los derechos humanos; los familiares han demostrado infiltración de los contingentes movilizados con agentes multifuncionales, provocadores, “orejas”-espías-, sembradores del desánimo y el desconcierto, hay hasta quienes toman casetas, enmascarados, sin que nadie sepa ni reciba los apoyos, etc.- finalmente, el día 10 de diciembre el Secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz, en una intervención teatralmente emotiva denunció, en conferencia de prensa, a los “grupos que lucran”…: “ésta gente trata de manipular la información”... “No se vale”… “Fue obra de la delincuencia organizada y autoridades municipales”… “Los padres de los normalistas están siendo utilizados…”, comentario por demás obscenamente racista, discriminatorio y autoritario que quiere confundir a la opinión pública al divulgar que el movimiento de solidaridad está constituido por seres manipulables por su inferioridad e ignorancia y por manipuladores con intenciones siniestras, intereses inconfesables y perversas ambiciones, con los que pretende eximir de responsabilidad al Estado, que ha sido el verdadero culpable de la represión en Iguala y de las que se han presentado antes y después de esos eventos. Por otro lado es una amenaza, viniendo de quien viene y dadas las circunstancias, de que “impedirán” que esos pobres sigan siendo “utilizados”, como lo confirma la advertencia de la Secretaría de Gobernación, en contra de los militantes de la CETEG, para que se abstuvieran de tomar casetas, realizar plantones o cerrar carreteras durante el “puente” del 12 al 15 de diciembre.

Sacar del centro de la atención pública el tema del crimen de Estado del que resultaron víctimas los normalistas, significa la recuperación de la iniciativa política que perdieron las élites gubernamentales cuando quedaron expuestas las irresolubles contradicciones que padece el Estado mexicano aquella terrible noche del 26 de septiembre pero, además, les abrió de par en par las puertas a su oportunismo. El momento les es propicio para desvanecer paulatinamente el asunto: la cercanía de las procesiones guadalupanas que son las mayores y más arraigadas movilizaciones sociales del país, con seis millones de devotos en una sola concentración anual en la

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Basílica (unas 120 veces más numerosa que la más grande de las realizadas por Ayotzinapa); posteriormente vendrán las celebraciones del fin de año que han sido, históricamente, aprovechadas por el Estado para imponer decisiones, dar golpes de timón y modificar leyes trascendentes sin impedimentos. El reflujo se ha iniciado, el implacable calendario fue bien manipulado por los operadores del gobierno y la agenda de muchos actores, a partir de enero, será casi exclusivamente electoral hasta julio, lo que no implica ninguna concesión ni derrota por parte de los agrupamientos sociales solidarios con la demanda de justicia, antes bien, tendremos que asumir, programáticamente, las demandas enarboladas a partir del 26 de septiembre.

El Estado ofrecerá compensaciones a los deudos, contraprestaciones a los normalistas, juicios severos y sentencias ejemplares para los inculpados, pero no podrá cambiar la realidad ominosa que produjo los crímenes; antes habría que resolver la desigualdad, desterrar el autoritarismo, implantar la democracia como forma de vida, extirpar ésta forma de capitalismo depredador y carroñero, con sus poderes fácticos y corrupción desmedida, cambiar al Estado…; el gobierno está imposibilitado para satisfacer la demanda de justicia en su sentido real de justicia social y pretende minimizar los hechos, mercantilizar la memoria, negociar a los desaparecidos y sacrificados -la asistencia de Peña Nieto a la Cumbre de Iberoamericana inició con el pésame a la familia de Alexander Mora, con el mensaje de que los “acompañarán”-, el desgaste hará lo suyo, incluso en las organizaciones más activas. Pero algo es seguro: después de la sanguinaria noche del 26 de septiembre en Iguala, ya nada será lo mismo, la agenda nacional se ha plagado de rabia y desconfianza, el Estado está en el banquillo de los acusados y no tiene coartada.

Llama la atención la coincidencia de lo anterior con otros eventos: la firma de los acuerdos entre los representantes gubernamentales y los de la Asamblea General Politécnica -un repliegue admirablemente bien organizado por la comunidad-, que permite la apertura de los planteles y la recuperación del semestre; la liberación de todos los detenidos en las manifestaciones; el descenso en el tono de las grandilocuentes declaraciones acerca de las victorias policiacas en Michoacán; etc., como si de apagar todos los posibles detonadores sociales se tratara. El verdadero enemigo actual de la estrategia neoliberal del capitalismo mexicano es su propia crisis

La preocupación del Estado ahora es otra, se centra en paliar los efectos políticos de la crisis económica que ya se ha desatado, aunque se empeñen en negarlo, y la pérdida de aceptación luego de las reformas, sobre todo la fiscal, que sí pueden afectar su institucionalidad y desmoronar algunos de sus organismos de consenso, estructura que sigue incólume y hasta reforzada luego del crimen en Iguala; los eventos del porvenir pueden cortar las vías sobre las que rueda el neoliberalismo mexicano y desarticular el engranaje de la clase en el poder -que verá disminuir su tasa de ganancia- con su instrumento de ejercicio del poder -que perdió la capacidad para garantizar la reproducción del capital-: su estrategia reformista no ha funcionado, todo salió al revés de lo planeado y el sueño se ha roto; una recapitulación a éstas alturas, con elecciones intermedias en puerta, es impensable, la estrategia que los orienta requiere del control total de las variables políticas para poder poner en marcha el esquema aprobado y

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recurrirán a cualquier instrumento disponible para defender sus actuales posiciones y avanzar hacia hegemonía absoluta.

Pero la terca realidad contiene las contradicciones inherentes al capitalismo y se las arroja en la cara: ha transcurrido todo un trimestre sin captación de inversión externa cuando, se supone, los capitales deberían estar atropellándose en la puerta, debatiéndose por entrar a generar empleos y desatar la ansiada prosperidad; los tecnócratas comandados por el “ministro del año” desde la secretaría de Hacienda, Luis Videgaray, han intentado reformular la operatividad de una reforma fiscal fracasada que ha llevado al cierre de empresas y reimpulsado la espiral inflacionaria, en las fronteras el desprecio hacia Peña y el PRI es todavía mayor, luego de la igualación del IVA al 16%; la fuga de capitales ya anunciada por el aumento de las tasas de interés de la Reserva Federal de EUA amenaza con desfondar las finanzas públicas, ya que dos terceras partes de la deuda interna está constituida por bonos pagaderos del gobierno federal mexicano, pero en poder de empresas y corredurías extranjeras que movilizarán los capitales de sus inversionistas hacia fondos más atractivos: la mayor parte de la deuda interna en realidad es externa y más volátil que la pactada con los organismos internacionales, la fuga de capitales será incontenible; la estrepitosa caída del peso con relación al dólar en condiciones de absoluta vulnerabilidad económica eleva, en términos absolutos, el peso de la deuda externa, encarece las importaciones –recordemos que el 50% de los alimentos consumidos por los mexicanos son producidos en el exterior y pagaderos al corto plazo-, incrementa la inflación, favorece la especulación financiera y monetaria y reduce la capacidad adquisitiva del proletariado, lo que contrae el mercado interno y retarda el ritmo de la producción, incrementando la tasa de desempleo; el colapso de los precios internacionales del petróleo es el mayor impedimento para atraer las ansiadas inversiones de los monopolios que iban a Mover a México hacia un crecimiento de 3.7% del PIB anualmente, lo que será imposible durante un largo plazo, etc. Una crisis económica sobre las secuelas de la anterior, que profundizará la crisis política.

Los empeños reformistas del peñismo han tenido, también, sus costos políticos: desde hace un año, con la Reforma fiscal, la aceptación de la política presidencial y de su partido han pasado del 40 al 30%, lo que significa una merma del 25% de los votos que llevaron a Peña hasta Los Pinos, según las encuestas publicadas; la Reforma Educativa ha reimpulsado al magisterio democrático a la resistencia, cuyo sector más ultraizquierdista y activo, producto del despotismo de los charros del SNTE, de la represión constante, del oportunismo e incapacidad de la izquierda electoral y de la política educativa segregacionista del Estado que les ha negado permanentemente las vías de una conciliación política de fondo, se ha colocado como el principal obstáculo para la funcionalidad del propio Estado en Oaxaca y Guerrero, impidiendo la estructuración de consensos, lo que ha llevado a la pérdida de gubernaturas importantes con anterioridad, ahora se muestra como una barrera infranqueable para la aplicación cabal de la estrategia peñista y perjudicará sus campañas electorales y disminuirá, indudablemente, el número de votos para el PRI, así como para el PRD; así sucede con otras reformas, que en mayor o menor medida han generado un costo político severo para el régimen, lo que se expresará en las urnas en su momento. Ante eso el Estado, al no poder aumentar su propio prestigio, destruye el de los demás.

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El panorama electoral para el 15 favorece de cualquier modo al PRI ante una oposición desgastada y dividida: la caída del prestigio de las instituciones electorales y los partidos juega en contra de la participación de los sectores ciudadanos más críticos, dejando el campo libre para el acarreo de los votantes con menor capacidad política; la incredulidad en el gobierno y en su partido favorecerá más al PAN, sobre todo en el norte y principalmente en la frontera; la búsqueda de formas paralelas de participación política se ha topado con la intransigencia del Estado.

Hay una secuencia que marca la agenda del Estado con lo estrictamente económico, seguido por lo electoral, como ejes de su estrategia política, en una ruta preestablecida e inamovible de la que no se distancian un ápice, tangencialmente entrecruzado por los eventos coyunturales que le molestan y retrasan; así lo demuestran los hechos: El viaje a China en plena crisis política –que merece un párrafo aparte- la puesta en marcha de la construcción del poliducto de dos vías –para comprar o vender- Los Ramones I, que será operado por particulares, desde la frontera texana hasta Monterrey, Nuevo León, con el beneplácito de la burguesía del grupo Vitro (“se transportará, al final de mi sexenio, 75% más gas y más petróleo que lo que actualmente…” EPN); el incremento histórico del techo de la deuda autorizado por el Congreso en el presupuesto de ingresos; el anuncio de los mecanismos para las dos concesiones televisivas a modo de los postores; el “rescate” de Acapulco; el inicio de la subasta de las concesiones para la extracción petrolera en aguas someras, etc., son acciones a contracorriente de la manifestación popular, aplicación a rajatabla de su estrategia, que es la materialización del neoliberalismo a ultranza que no lograron los gobiernos panistas; desde su posición, la imposición de los mega-proyectos no puede detenerse porque sobre de esa base serán colocados los pilares de la nueva fase de acumulación capitalista y será después, cuando ellos ya no estén, que se podrán comprobar los supuestos beneficios sociales, sobre las ruinas de un país saqueado.

En Boca del Rio, Veracruz, en el contexto de la XXIV Cumbre Iberoamericana –a la que desdeñaron los presidentes de Cuba, Venezuela y Bolivia- la deslegitimación del peñismo en el continente se hizo evidente, ha decrecido demasiado pronto su imagen exitosa y prometedora, hasta Ollanta Humala, presidente de Perú, le ha ofrecido apoyo forense para identificar los restos humanos encontrados en Cocula y en el Río San Juan, mientras que las loas al reformismo del régimen prácticamente desaparecieron; sin embargo, al interior, van por el resto de la hegemonía. Necesitan, para ser “absolutos” en el control gubernamental, excluir los riesgos, incluso han iniciado sutilmente la campaña contra Morena, que indirectamente se ha beneficiado con la crisis del PRD –en algunas encuestas pelea ya el cuarto lugar con el PVEM y en otras el tercero con el PRD- y puede ser contendiente serio para el 2018.

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El Estado inculpado

El responsable de la desaparición y presunto homicidio de los 43 normalistas de Ayotzinapa, así como de los tres estudiantes asesinados y las otras tres víctimas que ahora han pasado al inventario de las frecuentes masacres que se suceden en el país, fue el Estado, tal y como fue reafirmado por el grupo de jóvenes que el 20 de noviembre lo escribieron sobre la plancha del Zócalo, previo a la llegada de las riadas de espíritus enardecidos por la indignación y la rabia que inundaron una plaza convirtiéndola en alegoría colectiva de la dignidad; decirlo no es solo un argumento simplista deducido de la participación de la presidencia y policía municipal en los hechos de Iguala, el 26 de septiembre, o de la participación u omisión de los otros órdenes del gobierno en la bestialidad, tampoco es un acto de catarsis justiciera para librarse de la culpa para sentir el alivio de estar vivo y presente porque ésta vez fueron ellos y no nosotros, ni una explicación judicial inmediata y útil para anunciar la sentencia usando como instrumento la movilización callejera: es la expresión política de los hechos surgido en la consciencia de un vasto sector social que se siente desprotegido, defraudado, ofendido e inerme ante un Estado que no le sirve y le oprime, que es el causante de las condiciones sociales, económicas y políticas que propiciaron la barbarie.

El Estado ha evadido la comisión del delito de desaparición forzada de los 43 normalistas, el cual no han aceptado como tal por las implicaciones políticas, morales y jurídicas que le ocasionaría ya que es un delito que sólo puede cometerlo el gobierno en un abuso de su autoridad, aun y cuando fue cometido por (agentes de) el Estado (municipales), con la colaboración evidente de la policía estatal, el ejército y fuerzas irregulares al servicio del Estado, perfectamente establecidas como componente de las hegemonías regionales en la mitad del territorio nacional, no sólo en Tierra Caliente, desde mucho tiempo atrás y con el pleno conocimiento y posible complicidad de los organismos de seguridad nacional, elementos de las fuerzas armadas y el aparato represivo local; un instrumento “privado” de “hegemonía” de una fracción consistente del capital, mecanismo de control social y de seguridad de particulares al servicio de un sector del poder económico ligado a las empresas creadoras de mercancías, mayoritariamente exportables, con una tasa interna de retorno superior a la de cualquier otro producto agrícola, utilizado para garantizar la apropiación y el reparto de la plusvalía, es decir, de la fracción del valor no redituado al productor, que precisa de posesiones en tierras, aparejos, maquinaria, transporte, mecanismos de comercialización, además de una cultura social de la reproducción particular del artículo mercantil específico y la estructura indispensable para lograr la reproducción ampliada, etc., capital y trabajo acumulado que han acrecentado durante muchos años bajo la mirada cómplice del Estado; con organización del control territorial acreditado ante la sociedad civil por la vía del terror armado, la extorsión, la delimitación de fronteras y administración del tránsito por sus áreas de dominación, etc. –instrumentos de la violencia-, así como la satisfacción de las demandas

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inmediatas de subsistencia para sus huestes trabajadoras, distribución de beneficios entre su base social, además de ingresos inmejorables para su planta mercenaria, su tropa de sicarios y jefes –herramientas del consenso-; instrumentos clientelares de consentimiento y legitimidad adosados a los partidos políticos y sus organizaciones sociales satelitales, a través de los cuales cuentan con capacidad de gestión política y económica para sí y para su clientela; infraestructura productiva para la reproducción del valor, legalización de la ganancia y reinversión productiva continua como parte de la revalorización mediante el proceso de conversión mercancía-dinero-mercancía utilizando los sistemas financieros aledaños al Estado, como la banca, el comercio legal y la iniciativa privada, que son continuamente fiscalizados por los organismos recaudadores del Estado; con representatividad política acreditada electoralmente por las instituciones del Estado y recursos públicos a su disposición aprobados por los congresos local y federal, en donde cabildean a través de los mismos cuadros que han escalado a posiciones de representación popular y de la administración pública estatal y federal, trepando por los escalafones meritocráticos y financieros partidistas, etc..

Hablamos, por sus dimensiones, consecuencias y, particularmente, por la composición social mayoritaria de las víctimas así como por la pertenencia de muchas de éstas a las resistencias locales –líderes o militantes ecologistas, comuneros, ejidatarios, autodefensas, etc., de un tema que desde el punto de vista de la política crítica, debe ser calificado como una estrategia de terror del Estado, que implica la cooptación, desmovilización o el exterminio de la oposición, operada por sus diversos agentes. Es una forma de actuar con hondas raíces en guerras sucias, cacicazgos y persecuciones contra los opositores políticos, las rebeldías autóctonas y resistencias populares; el “daño colateral” es la burda explicación, la justificación de la incapacidad del Estado para brindar seguridad a las comunidades y los pueblos ante las atrocidades de los bandos en pugna, lo que incluye a sus propias fuerzas represivas. No son los hijos de la alta burguesía los desaparecidos, ni los líderes empresariales los encarcelados, son los desposeídos de siempre quienes demuestran con su ausencia y con su sangre la verdadera naturaleza clasista, criminal y autoritaria del Estado.

La movilización

La agitación y la movilización ante los eventos no desembocarán por sí mismas en la organización democrática permanente al margen de ese purulento Estado represor, que pudiese disputarle el control de la conciencia social y derrumbar al régimen en el momento de mayor impulso, en la cresta de las ondulaciones sociales, como lo ha pretendido el entusiasmo de quienes ven en esta forma de lucha una salida al marasmo de las masas, pero han puesto al descubierto una serie de factores de suma importancia para el futuro del movimiento social y político opuesto a los designios del capital y estimulado una unidad de acción, en la práctica, de sujetos y organizaciones políticas diversos bajo una imprevista bandera común, la demanda de justicia, en la que cada

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cual mantiene sus principios y objetivos, luego de una etapa prolongada de dispersión e inmovilismo, lo que ha generado esa ilusión de que la movilización, sin una mayor politización, es decir, manteniéndose en ésta etapa de manifestación callejera, plantones locales, paros estudiantiles y toma de casetas, sin tocar la capacidad productiva industrial primaria mediante el ejercicio del derecho de huelga y las actividades financieras de la oligarquía saboteando el consumo masivo, transformándose en un movimiento vinculatorio de las resistencias de extensión nacional, escapando de la manipulación de las televisoras, permaneciendo ausentes en las discusiones parlamentarias y distanciada de los procesos políticos en curso o elevando el nivel de conciencia colectiva para expulsar a los testaferros del Estado de las organizaciones sociales, entre otras muchas tareas pendientes, pudiera afectar a la estructura del régimen y redefinir la historia, para lo cual se necesitaría de la subjetividad organizada que no existe en éste momento, que fuese orientada por una estrategia política viable con la democratización de la totalidad de las relaciones sociales como eje central, libre de dogmatismos arcaicos que han distorsionado, dividido y encogido a la izquierda radical, capaz de lograr la unidad política sostenida y la acumulación de fuerzas suficientes para obtener una mayor incidencia.

Aguas Blancas, Acteal y Atenco, sólo por citar algunos casos de represión desmedida por parte del Estado, no lograron convertirse en una motivación política de fondo, transformadora de las relaciones sociales, a pesar de las movilizaciones que en su momento congregaron a muchedumbres indignadas; el Estado, al final, encontró los cauces para minimizar lo político general, ya despolitizado lo focalizó y judicializó para dejar que se diluyera en la memoria entre una y otra afrenta, manteniendo los conflictos en lo que Gramsci llamaba la pequeña política, ahí donde se alojan, hasta ahora, la mayoría de los 100,000 asesinatos y 22,000 desapariciones, en la táctica burocrática del desgaste y el olvido.

Pero justamente la desnudez de esa contradicción reclama su abordaje: la izquierda verdaderamente democrática y revolucionaria, los marxistas, tendremos que madurar con urgencia para alcanzar al movimiento y aportar algo más que ánimos vanguardistas e inútiles predestinaciones deterministas, cooperando con propuestas programáticas para que de la agitación se pase a la organización y fortalecimiento político (ideológico, programático, estratégico y en la capacidad de lucha) de las fuerzas actuantes, respetando la diversidad y autonomía de cada cual pero consolidando la unidad de la izquierda para convertirla en una fuerza social transformadora –el ejército político de la Revolución- en la vía de la conformación del sujeto social de los cambios políticos cualitativos, franqueando de las propuestas particulares a un programa general que involucre democráticamente a la mayoría en la acción coordinada horizontalmente sin un centro manipulable por el Estado, de la iniciativa de lucha y energía que poseen los más jóvenes a una fusión con la experiencia y la memoria histórica de los más viejos, puntualizando en la formación de los liderazgos que entre las masas conviertan ese programa político en herramienta de uso cotidiano para la movilización en un nivel superior al de las marchas, mítines y reuniones, instrumento táctico en el

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que asomen los trazos de una ruta para el combate alrededor de la cual se puedan establecer acuerdos unitarios y lograr avances tangibles, con una izquierda radical que sea eslabón entre lo táctico y lo estratégico, capaz de colaborar en la insurrección cultural con el objetivo de implantar una realidad en la que la repetición de los hechos de Iguala sea imposible.

Los hechos serán un parteaguas siempre y cuando su resultado histórico logren la democratización de las relaciones del Estado con la sociedad y las organizaciones sociales y políticas de oposición al régimen un profundo cambio de sus paradigmas, que las lleve a la unidad y aleje de la marginalidad, para acceder a un nuevo rol protagónico en la lucha, sin anhelos de acaballarla ni dirigirla a partir de planes preconcebidos que hasta ahora sólo han servido para cohesionar pequeñas sectas; otro resultado cualquiera será en favor del propio Estado.

La comprensión de parte de un sector social de que la responsabilidad política por las circunstancias que propiciaron los hechos en Iguala es del Estado, no es un fenómeno homogéneo, es decir, el conocimiento cabal del papel del Estado como instrumento de dominio y sus actuales mecanismos no son claros aún en la mayoría de los indignados que han acudido a elevar la cresta de un levantamiento civil que se ha mantenido en la cota de la protesta, además de ser minoritario con relación a la masa sobre la que predomina el consenso que lo legitima–expresado con su apatía ante los hechos coyunturales y el vacío político en una considerable multiplicidad de grupos sociales políticamente dispersos-, lo que dificulta el ascenso de la mera percepción colectiva hacia la consciencia mediante un discernimiento colectivo más elaborado. En la movilización predomina todavía un nivel de “intuición” sobre el que hay que realizar un trabajo constante; además, como en la mayoría de los movimientos que se han sucedido en los últimos años, se han conjugado las demandas legítimas de justicia, sin especificar todavía su significación práctica, con la participación de diversos intereses desde los legítimos hasta los economicistas, fraccionales y programáticos –la repulsa a la aplicación de la Reforma Educativa de la CETEG y la CNTE, el calendario aprobado por el Congreso Social, las necesidades objetivas del SME ante la liquidación definitiva, etc.-, de modo que la movilización reciente también es un producto de la inercias y conflictos previos, de la aplicación de una estrategia preconcebida en la coyuntura, etc.; sin embargo, dado que esa caracterización del Estado, concreta y actualizada, ha comenzado a surgir como elemento central de una consciencia más amplia y profunda del colectivo convocado por la rabia y la vergüenza, refutando en la práctica los dogmas preestablecidos, es posible avanzar. Sobre de esa base se puede construir un estadio superior de la conciencia social, entendiendo que esto significa la estructuración de la organización en un plano de independencia con relación al Estado, en el que la educación política de las masas, formando cuadros y liderazgos capaces de generar y transmitir propuestas que logren avances simultáneos en los planos de la lucha política, ideológica y material de los trabajadores y el pueblo.

El fallo inapelable de un sector de la sociedad agraviada, que impone la sanción política al aparato de la clase dominante en detrimento de su

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hegemonía, significa una muestra de hartazgo social: Fue el Estado es una reafirmación política de la indignación, su núcleo estratégico, una consigna que, al señalar a esa entidad abstracta, el Estado, sintetiza la visión que se ha logrado aprehender del momento actual de la lucha de clases y motiva la participación política de segmentos sociales específicos con alto potencial e iniciativa, con los jóvenes y estudiantes a la delantera, pero también con la enjundia del magisterio democrático, la participación masiva del zapatismo, de las organizaciones independientes que defienden los derechos humanos, de las bases decepcionadas de los partidos de la izquierda electoral y de una amplia diversidad de individuos y organizaciones en una lucha totalmente diferente a las que hemos asistido en las décadas recientes, hasta entonces relacionadas con la dinámica electoral y la confrontación entre los partidos políticos, como las protestas por el desafuero de López Obrador, contra el fraude electoral que impuso a Felipe Calderón o los protagonizados por las juventudes de #yo soy 132 y, más recientemente, los de la CNTE contra la “reforma educativa”, en los que se identificaba al enemigo como actor dentro del Estado y no al Estado mismo aplicando su estrategia de reproducción, visto colectivamente como el envilecido artefacto político de la oligarquía, autor intelectual, árbitro y ejecutor de los actos, no sólo los de la noche del 26 de septiembre, sino de todos los precedentes, que crearon las condiciones para la estúpida represión en Iguala y los sucesivos, que pretenden minimizar el conflicto político y manosearlo. Un factor importante que pesa en ésta confluencia es la ausencia obligada de los partidos políticos parlamentarios y su incapacidad para asumir la dirección de cualquier segmento social participante en las movilizaciones.

“El que no transa no avanza”: cultura del Estado

En un sistema que se sostiene en la corrupción como el aparato sine qua non del enriquecimiento de su clase en el poder y es la corrupción la forma de su vinculación social con el Estado, marcado por una añeja cultura en la que prima la perversión de las relaciones políticas entre las funciones públicas y privadas en la obtención de la ganancia, lo que aumenta los costos sociales y afecta la distribución del ingreso; en el que para ascender en el escalafón laboral de la burocracia el trabajador de los órganos del Estado se ve obligado o invitado a participar, cada vez en mayor medida, dentro del aparato de la corrupción; en el que incluso las organizaciones sociales, gestoras del economicismo, han sido asimiladas por el Estado cuando practican formas vulgares y grotescas de corrupción en la venta de plazas, concesiones para el transporte (placas), asignación de viviendas, inclusión en programas sociales, atención de las instituciones de gobiernos y partidos para los que “operan” -como sinónimo de “acarrean”-, etc., convirtiendo los derechos democráticos de los individuos, las comunidades y la sociedad en una mercancía y a las organizaciones sociales en intermediarios al servicio del Estado, auxiliares en el amortiguamiento de la rebeldía social; en el que el engrosamiento de las fortunas de los oligarcas es inversamente proporcional a la capacidad económica del Estado destinada a resarcir a la sociedad mediante la creación de infraestructura, dotación de servicios y

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beneficios; en donde el “adelgazamiento” y el desplazamiento del Estado por el mercado supuestamente autorregulado por la competencia ha permitido a los jerarcas de los monopolios todos los excesos posibles; en el que existe un sector de la oligarquía surgido de la acumulación por métodos delincuenciales, que canaliza sus inversiones a la producción y comercio de drogas, tráfico de personas, contrabando de armas, extorsión y otras actividades que, por estar ligadas a la mayor violencia posible en un mecanismo mercantil, son extremadamente perjudiciales para la sociedad; en el que la división internacional del trabajo ha asignado el papel de proveedor de narcóticos al mayoreo y otras mercancías ilícitas a nuestra nación y donde el conjunto del poder se ejerce en función de la demanda del imperialismo, los poderes fácticos son una consecuencia del capitalismo dependiente exacerbada por la estrategia neoliberal, una de sus figuras orgánicas, la más exitosa de cuantas han existido en la historia nacional.

Es impensable el Estado mexicano sin asociarlo a corrupción, es la materia prima de la política tradicional burguesa en nuestro país; también es una de las trabas fundamentales para la ampliación de las libertades democráticas: la lucha contra la corrupción es un componente político de la lucha de la izquierda radical y el avance de la estrategia democrática y popular para resolver las crisis en curso dependerá, en gran medida, de la modificación de nuestras propias prácticas políticas, de la ética con la que afrontemos la tarea, del destierro del economicismo, el clientelismo y los vicios adquiridos o heredados que han llevado a la corrupción del movimiento social.

La transparencia de Peña Nieto, el viaje a China y la Casa Blanca

Luego de concluir una travesía de suyo impostergable, inexcusable pese al descomunal tiradero nacional expuesto por la represión brutal en contra de los normalistas de Ayotzinapa, abrumado por la responsabilidad de entregar la carga de esa valiosa mercancía que sólo cabe en el maletín de un jefe del poder ejecutivo determinado a continuar con la dirección político-administrativa de una nación terriblemente sojuzgada para mantenerla así; bagaje que es mezcla transitoria e inestable del pírrico poder y menguada autoridad que se ofrenda ante el altar del mando infinitamente superior de la potestad imperialista. El mensajero que retorna liberado de la presión del apremio de viajar con urgencia a China y a Australia para brindar personalmente sendos mensajes de capitulación de una plaza recién reformada bajo pedido, de ungir sedantes y bálsamos tranquilizadores en el ánimo de los presuntos postores que acudirán a la subasta de un territorio en llamas, de propalar alegatos predicadores de las bondades que florecerán en dividendos, intereses y ganancias para los monopolios depredadores, en los que se advierte la amenaza con tono de ultimátum, para que se entienda que las protestas contra el régimen de terror implantado por esa parte descontrolada del Estado delincuencial serán frenadas por el terror del control estatal formal.

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Ya cumplido con el protocolo, con la garantía en la bolsa de que las inversiones de los monopolios trasnacionales fluirán a pesar de que el índice de competitividad del país sigue en -7 y descontando (Corea del Sur tiene +2.4), de que la planta productiva y el mercado interno permanecen en ruinas y la imagen del Estado mexicano en el plano internacional se ha devaluado a niveles tan minúsculos que se cotiza en bilimbiques, con los deberes cumplidos y los haberes amarrados en las reuniones del G-20 y las que paralelamente se dieron en la oscuridad política de una privacidad de la que poco se hace público cuando uno de los representantes manda y el otro obedece, el pródigo Enrique Peña Nieto, de ceño fruncido, eleva un tono amenazante ante el ascenso de las protestas que van hilvanando la rabia contenida, la impotencia desatada, el hartazgo ante la podredumbre, el asco por el Estado, en complemento de lo que habían adelantado el Secretario de Gobernación Osorio Chong y el de la Secretaría de la Defensa Nacional, General Salvador Cienfuegos.

Se muestra ofendido por el asunto de “la casa de su esposa”, pierde la figura y adopta un aire desconocido, que niega esa pulida figura de triunfador permanentemente en campaña que reclaman los medios, cuando advierte que no se tolerarán más desmanes; de poco servirá que la señora Angélica Rivera, en una actuación memorable por ser quien es y no por sus facultades histriónicas, justifique la legalidad de los predios en Sierra Gorda 150-160, en las Palmas, denunciados en el noticiario de Carmen Aristegui, luego de que el vocero de la Presidencia, Eduardo Sánchez, salió una semana antes a no decir nada; ya nadie les cree, de ser cierto o no lo dicho por la “primera dama” y lo publicado como declaración patrimonial por Peña, no tiene la menor importancia: así como negaron la compra del voto y las verdaderas intenciones ocultas en las reformas estructurales, tal como han disfrazado las cifras del crecimiento económico, etc., minimizan el tema, banalizan la protesta de fondo, lanzan una cortina de humo sobre los asuntos primordiales e intentan un tardío control de daños en espera de que, dicho lo dicho y en ese tono, todo lo demás se esfume; así muestra el valor de la transparencia, que no es sólo un matiz de la lucha política ni un objetivo en sí mismo, es un componente básico de la democracia: la credibilidad política no es asunto de fe, es la base del consenso; ahora quedan claros el tráfico de influencias, el vínculo de la señora con el empresario favorecido que es proveedor de confianza del señor y su pertenencia a esa minoría despótica que hace negocios a partir de los privilegios políticos. El derecho a conocer, supervisar y sancionar los actos del gobierno y de sus responsables es uno de los derechos democráticos básicos.

Crisis política y delincuencia

El régimen político y el Estado se encuentran en una crisis tanto estructural como coyuntural y de largo plazo, prolongación o consecuencia de aquella iniciada hace más de cuarenta años con la quiebra del Estado benefactor, el fin de la política del nacionalismo revolucionario y el desarrollismo como guía económica que encubrieron

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al autoritarismo priísta, promotor de demasiadas masacres en Guerrero y otros estados durante la gran represión denominada “guerra sucia”, en la que participaron mercenarios pertrechados por el ejército, las “guardias blancas” que durante los gobiernos de Aburto y de Rubén Figueroa Figueroa aterrorizaron a las comunidades guerrerenses aplicando la táctica de destrucción de la base social de las guerrillas, de tierras arrasadas y desplazamientos forzosos que el imperialismo empleó en Vietnam; ahí está el antecedente histórico más inmediato de los poderes fácticos y los grupos armados de la derecha en Guerrero, similares a los “chinchulines” de Chiapas, adiestrados y apertrechados por el ejército y a los que participaron en las ejecuciones contra la organización Las Abejas en Acteal. No es una casualidad que muchos de los principales cuadros y tropas de las milicias delincuenciales hayan surgido de las filas de los cuerpos represivos del Estado, esa ha sido la veta tradicional para abastecer de esa “fuerza de trabajo” especializada a los poderes fácticos.

Ésta situación de crisis generalizada del capitalismo mexicano deviene en un núcleo de crisis económica y política que genera desequilibrios y rupturas en toda la superestructura (crisis educativa, en el sistema de salud, energética, industrial, agraria, laboral, etc.) que ahora se evidencia con mayor crudeza y para la cual el Estado no tiene una respuesta y sólo busca contenerla, esperando supersticiosamente, crédulos ante el dogma del neoliberalismo, a que la auto-regulación del mercado haga su parte: las contradicciones entre el núcleo político-económico y la superestructura se han tornado irresolubles por la vía democrática para el régimen, se recurre a la imposición, se gobierna en contra de la sociedad para saciar las apetencias de los especuladores financieros y lograr la satisfacción de la demanda externa de plusvalía; asistimos a un escenario en el que la imposibilidad para establecer los equilibrios entre el desarrollo económico, como base para la generación y la apropiación del valor, ha entrado en agudo y violento conflicto con la supervivencia social y con la misma posibilidad de reproducción del capital: las inversiones se contraen por la violencia, enviando a la sociedad a etapas previas del desarrollo y aumentando la desigualdad, el pago por impuestos legales y extralegales (derecho de piso, extorsiones, etc.) se ha vuelto insostenible para muchas empresas pequeñas y medianas, lo que también favorece a los monopolios financiados desde el exterior, que ven desaparecer gratuitamente a la competencia nativa; la agresiva instauración del neoliberalismo, con su desregulación y abandono de las tareas políticas de construcción del consenso mediante la participación social en algunos beneficios y subsidios, en condiciones de subordinación al imperialismo, financiarización intensiva de la economía, crisis estructural permanente, dependencia económica con continua fuga de capitales, endeudamiento extremo, régimen de corrupción en todos los niveles, bajo nivel de desarrollo científico-tecnológico, desindustrialización y obsolescencia del aparato productivo, sobrecarga fiscal en la pequeña y mediana empresa, recorte de subsidios a la producción y de apoyos gubernamentales para el desarrollo rural, etc., le han ocasionado al capital dificultades para su colocación como inversión productiva y obligado a producir plusvalía mediante inversiones en actividades ilícitas bajo las leyes del capitalismo, en las que el capital se reproduce independientemente de la mercancía

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que se empleé para su realización, pero las condiciones de desregulación de los mercados financieros que aplica la estrategia neoliberal también le han permitido la intrusión en actividades de alta rentabilidad para obtener la ganancia, motivados por la inmensa demanda de drogas, el mercado abierto de armas, etc., principalmente en el comercio con la también ultra corrupta oligarquía delincuencial de los Estados Unidos –que percibe la mayor tajada de la ganancia de la “industria” criminal-, encumbrando a un segmento criminal al servicio de la burguesía. No es, de ninguna manera, fortuito que el mayor desarrollo de los poderes fácticos y la burguesía delincuencial se haya dado a partir de la implementación de la estrategia neoliberal, como fórmula para garantizar la reproducción capitalista y la obtención de la ganancia.

Los grupos de mercenarios armados, organizados como una estructura paralela del Estado para reprimir a las comunidades y garantizar las condiciones de reproducción del capital son un sustento del poder que se ha mantenido siempre al margen de la legalidad, pero que han sido permanentemente protegidos por las instituciones, son un producto histórico de las deformaciones que adquirió el capitalismo mexicano a lo largo de su desarrollo; los observamos en las fuerzas supervivientes de la Revolución Mexicana, que fueron comandadas por caudillos despóticos que luego de múltiples luchas intestinas, se unificaron en el PNR bajo el mando del liderazgo mayor, el General Plutarco Elías Calles para que su lucha se diera en el plano de la política y el saqueo fuese más organizado; los vemos a lo largo del periodo de la recuperación de las haciendas, cuando fue instituido el amparo agrario, combatiendo contra los campesinos que reclamaban el reparto de tierras; en la etapa de industrialización actuaron como esquiroles y rompehuelgas, asesinos de líderes y persecutores de militantes comunistas durante más de medio siglo, bajo las banderas del charrismo sindical; etc. Son instrumentos del Estado que desde hace mucho tiempo se hicieron de los controles sociales estratégicos que el propio Estado reserva para dar operatividad y complacer a los oligarcas y a los que les sirven para atajar las expresiones más conscientes y democráticas de la lucha de clases. Actúan como función del régimen de producción dominante, que los compensa entregándoles su cuota dentro del aparato del gobierno, introduciéndose entonces ese compartimiento al servicio de los intereses de la burguesía, constituyéndose como una camarilla de poderes fácticos legalmente dentro del Estado, ya sea por la vía electoral, por su infiltración tolerada como pago del tributo en alguno de los órganos institucionales o por su ascenso en las estructuras corporativas (cámaras patronales, partidos políticos, sindicatos, organizaciones campesinas, populares, congregaciones religiosas –p. ej. Caballeros de Cristo y Marcial Maciel-, etc.), al amparo del poder económico: no son dos o más Estados paralelos en pugna, superpuestos o coludidos, uno bueno y otro malo compartiendo las tareas de violencia y de consenso, es la misma entidad políticamente indivisible que se encuentra en crisis, tal y como es una y exclusiva la clase en el poder, porque el capital, en el capitalismo, tiende a la concentración y a la consolidación de la clase opresora en torno a la preservación de las condiciones de reproducción, de donde surgen el

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poder y, anexo a éste, el Estado, que se destruye y revitaliza cotidianamente, al ritmo entonado por una burguesía ancilar y corrupta.

Ésta no es nada más una crisis de los derechos humanos, como pretenden hacernos creer los voceros oficiales y oficialistas, están en ese trance la legitimidad, el consenso y los mecanismos de representación, entre otros factores, que se encuentran profundamente deformados por la presencia de fuerzas, que mediante artilugios propios, realizan la tarea de la dirección política desde posiciones de poder: las cúpulas del “narco”, de la alta jerarquía eclesiástica, los poseedores de los medios de comunicación y difusión, los “charros” sindicales, las cámaras empresariales, los capitalistas trasnacionales, o sea, las modernas castas parasitarias, hacen política fuera de los márgenes constitucionales y de las instituciones formales del Estado pero contradictoriamente haciendo Estado, utilizando toda su infraestructura –jurídica, política, etc.- para afianzar su posición, convirtiendo al Estado mismo en un campo de batalla en el que las disputas se libran afectando al conjunto de la sociedad: a balazos o retiro de capitales, movilizando a amplios sectores de población alienados y dispersos, difundiendo persistentemente desinformación e incertidumbre a través de los medios, extorsionando, acudiendo a la corrupción o la intimidación de los funcionarios y del pueblo, recurriendo a la compra de votos, a la intervención soterrada de los partidos con registro, a la resignación y esperanza de la salvación eterna o la amenaza de la condenación, al despido laboral, a la prebenda, a la gestión economicista, al otorgamiento de plazas laborales o “aviadurías” desmovilizadoras y muchas acciones más, todas ellas depredadoras. Los “mensajes” destructivos entre los agentes de sectores competitivos de la delincuencia y el Estado abundan, son los códigos usuales para hacer pública su presencia y capacidad, notificado en el lenguaje críptico de ese sector del Estado: asesinato de candidatos, diputados y funcionarios públicos o de partidos; denuncias y exhibición de lazos con la delincuencia de los empleados públicos; pugnas entre cárteles rivales a plena luz, con o sin intervención de las fuerzas armadas formales; etc.

Esta crisis se ha profundizado, de tal manera que se han iniciado cambios en la conducta política de la sociedad, en la que existen amplios sectores que han dejado de creer en la gestión de los derechos, la negociación con la autoridad, la participación social comunitaria, la cooperación solidaria y el parlamentarismo, luego de que fueron castrados sus derechos democráticos en la actividad sindical, popular, las elecciones, etc., es decir, en la política como herramienta de modulación y cambio de las condiciones materiales y sociales. El abandono de la política que, por un lado conviene a los intereses del Estado y la burguesía cuando se transforma en apatía, por el otro obliga a la búsqueda de otras formas de respuesta política, desde una marginalidad más dispuesta a la dispersión que a la resistencia, aun con poca efectividad y sin visos de poder salir del papel secundario al que fue arrojada desde la hecatombe del “socialismo real” y la diáspora ideológica y orgánica.

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Estado mexicano y burguesía

Ante la el alud de críticas y argumentos que ponen en tela de juicio la viabilidad y eficiencia del Estado, surgidos luego de los hechos de Tlatlaya e Iguala, presumen los opinadores públicos de los medios electrónicos masivos de comunicación, que es la sociedad la que genera al Estado que merece. Falso: es la clase dominante la que implanta las reglas de coexistencia social entre las clases y de explotación de una sobre las demás, las leyes que permiten privilegiar y proteger la forma específica de la propiedad privada y todas las normas y aparatos judiciales que de ahí se derivan, las instituciones armadas y civiles que imponen mediante la fuerza o el consenso el orden requerido para la reproducción del valor, los órganos que configuran el pensamiento en cada clase o estrato social mediante la educación escolar o extraescolar, las formas de organización y relación laboral y política –sindicatos, confederaciones, partidos y hasta organizaciones sociales promotoras del economicismo-, los mecanismos de control en todos los niveles de la creatividad o de su destrucción, las estructuras corporativas o clientelares para administrar la lucha de clases desde el regateo de los programas sociales, la ideología y, particularmente, la estructura administrativa del gobierno, de impartición de la justicia y de representación popular.

El Estado mexicano moderno es una deyección histórica, un deforme engendro malparido que ha brotado como producto de la peor combinación del capitalismo manipulado por las nativas camarillas burguesas, que han actuado en todo momento en burda combinación subsidiaria con los intereses de los monopolios, primero coloniales y después trasnacionales, a lo largo de un curso histórico sinuoso en el que se vuelve inexplicable la prosperidad alcanzada por la más encumbrada burguesía metropolitana, el imperialismo y muchos de los aspectos de la evolución general del régimen de producción, si dejamos de lado la aportación derivada del inmenso despojo que ha sufrido el pueblo mexicano, gracias a la contribución accesoria del propio Estado como herramienta del poder para someter a la sociedad y garantizar la continuidad del régimen de explotación; hablamos de un mecanismo desfigurado y contrahecho por efecto de esa economía centrífuga del capitalismo mexicano, refrendado como instrumento de control que ahora se sirve de la violencia de la estrategia neoliberal para asegurar la obtención de la ganancia mediante la depredación, la rapiña, el saqueo y destrucción de los recursos de los pueblos, que contiene entre sus cualidades la síntesis de la ideología burguesa propia de una clase que surgió de manera tardía, incompleta en su maduración hacia la configuración de una identidad auténtica, ridícula imitadora de los modelos importados, conservadora y supersticiosa hasta el fanatismo metafísico, fragmentada políticamente durante largos periodos, que nunca transitó por revoluciones industriales, defendió sus mercados a través de la confrontación contra el imperialismo ni consolidó su propia autonomía financiera; camarilla sin brillos propios ni colosales genialidades, soterrada, conspirativa, corruptora, ancilar con respecto a poderes superiores, discapacitada para articular un proyecto nacional

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propio como clase dominante y de llevarlo a cabo de forma independiente: la oligarquía mexicana ha sido un dócil utensilio de la realización mercantil y del control que desde el exterior ejercen las fuerzas motrices de la expansión imperialista y en torno a ese poder restringido de origen, para preservarlo y acrecentarlo, se ha organizado el aparato de coerción y de consenso que abstraemos como Estado y desde éste se reproduce la misma burguesía.

Antidemocrática en todos sentidos, es una burguesía practicante del colonialismo interno en una inercia de formas de explotación en las que se combinan dialécticamente, en su sentido contradictorio pero mutuamente indispensables para la reproducción del sistema, los recursos de una institucionalidad y legalidad asimilada a la modernidad capitalista con los de una organización corrupta de la aristocracia económica y política. Las formación estatal burguesa, originalmente revolucionaria de las relaciones sociales al fragor del destronamiento de monarcas feudales, al rugido popular de ¡Libertad! ¡Igualdad! ¡Fraternidad!, modelada en las metrópolis beneficiarias de los desiguales vínculos con las posesiones coloniales del siglo XVIII fue agotada, en México, con la obtención de los resultados de la Reforma y la consolidación del estado nacional con Benito Juárez e ideológicamente desde, cuando menos, la derrota de los proyectos populares, en el campo de batalla, durante la Revolución Mexicana; aquí no existió burguesía revolucionaria contra la nobleza y el rey actuando como clase, por el contrario, los burgueses criollos que vieron peligrar sus privilegios, culminaron la Independencia nacional, mediante la traición de Iturbide a la corona, para luego ser los conservadores que al lado de Santa Ana bosquejaron una caricatura de nación y de Estado, a imagen y semejanza de lo que habían despreciado, para convertirse en hacendados en plena revolución industrial.

El modelo de capitalismo que se implantó en la principal colonia del Imperio español y del que se heredaron los usos y costumbres, la cultura de una burguesía criolla amante del derroche y el boato es un atavismo ancestral. Su intrincado desarrollo ha sido marcado por las ambiciones de los caudillos de la oligarquía y la política bajo los modelos adquiridos de las potencias hegemónicas que directamente han intervenido durante toda la historia de la nación en las determinaciones relevantes, interfiriendo en la lucha de clases, ampliándola al plano internacional ahora acrecentada por la mundialización; los oligarcas locales, presentados como obesos viciosos rodeados de meretrices en los murales de Orozco, sufragáneos de la altísima potestad imperialista a cuya mesa son convidados de piedra es hoy más dinámica que la de aquella espléndida caricatura, según los cánones del ejecutivo exitoso que el mismo imperialismo impone; sin embargo, esa burguesía no renuncia a su prosapia, heredera de tradiciones de acumulación en las que la corrupción y la impunidad son prácticas habituales e imprescindibles para compensar lo que se contempla en la Ley del Desarrollo Desigual, potenciado por la nueva configuración económica mundial, en la que ésta burguesía forma filas en el bloque comandado por

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los EUA en el mundo dividido por la competencia en la multipolaridad y se doblega irremediablemente.

La obsolescencia tecnológica originada en la dependencia, el abandono de las tareas productivas no requeridas por los consorcios monopólicos arrojando a un sector de trabajadores al desempleo lo que incrementa la caída del consumo interno y detiene el crecimiento autónomo de las regiones y actividades supletorias y complementarias, la desigualdad mercantil dentro de una libre competencia, la disparidad del volumen de capitales, las condiciones para el acceso al crédito, el pago de patentes y derechos de explotación de marca, la necesidad de imitación de las mercancías y mercados ante las diferencias culturales y en la capacidad adquisitiva de la sociedad, el variable reparto de la renta por maquila que beneficia al país emisor, etc., son algunas de las trabas que la burguesía mexicana no se ha interesado en rebasar mediante la construcción, desde el Estado, de la soberanía; por el contrario, se ha empeñado en subrogar su capital al de las multinacionales y los bancos del imperialismo. Ante un determinado desarrollo capitalista, como producto de su proceso histórico, más allá de la mera estructura económica que lo determina en su origen, las relaciones políticas que dan forma cotidianamente al Estado son reflejo, producto de la burguesía que lo domeña; entendido como una abstracción, es decir, como una representación cognitiva del aparato de dominación social que comprende a todas las instituciones y órganos que en un momento determinado actúan para cohesionar a la sociedad bajo el proyecto de la clase dominante, ese Estado carga con todas las deficiencias de la burguesía en el poder, incluyendo sus taras culturales, lacras políticas, concepciones cotidianas, mitos y supersticiones económicas y, es a través de ese Estado, como aparato cultural, que la visión de la realidad de la burguesía se transforma en la ideología dominante.

Nada pierde la burguesía mexicana con las reformas de Peña Nieto, por el contrario, se consolida su fuerza como dirección hegemónica de la sociedad: no hay más burguesía nacionalista, nunca existió cabalmente. El más claro ejemplo del disfraz de nacionalismo revolucionario es el del Ing. Alejo Peralta, quien fuera Director General del Instituto Politécnico Nacional, dueño de la empresa Industrias Unidas S.A. (IUSA), fabricante de pésimos componentes y accesorios para la industria eléctrica, monopolio que prosperó merced al proteccionismo brindado por el Estado y sucumbió ante la apertura comercial, cuando las crisis de los años 70’s demostraron que la autarquía industrial y financiera basada en la podredumbre política no era un negocio. Así como se benefició del proteccionismo en las épocas del desarrollismo, la burguesía se ha servido del neoliberalismo para acrecentar sus fortunas y su poder, hasta niveles insospechados.

El Estado mexicano es un campo de batalla de las fuerzas que contienden en la competencia por el control para ejecutar su propia concepción, es un proceso que sintetiza y reelabora permanentemente la hegemonía. Exuda podredumbre por todos sus poros; en cada episodio, cada acción segrega sangre y purulencia, pestilencia y embuste, dolor y muerte; es un Estado conspirativo, que gusta de las sombras para negociar, y violento,

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que aprecia en demasía el uso de la fuerza por sobre del consenso; más allá de su propia composición orgánica de clase, vive de la intriga y la confabulación, se ha convertido en un terreno de violenta confrontación permanente entre sus actores e instituciones, lo que ocasiona que, por sí mismo, sea incapaz de resolver sus contradicciones internas y de asumir cabalmente la dirección político-administrativa de la nación. La fermentación es añeja, de tan rancia que es cualidad sine qua non del régimen: imposible manifestar una referencia del Estado capitalista mexicano en la imaginería popular sin los imprescindibles adjetivos de corrupto, autoritario, demagogo, fraudulento, mentiroso o ladrón; la crítica burguesa sólo alcanza a percibir, para justificar, que es un Estado ineficaz, “fallido”.

Germán Larrea, por ejemplo

El gobierno federal filtró la foto de Germán Feliciano Larrea Mota Velazco, dueño de Minera México, la propietaria de Pasta de Conchos y Cananea –hoy Buenavista de Cobre-, así como de muchas otras minas y empresas situadas en varios países, en el momento en que los cuestionamientos por el inmenso desastre ecológico provocado por el derrame de lixiviados con metales pesados afectó a la ribera del Río Bacanuchi-Sonora, sin que hasta la fecha se haya compensado por su pérdida a los labriegos y ganaderos damnificados; Ése ha sido el precio por los favores recibidos directamente de Peña Nieto: una especie de retablo laico colgado en el muro de la opinión pública, que obliga al empresario a reconocer a Peña Nieto y agradecerle por los “favores recibidos”; para nadie es oculto que el periodo de mayor auge de Larrea es el de su periplo como benefactor-beneficiario del panismo, de hecho él es un factor fundamental para que el gobernador de Sonora, panista, esté en su puesto.

Éste personaje, en su obsesión paranoide, ha gastado fortunas para comprar el anonimato, el clandestinaje que le permite emerger de su burbuja con cierta seguridad, era prácticamente desconocido físicamente fuera de su círculo íntimo; el segundo burgués más rico del país, después de Carlos Slim Domit, ha visto acrecentar su fortuna, heredada originalmente de su padre, en más de treinta veces durante el periodo del neoliberalismo mexicano, apoyándose en la reducción de sus cargas fiscales, obtención de fondos para el desarrollo empresarial, evasión en el pago de impuestos, pero todo basado en la corrupción e impunidad que mantiene los restos de los 65 mineros sepultados bajo toneladas de escombros en Pasta de Conchos, Coahuila, para que sea imposible demostrar el delito industrial y la cancelación de las concesiones mineras; él es uno de los más beneficiados, junto con las empresas extractivas canadienses, de la modificación de la ley aprobada en el calderonato y ahora refrendada y profundizada con las reformas peñistas, que permiten el despojo de tierras a las comunidades y pueblos para desarrollar “actividades estratégicas”.

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En Cananea se ha empleado tanto al ejército, a la policía federal, a la del Estado de Sonora, como a golpeadores y matones a sueldo, todos al servicio, circunstancial o permanente, de los intereses presididos por Germán Larrea. A los pobladores originales se les impide su contratación en la mina donde surgió el movimiento que prologó a la Revolución Mexicana mediante la huelga de 1906, en la que participó el que sería el General Fierro, el que en la División del Norte acompañó a Francisco Villa. Larrea es quien ha sostenido la feroz guerra contra el Sindicato minero-metalúrgico dirigido por Napoleón Gómez Urrutia, llevándolo al exilio durante muchos años y promoviendo un sindicato blanco que lo ampara con un contrato de protección que deja en la indefensión a los trabajadores, lo que ha reproducido en otras minas e industrias de su propiedad. Accionista y gestor de las mineras canadienses, mantiene un equipo profesional de cabilderos que promueven modificaciones en las leyes, tramitan exploraciones, controlan el mercado de varios productos actuando como un monopolio. Son ellos los que operaron en la reforma el concepto de autorregulación ambiental, según declararon varios de los diputados “que pidieron no ser mencionados”.

Ante el desastre ecológico, obligó al gobierno federal a presentar nada menos que a cuatro secretarios de estado para sacarle las castañas del fuego, luego de lo cual, se formaría un fideicomiso, resarciría el daño económico de labriegos y rancheros, se sanearía la cuenca y mejorarían las condiciones de seguridad ambiental de las tinas de lixiviados y de toda la mina; nada de eso ha ocurrido, los afectados, verdaderas víctimas en el desamparo, siguen consumiendo agua envenenada. Los derrames continuaron favorecidos por la prolongación de la temporada de lluvias y la llegada de un huracán. La autorregulación es una quimera: la burguesía mexicana no invertirá un centavo en garantizar la sustentabilidad, el respeto al medio ambiente y las comunidades, en tanto tenga a su servicio a los organismos del Estado responsables del cumplimiento de las normas para encubrirlos y solaparlos, le es más rentable mantener la corrupción que establecer una cultura y una infraestructura en acatamiento a la ley que la misma clase en el poder promovió sin empacho, precepto que defienden siempre que la justicia se ejerza “en los bueyes de mi compadre”.

Las grandes industrias extractivistas van devorando a los pequeños y medianos productores, les despojan de sus recursos y acaban saqueando los suelos, dejando una huella de devastación y muerte. Las técnicas modernas de explotación de grandes vetas a tajo abierto son absolutamente destructivas y el daño nunca es compensado ya que la utilidad se concentra en la reproducción distanciada del capital; así es como, con parte de las ganancias, Larrea ha conseguido hacerse de posesiones en Perú, minas de cobre de alta calidad, en donde actúa como un moderno Pizarro, al despojarlos del metal para enviarlo íntegramente a la metrópoli industrial, en donde tiene una empresa que comercializa los minerales, la Southern Cooper Co., para abastecer a la gran industria; Cananea, por ejemplo, surte de cobre a las empresas de Silicon Valley, productores de tecnología, así como a la industria automotriz, armamentista y de aviación, principales ramas industriales de

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los EUA., convirtiéndose en proveedor estratégico para las industrias “de punta” del imperialismo, que son las únicas que pueden consumir esas grandes cantidades de material y lo tienen al alcance de la mano, a unos cuantos kilómetros de la frontera. De éste modo, las empresas de Grupo México se integran a la cadena de reproducción ampliada del imperialismo, en la base de los principales procesos productivos, constituyendo, a la vez, la parte del valor generado en México al agregado en las fábricas por los obreros estadounidenses, lo que, por las enormes diferencias en el precio de la fuerza de trabajo, garantiza una plusvalía extraordinaria al Sr. Larrea; por eso son importantes tres puntos: la pureza del material, aunque eso contamine la cuenca del Río Sonora; mantener la concesión, porque es un asunto de seguridad nacional para EUA y tener tranquilo al Sr. Larrea, para que todo se mantenga igual.

La voluntaria desindustrialización en México impide que se le otorgue una masa mayor de valor al metal extraído, consecuentemente se reafirma el papel de la burguesía nacional al actuar como una herramienta de los monopolios de la metrópoli imperialista; Los costos ambientales, sociales y políticos, de ese modo, se justifican no sólo por la ganancia obtenida por el oligarca Germán Larrea, sino por los que se reproducen exponencialmente en las industrias estadounidenses, de las que pasan a ser componentes de su expansión, incluso militar. Nada puede impedir el flujo de valor que mueve los hilos de Wall Street, la cotización de las acciones de la gran industria tiene una estrecha relación con el avance del neoliberalismo en México; paradójicamente y en contra de lo que pregonan los peñistas, si la economía de los Estados Unidos repunta y logra aumentar su demanda interna a nosotros nos exprimirán con mayor vehemencia. Pero las reformas estructurales, es decir, la modificación de las estructuras jurídicas, políticas, institucionales, etc., del Estado, promovida por la dirección político administrativa del país, obedece en todo a esa necesidad del capital monopólico, que está determinada, al final por su estrategia geo-política multipolar y, ésta, por la tendencia decreciente de la tasa de ganancia.

¿Quitarle su concesión, a Larrea, en Buenavista del Cobre? Mejor tomarse la foto con él, publicarla, obligarlo a conciliar, darle lo que pida y más; quizá la imagen tiene una interpretación inversa y es Larrea el que se presentó a girarle instrucciones a Peña y éste, en su abandono, ha tenido que publicarla para demostrar que era verdad, que como en la obra de Miguel Ángel, El Génesis, en la Capilla Sixtina, es Adán que, postrado y desnudo, ha podido tocar la mano del Señor, recibir el soplo divino para cobrar vida. El retorno del PRI al gobierno del estado puede ser el objetivo central de esa táctica, pero siendo Larrea, como es, un agente amparado por potestades superiores, esa negociación puede generar mayores costos que beneficios al régimen y peores para el pueblo mexicano. El problema de la opacidad de las relaciones de la burguesía con el gobierno mexicano es que sólo dan margen a la especulación política y, dentro de ésta lógica, a pensar lo peor, porque, a la vista de las consecuencias, el peso de la clase dominante, que se ha acrecentado exponencialmente, comparado con el del Estado, que se ha reducido y se mantiene en crisis constante, combinado con la servidumbre y la

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corrupción imperante, sólo deja opción para que, como en los oráculos griegos, busquemos los designios de los hados en las entrañas de la bestia.

En buena medida el crimen de Iguala ha sido aprovechado por el Estado y la burguesía para distraer la atención social de éste y otros asuntos graves -como la aprobación del presupuesto, el aumento al salario mínimo y la autorización para el incremento de la deuda externa e interna- hasta de eso se beneficia Germán F. Larrea.

El paso silencioso hacia la profundización de la crisis del Estado.

Lo relevante es el silencio, lo que se calla, el mutismo autoritario que significa desprecio, despotismo e incapacidad para resolver el cúmulo de contradicciones; el interludio temporal que oculta las verdaderas causas e intenciones de quienes dirigen el destino de los millones que permanecemos ajenos al poder. La descomposición del Estado mexicano ha rebasado cualquier límite permisible para una sociedad que se pretenda democrática: el ejecutivo ha asumido el cargo cuestionado por múltiples irregularidades en el proceso electoral, lo que puso en entredicho, de origen, su legitimidad como gobernante surgido de un proceso democrático y al proceso mismo como herramienta de expresión ciudadana, principalmente por el excesivo gasto que implicó la compra masiva del voto y la exagerada manipulación mediática; esto, además de su actuación favorable a un sector particular de la oligarquía y los monopolios del imperialismo durante los dos años recientes, lo exhiben como representante y promotor de los intereses de un sector particular de los varios que convergen en la configuración, digamos orgánica, del Estado mexicano, toda ella infestada de podredumbre. Peña Nieto, producto de la élite política, formado en la ideología del neoliberalismo, carga con la responsabilidad de retomar y realizar con premura los objetivos de su estrategia, luego de que la crisis política de los 90’s obligó a los mandos superiores del Estado a dejarle al PAN el mando del gobierno, usándolo como depositario temporal, en una alternancia manipulada y corrompida.

Peña Nieto, al asumir la presidencia, inmediatamente aplicó una táctica de anulación de los actores políticos indisciplinados ante el nuevo centralismo que pudiesen representar un contrapeso desde el interior del propio Estado, como el caso de Elba Esther Gordillo, sin mellar ni con un pétalo la urdimbre del corrupto SNTE o, más recientemente, de Fausto Vallejo, ex gobernador michoacano, que con toda impunidad abandonó su cargo sin haber dado cuenta de sus actos. Todo el juicio le pertenece al Estado y todo el perjuicio a la sociedad, una razón más para reforzar las organizaciones de la sociedad civil, estructurar el movimiento de las masas en función de las demandas democráticas y la ruptura con los poderes fácticos, su amputación política como extensión anómala del Estado y su expropiación como división delincuencial de la oligarquía.

Análogamente con la forma en la que el capitalismo resuelve sus crisis promoviendo la destrucción de una parte del valor creado, el Estado no

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puede solucionar la contradicción entre sus fracciones sin anular a cualesquiera de las que han entrado en contradicción con otra, surgiendo como producto de ese conflicto una nueva fuerza hegemónica que, de inmediato, entra en contradicción con una más que tratará de desplazarla del centro del poder: el Estado capitalista es el campo de batalla de la política, pero ésta se ejerce hoy y aquí de formas violentas, en un pancracio sin autoridad ni árbitros capaces de obtener el reconocimiento de los contendientes, mediante asesinatos políticos y descréditos publicitarios o recurriendo a cualquier forma ilegal o legal. Los límites y las fuerzas componentes del Estado capitalista moderno son variables, en el siglo XIX se expulsó a la Iglesia de su seno, con un costo terrible en vidas y patrimonios, después de los cual la alta jerarquía de esa institución se ha reubicado colateralmente como sector aledaño del Estado, desde donde juega sus posiciones políticas. Los poderes fácticos que han infiltrado al Estado son ese nuevo factor de desequilibrio, no como dice el General Cienfuegos, sustrayendo al gobierno de la crisis del Estado sino al contrario, debido a que el gobierno, como núcleo político del Estado, es el más corrompido de sus elementos. La ideología que sustenta su acción es la corrupción del liberalismo clásico, su marcha inevitablemente deja un rastro de podredumbre y hez y su objetivo político final es la conversión de la realidad en una inmolación absoluta de la sociedad en las aras del gran capital.

Se evidencian cada vez más claramente los signos de una renovación extensiva de la crisis política y de lo que se denominó el Estado fallido durante los doce años de gobierno panista, producto del reacomodo de los intereses de la burguesía dentro de la estrategia general trazada por el imperialismo y el concordato de éste con el gobierno de Peña Nieto; la generación actual de cárteles delincuenciales actúa como verdaderos empresarios capitalistas trasnacionales. Han aprendido a convivir y a gobernar, introduciéndose en el Estado de modo que predomina una situación en la que el desequilibrio entre los diversos poderes, legales y de facto, que se constituyen como componentes del Estado, le aportan sus propias contradicciones además de crear novedosas incoherencias y confrontaciones, en una vorágine en la que las demandas del imperialismo aportan al escenario esquizofrénico una fuerza extraordinaria: por un lado solicitando más droga, esclavos –trata de personas- y mercancías ilícitas; por el otro presionando para restablecer el orden que permita la obtención de la ganancia a sus empresarios y el pago de los adeudos, crisis que se manifiesta claramente en el desfase entre la estrategia burguesa de acumulación para el periodo y los mecanismos de aplicación de las soluciones gubernamentales mediante las cuales se pretende dar continuidad al régimen.

Las propuestas contenidas en el paquete reformista aprobado para Mover a México tropiezan a cada paso con el fardo de una realidad obcecada en mantener las inercias históricas del capitalismo mexicano; destaca la tensión entre los actores que objetivamente conducen al país y la mayor subordinación del poder político al económico: la amplia corrupción como parte fundamental del mecanismo de acumulación que somete al Estado a una dinámica de imprevisión y desvío de los objetivos

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programáticos y permite a la burguesía imponer su propia normatividad y su agenda a desprecio de las demandas populares y derechos sociales, por sobre la que determinen cualquiera de las instancias gubernamentales en la construcción cotidiana del consenso necesario para sostener la hegemonía; el segundo factor es el inmenso poder que han adquirido durante el ciclo neoliberal los potentados nativos y los representantes soterrados de los monopolios trasnacionales y del imperialismo, que en el terreno de la materialización práctica de la política minimizan al gobierno, impidiéndole la administración circunstancial de los asuntos ordinarios y, más aún, de los emergentes; las contradicciones entre los requerimientos mínimos necesarios para conservar condiciones de gobernabilidad y las exigencias de la burguesía se perciben en los resultados de las comparecencias de los secretarios del gobierno de Peña Nieto, luego de su segundo informe de gobierno, particularmente en las del Secretario de Hacienda, Luis Videgaray y en la de la de Desarrollo Social, Rosario Robles, que presentaron un discurso que no resuelve las dudas, antes bien presentan un panorama desolador, de escaso crecimiento económico, mayor concentración de la renta nacional y, por lo tanto, perpetuación y dilatación de los sectores sociales despojados y empobrecidos que, por ahora, carecen de las herramientas políticas para intervenir en el avance de esta crisis, empujando una alternativa democrática y popular para resolver las crisis en curso.

Seguiremos exigiendo la aparición con vida de los 43, es parte de nuestra convicción política pero, sobre todo, lucharemos contra ese Estado que ha perpetrado los crímenes; lo haremos desde la resistencia a su estrategia, formando filas con los jóvenes, estudiantes, despojados de sus derechos democráticos a la educación y a una vida digna, oponiéndonos a la corrupción, la impunidad y el despotismo que en sus instituciones se han hecho práctica cotidiana, exhibiéndolos y, más aún, esforzándonos para terminar con el clientelismo en las organizaciones, con el corporativismo, arrebatándole el control de las masas para lograr la democratización del conjunto de las relaciones sociales.

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fue el estado

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