fronteras fijas, valor de cambio y cultivos ilícitos en el pacífico caucano de colombia

7/21/2019 Fronteras fijas, valor de cambio y cultivos ilcitos en el Pacfico caucano de Colombia

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Revis ta Colombiana de An t ropo log a

Volumen 44 (1), enero-junio 2008, pp. 41-70

FRONTERASFIJAS,VALORDECAMBIOYCULTIVOSILCITOS

en el Pacfico caucano de Colombia

STELLARODRGUEZESTUDIANTEDEDOCTORADOENGEOGRAFA

UNIVERSIDADFEDERALDERODEJANEIRO

[email protected]

Resumen

ESTEARTCULOSECENTRAENLOSCAMBIOSENLASRELACIONESENTRELOS INDGENASEPERARA-siapidara y las comunidades negras del ro Saija en el rea rural del municipio de

Timbiqu (departamento del Cauca, Colombia), a partir de la acentuacin de lasdiferencias tnicas en el proceso de titulacin colectiva. Se arguye que la titulacinllev a algunos desencuentros y al endurecimiento de las fronteras tnicas pero noconstituy por s misma un conflicto, por lo cual se analizan otros factores asociadoscon el arribo de los cultivos ilcitos.

PALABRAS CLAVE: relaciones intertnicas, titulacin colectiva, Pacfico colombiano,conflictos territoriales.

FIXEDFRONTIERS, EXCHANGEVALUEANDILLICITCROPS

INTHECOLOMBIANPACIFICCOAST

Abstract

THEARTICLEFOCUSESONTHECHANGESINTHERELATIONSHIPBETWEENINDIGENOUSEPERARA-SIAPI-

dara and Afrocolombian communities from the Saija River in the rural Timbiquimunicipality (Cauca, Colombia), due to the accentuation of ethnic differences in theprocess of collective land titling process. It argues that the titling process brought somecontradictions and a hardening of ethnic frontiers but did not in itself constitute a

motive of conflict. As a result, other factors associated with the arrival of illicit cropsare analyzed.

KEYWORDS: Interethnic relations, collective land titling, Colombian Pacific coast, te-rritorial conflicts.


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Fronteras fijas, valor de cambio y cultivos ilcitos en el Pacfico caucano de Colombia

S te l la Rodr guez42

INTRODUCCIN

ESTEARTCULOEXAMINAALGUNASTRANSFORMACIONESENLASRELACIONESintertnicas territoriales entre los indgenas eperara-siapidaray las comunidades negras que comparten un territorio en la

cuenca baja del ro Saija rea rural del municipio de Timbiquen el departamento del Cauca, al sur occidente de Colombia(vase el mapa, p. 44). El anlisis se basa en el proceso de titu-lacin territorial colectiva1 que incluy ambos grupos y en los

conflictos intertnicos que surgieron despus de la legalizacinde la posesin territorial y lallegada de los cultivos de coca.Aun cuando el caso se refierea las organizaciones tnico-te-rritoriales de la parte baja delSaija, algunos de los elementosanalizados se pueden extendera otras comunidades a lo largo

del ro e, incluso, a otras reasde la regin Pacfica.Para responder a la insistencia

de Barth (1969) en develar cmo surgen las distinciones tnicasen un rea determinada, el texto busca ver cmo se modelaron apartir de la titulacin colectiva en la zona Pacfica, concentrndoseen la dimensin territorial de las relaciones intertnicas a la luzde procesos externos como el aumento de las tierras destinadas alos cultivos de uso ilcito y la colonizacin creciente, que desde

la dcada de 1980han venido imbricndose ms y ms en la vidacotidiana de esos grupos tnicos. Asumo la etnicidad como un as-pecto de las relaciones sociales y no como una propiedad culturalde las etnias. De acuerdo con la propuesta de Barth, esta no es unfenmeno aislado ni existe fuera de la relacin con otros gruposo el estado; en esa perspectiva, la identidad tnica es aprendida,activada polticamente y no se encuentra necesariamente ancladaen el pasado.

En su dimensin territorial, el conflicto armado que vive

Colombia es, sin duda, uno de los marcos para entender la con-figuracin actual de las relaciones intertnicas en la regin delPacfico. Sin embargo, est fuera del alcance de este documentoprofundizar en sus efectos en los territorios tnicos o sobre la

1. La titulacin territorial colectiva consiste en el recono-cimiento del derecho concedido a los grupos tnicosde la propiedad de la tierra. En Colombia este procesoha tomado forma a partir de leyes que respaldan lasdemandas territoriales de esos grupos. Los resguardospara grupos indgenas estn amparados en unalegislacin conquistada durante dcadas de lucha yen la ley 160de 1994. En el caso de las comunidadesnegras, la propiedad definitiva de sus tierras se definien la ley 70de 1993. En ambos casos, la Constitucin

poltica de 1991concreta las bases y el respaldo jurdicode estas legislaciones especiales.


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Rev i s ta Co lomb ianade An t ropo log a

Volumen 44 (1), enero-junio 2008

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manera como lo han asumido las organizaciones tnico-territo-

riales. Aqu slo podemos ratificar que la principal causa de losconflictos tnicos en el mundo contina asociada a la defensade los derechos territoriales (Nietschamnn, 1987; Eriksen, 1993).En la medida en que la produccin y el trfico de drogas sonmotivos de disputa en el Pacfico, deben ser considerados comootros factores que median las relaciones entre el estado colom-biano y los grupos tnicos, al igual que las formas usadas poreste para contrarrestarlo; por ende, cultivos, trfico y medidasde control moldean tambin las demandas de las comunidades

por la defensa del territorio.Me interesa explorar unasituacin en la que si bien la titula-

cin llev a algunos desencuentros y al endurecimiento de lasfronteras tnicas, producto enparte de las asimetras entre losderechos legales reconocidos acada grupo2, por s misma nodesemboc, en el caso de Tim-biqu, en un conflicto violento, como han afirmado Villa (1998)y Offen (2003). En este escrito discutir tambin otros factoresque influyen en las relaciones y los conflictos sociales y terri-toriales en el Pacfico, como el problema de las drogas de usoilcito y la bsqueda de tierras para la siembra de coca para suproduccin.

TERRITORIALIDADADO:

APROPIACIN, USO, MANEJOYCAMBIO

ELROSAIJA, QUETRIBUTASUSAGUASALOCANOPACFICO, ESCONOCIDOpor abrigar a lo largo de sus llanuras selvticas descendientesde esclavos africanos y, en menor proporcin, indgenas epe-

rara-siapidara, pertenecientes a la familia de los embera. Desdela llegada de los primeros negros, ambos grupos han convividoy realizado intercambios materiales, espirituales simblicos ycomerciales, en una relacin que ha incluido el flujo de infor-

macin y de bienes y la interaccin entre las dos etnias.Etnografas sobre otros lugares del Pacfico han destacado la

convivencia pacfica que por mucho tiempo defini las relacio-nes entre ambos pueblos, convivencia descrita como un espacio

2. Para un anlisis ms detallado sobre las asi-metras en los derechos adquiridos por ambasetnias, vase Arocha, 1996.


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MUNICIPIO

DETIMBIQU(DEPARTAMENTO

DELCAUCA)

Fuente:Carto

grafadebasecartageneraldel

Igac.

Composicincartogrfica

S.I.G.ambientaldeColombiaLtda.,marzode2003.


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de intercambios rituales, mgicos y sanatorios, mediados por

relaciones de compadrazgo y parentescos espirituales (vanseArocha, 1996, 1998, 1999; Losonczy, 1997). Como anota Eriksen (1993),las fronteras tnicas no siempre corresponden a fronteras terri-toriales. En este caso, las experiencias entretejidas produjeronun espacio definido por una territorialidad compartida, en laque cada grupo inscribi sus cdigos en las selvas, los esteros,los ros y dems lugares diferenciados para el poblamiento, larecoleccin, la pesca, la tala y la siembra.

Si se asume la territorialidad de acuerdo con los preceptos deSack (1986), es decir, como una estrategia de influencia y controlsobre los recursos y los habitantes de un espacio, la maneracomo la gente se organiza all y el significado que le atribuye acada lugar, podemos concluir que la organizacin del espacio enel ro Saija se estableci por medio de pactos y acuerdos tcitosque regulaban el uso y el aprovechamiento de los recursos. Es-tas prcticas, propias del derecho consuetudinario, propiciaronuna territorialidad en la que no existan lmites fijos o fronterasestticas. En ausencia de una lnea geogrfica, el espacio estuvodado por la continuidad de las semejanzas y el desvanecimien-to de las diferencias, idea que ilustra el siguiente aparte de midiario de campo:

Los sbados, Tomasa, una negra grande y curtida por los aos, sedespierta ms temprano que de costumbre, raja lea, enciende suhorno y empieza a amasar la harina de trigo que llega los jueves enbarco desde Buenaventura. El aroma del pan caliente de Tomasa selevanta con el da, con la gente de Puerto Saija, que inicia la jornada

y espera a los vendedores de pescado y carne de monte, pipa y, segnla poca, chontaduro o naid.

Los fines de semana los das son bulliciosos, los nios no van a laescuela y las calles de lodo recubiertas por puentecitos de maderaestn llenas de sus gritos y juegos y de la msica estruendosa deparlantes gigantes. De acuerdo con el flujo de las aguas del ro, afec-tado por la marea, Tomasa sale en su potrillo3a vender el pan. Slounos pocos alcanzan a comprarle, porque ella va directo al caserode los cholos4a venderlo todo all. Con la marea vaciando Tomasaregresa a Puerto Saija; no trae dinero pero su potrillo viene llenode caas de azcar, caas de sucaaveral que el compadre cholole hizo el favor de rozar. Al verlallegar sus vecinos le preguntan,en tono burln: Tomasa, y ah,

3. Embarcacin pequea para una sola per-sona.

4. Etnnimo local que los negros usan paradesignar en general a los indgenas.


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cmo te fue con tus maridos cholos? A lo que ella responde, radiante

Buenos estn, mejor que maridos, slo amores!Tomasa descansa el domingo, aguardando el lunes para ir al trapichey moler la caa. Con ese guarapo ella prepara el biche5, bebida alco-hlica que aprendi a destilar con los cholos. Todo el bichelo enva

a Buenaventura y la ganancia lesirve para comprar harina, pagaren el trapiche y darle parte a sucompadre cholo, que adems deayudarla a mantener limpia lafinca busca plantas medicinales

para las botellas curadas6

que ellamanda a preparar a un cuado desu compadre. No siempre se vende el biche, no siempre llega harinadel puerto, pero si falta el pan el cholole manda a Tomasa racimos depltano, ames y yucas o le vende fiada la carne de monte, aunqueella est sin dinero (notas, mayo de 2004).

Como se aprecia en el aparte anterior, en el bajo ro Saija elespacio se organiz con base en las cosmogonas locales y lasredes de relaciones sociales que configuraron unas reglas y dere-

chos de acceso a recursos y tierras, reglas que se sustentaban enacuerdos tcitos no siempre estandarizados y en la solidaridad yla convivencia que se urdi a lo largo de los aos. En la regin lascaractersticas geofsicas guiaron un poblamiento inicial marcadopor la dispersin de los asentamientos, hoy en da cada vez msnucleados por las pretensiones de las antiguas misiones catequi-zadoras y las exigencias comerciales que han ido conduciendoa la urbanizacin de los entornos (Aprile-Gniset, 1993). Antes dela titulacin, los espacios colectivos y las parcelas de cultivos

familiares estaban diseminadas, sin que se pudiera establecer unbloque totalmente distinguible u homogneo para una u otra et-nia. En trminos generales no haba unidades reconocibles, sino,ms bien, un continuo en el cual la separacin de territorios entregrupos y an entre unidades familiares colindantes era subjetivay variable. En medio de esa continuidad social a continuacin sedestacarn, a grandes rasgos, algunas singularidades del ejerciciode territorialidad de cada etnia.

5. Aguardiente de caa de azcar destiladoartesanalmente.

6. Nombre dado a las bebidas que se preparancon fines curativos. Las botellas curadas son ela-boradas por los curanderos a partir de la mixturade biche con hierbas medicinales.


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TERRITORIALIDADAFRODESCENDIENTE

DESDEELSIGLODIECIOCHOLOSDESCENDIENTESDEESCLAVOSEMPRENDIERONun camino de auto reconstruccin social, desde los centrosmineros a las tierras bajas del Pacfico. En su viaje reconocieron

la geografa de diversos paisajes, poblaron playas y tierras firmes,cultivaron montes, navegaron ros y esteros y dominaron el mar(Almario, 1996). Al tiempo, imprimieron en cada lugar su huella,llenaron de historias los espacios, los colmaron con sus seresimaginarios y hallaron la morada espiritual para sus ancestros.

Las sociedades negras del Pacfico han accedido a la tierra apartir de su trabajo, es decir que se han apropiado de ella laboran-do nuevas parcelas a medida que las requieren. Abrir una parcelasignifica desmontar la selva de los lugares aptos para cultivar.Un lote nuevo puede estar lejos de las otras parcelas familiares,con lo cual una familia puede poseer varias en diferentes luga-res sobre el mismo ro. Las inundaciones peridicas de largasfajas de tierras y la costumbre de rotarlas para el barbecho y el

descanso hacen que en esas selvas las tierras aptas para cultivarsean pequeas en extensin y estn distantes.La posesin es el derecho que tienen los integrantes de una fa-

milia a utilizar uno o varios lotes de tierra, ubicados por lo generalfrente a un ro o una quebrada, que constituye siempre un lindero.El terreno tiene otros linderos, a partir de los cuales empieza eldominio de otra familia, pero suelen ser difusos y en ocasionesestn marcados por mojones como rocas o rboles. Hacia el fondoestn los espacios comunitarios, los denominados centros, confines,

baldosorespaldos, donde se practican la caza y la recoleccin.Tradicionalmente, la propiedadde la tierra descans sobre la es-tructura familiar y comunitaria, yeste nexo de parentesco limit elacceso de personas no vinculadaspor los lazos familiares.

La intrincada red entre lostroncos familiares7(Arocha, 1999;

Friedemann, 1993) conduce, asmismo, a que habitantes de unavereda posean por herencia tierras agrcolas y forestales en otras,incluso en otros ros, y, con la nueva legislacin, en territorios de

7. Sistema de organizacin del parentesco entrelas familias negras del Pacfico que identifica unancestro fundador y sigue un modelo polignicoy exogmico de parentela extendida. Su origense remonta posiblemente al sistema de cuadrillas,forma social de explotacin minera durante lacolonia. La matrilinealidad caracterstica del sis-tema se origina en la cuadrilla minera, en la quela mujer desempe, en el mbito domstico, unpapel articulador de las relaciones de parentesco

(vase Romero, 1991).


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otros consejos comunitarios.Quien pertenece a un tronco tiene

derechos de residencia, trabajo y herencia sobre las tierras minerasy las chagras de cultivo reclamadas por el antepasado como pro-piedad de su descendencia. Adems, existen derechos activos ylatentes, lo cual quiere decir que una persona utiliza sus opcionesde filiacin materna o paterna, manteniendo activa una de ellas.

A la tierra se accede tambin por herencia: en el ro Saija cuan-do los hijos de nacimiento o de crianza hombres y mujeres seindependizan y forman nuevos hogares reciben de sus padrestierras donde trabajar; conocidas como plante, esas tierras setransmiten por doble va: paterna y materna. El matrimonio conuna pareja de otra localidad da derecho tambin a participar delusufructo de los terrenos del cnyuge, que desaparece cuando sedisuelve la unin; sin embargo, este derecho prevalece para loshijos de dicha unin. La transmisin del patrimonio se mantienecuando los parientes migran hacia Buenaventura, Cali o Popayn,y se activa a su retorno o al regreso de hijos o nietos. Mientrasun ncleo familiar est ausente otros parientes de la red usan yaprovechan las tierras, lo que garantiza que los caminos de accesose mantengan limpios y las zonas de cultivo desmontadas.

Otra manera de conseguir tierras es mediante la compra: la ventade usufructos ymejoras8entre miembros de la misma comunidad esuna prctica comn que hasta hace un tiempo estuvo regulada pornormas consuetudinarias, las cuales nunca estuvieron respaldadaspor ttulos de propiedad. Esas transacciones dependan, primero,del grado de parentesco de los vendedores y de la aprobacin delos colindantes. La gente sola vender cocalescultivos de palma decoco o caaverales maduros por la imposibilidad de cosecharlos opara superar alguna emergencia en salud o educacin de los hijos,y quien compraba lo haca como gesto de solidaridad.

El arrendamiento ha sido otromecanismo para trabajar la tierra,y por lo general ha sido usadopara cultivos transitorios; el pagodepende de las caractersticas delterreno y de lasmejorasque tenga,

tales como zanjas o cunetas

9

, dre-nado, desmonte y existencia decultivos permanentes o especiesmaderables.

8. Se entiende por mejoraslos trabajos que hacenapto un terreno para ser cultivado y lo valorizan:desmonte, limpieza, apertura de caminos, etctera.

9. El Incoder (Instituto Colombiano de DesarrolloRural), antes Incora (Instituto Colombiano de la Re-forma Agraria), es el rgano ejecutor de la polticaagropecuaria del estado colombiano; consideracomo mejoras: cunetas, o zanjas de cerca de

1metro de ancho utilizadas para transportar lastrozas de madera o tucosdesde el bosque hasta lasquebradas y ros, aprovechando el alto nivel fre-tico de estos humedales turbosos. Estos elementosdeterminan la propiedad en los bosques.


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TERRITORIALIDADINDGENA

ELRESGUARDOESLAFORMADEPROPIEDADCOLECTIVADELOSINDGENASYha sido una de sus principales banderas de lucha como pue-blo. Aun cuando se sustenta en formas tradicionales de uso

y tenencia y su historia se puede rastrear desde la colonia, enColombia slo desde 1980empieza a consolidarse una poltica deestado que reconoce los derechos de propiedad territorial de lospueblos indgenas, al otorgarle carcter legal a los resguardos. Esapoltica se reafirm en la Constitucin poltica de 1991(Snchez,Arango et al., 2002). El acceso a la tierra en los resguardos estdado por el trabajo en ella y por la tradicin del derecho consue-tudinario o de origen; en l se reconoce la posesin individualy familiar sobre las parcelas cultivadas, as como el usufructode las heredadas.

En el caso de la parte baja delro Saija las familias indgenasno trabajan tierras en comn

con otras familias y procuranque dentro del sector territorialde la parcela no se instalen per-sonas sin vnculo de parentesco.Las comunidades indgenaslocales tienen gran movilidadterritorial, como estrategia deadaptacin a la selva tropicaly reaccin defensiva a la con-quista y colonizacin de suterritorio. En esta dinmica sepresenta el abandono temporalde algunas zonas, sin que ellosignifique que dejan de ser parteintegral del mismo10.

REGLASDELESPACIOCOMPARTIDO

LATENENCIADELASPARCELASYELSISTEMATRADICIONALDEHERENCIAHANsido interferidas por operaciones de compraventa y arrenda-miento entre indgenas y entre estos y afrodescendientes. Lo

10. El uso, el manejo y la apropiacin territorial delos indgenas se debe analizar teniendo en cuentasu cosmovisin. Los eperara-siapidara concibentres mundos: el mundo de arriba, en donde

se encuentra el sol, Tachi Akor; el del medio,Tachi Ehua, nuestra tierra, en donde viven loseperara. Este mundo inicia en To Khi cabecerade los ros y termina en To Kharra bocanas;el tercer mundo es el de abajo o Anta AramooraEOKAespacio de los tpanos. El sol circula enlos tres mundos y les da la luz. La Tachi Nawe,gua espiritual de los eperara-siapidara y cuyocargo es heredado de madre a hija, es la me-diadora entre los tres mundos. Esta concepcinseala la relacin que tienen los eperara con lasbocanas y con el mar, adonde se desplazan endistintas pocas del ao para recoger conchas

y mariscos. Muchas familias tienen parcelas enlas bocanas y en las playas, lo que genera unarelacin permanente con los pobladores negrosde estas zonas bajas. Esta relacin se manifiestaen compadrazgo, intercambio comercial y enalgunas tensiones.


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en los aos 1950y fueron las primeras en establecer contacto con

aserros del puerto que compraban los cortes de madera de suszonas. Poco a poco, y por lazos de parentesco, el comercio made-rero se fue extendiendo a lo largo del ro.

En el caso de los indgenas las migraciones fueron posteriores,y esto influy en que el establecimiento de relaciones comercialescon el puerto de Buenaventura fuera menos intenso y que muchasveces estuviese mediado por familias negras. De ah que la explo-tacin maderera por parte de los indgenas diferiese en tiempo eintensidad de la que iniciaron las familias negras.

Ms tarde, a finales de la dcada de 1970, la concesin de licen-cias de explotacin zonificada de madera por parte de la Corpora-cin Autnoma Regional del Cauca (Corpocauca, entidad oficialde regulacin ambiental) fue decisiva para delimitar las reas deexplotacin de los bosques, porque antes de la ley 70de 1993estaactividad era permitida en las llamadas zonas baldas, que excluanlas tierras indgenas. Estas diferencias crearon algunas divisionesentre ambas etnias.

Las demandas por la madera y por la expedicin de licenciassentaron, de alguna forma, un precedente en el establecimientode lmites territoriales entre ambas etnias. La legislacin especialindgena y las asimetras que en trminos de derechos se dieronpara cada grupo en la Constitucin de 1991contribuyeron de ma-nera significativa a acentuar las diferencias (Arocha, 1996).

Por ltimo, los sistemas de alianzas intertnicas cambiaron ra-dicalmente con el advenimiento de la siembra de coca y la disputaterritorial entre actores armados interesados en su control. En

consecuencia, es inadecuado afirmar que el endurecimiento dela frontera tnica y la erosin de los mecanismos de convivenciafueron detonados slo por la legalizacin territorial.

ASPECTOSLEGALESDELATERRITORIALIDADENELPACFICO

LAS CARACTERSTICAS POBLACIONALES DEL RO SAIJA RESPONDEN A LASgeneralidades del Pacfico colombiano, que se desarroll comouna regin marginal, relativamente aislada por la falta de vas

de comunicacin con el interior del pas, pero depositaria de


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inmensas riquezas naturales inventariadas y saqueadas desde la

colonia en sucesivos ciclos de extraccin de productos biolgicosy minerales incentivados por capitales forneos que vieron en laregin un gran reservorio de recursos (Restrepo y Leal, 2003).

La regin pacfica fue definida por el estado como una zonabalda, es decir se reconoca como rea sin propietarios. A partir dela ley 2a de 1959el pacfico recibi el carcter de zonas forestalesprotectorasy bosques de inters general. La ley represent ala regin como un espacio vaco, desconociendo a sus habitantesnegros e indgenas, y neg sus derechos de propiedad territorial.Design un carcter de reservorio para los bosques nacionales,donde el estado se otorgaba el derecho de adjudicar reas de explo-tacin maderera a partir de licencias expedidas por el Ministeriode Agricultura. Los baldos slo se adjudicaban como parte deplanes de explotacin extractiva, dando continuidad a las formashistricas de apropiacin de recursos por parte de intereses priva-dos y, por lo general, externos a la regin. El estado tena derechotambin de hacer sustracciones a las reas de la reserva forestalen aquellos lugares de inters para la colonizacin libre o dirigida,la constitucin de reservas indgenas, la conservacin ambiental,la investigacin cientfica y la defensa nacional, entre otros. ParaVilla (1998) la sustraccin a la reserva fue el mecanismo por el cualse cambiaron la destinacin y el uso de los terrenos baldos y sefueron escribiendo sucesivos captulos de afectacin legal sobreel mapa contemporneo del Pacfico.

Como parte de este esquema, los habitantes del ro Saija, aligual que otros de la regin, estuvieron por aos sin legalizar la

situacin de tenencia de sus tierras; no obstante, las usufructua-ron con relativa autonoma, al tiempo que estuvieron vinculadosal mercado de manera marginal e intermitente en los ciclos deextraccin de oro en el ro Timbiqu y de productos forestales enel Saija. En 1965tuvo lugar la primera sustraccin de la reservaforestal del Pacfico para el rea correspondiente al departamentodel Cauca: mediante el proyecto Cauca n 1 (resolucin 45de1965) el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria impuls unprograma de colonizacin dirigida que apoyaba la siembra de

coco y la adjudicacin individual de fincas. El impacto de esamedida estuvo lejos de ser masivo, y con ella apenas se benefi-ciaron treinta y seis familias negras con ttulos individuales quecubran alrededor de trescientas hectreas en el ro Saija, ttulos


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que nunca fueron inscritos en la Oficina de registro de instrumen-

tos pblicos, con lo que cualquier accin legal de compraventase dificulta.

En trminos generales, a partir de los cambios suscitados por laConstitucin poltica de 1991la afectacin legal de estos territoriosdio un vuelco total en favor del reconocimiento de la propiedadcolectiva a las comunidades negras11 (Agudelo, 2004), puescomo se ha dicho, los resguardos venan consolidndose desdeantes. De acuerdo con Arocha(1998) exista la esperanza deque a pesar de las asimetras enla legislacin tnica la consoli-dacin de esas leyes especialescontrarrestara la usurpacin y expropiacin continua de tierrasde las que eran vctimas ambos pueblos.

Aun cuando las comunidades indgenas ya haban iniciado lareestructuracin de los resguardos coloniales y las titulacionescolectivas desde finales de los aos 1970, como el caso que aqu

se presenta, en la dcada de 1990fue cuando se consolidaron laconstitucin y el saneamiento de la mayora de los resguardos enel pas, con el respaldo de varios artculos de la carta poltica: 7,10,38, 58, 63, 286, 287,330, y otra legislacin preexistente. Adems,en 1991Colombia ratific, mediante la ley 21de 1991, su adhesin alconvenio 169de la Organizacin Internacional del Trabajo (OIT),que respalda los derechos territoriales de los grupos tnicos.

En pocas diferentes indgenas y afros constituyeron organizacio-nes tnico-territoriales con el fin de luchar por el reconocimiento y

la regulacin de la propiedad de sus territorios y sus derechos comominora tnica: consejos comunitarios en el caso de las comunida-des negras, y cabildos para las indgenas. Las organizaciones debenser entendidas como una de las dimensiones de la territorialidad,pues como anota Sack (1986) esta no puede comprenderse separadade la organizacin de las redes sociales ni del significado que lagente le ha dado a sus espacios. Ninguna de las dos condicionespuede sustraerse del proceso poltico en construccin, que buscala afirmacin de esa territorialidad.

La situacin legal actual de la parte baja del ro Saija re-sultado de una poltica pblica que permiti el otorgamientode derechos tnico-territoriales y de un proceso organizativoy pedaggico particular, acompaado y apoyado por distintos

11. Este giro se concret en el artculo transitorio

55, que desemboc luego en la ley 70de 1993o leyde comunidades negras, y la reglamentacin delcaptulo IIIa partir del decreto 1745de 1995.


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actores qued definida por un ttulo colectivo de 16.115hect-

reas para la poblacin negra y un resguardo de 21.320para losindgenas (vase la tabla 1).

TABLA1

RELACINDELOSTTULOSEXPEDIDOSPORELINCODERENELBAJOROSAIJA

TERRITORIOSTNICOSDELA

PARTEBAJADELROSAIJA

HECTREAS

DELTTULOYAO

DEADJUDICACIN

ASENTAMIENTOSPOBLADOS NMERO

DEHABITANTES

EN2004

Resguardo Calle de Santa

Rosa (indgenas)

21.320.

1983

La Sierpe y Calle Santa Rosa. 375

Consejo Comunitario de

la Parte Baja del ro Saija

(negros)

16.115.

2002

Los Brazos, Camarones, La Troja,

Herradura, La Viuda, Cup, Santa

Brbara del Mar, Puerto Saija y

San Francisco.

3.762

TITULACINCOLECTIVA:ELADVENIMIENTODELAPROPIEDADTNICAYDELOSLMITESTERRITORIALES

EN UN TERRITORIOBITNICO PORANTONOMASIA, CONSTITUIDO APARTIRde prcticas espaciales conjuntas y alimentado por estrechastramas sociales, la titulacin concebida por lmites rgidos des-

emboc en desencuentros. En su momento algunos acadmicosabogaron por una titulacin que concibiera el carcter bitnico dela regin, pero la propuesta careci de fuerza y el modelo actualsigui, porque la titulacin indgena haba sido iniciada de tiem-po atrs (vanse Arocha 1998; Snchez et al., 1993) y la legislacin

no lograra plasmar una territorialidad mvil caracterizada porformas de uso itinerantes y flexibles. Los procesos de titulacinsentaron las bases para una territorialidad demarcada por lmitesdonde antes haba fronteras fluidas, y crearon la necesidad deestablecer reglas de acceso a los recursos, as como de designartitulares de los derechos de uso de los espacios, que antes sehaban regido por consensos y pactos. Debe reconocerse que ladelimitacin territorial propuso un nuevo contorno a las rela-ciones intertnicas y que su ejercicio dentro de la dinmica de

los cultivos para uso ilcito y del trfico de drogas inaugur unanueva era, definida por la divisin del territorio.En trminos geogrficos y cartogrficos, la identificacin de

una lnea es el resultado de un ejercicio que establece categoras


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por las diferencias, antes que acercarlas por las semejanzas (Re-

taill, 1995). Respecto a la acentuacin de las primeras, la lneageogrfica asumida potencia exclusiones. Pero como se mostrar,el ejercicio cartogrfico no es automtico y se va asumiendo amedida que las circunstancias lo imponen. Para Sack (1986) elterritorio de las sociedades preindustriales est definido poracontecimientos relacionados con el lugar: la experiencia delespacio se da por procesos simblicos que le dan sentido y porsu relacin con necesidades e intereses prcticos que siguenpatrones tradicionales.

La concepcin de un espacio independiente de eventos posi-bilita pensar el territorio como vaco, y ese tipo de abstraccinpermite, a su vez, la delimitacin de fronteras claras y precisas,que surgen cuando las sociedades tienen la estructura tecnolgicay geomtrica para representar el espacio independientemente delos eventos. El mapa no sera ms que la concepcin abstractadel espacio, es decir, la representacin de este que contiene loseventos, pero aparte de ellos; es una versin de la realidad plenade proposiciones porque no permite la representacin de espaciosvacosni de territorialidades fluyentes.

Esta definicin ayuda a comprender el problema que surgecuando se intenta imponer el mapa como representacin de lasterritorialidades de los grupos tnicos. Para Retaill (1995) confinara un grupo tnico para que permanezca inmvil en el mapa esuna simplificacin alejada de la realidad, pues niega el hechode que los grupos siempre pertenecen a conjuntos sociales msamplios y que tienen muchas ms semejanzas que diferencias.

La titulacin territorial tnica hecha en el Pacfico es heredera deuna visin exclusivista que recus la bietnicidad de ese espacio yoficializ lmites que venan siendo alimentados por el estado, laiglesia y los activistas tnicos que han acompaado los procesosde legalizacin territorial.

As, deberamos asumir que los conflictos surgen, de ciertamanera, de concepciones geogrficas y cartogrficas de la socie-dad mayor, que se agudizan cuando hay necesidad de validarlos lmites y controlar el acceso a los recursos. Pero esta es slo

la explicacin inicial que adquiere matices de acuerdo con losprocesos sociales que se han desarrollado en el rea. Para enten-der cmo han surgido los diferentes conflictos explicar primerocmo se dio la titulacin en ambos grupos.


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Titulacin del resguardo

de Calle de Santa Rosa

ELINCORACONSTITUYELRESGUARDOCALLESANTAROSAPARALOSEPERA-ra-siapidara en 1983, y en su titulacin particip la iglesia catlica,representada por la comunidad franciscana de la parroquia de SantaRosa del Saija. Como en tantos otros lugares del Pacfico, la iglesia ylos grupos misioneros fueron decisivos en el proceso de titulacincolectiva de indgenas y negros. En el Saija llama la atencin el papelque desempe la iglesia, aun cuando no se puede generalizar aotros contextos. Como seala Agudelo (2002), el protagonismo dela iglesia catlica en los procesos sociales de la regin pacfica noha sido lineal y est lleno de contradicciones internas.

En el momento de creacin del resguardo indgena la socie-dad colombiana no haba contemplado la titulacin para lascomunidades negras y ni siquiera las consideraba grupo tnico.En consecuencia, ni el Incora ni los miembros de la iglesia queacompaaron a los indgenas las consultaron. En ausencia de

ellas se procedi a la titulacin del resguardo en dos bloques queenglobaron el asentamiento negro de Puerto Saija y varias de susreas de cultivo. Sin concertar los lmites del ttulo se procedi alegalizar un territorio compacto, ignorando la territorialidad ejer-cida por los negros en las zonas comunes de extraccin y cacera.El ttulo cobij zonas tradicionales de trabajo de la poblacin negracomo, por ejemplo, el ro Cup, que qued englobado dentro delresguardo indgena de Guang. Es de anotar que sectores indi-genistas y acadmicos perciban y trataban a los afrocolombianos

como invasores de las tierras indgenas, por lo cual fueron redu-cidos a colonos sin derechos territoriales y considerados por elIncora como una amenaza para los propios indgenas (Incora, 1993;Arocha, 1996, 1998), hasta que a aquellos les lleg el turno de iniciarsu propio proceso organizativo. La poblacin negra del ro Saijaconoci los linderos cartogrficos de los resguardos indgenas deCalle Santa Rosa, Inf y Guang diecisis aos despus, una vezinici el trmite de su propia titulacin.

La situacin present su primera gran tensin en 1985, cuando

los negros empezaron trabajos para abrir un camino que comu-nicara Puerto Saija con el municipio vecino de Lpez de Micay,camino que pasara por el resguardo ya titulado. De acuerdo conlas versiones orales y con los documentos de archivo del proceso


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de titulacin, el sacerdote Jorge Gmez, quien colabor con

los trmites para la creacin del resguardo, estaba en contrade la construccin de ese camino. Parece que su inmenso fa-vor hacia los indgenas era inversamente proporcional hacialos pobladores negros. Segn algunos moradores, el clrigono slo propagaba la segregacin y la discriminacin hacialos negros, sino que en una reunin instig a los indgenas aexpulsarlos del resguardo:

[] Ya les hice el trabajo, ahora hagan respetar sus tierras. Negro que

vean al interior (sic) de los resguardos deben sacarlo []. Ustedesvan al monte, se arman y sacan los negros como d el tiempo (Juntade Accin Costea, 1985).

De acuerdo con la carta de protesta dirigida por la juntacomunal al entonces presidente de la repblica, Belisario Be-tancur (1982-1986), el religioso, dirigindose a los negros, lleg aexpresarse as:

[] Ustedes qu reclaman, si estas tierras son de los indgenas. Losnegros no tienen tierras aqu, ustedes son de frica, sus propiedadesestn en frica. Ustedes los negros slo tienen concesiones, losttulos que les dio el Incora carecen de fundamento y valor, Incoralos enga.

A lo que, segn la carta, un anciano respondi:

Nosotros no somos concesionarios sino colonos, Incora nos titul

tierras desde comienzos de los sesenta, cuando la reforma agraria;y adems podemos mostrar ttulos adjudicados del siglo pasado en1871(Junta de Accin Costea, 1985).

El clima de convulsin no se hizo esperar y la poblacinqued alarmada y confundida por las informaciones que cir-culaban respecto a posibles expropiaciones y expulsiones. Lasversiones sobre los sucesos que ocurrieron el 28 de febrerode 1985 son contradictorias: aparentemente, algunos jvenes

inconformes iniciaron un forcejeo en la casa de la comunidadreligiosa, con la intencin de comunicarse por radiotelfonocon las autoridades en Guapi y Timbiqu. Segn las memoriasde una religiosa, por una mala interpretacin de las palabras


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del cura los jvenes, furiosos, entraron armados a la casa de la

hermandad y encerraron en la capilla a los religiosos (Marzn,1997).

La carta de los lderes comunitarios denuncia, por su parte,que no hubo tal y que los religiosos se hicieron pasar por secues-trados (Junta de Accin Costea, 1985). En medio de la tensin laautoridad municipal lleg acompaada por el ejrcito y la policay detuvo a los jvenes hermanos Granja, quienes sealados comoprovocadores fueron absueltos una vez rindieron declaratoria.Este captulo concluye con la salida del religioso de Puerto Saija,abucheado por la comunidad, y con la clausura de la casa de lashermanas por decisin de sus superiores en Medelln (Marzn,1997). Luego de los acontecimientos hubo las consabidas visitasoficiales por parte de la alcalda, la polica y el Incora: para cal-mar los nimos cada institucin present sus promesas sobre laanhelada infraestructura: caminos, escuelas, centros de salud,puesto de polica y extensin de la titulacin inconclusa.

Esa disputa no desencaden la violencia entre indgenas y negros,debido a los antecedentes de intercambios recprocos materiales ysimblicos y a los lazos de afecto. Tanto las versiones orales comolas escritas coinciden en que, aun cuando hubo momentos de mu-cha tensin, las relaciones no se vieron interrumpidas ni alteradasdrsticamente: se comprueba que la convivencia y el dilogo semantuvieron a pesar de las asimetras. La carta de la Junta de AccinCostea recoge testimonios de los indgenas, quienes:

[] han sugerido la redaccin de un memorial donde se afirmeque los cholosnada tienen que ver en el asunto, pues ellos no hanllamado a nadies (sic) para que los defienda y menos de los libres(negros), con los cuales nunca han tenido dificultades, entiendenpues que Gmez se gua por su negrofobia. Cabe anotar que estasdos comunidades han convivido siempre armnicamente. Ha sidouna relacin de buena vecindad y ayuda mutua. En ellos se da unarelacin cuasifamiliar. Hay padrinos indgenas que lo son de niosnegros y viceversa [].

La misma carta contina de este modo:

[] Es importante anotar que en ningn momento se han presentadomanifestaciones de violencia por parte de la comunidad negra. Msbien hemos sido, en extremo pasivos. Llamamos a la prefecturaapostlica y a funcionarios del Incora, nosotros queremos paz, no


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queremos enfrentamientos con la comunidad indgena, a la que

consideramos comunidad hermana, ni con la iglesia.

Y termina:

[] No podemos estar tranquilos hasta tanto no sea anulada estaresolucin, que prcticamente nos despoja de la tierra que por msde un siglo nos ha pertenecido, al lado, como es obvio, de las pro-piedades seculares de elemento indgena.

En una entrevista en mayo de 2004, Manuela Montao, morado-ra de Puerto Saija, record que s hubo mucho malestar, que habamoradores enardecidos que queran atacar y agredir a los indgenas,pero que fueron disuadidos por quienes recordaron las relacionesde compadrazgo, amistad y colaboracin entre los indgenas y losnegros. Si es que nosotros prcticamente hemos sido como her-manos, para cuanta cosa no nos hemos ayudado. Hubo personalenardecido, pero nunca pas nada ms, comenta.

Se concluye que luego de la titulacin del resguardo y del

incidente con el religioso las relaciones intertnicas se reaco-modaron y siguieron con sus altibajos en funcin de la relativaabundancia de tierras en relacin con la baja densidad demo-grfica. La convivencia se mantuvo, pues el trabajo agrcola ymaderero en las reas tradicionales continu; y, a decir verdad,los lmites establecidos en el mapa oficial de la resolucin noeran de dominio masivo ni se compadecan con la cartografamental que tenan los miembros de ambos grupos.

De acuerdo con Sack, esto ocurre porque circunscribir las

cosas en el espacio, representarlas sobre un mapa, situar lugareso identificar reas no crea territorio. Las delimitaciones slo seconvierten en territorio cuando las fronteras son usadas paraafectar los comportamientos y controlar el acceso de las personasy los recursos (1986: 14). En este caso no se estableci exclusinterritorial y las prcticas de convivencia intertnica permanecie-ron. Por ejemplo, el lazo que Tomasa sigui manteniendo con suscompadres cholosfue una tctica ms contundente y beneficiosaque separarse o aislarse.


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TITULACINDELCONSEJOCOMUNITARIODELBAJOSAIJA

ENRESPUESTAALOSREQUERIMIENTOSDELALEY70DE1993ENELDEPAR-tamento del Cauca surgieron algunas organizaciones localese instancias de coordinacin regional, articuladas en red con

otras organizaciones existentes para apoyar el proceso de capaci-tacin, reconocimiento y demarcacin de los territorios colectivosnegros a lo largo de los ros. Lejos de ser un desarrollo lineal este

se present con muchos altibajos y contradicciones internas. Lallegada de recursos econmicos considerables para ser manejadospor organizaciones sin experiencia, en un contexto de precariedadeconmica e institucional como el de la regin y sin un derroteropoltico definido, gener toda suerte de intrngulis para las nuevasorganizaciones tnicas (Agudelo, 2002). No obstante, en el muni-cipio de Timbiqu se demarcaron siete territorios colectivos.

En 1999, la comunidad del bajo Saija inici la organizacin deun consejo comunitario, requisito establecido en la ley 70para dar

paso al reconocimiento, la demarcacin y la titulacin territorial.De acuerdo con la legislacin, el consejo comunitario es la nuevafigura jurdica de autoridad en territorio colectivo. Si bien es ciertoque esta estuvo precedida por otras expresiones organizativas, suimportancia y, quiz, su debilidad deviene de haber nacido bajolas ordenanzas del decreto 1745de 1995y del andamiaje pedaggico,econmico e institucional que se ech a andar para cumplir con lanueva normativa. En principio la comunidad reclam cerca de cienmil hectreas, pero en ese momento se conocieron las dimensiones

del resguardo titulado a los indgenas de la parte alta del ro y a susvecinos ms prximos. Al no poder transponer legalmente ms deun ttulo, el consejo comunitario del bajo Saija recibi en 2002elttulo colectivo que respaldaba una propiedad de 16.115hectreas.

En el proceso de titulacin para comunidades negras en elCauca hubo mucha voluntad e improvisacin, se procedi conpremura y falt informacin y capacitacin a las comunidadessobre los alcances y las propuestas de la ley 70. La mayor partede la poblacin negra del ro Saija sigue sin comprender la nor-

mativa y subsisten dudas sobre los beneficios de esta forma deordenamiento territorial y acerca de la institucionalidad, frente alas ventajas que tomaron procesos socioeconmicos impulsadospor la siembra de coca, su procesamiento y trfico.


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Por otra parte, la estrategia pedaggica para apoyar las rei-

vindicaciones tnicas de los negros apenas ha comenzado, sise compara con el lugar que la poblacin indgena ha ocupadopor aos en las polticas pblicas de la colonia y la repblica.Hace veinte aos la poblacin negra era percibida como colonae invasora, como lo ejemplifica este caso. La asuncin por partede la comunidad de una identidad como grupo tnico con dere-chos territoriales colectivos implic un trabajo poltico internoy transformaciones en la concepcin y la forma de actuar de losactores locales e institucionales.

A diferencia de otras experiencias organizativas con msde veinte aos en el departamento del Choc, como la Asocia-cin Campesina Integral del Atrato (Acia, una de las primerasorganizaciones campesinas negras, anterior a la ley 70), en elCauca no todos los habitantes estaban de acuerdo con tener unapropiedad colectiva. Los anhelos de propiedades individualeso familiares correspondan no slo al deseo de continuidad delproceso de titulacin individual iniciado por el Incora en losaos sesenta. Los habitantes de los ros caucanos12no perciban

en ese momento la amenaza expropiadora que para el Choc re-presentaron la expansin ganaderapaisa13y el avance continuode empresas madereras comoPizano S. A. (Villa, 1998), seguidapor la agroindustria de palmaaceitera (Mingorance, Minelliy Le Du, 2004), que se sumarona la maquinaria de aniquila-miento y desplazamiento im-

plantadas por los paramilitares,las fuerzas militares del estadocolombiano y la guerrilla contragrupos tnicos de esa parte del pas por el control territorial yde los recursos. A lo largo de la dcada de 1990ese modelo seexpandi con distintos matices por el todo Pacfico.

12. Pese a que dichas poblaciones ya habansufrido el impacto de las empresas de minerafrancesa y rusa que se asentaron en Timbiqu alcomienzos y fines del siglo pasado, respectiva-mente (vase Tirado Meja, 1974).

13. Gentilicio usado para denominar a las per-sonas del departamento de Antioquia y el viejoCaldas, aun cuando en el Pacfico se denomina

as a cualquiera que provenga del interior delpas.


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COCAYVALORDECAMBIO: HACIALADISOLUCINDELABITERRITORIALIDAD?

LA REGIN PACFICA COLOMBIANA SUFRI EN MENOS DE UNA DCADAcambios dramticos que la convirtieron en un escenario deconfrontacin en el que grupos armados ilegales guerrilla y

paramilitares se disputan el control del territorio y la poblacin.En la dcada de 1990el conflicto interno irrumpi definitivamente enla regin y el perfil del Pacfico cambi drsticamente en mate-

ria de orden pblico. Para Almario (2002) y Agudelo (2002) laviolencia y la coca fueron los factores que integraron el pacficoal resto del pas.

La guerra entre los grupos al margen de la ley afecta de igualmanera a indgenas y comunidades negras. Entre los factoresque explican la agudizacin del conflicto en la zona la primeralectura indica una relacin directa con el impactante aumento decultivos de uso ilcito, principal fuente de financiamiento de laguerrilla y los paramilitares. Para Almario (2002) los hechos son

un encadenamiento de factores que responden a una tctica pre-meditada de conflicto y desterritorializacin en una zona que sevolvi valiosa para intereses econmicos y polticos. Arocha (1996)seala que las peores expresiones de violencia ocurren cuandoel estado y actores econmicos del desarrollo agroindustrialy de infraestructura dejan de darle la espalda al Pacfico parareconsiderar su posicin geogrfica estratgica, sus alternativasde comunicacin intrarregional y sus ventajas para la inversinen proyectos de gran escala.

Por su parte, el cultivo de hoja de coca fue introducido en elPacfico desde los aos 1980por traficantes del Valle, y se incre-ment rpidamente despus de la fumigacin area con glifosato

en el departamento del Putu-mayo, contemplada por el PlanColombia como medida parasu erradicacin14. La regin nohaba sido ajena por completo alas actividades relacionadas con

la transformacin de coca en co-cana y con su trfico, ya que suposicin geogrfica, prxima almar, la integr desde muy tem-

14. La fumigacin con glifosato se inici ofi-cialmente en el andn Pacfico en Tumaco,departamento de Nario, en diciembre de 2000.Daos ambientales como la tala de bosques yla contaminacin de los ros por la utilizacinde herbicidas durante el cultivo de coca y dequmicos en su procesamiento en laboratorios

y cocinas se agravan con las fumigaciones in-discriminadas promovidas y desarrolladas por elestado para su erradicacin, con las consecuen-cias conocidas sobre los recursos y los cultivosde subsistencia.


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prano a los circuitos de distribucin y facilit luego su cultivo y

procesamiento. La ausencia de control estatal en el territorio yel establecimiento previo de redes para la comercializacin de lahoja fueron un atractivo para la siembrain situ, que poco a pocofoment un cambio social rpido por el arribo masivo de colonos ala regin, entre otros efectos. La llegada de paisas tiene visosde permanencia, en la medida en que se detecta la afluencia defamilias enteras que pueblan selvas, fundan caseros, invadenterritorios colectivos y configuran nuevas normas de restriccinal acceso a determinadas reas.

El Pacfico se convirti en un nuevo frente de apertura agr-cola, porque a pesar de las restricciones a la compra y venta enterritorios tnicos ofreca tierras baratas, situacin paradjica queexplicar a continuacin. Esta nueva colonizacin comprendeuna poblacin heterognea compuesta por personas provenientesde varios lugares del pas y con distintos intereses y necesidades,entre los que se cuentan narcotraficantes de variopinto calibre,familias desplazadas por la violencia de otras regiones o enbsqueda de tierras y nuevos horizontes, campesinos afectados

por las fumigaciones areas con glifosato en los departamentosde Caquet, Guaviare y Putumayo, y otros tantos atrados porel lucro que el cultivo de coca promete. Podra decirse que lacaracterstica comn a esta poblacin es su demanda de tierras,a la que acceden mediante invasiones, compraventas o negociosdesventajosos.

Aun cuando numerosas transacciones para conseguirlas hansido hechas bajo presin, muchos pobladores, principalmenteafrodescendientes, se sienten atrados por la siembra de coca. En-

tonces, poco a poco y ante las promesas de abundancia ofrecidaspor su cultivo acceden a la venta de sus tierras, mediante ventasilegales, por medio de transacciones informales que no puedenlegalizarse en la oficina de registro de instrumentos pblicos. Se-gn el artculo 63de la Constitucin los territorios colectivos estnrespaldados por tres es: inalienabilidad, imprescriptibilidad e in-embargabilidad15. La venta de tierras es un fenmeno complejo quesupone la ignorancia de los com-pradores acerca de la existencia

y el carcter de los territoriostnicos, y el desconocimientopor parte de los vendedores delos derechos y las obligaciones

15. El artculo 63de la Constitucin poltica dice:Los bienes de uso pblico, los parques natura-

les, las tierras comunales de grupos tnicos, lastierras de resguardo, el patrimonio arqueolgicode la nacin y los dems bienes que determinela ley, son inalienables, imprescriptibles e inem-bargables.


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legales relativas a los territorios. Son compradores de mala fe los

terceros que adquieren tierras y hacen una ocupacin indebidade las propiedades tnicas.

Las ventas presentan estas modalidades:

Venta directa a terceros que llegan a la regin y compran tierradirectamente a las familias. En algunas zonas como Timbiquse incurre en ventas de parcelas pertenecientes a otras familiase incluso a familias de otro grupo.

Compra por parte de miembros de la misma etnia, cuandolos forneos tienen conocimiento de la figura de territorioscolectivos y de sus implicaciones legales.

Compra a propietarios individuales que consiguieron su ttuloantes de los procesos de titulacin colectiva. Estas personasvenden sus tierras a forneos que, muchas veces, toman msde la comprada e invaden terrenos colindantes. Algunas deestas ventas suelen ser hechas desde Buenaventura y Cali,donde viven los propietarios de ttulos individuales que

tampoco estn familiarizados con las disposiciones de la ley70de 1993.

Arrendamiento mediante el cual se alquilan zanjas, lotes,

parcelas y bosques.

La siembra de hoja de coca ha provocado una demandamercantil de tierras sin precedentes en el Pacfico, que desatatoda suerte de conflictos intergeneracionales en las familias yla comunidad, e intertnicos cuando se venden las parcelas de

una familia que estn englobados dentro de los lmites de la otraetnia. El valor de uso de la tierra est cambiando radicalmentepor un valor de cambio, que altera los sistemas tradicionales deproduccin y el modo de acceso y apropiacin, situacin que hatransformado aceleradamente los referentes socioespaciales.

En el caso de las comunidades negras, el artculo33del decreto1745de 1995posibilita la enajenacin o la venta del usufructo de lasreas correspondientes a un grupo familiar por parte del titularo titulares de este derecho. Para ello se necesita contar con la

aprobacin de la junta del consejo comunitario. Sin embargo, enel caso del municipio de Timbiqu las juntas no son una autori-dad reconocida y acatada plenamente, y, por tanto, dicho controlescapa de sus posibilidades reales. El mismo artculo dice que


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el ejercicio del derecho preferencial de adquisicin de usufruc-

to nicamente podr recaer en otro miembro de la comunidadrespectiva o en su defecto en otro miembro del grupo tnico. Alindagar entre los pobladores negros del Saija las razones por lascuales vendan encontr varias respuestas: desde la oposicinvehemente de los habitantes ms viejos a la venta de tierra enlas que han incurrido algunos hasta afirmaciones como: Estosson bosques nacionales, que no tienen dueo, o Todo esto sonterrenos baldos del estado. Estas respuestas muestran que enlas comunidades se vive una tensin al respecto, que ha cobrado

vctimas en razn de los desencuentros.De lo anterior no se debe concluir que esta sea una situacin

generalizable a todo el Pacfico ni mucho menos inferir que latitulacin colectiva para comunidades negras ha sido un fracaso.Pero no se puede negar la existencia de un efecto inesperado,resultado de una sumatoria de factores internos y externos: porun lado, se detectan fallas en la estrategia pedaggica desarro-llada por las organizaciones tnico-territoriales para capacitar alas comunidades en cuanto a sus derechos y deberes respecto alterritorio. Aprender el contenido de las leyes y las obligaciones ad-ministrativas requiere tiempo y recursos, y en Timbiqu las juntasdirectivas de los consejos comunitarios no poseen las capacidadesadministrativas ni los instrumentos de control para sancionar lasventas, ni los recursos para la gestin y el ordenamiento. Adems,ningn consejo comunitario cuenta con sede de trabajo, medios detransporte o de comunicacin. Esos factores reunidos constituyenuno de los obstculos para la construccin del autogobierno ycontribuyen al debilitamiento de la organizacin.

Por otro lado, la venta de las posesiones pone en evidenciaproblemas econmicos estructurales, tal como lo sealaronalgunos indgenas, que tambin han sido cautivados por losbeneficios inmediatos que ofrece el cultivo de coca bienes yservicios. Muchos pobladores locales ven en el auge coquerouna autntica oportunidad econmica. Aunque los captulos Vy VIIde la ley 70, por ejemplo, contemplan el impulso de planesde desarrollo econmico para las comunidades negras, no han

sido reglamentados y son letra muerta. Adems, el Banco Agra-rio, nica entidad que acepta la condicin del artculo 63de laConstitucin para otorgar prstamos, se niega a hacerlo por faltade una poltica que viabilice los recursos.


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La venta de tierras ha llevado tambin al surgimiento de serios

conflictos intertnicos agudizados por la presencia de capitalesforneos, armas y cultivos de uso ilcito. Aun cuando entre miem-bros de las dos etnias no se han registrado hechos de violencia omuerte por este motivo, s se comprueba el endurecimiento de lafrontera tnica. En ms de una oportunidad las autoridades ind-genas han activado el lmite cartogrfico, impidiendo el acceso delos negros a zonas donde otrora no exista veda alguna. En con-secuencia, muchas familias negras deben gestionar permisos conlas autoridades del resguardo para acceder a ros y a sus propias

parcelas, como es el caso del ro Cup y el rea de la quebradaCocorota, donde adems se quejan de haber encontrado algunaschozas de paso quemadas y fetiches de brujera elaborados porlos indgenas.

La restriccin a las tierras es producto tambin de la vincu-lacin de los indgenas con los colonos, quienes muchas vecesimponen nuevas reglas de uso, condicionando su aparcera a laprohibicin de extraos. Las acusaciones mutuas no se hacenesperar: mientras los indgenas reivindican el uso correcto yecolgicoque hacen de su territorio y culpan a los negros de laexpansin del cultivo de coca, los afrodescendientes dicen quelos indgenas tienen tierras de ms. Ese tipo de medidas afecta engeneral a todos los negros y no slo a quienes se hallan vinculadoscon las actividades ilcitas. Ese proceder excluyente nos recuerdaque el territorio se crea (Sack, 1986). En este caso se observa elproceso de creacin de un territorio unitnico donde se modelael comportamiento de las personas dentro de unos lmites y seimpide a otros tener acceso a los recursos y al espacio.

Como proceso situacional de adscripcin poltica la etnicidadpasa por periodos durante los que la diferenciacin no es im-portante y por otros, como en este caso, cuando las relacionesintertnicas activan los dispositivos de inclusin y exclusin quereivindican con marcado acento las diferencias entrenosotrosyellos. Al revisar el marco legal tnico-territorial vigente se com-prueba la dificultad de plasmar en la legislacin una territoriali-dad que tena formas itinerantes y flexibles, y la frontera tnicase robustece en la medida en que los comportamientos de un

grupo aparecen como amenaza para el otro. Este caso ejemplificacmo formas de fronteras distinguibles se vuelven importantescuando los grupos tnicos se hallan bajo presin (Eriksen, 1993).Aqu, el sincretismo y el intercambio fluido de bienes y servicios


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que haban servido como una solucin cultural al conflicto social

y a la tensin por la superposicin territorial parece un mecanis-mo desgastado. Eriksen plantea que la etnicidad, que surge encircunstancias de agitacin y transformacin social, se caracterizatambin por erosiones culturales severas y por la desaparicinde las costumbres que servan como marcas de diferenciacin.En el contexto de Timbiqu nos enfrentamos al reto de entenderentonces cmo es que esa identidad se mantiene, ya que comoanota Epstein (1978, citado por Eriksen, 1993) para las sociedadesque se encuentran en procesos rpidos de cambio social y cultu-

ral, la etnicidad no desaparece y, contra las expectativas, emergeen formas nuevas, ms estrictas, como hemos visto.

PARANOCONCLUIR

E

LRECONOCIMIENTOJURDICODELASREIVINDICACIONESTERRITORIALESDElos grupos tnicos buscaba crear un nuevo ordenamiento terri-

torial; sin embargo, el escenario que protegera sus tierras en elPacfico colombiano se vio interrumpido por las dinmicas de lasiembra de cultivos de uso ilcito y el trfico de drogas. La fuerzade esa dinmica impuso de manera ms efectiva el esquema deordenamiento territorial actual, que adems de seguir excluyen-do a los pobladores ancestrales a favor de terceros propicia laseparacin entre las etnias asentadas en la regin.

Al abordar las consecuencias de ese proceso violento sereflexion sobre cmo se refleja en el ordenamiento, el control

y el manejo del espacio. La territorialidad, caracterizada por elmanejo conjunto de dos grupos humanos, termin por asumir lasformas rgidas de delimitacin propuestas por las titulaciones,no como efecto del proceso de legalizacin territorial, sino porla articulacin del Pacfico caucano a las dinmicas del cultivode coca, el trfico de cocana y la guerra.

Por ahora nos queda la duda, crear el gobierno mecanismosde proteccin territorial para los grupos tnicos? O se converti-rn la venta de las posesiones y la siembra de coca en los territo-

rios colectivos de negros e indgenas en terreno abonado para queel gobierno active expropiaciones y acelere la puesta en marchade planes de ordenamiento territorial que incluyen inversionesconsiderables de capital, como la palma aceitera?


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El gobierno colombiano no ha actuado legalmente al respecto,

no porque desconozca la situacin, sino por que frente a estaproblemtica no ha desarrollado los procedimientos requeridos.Las ventas ilegales no estn siendo castigadas, porque la polticagubernamental est concentrada en atacar las drogas ilcitas porsus causas ms visibles el cultivo mismo mediante fumigacionesareas con glifosato, en capturar a grandes capos y en la intercepta-cin de las redes de comercio. Efectos colaterales de la siembra decoca, como el desvanecimiento del carcter bitnico del territorioy el surgimiento de enfrentamientos que estn tomando carcter

tnico y territorial por la escasez de tierras cultivables no son con-siderados y no hacen parte de ninguna agenda gubernamental.

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Fecha de recepcin: 23 de febrero de 2007.Fecha de aceptacin: 15de marzo de 2008.

fronteras fijas, valor de cambio y cultivos ilícitos en el pacífico caucano de colombia

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