foro acceso recursos geneticos uamx 2001
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Memorias del Foro: Acceso a los recursos genéticos y derechos de los
pueblos indígenas
RADPI. A.C.
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA, UNIDAD XOCHIMILCO Mtro. Norberto Manjarrez Álvarez Rector Dr. Cuauhtémoc Pérez Llanas Secretario de Unidad Coordinación de Planeación y Desarrollo Académico Lic. Delia Patricia Coututier Bañuelos Convocantes: UAM-X y Red de Abogadas y Abogados por los Derechos de los Pueblos Indígenas Diseño de la portada: Claudia López López Cuidado de revisión, corrección y edición: Dra. Patricia Romero Lankao Captura: Juana Cortés Ramírez, Pabla Cevallos González Raúl Baños de la Rosa
RADPI. A.C.
I. Introducción
Patricia Romero Lankao1
Filosofía, organizadores y objetivos del Foro Como otros temas ambientales, el de los recursos genéticos y los derechos de los pueblos indígenas no es algo “neutro”, que pueda tratarse con herramientas analíticas y estrategias políticas asépticas. Es ante todo un asunto que diversos actores construyen, perciben y enfrentan en un contexto socioeconómico y político definido por la historia y la especificidad. Los actores, quienes poseen distintas visiones en torno al qué, por qué, y cómo analizar y gestionar la cuestión, no conforman “bloques monolíticos” (los indígenas, el gobierno, la academia, las trasnacionales, y las organizaciones civiles); tampoco presentan y defienden intereses y percepciones homogéneas; configuran antes bien, incluso en su interior, una variada, compleja y cambiante gama de posiciones. Conscientes de lo anterior, y de la urgencia de analizar y gestionar este tema, el Instituto Nacional de Ecología (INE) de la Secretaría del Ambiente y de Recursos Naturales (SEMARNAT), la Red de Abogados y Abogadas por los Derechos de los Pueblos Indígenas (RADPI) y la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco (UAM-X), a través de la “Cátedra Raúl Anguiano”, promovieron la organización, el 13 y 14 de noviembre de 2001, del “Foro: Acceso a los recursos genéticos y derechos de los pueblos indígenas”. Ángeles Arcos y Claudia Gómez (UAM-X y RADPI) fueron destacadas impulsoras del evento; contaron con el invaluable apoyo de Patricia Aceves, entonces rectora de la UAM-X, de Patricia Couturier directora de COPLADA (UAM-X) y de Exequiel Ezcurra, presidente del Instituto Nacional de Ecología. Participaron además, en la organización, Marta González (UAM-X), Evangelina González (RADPI) y la autora de esta introducción, entre otras personas. Movidos por el deseo de abrir un espacio de discusión, los organizadores buscaron que en el encuentro participaran comunidades indígenas, organizaciones civiles, instancias gubernamentales, académicos y estudiantes, entre otros sectores afectados por, involucrados, promotores e interesados en el tema. Y se logró que gran parte de sus representantes discutieran, concordaran y –por qué no– discordaran en torno a los componentes y posibles futuros de tan importante asunto. 1 Profesora del Departamento de Política y Cultura de la UAM-Xochimilco, y responsable por ésta de la cátedra Raúl Anguiano.
En estas memorias aparecen tanto las ponencias presentadas en las seis mesas previstas por los organizadores, como las preguntas, críticas y recomendaciones expuestas por el público, al final de cada mesa (véase índice). Todas ellas revisadas, corregidas y editadas por la autora de esta introducción. El lector(a) tiene ante sí un rico material que permite esbozar diversas percepciones, visiones y –por supuesto– intereses en torno a temas clave del asunto que nos ocupa, a saber: ¿de qué estamos hablando cuando pensamos en los recursos genéticos, los derechos de los pueblos indígenas, los proyectos de bioprospección, y el reparto de beneficios?; ¿cuál es el contexto socioeconómico y cuáles los actores?; ¿con qué marco jurídico se cuenta en el ámbito internacional y nacional?, y last but not least, ¿qué problemas, retos y alternativas existen en la materia?. Presentamos al lector(a) una sucinta caracterización de las ideas, datos e interpretaciones de ponentes y participantes alrededor de estas cuestiones. La presente sección introductoria difícilmente puede sustituir completamente la riqueza de ideas y de polémicos casos plasmados en estas memorias. Incluso decidí no describir aquí, casos como el de ICBG Maya presentado y discutido acaloradamente por Gerardo González (ECOSUR) y Carlos Guzmán (COMPITCH), o como el de la presencia de maíz transgénico en campos agrícolas oaxaqueños (véase González). Invito al lector(a), por lo mismo, a adentrarse en la cuidadosa revisión del documento y a formar su propia visión sobre este apasionante material. El contexto y sus actores Guillermo Pérez, uno de los ponentes, señala que mientras durante 1930-1980 los recursos genéticos y fitogenéticos se percibieron como un bien común de la humanidad, a partir de la década de 1980, se habló crecientemente del acceso a ellos, de su privatización. En los últimos veinte años se han registrado inusitados avances en biotecnología, entendida como “la aplicación de técnicas in Vitro de ácidos nucleicos, incluidos el ácido desoxirribonucleico (ADN) recombinante y la inyección directa de ácido nucleico en células u orgánulos, o la fusión de células más allá de la familia taxonómica que superan las barreras fisiológicas naturales de reproducción o de la recombinación y que no son técnicas utilizadas en la reproducción y la selección tradicional” (Ortiz y Huerta 2002). Las industrias farmacéutica y agroquímica, vinculadas a la biotecnología, registraron un dinamismo, diversas modificaciones. Empezó a promoverse e introducirse una nueva visión de y una serie de controles y regulaciones en torno al acceso a aquellos recursos, a la información y conocimiento sobre sus propiedades y usos actuales y posibles.
Los fenómenos de biopiratería, es decir, de apropiación y monopolización, por parte de individuos y organizaciones, de conocimiento y recursos genéticos de indígenas y agricultores (www.ectgroup.org), no son nuevos, se remontan incluso a la Colonia (Crosby 1988). Los que han cambiado son el contexto y las figuras regulativas mediante los cuales se llevan a cabo y que comprenden, entre otros, los siguientes procesos:
a) Unas cuantas “gigantes genéticas”, entre las que sobresalen Glaxo-Smith-Kline, Novartis, Aventis, Bristol-Myers-Squibb, Monsanto, Hoffman, Rocher, y Johnson & Jonston, han impulsado en recientes décadas y dominan tanto la biotecnología como la producción y la venta de pesticidas, semillas, medicinas y comida muchos de los cuales poseen componentes genéticamente modificados. Sirvan algunos datos como ejemplo de este fenómeno de concentración económica y tecnológica. Las 10 mayores compañías farmacéuticas controlan 48% del valor del mercado mundial; las 10 mayores corporaciones agroquímicas dominan 84% del valor del mercado de agroquímicos, y tan solo “la semilla transgénica de Monsanto (hoy Pharmacia) se utilizó en el 94% del área total sembrada con cultivos transgénicos en el 2000” (ETCgroup 2001).
b) Estos consorcios fomentan junto con fundaciones, universidades,
investigadores internacionales y nacionales, y particulares, los proyectos de bioprospección, consiste en la recolección de material genético y biológico, así como la biopiratería. Las corporaciones son las principales productoras de organismos genéticamente modificados (OGM), a los que se define como “cualquier organismo vivo que posea una combinación nueva de material genético que se haya obtenido mediante la aplicación de la biotecnología moderna” (Ortiz y Huerta 2002).
c) Los gigantes promueven, con la Organización Mundial del Comercio, los
gobiernos de sus empresas sede y otros actores internacionales, regulaciones que los protejan ante la “biopiratería”, a la que entienden en este caso como el acceso a sus innovaciones, sin el respectivo pago, por los que carecen de ellas o no obstante haber sido fuente de conocimiento en que aquellas abrevan, han sido financiera y políticamente incapaces de patentarlas. Los grandes biotecnológicos resisten por otra parte, en casos como el del Tratado Internacional sobre Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura, la normatividad acerca del reparto de beneficios, el acceso a recursos genéticos y el patentado de recursos y conocimientos tradicionales o de dominio público, normatividad que busca proteger los intereses de diversos sectores de los países origen de esos recursos.
d) Estos consorcios son los principales promotores, junto con particulares extranjeros y mexicanos, de las patentes de especies naturales y variedades vegetales “modificadas”, de productos ancestralmente utilizados por las comunidades, o de conocimiento tradicional. Muchas de las patentes –documentan Paul Hersch y Jorge Larson– no proceden éticamente, por pretender privatizar la vida y sustraer recursos del bien común. Tampoco tienen fundamento técnico, por razones como las siguientes: no corresponden a usos inéditos; los promotores se apropian de los resultados de investigaciones académicas y de conocimientos tradicionales colectivos y ancestrales sobre plantas como la guayaba, la gobernadora y el cachalalate; se trata de apropiaciones que carecen en muchos casos del debido reconocimiento de derechos de autor y de la compensación correspondiente; se han presentado incluso patentes en torno a nombres de especies y sitios locales, como el “mezcal Tobalá” o el agua “Veinte Cerros”.
Mientras el mundo registra esta intensa transformación, en México se carece por lo regular, como documenta Paul Hersch, de un trabajo académico sobre uso y transformación biotecnológicos de recursos genéticos; de un trabajo ligado tanto a una industria farmacéutica y agroquímica nacional como a los requerimientos de los pueblos indígenas y de los agricultores. La investigación y la industria presentes en el país no necesariamente responden a sus necesidades. Nuestro Estado y sociedad carecen de la capacidad “para proteger y dinamizar recursos naturales promisorios”, dada por estructuras de innovación y desarrollo (institutos de investigación, empresas farmacéuticas y agroquímicas locales, regionales y nacionales), que agreguen valor a los recursos genéticos, y los transformen desde y para las peculiaridades socioeconómicas y ambientales del país. Como se documentará más adelante, se adolece en México de un marco jurídico que reconozca derechos indígenas fundamentales al territorio, a la cultura, a la identidad. Lo que aunado a las condiciones de marginación y deterioro comunitario e institucional en que vive la mayoría de estos pueblos y gran parte de los agricultores del país, configura un contexto propicio a la biopiratería y a la incapacidad indígena de aprovechar y desarrollar a cabalidad las posibilidades que le brindan sus recursos. Destacan por tanto, entre los actores que participan en el escenario del acceso a, el uso, la apropiación y la transformación de los recursos genéticos: las corporaciones internacionales; las fundaciones y organismos internacionales como la Organización Mundial del Comercio; los gobiernos sede de las corporaciones; las distintas instancias gubernamentales mexicanas federales y locales; las organizaciones civiles e indígenas; las universidades extranjeras y nacionales, sus investigadores, y los pueblos indígenas. Como ocurre con otros asuntos ambientales, los actores involucrados en el manejo de los recursos genéticos
poseen desiguales recursos, información y poder de ingerencia en la gestión y aprovechamiento de los recursos genéticos, cuestiones todas que recurrentemente son mencionadas y documentadas en el foro por ponentes y público en general. ¿De qué hablamos?, iguales términos, distintas definiciones y visiones No obstante todos los asistentes al foro utilizan recurrentemente términos como los de recursos genéticos, derechos, pueblos indígenas y propiedad intelectual, les dan connotaciones diferentes. Las cuales no necesariamente son típicas de un sector en particular (gobierno, academia, organizaciones civiles). Algunos voceros del gobierno y la academia, por ejemplo, perciben a los recursos genéticos como recursos naturales u objetos que pueden utilizarse y apropiarse, que tienen usuarios y beneficiarios; otros, indígenas sobre todo, no los ven como un simple objeto utilitario; los conciben como una madre que les da vida, como un ser humano que siente. A tan diferentes visiones se vinculan diversas posiciones en torno al tema del acceso y la apropiación, promovido por los primeros, visto por los segundos como algo imposible, algo que “no existe”, o que es cuando menos de especial naturaleza. De ahí la pregunta de Aldo Rodríguez, un ponente indígena: “¿podemos hablar de apropiación hacia algo que tiene vida, que es igual que nosotros, que siente?”. En este contexto se entiende, además, la afirmación de otro ponente indígena, Carlos Guzmán, según la cual “no podemos ser propietarios de una planta, por ejemplo hablando de la medina tradicional, cuando también la tienen las comunidades indígenas de Guatemala, la sociedad en general de Guatemala, cuando allá también la hay”. Con tales percepciones se relacionan, por otra parte, cuando menos dos nociones acerca de la propiedad intelectual. De acuerdo a la primera visión, inserta en la tradición occidental, el conocimiento es individual, tangible, innovador, temporal, susceptible de aplicación industrial, remunerado por tanto con un privilegio comercial, a saber: la propiedad intelectual. En la segunda acepción, compartida por gran parte de los pueblos indígenas, el conocimiento tiende a ser lo contrario: comunitario, acumulativo, intangible, intergeneracional, intemporal. No todos los indígenas comparten tal visión. Pueblos de Australia, Canadá, Estados Unidos y Nueva Zelanda, por ejemplo, tienden a compartir la concepción occidental de propiedad; se inclinan, por lo mismo, a favor de una flexibilización del régimen de propiedad intelectual y de la comercialización de sus conocimientos tradicionales. Hay otra concepción de conocimiento tradicional, compartida incluso por algunas autoridades y académicos. Según la visión, éste se remonta a 5 mil, 6 mil y hasta 10 mil años; consiste en lentos procesos de selección natural, de identificación de
mutaciones, de determinación de variación genética por los agricultores tradicionales. Por ser procesos de esta naturaleza, los conocimientos tradicionales demandan un reconocimiento especial, sui géneris. Portavoces de pueblos indígenas llaman la atención, a lo largo del foro, del recurrente e inadecuado uso, en acuerdos internacionales, y entre hacedores de políticas nacionales, académicos, organizaciones civiles y público en general, del término comunidades indígenas, que parece concebirse como la población étnica que habita en una demarcación político administrativa, como la localidad y el municipio. El término –sostienen– es inapropiado por soslayar que, más allá de fronteras político administrativas, los pueblos indígenas comparten una lengua, una cultura, una identidad, un territorio. En palabras de Aldo González:
“Cuando hablamos de pueblos indígenas, hablamos del pueblo Zapoteca, del pueblo Mije, del pueblo Náhuatl, del pueblo Totonaco. En nuestro país hay 57 pueblos indígenas. Cuando hablamos de comunidad, estamos hablando de la comunidad de /la localidad de/ Guelatao, por ejemplo y hay miles de comunidades en nuestro país”.
El marco jurídico Se carece en el ámbito internacional de un marco jurídico o régimen coherente y maduro en torno a los recursos genéticos. Se posee a lo sumo “un conjunto disperso de elementos normativos /de reciente aparición/, y, sobre todo, de procesos de definición de estándares internacionales que se desarrollan en una pluralidad de marcos institucionales” (véase Rodríguez). El Convenio de Diversidad Biológica (CDB), de 1992, es componente clave de ese marco; busca la conservación y uso sostenible de la biodiversidad, el reparto equitativo de los beneficios generados por el aprovechamiento de recursos biogenéticos (Artículo 1). El CDB establece que cada país firmante, “según proceda” y “con arreglo a su legislación nacional” respetará y conservará el conocimiento tradicional de las “comunidades indígenas” que sea pertinente a la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica. Cada Parte difundirá ese conocimiento, y fomentará un acceso equitativo a los beneficios derivados de su aplicación (Artículo 8j). El CDB reconoce a las partes contratantes, es decir a los Estados –no necesariamente o explícitamente a los pueblos indígenas– el derecho al conocimiento previo informado y a decir no a la bioprospección (Artículo 15). El CDB toca el tema del compartimiento de beneficios por el uso, investigación y transformación de recursos genéticos, al señalar que “según proceda”, las Partes
contratantes –no los pueblos indígenas– velarán porque aquellos se repartan de forma justa, equitativa y mutuamente acordada (Artículo 15). El CDB opera dentro del y se ve limitado por el régimen internacional de propiedad intelectual, plasmado jurídicamente en los acuerdos Trips, y sancionado por la Organización Mundial del Comercio (OMC). Como señala Rodríguez Piñeiro, uno de los ponentes en el foro, los Trips no se refieren directamente a los recursos genéticos; pero plantean en su artículo 27.b.3 la posibilidad de que los miembros de la OMC obligatoriamente permitan patentes tanto en torno a microorganismos como a plantas y animales obtenidos a través de procedimientos no biológicos y microbiológicos. El artículo “no excluye necesariamente del ámbito de lo patentable a animales y plantas, una cuestión que queda abierta al arbitrio de los estados firmantes” (Véase Rodríguez). El Tratado Internacional sobre Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura, aprobado el 13 de Noviembre de 2001, puede fungir como contrapeso al patentado libre de la vida y a la comercialización de recursos genéticos propiciados por los Trips, por cuando menos dos conjuntos de disposiciones. El tratado establece, en primer lugar, un sistema multilateral de acceso al germoplasma de 35 géneros de maíz, fríjol, trigo y arroz, entre otros cultivos básicos para la alimentación; el sistema se aplica, además, a 29 cultivos forrajeros, “los cuales no podrán ser patentados ni reclamados bajo ninguna forma de propiedad intelectual” (ETCgroup 2001). El tratado de referencia reconoce formalmente el derecho de los agricultores a conservar, intercambiar y vender semillas generadas en su unidad productiva; a proteger sus conocimientos tradicionales sobre las semillas, y a participar en la distribución de beneficios derivados de esos recursos (ETCgroup 2001). No obstante la aplicación de estas cláusulas de no patentabilidad y derechos constituye un logro, combatido por representantes de los gobiernos de Estados Unidos y Japón, queda sujeta a la legislación nacional. Lo que tratándose de un país que carezca de ésta, puede limitar el alcance del tratado. A pesar de no referirse explícitamente al acceso a los recursos genéticos, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) es el acuerdo internacional vinculante que trata directamente un asunto que –según se verá– es visto por los indígenas como requisito indispensable para el reconocimiento de sus derechos sobre los recursos genéticos, a saber: el derecho de los pueblos indígenas a la propiedad y posesión de sus territorios, así como al uso de y paso por zonas a las que tradicionalmente han accedido para la realización de sus actividades de subsistencia, no obstante esas áreas no les pertenezcan (Véase González).
En el ámbito nacional contamos también con una normatividad poco sistemática e inmadura, conformada por legislación explícitamente vinculada al tema como la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), la Ley de Derecho de Autor, y una iniciativa de ley de acceso. Poseemos por otro lado una normatividad de incidencia implícita en el asunto, como la Reforma al 27 constitucional y a la Ley Agraria. La LGEEPA reconoce dos mecanismos de acceso a los recursos genéticos: la colecta científica y la colecta biotecnológica. Establece que el promotor de ambas, tiene que pedir permiso a la SEMARNAT para realizar sus labores; que quien quiera efectuar la colecta biotecnológica, debe contar con el consentimiento de los propietarios de los predios, además de garantizar a éstos, un reparto equitativo de beneficios. La legislación mexicana, nos dice Jorge Larson, es incapaz de reconocer el derecho colectivo. La Ley de Derecho de Autor concibe el conocimiento tradicional como artesanía; lo coloca “en el mismo capítulo que el arte, la cultura popular y los símbolos patrios”; la ley no permite por tanto identificar al autor colectivo de ese conocimiento. Como señala Aldo González, aunque la Ley Agraria de 1992 parece reconocer a las comunidades y ejidos la propiedad sobre la tierra; no obstante aparentar darles una mayor certeza jurídica, “desde nuestro punto de vista /el derecho/ se le está dando al que está detrás de la propiedad, al que /como las trasnacionales, fundaciones y caciques/ quiere obtener para sí esa propiedad” y los recursos genéticos que están en ella. Problemas, retos y tareas pendientes ¿Qué retos enfrentamos en México y otros países mega diversos en materia de acceso a los recursos genéticos y derechos de los pueblos indígenas?. ¿Qué hacer de cara al futuro?. Son diversas las posiciones y respuestas de los ponentes y demás asistentes al el foro. No obstante los presentes en el encuentro poseen diferentes visiones, tienden a converger en algunos puntos. Tal ocurre con el artículo 27.3.b del Trips. Voceros de organizaciones indígenas y civiles, del gobierno y de la academia nacional y de otros países del Sur tienden a rechazarlo, a buscar alternativas de regulación (véase Rodríguez). Se presentan también posiciones irreconciliables, de meros partidarios y opositores, en torno a temas como la bioprospección, el acceso a los recursos y la biotecnología, vistos por la mayoría como componentes clave del actual proceso de
globalización. Algunos, por ejemplo, plantean la necesidad de insertarnos como sociedad a este globalizante y excluyente dinamismo del sector biotecnológico. Sugieren hacerlo de manera articulada, construyendo una normatividad nacional consensuada y “alternativa”. Destacan la necesidad y urgencia de discutir, gestionar y estructurar los mencionados asuntos, desde las necesidades de nuestros diferentes sectores sociales; de diseñar los mecanismos y programas destinados a acceder a los recursos genéticos, a dinamizar su uso y transformación locales. Proponen ratificar y hacer nuestras aquellas disposiciones de tratados y convenios internacionales que, como el de Recursos Genéticos, Alimentación y Agricultura y el 163 de la OIT, defienden los derechos de los indígenas y agricultores. Invitan a dejar de satanizar procesos y actores (globalización, Banco Mundial, gobierno), y a pactar y colaborar con los integrantes de estos últimos, que han mostrado con acciones encontrarse sensibilizados hacia los intereses de los pueblos indígenas. Plantean, en consecuencia, la urgencia de construir “mutuamente” este tema, de configurar en torno a él “comunidades políticas” que ya han mostrado sus potencialidades en la gestión de asuntos ambientales internacionales, nacionales y regionales como los de los fluoroclorocarbonos, el río Rin, la lluvia ácida en Europa y los problemas ambientales de Londres.2 Otros rechazan rotunda y radicalmente la biopiratería, los actuales sistemas de propiedad, los contratos de reparto de beneficios y todas estos procesos pertenecientes al “demonio” de la globalización. Más que tener que elegir entre opciones, todas negativas, y que nos ponen “contra la pared de cara a las empresas transnacionales”, sería conveniente –nos dicen– pelear “por condiciones generales, globales, en donde todos estuviéramos mejor” (véase Barreda). Los partidarios de esta posición no aclaran en qué consisten esas condiciones, y cómo es que nos conducirían al aludido mejoramiento. Pero no todo es la disyuntiva entre negro y blanco, entre el bien –los pueblos indígenas– y el mal –las trasnacionales–. Algunos participantes en el foro presentan además, posiciones y visiones que configuran una amplia gama de grises en torno a problemas y retos que caracterizaré a continuación. No sin antes subrayar que las posiciones no son necesariamente defendidas por un bloque: el gubernamental, el académico, el de las organizaciones indígenas. Hay diferencias al interior de estas agrupaciones. Suele ocurrir, por ejemplo, que algunos
2 Se define a la “construcción mutua” de asuntos ambientales como el que nos ocupa, como un proceso dinámico en el que los especialistas construyen y moldean las perspectivas de análisis de los temas; pero no lo hacen en el vacío, ni desde un espacio social y políticamente neutro; se ven constantemente determinados por los debates políticos y las preocupaciones de la población, en los que también inciden y frente a los cuales toman posición. La comunidad política se concibe como una red de actores pertenecientes a diversos sectores gubernamentales y sociales. La red se construye alrededor de un asunto de política y en este proceso, configura patrones y reglas de interacción y de resolución de conflictos (Keeley y Scoones 1999).
funcionarios y académicos se inclinen por la visión de portavoces indígenas en torno a un asunto. Representantes de instancias gubernamentales ambientales, como SEMARNAT y el INE, se inclinan más por instrumentos como el Convenio de Diversidad Biológica o el Tratado Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura. Mientras que funcionarios de secretarías económicas, como la de Comercio y Fomento Industrial y la de Hacienda y Crédito Público, tienden a respaldar instrumentos comerciales tipo Trips (véase Benet). Lo que muestra aquí, como en otras áreas, diferencias dentro del gobierno mexicano, por lo mismo, que igual que otras instituciones, éste conforma una organización compleja y dinámica, no un ente monolítico. Las autoridades ambientales reconocen que carecemos de una regulación nacional acerca del acceso a recursos genéticos y el reparto de beneficios. En lugar de esperar a que ésta se configure en el ámbito internacional –sostienen– tendremos que diseñar un marco jurídico nacional, así como promover regímenes internacionales vinculantes y que den cuenta de los intereses de los países del Sur. Al igual que algunos académicos, estos funcionarios no perciben como factible la moratoria al acceso y a los proyectos de bioprospección, defendida por otros participantes. Argumentan su elección destacando que la bioprospección y la biopiratería ya están en curso, y no podemos darnos el lujo de esperar más para regularlas Las autoridades ambientales ya impulsan acciones ante la Comisión de Biodiversidad, a saber: “un mecanismo de rastreo de materiales, [...] un certificado de consentimiento previo informado y términos mutuamente acordados de transferencia de materiales; que no se pueda transferir internacionalmente material genético sin certificado; que ese material haya sido obtenido de manera legal a partir del consentimiento previo informado de las comunidades”; que se cuente con “un paquete de salvaguardas mínimas para el conocimiento tradicional, es decir, que se reconozca en los sistemas internacionales de propiedad intelectual, los modelos sui generis de propiedad intelectual”, y se desarrollen “cláusulas modelo, en la publicación de contratos de inclusión de beneficios” (véase Ezcurra). Organizaciones civiles e indígenas nacionales e internacionales, como la RADPI, el Foro Indígena Internacional sobre Biodiversidad, Etcgroup, Compitch y algunos académicos sostienen que toda discusión sobre acceso a recursos genéticos y reparto de beneficios, es inocua si no reconoce el derecho indígena al territorio, a la cultura, a la identidad. Señalan que los organismos internacionales y los gobiernos nacionales deben de ver y aceptar a los pueblos indígenas “como detentadores de derecho”, y no como simples “interesados” en la biodiversidad, en el uso y transformación de los varias veces citados recursos genéticos. Insisten en la
indispensable aceptación del derecho de los pueblos, no de las comunidades indígenas, a la autonomía y autodeterminación; derecho que pasa por el respeto a sus instituciones legales y políticas, a sus territorios y recursos naturales, a su conocimiento en torno a éstos, e incluso a rechazar proyectos como los de bioprospección. En México podrían usarse los Acuerdos de San Andrés como primer y definitivo paso en el proceso de reconocimiento de esos derechos. Algunos integrantes de dichas organizaciones señalan incluso que es de los indígenas la “responsabilidad primera” ante los valores, conocimientos y cuidado de los recursos biológicos y genéticos (Véase Regino). Funcionarios gubernamentales declaran que nosotros no podemos hacer nada, “mientras las comunidades indígenas no se apropien y no asuman que es de ellas este material biológico y que sólo ellas lo pueden cuidar”. Sólo en ese momento, los demás actores aportaremos “lo que en nuestro ámbito de competencia nos toca aportar para reforzar todos esos procesos de las comunidades” (véase Garibay). Los grupos destacados agregan que se deben fomentar sistemas alternativos al Trips, precisamente porque los indígenas perciben y manejan de distinta manera la “propiedad intelectual”; pero además por razones prácticas, es decir, porque los sistemas públicos y colectivos no pueden asumir los elevadísimos costos de prosecución de mecanismos como el de patentes. Proponen como alternativa, sistemas con un enfoque integral; sistemas sui generis que reconozcan la propiedad comunal y los derechos derivados de conocimientos sobre asuntos de dominio público; sistemas que diferencien entre propiedad de y conocimiento en torno a los recursos genéticos, y que asuman que la utilización de recursos genéticos implica el uso del conocimiento tradicional a ellos asociado (Véase “Declaración de Clausura...” en estas memorias). Mientras se construyen los sistemas sui generis –proponen– se debe promover una moratoria tanto a la recolección de material biológico en territorios indígenas –a la bioprospección–, como al patentado sustentado en esa recolección. Sugieren se haga una discusión pública de la normatividad en ciernes, en especial de la iniciativa de ley en materia de acceso actualmente en el Senado de la República. Destacan que en esa discusión deben participar realmente indígenas, organizaciones civiles y otros sectores relevantes. Demandan por otra parte, se interpreten los principios del consentimiento previo informado y del reparto de beneficios como derechos de los pueblos indígenas, sustentados no en “beneficios monetarios” sino en sus ya descritos derechos fundamentales. Agregan que tales principios no deben insertarse en el ámbito de discrecionalidad de las Partes Contratantes, es decir, de los Estados-nación sino en el reconocimiento de los pueblos indígenas como “detentadores de derecho”. Hubo una propuesta concreta en relación con estos asuntos:
“Volver operativas las consultas previstas en el convenio 169 de la OIT, mediante la creación de consejos o comisiones independientes, propuestas por los propios pueblos y comunidades, de tal manera que se ajuste a los postulados de esta convención que puede evaluarse a través de cuatro puntos: a) que la información proporcionada por los informantes sea completa, incluida la visión de contexto, los antecedentes y trayectoria de los oponentes, las experiencias comparativas y los posibles escenarios, b) que sea comprendida a cabalidad por los destinatarios; c) que lo que se presente incluya a todos los interesados o implicados; d) que lo propuesto, a juicio de los pueblos y comunidades indígenas, no distorsione o vaya en contra de la cultura, instituciones, principios o formas comunitarias” (Véase Guzmán).
Otro problema destacado y que se esboza en el párrafo anterior, es que indígenas, académicos, gobierno y otros sectores tienen desigual y –en no contadas ocasiones, distorsionado– acceso a la información sobre monto, calidad y distribución de recursos genéticos; adolecen de datos en torno a conocimiento tradicional y conocimiento académico; saben poco sobre la normatividad en la materia, y las figuras jurídicas que respaldan o prohíben la bioprospección, la biopiratería y otras actividades. En palabras de Aldo González:
“Lo que nos urge en este momento es que haya una discusión en el ámbito nacional de este asunto y que los interesados, los pueblos indígenas entre otros, que estamos preocupados con lo que puede suceder con nuestros recursos, podamos dar esa discusión. Podamos informarnos de cómo está esta situación”.
No obstante la riqueza y complejidad de lo discutido y propuesto en el foro, quedaron algunos temas por cubrir, o apenas esbozados en algunas ponencias e intervenciones del público. El primero es un dilema de valores o ética ambiental. Toca la difícil pregunta de hasta dónde podemos llegar con nuestra capacidad de modificar la “naturaleza” mediante la ciencia y la técnica, de transformar los recursos genéticos a través de la biotecnología. Si insertos en un humanismo tradicional, no otorgamos valor a lo natural, y si en consecuencia damos prioridad a la felicidad y bienestar humanos, entonces evaluaremos las “dollies”, el maíz transgénico, los jarabes glucosados y otros productos genéticamente modificados, en términos de sus ventajas y desventajas para la actividad económica, para la calidad de vida, para el bienestar de los pueblos indígenas, para la igualdad social y para otros tantos valores predominantemente sociales.
Si por el contrario, otorgamos valor a la naturaleza por sí misma, y si nos insertamos en una perspectiva sistémica, que reconoce la compleja y cambiante interdependencia entre lo “social” y lo “natural”, entonces evaluaremos las transformaciones biotecnológicas por sus implicaciones en cuando menos tres terrenos: los animales, plantas, microorganismos y otros seres vivos; los ecosistemas y sistemas sociales de que forman parte, tales como bosques, agroecosistemas y ciudades; y la economía y calidad de vida de los pueblos indígenas y de los otros sectores que habitan las distintas regiones del país y del mundo. El segundo asunto apenas mencionado por algunos asistentes al foro, es el del cumplimiento tanto de la normatividad formal –legal– como de las reglas informales, también llamadas instituciones (Ostrom 1990) y que operan en el ámbito comunitario. Como en otros países latinoamericanos, la mayoría de los distintos sectores sociales y estatales mexicanos deben trabajar para romper con la inercia plasmada en la máxima colonial de “acátese pero no se cumpla”; inercia que torna estériles los en el foro propuestos esfuerzos de regulación del acceso a, la transformación y la obtención de beneficios de los recursos genéticos; inercia relacionada con la debilidad institucional y organizacional del país, imperante también al interior de la mayoría de los pueblos indígenas, no de todos. Los mismos voceros de los pueblos Mixe y de la Sierra Norte de Oaxaca, que experimentan una situación institucional y organizacional relativamente más sólida, reconocieron en el foro que gracias a la “organización interna” y al respeto de sus “estatutos comunales” –es decir, de sus instituciones– han podido “defender” sus bosques y sus recursos. La incertidumbre en torno a las implicaciones ambientales y sociales de la modificación de recursos genéticos es la tercera cuestión, puesta en la mesa de discusión del foro a través de la denuncia de la contaminación de milpas oaxaqueñas con maíz transgénico. La incertidumbre se vincula en este caso a una peculiaridad de los OGM. No pueden inferirse generalizaciones en torno a las implicaciones de su uso y de su liberación al ambiente, pues la evaluación de sus posibles riesgos y beneficios debe considerar la distinta configuración, en cada caso, del OGM, de la modificación genética de que se trate y del ambiente receptor. En el caso de la agricultura, por ejemplo, los impactos a evaluar contemplan
“La pérdida y el deterioro de los recursos genéticos, la homogeneización de cultivos, la transferencia de genes a parientes silvestres o variedades criollas, daños a especies no blanco como organismos benéficos, la creación de nuevas malezas, cambios en las interacciones tróficas y de competencia y el rompimiento de los ciclos biológicos, entre otros (Ortiz y Huerta 2002).
De ahí la urgencia de introducir en éste, como en otros ámbitos ambientales, el principio precautorio de política. De acuerdo al cual, ante la falta de certeza científica o la insuficiencia de información se debe optar por dos alternativas: tomar decisiones de uso y transformación de recursos genéticos, y de aplicación e importación de biotecnología que eviten o minimicen los potenciales riesgos, o impactos negativos ambientales y sociales; llegar incluso a situaciones de rechazo o de postergación de estas decisiones. Otros problemas, retos y sugerencias fueron tratados en el encuentro. Aquí sólo presenté un breve resumen de lo que consideré más relevante. Invito al lector(a), si busca acercarse a la riqueza de opiniones al respecto, revise sobre todo la sección VIII, mesa 6 de estas memorias. Literatura Crosby, Alfred W. (1988), “Ecological Imperialism: The Overseas Migrations of Western Europeans as a Biological Phenomenon”, en Donald Worster (Ed.), The Ends of the Earth: Perspectives on Modern Environmental History, Cambridge, Cambridge University Press. Grupo sobre Erosión, Tecnología y Concentración (ETCgroup) (2001), Tratado Internacional sobre semillas y derechos de los agricultores finalmente aprobado en Roma, (www.etcgroup.org). Keelley, James y Scoones Ian, (1999) Understanding Environmental Policy Proceses: a Review, Inglaterra, IDS Working Paper 89. Ortis, Sol y Huerta Elleli (2002), Bioseguridad una herramienta hacia el desarrollo sustentable, en: De Río a Johannesburgo. La transición hacia el desarrollo sustentable. Perspectivas de América Latina y el Caribe, México, INE, UAM-X y PNUMA (en prensa). Ostrom, Elinor (1990), Governing the Commons. The Evolution of Institutions for Collective Action, Cambridge, Cambridge University Press.
Índice I. Introducción 3 II. Ceremonia de Inauguración
1. Patricia Couturier, Coplada, UAM-Xochimilco 17 2. Víctor Lichtinger, SEMARNAT 17 3. Exequiel Ezcurra, INE 20 4. Patricia Romero Lankao, UAM-Xochimilco 23 5. Patricia Elena Aceves Pastrana, rectora UAM-Xochimilco 24 6. Claudia Gómez Godoy, RADPI 25 III. Mesa 1: Marco jurídico nacional e internacional Claudia Gómez Godoy (RADPI), moderadora
1. Jorge Soberón, CONABIO 28 2. Gustavo Ramírez, CONABIO 32 3. El conocimiento tradicional sobre biodiversidad y derechos indígenas, por Luis Rodríguez-Piñero Royo, RADPI
34
4. Raúl Benet, Greenpeace 61 6. Preguntas y respuestas 66 IV. Mesa 2. El papel de los académicos en los proyectos de investigación
Patricia Romero Lankao, (UAM-X), moderadora 1. Guillermo Pérez Jerónimo, UAM-Xochimilco 74 2. Andrés Fierro Álvarez 77 3. Exequiel Ezcurra, INE 80 4. Investigación de la flora medicinal en México: ¿Quiénes son sus beneficiarios?, por Paul Hersch Martínez, INAH
84
5. Lilian González Chevéz 96 6. Preguntas y respuestas V. Mesa 3. Derechos indígenas y derechos de propiedad intelectual Evangelina Gómez (RADPI), moderadora
1. Jorge Larson, CONABIO 109 2. Ricardo María Garibay Velasco, SEMARNAT 113 3. Adelfo Regino, Organización de Servicios del pueblo Mixe 116 4. Aldo González Rojas, Unosco 119 5. Andrés Barrera Marín 124 6. Preguntas y respuestas 128 VI. Mesa 4. El reparto justo de los beneficios
1. Preservación de la diversidad biológica, acceso a los recursos genéticos y compartimiento de los beneficios, por Arcelia González Merino, UNAM
141 2. Verónica Huilipan, Coordinación de Organizaciones Mapuches, Argentina
153
3. “Declaración de Clausura del Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad en el Grupo de Trabajo Abierto Interseccional sobre Acceso y Distribución de Beneficios”, Bonn Alemania
157 4. Silvia Ribeiro, ETCgroup 159 5. Preguntas y respuestas 166 VII. Mesa 5. Los proyectos de prospección en México. Experiencias latinoamericanas importantes Claudia Gómez Godoy (RADPI), moderadora
1. Juan Manuel Otero 178 2. Gerardo González Figueroa, ECOSUR 181 3. Carlos Guzmán, Compitch 187 4. Preguntas y respuestas 193 VIII. Mesa 6. La protección de los derechos... ¿cuáles son los retos para los pueblos indígenas? Carlos Chávez, moderador
1. Aldo González (UNOSCO) 206 2. José Carrillo de la Cruz, indígena huichol 208 3. Retos para defender y preservar nuestros derechos, por Carlos Guzmán, COMPITCH
209
4. Preguntas, respuestas y propuestas 212
nada obligatorio. Tenemos también algunos otros foros en donde se ha discutido el tema que nos ocupa. Por el otro lado, también algunos países han avanzado a nivel nacional, pero en el caso de México nos hemos quedado sin un marco regulatorio en relación al acceso y al beneficio que deben de tener los pueblos indígenas. Esto es muy preocupante. ¿Por que? porque en primer lugar para poder realmente cuidar y conservar los recursos y la diversidad biológica de México (un país mega diverso, un país que tiene una gran riqueza en el material biológico genético, en las especies, en la fauna, en la flora); para cuidar todo esto requerimos darle un valor a los recursos y la única forma de darle un valor es reconocer cómo se ha mantenido durante tantos años y cómo se usa tradicionalmente y se pudiera usar en la ciencia moderna. Pero no se podrá cuidar si se desvincula toda la parte de conservación y de desarrollo de la ciencia, de la protección y el uso tradicional de estos recursos. Por eso es que este gobierno está empezando una política nueva sobre recursos genéticos, sobre el acceso y sobre el tema de los beneficios a las comunidades indígenas. En primer lugar, y yo creo que esto es lo más importante, esto no lo puede hacer México solo, sino que se tiene que hacer a nivel internacional. Ya hicimos una reunión hace aproximadamente tres semanas en Brasil, en donde asistimos todos los países mega diversos como México y otras naciones de América Latina, para empezar a ponernos de acuerdo y comenzar a tener un bloque, con las mismas posiciones, de todos los países. Son países como Brasil como Colombia, como Bolivia, como Costa Rica; son países que tienen comunidades indígenas en general importantes, que tienen recursos genéticos; son países que están discutiendo las políticas que van a tener. Es muy importante que los países mega diversos se coordinen en estas políticas, porque es similar la situación de las compañías multinacionales que están buscando el acceso a estos recursos. Si aquellas no lo consiguen en un lado lo van a conseguir en otro. Y al final de la película lo que vamos a tener es que nos van a poner en competencia a los países que tenemos esa riqueza, esos recursos genéticos, vamos a acabar compitiendo entre nosotros por ver quién es más liberal en el acceso. Y de lo que se trata es de no ser liberal, sino ser muy estricto en el acceso y de asegurarnos que cuando las compañías multinacionales quieran venir, que tengan muy claras las reglas; pero sobre todo que estemos seguros de que buena parte de los beneficios que se van a lograr se queden en México y lleguen a las comunidades que mantuvieron la riqueza por tanto tiempo. Entonces esta primera reunión que tuvimos en Brasil fue muy fructífera. Los países de América Latina mega diversos, que están en una situación muy similar a México, estuvieron muy de acuerdo en empezar a crear ese bloque. Por lo tanto, en
el mes de febrero, apoyados por esa reunión a nivel de América Latina, vamos a tener en México una reunión de los doce países más ricos en diversidad biológica del mundo. Van a venir aquí los ministros del medio ambiente de China, Indonesia, India, Brasil, Madagascar, Kenia, Sudáfrica; los países que tienen una experiencia similar. Pero en otros continentes también vamos a tratar de hacer una especie de, aunque no está de moda el término, pero una especie de cartel. Vamos a tratar de hacer un bloque de posiciones comunes para asegurarnos que podemos realmente enfrentarnos a los grandes y potentes intereses de las compañías multinacionales. Es muy importante también ser claros sobre la necesidad de desarrollar la ciencia y la tecnología dentro de nuestros países, a fin de poder usar esos recursos genéticos para el bienestar de nuestros ciudadanos. Sabemos ahora, con las nuevas tecnologías, que estos recursos pueden ser usados por la ciencia y pueden ser el fruto o constituirse en el centro de un gran desarrollo que pueda darnos medicamentos; que pueda darnos diferentes tipos de productos que beneficien a toda la población. Pero lo que no podemos olvidar es que esos recursos han estado cuidados por tanto tiempo por nuestras comunidades. Lo que no podemos olvidar es que esto es una riqueza que ellos mismos han desarrollado; que los usos tradicionales nos van a dar las pautas del desarrollo científico; que cualquier desarrollo científico que se dé, debe de beneficiar en primer término a las comunidades indígenas que han cuidado los recursos por tanto tiempo. Entonces me da mucho gusto, precisamente porque va en la misma línea del trabajo que estamos haciendo nosotros, a nivel gubernamental, el que se den este tipo de foros tan importantes aquí, en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, que como saben todos ustedes, es donde yo estudié la carrera de economía. Me da mucho gusto Patricia que estén organizando estos foros tan relevantes, en el centro de la discusión; que la academia y el gobierno estemos totalmente en la misma prioridad y enfocados hacia los mismos objetivos. Entonces muchísimas gracias y les deseo la mejor de las suertes. Me interesará mucho ver cuáles son los resultados de la reunión para incorporarlos a la política que tenemos en el gobierno. Cuando se acerque la reunión de febrero, de que les hablé, convocaremos a reuniones públicas para incorporar la opinión de todos los interesados. Pero este tipo de foros, desde luego, nos darán esos elementos que incorporaremos en nuestras consideraciones. Entonces muchas gracias y gracias por la invitación.
3. Exequiel Ezcurra, INE Muchas gracias Paty. Les agradezco muchísimo la invitación a participar hoy en esta reunión. Voy a ser breve porque tengo una participación más extensa en la segunda sesión de la mañana. Quisiera nada más en este momento plantear unas reflexiones sobre el tema que nos preocupa a nosotros en el Institución Nacional de Ecología y en la Secretaria del Medio Ambiente. No voy a ser reiterativo sobre lo que ya planteó el secretario; ha sido muy claro respecto a lo que estamos trabajando muy intensamente. Yo quisiera empezar esta reflexión con un problema. Como persona, como biólogo, como investigador que viajó mucho por el campo, para mí es notoria y es preocupante la situación de las regiones rurales de México, desde que la liberalización de los términos de intercambio económico, ese fenómeno que se ha dado en llamar la globalización, ha llegado a México y –también, me animaría decir– a toda América Latina. Estamos enfrentando un fenómeno sumamente interesante, y para los académicos, sumamente preocupante. Desde el punto de vista de la supervivencia de nuestros materiales genéticos, a largo plazo el fenómeno es que nosotros estamos compitiendo en un mercado internacional en el cual nuestros productos industriales tienen que competir con los productos industriales de los países desarrollados en condiciones equitativas, es decir, sin subsidios. No podemos subsidiar a nuestra industria pero nuestra producción primaria, nuestra producción agrícola compite con la agricultura de los países desarrollados en condiciones de un fuerte subsidio de parte de los países desarrollados a su propia agricultura. Lo que eso está haciendo en México puede ser motivo de un libro de mil páginas o de muchos estudios porque se está produciendo una serie de cambios y transformaciones muy aceleradas en la agricultura mexicana, que en muchos casos es sumamente preocupante. Pero yo quisiera hacer énfasis en sólo un aspecto de la transformación que está sufriendo el campo mexicano en los últimos años: el deterioro de los precios agrícolas con respecto a décadas anteriores. Estamos perdiendo realmente la agricultura en muchas partes del país. Y hemos pasado a ser de un país productor de maíz a uno netamente importador. De hecho, según la estadística que me dieron los otros días, no sé si es enteramente cierto, pero aparentemente somos el principal importador de maíz del mundo. Eso entre otras cosas, lo que hace es que estamos perdiendo la agricultura de nuestros maíces tradicionales. En nuestros cultivos tradicionales, estamos importando hasta maíces producidos por germoplasma generado industrialmente, a partir de procesos de
mejora genética en grandes compañías. Lo que esto representa es una presión creciente que vamos a ver en próximos años, por los recursos genéticos en México, para producir la mejora genética de las grandes compañías que producen variedades cultivadas de maíz, de tomate y de muchísimos otros cultivos. No quisiera hacer énfasis sólo en el caso del maíz, porque es un problema muchísimo más generalizado en este contexto. Este contexto internacional de rápida trasformación agrícola, de rápida trasformación rural, incluso yo me animaría a decir es una transformación tan acelerada que a veces tenemos incapacidad de ver exactamente hacia donde estamos yendo. Necesitamos reflexión, necesitamos investigación, necesitamos sentarnos a ver que tanto está pasando con nuestro campo, que está pasando con nuestra producción, que está pasado con nuestro germoplasma. En este contexto es que se da la reunión de hoy que yo celebro muchísimo, y agradezco a la UAM la iniciativa para hacerla. Se da también una serie de cosas. Hace dos semanas estuvimos en un foro de la Comisión de Biodiversidad en Alemania, sobre acceso y reparto de beneficios con respecto a recursos genéticos. No voy a en este momento a extenderme sobre el tema. Tengo tiempo a lo largo del día de hoy para platicarlo. Fue para nosotros sorprendente, una agradable sorpresa, que el foro de acceso, en Bonn, coincidiera con el Foro Internacional de Pueblos Indígenas. Tuvimos una participación amplia y generalizada de pueblos indígenas, sobre todo de representantes de muchos pueblos indígenas latinoamericanos y dos representantes muy destacados de México. En ese foro platicamos de muchas cosas. México está impulsando varias acciones muy concretas para proteger la propiedad intelectual tradicional de los recursos genéticos, para generar la posibilidad de un reparto equitativo de beneficios entre los pueblos indígenas y campesinos tradicionales, a partir del acceso a sus propios recursos genéticos. Estamos pidiendo a la Comisión de Biodiversidad un certificado de consentimiento previo informado y términos mutuamente acordados de transferencia de materiales; que no se pueda transferir internacionalmente material genético sin certificado; que ese material haya sido obtenido de manera legal a partir del consentimiento previo informado de las comunidades. Estamos solicitando un mecanismo de rastreo de materiales, basado en este certificado, similar en todo al que tiene la Convención CITES, que regula el tráfico de especies en peligro de extinción. Estamos solicitando la reflexión o la posibilidad de implementar un paquete de medidas para garantizar la exigencia legal del certificado en los países usuarios. Pedimos que no se pueda patentar material genético en ningún país usuario, en los países que más demanda de patentes tengan, sin que necesaria y obligatoriamente deban presentar el certificado de legal procedencia, el certificado de consentimiento previo informado.
Estamos solicitando un paquete de salvaguardas mínimas para el conocimiento tradicional, es decir, que se reconozca en los sistemas internacionales de propiedad intelectual, los modelos sui generis de reconocimiento de propiedad intelectual. Estamos pidiendo mejora de las evaluaciones del estado de la técnica, del estado del arte, en las solicitudes de propiedad intelectual, y la inclusión del conocimiento tradicional en el proceso de certificación de propiedad intelectual. Finalmente, estamos solicitando como país, mecanismos para equilibrar las negociaciones en relación al material genético, especialmente en relación con algunas cláusulas de beneficios y trasferencia de tecnología en contratos de negociaciones. Estamos solicitando avanzar en el desarrollo de cláusulas modelo, en la publicación de elementos mínimos en contratos de inclusión de beneficios. Todo eso tiene que ver con lo que mencionaba el secretario Lichtinger. Como país, estamos tratando de lograr una avanzada internacional para convocar a los países fuente de diversidad genética, a los países fuente de germoplasma a nivel internacional, a los países a lo que se llama en biología mega diversos, a trabajar con nosotros y presentar un frente unido, ante lo que se conoce como los países destino o los países usuarios, que son aquellos que exportan de nuestro país material genético. En la mayor parte de los casos son aquellos países en donde registran como su propia propiedad intelectual. Muchas de esas cosas las vamos a discutir durante estos días. Espero no sólo en las plenarias, sino también tener la oportunidad de discutirlas cercanamente con algunos de ustedes. Pero para nosotros es sumamente importante este tema, son sumamente importante las opiniones que se presentan hoy y es también para nosotros de la mayor importancia poder lograr un frente internacional, el que planteaba el secretario Lichtinger, a partir del cual podamos tener una defensa más coherente a nivel de todo el país, de los derechos de nuestros pueblos indígenas, los derechos de nuestros grupos campesinos, sobre el material genético tradicional. Finalmente la última cosa que quería mencionar, y para nosotros es sumamente importante, es una de las reflexiones que trajimos de Bonn. Es tan difusa en este momento la Convención de Biodiversidad, es tan difícil de obligar su cumplimiento, porque todas las cláusulas de la convención son voluntarias, no tienen elementos de implementación obligatoria. Y creemos que es sumamente necesario implementar en México un paquete de regulaciones, una normatividad interna que nos convierta en un modelo internacional; que nos permita a partir de nuestras leyes internas, exigir el cumplimiento de éstas en el ambiente internacional, como una primer herramienta fundamental para la defensa del patrimonio genético del país. Eso básicamente son las cosas que quería mencionar en este momento, en apoyo a las medidas que anunció el secretario. Me va a dar muchísimo gusto interactuar con ustedes estos dos días, ya sea en las reuniones plenarias o en persona, y platicar un poco más de todas estas cosas que para nosotros son sumamente importantes y sobre las cuales vamos a tener que estar
avanzando de una manera muy decidida en los próximos meses y en los próximos años. Muchas gracias. 4. Patricia Romero Lankao, UAM-Xochimilco A mí me parece que discutir en este foro el tema de los recursos genéticos y los derechos de los pueblos indígenas es entrar en un terreno polémico, un terreno habitado por un abanico de actores, entre los que sobresalen en cuando menos dos polos, desde los más fervientes partidarios del impulso a la biotecnología como palanca de desarrollo, hasta quienes consideran –con razón me parece– que ésta no es social y ambientalmente neutra. Discutir el tema que nos va a tener aquí reunidos durante estos dos días es plantearse y enfrentar diversos dilemas y retos a los que se confrontan el gobierno y la sociedad mexicana. Opino que todos estos retos son de igual importancia y se encuentran estrechamente vinculados entre sí. El primer dilema es un dilema de valores o ética ambiental. Es el dilema de hasta donde podemos llegar con nuestra capacidad de transformar los recursos genéticos a través de la ciencia y la técnica, en este caso a través de la biotecnología. Si insertos en un humanismo tradicional no otorgamos valor a lo natural y si en consecuencia damos importancia al bienestar y felicidad humano, entonces evaluaremos las “dollies”, el maíz transgénico y los jarabes glucosados, entre otros, en términos de sus ventajas o no para la actividad económica, para la calidad de vida, para el bienestar de los pueblos indígenas, para la igualdad social y para otros tantos valores de carácter social. Si por el contrario, y yo me adscribo a esta posición, otorgamos valor a la naturaleza por sí misma y si nos insertamos en una perspectiva sistémica, entonces evaluaremos las transformaciones biotecnológicas por sus implicaciones, no sólo para los animales o las plantas que estamos modificando, sino para los componentes y procesos de los ecosistemas de los que forman parte, así como para la economía y calidad de vida de la sociedad y –sobre todo– de las comunidades indígenas. Si nos inscribimos en esta perspectiva, recordaremos que, como sucedió durante la época de auge de la Revolución Verde, una técnica que nos permita combatir las plagas, puede darnos a corto plazo y en una región la oportunidad de solucionar un problema, pero puede generar también consecuencias colaterales a largo plazo, como mayor resistencia de las plagas, incluso ante las plantas genéticamente modificadas. El segundo dilema –de justicia social– se refiere a quienes son los poseedores y beneficiarios de los recursos genéticos y de sus procesamientos. ¿Son los países de donde se extraen y en especial las comunidades de las zonas donde se extraen, los indígenas en este caso? ¿o son las empresas que desarrollan y aplican procesos
biotecnológicos, que se protegen vía el uso de patentes, y al hacerlo limitan el acceso de indígenas y otros sectores sociales a los productos de la biotecnología y los recursos genéticos? La dimensión social se vincula además a la orientación de la biotecnología y a quienes definen ésta. Creo que descubro el agua tibia cuando afirmo que en estos momentos, unas cuantas trasnacionales dominan tal orientación, para lo cual se sustentan en consideraciones de rentabilidad de las distintas líneas de investigación y de desarrollo biotecnológico. No se basan en criterios sociales como el apoyo a la producción de la caña de azúcar, de gomas vegetales y de otras materias primas producidas por nuestros agricultores; o a la producción de semillas y plaguicidas para la agricultura de temporal; tampoco tendrían porque hacerlo, pues yo creo que no son las hermanas de la caridad. Esto es algo que nosotros les tenemos que exigir políticamente y mediante políticas. Y creo que en México tenemos mucho, pero mucho que hacer en este terreno. Lo último nos plantea otro reto. Y espero que en este foro contribuyamos con un pequeño granito de arena para dar cuenta de ese reto. El reto es el de diseñar regulaciones, instrumentos y programas que permitan construir junto con –y no imponiendo a– las comunidades indígenas y a otros poseedores de la riqueza genética de México, alternativas sociales y ambientales que den cuenta de dilemas y retos como los que yo he apuntado sucitamente. Estoy segura que ustedes aquí van a hablar de otros más. Estoy convencida de que el foro puede ser uno de los tantos mecanismos para discutir abiertamente estos y otros dilemas. Y agradezco la presencia de todos ustedes y la presencia de nuestra rectora, de Víctor Lichtinguer, de Claudia Gómez, y de Exequiel Ezcurra. Muchas gracias. 5. Patricia Elena Aceves Pastrana, rectora UAM-Xochimilco Licenciado Víctor Lichtinger, Secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, bienvenido a esta su Casa Abierta al Tiempo. Distinguidas personalidades que me acompañan en este presidium, compañeros y compañeras, un saludo muy especial de bienvenida a todos los participantes a este foro. Es muy grato para la universidad contar durante dos días con la presencia de personas tan queridas y tan importantes. En la actualidad las huellas de la humanidad sobre el planeta son evidentes. La actividad humana ha afectado sin lugar a dudas todos los lugares de la tierra y todos los ecosistemas, desde los más simples hasta los más complejos. Nuestras opciones y nuestras acciones han transformado el mundo natural, creando por un lado enormes posibilidades y por otro, peligros extremos para la calidad y la sustentabilidad de vida. Desde 1960 se ha duplicado la población del mundo, sobre todo en los países más pobres. Los gastos de consumo a su vez se duplicaron en los países más ricos. En
40 años hemos creado riquezas a una escala inimaginable, no obstante la mitad de la humanidad sigue subsistiendo con menos de dos dólares diarios. Hemos aprendido como extraer los recursos para nuestro uso, pero no como manejar los desperdicios resultantes. Con todos estos procesos estamos cambiando la estabilidad del mundo. La pregunta obligada sería entonces ¿qué estamos haciendo al respecto? ¿cómo podemos aplicar ese mismo ingenio humano al futuro, para asegurar el bienestar de las poblaciones humanas y al mismo tiempo proteger al mundo natural? La conducción del planeta y el bienestar de su población son responsabilidad colectiva. En todos los ámbitos enfrentamos decisiones de importancia crítica; algunas de ellas conciernen a la manera de proteger y promover valores fundamentales como el derecho a la salud y a la dignidad humanas; otras reflejan soluciones de transacción entre las acciones disponibles. Es preciso que reflexionemos cuidadosamente, pero con urgencia, acerca de la problemática del acceso a los recursos genéticos y los derechos de los pueblos indígenas, y que hagamos todo lo necesario para comprender las repercusiones de cada una de tales opciones. En este sentido resulta esperanzador que haya espacios para plantear y debatir los nuevos retos del pensamiento. Las universidades y demás instituciones educativas, debemos ser las más interesadas en generar utopías y construir conocimientos que respondan de una manera más audaz y propositiva a las nuevas necesidades de las sociedades complejas en las que vivimos. A nuestra universidad la llena de orgullo que distinguidos académicos, que ahora son funcionarios públicos, estén trabajando arduamente en temas como éstos, que resultan urgentes y estratégicos para nuestro país, pues sabemos que la UAM en algo contribuye a enriquecer el análisis y la gestión de la problemática. También nos enorgullece el poder ser anfitriones de organizaciones indígenas no sólo de México, sino de Latinoamérica. Y esperamos poder brindarles toda la hospitalidad necesaria para que los resultados de este foro sean fructíferos y favorezcan su desarrollo. 6. Claudia Gómez Godoy, RADPI A.C. Les pedimos un poco de silencio para empezar. En realidad yo esto lo iba a decir en la inauguración. Es un lástima que no lo pueda escuchar el secretario. De todas formas vamos a buscar la forma de hacérselo llegar, y me imagino que las autoridades que todavía nos acompañan podrían dar este mensaje. Muy buenos días a todos y todas, les damos la más cordial bienvenida a este foro. A nombre de mis compañeros y compañeras de la Red de Abogados y Abogadas por los Derechos de los Pueblos Indígenas, (RADPI A.C.), especialmente de nuestra amiga
Angeles Arcos, quien fue el motor de este evento, queremos agradecer primeramente a los pueblos y comunidades indígenas que nos acompañan el día de hoy y que han tenido largo camino para llegar hasta aquí, en busca de soluciones a una problemática que día a día les llama en sus regiones. Nuestro agradecimiento a la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Xochimilco que ha abierto su casa al diálogo necesario entre la comunidad científica y los pueblos indígenas. Es por ello que agradecemos especialmente a la Cátedra Raúl Anguiano y a COPLADA su interés y entusiasmo para la realización de este evento. Agradezco asimismo a las autoridades que nos acompañan como Red de Abogados por los Derechos de los Pueblos Indígenas. Queremos manifestar que estamos interesados en discutir estos temas, que no fueron recogidos en el debate nacional sobre los derechos de los pueblos indígenas. Somos concientes de que está pendiente el reconocimiento institucional de los derechos fundamentales que demanda, desde hace varios años, el movimiento indígena. La reciente reforma indígena aprobada por el Poder Legislativo Federal, las legislaturas de los estados y el presidente de la República, es una traición al movimiento indígena, pues no refleja sus demandas fundamentales; se limita el ejercicio de su derecho a la autonomía; no se les reconoce el derecho que tienen a los territorios que tradicionalmente ocupan, y su personalidad jurídica vuelve a quedar sin reconocimiento. Además esta reforma constitucional incumple el contenido y los procedimientos del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas. Durante estos dos días de trabajo esperamos abrir un debate sano y propositivo entre los diferentes sujetos involucrados en el tema de los recursos genéticos y los derechos de los pueblos indígenas. Es voluntad de las y los organizadores del foro escuchar la voz de las autoridades, de científicos y académicos, de las organizaciones sociales y el movimiento indígena. Queremos escuchar de la experiencia y los conocimientos de todos ustedes para enriquecer el diálogo y así buscar soluciones y colmar de propuestas que sirvan a los pueblos indígenas para defender sus derechos, los derechos que tienen sobre los recursos genéticos y biológicos que se encuentran en sus territorios. Casi todos los discursos de investigadores, autoridades, académicos, empiezan diciéndonos que México sobresale entre los cinco con mayor diversidad o mega diversos. Está bien hacer este reconocimiento; pero éste debe de ir aunado a un reconocimiento de los grandes aportes que puedan dar los conocimientos tradicionales de los pueblos y comunidades indígenas; pero no sólo como muchas veces se hace, como un folclor o cómo qué bonitos que nos aportan. Este reconocimiento debe ir de la mano de un reconocimiento como sujetos plenos de derecho, con derechos a la autonomía del territorio y al respeto real de su cultura.
El neoliberalismo pretende imponernos un sistema de propiedad intelectual, en donde unas pocas empresas puedan apoderarse de los recursos biológicos y genéticos. El asunto nos preocupa, no sólo como red sino a los pueblos, a los que acompañamos. Queremos escuchar la discusión nacional e internacional sobre este tema; pero lo más importante es buscar alternativas viables que potencien las capacidades de los pueblos y les permitan estar en una posición más favorable para la defensa de sus recursos. Finalmente, quisiéramos decir que este foro sobre acceso a recursos genéticos y derechos de los pueblos indígenas significa para todos nosotros un gran reto: buscar alternativas para los pueblos indígenas, para la comunidad científica comprometida que quiere escucharles; apoyarlos en este caminar con las autoridades responsables en el tema y las organizaciones civiles o sociables: lograr que estas alternativas den esperanza de una situación más justa para los pueblos indígenas en nuestro país. Muchísimas gracias.
III. Mesa 1: Marco jurídico nacional e internacional Claudia Gómez, RADPI, Moderadora 1. Jorge Soberón, CONABIO Quiero decir del acceso a los recursos genéticos y, por otro lado, de cuál es la perspectiva hacia el futuro, que tenemos un marco jurídico bastante deficiente todavía. Sin embargo, no es inexistente y una de las cosas que quiero decir es que sí tenemos ciertas bases sobre las cuales se puede empezar a normar esta actividad. En primera, desde mi perspectiva tanto personal como institucional, los recursos genéticos deben de verse como eso, como recursos. Recursos quiere decir que quieren utilizarse. Tiene que haber usuarios de esos recursos y es evidente que los usuarios de esos recursos y los beneficiarios de esos recursos en primer lugar tienen que ser los mexicanos. Desde mi perspectiva personal, éstos son los poseedores de los recursos y la palabra poseedores es difícil de interpretar; hay que hacer toda una serie de interpretaciones de la legislación actual, de la constitución, del código civil, entre otras cosas. En segundo lugar, la nación, o sea México como país, debe también beneficiarse de que nos tocó vivir en el cuarto país con mayor riqueza biológica del planeta. Por lo tanto nuestro país y la gente que lo habita debe de beneficiarse de esta riqueza biológica. ¿Cuál es el marco legal de estos beneficios? Bueno desafortunadamente en México este tema ha sido realmente muy relegado. El primer elemento que –creo– realmente agarra el tema bien para su desarrollo legal es que México se hizo parte del Convenio sobre Diversidad Biológica en el año de 1993, cuando la Cámara de Senadores lo ratificó. Por lo tanto es ley para nosotros y es ley también para casi todos los países del mundo, con muy contadas excepciones; la principal y evidente son los Estados Unidos de Norteamérica. Aunque hay otros países como Tailandia, que no lo han ratificado, prácticamente el convenio es ley en todo el mundo. Los objetivos de este convenio son la protección, o sea la conservación, el uso sustentable de la biodiversidad y el reparto equitativo de los beneficios derivados del acceso a los recursos genéticos. Eso dice el artículo primero del convenio sobre biodiversidad biológica. Aquí conviene hacer notar una cosa interesante. Se habla de la conservación y del uso sustentable de toda la biodiversidad, pero únicamente del reparto equitativo de los beneficios de los recursos genéticos, que es una pequeña parte de la biodiversidad, muy importante sin suda, pero no es todo. Y
tomando en cuenta que los beneficios de la biodiversidad son, por ejemplo, la multitud de servicios ambientales que presta como captura de carbono, como regulación de ciclos hidrológicos, habría sido muy deseable que esta idea de reparto equitativo de los beneficios no se hubiera reducido únicamente a los recursos genéticos, que contemplara las otras dimensiones y servicios de la biodiversidad. Pero bueno, finalmente así es como está en el convenio. En ese convenio también hay un artículo muy famoso, que es el artículo 8j, en el cual se hace referencia a los conocimientos de los pueblos tradicionales, en su relación con la biodiversidad. Se especifica que hay que respetar esos conocimientos, promoverlos, ayudar a que se mantengan y que sigan evolucionando. Por último, está el artículo 15 del Convenio de Biodiversidad Biológica, que es su único artículo vinculante, y es el único legalmente, realmente obligatorio. Y ese artículo reconoce la soberanía que tienen los estados, los países sobre sus recursos genéticos. Luego habla que hay que estimular su utilización y sobre las cuestiones de reparto equitativo, transferencia de tecnología, cuestiones de ese tipo. Entonces este es el primer paraguas legal con el que cuenta nuestro país. Gracias a esta legislación que es de muy alto nivel porque es un acuerdo multilateral, gracias a esta legislación está explícito que el país es el dueño de los recursos genéticos. Esto obviamente hay que leerlo en el contexto del resto de nuestra legislación, cosa que yo no voy hacer porque no soy abogado. Pero tengo la impresión de que aquí hay quien puede hacer una glosa de esta cuestión. En particular hay que verlo desde la perspectiva del 27 que es el que habla de los recursos naturales, y de los artículos que tienen que ver con los regímenes de propiedad. Porque uno de los problemas principales que tenemos respecto al acceso de los recursos genéticos, es que no está demasiado claro cómo son los regímenes de propiedad, sobre algo como los genes que puede estar en los terrenos de muchas gentes o incluso más allá de las fronteras de un país cualesquiera. Entonces esto plantea problemas legales que son interesantes y que en México no se han acabado todavía de resolver. En 1994 sale la modificación a la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA). En esa ley se reconoce dos extremos dentro de un continuo, dos extremos de formas de acceder a, o de apoderarse de los recursos genéticos. En un extremo está lo que se llama la colecta científica que realiza muchísima gente, empezando por estudiantes y acabando por grandes científicos. La LGEEPA establece que se necesita de permiso para la colecta. Hace algunos años se colectaba el espécimen y no había mucho más que eso; pero actualmente la colecta del espécimen también implica tener acceso a las secuencias genéticas o muchas de las secuencias genéticas que están dentro del espécimen. ¿Se hace con un propósito explícito, con fines de investigación científica? Yo sé, y creo que todos
sabemos, que no es nítida la frontera entre la investigación científica básica y la aplicada, que lo que hoy es básico, dentro de cinco años puede hacerse aplicado. La literatura está llena de ejemplos al respecto. Otra forma de permiso diferente que está en el 87 bis de esa ley, toca a quien quiera hacer colecta biotecnológica. En los dos artículos se especifica que se tiene que contar con el consentimiento de los propietarios de los predios. Los propietarios de los predios pueden ser los ejidos, pueden ser las comunidades. De alguna manera en este caso es un poquito complicada esa interpretación; pero esa interpretación la han hecho muchos abogados. Como la propiedad comunal de la tierra es muy abundante en México y está sobre todo concentrada en las zonas de muy alta biodiversidad biológica, entonces el 87 bis y el otro, los dos, dicen que quien quiera hacer colecta científica o biotecnológica tiene que pedir permiso a la SEMARNAT. La Secretaria del Medio Ambiente tiene que dar un permiso del estado, pero además se tiene que pedir permiso a los propietarios de los predios. Y si no lo dan, no vale la colecta, es ilegal, y hay la posibilidad que incluso acabe uno en el tambo. Existen ejemplos de gente que ha acabado en el tambo por haber hecho colecta ilegal en México, también es algo que está en la teoría. Puede ser que la institucionalidad de esto sea deficiente y le falte mucho, y así yo lo creo; pero que ahí hay dos pequeños elementos jurídicos que se pueden utilizar. El 87 bis dice además otra cosa. Para hacer colecta biotecnológica, tiene que haber un reparto equitativo de los beneficios. El artículo simplemente está copiando lo que dice el Convenio de Biodiversidad Biológica. ¿Cómo se da en la práctica este reparto equitativo de los beneficios? Desafortunadamente en México ha habido todavía muy pocos casos sobre los cuales pueda uno derivar una experiencia y decir bueno esto se hizo bien, esto se hizo mal. Pero los dos o tres casos que ya hay, indican muy claramente que para que haya un reparto equitativo tiene que haber un proceso, que puede ser muy largo y puede que así es como tenga que ser con las comunidades, o quien sea, pues el propietario de los predios pueden ser las comunidades o como ya dije un pequeño propietario, o lo que sea. Y tal y como está en este momento la ley, restringe esta negociación, o este consentimiento previo informado, así como el reparto equitativo a esos propietarios de los predios. Aquí está la primera laguna importante de la legislación. Pudiera ser que el mismo material genético quedara fuera del predio, porque estamos hablando de una planta, de un animal. Puede ser que forme parte de un predio y el Código Civil Mexicano reconoce a las plantas como accesiones de la propiedad. O sea que si yo tengo un terreno y tengo dentro una planta, esa planta también es mía. Eso está en el derecho civil de México y de la tradición jurídica desde hace mucho, mucho tiempo, siglos. Aunque así se ha pensado siempre, el problema con los genes es que están en muchas plantas. Pueden estar fuera de mi predio y realmente eso
plantea el primer problema, que es un problema muy importante y que vamos a tener que debatir ampliamente para poder llegar a una solución satisfactoria. El segundo problema con esta cuestión del reparto equitativo, es que la palabra equitativo es muy difícil en derecho. Cuando se hizo esa ley, varios de los juristas que participaron dijeron: “No hay que usar la palabra equitativo porque es una palabra muy difícil y no vamos a ganar, nos vamos a hacer bolas con esa palabra”. Pero pues se insistió en que estuviera esa palabra porque es la misma que está en el Convenio de Biodiversidad Biológica, y para mantener un cierto grado como de compatibilidad. El punto pues es que es difícil hablar de equidad cuando las condiciones son altamente desiguales, cuando hay una compañía o una empresa grande o alguna persona que tiene una familiaridad con los procesos de negociación en el estado moderno o con los regímenes de la propiedad intelectual, que se sienta a negociar con grupos cuyas culturas son ajenas a esta otra cultura, pues entonces tiene que haber una forma de equiparar o de igualar estas dos partes en una negociación, para que realmente sea equitativa y esa es una segunda parte en la cual la legislación está completamente vacía. En ese momento yo creo que lo que le toca a nuestro país es esto, es algo que sigue elaborándose dentro del marco de Convenio de Biodiversidad Biológica. Ya no me va a dar tiempo de comentar mucho sobre eso. Yo creo que esto va a seguir elaborándose en el marco del Convenio de Biodiversidad Biológica, desde una perspectiva teórica y académica, que es completamente insatisfactoria para nuestras necesidades. Yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer en México, es desarrollar bien nuestro régimen interno y luego lograr que ese régimen interno se haga respetar en las negociaciones internacionales. Lo cual va a ser una grilla que va a llevar no menos de unos cinco o diez años; pero tenemos que empezar poniendo nosotros la casa en orden internamente. Entonces, lo que sigue ahora es que, después de una serie de foros y discusiones similares a ésta (¡tiene que haber muchos más!), cuando haya por lo menos una comunidad de lenguaje y queden bien claras las posiciones principales, lo que sigue pues es sentarnos y hacer una legislación sobre este tema de acceso a los recursos genéticos, porque como dije al principio, yo creo que este es uno de los grandes recursos que tiene el país. Creo que sería una gran tontería que dejáramos pasar la ventana de tiempo que vamos a tener para utilizar estos recursos. Esa ventana se va a cerrar en algunos años, tenemos que aprovecharla, y no lo vamos a lograr de una forma que se considere legítima y legal, si no desarrollamos internamente una legislación que satisfaga a todas las partes. Muchas gracias.
2. Gustavo Ramírez, CONABIO Buenos días, ante todo gracias por la invitación. Voy a tratar de exponer la experiencia que he recogido en diferentes niveles y en diferentes sectores, un poco inspirado por la búsqueda del bien común y el deseo de superación. He estado trabajando en diferentes ámbitos, tanto a nivel local con comunidades, como en ámbitos internacionales como en la Comisión de Capacitación Ambiental. Y en este proceso, he revisado un poco tanto el conocimiento que tienen las comunidades, nuestras comunidades indígenas, como el conocimiento científico. Ese ha sido un motivo de mucha discusión, en términos de que se ha ponderado mucho el conocimiento científico sobre el conocimiento que se llama tradicional, local, consuetudinario. Incluso digamos no se ponen de acuerdo cual sería el nombre que recibiría este conocimiento. Esto lo hemos estado analizando un poco antes desde otros sectores. Ahora pertenezco o estoy trabajando para una institución pública muy importante dentro del país y un proyecto que también digamos tiene largos alcances, lo cual indica que hay mucha responsabilidad, debe haber mucha responsabilidad en las secciones y todo lo que pueda perjudicar la vida de los demás, y una parte importante de esto que discutíamos, básicamente sobre la bioprospección es exactamente como encaminar este tipo de proyectos hacia el bien común. La discusión de Sevilla, el año pasado, en el seno de la CBD y a la que el Doctor Soberón y el INE me enviaron, era realmente en torno a la privatización. Una pregunta que teníamos y que era de mucha discusión en ese momento, giraba en torno al conocimiento que va a contribuir al desarrollo de la ciencia. Nosotros pensábamos si dos mentes dentro de una empresa farmacéutica pueden pensar más con un cúmulo de conocimiento que mil mentes en una universidad pública. ¿Sería este mecanismo más adecuado para el avance de la ciencia en los temas de recursos genéticos o sería más adecuado, tal vez, financiar a las Universidades públicas? Bien, son preguntas que aún no terminan de contestarse, sobre la tabla hay mucha discusión porque además cada país es diferente. En el caso de México, y ahí retomaría la posición del Doctor Soberón, tiene que haber mucho análisis. Por otro lado nos tocó analizar lo que está sucediendo en la Sierra Juárez con proyectos de bioprospección. En ese entonces nosotros hacíamos ese análisis como más técnico; veíamos algunas complicaciones en los contratos porque veíamos que muy difícilmente los contratos protegían a terceros, como comentó el doctor Soberón. Este es un asunto muy interesante ¿no? Y como nosotros lo veíamos desde la óptica de la comunidad, si yo tiro un árbol y estoy al lado de otra comunidad, el hecho de que yo tire un árbol no limita el derecho de la otra comunidad para que también tire su propio árbol para aprovecharlo, para convertirlo en madera, o lo que quiera. En el caso de recursos genéticos podía existir, digamos cierta limitación de que si yo aprovecho este recurso, si la empresa
farmacéutica lo patenta, a lo mejor sí podría limitar el derecho de otras comunidades para aprovechar este recurso. En términos comerciales quizás esa es una discusión que teníamos ahí, ¿cómo se solventaría eso? ¿cuál era la discusión en torno a esto? Por otro lado los contratos no protegían contra terceros, es decir, ¿cómo asegurarnos de que la empresa farmacéutica no se lo pase a otra empresa farmacéutica o a quien sea que lo quiera aprovechar con fines comerciales? ¿cómo se evitaría eso? Porque sabemos que las empresas, pues bueno, tienen también sus intereses propios, como toda la empresa, desde la empresa comunitaria hasta la empresa privada. Entonces por otro lado, si me atrae la necesidad de la construcción de un marco legal adecuado que permitiera, digamos construir un sistema institucional robusto de regulación del control del acceso y uso de los recursos genéticos. Pero también hubo un problema que –vimos– se presentó con los bioprospectores. Si bien no estaban fuera de la ley, aparentemente tampoco están totalmente dentro de la ley. Y eso no los protegía, digamos contra críticas excesivas o ataques excesivos. Entonces vemos la necesidad de construir un marco legal robusto que permita un control adecuado sobre este tipo de recursos. Recordaba un poco lo que ha sucedido con el petróleo, es decir, se supone que el petróleo es de la nación. Nuestros mexicanos tienen derecho a recibir beneficios del petróleo; pero ha habido problemas en la distribución de los mismos, es decir, podemos ver cuánto dinero se ha generado desde 1940 y en qué se ha convertido ese dinero. Va a ser tema de mucha discusión, pues vemos la necesidad de construir un marco legal robusto. Y creo que aquí las instituciones públicas, tanto las de investigación como la CONABIO, como las universidades públicas y por supuesto los propietarios de recursos, deben participar en la construcción del sistema legal robusto. En el ámbito internacional el tema se sigue discutiendo, aunque no se llega a acuerdos. En términos de si es posible privatizar recursos comunes o que pertenecen a varias comunidades, surge la pregunta de cómo lograr revalorar el conocimiento tradicional. Y bueno, hay muchas respuestas para muchas cosas, no para todas, pero si para muchas cosas. Muchos males están apareciendo, pero el asunto es esa conflictividad entre lo que debe quedar como privado y lo que debe quedar como público, porque no solamente es el ámbito de discusión en este foro sino también en las mismas comunidades tenemos la discusión de lo que debe quedar en la esfera de lo privado y qué debe quedar en la esfera de lo público. ¡Y qué bueno que ahorita se vaya abriendo esta discusión! ¿no?
3. El conocimiento tradicional sobre biodiversidad y derechos indígenas
Luis Rodríguez-Piñero Royo
"[H]asta que las Partes no reconozcan la existencia de los Pueblos Indígenas,
nuestros Pueblos no estarán en condiciones de proporcionar su consentimiento fundado
previo para la utilización comercial de nuestro conocimiento y recursos ".3
Introducción Este artículo tiene como objetivo describir el marco jurídico internacional que regula (o, que como veremos, no regula) el conocimiento tradicional indígena y –como veremos– no indígena sobre los recursos genéticos de la biodiversidad. Por breve y simple que se pretenda, toda reflexión sobre esta temática debe ir precedida de una serie de consideraciones previas relativas a la propia definición del objeto que la origina. En primer lugar, la definición de este objeto es de por sí arbitraria, y es preciso que esta arbitrariedad sea reconocida. Me he referido en el título de esta presentación al conocimiento tradicional (CT) sobre los recursos genéticos de la biodiversidad.4 Sin embargo, tal y como argumentan de manera consistente los propios pueblos interesados, hay que tomar en consideración que el conocimiento indígena constituye un todo integrado, no susceptible de ser analizado en compartimentos estancos, compartimentos que corresponden además a un sistema de conocimiento no indígena. En los términos de un conocido estudio de Naciones Unidas sobre la materia,
3 Declaración del Foro Internacional sobre Biodiversidad en el Grupo de Trabajo abierto Intersesional sobre acceso y distribución de beneficios Convenio sobre la Diversidad Biológica, 22-26 de Octubre de 2001, Bonn, Alemania. FIIB/CBD/GT-ADB/1/Apertura y recomendaciones/Final, párr. 9. 4 Un documento elaborado por la Secretaría del CDB, como base para las discusiones del Taller sobre Conocimiento Tradicional y Diversidad Biológica (Madrid, 1997), define la expresión "conocimiento tradicional" en diversos términos. Uno que interesa a los fines de este trabajo describe un cuerpo de conocimiento construido por un grupo de personas a través de generaciones y viviendo en contacto directo con la naturaleza. Incluye un sistema de clasificación, una serie de observaciones empíricas sobre el ambiente local, y un sistema de autogestión que regula el uso de los recursos. En el contexto del conocimiento, la innovación es una característica de las comunidades indígenas y locales en la que la tradición opera como un filtro a través del cual se produce la innovación. En este contexto, son los métodos tradicionales de investigación y aplicación, y no siempre elementos específicos del conocimiento las que persisten. Por lo tanto, las prácticas deben ser vistas como manifestaciones de conocimiento e innovación. Doc. UNEP/CBD/TKBD/1/2, págs. 17-23. La traducción es del autor.
Es [...] inapropiado subdividir el patrimonio de los pueblos indígenas en categorías legales separadas, como "cultural", "artístico" o "intelectual" o en elementos separados como canciones, historias, o lugares sagrados. Esto implicaría distintos elementos de protección para distintos niveles de patrimonio. Todos los elementos del patrimonio deberían ser considerados y protegidos como un todo único, interrelacionado e integrado.5
Por lo tanto, al centrarme en el CT relativo a la biodiversidad, incluyo un grado de arbitrariedad que no deja de favorecer a la parte no indígena. Sin embargo, se trata de un ámbito identificable de la discusión en el derecho internacional contemporáneo, y será preciso adaptarnos a sus términos. Por lo mismo, al centrarme en la cuestión de la relación entre el CT y los recursos genéticos, estoy excluyendo un gran número de cuestiones que se encuentran en la intersección entre el derecho internacional y el acervo cultural indígena, como pueden ser la promoción de las lenguas indígenas, el control de la autenticidad de obras de arte indígena, el respeto por lugares sagrados, o la repatriación de objetos ceremoniales y restos humanos. Baste con apuntar que también existen en el derecho internacional contemporáneo desarrollos que pueden ser de gran interés para estas cuestiones, como por ejemplo la actividad conjunta de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en torno a las denominadas Cláusulas Modelo para Leyes Nacionales para la Explotación de Expresiones del Folklore contra la Explotación Ilícita y otras Acciones Perjudiciales. En el mismo sentido, el presente artículo deja de lado la cuestión del derecho de los pueblos indígenas sobre su integridad corporal frente a la colecta de material genético humano. En segundo lugar, el propio título constituye un intento consciente de evadir la utilización del término propiedad intelectual (PI). Como resulta de sobra conocido, el régimen internacional de propiedad internacional (en el que, a su vez, se inspiran los diversos regímenes domésticos) resulta a todas luces insuficiente para acomodar jurídicamente el conocimiento tradicional. Las características esenciales del régimen internacional de PI (i.e. individualidad, tangibilidad, innovación, novedad, temporalidad, y susceptibilidad de aplicación industrial) resultan casi opuestas a las formas indígenas de conocimiento, precisamente caracterizadas, en términos generales, por su carácter comunitario, acumulativo, intangible, intergeneracional e intemporal.
5 "Estudio sobre la Protección de la Propiedad Cultural e Intelectual de los Pueblos Indígenas", por Irene Erica Daes, Relatora Especial y Presidenta del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas, Un Doc. E/CN.4/Sub.2/1993/8, 28 de Julio de 1993, pár. 31. La traducción es del autor.
La oposición es tal que a menudo se prefiere utilizar otras expresiones. El título emplea la expresión CT, pero el nomenclátor es extensísimo. Así, se habla de "patrimonio indígena"6; o de "recursos tradicionales indígenas"7. En algunos foros se habla simplemente de "conocimiento tradicional".8 Como veremos, la OMPI ha acuñado la expresión "recursos genéticos, conocimiento tradicionales y folklore", como elementos separados y mutuamente excluyentes, pero también se refiere a "conocimiento tradicional relacionado con la biodiversidad"9. Por su parte, el Convenio Marco de Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica (CBD), que también analizaremos, se refiere a "los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de comunidades indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica". La contingencia del vocabulario empleado en el discurso jurídico internacional da de por sí sobrada cuenta del intento de ir más allá del estrecho marco del régimen de la PI. En tercer lugar, y en relación con lo anterior, la discusión sobre el conocimiento tradicional escapa de las fronteras de lo indígena. De por sí, el CBD habla ya de "comunidades indígenas y locales que entrañan estilos de vida tradicional". Cuestiones como relativas a la protección del conocimiento tradicional frente a la amenaza de la biopiratería, el acceso a los recursos genéticos, o el reparto equitativo de los beneficios derivados de los recursos genéticos, interesan no sólo a los pueblos indígenas, sino a un gran número de actores, entre otros a los países del Sur, organizaciones sociales y funcionales, grupos ambientalistas, etc. Es más, muchas de las agendas de estos actores entran directa o indirectamente en conflicto con los intereses de los propios pueblos indígenas. Estamos hablando por tanto de asuntos de interés global, incluido un cuestionamiento global del marco de PI existente. Para restringir la discusión al ámbito de lo posible en pocas páginas, prestaré la debida atención a la postura del movimiento indígena internacional respecto al marco internacional regulatorio de la PI, la conservación y uso sostenible de la biodiversidad, y el acceso a los recursos genéticos.
6 El término patrimonio incluye "todas las expresiones de la relación entre los pueblos, la tierra y los otros seres vivos y espíritus que comparten la tierra, y es la base para el mantenimiento de relaciones sociales, económicas y diplomáticas -a través del compartir- con otros pueblos. Todos los aspectos del patrimonio están interrelacionados y no pueden separarse del territorio tradicional de los pueblos interesados. Corresponde a los propios pueblos decidir qué recursos tangibles o intangibles constituyen la herencia de un pueblo indígena en particular. ", Daes, cit. en nota 3. párr. 64. La traducción es del autor. 7 Darrel E. Posey y Graham Duffield, Beyond Intellectual Property: Toward Traditional Resources Rights for Indigenous Peoples and Local Communities, Ottawa, International Development Research Centre, IDRC, 1996. 8 E.g. Panel sobre Conocimiento Tradicional y Recursos Genéticos (Madrid, 1997), convocado por el Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico. 9 "Traditional bio-diversity related knowledge". Vid. e.g. UNEP/CBD/WG8J/1/2, párr. 3.
En cuarto y último lugar, es preciso resaltar que la respuesta del derecho internacional a las cuestiones relacionadas con el CT se encuentra todavía en fase de articulación. La respuesta a la pregunta cuál es la norma que regula los derechos derivados del CT sobre la biodiversidad es simple: ninguna. Por las razones que ahora veremos, ni siquiera el CBD, en su estado actual, constituye una respuesta adecuada a las muchas cuestiones abiertas. Nos encontramos más bien con un conjunto disperso de elementos normativos, y, sobre todo, de procesos de definición de estándares internacionales que se desarrolla en una pluralidad de marcos institucionales. Se trata de procesos además temporalmente muy recientes. Sin embargo, a efectos de la claridad de la exposición, me centraré sólo tres procesos de definición de estándares en la materia: la implementación del artículo 8(j) del CBD; los TRIPs; y las actividades llevadas a cabo por la OMPI, prestando un especial énfasis en la primera. Habría que dejar claro que estos tres procesos, si bien son los más importantes, no agotan en absoluto la discusión contemporánea relativa a los derechos derivados del conocimiento indígena sobre la biodiversidad. Una lista completa nos llevaría a incluir, entre otras, las actividades desarrolladas por el Banco Mundial; la Unión Internacional para la Protección de Variedades de Plantas (UPOV, en sus siglas en inglés); la labor de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) a favor de los derechos de los agricultores (especialmente a través del Compromiso Internacional sobre Recursos Fitogenéticos, revisado en Junio de 2001, o el reciente Tratado sobre Recursos Fitogenéticos Relativos a la Agricultura y la Alimentación, aprobado el 13 de Noviembre de 2001); el proceso de implementación del Convenio contra la Desertificación10 o de los Principios sobre los Bosques11, ambos emanados, al igual que el CDB de la Cumbre de Naciones Unidas sobre Desarrollo y Medioambiente de 1992; o incluso, como se viene demandando por parte del movimiento indígena
10 El Convenio contra la Desertificación incluye una referencia explícita en su articulado al conocimiento tradicional. De acuerdo con su artículo 17.3, los estados parte deben "proteger, integrar, promover y validar el conocimiento tradicional y local", así como asegurar que los dueños y dueñas de este conocimiento se beneficiarán de su uso en "términos mutuamente acordados". Sobre la base de esta disposición, la segunda Conferencia de las Partes (1997) ha iniciado una serie de iniciativas de investigación en relación con el conocimiento tradicional. Vid. e.g. Informe del Panel de Expertos sobre Conocimiento Tradicional, ICCD/COP·/CST/3, 1999. 11 El principio 5 de los Principios de los Bosques establece que las políticas forestales nacionales deben apoyar la identidad, cultura y derechos de los pueblos indígenas, sus comunidades, al tiempo que deben participar económicamente en su explotación. La labor de implementación del Convenio corresponde a la Comisión sobre Desarrollo Sostenible (CDS), creada en Río en el marco del Programa de Naciones Unidas sobre Medioambiente. Por su parte, la CDS ha creado, sucesivamente, un Panel Intergubernamental sobre Bosques (PIB), y un Foro Intergubernamental sobre Bosques (FIB), ambos encargados de considerar asuntos relacionados con el uso sostenible de éstos. En su cuarta sesión (Nueva York, 1999) el FIB diseñó un Programa de Trabajo en el que se incluye, inter alia, el estudio del papel del "conocimiento tradicional relacionado con los bosques". Informe de la Cuarta Sesión del Foro Intergubernamental sobre Bosques, E/CN.17/IFF/2000, Nueva York, 31 Enero - 11 Febrero de 2000.
internacional, las actividades relacionadas con la implementación del Convenio Internacional contra el Cambio Climático y el Protocolo de Kyoto.12 Una vez hechas estas salvedades, podemos entrar sin más en el análisis de la que constituye, hasta la fecha, la norma internacional más relevante relativa a la protección del CT sobre la biodiversidad, el ya referido CDB. El CDB y los derechos indígenas Hasta la fecha, el régimen jurídico internacional que regula los derechos de los pueblos indígenas mantiene silencio con relación a los derechos derivados del conocimiento que estos pueblos han elaborado a través de generaciones en relación con los recursos existentes en la biodiversidad. Las dos únicas normas jurídico-vinculantes existentes en la actualidad específicamente consagrados a estos pueblos (los Convenios No. 107 y 169 de la Organización Internacional del Trabajo, adoptados en 1957 y 1989 respectivamente), no hacen mención expresa a estos derechos, entre otras razones porque la discusión contemporánea sobre esta materia ha sido articulada durante los años noventa. Mención expresa a la cuestión sí encontramos en el artículo 29 del Proyecto de Declaración de Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas, en los siguientes términos: Los pueblos indígenas tienen derecho a que se les reconozca plenamente la propiedad, el control y la protección de su patrimonio cultural e intelectual, sus tradiciones orales, las literaturas, los diseños y las artes visuales y dramáticas. Sin embargo, mientras el Proyecto de Declaración Universal continúe en fase de discusión en el seno del Grupo de Trabajo ad hoc de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y, subsecuentemente, de su adopción por la Asamblea General, la regulación internacional sobre los derechos de los pueblos indígenas derivados del CT sobre la biodiversidad habrá de buscarse en otra sede. Como resulta de sobra conocido, esta sede no es otra que el CBD. El Convenio se adoptó, por vía de urgencia, en junio de 1992, en el marco de la Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre Ecología y Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro. Entró en vigor el 29 de diciembre de 1993, y desde entonces ha sido ratificado por 181 países. Conforme a lo que establece su artículo 1, los objetivos del Convenio son la conservación y uso sostenible de la biodiversidad, así como el reparto equitativo de los beneficios derivados de la explotación de los recursos biogenéticos. 12 Vid. e.g. Declaración de los representantes indígenas asistentes a la VII Conferencia de las Partes del Convenio Marco sobre Cambio Climático (Marrakesh, 29 de Octubre al 9 de Noviembre de 2001), 5 de Noviembre de 2001.
El papel de los pueblos indígenas en la conservación y uso sostenible de la biodiversidad constituyó desde luego una referencia constante en las discusiones de Río. Después de todo, resulta de sobra conocida la correlación (a todas visas no casual) existente entre la diversidad cultural que representan las culturas indígenas vivas y la preservación de la diversidad ecológica del planeta. No es tampoco desconocido, y no lo fue desde luego para las delegaciones presentes en Río, el papel fundamental que juega el conocimiento transmitido tradicionalmente para la investigación biotecnológica. La contribución de los pueblos indígenas a la conservación de la biodiversidad se plasmó en el Principio 22 de la Declaración de Río y en el Capítulo 26 de la denominada Agenda 21, el ambicioso plan de trabajo para la protección y uso sostenible de la biodiversidad que emana de la Cumbre de Río. Mientras tanto, los pueblos indígenas no tomaron parte efectiva en la elaboración de los distintos documentos e instrumentos jurídicos producidos en Río. Las demandas no satisfechas de los pueblos indígenas quedaron plasmadas en las conocidas Carta de la Tierra y la Declaración sobre Territorio, Medioambiente y Desarrollo de Kari-Oka, la ciudad adyacente a Río donde se reunieron las distintas delegaciones indígenas. Por lo que se refiere al CDB, las referencias a los pueblos indígenas son significativamente escasas. El Preámbulo del Convenio reconoce "la estrecha y tradicional dependencia de muchas comunidades locales y poblaciones indígenas que tienen sistemas de vida tradicionales basados en los recursos biológicos".13 Este principio general se plasma especial (aunque no exclusivamente14) en sólo una disposición legal, el famoso artículo 8(j), cuya redacción tampoco contó con la participación de los pueblos indígenas. El artículo se refiere efectivamente a los pueblos indígenas, aunque con otro nombre: Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda: (...) (j), con arreglo a su legislación nacional, respetará, preservará y mantendrá los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica y promoverá la aplicación más amplia, con la aprobación y la participación de quienes posean estos conocimientos, innovaciones y prácticas, y fomentará que los beneficios derivados
13 CDB, Preámbulo. El Énfasis es mío. 14 Otras disposiciones conexas del CDB en relación con los "conocimientos, prácticas e innovaciones" de "comunidades indígenas y locales" son el artículo 10(c) (protección y promoción del uso de los recursos biológicos de acuerdo a prácticas culturales tradicionales compatibles con la conservación y uso sostenible de la de biodiversidad); el artículo 17(2) (intercambio de información relativo al conocimiento indígena y tradicional); y el artículo 18(4) (desarrollo de la cooperación para el desarrollo y uso de las tecnologías indígenas y tradicionales).
de la utilización de esos conocimientos, innovaciones y prácticas se compartan equitativamente. El artículo establece por tanto tres principios. Primero, el principio de respeto y conservación del CT relativo a (y en beneficio de) la biodiversidad. Segundo, el principio de difusión de este CT. Y tercero, el principio de participación en los beneficios derivados de su utilización. En contra de la opinión generalmente difundida, el artículo 8(j) no otorga de manera directa derechos a los pueblos indígenas sobre el conocimiento derivado de la diversidad biológica, ni mucho menos sobre los recursos naturales. Son aspectos éstos que no se conciben en un texto de las características del Convenio. Son otros los objetivos. Entre las disposiciones conexas en el orden jurídico internacional, cabe mencionar el artículo 17 del Convenio contra la Desertificación, o el principio 5 de los Principios sobre los Bosques, ambos también fruto de la Cumbre de Río, que han generado estructuras y procesos independientes de implementación, por lo general dentro de la órbita conceptual del propio CDB.15 La sección j del artículo 8 plantea una serie de importantes interrogantes, y así ha sido puesto de manifiesto consistentemente tanto por la doctrina como por el movimiento indígena internacional en multitud de ocasiones. Se trata, en primer lugar, de un problema de contexto. El artículo se coloca dentro del marco general del CDB, y esto significa colocarlo bajo sus principios rectores generales y, en particular, bajo el principio de soberanía estatal sobre los recursos de la biodiversidad (artículos 3 y 15.1); un principio que, si bien constituye la expresión de la soberanía económica de los países del Sur vis á vis los países del Norte, pone también fin al principio tradicional de que todos los recursos genéticos son propiedad de la humanidad en su conjunto. Las partes del Convenio, conviene no olvidarse, son los estados, no los pueblos. Es a ellos a quienes se les reconoce la última palabra para disponer de los recursos existentes dentro de sus fronteras, incluidos los recursos naturales existentes en los territorios indígenas de los pueblos y el conocimiento tradicional sobre la utilización de estos recursos. Los propios términos de redacción del artículo no dejan lugar a dudas. Los objetivos de respeto al CT, así como de participación en los beneficios de su explotación, se encuentran explícitamente supeditados al arbitrio de "cada Parte Contratante" (es decir, de cada estado), que los tendrá en cuenta sólo "en la medida de los posible y según proceda", y siempre "con arreglo a su legislación nacional". Para muchos grupos indígenas, y posiblemente el temor se encuentre plenamente justificado, el Convenio aumenta el poder de la parte estatal para controlar y explotar indiscriminadamente los territorios y recursos indígenas,
15 Vid. supra, notas 7 y 8.
y, en particular, promueve la concertación de acuerdos entre los estados y compañías bioprospectoras para permitir el acceso a estos recursos y territorios.16 El segundo problema es también de orden contextual. El reconocimiento del papel de los pueblos indígenas en la conservación y uso sostenible de la biodiversidad se realiza en el marco del artículo 8, que lleva como expresivo título "Conservación in situ". El artículo habla de "comunidades indígenas y locales" al mismo tiempo que se refiere a la "conservación de áreas protegidas"; la "conservación de la biodiversidad biológica"; la protección y rehabilitación de ecosistemas y hábitats; o la protección de "especies y poblaciones amenazadas". Colocar a los pueblos indígenas en este contexto supone al menos una representación de los pueblos como entidades culturales fijas, e inmutables, susceptibles de conservación en términos que no difieren substantivamente de la conservación de las especies amenazadas. La propia expresión "comunidades indígenas y locales que entrañan estilos de vida tradicionales" de por sí circunscribe el reconocimiento del CT al mantenimiento de un estilo de vida tradicional, una asociación entre el reconocimiento de derechos y el mantenimiento de un estilo determinado de vida con efectos potencialmente muy negativos para los primeros.17 Un tercer problema es el problema de los sujetos. Inexplicablemente (o, bien al contrario, bastante explicablemente), el Convenio evade expresamente el término pueblos indígenas (que encontramos ya en el Convenio No 169 y en el muchas instancias de Naciones Unidas), y se refiere a "comunidades indígenas". Si bien bastante recurrente en la práctica legal y administrativa de los países latinoamericanos, el término comunidad indígena es extraño al vocabulario jurídico internacional, así como a la práctica de otras regiones geográficas, creando así importantes problemas de interpretación.18 Para muchos y muchas, el trueque terminológico ha sido interpretado como un intento de disociar la cuestión del CT de los estándares internacionales relativos a los derechos de los pueblos indígenas. Por último, el Convenio introduce un término que tampoco encuentra precedente en el derecho internacional, el de "comunidad local", que queda también sin definir. Un cuarto problema es de nuevo de orden interpretativo. ¿Qué significa la "aprobación" y la "participación" de las "comunidades indígenas y locales"? ¿Cómo se substancia el principio del reparto equitativo de beneficios? Esta falta de
16 International Alliance of Indigenous Peoples (IAIP), "The Biodiversity Convention: The Concerns of IPs", http://www.gn.apc.org/iaip/IFB/cdd-ip~1.htm, pág. 1. Consideraciones en esta misma línea han sido elaboradas por la Indigenous People's Biodiversity Network (IPBN), vid. "Indigenous Peoples, Indigenous Knowledge and Innovations and the Convention on Biological Diversity", http://www.cbik.org/UpfileDocuments/IP_biodiversity.htm. 17 Ibidem, pág. 3. 18 Ibidem, pág. 4
definición resulta aún más grave si se contempla la falta de mención expresa a los pueblos indígenas en el artículo 15 del Convenio, que regula las condiciones de acceso a los recursos genéticos y que sujeta este acceso al consentimiento previo e informado (PIC, en sus siglas en inglés) de la Parte Contratante que "proporciona" estos recursos. ¿Cuál es la relación entre este "consentimiento previo informado" de la parte estatal y la "aprobación" de la parte indígena, sujeta siempre a la discrecionalidad de la primera? En el contexto de incertidumbre respecto al contenido exacto del artículo 8(j), mucho depende de su implementación. Como resulta conocido, el CDB establece su propio mecanismo internacional de seguimiento, como la mayor parte de los instrumentos internacionales adoptados en el seno de Naciones Unidas. El Convenio establece 3 órganos básicos: la Secretaría (artículo 24), la Conferencia de las Partes (COP) (artículo 23) y el Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico OSCTT (artículo 25). Dentro de la lógica estatista del Convenio, la reunión anual de estados en la COP es la encargada genérica de examinar y tomar todas las medidas necesarias para la consecución de los objetivos del Convenio. A lo largo de casi una década, la estructura de la implementación del Convenio ha llegado a un alto nivel de especialización y complejidad. La implementación del Convenio se ha dividido en cinco ámbitos temáticos (biodiversidad marina y de zonas costeras; biodiversidad agrícola; biodiversidad forestal; aguas interiores; y zonas secas y semi-húmedas), así como en una serie de asuntos transversales (bioseguridad; acceso a recursos genéticos; artículo 8j; derechos de propiedad intelectual; indicadores, taxonomía; educación pública y sensibilización; incentivos; y especies exóticas). Hay quien opina incluso que esta complejidad creciente responde a una estrategia deliberada de fragmentación.19 A nuestros efectos, a parte obviamente de las distintas recomendaciones de la COP, existen dos líneas de trabajo que nos interesan; en primer lugar, una línea de trabajo específicamente dedicada al artículo 8(j), que comienza en 1997, con la organización de un Taller sobre Conocimiento Tradicional y Biodiversidad Biológica. Las conclusiones de este taller llevaron a la cuarta sesión de la Conferencia de las Partes (Bratislava, 1998) a la creación de un órgano de denominación compleja: el Grupo de Trabajo ad hoc Intersesional de Composición abierta sobre el Artículo 8(j) y otros Artículos Relacionados del Convenio sobre Diversidad Biológica (Grupo de Trabajo sobre el 8j)20. El Grupo de Trabajo tiene como misión, inter alia, fungir como órgano consultor para el desarrollo de normas legales y otras formas de protección. En el momento de escribir estas líneas, el 19 Patricia Borraz, 2001, "Some considerations concerning the debate on IPRs, Biodiversity and TK-Related to IPs", mimeo, párr. 14. 20 COP-4 (Bratislava, 1999), Recomendación IV/9.
Grupo de Trabajo se ha reunido una sola vez (Sevilla, Marzo de 2000). En paralelo, en el delicado asunto del reparto de beneficios, se han celebrado dos reuniones de un Panel de Expertos sobre Acceso a Recursos Genéticos y Reparto de Beneficios, que a su vez han conducido a la conformación de un Grupo de Trabajo ad hoc sobre Acceso a Recursos Genéticos y Reparto de Beneficios (Grupo de Trabajo sobre Acceso)21 que se reunió por primera vez en Bonn, Alemania, en Octubre de 2001. Por su parte, tanto la sociedad civil como el movimiento indígena internacionales han participado, no sin cierto grado de efectividad, en las discusiones relativas a la implementación del CDB. Existe, por ejemplo, un Foro Global sobre Biodiversidad (FGB), que se reúne en torno a las distintas actividades de implementación del Convenio, y que se integra, entre otros, por organizaciones no gubernamentales ambientalistas y de desarrollo, así como otros movimientos sociales, incluidas organizaciones indígenas. Siguiendo este modelo, y sobre la base del rico tejido asociativo internacional derivado de la experiencia en el seno de Naciones Unidas, el movimiento indígena internacional se ha constituido en un Foro Indígena Internacional sobre Biodiversidad, convocado por primera vez con motivo de la COP-3 (Buenos Aires, 1996). El FIIB tiene como objetivo incidir en la aplicación del artículo 8(j) y de otras secciones del Convenio relativas a la protección del CT y el acceso a los beneficios derivados de su explotación. Al igual que el FGB, el FIIB se reúne con ocasión de las distintas reuniones relativas a la implementación del CDB, y ha demostrado tal tesón en sus actividades que incluso la COP-5 ha reconocido abiertamente el importante papel que ha desempeñado.22 A través de las declaraciones del Foro, el movimiento indígena internacional ha denunciado constantemente las graves limitaciones del Convenio. Esta denuncia quedó plasmada en la declaración emanada de la segunda reunión del FIIB (Madrid, Noviembre de 1997), en que se afirmaba que los pueblos indígenas "[n]o nos relacionamos a [sic] la Tierra como propiedad, la relacionamos como nuestra Madre"23, y se denunciaba la "falta de reconocimiento de los pueblos indígenas como pueblos con derechos a priori y por lo tanto como partes al Convenio y su implementación"24; la "falta de plena participación de los pueblos indígenas en los procesos relacionados con el Convenio sobre Biodiversidad Biológica"25 y la "falta de vinculación del artículo 8 (j) con otros instrumentos internacionales que tratan 21 COP-5 (Nairobi, 2000), Decisión V/26 A-C. 22 COP-5 (Nairobi, 2000), Recomendación V/16, Preámbulo, UNEP/BD/COP/5/23, pág. 139. Sin embargo, el FIIB no es parte oficial en el proceso de implementación del Convenio. En este sentido, la COP también ha invitado al movimiento indígena a participar en el Grupo de Trabajo sobre el artículo 8(j). Recomendación V/16, UNEP/BD/COP/5/23, pág. 140, párr. 5. 23 Documento Final de Segundo Foro Indígena Internacional sobre la Biodiversidad, Madrid 20-23 Noviembre 1997, UNEP/CBD/TKBD/1/3, Anexo I, Preámbulo. 24 Ibidem, párr. 1. 25 Ibidem, párr. 4.
de los derechos de los pueblos indígenas"26. Sin embargo, a pesar de estas importantes y evidentes fallas, el movimiento indígena internacional es sumamente consciente del gran efecto potencial que tienen las disposiciones del Convenio sobre el día a día de los pueblos. De acuerdo con una reciente declaración del Foro, "[e]l Convenio sobre la Diversidad Biológica fue negociado sin la participación de los Pueblos Indígenas. Sin embargo, el Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad ha estado siguiendo el trabajo del Convenio durante varios años con mucho interés, porque el Convenio tiene implicaciones graves para todos los pueblos indígenas de todo el mundo y suscita grandes preocupaciones para nuestros pueblos"27. En este sentido, la constitución del FIIB representa, ante todo, un acto de pragmatismo. A través de sus múltiples reuniones, el Foro Indígena ha elaborado una agenda de reivindicaciones relativas a la interpretación e implicaciones, así como al propio proceso de implementación del Convenio. Esta agenda puede sintetizarse en seis puntos fundamentales. En primer lugar, el movimiento indígena internacional ha denunciado la falta de participación indígena en el proceso de discusión y redacción del Convenio. Esta denuncia se traduce en un llamamiento a "desarrollar mecanismos para asegurar la participación" de los pueblos indígenas en los distintos procesos de implementación del Convenio, tanto en el ámbito internacional (i.e., en la COP y en los diversos grupos de trabajo) como en el doméstico.28 En segundo lugar, el movimiento indígena internacional ha abogado por una interpretación integral del Convenio, a la luz de otros estándares jurídicos internacionales y, en particular, a la luz de los derechos internacionalmente reconocidos a los pueblos indígenas: "El reconocimiento legal de los derechos de los pueblos indígenas es el modo más efectivo de asegurar el respeto, la preservación y el mantenimiento del conocimiento, innovaciones y prácticas de los pueblos indígenas y las comunidades locales".29 De acuerdo con el movimiento indígena internacional, los conocimientos, innovaciones y prácticas relacionadas con la diversidad biológica son indisociables de la relación de los pueblos con sus tierras y territorios. Desde esta perspectiva, la conservación y uso sostenible de la biodiversidad se encuentran estrechamente vinculados al reconocimiento y respeto al derecho de los pueblos indígenas a la autodeterminación, al control sobre sus territorios y recursos naturales, y al reconocimiento de las instituciones legales y políticas de los pueblos indígenas. Por lo mismo, toda discusión sobre el reparto equitativo de beneficios carece de sentido 26 Ibidem, párr. 14. 27 Declaración del Foro Internacional sobre Biodiversidad, cit en nota 1, Preámbulo. 28 Ibidem, párr. 2 (e). 29 Ibidem, anexo I, pág. 5.
si no se basa en la conexión entre territorio, cultura y identidad. En último término, tal y como es demandado constantemente por el movimiento indígena internacional, no puede desvincularse el proceso de implementación del CDB y el proceso de (no) discusión del Proyecto de Declaración Universal de los Derechos de los pueblos indígenas en la Comisión de Derechos Humanos, en sede de la Organización de las Naciones en Naciones Unidas. 30 En este contexto, el Foro Indígena Internacional ha abogado consistentemente por el uso de la expresión "pueblos indígenas y comunidades locales", haciendo por tanto énfasis en el hecho de que los pueblos indígenas son pueblos, y por tanto en la naturaleza colectiva de sus derechos. El término "pueblos indígenas" ya comienza a utilizarse en las resoluciones de las Conferencia de las Partes (COP) del Convenio. Una tercera constante de la agenda del movimiento indígena internacional ha sido y es la interpretación holística del CT: "Nuestro conocimiento de la biodiversidad es indivisible de nuestras identidades, leyes, instituciones, sistemas de valores y cosmovisiones como pueblos indígenas."31 En este sentido, el FIIB ha llegado incluso a demandar la inclusión de asuntos tan aparentemente ajenos a la letra del artículo 8(j) como la protección del patrimonio histórico-cultural, el fomento de las lenguas indígenas o la educación bilingüe.32 En cuarto lugar, un tópico continuo del FIIB ha sido el rechazo del régimen convencional de PI ("nuestro conocimiento colectivo no es una mercancía que se puede comercializar como cualquier objeto en el mercado"), acompañado de la demanda de desarrollo de sistemas sui generis de protección del CT.33 Estos
30 IAIP, op. cit. en nota 14, págs. 2-3. 31 Declaración del Foro Internacional sobre Biodiversidad, cit. en nota 1, párr. 6. 32 Ibidem, párr. 10. 33 Ibidem, párr. 6 (a). Sistemas sui generis (una expresión cuyo uso en la práctica jurídica internacional se deriva del art. 27.3.b de los TRIPs) son todos aquellos que difieren del régimen convencional de PI; incluyendo aspectos como el reconocimiento de la propiedad comunal; reconocimiento de derechos sobre el conocimiento independientemente de que se trate de asuntos de dominio público; la diferenciación entre la propiedad de los recursos genéticos y la propiedad del conocimiento sobre estos recursos; la presunción de que el uso de recursos genéticos implica el uso de CT asociado a éstos; el establecimiento de bancos de datos o bibliotecas virtuales sobre CT, etc. Para una discusión al respecto, vid. el Informe del Primer Panel de Expertos sobre Acceso y Reparto de Beneficios (San José, 1999), UNEP/CBD/COP/5/8, Anexo VI. Véase también, Gurdial Singh Nijar, "Legal and Practical Perspectives on Sui Generis Options", http://www.twnside.org.sg/title/generis-cn.htm- En el ámbito del derecho internacional privado, el ejemplo más comúnmente citado es el de las Cláusulas Modelo para Leyes Nacionales para la Explotación de Expresiones del Folklore contra la Explotación Ilícita y otras Acciones Perjudiciales Modelo, elaboradas conjuntamente por la OMPI y la UNESCO. En el derecho comparado, los ejemplos más comúnmente citados son los modelos de legislación elaborados en el seno de la Organización por la Unidad África (OUA) o por la
regímenes deben ser además lo suficientemente flexibles para poder acomodar las distintas prácticas consuetudinarias indígenas asociadas a la conservación y reproducción del conocimiento: en realidad, no debería existir un régimen sui generis, sino una pluralidad de ellos, tantos como sistemas consuetudinarios indígenas.34 Cabe señalar, sin embargo, que no existe un claro consenso entre los distintos grupos indígenas a este respecto. No son pocos los grupos indígenas (pertenecientes por lo general a países desarrollados de América del Norte y América del Norte) que han hecho un uso instrumental de las ventanas de oportunidad abiertas en los intersticios del régimen convencional de PI, a través de la constitución de empresas privadas a efectos de la creación de patentes, marcas o certificados de origen cultural. En quinto lugar, el llamamiento al desarrollo de regímenes sui generis de protección de los derechos derivados del conocimiento indígena sobre la biodiversidad va normalmente acompañado de un llamamiento a una moratoria en el acceso y patentes de los recursos genéticos existentes en territorios indígenas: "Imponer una moratoria en toda la bioprospección y/o la recolección de materia biológica en los territorios de los pueblos indígenas y áreas protegidas y el patentamiento [sic] basado en estas recolecciones, hasta que sistemas sui generis aceptables sean establecidos por los pueblos indígenas".35 La sexta demanda del FIIB es la interpretación del artículo 8(j) a la luz de la noción de consentimiento previo informado (PIC, en sus siglas en inglés), incluido el derecho a la objeción, es decir, el derecho a decir no.36 Como se apuntó arriba, el consentimiento previo informado es reconocido en el Convenio exclusivamente a las partes contratantes, es decir, a los estados-nación, mientras que se reconoce la "aprobación" y "participación" de los pueblos indígenas, siempre dentro del ámbito de discrecionalidad de las partes contratantes. El movimiento indígena ha demandado consistentemente que no debe haber acceso al conocimiento, innovaciones y prácticas indígenas sin el consentimiento previo informado de los propios pueblos, y que este consentimiento es además una condición necesaria para toda discusión acerca del reparto de beneficios.37 ¿En qué consiste el
Comunidad Andina, así como la Ley sobre Diversidad y la reforma a la Ley de Patentes en India, ambas del año 2000. 34 Borraz, op. cit. en nota 17, párr. 12. 35 Declaración del Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad en el Grupo de Trabajo Abierto Intersesional sobre Acceso y Distribución de Beneficios, Convenio sobre Diversidad Biológica, 22-26 Octubre de 2001, Bonn, Alemania. FIIB/CBD/GT-ADB/1/Apertura y recomendaciones/Final, párr. 6. 36 Ibidem, párr. 7(a). 37 IAIP, op. cit. en nota 14, pág. 2.
consentimiento previo e informado? El artículo 15 del CDB no proporciona una definición. Sin embargo, la parte indígena sí ha proporcionado su propia versión.38 En relación con lo anterior, el FIIB ha demandado en repetidas ocasiones que los estados parte deben llevar a cabo actividades de capacitación, encaminadas al fortalecimiento institucional y de la capacidad de negociación.39 Desde su perspectiva, no es posible hablar de un reparto minimamente "equitativo" de beneficios sin la necesaria información y formación técnica y legal que coloque en una situación de horizontalidad a la parte indígena respecto a la parte biosprospectora.40 ¿Cuál es el estado de la cuestión en lo relativo a la implementación del CDB? ¿En qué punto se encuentra el debate? De una parte, el Grupo de Trabajo sobre el 8(j) ha elaborado un Programa de Trabajo sobre la Implementación del 8(j), adoptado a su vez por la COP en su quinta sesión (Nairobi, 2000). El Programa de Trabajo sobre la Implementación del 8(j) cuenta con el respaldo del FIIB, en la medida en que ha reconocido expresamente lo que durante años ha venido demandando el movimiento indígena internacional, como por ejemplo que "la conservación de conocimientos, innovaciones y prácticas de las comunidades indígenas y locales es dependiente del mantenimiento de identidades culturales y la base material que los sustenta";41 o "la importancia fundamental de asegurar la participación efectiva y completa de las comunidades indígenas y locales en la implementación del artículo 8(j) y disposiciones conexas".42 En este orden de cosas, el Programa de Trabajo ha dado prioridad a aspectos como el desarrollo de mecanismos tendentes 38 De acuerdo con un reciente documento del FIIB, el consentimiento previo informado debe contener los siguientes elementos: (1) Todos los miembros de las comunidades afectadas consienten en la decisión. (2) El consentimiento está determinado de acuerdo con las leyes, prácticas y derechos consuetudinarios. (3) Que no existe manipulación externa, interferencia o coerción. (4) Plena información sobre la intención y alcance de la actividad. (5) Las decisiones se hacen en un lenguaje y en un proceso comprensible para las comunidades. (6) Las autoridades tradicionales y las instituciones representativas de los pueblos indígenas deben estar implicadas en todas las etapas del proceso de consentimiento. (7) El derecho al libre consentimiento fundamentado previo incluye el derecho a decir NO [énfasis en el original]. Declaración del Foro Indígena sobre la Biodiversidad, cit en nota 1, Anexo I. 39 Ibidem, párr. 9(a). 40 IAIP, op. cit. en nota 14, pág. 2. 41 COP-5 (Nairobi, 2000), Recomendación V/16, UNEP/BD/COP/5/23, párr. 17. La traducción es mía. 42 Ibidem, Preámbulo. Sin embargo, los estados parte no han accedido a la participación directa de los pueblos indígenas en la propia COP. Con todo, la COP ha invitado reiteradamente a que las partes incluyan en sus delegaciones tanto en el Grupo de Trabajo sobre el 8(j) como en el de Acceso y Reparto de Beneficios (Vid. Decisiones IV/9 párr. 3,4 y 12; V/16, párrs. 5 y 18; respecto al primero; y IV/8, párr. 3; V/26A párr. 11, respecto al segundo).
a "fortalecer la capacidad de los pueblos indígenas y comunidades locales para estar efectivamente implicadas en el uso de su conocimiento tradicional"43 y, en general, a la promoción de "la participación efectiva de las comunidades indígenas y locales en la toma de decisiones, la planificación de políticas y el desarrollo e implementación de la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica a los niveles internacional, regional, subregional, nacional o local, incluido el acceso y reparto de beneficios"44. Asimismo, el Programa de Trabajo atribuye al Grupo de Trabajo la responsabilidad de desarrollar directivas y modelos de legislación relativos, inter alia, a la participación de comunidades indígenas y locales en el acceso a beneficios y la prestación del consentimiento previo informado de estos pueblos,45 así como a la regulación de sistemas sui generis de regulación del conocimiento relativo a los recursos genéticos.46 En lo que se refiere al acceso a los recursos genéticos y reparto equitativo de los beneficios derivados de su explotación, hasta la fecha el único movimiento del Grupo de Trabajo ad hoc ha sido la elaboración de un Borrador de Directivas relativas al Acceso a los Recursos Genéticos y Reparto Equitativo y Justo de Beneficios Resultantes de su Utilización, también conocidas como las Directivas de Bonn.47 Pendientes de ser formalmente adoptadas por la próxima reunión de la COP, estas directivas, de carácter enteramente voluntario, pretenden fungir de guía para la celebración de acuerdos entre el estado parte de origen y el agente de bioprospección. Las directivas de Bonn incluyen mención expresa de la "participación efectiva" de los pueblos indígenas,48 el "respeto a [sus] costumbres, tradiciones, valores y prácticas consuetudinarias";49 la necesidad de dotarlos de "información adicional"50; el envolvimiento de los o las representantes de estos pueblos por medio de los "procedimientos consultivos adecuados"51; o la necesidad de tomar en cuenta las "consideraciones éticas" derivadas del conflicto entre la bioprospección y las formas indígenas de conservación y transmisión del conocimiento tradicional.52 Sin embargo, en clara contraposición con la acogida
43 Programa de Trabajo sobre la Implementación del Artículo 8(j) y Disposiciones Conexas del Convenio sobre Diversidad Biológica, UNEP/BD/COP/5/23, Anexo I, Tarea No. 1. La traducción es del autor. 44 Ibidem, Tarea No. 2. 45 Ibidem, pág. 144, Tarea No. 7. 46 Tarea No. 12. 47 COP-6 (La Haya, 2002), UNEP/CBD/COP/6/6, Anexo a Recomendación I. La traducción es del autor. 48 Ibidem, párr. 12 (g). 49 Ibidem, párr. 14 (b) (ii). 50 Ibidem, párr. 17. 51 Ibidem, párr. 41 (a). 52 Ibidem, párr. 24(d)
dispensada al Programa de Trabajo sobre la implementación del artículo 8(j), el Foro Indígena ha rechazado de forma categórica las directivas de Bonn, en tanto que ignoran muchas de las demandas fundamentales del movimiento indígena en relación con la cuestión del acceso y reparto de beneficios. En particular, las directivas no recogen la demanda de identificación clara de las partes involucradas en estos acuerdos, que pasa por el reconocimiento previo de los pueblos indígenas y de sus derechos colectivos como condición necesaria para la realización de acuerdos de prospección y explotación de los recursos genéticos. Asimismo, las directivas son ciertamente parcas con relación a la prestación del consentimiento previo e informado por la parte indígena. El consentimiento de los pueblos ("comunidades") interesados debe otorgarse siempre "como sea apropiado a las circunstancias" (siendo obviamente la parte estatal la responsable de delimitar este extremo), y siempre en el marco de la legislación nacional.53 En resumen, en ausencia de otras regulaciones, el Convenio sobre Diversidad Biológica constituye, en el derecho internacional contemporáneo, el ámbito normativo (extremadamente limitado aunque todavía en pleno proceso de elaboración) en el que se desarrolla la discusión sobre los derechos derivados del CT indígena sobre la biodiversidad. ¿En qué momento nos encontramos dentro de este proceso de elaboración normativa? Gracias en gran medida a la iniciativa del movimiento indígena internacional, el CDB está siendo interpretado (y, por lo tanto, transformado) bajo una perspectiva tendente a integrar a los pueblos indígenas como sujetos directamente interesados en todo proceso relativo al acceso y utilización de su CT, y, por lo tanto, como sujetos relevantes a efectos de la prestación del consentimiento previo informado en estos procesos. Como el Programa de Trabajo relativo a la Implementación del Artículo 8(j), existe un consenso internacional acerca de la relación del CDB y los estándares internacionales (ya en tratados internacionales, ya como norma de derecho consuetudinario internacional) relativos a los derechos de los pueblos indígenas. Con todo, es mucho lo que resta para la puesta en práctica de las disposiciones del CDB de forma efectiva. El propio énfasis en el carácter gradual y consensuado del proceso de implementación del Convenio lleva a avances extremadamente parsimoniosos. El propio Programa de Trabajo aprobado por las partes en torno al artículo 8(j) ha hablado de "la necesidad de una aproximación de largo plazo" 54. Por otra parte, la propia complejidad de la materia en consideración y la pluralidad de intereses involucrados, unido a la disgregación de actores y espacios encargados de la implementación del Convenio en sus distintos aspectos, lleva a respuestas no siempre homogéneas con relación a las demandas del movimiento indígena. En este sentido, las Directivas de Bonn constituyen una buena muestra de las rémoras existentes cuando se trata de llevar el reconocimiento de los pueblos 53 Ibidem, págs. 17-19. 54 COP-5 (Nairobi, 2000), cit. en nota 38, Preámbulo. La traducción es del autor.
indígenas y de sus derechos a la práctica frente a cuestiones que tocan directamente a los intereses económicos de las estados parte, al tiempo que ponen de manifiesto la dificultad de traspasar los límites conceptuales impuestos por el régimen internacional de PI que da contexto al CDB. Tal y como ha sido recientemente denunciado por el Foro Indígena sobre Biodiversidad, "en estos momentos se está haciendo un énfasis desproporcionado sobre los valores comerciales y económicos de la biodiversidad, a través de los derechos de propiedad intelectual, en detrimento de la conservación de sus valores culturales y espirituales"55. Para dar buena cuenta de esto, sin embargo, es necesario que consideremos el contexto jurídico y económico internacional en que se coloca toda discusión relativa al CT en el ámbito del CDB. TRIPs, recursos genéticos y biodiversidad La discusión anterior no opera en el vacío. El CDB, y en particular las disposiciones relativas al acceso y reparto de beneficios y a los conocimientos, innovaciones y prácticas de pueblos indígenas y comunidades locales, se aplica dentro del régimen internacional que regula la PI, que cuenta con sus propios marcos normativos e institucionales, y en el que entran en juego toda una serie de intereses que no siempre coinciden con los objetivos del propio Convenio. Un importante foro donde se juega el destino de los derechos derivados del CT es de sobra conocido por todos y todas. Me refiero a la Organización Mundial del Comercio (OMC), ese objetivo constante de los ataques del movimiento antiglobalización, y, en particular, a los denominados TRIPs. Los TRIPs son las siglas inglesas de los Asuntos Comerciales Relacionados con la Propiedad Intelectual, que forman parte del Acuerdo General sobre Tarifas y Comercio, (GATT, en sus siglas en inglés) (Marrakesh, 1994), que pone fin a la Ronda de Uruguay y que instituye la propia OMC. En el momento de la adopción del GATT, la cuestión de la propiedad intelectual se había convertido en un asunto de gran interés tanto para los países del Norte como para las grandes transnacionales de la biotecnología. La posición de los países del Sur fue la de incluir disposiciones relativas exclusivamente a aquellos aspectos de incidencia directa en el comercio internacional. No obstante, en el curso de las negociaciones, los TRIPs terminaron recogiendo prácticamente todos los aspectos relativos a la protección de la propiedad intelectual, como patentes, copyrights, marcas, secretos comerciales, así como un mecanismo de solución de controversias, que abre la puerta a la imposición de medidas coactivas para su aplicación.
55 Declaración del Final del Foro Internacional Indígena sobre la Biodiversidad en el Grupo de Trabajo ad hoc Intersesional sobre Acceso y Distribución de Beneficios, CDB, 22-26 Octubre de 2001, Bonn, FIIB/CBD/GT-ADB/1/Apertura y Recomendación/Final, párr. 8.
Aunque los acuerdos TRIPs no se refieren directamente a los recursos genéticos (ya que se refieren a las invenciones derivados de estos recursos y no a los recursos en sí) ni con el conocimiento tradicional (precisamente por no ser "incoativo"), contribuyen a reforzar una situación de desequilibrio político y económico que dista mucho de ser neutral a efectos de la conservación y explotación de estos conocimientos y recursos.56 Existen algunos aspectos de los TRIPs que son de interés para la protección del CT. En particular, un blanco común de críticas ha sido el artículo 27.b.3, uno de esos demonios comúnmente exorcizados por la antiglobalización. El artículo establece la posibilidad de patentes sobre seres vivos en los términos siguientes: Los Miembros podrán excluir [...] de la patentabilidad [...] [b] las plantas y los animales excepto los microorganismos, y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos. Sin embargo, los Miembros otorgarán protección a todas las obtenciones vegetales mediante patentes, mediante un sistema eficaz sui generis o mediante una combinación de aquéllas y éste. [...]. Bajo esta compleja fórmula se esconde el principio que los miembros de la OMC deben permitir, con carácter obligatorio, las patentes sobre (a) microorganismos, (b) plantas y animales obtenidos a través de procedimientos no biológicos, y (c) plantas y animales logrados a través de procesos microbiológicos. Por lo que se refiere a las variedades de plantas, el artículo hace una referencia implícita al sistema de patentes establecido en el régimen de la Unión Internacional para la Protección de Nuevas Variedades de Plantas (UPOV, en sus siglas en inglés), establecida en 1961 y revisada por última vez en 1991, si bien deja abierta la posibilidad para el establecimiento de regímenes sui generis de propiedad intelectual. Por último, el artículo no excluye necesariamente del ámbito de lo patentable a animales y plantas, una cuestión que queda abierta al arbitrio de los estados firmantes ("los miembros podrán excluir de la patentabilidad"). Han sido muchas los argumentos esgrimidos por varios actores (y especialmente por los estados del Sur) en contra de los TRIPs y, en particular, en contra de las posibilidades de establecer patentes sobre los seres vivos abiertas por el artículo 27.b.3. Desde la perspectiva del propio régimen de PI, se discute la distinción arbitraria operada entre los ámbitos de lo patentable y lo no patentable, entre las distintas formas de vida, y, en general, que se tornan difusos los límites que separan al descubrimiento de la invención. Desde el Sur la perspectiva es que el régimen pretende universalizar los estándares de los países desarrollados, e ignora las abismales diferencias económicas y tecnológicas que diferencian al Norte del 56 Patricia Borraz, op. cit. en nota 17, párr. 5.
Sur. En tal sentido, se argumenta que esta disposición atenta contra las prácticas de conservación, reparto e intercambio de semillas, cultivos y plantas tradicionales, lo que atenta al derecho de alimentación de gran parte de los habitantes del Sur y, en general, al derecho a la autodeterminación económica de sus pueblos. En último término, el sistema parece fomentar el control de las empresas transnacionales sobre los cultivos y plantas genéticamente manipuladas (cuando no la biopiratería), al tiempo que restringe la transferencia de tecnología del Norte hacia el Sur. 57 A partir de la Conferencia Ministerial de Seattle (1999), y debido a la apertura del proceso de revisión previsto en el propio artículo, el descontento con el artículo 27.3.b se ha convertido en un reclamo persistente para su modificación. Las bases normativas de esta demanda no son otras que las obligaciones asumidas por los estados parte del GATT en otros marcos institucionales (como el Compromiso –ahora Tratado– sobre Recursos Fitogenéticos de la FAO o el propio CDB), sin olvidar todo el catálogo de derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales como la Declaración de Derechos Humanos o el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La COP del CDB no ha dejado de recordar la necesidad de integrar el régimen establecido por los TRIPs y el respeto a los objetivos del Convenio, de hacer complementarios ambos regímenes58. En la sede de Naciones Unidas el llamamiento ha sido más rotundo. La Subcomisión para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos (un órgano conformado por expertos y expertas), ha recordado a todos los gobiernos y a los organismos internacionales tanto "la primacía de las obligaciones derivadas de los derechos humanos sobre los acuerdos y políticas económicas" como "la función social de la propiedad intelectual", al tiempo que ha hecho un llamamiento explícito a tener en cuenta los principios e instrumentos de derechos humanos en la revisión de los TRIPs. 59 57 Cecilia Oh, "Art. 27.3.b of the TRIPs Agreements: A view from the South", http://www.twnside.org.sg/title/273b-cn.htm. En esta misma línea, vid. Chakravarti Raghvan, "Protecting IPRs of Local and Indigenous Communities", http://www.twnside.org/sg/title/local-cn.htm y "Ten Questions on TRIPs, Technologies and Biodiversity", http://www.twnside.org.sg/title/trips10-cn.htm. 58 Vid. Cop-4 (Bratislava, 1999), Recomendación IV/5, pár. 9, llamando a aumentar "el apoyo mutuo y la integración de consideraciones relativas a la diversidad biológica con la protección de los derechos de propiedad intelectual" (la traducción es del autor). Sobre esta relación, véase también el documento "Relaciones y Sinergia entre el Convenio sobre Diversidad Biológica y los Acuerdos en Aspectos Relacionados con los Derechos de Propiedad Intelectual" (UNEP/CBD/COP/3/23) 59 Subcomisión para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos, Res. 2000/7 , "Derechos de propiedad intelectual y derechos humanos", E/CN.4/SUB.2/RES/2000/7, 17 Agosto 2000, párrs. 3, 4, 5, 6 y 13. Vid. en esta misma línea el informe preliminar "La globalización y su impacto sobre los derechos humanos", elaborado por el y la Relatora Especiales J.Oloka-Onyango y D. Udagama, E/CN.4/2000/13. La traducción es del autor.
El movimiento indígena internacional no ha sido ajeno al rechazo global a los TRIPs, un régimen que no deja de tener efectos substantivos no sólo en el reconocimiento y protección de su conocimiento tradicional y valores culturales, sino también en relación con el ejercicio de sus derechos económicos, sociales y culturales, sobre todo si se considera que dependen mayoritariamente para su subsistencia de la práctica de la agricultura. En ambos aspectos, y en el contexto de la extraordinaria fragmentación de intereses y posiciones subjetivas espoleada por la globalización, el movimiento indígena se ha alineado junto con los gobiernos del Sur, los países de origen de la biodiversidad, en contra de aquellos que disponen de la biotecnología. En 1999, con motivo de la ya famosa reunión intergubernamental de la OMC, las delegaciones indígenas presentes en la reunión redactaron la denominada Declaración de Seattle. La Declaración, cuyo pragmatismo contrasta de alguna manera con el tono del discurso indígena en otros foros internacionales, comienza de forma expresiva: "Nosotros, los pueblos indígenas de varias regiones del mundo hemos venido a Seattle para expresar nuestra grave preocupación sobre cómo la OMC está destruyendo la Madre Tierra y la diversidad cultural y biológica de la que formamos parte". En relación con el régimen de PI fomentado por la organización, la Declaración afirma que Los TRIPs [...] facilitan el robo y las patentes sobre nuestros recursos biogenéticos de la OMC [...]. La distinción entre "esencialmente biológico" y procesos "no microbiológicos" y "microbiológicos" es también errónea. Por lo que a nosotros respecta, todas las formas de vida y los procesos de creación de vida son sagradas y no deberían estar sujetos a propiedad privada individual. La Declaración termina demandando la reforma del artículo 27.3.b para "impedir categóricamente las patentes sobre formas de vida", al tiempo que el desarrollo de "formas distintas de protección fuera del sistema occidental de propiedad intelectual".60 La discusión respecto a la modificación del artículo 27.3.b está todavía en curso. No existen en la actualidad señales de que se llegue a un acuerdo al respecto, dentro de un complejo juego de intereses comerciales en el que las demandas de los países del Sur (y, en general, de la sociedad civil global) chocan con el esfuerzo de los países detentadores de biotecnología por mantener el statu quo, y con las miras puestas en el año 2006, fecha en que conforme a lo establecido en los TRIPs, éstos entrarán en vigor en los denominados "países menos desarrollados". La reciente discusión en el seno de la Cuarta Conferencia Interministerial de la OMC, celebrada en Doha (Qatar) en Noviembre de 2001, no ha llevado a ningún avance significativo en esta cuestión. Resulta altamente improbable que pueda realizarse progreso alguno en esta sede institucional en el contexto de una gran desigualdad en la capacidad de negociación de los estados miembros de la organización. 60 Declaración de Seattle, realizada por el Caucus Indígena ante el Tercer Encuentro Interministerial de la OMC, 30 Noviembre - 3 Diciembre de 1999. La traducción es del autor.
La reciente aprobación del Tratado sobre Recursos Fitogenéticos para la Agricultura y la Alimentación en sede de la FAO, que otorga un carácter jurídicamente vinculante al acuerdo internacional previamente existente, puede contribuir a una modificación al menos parcial del régimen establecido en los TRIPs. El Tratado, a la fecha abierto a la ratificación y pendiente de entrada en vigor (con el depósito de las primeras 40 ratificaciones) reconoce una serie de "derechos del agricultor" en relación con la siembra y cultivo de una lista de variedades fitogenéticas consideradas como esenciales para la alimentación mundial, poniendo así cotas a la tendencia hacia la libre patentización de la vida y comercialización de los recursos genéticos inaugurada en los TRIPs. A la hora de escribir estas líneas, es todavía demasiado pronto para entrever la interrelación entre los estándares de la FAO y el régimen de PI establecido en los TRIPs, y cómo esta interrelación pueda tener efectos sinergéticos en los objetivos del CDB. En definitiva, el reconocimiento de los derechos derivados del conocimiento indígena sobre los recursos biogenéticos no es ajeno a un régimen internacional sobre PI que contribuye a apuntalar no sólo las diferencias Norte-Sur en términos de recursos y tecnología, sino también unos determinados parámetros culturales de relación entre el ser humano y la naturaleza. Aquí, al igual que en otros ámbitos donde se substancia la discusión relativa al reconocimiento de los derechos de los pueblos, el derecho está lejos de ser neutral en términos de cultura, con efectos abiertamente lesivos para los y las que son partícipes de valores culturales distintos a los hegemónicos. En el campo del régimen internacional de PI secundado por la OMC, la discriminación por razón de cultura se traduce en una evidente falta de protección del CT indígena, en términos tanto éticos como económicos, respecto a la explotación de este conocimiento por parte de terceros. Existen razones más que suficientes que justifican la oposición del movimiento indígena internacional a este régimen. El llamamiento indígena para la modificación de los TRIPs se entrevera con las demandas de una pluralidad de actores e intereses, en un contexto, como el de la globalización, en el que se hace difícil pensar las relaciones de poder en términos dialécticos y unidireccionales (sic), y en el que la capacidad de incidir en el ámbito local se desdibuja por efecto de procesos que, precisamente en tanto que globales, resultan inatacables en este ámbito. Mientras tanto, y con el horizonte todavía lejano de modificación de un estado de cosas que cuenta con no pocos prosélitos, éste y no otro es el régimen donde han de desarrollarse las estrategias jurídicas tendentes a la protección de los pueblos indígenas frente a la expoliación de sus recursos culturales en el corto y medio plazo. En contexto claramente favorecedor de la parte detentadora de la biotecnología en detrimento de los intereses de la parte detentadora de biodiversidad, como es la indígena, toda espera, toda moratoria, puede resultar en último término funcional para esta expoliación.
LA OMPI y el conocimiento tradicional Este breve esbozo del régimen internacional que enmarca el reconocimiento derivado de los derechos del CT indígena no puede concluir sin una mirada a los desarrollos que se llevan a cabo en la actualidad en el seno de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, precisamente el ámbito institucional al que incumbe la reglamentación y protección de la PI en el ámbito internacional. Creada en 1967, la OMPI ha sido la encargada de acomodar el régimen de propiedad sobre la producción cultural y artística y las innovaciones industriales, apuntalando el régimen establecido por las Convenciones de Berna y París a lo largo del siglo XIX y adaptándolo a las nuevos requerimientos de la sociedad post-industrial. En este sentido, la organización se ha preocupado más durante las últimas décadas en, por ejemplo, adaptar el régimen de patentes para cubrir los programas informáticos, que en analizar la articulación del régimen convencional de PI y el CT de pueblos indígenas y comunidades locales. Ha sido sólo gracias a la discusión abierta tanto en el ámbito del CDB como de los TRIPs que este tema ha sido abordado dentro de la organización. Y, en parte, se ha abierto gracias al espacio dejado tanto por la parsimonia del proceso de implementación del CDB como por las enormes dificultades existentes para avanzar en el debate relativo a la modificación del régimen establecido por los TRIPs. Es sólo en este contexto que la atención ha vuelto a colocarse en el ámbito "natural" de discusión de los aspectos relativos a la PI en el sistema internacional. Se trata, como decía, de un desarrollo muy reciente. En fecha tan tardía como julio de 1998 (es decir, nueve años después de la adopción del Convenio No. 169, seis años después de la adopción del CDB y cuatro años después de la adopción del GATT), la OMPI convocó una primera (y, hasta la fecha única) Mesa Redonda sobre Propiedad Intelectual y Pueblos Indígenas, precisamente dentro del ámbito conceptual definido por el artículo 8(j).61 Ésta fue seguida, en Noviembre de 1999, por una Mesa Redonda sobre Propiedad Intelectual y Conocimiento Tradicional. En el año 2000, la organización llevó a cabo un total de nueve serie de estudios de caso sobre el terreno en relación con esta cuestión.62 Al mismo tiempo, y en el marco de las actividades realizadas junto con la UNESCO en el ámbito de las Directivas Marco sobre Folklore, la OMPI convocó una serie de foros regionales intergubernamentales de ámbito regional. En abril de ese mismo año, la organización celebró un Encuentro sobre Propiedad Intelectual y Recursos
61 Vid. en especial, la ponencia presentada por Antonio Jacanamijoy, Coordinador General de la Coordinadora de Organizaciones de Pueblos Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), "Iniciativas para a protección de los derechos de los detentadores de conocimiento tradicional, pueblos indígenas y comunidades locales", WIPO/INDIP/RT/98/4E. 62 El informe provisional sobre estas misiones se encuentra disponible en la página http:www.wipo.int/traditionalknowledge/report.
Genéticos. Poco a poco, el término "conocimiento tradicional" ha venido a definir una línea de actuación específica de la organización, algo impensable hace sólo unos pocos años. Resultante de estas iniciativas, la Asamblea General de la Organización decidió constituir un Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimiento Tradicional y Folklore,63 que celebró su primera sesión del 30 de Abril al 3 de Mayo de 2001.64 El propio ámbito de acción del Comité no es independiente de otras iniciativas llevadas a cabo en el seno de la organización, como las ya referidas Cláusulas Modelo para la Protección del Folklore de 1982 (un modelo de régimen sui generis), el Comité sobre el Derecho de Patentes, o el Grupo de Trabajo sobre Biotecnología. Es obviamente demasiado temprano para poder sacar conclusión alguna acerca del trabajo de la OMPI en la materia. Sin embargo, sí podrían apuntarse dos tendencias emergentes. En primer lugar, parece existir un consenso entre los estados miembros de la organización (y, en particular, entre los países del Sur) para que éste sea el ámbito idóneo para la consideración de las cuestiones relativas a la compleja relación entre el régimen internacional de PI, el CT y los recursos genéticos de la biodiversidad. De acuerdo con algunos de los estados presentes en la primera sesión del Comité Intergubernamental, la OMPI debe ser el ámbito donde se ofrezcan "elementos para la protección de los derechos de propiedad intelectual en sus distintas formas […] como complemento de y en cooperación con otros instrumentos y procesos internacionales que incluyen aspectos relacionados a ésta"65. "Una organización como la OMPI está mejor preparada para considerar asuntos de recursos genéticos, conocimiento tradicional y folklore, que representan un reto para el desarrollo económico, social y cultural"66. La propia Conferencia de las Partes del Convenio sobre Biodiversidad no ha sido ajena a este tipo de consideraciones.67 Ya se ha hecho la sugerencia de que la organización elabore unas cláusulas modelo para la protección del CT, similares a las ya existentes en el ámbito de la protección del folklore, al tiempo que se encuentra en marcha la elaboración de un borrador de clasificación de recursos de conocimiento tradicional a efectos de su incorporación en la Clasificación Internacional de Patentes.
63 Asamblea General de la OMPI, (Ginebra, 2000), WO/GA/26/10, párr. 71. 64 Vid. informe de la sesión, doc. WIPO/GRTKF/IC/1/13. 65 Intervención de la delegación de Uruguay, hablando en el nombre del Grupo de Países de América Latina y el Caribe (GRULAC). Ibidem, párr. 21. El énfasis y la traducción son del autor. 66 Intervención de la delegación de Madagascar, hablando en nombre del Grupo Africano. Ibidem, párr. 25. 67 El artículo 16.5 del CDB reconoce la influencia del régimen de PI sobre la implementación de los objetivos del Convenio. La necesidad de coordinar la labor de implementación del Convenio con el trabajo de la OMPI ha sido puesta de manifiesto por la COP en multitud de ocasiones. Vid, Decisiones V/16 y V/26.
En segundo lugar, baste con apuntar que existe cierta tendencia a no desembarazarse del régimen convencional de PI (una tendencia desde luego natural dentro de una organización de las características de la OMPI), en contra de la preferencia expresa del movimiento indígena internacional a favor de regímenes sui generis. A título de ejemplo, el programa de trabajo elaborado por la primera sesión de la Comisión Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual, Recursos Genéticos, Conocimiento Tradicional y Folklore incluye como uno de sus objetivos el discutir las formas de protección del conocimiento tradicional bajo el sistema existente de PI. La segunda reunión de la Comisión está llamada a tomar en consideración aspectos como los derechos de PI derivados de acuerdos contractuales de bioprospección y el análisis del estado del arte a los efectos del examen de patentes sobre innovaciones relacionadas con el CT. El movimiento indígena internacional ha visto en las actividades llevadas a cabo por la OMC en este ámbito un intento de "cooptar" el conocimiento indígena para integrarlo dentro del sistema de patente y PI globales, al tiempo que ha incidido en su demanda de desarrollo de regímenes distintos al marco existente.68 En resumen, aunque se trata de un proceso todavía en fase emergente, la discusión sobre el CT y recursos genéticos en sede OMPI ha de ser tenida en cuenta; está llamada a desempeñar un papel relevante en relación tanto con la aplicación del CDB como en el proceso de revisión de los TRIPs. Por lo mismo, se trata de un proceso susceptible de afectar directamente al reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en este ámbito. En la capacidad de ir más allá de los límites de un régimen internacional del PI convencional, pensado para proteger intereses y culturas culturales distintas a los indígenas puede estar la clave para este reconocimiento. Conclusión: biodiversidad, propiedad intelectual y derechos de los pueblos indígenas La caracterización del marco jurídico internacional relativo a la protección del conocimiento indígena relevante para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad, así como al acceso a los beneficios derivados de la explotación comercial de este conocimiento, nos lleva a la consideración de un complejo entramado de normas, procesos y actores en constante movimiento, de los que CDB, OMC y OMPI son sólo algunas de las siglas más relevantes. La discusión está en la actualidad abierta, y parece además lejano el momento en el que se definan soluciones más o menos consensuales para las complejas, complejísimas cuestiones que entran en juego. Nos estamos moviendo en un ámbito donde no existe un marco jurídico internacional definido, sino más bien una serie de principios que 68 En relación con la posición específica de los pueblos indígenas, vid. "Indigenous people criticise WIPO approach", http://www.twnside.org.sg/title/wipo2-cn.htm
marcan límites, un marco negativo, principios además no siempre coherentes entre sí. Se presentan conflictos entre el CDB y los TRIPs, o entre éste y el régimen de PI defendido por la OMPI. Y nos movemos además en esa zona gris donde el derecho entra en diálogo con otros intereses, como los económicos de los estados y otros actores. Es en medio de este terreno, tan poco neutral, donde se coloca la necesidad de responder a los dilemas planteados por formas de conocimiento previas y, sin embargo plenamente contemporáneas a las occidentales. ¿Es posible sacar una photo-finish de esta carrera? En otros términos, ¿es posible identificar cuáles son las tendencias a las que apuntan los procesos en curso de definición de estándares internacionales relevantes para la materia que estamos considerando? El intento es desde luego arriesgado, pero puede realizarse. ¿Cuáles son pues, en este momento, los estándares internacionales que regulan los derechos relativos al CT sobre la biodiversidad? Como resulta de la propia estructura normativa del derecho internacional contemporáneo (en el que los principios de derechos humanos son considerados como ius cogens que vinculan a los estados por encima de otras consideraciones políticas o económicas), los estándares existentes en la actualidad tanto en el régimen de PI como en el ámbito de la protección de la diversidad ecológica, deben ser interpretados a la luz de los estándares convencionales o consuetudinarios internacionales de derechos humanos. Si ello es cierto en relación con el corpus general de derechos, no deja de serlo también en relación con los derechos predicados colectivamente de los pueblos. Por lo tanto, los derechos reconocidos a los pueblos indígenas en el ámbito internacional deben ser tomados en cuenta en toda discusión, como principios normativamente superiores, tanto en el ámbito internacional como en el doméstico, susceptible de afectar a los derechos derivados del CT. La integración del ordenamiento jurídico internacional en torno a estos principios normativamente superiores afecta –y debe afectar además– a todos los ámbitos institucionales en que se substancia esta discusión. No existen, ni deben existir, ámbitos exentos a la consideración de los derechos humanos de los pueblos indígenas, por más que el olvido tienda a ser sintomático.69 Independientemente de la fragmentación de la discusión relativa al CT y los recursos genéticos en una pluralidad de instancias, el proceso de implementación del artículo (8j) y disposiciones conexas del CDB continúa siendo el ámbito más importante para la discusión internacional en torno a estos asuntos. Desde una perspectiva de los derechos humanos a nivel internacional, existe desde luego menos libertad para la capacidad de acción de los estados que la que sugiere la 69 E.g., La resolución de Subcomisión para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos, Res. 2000/7 , "Derechos de propiedad intelectual y derechos humanos", cit. en nota 54, no hace referencia expresa a los derechos internacionalmente reconocidos a los pueblos indígenas en relación con los TRIPs.
flexibilidad con que están redactas las cláusulas del Convenio. Es más, importa no sólo el contenido efectivo de estas cláusulas, sino también lo que éstas deben decir a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos. Desde esta perspectiva, y no por obvio merece no ser mencionado, el principio de soberanía estatal sobre los recursos de la biodiversidad (artículo 3) debe redimensionarse para acomodar estos estándares, incluidos los relativos a los derechos de los pueblos indígenas. Algunas de las últimas actuaciones en el ámbito de la implementación del CDB parecen contribuir a reforzar esta necesaria lectura. Las Directivas de Bonn ya sujetan el acceso y reparto de beneficios sobre los recursos genéticos al respeto de "los derechos legalmente establecidos de los pueblos indígenas y comunidades locales".70 Una lectura del CDB en términos de derechos humanos nos lleva a identificar una serie de principios derivados del CT sobre los recursos biogenéticos. En primer lugar, existe una norma que reconoce el derecho de los pueblos indígenas a conservar (en el sentido dinámico) sus conocimientos, prácticas e innovaciones en relación con estos recursos. A la mención expresa del artículo 8 del CDB y otros instrumentos internacionales (como el CCD o los Principios sobre los Bosques), hay que vincular el reconocimiento genérico del derecho de los pueblos indígenas a mantener sus costumbres e instituciones (artículo 8.2) y, en general, a la integridad, reconocimiento y protección de sus valores, prácticas e instituciones (artículo 5.1 y 5.2). Independientemente de la "intangibilidad" del CT indígena sobre los recursos biogenéticos, éste debe ser siempre tenido en cuenta como un elemento fundamental dentro del patrimonio cultural indígena, que debe ser susceptible del mismo reconocimiento y protección que otros elementos de su cultura, como sus propios territorios. En segundo lugar, tal y como se deriva de artículo 6 del Convenio No. 169 (derecho de los pueblos indígenas a la consulta en relación con toda acción legislativa o administrativa susceptible de afectarles directamente), e independientemente de la redacción del artículo 8(j), los pueblos indígenas tienen derecho a ser consultados en relación con toda decisión relativa al acceso y explotación tanto de los recursos genéticos como del conocimiento relacionado con estos recursos. El ámbito material de referencia no es otro que el de la territorialidad, reconocido en el artículo 13 del Convenio, y el ámbito normativo no es otro que el del derecho a la autodeterminación (artículo 1 de los Pactos Internacionales sobre Derechos Civiles y Políticos y Derechos Económicos, Sociales y Culturales; artículo 3 del Proyecto de Declaración Universal de Naciones Unidas sobre los Derechos de los pueblos indígenas). En este orden de cosas, existe un 70 Borrador de Directivas relativas al Acceso a los Recursos Genéticos y Reparto Equitativo y Justo de Beneficios Resultantes de su Utilización, también conocidas como las Directivas de Bonn, cit. en nota 45, párr. 29. La traducción es del autor.
claro consenso internacional en el reconocimiento del derecho a la consulta previa e informada (artículo 15 del CDB) a los pueblos indígenas en relación con el acceso a los recursos genéticos. Lo mismo vale en relación con el reparto de beneficios derivados de la explotación de estos recursos, que encuentra también un apoyo normativo en el derecho de los pueblos indígenas a tomar parte efectiva de los proyectos de desarrollo en sus territorio (artículo 7 del Convenio No. 169). Distintas resoluciones de los órganos de implementación del CDB, y, en especial, de la propia COP, dan cuenta del reconocimiento concluyente de este derecho71. Si bien las condiciones de ejercicio de este consentimiento previo e informado no son definidas en el propio CDB, el Convenio No. 169 enumera cuáles deben ser estas condiciones.72 Por otra parte, también parece ya claro que la prestación del consentimiento previo e informado lleva aparejada la obligación positiva por parte de los poderes estatales de contribuir a la información y capacitación de los pueblos indígenas como condición necesaria para la celebración de acuerdos que puedan ser mínimamente calificados como tales 73 En tercer lugar, parece claro que el régimen internacional de los derechos indígenas coadyuva al establecimiento de sistemas de protección del CT distintos al régimen de PI convencional, y ello con independencia de las modificaciones susceptibles de ser introducidas en este último a los efectos de acomodar las peculiaridades culturales de los pueblos indígenas o del uso que con carácter instrumental los mismos pueblos quieran hacer de las ventanas de oportunidad abiertas en el mismo. El artículo 16 del propio CDB parece implicar la necesidad de desarrollar regímenes sui generis de protección, y así se pone de manifiesto en las discusiones relativas a la implementación del Convenio.74 Por su parte, estos regímenes encontrarían una base normativa en el artículo 4 del Convenio No. 169, que permite la posibilidad de tomar "medidas especiales" para la salvaguarda de las personas, las instituciones, la propiedad, el trabajo, la cultura y el medio ambiente de los pueblos indígenas. Asimismo, estos sistemas sui generis deben ser compatibles con el principio de respeto a la integridad de los valores y culturas indígenas (artículo 5 del Convenio No. 169), buscando dar cabida a las propias prácticas consuetudinarias de control y gestión de este conocimiento (artículo 8.2). Consideraciones de esta índole son también válidas a los efectos de la discusión que se desarrolla ahora en el seno de la OMPI, y es también compatible con lo 71 Vid. e.g. COP-3 (Buenos Aires, 1996), Decisión III/4, párr. 1. 72 De acuerdo con el artículo 6, la consulta debe requerir los elementos de buena fe; de acuerdo a las condiciones específicas del caso; y con ánimo de llegar a un acuerdo. El artículo debe ser leído en conjunción con lo dispuesto en el artículo 8, que establece el derecho de los pueblos indígenas a mantener sus instituciones políticas. Cabe mencionar, sin embargo, que el Convenio No. 169 no reconoce el derecho a "decir no" a los pueblos indígenas, una norma que parece estar consolidándose específicamente en relación con la bioprospección. 73 Vid. e.g. Programa de Trabajo sobre la Implementación del Artículo 8 (j), cit. en nota 41, párrs. 12(a) y 19, y Decisión IV/10 B, párr. 1(d). 74 Vid. e.g. COP-5 (Nairobi, 2000), Decisiones V/26 B párr. 1 y V/16 párr. 14.
dispuesto en el artículo 27.3.b de los TRIPs en relación con las variedades fitogenéticas. En último lugar, tanto el desarrollo de estos regímenes sui generis, así como toda medida legislativa o administrativa que afecten a la protección y condiciones de difusión del CT tradicional indígena sobre la biodiversidad, deben contar con la participación de los pueblos indígenas a través de sus instancias representativas (artículos 6 y 7 del Convenio No. 169). Mientras que sólo el tesón del movimiento indígena internacional ha hecho posible salvar el vacío de representación existente en el proceso mundial de implementación del CDB (un tesón que ha contribuido efectivamente a que algunas de las demandas indígenas hayan sido incorporadas a este proceso), queda aún mucho por hacer para que este derecho sea efectivo en el ámbito doméstico, una cuestión que no es tampoco independiente de la capacidad de los pueblos indígenas para elaborar una agenda definida en torno a estos intrincados asuntos más allá de posturas meramente reactivas. En conclusión, el marco jurídico internacional relativo a la protección y utilización del CT de los pueblos indígenas, una cuestión indisociable de asuntos globales como el régimen internacional de PI o la regulación del acceso y reparto de beneficios sobre la explotación de los recursos biogenéticos, se encuentra todavía en proceso de construcción, una construcción que tiene lugar en una pluralidad de ámbitos institucionales y normativos, que involucra a un conjunto fragmentario de actores e intereses, y que responde a lógicas diversas e incluso contradictorias. Y una construcción que no tienen lugar en el vacío, sino en el contexto de un sistema internacional de gran desigualdad de recursos económicos y tecnológicos que tiende a perpetuar esta desigualdad. Si bien estamos aún lejos de vislumbrar cómo se articularan estas distintas lógicas en torno a un régimen integrado y homogéneo, los estándares internacionales de derechos de los pueblos indígenas ofrecen pautas ineludibles que deben guiar esta elaboración normativa. Mientras tanto, es en este marco en continuo movimiento en el que deben desarrollarse las estrategias tendentes a la protección eficaz de los derechos derivados del CT, que deben combinar medidas de protección a corto y medio plazo con el cuestionamiento del régimen internacional de PI sobre los recursos genéticos. Aquí al igual que en otras esferas, la incorporación de perspectivas culturales, y por tanto de intereses distintos a la cultura constitucional hecha hegemónica por el colonialismo europeo es todavía una asignatura pendiente para el derecho internacional contemporáneo, para ese derecho de los derechos. 4. Raúl Benet, Greenpeace Muchas gracias, buenas tardes, creo que en este asunto del acceso a los recursos genéticos, de la bioprospección y la biopiratería hay muchos temas realmente. Es un ámbito sumamente complejo que requiere habilidades, no sólo en la cuestión de
los instrumentos legales; se requiere mucho conocimiento de los instrumentos económicos, de la legislación local, de la legislación internacional, de los procesos biológicos y de todo lo que esto significa. De tal manera que realmente el asunto es bien complejo. Me voy a referir nada más a algunos de los aspectos, algunos ya los han tocado las personas que me han antecedido y otros pues creo que no nos va a dar tiempo de presentarlos en este momento. A partir del Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad, acordado el 5 de julio de 1992, se creó un nuevo régimen ambiental internacional en lo que refiere a recursos genéticos, al prever en su artículo 3 que cada estado debería ejercer el derecho soberano sobre sus propios recursos genéticos, así como su control fronterizo, con las condiciones de implementación de criterios de conservación ambiental y procurando el reparto equitativo de los beneficios. Un asunto central del reparto equitativo de los beneficios, es la necesaria previsión gubernamental de reglas básicas para el acceso a éstos recursos por parte de los particulares. Por ejemplo se cita la participación de las comunidades locales o indígenas en los proyectos científicos de bioprospección según el artículo 156 del convenio. La experiencia, no sólo en México sino en otros países del mundo, nada tiene que ver con la utilización sustentable de los componentes de la biodiversidad biológica; ni con el respeto y preservación de los conocimientos, innovaciones y prácticas de las comunidades locales o indígenas, que entrañan estilos tradicionales de vida relevantes para la conservación y el uso sustentable; ni con la promoción de una amplia aplicación de dichos conocimientos, innovaciones o prácticas, previa aprobación de las comunidades, fomentando el reparto equitativo de los beneficios generados por su utilización; ni con la transferencia de tecnologías hacia las comunidades locales o indígenas por parte de los interesados en la realización de los estudios de la bioprospección. En muchos otros países del mundo la experiencia es que no ha habido tal transferencia real de tecnologías a las comunidades locales; que no ha habido un conocimiento previo informado; que no habido una promoción amplia de la aplicación de los conocimientos, las innovaciones o las prácticas; no se ha fomentado el reparto equitativo de los beneficios generados en la utilización; no ha habido un respeto ni una preservación de los conocimientos, de las innovaciones o las prácticas de las comunidades locales. No sólo está esta situación, sino que existen también una serie de instrumentos contradictorios a nivel internacional que complican todavía más la situación. Por un lado tenemos el Convenio de Biodiversidad Biológica y el Protocolo de Bioseguridad de Cartagena; por otro, los instrumentos generados por la
Organización Mundial del Comercio, particularmente los TRIPs, el acuerdo sobre propiedad intelectual, y una serie de instrumentos por ejemplo dentro de la FAO y de otras instituciones. Cada uno de ellos es totalmente contradictorio, con lo que dificultan la instrumentación de un mecanismo que nos permita realmente conservar no sólo la biodiversidad sino los derechos de propiedad o los derechos comunitarios, los derechos indígenas sobre esta biodiversidad. Me voy a referir nuevamente a TRIPs para empezar por ahí. El acuerdo de TRIPs, que regula la propiedad intelectual desde una perspectiva comercial, es de los peores aspectos de la Organización Mundial del Comercio, la cual tiene una pésima reputación entre muchas organizaciones civiles y de la sociedad civil general, como se vio claramente en Seatle, como se ha visto en Génova, en Washington y en muchos otros. Los TRIPs son uno de los motivos por los que la Organización Mundial del Comercio goza de esta pésima reputación. El TRIPs es un instrumento comercial; plantea básicamente las reglas para patentar absolutamente todos los recursos, cualquier forma de conocimiento, cualquier forma de derecho intelectual, de derecho de propiedad intelectual. Entonces este TRIPS, este instrumento tiene artículos que constituyen verdaderas amenazas a la la propiedad comunitaria y en última instancia incluso a la soberanía y a la seguridad alimentaria de los pueblos y a la conservación de la biodiversidad. Por ejemplo está el artículo 27 3 inciso b del TRIPS, que establece prácticamente que los países están obligados a permitir que se generen patentes privadas sobre microorganismos, sobre procesos biológicos y sobre la materia viva. En esta semana que está concluyendo, nosotros en Greenpeace hemos planteado que no se debería de dar un sólo paso más en la dirección de la liberalización de los mercados, mientras no se estableciera una prohibición definitiva a los problemas que están provocando este tipo de acuerdos, particularmente mientras no se eliminen artículos tan nocivos como este artículo 27 3 b o bis que permite la patente sobre la vida. Nosotros en Greenpeace, al igual que cientos de organizaciones, nos oponemos a que se patente la materia viva. Desde antes que se llevara a cabo la última sesión ministerial de la Organización Mundial del Comercio, planteamos que nos se debería dar un paso más allá en la liberalización de los mercados, mientras no se resolviera este problema de los TRIPs. Sin embargo en la sesión se dio un enfrentamiento con los países del Sur encabezados por los países africanos, muy preocupados por el proceso de patentes que está defendiendo TRIPs y por lo difícil que hace esta legislación de patentes el acceso comunitario a las medicinas. Entonces ellos encabezan los grupos africanos, encabezan la demanda de que se rediscuta y que se reformule plenamente el acuerdo TRIPs, mientras que los países
industrializados, del Norte lo que están demandando es que se avance incluso más en la liberalización de los mercados, en el establecimiento de reglas y patentes. En esta discusión estuvo presente el Secretario de Economía mexicano Derbez, e incluso fue nombrado responsable de una de las comisiones para revisar la legislación de TRIPs. La posición del gobierno mexicano ante estas negociaciones, fue precisamente la de defender los intereses de los países del Norte y jugar un papel francamente contrario a los requerimientos mexicanos y de todos los países eufemísticamente llamados en vías de desarrollo. La posición del gobierno mexicano es la de avanzar incluso mucho más en la liberalización de los mercados, en los convenios del libre comercio, lejos de preocuparse por defender la biodiversidad y los derechos de propiedad intelectual. El periódico de ayer, por ejemplo, no dice que durante el tercer día de trabajo del encuentro ministerial de la Organización Mundial de Comercio, el gobierno mexicano exigió reducir los apoyos al sector agrícola y reformar las normas anti-dumping. En su discurso ante la cuarta conferencia ministerial de la Organización Mundial del Comercio, el secretario de economía Luis Ernesto Derbez anunció que México respalda el lanzamiento de una nueva ronda de negociaciones que dé continuidad a la liberalización comercial comenzada hace 7 años, tras la ronda de Uruguay. ¡Esta es justamente la posición de países como los Estados Unidos, como Japón! Entonces, sí nos parece muy preocupante el hecho de que existan todos estos instrumentos y que cada sector gubernamental se sume al instrumento que mejor le conviene, pero que al final quien decide pues es el que maneja los recursos económicos. La Secretaria del Medio Ambiente efectivamente ve como un instrumento mucho más cercano, mucho más apropiado la Convención para la Biodiversidad Biológica, mientras que los ministros de economía, de Hacienda y de Finanzas de los países del mundo pues respaldan los instrumentos comerciales del estilo de las TRIPs. Entonces este tipo de contradicciones creo están ahí presentes. México debería de tomar una posición mucho más clara de defensa de los recursos naturales. Como quedan 5 minutos voy a hacer referencia a algunos de los casos en México en donde se está mostrando la urgente necesidad de definir mecanismos que permitan conservar y proteger las propiedades de las comunidades indígenas en torno a los recursos genéticos. Uno de ellos es el caso de la patente que presentó DUPONT desde 1999 ante la oficina de patentes europea, y que recientemente se estuvo discutiendo fuertemente. DUPONT ni siquiera patenta una variedad de maíz, patenta un rango de producción de todos los maíces que produzcan ciertos rangos de aceites de
ácidos soleícos. Es uno de los cientos de patentes que ha obtenido DUPONT, no sólo en la Unión Europea, también en los Estados Unidos, en Japón y en el resto del mundo. En muchos países y en regiones completas, pero sobre todo en Europa, DUPONT ha tenido cientos de patentes de materia viva. Este intento de patentes está protegido por instrumentos como los TRIPs y por la Organización Mundial del Comercio. Hay otros ejemplos en donde se ha entrado a la discusión de patentar la materia viva en México y de hacer bioprospección, ejemplos que han generado conflictos, han generado amenazas muy fuertes a la conservación y a la propiedad comunitaria de los mexicanos de los recursos genéticos. Están por ejemplo, los convenios de UNAM Diversa y el convenio ICBC maya ECOSUR que generaron una gran discusión, un enfrentamiento muy fuerte entre organizaciones indígenas, y no gubernamentales, prestadores de servicios técnicos e investigadores. Todos ellos han generado mucho más conflictos que los problemas que han resuelto. De tal manera que nosotros pensamos que México debería de definir una posición más coherente con base en los instrumentos internacionales. El convenio para la diversidad biológica debería de defender, y de tomar medidas para impedir que se siga erosionando y que se siga perdiendo y despojando de la propiedad comunitaria de los recursos genéticos. Quiero hacer referencia muy rápidamente al primer tratado internacional que se aprueba durante el siglo XXI, el tratado sobre semillas y derechos de los agricultores aprobado la semana pasada en Roma. Después de 7 años de debates, la conferencia de la FAO adoptó un tratado internacional sobre recursos genéticos para la alimentación y la agricultura. El 3 de noviembre fue aprobado por 116 votos a favor y 2 abstenciones; se abstuvieron Estados Unidos y Japón. Este nuevo tratado revisa el compromiso internacional sobre recursos tipo genético que existía anteriormente desde 1983 y crea un acuerdo legalmente vinculante, es decir, obligatorio que entrará en vigencia luego de que lo ratifiquen 40 estados. Las organizaciones de la sociedad civil asistentes a esta reunión en Roma se comprometieron a exhortar a los estados para lograr que 40 países ratifiquen el tratado antes de la cumbre de la alimentación, programada para del 10 al 13 de junio del 2002, es decir el año que entra. Entonces nosotros consideramos que es muy importante ratificar este tratado que permitiría por ejemplo impedir que se siga importando maíz transgénico de los Estados Unidos, porque pone en riesgo muy claramente las variedades criollas de maíz mexicano; permitiría por ejemplo incluir como parte de la biodiversidad biológica, un asunto fundamental desde nuestro punto de vista, las variedades criollas de maíz y todas aquellas variedades para las cuales México es centro de origen y diversidad.
Entonces pensamos que ese tipo de instrumentos, que hay una serie de instrumentos de los que sí se puede asir México, de los que puede hacer México uso para detener el despojo y el deterioro, la degradación de los recursos genéticos, su pérdida y la privatización, el control hegemónico de los recursos genéticos por parte de algunas empresas; pero no lo está haciendo. Parece que simplemente las cosas están ocurriendo, se nos están yendo, están patentando variedades mexicanas de maíz, están patentando muchas otras variedades, se está haciendo bioprospección por parte de empresas, se está avanzado muchísimo en el proceso y aparentemente, el gobierno mexicano, no está siendo capaz de detener muchas de estas cosas, pese a que ha habido algunos intentos en contrario como la resolución de la PROFEPA en contra del proyecto UNAM diversa, entre otros. Entonces bueno para concluir simplemente quiero decir que no sólo Greenpeace, sino cientos de organizaciones de todo el mundo nos oponemos rotundamente a la privatización, al control hegemónico y al proceso de patentes de la materia viva . Eso es todo muchas gracias. 6. Preguntas y respuestas Participante desconocido Es más que una pregunta un comentario. Creo que hasta aquí se ha hablado un poco desde una perspectiva un tanto crítica de la Convención de Diversidad Biológica, sobre todo nuestro ponente de la RADPI. Y está bien, pero yo creo que la Convención de la Diversidad Biológica tiene dos aspectos. Uno, que en general se le ha criticado como una convención ambigua, pero también la Convención de Diversidad Biológica podríamos usarla como este instrumento vinculante que sirve para llevar a cabo mecanismos e instrumentos específicos. En cuanto al compartimiento de beneficios, nos decían que el artículo 8j no habla de los derechos de la comunidades indígenas, y de ahí su deficiencia para no poderlo usar. Sin embargo, si leemos el artículo 8j, habla de mantener los conocimientos, innovaciones y prácticas de las comunidades indígenas y locales, con estilos de vida pertinentes para la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica, y fomentar que los beneficios de la utilización de esos conocimientos, innovaciones y prácticas se compartan equitativamente. Por supuesto que no están establecidos los mecanismos para que se pueda hablar del compartimiento de beneficios. Sin embargo en este mismo convenio, el artículo 15, referido al acceso a los recursos genéticos, habla de que en los países se debe implementar una ley de acceso a los recursos genéticos. Yo quisiera llamar la atención en este respecto. Es urgente por lo que se ve aquí, que se cuente con una ley de los recursos genéticos.
Ya no podemos partir de este criterio del acceso libre, de antes de 1992, por lo que está aconteciendo con las violaciones a los derechos de los indígenas sobre estos recursos. Entonces yo hago hincapié, insistamos en que en el Senado haya un proyecto de acceso a los recursos genéticos, un proyecto especifico para implementar el Convenio de Diversidad Biológica. Revisemos ese proyecto que está en el Senado y entonces ahí se implementan estos derechos de los indígenas en términos de compartimiento de beneficios, gracias. Participante desconocido Buenos días, a mí me preocupa mucho algo que se está traslapando mucho en todos los proyectos de desarrollo sustentable y conservación de biodiversidad y biopiratería. No uso el término de bioprospección porque el término tiene una trascendencia política y me preocupa mucho. Aprovecho que está el director de la CONABIO, Jorge Soberón, porque hace dos días se hizo una nota de la propuesta e septiembre, ante el congreso, para transferir las reservas o las áreas naturales protegidas y parques nacionales hacia los estados para que los regulen. Y curiosamente recuerdo un documento que saca la Credit Foundation, recomendando los lineamientos hacia el Banco Mundial. La Credit es una fundación de Estados Unidos y se dice ahí que justamente secretarías como la SEMARNAT la CONABIO y otras como Nacional Financiera deberían de impulsar justamente la transferencia de estas áreas naturales protegidas hacia los estados. Esto se inserta dentro de la lógica de la convención para que los estados tengan todo el apoyo directo. Pero parece ser que la transferencia se debe a falta de presupuesto. Esto es grave porque lo que ha ocasionado son acuerdos bilaterales. Resulta en este sentido también que las grandes corporaciones pueden hacer acuerdos, ya directamente con las ONG’S o con los gobiernos de los diferentes estados de la República. ¿Y cuál es el papel que va a tomar el gobierno federal en ese sentido, sobre todo hablando de este marco jurídico nacional? Pareciera como que el papel del gobierno federal se disminuye. Entonces ¿qué papel va a tomar el gobierno? Porque esta propuesta significa traspasar la administración y la conservación de áreas prioritarias a manos de ONG’S y de los estados. Y esto puede propiciar acuerdos de biopiratería bilaterales. Y obviamente la relación es entre el Banco Mundial y las ONG’S o los gobiernos de los estados, es una relación muy desventajosa. Más siempre ha sido un poco desventajosa. Todo esto a mí me preocupa. Aprovecho que están los funcionarios para que me digan que están haciendo al respecto. Porque ¿qué tanta fuerza jurídica pueden tener estos estados, estas ONG’S como para defender los recursos? ¿cuál va a ser el papel del Gobierno Federal? Participante desconocido
Quería preguntarle sobre los instrumentos políticos que a través de los organismos internacionales están utilizando las disposiciones jurídicas internacionales que sean favorables a la aplicación del convenio sobre biodiversidad. Hago esta pregunta porque evidentemente el problema político es tremendo aquí en México y en el mundo, en razón de que faltan instrumentos políticos nacionales que reproduzcan, que impulsen hacia el exterior la formación de una instrumentalidad que haga viable lo anterior. Quiero preguntarles a alguno de ustedes, tal vez a Rodríguez Piñeiro, ¿no se cuál sería la posición de China y de la India? ¿Tiene alguna información de esto a propósito del convenio? Porque estos países, junto con México, tienen los mayores recursos de biodiversidad. Fernando Limón, CONSUR Quiero llamar la atención de la ausencia fuerte de reflexión en torno a la relación entre el marco jurídico y los derechos de los pueblos indígenas. Me parece que el marco jurídico, como señaló el Sr. Rodríguez, tiene una distancia enorme dentro de la autonomía de las reformas de legislaciones locales y de los pueblos indígenas. Y aquí se está cuestionando que es lo que hace y debe hacer México. Entonces me llama la atención que no estemos enfatizando la necesidad de fortalecimiento de las autonomías, es decir, quien tiene que dar la palabra al fin de cuentas para establecer criterios legales de nueva índole, de nuevo talante, tienen que ser los pueblos indígenas. Está muy claro que si seguimos insistiendo en marcos jurídicos elaborados, establecidos bajo criterios completamente diferentes a los criterios con los que se rigen a los pueblos indígenas, siempre vamos a estar fortaleciendo una estructura que va a pasar sobre la forma de aquellos, a los que yo les llamo responsables, por lo menos en su territorio. Los indígenas serán responsables ante el mundo entero de ver qué pasa con sus recursos, cómo los cuidan, cómo los protegen, también como los socializan. Entonces el tema fuerte en México tendría que seguir siendo fortalecer la posibilidad de las autonomías indígenas, del empoderamiento; la posibilidad del diálogo con los representantes de los pueblos indígenas, para que desde esa palabra se empiecen a establecer criterios de relación y de corresponsabilidad, junto con el estado, sobre el manejo, acceso, uso, y disfrute de los distintos recursos. La noción fuerte tiene que ser la de territorio. La premisa que está acompañando estas nociones de conservación de la biodiversidad, a nivel internacional, es una premisa que lee el deterioro, cómo se están acabando los recursos asignando la responsabilidad, otra vez, a los eufemísticamente llamados pobres, al Tercer Mundo. Me parece que la noción del acceso, del control y de la posibilidad del respeto a la biodiversidad desde los pueblos indígenas pasa por el reconocimiento a la territorialidad.
Participante desconocido ¿Cuáles serían los elementos esenciales de los que se está hablando? ¿no podría la propiedad intelectual subsanar esa contraposición entre la cosmovisión indígena y la cosmovisión occidental? Respuestas Jorge Soberón Primero ¿quién es el beneficiado de los convenios de bioprospección? Yo no soy quien para contestar eso. Los que tienen que contestar son los pueblos que han participado. También conozco pueblos que han participado, y me han dicho a mí que han estado satisfechos. Te voy a dar dos ejemplos. Uno es el de una comunidad peruana, de la amazona peruana. Ellos hicieron un contrato con México. Y de hecho en México sólo hay uno en el cual la comunidad se ha manifestado como satisfecha, pero no soy yo quien lo va a decir, porque aquí en esta mesa hay un representante de esa comunidad. Yo no me asumo voz de ninguna comunidad indígena. Quien lo quiera decir que lo diga, pero hay ejemplos en que los propios indígenas han dicho estamos satisfechos. Es muy importante decir esto. Tal vez exista –y yo creo que sí– el predominio de los casos de biopiratería versus los casos en que ha habido un beneficio para las comunidades. Pero sí es posible que haya estos últimos ejemplos. Entonces yo menciono esos dos: el de la Amazonia Peruana y el de la comunidad USACHI, en la sierra del norte de Oaxaca. También preguntaban sobre la cuestión de descentralización de las ANPs. Yo me he opuesto siempre a que se descentralice ciertas funciones federales. Creo que tiene que haber un régimen federal de ciertas cosas, pero por otro lado me parece muy evidente que parte del proceso de democratización del país es irle quitando poder al gobierno central, irlo bajando, bajando y bajando a los estados y los municipios. Entonces en ese sentido yo creo que sí hay un buen argumento para que ciertas cosas se vayan a los estados y por supuesto a los municipios. Pero también creo que hay ciertas cosas que son de carácter federal. Y específicamente estos temas de los que estamos hablando –la biosprección, la biopirtería– tienen que ser de carácter federal, porque abarcan recursos que están compartidos en muchos estados, en muchos municipios, en diferentes etnias, en diferentes pueblos, e incluso transfronterizamente. Entonces yo siempre me he opuesto a que las transferencias se hagan automáticas, sino que tiene que ser un proceso muy bien pensado. Pero hay que ver la otra cara de la moneda, que es que los estados también quieren tener opinión sobre lo que pasa en sus territorios, y lo mismo los municipios y lo mismo las comunidades, y creo que tienen el derecho.
Respecto a la posición de China y la India, no es homogénea; hay dos posiciones. China tiene una visión muchísimo más comercial, vende mucho más, mucho más cuestiones tienen firmas completas que se dedican a exportar plantas medicinales y productos similares. Mientras que la India tiene un régimen muchísimo más dijéramos protector en este sentido. Simplemente como un comentario respecto a estas preguntas, yo difiero mucho de la idea de que tengamos que basar nuestra legislación en lo que está ocurriendo en la legislación internacional, en lo que ve uno en las reuniones internacionales de este tema. Yo asistí a todas las reuniones de las OPS desde 1992, desde las negociaciones hasta las COPS. El asunto es que los países del sur no nos ponemos de acuerdo, porque las condiciones son completamente diferentes. Y si vamos a buscar un régimen internacional vinculante entre todos los países del sur (no estoy mencionando ni siquiera a los europeos que tienen una visión muy radical respecto a la propiedad intelectual que es muy diferente a lo que a nosotros nos conviene), si vamos a esperar a que eso ocurra, vamos a estar esperando sentados por décadas. Yo creo que nosotros tenemos que hacer aquí dentro la tarea, obviamente sobre la base de lo que las comunidades, los pueblos, los campesinos y los otros interesados consideren que tiene que hacer, lo que le conviene al país o lo que le conviene a la gente del país. Tal vez acabemos con varias cosas. Estoy muy en desacuerdo con la idea de hacer esto a la carrera. Legislar este tema a la carrera sería uno de los más grandes errores que podríamos cometer. Esto se tiene que hacer con una participación muy profunda de los diferentes grupos interesados, de tal manera que lleguemos a algo que sea satisfactorio para ellos. Esto es una cosa que, para que se haga bien, va a llevar un poco de tiempo. Como dijo el compañero es muy complicado verdaderamente el tema. Entonces yo creo que la posición de México tiene que ser, hacer nuestra legislación bien hacia dentro, al mismo tiempo que estamos negociando hacia fuera. Busquemos que el respeto a nuestra legislación se vuelva vinculante, que es el tema central de la posición que México ha tenido desde como cuatro años en estos foros. Nosotros vamos a hacer nuestra legislación y ustedes nos la tienen que respetar, y no ustedes nos van decir como tenemos que hacer la legislación internamente. Esa es una posición mucho muy importante, que está empezando a agarrar un poco de momento y la están empezando a adquirir o más bien a compartir países biológicamente diversos. Raúl Benet A mí se me hace una pregunta directa sobre los instrumentos políticos para enfrentar esta situación a nivel internacional. Una de las cosas que menciona el compañero de aquí de la UAM es que las organizaciones están en contra de la globalización. Yo quisiera hacer una precisión. Realmente muchas organizaciones,
particularmente Greenpeace, no es que estén en contra de la globalización, perdón, pues digamos de un liberalismo económico generalizado. Pero sí hacemos uso de los instrumentos internacionales. Por ejemplo no queremos que desaparezcan instrumentos como el Banco Mundial o la propia Organización Mundial del Comercio. Participamos adentro de estos foros tratando de incluir los contenidos que consideramos que son necesarios a nivel internacional. Realmente RADPI, Greenpeace y otras organizaciones son globales, sus demandas son globales. Entonces parte de estos instrumentos son este tipo de organizaciones, de redes internacionales sólidas, basadas en un conocimiento científico, en una fuerza política, en conocimiento, la comunicación hacia la gente. Por un lado es este nivel, y por otro lado hay un nivel más profundo en el establecimiento de redes que van ganando derechos y espacios al interior de los propios foros internacionales. Varias de las organizaciones que mencionó tienen y se han ganado el derecho de participar en foros como por ejemplo el de la FAO, la ONU, del propio Banco Mundial, de la Organización Mundial del Comercio representando grandes organizaciones o grandes conglomerados de redes que están continuamente discutiendo y llevando los asuntos hacia allá. Entonces creo que este tipo de instrumentos a nivel internacional están funcionando, hay la posibilidad de incidir, hay la posibilidad de hacer escuchar los puntos de vista de la sociedad civil y de irlos metiendo. De hecho creo que esta demanda generalizada de ser escuchados de una manera muy incorrecta, muy inaceptable que es la parte violenta, es absolutamente reprobable. Una manifestación política bien informada y permanente, pues esos tipos de mecanismos son los que han ido permitiendo que se vayan permeando los puntos de vista de las organizaciones más allá de los puntos de vista de los estados, más bien de los gobiernos. Este tipo de cosas son las que nos han permitido ir avanzado hacia allá. También quería hacer un comentario respecto a lo que menciona el compañero de ECOSUR. Sí, definitivamente nosotros compartimos plenamente que los asuntos que se discuten aquí deben partir de los puntos de vista de las comunidades locales no siempre indígenas, que también tienen de alguna manera derechos ancestrales sobre sus recursos y también deberían de participar, es decir, más que participar, de decidir cual es la forma de acceso a esos recursos. Muchas veces pareciera que la agenda internacional es contradictoria con esa perspectiva comunitaria local. Pero creemos que cada vez más la agenda de las organizaciones civiles internacionales, particularmente de organizaciones como Greenpeace, se está formando cada vez más desde una perspectiva comunitaria local. Cuando menos esa es una política expresa, ese es en el intento. Y cosas como la polémica y fracaso de la ley de cultura indígena, constituyen una grave
dificultad para instrumentar el derecho de las comunidades a decidir sobre sus recursos. Sí, efectivamente creemos que es una reflexión fundamental, estamos de acuerdo contigo. Luis Rodríguez Piñeiro En respuesta a los dos comentarios por ahí, estoy muy de acuerdo con los dos, estoy de acuerdo con el comentario de la compañera. Perdóname que no me haya quedado con tu nombre. Yo creo que la participación del foro indígena internacional sobre biodiversidad es precisamente un acto de pragmatismo. Es decir, el convenio sobre biodiversidad va, y creo que hay que admitirlo en buena parte en contra de nuestros intereses. Pero nos estamos jugando, y precisamente la participación de la parte indígena en el proceso de implementación del convenio da cuenta de la necesidad de recurrir a ese instrumento ¿no? Ya me gustaría que me contaras el proceso abierto en el senado en la actualidad y sobre todo me gustaría saber cuál es la participación de los pueblos indígenas en este proceso. Respecto al comentario del compañero, definitivamente estoy completamente de acuerdo que si no he incidido más en el tema es por mi torpeza y por mi falta de tiempo. Los derechos humanos que ellos escogen en el derecho internacional son normas superiores, y esas normas deben informar toda la actividad jurídica internacional, incluida la actividad racional con la economía. Con lo cual, los derechos de los pueblos indígenas internacionalmente reconocidos están ahí, y debe ser precondición para la implementación de convenios sobre biodiversidad y otros instrumentos internacionales. Lo que sí he tenido problema con tu contraste entre forma jurídica y derecho. Yo creo que simplemente hay que optar precisamente por la juridificación del derecho. El derecho creo, los derechos no deben considerarse aparte del derecho porque tenemos problemas para su cumplimiento. Respecto a la pregunta sobre los regímenes sui generis, es interesante. Creo que no hay respuestas todavía muy fijas sobre lo que constituye el régimen sui generis y hay varios ejemplos. Un ejemplo interesante se da en India, donde el Panel Internacional de Expertos sobre Acceso a los Recursos una vez definió cuáles más o menos son los elementos de estos recursos sui generis, para empezar, cuál es la posibilidad de registrar conocimiento a título colectivo. Eso está sumamente fuera del régimen de propiedad intelectual convencional. En segundo lugar, en cuanto a la posibilidad de registrar derechos independientemente de que se trate de conocimientos de dominio público, uno de los requisitos del sistema convencional de propiedad intelectual es que esa innovación pudiera estar en estos regímenes sui generis, también quieren dar protección a esos conocimientos que ya están, ya son de dominio público.
En tercer lugar se partiría un poco de la diferencia entre la propiedad de los recursos que según los términos del convenio sobre biodiversidad pertenecen a los mexicanos y mexicanas y el conocimiento sobre estos recursos que generaría derechos independientes. También se habla de la constitución de bancos de datos sobre conocimiento tradicional, del reconocimiento, del consentimiento previo informado como requisito para la explotación de la biodiversidad, y del establecimiento de órganos jurisdiccionales para aliviar con posibles conflictos derivados de la cuestión. Antes dije que el movimiento indígena internacional aboga por los regímenes sui generis, es cierto. Hasta en términos generales el foro indígena internacional sobre biodiversidad aboga por regímenes sui generis, pero también es cierto que hay otros grupos indígenas solamente en Australia, Nueva Zelanda, Canadá y Estados Unidos, que abogan por una flexibilización del régimen de propiedad intelectual y de hecho por la comercialización de sus conocimientos de vida tradicionales. El caso de la marca Mauri de nueva Zelanda es típico también de la utilización, por grupos indígenas, del régimen comercial de propiedad intelectual. Gustavo Ramírez Sí, un poco más para hablar sobre los instrumentos sui generis con el Doctor. En Chiapas nos planteamos ya unos instrumentos, digamos que todavía están en discusión, sobre como ir dando cierta seguridad a los derechos de propiedad intelectual indígena. Por el momento nos preocupa mucho que los foros internacionales, las instancias encargadas de negociar el papel intelectual como SECOFI, no tengan una visión muy clara del conocimiento tradicional de este país. Si valoran su posición sobre el conocimiento científico nosotros decimos, bueno, ¿realmente sólo el conocimiento científico puede desarrollarse en un matraz de vidrio? Puede ser más valioso el conocimiento tradicional desarrollado a lo largo de generaciones y mucha experimentación también como que es una herencia colonial. En cuanto a los instrumentos que me había pedido instrumentar, de eso ya hablamos en un libro que publicamos muy recientemente, el 6 de septiembre, con el INI, la UNAM y el foro indígena, pero va a ser más el trabajo ¿no? También eso lo vamos viendo, digamos, en lo que se refiere a la administración de áreas silvestres de alto valor biológico de parte de comunidades, no hay muchos instrumentos diseñados para la propiedad social comunal ejidal. Sí hay muchos, ya se están desarrollando muchos instrumentos de conservación para áreas bajo tenencia privada o tenencia de tipo federal, que pertenecen al estado o más bien al gobierno. Pero para la propiedad social no hay muchos instrumentos de trabajo.
IV. Mesa 2. El papel de los académicos en los proyectos de investigación Patricia Romero Lankao, UAM Xochimilco, Moderadora 1. Guillermo Pérez Jerónimo, UAM-Xochimilco Bueno pues muchas gracias por la invitación y agradezco también a los que tienen la paciencia de escucharnos. La mesa de los primeros ponentes pues nos ha obviado muchas cosas y nos ha confundido en otras ¿verdad? Sobre todo a los que no tenemos este acceso a los foros internacionales cada vez que se dan. La verdad es bastante difícil proponer proyectos de investigación o qué vamos a investigar, aunque como se ha visto aquí es una infinidad, nada más de la cuestión de la legislación, ahora la cuestión de la bioprospección, la cuestión del recurso mismo, de cómo está. Para mí lo fundamental en esto es la vinculación que debe tener la universidad con el sector productivo, con el sector indígena, o donde estén los recursos genéticos. Parece que el detonante que nos ha vuelto los ojos al recurso genético es esta famosa propiedad intelectual, los famosos TRIPS. Voy a refirme solamente al recurso genético para la agricultura y la alimentación. El recurso genético puede ser todo aquello que tiene elementos funcionales de la herencia, y por lo tanto seguimos hablando desde virus, desde el mismo hombre hasta animales, bacterias, hongos y vegetales. Las plantas siempre se las han robado y más si hay un interés económico. No solamente el interés científico es el que ha movido estos cuentos de los exploradores botánicos. En un rico libro de este señor Killer nos habla solamente de lo que pasaron oficiales botánicos ingleses para extraer aquellas 70 mil semillas de hule de la selva amazónica perteneciente a Brasil, para después germinarlas en sus jardines botánicos victorianos en Londres, y después irlos a sembrar a otras posiciones coloniales en el sureste asiático. Ese es un cuento, y parece de novela. También dieron al traste y bloquearon a muchas plantas ¿verdad? Algo que podemos ver en esta transparencia. Aquí hemos dividido esos periodos de 1870 a la fecha; tres periodos en los cuales vemos cómo se ha desarrollado la agricultura mundial, cuáles han sido las políticas más importantes que permiten el desarrollo de los cultivos en esos tres periodos históricos, la división internacional de trabajo en la agricultura, la estrategia dominante en la producción agrícola y los objetivos, es decir, la característica política dominante de 1870 a 1930, en este lapso de 60 años. La estrategia
dominante radica en que el estado inicia un apoyo al sector agrícola en países industrializados, se va mejorando la competitividad del sector, emerge el sistema nacional de investigación agrícola, el control estatal del mercado de semillas, el desarrollo de la tecnología pública, y la industria privada intenta ya patentar cultivos hornamentales, frutícolas. Ese patentamiento no fue muy bien visto, no tuvo éxito. El segundo periodo va de 1930 a 1980. Algo que hay que resaltar aquí es que el estado dirige la industrialización de la agricultura, pero también facilita el capital agroindustrial y exporta la tecnología agroindustrial y la dirige. Y los países en desarrollo la adoptamos como esta técnica de la Revolución Verde que todavía es vigente aquí en México. No hay lugar aquí en el país, si hablamos de agricultura empresarial, en donde no se use la técnica de altos insumos, semillas mejoradas y capital de la Revolución Verde. La característica en este periodo es que los recursos fitogenéticos son considerados como un bien común de la humanidad, de libre acceso. También la tecnología casi era de libre acceso, es decir, los que podían pagar la tecnología podían utilizarla. Los bancos, bueno la industria privada, ya aquí empieza a controlar la propagación de variedades a través de híbridos y patentes. Está claro que esto, los híbridos, es un candado que tiene la agricultura. No se puede sembrar híbrido porque el rendimiento se viene para abajo casi en 50 o 60 por ciento; hay un reemplazo de variedades criollas y nativas por variedades mejoradas que son muy buenas, son rendidoras, pero son, han perdido muchas de sus características, como la heterogeneidad, la variabilidad, la variación. El que siembre híbridos, pues va a sembrar variedades muy uniformes, y eso es un riesgo muy alto. En el tercer periodo, que lo estamos situando de 1980 a la fecha, el mercado es el que dirige la industrialización de la agricultura. Existen los tratados internacionales que están substituyendo al estado nacional y hay una liberalización de los mercados. En la cuestión de los recursos genéticos las secuencias de DNA son las nuevas estrategias de conservación para los conglomerados industriales. La empresa privada controla la propagación de variedades y el uso de información genética para la creación de nuevas variedades, ya sea a través de la nueva tecnología de los híbridos, del germinator, por patentes y por otro tipo de legislación que protege la propiedad intelectual. Esta cuestión de los conglomerados industriales es muy curiosa porque está muy presente entre nosotros. En el corazón de este conglomerado que es una cantidad fuerte de compañías, se encuentra Monsanto con ventas muy grandes, y tiene una serie de empresas que ha adquirido, con otras se ha aliado, y todas tienen que ver
con recursos genéticos, desde las farmacológicas hasta las semilleras. ¿Qué hacer ante esto? Miren, una de los aspectos bastantes difíciles es saber cómo echamos para atrás una patente por ejemplo, o cómo conocemos nuestros recursos genéticos. Si somos tan diversos y nuestra variabilidad es tan grande, pues ahí hay muchísimo trabajo. ¿En dónde están nuestros recursos, cuáles son, cómo los vamos a valorar, cómo los vamos evaluar, cómo los vamos a conservar fuera de las comunidades, dentro de las comunidades?. Pero finalmente hay un problema muy en puerta en el cual se está trabajando, el de cómo describir morfológicamente nuestras variedades ya sean para la agricultura, para la alimentación o incluso en la herbolaria. Entonces la propuesta es describir la variedad fuertemente o ampliamente en todas sus características morfológicas. Es hablar de las características, es describir el tipo de fríjol, si es blanco, amarillo, azufrado, etcétera. Y luego viene el tipo de crecimiento, la altura de la planta, es decir todas las características morfológicas, de tal manera que sepamos exactamente de qué variedad estamos hablando, cómo es de diferente esta variedad con la otra. Aquí estamos guiándonos o sustentándonos en esta guía que tiene que ver con la semilla, con las hojas, con los foliolos, con el color de las flores, con el color de la semilla, así hasta completar una serie de por lo menos, llegamos a tener hasta 56 características. Unas características son esenciales, en fin, de esta manera sabremos diferenciar una variedad de otra, una especie de otra. Tenemos que incidir en las alrededor de 70 escuelas de agronomía en el país, y aquí hablamos de quién va a incidir en ellas, bueno la sociedad, las comunidades. Muchas de las escuelas de agronomía, y no de agricultura, están enclavadas en comunidades rurales y tenemos que echar mano de ellas para que nos ayuden a describir nuestras variedades, nuestras especies, nuestras familias de plantas. Porque esta descripción es una manera de echar para atrás una patente, como fue el caso del fríjol amarillo. No sé que ha pasado con la patente del maíz que hablaban hace rato, pero creo que ocurrió porque no hemos descrito puntualmente antes que ellos nuestras plantas, no para patentarlas. ¿Y si podemos patentarlas? bueno, aquí hay una discusión, ¿si patentamos, si permitimos este juego y entramos en este juego del patentamiento de la vida? El juego está dado y estamos jugando e interviniendo en diferentes foros como lo dijeron, estamos también analizando diferentes legislaciones, o no tenemos un gobierno con el criterio de impulsar lo nacional, además lo nacional como que se nos está diluyendo. Por otro lado es necesario crear un registro nacional de variedades vegetales fuerte. De tal manera que si existe alguien que viene a piratearnos algo, nosotros ya lo tenemos descrito primero en el tiempo. Nosotros teníamos ya descrita una variedad de fríjol de color amarillo, registrada no patentada. Por eso fue posible
echar para atrás esa patente de fríjol amarillo que ostentaba una empresa o un empresario norteamericano. La otra cosa muy peligrosa es que nos enfrentamos a legislaciones bastante leoninas. Por ejemplo, la legislación de variedades o de patentes en Estados Unidos, en donde se puede patentar el material tal y como está en la naturaleza. Por lo tanto estamos a merced de este juego bastante desleal. Gracias. 2. Andrés Fierro Álvarez Agradezco la invitación para participar en este foro. No soy especialista propiamente en cuestiones de derechos indígenas, ni en genética. Soy agrónomo enfocado a la fitotecnia propiamente, y en una parte incipiente que sería el cultivo, domesticación, propagación y aclimatación de plantas medicinales, muchas de ellas silvestres. Entonces nuestro objetivo va en rescatar parte de estos materiales que se encuentran en las zonas naturales. Iniciaré tratando de presentar algunos aspectos enfocados básicamente hacia mi área de estudio que es la agronomía. Quisiera iniciar con algunas definiciones en torno al tema, para poder ubicar lo que estamos nosotros haciendo en nuestro trabajo cotidiano. Revisando los diccionarios respecto a las palabras que conforman este foro, encontramos que el término de acceso no es más que la acción de llegar o acercarse la acción o efecto de alcanzar un objetivo. Recurso es cualquier cosa de que se dispone para satisfacer una necesidad o para resolver un problema, es un conjunto de bienes que dispone un país-región para su beneficio. Recursos genéticos son un conjunto de bienes genéticos, plantas, animales u otros organismos de que dispone un país o región para su beneficio. Los derechos civiles son el conjunto de derechos reconocidos y garantizados por la ley a los ciudadanos de un estado. Y ahí vendría el de derechos indígenas, conjunto de derechos y libertades considerados como inherentes a la naturaleza de un grupo humano, lo que implica especialmente su aplicación y respeto por todo el poder político. En México, nosotros estamos trabajando en cuanto a la propagación de plantas medicinales. Quisiera mencionar algunos aspectos relevantes respecto a las plantas medicinales, al uso de plantas medicinales silvestres. México y otros países latinoamericanos encabezan la lista de naciones con mayor diversidad vegetal; poseen 56 de los diferentes ecosistemas descritos para el planeta. De tal suerte que el 50 por ciento de dicha diversidad se le atribuye algún uso para satisfacer alguna de las necesidades humanas, y el uso medicinal ocupa el lugar más importante. Actualmente se tienen registradas 3,352 especies medicinales distribuidas en 1,214 géneros y en 166 familias taxonómicas, mientras que hace 15 años se tenían 2,196 plantas vasculares de uso medicinal. Estas cifras indican que se ha tenido un incremento un poco mayor del 50 por ciento en especies vendidas en los últimos 15
años y reflejan lo poco que se ha hecho científicamente sobre nuestros recursos. Esta cifra es apenas equivalente al trabajo desarrollado entre 1571 y 1576 por Francisco Hernández, quien registró 3,269 plantas. Pareciera que apenas estamos conociendo este recurso; de este tamaño es el atraso en este rubro. Sumado a lo anterior, se estima que el 70 por ciento de la vegetación original en México se ha exterminado. Una revisión general sobre el número de plantas medicinales que se ha estudiado fitoquímicamente no rebasa el 10 por ciento; evaluadas farmacológicamente, menos del 5 por ciento, y estudiadas agronómicamente menos del uno por ciento. Prácticamente las únicas que se cultivan son las introducidas por los españoles en el siglo XVI: la manzanilla, el romero, el albaca, el tomillo y todas las que se pueden comprar en los supermercados. El uso de estos recursos naturales por parte de las culturas indígenas y mestizas ha dependido de sus habilidades, conocimientos y tecnologías. De todas ellas hemos heredado el conocimiento sobre los usos de las plantas medicinales, las cuales constituyen en la actualidad más del 90 por ciento de las plantas de este tipo. Mientras el 10 por ciento fueron traídas por los españoles. En México, como mencionaba, quitando el epazote y el barbasco, todas las demás plantas medicinales son generalmente recolectadas y muchas de ellas poco estudiadas. Y pues son el objeto del interés de muchas empresas, de instituciones extranjeras que vienen a México se llevan estos recursos y jamás volvemos a saber nada de ellas. Lo que estos productos naturales significan en dinero son cerca de trescientos mil millones de dólares al año. Ahí está el meollo. No es nada más el interés por conocer las plantas, de saber para qué sirven sino es un problema eminentemente económico. Ahora desde la perspectiva de la formación de los agrónomos, ¿cómo nos formamos para abordar este tema? Un agrónomo se define como la persona dedicada al estudio de las acciones del campo. Gran parte de nosotros es fitotecnista. Nos dedicamos al estudio e investigación de las prácticas más adecuadas para una mejor producción y aprovechamiento de las plantas cultivadas. Nuestra currícula como agrónomos se enfoca fundamentalmente al mejoramiento genético, a la mejor productividad básicamente de las plantas cultivadas; no se nos forma o se nos inculca la posibilidad de poder trabajar con plantas no cultivadas. Aquí en el departamento de Producción Agrícola y Animal hay registrados 25 trabajos de investigación, de los cuales uno nada más involucra el estudio de este tipo de problemas en cuanto al uso de los diferentes recursos genéticos que hay en las comunidades tanto mestizas como indígenas. Nosotros hemos tenido algunas experiencias en cuanto a la extracción o a la piratería. Hace un año un investigador de la universidad de Tlaxcala nos pidió
que le facilitáramos una información respecto de un árbol o de una corteza que se llama coachalalate. Era un cuestionario muy extenso y nos llamó mucho la atención porque muchas de esas informaciones habían sido obtenidas por nosotros, por más de dos o tres años de trabajo. Y era un poco manejarse así pues, nada más así, pues pásamela y no hay ningún problema. Al poco tiempo nos enteramos de que ellos tenían un convenio con una universidad norteamericana y que los investigadores de esta universidad ya habían patentado los usos del coachalalate, y nunca informaron nada, nunca le dijeron nada al de la institución ésta. Entonces al final quedamos en que nos daban unas cuantas cuentas de vidrio y ahí quedó el asunto. En días pasados hice una visita a Milpa Alta, a Santa Ana Tlacotenco y platiqué con una curandera muy recelosa de su información. Me dijo que hace un año una persona, un gringo así decía ella, estuvo visitándola constantemente; le solicitaba información sobre el uso y manejo de las plantas medicinales locales; se llevó sus notas, sus cuadernos y jamás regresó. Es decir, ella se quedó esperando al güero para que le diera, le regresara sus cosas. Nosotros también hemos trabajado con la propagación de plantas medicinales y hemos tenido dos experiencias. Una ha sido concretamente en el municipio de Copalillo Guerrero, en un pueblo que se llama Mexquitlán. Ahí obtuvimos unas semillas de un árbol en donde se extrae una corteza, que se llama quina y es una planta ya muy difícil de encontrar, pues tiene una alta demanda por los recolectores. Nosotros hemos estado trabajando en esta planta, y hemos logrado su reproducción y propagación a nivel vivero. Nos dio mucho gusto llevar muchas plantas con los recolectores y con los comuneros de esta comunidad, quienes nos dijeron que agradecían mucho que les lleváramos su planta, pero que esa planta crecía de manera natural allá. Nos sentimos un poco tristones, porque esperamos otra respuesta. Una situación diferente nos sucedió aquí en Santa Ana Tlacotenco, donde estamos trabajando desde algún tiempo con una planta que se llama valeriana, y la hemos propagado ya tanto vegetativamente como por semillas. Es una planta a punto de extinción, muy difícil de encontrar. La llevamos con estos comuneros y su reacción fue totalmente contraria. Les dio mucho gusto que alguien estuviera trabajando con una planta. Entonces ellos dijeron: “enséñenos como podemos propagarla para poder cultivarla nosotros”. Esos dos son dos contrastes en cuanto a la respuesta que uno tiene, en cuanto a la posibilidad de poder ofrecer regresarle a las comunidades estos materiales, estos recursos genéticos, que son muy vulnerables o que están siendo vulnerados de una o otra manera. Y con esto pues quisiera agradecer su atención.
3. Exequiel Ezcurra, INE Voy a tratar de ser muy breve porque ya tuve ocasión de intervenir esta mañana. Quisiera extenderme un poco en algunas reflexiones que empecé a plantear esta mañana. Creo que son muy importantes sobre todo en relación al tema de esta mesa en torno al rol de los académicos y de la investigación en la cuestión de acceso a los recursos genéticos y en la cuestión de derechos de los pueblos indígenas. Quisiera empezar con una reflexión mucho más global que la cuestión de acceso a los recursos a genéticos, porque creo que es sumamente importante para entender el problema especifico que nos convoca hoy. Hace cosa de semana y media tuve la suerte de que me invitaran a presentar el Informe de Naciones Unidas sobre Población y Medio Ambiente. Leyendo ese informe para poder comentarlo, de golpe me llego así como un impacto personal. Algo que yo ya sabía pero que me costaba entender, era la magnitud real de lo que estamos viviendo, y es el increíble cambio que ha habido en los parámetros demográficos del mundo en desarrollo, de lo que se llama eufemísticamente países en vías de desarrollo, como decía Raúl Benet, en particular en América Latina y en México. En menos de 30 años –en unos 25 años– hemos hecho una transición de un crecimiento poblacional a nivel de todo el país que estaba arañando el 4 por ciento a menos del 2 por ciento. En este momento estamos a menos de 1.8 por ciento y el valor viene bajando año con año. Es una cosa que, a los demógrafos que hace tres décadas teorizaron sobre el crecimiento de la población humana, no se les cruzó jamás por la cabeza que se pudiera lograr, o que ese cambio se fuera a dar en un tiempo tan corto. Asociado a esto hay varios otros fenómenos sumamente interesantes y uno que en particular estamos viviendo en México, que también se vive en buena parte del mundo en desarrollo. Es la emigración masiva en algunas regiones del campo hacia las ciudades; en otras, del campo hacia los Estados Unidos, obviamente hacia las ciudades. El proceso de migración de algunas regiones del campo mexicano tiene una magnitud que recién estamos empezando a entender. INEGI todavía tiene estadísticas muy preliminares sobre ese asunto; pero los pocos datos con los que contamos parecen sugerir que es un proceso de una magnitud increíblemente importante. Dejen nada más que les dé un dato anecdótico. Hace unos pocos meses tuve ocasión de ir por una semana a Jalpan de la Sierra, a la Sierra Gorda de Querétaro. Hacía casi 15 años que no iba para allá, y estuve caminando en varias partes de la sierra, en lugares que yo recordaba exactamente que eran milpas. Los encontré con acahuales ya crecidos, y una cosa muy sintomática de todo esto es que en el Zócalo
de Jalpan de la Sierra, un pueblo de menos de dos mil habitantes hay en el orden de seis y –casi me animaría a decir– siete, porque no recuerdo bien el número, pero seguro eran más de seis compañías que reciben giros por cable de los Estados Unidos. Esto habla de la magnitud del cambio que ha habido en la demografía de muchas regiones de México. ¿A qué se debe ese cambio? Creo que entender ese cambio, es una de las cosas más importantes que podemos hacer y contribuir los académicos para entender realmente la dimensión profunda de la transición ecológica y demográfica que se está viviendo en México. Por un lado, todo parece indicar que en buena medida el cambio de la demografía del país, sobre todo el notorio descenso del número de hijos por mujer, se debe a un fenómeno poco estudiado, aunque hay algunos científicos sociales que lo están estudiando y he visto ya varias publicaciones sobre esto, que es la apropiación de las mujeres de distintos sectores sociales de su salud reproductiva. El hecho de que las mujeres se apropien de su salud reproductiva, no acepten, digamos, dejar su salud reproductiva y sus decisiones del número de hijos libradas a factores externos, como pueden ser las decisiones del esposo o de la iglesia o de cánones sociales, eso parece ser un fenómeno de increíble importancia que está teniendo muchísimo impacto en México, pero la emigración en particular. En mi opinión, hay dos factores sumamente importantes que están interviniendo, y donde diferenciar el uno del otro, parece ser muy difícil. Por un lado en ciertas regiones de México, a mí me queda muy poca duda que la emigración está impulsada por el deterioro del medio ambiente. Estoy hablando por ejemplo de regiones como la Mixteca donde la erosión de los suelos es un fenómeno generalizado. En cualquiera de los pueblos en donde uno ande, yo he tenido la ocasión de andar mucho por allá, los agricultores son los primeros en reconocer que la tierra ya no rinde como antes. Pero quizás el factor más importante de la emigración rural es el colapso de los precios agrícolas en relación a la entrada de México al Tratado de Libre Comercio y a todo este proceso que se ha llamado entre comillas la globalización. ¿A qué se debe el colapso de los precios agrícolas? Yo creo que entender eso tiene mucho que ver con entender muchos de los fenómenos que se están dando alrededor del acceso a los recursos genéticos y las transformaciones en la agricultura a nivel nacional. Se debe a una cosa muy sencilla, al entrar México y los países en vías de desarrollo, a los tratados del libre comercio, una de las cosas que aceptamos es precisamente dejar nuestra producción nacional sujeta a la libre oferta o al libre juego de la oferta y la demanda, con una excepción: Europa, Estados Unidos. Ni Europa ni Estados Unidos están dispuestos a abandonar su política de subsidios de precios agrícolas. En la práctica ¿qué representa esto como país? Bueno los países en vías de desarrollo son países cuya economía descansa o descansaba muy fuertemente en la producción extractiva y en la producción primaria, y la de los países
industrializados como su nombre lo indica, descansa fuertemente en la industria y los servicios. Al generar sistemas de libre comercio entre países de ambos tipos, sin darnos cuenta nosotros nos hemos comprometido a competir con lo que sabemos hacer bien, que son las actividades productivas primarias en un mundo subsidiado y a competir con lo que sabemos hacer no tan bien como es fabricar automóviles, computadoras o aviones en un mundo donde el subsidio está explícitamente prohibido en todos los acuerdos de comercio internacional. Las consecuencias de esto se ven, son notorias en este momento, son un empobrecimiento masivo de los países productores de materias primas y un enriquecimiento acelerado, es decir, un enriquecimiento rápido de la brecha entre los países pobres y los países ricos, y muchas veces un incremento muy acelerado de la brecha adentro de nuestros propios países entre los sectores vinculados a la industria o los estados o las regiones industriales y los estados y las regiones asociados a la producción rural. Una de las cosas asociada a eso también es la pérdida de la soberanía alimentaria. México ha perdido su soberanía alimentaria. Importamos cada año cantidades crecientes de productos agrícolas que nos hacen depender, en particular el caso de México, de los Estados Unidos. Ahora ustedes pensarán ¿todo este inmenso choro que nos está tirando el doctor Ezcurra, qué tiene que ver con el acceso a los recursos genéticos? En mi opinión tiene muchísimo que ver en los últimos tres años. Antes de venir al Instituto Nacional de Ecología tuve ocasión de estar trabajando en un instituto de investigación en los Estados Unidos. Es un tema en el cual me clavé mucho porque me resulta sumamente interesante. Y curiosamente uno esperaría que frente a esto hay un enriquecimiento masivo de los granjeros en los Estados Unidos que reciben subsidio, que son un sector muy apapachado. No es así, los agricultores en los Estados Unidos son el sector más pobre del país. Los agricultores en Estados Unidos no son partícipes de este festín económico de la globalización y ¿quiénes somos partícipes de este festín económico? Básicamente las empresas que generan productos para el agro, las empresas que fabrican fertilizante, las empresas que fabrican o que desarrollan semillas híbridas, las transgénicas, las empresas que fabrican instrumentos de labranza y muchas empresas que están vendiendo todo esto empaquetado, que venden el paquete completo del transgénico, el herbicida, el fertilizante y el equipo de labranza de precisión. Es una cosa muy interesante que predijo de hecho un pensador, un investigador, un biólogo en Estados Unidos hace ya muchos años, Richard Lewontin que escribió un artículo durante los setentas, en el cual se preguntaba ¿por qué la agricultura los países de desarrollo no ha crecido su propio Henri Ford? ¿por qué no hay grandes ricos de la agricultura? Porque básicamente el
proceso como se ha dado económicamente ha transferido la riqueza de la agricultura a las industrias que apoyan la agricultura, y básicamente los agricultores se han convertido en maquiladores de la industria de esos países. Y todo eso sí me lleva al problema del acceso de los recursos genéticos para mantener esa inmensa máquina de producción agroindustrial. Uno de los insumos más importantes es la variabilidad genética, porque todavía hasta el día de hoy los fitomejoradores no han encontrado un mecanismo para fabricar genes; no han encontrado los mecanismos para mover genes de una planta a otra, para insertar genes en una planta. Pero la variabilidad genética todavía se produce a través del honorable y antiguo mecanismo de mutación y selección natural que tan luminosamente nos llevara a intuir Carlos Darwin, en el Origen de las Especies. Ese sigue siendo hasta el día de hoy el motor fundamental. Incluido un elemento que ha sido importantísimo para nuestros países dentro de esta gran bolsa que es la selección natural o la selección, está también un proceso colectivo socialmente acumulado de muchísimos años que es la selección de los agricultores tradicionales en el maíz mexicano o en los fríjoles mexicanos o en las papas de Perú y Bolivia. Hay 5 mil, 6 mil, 10 mil años de lentos procesos de selección natural, de identificación de mutaciones, de identificación de variación genética y de apropiación por los agricultores tradicionales de esos procesos. Y con esto ya voy a cerrar porque creo que estoy sobre mi tiempo, pero ese es para mi el punto fundamental que debemos de tratar, de entender en la investigación sobre los recursos genéticos. Creo que nosotros no podemos jamás competir en la carrera con Estados Unidos para ver quien patenta más rápidamente cosas, porque vamos a perder sencillamente. Ni México ni ningún país en vías de desarrollo, ni todos los países en vías de desarrollo juntos tienen la capacidad de competir con la inmensa capacidad instalada de secuenciar genes y patentar cosas que están desarrollando las empresas en el mundo. Entonces ¿cómo podemos competir? Bueno, primero tenemos que competir conceptualmente, a partir de la defensa de nuestra posición en estos puntos de vista. Y para eso necesitamos el apoyo, el concurso de teóricos intelectuales e investigadores que ayuden a formalizar todo este castillo conceptual que necesitamos construir. Tenemos problemas de definición de lo que es el conocimiento tradicional de cara a una definición en el mundo desarrollado muy concreta, muy especifica de lo que es la propiedad intelectual; tenemos que hacer una defensa del conocimiento tradicional porque no es un ente masivo, no es un fantasma que flota por ahí como muchas veces nos hacen creer. Si no fuera por el conocimiento tradicional no habría papa, no habría maíz, no habría fríjoles, no habría jitomates y no habrían miles de otros cultivos. Necesitamos también empezar a establecer un sistema adecuado de monitoreo y seguimiento, ya sea de la extracción de nuestros
productos genéticos del país y también de la manera como los cultivos transgénicos se nos están implantando. Y sobre todo también –ya con esto voy a cerrar– necesitamos desarrollar una normatividad interna muy sólida. La razón de eso la explicó muy claramente el doctor Soberón; yo la mencioné en mi primera intervención. En este momento, hoy por hoy, la única posibilidad que tenemos de defender los derechos de nuestros campesinos tradicionales y los derechos de México como país frente al mercado internacional, es sencillamente a partir de una normatividad interna muy sólida. porque no podemos esperar que se desarrolle la normatividad internacional la cual va a tardar posiblemente muchísimo tiempo, muchas gracias. 4. Investigación de la flora medicinal en México: ¿Quiénes son sus beneficiarios?
Paul Hersch Martínez, INAH
La base del sentido está en el retorno al mundo de la acción,
donde se encuentra todo sentido…
Paul Ricoeur Introducción Inquirir sobre el sentido de la investigación en nuestro país no es algo novedoso, ni interesa aquí como motivo para una disquisición en abstracto que pudiera eventualmente tener utilidad; se pretende mas bien, a partir de algunos ejemplos, fundamentar la pertinencia actual de la pregunta en torno a quiénes son y quiénes pueden ser los beneficiarios de la investigación que se realiza sobre la flora medicinal en nuestro país. Estos ejemplos remiten justamente al tema del acceso a los recursos genéticos y los derechos de los pueblos indígenas, porque refieren al estudio y aprovechamiento de un conjunto significativo de esos recursos, el de la flora medicinal, que en nuestro país ocupa un espacio primordial en las estrategias de respuesta ante la enfermedad, generadas y aplicadas por los pueblos indios en México. Así, las plantas de uso medicinal constituyen marcadores relevantes en dos sentidos: como entidades biológicas en sí, depositarias y portadoras de diversidad genética, y también como entidades motivadoras de experiencia humana acumulada, dotadas de significado y utilidad en el marco de los procesos civilizatorios esenciales que han sido generados por los pueblos indígenas en este país. Por otro lado, el aprovechamiento de la materia médica indígena ha sido parte del imaginario propio de la ciencia nacional, propósito al cual han aludido médicos, farmacéuticos, biólogos e industriales en diversos momentos de nuestra historia. El
cometido de conformar una materia médica mexicana, basada esencialmente en especies botánicas utilizadas por los pueblos indígenas, impulsó la investigación y la confección de ensayos y farmacopeas durante la colonia y luego de consumarse la independencia en México.75 Sin embargo, como podremos inferir de lo que sigue, lo que se está consumando ahora, afinado tecnológicamente, es de nuevo el estatuto colonial de México, con la "independencia" convertida en un término tan anacrónico o meramente discursivo como el de "soberanía" o el de "bien común". Esto, que puede ser tomado por mera opinión, constituye sin embargo un hecho verificable hoy en diversos órdenes de nuestra vida social, entre los cuales toca en este caso abordar el de la investigación actual sobre productos naturales. La confluencia de los recursos genéticos y los derechos de los pueblos indios es confluencia de lo biológico y lo social. La mirada académica y la actividad misma de investigación vertidas al campo de la flora medicinal se encuentran determinadas por las condiciones sociales, y en este campo, como en otros, se revela el carácter fantástico de la usual imagen que presenta a la actividad científica como una actividad "neutra" o ajena al entorno donde se genera y de la cual es expresión, con sus diversos factores inherentes de orden cultural, económico y político. Un breve ejercicio de ubicación histórica permite destacar dos elementos a mí parecer relevantes en el tema de esta mesa: a) el de la desarticulación entre el ámbito académico y el productivo en nuestro país y, relacionado con ello, b) el conjunto de factores o elementos que operan justamente entre el acceso a los recursos genéticos y los derechos de los pueblos indios a que se alude en este foro, determinante en su relación mutua. Desarticulación entre el ámbito académico y el productivo Como este proceso de desarticulación entre el ámbito académico y el productivo no es nuevo en México, cabe referir someramente dos ejemplos relativos al problema del acceso a los recursos genéticos que, en el caso de la investigación científica, implica también el acceso a la información generada sobre esos recursos, tanto a la propia de las ciencias autóctonas, como a la que se desarrolla en el marco experimental de la ciencia moderna. El primer ejemplo es el del Instituto Médico Nacional, fundado en 1888 por el entonces ministro de fomento, el general Carlos Pacheco. Durante las Guerras de Reforma y contra la Intervención Francesa, Pacheco se había percatado como militar de la eficacia de las plantas medicinales a través del uso que los soldados 75 Véanse por ejemplo el Ensayo para la Materia Médica Mexicana, de la Academia Médico-Quirúrgica de Puebla (1832), así como diversas ediciones de la Farmacopea Mexicana (1846, 1874, 1884, 1896) o la Farmacología Nacional (1913; Hersch 2000:380 y ss).
indígenas hacían de ellas. El instituto generado por su iniciativa tuvo como primer director al Dr. Fernando Altamirano, quien impulsó un amplio trabajo de investigación donde la flora de uso medicinal se encontró en un lugar central en los programas de la institución. Sin embargo, el acceso a esos recursos para su estudio no desembocó en su acceso al ámbito productivo y mercantil moderno. A pesar de los esfuerzos de Altamirano por vincularla al sector industrial de la época y por generar recursos susceptibles de aplicación amplia en la práctica médica indígena y en otras áreas, la institución careció de redes de apoyo y de vinculación con otros sectores que le permitiesen resistir al embate de medidas políticas desafortunadas, siendo la final su clausura por orden de Venustiano Carranza en 1915.76 Este ejemplo de falta de vinculación entre el ámbito de la investigación académica y el industrial o el mercantil nacional que desarrolle y canalice posibles medicinas surgidas del primero, resulta más claro si comparamos el caso con el de otra institución, nacida apenas un año antes (1887): el Instituto Pasteur. Al poco tiempo de fundado, el instituto francés estableció acuerdos de colaboración con empresas como Poulenc y Usines de Rhone, y justamente ese tipo de política, junto con otros factores no menos relevantes, como la naturaleza aplicativa esencial de sus productos biológicos, como las vacunas, habrían de permitir que las empresas francesas, la primera originalmente ligada a la fotografía y la segunda al ramo textil, se consolidasen como una sola firma farmacéutica, y que tanto ésta como el Instituto Pasteur persistan a la fecha como iniciativas sólidas.77 Ejemplos como el anterior nos hablan de un oneroso abismo entre el medio académico y el industrial en México, al menos en lo que corresponde a la investigación de la flora medicinal, y este hecho tiene relación con la suerte de los recursos genéticos y con los derechos de los pueblos indios en este país. Otro ejemplo histórico relacionado con el acceso a los recursos genéticos, los derechos de los pueblos indígenas y el papel de la investigación académica es el del linaloe, Bursera aloexylon. El caso de este árbol propio de la selva baja caducifolia ilustra no sólo el abismo existente entre el trabajo académico de investigación en plantas medicinales y el que se realiza en el sector industrial o mercantil propiamente nacional. También expresa la escasa capacidad del Estado mexicano y de la sociedad misma para proteger y dinamizar recursos naturales promisorios, y en ese marco su desaprovechamiento para las mismas comunidades indígenas. El linaloe o xochicopal es apreciado por su naturaleza aromática y forma parte del grupo de árboles conocidos como copales, burseras productoras de resinas utilizadas en Mesoamérica con fines rituales desde antes de la llegada de los 76 Terrés (1917); Del Pozo (1965); Roussey-Gromb (1988). 77 Moulin y Guenel (1993).
europeos en el siglo XVI. Sin embargo, a diferencia de los copales propiamente dichos cuya característica mas destacable es la de constituir una fuente de resina, la calidad aromática del linaloe derivó en su uso como materia prima para la confección de artesanías y para la destilación de su aceite esencial, aparte de sus usos medicinales en neuralgias y picaduras de alacrán.78 La especie llamó la atención de estudiosos en la época colonial y posterior a la independencia, y fue analizada justamente en el Instituto Médico Nacional por Altamirano y otros autores a principios del siglo XX. Los trabajos académicos en torno al linaloe disponibles abarcan tesis y diversos reportes, todos destacando su potencial, y muchos de ellos fundamentándolo y estableciendo proposiciones y recomendaciones, pertinentes aún hoy. 79 Sin embargo, la realidad actual del uso del linaloe en México dista de esas recomendaciones y propuestas, y ello resulta aún más evidente al tomar en cuenta el aprovechamiento logrado con la misma especie fuera de México, su lugar de origen. En 1910, una empresa inglesa comercializadora de infusiones envió a nuestro país a prospectores, quienes habiendo localizado y valorado a esta bursera, obtuvieron de ella material vegetativo y semillas en diversas regiones, básicamente en Colima, Michoacán y Guerrero. Las plantaciones fueron establecidas luego en Bangalore, provincia occidental de la India, mientras en México la explotación de la especie se llevaba a cabo sin medidas de conservación. El aceite esencial de linaloe era exportado a Europa y Estados Unidos, obtenido mediante procedimientos rudimentarios de bajo rendimiento y básicamente a partir de la madera, derribándose los árboles para ello. Con el paso del tiempo semejante proceso desembocaría en una crisis, al abatirse en ciertas zonas las poblaciones de linaloe, empezando por aquellas vecinas a ríos, que era donde se ubicaban los destiladores para aprovechar el líquido en la condensación necesaria al proceso destilador. Para fines de los años veinte, el aceite obtenido en la India a partir del fruto del árbol de linaloe procedente de México entró al mercado y desplazó progresivamente a la oferta mexicana, irregular y en descenso, obtenida de árboles silvestres abatidos.80 A la fecha, las plantaciones en India continúan siendo explotadas de manera sustentable,81 mientras que en nuestro país la especie no ha sido aún introducida a plantación ni la destilación de su aceite optimizada. Especies medicinales de uso popular en México, incluidas en patentes 78 Martínez (1994:448-9). 79 Entre ellos, los trabajos de Noriega (1902); Altamirano (1904); Vergara Lope (1904); Villaseñor (1904); Ruiz (1905); Torres Torija (1921); Mortera Llano (1925); Ugalde (1927); Galindo y Villa (1927); Martínez (1928); López Cárdenas (1937); Segura Jaimes (1941); Doelker (1949); Rodríguez Acosta (1980); Niembro (1986); Colina Simonin (1987) y Castellanos et al (1993). 80 Mortera Llano (1925); López Cárdenas (1937); Segura Jaimes (1941); Guenther (1972); Hussain (1993). 81 Raghavan Nair, com. pers., 2001.
El ejemplo final pertinente para nuestra reflexión y relacionado tanto con la desarticulación existente entre la investigación académica y el sector productivo local, regional o nacional, como con la pregunta en torno a los beneficiarios del trabajo académico se presenta en los cuadros 1 y 2. El cuadro 1 incluye solamente algunas patentes que involucran plantas medicinales de uso popular en México. Las cinco patentes seleccionadas son una muestra que proviene de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos, abarcando de enero de 1996 a mayo de 2001. En los cinco casos que se consignan, existe relación entre el uso popular de la planta y la atribución de uso de la patente registrada con esa misma especie. Las cinco plantas referidas en el cuadro 1 son utilizadas como medicinales en el medio indígena. De las cinco especies, sólo el almendro es introducida, procedente de la India y cultivada en México. El matariqui ha sido reportado principalmente en Sonora y Chihuahua, silvestre, propio de zonas áridas y semiáridas; la gobernadora, también silvestre y de dichas zonas, ha sido referida desde Hidalgo y Guanajuato hasta Baja California, y es conocida en el sur de Estados Unidos como "chaparral"; el cuachalalate es un árbol silvestre que crece en la selva baja caducifolia, principalmente en Guerrero, Puebla, Oaxaca, Morelos e inclusive Chiapas, Michoacán y Sinaloa; la guayaba, nativa de América tropical, es reportada en casi toda la república. El título de cada patente, en algunos casos acotado, incluye la aplicación pretendida, destacada en negritas en el cuadro: diabetes, hemorroides, dermatitis atópica, y actividad antiinflamatoria.
Cuadro 1 Algunas patentes que involucran plantas medicinales de uso popular en México
Nombre Común
Nombre Científico
Número Titulo de la Patente Año Propietario
Matariqui Psacalium decompositum
5 747 527 Furanoeremophitane and remophilanoide sesquiterpenes for treatment of diabetes
1998 Inman et al Shaman Pharmaceuticals Inc. (Estados Unidos)
Gobernadora Larrea tridentata
5 827 898 Use of bisphenolic compounds to treat type II diabetes
1998
Khandwala et al Shaman Pharmaceuticals Inc. (Estados Unidos
Cuachalalate Amphipterigium 5 869 059 Herbal Composition for adstringens
1999 M.F. Garza. (Estados Unidos)
Hemorrhoid treatment
Guayaba Psidium guajava
5 942 231 Method of treatment of atopic dermatitis with dried guajava leave
1999 Hamada et al O.S. Industry Co. (Japón)
Almendro Terminalia 6 217 876 Cosmetic, dermatological and pharmaceutical use of an extract of Terminalia catappa (incluye actividad antiinflamatoria)
2001 Pauly Laboratoires Serobiologiques, S.A. (Francia)
Fuente: United States Patent and Trademark Office. Refiere al periodo de enero de 1996 a mayo de 2001. El cuadro 2 se basa en las mismas patentes consignadas en el cuadro previo, destacando parte de la fundamentación de las mismas, tal como se consigna en el reclamo de registro. Aquí cabe destacar tres elementos principales; el primero es el uso de la información etnobotánica, etnofarmacológica y etnomédica, pero también fitoquímica y farmacológica, obtenida en México, justamente para sustentar la calificación del recurso como bien particular ajeno a su fuente biológica y social. Es decir, el trabajo destinado básicamente por instituciones mexicanas oficiales y con recursos públicos a la investigación de nuestra flora, es utilizado, paradójicamente, para su privatización por empresas foráneas. El segundo aspecto a destacar en el cuadro 2 es que las cinco especies fueron seleccionadas de otras contenidas en patentes y de uso popular en México, justamente porque las atribuciones pretendidas de la patente con la especie en cuestión coinciden de manera significativa con las atribuciones etnobotánicas, sea en el medio indígena o en general, en el de la medicina popular. Es decir, las patentes resultan improcedentes, no sólo por principios éticos generales relacionados con la pretensión de privatizar la vida o la de sustraer recursos del bien común, sino por principios técnicos, al no corresponder dichas patentes a usos inéditos, incluso si la aplicación es más precisa.
Cuadro 2 Estudios contenidos en la fundamentación de algunas patentes que involucran
plantas medicinales de uso popular en México Nombre Científico
Estudios generados en México contenidos en la fundamentación
Observaciones
Psacalium decompositum
Romo y Nathan (1964) Pérez et al (1984) Bye (1986) Soriano et al (1988) Román-Ramos et al (1991,
El efecto aludido (tratamiento de diabetes) corresponde a usos populares en Sonora (1). La fundamentación de la patente consigna también estudios etnobotánicos en México: Herrera, del Instituto Médico Nacional (1907), Winkelman (1989)
Larrea tridentata Amphipterigium adstringens Psidium guajava Terminalia catappa
1992) Jiménez et al (1992) Rojas et al (1994) Anaya et al (1996) Encarnación Dimayuga et al (1986 y 1987) González y Delgado (1962) Pulido et al (1993) No referidos
e inclusive al "Atlas do las Plantes(1989) e inclusive al "Atlas do las Plantes Traditionales de Mexicana"(1) (sic) y a la "Flora Medicinale Indigena de Mexico (2) (sic), sin autor consignado en la fundamentación (ambas del Instituto Nacional Indigenista, 1994). El efecto aludido (tratamiento de diabetes) corresponde a usos populares (1). La patente consigna estudios etnobotánicos en México(Winkelman 1986 y 1989) y otros etnomédicos(North 1908, Hrdlicka 1908, Vogel 1970). El efecto aludido en la patente (tratamiento de hemorroides) corresponde a usos populares (cicatrizante en heridas y úlceras) en diversas regiones de México (1-3). El efecto aludido en la patente (dermatitis atópica) corresponde a usos populares: el segundo uso popular más importante de la hoja de guayaba es el destinado a irritaciones de piel y otras dermatosis(1-3). El efecto aludido en la patente (actividad antiinflamatoria) corresponde a usos tradicionales en Yucatán, Veracruz y Oaxaca (1 y 3).
Fuente: United States Patent and Trademark Office. Refiere al periodo de enero de 1996 a mayo de 2001. (1) Argueta et al (1994:669, 709-711, 985) (2) Aguilar et al (1994a) (3) Aguilar et al (1994b) Un tercer elemento de reflexión relacionado con los anteriores es el uso, en la fundamentación de estas patentes, de trabajos generados con el concurso sustantivo de terapeutas indígenas, y el hecho de que aún siendo obras publicadas que consignan con claridad el origen de esa información, se recurre a ellas precisamente por la relación que existe entre la atribución conferida al producto en registro y el saber tradicional. El colmo es que ni siquiera se consignen los títulos de las obras correctamente, ni a sus autores, citados al margen de su voluntad. Esto ilustra la dinámica existente entre la socialización y la privatización del conocimiento científico, pues en este caso la privatización del conocimiento científico impulsada fuera de América Latina ha sido posible gracias a su socialización previa en América Latina. Es decir, porque las comunidades acceden a brindar información y acceso a recursos, y porque los investigadores hacen públicos los resultados de su trabajo, es que recursos e información resultan accesibles a iniciativas que los utilizan para fundamentar el proceso de privatización del recurso. ¿Dónde queda el interés de los generadores de conocimiento empírico y experimental, y dónde, el "bien común" en su contexto local, regional y nacional?
Un espacio clave entre el acceso a los recursos genéticos y los derechos de los pueblos indios Sin con ello soslayar la realidad estructural que subyace en el problema de la ausencia global de derechos de los pueblos indios en México, condición básica de la que emana la biopiratería, los ejemplos previos, incluido el del linaloe, permiten subrayar que entre el acceso al recurso genético y el derecho de los pueblos indios, existe un espacio intermedio cuyo vacío a nivel nacional permite y facilita la expropiación del recurso. Se trata de la ausencia de estructuras propias productivas que optimicen su explotación y aplicación, estructuras de innovación y desarrollo orientadas por el "bien común" que supone esquemas de reciprocidad y participación sustantiva respecto a las fuentes naturales y sociales de los recursos. En breve, entiendo por "propias" aquellas estructuras de procesamiento que permiten no sólo añadir un "valor agregado" al recurso,82 sino estructuras cuya gestión pertenece a colectivos locales, regionales o nacionales, o que le generan beneficio desde su perspectiva. En el caso de la flora medicinal en particular, estamos hablando de la ausencia de una industria farmacéutica local, regional o nacional que dinamice las aplicaciones del recurso, y de un Estado que haga accesibles esas aplicaciones para la población. Es decir, la suspensión de la biopiratería es una medida incuestionable en términos de ética y de economía local, regional y nacional.83 Sin embargo, la búsqueda de recursos en el medio ambiente y su transformación como remedios, es decir, lo que ahora se denomina "bioprospección y desarrollo de medicamentos" constituyen en esencia actividades inherentes a cualquier cultura; no hay proceso de desarrollo de sociedades humanas en la historia ajeno a la naturaleza y al remedio emanado de ella. La bioprospección y el desarrollo de medicamentos constituyen además un asunto de interés público que abarca pero también rebasa al ámbito de la población indígena. Así, existe una responsabilidad básica en impulsar la bioprospección y el desarrollo de medicamentos que no son en sí cuestionables sino imprescindibles, pero ese impulso ha de seguir diversos caminos de validación y experimentación, y no uno sólo. Es decir, la lógica y la metodología del aislamiento y desarrollo de principios activos propia de la biomedicina moderna no debiera cerrar posibilidades al
82 Término sin embargo significativo de la reducción de recursos de múltiple significado, a su mera transformación en bienes comerciales. 83 El sentido implícito de la palabra "pirata" es la de "atacante" (del griego peirán, "atacar"; Gómez de Silva 1989:544), pero la acometida a que refiere en este caso no es tanto al sustrato natural mismo que sirve de base material a un proceso civilizatorio: el asalto es a la integridad de una población que depende de ese sustrato, al impedirle eventualmente y por vía indirecta el acceso al mismo a través de una disparatada medida de apropiación, la cual emana de una pretensión general igual de disparatada, como es la de patentar la vida en sus diversas modalidades. Sin embargo, aún siendo absurda, tal pretensión resulta empero emblemática del neoliberalismo económico hoy en apogeo, pues como ya Marx apuntara en su momento, una característica básica del capital es su capacidad para convertir cualquier cosa en mercancía, y esa capacidad, muros de Berlín a un lado, no sólo continúa, sino que se expande al proyectar la categoría de mercancía al ámbito genético.
desarrollo de una medicina indígena, de esa ciencia médica indígena que ha sobrevivido desarticulada y profundamente transformada en un arduo entorno. Y es que la medicina tradicional y la herbolaria actuales en México no son las mejores posibles: a pesar de sus aportes objetivos en las estrategias de sobrevivencia de muchos mexicanos, entre ellos los pueblos indios, existe la tendencia a idealizar una práctica cuya evolución se ha dado en condiciones precarias como reflejo de la precaria situación de los pueblos indios. Sus posibilidades no han sido desarrolladas a cabalidad en el marco de su propia lógica y por sus propios actores sociales. La tarea de desenmascarar y bloquear la biopiratería en México es necesaria pero no suficiente. Es en el abismo existente entre sectores académicos y productivos, en la carencia de estructuras propias de bioprospección y desarrollo de medicamentos, en el vacío de justicia en que los pueblos indios sobreviven con altas tasas de desnutrición, de alcoholismo, de mortalidad infantil y materna, y en el acceso diferencial a los recursos resultante, donde se encuentra bien asentada la autopista de una sola vía de la biopiratería. El acceso a los recursos genéticos es diferencial, no sólo en función de la falta de derechos de los pueblos indios en este país, sino por la carencia de estructuras adecuadas de procesamiento y desarrollo de esos recursos, adecuadas en términos tecnológicos pero también políticos. Y aquí no estamos confinando al recurso a su mero y valioso uso tradicional, a la aplicación que se le da en el contexto cultural indígena. Pero en el fondo de ésta discusión no se encuentra solamente la dinámica entre tradición y modernidad, sino el juego que resulta de la coexistencia de las diversidades y la desigualdad social en México. Al tiempo que la posmodernidad es anunciada, el acceso a servicios básicos y oportunidades forma parte del imaginario de la modernidad a que aspira buena parte de la población. Aunque la misma definición de "servicios básicos y oportunidades" depende del prisma de la cultura, existen elementos definitorios que pueden considerarse universales, como el acceso al agua o la oportunidad de no morir en la infancia, lo cual no tiene que ver con la modernidad en sí, sino con la equidad. En estos inicios de siglo, la pluralidad de opciones en la atención médica sólo puede darse en el marco de una sociedad de opciones aún inexistente para buena parte de la población, pueblos indios incluidos. La mayor parte de los mexicanos no opta. De hacerlo, buscaría seguramente ampliar su horizonte de posibilidades diagnósticas y terapéuticas y su acceso a él. Esto significa sacar a la medicina popular e indígena del marco de precariedad en que persiste y dotarla de recursos para su propio desarrollo, pero ello además sin detrimento de la investigación de los
recursos naturales necesaria también a otros modelos médicos. La bioprospección sólo puede entenderse sistemáticamente como biopiratería en el marco de una visión niveladora que cree en la precariedad como opción. Si interesa frenar la biopiratería es porque interesa el futuro. La medicina del futuro será pluriopcional, lo que implica, en términos de terapéutica, procedimientos y recursos seguros y eficaces, pero también accesibles. El desarrollo de medicamentos no implica necesariamente la sanción positiva de una sola medicina y la negación de alternativas. La figura misma del medicamento no debe suponer la exclusión del remedio. Y el remedio es susceptible a su vez de adecuación y desarrollo en su propio contexto. De manera similar, el reconocimiento de la medicina indígena y su desarrollo no implican por fuerza el rechazo de los adelantos científicos y tecnológicos ahí donde resultan pertinentes. La suspensión del ancestral saqueo de recursos naturales, llevado a cabo por empresas o iniciativas ajenas al bien común, debiera emanar de una política general de derecho de los pueblos que han dependido de esos recursos por siglos. Sin embargo, también se requiere una prospección local, regional y nacional de esos recursos, destinada a desarrollar posibilidades accesibles para toda la población. Esta prospección y desarrollo demandan políticas de impulso a la investigación renovadas en su compromiso con México y abiertas también a diversas racionalidades y actores sociales. El sentido de la investigación sobre flora medicinal en nuestro país tiene entre sus referentes a los Acuerdos de San Andrés, donde, de manera tácita o directa, se plantea la diversidad de vías necesaria para validar los recursos, compartiendo sin embargo un denominador común: su subordinación al bienestar de la población.84 Referencias 84 Esos elementos se pueden desprender de los compromisos relacionados con el reconocimiento, valoración y promoción de los saberes tradicionales de los pueblos indígenas y con el desarrollo de la creatividad y diversidad, entre ellos los siguientes: a) "…fortalecer una cultura en materia de salud y bienestar social que permita aceptar auténticamente una cosmovisión humanista y plural del proceso salud-enfermedad-ecosistema. Con este propósito se crearán espacios para la práctica de la medicina tradicional indígena, otorgándole recursos útiles para su desarrollo sin menoscabo de la obligación del estado de ofrecer servicios institucionales de salud." (Documento 3.2, p.14). b) "…impulsar el desarrollo pleno de potencialidades sociales y culturales de los pueblos indígenas… impulsar la incorporación del conocimiento de las diversas prácticas culturales en planes y programas de estudio de las instituciones educativas públicas y privadas… impulsar modalidades tradicionales de aprovechamiento de los recursos naturales… respetar las capacidades de los pueblos y comunidades indígenas para determinat sus propios desarrollos" (Documento 1, pp. 2, 4 y 6) (Hernández y Vera, 2000: 56-61, 80, 93-94).
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________. 1904b. "Estudio general de la rasura de la madera de Lináloe". Anales del Instituto Médico Nacional, 6:96. ________. 1904c. "Estudio del Lináloe". Anales del Instituto Médico Nacional, 6:9. ________. 1904d. "Estudio del Lináloe". Anales del Instituto Médico Nacional, 6:27.
5. Lilian González Chevéz Buenas tardes tengan todos ustedes. El propósito de mi intervención el día de hoy es solicitar el apoyo y asesoría de instituciones como la CONAVI, el INI o Greenpeace para resolver mi dilema, el de cómo un investigador puede difundir información académica que eventualmente puede dar origen a un despojo del patrimonio indígena. Es decir, cómo puede anticipar un posible despojo, sobre todo cuando se trata de plantas tradicionalmente sagradas, en este caso, de plantas sagradas para los indígenas nahuas de Guerrero. Voy a hacer un encuadre. En México los trabajos de historiadores y etnólogos contemporáneos han fortalecido la idea de que existe un núcleo unificador de la cosmovisión mesoamericana muy resistente al cambio, un núcleo que persiste aún en los patrones socioculturales del mundo indígena y permea distintos campos de su acción social. El propósito de este trabajo es presentar a ustedes aspectos centrales de ese núcleo duro de la cultura indígena que se ha resistido por más menos 500 años a transitar los parámetros de la ciencia positiva y los estudios de bioprospección. Nos referimos a las plantas sagradas o enteógenos. Para desarrollar este tema partiremos de un principio básico, presente en la cosmovisión nahua. En ella, todo lo animado estaba hecho a partir de la esencia de los dioses. Especies vegetales, especies animales y minerales eran réplica de lo divino. Las plantas medicinales no escapaban a esta caracterización, y su uso terapéutico estaba predeterminado por el dios del cual se derivaban y cuya esencia mantenían dentro de sí. Por esta razón las plantas apropiadas para los distintos estados patológicos eran elegidas no sólo en razón de su eficacia empírica, sino en virtud de su poder mágico que provenía en última instancia de la esencia de los dioses en ella contenida. Si aceptamos como un principio básico de la cosmovisión mesoamericana la capacidad que tenían los dioses de replicarse en todo lo animado, entenderemos que los sistemas nahuas para clasificar los distintos vegetales o animales se basaban en un sistema de correspondencias arquetípicas respecto a las distintas deidades. De manera que las cualidades esenciales de los dioses se transmitían a las plantas o animales por coextensión, a través de los atributos y radios de dominio de cada deidad. Estos rasgos taxonómicos son susceptibles de verificarse
en la denominación nahua de algunas plantas que aparecen en el códice vadiano, uno de los primeros libros escritos durante la colonia española del siglo XVI. Pitzin Tecuxochitl, por ejemplo, era una flor que contenía la esencia del Dios Pitzintecutli, el dios niño, dios del maíz tierno, del sol naciente. Totequitchu, quiere decir hierba de Totec, y contenía la esencia del Dios Jipetotec, nuestro señor el desollado. Ehecapatli, quiere decir medicina para el aire, y contenía a su vez la esencia del Dios Ehécatl, dios del viento, una advocación de Quetzalcoatl. Ehécatl era un dios negro, nocturno, frío. De él surgían los vientos originados en el inframundo que provocaban enfermedades atribuidas a los aires. En épocas precortesianas se decía “cualani nehecame”, está enojado el Dios del viento. Pero los dioses obraban dentro del ámbito de su poder no sólo produciendo enfermedades, también eran competentes para quitarlas. Este era un principio general: el dios causante del mal tenía poder para curarlo. Por ello las plantas como el ehecapatli, contagiadas de la esencia del Dios Ehecatl, eran metáfora del dios y remedio seguro para los aires. El ehecapatli fue una de las plantas que quedó plasmada en la obra de Francisco Hernandez en el S. XVI. En la lámina podemos reconocer claramente una leguminosa, “quasi occidentales”. Como todas las leguminosas, esta planta tiene un olor flagrante, conspicuo. Entre los indígenas nahuas de Guerrero Ehecapatli tiene tres denominaciones: moloncaxitle, que quiere decir matón que expande su aroma, que hiede; cuicaxitle o matón que apesta a excremento, axascayoxutli o planta que hormiguea Las dos primeras denominaciones hacen referencia a su olor conspicuo, y siendo el aire el encargado de transmitir éste su principal atributo, es natural que los nahuas de Guerrero, sigan utilizando el Ehecapatl de Hernandez en baños y limpias para curar a los infantes que tienen mal aire, o como se dice en nahua, que están choquiaques, en clara alusión al olor fétido que según sus madres los niños expelen. En cuanto a la tercera denominación, Axacayuxutli, efectivamente, es una planta que atrae a las hormigas, aunque la denominación va más allá de sus propiedades textuales; las hormigas y los hormigueros comunican con el inframundo del que vienen los vientos que producen las enfermedades atribuidas a los aires. Además Ehecatl es una advocación de Quetzalcoatl, que en el mito de la creación del hombre se convierte en hormiga para sustraer el maíz del Tonantepetl y ofrecerlo a los hombres como su sustento. Con este ejemplo llegamos a una primera síntesis, la enfermedad llamada mal aire o Choquiaque es contrarrestada bañando a un niño con una planta de olor fétido
que a su vez fue proyección o coesencia en épocas precortesianas del Dios Ehecatl. Como podemos constatar, la lógica de correspondencias entre la planta, la enfermedad y el Dios es impecable, siendo la nomenclatura actual del Ehecapatli entre los nahuas de Guerrero, metáfora viva cuyo sentido fundamental procede en última instancia de la estructura de un universo sagrado. Dicha lógica de correspondencias se extiende a casi todas las plantas utilizadas en los rituales terapéuticos por los nahuas de Guerrero. Por razones de tiempo sólo mencionaré algunas de esta plantas rituales y su lógica de correspondencia. El tlalzoltomate, o tomate de basura, sirve para bañar a los niños que padecen de Tlazol o aires de basura, como se denomina en castellano. Estos aires son contagiados por las actividades sexuales de los adúlteros y promiscuos. En clara referencia en épocas precortesianas a Tlazolteotl, la devoradora de inmundicias, diosa que inspiraba a los pecados sexuales, pero que también se encargaba de quitarlos. Otra planta ritual usada por los nahuas de Guerrero es la Atlinan, que quiere decir la madre del agua, la que contiene la esencia de la Diosa del agua Xalxutlicue. La Atlinan es utilizada por las mujeres en el posparto para prevenir se enfermen de caxano aflojadura, enfermedad a la que son vulnerables. Si bien los dioses comunicaban su esencia a todas las plantas a partir de su aroma, forma o color, sin duda son las plantas alucinógenas, o más propiamente enteógenas las que poseían la cualidad más exultante de una planta y se constituían en el principal depósito de una deidad; eran simplemente dios dentro de nosotros. Entre los nahuas de Guerrero, hemos detectado tres enteógenos de uso frecuente, y que reciben nombres de santos de la geografía cristiana, a saber: San Pedrito, Manuelito y Bartolito. La primera planta, San Pedrito, se refiere al Tenexiyetl, Tabaco Nicotiana Rusticauna de las plantas sagradas desde Alaska hasta la Patagonia. En Guerrero es molida en el metate, mezclada con cal o ceniza, amasada para construir lo que ellos denominan Metlapilitos (porque tienen forma de Metlapil) con el cual lo dejan desecar, y cuando los niños tienen llantos nocturnos, muelen estas piedras de tabaco con cal y se las untan en el cuerpo. Nicotiana Rustica tiene un alcaloide muy poderoso, sesenta veces más poderoso que la nicotiana americana que fumamos nosotros, con lo cual el niño queda más que dormido. Como ustedes saben, en Guerrero esta era una de las plantas consideradas sagradas y así quedó consignado por Don Hernando Ruíz de Alarcón.
Aparte de esta planta sagrada, que es de conocimiento público, las otras dos plantas son utilizadas en rituales terapéuticos. Según Delowe, una de las historiadoras más famosas de Guerrero, los enteógenos o alucinógenos dejaron de utilizarse en este estado. Nosotros hemos encontrado que se siguen usando y según reza la información empírica, el imperio azteca y sus reyes le dieron a un pueblo específico de Guerrero la tarea de resguardar esa planta. Don Civilo, curandero de una zona alta del río Balsas, nos muestra como tratar esta planta sagrada a la cual se puede tener acceso por iniciación. Estamos hablando de dos plantas que son sagradas. Ésta es una leguminosa; podemos ver como la curandera primero le reza a la planta en días específicos de la semana, y la corta primero en el Este del árbol y luego en el Oeste, luego en el Norte y por último en el Sur. En las diapositivas vemos a la leguminosa y al árbol. En esta diapositiva podemos ver cuán extensamente se utiliza esa planta en Guerrero. ¿Por qué no la tenemos registrada?. Porque está resguardada, como producto de la resistencia cultural indígena. Tanto la están utilizando que se están acabando el agua. En esta otra diapositiva podemos ver que una vez cortada, la lleva a su casa a su altar y la deja ofrendando y la ahuma.; en esta, vemos la otra planta sagrada. En el mundo prehispánico se llamaba “Cuaxoxo”, “serpiente verde” y la metáfora ahí está presente; tiene una forma de cabeza de serpiente. Fue consignada por Francisco Hernández en Guerrero. La encontramos en una de las esculturas más famosas que habla de alucinógenos, la de Xochipilli. Hay bastantes imágenes que refieren qué planta es, pero no ha sido vinculada a su uso ritual y sagrado a pesar de que ha sido identificada. Podemos ver también como es administrada al paciente hecha polvo y después de cuatro días de estar curando a este paciente, durante los cuales no puede salir porque la planta es muy caliente, y hacen ofrendas con alimentos. Toda esta información se las he presentado resumidamente sólo para preguntarles, a diferencia de las plantas utilitarias como el maíz ¿qué pasa con las plantas sagradas? ¿Cómo yo, investigadora, que quisiera publicar algo interesante a este respecto debiera de hacerlo para proteger los derechos de los pueblos indígenas? Esa es mi pregunta. Gracias. 6. Preguntas y respuestas Patricia Romero Lankao Muchas gracias. Pasamos a una ronda de preguntas y respuestas. Aprovecho la oportunidad para comentar que el combate a la biopiratería y al vacío de la
investigación sobre la biodiversidad, con respecto a la producción farmacéutica nacional, es una de las vías que pueden ser muy útiles para reorientar a la universidad pública, aun en las circunstancias adversas que se vienen encima, con la apertura de México a los productos de Estados Unidos y de Canadá que empezará a darse con intensidad a principios del año entrante. Asistente desconocido Masivamente la respuesta de la academia, la industria y el gobierno podría darse sobre bases firmes en el libre cambio de América del Norte. Quisiera que el Doctor Ezcurra se pronunciase sobre esta posible iniciativa multilateral. Quiero aprovechar la oportunidad para pedir una mayor ampliación sobre este dato: cerca de los 300 mil millones de dólares de los cuales hablaba Andrés Fierro. ¿Nos podría comentar algo sobre la importancia económica de la economía informal en este aspecto? Por último, ¿alguien me puede decir en qué medida el abandono del campo y el proceso de las migraciones que ha sufrido México en los últimos años ha favorecido la regeneración de los suelos aquí en México? Tomando en cuenta que se dejan de cultivar, supongo que principalmente en las zonas de riego aunque en las zonas de temporal existe este proceso de regeneración. Me gustaría que alguien respondiera a mi pregunta. Arcelia González Respecto a la preocupación de la última ponente, quiero comentar que en la región latinoamericana se encuentra esta problemática de cómo proteger los derechos colectivos de las comunidades indígenas. Evidentemente, si hacemos una revisión del sistema de propiedad intelectual en todos los países de la región latinoamericana (curiosamente seis de ellos son megadiversos y con una riqueza étnica importante) todos ellos, México, Brasil, los países del Pacto Andino, incluso Costa Rica, son modernos en este tema, impulsan ya proyectos de modernización de su sistema de propiedad intelectual, aunque siguen sin contemplarse los derechos colectivos de las comunidades indígenas. Por eso necesitan crearse mecanismos alternativos. ¿Qué hay en la región latinoamericana al respecto? Existen algunos proyectos y leyes de acceso a los recursos genéticos donde se contempla un apartado de derechos colectivos. Por ejemplo, el Acuerdo de Cartagena habla de un mecanismo específico para derechos colectivos. Sin embargo, no queda especificado como retribuirlos como proteger específicamente su conocimiento. Algo que sí existe es un proyecto en Perú, dedicado al tema de derechos colectivos, que se presentó en el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INPI) de ese país. Para algunos la solución es proteger este conocimiento vía “propiedad
intelectual”. Sin embargo, tenemos que considerar que el sistema oficial busca apropiarse los recursos desde una perspectiva de propiedad privada, de monopolización, de explotación, sin atender al problema de la conservación de la diversidad biológica. Entonces, este proyecto especifico sobre derechos de las comunidades indígenas parece tener como objetivo darles la confianza a las comunidades para que no teman al sistema de propiedad y vean que ellos también pueden patentar y proteger innovaciones. Considero que se debe tomar en cuenta qué quieren las comunidades, su autonomía; se debe contemplar la posibilidad de protegerlos bajo criterios de propiedad intelectual diferentes a los actuales. Además, los proyectos de acceso a los productos genéticos que existen en la región (algunos leyes ya) contemplan apartados de protección a las comunidades en el sentido de sus conocimientos, de sus recursos genéticos. Pensando en el tema de los académicos y la investigación me parece que queda claro, después de la exposición de puros investigadores y académicos que hay una cierta connotación de las bondades, de los pertinente, de lo necesario que es hacer investigación para la defensa de estos recursos genéticos y también para el apoyo de ciertas estrategias políticas en la defensa de los derechos colectivos y de propiedad de conocimientos comunitarios. Carlos González Me parece que es pertinente que nos miremos, es decir, que no nada más nos auto justifiquemos como gente que hace algo bueno y que es necesario, sino que realmente veamos cómo estamos haciendo las cosas, al “son” de quién estamos “bailando”, quién nos está poniendo los derroteros, quién nos está marcando las pautas y criterios de evaluación. Cuando lo veamos así, con los resultados tangibles, resulta que el balance ya no será tan bondadoso y tan pertinente. Estamos generando dinámicas y procesos de investigación con resultados contraproducentes. Me queda muy claro, por experiencia propia, desde el “ECOSUR”, que cuando empezamos a intentar algo vienen criterios en contra, de posiciones que miran con animadversión la investigación que eventualmente tiene su justificación. Lo que necesitamos es revisar cómo se desarrolla la academia en México, cómo se desarrolla la investigación en México en cada uno de los campos académico y científico. “Bailamos a un son” no propio, y mucho menos respecto a las necesidades de los pueblos indígenas y campesinos. ¿Cómo formamos a nuestros investigadores y académicos? Profundamente desarticulados de los procesos políticos y sociales. Las exigencias de evaluación en nuestros centros son muy academicistas. ¿Para quién entonces estamos produciendo? Los criterios que tenemos los que somos parte del sistema SEP–
CONACYT son muy contundentes. Hay que producir para lo que te dé más puntos, o sea, publicar en las revistas internacionales; dándole de esa manera ventaja a investigadores extranjeros sobre temas que hemos tardado nosotros en profundizar. Nadie le dice a aquél que no lo haga, y a mí como investigador me dicen que ahí tengo que publicar para evaluarme bien y por lo tanto para que gane unos centavos más. Igual sucede con la dinámica de la obtención de recursos para los proyectos en el estilo neoliberal de la educación. Nos encontramos con la pregunta que te marca: ¿quién da los recursos? ¿dónde conseguimos los recursos la mayoría de los investigadores? En la mayoría de las agencias internacionales, y no precisamente con aquellas comprometidas con las causas populares, indígenas o campesinas. Ellas entonces marcan la pauta en la investigación de acuerdo a tiempos y espacios. Me parece, entonces, fundamental que lo tengamos claro y hagamos algo al respecto. ¿Cómo hacemos este ejercicio de producción científica o académica? Básicamente lo hacemos de manera fragmentada, es muy difícil el ejercicio interdisciplinario. “ECOSUR” es una institución que se ha caracterizado por eso, dentro del sistema SEP – CONACYT. Finalmente, quiero hacer hincapié en generar investigaciones participativas y aplicadas. Que sean bien evaluadas. Además, que pongamos atención en las condiciones de ruralidad que constantemente son depreciadas. O apreciamos las condiciones de vida y la forma de ser campesino, o siempre vamos a pasar encima del conocimiento local que es el que está sustentando todo esta estructura de conocimientos y patentes. Participante desconocida Oí a Exequiel Ezcurra con la expectativa de que iba a decir una “neta” más o menos fuerte y no sentí que dijera cual es la posición del INE para defender los recursos. Él supone que hagan mil patentes pero luego hace un castillo conceptual, y no sé si el INE ya se ha pasado mucho tiempo haciendo castillos conceptuales y tampoco sé si hay algún compromiso del INE en cuanto a la protección de conocimiento académico que se refiere a los recursos genéticos. Quisiera, además, hacer una mención. A veces cuando uno interpreta este dominio tan “gacho” de las industrias, también podemos caer al otro lado, a la teoría de “la gran conspiración” sin identificar actores precisos que pueden coadyuvar a un proceso, o que lo pueden evitar, como en el caso de Tlaxcala. Gabriela Garza Soy del Departamento del Hombre y su Ambiente, egresada de UAM Xochimilco, bióloga; pertenezco a un grupo de investigación que tratamos el tema de los
arrecifes coralinos del golfo de México (zona de San Tecomapan, Veracruz). Algo que me preocupa de las autoridades aquí presentes y de las que no están pero que leerán las memorias de este evento, es cómo nosotros los académicos que estamos directamente involucrados con la secuenciación genética y todo este patrimonio, vamos a ser tomados en cuenta para la elaboración de las políticas en la materia. ¿Quiénes deciden? No lo sé. Hace poco hicimos un convenio con el IRD de Francia, en un proyecto en la zona arrecifal, nos costó un año y medio poderlo firmar, con todo el apoyo del grupo de planeación de aquí de la universidad, con personas de la SEMARNAP, el INE y mucha gente más. Pero vimos que habían muchos huecos en cuanto a la legislación respecto a los puntos biotecnológicos. Nos invitaban de la Dirección de Flora u Fauna Silvestre, para asistir a las juntas y participar desde el punto de vista científico. Han pasado seis meses y no hemos recibido la invitación oficial. Queremos, entonces, ponernos a su disposición y de veras participar. Carlos Chávez Buenas tardes, trabajo con pueblos indígenas, no me dedico a las ciencias biológicas pero sí a la cuestión de los derechos indígenas. Me ha tocado participar en eventos sobre acceso y la cuestión de la equidad. Pero, ¿por qué tenemos que adentrarnos en el tema del acceso? Creo que existen otros temas y esta es una cuestión muy global que rebasa a la de los pueblos indígenas, como ya bien lo señalaban. Llega a la cuestión de los pueblos, de la naciones; cuando hablamos de contaminación hablamos de algo que atraviesa fronteras de todo tipo. Entonces, por qué no conjugamos lo que se discute sobre bioseguridad, actualmente, que tiene mucho que ver con los conceptos de los pueblos indígenas que consideran la cuestión como sagrada. Creo que está muy lejos de los pueblos indígenas el pensar en apropiarse de los recursos de la vida (aunque ésta sea una discusión muy primaria), pero ¿hasta qué punto debemos tomar en cuenta estas cuestiones? Porque el Doctor Ezcurra nos hablaba de tres cosas: fortalecer la normatividad, competir conceptualmente, e implementar sistemas de monitoreo. Pero... ¡es que se mueve tan lentamente el asunto! A mi me tocó oír a un investigador sudamericano, para quien hablar de equidad era hablar por lo menos de un 8% de los beneficios totales de un descubrimiento. Me tocó comentar con alguien de conservación internacional que era una locura la cantidad de millones de dólares que había gastado la empresa para poder descubrir la cuestión del cambio genético. Hablando entonces del impacto para la vida, podríamos referirnos a la equidad. Pero, tenemos que salirnos de esos caminos por los que nos hacen andar a los que trabajamos con pueblos indígenas,
pues nos financian lo que convenga a los intereses transnacionales; lo que no convenga ni mucho tiempo tiene para hablarse. Me gustaría saber de qué manera podemos fortalecer una normatividad interna, cuando, por ejemplo, los mecanismos institucionales del Convenio de Biodiversidad son tan pequeños en relación con el tamaño de la institucionalidad de la OMC, por ejemplo. Entonces la competencia actual sobre quién determina el paso de las semillas tratadas genéticamente a través de las fronteras, está siendo peleada por la OMC a la institucionalidad del convenio, con todos los visos de que el convenio va a perder la posibilidad de normar el paso de estos transgénicos a través de las fronteras. ¿Qué posibilidad existe entonces de competir y de que nuestra normatividad interna sea capaz de resistir esta normatividad transnacional? Patricia Romero Lankao Gracias por sus comentarios y observaciones. Damos la palabra a los ponentes, a quienes les pido también que sean breves. Guillermo Pérez Los académicos también hemos hecho entrevistas para orientar nuestra investigación y además, hemos asistido a algunos foros en la Cámara de Diputados y la de Senadores para “ver de que lado masca la iguana”. Si a la sociedad mexicana nos marca el derrotero, no lo sé, pero hablando con un senador me di cuenta de que no tenemos cultura del patentamiento. Cuando se propuso la discusión semiabierta, donde concurrimos pocos, para esta ley de la propiedad intelectual de los obtentores vegetales, la parte indígena no fue convocada. Finalmente se hace una ley copia de las leyes prototipo para proteger el derecho de los obtentores vegetales. En ese tiempo, hace ocho años, me preguntaron ¿está de acuerdo con la protección vegetal? ¿De qué me habla? pensé. En ese tiempo no estábamos a este “son” ni a este “derrotero”. Y por otro lado lo nacional se nos diluye en las manos. Me pregunto ¿en qué condiciones está el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas?, ¿quién lo desmanteló?. En fin, desde luego que hay mucho trabajo, no sólo para buscar “derroteros nacionales”, y frente al radicalismo de aquel que dijo: “yo no creo en revoluciones porque siempre dejan la mierda”, yo creo que la única revolución biotecnológica es cuando los hombre trajeron el agua y empezaron a caminar. Cuando preguntamos a directores de institutos con presupuestos más importantes, sobre la mosquita blanca que es una prioridad y la investigación al respecto,
contestaron negativamente. Entonces, ¿qué los orienta?, responden que la calidad de sus reportajes está dada por la capacidad para publicar en revistas. Estamos confundidos o nos falta fortaleza. Y en esta universidad que nace con el paradigma de hacer investigación, es decir, aquí se aprende por problemas. Pero de ese paradigma a la realidad hay mucha distancia. Lo que me queda claro es que si patento una planta, ya no sé si mi colega lo que está haciendo es poner a disposición de las transnacionales un conocimiento sagrado del cual después tengamos una patente, o si no está fomentando el nacionalismo o el regionalismo de los pueblos. Andrés Fierro Yo creo que una cosa es el postulado y otra es la instrumentación del postulado, es decir, estamos hablando de la diferencia entre el aspecto técnico y el político y creo que ese es uno de los elementos que se ha tocado menos. En el aspecto técnico, que no es el sustantivo, pueden haber elementos de referencia. Cuando nosotros formamos personal académico, no le pedimos en áreas como ésta que en su protocolo de investigación incluya un rubro que se llama reciprocidad. Le pedimos que analice el problema, que haga un marco teórico, que plantee hipótesis; en este tipo de disciplinas se requiere aumentar la discusión sobre reciprocidad a diversos niveles.
Va a salir la primera farmacopea herbolaria en la República Mexicana. Fue una batalla porque la discusión dominante giraba en torno a si el nombre es popular, científico, o trivial. Con toda la carga peyorativa que significa decir nombre trivial. Fue un reto incluir una farmacopea que valida como etnobotánicamente plausibles más de 200 especies. Esta publicación oficial consigna usos populares por primera vez después de casi un siglo, porque esto fue común antes. El hecho es que ya una publicación oficial es la que valida los nombres etnobotánicos, sentando un precedente en este tipo de procesos.
Hay entonces diferentes ensayos, unos más afortunados que otros; no está logrado el asunto. Creo que uno de ellos es precisamente el tipo de folleto que pasó. En puntos no da nada, porque es una publicación que se distribuye por primera vez en una institución. Uno de los folletos ya se acabó, porque se distribuyó entre la gente y desgraciadamente no tiene validez curricular.
¿Cuál será el sentido entonces, ya no de nuestra profesión, de nuestra existencia en este lugar?. ¿Cuál será nuestra responsabilidad como individuos en este momento?. Hay diferentes abordajes, pero esta es una discusión esencial que no está para nada agotada.
Lilián González Chevez Preguntaban en cuanto a los montos de estos 30 mil millones de dólares que obtienen los países desarrollados por la venta de plantas medicinales que provienen de los países menos desarrollados. Por otra parte cuando mencionaba acerca de los investigadores, no hablaba de una gran conspiración, solamente mencionaba que me llamaba la atención que se diera un cuestionario tan extenso. Junto con Paul Hersch y otros investigadores consideramos que no era muy conveniente enviárselos, después el tiempo nos dio la razón en términos de que nos dimos cuenta de que es muy fácil que muchos compañeros nuestros accedan muy rápidamente a dar o ceder información. No creo que haya mayor conspiración. Por último mencionaban algo sobre el abandono de los terrenos y la regeneración de los suelos. Claro, es una de las técnicas el barbecho, el dejar a los terrenos sin cultivar un tiempo y volverlos a cultivar posteriormente para que los suelos se regeneren.
Exequiel Ezcurra Está claro que yo no vine a dar respuestas, sino que tengo una pregunta muy concreta. También sé que no tenemos las respuestas, sé que la tenemos que construir colectivamente. Nos hicieron la pregunta sobre un trabajo conjunto entre la academia, la industria, el gobierno, las comunidades indígenas, para participar sobre bases firmes dando una respuesta como país a la entrada de productos farmacéuticos de EU y Canadá. Más que pronunciarnos en contra de esto el Instituto Nacional de Ecología, que yo presido, es una cosa nueva. Antiguamente era una cosa muy grande todas las áreas que estaban en el INE y que ustedes conocen que estaba allá en Revolución; ahora está en la Subsecretaría de Gestión y de Normatividad. El INE actual de 200 personas aproximadamente, más chico que cualquier centro CONACYT, dedicado a hacer investigación aplicada para el gobierno federal, es decir, nosotros no damos permisos ni nos pronunciamos, debido a que no somos autoridad ni gobierno. Somos sencillamente un grupo de investigadores que hacen algunos trabajos.
Regresando a la primera inquietud, es muy importante el planteamiento. Estamos en este momento trabajando con el CONACYT y contra la SHCP (porque ellos no ven la iniciativa con “muy buenos ojos”) para crear un fondo sectorial de investigación, para investigaciones ambientales. Si resulta podríamos llegar a tener recursos importantes para financiar este tipo de cosas, a través de un sistema conjunto entre la SEMARNAT y CONACYT. Esa es una de las líneas sobre las cuales se puede trabajar y para eso queremos que prospere el fondo.
Respecto a la regeneración de la tierra a causa de la migración, quiero decir que no hay una investigación al respecto. Mi impresión es que está pasando de todo: hay
zonas en que el empobrecimiento del capo lleva a una explotación extractiva de los recursos naturales, no sustentable, como una medida desesperada de muchas comunidades para sobrevivir. Hay otras zonas en las que las comunidades abandonan el campo, en esos casos sí hay rasgos de regeneración de algunos ecosistemas. El caso concreto de la Sierra Gorda de Querétaro es quizá para mí uno de los más notables. También la Sierra de Manantlán en Jalisco tiene un proceso muy claro de regeneración del bosque por abandono de las parcelas agrícolas en ladera. En muchos otros casos el empobrecimiento rural, en mi opinión, lleva a una extracción mayor de los ecosistemas; creo que no hay una respuesta única a esa pregunta.
Por último, la compañera que estaba atrás lamentablemente esperaba una intervención más brillante de parte mía y lamento que no pude satisfacerla. Vine sin deseos de participar, vine con deseos de escuchar. Necesitamos propuestas, saber qué piensan las comunidades, la gente, los investigadores frente a todo este campo tan nuevo. Realmente, nosotros sí tenemos cierto vacío conceptual. Por supuesto que sí estamos trabajando para proteger el conocimiento, no sólo el conocimiento académico, también trabajamos con la CONABIO para encontrar mecanismos para proteger el conocimiento tradicional.
¿Cómo se va a tomar en consideración la posición de los académicos? Esta reunión es uno de esos casos. Estamos aquí para eso, planteando además una serie de foros y reuniones para tomar en cuenta no sólo a los académicos sino también a los conservacionistas y sobre todo a las comunidades.
Eso me lleva a la última intervención. Planteo que el tema de acceso está rebasado en torno a un contexto de cosas más complejas. Quiero solamente aclarar a ese respecto. Nos hacías una pregunta muy importante sobre cómo fortalecer la normatividad interna, y qué posibilidades existen de aplicarla. Se expresaba creo en relación a que la CBD no es una convención o un convenio implementable. Precisamente ese es el argumento; pero en México tenemos muchos convenios con distintos países, e independientemente de la Convención de Biodiversidad si nuestra normatividad interna prohíbe ciertas cosas podemos obligarles a cumplir con las normas en el país de destino.
Uno de los casos en particular es el acta estadounidense que obliga a EU al cumplimiento de la legislación mexicana dentro de ese país. Precisamente por la falta de experiencia que tiene la CBD es que estamos pensando en que fortalecer la normatividad interna puede ser la única herramienta de corto plazo para exigir el cumplimiento de la legislación mexicana en el extranjero. Estoy de acuerdo con lo que el compañero planteó; queda claro que no se entendió lo que comunicamos, es decir, la normatividad interna no es para imponérsele a la CBD porque la CBD no
la va a obligar en su cumplimiento si no es para imponerla con los países destino que siguen nuestra normatividad. Eso es todo, gracias. Patricia Romero Lankao Antes de cerrar quiero hacer dos comentarios y luego dar una información de logística. Yo he hecho dos investigaciones de campo entre agricultores de Tlaxcala, Michoacán y Guanajuato, y he encontrado que ni son generales los procesos que se viven ahí (abandono de terrenos agrícolas, concentración de la tierra) ni similares las consecuencias. En el caso de Tlaxcala se vive un proceso de semiproletarización y migración vinculado a otro de deterioro de la tierra; en el caso de Morelia, no es la migración sino que es el uso de aguas del río Morelia el que provoca fenómenos de contaminación de suelos, y en el caso de Guanajuato son los mercados internacionales los que están incidiendo en el deterioro de la tierra y la sobreexplotación del agua.
Quiero contestar porque me referí con gusto al Doctor Ezcurra. Necesitamos gente como él dentro del sector público. Me parece que de alguna manera, al referirse a las condiciones estructurales del campo mexicano, trató de ir más allá y dar cuenta de los fenómenos estructurales del campo que inciden en el uso de los recursos genéticos, ver en que más están trabajando y viviendo las comunidades indígenas.
V. Mesa 3. Derechos indígenas y derechos de propiedad intelectual Moderadora Evangelina Gómez, RADPI
1. Jorge Larson, CONABIO Muchas gracias a la Red de Abogados por los Derechos de los Pueblos Indígenas y a la UAM-X. Los recursos naturales, biológicos y genéticos se contienen unos a otros. Es muy importante que entendamos que los procesos de apropiación de unos y otros son distintos y también los derechos y las obligaciones vinculados con cada uno de ellos. Tenemos la obligación de precisar bien la discusión, de identificar bien nuestros puntos de acuerdo para poder avanzar.
El lograr cambios en las políticas públicas en esta materia, llámese OMC, Secretaría de Economía en México y otras, va a requerir fuerza y si trabajamos sobre las diferencias que tenemos en esta mesa no vamos a lograr ninguna fuerza; sólo nos vamos a debilitar más.
En el centro de esta discusión está el valor, no me refiero al precio, me refiero a los valores. Y los recursos biológicos tienen una plétora de valores que arrancan desde el valor de existencia. El hecho mismo de que en un territorio indígena exista esa diversidad, producto de sus procesos históricos de resistencia cultural. Hay procesos que podemos llamar tradicionales, que son contribuciones colectivas transgeneracionales, como la domesticación. Por otro lado contribuciones desde la ciencia formal, la descripción sistemática, el mejoramiento y la modificación genética.
En nuestro país todo esto va añadiendo valor y al final esto se convierte en productos. ¿Qué tanto se está transfiriendo de estos valores de regreso a las comunidades originales que lo crearon? Nuestro país es el país que transfiere menos recursos de su consumo urbano a todo el paisaje agrícola; somos el país que menos transfiere recursos humanos, materiales, económicos al México rural. Esto es una tendencia que tiene que cambiar.
Paul Hersch demostró hace rato que la descripción etnobiológica juega un papel. Finalmente, la modificación genética y la biotecnología está jugando un nuevo papel en la construcción de valores, un papel un poco “perverso”, en términos de justificar ideológicamente apropiaciones ilegítimas de conocimiento.
La problemática indígena permea casi todos los temas que vamos a considerar en el proceso legislativo que estamos iniciando. Es lamentable que por el momento las prioridades de México sean la paz, los derechos humanos, la autonomía y el
desarrollo básico, y que, por no haber sido resueltos por la nación, estos factores aún no se involucren prioritariamente en la discusión.
Hoy, la situación cambia en el sentido de que ya se están incorporando a la discusión las organizaciones indígenas. Pero lamentablemente no ha cambiado la situación. La primera y última vez que pude platicar con Digna Ochoa tocamos el tema de la biopiratería. La discusión fue difícil; la situación de fondo ahora no ha cambiado. Yo creo que merece una reflexión profunda la necesidad de que construyamos sobre las cosas en las que estamos de acuerdo y no sobre nuestras diferencias.
Me preguntaba en ocasiones ¿por qué muchas de nuestras mejores personas de nuestra generación, particularmente abogados, no discutían sobre recursos naturales, sobre derechos y conocimiento indígenas? Pues se debe a que nuestra mejor gente sigue en la lucha de los derechos humanos y la lucha por la tierra.
La disparidad en la situación política indígenas no es igual en las diferentes regiones de México. En la sierra norte de Juárez hay un ejemplo de un lugar donde se ha construido otro tipo de situación para las comunidades indígenas. Es una situación de profundas raíces históricas y hay cuadros de la sierra norte de Juárez metidos en esta discusión; ejemplo de ellos son Aldo, Gustavo Ramírez y los jóvenes biólogos forestales. Entonces las organizaciones indígenas están construyendo también este capital.
Aunque la realidad de México, en el asunto de la propiedad intelectual, sea difícil, esta es la propuesta, el sustento jurídico que propone la propiedad intelectual. Los creadores sean individuales o colectivos le dan a la sociedad innovación, la sociedad les paga con un privilegio comercial. Es el sustento que trata de explicar el papel que juega la propiedad intelectual. El estado, por su parte, debería de ser garante y arbitro; esto quiere decir que este contrato social no se cumple siempre. Cuando decimos propiedad intelectual es importante entender sus diferencias: el derecho de autor, las variedades vegetales, y en el caso de México, la propiedad industrial que engloba patentes y secretos industriales.
En el marco del acceso a los recursos genéticos juegan un papel central las variedades vegetales, las patentes y los secretos industriales. Pero en el ámbito de la discusión de los derechos indígenas, las formas suaves de la propiedad intelectual también están ahorita generando problemas de apropiación ilegítima de patrimonios colectivos. Un ejemplo muy concreto es el registro, por un particular en Oaxaca, de la marca “Mezcal Tobalá” cuando Tobalá es una variedad de magueyes de distribución amplia, no sólo en Oaxaca sino en otras áreas. Además Tobalá es un nombre de origen zapoteco.
Estas violaciones suaves de apropiación juegan un papel central en la implementación, en México, del artículo 8J de la diversidad biológica, que sería referente para que las tecnologías suaves, intermedias, tradicionales fueran reconocidas a la hora de comerciar. Ahora, no sólo lo hace un privado. Algunos “compas” utilizaron la marca “Veinte Cerros” para comercializar una marca de agua de manantial. Veinte cerros es una serranía sagrada. ¿Se vale registrar una marca así? En dado caso lo podría registrar el pueblo Mixe a través de una cooperativa.
En el terreno de la propiedad intelectual suave hay discusiones en las que hay que profundizar. El derecho de autor es uno de los que juega en esto, aunque no tiene que ver con la biopiratería, tiene que ver con la incapacidad del derecho para reconocer a lo colectivo. La reforma mexicana a la Ley de Derecho de Autor, para reconocer a las artesanías, las coloca en el mismo capítulo que el arte y la cultura popular y los símbolos patrios. De entrada esa es la visión bajo la cual se protege la cultura popular en México. El segundo punto se refiere a lo que dice la ley, referido a que el autor de la artesanía no es identificable. No es lo mismo que la ley dijera: el autor puede ser colectivo. Lo que la ley de derecho de autor está solucionando, es decir, el autor no identificable individual es el colectivo. Habría que tratar de precisar en la agenda indígena lo referente a la propiedad intelectual. En cada uno de sus incisos tiene puntos que hay que corregir y modificar. Otro de ellos es el uso de lenguas indígenas. La ley de marcas dice que no se puede usar un nombre genérico para una marca, valiendo también para las traducciones a otros idiomas.
En la medida en que en México no se reconocen las lenguas indígenas como idiomas no les aplica este asunto de la traducción. Por lo tanto, algunos pueblos indígenas comienzan a registrar, por ejemplo: “Inda pura”, registrado como agua. Inda quiere decir agua en zapoteco. No violan la ley porque es lengua no es idioma. Vale la pena revisar puntualmente la ley obedeciendo a los intereses indígenas.
Estamos de acuerdo que la globalización nos deja dos opciones: seguir con la integración vertical impuesta o participar en este proceso de manera construida a través de establecer acuerdos y alianzas complejas. Todo esto para que nuestra participación en la globalización sea construida y no impuesta, lo que implica recobrar la confianza que se ha destruido dentro de las organizaciones académicas, el sector público, las organizaciones de base y las ONG’s.
Un ejemplo es el del algodón, es un solo recurso. En Costa Chica hay un proceso de reapropiación de semillas que se había perdido en los años cincuentas. Las semillas con las que se están reapropiando del material se las dio una etnobióloga.
Entonces, ¿existe una patente legítima? Ya dijo Raúl Benet, de Greenpeace, no a las patentes sobre la vida.
“Coyuchi” está apareciendo como marca comercial en los EU y México con una variante dialectal. En el algodón transgénico tenemos patentes sobre los genes de Monsanto vt, variedades vegetales registradas sin secretos industriales. Sobre este punto quiero insistir en uno de los retos más fuertes que tenemos: derrumbar la pretensión ideológica de la biotecnología detrás de las patentes. Es decir, la patente “Monsanto” le cobra al agricultor por separado la semilla de las regalías de la patente, del gen. Lo que están haciendo ellos fiscalmente de separar la tecnología de la semilla, es pretender que son dos cosas distintas y ya que le metieron el gen, pues es un ser vivo, y esa pretensión biotecnológica de que los seres vivos son objetos es uno de los grandes debates que tenemos que enfrentar.
Y ese es un debate desde la ciencia, aunque la organización civil y la sociedad tienen que participar. Los científicos tenemos un papel muy duro que jugar en derrumbar esa pretensión ideológica. Esto está creando productos híbridos. Un “textila musgo” donde el “coyuchi” está cultivado regionalmente pero la matriz de la hilaza tejida es algodón vt de Monsanto. Porque es el que se produce en México desde hace diez años mayoritariamente. Entonces México está produciendo, desde las organizaciones indígenas, productos híbridos en el origen de sus materiales; productos difíciles de proteger, por ejemplo, el “textila musgo” .
Esta patente de Sally Fox es la que creo es una patente legítima, y no es una patente en proceso; ustedes pueden leer ese texto, anoten el número de la patente. Van a fijarse que no hay en todo el texto en ningún momento una pretensión que diga “el germo plasma es mío”, “los genes son míos”. Lo que ella dice es “si ustedes siguen este proceso de selección de fibra obedeciendo a ciertos criterios con base en cualquier germoplasma de algodón van a obtener un algodón naturalmente inflamable”. Entonces, es una patente que tiene legitimidad y nos ayuda a construir los criterios mínimos de invención dentro de una patente. Y a establecer criterios claros de manos fuera del germoplasma en las patentes relacionadas con los seres vivos.
El pozol es un caso que nos toca directo en México; es un alimento de origen maya; su colectividad es de una amplitud impresionante, en términos de quienes son los dueños. Hubo colectas en los años sesentas y setentas hasta los noventas con una gran diversidad de flora microbiana. El acceso a los recursos genéticos sucedió vía una institución académica. El material salió vía una alumna que se fue a un postgrado a EU, se llevó la sepa, y unos años después apareció la patente.
Se ha terminado mi tiempo, pero el punto central sería dónde está la ilegalidad y la ilegitimidad en estas patentes. En el caso de la muchacha que se llevó la sepa, que
legislación violó. No lo tengo claro, pero la UAM y la UNAM juegan un papel muy importante. Construyamos entonces a partir del consenso de la racionalidad de que el discurso de las patentes en EU es insostenible. Creo que ahí hay un frente de trabajo hacia el papel de los EU. Estamos de acuerdo en que deben haber procesos sociales de apropiación de los valores de la diversidad biológica en un sentido amplio. La legislación de acceso encontraría en los dos últimos puntos anteriores la base para su solución. 2. Ricardo María Garibay Velasco, SEMARNAT
Gracias por la invitación para participar en este foro. México es dignatario del Convenio sobre Diversidad Biológica, a partir de la Conferencia Mundial del Medio Ambiente, celebrada en Río de Janeiro. En términos generales, los objetivos del convenio son: la conservación de la diversidad biológica, el uso sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios resultantes de la utilización de los recursos genéticos.
En el artículo 8 y en el inciso J, mencionado con anterioridad, el convenio hace referencia a la población local que utiliza estos recursos. En SEMARNAT se han creado áreas orientadas a dar atención a las demandas de sectores específicos, como es el caso de la Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia y –dentro de ésta– la Dirección de Atención a los Pueblos Indígenas; se han introducido cambios en las políticas de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.
El paso de una visión conservacionista hacia otra de participación de las poblaciones que habitan las áreas naturales protegidas, en su mayoría indígenas, significa la apertura de espacios para incidir en temas como el que ahora nos ocupa. Y contribuye a que las decisiones no queden sujetas al criterio exclusivo de la autoridad ambiental. La participación social para la toma de decisiones no ha resultado de una actitud condescendiente o tolerante, sino que es producto de una actitud incluyente y vinculante, así como de la gestión social que exige la injerencia de las comunidades en la definición de las políticas públicas que afectan sus intereses.
El reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en lo que concierne a aspectos relacionados con el medio ambiente y los recursos naturales es por tanto nuestro motivo de interés. Por ello estamos obligados a mantener abiertos nuestros espacios para el diálogo; pero también estamos obligados a aportar la mayor cantidad de información y asesoría, para que las decisiones finales se tomen con todo el conocimiento de causa necesario y se eviten conflictos derivados de una mala información o de falta de información.
La posición de la propia autoridad ambiental respecto a las actividades de bioprospección está en estos momentos siendo discutida por más de diez diferentes áreas de la SEMARNAT, y aunque apenas está saliendo esto a la luz pública, ya es motivo de discusión amplia no sólo entre los directamente involucrados; este foro así lo demuestra.
Una vez definida como propuesta la posición de la SEMARNAT al respecto, deberá ser puesta a discusión, sobre todo entre los actores a quien más directamente afecta. En estos momentos se está elaborando una propuesta de requisitos para hacer colectas con fines de bioprospección; se está elaborando una propuesta de principios de política sobre acceso a los recursos genéticos y prácticas tradicionales, y se está discutiendo la pertinencia de elaborar códigos de ética para los académicos. Todo esto sin considerar las acciones de política mencionadas por el Dr. Ezcurra.
Sin embargo, el diseño de los instrumentos técnicos para regular el acceso a los recursos y propiedad de los recursos naturales y genéticos, así como los conocimientos vinculados a su transformación y aprovechamiento constituyen sólo un primer paso. El siguiente, el definitivo, orientado a hacer valer esos instrumentos, se refiere a los procedimientos para legislar. Ya sea para hacer modificaciones a las leyes ya existentes o bien para decretar las que sean necesarias; contempla además, la canalización de incentivos económicos para la difusión de la legislación ambiental, y la capacitación de representantes indígenas en esta materia. Mientras no se tenga debidamente legislado este asunto, no podemos confiar en la buena voluntad de quienes están ansiosos por poder llevar a cabo colectas botánicas e investigaciones con diversos fines.
Es necesario reglamentar el acceso a los recursos biológicos y genéticos porque es la única forma de conseguir que la utilización de éstos se haga en beneficio de nuestro país y de las comunidades indígenas. La reglamentación resulta urgente a la luz de la proliferación de contratos que empiezan a firmarse en México, entre indígenas y universidades, y entre indígenas y solicitantes privados del extranjero, quienes desconocen la potestad de la nación mexicana sobre sus recursos naturales, y quienes no ofrecen beneficios muy claros ni para el país, ni para los grupos indígenas, ni para comunidades rurales involucradas.
Mientras se mantenga la ausencia de una regulación expresa que asegure los derechos del país de origen sobre sus recursos genéticos y que reconozca en debida forma los conocimientos, innovaciones y prácticas de las comunidades indígenas y locales, existirán condiciones ideales para que continúe el saqueo de la biodiversidad en nuestro país.
Los médicos tradicionales hacen bioprospección, las universidades nacionales hacen bioprospección, las empresas transnacionales hacen bioprospección. Lo que nunca ha habido es una normatividad que reglamente y evite la piratería.
La postura de las delegaciones mexicanas que han asistido a los foros internacionales de discusión sobre el acceso a recursos genéticos y distribución de beneficios, ha sido la de no aceptar bajo ninguna causa patentar ningún material biológico natural, además de todo aquello que modifique el proceso original sobre las secuencias de las estructuras o procesos naturales.
A pesar de que recientemente la CEE ha ratificado la decisión de permitir la patentabilidad de genes tal y como se encuentran en la naturaleza, se ha propuesto como punto fundamental de la política nacional, el aplicar rigurosamente el principio de protección del producto de la creatividad humana colectiva o individual. En otras palabras, la autoridad ambiental de México se opone a que se toque propiedad intelectual sobre genes, moléculas, procesos metabólicos y estructuras tal y como se encuentran en la naturaleza, sin haber sido objeto de modificaciones significativas. La autoridad ambiental se opone a que se dé a terceros en el caso de conocimiento tradicional preexistente, en el que los procedimientos para obtener el consentimiento previo, y los contratos que permiten el reparto equitativo de los beneficios deben incluir en un plano de igualdad a los campesinos e indígenas en cuestión.
Existen dos posiciones respecto a la bioprospección. Una se opone a toda costa a ésta; sus partidarios han vivido experiencias negativas que han desembocado en una abierta biopiratería, o bien experiencias de poca claridad que han generado una fundamentada desconfianza. En este caso la falta de información ha sido un factor fundamental. Los médicos tradicionales de Chiapas son una clara demostración de esto. La otra posición es la que se ha encausado más hacia la búsqueda de formas de participación, de apoyos externos que incluyen actividades de bioprospección para acceder a modelos de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales tanto de flora como de fauna silvestre, con beneficio para las comunidades indígenas.
Existe ya en nuestro país una amplia variedad de experiencias en el manejo de los recursos naturales producto de iniciativas locales, áreas protegidas, reservas campesinas, reglamentos comunitarios, ordenamientos ecológicos comunitarios y redes de comunicación entre organizaciones indígenas que han tomado el control sobre sus propios recursos.
Hoy se trabaja en una misma dirección para apoyar a las comunidades indígenas. Proyectos como Co-indio, el Corredor Biológico Mesoamericano; proyectos en el Norte de Oaxaca donde organismos como el PNUMA, el INI y el Centro de
Capacitación para el Desarrollo Sustentable están trabajando en la misma línea de apoyar con capacitación a indígenas en esta reapropiación de sus recursos naturales.
Sin embargo, hasta tanto no se legisle debidamente este tema, el riesgo de la biopiratería estará siempre presente. Mientras esto sucede, se deberán asumir ciertos compromisos para que en caso de darse convenios para actividades de bioprospección, ambas partes estén debidamente informadas acerca de sus obligaciones, responsabilidades, derechos y beneficios. En este sentido, la autoridad ambiental debe asumir el compromiso de propiciar la participación social en el desarrollo de estrategias para la conservación, el uso sostenible de la diversidad biológica, la distribución equitativa de los beneficios, el acceso a recursos genéticos, la propiedad intelectual de los conocimientos, innovaciones y prácticas; debe garantizar a la población beneficiaria de estos componentes el acceso a los espacios de toma de decisiones, así como el respeto a sus creencias culturales. Esto, repetimos, no como una concesión a las comunidades indígenas, sino como reconocimiento a sus derechos de propiedad.
El compromiso está en diseñar e implementar foros, seminarios y talleres con comunidades indígenas, en tanto se legisla al respecto, con el fin de aportar información acerca de las condiciones y criterios para el acceso a actividades de bioprospección, códigos de conducta a nivel nacional e internacional, propiedad intelectual, derechos sobre los recursos genéticos y el conocimiento, su transformación y su aprovechamiento. La voz de los indígenas es la que tiene que ser escuchada. Gracias.
3. Adelfo Regino, Organización de Servicios del pueblo Mixe
Buenas tardes, en primer lugar agradezco a la UAM y a la Red de Abogados y Abogadas por los Derechos de los Pueblos Indígenas por la invitación. Al igual, que las personas que me han antecedido estoy convencido de que hace falta este tipo de espacios para discutir un tema de vital importancia, no sólo para nuestros pueblos sino para todo el mundo. En este sentido, al hablar de los derechos indígenas y los derechos de propiedad intelectual, lo primero que tenemos que reconocer es que a los pueblos indígenas de México y del mundo no se les ha reconocido el derecho básico a su territorio (se acaba el casete). Y en este aspecto tenemos que mencionar necesariamente la cuestión de la propiedad intelectual. Y una primera cosa que yo quisiera resaltar aquí, en esta mesa, es algo que ya se ha comentado; se refiere a dónde está el sujeto, a quién es el sujeto. Si hablamos de propiedad intelectual ¿quién es el sujeto? ¿Quién es la persona que debería ejercer eso visto desde los pueblos indígenas? Y creo que aquí tenemos que concluir que desgraciadamente ese sujeto no existe, no existe ni en la
legislación estatal, no existe ni en la legislación nacional, tampoco existe en la legislación internacional. Recordemos que uno de los últimos debates que se han dado en el contexto internacional ha sido precisamente el concepto de pueblos indígenas. Si los pueblos indígenas no existimos reconocidos en estos diversos órdenes y niveles, pues difícilmente podemos ejercitar los derechos que deberíamos estar ejerciendo en la realidad. Una segunda cuestión que quisiera poner sobre la mesa es el consentimiento previo informado. Yo me pregunto, ¿cómo va a existir consentimiento previo informado si precisamente una de las cuestiones que más se nos niegan a los pueblos indígenas es la cuestión de la determinación y la autonomía? Hemos dicho en muchas ocasiones que uno de los derechos indígenas es la libre determinación y la autonomía. Con este derecho queremos ejercer nuestras decisiones ya sea en el orden comunitario, regional o municipal. ¿Cómo se puede concebir un mecanismo para que los pueblos puedan tener un consentimiento, para que puedan tomar una decisión, si se nos niega lo más básico? Lo mismo pasa en el espacio físico, donde se supone están estos elementos naturales, culturales y biológicos que se han discutido en el trascurso de esta mañana. ¿Cómo vamos a protegerlos, a conservarlos, a fortalecerlos si se nos niega el derecho al territorio? Ustedes deben recordar que en las últimas discusiones que se han dado alrededor de la reforma constitucional aprobada por el Congreso de la Unión, una de las cuestiones ausentes es la del territorio, y es una de las reivindicaciones fundamentales de nuestros pueblos. Mi pregunta entonces es, ¿cómo podemos nosotros garantizar el desarrollo, la protección, la conservación de esos recursos naturales, biológicos y culturales que están vivos en nuestros pueblos, si se nos niega algo tan elemental, el derecho al territorio? Con estas tres cuestiones, estoy tratando de la ligar la cuestión de los pueblos indígenas a la que se le llama derechos de propiedad intelectual. Finalmente, quiero hablar de algo que me preocupa y creo que debiera ser tema de preocupación de todos los aquí presentes. Es la cuestión de la cultura, de la identidad indígena, de los conocimientos, valores y actitudes de nuestros pueblos. Estos conocimientos y valores tradicionales, ¿qué lugar ocupan en la sociedad mexicana?, sobre todo en el marco de una sociedad donde todos tenemos una mente colonizada, incluso los propios indígenas, en donde nuestra lengua no vale, en donde nuestros valores deben de permanecer ocultos, donde nuestros conocimientos no son saberes, son brujería, son de lo peor. Yo entiendo que cuando hablamos de propiedad intelectual, hablamos de los conocimientos, de la sabiduría, de los pensamientos, de los valores de nuestros pueblos.
Por ejemplo, el concepto de propiedad ¿existe en la mentalidad de nuestros pueblos?, ¿es algo que tenemos en las montañas, en nuestras prácticas cotidianas?. Creo que es algo que nos tenemos que responder los indígenas y es algo en lo que ustedes nos deben de apoyar. ¿Por qué lo digo? Porque en muchos de los casos, y creo que ustedes lo han visto, para nosotros la tierra, el territorio, los recursos naturales es nuestra madre, la tierra nos amamanta, la tierra nos da vida cuando nosotros nos morimos. Para nosotros la tierra es vida, es como un ser humano más, no un objeto. Y en este sentido, ¿podemos hablar de apropiación hacia algo que tiene vida, que es igual que nosotros, que siente? Desde el punto de vista de los indígenas la tierra existe como un ente vivo; hay una relación que se da fundamentalmente a través del trabajo, de nuestra religiosidad. Es por eso que yo pido que cuando hablemos de derechos indígenas y de propiedad intelectual, asumamos una posición crítica y revisemos el concepto de propiedad; que nos preguntemos si éste puede ser aplicado a nuestros conocimientos, valores y recursos biológicos, o si existe otra palabra que pudiera ser aplicable en este sentido. Venimos arrastrando una tradición de colonización que no sólo está en las universidades, también está en nuestras comunidades. Y eso también es una de las cuestiones que tendríamos que estar reflexionando. Detrás de todo esto está la idea de la comunalidad, que es la base del pensamiento y de la acción indígena. La comunalidad tiene que ver con el trabajo comunal, con el poder comunal, con la fiesta comunal, entre otras cuestiones. Todo eso tendría que ser valorado y reconocido no sólo por la ley sino también por las instituciones del estado. Para mí, la primera responsabilidad en relación con nuestros territorios y recursos naturales, en relación con nuestros valores y conocimientos, la primera responsabilidad parte de nosotros mismos, de los pueblos, de las comunidades. Las organizaciones indígenas debemos empezar a formar procesos de concientización, de reflexión, que permitan desde la base discutir estas cuestiones, porque a veces vivimos los problemas, y cuando digo que los vivimos es porque de algún modo hemos notado en todas las regiones indígenas que en relación con nuestros saberes hay broncas. Llegan antropólogos, etnólogos, biólogos, personas ligadas a instituciones académicas; llegan incluso con sentido de caridad y solidaridad; pero nosotros proporcionamos la información. Nosotros no sabemos a donde llega esa información y qué uso tiene. Por eso necesitamos bajar esta reflexión hacia nuestras comunidades y regiones. Necesitamos hacer conciencia de que no sólo nuestros valores y conocimientos tienen vital importancia, también nuestros recursos naturales y biológicos que están en nuestras montañas y ríos. Creo entonces que la primera responsabilidad es nuestra.
Otra responsabilidad muy importante –algo del terreno formal– es que nosotros mismos tenemos que precisar esta cuestión en nuestros estatutos comunales. El estatuto comunal es un instrumento jurídico comunitario, que está autorizado por la propia legislación nacional y el cual nosotros podríamos utilizar tanto para proteger, preservar y desarrollar nuestros recursos naturales y biológicos, como para acrecentar y valorar más nuestros conocimientos tradicionales. Otro punto muy importante a tratar es el tema del reconocimiento jurídico. En este terreno tenemos que seguir insistiendo, porque tenemos una legislación ausente, no sólo local, sino internacional, esa es la palabra. En este sentido, el avance más importante es lo que se ha venido discutiendo en el seno de las Naciones Unidas, en el famoso proyecto de Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Retomemos con mayor fuerza esta discusión a ese nivel y también al nivel federal, porque hay que recordar que nuestra reforma constitucional no es aceptada y legitimada por nuestros pueblos. Hay que seguir trabajando arduamente, para que en un futuro una de las cuestiones por legislar sea este punto. Estas son mis reflexiones finales, gracias. 4. Aldo González Rojas, Unosco Yo quiero agradecer a la Universidad Autónoma Metropolitana y a la Red de Abogados por los Derechos Indígenas, que me dan la oportunidad de poder estar con ustedes en esta importante reunión. Quisiera decir que la propiedad intelectual y lo relativo a la biodiversidad, a la biopiratería, son temas relativamente nuevos para los indígenas; es algo que nosotros no habíamos discutido previamente en la mayoría de nuestras organizaciones y casi en la totalidad de nuestras comunidades, aunque a nivel internacional, éste es uno de los aspectos que está orientando de manera definitiva, sobre todo los tratados de comercio. Pero está información no está bajando a los pueblos indígenas que finalmente son los dueños y poseedores de los recursos genéticos que hoy están siendo disputados por las empresas transnacionales. Yo no soy abogado, ni biólogo, pero voy a tratar de hacer unas reflexiones sobre este tema de los derechos indígenas y los derechos de propiedad intelectual. Una de las primeras legislaciones a nivel internacional que reconocen los derechos indígenas, es el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. En ella se establece en uno de los primeros artículos la definición de pueblos. Yo creo que es muy importante que entendamos porque en la mayoría de reglamentaciones que se están estableciendo tanto a nivel internacional y nacional no se habla de los pueblos indígenas, se habla de comunidades indígenas y hay una diferencia sustancial entre el concepto de pueblo y el de comunidad.
Cuando hablamos de pueblos indígenas, hablamos del pueblo Zapoteco, del pueblo Mije, del pueblo Náhuatl, del pueblo Totonaco. En nuestro país hay 57 pueblos indígenas. Cuando hablamos de comunidad, estamos hablando de la comunidad de Guelatao, por ejemplo y hay miles de comunidades en nuestro país. El reconocimiento de derechos por el cual nosotros estamos luchando, no es el reconocimiento de los derechos de nuestras comunidades o el reconocimiento de los derechos individuales, como se ha hablado en las discusiones anteriores con respecto a la aprobación de la reforma constitucional de la ley indígena. Estamos luchando por los derechos colectivos de nuestros pueblos, entonces este concepto es fundamental para que podamos entender si realmente se está legislando para proteger o reconocer los derechos de los pueblos indígenas o se está legislando otra cosa. Una de las primeras reformas que se hacen en nuestro país y que tiene una trascendencia muy importante, que toca de manera definitiva la relación de los pueblos indígenas con la sociedad mexicana, es la reforma que se hace en 1992 al artículo 27 de la Constitución. En el artículo 27 de la Constitución, si ustedes recuerdan, se hace énfasis en que la tierra de los pueblos indígenas está reconocida como comunal o ejidal principalmente, aunque también pudiera ser que en algunos lugares exista pequeña propiedad en comunidades indígenas, pero son cosas muy raras. Antes de 1992 no se hablaba de que las comunidades o ejidos fueran propietarios de sus tierras, se hablaba que la tierra era propiedad de la nación mexicana. Y con la reforma constitucional se da un cambio muy importante; se reconoce la propiedad a la tierra a las comunidades y ejidos. Sin embargo, esto que pareciera dar una mayor certeza jurídica a las comunidades o ejidos, como se establece en los discursos de Carlos Salinas de Gortari, desde nuestro punto de vista se le está dando al que está detrás de la propiedad, al que quiere obtener para sí esa propiedad. Entonces los concepto de posesión y propiedad marcan de manera definitiva el derrotero que van a seguir las siguientes modificaciones en materia de los derechos de los pueblos indígenas. ¿Para qué queremos la propiedad, o para qué nos han reconocido la propiedad ejidal?. ¿Para que la comunidad se pueda convertir en ejido?. ¿O para que el ejido se convierta en pequeña propiedad? Para que esa pequeña propiedad pueda ser entonces apropiada por terceros, por caciques locales, por el interés de las transnacionales. Entonces, los recursos naturales harán parte de estos nuevos propietarios. Es en 1992 también, que se elabora a escala internacional el Convenio de Diversidad Biológica. Este convenio hace referencia en el artículo 8J a los pueblos
indígenas. Perdón, no hace referencia a los pueblos, sino a las comunidades indígenas, aquí es donde empiezan las diferencias. ¿A quién se le están reconociendo estos derechos? Esta legislación o intento de legislación –si le podemos llamar– no es vinculatoria. Por todo lo que se ha dicho en las secciones anteriores, no reconoce los derechos de los pueblos sino de las comunidades, y esto nos está tendiendo una trampa. En nuestro país, antes de la Firma del Tratado de Libre Comercio, en 1991, se modifica la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial, que patenta algunas cosas y deja por fuera a otras. Encontramos el artículo 16, según el cual serán patentables las inversiones que sean nuevas, resultado de una actividad inventiva y susceptible de aplicación industrial, en los términos de esta ley, excepto cuando se trate de: 1. Los procesos esencialmente biológicos para la producción, reproducción y propagación de plantas y animales. 2. El material biológico y genético, tal como se encuentran en la naturaleza. Esto significa que si hay algunas modificaciones a ese material biológico, podría ser patentable en México y estamos hablando de la modificación genética o el transgénico de un ser vivo, cualquiera que sea. Retiremos pues, a los microorganismos que se encuentran asentados en el territorio de los pueblos indígenas ¿podrán seguir siendo de los pueblos indígenas? Si se hace una modificación genética, esto ya es patentable según la ley. Esta es la dinámica del mercado globalizado. Después de 1992, fecha en la cual se hacen modificaciones importantes a la ley que tiene que ver con la tierra en México y al Convenio de Diversidad Biológica, nuestro país empieza a adecuar otras leyes que se derivan de éstas. Por ejemplo, la Ley del Equilibrio Ecológico en 1994, en la cual se establece que se pueden hacer colectas científicas en nuestro país; se necesitan ciertos permisos. Se prescribe que en algún momento determinado se pudieran hacer colectas con fines comerciales, que tendrían que redituar beneficios a las comunidades. Yo quisiera plantear una pregunta muy importantes. El artículo 15 del Comercio de Diversidad Biológica, plantea que los estados son soberanos sobre sus recursos biológicos asentados en estas tierras. Después del 92 en Sierra Juárez (1994) se firma un contrato entre USACHI (organización indígena) y una transnacional que en aquel entonces se llamaba Santos, en la cual un conjunto de comunidades da la posibilidad a esta empresa farmacéutica de poder sacar de sus tierras hongos microscópicos. Para esto, la ley nos dice que las comunidades tendrían que recibir ciertos beneficios, los cuales tendrían que ser pactados.
Creo que la problemática central es quién es el dueño de los recursos. Estas comunidades, según el artículo 27, son propietarias de sus tierras; es de suponerse que también son propietarias de los recursos biológicos existentes en sus tierras, pero esos recursos podrían estar también en las comunidades vecinas. Desde el punto de vista indígena, no podríamos ser dueños o propietarios de los recursos biológicos. Cuando se venden los recursos biológicos se está poniendo en entre dicho una filosofía central del respeto de los pueblos indígenas hacia la naturaleza. Esta situación nos puede crear un conflicto interior, porque los beneficios que se pactaron en esta “biopiratería” pueden resultar ciertos, y las comunidades recibirlos, entonces las otras comunidades estarían en desventaja y se podría crear una confrontación. La propuesta que nos han hecho en algunos espacios, incluso la gente de USACHI, es que este contrato sea modelo a seguir para que otras comunidades también puedan vender los recursos biológicos existentes en sus tierras. Se trata entonces de establecer una competencia para ver quien vende más fácil, quién vende recibiendo los menores beneficios, para ver quién establece facilidades a las compañías transnacionales. Quiero hacer referencia a la ley indígena de Oaxaca, en la cual se establece que las comunidades indígenas estarían obligadas a hacer investigación sobre sus recursos genéticos. Esta situación nos parece lamentable; de hecho hoy muchas organizaciones no gubernamentales están haciendo investigación, estudios etno-botánicos en las comunidades indígenas de la Sierra Juárez, muchas sin autorización de las comunidades. Quizá en algún momento hayan hablado con la Semarnat. Pero las comunidades no tienen el conocimiento ni han dado la autorización para que se saqueen los recursos biológicos existentes. Nosotros los hemos visto y hemos preguntado a las autoridades municipales (Comisariados de Bienes Comunales), si se les ha pedido su autorización para usar estos recursos. La respuesta es que ellos no saben qué han estado haciendo estas personas en sus lugares; en algunos casos, además de estar saqueando los recursos naturales, están saqueando la biodiversidad. Otros se han dedicado a preguntar cuál es el uso que se le ha dado a las plantas en las comunidades indígenas, a este conocimiento tradicional que se ha construido a lo largo de muchas generaciones. Es ilógico que no podamos decir que es propiedad intelectual de nuestros pueblos, porque el concepto de propiedad no checa con los pueblos indígenas, sabiendo que es parte de la cultura y que es algo que se ha construido en cientos de miles de años, transmitiéndose de generación en generación a través de la tradición oral.
Esta información hoy es sistematizada y llevada quién sabe a donde, pero entendemos que quienes financian a estos investigadores ya sean de organizaciones no gubernamentales o de instituciones privadas o públicas, no están regresando esta información a las comunidades y la están entregando en otras partes, seguramente a quien les financió sus investigaciones. Por otro lado el Banco Mundial está financiando otros proyectos que –se supone– no son de investigación, pero está financiando proyectos para realizar el ordenamiento territorial en comunidades y lo primero que preguntan es cuáles son los recursos biológicos existentes y cuál es el uso que se les están dando a las plantas medicinales, a los animales. Esto es un ejemplo claro de piratería disfrazada, definitivamente. Podemos decir que la falta de regulación en esta materia está provocando que se firme un contrato entre el USACHE y Santos. El estado no ha dicho nada y hoy no conocemos los contenidos de ese contrato. La falta de regulación en esta materia está propiciando que se sigan saqueando recursos genéticos de las comunidades indígenas sin que nadie diga nada. El estado dice: “es que no hay regulación, no podemos hacer nada” y de esta manera se lava las manos. Finalmente quisiera señalar que, con la reforma constitucional en materia indígena, en este año 2001 se sigue sentando el precedente para que las compañías transnacionales puedan hacer y deshacer en las tierras de las comunidades indígenas. Si ustedes leen los acuerdos de San Andrés, podrán ver con claridad que el asunto de tierras sería tratado sobre la mesa de Desarrollo. Sin embargo, se hizo una propuesta en la iniciativa de la Cocopa, para que los recursos naturales de los pueblos indígenas pudieran ser aprovechados de manera productiva por los mismos y este artículo fue desechado. En su lugar se propone en el artículo 2 de la Constitución, que las tierras de los pueblos indígenas podrán ser aprovechadas en los términos del artículo 27 modificado en 1992 y que dice que deberán ser respetados los derechos de los terceros. ¿Quiénes son los terceros? Podemos decir entonces que toda la legislación indígena o internacional que se está realizando en nuestro país, no está orientada hacia el reconocimiento real de los derechos de los pueblos indígenas. Se están dando facilidades a las compañías transnacionales para que puedan entrar a sacar los recursos biológicos de nuestras tierras. Cada vez hay más instituciones y fundaciones que pagan la conservación de los recursos en las comunidades, pero tampoco es gratis. Si están pagando es porque quieren los recursos genéticos de esas tierras. 5. Andrés Barrera Marín
Agradezco la invitación de la UAM y de la Red de Abogados por los Derechos de los Pueblos Indígenas para estar en este debate tan importante en México. Algunos de los elementos que me han venido preocupando en los últimos años en torno a este debate es el qué hacer con nuestras riquezas biológicas y cómo coordinar el uso de esta riqueza con la presencia de pueblos indios en las regiones donde esta riqueza es mayor. El uso de esta tierra ha venido ocurriendo de facto en estos últimos años, simplemente como un proceso de saqueo, de biopiratería, en donde las empresas transnacionales y los investigadores interesados simplemente llegan sin consultar, toman las riquezas, se las llevan y terminan efectuando patentes sobre especies, sobre variedades, sobre sustancias activas, o incluso sobre códigos genéticos. Esto es lo que ha venido dominando, no sólo en México sino en muchas regiones del mundo. Hoy se propone una figura internacional global de uso de esta riqueza, que supuestamente supere este carácter de asalto, de robo directo, de la biopiratería. Es una figura de realización de contratos entre las comunidades indígenas, en donde éstas por primera vez estarían participando en un reparto de beneficios. Esta figura global de reparto de beneficios, que sobre todo el Banco Mundial se ha encargado de impulsar a partir de la Convención sobre Biodiversidad en Río- 1992, se estaría complementando con transformaciones jurídicas a nivel nacional para regular el acceso a los recursos. Entiendo que todo este paquete es el que estamos debatiendo. Me parece muy importante enriquecer nuestras discusiones teniendo en cuenta los contextos reales en los cuales están ocurriendo, tanto los procesos de saqueo, de piratería directa, como los contratos de reparto de beneficios. Se trata de contextos globales de carácter económico, en los cuales son muy particulares los términos que se establecen al darse estos contratos. En el momento actual, el grueso de las riquezas estratégicas de todos los países se encuentra en un proceso vertiginoso de privatización y de desnacionalización. No sólo los energéticos, no sólo los minerales han sido literalmente privatizados a partir de 1992. Con excepción del uranio, las empresas transnacionales tienen acceso directo al 100% de las acciones en nuestras minas mexicanas con contratos ampliables a 50 y 100 años. No sólo se están privatizando los energéticos y minerales sino también el agua. Están las cumbres de la privatización como la Haya y viene la nueva cumbre de todas las especies internacionales, el año que entra, en Bonn. Ya en un contexto de avionasos en New York se está hablando de la privatización de cuencas
hidrológicas como la del Usumacinta. En Miami se discuten estas cosas y los problemas de la riqueza biológica de la totalidad del planeta, la privatización que comienza por la parte más dura, por la privatización de los códigos genéticos. Hay más de 1.500 millones de patentes realizadas sobre el código genético humano, sobre el DNA y que se extiende velozmente conforme aumenta la identificación de la información de los códigos genéticos; se corre a prácticamente todos los códigos, todas las sustancias activas que puedan tener interés para la industria. Me parece muy importante enriquecer nuestras discusiones teniendo en cuenta los contextos reales en los cuales están ocurriendo, tanto los procesos de saqueo, de piratería directa, como los contratos de reparto de beneficios. Se trata de contextos globales de carácter económico, en los cuales son muy particulares los términos que se establecen al darse estos contratos. En el momento actual, el grueso de las riquezas estratégicas de todos los países se encuentra en un proceso vertiginoso de privatización y de desnacionalización. No sólo los energéticos, no sólo los minerales han sido literalmente privatizados a partir de 1992. Con excepción del uranio, las empresas transnacionales tienen acceso directo al 100% de las acciones en nuestras minas mexicanas con contratos ampliables a 50 y 100 años. No sólo se están privatizando los energéticos y minerales sino también el agua. Están las cumbres de la privatización como la Haya y viene la nueva cumbre de todas las especies internacionales, el año que entra, en Bonn. Ya en un contexto de avionasos en New York se está hablando de la privatización de cuencas hidrológicas como la del Usumacinta. En Miami se discuten estas cosas y los problemas de la riqueza biológica de la totalidad del planeta, la privatización que comienza por la parte más dura, por la privatización de los códigos genéticos. Hay más de 1.500 millones de patentes realizadas sobre el código genético humano, sobre el DNA y que se extiende velozmente conforme aumenta la identificación de la información de los códigos genéticos; se corre a prácticamente todos los códigos, todas las sustancias activas que puedan tener interés para la industria. ¿Cómo puede ser que se privaticen los códigos genéticos y los bancos no? ¿Cómo van a asegurarse los dueños de las empresas transnacionales que tienen que manejar y hacer fortuna con la información genética si no van a privatizar todos los bancos, en donde se han acumulado las semillas, los fetos, los tejidos, las colecciones de insectos? Hasta los museos están entrando en las ferias de privatización. Estas son las cosas que se estuvieron discutiendo en el encuentro de este año sobre museos de historia natural. Vuelvo a preguntarme ¿cómo va a ser que no se privaticen bancos genéticos de éxito y se dejen fuera los bancos genéticos in situ que tienen los mayores acervos de mega diversidad? Todo está en subasta,
en privatización y por esto, Salinas de Gortari transforma el Artículo 27 de la Constitución. Se habla en el Plan Puebla Panamá y en el Procede de los procesos de expulsión masiva del campesino mexicano de las áreas rurales a las ciudades. El mismo diseñador del Plan Puebla Panamá diseña el Procede, que habla esencialmente de la salud y la educación. La propuesta matriz del Plan Puebla Panamá, que es el Corredor Biológico Mesoamericano, arranca del mismo lugar que la propuesta de los contratos de reparto de beneficios 1992. Es la idea del Banco Mundial, de organizar el manejo de las riquezas biológicas en todo el planeta, de acuerdo a la conformación de corredores biológicos. La idea de corredores biológicos, donde tenemos la feria posmoderna de saqueo biológico, no es privativa de Mesoamérica. Hablo de posmoderno en el sentido de progre- reto. Se tratará de articular la conservación de las áreas naturales protegidas con plantaciones de eucaliptos, hule, palma africana, debidamente protegidas con sus cinturones de amortiguamiento, igual que las áreas naturales protegidas, como áreas de enlace. En el corredor biológico, más que correr las especies, las variedades e individuos de la información genética, no veo cómo va a viajar la información genética atravesando el Canal de Panamá y luego el corredor urbano que están proponiendo en Honduras, y cómo van a atravesar la carretera de Villahermosa a Chetumal; tampoco cómo le van a hacer las especies para saltar en Calalmul. Los que van a correr ahí son los bioprospectores y detrás de ellos los inversionistas y detrás los privatizadores de las áreas protegidas. En este contexto tan negativo, sé que existen los que se preocupan por el futuro que puedan tener las comunidades indígenas, y –en ese contexto– consideren el ataque que la globalización y las empresas transnacionales están efectuando sobre el conjunto del reparto de beneficios. Se entiende que es una propuesta que puede estar bien intencionada de parte de miembros de organizaciones no gubernamentales, de organizaciones sociales, de institutos de investigación o representantes gubernamentales. Podría haber una buena intención al momento de proponer el reparto de beneficios como una manera en que las comunidades podrían resistir y quedarse con un pedacito de las enormes fortunas que está generando el uso actual de los recursos genéticos, de acuerdo a la revolución tecnológica que introduce la ingeniería genética. Sólo que aquí es muy importante no perder de vista los contextos globales. Las mismas discusiones se están dando en las mismas regiones a propósito de la maquila. Seguramente saben que la maquila está generalizando que las jornadas de trabajo se corran de ocho a doce, a dieciséis horas; que aparezcan cárceles en las
maquiladoras para las trabajadoras que no quieran doblar trabajo; que aparezcan castigos físicos a los trabajadores; que haya una contaminación ambiental brutal de manera que nazcan mal las hijas de los trabajadores, cosa que ha estado ocurriendo en la frontera norte, niñas sin vagina, niños sin testículos, niños sin cerebro. O la maquila es una cosa preciosa que nos ha traído la globalización. Y en las comunidades se les dice: “esto no se puede resolver porque no hay trabajo, porque esta la crisis y la agricultura se encuentra contra la pared” El gobierno mexicano se ha dedicado a desmantelar sistemáticamente la agricultura mexicana. Hay una estampida migratoria. “¿Qué prefieres, irte a trabajar en la maquila, a la frontera o que la pongan en tu pueblo?” Es más o menos así la discusión. “¿Qué prefieres biopiratería a lo bestia o contratos de reparto de beneficios, cómo te gustan?” Miren, si nos ponen contra la pared y nos ofrecen la mierda y los orines, de veras, está muy difícil escoger. Yo creo que sería mejor pelear por condiciones generales, globales en donde todos estuviéramos mejor, y no contra la pared de cara a las empresas transnacionales, a mí me parece que esto es mejor. Digo que los contratos de reparto de beneficios son orines porque lo que se les ha ofrecido a las comunidades ha sido una tomada de pelo; lo que se les ofrece es verdaderamente una burla a las comunidades indígenas y las condiciones en las que supuestamente harían uso de ese reparto de beneficios, la información que supuestamente tiene que mediar, un reparto de beneficios por que el contrato tiene que tener un consentimiento previamente informado. ¡Dios mío! ¿Quién está enterado ahorita del contrato que acaba de referir el compañero de la Sierra Juárez?, ¿qué fue exactamente lo que se llevo NOVARTIS y para qué se lo llevo?, ¿en qué contexto y qué fue exactamente lo que se llevó Molecular National Limited?, ¿qué llego hasta los jardines botánicos de Georgia en el contrato del ICDG maya en Chiapas?, ¿cuántos gritos y pataleos tuvimos que hacer en la mesa para saber lo que se había llevado Diversa en el contrato de UNAM que ya se fue para atrás?, ¿qué se nos ha informado del ICDG de zonas áridas que se ha aplicado en todas las regiones desérticas del país a través de Robert Baig en el Instituto de Ecología de la UNAM?, ¡No hay información! Para dar información clara a las comunidades no hay que darles sólo información acerca de la responsabilidad, de las obligaciones, de los derechos, de los beneficios. Yo creo que hay que dar información de la globalización, de los procesos de privatización, de la fuerza de las empresas transnacionales. Se debe decir qué se está haciendo con esas riqueza, cómo se está organizando el proceso global de nivel de capital, para tener una idea clara de las diferencias de fuerzas que tenemos ¿Cómo podríamos sumar una fuerza propia, real, que nos permita defender nuestras propias riquezas biológicas?
Yo creo que lo que hagamos no nos va a servir, y lo que peleemos para ver cuánto nos quedamos nos va a perjudicar, porque va a romper con la propiedad colectiva de las riquezas biológicas, la cual no sólo es una propiedad de los pueblos indios. Estos son los primeros propietarios porque la produjeron hace miles de años; son los domesticadores de los alimentos, de las plantas medicinales, de los ecosistemas y entonces son sus productores directos. Resulta que además la riqueza biológica hasta la fecha ha tenido libre circulación. Hasta que apareció la idea de comenzar a patentar la información genética, pues se comenzó a hablar de restricción de la libre circulación de semillas, de información genética de alimentos, de plantas medicinales. En México y en todo el plantea siempre ha circulado así, libremente, y entonces resulta que es propiedad de los pueblos indios y también de la nación y de la humanidad. Lo que está ocurriendo va a terminar rompiendo esas formas de propiedad colectiva. Convencer a las comunidades que le entren al reparto de beneficios, equivale que por sus propios beneficios dejen la forma de propiedad colectiva de la tierra y le entren a las formas de propiedad privada. Entrando al tema de la propiedad privada, como ustedes saben, el pez grande siempre se come al chico. Este es el problema. Entrando a la propiedad privada del conocimiento biológico y de los recursos genéticos, se les está invitando a destruir su propia organización colectiva y su propia relación comunitaria con la naturaleza, que han tenido durante miles de años y que ha sido justamente por ser una relación comunitaria, la fuerza que ha permitido crear esta biodiversidad y desarrollarla. Es realmente invitar a la comunidad a una situación muy conflictiva y a una suerte de suicidio histórico.
6. Preguntas y respuestas Arcelia González de la UNAM Este cuestionamiento es para el doctor Andrés Barrera. Creo que efectivamente la explicación que nos ha presentado tiene que ver con esta dicotomía entre la propiedad privada y la colectiva. Esta no sólo es una necesidad de los pueblos indígenas sino de la misma conservación de la biodiversidad biológica, es algo por lo que deberíamos de abogar. El cuestionamiento va en el sentido de que, hasta el momento, se habla de la Convención de la Diversidad Biológica, que como bien señala el maestro Barrera es que a partir de ella y de otros convenios, que se ha hablado de esta conformación de contratos de acceso para que se puedan repartir beneficios, entonces así se pueden menguar los beneficios de los recursos genéticos. De hecho hay en senado un proyecto de ley que habla de lo ya mencionado, de qué se va a compartir, de quiénes son las partes contratantes del acceso. La pregunta es si debemos rechazar que exista una ley o pelear por una ley que atienda a esta idea de derechos indígenas en donde esté la conservación biológica. Eric Huerta Soy abogado, especialista en materia de tele-comunicaciones, asesoro la industria y también a la oficina de presidencia para la reforma a la ley general de tele-comunicaciones. Acabo de recibir un shock igual al que tuve cuando, en 1996, oí a los indígenas por primera vez explicar cómo les afectaba la reforma constitucional del artículo 27. En ese momento descubrí el daño que les estamos haciendo a legislaciones mucho más avanzadas. El error nuestro es pensar que porque estudiamos mucho, la ley es más perfecta que la que llevan a cabo en forma ancestral las comunidades indígenas. Ante este shock y para que los abogados esperen a que la legislación cumpla con las condiciones, debemos de contar con los elementos que se encuentran en este momento para poder defender los casos que se nos presenten. Con los elementos que actualmente contamos ¿cómo pueden las comunidades indígenas hacer frente a este acorralamiento que pone el orden jurídico internacional, que quiere obligar a que entren en un juego que las comunidades no quieren jugar? ¿cómo vamos a poder hacer frente a esto, con qué elementos para que ellas mismas no se vean perjudicadas de esta situación? Silvia Oliveiro
Mientras Jorge Larzon plantea la discusión de manejar patentes, de discutir las formas de propiedad intelectual, Andrés Barrera habla de que esto corresponde a la privatización de los recursos naturales en general. Por otro lado, lo que entiendo de Aldo es que mientras no haya una discusión de los derechos fundamentales de los indígenas se está empujando a ciertos temas en especifico. ¿Para qué vamos a discutir esto, si incluso los pueblos indios no son reconocidos como tales? Cuándo Jorge Larzo planteaba los ejemplos de patentes dijo que SALIFOX (algodón colorado) podría ser una patente legítima por ser de proceso, o sea que no es un patente que inhiba el uso de algodón sino que patenta un proceso. La patente del pozole la sacó la Universidad de Minesota. Estas dos patentes tienen una cosa en común, las dos patentan el conocimiento indígena, no restringen el acceso al recurso, pero se aprovechan del conocimiento. La patente del pozole dice: “esta patente se ha basado en la sabiduría del pueblo maya durante milenios”. Nadie está restringido a seguir usando el pozole pero hay un uso del conocimiento indígena que es para lucro particular, que la universidad se lo vende a una transnacional o empresa holandesa. En el caso de la patente del algodón es lo mismo; lo que se hace es patentar un conocimiento libre, colectivo, que es lo que hace SALIFOX que a su vez le venden la semilla a los campesinos para que éstos elaboren algodón. Para mí hay doble robo y no entiendo en donde estaría la legitimidad. Otro tipo de patentes que se ha puesto en la mesa, la del fríjol amarillo, se efectuó en USA. Quien hizo esta patente hace dos años, inmediatamente demandó a los exportadores mexicanos diciendo que le tenían que pagar regalías porque él era el dueño de la patente. Los exportadores de este fríjol en Sinaloa se quedaron sin el 90% de sus entradas por exportaciones, lo cual sigue hasta ahora aunque la patente sea ilegal. En mi manera de ver la patente indígena resulta ser en este caso inmoral, aunque no están restringiendo que alguien siga usándolo sino que es aprovecharse que hay un sistema que permite ese tipo de patente. ¿Cómo hacer figuras colectivas en las patentes, si éstas sólo aceptan inventores determinados? Si de lo que estamos hablando es de inventos y patentes colectivas, ¿cómo se puede ver a las patentes privadas como una alternativa si poseen un régimen de imposición? Luis Rodríguez Piñeiro ¿Cuál sería la posición de los indígenas en el ámbito doméstico e internacional en la implementación de los chotoja? ¿cuáles son los términos de la discusión dentro del propio movimiento indígena internacional? Andrés Barrera
Respondo a la pregunta de Arcelia en torno a qué opino de la ley de acceso de los recursos, a la necesidad de proceder a construir una ley de acceso en México y cuáles serían los elementos de los que se dispone hoy en día para hacer frente a estos acorralamientos en el plano global a las comunidades. Sería benéfico entrar a la regulación o la normatividad, pero creo que no apresuradamente ya que lo que se requiere es la información previa de todo el país y no sólo de las comunidades indígenas. Se trata de problemas muy importantes porque son recursos que le pertenecen a toda la humanidad, incluso si reguláramos nada más en términos nacionales el acceso a los recursos, estaríamos poniendo barreras a la circulación de riquezas biológicas y de conocimientos que no habían existido antes, que pueden hacer mucho daño. Hay una propiedad colectiva humana, nacional, de las comunidades. Creo que estamos frente a uno de los casos más claros donde podemos ver en realidad cómo las propiedades colectivas tienen muchos planos y se conectan entre sí. Para estar hablando de una regulación de acceso a los recursos biológicos, tendríamos que referirnos primero a un sistema nuevo del derecho, que no existe. ¿Cómo vamos a hacer para que todo tipo de propiedad colectiva se apoye mutuamente? Por otro lado hay un elemento que preocupa. Una cosa es sacar patentes, ir a las comunidades, investigar y luego que eso termine haciéndose patentable, y otra cosa es ir a investigar y de ahí sacar un problema tecnológico, son dos cosas diferentes. Ahora que fue el representante de la embajada de USA a la Selva Lacandona a hablar con los de la COMPITCH preguntándoles “¿Por qué se oponen a la investigación científica aquí en la Selva Lacandona? Nosotros podemos sacar muchos medicamentos, este es el único lugar del mundo donde no se puede investigar. ¿Por qué ustedes se están oponiendo a esto?” Y esto, con el conflicto actual en Afganistán. Con esto quiero que observemos la calentura que hay en el tema de la bioprospección en Chiapas. Los intereses de los estados Unidos son estratégicos, salen con la bandera de que es investigación científica, cosa que no refuto y se sabe que es investigación científica y que de este depende la cura de muchas enfermedades. ¿Cómo vamos a cuestionar esto? Se perfilan dos modelos en el mundo. La gestión del progreso científico, la cual ya se viene dando, la cuestión del desarrollo científico y de la ciencia de acuerdo a la lógica de la propiedad privada, misma lógica de las empresas transnacionales que se apropian cada vez más de los conocimientos, de las instituciones, de las universidades, de los centros y bancos de información, y van arrasando con todo lo que ha sido producto de la historia de la humanidad. Estamos hablando de un 51% de las empresas más poderosas, de la economía más rica del mundo de las empresas transnacionales, que son minoría frente a las empresas nacionales. ¡Esto hay que recordarlo! Esta propuesta de expropiación de todo, de conocimientos, de
relación de fuerzas. Eso es el que va a ganar y acumular más, y esto no se puede detener, quiero decir que no se puede tener como un contrato de beneficios. Para detener esto hay que trabajar en una lógica alternativa de los procesos de globalización, lógica que se trabajaba antes de los avionasos. En esta lógica es importante, para quienes no estamos de acuerdo con los procesos de privatización y expropiación de todas las riquezas, que pensemos en propuestas positivas de cómo vamos a gestionar el desarrollo científico. Sería bueno poner un ejemplo. Se hace una investigación de una planta, de un insecto en una comunidad indígena, que genera beneficios, pero estos beneficios se tienen que repartir en las comunidades, en la nación, en la humanidad. Yo, personalmente pienso que, sin meternos en la disyuntiva de restringir la circulación de los conocimientos, si va a haber beneficios por el uso de estas riquezas, que se repartan colectivamente, y que el derecho se adecue a ese tipo de realidades. Creo que estamos muy lejos de esto. Por eso me pregunto ¿cómo vamos a restringir ahorita? ¿cómo accedemos a una ley? Tendríamos que pensar en procesos legislativos abiertos, exactamente como los que han desarrollado las comunidades indígenas, como los acuerdos de San Andrés, que son procesos vivos, que no son procesos que están cerrados sino que abren las posibilidades de seguir desarrollando iniciativas jurídicas; tendríamos que hacerlo conforme nos vamos dando tiempo para informarnos mejor de lo que ocurre, de organizarnos mejor para defender nuestras riquezas estratégicas nacionales, los bienes colectivos de las comunidades. Una forma jurídica en la que habría que pensar como modelo para ir desarrollando estos tres niveles de derechos colectivos, podrían ser los acuerdos de San Andrés. Exactamente no se como por que no soy abogado ni jurista, pero tenemos la oportunidad de participar positivamente en estos foros, donde podríamos plantear el cómo de dicha estrategia. Contestando la segunda pregunta, creo que lo primero que tenemos que hacer en México, es seguir impulsando la moratoria a todos los contratos de bioprospección que ocurren en nuestro país. Quiero acordarme de ese acuerdo general en ese gran foro de la bioprospección y la biopiratería. Todos los que asistimos, lo vimos reflejado en la declaración del Congreso Nacional Indígena en Urio, ahora que la caravana zapatista llegó a la ciudad de México. En esta declaratoria había mucha preocupación por el uso de los recursos nacionales, estratégicos, que se encuentran en las comunidades. Se hablaba del agua, de la biodiversidad, de la importancia de no quitar el dedo del renglón en el tema de la moratoria, por que ésta nos da tiempo a discutir y tener claro de lo qué
es la bioprospección. Yo no creo que baste la moratoria, creo que se necesita un cambio general en la pelea contra los contratos de beneficios. La biopiratería ya es un problema difícil de detener como tal, muchos la ejercen y nadie la defiende. En primer lugar habría que exigirle al gobierno un informe completo y exhaustivo de todo lo que ya se ha patentado en riquezas biológicas de México. Yo no sé porque no lo han hecho, sobre todo si dicen que el reparto de beneficios es muy bueno y la biopiratería fue la era de los malos. Nada más hay que irse a las oficinas de patentes de los diferentes países europeos para ver todo lo que se ha patentado de plantas medicinales, de recursos, de sustancias activas, de códigos genéticos, todas ellas riquezas nuestras que ya están patentadas. Es necesario un informe completo para saber a que nos atenemos y con quien tenemos que ver; para estar hablando con claridad sobre tamaño del asalto y el madrazo que le están poniendo a la nación. Necesitamos información, conocimiento previamente informado. En tercer lugar, un cambio general que tendrá que darse sería detener esto mínimo antes de que ocurra el ALCA, porque el objetivo central de libre comercio para el área de las América es el Mercosur, es Brasil. Y el objetivo central del asalto de USA a Brasil es el asalto del Amazonas, es decir el asalto de las riquezas biológicas. No es casual que las burguesías de Brasil, Argentina y Uruguay, lo que estén peleando son los acuerdos en materia de agricultura. Parece que los acuerdos que México firmó con USA son inaceptables para esos países, porque desmantelarían su producción agrícola. ¡Imagínense como se perfila el asunto para la utilización y privatización de los recursos biológicos! Es muy importante no estar ayudándole a USA en la concreción de leyes que permitan ese acuerdo y hacer fuerza con toda la gente que está resistiendo contra el ALCA, en contra de la biopiratería en América Latina que la hay mucha. Aquí nos pintan que son poquitos extranjeros que vienen nada más a no sé que, como escribió “Proceso sur” en su artículo COMPITCH de la ICDG MAYA, que son unas ONG que vienen a no se qué... No, eso no es así, hay muchas redes internacionales. México está muy rezagado en materia de resistencia a los procesos de bioprospección y biopiratería, y esto es porque no tenemos información. Hay muchas páginas y redes a las que podemos acceder para informarnos. La patente de SALIFOX no tiene que ver en nada con el color. Si la revisas bien, es un algodón naturalmente inflamable, es una patente que registra una aplicación industrial nueva para un producto nuevo. Los algodones indígenas de México, Sudamérica y Centroamérica no tienen esta propiedad de manera natural; esta propiedad se logra después del proceso de selección de fibra; de ahí la legitimidad de la patente.
Eso me lleva a un punto muy importante que es la precisión biológica en estas discusiones. RAFI fue durante mucho tiempo fuente de información para muchos, pero por ejemplo en el caso de ayahuasca, RAFI encuentra la patente, pero no es RAFI quien lleva el proceso de objeción; este proceso lo lleva un conjunto de abogados y asesores en la coalición amazónica. La precisión jurídica juega un papel central, porque si bien la objeción moral de los pueblos amazónicos era el argumento central, el asunto moral no juega en la política americana de patentes y por esto se mete dicha objeción en el terreno jurídico. Por esto la patente de SALIFOX se me hace una propuesta interesante porque aclara que patente puede o no ser legítima. Nunca dije que la del pozole fuera legítima, es más se me hace bastante dudosa, bastante boba la propuesta de meter la bacteria en los empaques para evitar el uso de químicos conservadores sin usarlo con la bacteria. Lo que realmente están patentando son dos usos de una sepa y me parece bastante dudosa su inventiva, se violó probablemente la legislación mexicana y me parece más bien uno de los casos en que hay que proceder. En cuanto a que las patentes sean colectivas, no creo haberlo dicho, lo puse dentro del contexto general del contrato de la propiedad intelectual que puede ser individual o colectivo. Precisamente uno de los grandes problemas de toda forma de propiedad intelectual, es que está pensada para todos los individuos, y precisamente lo que plantea es la negación de los colectivos como creadores. Por eso puse el ejemplo del derecho de autor, es un ejemplo clarísimo de cómo al derecho de propiedad intelectual le cuesta mucho trabajo reconocer colectividades. Me parece que la idea de estar dándonos entre nosotros no se vale, yo quisiera que nos fletáramos una discusión con el IMPI en México. Ni siquiera nos voltean a ver, y si entre nosotros nos estamos dando con tubo, simplemente no vamos a probar en otras políticas lo que peleamos. En estos encuentros de discusión se hace por un lado difusión para que una parte de la gente se incorpore. En los foros anteriores el IMPI asistía y me acusaba de indigenista, ahora me acusan de defensor de la propiedad intelectual, ya en los siguientes foros el IMPI no va, no participa en la discusión. Ricardo Garibay Me gustaría tratar de contribuir con algunos comentarios. Me parece sumamente interesante el análisis que hizo Aldo de la reforma de 1992 al 27 constitucional. Yo nunca lo había leído así, la verdad, y me gustaría añadir un punto. En esa misma fecha se reforma el 28, donde se dice que las patentes precisamente no constituyen monopolios. Hay una coincidencia temática sobre lo que Aldo está diciendo.
Yo tengo la impresión desde hace ya varios años de que el 87-Bis, que habla de este consentimiento previo informado para los dueños de los predios, es anticonstitucional. Y me encantaría, dado que convocó RAADPI y hay abogados, que realmente se hiciera una reflexión jurídica seria sobre esto. Porque lo que está diciendo Andrés de los contratos de bioprospección son caminos simplemente para profundizar el asunto. Evidentemente hay un componente de cierto en todo su análisis geopolítico y si el 87-Bis es un mecanismo a nivel legal que es anticonstitucional, yo pienso que amerita una revisión cuidadosa. Por otro lado, y eso yo ya lo he dicho en varios foros y lo dijeron varios compañeros en la mañana, el tema que estamos tratando de hablar se debe ver en un contexto más amplio. En mi opinión personal, tiene que ver con la reforma integral al 27 Constitucional. Tratar de remediar esto en “pedacería”, con una norma aquí, un pedacito de ley allá, creo que francamente no va a llegar a un terreno sano en lo jurídico, ni en términos de legitimidades locales. El 27 está caduco en términos biológicos. Si ustedes lo leen, simplemente no hay de donde agarrar para legislar sobre estos temas. Entonces yo creo que hacia allá habría que ir. Insistieron Adelfo y Aldo en el tema de la propiedad. Yo creo que el tema a explorar con mucha seriedad, es la necesidad o no, y las formas que debería tomar un registro público del conocimiento tradicional en México. Un registro público sería un mecanismo, no de propiedad sino para poner información de manera ordenada, en un sistema que podría, en su caso, tener componentes de confidencialidad para los propios pueblos y otros componentes de dominio público; un sistema que dijera éste es el conocimiento tradicional. Y una patente que lo utilice de manera ilegítima pues estaría cayendo en una violación. Entonces, yo creo que ésta es una figura a explorar. Pienso que el de Ecuador es el régimen más avanzado y habría que explorarlo. Muchos compartimos en sus principios generales el diagnóstico geopolítico y a largo plazo que hace Andrés. Yo la verdad, es que cuando me titulé de biólogo esto ya estaba en proceso ¿no?. Y es una realidad que simplemente me puse a entender y tratar de ver qué pasa con ella. Entonces, el diagnóstico pasa obviamente por el papel estratégico del Istmo y el Sureste de México, que existe desde hace años. No estoy de acuerdo con que el diagnóstico sea lo que oriente exclusivamente nuestras acciones, es decir, como el diagnóstico es global pues actuemos globalmente. Y esa es la parte que yo en lo personal, y esa es una opinión claramente política que no comparto. Y es que las acciones globales finalmente también tienen su propia lentitud y tienen sus propios límites. Yo creo que la acción cotidiana en el ámbito de las regiones y de la nación finalmente es más asequible hay que trabajar mucho en eso.
Andrés baja a dos propuestas: los Acuerdos de San Andrés y la moratoria. Los Acuerdos de San Andrés políticamente muchos los compartimos; pero si ustedes los analizan con cuidado son francamente débiles en materia de desarrollo sustentable y no tocan nada a fondo de otros temas, porque fueron producto de una negociación política. Y si los acuerdos de San Andrés van a ser el ámbito para iniciar esta discusión a mí me parecen francamente pobres. El punto de la moratoria es ya una discusión añeja en la lista “corsario”. Yo no estoy de acuerdo con la moratoria, no porque haya que parar, de hecho ya muchas de estas experiencias están suspendidas, ICDG-Maya, Unión Diversa están a revisión. Comparto la necesidad de que haya información del ICDGE de zonas áridas, que curiosamente RAFI nunca ha objetado y no entiendo muy bien por qué. A mí lo que me preocupa muy fuertemente es el mensaje que hasta ahora está mandando México al mundo, el de “vaya y robe, porque si pide permiso le va a ir como en feria”. Es un mensaje muy grave porque se lo estamos dando a un conjunto de organizaciones, y es imposible humana y físicamente detener la bioprospección o la biopiratería. O sea, que el “compa” que patentó los frijolitos los compró en un mercado público. ¿Qué vamos a hacer? ¿Poner un “compa” de la PROFEPA en cada puesto?. No tiene solución policíaca el asunto del acceso de los recursos genéticos. Su solución tiene que ir por la vía de incentivar una forma legal de hacerlo. Y para mí un componente básico de que esto pudiera tener legitimidad es que se modifiquen los sistemas de patentes en los países importadores para que realmente se patenten inventos; que no se estén patentando los descubrimientos como ha ocurrido en los últimos veinte años, patentar descubrimientos. Se tienen que seguir patentando inventos exclusivamente. Y eso implica inventar, innovar, manipular y jugar con el material y no estar patentándolo directamente. Y espero que mañana en la discusión podamos realmente seguir avanzando, porque si no, podemos terminar este foro otra vez con la sensación de que no nos comunicamos, de que no llegamos a consenso y veamos qué pasa. Aldo González Yo tengo dos preguntas anotadas aquí. ¿Cómo pueden las comunidades indígenas defenderse de la situación en que actualmente se encuentran con los elementos con los que contamos? Yo hacía un análisis bastante general de una serie de reformas a la Constitución y a las leyes mexicanas, así como de algunas legislaciones internacionales. Nosotros no vemos que estén precisamente reconociendo derechos a los pueblos indígenas.
Nosotros lo que vemos es como toda esta legislación se va adecuando al contexto de la globalización. Y cuando se hace una ley de fomento a la protección industrial se hace para adecuarse a las condiciones del Tratado de Libre Comercio. Y cuando se hace una ley, la LGEEPA, se hace para adecuarse al Convenio de Diversidad Biológica. Y el Convenio de Diversidad Biológica tiene un peso ínfimo si lo comparamos con lo que está discutiendo la Organización Mundial de Comercio.
Cuando se hace la legislación agraria, la reforma del 27 en México, se hace para adecuar la situación de la tierra a los intereses de las transnacionales que quieren acceder a los recursos naturales que están en las tierras indígenas y no indígenas de nuestro país. Cuando se hace la reforma a la Constitución en materia indígena se sigue el mismo esquema. Entonces, nosotros no vemos que el estado mexicano en particular esté previendo elementos que puedan generar condiciones para la defensa de las comunidades indígenas. Ya se hacía mención, en intervenciones anteriores, a que hoy el campo mexicano está deteriorado y que uno de los fenómenos más recurrentes en las comunidades indígenas es la migración. Estamos viendo una política de saqueo de la mano de obra barata para estados Unidos, para las maquiladoras establecidas en la frontera y para las maquiladoras que ya se piensan establecer en los corredores transoceánicos de nuestro país. Entonces, digamos que todo esto es parte de una política que ya no se está diseñando en México. Creo que desde los últimos años, en los últimos tres sexenios o cuatro sexenios por lo menos, la palabra soberanía solamente ha quedado en el discurso y en la práctica se está cediendo a los intereses transnacionales de hacer lo que quieran en México. Y eso a los pueblos indígenas nos parece grave, nos deja en una posición de casi indefención aunque quieren decir lo contrario. Hay un pequeño resquicio en el 27 Constitucional y en la Ley Agraria en donde dice que los pueblos indígenas podrán reglamentar el acceso a la tierra y algunas organizaciones indígenas la hemos aprovechado. Buscamos realizar estatutos en donde la comunidad pudiera decidir qué se hace con esos recursos naturales, cómo se puede acceder, quiénes pueden acceder y quiénes no pueden acceder a los recursos naturales ubicados en las comunidades. No se trata simple y sencillamente de dar el consentimiento para que se hagan las cosas, sino también de tener la posibilidad de que si la comunidad no quiere no se hagan. Y esto es un pequeño resquicio que quizá pudiera ser legal si entra a un tribunal, pero que pudiera ser desechado porque es una legislación secundaria. Pero lo que sí nos parece interesante es que cuando empezamos a platicar en las comunidades indígenas de estos temas la gente sí se preocupa. Entonces, cuando
llegan las transnacionales, cuando llegan las compañías mineras, cuando llegan, en fin, todos los que están interesados en los recursos, ya no están encontrado las puertas tan abiertas como pensaban, como la legislación se las está dejando. Lo que necesitamos entonces es que se abra una discusión. Puede ser que sea necesario hacer una serie de reformas a la legislación existente en nuestro país en éstas y muchas otras materias. Pero lo más importante es que podamos tener la capacidad de reflexionar sobre lo que se puede legislar. Yo no estaría de acuerdo en que digamos a los Senadores: “Legislen. Nos urge tener marco regulatorio.” ¡No!. Lo que nos urge en este momento es que haya una discusión a nivel nacional de este asunto y que los interesados, los pueblos indígenas entre otros, que estamos preocupados con lo que puede suceder con nuestros recursos, podamos dar esa discusión. Podamos informarnos de cómo está esta situación. No solamente necesitamos saber, como decía Andrés, qué pasa con los recursos genéticos, sino qué pasa con el proceso de globalización. Porque en ese marco es que se están realizando las modificaciones a todas las leyes en nuestro país. Es necesario que el pueblo pueda decidir, entonces, si quiere una ley que se adecue a ese proceso de globalización o prefiere otro rumbo. Las condiciones políticas quizá no nos permitan en este momento hacer una labor de esta naturaleza, pero nosotros lo estamos planteando. Nosotros, en particular los pueblos indígenas, necesitamos dar esta discusión. No queremos que se siga legislando en una serie de cuestiones particulares, que tienen relación con los indígenas, como puede ser el asunto de la biodiversidad o de la lengua, que ahora la quieren legislar después de no haber reconocido con suficiencia los reclamos indígenas de autonomía y de acceso a los recursos naturales. O sea, nos quieren “ver la cara” nuevamente. Y no podemos permitir que se vuelva a utilizar el nombre de los pueblos indígenas para decir que se está legislando a su favor, cuando los máximos derechos a los que se aspira se están yendo al bote de la basura. Yo quisiera tocar un asunto que me quedó pendiente de denunciar en mi intervención. Nosotros denunciamos hace algunas semanas que en la Sierra Juárez hay maíz transgénico. Nosotros sentimos que éste también es un atentado contra los derechos de nuestros pueblos indígenas, porque se sembraron estas semillas sin que nadie se enterara, y hoy se están contaminado las semillas nativas, que son producto de miles de años de trabajo en la Sierra Juárez. Se está afectando lo que podríamos denominar, aunque a mí no me gusta el término, la propiedad intelectual de los pueblos indígenas. Pero hay una cuestión que todavía me parece más grave y que tiene que ver con esto de cómo defenderse en las comunidades indígenas. Hace no más de una semana, estaban los niños jugando en una comunidad de la Sierra Juárez, cuando pasa un helicóptero y vacía dos sacos. Y los niños dicen: “¿qué están tirando ahí?”. Corren a la parte de las orillas del pueblo, donde había caído lo que habían tirado desde el helicóptero y se dan cuenta de que
es maíz. ¿De qué se trata?, digo, ¿así se van a defender los derechos de los pueblos indígenas?, ¿quién es el que está haciendo estas acciones de agresión a los pueblos indígenas?. Es un bombardeo, prácticamente es un bombardeo. Lo están haciendo desde helicópteros, no lo están haciendo en avión. Pero están metiendo material genético que no corresponde a la cultura de los pueblos indígenas, y lo están haciendo sin el consentimiento de nadie. Esta situación nos parece muy grave. Yo haría un llamado a los centros de investigación, a las organizaciones no gubernamentales que están aquí presentes, para que nos pudieran apoyar a descifrar qué es lo que está sucediendo hoy en la Sierra Juárez, qué maíz nos aventaron por helicóptero. Vamos a tratar de monitorear en otras comunidades si han hecho acciones de esta naturaleza. Sí, tenemos las muestras; pero también queremos que se establezca un compromiso para que podamos hacer un análisis serio de esta situación. No queremos acusar a nadie ahorita de que tiraron maíz transgénico, porque no sabemos. Ya existe el maíz transgénico en las comunidades. Está sembrado. Pero hoy nos están aventando maíz que no sabemos qué es. Necesitamos conocerlo, y yo pediría ese apoyo y que lo hiciéramos de manera responsable. En fin, esta situación es bastante delicada, y yo siento que esto también atenta contra los derechos de nuestros pueblos y de manera flagrante porque es una agresión.
En relación a la pregunta de cuál es la posición del movimiento indígena mexicano en relación con estos asuntos que hemos estado tratando hoy, sería bueno revisar la Declaración del Tercer Congreso Nacional Indígena. Si bien no hablamos en lo específico del asunto de la propiedad intelectual, sí hablamos de la diversidad, sí hablamos de la moratoria, porque –creemos– es muy importante que antes de poder tomar una decisión, nuestras comunidades estén informadas primero de lo que está sucediendo en México, de lo que está sucediendo en el mundo y de lo que puede suceder en cada una de nuestras comunidades. Gracias.
Adelfo Regino Una de las cuestiones que a mí me gustaría también responder es esta pregunta de qué vamos a hacer las comunidades para enfrentar el “acorralamiento” del orden jurídico. Yo creo que las comunidades, y esto a ustedes les consta, ya son expertas en defenderse de los acosos externos y aún de las divisiones internas. Y en este sentido yo veo dos caminos, que ya se han señalado también acá. Uno es el de la organización interna, esto es muy importante. En 1979, cuando estaban en peligro nuestros bosques, cuando estaban en peligro muchas de nuestras montañas, allá en la región Mixe (Oaxaca) se formó el Comité de Defensa
de los Recursos Naturales, Humanos y Culturales del Pueblo Mixe. Y esto sucedió también en la Sierra Norte de Oaxaca. Entonces, yo creo que éste es un camino que ya tenemos andado y tenemos que reactivarlo. Si los mixes, los zapotecos, los chinantecos y los pueblos indígenas del país sentimos de nueva cuenta este acoso fuerte, pues tenemos que organizarnos. Creo que la primera respuesta es ésta ¿no?. Y la organización tiene que ver con un trabajo de conscientización muy fuerte y el trabajo de conscientización pues no es nada fácil. Es un trabajo que requiere de mucha constancia, que requiere de mucha entrega y habemos pocos trabajadores en este sentido, en esta dirección. De modo tal que, así como dice Aldo, yo los convoco a todos ustedes para que con su solidaridad, con su entrega nos acompañen en este proceso, no solamente en estos espacios, sino también allá en los campos de batalla cotidianos, en las montañas, en las comunidades, en nuestros espacios cotidianos. Entonces yo haría ese llamado, primero. Segundo, también remarco lo que ha dicho Aldo. Es muy importante que nosotros aprovechemos todos los instrumentos legales que estén a nuestro alcance para poder defenderlos y uno de estos instrumentos pues son los estatutos comunales. Pero yo creo que los pueblos indígenas no solamente podemos y debemos quedarnos con los estatutos comunales. Creo que tenemos que ir haciendo esfuerzos por ir armando, por ir elaborando estatutos de carácter regional, porque debemos tomar en consideración que no sólo una comunidad va a salir afectada en este tipo de situaciones sino estamos hablando de afectaciones a un pueblo indígena entero. Y en ese sentido creo que tenemos que empezar a construir en el terreno de los hechos acuerdos regionales que nos permitan defendernos en forma común. Creo que ese es otro punto que poco a poco tenemos que ir experimentando. Y en el terreno nacional e internacional, yo sí creo conveniente la discusión; creo que es importante que discutamos entre nosotros los indígenas; creo que nos hace falta discutir, reflexionar más este tipo de temas. Los hemos abordado de una manera superficial, los hemos abordado en determinadas circunstancias; pero sí nos hace falta una reflexión más profunda, más contundente. Como lo hemos hecho en el tema de la autonomía, como lo hemos hecho en el tema del territorio o como lo hemos hecho en el tema de los sistemas normativos, ¿no?. En donde hemos hecho un gran número de talleres, de foros, de simposios relacionados con cada uno de estos temas. Creo que necesitamos empezar a hacer ese proceso de difusión nacional e internacional sobre este tema en concreto. Creo que es un compromiso que podemos adoptar nosotros y tratar de impulsarlo en todos los espacios y en todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana. Creo que ese es un punto.
Otro punto es evidentemente el camino del reconocimiento jurídico. Así como demandamos que se nos reconozca como pueblo; que se nos reconozca nuestra autonomía, nuestros territorios, pues creo que una de las demandas importantes y fuertes del movimiento indígena mexicano y del movimiento indígena internacional tiene que ser el tema de nuestros conocimientos tradicionales, de nuestros conocimientos ancestrales, de nuestros recursos naturales e ideológicos. Creo que tenemos que empezar a exigir que se nos reconozcan y que sea para el bien de todos. Creo que estos caminos son los que seguramente tenemos que estar empujando, para poder detener esta ola globalizadora que a todos nos preocupa. Gracias.
Ricardo Garibay Muy brevemente quiero retomar lo que decían y dicen todos. Son tan diversas las posiciones y tan complejo el asunto, y se legisla a base de cuotas de poder, y no para resolver problemas, lo que además va a llevar mucho tiempo. Por lo pronto en la SEMARNAT llegan demandas cotidianas de apoyo para la defensa de recursos naturales de una u otra organización, que está surgiendo de aquí y allá, por todos lados. En Ayozintepec, en la Chinantla, nos decían el otro día, acabamos de decretar esa área de 60,000 hectáreas de una selva alta virgen como intocable. No sabemos para qué sirve ni cuándo nos vaya a servir, pero sabemos que eso tiene importancia y a eso nadie lo toca y ahora las milpas se hacen en otro lado. Mientras esto sucede, mientras los académicos se ponen de acuerdo, mientras la necesidad baja de algunos líderes de organizaciones indígenas a las necesidades cotidianas de las comunidades de defender sus recursos naturales, va a pasar mucho tiempo. Entonces la necesidad que hay es de información, de difusión, de aclarar qué quiere decir cada uno de los términos que se han empleado aquí, para que la gente decida que hacer finalmente con sus propios recursos. Moderadora Bueno. Agradezco la participación de los ponentes de esta mesa. Creo que fue muy interesante, pues, lo aquí comentado. Salieron del trabajo de hoy propuestas importantes que sería bueno retomar en el trabajo del día de mañana. Me parece interesante la propuesta de la declaración. Buscar la manera de iniciar acciones o reflexiones a nivel nacional sobre el tema y pues quedan invitados todos para el día de mañana. Empezamos todos a las diez de la mañana.
VI. Mesa 4. El reparto justo de los beneficios
1. Preservación de la diversidad biológica, acceso a los recursos genéticos y compartimiento de los beneficios Arcelia González Merino
En las dos últimas décadas del siglo XX, cambios en la esfera política y el advenimiento de nuevas tecnologías como la microelectrónica, la biotecnología y la ciencia de materiales, han contribuido a la expansión creciente del mercado mundial. Estas tecnologías de punta constituyen un factor cada vez más relevante, tanto en el desarrollo nacional como en el comercio internacional.
En el marco de esta expansión del mercado mundial, el desarrollo de tecnologías de punta ha determinado, en gran parte, los avances y modificaciones en el sistema de propiedad intelectual, particularmente en el caso de la biotecnología. Los niveles de rentabilidad que ha dejado y que promete aún más dejar, sobretodo a los países desarrollados y grandes empresas biotecnológicas, los ha llevado a impulsar un sistema que proteja su tecnología de la posible “piratería” de los que no poseen la tecnología utilizada para estas innovaciones. El sistema de propiedad intelectual moderno en materia de recursos genéticos vegetales está determinado, en gran parte, por las iniciativas presentadas por los estados Unidos en el seno del GATT en la Ronda de Uruguay (1986), en las que se ha establecido el marco de las relaciones internacionales para los próximos decenios. La propiedad intelectual está firmemente considerada dentro de los acuerdos sobre libre comercio. Los países en desarrollo, que incluyen a los países latinoamericanos, deben asumir los nuevos estatutos en esta materia. La evolución de la propiedad intelectual ha generado, así, las condiciones en las que actualmente es posible establecer derechos de propiedad intelectual sobre la materia viva. Es esta parte de la propiedad intelectual la que interesa abordar aquí, en especial la referida a los recursos genéticos vegetales. Mi trabajo se aboca, así, a uno de los temas más importantes y complejos que los países del Norte y del Sur han tenido que afrontar en estas últimas décadas: el de la preservación de la diversidad biológica y la apropiación de los recursos genéticos.
¿Qué tiene que ver la diversidad biológica con la problemática de la propiedad intelectual sobre la materia viva? El interés en la conservación de la diversidad biológica desde una perspectiva económica y comercial se ha incrementado en las dos últimas décadas del siglo XX, en la medida en que los países más desarrollados y empresas biotecnológicas se han percatado del potencial de estos recursos para el desarrollo de la agroindustria, la industria farmacéutica y la biotecnología, entre otras. La diversidad biológica, su conservación y el acceso a los recursos genéticos, se vinculan al tema de la propiedad intelectual sobre la materia viva, en gran parte porque existe el interés de los países más desarrollados y de las empresas líderes en biotecnología, de acceder a los recursos genéticos que contienen la información y valor económico potencial deseado por aquellos. La explotación de estos recursos los ha llevado al desarrollo de “invenciones”, de las que los mismos países desarrollados y empresas biotecnológicas, solicitan su adecuada protección intelectual. Para el objetivo de este trabajo no sólo es importante destacar que de los 12 países megadiversos, 10 son países en desarrollo, sino que de estos 10, seis son países latinoamericanos. Se trata de Brasil, Colombia, México, Perú, Ecuador y Venezuela. El aumento previsible del uso de los recursos genéticos en diferentes industrias como la farmacéutica, junto con el desarrollo inusitado de la biotecnología, ha despertado un enorme interés por parte de los países desarrollados y empresas transnacionales poseedores de la tecnología para la explotación de estos recursos presentes, en su mayoría, en los países del Sur. Todo este interés ha ido avanzando, así, hasta la posibilidad actual de patentar microorganismos, plantas, animales y partes de células humanas. A pesar del reconocimiento internacional de la enorme contribución que han hecho las comunidades rurales e indígenas de la región latinoamericana a la conservación y mejoramiento de los recursos genéticos, no han sido compensadas por conservar, mejorar y otorgar información sobre el uso de estos recursos. La ausencia de un régimen que proteja los derechos colectivos de las comunidades rurales y pueblos indígenas de la región latinoamericana sobre sus recursos genéticos ha llevado a la toma de muestras de recursos genéticos sin que exista compensación alguna. Se trata no sólo de un problema de derechos de propiedad intelectual, sino de derechos de la propiedad física sobre los recursos genéticos. Es decir, también se observa en la región la ausencia de un régimen eficaz que regule el acceso a los
recursos genéticos.1 El objetivo general de este trabajo es identificar los elementos necesarios para el desarrollo de una política de conservación, acceso a los recursos genéticos y compartimiento de los beneficios a las comunidades locales, que incluye, por supuesto, a los pueblos indígenas.
Para el logro de este objetivo, se revisaron los acuerdos internacionales más importantes en materia de la propiedad intelectual, diversidad biológica y acceso a los recursos genéticos. La existencia de leyes que regulen el acceso a los recursos genéticos es de gran importancia para la región latinoamericana, por la enorme diversidad genética y cultural con la que cuenta. Esta regulación podría permitir la retribución justa y equitativa para los países proveedores de los recursos genéticos, concretizándose desde un Fondo para la conservación de estos recursos, transferencia de tecnología, retribución monetaria, entre otros.
El contar con un marco regulación nacional e internacional en materia de acceso a los recursos genéticos tan sólo es un elemento dentro de toda una política de conservación, acceso a los recursos genéticos y compartimiento de beneficios. Incluye, asimismo, el diseño de una política nacional con la participación de todos los sectores involucrados, una política que impulse aquellos mecanismos que no se han podido implementar y que constituyen no sólo una necesidad de justicia y equidad, sino una cuestión de la conservación de la misma diversidad biológica y cultural.
Acceso a los Recursos Genéticos Como resultado de un interés comercial, pero también de la preocupación por la pérdida de diversidad biológica histórica a nivel mundial, se han conformado convenios y compromisos Internacionales. En primer lugar, la Convención de Diversidad Biológica, firmada por más de 150 países en Río de Janeiro, en 1992. Probablemente, la Cubre de la Tierra de Río –como se conoce a la Reunión para firmar este Convenio– será recordada como la conferencia más importante, por lo que se trató en términos de diversidad biológica, acceso a los recursos genéticos y compartimiento de los beneficios. El Convenio de Diversidad biológica (CDB) incluye, no sólo el tema de la conservación y uso sustentable de los recursos genéticos, sino el acceso a éstos, el compartimiento de los beneficios resultado de su uso, la transferencia de tecnología y la propiedad intelectual. Cabe señalar, además, que este Convenio es vinculante, lo cual significa que tiene el carácter de obligatoriedad para los países que lo firman. 1 Esto significa que no exista ninguna ley de acceso a los recursos genéticos en América Latina. Existe, por ejemplo, el Régimen de Común de Acceso a los Recursos Genéticos de los Países Andinos (decisión 391) y la Ley de Biodiversidad de Costa Rica.
El convenio de diversidad Biológica, sin embargo, no es el único documento a nivel internacional preocupado por los recursos genéticos, la soberanía sobre ellos y los derechos de los diferentes sectores locales. Existe el Compromiso Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos,2 establecido en noviembre de 1983, por la Conferencia de la FAO en la resolución 9/83.3 Éste es el primer compromiso internacional que reconoce los derechos soberanos de los países sobre sus recursos fitogenéticos en su resolución 3/91,4 además de que es el único acuerdo internacional específico sobre los recursos fitogenéticos, del cual son parte los países de la región latinoamericana ricos en diversidad biológica. Dentro de este compromiso se han tratado muchos de los temas trascendentes para los países en desarrollo como son los derechos soberanos sobre los recursos fitogenéticos, los derechos de los agricultores, la transferencia de tecnología, el reconocimiento de las comunidades rurales como mejoradoras por años de estos recursos, y la creación de un fondo de financiamiento para apoyar a los países en desarrollo. Sin embargo, hasta el año 2000 este compromiso no era vinculante, lo cual limita la aplicación de sus avances, si bien los países que lo suscriben han propuesto, en reuniones recientes, la posibilidad de convertirlo en un acuerdo obligatorio. Con lo planteado hasta aquí, cabría preguntarnos ¿qué se está entendiendo por acceso a los recursos genéticos y por qué está relacionado con el tema del compartimiento de beneficios?. Ha sido libre el acceso a los recursos genéticos por parte de grandes empresas interesadas, semilleras o las que hacen productos medicinales, incluso para centros de investigación. Este acceso, sin embargo, ha sido sin compensación a los países o a las comunidades agrícolas que han conservado y desarrollado estos recursos durante muchos años. Los recursos genéticos tienen un claro valor de uso, por ejemplo en la industria farmacéutica. Un 25% o 30% del mercado de productos farmacéuticos corresponde a medicinas basadas en plantas. Estos recursos genéticos se han utilizado para generar valor sin que los países agricultores, que han conservado y desarrollado estos recursos, reciban remuneración alguna. La diversidad biológica en su forma silvestre, tradicionalmente fue calificada como cosa de nadie (res nullius). Así, durante siglos se consideró que el acceso a los recursos genéticos de las distintas zonas del planeta debía ser y mantenerse libre. En 1991, por primera vez en uno de los anexos del Compromiso Internacional
2 Recordemos que el concepto “fitogenéticos” se refiere a plantas. 3 FAO, Compromiso Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos (1983), 28 de septiembre de 1990. 4 Extracto del 26º período de sesiones de la Conferencia de la FAO, Roma, 9-27 de noviembre de 1991.
sobre los Recursos Fitogenéticos, se reconoceb de manera expresa los derechos soberanos sobre los recursos genéticos. Sin embargo, es hasta 1992 que el Convenio de Diversidad Biológica, como acuerdo vinculante, convierte el tema del acceso a los recursos genéticos en un acontecimiento trascendente, ya que por primera vez se establece la necesidad de una regulación para disponer de los recursos genéticos de cada país miembro. El artículo 15 de este Convenio se refiere así al tema del acceso:
“En reconocimiento de los derechos soberanos de los estados sobre los recursos naturales, la facultad de regular el acceso a los recursos genéticos incumbe a los gobiernos nacionales y está cometida a legislación nacional.5 [........] Cada Parte Contratante procurará crear condiciones para facilitar a otras partes contratantes el acceso a los recursos genéticos para utilizaciones ambientalmente adecuadas, y no imponer restricciones contrarias a los objetivos del presente Convenio”.6
Este artículo posee, así, una doble finalidad: reafirma el derecho de soberanía que tienen los países sobre sus recursos genéticos y al mismo tiempo compromete a aquellos a crear condiciones para que faciliten el acceso a los recursos genéticos y no impongan restricciones que vayan en contra de los objetivos de esta Convención. La trascendencia del artículo 15 de la Convención, sin embargo, no sólo deriva de plantear los derechos soberanos y facilitar el acceso a los recursos genéticos, sino que por primera vez se incluye el tema del consentimiento informado previo, cuando se dice que “el acceso a los recursos genéticos estará sometido al consentimiento informado previo de la Parte Contratante que proporciona los recursos, a menos que esa Parte decida otra cosa”.7 Este concepto significa que ninguna agrupación científica o comercial puede ir a recolectar muestras a otro país, de ningún recurso genético, sin el consentimiento informado previo del país en donde esos recursos se encuentran. Aparece finalmente el apartado 15.7, que toca el tema del compartimiento de los beneficios de la utilización comercial y de otra índole de los recursos genéticos, que señala que “cada Parte Contratante tomará medidas legislativas, administrativas o de política, según proceda..., para compartir en forma justa y equitativa los resultados de las actividades de investigación y desarrollo y los beneficios derivados de la utilización comercial y de otra índole de los recursos genéticos con
5 Convenio sobre la Diversidad Biológica, junio de 1992. 6 Ibíd. 7 Ibíd..
la Parte Contratante que aporta esos recursos. Esa participación se llevará a cabo en condiciones mutuamente acordadas”.8 Este apartado es uno de los más importantes de toda la CDB, ya que señala que aquél que se lleve los recursos genéticos compartirá los beneficios de su explotación comercial con el país de origen. Marca un cambio trascendente, pues se pasa de un esquema de libre acceso, de libre circulación de los recursos genéticos –antes de la Convención de Diversidad Biológica– a un esquema de compensación al país de origen por los beneficios de la utilización de esos recursos. Hasta aquí queda clara, la relación directa del acceso a los recursos genéticos con el compartimiento de los beneficios. Sin embargo, la compensación de beneficios sólo queda planteada para el país proveedor de los recursos, en su conjunto, no específicamente para las comunidades locales e indígenas. Es el artículo 8 (j) del Convenio de diversidad Biológica, que abordaremos más adelante, el que contempla este aspecto. El Compromiso Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos, es otro de los Compromisos que considera el tema del acceso a los recursos, fitogenéticos en este caso, y la compensación de beneficios. Su objetivo principal es “asegurar la prospección, conservación, evaluación y disponibilidad, para el mejoramiento de las plantas para fines científicos, de los recursos fitogenéticos de interés económico y/o social, particularmente para la agricultura”-9 Inicialmente el compromiso se basaba en el principio, aceptado a nivel mundial, de que los recursos fitogenéticos constituyen un patrimonio de la humanidad, no estando restringida su disponibilidad. Posteriormente, se aclaraba que el término de “libre acceso” no significada gratuito. Se reafirmaba, así, que el concepto de “patrimonio de la humanidad” estaba sujeto a los derechos soberanos de los estados miembros sobre sus recursos fitogenéticos. Con lo que se limitaba el principio de “acceso sin restricciones” de varias maneras:
a) reafirmando los derechos soberanos de los países sobre los recursos genéticos;
b) aclarando que el término “libre acceso” no significa que sea gratuito; c) limitando los beneficios del Compromiso, a los países que se adhieran a
él.10
8 Ibíd... 9 FAO, Compromiso Internacional de Recursos Fitogenéticos, op cit. 10 Resolución 4/89, Informe del 25º período de sesiones de la Conferencia de la FAO, Roma, 11-29
de noviembre de 1989.
Uno de los temas más importantes de este Compromiso es el de los derechos del agricultor, entendidos como aquellos que “provienen de la contribución pasada, presente y futura de los agricultores a la conservación, mejoramiento y disponibilidad de los recursos fitogenéticos, particularmente de los centros de origen/diversidad”.11
Gran parte de la diversidad de plantas que existe a nivel mundial es conservada, seleccionada, mejorada y adaptada a las condiciones de cambio, por los agricultores y comunidades indígenas. Reconocer sus derechos y contribución a la conservación y mejoramiento a largo plazo de la diversidad vegetal es uno de los mayores propósitos de los países megadiversos de la región latinoamericana. El tema de los derechos del agricultor ha sido tratado hasta reuniones recientes dentro de la FAO. Es hasta octubre del año 2001 que se ha avanzado en el reconocimiento de la aplicación de los derechos del agricultor, gracias a la presión de organizaciones no gubernamentales y a la posición de algunos países en desarrollo ricos en diversidad biológica. El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) no trata directamente el tema del acceso a los recursos genéticos. Sin embargo, es el único acuerdo internacional vinculante que trata el tema de los derechos sobre los recursos naturales existentes en territorio de pueblos indígenas directamente.12 Es decir no sólo trata el aspecto de la propiedad de los recursos naturales, sino el derecho de propiedad sobre el territorio de estos pueblos indígenas, lo que incluye la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna manera”.13 De acuerdo al artículo 14 del Convenio 169, “deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular atención a la situación de los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes”. El convenio 169 de la OIT es de suma importancia porque se reconocen los derechos de los pueblos indígenas sobre la propiedad de los recursos naturales.
11 Extracto del 26º período de sesiones de la Conferencia de la FAO, Roma 9-27 de noviembre de 1991. 12 Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, publicado en el Diario Oficial de México el 24 de enero de 1991. Adoptado en Ginebra, Suiza el 27 de junio de 1989. Entró en vigor internacional el 5 de enero de 1991. 13 Ibíd.
Trata la propiedad de los recursos naturales en territorio de los pueblos indígenas y el consentimiento informado previo de estas comunidades, mientras la Convención de Diversidad Biológica habla sobre el reconocimiento de los conocimientos e innovaciones de estos mismos pueblos (en el artículo 8j, que revisaremos a continuación). Lo que podemos observar hasta aquí es que existen estos tres acuerdos internacionales que aluden al acceso a los recursos genéticos, al compartimiento de beneficios por el uso de estos recursos y a los derechos de las comunidades indígenas sobre su territorio. La mayoría de los países latinoamericanos ricos en diversidad biológica (Brasil, los Países del Pacto Andino, México, Costa Rica) son parte de éstos. De lo que se trata ahora es de desarrollar los mecanismos concretos para implementarlos. La importancia de regular el acceso a los recursos genéticos no sólo tiene que ver con el compromiso hecho en la Convención de Diversidad Biológica. Tiene que ver con la existencia de proyectos de acceso a los recursos genéticos y toma de muestras de todos ellos, en la región latinoamericana, en donde se observa que se está llevando a cabo el acceso a nuestros recursos sin compensación alguna, o que la que existe es injusta. Desde mi punto de vista, es urgente contar con este tipo de regulaciones en donde se implementen los mecanismos que aseguren la conservación de la diversidad biológica y se compense a las comunidades rurales e indígenas por su contribución a la conservación y mejoramiento de los recursos genéticos de la región latinoamericana. En la región latinoamericana se han desarrollado ya algunas leyes y proyectos de ley de acceso a los recursos genéticos. En el siguiente apartado abordaremos su importancia. Compartimiento de beneficios Es el artículo 8 (j) del Convenio de Diversidad Biológica –como señalábamos más arriba- el que trata directamente el tema de la compensación a las comunidades indígenas y locales como mejoradoras por años de los recursos genéticos. El artículo señala que cada país, “con arreglo a su legislación nacional, respetará, preservará y mantendrá los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica y promoverá su aplicación más amplia, con la aprobación y la participación de quienes posean esos conocimientos, innovaciones y prácticas y fometará que los beneficios de la utilización de esos conocimientos, innovaciones y prácticas se compartan equitativamente”.14 14 Convención de la Diversidad Biológica, op cit., p.6
Decíamos más arriba que en la región latinoamericana existen algunas leyes de acceso y proyectos de ley. Estos son importantes porque contienen algunos mecanismos concretos sobre el compartimiento de beneficios. La Decisión 391 del Acuerdo de Cartagena,15 el Proyecto No. 306/95 de Brasil,16 la Ley de biodiversidad de Costa Rica y el Proyecto de Ley Federal de Acceso a los Recursos Genéticos de México, son los más importantes. Cabe señalar que en la elaboración del Proyecto de Ley de Acceso de México, tuve la oportunidad de participar dentro de un grupo multidisciplinario, el cual implicó la revisión de todas las legislaciones existentes a nivel mundial, además de la revisión de las leyes nacionales relacionadas con la materia. Sin embargo, actualmente se encuentra en el Senado de la República Mexicana una iniciativa que recorta gran parte de las disposiciones más importantes, sobre todo las referidas a los derechos de las comunidades indígenas sobre su conocimiento tradicional y a los mecanismos concretos para la transferencia de tecnología. Cabe reconocer que la Decisión 391 de los Países del Pacto Andino constituye la primera legislación en la región latinoamericana sobre el tema del acceso a los recursos genéticos. Estamos hablando de 1996, hace cuatro años, ya que estos países cuentan con un régimen común de acceso a los recursos genéticos, mientras que Brasil y México, primer y cuarto lugar en diversidad biológica, respectivamente, apenas cuentan con un proyecto de ley. El que todavía no exista una ley de acceso a los recursos genéticos de manera oficial en estos últimos países, posibilita un continuo saqueo de tales recursos sin la retribución justa y equitativa correspondiente. Si bien la sola existencia de una ley no garantiza que no se violen los derechos de soberanía y demás aspectos que conllevan esta problemática, es un elemento importante para que se respeten. La Decisión 391 de los países del Pacto Andino, el proyecto de Brasil No. 306/95, el Proyecto de Ley de Acceso a los Recursos Genéticos de México (abril del 2000) y la Ley de Biodiversidad 7788 de costa Rica, tratan el tema de la soberanía sobre el uso y aprovechamiento de los recursos genéticos, estableciendo la propiedad de ellos para el país de origen. Respecto al ámbito, las cuatro legislaciones abarcan a los recursos genéticos, a sus productos derivados, a sus componentes intangibles y a los recursos de las especies migratorias que por causas naturales se encuentren en territorio del país de origen. El tema de los recursos genéticos humanos es un tema que hasta ahora, por lo menos en la región latinoamericana, se excluye dentro del acceso. Asimismo, se excluye el intercambio de recursos genéticos que realicen las comunidades locales para su propio consumo.
15 Decisión 391, Régimen Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos, Gaceta Oficial del Acuerdo
de Cartagena, Año XII – Número 213, Lima, 17 de junio de 1996. 16 Brazil’s Bill on “Access to genetic resources”, Bill of Law No. 306/95, version corregida
presentada por el senador Osmar Dias ante el Senado, mayo 1998.
Cabe destacar que el Proyecto de Brasil y el Proyecto de México son los únicos que tienen disposiciones sobre los recursos genéticos en condiciones exsitu. Al incluir derechos y obligaciones sobre los recursos genéticos en condiciones exsitu, el país de origen establece no sólo derechos, sino obligaciones a los países o terceras partes que transfieran material genético a través de exportación o importación de este mismo. Es decir, que aquellos recursos genéticos que se tomen de su hábitat natural para llevarlos, por ejemplo, a bancos de germoplasma, estarán sujetos a los estatutos de esta ley, la cual incluye, entre otras disposiciones, la retribución justa y equitativa a las comunidades locales e indígenas por la conservación, mejoramiento y conocimiento sobre el uso de los recursos genéticos. Tanto en los proyectos de Brasil y México, como en la Ley de Biodiversidad de Costa Rica, la Autoridad que evalúa el acceso está compuesta por un comité intersectorial. La legislación de los países del Pacto Andino, establece que este comité estará compuesto por las autoridades competentes de cada país miembro, es decir, no se trata de un comité intersectorial. La presencia de un comité intersectorial, como dijimos más arriba, permitirá emitir una evaluación completa e integral de los proyectos de quienes soliciten el acceso a los recursos genéticos. La compensación a las comunidades locales e indígenas se reconoce en las cuatro legislaciones. En el proyecto de Brasil y México se reconoce una compensación mediante el pago en dinero, bienes, servicios, derechos de propiedad intelectual; en la Ley de Costa Rica se establece que puede ser mediante derechos de propiedad intelectual sui-generis, y en la legislación del Pacto Andino no se establece forma alguna. Habíamos comentado anteriormente que la Convención de Diversidad Biológica ya había reconocido este derecho; de lo que se trata ahora, con las legislaciones nacionales, es de establecer medidas concretas. La transferencia de tecnología es otro de los aspectos que consideran las cuatro legislaciones dentro de sus estatutos. Si bien el Proyecto de Brasil considera la necesidad de que el estado apoye el desarrollo de tecnologías nacionales sustentables para el estudio, uso y aprovechamiento de especies autóctonas, ni este proyecto ni las legislaciones del Pacto Andino y de Costa Rica, establecen los mecanismos para su realización. Es el Proyecto de Ley Federal de Acceso a los Recursos Genéticos de México, el único que establece las formas concretas en que debería suceder esta transferencia de tecnología. Conclusiones Para el desarrollo de una política de compartimiento de beneficios, se debe partir de una política integral de conservación, acceso a los recursos genéticos y
compartimiento de los beneficios. Un mecanismo importante es contar con guías de caracterización de las variedades existentes en el país, evitando con ello la protección de especies que existen en la región desde hace ya muchos años. Pero la política de protección también debe contemplar los derechos de las comunidades locales y pueblos indígenas derivados de su conocimiento de tales recursos. Esto requiere una amplia labor de difusión sobre la problemática en toda la región latinoamericana con base en foros locales y talleres especializados para estos grupos. La región latinoamericana no sólo necesita una política de protección, sino una política de acceso a los recursos genéticos. La regulación del acceso a los recursos genéticos en los países latinoamericanos implica el desarrollo de una legislación que contemple los criterios de soberanía, compartimiento de los beneficios resultado del acceso, cooperación científica y tecnológica, transferencia de tecnología y desarrollo sustentable. Una política de acceso a los recursos genéticos no se agota con la existencia de acuerdos internacionales y legislaciones nacionales; se necesita de toda una política de creación de infraestructura, difusión y asesoramiento –sobre todo hacia las comunidades rurales e indígenas; implica usar el Convenio de Diversidad Biológica para distribuir los beneficios no sólo por el uso de los recursos genéticos sino por el acceso a ellos; requiere insistir en que los principios de este Convenio deben estar por sobre los acuerdos cuyo interés es sólo comercial. Por último, una política de protección, conservación y acceso a los recursos genéticos en la región latinoamericana debe partir de la participación de todos los sectores involucrados: organizaciones no gubernamentales, comunidades locales y pueblos indígenas, para que impulsen aquellos mecanismos que no se han podido implementar y que constituyen no sólo una necesidad de justicia y equidad, sino una cuestión de la conservación de la misma diversidad biológica y cultural. Bibliografía
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2. Verónica Huilipan, Coordinación de Organizaciones Mapuches, Argentina Gracias. En primer lugar, este saludo de mi idioma (que no fue posible transcribir), el idioma del pueblo mapuche, dice a la letra buenos días a los hermanos, autoridades de pueblos originarios que están aquí presentes. Buenos días a las autoridades que han realizado este evento y buenos días a cada uno de los presentes. En primer lugar, quiero agradecer esta invitación de parte de la UAM y de la Red de Abogados y Abogadas por los Derechos de los Pueblos Indígenas, a la Coordinación de Organizaciones Mapuche, que es la organización que representa desde el punto de vista político a las 45 comunidades mapuches de la provincia de Nauquén y a la población urbana que existe en la provincia. Realmente, este tema es importante en materia de pueblos indígenas, en materia de sociedad civil, en materia del estado, de los estados. En particular consideramos que este tema es un reto a la capacidad de innovación que podamos desarrollar cada una de las partes involucradas. Desde ayer venimos escuchando la posición de todos los involucrados y en una gran mayoría escuchábamos decir a los catedráticos que este es un tema complejo, que son ambiguos los instrumentos legales que existen en los distintos estados, y en particular se estuvo hablando de México. Hablar del acceso a los recursos, tanto biológicos como genéticos, es hablar de destrucción, es hablar de muerte cultural, física, territorial de los pueblos indígenas. No hemos tenido otra experiencia. Las veces que se han introducido dentro de territorio indígena multinacionales o el mismo estado o corporaciones ha sido para destruir. Nunca ha sido para beneficiar la cultura que existe y se desarrolla en ese espacio territorial. ¿Por qué ocurre esta situación? ¿Por qué ocurre que mientras tenemos un Convenio de Diversidad Biológica firmado por los estados, por las partes, donde dice que el principio básico para acceder a los recursos es la conservación, el uso sustentable, ocurre solamente la destrucción para los pueblos indígenas? Podemos decir que no existe legislación en cada uno de los estados que ampare lo que dice el Convenio de Diversidad Biológica. O podríamos decir que el estado lo ratificó para hacer pantalla política externa solamente y no como una necesidad de aplicación de política estatal hacia lo interno de cada país. O podríamos hablar más
bien, de la necesidad urgente de los cambios estructurales que se tienen que dar en los estados donde habitamos los pueblos indígenas. Para que a partir de allí sí podamos definir cuál va a ser la política de ese estado intercultural en torno al acceso a los recursos biológicos y genéticos, que ¡oh casualidad!, la gran mayoría de estos recursos está en territorio indígena. Nosotros tenemos la experiencia de que Nauquén sea una población muy rica en recursos acuíferos, forestales y mineros. Y sin embargo todos estos recursos están siendo administrados por el estado, o el estado ha facilitado la intromisión de multinacionales para que hagan su explotación. Entonces, ¿cómo podemos los mapuches hablar de reparto equitativo de los beneficios de estas actividades, si nada de ellas viene a beneficiar nuestra existencia, si nada viene a beneficiar el desarrollo pleno de nosotros como pueblo. El debate que se abre con este tema nos invita a reconceptualizar el término soberanía. ¿Qué implica soberanía para el estado? ¿Qué implica soberanía para los pueblos indígenas? Y creo que aquí está el conflicto que hoy existe. Se nos ha enseñado desde siempre en las escuelas, a través de la materia de formación cívica, que nosotros los argentinos somos soberanos en nuestro espacio territorial, que tenemos que defender la soberanía territorial de este estado. Sin embargo, hoy vemos en Argentina, cómo cada uno de los recursos que existen dentro de nuestros espacios territoriales no son ni siquiera administrados por el estado argentino. ¿Dónde quedó la soberanía?¿De qué soberanía entonces nos hablan? Los pueblos indígenas, el pueblo mapuche en Argentina, planteamos que nosotros somos soberanos en nuestro espacio territorial y no por una determinación exclusivamente política-jurídica sino por una determinación de vida. Nuestra filosofía de vida marca la relación permanente y constante entre los distintos seres, entre las distintas fuerzas vivas, que se interrelacionan dentro del cosmos. Para que +este pueda ser un cosmos el hombre parte de la tierra, la tierra parte del hombre y así con cada uno de los elementos vitales que allí existimos. ¿Puede el estado hacerse cargo de una parte vital de nuestra vida como pueblo y cultura distinta?, ¿puede administrar el estado entonces una cultura que no conoce?, ¿puede administrar una cosmovisión que no conoce? ,¿puede administrar un espacio territorial donde se desarrolla una cultura que ha venido negando desde siempre y allí imponer su soberanía? Nosotros decimos que no. El pueblo mapuche dice de que somos soberanos en nuestro propio espacio territorial y este es el reto que le estamos proponiendo al estado argentino. ¿Qué es soberanía?, ¿qué implica la soberanía estatal hoy en Argentina, hoy en el estado argentino actual? Hoy en este estado actual no cabemos los pueblos indígenas como tales; sólo cabemos como mero objeto folklórico y no es ésta nuestra decisión.
Hoy es necesario y urgente que el estado argentino reestructure los estados donde existen o existimos pueblos indígenas; es necesario que los pilares básicos que ordenen un nuevo estado contemplen la existencia de los diversos pueblos y culturas existentes en ese mismo espacio territorial que hoy se comparte. Y aquí también tenemos que hablar de otro concepto que tenemos que redefinir: el concepto de democracia. Bajo el concepto de democracia los estados nos hacen parte de su política de entrega y vaciamiento. Porque hay un supuesto de que la democracia es el gobierno del pueblo por lo tanto quienes gobiernan cada uno de nuestros estados son nuestros representantes legítimos, como nos dice siempre el estado. En esa democracia tampoco cabemos los pueblos indígenas. Nosotros consideramos que el nuevo concepto de democracia tiene que ser el gobierno de los pueblos, el gobierno de las culturas, la interrelación permanente de los distintos ámbitos (jurídico, político, legislativo) que son los pilares básicos de un estado para funcionar. Nosotros los pueblos indígenas tenemos herramientas que aportar; tenemos institucionalidades para fortalecer este tipo de estado, un estado intercultural. Bien decían ayer los hermanos indígenas que estuvieron en la ponencia, que siempre y cuando se respeten los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, recién podemos hablar de acceso a los recursos y distribución equitativa de los beneficios. Ese es el fondo de la cuestión. ¿Cuál es el rol que jugamos cada uno de nosotros en esta etapa, en esta construcción de una nueva política? Porque en la medida que nosotros no seamos capaces de definir una nueva política a implementar dentro de los estados, todo instrumento jurídico va a estar vacío de contenido, va a carecer de reconocimiento de derechos. Solamente un ordenamiento político claro va a lograr coherencia con la realidad con la que vive cada estado. Este es el anhelo de los pueblos indígenas del mundo: el reconocimiento pleno de nosotros dentro del ámbito de los estados; el reconocimiento con cada una de nuestras institucionalidades; el reconocimiento de que seamos nosotros quienes administremos y controlemos nuestro espacio territorial. Muy pocos días atrás hubo una reunión en Bonn, que ayer también fue mencionada en este evento, donde representantes de organizaciones indígenas de distintos estados también estuvimos debatiendo acerca de este tema; de cómo cada uno de los pueblos indígenas vamos avanzando en la búsqueda de reconocimiento en cada uno de los ámbitos donde se generan estos espacios de debate que el estado va provocando, como el Convenio de Diversidad Biológica, las COB y cada uno de los foros que se van creando.
Hoy los pueblos indígenas ya ni siquiera somos dueños de nuestro propio debate, ni de nuestro propio espacio de definición. Tenemos que estar siempre corriendo detrás de la necesidades de los estados, así, a las apuradas, tratando de elaborar estrategias para frenar el avance indiscriminado (sic). En ese sentido traje hoy para compartir con ustedes las conclusiones generales del evento de Bonn, en las cuales participaron desde Perú el AIDESEP; desde Bolivia, el THOA (Taller de Historia Oral Andina); de Mesoamérica, la asociación Itzacabá; de Amazonia la COICA; desde el Cono sur, el Consejo de Todas las Tierras Organización Mapuche de Chile; de África francófona, APB Kalimbazepirin; de África anglófona EMIROA; de Bassar, Uberto Zamangún; de Asia sudeste, IMPEC; de Australia Pacífico, Nuclear Free Pacific y de Eurasia del norte, RAIPON. Voy a compartir con ustedes y voy a dejar aquí a la Mesa y a los organizadores del evento el documento final del foro de Bonn, Alemania, más cada uno de los instrumentos que surgieron de este proceso de debate que se dio allí entre los estados y entre los pueblos indígenas.
3. “Declaración de Clausura del Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad en el Grupo de Trabajo Abierto Interseccional sobre Acceso y Distribución de Beneficios”
Convenio sobre Diversidad Biológica, 22 - 26 octubre de 2001, Bonn, Alemania
Sra. Presidenta: El Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad ha estado particularmente preocupado de asegurar aquí la plena y efectiva participación de los pueblos indígenas en la implementación del Convenio sobre Diversidad Biológica, ya que afecta la vida de nuestros pueblos y a nuestros derechos fundamentales, el derecho a la autodeterminación, el derecho sobre nuestras tierras, territorio, recursos naturales, modo de vida y control sobre recursos y sobre nuestro conocimiento. Aunque reconocemos el progreso que se hizo en la V Conferencia de las Partes, especialmente en los principios generales de la resolución B-16, algunas de las delegaciones presentes en el grupo de trabajo no parecen ni siquiera reconocer sus propias resoluciones. Aún más, hemos observado en algunas de las partes la falta de voluntad política que es necesaria para avanzar constructivamente en nuestro trabajo. Queremos subrayar que el concepto de “interesados” no es aplicable a los pueblos indígenas, ya que nosotros somos detentadores de derecho. Los derechos sobre nuestro conocimiento tradicional y recursos naturales son derechos colectivos inherentes e inalienables de nuestros pueblos. Una vez más queremos
subrayar que la condición fundamental para el progreso en la implementación del Convenio es el reconocimiento de nuestra existencia y derechos como pueblos indígenas. Respecto a las disposiciones que tuvieron lugar en ese grupo de trabajo, con respecto a las directrices sobre acceso y distribución de beneficio, mantenemos nuestra posición de que estas directrices tal como están ahora formuladas no obtendrán el reconocimiento de los pueblos indígenas. Como ya hemos recomendado varias veces, esto revela la necesidad de creación de capacidad de las partes con respecto a los derechos de los pueblos indígenas tal como están establecidos en los instrumentos y acuerdos internacionales existentes y emergentes. A este respecto, llamamos la atención sobre el hecho de que pese a que los debates que han tenido lugar en el subgrupo de trabajo 2 han sido considerados como un asunto marginal, en realidad es allí donde se han hecho progresos significativos. Basándonos en esto, recomendamos que la manera más práctica de seguir adelante sería realizar una serie de actividades basadas en estudios de caso preparados por los pueblos indígenas, en países en cuya existencia y derechos de los pueblos indígenas están ya reconocidos, como base para hacer recomendaciones concretas a las partes en un futuro. Invitamos a trabajar en este tema a los países en los que la existencia de derechos de los pueblos indígenas ya ha sido reconocida en la legislación nacional, de acuerdo con la legislación internacional y en países que han adoptado políticas reconociendo los derechos de los pueblos indígenas. Recomendamos, además, que para asegurar la coherencia en el desarrollo del trabajo del Convenio se invite a contribuir en su tarea a otros organismos y agencias especializadas de las Naciones Unidas. Reafirmamos la importancia de las recomendaciones que presentamos el lunes para establecer las condiciones previas para cualquier progreso en el trabajo y pedimos que estas recomendaciones básicas sean adjuntadas al informe de esta reunión.
Autodeterminación. Reconocer que los pueblos indígenas son detentadores de derecho y no simples “interesados”. Los pueblos indígenas tienen derechos colectivos a: la autodeterminación; sus tierras y territorio; su patrimonio cultural y control sobre su propio conocimiento; el libre consentimiento fundamentado previo en todas las actividades que afecten a sus tierras, territorio, recursos naturales, incluidos los recursos genéticos y conocimiento tradicional. Libre consentimiento fundamentado previo. En el contexto de derecho de los pueblos indígenas a la autodeterminación el libre consentimiento fundamentado previo significa que todos los miembros de las comunidades afectadas consienten en la decisión; el consentimiento está determinado de acuerdo con las leyes, prácticas y derechos consuetudinarios; que no exista manipulación externa, interferencia o coerción; plena información sobre la intención y alcance de la actividad; las decisiones se hacen en un lenguaje y un proceso comprensible para las comunidades; las autoridades tradicionales y las instituciones representativas de los pueblos indígenas deben estar implicadas en todas las etapas del proceso de consentimiento respecto al derecho de los pueblos indígenas a decir no. Relaciones con otros regímenes legales e internacionales. Las partes del Convenio sobre Diversidad Biológica deben respetar su enfoque integral sobre la diversidad biológica, conocimiento tradicional y acceso y reparto de beneficios, superando los estrechos enfoques comerciales de los “Trips” de la Organización Mundial de Comercio y de otros acuerdos similares. Deben aplicarse los instrumentos legales internacionales existentes y emergentes sobre derechos de los pueblos indígenas. Creación de capacidad. El informe de la Segunda Reunión del Panel de Expertos sobre Acceso y Reparto de Beneficios concluyó que la creación de capacidad debía ser la esencia del trabajo del Convenio en esta área. El Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad recomienda: - la necesidad de creación de capacidad entre las partes respecto a estándares
existentes y emergentes sobre los derechos de los pueblos indígenas; - la necesidad de identificar ejemplos de buenas prácticas en el desarrollo de la
legislación nacional y sistemas sui generis de acuerdo con los estándares de los pueblos indígenas;
- y promover la relación directa con las organizaciones representativas de los pueblos indígenas para mejorar la capacidad de las partes respecto de las medidas legislativas y de otro tipo que aseguren el reconocimiento práctico de los derechos de los pueblos indígenas ya establecidos en los instrumentos internacionales existentes y emergentes.
Y para finalizar, reparto equitativo de los beneficios. Para los pueblos indígenas, el reconocimiento legal de los derechos de los pueblos indígenas especialmente en la
seguridad de tierras y territorio predomina sobre los beneficios monetarios y no monetarios. Sólo si la seguridad territorial está garantizada podrá establecerse un reparto equitativo de los beneficios. 4. Silvia Ribeiro, ETCgroup Gracias, pero no soy doctora. Quiero agradecer a la UAM y a la RAADPI por haber organizado este evento. De verdad, pienso que se necesitan muchos más eventos como éste y muchas gracias por la posibilidad. Este es un mapa que hicimos en la organización para la que trabajo, antes RAFI y ahora “Etcétera”. Las zonas de color naranja son megadiversas, o sea, son las zonas de mayor diversidad de especies de todo tipo, animales y vegetales. Aquí están marcados unos puntitos rojos que más o menos coinciden en algunos lugares casi se superponen con los puntitos naranja. Estos puntitos rojos son las culturas indígenas sobrevivientes en el mundo donde hay mayor densidad. A parte están marcadas las mismas zonas centro de origen de todos los cultivos alimentarios domesticados en el mundo. Esto se los voy a contar porque no lo van a ver. Gran mayoría de las zonas megadiversas queda en Asia, África y América Latina. La mayor parte de las patentes o sea el 97% de las patentes sobre esos recursos están en países del norte, en Europa y Estados Unidos. De ese 97%, más o menos el 90% es de empresas transnacionales. Y de esa cantidad, el 70% son patentes que nunca se usan, o sea se registran solamente para prohibir que otros las utilicen pero nunca se usan. ¿Por qué les muestro esto? Porque para hablar sobre los recursos genéticos y el reparto de beneficios, debemos tener presente algo que los compañeros y compañeras indígenas que hay acá ya saben: la biodiversidad tiene actores o sea no es un fenómeno separado de la gente. Donde hay diversidad biológica hay diversidad cultural y no es una casualidad; hay una relación; se alimentan mutuamente. Esto no es un problema ni político ni ideológico, es un problema histórico. Así ha sido siempre. Entonces, por ejemplo, ¿por qué la diversidad la promueven las culturas indígenas y las culturas campesinas, sea en la agricultura o incluso en lo que se llama la diversidad silvestre, incluso en los bosques, en los campos, en las selvas? Porque hay un manejo descentralizado y a partir de valores culturales que hace que en cada zona, en cada micro zona sea distinto. Porque se adapta a la cultura, a la necesidad de sobrevivencia, pero también a los gustos estéticos, a las
variaciones. Eso es lo que provoca la diversidad. Esos son los actores de la diversidad. Lo que ha motivado la diversidad natural en el mundo es la diversidad cultural. Entonces hay una relación directa entre las dos cosas y no son separables. Quisiera nada más poner esto como antecedente. Todos los alimentos, todas las medicinas, todo lo que hay en la agricultura hoy en día proviene del trabajo descentralizado, colectivo, sin propietarios pero sí con identidades (que es algo muy distinto, o sea sí con pertenencias culturales pero no propiedad) de los indígenas y campesinos de todo el mundo, los millones de indígenas y campesinos durante más de 10,000 años. Todo lo que hoy utilizamos se basa en ese trabajo, que después en los últimos 100 o 200 años, lo que ahora llamamos industria, de alguna manera lo modifica o lo adapta o lo pone de otra manera. Y lo hace en un proceso, que antes de que existieran patentes por ejemplo, siempre fue de libre circulación. O sea, con algunas restricciones de tipo cultural, de comunidades indígenas o de saber chamánico, pero que incluso eso ni siquiera era privado. Ni siquiera el saber de los curanderos, de los doctores, de las doctoras era privado, era colectivo pero restringido al interior de las comunidades. Eso siempre estuvo basado en el libre flujo de recursos y de conocimientos. Eso sucedió en los últimos 10,000 años calculan algunos, otros dicen que 12,000, hay quien dice que hasta 30,000 años. Y ese es el origen de toda la sociedad en la que estamos asentados en este momento. Veamos esta diversidad producida. ¿Qué ha significado lo que estos recursos genéticos han generado?, ¿y qué significan todavía al día de hoy? Si hablamos de semillas agrícolas se calcula que del sur al norte, de acuerdo a sistemas como el del CIMMyT (Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo) – que es el único cálculo que hay – solamente en maíz, frijol, arroz y trigo se calcula que por año se aportan 5,000 millones de dólares anuales del sur al norte, o sea con germoplasma del sur al norte. No voy a darles todos los datos, pero los tengo para quien los quiera. Sin embargo, el secretario de Estado de Estados Unidos en 1994 hace una intervención en el Senado y dice que en el maíz y soya solamente el germoplasma extranjero (y se refiere al maíz y soya, o sea el maíz tiene su centro de origen en México y la soya en China) contribuye con 10,200 millones de dólares anuales a la economía de maíz y soya de Estados Unidos. Eso lo dice el secretario de Estado al Congreso. En este momento, la población rural del Tercer Mundo depende de recursos biológicos prácticamente en forma directa al 90% para solucionar su subsistencia y
el 60% de la población mundial depende del autosustento, es decir de formas de autosustento. El 80% de la población mundial utiliza no sólo culturas indígenas y campesinas sino en general utilizan agentes locales y medicinas basadas en la tradición, es decir alguna forma de medicina herbaria o de otras. Hay muchos ejemplos, como el manejo inmenso y diverso que hacen los pueblos indígenas del conocimiento de las plantas. Se conocen más de 3,000 plantas para controlar la fertilidad. En este momento se sabe que entre 35,000 a 70,000 especies de plantas son utilizadas en medicinas directamente, la planta en sí. El 75% de las medicinas de receta derivan de plantas que se descubrieron partiendo de un conocimiento indígena, o sea porque alguien sabía más o menos como usarlas y una empresa después tomó ese conocimiento. En este momento, se estima que la industria farmacéutica tiene 32,000 millones de dólares anuales gracias a uso de remedios tradicionales que procesa e incorpora a sus medicamentos. Entre 1950 y 1980, la utilización por la industria farmacéutica estadounidense de drogas, es decir de medicamentos derivados de plantas correspondía a más del 25% de los medicamentos que se vendían. En este momento, el 40% de los medicamentos de receta en pruebas clínicas, es decir lo que está en desarrollo, está basado en el uso de alguna planta medicinal. Y el valor anual de medicinas derivadas de plantas en Estados Unidos es de 68,000 millones de dólares, solamente allí. Entonces, una acotación a la que voy a volver después. Creo que hace rato que los beneficios se están repartiendo un poco desigualmente digamos. Pero, ¿quiénes son los que perciben estos beneficios? Les hablé mucho de la industria farmacéutica. Entonces les voy a mostrar rápidamente para que vean. Hay diez empresas farmacéuticas, entre las que destacan Glaxo-Smith-Kline, Novartis, Aventis, Bristol-Myers-Squibb, Monsanto, Hoffman, Rocher, Johnson & Jonston, con ventas (anuales?) de unos 317,000 mil millones de dólares, y que controlan el 47% de la industria farmacéutica mundial. Por razones de tiempo no les voy a dar toda la historia. De los dos rubros hermanos de la industria farmacéutica que son las agroquímicas y las de semillas, desde hace más o menos 20 años empieza el proceso de fusión, y en los últimos 5 años hay una fusión monstruosa, o sea sin precedentes en la historia industrial de concentración de las empresas que producen semillas, que producen agroquímicos, que están en el rubro farmacéutico a tal grado que en este momento la relación que hay en el mundo es ésta. Diez empresas controlan el 84% de los agroquímicos, 47% de farmacéuticos y 30% de semillas. Pero lo que es peor, digamos, no solamente son 10 en cada rubro sino que hay 5 que se repiten en todo. Son Saintgenta, Monsanto, Aventis, Du Pont y Bau. Nosotros en RAFI a éstas les llamamos los “gigantes genéticos” porque además son las que controlan la mayoría de la industria biotecnológica aplicada sea a la agricultura o a la farmacéutica, son las
mismas. Además, esas 5 controlan con Pulsar el 74% de las patentes biotecnológicas, o sea entre esas 6 controlan más de tres cuartas partes de las patentes. Esto les quería mostrar en términos de panorama mundial. Cuando volvemos a la pregunta en torno a qué es reparto de beneficios, encontramos que compañías que tienen esa dominación de mercado en el planeta son las mismas que en este momento están haciendo bioprospección, a través de diferentes instituciones de investigación o laboratorios, o directamente, les llaman acuerdos de bioprospección. Los cuales para nosotros no existen como tales, o sea nosotros hasta el momento no vemos ni tenemos ningún ejemplo en el mundo de bioprospección. Solamente hemos visto biopiratería legalizada a través de contratos, o piratería porque nada más vienen y se los llevan. ¿Por qué nosotros llamamos a esto biopiratería? ¿y si hay un contrato que es legal por qué igual le seguimos llamando biopiratería? Le llamamos así porque nosotros creemos que no se puede tratar así un conocimiento que es la base del sustento de la humanidad, a la contribución de los indígenas y campesinos a la alimentación y la salud de todo el planeta. No se puede actuar así ante algo que siempre estuvo a disposición, que siempre repartió y compartió sus beneficios. Sólo ahora, cuando algunas empresas quieren tomar esos recursos y privatizarlos, se utilizan de pronto instrumentos jurídicos para decir “ahora compartamos los beneficios”, cuando los beneficios siempre fueron compartidos. ¿Por qué estamos hablando ahora de hacer una ley para ver cómo los indígenas colaboran con las empresas y compartir beneficios? ¿Y quién dijo que querían compartirlos con las empresas, si siempre los han dado para la humanidad? Este es el contexto del reparto de beneficios. Ahora quiero retomar algunas de las cosas que ayer plantearon los compañeros indígenas Aldo González y Adelfo Regino aquí. Hoy la compañera Verónica lo volvió a nombrar. Las leyes de acceso sólo se están discutiendo en los países del Tercer Mundo. Y donde se están sacando al vapor es en los países megadiversos. No hay país del norte que esté discutiendo ley de acceso alguna. O sea ¿a dónde hay que acceder?, ¡al Sur!, ¿quién tiene que acceder?, ¡las empresas!. Eso es lo que está en la orden de la discusión. Entonces, lo que se hace es ordenar los elementos que se necesitan para firmar un contrato. ¡Caramba! ¿qué es eso de un pueblo indio? ¿y dónde está el que firma por un pueblo indio? Eso es lo que decía ayer Adelfo para México en particular, pero pasa en todo el mundo. Estamos insertos en una discusión sobre derechos indígenas en la que a los indígenas de México, en particular, se les niega el reconocimiento como sujetos jurídicos tal como está planteado; se les niega el reconocimiento a la libre
determinación; se les niega el reconocimiento, digamos así, de su propio cuerpo de valores. Se niegan todos esos derechos que son los que harían que los pueblos indios de México estén en condiciones de decir cómo quieren seguir utilizando sus recursos, que siempre lo han hecho. Se les niegan esos derechos pero les dicen: “derechos no, pero discutamos acceso y veamos cómo ustedes nos van a dejar entrar en forma legal, o sea con una ley para que entremos allí. Entonces, nosotros por eso les vamos a dar el 1% de las regalías.” Eso en el caso de los mejores contratos. En los cuatro de bioprospección conocidos aquí en México, no se llega a eso siquiera. Se habla de que si logramos sacar un medicamento que dé muchas regalías les vamos a dar algo. Hay algunos que dicen que es mejor un contrato. Como hasta ahora yo les acabo de mostrar, hay una transferencia tremenda de recursos de sur al norte, entonces ¿por qué nos vamos a negar a que por fin se nos pague algo?. Es que eso tiene otra venta, o sea no es la venta sólo del recurso y de la legalización. Tiene también el objetivo de la venta de los valores culturales de las comunidades. Entonces, cosas que nunca se vendieron que nunca fueron una mercancía, ahora de pronto las comunidades parece que ya las van a poner a la venta. Lo que hasta ahora había sido, como dijo Adelfo ayer, objeto de la comunalidad; lo que no existía como propiedad sino que era pertenencia e identidad, lo que se trabajaba por una relación no sólo de sustento sino también por una relación de amor, de cariño y de identidad cultural, ahora es algo que se puede vender como una mercancía. Lo que se va a vender ahí no va a ser sobre todo el recurso. Lo que se va a vender es la integridad cultural de sus pueblos. Entonces, podríamos hablar mucho de cómo enfrentar esta situación, si hay o no salidas legales. Ahora hay una cosa, los indígenas en muchas partes del mundo y particularmente en México plantearon cuáles eran sus reivindicaciones. Se vota una reforma constitucional que no las tomó en cuenta. ¿Por qué ahora se quiere poner a los indígenas de México a discutir una ley que toma un pedazo de esos recursos y no la totalidad de lo que se estaba planteando? Entonces, hay un problema, digamos así, de orden lógico con respecto a la discusión. Por otra parte, la Ley de acceso que está en este momento propuesta en el Senado, me consta que la presentaron personas de buenísima voluntad. Más allá de eso. Si en este momento esa ley se aprueba en el Senado se legalizarían todos los proyectos de biopiratería en México; varios de los cuales han sido paralizados por los compañeros del COMPITCH, que están acá presentes de Chiapas. Si esa Ley de acceso existiera, esas empresas multinacionales, esas universidades extranjeras hubieran ido a la SEMARNAT, al INE o a donde fuera, hubieran pedido un permiso y lo tendrían, estarían funcionando y serían legales. Entonces, ¡cuidado! Cuando discutamos una ley de acceso hay que tomar en cuenta todos estos elementos: ¿quién es el sujeto que da el consentimiento?; ¿qué significa esto en las
comunidades?, ¿qué significa que una comunidad venda sus recursos? Y quiero hacer una aclaración. Antes, para llevarse un recurso se venía y se llevaban los árboles, las plantas, el café, el guano, los minerales, lo que fuera se lo tenían que llevar. Ahora no. Se pueden llevar una planta a la Universidad de Georgia y patentarla y ya está. Esa planta en cualquier parte de México, en cualquier comunidad pasa a ser de propiedad de una universidad extranjera, en este caso, o de una multinacional. Entonces no es lo mismo. No es lo mismo vender café. No es lo mismo vender naranjas. No es lo mismo vender muchas cosas que se venden en México como productos de exportación en condiciones muy desiguales, porque también se venden en malas condiciones. No es lo mismo que una comunidad de Oaxaca venda café no quiere decir que la próxima comunidad puede también vender café, tiene otros problemas pero lo podría seguir haciendo. Si una comunidad vende un recurso y es patentado, eso impide que cualquier otra comunidad siga disponiendo de ese recurso de la misma forma. O si lo hace es porque no ejercen su control, pero lo podrían hacer. Como en este momento por ejemplo, Monsanto y Novartis podrían ir a Oaxaca a decir que los maíces contaminados son de ellos, porque los genes con los que se patentó el maíz en Oaxaca son de Monsanto y Novartis. Entonces podrían decirles “mire, su maíz es mío”. Podrían hacerlo, no lo van a hacer, pero lo podrían hacer. Entonces hay una diferencia muy grande. Nosotros le llamamos una “nueva vuelta de la Conquista” a la bioprospección, a la venta de recursos genéticos y al patentamiento. De eso se trata, hasta ahora se tenían que llevar el recurso físico. Ahora gracias a las leyes de propiedad intelectual les alcanza con decodificar la información y patentarla. Entonces, el tema también es si nosotros queremos eso. Ayer se hablaba de abrir una discusión aquí. Pero sobre todo hay que abrir una discusión al nivel de las comunidades campesinas, indígenas y locales de México y de todos los demás países. Sobre cómo van a enfrentar esta nueva coyuntura. No cómo van a acceder, no cómo van a dar acceso, no cómo van a firmar un contrato, sino qué significa toda esta coyuntura a nivel mundial, Si quieren entrar en eso, si saben qué significa culturalmente. Esa es la discusión interna, es lo que entiendo plantea el Congreso Nacional Indígena en su punto IV en Michoacán, cuando dice: “queremos una moratoria para discutir a nuestros ritmos y tiempos”. ¿Y esa moratoria cuándo será?, ¿va a llevar años?, ¿cómo lo van a hacer?”. Vamos a poner las cosas en contexto. Desde hace 10,000 mil años ha habido creación libre para toda la humanidad; desde 500 años, se llevan los recursos y están exterminando a las comunidades indígenas; desde algunos cientos menos se está explotando a los campesinos, y desde el TLC para acá se está desplazando a los campesinos de la tierra. Entonces en este contexto tenemos que ver cuántos años se necesitan para discutir la moratoria; buscar que sean las comunidades quienes
propongan lo que quieren. Porque las multinacionales tienen apuro de entrar a México o a cualquier otro país, de llevarse los recursos en forma legal, y entonces dicen: “No, hay que sacar una ley de acceso ya”. Entonces, yo pienso que no, que hay que discutirlo en el tiempo que se necesita. Y eso no va a facilitar la biopiratería. Por dos razones: la mayor discusión del tema es lo que va a llevar a que haya mayor alerta a nivel social; si se van a llevar los recursos de forma clandestina, ya lo están haciendo. ¿Por qué nosotros nos vamos a apurar, les vamos a ayudar a legalizar lo que antes se llevaban en forma inmoral e ilegal y legalizarlo ahora? Yo creo que ya me referí a los puntos esenciales de mi plática. Ayer en el debate sobre propiedad intelectual se puso el ejemplo de la patente del Ayahuajca, que es en realidad una combinación de plantas; pero es una planta sagrada del Amazonas, la utilizan todos los indígenas del Amazonas. Esa planta fue patentada por un individuo de Estados Unidos, Lorent Miller, quien dijo haberla patentado al descubrirla. La COICA, las organizaciones indígenas del Amazonas dijeron que era como patentar la ostia para los católicos. O sea, para ellos era inconcebible que se patentara en forma de propiedad privada el Ayahuajca. Ayer se ponía el ejemplo de que esa patente se pudo derogar porque un grupo de abogados llevó el caso, junto con la COICA, a la Oficina de Marcas y Patentes. La patente se derogó después de dos años, no sin que antes la Fundación Interamericana del Congreso de Estados Unidos le retirara, por ejemplo, a la COICA,, todos los beneficios económicos que tenía. O sea, realmente castigaron a la organización porque se había atrevido a cuestionar, con razones éticas y morales, la patente del Ayahuajca. O sea, no es que la gente no pudiera seguir tomando y usando el Ayahuajca; es que les parecía de tal tamaño la inmoralidad que querían derogar esa patente. Este año el dueño de la patente, Lorent Miller, presentó razones técnicas y legales para que la patente fuera suya. Y la Oficina de Marcas y Patentes de Estados Unidos se la devolvió El Ayahuajca volvió a estar privatizada y patentada por un ciudadano de Estados Unidos. Y la Oficina de Marcas y Patentes declaró que la patente es inapelable. Quiere decir que nadie más puede ir y decir que la patente ya no vale porque ya analizaron todo y ya no hay nada más que analizar. ¿Por qué digo esto? Porque ayer se decía que hay que usar elementos técnicos y científicos y no hablar de cosas vagas como los derechos indígenas, como los éticos, como los derechos culturales y morales. Bueno, pues señores es al revés. Si se ha derogado algunas patentes, ha sido por la vergüenza que les ha dado a los que habían patentado; ha sido justamente a partir de la reivindicación amplia de los derechos culturales, éticos y morales de los pueblos indios. Gracias.
5. Preguntas y respuestas
Desconocido Muchas gracias por la presentación. Nada más quiero complementar algunas cosas. Creo que hablabas de gigantes genéticos ¿no?. ¿Cuál es la contraparte de los gigantes genéticos? Tal vez la existencia de enanos políticos, en el sentido de que si bien hay este proceso perverso también la mirada debe ser vertida a nuestros propios procesos descentralizados y locales. Es decir, ¿cuál es el nivel de cultura política que vivimos cotidianamente en este país y que hace posible este tipo de cosas?, ¿cuál es el compromiso que se le exige a los legisladores, por ejemplo? Y todo el proceso que se ha dado de ataque y de falta de reconocimiento de esta lucha por los derechos de los pueblos indios, pues obedece –me parece– a un proceso a este nivel ¿no?. Entonces, hablar de la figura de estos procesos generales me parece que es muy importante pero hay una contraparte local y nacional, y es a través de esa articulación que entran tal tipo de situaciones. Voy a dar un ejemplo del desarrollo de medicamento a base de plantas. La empresa alemana Schwaber llegó a un acuerdo con el Seguro Social para generar medicamentos en Xochitepec. Ellos han establecido allí una planta para el desarrollo de fitomedicamentos con el cometido de introducir al mercado latinoamericano dos medicamentos nuevos cada año. Pero no se ha discutido cuáles son las implicaciones de que una entidad pública como el Instituto Mexicano del Seguro Social haya hecho un acuerdo con una empresa de esta naturaleza, es decir, esto ha pasado prácticamente soslayado. A nivel regulativo por ejemplo actualmente más o menos el 85% de los productos que son autorizados, registrados como fitomedicamentos, como medicamentos herbarios por las instancias regulatorias nacionales, son introducidos inclusive con especies que son de fuera de México. Lo que habla de un problema justamente de este nivel, es decir, el nivel de discusión de cultura política creo que tiene que crecer. Esto no depende solamente de los biopiratas externos sino también de lo que pasa adentro de México. Muchas gracias. Luis Rodriguez Piñeiro Tenía una pregunta Silvia, una pregunta un poco grande pero voy a intentar acortarla lo más posible. Y una pregunta de mi casi total desconocimiento de estos asuntos, desde esta inocencia culpable que te da el desconocimiento. Tu reflexión me ha hecho pensar en una reflexión que escuché hace poco sobre la globalización. Alguien decía: “Miren. La globalización es como la Revolución Industrial. Hubo un momento en el que hubo dos posturas frente a ella. Una la de los maquinistas,
quienes se dedicaban a romper las máquinas de las fábricas; otra, la de la Internacional de Marx, cuyos integrantes decían: “señores la industrialización es imparable. Vamos a hacerle frente y vamos a hacerle frente desde los instrumentos que existen desde dentro del propio sistema.” Sabemos que luego querían cambiar el sistema pero utilizaban los instrumentos. ¿Por qué digo que tu intervención me ha recordado tal reflexión, al igual que la de Andrés Barrera ayer? Estoy de acuerdo con tu análisis de la situación; estoy de acuerdo con el análisis que hacia ayer Andrés; estoy de acuerdo con que toda esta discusión sobre el reparto de beneficios no tiene sentido si no hablas de un contexto más amplio; estoy de acuerdo que esto antes no pasaba; estoy de acuerdo que esto es injusto. ¿Pero es imparable esto? Y si no es imparable, como nos decían ayer, el proceso de biopiratería en el que ya ni siquiera hay que ir a las comunidades sino que basta con comprar frijoles en un mercado, entonces te pediría ser un poco más propositiva. Es decir, estoy de acuerdo con el argumento de las restricciones moratorias, estoy de acuerdo. Pero lo que si me parece un poco preocupante es que el año que viene ya se van a cumplir diez años de la adopción del Convenio y nuestro único argumento es una moratoria. Ayer hacia un poco la pregunta a los compañeros indígenas. A mí la referencia hoy en día me parece muy bien, pero me parece insuficiente. Es decir, ¿hay que abrir una discusión diez años después? Por lo tanto, me gustaría simplemente incidir desde esta postura de inocencia que me da el desconocimiento sobre el asunto. ¿Moratoria y qué más?. ¿Estás hablando de un cambio de sistema o estás hablando de reformar absolutamente el régimen de Trips? Has señalado que no te gustan los contratos. A mí tampoco. ¿Qué propones?, ¿un régimen sui generis?, ¿qué tipo de regímenes?, ¿una reforma del sistema de propiedad intelectual?, ¿en qué línea? Eso sería un poco mi preocupación. Muchas gracias. Adolfo Olea Franco, UAM Quería comentar es algo en torno al contexto en que toda esta discusión tendría que ser situada, ya mencionado implícitamente por los ponentes. En primer lugar hay que entender que a nivel mundial hay un proceso de privatización de todo y no son sólo los recursos genéticos. Y hay un proceso de conculcación, de destrucción, de erosión de los derechos sociales de la mayoría de la humanidad, no sólo de los pueblos indios. Ciertamente, los pueblos indios son los que han sido más saqueados desde hace siglos y cuyos derechos han sido enteramente negados; pero en el momento actual de desarrollo a escala planetaria del capitalismo hay un proceso de privatización. Por ejemplo en Bolivia, una compañía inglesa se hizo propietaria de la red de agua potable. Se había desarrollado con recursos públicos
una compañía inglesa, que de hecho es subsidiaria de una transnacional estadounidense; se apropió de la red con la anuencia por supuesto de Paz Zamora, que entonces era presidente de ese país, y de Banzer, el dictador, que volvió a ser presidente, ahora supuestamente electo. En Argentina se privatizó la electricidad; en California se privatizó la electricidad, con apagones de gran magnitud, con falta de inversión en el mantenimiento de esa industria. En fin, en Estados Unidos hay ejemplos en varias ciudades de sistemas de educación pública que han sido privatizados (sic). No que una compañía compre el sistema sino que todo el presupuesto que antes se asignaba a un conjunto de escuelas ahora se le asigna a una compañía que administra y que promete que ahora va a elevar los resultados en pruebas de admisión, que va a elevar el rendimiento, etcétera. En ningún caso ha sido así. Por otro lado, está el asunto de los derechos que se están conculcando a todo mundo. El derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho al retiro. Todos sabemos que los fondos de retiro se pueden perder con la privatización, e históricamente se han perdido en varias ocasiones. Entonces, creo no estoy diciendo algo que no sepan todos los aquí presentes; pero quería enfatizarlo porque no sólo es una discusión de los derechos de los pueblos indios, es una discusión que de hecho los pueblos indios nos plantean a todos, que es un reto para la humanidad. Que el neoliberalismo es una guerra contra toda la humanidad. Y en esa medida, entonces, no es que nosotros los que somos profesores universitarios, los que somos profesionistas, los que nos dedicamos a otro tipo de actividades pensemos sólo en términos de solidaridad hacia los pueblos indios. Es una lucha en que creo que somos parte la mayor porción de los seres humanos. Porque todos estamos siendo víctimas de ese proceso de destrucción de los derechos sociales, de todos los derechos colectivos y de privatización de todo lo que son recursos públicos. Incluso podríamos, para terminar, poner atención en cómo principalmente el uso del gasto público está siendo privatizado. Podríamos pensar por ejemplo: ¿qué es lo que impulsa a muchos colegas en este proyecto de bioprospección, allá en el Sureste? Amigos míos biólogos, que conozco desde hace muchos años, estuvieron siendo integrantes del ECOSUR en este proyecto de bioprospección. ¿Qué es lo que impulsa a muchos investigadores a hacer eso? Ahora, como acá no hay ningún apoyo a la investigación, no hay recursos, vienen transnacionales y universidades extranjeras; ofrecen a quienes se asocien a esos proyectos, a quienes se vinculen, a los que sean participes, fondos para hacer investigación. Y eso impulsa a que mucha gente acá a veces de muy buena intención, quizá poco informada, quizá con cierta ingenuidad, se haga partícipe de estos proyectos, y pronto encuentre que los pueblos indios no ven las cosas de
la misma manera porque tienen una experiencia histórica y una memoria que creo que a la mayoría de nosotros se nos ha ido borrando. Gracias. Erick Huerta, asesor externo, Oficina de la Presidencia Con estos comentarios también a mí me parece que esto parece inminente. Estamos en un juego en que tenemos que buscar elementos. Además de la moratoria, yo creo que debemos de buscar una forma de desarrollar una estructura jurídica que nos sea benéfica y que sea benéfica a los pueblos con un esquema distinto y a lo mejor con un esquema más justo. Lo que sucede aquí y a las luces del derecho, que desafortunadamente o afortunadamente para otros, no sé, el derecho que tenemos es un derecho occidental. Desde el punto de vista del derecho occidental y de los principios que lo forman, los contratos a los que ustedes están haciendo referencia son completamente injustos. No son adecuados para una legislación que busca justicia. Yo lo veo de esta manera. Es como si yo pongo en una sociedad el 50% y otra persona pone el otro 50%, y a mí simplemente porque soy indígena me toca de los resultados el 1%, cuando probablemente me tenían que dar el 50%. Pero aquí vamos, ¿el 50% de qué?, el 50% de las regalías, porque las regalías al fin de cuentas no son nada. Unas regalías son el resultado de una comercialización y algo que no corresponde directamente al producto. Lo que me debe corresponder en legítima es la patente, si entramos en este juego de patentes. Y de esa manera yo puedo darle la utilidad a la patente de lo que quiera, de cederla, venderla, regalarla, hacer con ella lo que se me dé mi gana. Pero no me dan la patente porque esa es la mina de oro. Por decir, yo creo que bajo principios jurídicos existentes a la fecha se puede desarrollar o se puede hacer que estos contratos sean justos. Pero aquí no hay que buscar la justicia en las regalías, que me toque o no más de las regalías, sino de la esencia que se busca obtener que es una patente o un producto. Yo estoy poniendo el elemento del que se va a sacar la patente, el otro “cuate” pondrá su trabajo y su investigación; pero al fin de cuentas sin el elemento que está poniendo la comunidad indígena no va a resultar una patente y tampoco sin el otro se va a poder desarrollar el producto. Y entonces, de esta manera a lo mejor –y eso lo pongo a consideración aquí– se podría llevar a cabo un intercambio que no podemos frenar, de hecho porque el intercambio a veces es bueno. El desarrollo de una medicina no es algo negativo pero lo importante es que esa patente o el resultado de ese trabajo del que yo puse el 50% me corresponda también a mí, ¿no?. Desconocido
Creo que desde ayer ha habido un vacío en cuanto a señalar un factor muy importante, un análisis más sociológico de los actores, unos más identificados que otros, muchos de nosotros no los reconocemos. Pero hay actores que están en el gobierno o que están como funcionarios pues, o que están como ecólogos, como investigadores. Actores que se están prestando a proyectos de bioprospección, incluso por ponerlos en bonitos términos sino les queremos llamar biopiratería. Entonces, esto se puede ir más o menos viendo si se hace un análisis profundo y creo que empata muy bien con lo que se estaba diciendo sobre los “gigantes genéticos”. Si uno analiza RAFI ha hecho análisis muy buenos en cuanto a cómo se están apoderando de los mercados, no nada más de las semillas también de la industria farmacéutica, también de los químicos. Entonces, se van apoderando del mercado y en nuestros países, en el caso de México, se vienen impulsando políticas de abandono al campo. ¿Qué es lo que esperan? Pues que metamos los transgénicos o yo no sé como piensan reactivar el campo mexicano. ¿Qué es lo que esperan con las medicinas? Si se están produciendo a altos costos cuando se pueden producir más baratas y todo esto va regido por patentes. Entonces, hay una serie de líneas y procesos, dinámicas globales que están impactando en lo nacional y las cúpulas de poder de los Estados nacionales, sobre todo del Sur, se están prestando a esto. Están impulsando políticas que favorecen esto. La Ley de Acceso a los Recursos Genéticos es una. La propuesta de transferir las áreas protegidas y parques nacionales a los estados y a ONG´s independientes, como “Conservation International”, es otro ejemplo. Hay muchos casos y creo que es grave olvidar que hay actores que de buena fe o de mala fe se prestan a esto, van rozándose con cúpulas de poder nacionales y luego internacionales y acaban vendiendo su alma y la biodiversidad también. Entonces, creo que es un señalamiento que no se ha hecho y es muy importante. Porque si este foro pretende hacer un poco de conciencia e informar de lo que está pasando, es muy importante también dar cuenta de que muchos de los que estamos involucrados en investigar científicamente, académicamente o políticamente este tipo de temas, creo que tenemos que tener cuidado en este factor sociológico que está presente en varios funcionarios de nuestro país y otros sujetos. Entonces, en las preguntas que han hecho valdría la pena un poco empezar a incluir este factor de... yo lo llamo, cuando los funcionarios o actores se empiezan a prestar a este tipo de roce con cúpulas de poder, yo lo llamo que son actos más de aprovechar, son actos de tratar de aprovechar la oportunidad, de oportunismo. El término que yo uso es el de “bio-oportunismo” de los funcionarios y otros académicos. Entonces, para completar la moda de biopiratería o “bio-etcétera” yo lo llamo “bio-oportunismo”, creo que es un factor que deberíamos tomar en cuenta y analizar porque además no se ha hecho mucho.
Desconocido Yo creo sinceramente que hay que venirle dando una menor importancia en la construcción de políticas sociales a la queja y a la crítica unilateral. Se requiere incluso reconocer cosas, procesos muy reales, como es el hecho de que la privatización, por ejemplo que está ocurriendo en el mundo, ocurre al menos en una parte pequeña, por la omisión que hemos tenido en las universidades públicas por ejemplo, aunque sea en pequeña parte, para presentar alternativas organizadas para llenar este hueco tremendo que hay en el interior de los Estados nacionales que vaya al encuentro en lo global con una serie de propuestas que se materialicen de una manera directa y clara. O sea, concretamente yo creo que por ejemplo este asunto de las patentes, puede tener creo yo un cierto lugar en la nueva ronda de discusiones que se está planteando a raíz del encuentro de la OMC. Y sobre este punto a mí me gustaría conocer la opinión de ¿cómo poder impulsar este asunto en las próximas reuniones que va a haber en este organismo?, y la pregunta va dirigida al señor que intervino hace rato y a la compañera chilena. Creo yo que están dadas las condiciones para hacer una serie de planteamientos organizados. O sea, yo creo sinceramente que necesitamos despertar en nuestros países ¿no?. Están dadas todas las bases para hacer propuestas. Patricia Díaz, Proyecto Huicholes y Plaguicidas Quisiera responder un poco al compañero que acaba de hablar, porque a mí no me parece que sea oportunismo de algunas personas que por buena fe o por intereses personales se presten a este tipo de acciones, sino que ya es una práctica constante de las grandes transnacionales la de coptar a los científicos, a los investigadores, y a los intelectuales, y por esta vía, controlar la ciencia y la investigación en base a sus intereses. Un caso muy concreto, para no patinar y no irme a la prehistoria, lo acabo de leer en la prensa española en donde el propio gobierno (situación que opera también para los gobiernos mexicano, o americano) es títere de las transnacionales y está dando un contrato a la industria farmacéutica para que financie la investigación sobre cáncer. Esto ya me parece el colmo de los colmos porque precisamente las grandes compañías son las productoras de todos estos agroquímicos de los que hablaba la señora Silvia Rivero, causantes del cáncer en el mundo. Entonces, toda la
investigación de las transnacionales, va hacia donde éstas quieren, que es todavía más ganancia económica, al no desarrollar medicinas o técnicas agrícolas que no causen más cáncer en el mundo, hacia la prevención del cáncer, sino a la continuidad de los tratamientos médicos para el cáncer. Y esto último implica más venta de medicina y de tratamientos que pueden prolongar la vida de una persona con cáncer, por años y años con los mayores sufrimientos, pero vendiendo más productos de las mismas compañías farmacéuticas. Es el caso más claro y patente de cómo las mismas transnacionales tienen esta practica constante. En las universidades americanas se da, en las mexicanas, en todas. Hay un caso muy concreto de la Universidad de Florida, en donde Dupont ha financiado por años a los investigadores para que digan lo que ella quiere que digan, y eso se da en todos los niveles. En el caso de los Huicholes expuestos a plaguicidas en los campos de tabaco de Nayarit, los médicos y epidemiólogos que están trabajando en la zona de alto riesgo de todos estos pueblos indígenas, no pueden hablar porque ponen en riesgo su trabajo. Sin embargo, Dupont y las grandes compañías les están haciendo ofrecimientos constantes de la maestría o el doctorado que quieren hacer, con la condición de que no se metan en el tema de plaguicidas. ¿Necesitan una computadora? ¿Qué más necesitan? Lo que quieran pero que no toquen el tema que es el mayor riesgo para la población en esa zona. Arcelia De hecho, más que dar respuestas puntuales, comentaré globalmente y daré ciertas especificaciones respecto del tema de acceso. Cuando originalmente se planteó la necesidad de regular el acceso en mi país, creo, como decía Silvia que fue tema de muchos representantes, académicos, fue un grupo multidisciplinario, al menos en el que yo estuve trabajando, que quería responder a la pregunta de ¿cómo se están llevando los recursos? ¡Hagamos algo! Y nos dice por allá que es incluso una tarea que hay que tener. La primera idea de la Ley era hacer una consulta y foros regionales. En muchos de estos foros se habló de la necesidad de organizar más foros y se lo decíamos a la Comisión del Medio Ambiente del Senado. ¿Para qué necesitamos foros? Para que el asunto se difunda y comente con las comunidades. Los diferentes sectores involucrados no sólo somos los pueblos indígenas, sino en general las comunidades locales que son directamente las más afectadas. Obviamente jamás se nos hizo caso, ni se organizaron tales foros. ¿Por qué? Porque es muy caro y es un proceso largo. Finalmente la idea era también, que se nos planteó el proyecto de acceso y entonces vinimos otra vez el grupo multidisciplinario interesado, que – y en esto coincido con Silvia – participamos de buena fe, y lo que hicimos fue revisar todos los proyectos de acceso que había en la región latinoamericana y en Filipinas para ver qué habían hecho ellos.
Tiene razón Silvia una vez más cuando dice que, curiosamente, los proyectos en torno a acceso sólo están en los países del Sur. Porque ellos – los países del Norte – no tienen proyecto de acceso, pues nosotros somos los que tenemos que conceder el acceso, digo la Convención lo dice. Pero para nosotros resultaba importante participar y decíamos: “¡Por fin se van a dejar de llevar los recursos, y se va a regular! Ahora sí, nada de que te llevas el recurso, tu estás violando determinada disposición porque aquí está esta ley que nos ampara, que regula el acceso! El proyecto que tiene ahorita el Senado y lo que es no tiene nada que ver con aquél enviado a la Comisión cuando estaba Luis H. Álvarez, se encuentra totalmente mutilado. Había un capitulo muy interesante, visto por nosotros como nuestro gran aporte, o mejor dicho un mínimo aporte, que era un capitulo dedicado al conocimiento tradicional de los pueblos. Decía así: “de los pueblos indígenas y comunidades locales”. Y agregaba: “Por favor denles una regalía de las patente, para que en primer lugar ellas – las comunidades – decidan cómo se les va a compensar”. Claro, igual insisto en lo de Silvia, quien fue la que habló de lo peligroso de decir urgente. La ley sí es importante, es evidente que la preocupación por la retribución se concretaba finalmente en un contrato. Honestamente, allí estaba en nuestro proyecto la idea del contrato. Pero no fuimos suficientemente suspicaces en la parte del contrato referida a que la comunidad o los pueblos indígenas decidieran. No pudimos entender lo que implica el hecho de hablar de un contrato. Nosotros creíamos que era adecuado contemplar en este capítulo dedicado a los pueblos indígenas y comunidades locales qué es lo quieren ellas. Incluso decíamos, si ellas dicen no al acceso, es no. Sólo que cuando llega al Senado, ese capitulo se quita. Tampoco se aclara quién va a ser la autoridad que va a evaluar el acceso y se quita la transferencia de tecnología, y se quita... Bueno, la ley que esta ahí, no tiene nada que ver con el proyecto. Obviamente se pueden presentar situaciones distintas, como la de Brasil, país con un proyecto de ley que sigue siendo proyecto. Ya tiene varios años y sigue siendo proyecto, porque es uno de los proyectos que hablaba de conocimiento tradicional y los derechos de los pueblos indígenas. Aquí en México se decía, una abogada nos decía: “¿Para qué vas a crear este capítulo? Si eso de los derechos indígenas se va a arreglar, eso es aparte, eso corresponde a la ley indígena, entonces esto, no te preocupes, en algún momento se va a resolver. El chiste es que no se resuelve y siguen pendientes cosas tan importantes, tan fundamentales como el tema de la autonomía, de la territorialidad. Entonces yo creía importante aclarar esto, y que cuando yo informo que una ley está allá, a lo mejor se ha interpretado, que yo quiero que ya se apruebe. No, me cuestiono en torno a lo que vamos a hacer. ¿Denunciar el estado
en que se encuentra la ley? Aun así, cuando propusimos el proyecto de ley pensamos que después vendría la consulta nacional. Como cambiaba la legislatura, pues entonces ya quedó pendiente lo de la consulta y ahora nos enteramos, que ya es una iniciativa y ni siquiera es el proyecto que habíamos propuesto. La idea de consulta, pues no se ve por ningún lado, yo no he escuchado que se hable de consulta. Entonces, el llamado que yo hacia –insistiendo, enfatizando– es no sólo que ahí hay un proyecto, una iniciativa; es plantearnos las próximas tareas. Por supuesto la idea de Silvia y de algunos que me han precedido, es la de una moratoria para que esto se discuta. Pero también debemos preguntarnos qué vamos a hacer ante el saqueo de nuestros recursos y de las comunidades indígenas. Me parecía importante aclarar y también decir que la idea de legislar es sólo una mínima parte del asunto; la idea de regular el acceso es parte de una política que por supuesto debe incluir la difusión de la problemática entre todas las comunidades posibles, la denuncia de lo que está haciendo el gobierno actual. Nosotros quisiéramos que se platicara, que se difundiera, que se abrieran foros regionales. ¿Y qué va a hacer el gobierno ante esta inquietud de nosotros? Yo decía: por lo pronto hagamos aquí una declaración en los puntos en que haya consenso y o al menos una denuncia. Digamos que no podemos seguir con procesos en los que ustedes hacen sus leyes, y dicen esto se puede patentar, esto no, este contrato va así. Y bueno .... ¿cuándo fuimos consultados? Por ultimo yo comentaba al principio que gracias al papel que han jugado Silvia Riveiro y Lisa Covantes de Greenpeace, yo me he enterado de las resoluciones más recientes en materia de acuerdos internacionales, de proyectos de biopiratería, del último avance dentro del compromiso sobre los recursos fitogenéticos y derechos del agricultor. Gracias a eso y a la información de la OIT he podido constatar que por fin se habla de que se van a reconocer los derechos del agricultor. Ha sido toda una pelea por parte de los países llamados del Sur. No está totalmente ganada la batalla. Cualquier disposición de los acuerdos internacionales dice que estará sujeta a la legislación nacional. Con lo que nuevamente regresamos a que ya esta ahí el compromiso internacional, que es vinculante y del cual México y muchos países de la región latinoamericana mega diversa son parte. Pero entonces ahora falta llevarlo a la implementación nacional. Entonces sabiendo que ya esta aprobado internacionalmente, ahora vamos a llevarlo a cabo, a reconocer los derechos del agricultor sobre los recursos fitogeneticos, su labor de conservación por siglos de la diversidad biológica, y hagámoslo valer nacionalmente. Puede ser en una ley especifica, puede ser una ley
global, pero que se haga valer nacionalmente. Un avance como este, creo que es importante. Silvia Riveiro Bueno, fueron preguntas muy amplias, no voy a poder referirme a todo lo que dijeron y además muchas preguntas que se formularon no son para mí, ni para Arcelia, sino para responderlas acá entre todos. De todas maneras quiero decir que había varios que dijeron: ¡es todo tan negativo! ¿cuál es la propuesta? Yo creo que francamente hay muchas propuestas. La propuesta fundamental que nosotros hacemos es reconocer que la biodiversidad tiene actores, entonces si lo que se quiere es conservar la biodiversidad, lo que hay que hacer es respetar los derechos indígenas y campesinos, eso es respetar la biodiversidad. Esto, en forma integral se reparte en muchos pedacitos, por ejemplo en el caso de los pueblos indios tiene que ver con el derecho al territorio, con la autonomía, con el derecho al usufructo colectivo de sus recursos, con el poder, o sea, para hacerlo fácil, sencillamente que los que hasta ahora han sido los actores de la biodiversidad, los campesinos y los indígenas, puedan seguirlo siendo porque son realmente una de las especies más amenazadas. Parafraseando yo digo que si lo que se quiere es conservar la biodiversidad, acá lo que hay que hacer es respetar quienes la han creado, permitir eso, no el proceso inverso, no hacer un banco de germoplasma para ver si conservamos el maíz. Acá hay propuestas concretas de la gente vinculada al campo mexicano. Se dice por ejemplo, que lo que se necesita es una nueva política agrícola del campo mexicano que permita a los campesinos quedarse en la tierra. Esa es la propuesta. Y sí hay propuestas, tanto los pueblos indios como las organizaciones campesinas tienen muchas propuestas; claro que significan revisar o salir del TLC; significan apoyar a la economía campesina; significan quitarles a las multinacionales que manejan el maíz en México los subsidios que se les dan; significan muchas cosas. Esa es la parte de fondo, la parte propositiva. Hay otro aspecto. Yo creo que México podría.... De hecho en este momento alguien preguntó por la Organización Mundial de Comercio. Las negociaciones de Catar terminaron hoy en fracasos, según los delegados. Eso significa que no va a haber una nueva ronda de negociaciones. Eso para mí es una buena noticia pero en todo caso el que quedó como responsable del grupo Propiedad Intelectual es México, como informó ayer Raúl Bennet de Greenpeace. Con respecto al tema de propiedad intelectual, nosotros y muchas otras organizaciones lo que estamos proponiendo es la reversión total de todos los sistemas de propiedad intelectual, que salgan de los acuerdos comerciales; que se
elimine el acuerdo Trips, el acuerdo Atic; que se saquen de la Organización Mundial de Comercio y se eliminen como obligación internacional, que es como está ahora. Esto no es una imposibilidad. De hecho Naciones Unidas, a través del Convenio de Derechos Humanos, declaró en tres oportunidades diferentes que los acuerdos de propiedad intelectual de la Organización Mundial de Comercio van contra los derechos humanos. Entonces nosotros estamos proponiendo un movimiento internacional para hacer una evaluación en la Corte Internacional de Justicia sobre la contradicción entre los artículos sobre propiedad intelectual y los derechos humanos. Se dice que los acuerdos de propiedad intelectual atentan contra el derecho al desarrollo; que atentan contra el derecho a la cultura y sobre todo al articulo 27 de los Derechos Humanos que dice que todos los seres humanos tenemos derecho a participar del progreso científico. Pero hay muchos otros acuerdos. La propia Naciones Unidas ya ha declarado en tres oportunidades que acá hay un conflicto serio. Hay dos convenios internacionales, uno comercial, otro de Derechos Humanos que están en conflicto. Nosotros proponemos que lo decida la Corte Internacional de Justicia en La Haya; pensamos que México podría tomar una posición sobre eso; podría salir a decir que no le convienen los Trips o que no le conviene la propiedad intelectual. Es una proposición concreta. De la misma manera yo creo que sí es muy importante que México ratifique el Acuerdo ese que se acaba de firmar en Roma, que sí tiene muchas debilidades pero como acuerdo vinculante a nivel internacional, es útil, se llama Tratado Internacional de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura. De la legislación internacional existente hasta ahora, hay disposiciones que claramente defienden los derechos de los agricultores a intercambiar sus semillas libremente sin que los pueda afectar ningún derecho de patente. Existen otras que establecen que los recursos genéticos fundamentales, por lo menos los que están depositados en bancos públicos, no pueden ser patentados por las empresas, aunque en eso también hay trampas, toda la legislación internacional tiene trampas. Pero de todas maneras es un avance y sería bueno que México lo ratificara, se necesitan 40 países que lo ratifiquen. Con respecto al Convenio de Diversidad Biológica, nuestra evaluación es que cuando se firmó, un ejecutivo de Novartis que estuvo en Río, dijo: “¡Por fin!, esto va a ser más útil para los Trips”. ¡Así dijo!. Porque ahora, con el argumento de la biodiversidad encontramos una manera de imponer los derechos de propiedad intelectual, pagándole un poquito a los indígenas y ya . Así lo dijo en 1992. Nosotros pensamos que lamentablemente el Convenio de Diversidad Biológica se ha deteriorado con cada nueva reunión, o sea es un Convenio que tiene cosas importantes pero que está muy deteriorado, y ahí también se necesitaría una
participación mucho más fuerte a nivel de defensa real de los derechos a la biodiversidad. Nada más voy a decir dos cosas. Una es que coincido completamente con el profesor Adolfo, de que éste es un tema no sólo de indios y campesinos sino de todos, porque estamos hablando de la salud y la alimentación de todos. Acá hay otra cosa, no estamos hablando de investigación científica, no estamos hablando de desarrollo de medicinas, no estamos hablando de eso, estamos hablando de cómo eso está privatizado y como hacemos para que nos paguen un poquito. O sea que se requiere es hablar de la investigación, del desarrollo de medicinas. Hay que volver a la investigación, y para volver a eso se necesita sacarlo del contexto de la privatización y del comercio, y ponerlo en el contexto del bien público y eso significa que hay que revertir los procesos de privatización. Existe un problema grave: es imposible que los sistemas públicos y los sistemas colectivos se aprovechen del sistema de patentes. Es prácticamente imposible, podríamos tener una larga discusión sobre ese tema. Las razones por las cuales es imposible se vinculan al costo, una patente en este momento se calcula en un mínimo de unos seiscientos mil a un millón de dólares para muchas de las patentes biotecnológicas, para inscribir la patente e irla defendiendo, pues hay que patentar por lo menos en Europa, Estados Unidos y Japón para que tenga cierta validez. O sea, aprovecharse de una patente es jugar un juego de gigantes. Por otra parte, todo se está cambiando con el uso y abuso de los sistemas de patentes. Tú ponías un ejemplo y decías, bueno ¿por qué no patentar un recurso que se reconoce que es de un indígena? Entonces hay muchas preguntas. ¿Quién lo patentaría?. ¿Dónde esta el inventor? Vamos a decir que hay un instituto mexicano que lo patente, o que el señor x lo patenta, ¿pero lo pone como bien público?. Primero eso es una cosa variable que no se sabe qué va a pasar en el futuro, segundo se necesitan grandes cantidades de dinero, tercero cualquier modificación que se le haga a ese recurso, lo convierte en objeto de patente y ya sale, que es lo que están haciendo en este momento las empresas. Por más que se haga una patente defensiva, para que no se pueda por ejemplo patentar lo mismo, con una pequeña modificación genética, se puede hacer una patente casi igual, al lado de esa, y de todas maneras entonces estamos en el mismo problema. Entonces, entrar en las patentes es realmente ir a jugar a un campo que es una jungla de enormes gigantes que gastan un mínimo de millón y medio de dólares por patente (sic) por defender sus propias patentes. Realmente no es una opción. Sí hay muchas opciones y Rafi tiene un documento en nuestra pagina Web que se llama 28 propuestas alternativas a la propiedad intelectual, para la Investigación en el sector publico, en donde hacemos una serie de propuestas de cómo el sector
público se puede defender de las patentes, seguir investigando y no necesita entrar en ese juego.
VII. Mesa 5. Los proyectos de prospección en México. Experiencias latinoamericanas importantes Claudia Gómez Godoy, moderadora Para discutir, para platicar, para compartir todo lo que sepamos los asistentes a este foro sobre los diferentes proyectos de bioprospección que ha habido en México, nos acompañan en esta mesa Gerardo González de Ecosur, Carlos Guzmán de la Compich y el Ing. Juan Manuel Otero presidente del Consejo mexicano de ONGs pro Naciones Unidas. 1. Juan Manuel Otero Muchas gracias a la UAM y a Red de Abogados que han propiciado la celebración de este foro. Voy a presentar a ustedes un pequeño trabajo que se hizo sobre los derechos de los pueblos indígenas. Presento disculpas por tocar el tema de los derechos de los pueblos indígenas antes que el de su acceso a recursos genéticos, ya que considero que este es uno de sus derechos y el primero es general incluyendo a todos, existiendo el caso de que el segundo no está considerado en los instrumentos internacionales relativos a los derechos humanos. El tema es de gran actualidad debido al problema del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) originado en Chiapas pero desfigurado por intereses y políticas oficiales que lo presentan en forma parcial y deformada. Lo anterior se confirma con el silencio, casi secreto, en que se mantiene el conocimiento y textos de los diversos instrumentos internacionales. Convenios, pactos y declaraciones que fueron aprobados en diversas organizaciones internacionales como la ONU, la OEA y la OIT con el voto de las delegaciones de México y que al ser ratificadas por el Senado Mexicano adquieren la calidad de “Ley Suprema”, como lo señala el Artículo 133 Constitucional. Destaca entre los instrumentos la “Declaración Sobre los Derechos Humanos de las Personas Pertenecientes a Minorías Nacionales o Etnias Religiosas o Lingüísticas”, aprobado por la ONU con el voto de la delegación mexicana el 18 de Diciembre de 1992. Igual velo de silencio cubre el “Convenio Sobre Pueblos Indígenas y Tribales N°. 169” firmado por la Delegación Mexicana el 27 de Junio de 1989, también ratificado por México. Se trata de instrumentos de carácter obligatorio para México respecto a los derechos de los indígenas y que en sus textos, anexos y protocolos definen con claridad dichos derechos y señalan interpretaciones y aplicaciones. Sobresalen entre las últimas: los ”Principios y Directrices para la Protección del Patrimonio de los Pueblos Indígenas”, la “Prevención de la Discriminación y Protección de las
Minorías”, “Los Derechos Humanos de las Poblaciones Indígenas” y otros más. En los textos de las aplicaciones se encuentran definiciones e interpretaciones de conceptos tales como los de autonomías, etnias, minorías, pueblos indígenas, pluricultura, libre determinación, autonomía y otros más cuyo significado ha sido y sigue siendo motivo de bizantinas y ociosas discusiones entre parlamentarios, juristas, politólogos y miembros de la “COCOPA”. Es digna de análisis la gran publicidad oficial otorgada a la “Ley de Derechos y Culturas Indígenas”, fruto de iniciativa presidencial y motivo de largas y “sesudas” discusiones para interpretar los llamados “Acuerdos de San Andrés” y que únicamente fueron afanes protagónicos que salen sobrando, dado el hecho de que todas las peticiones y demandas del EZLN, y otros derechos que no solicitó, se encuentran incluidos en los instrumentos internacionales firmados por México y que son “Ley Suprema” desde su ratificación por el Senado Mexicano, pero que no se aplican ni respetan y no se mencionan en la citada Ley de Derechos y Cultura Indígena. Por lo demás ésta no existe, ya que no puede denominarse como ley a las modificaciones y adiciones a párrafos de los Artículos 4°, 18°, 26°, 53°, 73°, 115° y 116° Constitucionales. Por lo que, en estricto rigor parlamentario, la tan citada y discutida Ley de Derechos y Cultura Indígena no existe, es una mayúscula tomada de pelo o una broma monumental que pasará a la historia como ejemplo del sentido del humor del Presidente Fox, poco entendido por los mexicanos. Regresando a la realidad es necesario decir que los derechos de los pueblos indígenas, minorías raciales, étnicas, religiosas y lingüísticas sí existen jurídicamente, y que se encuentran mencionados, satisfechos y protegidos por los instrumentos internacionales firmados por México y ratificados por el Senado Mexicano. Es pertinente señalar que éstos abarcan todos los Derechos Humanos mencionados en la “Declaración Universal de los Derechos Humanos”, y referentes a la educación, la cultura, la propiedad de la tierra, el agua, los bosques y los recursos naturales, así como el derecho a gozar de un ambiente limpio y sano, etcétera, derechos humanos todos que en la práctica no se acatan ni se cumplen, se violan flagrante e impunemente. Tiene también importancia constatar que en materia de derechos humanos México es como –lo dice el dicho popular– “candil de la calle y oscuridad de su casa”, ya que mientras sus representantes ante los organismos internacionales de derechos humanos los promueven, respaldan, mientras aplauden toda iniciativa y resolución que los favorezca y proteja, en México son letra muerta y ni siquiera se les menciona. Respecto al punto referente al acceso de los pueblos indígenas a los recursos genéticos, considero que es necesario contar con mayor información sobre los adelantos de esta ciencia y sobre sus aplicaciones prácticas. Considero necesario
sobre todo, evitar excesiva comercialización de los recursos, violando las leyes y acuerdos internacionales, y buscando que su uso sirva para dominar mercados, crear monopolios y obtener ganancias ilícitas, así como para ocasionar perjuicios a otros países, como ya se hizo. Es de suma importancia establecer una vigilancia internacional estricta y controles especiales sobre la producción de alimentos transgénicos, frutas y granos mediante la aplicación de técnicas genéticas, ya que el afán de utilidades elevadas que mueve a las grandes transnacionales, unido a su interés por dominar producciones y mercados, les incita a hacer mal uso de los adelantos de esta nueva ciencia, por lo que debe lograrse un acuerdo internacional para su uso correcto, incluyendo la seguridad del reconocimiento de derechos y regalías a quienes corresponda y de este modo se evite el mal uso que pueda hacerse de estos importantes adelantos de la ciencia. Proponemos a este foro las siguientes acciones: I).- Exigir al Gobierno Mexicano el estricto e inmediato cumplimiento de los instrumentos internacionales, pactos, convenios, protocolos, acuerdos y declaraciones sobre los derechos de los pueblos indígenas, minorías raciales, étnicas, religiosas y lingüísticas, firmados por México ante organismos internacionales. II).- Solicitar al Gobierno Mexicano que pida a la OEA presente ante su asamblea plenaria, para su aprobación, el Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que fue redactado y aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde el 26 de Febrero de 1997 por Acuerdo N°. XXVI/96 por petición expresa de la Asamblea General. III).- Establecer una comisión especial sobre el estado de las investigaciones acerca de los recursos genéticos, sus aplicaciones a la producción agrícola, frutícula e industrial, su estricto control y el pago de los derechos que sobre éstos pueden tener los pueblos indígenas y la manera de recuperarlos. 2. Gerardo González Figueroa, ECOSUR Toca agradecer obviamente a la Universidad Autónoma Metropolitana y a la Red de Abogados. Quisiera empezar tomándome dos minutos de su tiempo y del tiempo de mi presentación para hacer una pequeña reflexión en torno a lo que significa el olvido en este tiempo de cambio aparente. Y tiene que ver con el artero asesinato de Digna Ochoa, que significa mucho para nosotros y que por lo tanto no queremos olvidar. Pido un minuto de silencio en memoria de Digna Ochoa. También quiero aprovechar para enviarles un saludo del director general de ECOSUR, el Dr. Pablo Oviedo Fernández, quien no pudo estar presente.
Lo que yo traigo son reflexiones en torno a esta experiencia de proyecto que recientemente, como es de conocimiento público, ha sido cancelado por parte del Colegio de la Frontera Sur. Hay mucho que decir en este sentido y yo creo que en las discusiones y en las mismas presentaciones, hay elementos que sirven precisamente para entender la complejidad de este tema de la biodiversidad y en particular el que se refiere a la conservación y manejo de recursos naturales. Quiero empezar a partir de una serie de preguntas que –espero– puedan generar reflexión y por supuesto ojalá se puedan ir contestando en el sentido de las legítimas demandas que las comunidades y organizaciones indígenas tienen actualmente. ¿Qué o cómo debemos hacer para que los recursos naturales y el conocimiento tradicional resulten en beneficio de los pueblos y comunidades indígenas? Debemos reconocer que los recursos y los conocimientos existen desde hace miles de años. Pero la pregunta es. ¿No han sido marginales sus beneficios? ¿Queremos que esto siga siendo así? ¿Cómo lograr una socialización de todos los conocimientos? ¿Cómo queremos que sea ahora? ¿Cómo debemos hacerle o por dónde debemos empezar? En ICBG Maya, que es el proyecto motivo de esta reflexión, participan instituciones de investigación, participamos el Colegio de la Frontera Sur de México, la Universidad de Georgia de los Estados Unidos y una pequeña compañía biotecnológica fundada en 1999, llamada Molecular Nature Limited, (MNL) de Gales en Gran Bretaña. Como ustedes saben las siglas del ICBG Maya, que están en ingles, significan en español, Grupos de Cooperación Internacional para la Biodiversidad. El ICBG Maya fue un grupo de científicos de diferentes instituciones de investigación, dedicados a estudiar las plantas de la región de los Altos de Chiapas y el conocimiento tradicional sobre su poder curativo. El interés principal fue la búsqueda de mejores formas de conservar, tanto las plantas como el conocimiento tradicional que sobre ellas tienen las comunidades, así como promover su uso sustentable, en forma que se reconocieran y respetaran los derechos de las comunidades, produciendo beneficios que se repartieran equitativamente. ¿Por qué ECOSUR decidió involucrarse en esta iniciativa? Primero, porque se promovería ampliamente el conocimiento sobre los recursos naturales de la región, en especial acerca de las bases y uso de la medicina maya en las comunidades indígenas, un elemento cultural que acusa severo deterioro. Segundo, se promovería la formación de una entidad de legítima representación indígena, a través de la cual las comunidades serían las copropietarias y con total capacidad de negociar a su favor, los beneficios derivados de los descubrimientos. Esta entidad tendría plena capacidad para revisar el proyecto y decidir sobre todos los aspectos del mismo durante su ejecución. Tercero, se desarrollarían capacidades para la
autogestión en las comunidades, tanto a través de la formación de promotores de jardines medicinales comunitarios para el abasto local, como de la capacitación de promotores de cooperativas indígenas para la producción sustentable de fitomedicinas. Cuarto, se investigarían y promoverían usos locales alternativos de las plantas medicinales, por ejemplo, plaguicidas naturales. Quinto, se asesoraría a las comunidades en la gestión de recursos y proyectos adicionales para su auto-desarrollo. Sexto, se desarrollarían capacidades para el mejor cumplimiento de nuestra misión institucional en infraestructura de laboratorios, preparación de personal, formación de estudiantes, etc. Finalmente, se obtendrían experiencias de interacción con los actores sociales implicados en la bioprospección, lo que permitiría incidir constructivamente en el desarrollo del marco de legalidad y legitimidad social necesarios, para hacer de ésta una actividad en beneficio de los poseedores de los recursos y del conocimiento sobre su uso. Desde su inicio, los participantes en el proyecto se propusieron los siguientes principios éticos con el fin de no constituir un caso más de biopiratería en nuestro país.
1. Hacer público el proyecto en todos sus aspectos y poner por delante los intereses de los grupos sociales e instituciones mexicanas involucradas.
2. Cumplir los requisitos legales para obtener los permisos de bioprospección requeridos, de acuerdo a la legislación nacional e internacional vigente y avalados mediante el consentimiento previo informado y escrito de las comunidades indígenas.
3. Propiciar una participación directa de las comunidades indígenas, a través de una instancia de representación amplia y legítima para negociar a su satisfacción un esquema de distribución de posibles beneficios.
4. Desarrollar estrategias de recolección y producción agrícola de plantas, de tal manera que no se afecten los recursos vegetales, sino se contribuya a su conservación y uso sustentable.
5. Oponerse a cualquier intento de uso de los materiales para fines de patentar seres vivos y producir organismos transgénicos.
Por estas razones el proyecto centraría sus esfuerzos en actividades que derivarían en mayores beneficios de corto plazo y no solamente monetarios. La lista de actividades del proyecto, la presento en el siguiente cuadro. No voy a narrar la controversia con ECOSUR, seguramente lo harán los compañeros de Compitch. Simplemente quiero aprovechar para puntualizar algunos aspectos que sobresalen de la misma y que se constituyen quizá en punto de partida para entender lo que se ha dado en llamar lecciones aprendidas. No las señalo en orden de importancia, pues son de todos ustedes conocidas. Por ejemplo, el tema que se ha discutido hoy, que es el de la bioprospección o biopiratería como
algunos le llaman; el papel que juega actualmente en Chiapas la organización social. Quiero decir que el Colegio de Frontera Sur, ECOSUR es un Centro Público de Investigación del sistema SEP-CONACYT, que tiene como misión la investigación, la educación y la vinculación enfocada al desarrollo social en la frontera sur de México; busca aprovechar el potencial de la investigación, para apoyar los esfuerzos de la sociedad regional, en la construcción de nuevas alternativas de desarrollo sustentable y socialmente aceptable.
ICBG Maya: actividades y beneficios esperados
Actividades Beneficios comunitarios Desarrollo y asesoría de jardines medicinales y folletos de información sobre plantas medicinales
-Promoción del conocimiento tradicional sobre la herbolaria maya en las comunidades de los Altos de Chiapas -Generación de elementos documentales que permitan una defensa efectiva de ese conocimiento ante intentos de mala apropiación
Colectas botánicas de la biodiversidad de los Altos de Chiapas
- Promoción del conocimiento tradicional sobre recursos vegetales en las comunidades indígenas - Compilación de gran detalle del conocimiento etno-botánico de la región, que refleje la riqueza cultural de la región y pueda contribuir a revalorar este conocimiento dentro y fuera de las comunidades, motivando el orgullo cultural - Información ecológica y botánica detallada, que permita análisis conducentes a mejores prácticas de conservación y uso de los recursos
Experimentos agro-ecológicos sobre control de plagas
-Proveer una alternativa de beneficio económico para la región, al reducir la dependencia sobre plaguicidas comerciales y reducir adicionalmente los problemas de salud y ambientales asociados con su uso
Colección comparativa de información sobre la preparación de los remedios más importantes en múltiples comunidades de los altos
- Diseminación e información sobre los remedios de más frecuencia; desarrollo de talleres de enseñanza sobre los remedios recopilados en las comunidades; intercambio de información en torno a remedios entre diferentes comunidades y municipios, y el desarrollo de una medicina Maya de los Altos
Estudios de laboratorio sobre las actividades biológicas, los remedios
- Promoción de los remedios que muestren mayor eficacia en el control de microbios y otros agentes biológicos causantes de enfermedades en las
y la Formularia Maya tendientes identificar los más activos y fuertes
comunidades - Alternativas de bajo costo y que puedan ser asimiladas por los sistemas de salud tradicional al contar con el respaldo científico - Puentes de contacto entre la herbolaria y los métodos convencionales - Valoración del papel del conocimiento tradicional y de los recursos naturales, y búsqueda de soluciones a los problemas de salud de la población
- Evaluación del potencial técnico comercial de las especies de valor potencial como fito-fármacos en el mercado orgánico nacional e internacional y asesoría en desarrollo de pequeñas cooperativas para producción sostenible de esas especies
- Aumento de los recursos económicos para las comunidades indígenas de la zona, como miembros de cooperativas de producción del material fito-fármaco, con pequeñas empresas para el control de la calidad del producto y empresas de fabricación del producto - Estas empresas pueden surgir ligadas a cooperativas de producción existentes o de nueva formación en la región
- Evaluación de compuestos químicos con potencial como productos comerciales
- Si se desarrollaran productos biotecnológicos comerciales, las comunidades del área de estudio recibirían beneficios que se distribuirían a través de un fideicomiso, lo cual – se esperaba – podría contribuir a un cambio sustantivo de las relaciones entre comunidades, investigación y empresa, al constituir uno de los proyectos más progresistas en este sentido. - No sólo se establece una relación que prevé la distribución de beneficios, sino que se abre la copropiedad como reconocimiento de la persistencia de derechos de las comunidades, aún cuando se trate de productos patentados
Un aspecto de primordial importancia para la institución es contribuir al auto-desarrollo de los pueblos indígenas mayas que habitan en la región, de lo cual ha dado diversas muestras al cabo de 25 años de trayectoria. Por ello, por este mandato institucional, es que ECOSUR considera que la bio-prospección, como aquí se ha discutido, requiere efectivamente de un marco regulativo que involucre y forme por supuesto, a la sociedad. Pero se necesita que los encargados de hacer las leyes, tengan clara la importancia de hacer leyes en beneficio de la colectividad, es decir, de la sociedad mexicana.
No se pueden dejar de lado los avances alcanzados en este terreno. Se pueden mirar, por ejemplo en el Convenio sobre Diversidad Biológica, en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, los cuales aunque limitados existen. No podemos ser inocentes y pensar que sólo es un problema de marco regulatorio. En todo caso, esto atraviesa los intereses del capital y los procesos que la globalización impone a las economías del mundo. Por ello, la bioprospección es vista en el contexto precisamente de la disputa de los recursos naturales, pero sería inexacto pensar que por este simple hecho toda acción de bioprospección es biopiratería. Existe una preocupación legítima del sector académico, de la sociedad civil, de sus organizaciones, por temas que como éste, son parte de la agenda global y que se dan en el ámbito de la economía, en donde todos tenemos los derechos de protección intelectual, de reparto justo de los beneficios de los proyectos de bioprospección y –por supuesto– de protección de los llamados recursos genéticos. Por ello ha sido importante que este tema haya, y esté generando este tipo de foros. Seguramente podrán darnos cabal idea de lo que puede ser a futuro una legislación adecuada y pertinente, sin que por ello pesen cuestiones de carácter político, como ha sido en el pasado reciente. El papel de la organización social es muy importante en la vida comunitaria. A través de ella se buscan y se logran mejores servicios para la comunidad. Muchas se forman auto-gestivamente; otras lo hacen de manera corporativa, otras más, con un largo proceso de intervención externa que también busca mejores condiciones de vida de las comunidades. En ese mismo sentido, al aparecer en el proyecto ICBG Maya y con la idea de contar con una contraparte, la valoración del significado y presencia de la organización social fue vista como algo existente sí, pero difuso, pues para llegar a la comunidad, generalmente lo hacemos por la parte formal y eso casi siempre son autoridades reconocidas, que no siempre representan el sentir comunitario. Por eso, sea tradicional o constitucional, esto que llamamos organización social a veces pasa a segundo término y las organizaciones sociales reconocidas que tienen presencia y fuerza en la comunidad, nacen y se hacen con la participación popular. Por ello son representativas, pero muchas de ellas nacen como respuesta a una acción injusta, y como ha sucedido en los últimos años, para no dar respuesta al olvido o la exclusión. Me parece pertinente, por ejemplo, que mi organización, la cual conozco perfectamente bien, se haya apoyado en una red de diversa presencia que hoy
conocemos como el Compitch, organización que siempre hemos valorado y que tuvo la virtud de poner en la mesa la discusión de un tema, que para el presente y futuro se convierte en una agenda importante de discusión: el de las patentes y la propiedad intelectual, el del manejo y conservación de los recursos naturales desde la perspectiva de los pueblos indígenas. Sin embargo, debe reconocerse que el Sureste mexicano y en particular el estado de Chiapas, vive momentos de alta polaridad; que muchos de ellos son procesos crónicos de inequidad social y otros son procesos sociales que forman parte de nuevas realidades, como la misma politización que hoy le da incluso mucho protagonismo a las comunidades indígenas, y por supuesto es parte de la explicación en muchos casos del ascenso de movimientos sociales en torno a la disputa por los recursos naturales y los procesos que la globalización va tejiendo. Es necesario señalar en esta lógica el papel protagónico que tiene el movimiento zapatista en la efervescencia política del Sureste. No mirar la agenda de los pueblos y comunidades indígenas en la esfera de la misma globalización, sería como negar que hoy el desafío del mundo es lograr mayor justicia social para los grupos sociales excluidos de este mundo globalizado. Por ello y aunque parezca nuevo, es importante revalorar las relaciones que la academia tiene y debe tener con los pueblos indígenas, pues las nuevas realidades nos dicen que las actividades deben ser simples, si se hacen de manera horizontal, con mucho dialogo, buscando que sean lo suficientemente claras y además que promuevan participación amplia, fortaleciendo a la organización social que represente legítimamente las aspiraciones de las comunidades indígenas. Hoy las comunidades no sólo reclaman compromiso, claridad, no engaño; requieren que se les beneficie. Y todo ello siempre es posible dialogando, buscando alternativas, aprendiendo juntos. Solo así, de esta manera, todos y todas veremos que, como alguien ya lo ha dicho, sí es posible construir un futuro mejor. Para ECOSUR, el diálogo interno con sus pares, con los sujetos sociales del Sureste que luchan diariamente para acceder a un mundo mejor, es y ha sido una constante de la cual constantemente aprende. Y eso es finalmente lo que cierra el círculo de este aprendizaje, que la investigación es parte de esa búsqueda. Muchas gracias. 3. Carlos Guzmán, Compitch Buenas tardes, hermanos y hermanas, los que se encuentran aquí presentes. En primer lugar quiero agradecer a la Red de Abogados y a la UAM Xochimilco, por habernos invitado a este foro, Acceso a recursos genéticos y Derechos de los Pueblo Indígenas, a participar también en esta mesa sobre los proyectos de bioprospección en México, experiencias Latinoamericanas importantes.
Como acaba de mencionar la compañera, vengo en representación del Compitch, y también quiero agradecer a todos los que no se encuentran aquí, que nos abren el corazón o abren el corazón de todos los que han escuchado, de los ponentes, y en esta mesa. Como el programa lo indica, se nos pide hablar sobre la experiencia de bioprospección, pero para esta tarde les voy a contar algo que más que bioprospección, para nosotros es biopiratería y como algunos ponentes ya lo han dicho, que hay cuatro proyectos de bioprospección y/o biopiratería. En México, el caso que les voy a contar, es el proyecto del ICBG Maya, en los Altos de Chiapas, el ICBG Maya, como un caso más de mentira, engaño y abuso. La inexperiencia sobre este tipo de proyectos fue y – en cierta medida – sigue siendo, la regla general en nuestra organización, inexperiencia que los del consorcio ICBG Maya, se quisieron aprovechar para abusar de nuestra cultura y llevar afuera nuestros conocimientos y recursos para patentarlos, y así mercar de exclusiva con la salud del mundo. Y no es que no tengamos experiencia en la bioprospección o en el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad, como ahora le dicen. ¡Qué va! ¡De eso sabemos bastante! Y tenemos para dar y regalar. La prueba es que la mayor parte de los lugares donde aún se conserva y aprovecha respetuosamente a la tierra, están precisamente en donde los pueblos indígenas quedamos, a donde los malos gobiernos nos dejaron quedar. En lo que no tenemos experiencia, ni queremos tenerla, es en el nivel de engaño y abuso con que los poderosos llegan a adueñarse de nuestros recursos, de nuestros destinos. No es costumbre en las comunidades andarle mintiendo al vecino, para quitarle sus bienes y aún su cultura, quitárselos para lucrar con ello y para someterlo, porque en los pueblos el lucro y la uniformidad del pensamiento son un camino que lleva a ningún lado, como no sea el de la desgracia, tal y como ha ocurrido a lo largo de la historia en otros pueblos. Pero nosotros no siempre elegimos el camino por donde andamos, no porque no queramos elegir, sino porque llegan otros con su corazón malo, y nos llevan vendados de nuestros ojos por un camino donde a puro tropiezo andamos, y así, hasta que nos acostumbran y pierden, porque además ese es su camino, casi nunca tiene regreso. ¿Que si tenemos necesidad?, pues sí, como todos la tienen, pero también somos de corazón abierto y transparente, pues porque vivimos en comunidad, y viviendo así es que estamos acostumbrados a ver al otro con respeto, como a un hermano, no a verlo como a un objeto, o como a una mercancía, o como a un obstáculo, y por eso
es que la necesidad nuestra es distinta de las necesidades de sus pueblos de donde vienen los señores de los proyectos, en sus alcances y en sus valores. Necesitamos como pueblos y como personas muchas cosas, sí, pero no a cambio de que luego tengamos más necesidades, o nos hagan sometimientos. Sí pedimos y aceptamos proyectos, apoyos, pero para crecer en nuestra autonomía, en nuestra autosuficiencia, en nuestro cada vez más poder valer por nosotros mismos y no al revés, es decir, no para que otros nos sometan a sus condiciones de vida, a sus destinos, a sus necesidades que nunca toman nuestro parecer, siempre nos miran como objeto o como obstáculo, nunca como a un semejante. Pero fue así que llego a nuestra Organización la Omiech y luego al Compitch, su mero corazón del proyecto llamado “Investigación farmacéutica y uso sustentable del conocimiento etno-botánico y la biodiversidad en la región Maya de los Altos de Chiapas”, traído por un Consorcio de nombre ICBG Maya. Nunca nos mostraron papeles, sólo palabras trajeron. Y esas palabras que trajeron nunca mencionaron las palabras clave del proyecto y del programa ICBG, como por ejemplo que la búsqueda del conocimiento indígena tradicional y de los principios activos de la biodiversidad serían para satisfacer al sistema de salud de los Estados Unidos de Norte América y el de otros países ricos; que buscarían principios activos de las plantas para otras áreas como la agricultura, la industria, la veterinaria, la militar, la cosmética. Los promotores del programa no se refirieron a la obligación de los pueblos de conservar las plantas útiles al consorcio, como condición para poder recibir su reparto de beneficios; tampoco a la distribución de beneficios a las comunidades en forma de proyectos para que los pueblos continuaran trabajando indefinidamente para los intereses del gobierno de los Estados Unidos y sus empresas; ni que los Estados Unidos no tienen firmado el Convenio de la Diversidad Biológica, ni el convenio 169 de la OIT, en que obligadamente, a querer o no, es que se debía fundar ese, o cualquier otro proyecto de bioprospección; menos aún que ese proyecto tenía la intención de formalizar otras relaciones distintas a las expresadamente declaradas, según lo que dice su mera mamá del proyecto, el programa general de los ICBG. Los promotores callaron que mandarían a sus investigadores para que se entrenaran en áreas de nuestro conocimiento tradicional exclusivo; que los meros jefes del proyecto eran el gobierno de los Estados Unidos; que serían los Estados Unidos, bajo las leyes de ese país y en un panel–así lo llaman– integrado por unos señores que ellos mismos nombrarían y que resolvería cualquier controversia surgida con motivo de la aplicación del proyecto. Omitieron lo más importante: la palabra patente.
Pero para las 50 comunidades y barrios que no pertenecen al Compitch, que no estaban organizadas y que fue a donde acudió el ECOSUR a buscar el consentimiento previo informado, fue todavía peor. Según ellos mismos luego nos revelaron, ahí ni siquiera les dijeron que los Estados Unidos formaban parte del proyecto, o que la distribución de beneficios vendría en forma de proyecto, no les dijeron nada. Vaya, ni siquiera les hablaron de distribución de beneficios. Porque la mentira que a estos compañeros les fueron a decir, es que lo que el Proyecto ICBG Maya quería era llevarles sus plantas para hacerles a su comunidad una medicina buena, en un laboratorio de Gran Bretaña; que ya cuando estuviera lista, se las vendrían a mostrar para que se aliviaran; pero que a cambio y apoyando ese esfuerzo desinteresado del consorcio, ellos tenían que realizar las colectas de las plantas y hongos. Así pues, además, así lo dice el machote que los del ICBG Maya les hicieron firmar a esas 50 comunidades y barrios. Por eso nunca les hablaron de reparto de beneficios, porque lo que les dijeron fue que todo lo que se lograra en el laboratorio, iba a ser para ellos. Hicimos una investigación en una comunidad de Las Margaritas y encontramos la realidad de lo que está pasando en Chiapas y para no mentirles les quiero hacer escuchar una entrevista. Si me hace el favor el compañero para que la escuchen y constaten cómo ha sido en engaño en las comunidades indígenas y cómo han entrado esos señores del consorcio. (Nos ponen a escuchar una entrevista que no se pudo grabar) Además dice que la medicina que van a estudiar, y que van a probar en Gran Bretaña, va a servir aquí en México. No va a servir en Estados Unidos, o en Gran Bretaña. Eso es lo que nos dicen; que la medicina va a salir aprobada; que es la medicina buena; que va a servir aquí en México, y nos vamos a curar con ella. Y las personas que prueban la medicina, dicen que si sale aprobada, van a dar una buena propina; además, que cuando salga del laboratorio, y éste la apruebe, que nos va a traer una persona que tiene que curar a los de la comunidad. Eso es lo que nos dijo. Pues esa es una entrevista que se hizo en una comunidad. Pues esa es la mentira, que la investigación farmacéutica que se iba a hacer era para las comunidades, que era para hacer medicinas para las comunidades. Pero en realidad encontramos que no era cierto. Por eso en los machotes que les hicieron firmar no viene nada sobre reparto de beneficios, y sí en cambio y semejante a las contraprestaciones utilizadas en los proyectos oficiales de solidaridad, que las colectas que la comunidad hiciera serían en apoyo a las actividades del ICBG Maya, quien trabajaría sólo para ellos, con el propósito de traerles la mejor medicina del laboratorio.
Con ese cuento los engañaron, con ese cuento, ¿cómo no iban a aceptar las comunidades? Pero no quedó ahí la falta. Aparte de ese gran engaño, esos de ICBG Maya ni siquiera cumplieron con lo poco que ellos mismos ponían en su machote como requisito para la obtención formal del consentimiento previo informado de las comunidades. Por ejemplo, lo de que ese machote era un acuerdo comunitario, cuando ni siquiera convocaron a asambleas comunitarias sino a algunas de sus autoridades, solo, y en muchos casos ni eso, y de ahí luego les sacaban sus firmas. El propio Dr. Brent Berlín llegó a decir en una reunión en el ECOSUR, que mantuvo el año pasado con nuestros asesores, que hubo casos en que ni siquiera se les impartió el taller a las autoridades de algunas de esas 50 comunidades. Pues dijo: “bastaba con invitarlos a comer ahí, en ese ECOSUR, para que firmaran”. Nos enojamos muchísimo cuando descubrimos tanta mentira y engaño, cuando nos dimos cuenta de su verdadera intención, que incluso no paraba con el saqueo de las plantas y del conocimiento tradicional asociado de nuestras comunidades y pueblos, sino que se pretendía seguir con la mentada distribución de beneficios que le llaman a través del proyecto de invernaderos y capacitación que dizque para dar empleo a la gente, cuando esa es paga ya ganada por la gente. Pero los del consorcio iban a ver en qué lo iba a gastar su ganancia la gente. Por eso el reparto de beneficios no era reparto sino proyectos para amarrar la gente de las comunidades en la producción de las hierbas, ya por siempre y así hacerlas dependientes de su consumo y necesidad de ellos, de las grandes empresas y sus gobiernos de ricos, es decir, lo iban a llevar todo y aparte, nos iban a poner luego con proyectos que llaman distribución de beneficios, a trabajar y a depender de ellos. Luego el gobierno nos juntó, que dizque para reconciliarnos y era complicidad, o que se agarró con el consorcio pues decía que el proyecto del ICBG Maya estaba muy bueno, pero que tal vez había que mejorar algunas cositas como las pagas. Como nos quisieron sacar acuerdos a huevos, contrario a nuestras palabras, pues nos salimos de la negociación. Nuestros asesores y algunos de nosotros continuamos entonces dando talleres a las organizaciones y a las comunidades, y ahí agarramos más experiencia y corazón de la necesidad y palabras de la gente sobre el tema este de la biodiversidad. Como avanzamos en nuestro trabajo de base y de construcción de redes a todos los niveles, pero también de denuncia, porque sobre todo, siempre hicimos público lo que de por sí es público. Pues el apoyo hacia nuestra resistencia cobró mayor interés local, nacional, regional y global, hasta tal punto que el ECOSUR tuvo que declarar en Octubre del año pasado la moratoria a su proyecto, mientras no hubiera una legislación aplicable, y mientras no encontraran una organización a modo que le avalara su proyecto.
Con ese Berlín no quedaba conforme, pues le intentó meses más tarde meter su abuso a través de un proyecto, que otra vez le descubrimos. Y el propio director de ECOSUR reconoció que ponía en riesgo la moratoria comprometida, ordenándole a ese investigador que se saliera de ese proyecto. Meses más tarde pero sin dar la cara, metía la misma propuesta de poner un laboratorio para realizar estudios sobre la bio-actividad de las plantas de los Altos, pero ahora sin poner su nombre, diciendo que fueron los campesinos colectores los que pedían ese equipo aunque no supieran ni manejar un carro. Como tampoco le funcionara porque lo volvimos a descubrir, lo que intentó entonces ese investigador invitado de ECOSUR, fue obtener la autorización de su gobierno para que le financiara talleres comunitarios a partir de la capacitación a multiplicadores indígenas, lo que iba a suponer un inminente enfrentamiento entre los hermanos. Y como era de esperarse, al cabo se lo dieron aunque las presiones nacionales e internacionales –ya para esto el Compitch había sido invitado, entre otros lugares, a donde ha sido invitado por la organización de la Naciones Unidas, al foro sobre racismo y pueblos originarios, a celebrarse en Durban, para exponer su caso– condujeron a que la dirección del ECOSUR, cancelara definitivamente el proyecto del ICBG Maya. Esta fue la experiencia que tuvimos con ese proyecto, para bien y para mal. Y triste aunque también alegre, es que se anduvo nuestro corazón indígena con la experiencia que agarramos. Triste porque fueron puras mentiras y engaños los que nos fueron a decir que querían hacer. Triste porque luego nos enteramos de todos los abusos y explotación que querían hacer realmente con nosotros. Triste porque algunos hermanos y hermanas creyeron en sus mentiras, pues nunca hubo quien les abriera sus ojos, diciéndoles la verdad. Triste, porque fueron nuestros propios supremos gobiernos y nuestros investigadores, jefes de centros de investigación del pueblo, como es ECOSUR, quienes se prestaron a esos engaños a cambio de sus futuros personales. Tristes porque los cambios a favor de la transparencia y la participación digna que nos prometieron las nuevas autoridades nacionales para solucionar este asunto, nunca se cumplieron. Tristes porque tuvimos, como ahora hago yo, que restarle tiempo a ocupaciones que de por si tienen su tiempo para preocuparnos por cosas ajenas a las preocupaciones nuestras y ponerlas todavía por delante. Tristes porque vemos que el poder del dinero no tiene para cuando cambiar su corazón. Pero también alegre es que estuvo y esta nuestro corazón, por todas las cosas buenas que, con su grande maldad también nos produjo ese ICBG Maya. Alegre porque nos impulsó más en nuestra organización y conocimiento de las regiones donde trabajan otros compañeros médicos y parteras. Alegre, porque ya sabemos lo que son esos proyectos de bio-prospección y del cuidado y aprovechamiento de
la biodiversidad que las empresas y sus gobiernos de ricos nos traen y porque ya entendimos su verdadera intención. Alegre porque hemos recibido información que nos muestra cómo es que esos proyectos no son aislados ni distintos a otros proyectos, que esos mismos gobiernos y sus grandes empresas, con la colaboración de nuestros gobiernos, nos vienen a imponer, como ese Plan Puebla-Panamá y el Corredor Biológico Mesoamericano, que son sus meros mandones de la biodiversidad y el agua, o como ese PROCEDE. Los que llaman áreas naturales protegidas, también quieren lo mismo. Alegre porque recibimos información que no teníamos y que ahora nos hace más capaces y advertidos frente a los proyectos y planes que nos traen los capitales. Alegre porque aún hay gente que informa y apoya la gente olvidada como nosotros y aún juega su suerte a nuestra suerte. Alegre, porque con esta breve resistencia empezamos a caminar un poquito más nuestra autonomía como pueblos. Alegre porque esta lucha nos permitió conocer a gente de otros países que también sufren por proyectos parecidos, pero tampoco se rinde y también le lucha. Alegre porque han venido a visitarnos de otros pueblos para solidarizarse con nuestra lucha y nuestros derechos. Alegres porque nos han invitado de donde quiera, a exponer nuestra pena y nuestra esperanza. Alegre, porque como ven, nunca estuvimos solos. Alegre porque hemos agarrado confianza en nosotros mismos de que podemos luchar por lo justo, que ahora se considera viejo e imposible y vencer. Alegre porque la estrategia basada en la suma de otros, echó el fruto y la flor que alentarán a otros hermanos y hermanas en otros pueblos a organizarse y a resistir. Alegre, porque los frutos de nuestra madre tierra están siendo para todos y porque naturalmente en eso se transformó el no que dijimos. Gracias. 4. Preguntas y respuestas Desconocido Una pregunta para Gerardo. Has hecho una síntesis maravillosa de lo que yo conozco del proyecto ICBG Maya. Me gustaría escuchar una autocrítica, a partir de este momento, a partir de lo que acaba de decir Carlos y a partir de esta autocrítica, quizá, a partir de lo que conoces que se ha discutido aquí, una alternativa a futuros proyectos de bio-prospección en los que desearía participar ECOSUR. Yo no sé si existen muchas alternativas, a lo mejor la opción de financiamiento extranjero podría omitirse, si hubiera posibilidades de que el Gobierno Federal pudiera ser la parte que apoyara con financiamientos, con laboratorios, en fin.... Gracias. Claudia Vengo de la Iberoamericana, mi pregunta es para Carlos Guzmán. ¿Tú consideras que pueden ser conciliables la concepción de ustedes y lo que podría ser la propiedad intelectual, su cosmovisión?
Giancarlo, UNAM Quería nada más hacer dos señalamientos. Creo que lo que Carlos dijo es muy importante, hay un punto grave ahí. Hay un comunicado que tuve con Bren Berlín y me decía que además de todo lo que hicieron, que explicó Carlos, pusieron 16 jardines etno-botánicos, de los cuales por lo menos la mitad estuvieron casi completos, trabajando al 100%. Y quienes estaban ayudando en los jardines eran los propios indígenas, entonces realmente el saqueo y las dimensiones del saqueo en ese contrato son muy grandes. Los trabajos de Bren Berlín en Chiapas datan a los 1970. Hubo un libro que publicó a principios de 1990, junto con un familiar de él, Am Berlín. Los dos autores publican ahí, muy detalladamente, todos los estudios que han venido haciendo desde 1970 en Chiapas. Una de las grandes cosas que me llamó la atención de ese libro, es la participación de muchos autores internacionales, entre los cuales estaban el Instituto Smitsoniano, el Instituto Mexicano del Seguro Social, y la SECOFI. ¿Por qué? Es una pregunta que nos debemos de hacer, pero las dimensiones son graves. El que se haya cancelado el proyecto ICBG Maya es importante como antecedente. Pero realmente el saqueo de la biodiversidad en Chiapas viene desde 1970. La impresión que me da Berlín es que lo que quería hacer más bien era legalizar y patentar todo su trabajo que ha venido haciendo desde la década de 1970. El libro que estoy citando se llama “Medicina Etno-botánica en los Altos de Chiapas de Ben Berlín, publicado por el Instituto Smitsoniano y la Universidad de Georgia en Estados Unidos. Otro caso que quería señalar es el de UNAM Diversa. Algo grave de ese contrato, ahora suspendido, es que muy aparte de las características del contrato, la UNAM lo firmó con la Empresa Diversa, y le pasó las muestras. Pero casualmente Diversa tiene un contrato aparte, a la vez, con otros Laboratorios. ¿Por qué Diversa puede pasar las muestras a cualquier otra parte? Si uno hace el recorrido, encontrará que las muestras mexicanas pasan a laboratorios que parecen ser una institución puramente militar; se dedican a hacer desarrollo de armas no letales y armas biológicas; con el desarrollo de la biotecnología vemos que México está poniendo muestras para el desarrollo de nuevas armas biológicas. Entonces es muy grave, y yo creo que los funcionarios que estuvieron involucrados, o que están, o que tienen información, deberían de saber todo esto, porque son los que están firmando y haciendo todo este tipo de acciones que no sólo perjudican a los habitantes de una cierta región, no sólo a los mexicanos, sino a los habitantes del planeta entero, al desarrollar nuevas armas biológicas, con posibles muestras que haya entregado la UNAM a Diversa. Esto es grave y yo creo que hay una responsabilidad de nosotros en este sentido.
Otro participante En 1910, una empresa inglesa que comercializaba té mandó bioprospectores a México, y estos señores se llevaron el material y generaron plantaciones de linaloe en Bangalore, India. Estas plantaciones generaron ya por los años 1925-28 el aceite de linaloe, que se introdujo al mercado europeo. Mientras tanto la producción mexicana en destiladores rústicos a partir de la tala de árboles, generaba un aceite de muy buena calidad pero con problemas de adulteración y una irregularidad en el proceso. Las poblaciones de linaloe se fueron abatiendo progresivamente. Gerardo González Yo creo que algo con lo que tendríamos que tener mucho cuidado dentro de la Universidad Autónoma Metropolitana, es cómo con una desinformación o con una mala información, se genera un fantasma y alguien a quién combatir y con quien luchar. Lo que no necesariamente es sano para la alianza, para una relación profundamente estrecha, entre la academia y su entorno social, donde quiera que se encuentre. Creo que tendríamos que estar como muy atentos y aprender todos de esta difícil relación, y no cantar victoria por un divorcio. Es interesante que cantemos victoria porque si lo que se había propuesto era una moratoria, hemos acabado por convertirlo en una cancelación. ¡Enhorabuena! Me felicito por ello. Yo soy parte del Consejo Técnico Consultivo que le indicó al director nuestro que se parase eso. Sí, yo me puedo felicitar junto con todos nosotros, por los resultados en este sentido; pero no acabemos ahí las declaraciones y los comunicados; tenemos que ponernos muy tristes si el resultado es un divorcio, si es una distancia entre la investigación y los pueblos y comunidades indígenas. Creo que una cosa que hemos aprendido es la necesidad de comunicarnos más adentro; tomarnos más el pulso al interior de las comunidades académicas: aprender mucho más del entorno en el que estamos, ser mucho más cuidadosos; tratar de poner conjuntamente los intereses. Yo creo que ECOSUR como institución obró por lo general con honestidad. En cuanto UNICH, COMPITCH hicieron la primera denuncia, el 7 de septiembre de 1999 recibieron una respuesta publica de ECOSUR, en consonancia con su demanda. Estamos de acuerdo, si hay dificultad, aquí lo paramos, vamos comunicándonos, vamos dialogando. Me parece en términos institucionales que ECOSUR actuó por lo general con honestidad. El problema está en que si como académicos no somos lo suficientemente políticos, si de repente quien toma el liderazgo nos envuelve, si somos estrechos y cortos de visión ante las instituciones más globalizadas, con intereses más neoliberales y globalizadores, pues ahí
tenemos que aprender y nos ayuda mucho la comunicación y la relación estrecha con la comunidad académica y los pueblos indígenas en el país. Ya voy a concluir y mencionar que para cualquier académico, para cualquier científico que esté metido en la cuestión de la química, de la biología, de la ecología, entrar en el conocimiento de las plantas es así como muy padre, es como cumplir un deseo. ¿Cómo decirle a un académico, “no conozcas más allá”? El Vaticano le dijo a unos químicos, no traten de explicar el origen de la creación (sic). Pues no me digas porque al contrario, mientras más me digas que no me debo de meter ahí, me voy a meter. Alguien que esté en biología molecular conoce cómo es el código genético de los seres humanos. Puede ser profundamente apasionante y deseable, porque por eso somos investigadores, nos interesa conocer, nos genera muchas preguntas. Entonces esta cuestión de la bioprospeccion, para los que están en ese tema, si puedo comprender de parte de ellos que es profundamente interesante, deseable, atractivo. ¿Cómo decirle a un investigador que no se metas más? Habría que preguntar más bien, cómo le entramos juntos para que respetemos códigos éticos, para que tomemos en cuenta códigos morales que establezcamos juntos, que respetemos una legislación, que reconozcamos el beneficio básicamente a la humanidad, a los pueblos, ese tipo de cosas. Entonces no puedo defender la bioprospeccion; pero no nos pongamos en el papel de no a lo bioprospeccion, ni aquí y ni en la historia del hombre, porque nos estaríamos poniendo como en el papel del Vaticano, al oponerse al estudio del origen de la creación. Luis Rodríguez ¿Cuál es su experiencia hacia un futuro? ¿Cree que existe alguna posibilidad diferencial entre bio --prospección y biopiratería? ¿Siempre ha de ser la respuesta a ese ejercicio, el derecho a decir no, o sí puede pensarse en otra posibilidad? Patricia Voy a tratar de ser muy puntual, aunque a veces nos ganan las emociones a todo mundo dentro de su campo de trabajo y de sus compromisos adquiridos. Tendría dos puntos que tocar. Por un lado, el tratar de defender que esto no sea un divorcio sino más bien una oportunidad de entendimiento para que podamos trabajar en una forma conjunta los no indígenas, que creemos estar comprometidos con las causas indígenas y con la ecología, con los indígenas, que también están comprometidos con ellos mismos y con sus comunidades y con la ecología. Pero no es automático, ni para los no indígenas, ni para los indígenas, y eso es importante
que lo veamos y lo aclaremos. El otro punto es el de los investigadores, pero ese es otro punto. Parecería en toda esta plática, que el punto esencial es si la patente sí o la patente no. Y luego, si con la autonomía de los pueblos indígenas y la información que obviamente deben de tener, se diera automáticamente la defensa de la biodiversidad. Y luego nos damos cuenta que muchas veces los mismos pueblos indígenas, y los mismos mestizos y los mismos blancos que hemos sufrido la mercadotecnia, la inyección de tecnología y de ciencia – como se ha manejado en los últimos 50 años después de la segunda guerra mundial – lo único que queremos es llegar a tener insumos, por ejemplo en el campo. Y vuelvo al tema de los plaguicidas. Después de consultar a las comunidades indígenas huicholas, en Chiapas, y en Oaxaca, cuando se habla de proyectos y de dinero para el campo, lo primero que ellos piden son plaguicidas, agroquímicos, herbicidas. Entonces eso no nos va a dar oportunidad para que, dentro de 10 años cuando tengamos una ley muy bonita sobre patentes, cuidemos una biodiversidad que ya no exista. Son agroquímicos que están acabando con todo, no sólo con esta plantita o con ese animalito y ya, ahí nos podemos perder en un mar de especulaciones. Por otro lado lo de los investigadores. Tengo amigos y conocidos investigadores que han participado en proyectos de este tipo, que con muy buena fe entran, con muy buenas intenciones. Pero bueno, siempre todo está manejado por una empresa inglesa, canadiense, francesa, que dentro de sus sociedades parecen ser alternativas, menos jodidas. No son las grandes compañías transnacionales de las que habló Silvia Riveiro, sino son otras, que también están en su medida y en su forma de entender las cosas, tratando de hacer una investigación diferente, pero que al final de cuentas, estamos todos contaminados con esta forma de negociación, con esta forma de neoliberalismo que a todos nos ensucia. Entonces yo creo que todos tenemos que hacer una especie de recapitulación y de repensar, cómo funcionamos, qué tomamos, aquí mismo estamos tomando café en vasitos de polietileno que es uno de los productos más contaminantes del planeta, para hacerlo y para deshacernos de él. Entonces, no hay una conciencia ecológica que realmente, a profundidad, nos involucre hasta el último acto de la existencia. Participante Esto parte de un problema generalizado que quisiera resumir muy brevemente. Y nos podemos dar cuenta a partir de dos preguntas: ¿De dónde surge la idea de bio-prospección? ¿Y desde dónde se le quiere dar respuesta?
La necesidad de la bio-prospección surge desde la cultura occidental y la respuesta que se le quiere dar surge también desde la investigación que estamos acostumbrados a hacer. Si queremos realmente colaborar con las comunidades indígenas, ¿por que no los apoyamos para que a través de sus métodos y su conocimiento se pueda dar esta investigación? El conocimiento científico del que tanto alardeamos y del que tan orgullosos estamos, todos los que hemos sido académicos y universitarios e investigadores, es un conocimiento muy diferente en métodos, que el conocimiento indígena y no por ello vamos a creer que nuestro conocimiento es mejor. Empezar a plantearnos desde el otro lado, desde el otro punto de vista, yo creo que sería un gran paso para poder dar solución a este aspecto. Vamos, y en esta tarea a lo mejor, el mundo y la cosmovisión indígena nos puede dar mucha idea, desde cuales son sus necesidades, desde su punto de vista, cómo lo ven ellos, y ellos cómo quieren que se trabaje esto. Porque nosotros estamos poniendo nuestras reglas, nuestros acuerdos y nuestras intenciones. Aquí como decíamos, el investigador es el que necesita y quiere encontrar respuestas a todo, pero a lo mejor, esas no son las respuestas que quieren los indígenas. Las preguntas se plantean de manera distinta. Bajo esa óptica sería bueno que empezáramos a trabajar. Clarisa Me llama mucho la atención los comentarios que hicieron hace rato, la maestra Arcelia y el compañero. Porque ellos repiten constantemente, que todo esto es de muy buena fe, que hay errores, pero que uno está en el camino y uno aprende. Y automáticamente me recordó el argumento que los diputados y senadores ahora en el congreso, cuando aprobaron las reformas constitucionales en materia indígena, dijeron y también fue el mismo argumento, dijeron, pues discúlpenos, fue de buena fe, fue buena intención pero era que no sabíamos lo que estábamos aprobando y en los procesos electorales, fueron también a pedir a las comunidades indígenas, entre ellas Michoacán, para que los pueblos indígenas siguieran votando por ellos a pesar de la tontería que habían cometido. Cuando dicen eso a mí me preocupa porque digo, hay dos cosas que están de por medio. Una, si somos realmente honestos y uno reconoce que realmente se está equivocando, eso necesariamente implica un compromiso diferente frente a los pueblos indígenas, y si no estamos mintiendo. La otra cuestión es que nosotros podemos entender todo este interés que como investigadores, académicos, tenemos sobre los objetos de estudio. Lo que nosotros decimos es que el interés de los académicos y los investigadores y de los empresarios, es igual como si fuera su propio derecho, que termina donde empieza el derecho del otro. A nosotros se nos
ha sido muy difícil reformar la constitución para que se reconozcan a los pueblos indígenas como sujetos de derecho. Pero me parece que desde la academia, que no es un asunto aislado de la política, se puede ir asumiendo el que los pueblos indígenas no son sujetos colectivos de derecho y que por lo tanto se necesita una reforma constitucional para empezar a asumir una nueva relación con los pueblos indígenas. Quería decir esto, porque siempre es la misma argumentación en todos los sentidos. Ahora nos tocó referente a los proyectos de bio-prospección, pero en todos los que uno pueda analizar, los argumentos siempre son los mismos, incluso de los empresarios. Ellos siempre tienen la buena intención de llegar a inyectar recursos en los pueblos y darles trabajo y que salgan de su pobreza y de su mala vida. Si nosotros nos ubicamos siempre en ese tipo de argumentos, no vamos a poder a avanzar y me parece que es momento de tener claridad sobre lo que nosotros estamos buscando cuando hacemos investigación. ¿Para quién estamos trabajando, quién se está beneficiando de todo esto y dónde están los pueblos indígenas en todo esto siempre? Claudia Gómez Mi pregunta sería tanto para Gerardo como para Carlos. ¿Hay en el ámbito institucional, como COMPITCH y como ECOSUR, una estrategia o han pensado cómo tender esos puentes que se rompieron con el proyecto ICBG Maya? Yo fui al foro de San Cristóbal que hubo en abril, y me sorprendió mucho ver como gente que durante mucho tiempo pudo trabajar conjuntamente, estaba completamente peleada, sin posibilidades de hablar; me impresionó la polarización a la que esto puede llegar. Entonces, si institucionalmente han pensado como recomponer el puente roto. Juan Otero Me gustaría decir algo, en relación con algunos puntos que se han tratado aquí, fundamentalmente el problema gravísimo que se presenta de que en Senado de la Republica ya exista como proyecto una serie de disposiciones en relación con los derechos de los pueblos indígenas, con las patentes de sus conocimientos. Y me preocupa mucho porque tengo la experiencia de que en nuestro país se ha seguido una política muy curiosa, respecto a los derechos de los pueblos indios. Pareciera como si hubiera un gran dolor en reconocerles una personalidad que por tanto tiempo se les ha negado. Las experiencias también, de que nuestro gobierno, especialmente los últimos tres gobiernos y el actual, se ha pretendido tender una especie de velo espeso entre los derechos reconocidos de las instituciones
internacionales y su aplicación en México. Pareciera, y voy a aplicar un proverbio popular, que el gobierno mexicano es candil en la calle y oscuridad en su casa. Nuestros delegados ante las instituciones y organismos internacionales hablan con gran vehemencia de los derechos humanos en México; son los primeros en promover y votar las reglamentaciones internacionales, los convenios, pactos y declaraciones, que no se aplican en México; han desarrollado una técnica peculiar para esconder las realidades en México. Nuestros delegados ante los organismos internacionales votan aprobatoriamente todas esas disposiciones a favor de los pueblos indígenas, etnias, minorías raciales, minorías religiosas, minorías lingüísticas; se adhieren a todas las decisiones; pero hay una falla misteriosa. La Secretaría General de Naciones Unidas las envía a la Secretaría de Relaciones de México, para que ésta a su vez las turne al Senado Mexicano, quien las tendría que ratificar, a fin de que tengan valor legal en México, con la categoría de ley suprema. Ahí empieza el problema. La Secretaría de Relaciones pierde, mete en una congeladora las leyes, disposiciones, convenios, pactos y declaraciones que debe ratificar y tarda un poquito de tiempo para enviarlos al Senado. Ese poquito de tiempo se va alargando misteriosamente. Por ejemplo, se aprobó la Declaración Interamericana para otorgar Derechos Cívicos a la Mujer, se envió por el pleno de la OEA a la Secretaría de Relaciones de México, y ahí se perdió. ¡No un poquito de tiempo! ¿Cuánto calculan ustedes que se pudo haber perdido? Treinta y dos años tardó en pasar al Senado y ser aprobada. Se aprobó en Costa Rica, la llamada Declaración de Derechos Humanos, conocida como el Pacto de San José, y tardó dieciséis años en hacer la larga travesía de la Secretaría de Relaciones a la Cámara de Senadores. Y todavía más recientemente, con el voto favorable de México y de muchas otras naciones, el pleno de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobó el Convenio Internacional de Defensa de los Derechos Humanos de los Trabajadores Migratorios y su Familia, lo envió a la Secretaría de Relaciones y ésta tardó ocho años en pasarlo para su aprobación al Senado de la Republica. Para lograr que este último convenio pasara relativamente más rápido, decidimos preparar una táctica muy especial. Asistíamos con una nutrida delegación a todo acto, a todo foro, a toda conferencia, a toda reunión en la que figuraban funcionarios de la Secretaría de Relaciones, y en cualquier momento oportuno, a gritos, con mantas, con intervenciones directas, preguntábamos a los representantes de la Secretaría de Relaciones: ¿cuándo van a enviar el Convenio Internacional de Defensa de los Derechos Humanos de los Trabajadores Migratorios y su Familia? Claro, la contestación era que no sabían cuándo. Pero logramos que se tardaran solamente ocho años.
Entonces eso quiere decir que nos enfrentamos con una política oficial neoliberal de ocultar bajo un velo de misterio los derechos de los pueblos indígenas, etnias, minorías raciales, religiosas, y lingüísticas. Eso desgraciadamente creemos que se va a incrementar en su aspecto negativo. Tristemente tenemos que reconocer que, como el Sr. Presidente Fox dijo ante foros nacionales e internacionales, y fue reproducido en casi todos los medios de comunicación, éste es un gobierno de empresarios y para empresarios. Entonces no podemos albergar en nuestro corazón y en nuestro cerebro la idea de que cualquier modificación en las leyes que favorecen empresarios, vaya a ser modificada a favor de los pueblos indígenas y de sus derechos. ¿Qué es lo que podemos hacer entonces? Lo que estamos haciendo aquí, pero multiplicándolo mucho, que haya foros, que haya posibilidad de que se logren movilizaciones masivas. Acabamos de tener una experiencia que puede ser positiva. Violando los derechos humanos de los pobladores de ejidos, comunidades y poblaciones que colindan con el Distrito Federal, en una serie de maquinaciones que permitieron a los periódicos calificar al Secretario de Comunicaciones de mentiroso, de vil, de vendido, se aprobó la construcción del aeropuerto internacional de la ciudad de México sobre ejidos y comunidades indígenas del Valle de México, en los terrenos que están entre el actual aeropuerto y Texcoco, violando los derechos de todos los veinte millones de mexicanos que vivimos en el Distrito Federal y zona conurbana, ya que la construcción de ese aeropuerto, va a traer terribles consecuencias para la ciudad de México. Hemos organizado foros, hemos organizado una serie de congresos, hemos invitado organizaciones e inclusive los habitantes de Texcoco han desfilado pacíficamente, pero con sus machetes en la mano. Ellos han dicho que no son armas sino instrumentos de trabajo, pero también han dicho que están dispuestos a defender sus tierras, para que no se construya sobre ellas ese aeropuerto. El gobierno ha puesto oídos sordos; el asunto se ha convertido en una especie de diálogo entre sordomudos, y estamos en la idea de que los instrumentos internacionales y nacionales podrán hacer que esa disposición se modifique, que el aeropuerto se construya en otra parte. Quiero decir que no podemos dejar a la buena fe, a la buena intención del gobierno, las modificaciones legales necesarias para que los derechos indígenas sean respetados. En este caso perfectamente identificado, de los problemas de la defensa de los derechos transgénicos, es únicamente la movilización popular, el convencer a diputados, a senadores, a periodistas de que apoyen, la que nos puede dar el éxito.
No tengo ninguna confianza en los senadores. Ya tuvimos el grave problema, cuando se modificó la Constitución, y pasando por alto los convenios internacionales (la Declaración Universal de Derechos, el Tratado Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se modificaron artículos para borrar de nuestra Constitución el principio jurídico internacional que se llama de la presunción de inocencia de los acusados, y con él, la necesidad de contar con pruebas para consignarlos y condenarlos. Con esas modificaciones constitucionales ya no se requieren pruebas. Basta denuncia e indicios. La palabra prueba y los principios internacionales de derecho, fueron borrados. Eso nos hace ver que necesitamos las movilizaciones populares, el respaldo del pueblo, la organización de todos los organismos de la sociedad civil y lograr que esto se haga realidad sin confiar en los Senadores. En el caso de las modificaciones a la Constitución, nosotros entrevistamos a todos los senadores, les entregamos los textos, los convenios internacionales que se estaban violando, nos prometieron votar y a la hora de la votación, sólo la tigresa y otro senador tuvieron los pantalones necesarios para enfrentarse, todos los demás votaron por la aberración, que habían definido. De manera que la Unión es la que nos hace falta. Gerardo González Es una pregunta muy interesante, muy directa, pero quisiera primero ponerla en un contexto adecuado. Primero porque tengo un año que me invitaron a colaborar, realmente yo no soy investigador, pero no me da pena, ojalá y pudiera ser investigador. Vengo del medio de las ONG, del medio de los movimientos populares y para mí fue un reto llegar a donde llegué, a pesar de varias circunstancias. Por ejemplo, me llama la atención que vean tan complicado el contexto de poder, y por eso quiero establecer esto, para que entiendan hacia donde va mi reflexión. Por ejemplo, la antes RAFI negó los permisos de evaluación biotecnológica de las plantas recolectadas por el proyecto. Muy interesante. Muy interesante porque aquí tengo copia de esa comunicación. Y lo interesante no es la supuesta cancelación, porque no hubo tal, aquí claramente dice. Se hace una mención dirigida al Dr. Pablo Liedo, en donde se le requiere una información. Ya al final dice. “Debido a lo anteriormente expuesto y conforme a los artículos 32 y 32 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo se concede a la interesada el término de 10 días hábiles para que proporcione a esta autoridad los documentos e información solicitada en el presente oficio, con la finalidad de resolver la solicitud planteada en los términos de la ley”. ECOSUR desistió. Lo cual me pareció que era el momento. Precisamente yo llegué a ECOSUR, con la idea de que tendríamos que reconstruir situaciones, si
estábamos en un proceso de diálogo. Yo entendí que se podía jugar mucho con esto. No se valoró la actitud, tiempo después de que ECOSUR efectivamente accedió a la moratoria. Incluso éste es prácticamente al primer foro que nos invitan como ECOSUR. ¿Por qué no invitan a ECOSUR? Es importante que escuchen las pendejadas que anda haciendo ECOSUR, pero que lo inviten y que lo escuchen. ¿No? Llama la atención que ante ese contexto, por ejemplo RAFI distribuya esta información, si no mal recuerdo en Atenas, y ponga al proyecto con este mapa, donde está toda la para-militarización en Chiapas. Yo dije ¡Uy! ¿Yo estoy ahí? Cuando a mí me dieron este documento, yo dije ¿En dónde estamos? ¡Está canijo! La denuncia es complicada, sin negarles las buenas razones. Me llama la atención que uno de los asesores, recientemente en una declaración a La Jornada, el domingo 21 de octubre, dijera lo siguiente: “En Chiapas estamos a favor de las investigaciones para descubrir nuevas medicinas e incluso la presencia de organismos genéticamente modificados, como el maíz transgénico, pero no para que se desarrollen actos de biopiratería”. Hay situaciones muy interesantes, por eso yo acepté esa posibilidad, [¿de trabajar en ECOSUR?]. Una de mis primeras recomendaciones fue que en Chiapas se formara la comisión de reconciliación comunitaria. Me tocó participar en muchos de esos procesos, por mi posición privilegiada. Y por fortuna entonces le dije a la CORECO que era importante el diálogo, sin negar las razones políticas, sociales que aquí se han discutido. En este contexto de globalización tan hija de puta, o sea tan deshumanizada, era importante el diálogo para construir, aprovechar esta oportunidad, con todo lo que se reclamaba. Pero no fue posible y se vino toda una campaña, con todo respeto yo no puedo juzgar, legítima o no, pero toda una campaña en la que ECOSUR no emitió ninguna declaración. Yo decía, la situación de polaridad en Chiapas no merece un conflicto en ese sentido. Obviamente me auto critico personalmente; faltó mucho más trabajo, información, diálogo, ir, regresar, ir a las comunidades, que nos dijeran lo que tenían que decir; seguramente faltó mucho ese trabajo, porque es una tarea muy grande. Es una autocrítica no solamente para el ECOSUR, para las ONG, para las organizaciones sociales, para todos. Es fundamental construir consensos para bien o para mal; pero a este país lo que le hace falta es dialogar, porque todo viene de arriba, viene impuesto desde fuera; pero esto no fue posible. He respetado y sigo respetando, a pesar de los ataques personales a los compañeros de la UNICH, porque son mis compadres, mis amigos, mis hermanos de años, porque hemos seguido aprendiendo. No lo sabemos todo, nos hemos dado una lección, una lección en positivo y tiene problemas personales terribles. El
compañero mencionaba lo del Dr. Berlín. Yo fui a su casa a ver si tenía un herbario en su casa. Sinceramente, el jardín botánico que supuestamente tiene es como los de varios de nosotros; si esto es así, pues entonces yo soy un biopirata, porque yo tengo muchas más plantas, me encantan las plantas y las que puedo las siembro en mi jardín, porque además vengo trabajando en las cuestiones de salud popular, con medicamentos caseros, que he aprendido en todo este desarrollo. Me ha tocado acompañar a la misma UNICH en la venta de sus medicinas caseras, en todas las regiones, recuperando plantas medicinales, historias; pero eso no explica ni le da razones al ECOSUR ni a nadie en ese sentido. Me llama la atención y que bueno que el compañero trajo este proyecto porque me siento privilegiado de que Porfirio sea hoy el secretario de pueblos indios, pues yo he trabajado con ellos. Y cuando sale esta organización, OCOMICH, que eran extrabajadores del ICBG Maya, ..... Porque el ICBG Maya no sólo hizo moratoria compañeros, el ICBG Maya despidió la gente, les dijo ya no más; algunos hicieron una nueva organización. Yo cuando veo que no fue ECOSUR, y eso lo quiero aclarar, sino que fue desde la misma SEPI, yo me fui a hablar con Porfirio Encino y le dije “Mira en lo que estoy metido” y él me dijo: “Miren en lo que están metidos ustedes”. Le dije pues nosotros no le entramos. Mandamos llamar al asesor de la organización OCOMICH, que era un funcionario de SEPI y le dijimos claramente: “La interlocutora en esto es COMPITCH, ustedes hablen con ellos y si COMPITCH dice que ECOSUR puede asesorar, le entramos; pero si no, no le entramos, porque estamos en moratoria”. Tiempo después nos la presentan como al revés. No dijimos nada. Yo creo entonces que ahí está la autocrítica. A pesar de todo hay que hacer un gran esfuerzo por dialogar con los compañeros, porque interactuamos en una región fundamental, no solamente en términos geopolíticos; una zona trascendental porque lo que se escriba en esa región, es lo que va a escribir este país no sólo para los pueblos indios, sino para la sociedad mexicana. Entonces, eso prueba la autocrítica. No se si queda claro. No quiero cometer pecado. Aquí hay gente que conoce mejor el proyecto que yo, entonces a lo mejor yo podría... Es muy complicado, un año, con todo esto de lo que hemos aprendido, de tantas cosas tan interesantes y tan importantes, un año que nos pone a reflexionar muchísimo. Y creo que aquí hemos dado un gran adelanto y eso hay que recuperarlo. Oportunidades tenemos muchísimas. ¿Cómo tender esos puentes? El objetivo de ECOSUR es el objetivo de COMPITCH. Podemos caminar mucho en ese sentido. No somos expertos etno-botánicos, no somos expertos en muchas cosas, pero lo que podemos hacer es fortalecer las capacidades de los compañeros, en el sentido legal, social, económico, político. Estamos abiertos. Creo que en un futuro común, tenemos más que aprender, que perder.
¿Cómo se tienden esos puentes? Dialogando. Los compañeros han dicho su verdad, de muchas, de diversas maneras. Los hemos escuchado y los seguiremos escuchando con respeto. Nos siguen enseñando todos los días y seguiremos aprendiendo. Ahí está la clave de los puentes. Un problema que estamos discutiendo es el de los financiamientos. ¿Que más quisiéramos nosotros que el financiamiento fuera nacional, que respondiera a los intereses de esta nación que también lo necesita? Esa es la lucha que ahora queremos hacer, queremos también ser parte de nuevos foros, en donde precisamente se reorienten los financiamientos que hoy todos sabemos, están siendo recortados. Es labor de los pueblos indígenas porque por desgracia es el sótano de este país. Carlos Guzmán Me toca responder la pregunta que hizo la compañera, en torno a la propiedad intelectual, haber si puedo responder. Desde la cosmovisión de las comunidades y de los pueblos indígenas, no existe el concepto de propiedad intelectual. Y el COMPITCH asume ese mismo compromiso, esa misma cosmovisión. No podemos pensar en propiedad intelectual cuando los recursos simplemente no son ni de las comunidades indígenas o campesinas, sino de todos nosotros. De alguna manera hemos aportado algo ¿no? Y también desde luego es producto de toda la sociedad en general y que además –no sé mucho de leyes– pero las declaraciones nos ayudan algo; inclusive la declaración sobre diversidad biológica, firmada o ratificada por el gobierno mexicano nos menciona que es propiedad de la humanidad. Entonces, en esa lógica también pensamos que el principio de propiedad intelectual, desde el punto de vista de la cosmovisión indígena, pues no existe. ¿Por qué? Porque no podemos ser propietarios de una planta, por ejemplo hablando de la medina tradicional, cuando también la tienen las comunidades indígenas de Guatemala, la sociedad en general de Guatemala, cuando allá también la hay. La utilizan de diferentes maneras o de la misma, pero también está allá. Entonces ¿cómo podemos ser propietarios, mientras una planta se encuentra aquí y allá? El principio sobre la patente, pues también. No podemos patentar la vida. Entonces esa lógica es la postura del COMPITCH: que todos los recursos son de la nación y nunca podemos ser propietarios. En cuanto a la evaluación de la bio-prospección, no sé si la entendí así, alguna alternativa, pues la evaluación que hemos hecho sobre bio-prospección. Como lo mencionamos en la ponencia, pues también las comunidades indígenas hacemos bio-prospección, pero de otra forma. Los resultados de nuestra investigación, lo
que clasificamos, encontramos en la plantas, en los animales, en el aire, en el bosque, en el agua de todo el ecosistema, lo compartimos nosotros en las comunidades indígenas, diferencia de lo otro. Como bien lo estamos haciendo con la medicina indígena, con las plantas medicinales. Se comparte el conocimiento. La dinámica del trabajo de los compañeros del COMPITCH es dar talleres, divulgar el conocimiento; pero nosotros a diferencia de los otros, no tenemos fines lucrativos. Allí podemos regalar la medicina a quien lo necesite. Si están tan necesitadas las personas pues ahí se las regalamos. No buscamos netamente la ganancia, sino que nosotros tratamos de ayudar a los demás, ayudarnos. Eso es lo que pensamos nosotros. La bio-prospección que también estamos haciendo. Nosotros siempre hemos dicho que no estamos en contra de la investigación, sino al uso que se le da a esa investigación. Eso sí estamos en contra porque siempre se ha pensado la investigación desde la lógica del mercado, de la ganancia. Nos oponemos. No queremos compartir esa idea de privatizar la salud. ¿Qué pasaría con aquellos que no la pueden alcanzar, que no tienen ese acceso, con los que realmente somos tan pobres? Pues lógicamente nos morimos si no encontramos esa ayuda que tanto necesitamos. Alternativas hay varias. El derecho y la autonomía de los pueblos indígenas, esa es una, porque de por sí caminamos nuestra autonomía, como la UAM también está caminando, como la UNAM. Entonces no es cierto, como muchos han dicho, que con la autonomía se va a valcanizar el país. Al contrario, y tampoco queremos dividir a la nación, sino queremos integrarnos de verdad, que nos reconozcan nuestros derechos; pero ya ven, siempre nos han negado ese derecho; pero nosotros como pueblos indígenas vamos a seguir caminando en nuestra autonomía. Con o sin las leyes. Con y sin el permiso del Gobierno. A ese paso vamos. Esa es la única opción para nosotros. Con respecto a la pregunta de la compañera, ¿cómo volver a construir puentes con las partes, con los científicos? Nosotros también hemos pensado en eso, hemos sido siempre abiertos al diálogo y a la palabra verdadera. A eso apostamos, al diálogo, al consenso social, real, entonces la investigación científica... ¿que relación puede tener con los pueblos indígenas? Es fácil ¿no? Para nosotros siempre es el diálogo, construir una base, una estructura en donde participen las partes. De esa forma, vamos a llegar a un acuerdo. Y que esa base se piense en beneficio de los demás, no en beneficio de unos cuantos. Eso es a lo que nosotros le apostamos: al diálogo, el consenso social, la participación de toda la nación.
VIII. Mesa 6. La protección de los derechos... ¿cuáles son los retos para los pueblos indígenas?
Carlos Chávez, moderador 1. Aldo González (UNOSCO) Quisiera hacer una breve reflexión. No he preparado este tema para poderlo abordar bien, pero quisiera hacer una reflexión de algunos de los puntos que se han tratado a lo largo de este foro, para posteriormente enunciar algunos de los problemas principales, o de los retos principales que tenemos los pueblos indígenas en México. Quizás algunas ideas parezcan sueltas, pero trataré de que no se sienta tan desconectado el discurso. Una de las principales preocupaciones que se tienen en relación con el marco jurídico a escala internacional y nacional, es que no existe un reconocimiento pleno de los derechos de los pueblos indígenas. A nivel internacional, compañeros de distintos países han contribuido a la elaboración de la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, de la ONU. Este es un documento que se ha estado trabajando durante mucho tiempo. En 1993 sale un documento más o menos acabado, pero los países, los miembros de los estados nacionales, lo han estado revisando y no ha podido ser aprobada una declaración. Esta declaración se hace en el marco del decenio de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas, que es desde 1992, al 2002. Estamos por terminar el decenio sobre los pueblos indígenas, y la declaración universal sobre sus derechos sigue sin tener la fuerza legal, el reconocimiento que merecieran tener nuestros pueblos. Los obstáculos que se ponen a nivel internacional, pues obviamente que van a ir bajando hacia nuestros países. Lo podemos ver tanto en la legislación internacional en distintas materias, como en la legislación nacional. Uno de los documentos que ha sido muy mencionado en este foro, es el Convenio de Diversidad Biológica. Yo señalaba el día de ayer que en éste no se habla de los derechos de los pueblos indígenas; se habla de las comunidades indígenas en el artículo 8J. Es muy preciso el término, y obviamente el status jurídico del término pueblos, comparado con el status jurídico del término comunidad, tiene una enorme diferencia. Entonces, si no están reconocidos ahí los pueblos indígenas como tales, estos derechos pues van ser minimizados también al interior de los países. Yo mencionaba que el convenio 169 es el único documento en donde se reconocen los derechos a los pueblos, y ahí se establece un acercamiento a una definición de estos pueblos. Son aquellos que antes de la llegada de los colonizadores existían ya y conservan una serie de tradiciones, culturas y costumbres, conservándolas todas o parte de ellas. A partir de este concepto básico de reconocimiento de los
derechos indígenas, vemos que hay un cercenamiento constante en distintos instrumentos jurídicos nacionales e internacionales. Con la reciente reforma que se hace en nuestro país a los artículos 1° y 2° de la Constitución, para supuestamente reconocer los derechos indígenas, nosotros decimos que esta reforma no es lo que esperábamos. El artículo 6° del convenio 169 dice que los pueblos deberían de ser consultados, de acuerdo a sus propios procedimientos, y la finalidad de esta consulta sería llegar a un acuerdo o un convencimiento. El acuerdo que de alguna manera habíamos contribuido a realizar, entre el gobierno federal y los pueblos indígenas, pues son los Acuerdos de San Andrés, que se tradujeron posteriormente en la iniciativa de la COCOPA y que el Presidente de la Republica, en diciembre pasado presentó al Congreso de la Unión o la Cámara de Senadores. Este documento era muy importante para nosotros porque no estaban ahí los máximos planteamientos hechos por pueblos indígenas de México, pero sí estaba recogido lo mínimo que podíamos aceptar, sin embargo eso mínimo fue todavía minimizado. No se reconoce el derecho a la libre determinación de los indígenas de manera constitucional; se dice que los pueblos indígenas tendrán derecho a la libre determinación expresada como autonomía, pero que esta tendrá que ser regulada en los estados y dependiendo de la fuerza de los movimientos indígenas en cada uno de los estados, podrá haber una ley que ampare más o menos derechos. 2. José Carrillo de la Cruz, indígena huichol ¿Cuál es el sentir de un pueblo indígena, que está dolido hace más de cien años?, Con estas reflexiones que hoy se han expuesto en esta mesa, tanto por académicos, intelectuales, investigadores y asociaciones, podemos decir que no estamos solos en este planeta o en estas comunidades o en este país. El dolor que nosotros sentimos es el dolor de todos. No sé de que forma se pueda sentir ante el hecho de que unos seres humanos transformen a otros para su uso personal, comercial, pues por el simple hecho de que no sabe hablar se manipulan a esos cuantos que no dominan la palabra. Este foro nos lleva a otro camino. Por esta razón agradezco a todos los presentes que hacen de esto una participación y un diálogo que nos lleve a una finalidad buena para la existencia de los pueblos indígenas y un beneficio para todos los seres humanos existentes y para la mejor conservación de nuestro planeta. Hablando específicamente de mi pueblo huichol, yo soy del norte de Jalisco. Nosotros como pueblo huichol tenemos los mismos problemas de otras regiones de la República donde se ubican pueblos indígenas. Es un reto alcanzar algo que
nosotros mismos estamos pidiendo, que no se llegue a nuestras comunidades, que no se investigue sin nuestro consentimiento. Hasta ahora hemos conservado el 10% de nuestra cultura, de nuestro lenguaje y es un porcentaje muy alto de conservación en nuestras comunidades, si tomamos en cuenta todo lo que hemos perdido. Eso que hemos perdido, esa base de los pueblos se ha minimizado, gracias al comercio chatarra que se ha venido introduciendo de empresas que dominan hasta el último rincón de nuestras comunidades, los comerciantes nos invitan a que seamos comerciantes en pequeña escala, pero creo que estamos pobres en comparación a los beneficios que ellos poseen. Sólo quiero pedir a todos los presentes que intervienen en la solución de este reto por el que estamos luchando los pueblos indígenas, que no se hagan investigaciones en nuestros pueblos sin nuestro consentimiento, por que nosotros como huicholes ya hemos hablado de las patentes, de los transgénicos, de los cambios que se han hecho en algunos productos, como el fríjol y el algodón. Tenemos en nuestras comunidades el maíz como un producto que es la fuerza, la vida y la fortaleza del huichol. Los cinco colores del maíz nos indican la vida y fuerza del hombre, los cuatro puntos cardinales y el centro de nuestras comunidades. Si hubiese un cambio, como el de que alguien externo patentara nuestro maíz, acabaría con nuestra vida y existencia. Tenemos variedad de plantas y raíces medicinales que estamos controlando y cuidando para preservarlas. Vemos que los conquistadores no llegaron hasta nuestras tierras. Nuestros caminos no eran accesibles para el hombre blanco o ladino como decían allá, sólo nosotros los huicholes los caminábamos. Hoy, el gobierno ha hecho vías de comunicación y de acceso por camionetas y esto es razón principal de todo lo que hemos estado perdiendo. Como resultado, mostramos ese 10% que conservamos de nuestra cultura y nuestro lenguaje nosotros como huicholes. Esta sería mi intervención y propuesta ante esta mesa, el poco conocimiento que tengo de mi pueblo y de nuestra problemática es lo que planteo se resuelva. Gracias.
3. Retos para defender y preservar nuestros derechos
Carlos Guzmán, COMPITCH Me gustaría leer la ponencia del COMPITCH porque fue un trabajo extenso de una experiencia centenaria que de por sí la estamos viviendo y resistiendo; para hilar las palabras tenemos una lengua materna y se nos dificulta el español por esta
razón hemos escrito papeles que nos protegen y que sirven para que otros puedan leerlos. ¿Qué debemos hacer y qué no para que nuestros derechos sean vivos y caminen su larga vida? Pensamos que no es sólo un camino el que ha de andarse ni una sola posición, ya que muchos son los destinos y zonas a donde queremos llegar. Poseemos un mismo corazón para partir y con ese mismo llegamos; son las necesidades las que varían, más no el corazón, porque la llegada no es sino otro punto de partida. Nuestra propuesta de estrategias para defender y preservar nuestros derechos varía y tiene más de un camino y sale de nuestra experiencia centenaria más reciente de nuestra participación en San Andrés. Necesitamos la participación de todos para hacer realidad este sueño, fundamentalmente de nuestra experiencia actual con ICBG Maya. Por eso, la propuesta que traemos no gira en privilegiar las exigencias legislativas al poder, para ver si nos concede o no lo que de por sí es nuestro, sino que va en torno a caminar como quiera nuestra autonomía incluyente y compartida, en torno a organizarnos con la estrategia requerida para que ese poder y sus acreedores históricos nos respeten, porque de otra manera ya vimos que no entienden ni entenderán nunca. Estas propuestas para defender y preservar, junto a otros derechos, un lugar propio de nuestra madre tierra que a todos quiere y a todos necesita por igual son: 1. Trabajar en la recuperación organizada, participativa y prepositiva de nuestra memoria, para agarrar nuestra propuesta clara de cuanto fuimos y de lo que ahora somos, y para reflexionar también de lo que queremos ser, para diseñar la estrategia de cómo vamos a hacer para seguir siendo pueblos y comunidades indígenas. 2. Reivindicar a los pueblos y comunidades como entes útiles y legítimos a través de a) su incorporación y adecuación a la reglamentación comunitaria organizacional; b) su amplia difusión mediante talleres de capacitación, foros y la utilización de todo tipo de espacios con materiales disponibles para ese propósito. 3. Incidir en los foros y mesas multilaterales donde se trate o donde se debiera tratar, en razón de la naturaleza, el impacto social de estos temas. 4. Juntar las denuncias, quejas y demandas que en derecho procedan, en caso de ocurrir alguna violación de esos derechos, disponiendo una oficina o comité encargado de su despacho y asesoría. 5. Reivindicar a aquello que no pudieron plasmar su vigencia positiva, que de por si vienen ejerciendo nuestros pueblos y comunidades.
6. Crear grupos plurales de trabajo y de asesoría multidisciplinaria de rigurosa vinculación, para construir y consolidar la asesoría de los pueblos, comunidades y organizaciones indígenas, y para recibir y sistematizar propuestas ante los propios pueblos, comunidades y organizaciones; pero también ante las instituciones y organismos multilaterales, planes, programas, estatutos, políticas y acciones para proteger y ampliar derechos y obligaciones. 7. Desplegar mediante un plan de acción conjunto, un enfoque de acción múltiple de nuestras luchas y propuestas, para organizarse ahí donde aún no hay organización y fortalecer ésta donde se requiera, participando con respeto y entusiasmo, entendiendo que al impulsar estas acciones con otras hermanas y hermanos, lo estaremos haciendo por nosotros mismos. Sabemos que cuando falta un hermano, la fuerza se resiente en esa misma proporción y la cantidad de lucha baja. 8. Construir y consolidar la organización social de base, en redes regionales, nacionales, globales, con metas que mantengan los principios, estrategias y objetivos comunes, como también para andar en colectivo, no sólo las luchas comunes sino también las locales y especificas de los grupos y organizaciones frente a un plan común. 9. Conformar alianzas tácticas con todas aquellas organizaciones, instituciones y organismos y gobiernos afines, con vistas a proteger e impulsar todo lo antes señalado. 10. Incorporar a los más diversos sectores y grupos sociales como actores fundamentales de la reivindicación y defensa de estos derechos, demostrándoles que los derechos de los pueblos y comunidades indias empiezan pero no terminan aquí, sino que son de todos y a todos sirven, y que su restricción invariablemente importa como una restricción equivalente en potencia y acto a los derechos e interés político-sociales del resto de la sociedad, que depende del cabal ejercicio de aquellos que están conectados. 11. Incorporarnos como pueblos y comunidades indígenas a las luchas y preocupaciones de otros hermanos y hermanas no-indígenas, entendiendo que la lucha es por lo que les preocupa a ellos o a otros, que significa luchar por nosotros mismos, principio que tenemos y del que en innumerables episodios de nuestra historia nacional hemos dejado constancia. A propósito de los planes, proyectos, programas y acciones que de donde quieran llegan a nuestros pueblos y comunidades, para utilizar de muy diversas formas nuestro trabajo, o nuestras tierras y nuestra cultura, pensamos que para poder
asumir todo eso que nos llega, y en ese sentido hacer efectivos nuestros derechos a decidir lo nuestro por nosotros mismos, sería conveniente entender, entre otras recomendaciones y propuestas, a unas que ya presentamos en el Sur de África, en el foro sobre racismo, con motivo de la conferencia “Racismo y discriminación de los Pueblos Indígenas”, y que a continuación comparto con ustedes. 1. La conformación de redes regionales, locales, nacionales e internacionales de monitoreo y autogestivas para detectar, registrar, analizar y evaluar, en consejos asesores autónomos, los planes, proyectos y acciones de los gobiernos, de las corporaciones o centros de investigación afines a ellos, y que se propongan y vengan a nuestros pueblos y comunidades con el objetivo de aprovechar sus recursos e incidir de alguna otra manera en nuestras vidas. 2. Volver operativas las consultas previstas en el convenio 169 de la OIT, mediante la creación de consejos o comisiones independientes, propuestas por los propios pueblos y comunidades, de tal manera que se ajuste a los postulados de esta convención que puede evaluarse a través de cuatro puntos: a) que la información proporcionada por los informantes sea completa, incluida la visión de contexto, los antecedentes y trayectoria de los oponentes, las experiencias comparativas y los posibles escenarios, b) que sea comprendida a cabalidad por los destinatarios; c) que lo que se presente incluya a todos los interesados o implicados; d) que lo propuesto, a juicio de los pueblos y comunidades indígenas, no distorsione o vaya en contra de la cultura, instituciones, principios o formas comunitarias. 3. Una propuesta de iniciativa legislativa marco, diseñada por nosotros, que ordene considerar tanto a la desigualdad objetiva derivada de la marginación histórica a la que han estado sometidos nuestros pueblos y comunidades, como la debida traducción cultural de cuanto se pretenda; pero también la imposibilidad de hacer tratos con otros estados o sus agentes, sobre temas donde no exista reciprocidad legislativa o no se respete a nuestros pueblos, y que como quiera puede usarse ya, como así nosotros en el COMPITCH la hemos venido usando, por ser legítimo el motivo social en que se funda y cuya exposición de motivos y textos surjan a propósito Finalmente tenemos una propuesta para asumir la salud de nuestros pueblos, desde nuestra cosmovisión y práctica sin anular las otras opciones. Que quede claro que no rechazamos las otras opciones. También nos resta utilizar la medicina occidental. Ya he expresado en el foro de Durban, cómo médicos parteros y parteras indígenas tradicionales proponemos también un proyecto autónomo de salud que, basado en los recursos que conocemos y controlamos, se vincule desde nuestras necesidades y procesos a la medicina occidental o a otras. Y que tome de éstas o ésas lo que nos sirva, como quiera que lo tome. Incluso como recientemente lo hicieron nuestros hermanos de Sudáfrica o mediante otras opciones en ejercicio
a nuestro derecho a la vida y que destierre todo aquello que no le sirva. Así podremos crecer sanos, fortalecer y compartir, cada vez con más personas y grupos solidarios y necesitados también de la salud, nuestros conocimientos y recursos que, por otra parte, nosotros sólo tenemos por custodia, que nos encomendó nuestra Sagrada Madre Tierra. Gracias. 4. Preguntas, respuestas y propuestas Moderador Muchas gracias. Está cerca de terminar esta travesía que hemos hecho juntos por la reflexión de este tema. Nos quedan aún, más o menos hora y media. Y hemos pensado que este tiempo que sigue pues podríamos y debíamos utilizarlo para escucharnos unos a otros en cuanto a propuestas de acción, cosas que pensemos que se podrían hacer. Son varios los problemas que se han identificado a lo largo de estos dos días. Yo aquí hice algunos apuntes, en donde se da por ejemplo que uno de los problemas importantes es que en México tenemos mucho la costumbre de no cumplir las leyes. De no cumplir los convenios internacionales. Creo que hay coberturas que nos harían mucho más ligera la vida en este tipo de problemas; pero existe una fuerte tradición de incumplimiento de las leyes y los convenios a que nos comprometemos internacionalmente. Pero además de eso, tenemos que lidiar con una especie de legislación monocultural, que de alguna manera responde al proyecto global y neoliberal. Y lo hace impulsando una contradicción muy profunda en conceptos y preceptos muy fundamentales, digamos, para los asuntos que se están discutiendo. Uno de ellos por ejemplo, es la diferencia tan profunda entre los conceptos de propiedad. El Artículo 27 Constitucional y el “TRIPS” de la Organización Mundial de Comercio establecen conceptos de propiedad que no se pueden conjugar con otras cosmovisiones. Y esas cosmovisiones ahora resultan muy importantes porque son los poseedores, detentadores o propietarios de los recursos a los que se desea acceder. Pero también tenemos los principios referentes a la conservación y aprovechamiento de los recursos genéticos. Los indígenas también piensan en la conservación y el aprovechamiento; pero son también muy diferentes las concepciones y la profundidad con que se piensan estos conceptos. Similar sucede con el significado de equidad. Pensamos de diferente manera el valor de las aportaciones de unos y otros; no tenemos un consenso construido al respecto. Incluso sobre la misma idea de recursos genéticos. El Dr. Soberón nos
decía que los recursos genéticos son eso, recursos, y hay que aprovecharlos. Y tenemos poco tiempo para aprovechar esa ventana que abre el comercio mundial. Pero para los pueblos indígenas ¿son recursos o son esencias de la vida, como nos han dicho en muchos foros?. Son cosa sagrada; no se deben de comercializar; no se deben de pensar en términos lucrativos solamente. Y recordémoslo: ellos son los dueños, son los poseedores del recurso. Entonces, tenemos que conjugarnos conceptualmente. Tenemos que buscar la manera de una práctica intercultural, de este reto que tenemos ahora como humanidad. Pero también existen problemas de tipo político. En este caso tenemos rebasado el orden del raciocinio, en mi opinión. Por un lado tenemos que la técnica ha rebasado a la ciencia. Tenemos capacidades aplicativas pero no tenemos capacidades de previsión de qué va a ocurrir después. Y entonces, tenemos un problema porque ya urge la aplicación del recurso genético en la industria para poder satisfacer las necesidades de capitalización de las inversiones hechas por las grandes transnacionales; pero no tenemos todavía claros, desde un punto de vista científico, los efectos en la salud humana o en la biodiversidad. Entonces, no existe un consenso sobre las prioridades que debe adquirir la bioseguridad, por ejemplo, sobre las leyes de acceso. No existe tampoco un consenso sobre el concepto de la moratoria. Hay quien dice que para qué moratoria, y hay quien habla de moratorias de 50 años, de 5 años, según el punto de vista o el análisis que se haga. Ninguno de estos conceptos están tomados sin base alguna. Son tomadas de manera responsable por quienes los hacen. Por lo menos de aquellos que actúan de buena intención. Además, tenemos rebasada la realidad porque tenemos ya en curso políticas públicas que empujan a una apropiación monopólica de los recursos. De manera pujante, de manera acelerada, muy fuerte, muy impositiva. Como decían, tenemos el problema de una privatización generalizada que no sólo es cuestión de los recursos genéticos; nos hablaban que se busca privatizar incluso los recursos del agua, los conocimientos tradicionales, en fin. Pero al mismo tiempo que tenemos este empuje de las políticas económicas, de la expulsión de la gente del campo, políticas de abandono del campo precisamente para que la gente tenga que emigrar. Por ahí nos decía Andrés Barrera, que en la página de la Presidencia existe un Plan Presidencial para que queden dos millones de agricultores en la zona del Istmo. Según lo que nos informó Andrés Barrera, se piensa expulsar a 10 millones de campesinos en la zona del Istmo. Quiere decir que tenemos encima, ya en curso, en marcha, con inversiones concretas, toda una planificación del territorio y la población de la cual no nos han hecho partícipes.
Y todavía no nos ponemos de acuerdo en torno a conceptos fundamentales. Los pueblos indígenas son los principales detentadores de los recursos, son quienes tienen las bases de estructuras conceptuales capaces de oponerse a las dominantes; pero nos informan que tampoco han discutido entre ellos suficientemente el tema ni tampoco es conocido entre los propios pueblos indígenas, los sujetos. Es decir, tenemos una serie de problemas al frente a los cuales tenemos que dar respuesta. Hubo una enorme cantidad de propuestas de acción, que creo que sería muy largo y robaría mucho tiempo repetir. Sería mucho más productivo si entre todos podemos empezar a construir, no importa que repitamos algo que ya hemos dicho o lo remarquemos o lo argumentemos más. Pero, desde las propuestas de Andrés Barrera de no perder de vista el contexto amplio, el gran contexto en el que está ocurriendo todo esto hasta propuestas muy puntuales sobre ir al Senado, revisar e impugnar, en fin. Sería conveniente tener un conocimiento pleno de esta enorme cantidad de convenios, leyes contrapuestas entre sí, algunas muy difusas como el Convenio de Biodiversidad, el Protocolo de Cartagena, los derechos de los agricultores, las semillas, el TRIPS del OMC. O sea, leyes y convenios internacionales que se oponen entre sí también. Algo es cierto, lo que nos decía el compañero de España, Luis, es que esto está en construcción y es algo que estamos construyendo me parece de manera muy apresurada, muy a las prisas, corriendo, todo de una manera desbocada. Y el “latiguito” que nos trae corriendo pues parece ser el interés, los enormes intereses detrás de esto. Ya para dejar este micrófono en manos de ustedes. Yo solamente me pregunto: ¿será que como país tercermundista y vecino al sur de los Estados Unidos de pronto no tenemos la capacidad de erguirnos, no nos concedemos a nosotros mismos la capacidad de erguirnos y poder decir de manera firme algo que consideramos una verdad? Bueno, pues en Europa se discute muy fuertemente ¿no?, incluso hay regiones enteras, países que están viendo declararse libres de transgénicos. Hay compañías comerciales, como Nestlé, que en Europa ha tenido que decir que está libre de transgénicos porque los consumidores de allá le han exigido que las etiquetas digan si el producto contiene transgénicos. Eso es un derecho que tenemos como ciudadanos y consumidores. Pero pareciera que estuviéramos hablando de una palabra imposible. Tenemos que ceder, tenemos que buscar la manera de lograr lo mejor, lo decía uno de los ponentes: “capturar valor de las redes de la verticalidad”. Un concepto que me pareció así como, de repente tuve que ponerme a pensarlo un poco, pero me parece que es un poco esto, es tal vez que nos sentimos sitiados en una posición de
dominados. Tal vez no nos sentimos pares de los que detentan el poder hegemónico mundial. Lo dejo en sus manos, propuestas, y por último ¿este foro debería de pronunciarse de alguna manera? Si es así deberíamos de apartar un poco de tiempo al final para hacer lo que haya que hacer al respecto. Arcelia González En primer lugar, quiero apuntar, jamás pensé que viniera a este foro a aprender tanto. Yo cuando participé en el proyecto, cuando he estado en foros sobre el tema del acceso, de la bioseguridad, creo que el sector de los representantes de los pueblos indígenas no estaba. Recuerdo, por ejemplo en 1999 se hizo, creo, que el primero o no sé si hubo más. Hubo un taller que se llamó “Taller de experiencia mexicana sobre acceso a los recurso genéticos”. De lo que se trató allí fue de ejemplos de proyectos de acceso existentes, como el de ICB-Maya. Y no estaban representantes de comunidades indígenas para que no generaran tanto conflicto y se pudiera llegar a acuerdos. Yo así entendí que los que organizaron el evento habían decidido hacer eso en Chiapas. Entonces, para mí ha sido bastante aleccionador escuchar ahora a los representantes de algunas comunidades, de los pueblos indígenas. Uno puede proponer, “pues yo quisiera”, obviamente partiendo de la idea de escucharlos. O sea, una propuesta de acceso, de compartir beneficios, pero obviamente atendiendo lo que ellos quieran; pero al escucharlos directamente, uno cambia su visión de la propuesta que uno tiene. Entonces, en primer lugar deseo agradecer la invitación a este foro y por lo que he aprendido aquí. Por otro lado, también se dijo en el foro que hemos estado ya en tantos foros, pues ya es un poco cansado, que no se puede llegar a acuerdos. Y digo, ¿cansados de qué?, ¿ de qué estaríamos cansados los académicos?, ¿qué hemos hecho realmente? Yo creo que esto empieza porque no se ha resuelto nada. Y cansados de no ponernos de acuerdo, ¿nosotros nos vamos a poner de acuerdo alrededor de este problema? O sea, los académicos, digo si no hemos contemplado en los foros organizados a comunidades indígenas, por mencionar algunas de las comunidades locales. Entonces, yo creo que, bueno yo no estoy cansada, yo desde mi punto de vista estoy en la mejor disposición de que se me siga invitando si ustedes saben de algún foro, que se siga trabajando sobre esto. Y por otro lado, pasando a los temas de la regulación, el acceso y el compartimiento de beneficios. La idea del proyecto de ley por supuesto que debe ser cuestionada, denunciada, pero yo diría ¿qué no habría de todas formas esa necesidad de regular?. ¿En qué sentido regular? Y aquí quiero aclarar. No quiero
insistir en que necesitamos un proyecto de ley de acceso, por favor. Simplemente el regular implicaría algo como más general, como diciendo ¿cómo podemos proteger el conocimiento de las unidades locales en general?, ¿cómo vamos a regular eso en términos de proteger ese conocimiento?, ¿cómo vamos a regular en términos de proteger nuestras variedades endémicas en peligro de extinción, la diversidad biológica? O sea, el deterioro está sucediendo. Entonces, yo creo que hay que regular, por ejemplo, priorizar el criterio de conservación sobre el criterio de la propiedad intelectual. Decir en una legislación, en una ley o en una política: “esto no se patenta, pero la ley intelectual dice que si cubre con el requisito de novedad se puede patentar”. Bueno, pero el criterio de soberanía alimentaria, el criterio de conservación está sobre el criterio de patentabilidad. Bueno, es un ejemplo de lo que a mí me preocupa cuando hablo de regular. Yo recuerdo que comenté a una compañera bióloga,: “oye, ¿ no deberíamos de proteger nuestras variedades endémicas?” y ella decía: “Arcelia, son tantas que cómo se va a implementar una política proteccionista diciendo no al acceso a variedades endémicas”. Bueno pues, a lo mejor sí. No sé, pero la preocupación por regular toda esta riqueza con la que cuenta el país y en general la región latina, yo creo que sí se debe regular en este sentido de conservar nuestra diversidad biológica ¿no?. Ir obviamente, como Silvia Ribeiro y otras personas han insistido aquí, entendiendo esta directa relación entre la conservación de la diversidad biológica y la forma de vida de los pueblos indígenas. Bueno pues, creo que es todo lo que yo quisiera comentar. Pedro González Quisiera nada más hacer algunos comentarios tomando como base el espacio donde se está llevando a cabo esta reunión, este foro. Yo creo que la academia tiene una alta responsabilidad, en el sentido de que independientemente de los cambios jurídicos en los que se están discutiendo los derechos indígenas, la academia debe cambiar una proyección hacia el trabajo con los pueblos indígenas, hacia la investigación con los pueblos indígenas. ¿Cómo hacer para que conjuntamente la academia en lugar de que vaya a investigar a los pueblos indígenas (y esto se refiere no solamente a los componentes biológicos sino que a otros), en lugar de que los vaya a investigar, pueda investigar, pueda sistematizar junto con los pueblos indígenas? De hecho en la práctica así ha sucedido, cuando en cuestión antropológica los investigadores llegan requieren definitivamente de la intervención, de la información, de los individuos y de los colectivos que viven en esa comunidad. De tal manera que siempre están dando información, dando, uno se atreve a decir, todo el contexto, la
forma organizativa, los conocimientos que existen en esa comunidad. No es el investigador el que descubre por sí sólo todos esos conocimientos. ¿Entonces cómo hacer que efectivamente esto pueda aprovecharse pero en conjunto con los pueblos indígenas y que la academia de alguna manera favorezca, inclusive, el que se consoliden los pueblos?. Porque ¿qué ha sucedido? Tengo un paisano que egresó de esta UAM Xochimilco hace dos años, él es biólogo, y después de estudiar cinco años aquí llegó a la conclusión de que ser mixe no servía para nada. De que el ser mixe había terminado hasta Mitla, porque de Mitla para acá ya no lo había utilizado. Desde luego, llegó a esta conclusión con toda la discriminación que había recibido desde su pertenencia étnica hasta que pudo demostrar que tenía la misma habilidad, la misma capacidad de aprender que tenía que negar su pertenencia étnica. Entonces, yo creo que no solamente es la cuestión jurídica, la cuestión de esta parte del conocimiento, sino de cómo se están dando las relaciones sociales entre indígenas y no indígenas. Y como también las instituciones académicas tienen que jugar un papel importante. Desde luego los propios pueblos indígenas tienen su tarea, porque efectivamente no hay una sistematización, tal vez una forma propia, una metodología propia de cómo sistematizar o mantener una sola información de estos conocimientos que manejan los propios pueblos, de la cuestión biológica, de los recursos naturales. Nosotros tenemos ahí una gran tarea todavía por sistematizar. Claro hay trabajos, investigaciones hechas, pero que esto tiene que ir avanzando mucho más. Gracias. No identificado Bueno. Nada más quisiera muy puntualmente, con base en lo que he escuchado, tratar de dar la visión, desde mi punto de vista como abogado, sobre lo que se puede hacer a este respecto. Lo pongo a su consideración, probablemente sea muy limitativo o probablemente pueda ser útil. Yo creo que se trata a la vez de diseñar una estrategia de movilización e información. También hay que diseñar una estrategia legal porque ya hay la amenaza de una ley que está en el Congreso y que probablemente se pueda aprobar, y ya aprobada nos puede traer muchos perjuicios. Entonces, ¿cómo o cuáles serían las herramientas jurídicas que podríamos utilizar desde este momento? Son las que ahorita se me ocurren. Puede haber más después de un estudio más profundo. Pero lo primero es tratar de llevar a cabo una información sumamente amplia a todas las comunidades, para que tengan en el momento en que se les quiera pasar la voz, la posibilidad de opinar pero ya de manera muy informada. Nos damos cuenta que hay muchas organizaciones indígenas que tienen el conocimiento de los “contra” de esta bioprospección y de
lo que es la bioprospección. Entonces que esto se pueda difundir y creo que es algo que ya se ha tratado en este foro. Luego, el siguiente paso sería solicitar, conforme al Artículo 8 Constitucional y 7 de la OIT, se lleven a cabo las consultas, es decir de manera escrita y que se lleven de la manera en que establece en el Artículo 7 de la OIT. Ustedes van a decir, pues a lo mejor no nos las aceptan o si no nos responden adecuadamente, no se llevan a cabo. Hay la posibilidad de ganar un amparo perfectamente si no se cumple con estos dos artículos. Luego, creo que otra parte, que ya habían comentado aquí, es la asistencia a foros internacionales. Ante esta controversia de la opinión de la ONU respecto de los otros tratados, de los TRIPS, creo que la opinión de la ONU y los acuerdos de derechos humanos recogen mucho de lo que en derecho internacional se llaman normas de Jus cogens, que son las normas internacionales más importantes o los principios jurídicos internacionales de mayor importancia y sobre los cuales se pueden anular los tratados. Bajo la violación a una norma de Jus cogens se puede solicitar la anulación de estos tratados desde la vía internacional y también puede pedirse, desde la vía local, la nulidad de estos tratados. Es un poquito complejo, no es algo que se trata mucho pero un trabajo o una estrategia jurídica debe de contemplar también estos aspectos. Y por último, es la cuestión de acceso a los medios de comunicación. Si bien durante las reformas se dejaron muchas cosas vacías, en la reforma constitucional se dispuso que había que dotar a las comunidades del derecho de tener y gozar de sus propios medios de comunicación. Yo creo que eso es algo esencial que necesitan las comunidades para poder dar a conocer su voz, no sólo a los propios indígenas sino a todo el mundo. Entonces a la fecha se están llevando a cabo consultas sobre las reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y probablemente el año que entra empiecen a trabajar sobre las reformas de la Ley de Radio y Televisión. Este es otro aspecto sumamente importante, que los indígenas y todos aquellos comprometidos con el movimiento indígena pueden apoyar e impulsar: que se lleven a cabo los compromisos institucionales que se admitieron y que pueden ser además de mucha utilidad. Y ya ahora sí por último, esto ya es aparte de la estrategia legal. Hace poquito me pidieron que preparara un tema para un foro de educación, derechos humanos y derechos indígenas. Creo que algo que acaban de plantear y sucede con mucha frecuencia, que la gente que sale de las comunidades y se va a estudiar, muchas veces niega a su comunidad o menosprecia su saber, y esto pasa porque no se reconoce tanto el saber indígena. Yo creo también que en una parte que debemos de trabajar en la materia de educación es la de sistematizar el conocimiento indígena para que se pueda dar una verdadera educación bicultural. Una
educación bicultural; pero no nada más a los indígenas sino a todos, que todos podamos gozar de ese conocimiento. Porque lo que se ha hecho hasta la fecha es decir “¡ah! bueno vamos a traducir la educación occidental en lenguas indígenas” y yo creo que es un error. El saber indígena debe de darse como tal, la visión indígena debe de darse como tal, pues es muy diferente al saber occidental. Y desafortunadamente todos o la mayoría de los mexicanos nos hemos visto privados en la educación del saber indígena, que es parte de nuestra herencia cultural, la cual debíamos de poder gozar. Sin embargo, los programas de educación no lo tienen, carecen de él. Y es por eso que nos cuesta tanto trabajo a los que estudiamos en un sistema así entender cuales son los objetivos, cual es la visón y como ven las cosas los pueblos indígenas. Gracias. Ricardo Garibay Gracias. Más concreto todavía. Una propuesta de la Red sobre todo. Hemos visto que el trabajo es muy concreto, que hay que hacer un plan, una estrategia donde se definan tiempos y actores, hay actividades que se pueden hacer a corto y otras a largo plazo. Y entre los actores están los académicos que tendrán que decir qué necesitan pasarle a las ONG’s de abogados, que están trabajando en los documentos, y de ahí que se pasen a los legisladores, y de ahí que se legisle. Es un proceso muy largo. Y por otro lado están los funcionarios de las dependencias, de las instituciones haciendo también un trabajo importante que deberá aportar a todos estos otros actores. Entonces primero hay que diseñar un plan a corto, mediano y alargo plazo y ver específicamente que le toca a cada parte aportar. Esto puede resultar tan complejo que de repente se menciona que es necesario realizar cambios estructurales y moratorias a toda bioprospección, y tomar en cuenta los Acuerdos de San Andrés. Bueno hay diferencias entre lo deseable y lo posible. Dentro de lo posible vamos a ver que podemos hacer a corto, mediano y largo plazo. Plantea la compañera: ¿qué podemos hacer para conservar los recursos de las comunidades indígenas? Nosotros aquí nada. Mientras las comunidades indígenas no se apropien y no asuman que es de ellas este material biológico y que sólo ellas lo pueden cuidar. Yo me imagino qué le pasaría a un grupo de biólogos si van a hacer colectas a algunas comunidades yaquis que estén perfectamente claras sobre sus derechos de propiedad, a los pueblos mancomunados, a Ixtlán de donde es Gustavo Ramírez o a San Juan Nuevo Parangaricutiro, se los comen vivos, los linchan ahí en la plaza pública.
Mientras la comunidad no asuma que son de ellos los recursos y los demás actores aportemos lo que en nuestro ámbito de competencia nos toca aportar para reforzar todos esos procesos de las comunidades, no se va a lograr mucho. Porque PROFEPA no sirve para nada, porque no tiene gente y porque son las comunidades indígenas las que tienen que cuidar sus recursos. En ese camino hay programas, hay ONG´s, hay financiamientos internacionales que por más criticados que puedan ser, como por ejemplo el Corredor Biológico Mesoaméricano, tienen financiamiento del Banco Mundial, quien lo dirige no tiene nada que ver con el Banco Mundial, o el proyecto COINBIO; los que lo dirigen no tienen nada que ver con los agentes del Banco Mundial. Y están haciendo en el fondo una labor “por debajo del agua” para hacer frente por ejemplo al Plan Puebla- Panamá, que no está aislado que viene junto con el Plan Colombia, a las zonas de mayor biodiversidad, a las zonas de más barata mano de obra y a las zonas de posible insurgencia. Entonces, ¿qué área del país urge atender ahorita? Es el Sureste. Para hacerle frente al Plan Puebla-Panamá. En esa medida están trabajando el Corredor Biológico, el proyecto COINBIO, el PNUDA (el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente), en donde está Porfirio Encino que en la administración de Albores Guillén estaba en la lista de los agitadores peligrosos y ahora es el Secretario de Asuntos Indígenas del gobierno de Chiapas. Y él está colaborando en este proyecto de apoyo a capacitación de estas comunidades. De modo que sin satanizar los proyectos, de repente por más que estén financiados por el Banco Mundial, los actores pueden y están haciendo una labor “por debajo del agua” para hacer frente a estos proyectos que sí son directamente orientados a saquear los recursos de la zona del Sureste. Mi propuesta va hacia allá directamente, a la Red, para incorporarlos en unas propuestas que estamos haciendo con todas estas organizaciones u organismos y proyectos de hacer talleres de planeación participativa, ordenamientos comunitarios. Hay metodologías en donde las comunidades están resultando exitosas porque las comunidades definen las áreas y el uso que quieren darle a cada una de estas áreas. Y partir de esta búsqueda del bien común, que mencionaba Gustavo Ramírez, se están organizando las comunidades y definen qué quieren hacer con cada uno de los recursos que conforman su propio territorio. Ahí hay un vacío que teníamos, en donde podría entrar la Red, si acepta participar. Para explicar muy claramente, de manera didáctica, todo esto que tiene que ver con la bioprospección y las posibilidades y las bondades o sus riesgos o sus peligros, explicar cada uno de estos términos que jurídicamente son muy complicados, tratar de explicarlos claramente para que ellos sepan. Y llegar a explicarles qué legislaciones existen a nivel internacional, nacional, estatal. Y si no existen, recurrir a los estatutos comunitarios que explicaba el compañero ayer, en donde ellos pueden hacer sus propios reglamentos en eso de los recursos. Y estas
experiencias que les contaba de Ayozintepec, en donde les decían hay 60,000 hectáreas allí decretadas por la comunidad de selva virgen que no se van a tocar, no sabemos para que las vamos a usar pero esas por lo pronto no se tocan. Si no hay legislación alguna, la comunidad puede crear la suya propia. Y estos talleres comunitarios están resultando en éxitos y algunos fracasos para que las comunidades asuman el control sobre sus recursos. Independientemente de que existan o no legislaciones o cuando existan, si es que van a existir, se busca que estén reforzadas por una organización interna previa que, y sé que lo que estoy proponiendo no resuelve nada pero sí previene, sí apoya procesos organizativos. Algunos independientes de nosotros están funcionando, la misma gestión de áreas naturales protegidas por comunidades campesinas está teniendo más éxito que los que ha propuesto la Comisión de Áreas Naturales Protegidas, porque son las propias comunidades las que las decretan, las que las cuidan y las que las aprovechan. Y estas formas autogestivas están resultando con mayor éxito. La propuesta de dar estos talleres la estamos compartiendo con cuatro o cinco instituciones, con dos o tres programas de apoyo financiero internacional. Ahí queda mi propuesta para trabajarla después con la Red, haber si se pueden sumar. En cuanto a la propuesta de acceso a los medios que mencionaba el compañero. Hay un convenio firmado hace muy poco entre PROFEPA y el INI, para difundir la legislación ambiental por medio de las radiodifusoras del INI. No abarca todo el país, son algunas radiodifusoras y están siendo sub-aprovechadas porque están dando anuncios de lo que hace PROFEPA, que no es nada. Podemos aprovechar ese espacio con el INI, donde hay gente que está haciendo también una labor de hormiga, para incidir en ella y dar avisos de otro tipo. Dar a conocer este tipo de información sobre el acceso a recursos genéticos y mucha otra información que es necesaria y que PROFEPA no va a dar y que nosotros los que estamos aquí sí podemos dar. Y si no funciona, bueno ya recurriremos a otras, pero ya está la instancia. Diferentes proyectos están sumando esfuerzos para llevarlos a cabo y están haciendo propuestas a los Estados, por ejemplo a Chihuahua. Nos propusieron que los apoyáramos para esto. Diferentes ONG´s que tiene metodologías distintas a la nuestra tratan de hacer talleres. Primero para homogeneizar en cuanto a la metodología de planeación participativa, para que en función de los recursos que se obtengan de todos estos programas, se echen a andar como unidades para llevar a cabo estos ordenamientos comunitarios, de donde surgen planes de manejo, de donde surgen reglamentos comunitarios y en donde por ejemplo gente de Ixtlán está capacitada para dar estos mismos talleres de productor a productor, de campesino a campesino. Y la gente de San Juan Paricutiro, también por ejemplo, ya no serían ONG´s sino serían las mismas comunidades que estarían difundiendo su propia experiencia.
Carlos Ávila Me parece que parte del gran problema que se vive en el país a nivel de las universidades, digamos o de las instituciones de investigación también, es la desvinculación enorme de los investigadores, de los alumnos con esa realidad indígena, con esa realidad de las comunidades campesinas, tal vez en general. Y a mí parece que se ha privilegiado la enseñanza libresca en las universidades. Parece ser la falta de recursos, no hay mucho de salidas al campo. Y esas salidas al campo desde mi punto de vista tendrían que ser a lugares concretos, como la Zona Huichol, como Chiapas, Oaxaca, Veracruz en donde hay lugares muy concretos donde se podría trabajar. La Sierra de Zongolica por ejemplo, es una de las zonas más pobres del país, pero lo que no se hace es salidas, no hay trabajos de campo concretos. A veces los alumnos me dicen: “Oiga, ¿dónde podemos trabajar para que podamos ver si lo que hacemos se refleja en la comunidad?”. Entonces me parece que hay una falta de ese equilibrio entre la educación libresca y lo que tendría que ser la realidad del campo, ¿no?. Para que los alumnos no salgan además super teóricos pero sí se enfrenten a esa realidad junto con los indígenas y campesinos. En ese sentido, me parece que una de las metodologías más interesantes, también decía Ricardo, es la metodología de investigación participativa. Independiente de que después haya metodologías muy puntuales. Esa metodología nos dará la posibilidad de discutir los proyectos con las comunidades, para ver si lo que estamos planteando es correcto. Y bueno les sirve a las comunidades, ¿no?. Algo que pondría como una propuesta muy concreta es revisar los contenidos académicos de cada una de las carreras que están relacionadas con el campo mexicano, es decir que por ejemplo tengan los alumnos claro cuáles son nuestros recursos naturales, por qué tenemos esta mega diversidad en el país, cuáles son las culturas indígenas que existen en el país, cómo manejan los recursos. Los alumnos con los que he tratado al menos no lo saben. A mí me parece increíble que tampoco sepan cómo se defienden los recursos naturales en el país, por qué están aquí esos recursos. Yo creo que es importante eso, pero que lo vayan teniendo en el campo, que platiquen con la gente campesina y con la gente indígena. No está pasando eso y yo creo que la universidad en ese sentido tiene una responsabilidad muy grande. No sólo ella, también las instituciones de investigación. Yo estuve en INIFAB, y INIFAB es un desastre, o sea no hay muestras participativas, no saben ni lo que es. Yo creo que INIFAB es una de las instituciones que debería ser invitada a estos foros. Ahora sí que son las instituciones, querámoslo o no, más importantes que hay en el país que hacen investigación agrícola, pecuaria y forestal, y no están aquí al menos para que vayan
tomando conciencia de que esto existe, de que tienen que hacer algo. A lo mejor tienen que reaccionar un poco, no están aquí y yo creo que es importante que estén. Pasaré a otra cosa rápidamente. Creo en relación con las leyes, que tendrían que hacerse las consultas antes y después de que ya estén elaboradas. Porque por ejemplo, yo he participado en el diseño de la Ley de Desarrollo Rural, pero ya después cuando la vimos, dijimos bueno ¿y dónde está lo que propusimos?. Entonces yo creo que tendría que haber foros de consulta popular antes de hacer las leyes y después de que ya están, como dice ellos, confeccionadas. Para ver si lo que uno propuso se está tomando en cuenta. Ahora, yo también ahí tomaría dos aspectos que me parecen importantes: el Plebiscito y la Iniciativa Popular. Creo que han quedado muy relegados y no se han retomado. Si pudiéramos lograr que estuvieran establecidos legalmente, tal vez otra cosa sería con respecto de las leyes que nos quieren de repente imponer. Gerardo González Gracias. Tengo tres propuestas muy puntuales. Creo que debe de ir la Red junto con el Congreso Nacional Indígena a hablar con el CONACYT y con las universidades y centros de investigación regionales [...fin de un casete...]. Que la gente de las localidades pueda participar en los proyectos de investigación y que se informen y socialicen los resultados tomando como base la lengua de la región. Y en otro sentido, buscar que se generen y se gestionen proyectos que respondan a las necesidades expresadas por los pueblos. Creo que eso puede ser muy exitoso y muy pragmático y muy de inmediato. Ir y hablar con las autoridades.
Y la última es anunciar que desde el ECOSUR, y ese es uno de los puentes que estamos tejiendo, estamos preparando un foro, segundo foro, que visualizamos como “Comunidad Académica y Relación con Pueblos Indígenas”. Y pues están invitados, todavía no tenemos fecha. De hecho lo tenemos que hacer como etapas distintas, que vaya tocando las distintas temáticas de investigación que nosotros tocamos para que la comunidad se sienta involucrada. Y bueno, pues yo creo que ahí en esos espacios que vamos haciendo desde la universidades y los centros de investigación pues hay que ir y empezar a restablecer ese diálogo. Gracias. No identificado
Estimados amigos. No volvamos a cometer el error de intentar descubrir el “hilo negro” y el “consomé de pollo”. Hay muchísimos trabajos tanto de Naciones Unidas como de organismos de la sociedad civil que han hecho estudios profundos, la mayor parte de ellos sobre estos problemas y han llegado a conclusiones. Yo quisiera poner un ejemplo muy interesante, porque sus problemas son inclusive mayores que los nuestros. Alguien, que no se ha logrado saber quien, denunció en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a Finlandia, señalándola como violadora de los derechos humanos de unos pueblos de Finlandia, conocidos con el nombre genérico de lapones, pero especialmente a uno de ellos que se llama el pueblo same. La denuncia en torno a la violación de los derechos humanos de los sames señalaba que se les había despojado de las propiedades de los bosques; que se les evitaba el acceso a las ciudades; que no se les tomaba en cuenta y que se les discriminaba en todos sentidos. De esa denuncia resultó una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos dirigida a la Asamblea General de Naciones Unidas que le envió una recomendación al gobierno finlandés. El gobierno finlandés la expidió, la puso en práctica y después de cinco años es el único país del mundo que ha recibido una felicitación de Naciones Unidas por el cumplimiento en sus recomendaciones en materia de derechos humanos. El problema del pueblo same es muy curioso, porque son unos pueblos nómadas que viven de la explotación de los rebaños de renos. Entonces los siguen a lo largo del año desde el Círculo Polar Ártico a donde se van en tiempo de verano hasta la frontera por la antigua Estonia, Letonia, parte de Suecia y parte de Noruega. Pero ellos se reconocen finlandeses a pesar de que algunos de ellos son de otros orígenes (gitanos, judíos), pero ya adoptaron todos las costumbres finlandesas. Hablan finlandés, pero además tienen su idioma propio. Después de tres años de estudio se nombró una comisión que recomendó al Parlamento de Finlandia la aprobación de una serie de medidas que cubren prácticamente todo lo que aquí se ha hablado: el derecho a sus bosques, a sus aguas, a sus ríos, a su independencia política, a tener una lengua propia, a que no se pueda hacer nada que afecte a los pueblos sames sin considerar previamente su opinión; el establecimiento de juzgados especiales donde haya traductores de las lenguas sames al finlandés; la obligatoriedad de reconocer sus derechos en todo sentido, inclusive el derecho a la ciudadanía finlandesa, sea donde sea que se ubiquen, en el Círculo Polar Ártico o en países extranjeros. La iniciativa tuvo tal arraigo en el pueblo finlandés, que después hizo modificaciones a su legislación totalmente de acuerdo con las
recomendaciones de la comisión nombrada. Se establecieron escuelas en la lengua same, libros, traductores, hasta un himno nacional en idioma same. El asunto llegó a extremos muy interesantes. Ya con el ambiente favorable a los derechos humanos se llegó a que en la legislación, en la constitución finlandesa se otorgue la ciudadanía automáticamente a todo extranjero que tenga más de cinco años de vivir, incluyendo el derecho a votar, partiendo de la base de que si un extranjero vive en Finlandia cinco años cuando menos, ya conoce todos los problemas que le afectan a él y a su familia y tiene el derecho a votar. Creo que esto podemos tomarlo como base y utilizarlo para ciertos estudios. Pasando a otro punto, creo que lo más interesante es lograr la suficiente opinión pública, la suficiente presión política y civil para que nuestras opiniones sean escuchadas en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. Y que sería conveniente buscar aliados. Yo me comprometo a buscar aliados en sindicatos, en organizaciones de la sociedad civil no utilitarias y claro que a esto tenemos que corresponder también con solidaridad. Pongo el caso del Sindicato de Electricistas que tiene formado un frente contra la privatización de la industria eléctrica. Yo soy asesor del sindicato en este aspecto ya que tuve la oportunidad, siendo todavía alumno, de colaborar invitado por el presidente de la Comisión respectiva a formar parte de la Comisión para la Defensa y Nacionalización de la Industria Eléctrica, hace ya 50 años. Y tuvimos éxito y se nacionalizó la industria eléctrica que estaba en manos de extranjeros. Entonces con ese antecedente yo no puedo estar a favor de la privatización y asesoro al sindicato precisamente en su defensa contra la privatización. Yo me comprometo a obtener el respaldo del sindicato de electricistas, de otros sindicatos y organizaciones para que haya una suficiente presión sobre el Senado y nos escuche y sobre todo que atienda a nuestras sugestiones y peticiones. Gracias. Claudia Gómez Sobre la propuesta o sobre los que demandan hacia la RAADPI, yo creo que en principio podemos decir que sí, siempre y cuando sean propuestas que ..., bueno, lo vamos a consultar con los demás compañeros viendo las posibilidades reales que tenemos de cumplir. Quienes nos conocen saben que somos una organización chiquita y joven. Entonces, igual, lo que podemos hacer lo vamos a hacer siempre y cuando sea en beneficio de derechos los pueblos, y siempre y cuando tengamos el
aval y el apoyo del movimiento indígena y de los pueblos a los que acompañamos. Y ciertamente, yo he encontrado en el foro muchísimos retos que ya habíamos trabajado en la Red en otros espacios. Nunca habíamos tenido la oportunidad de escuchar algunas de las posiciones que se dieron en estos días. Y me imagino que del foro salimos más enriquecidos de escuchar la palabra de gente de los pueblos indígenas, de la comunidad científica que nunca habíamos tenido la oportunidad de escuchar. Y nos son importantes esos nuevos puentes que se están tendiendo. Creo que sí hay muchos retos en el tema para los abogados, no sólo para la RAADPI porque tampoco hemos pretendido monopolizar y ser los abogados que defienden los intereses de los indígenas en todo el país. Sabemos que somos una organización más de los muchos abogados que están trabajando el tema y con los que esperamos seguir colaborando. Creo que hay cinco retos para nosotros a trabajar en el corto y mediano plazo. Uno es ciertamente poner en palabras más sencillas esta información que luego parece ser demasiado científica y jurídica, ponerla en palabras como más sencillas para que pueda ser comprendida más fácilmente por la gente, para el movimiento y la sociedad en general. Segundo, se hace necesario un estudio o un grupo de trabajo que haga un análisis de la legislación tanto nacional como internacional. De repente escuchamos dentro de las ponencias a quienes decían: “no hay legislación; sí hay legislación; hay legislación limitada; hay pero no hay”. Entonces, el reto es recopilar, encontrar cuál es la legislación que realmente favorece a los pueblos indígenas o que puede ser utilizada por los pueblos indígenas. Por ejemplo, Larson planteaba si eso es inconstitucional o no, o no sé. Ese análisis que va más allá de la compilación, pero decir si eso sirve o puede ser utilizado para los pueblos, y que va unido a pensar la Ley de Acceso. La Ley de Acceso está ahí y falta la opinión de gente que se supone que sabe un poquito de derecho, para decir si es completa o no es completa y todo esto. Y sobre todo poner énfasis en saber que cualquier ley, si no está acompañada por la reforma grande que están esperando los pueblos indígenas o que demandan los pueblos indígenas no va ser válida. Eso creo que sí nos tiene que quedar claro y me imagino que es casi un consenso. Si no hay derechos fundamentales no puede haber avances, pero está el Convenio 169 que habla de la consulta y entonces falta poner en la mesa de la discusión que significaría para la Ley de Acceso que hubiera consulta. Está en el derecho, en el Convenio 169 que es ley vigente, lo que es una consulta verdadera. Y eso debemos decírselo a quién esté tratando de aprobar ya esta Ley de Acceso. Porque sabemos que lo van a hacer pues. Si
no metemos las manos, si no empezamos a hacer cosas ellos las van a hacer. Lo hicieron con la reforma indígena. Otro asunto que me parece que está ahí, y del que igual se habló poco, es como diseñar estrategias jurídicas de mano de las estrategias políticas, un poco lo que está haciendo ahora el movimiento indígena con las controversias. Lo que nos platicaron fue que la mayoría de los casos de proyectos de bioprospección se han parado, se han hecho desde lo político; pero también hay experiencias jurídicas, por ejemplo UNAM-Diversa se paró con una estrategia jurídica. Lo hizo la COICA en la Oficina de Patentes de Estados Unidos. No sé o sea, falta buscar también cómo fortalecer esa estrategia que es política, que es de confrontación con estrategias en los tribunales. Y por último, yo sí creo que tenemos que pensar formas de protección, o sea, si bien estamos hablando de la ley y de la moratoria, ¿qué sobre el derecho a la información?, ¿qué hay sobre el decir no y más allá del decir no?, ¿es o no es posible la idea ésta de las marcas colectivas?, ¿y si el registro público puede ser una alternativa?, ¿o si podríamos pensar que los científicos apoyen la elaboración de colecciones comunitarias? Que se queden en las comunidades pero al mismo tiempo sirvan a los pueblos. Hay finalmente un reto grande –creo– para el Congreso Nacional Indígena, para el movimiento indígena. Ya lo decía Aldo, es esta búsqueda de aliados que pueden estar en los lugares en que hace algunos años no nos imaginábamos que podíamos encontrarlos, o sea aliados en el gobierno. Eso hace algunos años igual sonaba loquísimo, eso no iba a ser posible. Pero ahora igual sí hay gente en el gobierno que pueden ser o en lo científico que pueden ser aliados al movimiento. Silvia Ribeiro Yo quería retomar algunas cosas que me parece que algunas veces fueron como consensuadas. Una cosa que tengo entendido apareció en la discusión de ayer, que yo no estaba en la mañana, es proponer desde este taller que México ratifique el Protocolo de Cartagena. Si no se ha sugerido, propongo que se considere. Haber si eso es una posibilidad de conclusión de este seminario o sea una recomendación en este sentido. Otra, ratificar el nuevo Tratado, éste que se llama de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura, en el que por otra parte México ha tenido una participación bastante activa, o sea no debería ser algo terriblemente controversial para México, pero quien sabe. Acá como la gente no conoce el Tratado, no sé si eso es, pero bueno, es una propuesta.
Con respecto por ejemplo a la Ley de Acceso que se está discutiendo y relacionado al tema de la moratoria, que se ha hablado varias veces. O sea, si acá hay alguien que puede poner en práctica la moratoria, es la SEMARNAT, porque es la SEMARNAT la que da los permisos. Yo creo, acá han habido, porque me los he encontrado, además de la intervención interesante de Ricardo Garibay ayer, ha habido varias personas que han hablado desde la SEMARNAT y ojalá que recojan acá lo que se ha planteado. Veamos la moratoria no como una cuestión de parálisis, sino en el sentido de que sí se necesita de una discusión mucho más amplia en un montón de temas. Con respecto a la Ley de acceso presentada en el Senado, yo pienso que como mínimo habría que destacar que hay una preocupación bastante grande con respecto a su actual contenido. Y lo vinculo a la moratoria, en el sentido de que es un tema que no ha sido discutido, que entra como una iniciativa de ley y que, bueno, ha pasado “desapercibido”. Y entonces, de pronto mañana vemos que hay una ley aprobada que nadie vio. ¡Cuidado!, por un lado hay una gran discusión, yo diría que hay una discusión amplia, no sé si enorme, pero una discusión y preocupación amplia con respecto a temas muy relacionados, y por otro lado hay una ley que se está discutiendo sin que haya ninguna conexión. Por ejemplo en el caso de UNAM-Diversa, la PROFEPA dio recomendaciones que tuvieron efecto; no es que la PROFEPA haya cancelado el proyecto, pero sus declaraciones tuvieron el efecto de cancelar UNAM-Diversa. Una de las recomendaciones era que se recogiera el tema de consulta amplia. En ese sentido, nada más yo digo, es bastante preocupante que nos hagan preguntas formales. Porque si mañana se llama a tres foros, uno en el D.F, uno en el norte y otro en el sur, y se pide que vengan todos los que puedan, pues no sé, en lo personal yo no considero que eso es una consulta. Es como un llano ventilar opiniones. O sea una consulta es cuando la gente dispone de la información primero y puede ir sabiendo lo que va a hablar ¿no?. Entonces, eso requiere un cierto proceso. Después quiero, también recogiendo cosas que ya se señalaron. Por un lado, se ha nombrado en repetidas ocasiones el tema de la contaminación de maíz transgénico, de maíces nativos; Greenpeace, Aldo, y otros hablaron del caso de la Sierra Norte de Oaxaca. Es grave, porque el maíz posiblemente es uno de los recursos más valiosos de México. O sea, no se puede separar de la discusión que nosotros estamos teniendo con respecto al riesgo que corre ese recurso. Entonces en ese sentido, si no es recomendación de todo el taller, por lo menos que se tome en cuenta que ha habido muchas voces de preocupación con respecto a la necesidad de un plan emergente para cortar
las fuentes de contaminación, o sea de investigación y de corte de las fuentes de contaminación y de saber hasta donde ese recurso está contaminado en todo el resto de México, como también se encontró en Puebla y Guanajuato. En ese sentido, también ayer Aldo, no sé si lo pensaba decir más tarde, Aldo habló de un helicóptero tirando maíz en la Sierra Norte de Oaxaca. Entonces eso sí, me parecería que por lo menos como recomendación de este taller debería de salir un comunicado fuerte para que se investigue sobre ello y que se haga en forma también urgente. O sea ¿qué significado tiene eso?, ¿qué se está haciendo?. Después hay otras cosas que quiero nombrar, aunque ha habido varias propuestas, no sé si pueda salir así como cosa del taller. Hace dos semanas estuve en la Reunión Internacional del Sistema de Investigación Agrícola Público Internacional y del CEYIAR, en el cual participan CIMMYT (uno de los 18 centros mundiales) e INIFAT. Uno de los temas centrales es justamente el de la investigación participativa, porque de hecho ni el sistema CEYIAR en general ni tampoco el INIFAT para nada la practican; pero algunos centros han hecho estudios y encontraron por ejemplo una diferencia muy grande entre lo que quiere el investigador y las comunidades, o lo que la mayoría de los investigadores entienden por investigación participativa es decir, las instituciones de investigación o el investigador tienen un proyecto van y se lo presentan a las comunidades. Pero la verdad es al revés, o sea se debería partir de preguntarle a las comunidades ¿qué quieren?, ¿qué necesitan que se investigue?, ¿a dónde tienen sus problemas? O sea, haber si investigamos en ese sentido. ¿Se entiende? Hay una diferencia bastante grande. Por lo menos nosotros vemos bastante positivo, que ECOSUR por ejemplo, se abra a ese tipo de investigación ¿no?. Pero les quería decir esto, porque hay un proyecto piloto para todo el mundo de ver si funciona la investigación participativa, e incluye a México y Centroamérica, y está coordinado por el señor Jesús Moncada de INIFAT. Entonces, ¿cuándo han oído hablar de este proyecto? ¿Nunca? Bueno, los demás tampoco. Entonces, de todas maneras ya se hizo una reunión y se hizo en México, en el D.F. Lo estoy diciendo, aunque no lo dije antes, porque ha habido una reunión de ONG’s dedicadas al desarrollo rural y organizaciones campesinas de todos los países. El único que no asistió fue México, aunque hubiera estado representado por UNORCA pero tuvieron dificultades y no fueron, pero estaban invitados. Y hay una declaración que se hizo en Costa Rica, hace dos meses, hablando de este tema, diciendo que “ya no queremos que los INIFAT de América Central y de México y en general el sistema público de
investigación agrícola sigan investigando lo que quieran sino que queremos participar de eso”. Y bueno ese documento yo se los voy a poner a disposición, por los menos a los organizadores, porque aquí no lo tengo pero para que lo circulen o lo que sea, se llama “La Declaración de Guasimo”, eso fue en Costa Rica y es de hace dos meses. Y el último punto, les recuerdo que México en este momento, según tengo entendido, sigue a cargo del tema de propiedad intelectual del Grupo de Trabajo sobre Propiedad Intelectual en la Organización Mundial de Comercio. Ese fue un nombramiento de hace tres días o cuatro, al momento que nombraron a Derbez (Secretario de Economía). África que tiene una posición como continente a partir de la Organización de la Unidad Africana, que son no sé cuantos países de África, África y la India lo lamentaron, dijeron “¡ay que horror que México quede en ese grupo!” o sea, fue un poco vergonzoso digo. Entonces la Organización de la Unidad Africana, por ejemplo, está proponiendo que haya una clara declaratoria de que la OMC no puede pasar, con su sistema de patentes, por arriba del derecho a la alimentación y a la salud básica de las poblaciones. Entonces tiene una posición a nivel de gobiernos de África, incluso tiene una ley modelo de acceso relativamente interesante. Yo no coincido con todo lo que dice pero de lo que circula por ahí es lo más interesante. El Grupo Africano de todas maneras está así como desolado de que México estuviera ahí. Creo que nada más es como para seguir diciendo del tema que: “¿está México al frente de esto?”. Prácticamente la mayoría de los países, por lo menos del Sureste Asiático y de África, están pidiendo que los TRIPS se saquen del Acuerdo de la Organización Mundial de Comercio, y México en este momento tiene la coordinación del tema. O sea que es un punto de, digámoslo así, posible presión. Moderador Antes de pasar a lo siguiente ¿qué piensan ustedes? ¿El foro se manifiesta? Porque tendríamos que tomar consensos sobre, por ejemplo, algunas propuestas que sí ha hecho ahora. Participante no identificado Yo tengo una propuesta directa a los funcionarios de gobierno, es una pregunta. No sé, tú eres el único funcionario ahorita, a sí, el alto funcionario. Tú eres de SEMARNAT ¿no?. No sé ¿hay otro más? No. Bueno hay varios. Entonces mi pregunta es en este momento a ustedes como representantes y parte fundamental del gobierno.
Entonces, lo que yo he escuchado es que hay falta de voluntad política; por eso mismo no se cumple. Si se hubiera respetado el 169 no hubiera habido Acuerdo de San Andrés, no existiría este foro si realmente se hubieran respetado esos acuerdos. Coincido totalmente en lo que dijo el señor ¿no?. Por eso propongo también continuar con esa declaratoria, él ya hizo una propuesta directa de generar quorum. Yo les decía generar mesas de trabajo y que esto trascienda ¿no?. Él ya propuso. Por un lado, yo desconfío ahorita de las propuestas que venías haciendo ¿no?. Porque por un lado se proponen talleres, educación ambiental, la supuesta sustentabilidad; por otro lado, las políticas macro, el fomento de las privatizaciones, el libre mercado. Entonces, a mí se me hace un engaño. Es como si viniera un alto funcionario a inaugurar este foro ¿no?. Y así pasó ¿no?. Por eso yo me sentí ofendido. A mí me hubiera gustado que estuvieran todos los funcionarios que se quedaron y que viéramos si realmente se puede trascender en que se respeten estos acuerdos. Ustedes como gobierno ¿cómo nos pueden ayudar a que se respeten estas propuestas?. No nada más la 169, sino la agenda 21 que se firmó en Río y todos los convenios sobre sustentabilidad y derechos indígenas. Es decir, por un lado firman convenios y por otro lado no los cumplen y tratan de resanar con otras políticas y eso no es ir a la raíz y es dar vueltas sobre lo mismo. Yo decía que ya llevaba muchos foros de éstos, en este mismo salón se habló sobre políticas y sustentabilidad, lo “mismito”, pasó un año y sigo comiendo cosas transgénicas todos los días, la “Maseca”. Entonces eso se me hace contradictorio, y quiero decir ¿hay posibilidades de que ustedes ejerzan presión ante sus jefes o los corren, no hay libertad de presión?, que sé yo, ¿hay posibilidad?, si no es dar vuelta y no tener sentido. Aquí hay propuestas, él empezó una declaratoria, yo creo que hay que seguirla e incluirle puntos ya directamente, mejorarla, quizá que quede como borrador, mandársela a todos los que faltan porque hay gente muy “pesada”, que falta gente del gobierno, el director del INE se quedó todo el día y él dice que nada más viene a oír. Yo ya me cansé de oír y yo lo veo más grande que yo, entonces yo supongo que él ya ha oído mucho más. Entonces yo quiero propuestas concretas. ¿Se puede o no se puede? Porque yo ya no creo, por un lado fomentar talleres, convocar a las ONG´s y por otro lado... Pues no, yo ya realmente no tengo confianza. Entonces, es lo que yo propongo, empezar ¿no?. Antonio Candelario (Palabras en idioma indígena desconocido). Buenas noches a todos. Le agradezco a la UAM Unidad Xochimilco en cuanto a conversaciones que se está haciendo acerca de los recursos genéticos, en cuanto a derechos de los
pueblos indígenas. De alguna manera yo noto dos cosas allí. Espero que todos ustedes como funcionarios, académicos y otros les quede bien claro. ¿qué quiero decir con esto? Dos cosas que pueden ser un bien y un mal, es decir, cosas negativas y positivas. Todo esto está entre la humanidad y entre nosotros ¿sí?. Cuando queremos servirnos unos a los otros en cosas positivas, si es que así queremos, lo vamos a hacer. ¿Y si no? En lo que noto, algunos hablan cosas claras y algunos no. Ahí está el detalle yo pienso, no sé. Bueno, en lo que se ha hablado en recursos genéticos, hablando por ese lado, desde hace 504 años hemos resistido como pueblos indígenas. Desde ese entonces, de donde éramos nos hemos ido arrinconando hasta ahorita de donde somos como pueblos indígenas. Ahora, ustedes saben que ahí se cuenta con un valor, pueden ser muchos valores, por conocimiento, ese espíritu, esa fuerza, esa mentalidad, pues ¿qué quiero decir con esto? Pues, esa fuerza para mí es como ley que se tiene en ese rincón. Ahora, aunque no la tenemos escrita y compuesta en cuanto alcanza la civilización, pero hablando sobre esto ¿qué pasa ahí?. El mismo gobierno que según ha reglamentado sus leyes y ¿qué pasa últimamente?. A veces pisotea “x” cosas por ahí. Lo he notado yo. En una ocasión en cuanto los pueblos indígenas promovieron el que hoy es CNI, ahí se notaba, desde esta conquista nos han arrancado la rama, nos han cortado nuestro fruto hasta ahorita, no queremos que nos la arranquen nuestras raíces. Pero lo que estoy notando ahora, nos persiguen siempre en todos los rincones ¿por qué?, ¿con qué intención lo hacen señores? Entonces y lo digo, no sé si me entendieron pero de todas maneras se vale hablar pues. Gracias. Alejandra Rabasa, Asesora Legal, SEMARNAT Quiero traer aquí un tema que creo que se ha hablado, por ejemplo por Claudia para los abogados, de estrategias jurídicas en este tema. Creo que estoy de acuerdo en que es fundamental encontrar definiciones, conceptos, tratados, leyes en lo sustantivo pero también me parece que no se puede hablar de un acceso a la justicia si no tenemos las acciones procesales para hacer valer los derechos que se reconozcan en lo sustantivo. Es como el derecho a un medio ambiente adecuado, que en 1999 se metió al Artículo 4 de la Constitución, pero queda como una declaración de buena voluntad o de principio ético que no se puede reclamar en la práctica. Entonces no existe el derecho al medio ambiente adecuado. Y a mí me da miedo muchas veces que con estos temas pase lo mismo y no se puedan aterrizar, y se adopten compromisos para cumplir con la tendencia internacional o con compromisos que se asumen hacia fuera, pero
que los verdaderos interesados y afectados no van a poder hacer exigibles en su vida diaria. Por ejemplo, un obstáculo serio que yo veo en materia de derecho ambiental y de derechos indígenas, entendidos como derechos colectivos, territoriales, es que ahora en nuestro sistema jurídico, el esquema procesal es totalmente individualista. Y la Corte piensa que sólo tiene interés jurídico el que puede demostrar una afectación exclusiva, actual y directa, lo que nunca se va a poder demostrar en materia ambiental o cuando estamos hablando de ya la defensa procesal de derechos de toda una comunidad o de derechos que no son cuantificables patrimonialmente hablando con claridad como el suelo, el agua, los recursos naturales, etc. Entonces, creo que hay hablar un poquito de lo que se tiene. ¿No sé si los compañeros lo conozcan? Si no, bueno no sólo quiero platicar de eso, si no ofrecer toda la ayuda que yo pueda dar. Así como ya un mecanismo que existe ahorita: el recurso de revisión colectivo de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, del Artículo 180, que permite a las personas físicas y morales de las comunidades afectadas por obras o actividades que atenten contra el medio ambiente y los recursos naturales, participar pero no a través de una recomendación o de cartas al Senado, sino de una manera procesal directa, presentando los procedimientos administrativos ante la Secretaría. Y también pienso que sería importante, además del seguimiento que se dé a los tratados internacionales específicos de la materia, por ejemplo, darle seguimiento a las reformas de la Ley de Amparo, que está en el Congreso, porque ya se abre el concepto de interés jurídico al interés legítimo. Creo que esa podría ser otra vía para la defensa de los derechos relacionados con la tutela colectiva de recursos naturales, y creo que también sería un punto importante de presión en el Senado. Gracias. Alberto Aldama, SEMARNAT Buenas tardes. Debido a mi trabajo, funjo de enlace con el Senado. He escuchado mucho de la iniciativa, que si está muy apresurada, que esto y que lo otro, y también como desconocimiento al Senado en sus funciones. Yo quisiera enmarcar aquí un poco el asunto dentro de la reforma que se hizo a la Ley General del Equilibrio Ecológico. Sí se incluyó el tema de acceso a recursos genéticos en el 87-y el 87-Bis, también forma parte de una modificación a los delitos ambientales precisamente protegiendo un poco el acceso del saqueo. Hay una parte ahí que se sanciona como delito a aquél que se lleve los recursos genéticos. Entonces esa parte, esas reformas salieron del Senado y pues un poco ahí por no desacreditar tanto a esta institución. Y bueno, si bien se decía de los convenios y los tratados y todo
lo referente a materia ambiental, bueno pues también se reflejan muchos principios ahí en esas reformas del 96. Si no fueron las mejores, bueno si abre un poco la participación social a comunidades entre otros temas que en este caso sería el de acceso ¿no?. Otra vez regresando a lo de la iniciativa de Acceso a Recursos Genéticos, no estuvo bajo presión de ninguna organización internacional, de organizaciones farmacéuticas o de esta índole. Tuvo un inicio bien intencionado; se hicieron varios foros en los que estuvieron muchos expertos en la materia. Yo estoy aquí viendo mucha gente nueva que en ese entonces todavía no participaba dentro de las discusiones en torno al acceso. Y bueno se retomó lo propuesto, si bien muchas cuestiones que se han venido alegando en las reuniones internacionales de la CBD no quedaron perfectamente acabadas, el fin era ponerlo a discusión, ponerlo a consenso, ponerlo a hacer los foros que lamentablemente nunca se llegaron a dar. Se están dando, que bueno, y yo espero que éste no sea de los últimos sino que se siga discutiendo el tema. ¡Que bueno que se están integrando muchas organizaciones, mucha gente nueva que aporte a este tema! Sí es muy complejo para la cuestión jurídica tratar de bajar todos estos conceptos en un derecho nacional. Si bien es muy complicado, como lo estaba comentando la compañera, reconocer los derechos colectivos, si bien la reforma de la Constitución hace poco en materia de los derechos indígenas, si quizás no fue la mejor, hay que actuar con más presión de todas las organizaciones para ser escuchados en esta materia. Bueno, me estaba refiriendo a la Ley de Acceso, ya me estoy desviando un poco, voy a tratar de ir puntualizando. Participante no identificado ¿Tú por qué piensas que el gobierno no cumplió el 169? Alberto Aldama, SEMARNAT Yo tendría mucho cuidado al estar mencionado tratados internacionales, si no se sabe bien el fondo a qué nos llevan. Yo también lo tengo, lo conozco. Hubo uno anterior que abordaba el tema del acceso. No se llegó a lo referido, a lo principal; su contenido se desvío un poco, quedó el 169. Yo estaría muy reservado al invocarlos, porque si los pueblos indígenas están pidiendo autonomía, sería delicado tratar de invocar un tratado internacional que afecta a la soberanía.
Moderador
Haber, yo les pediría que no se haga una polémica entre dos. Que lo dejes terminar. Y que siga quien sigue, por favor. Alberto Aldama, SEMARNAT Si quiere luego podemos platicar. En cuanto a los estudios que estaba mencionando la compañera, ya se hicieron. Se hicieron varios estudios de derecho comparado en varios países. Está la compilación. Como les estaba mencionando, hay que tener información, yo me comprometo a entregarlo si es para bien de la sociedad para los que estamos aquí presentes y para el que guste. Está abierto, bueno, este es un trabajo, no está concluido. Pueden venir más elementos para construir una nueva legislación, ¡y bienvenidos!, ¿no?. En otra recomendación que va directamente al Senado y a la ratificación del Protocolo de Cartagena, yo creo que sí es fundamental. Otra recomendación sería la de abrirlo a discusión nacional y pues quisiera seguir platicando pero bueno creo que ya está muy colgado el tiempo. Gracias. Moderador Las últimas intervenciones para poder cerrar. Licenciada Robles Bueno yo creo que ya sería pensar en propuestas de acciones concretas que pudieran salir de este foro. Y yo pensaba, se me hace muy interesante esta propuesta de Claudia y creo que se complementa con lo que decía Silvia, las cuestiones de acciones políticas y jurídicas. Y en cuanto a acciones, yo creo que este foro se trata de acceso a los recursos genéticos de los pueblos indígenas y hemos yo creo hablado muy poco de eso ¿no?. Por lo menos ahorita al final se ha pensado en acciones políticas, jurídicas pero ¿y los pueblos indígenas qué? Bueno esta reflexión así como se está dando aquí con académicos, pueblos indígenas, instituciones del gobierno y no se tiene que dar en las regiones, con la gente de base, no solamente con las comunidades sino con la gente que diario está viviendo allá en la selva, en la sierra, en el desierto y que ellos empiecen a reflexionar sobre el tema ¿no?, y que puedan defenderse después o puedan decidir informadamente. Entonces, yo creo que debemos de pensar si realmente estamos interesados en hacer algo, pues que los académicos a lo mejor ... no sé, que piensen en alguna manera de hacer llegar la información que producen a las comunidades, de reflexionar con ellas, de hacer foros en las regiones y acercarnos a las
organizaciones indígenas como el CNI, la ANIPA, no sé. Pero acercarnos y juntos hacer acciones, irnos a las regiones y no solamente hacer los Foros en las ciudades, pues cuanta gente de las comunidades pudo venir a este foro, ¿no?, entonces eso creo que podría hacerse.
Y pues también es conveniente comenzar a compartir información y buscar la manera de acercarse al CNI y a las otras organizaciones, pero realmente hacerlo ¿no?. Hay una asamblea del CNI en los próximos días. Se puede mandar una propuesta para que ellos la reflexionen ahí, porque igual hay gente aquí del CNI, pues ellos lo saben, lo sabe la gente de CNI pero hay muchísima gente a la cual es difícil llegar ¿no?. Hay que pensar en eso.
Maestra Díaz Romo Y como una propuesta de acción social yo me pregunto si se podría empezar a hablar en términos de un medio ambiente consuetudinario, así como se habla del derecho consuetudinario, porque ellos tienen sus propias formas de regirse y gobernarse y se habla de eso ¿por qué no hablar de un medio ambiente consuetudinario? Porque da la casualidad [se termina el casete]. Quiere decir que los pueblos indígenas han sabido conservar el ambiente, que lo han sabido proteger. Entonces propongo darles ese derecho a tener, a decir como han hecho un medio ambiente consuetudinario. Y no seguir con nuestras imposiciones desde acá. Paul Hersch Creo que este foro es parte de un proceso. Creo que el proceso pertenece a un movimiento indígena, y sin tratar de darle una prescripción –no soy quien– creo que el movimiento indígena o el CNI debiera de tomar este foro como su foro, convocarlo, orientarlo y retomarlo en función de sus prioridades.
En este sentido, desde mi poca experiencia marcada por fracasos y algunas posibilidades en el campo de la investigación semi-participativa o en la gestión sanitaria municipal con organizaciones campesinas en el Sur del estado de Puebla o en la cuenca del río Balsas, yo lo que puedo aportar es información, datos que van desde casos concretos en torno a lo que pasa con las patentes hasta datos concretos sobre la flora medicinal y su potencial; también puedo aportar vinculaciones con otras redes.
Hubo un investigador de la Facultad de Ciencias; plantó una ponencia muy sólida sobre este tema; la mitad del auditorio se salió; los que nos quedamos y algunos otros planteamos que este era un problema importantísimo. Esta red no está conectada con aquella, entonces yo lo que puedo aportar es información y
vinculaciones para nutrir al eje de este asunto y el eje no es académico, discúlpenme. Yo creo que de la academia no vamos a esperar muchísimo. Son los procesos sociales los que transforman en esta sala. Se ha hablado de estos temas de hace 25 años. Yo creo, sin idealizar tampoco, que la academia necesita orientación y educación del proceso social indígena, y lo estamos viviendo todos los días. Entonces yo propongo que el eje de ese proceso sea retomado y yo me comprometo a brindar datos y vinculaciones, gracias.
Adriana Caudillo de CERPAC
Bueno, lo que pasa es que yo tengo una duda que me atormenta. No sé si ya hablaron sobre este tema; pero desde la legislatura pasada, desde finales de la 57 legislatura, salió una iniciativa de Ley de Bioseguridad, de hecho se llama así. En este momento se está retomando esa iniciativa de ley en la Cámara de Diputados, se está revisando al interior de las comisiones y se está tratando de llegar a un consenso dentro de los grupos parlamentarios. Entonces, como yo no he oído que esta iniciativa de ley se mencione, pues creo que es una cuestión muy importante; es crucial que se le dé un seguimiento a esa iniciativa, porque además al parecer se están haciendo cambios con respecto a la iniciativa original de la 57 legislatura, los cuales justamente van a afectar todo este asunto del acceso a recursos genéticos y demás. Entonces, me parece que también sería importante incluir esta iniciativa dentro de lo que se ha dicho aquí, eso es todo.
Aldo La verdad es que la intervención anterior me asustó más todavía, porque si esa ley está en la Cámara de Diputados y ninguno de los que estamos aquí sabía antes de su existencia, quiere decir que efectivamente se están haciendo las legislaciones sin la participación de la sociedad de este país. Lo cual es sumamente grave y precisamente ésta es una de nuestras preocupaciones, en el sentido de que tenemos que llevar la información hacia nuestras comunidades, porque se podrán hacer diez mil leyes, pero si la sociedad no las conoce, y si –para empezar– no participa en su elaboración y posteriormente no las conoce, entonces las comunidades están en una situación de indefensión, sobre todo cuando se plantea aquí la necesidad de informar, de difundir cuáles son los derechos hacia las comunidades indígenas, de difundir todo este asunto que tiene que ver con el acceso a los recursos genéticos.
En primer lugar, la información de carácter legal muchas veces es difícil de traducir hasta por los mismos abogados. No estoy poniendo en tela de juicio a nadie, pero no es fácil poderte explicar una ley a las comunidades, sobre todo si no se tiene en cuenta el contexto. Y una de la cosas que hemos estado observando en estas reuniones es que el contexto está muy poco claro, no solamente para los
pueblos indígenas sino también para los investigadores que no saben para quien están investigando.
Entonces creo que este es un problema central que tenemos que abordar. No solamente es la difusión, el conocimiento de las leyes, sino que es eso que está atrás de las leyes, cuáles son esos intereses que están de alguna o de otra manera escondidos, que no quieren dar la cara y que son los que están promoviendo este tipo de legislación. Por tanto, si se tiene que organizar los talleres que se hagan, pero completos; que no sean parciales, que no se induzcan. Si se va a utilizar el método de planeación participativa, que no sea para inducir programas de manejo, porque cuando nosotros utilizamos el método de planeación participativa en nuestras comunidades para definir cuales son sus prioridades, normalmente no sale el tema ambiental, porque hay problemas mucho más fuertes y mucho más sentidos. Y si a mí me dicen que se va a utilizar el método de planeación participativa y los resultados van a ser planes de manejo en las regiones indígenas, pues yo creo que fue un método de investigación participativa inducido, entonces no van a cuadrar las cosas. Yo creo que tenemos que ser realistas. Todos los que están trabajando en determinada área quisieran que los demás estuvieran preocupados por eso, por lo que ellos saben; pero si vamos a hablar de las preocupaciones reales de los pueblos indígenas, tenemos que ser muy respetuosos de esas prioridades que se tienen en nuestras comunidades y no vayamos a imponer disimulando.
En este sentido, yo quisiera nuevamente traer a la atención de ustedes, precisamente el asunto que vivimos en Oaxaca y que vivimos en la Sierra Juárez. Nosotros sí tenemos una preocupación real porque se están contaminando los maíces nativos de la Sierra Juárez. Recordemos que la Sierra que genera Oaxaca y el Valle de Tehuacan son lugares de origen del maíz que se ha encontrado; hay muestras de más de hace 7 mil años. Pensemos que si la zona de origen se contamina, se está perdiendo una gran diversidad genética, lo cual no solamente afectaría a los oaxaqueños sino a todo el mundo. En este sentido yo sí pediría a los participantes, si esto es posible, que se pudiera hacer un fuerte llamado a las autoridades de la CIBIOGEN, de la SEMARNAT, de la SAGARPA, de todas las dependencias públicas que tienen que ver con esta cuestión de la bioseguridad en nuestro país, a fin de que se frene la importación de transgénicos, que se ha hecho seguramente con el consentimiento de mucha gente que participa en el gobierno; que ha sido distribuido seguramente por DICONSA, una empresa relacionada con el gobierno, y que hoy está afectando la integridad cultural de nuestros pueblos indígenas. Yo haría entonces un llamado a este foro para que se pudiera hacer un pronunciamiento en ese sentido
El día de ayer pensando en esta preocupación, yo me acerqué al Secretario Lichtinguer y le pregunté si había recibido una carta que le enviamos hace como
un mes, y me dijo que no. Eso también me preocupó porque entonces ¿a quién se la enviamos? Si yo hablé por teléfono y pedí el número de fax de su oficina para que pudiera llegar el documento, me lo dieron y ayer me dijo que no le había llegado. A la mejor alguien lo sacó de la mesa para que él no se enterara; pero este documento ya va a salir al público. Yo espero que en pocos días salga en la prensa publicado para que, si no lo ha recibido aún, se lo volvamos a enviar, para que lo pueda leer a través de la prensa y que la gente que trabaja con él, pues no le siga ocultando la información. Por eso estamos preocupados y sí queremos llamar la atención en este sentido.
En segundo lugar, quisiera referirme a la denuncia que se hacía el día de ayer de la nueva guerra biológica hacia las comunidades indígenas de la sierra, o sea, el que nos estén aventando maíz por helicóptero. Quiere decir que tienen intenciones que hasta hoy no podemos entender todavía. Necesitamos que se expliquen; que se investigue; que sea una investigación seria, comprometida, para que podamos saber cuáles son las intenciones de esto. Yo hacía un llamado de atención ayer. Se me acercó una gente del INE, aquí está todavía, quizá y ojalá podamos platicar ahorita para ponernos de acuerdo precisamente en la posibilidad de hacer los análisis de estos maíces.
He platicado también con la gente de Greenpeace para que podamos saber si es maíz transgénico o no. No lo podemos decir en este momento, pero necesitamos hacer la investigación seria de qué tipo de maíz nos están aventando por helicóptero. Corresponderá a otras instancias quizá el averiguar por qué están haciendo estas acciones y quién las está haciendo. Finalmente todo esto tiene que ver con los recursos genéticos de nuestras comunidades indígenas y son preocupaciones centrales. Obviamente también estamos preocupados por esta ley de acceso y la ley de bioseguridad, que bueno, necesitamos se discutan con una mayor participación, gracias.
Otro integrante del público Nada más deseo comentar algo que es importante se sepa. Aunque no se puede decir que es la fuente pero sí se debe decir que en torno a este bombardeo de maíz, Aldo recibió una amenaza de muerte en estos momentos. Estamos viendo de que manera se le puede buscar alguna protección. Parece que está polarizándose demasiado el país de este tipo de cosas, entonces pues es importante que, si vamos a hacer la declaración, también tomemos esta situación así nada más rapidísimo por favor.
Deseo pedir permiso de algún modo para comunicar –un poco en la tonalidad del compañero de enlazar este esfuerzo con otros en que estamos involucrados– sobre la Plataforma por la Seguridad Alimentaria en México. Es un grupo que se acaba
de reunir en Jalisco y Guadalajara, en el que se propuso justamente trabajar la cuestión de la ratificación del Protocolo de Cartagena, por un lado, y la solicitud de moratoria. Entonces estamos trabajando el asunto en dos documentos. De tal modo que se puedan firmar ambos o el que uno quiera, por las cuestiones de que algunos a lo mejor no quieren firmar. Si después de aquí van a circular documentos, yo podría mandar el que estamos trabajando o los que estamos trabajando y pues ampliar la red de personas que la puedan recibir y luego firmar, eso era todo. Moderador, Alberto A mí lo que me preocupa un poquito ahorita es la manifestación de este foro. No habría problema si tuviéramos todo el tiempo del mundo, pero estamos a minutos de que termine formalmente lo que se había planteado. Entonces, creo que hay unas sugerencias muy evidentes para armar el consenso: la preocupación por las leyes, las iniciativas que están en la cámara sobre las leyes de bioseguridad y acceso, la ratificación del Protocolo de Cartagena, y una serie de propuestas que hacía Silvia, que no las alcancé a apuntar todas; pero sería cosa de que ella nos dijera, ¿no?. Habrá que ver si todos estamos de acuerdo de que eso venga incluido: la preocupación por lo que está pasando en Oaxaca, los bombardeos, en fin, el ambiente en general, la necesidad de una participación como sociedad, la exigencia de que pongan a consideración de la sociedad estas cosas antes de pasarlas a aprobación. Claudia Gómez Godoy Tengo sobre el punto varias propuestas. Yo creo que a menos como red no nos opondríamos a que las conclusiones pudieran ser como un manifiesto del foro. Lo que sí se me hace que puede ser complicado es hacerlo ahorita. Entonces quizás una propuesta que tendríamos sería que trabajemos las conclusiones del foro planteadas básicamente en esta última. Hagamos una especie de declaración en donde hablemos sobre cuestiones concretas, como lo que está pasando en Oaxaca, lo que proponía Silvia. Platiquémoslo con la UAM para ver como sería; no lo habíamos previsto pero digamos que si somos sensibles a una demanda del propio foro sobre la cuestión de cómo circular la información. Yo creo que hay dos redes que funcionan sobre el tema de información. Por un lado, RAPDI de alguna manera circula a la gente información, y la otra es la página o lista de biodiversidad de la neta. No sé si les parezca que esa pueda ser como la instancia por la que se siga circulando la información, porque no creo que ni la red ni la UAM puedan asumir la responsabilidad de estar circulando información; además de que hay ya dos instancias que lo hacen y bien. Entonces yo propondría que sigamos así. Están los correos electrónicos en la hoja de registro. Entonces igual sería cuestión de platicar
con los responsables de estas dos listas sobre eso. Si va a ver memorias no sólo de las ponencias sino de las discusiones que se dieron en las mesas, me imagino que tardarán un poco más, pero lo que sí podemos apresurar es la elaboración de las conclusiones que simplemente se sacarían como un poco de lo que se habló en ésta. Habría que ver la posibilidad de que ahora se organizase, tal vez por la UAM o por la misma RAPDI, un foro sobre el tema de bioseguridad, un foro que permitiera que la gente entendiera esto, y pues no es tan complejo, no tan complejo si invitamos a un biólogo que nos explique, que hable pues de lo que significa un trasgénico, que además creo que más o menos aquí se ha entendido. Entonces habría que ver la posibilidad de un foro, en el que se hable de la ley de bioseguridad o de todo el tema de bioseguridad, y relacionado obviamente con los derechos de los pueblos indígenas. Esto porque nos comentaban que ya está una ley; pero además, eso es lo más grave, representantes de las industrias trasnacionales aquí en nuestro país han dicho que necesitan poco de una ley; vean por ejemplo los países desarrollados no tienen ley, tienen normas especificas. Silvia Solamente quería decir sobre lo comentado por Claudia, que no se lo tomen a mal pero RAPDI solamente distribuye noticias de la organización. No es como un medio periodístico que distribuye cualquier tipo de información, entonces no creo que sea un buen medio confiable. Así todos los que están acá que quieran recibir información producida por RAPDI, le pueden mandar un mensaje a [email protected] y se las mandamos porque es completamente abierto, porque todo el que quiera recibir información la recibe; pero no es como un periódico, o sea, no recogemos noticias y tratamos de que se difunda toda la información posible. De hecho sólo difundimos la que nos interesa, para que lo sepan. La lista de bioseguridad de La Neta, la que tú nombraste, realmente no sé como funciona. Quizá sí sea un medio como tú dices, pero creo que la mayor parte de la gente que está aquí posiblemente no está suscrita a esa lista, porque salió del foro de bioseguridad de Chiapas y no el que se hizo en San Cristóbal en junio. Y yo ahí no vi a la mayoría de la gente que está aquí. Entonces creo que no están en esa lista, aunque supongo que se pueden suscribir fácilmente. De todas maneras, yo sí pienso que independientemente de que los organizadores sean de la UAM o de la RAPDI, podrían poner una lista, por lo menos recoger todas las direcciones electrónicas de los participantes y enviar las conclusiones. Y yo les llamaría, o hacen una declaración y piden firmas, o hacen una declaración y piden opiniones Asistente
Era algo muy breve, ya que tocaron el tema de bioseguridad. No sé si para alarmarlos o para hacer algo al respecto, pero en realidad hay varias iniciativas de ley en materia de seguridad. Una fue presentada por el Partido Verde, una por el PAN, una por el PRD, y la etiquetada por el PRI que trabajó en la legislatura pasada. Conozco las discusiones y hay un fuerte interés de las compañías que ya sabemos todos, en que no salga esta ley. Yo creo que una buena recomendación es hacer presión a los legisladores para que se unan a trabajar al respecto, ya sea consultándolos o dictaminando la respectiva ley, gracias. Moderador, Alberto Hay un buen formato –me parece a mí– para hacer esta declaración del foro, que sería básicamente que entre la RAPDI y la UAM elaboren, en base a los registros que se tienen y de una manera creo yo muy genérica sobre cuestiones amplias, una propuesta que más o menos se circule pronto y nos adhiramos con la firma, o hagamos comentarios; que esto se haga en un plazo más o menos corto y tengamos la declaratoria porque de otra forma si tendríamos que alargarnos otras dos horitas, de perdida, yo creo. Claudia Gómez Godoy Yo creo que Silvia tiene razón. Hay dos cosas o tipos de conclusiones. Una conclusión es: “los de tal organización dijeron x, y, z”, o sea una conclusión es hablar de todo lo que la gente que vino al foro dijo. Las conclusiones y la memoria seguro que las vamos hacer llegar nosotros como organización como RAPDI y UAM a las direcciones electrónicas. En caso de que no tengan dirección, pues veríamos la forma de que vinieran aquí a la UAM por ellas, no sé. Lo que yo me refería es a otro tipo de información que se dejó, que a lo mejor no tendríamos la capacidad de reproducir, ni de distribuir las leyes, algunos artículos, algunos libros que nos dejaron. Tenía duda de cómo podíamos hacer eso; no estaba segura que RAPDI y UAM lo pudiéramos asumir. Y lo otro [¿el segundo tipo de conclusiones?] es sobre la declaración. O sea la declaración puede salir en términos generales, referidos a aquello en torno a lo que más o menos haya acuerdo, o sobre lo que hay consenso. Y se puede hacer un proceso rápido de consulta vía electrónica, por si hay modificaciones, y se firma por quien lo quiera firmar. No sé si les parece esa la forma, Alberto. Moderador, Alberto Yo creo que es difícil llegar a un consenso. Estoy seguro que no podemos estar de acuerdo con la propuesta oratoria. Sin embargo creo que es fundamental, que es importantísimo que la sociedad, que el resto del gobierno federal y quien pueda se entere de que es una de las conclusiones, no necesariamente una conclusión de
consenso y una conclusión en la que todos estuvimos de acuerdo, pero que se ha propuesto eso como una alternativa a las políticas de este país con respecto a la bioprospección. Es importante que se diga que se ha discutido y que hay todo un sector importante de la sociedad que propone la moratoria, es fundamental, aunque en lo personal yo no, y estoy seguro que muchos otros no afirmamos eso y no es nuestra postura, y trataremos en otros foros de defender otro tipo de cosas y de avanzar a posiciones intermedias. No sé como decirlo, no es el caso ahorita pero creo que sí sería importante que apareciera y que se dijera todo lo que se discutió aquí en la medida de lo posible. Me gustaría mucho que se unificaran digamos las propuestas, ¿son propuestas?, ¿quién las ha de llevar a cabo? No lo sé, vamos viendo en algunos casos los propios proponentes. Se propone que se haga tal cosa y algunos grupos indígenas han propuesto que los grupos indígenas se organicen y hagan cosas; otros proponen que el gobierno federal haga algo. Hay propuestas de toda índole que no necesariamente son para que nosotros mismos las hagamos pero están hacia fuera de la sociedad, hacia fuera de los que estamos aquí, pero que sería muy importante globalizarlas como las que hizo Silvia Rivero, las que dio Garibay, en fin, habría que tratar de juntar todas las propuestas que hicieron los compañeros de COMPITCH. Por ejemplo podrían unificarse todas y decirse éstas son las propuestas que se hicieron dentro del foro. Creo que sería muy valioso que la gente más allá de los que estamos aquí se enterara de lo que se discutió y a las conclusiones a las que se llegaron, aunque no sean compartidas. Hay otra propuesta –claro que hay temas muy complejos que requieren consenso– pero hay otra propuesta, si estuviéramos de acuerdo la gente que estamos aquí, en torno a que el foro se manifieste ante la Cámara de Diputados y Senadores, en el sentido de que ponga a consulta las leyes que tienen en el horno en este momento; que como una exigencia ciudadana y como algo muy importante, se ratifiquen los acuerdos de Cartagena sobre Bioseguridad. ¿No sé si habría consenso al respecto? ¿Qué les parece que la dejemos aquí, que salga este comunicado como pronunciamiento del foro? Perdón, sí, dígame. Otro participante Me parece que lo que se vio en el foro con relación a legislar sobre el problema de los recursos genéticos y dar la protección a la biodiversidad se refiere, yo llamaría, a dos criterios. Uno es que se requiere legislar, pero que se requiere legislar muy bien. Para eso no hay que tener prisa. Ese no tener prisa implica tener otros tiempos, y ese debe ser un llamado, no sólo al Congreso de la Unión, que es quien legisla, senadores y diputados. La otra cuestión es el respaldo de una consulta;
sería hacia los verdaderos interesados que son los pueblos indígenas. Me parece que la legislación tendría que contemplar estos dos elementos, que tienen que ver con el tiempo y la consulta. Creo, también, que hay que dejar clara la importancia de incluir lo que mencionó Aldo, que se detengan todos estos actos y haga un llamado a las autoridades para hacer algo en este sentido. No sé qué les parezca que se circule entre mañana y pasado mañana el texto por Internet. Si no hay protesta, en dos días sale; se publica o se da a conocer públicamente la posición del foro. Patricia Couturier Pues antes de dar por terminados los trabajos quiero felicitarlos a todos por estos dos días de discusión. Cuando Angeles Arcos y yo platicábamos de que queríamos que este tema se abordara en la Universidad, a través de la cátedra Raúl Anguiano, lo hacíamos porque en la academia nos preocupa abordar tan fundamentales asuntos, aunque a veces pareciera que no; pero realmente sí nos preocupa los problemas y nos interesa que se resuelvan; lo que más nos preocupa es podernos sentar los distintos actores, hablar y escuchar. Ella tuvo la iniciativa de este foro, habló desde Barcelona a medio día, les mandó saludos a todos y todas, y creo que va a estar muy contenta en el momento que tanto Claudia como yo le podamos platicar de los resultados. Quiero primero que nada reconocer el trabajo de la Red, agradecer a la Red, a Claudia, a Eva, a Elo, pero también a la gente de la Universidad, a la gente que trabaja conmigo en la coordinación, que para poder llevar a cabo este evento trabajamos horas extras; pero con todo gusto, porque realmente los resultados me parece que son satisfactorios, no en el sentido de que las cosas se resuelvan en este momento. Me parece que el sueño que tenemos muchas veces cuando estamos trabajando, estamos estudiando y vemos los problemas que tenemos en nuestro país, es el de verlos desde lo local, sí. Porque Ángeles y yo siempre en estas reuniones, en las que nos reímos mucho porque las dos somos muy escandalosas, soñamos que las cosas se resuelvan desde lo local, porque ahí es donde se viven los problemas; pero también sabemos que en la universidad tenemos que abrir una situación de convocatoria, es decir, hacernos escuchar por todos los actores en la medida que nos escuchemos, que seamos tolerantes. Esto es algo que tenemos que trabajar. Creo que podemos llegar a tener un país y unas comunidades que mejoren sus condiciones de vida. Entonces no me queda más que agradecer a todos su presencia, su participación, el habernos aguantado algunas situaciones burocráticas e institucionales. Quiero agradecer a todos los sectores, sí, a todos, desde las comunidades, desde los pueblos indios y las organizaciones; pero
también quiero agradecer a los académicos, y quiero agradecer a los funcionarios que estuvieron aquí, que tuvieron la capacidad y voluntad –que a veces no existe– de venir, sentarse, escuchar y poder ver qué es lo que está pasando. Creo que un papel fundamental de la universidad pública, es el de crear estos foros en los que podamos discutir qué pasa y ver qué se hace. Creo que este foro ya es un gran éxito. Nuevamente muchas gracias y damos por clausurado los trabajos de este foro de Acceso a Recursos Genéticos y Derechos de los Pueblos Indígenas, muchas gracias. Claudia Gómez Godoy Yo rápido igual también, ya para irnos. Como red también queremos agradecer a la UAM y les pediría un aplauso para toda esa gente que no se ve, que igual está tras bambalinas pero que están, que se encargaron que hubiera café. comida, boletos, etcétera, y bueno pues ojalá podamos seguir construyendo cosas juntos. Los ponentes Carlos Guzmán es Chol, viene del Municipio de Tumbalá de Cuckiepa, y está actualmente cursando el 9 Semestre de la Licenciatura en Sociología de la UNACH. Viene de la organización OMIECH, Organización de médicos indígenas tradicionales del Estado de Chiapas y enlace del Compitch, que es el Consejo de Organizaciones de Médicos y Parteras Indígenas Tradicionales de Chiapas. Gustavo Ramírez es biólogo del Instituto Politécnico Nacional (1995-1997). Participó en el Programa LEAD en Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente del Colegio de México, de 1995 a 1998. Fue secretario del Consejo de Vigilancia de Bienes Comunales de la comunidad zapoteca de Ixtlán de Juárez, de 1995 al 2001. Fue coordinador del programa de Capacitación para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de México, de 1997 al 2000. Estuvo en el comité de selección del FONCA y actualmente es director general del Corredor Biológico Mesoamericano, México de la CONABIO. Luis Rodríguez Piñeiro es licenciado en Derecho por la Universidad Pontificia en Madrid y licenciado en Ciencia Política y de la Administración por la Universidad Autónoma de Madrid; es investigador del departamento de derecho, del Instituto Universitario Europeo de Florencia donde realiza una investigación doctoral sobre la organización internacional de trabajo y la defensa de los derecho indígenas; en la actualidad realiza una estancia de investigación en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) y es colaborador de la Red de Abogados y Abogadas por los Pueblos Indígenas, en asuntos relacionados con la defensa jurídico internacional de los derechos de los pueblos indígenas.
Raúl Benet es biólogo de la UNAM, participó en el Programa LEAD en Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente del Colegio de México, y actualmente es director de Greenpeace. Guillermo Pérez Jerónimo es agrónomo, Maestro en Genética por el Colegio de Posgraduados de Chapingo y tiene una trayectoria académica muy amplia en la materia. Actualmente es profesor investigador en el Departamento de Producción Agrícola y Animal de la UAM-Xochimilco. Andrés Fierro Álvarez es agrónomo y profesor investigador del Departamento de Producción Agrícola y Animal de la UAM-Xochimilco, tiene también una amplia trayectoria académica; ha publicado varios artículos en torno a irrigación, recolección y comercialización de plantas medicinales y otros temas. Exequiel Ezcurra es Doctor en Ecología, presidente del Instituto Nacional de Ecología (INE); cuenta con cinco libros publicados, 20 capítulos de libros, 70 de revistas arbitradas y 40 de divulgación. Paul Hersch Martínez es doctor, y médico egresado de la UAM Xochimilco; actualmente trabaja como investigador titular en el Instituto Nacional de Antropología e Historia; tiene una amplia trayectoria académica, muchas publicaciones y experiencia en investigación participativa. Lilian González Chevéz es Doctora en Ciencias Sociales y Salud, actualmente trabaja como profesora investigadora en el Departamento de Antropología de la Universidad Autónoma del estado de Morelos, además de estar realizando un proyecto financiado por el CONACYT, sobre migración y estrategias de salud en zonas indígenas de Guerrero. Jorge Larzon Guerra, Biólogo de la Facultad de Ciencias de la UNAM y colaborador de la Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de la biodiversidad desde 1992.
Ricardo María Garibay Velasco trabaja en la Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia de SEMARNAT, es maestro en Desarrollo Rural por la UAM Xochimilco y participó en el Programa LEAD en Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente del Colegio de México. Verónica Huilipan es huerquen de la Coordinación de organizaciones Mapuches en Nauquén, Argentina. Verónica Huilipan, Coordinación de organizaciones Mapuches, Argentina
Silvia Ribeiro es periodista e investigadora de ETC antes llamada RAFI, que es la Organización Internacional de Investigación Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración Corporativa. Ella ha laborado en status consultivo de la organización FAO, en el Convenio de Biodiversidad y otros foros de Naciones Unidas; fue editora de la revista especializada internacional “Biodiversidad, sustento y culturas”; tiene diversos artículos sobre recursos genéticos, propiedad intelectual y biopiratería en periódicos, revistas y libros de varios países de América Latina y del Norte y de Europa. Doctora, por favor. Aldo González es presidente Municipal de Guelatao, Oaxaca y miembro destacado del Cnsejo Nacional Indígena. responsable del área de derechos indígenas de la Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca y presidente municipal de Guelatao de Juárez.