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FORMATO DE PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS

Periodo a reportar: 01 de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2019

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Dirección: Carrera 9 No. 16-21 Bogotá, D.C:

PBX: (57) (1) 3144000· Línea Nacional: 01 8000 914814 www.defensoria.gov.co

DATOS GENERALES

Dependencia y /o Regional: Delegada para Asuntos Agrarios y Tierras

Fecha de realización del informe: 20 de diciembre de 2019

Nombre de quien elabora el informe: Jorge Eduardo Camargo Carvajal

I. Meta del Plan Estratégico Institucional1

En el marco de la Línea Estratégica No. 1: Promover que la acción estatal dirigida a la construcción de paz y la superación de las causas del conflicto armado se desarrolle en el marco del respeto de los derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario. - Objetivo Estratégico No. 1.2: Consolidar acciones institucionales para la promoción y divulgación de los Derechos Humanos y sus mecanismos de exigibilidad como fundamento para la paz, la Delegada para Asuntos Agrarios y Tierras se propuso desarrollar acciones para el reconocimiento de la población campesina como sujeto de derechos, fortalecimiento de sus capacidades de 120 personas para participar en escenarios de definición de políticas públicas y exigir la garantía de sus derechos, y desarrollar acciones de promoción y divulgación de derechos de la población campesina beneficiando a 5600 personas.

a) Actividades realizadas para la consecución de la meta (Indique las fechas de realización y/o lugar)

1) Foro defensorial sobre derechos de los campesinos:

El 27 de junio de 2019 en la Universidad Externado de Colombia en Bogotá se realizó el III Foro Defensorial sobre los Derechos del campesinado “Reforma Rural Integral y Justicia Agraria”, como un espacio de reflexión, análisis y discusión de los temas de actualidad y especial trascendencia para el logro de una paz estable y duradera con justicia social, como la Reforma Rural Integral, la Justicia Agraria y la solución a la problemática de los cultivos de uso ilícito. Se contó con la asistencia de 194 personas, pertenecientes a organizaciones campesinas, Academia, Ministerio Público, entidades del sector agropecuario y del gobierno nacional y distrital, rama legislativa y organizaciones, entre otros.

2) Escuela de fortalecimiento organizativo y comunitario:

Durante el año 2019 se desarrolló una estrategia que se denominó “Escuela de fortalecimiento organizativo y comunitario” cuyo fin es fortalecer las capacidades organizativas de las Juntas de Acción Comunal a partir de la capacitación y construcción colectiva de herramientas para su participación efectiva en la implementación de los acuerdos de paz, tratamiento y gestión de conflictos territoriales e impulso y garantía de los derechos humanos y territoriales. Para tal fin, en la presente vigencia se realizó un diagnóstico sobre el funcionamiento actual de las JAC con las que ha sido posible trabajar en las actividades de Promoción y Divulgación de Derechos Humanos; se definieron las zonas para proyecto piloto en 2018, se elaboró una propuesta metodológica para el proyecto piloto y se realizaron sesiones en zonas priorizadas, a saber, Pivijay-Magdalena, Tona-Santander, Armero Guayabal-Tolima y San Lorenzo- Nariño. Igualmente se planteó la propuesta para realizar este mismo ejercicio en 2020. Se logró realizar 5 actividades que beneficiaron 147 personas, en las cuales se realizó un diagnóstico

1 Meta: Expresión cuantitativa y cualitativa de los logros más representativos que se obtuvieron con la ejecución de una

acción o más acciones en el proyecto o planeación de la Dependencia. Su medición debe hacerse en términos de tiempo, cantidad y si es posible calidad.



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inicial y se iniciaron las sesiones abordando el tema de veedurías ciudadanas y control social, y gestión de conflictos. De acuerdo con la necesidad de la comunidad se trataron temas de conflictos socioambientales (Tona), exigibilidad de derechos (Armero) y proyectos productivos y asociatividad (Pivijay y San Lorenzo)

3) Reconocimiento de derechos campesinos: Durante el año 2019 la Delegada para Asuntos Agrarios y Tierras mantuvo su acompañamiento a las sesiones de trabajo de la Comisión Técnica de Expertos creada a partir de la Sentencia 2028 de 2018 proferida por la Corte Suprema de Justicia, la cual ha tenido como objetivo la construcción del concepto sobre campesinado, así como adelantar los diferentes estudios y análisis para que el campesinado pueda ser incluido como categoría censal. Así mismo, la Delegada ha venido impulsando la continuidad de la mesa y realizado seguimiento de la misma para el efectivo cumplimiento de lo ordenado en la Sentencia. La Comisión de expertos ha trabajado articuladamente con el apoyo y gestión del ICANH, DANE, expertos en temas rurales, DeJusticia y algunas de las organizaciones campesinas del Cauca y del nivel nacional, en la construcción de tres preguntas para la auto identificación de la población campesina, las cuales han sido incluidas en cuatro encuestas a realizar durante 2019 y 2020: Encuesta de Cultura Política, Gran Encuesta Integrada de Hogares, Encuesta Nacional Agropecuaria, Encuesta Nacional de Calidad de Vida. Estas encuestas además de las preguntas de autoidentificación incluyen preguntas relacionadas con la vida campesina, construidas a partir de los saberes de los miembros de la Comisión. En este proceso la Delegada participó activamente acompañando la socialización de la Sentencia para los pilotos de la Encuesta de Cultura Política que se realizaron en los municipios de Macheta y Fuquene en el mes de Abril de 2019. Así mismo lideró la reunión de seguimiento a la Sentencia 2028 de 2018, con las demás entidades involucradas tales como Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio del Interior, ICANH, DANE, DeJusticia, Presidencia de la República, Expertos en tema de campesinado y Procuraduría General de la Nación. A la fecha el DANE aplicó la Encuesta de Cultura Política en algunos municipios - elegidos de forma aleatoria- en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Sucre, Boyacá, Cundinamarca, Meta, Norte de Santander, Santander, Antioquia, Caldas, Caquetá, Huila, Quindío, Risaralda, Tolima, Cauca, Choco, Nariño, Valle del Cauca y Bogotá; los resultados de esta y las demás Encuestas serán presentados durante el año 2020.

4) Derechos de los Pescadores

Durante el año 2019, la Delegada para Asuntos Agrarios y Tierras desarrolló la Estrategia Defensorial dirigida al Reconocimiento de los derechos de los pescadores artesanales en Colombia, en el marco de la cual desarrollo cerca de 9 talleres con comunidades de pescadores artesanales continentales y marinos, con el fin de contar con elementos para caracterizar el estado y condiciones actuales e históricas de las comunidades de pescadores artesanales en clave de derechos y desde un enfoque de género, étnico, etario y víctimas, obtener información de los principales factores de amenaza y vulneración de derechos de la población de pescadores, y formular propuestas comunitarias para la reivindicación de sus garantías individuales y colectivas, así como conocer las prácticas y relaciones cotidianas relacionadas con la pesca artesanal. A partir de la revisión documental como del proceso participativo adelantado con comunidades de pescadores artesanales, se elaboró la definición del sujeto pescador artesanal, que fue retroalimentada con comunidades de pescadores artesanales, destacándose tres aspectos característicos del sujeto en términos: a) socioculturales; b) territoriales; y, c) económicos. Se elaboró la caracterización de la pesca artesanal en Colombia, desde su clasificación en términos espaciales, pasando por la descripción de las artes de pesca en relación con los



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ecosistemas en los que se desarrolla, así como los canales de comercialización y las actividades complementarias que desarrollan las comunidades de pescadores artesanales. Igualmente, se presenta una síntesis de la forma en la que ha sido victimizadas las comunidades de pescadores artesanales, desde una perspectiva de género, contrastados con la oferta institucional, para finalmente proponer el conjunto de derechos dirigidos a las comunidades de pescadores artesanales.

En el marco de esta estrategia se firmó memorando de entendimiento entre la defensoría del Pueblo y la Autoridad Nacional De Acuicultura Y Pesca – AUNAP- y la Defensoría del Pueblo, con el fin de acompañar, coordinar, desarrollar e implementar estrategias tendientes al reconocimiento y fortalecimiento social de los pescadores artesanales en un contexto pesquero y productivo, conforme a los siguientes objetivos específicos.

5) Presentación propuesta de creación Grupo FIO

Se elaboró y presentó a la Federación Iberoamericana de Ombusdman (FIO) una propuesta para la creación de un Grupo de Trabajo al interior de esta federación, para el intercambio de experiencias e impulso al reconocimiento de los derechos de los campesinos y monitorear los diversos retos para la promoción de los derechos campesinos en los Estados miembros. En el marco de la XXIV asamblea general de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO), realizada en Brasil el 28 de noviembre de 2019, se decidió la conformación del grupo de trabajo que se ocupará de los “derechos de las personas campesinas indígenas y afro descendientes en la ruralidad”.

6) Promover y divulgar los de derechos de la población campesina y rural víctima del conflicto armado.

La Delegada para los Asuntos Agrarios y Tierras, dando cumplimiento a sus funciones dentro de la Defensoría del Pueblo y con el fin de promover, divulgar y proteger los derechos de los campesinos realizó diversos eventos de promoción y capacitación a las comunidades campesinas sobre los derechos de los campesinos y de los puntos 1 y 4 del Acuerdo de Paz. De diciembre de 2018 a noviembre de 2019 se realizaron 153 ejercicios de promoción y divulgación de derechos de la población campesina en las regionales Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Guaviare, Magdalena, Meta Nariño, Norte de Santander, Santander, Sucre, Tolima y Valle, sobre las siguientes temáticas teniendo en cuenta el enfoque diferencial, de género, étnico y territorial:

Derechos de los campesinos

Fallo de tutela No 2028 de 2018 sobre el concepto campesino

Derecho a la participación

Acceso a la Tierra y formalización de la propiedad rural

Desarrollo Rural

Punto 1 del Acuerdo de Paz – Reforma Rural Integral

Programa de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial - PDET

Derechos de los pescadores artesanales

Estructura general del Estado Colombiano y competencias de la rama judicial y ejecutiva nacional

Contexto de violencia frente al despojo y abandono forzado de tierras en Colombia

Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito – PNIS

Acceso a proyectos productivos

Uso y manejo de playones con base en el Acuerdo 058 de 2018 de la ANT

Justicia transicional en el marco del acuerdo de paz

Mujeres rurales



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Proceso de restitución de tierras

Funciones de la Delegada para Asuntos agrarios y Tierras

Derechos Humanos

b) Impacto logrado con la consecución de la Meta

Se ha puesto en la agenda pública la necesidad del reconocimiento de los campesinos como sujetos de derechos de y la Defensoría del Pueblo ha contribuido a la generación de espacios de discusión sobre el tema, resaltando la importancia económica, social y cultural de esta población. Así mismo, se logró que en el ámbito internacional se conforme el grupo de trabajo para el reconocimiento de los derechos de los campesinos. A través del foro defensorial se logró un diálogo constructivo entre las partes que participaron en cada uno de los paneles, sobre temas que ante el contexto actual son de crucial importancia, contando con una participación de 198 personas Se avanza en la definición del sujeto campesino, a través de instrumentos de medición que permitan caracterizarlos. Igualmente, se inicia el trabajo de reconocimiento de los derechos de los pescadores artesanales. Se inició el proceso de fortalecimiento de organizaciones campesinas, logrando capacitar a 147 miembros de juntas y organizaciones de campesinos víctimas del conflicto en 4 regiones. Conocimiento de los derechos de los campesinos, de los contenidos de los puntos 1 y 4 del Acuerdo de paz y de los mecanismos de exigibilidad de sus derechos, por parte de comunidades campesinas, líderes sociales, juntas de acción comunal, líderes de víctimas del conflicto armado, veedores ciudadanos, funcionarios públicos, estudiantes y docentes. Durante el periodo de reporte se realizaron 178 jornadas de promoción y divulgación de derechos que beneficiaron 4.958 personas en 16 departamentos.

c) Evidencias y/o soporte audio/visual de las actividades realizadas e implicadas en la consecución de

la meta.



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III Foro Defensorial sobre los Derechos del campesinado “Reforma Rural Integral y Justicia Agraria” –

Bogotá, D.C., 27 de junio de 2019

Sesión 1. Escuela de Fortalecimiento organizativo y comunitario – Corregimiento Salaminita, Pivijay,

Magdalena – 11 de octubre de 2019



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Socialización de la Sentencia de Tutela 2028 de 2018 – Macheta, abril de 2019

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Taller de promoción y divulgación derechos del campesino, vereda Playa las Bestias en el municipio de

Zambrano, Bolívar – 27 de mayo de 2019



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Taller de Promoción y divulgación sobre Derechos Humanos y Derechos de los Campesinos. Puerto

Berrio – Antioquia, 3 de mayo de 2019

Taller de Promoción y divulgación de los derechos de los campesinos víctimas con presidentes de Juntas de

Acción Comunal. Yacuanquer, Nariño, 24 de julio de 2019



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Sesión Diplomado "Semillero de Lideres: Impulso del Goce Efectivo de Derechos de Destinatarios de

Restitución de Tierras en Etapa Posfallo"..Villavicencio, Meta, 29 de julio de 2019

Jornada Promoción y Divulgación -Capacitación en Derechos de las Mujeres Campesinas. El Zulia,

24/09/2019



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II. Meta del Plan Estratégico Institucional2

En el marco de la Línea Estratégica No. 2: Liderar la defensa y divulgación de los derechos humanos y la observancia del derecho internacional humanitario - Objetivo Estratégico No. 2.1: Promover los derechos humanos como fundamento del desarrollo sostenible, se realizó seguimiento y acompañamiento a políticas públicas agropecuarias implementadas en el marco del Acuerdo de Paz y a la Política de Restitución de Tierras.


1) Realizar seguimiento y acompañamiento a la política pública para la Reforma Rural Integral: En el marco del seguimiento al punto 1 y 4 del Acuerdo de paz con las FARC, la Delegada para Asuntos Agrarios focalizó su seguimiento en las siguiente temáticas: Punto 1. Reforma Rural Integral - Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET:

o Durante el año 2019 se desarrollo una estrategia de seguimiento denominada “Ámbito Comunitario para la

Implementación del Modelo Institucional, para el Acompañamiento y Seguimiento a los Procesos de Restablecimiento de Derechos” acordado para trabajar en la Mesa Nacional Defensorial conformada por la Dirección Nacional de Promoción y Divulgación, Delegadas para Asuntos Agrarios y Tierras, Orientación y Asesoría de las Víctimas, Derechos de la Población con Movilidad, Derechos de las Mujeres y Asuntos de Género y Grupos Étnicos, en articulación con las Defensorías Regionales de las zonas focalizadas. En el marco de esta estrategia se focalizaron los casos a acompañar, se realizó capacitación frente a la política PDET al equipo de las Defensorías Regionales Tumaco, César, Uraba igualmente se realizó misión de acompañamiento al Amazonas y a Cesar.

o Desde el año 2018 se estableció una mesa de interlocución coordinada por la Defensoría Delegada para Asuntos Agrario y Tierras con la Agencia de Renovación del Territorio (ART), para el seguimiento a la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) en las 16 subregiones establecidas en el Decreto Ley 893 de 2017. A partir del acompañamiento que hace la Defensoría del Pueblo a través de sus Delegadas, Direcciones y Regionales, en 2018 se presentaron en la mesa todas las inquietudes y quejas recibidas de las comunidades en las 16 subregiones PDET, sobre el proceso de diseño y acuerdo de los Planes de Acción para la Renovación Territorial (PATR), principalmente en cuanto a las convocatorias de participación de las comunidades, frente a lo que la ART implementó algunas acciones de mejoras como fue acordar la remisión directa desde el nivel nacional, de todas las convocatorias a los escenarios PDET, aunque continuaron las falencias en este sentido y desde la Defensoría se continuaron extendiendo las quejas y recomendaciones para la garantía del derecho de participación comunitaria. Durante el 2019 continuó activa la mesa, donde igualmente se presentaron recomendaciones frente a la garantía de los derechos de información y participación de las comunidades de base, desde las unidades





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territoriales primarias como son las veredas y por supuesto desde o municipal y departamental. o También se realizó recolección de información sobre el acompañamiento y seguimiento que se realizó a

través del trabajo de los asesores regionales de la Defensoría Delegada para Asuntos Agrarios y Tierras durante toda la etapa de construcción de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR) en las subregiones focalizadas por el Decreto 893 de 2017

- Justicia Agraria: Se elaboró documento sobre la “Implementación de la Jurisdicción Ambiental y Agraria en Colombia”, con el fin de identificar si la propuesta legislativa del Gobierno se encuentra en el marco de la constitución y la garantía de derechos de los campesinos, así como, si ésta realmente sería un mecanismo eficaz para que los campesinos accedan a la justicia y los medio alternativos de resolución de conflictos en el marco de reglas y principios especiales que reconozcan su condición de sujeto de especial protección constitucional.

- Cierre de la frontera agrícola: Se elaboró documento de seguimiento a Avances en la Implementación del Punto 1.1.10 del Acuerdo de Paz “Cierre de la Frontera Agrícola y Protección de Zonas de Reserva”, abordando el avance en el Plan de zonificación ambiental que delimite la frontera agrícola, el apoyo a las comunidades rurales en la estructuración de planes para su desarrollo y adopción de medidas y creación de incentivos necesarios para prevenir e impulsar soluciones a los conflictos entre la vocación de la tierra y su uso real y la promoción del acceso a la tierra y la planificación de su uso en las Zonas de Reserva Campesina.

Punto 4. Solución al problema de Drogas: Sustitución de cultivos de Uso Ilícito - PNIS o La Delegada para Asuntos Agrarios y Tierras ha adelantado un conjunto de acciones en materia de seguimiento

e impulso al diseño e implementación del Programa de Sustitución Voluntaria de Cultivos de Uso Ilícito – PNIS, buscando incidir en el fortalecimiento de los niveles de participación de las comunidades rurales afectadas por la presencia de cultivos de uso ilícito. Se ha realizado visitas in situ en los departamentos Nariño, Guaviare, Chocó, Valle del Cauca, Meta y en el Bajo Cauca Antioqueño, con el propósito de verificar la situación de derechos humanos de comunidades campesinas, afrocolombianas e indígenas que voluntariamente han erradicado sus cultivos de uso ilícito, en el marco de los acuerdos de sustitución voluntaria, mediante la aplicación de una encuesta orientada a establecer los avances y éxitos o el estancamiento y dificultades de este proceso, así como su incidencia en la vida de las comunidades donde es implantado. Esto, a partir de la indagación directa a la población de estas zonas del país vinculada al PNIS sobre cómo avanza y cómo se vive dicho proceso en el territorio.

o Se realizó un estudio sobre lo que el Tratamiento Penal Diferenciado para pequeños cultivadores y cultivadoras significa y representa para el cumplimiento del Acuerdo Final y se presenta un balance global de los diversos proyectos de ley que se han discutido sobre este asunto hasta la fecha, precisando las líneas fundamentales del debate dado y estableciendo su conformidad con los requerimientos de los compromisos pactados en el Acuerdo Final, e identificando los grandes puntos de consenso y de disenso en torno a esta temática.

o Se elaboró un propuesta de modificación al Decreto Ley 896 de 2017, a partir de la identificación de las fallas

regulatorias derivadas de defectos o vacíos en el contenido del mismo. La propuesta se ha construido con base en el análisis de varios de los principales informes de seguimiento a la implementación del PNIS, y en el análisis dogmático del texto del Decreto Ley 896 de 2017. Lo anterior buscando que la nueva reglamentación perfile un régimen jurídico más apropiado para desarrollar las previsiones del Punto No. 4.1 del Acuerdo Final, y ofrezca



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una regulación más clara, más completa y más apropiada para dar respuesta a las numerosas cuestiones que surgen en la práctica de la implementación del PNIS en los territorios.

2) Realizar promoción, seguimiento y acompañamiento a los programas de acceso a la propiedad y uso de

la tierra.

o Se elaboró Informe de seguimiento a los programas de acceso a la tierra, en el cual se hace un análisis de la modificaciones a la política de acceso a tierras implementadas en el Decreto Ley 902 de 2017, determinar su grado de implementación y los resultados a la luz de la garantía del acceso a la tierra por parte de los pobladores rurales.

o Complementariamente se elaboró un documento de sobre análisis de las políticas agrarias y la mujer rural, en el que se abordan las limitaciones al ejercicio de la propiedad derivadas de los programas de acceso y su relación con fenómenos de violencia contra mujeres.

o Se realizó intervención frente al proyecto de Ley 03 de 2018 u otras iniciativas legislativas que pretendan modificar la Ley 160 de 1994, que hacia trámite en la comisión quinta del Senado de la República en junio de 2019.

o En 2019, se complementó el informe Análisis sobre la efectividad de las fuentes que proveerán el Fondo de Tierras, de acuerdo con las observaciones del comité Editorial de la Defensoría del Pueblo.

o Igualmente se continúa con el acompañamiento y seguimiento a los casos emblemáticos de vulneraciones de derechos de los pobladores rurales frente a la limitación al acceso a la propiedad de la tierra.

3) Realizar seguimiento a la política de restitución de tierras en etapa posfallo.

La Delegada para Asuntos Agrarios y Tierras ha participado en los ejercicios generados por la Unidad de Restitución de Tierras encaminados a realizar ajustes pertinentes a las pretensiones de las demandas de Restitución de Tierras, que involucren a las entidades con competencia en el sistema SNARIV, en el marco del cual presentó propuesta de modificación a las pretensiones que vienen siendo utilizadas por la Unidad de Restitución de Tierras, en sus modelos de demandas y que guardan relación con las funciones misionales de la Defensoría del Pueblo, específicamente frente a las órdenes a la Defensoría Pública respecto de la representación judicial en procesos civiles de liquidación de sociedad conyugal, procesos de sucesión, declaración de muerte presunta, entre otros, y a la Delegada para asuntos étnicos en relación a la formulación del plan Se protocolizó la Instrucción administrativa conjunta No. 002 Defensoría del Pueblo –Unidad Administrativa Especial de Restitución de Tierras. Articulación institucional para la garantía y respeto de los derechos fundamentales de las partes involucradas en el proceso de restitución de tierras, especialmente la defensa técnica de las víctimas de despojo y abandono sucesivo, terceros vulnerables, connacionales que están reclamando sus tierras desde el exterior, ocupantes no étnicos y reclamantes de restitución en el marco de la Ley 1448 de 2018 sobre predios que se traslapen con territorios étnicos solicitados en restitución de derechos territoriales, comunidades étnicas que se encuentren en situaciones de conflictos o controversias intra e interétnicas con otras comunidades que a su vez se encuentran representadas por la URT, y frente a casos de situaciones jurídicas subyacentes del predio restituido y el cumplimiento de órdenes judiciales proferidas en el marco de las sentencias de restitución de tierras.

4) Incidencia Legislativa:



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Se han realizado Intervenciones ante el legislador, generando observaciones de la entidad a los siguientes proyectos de Ley:

o Proyecto de Ley 03 de 2018 u otras iniciativas legislativas que pretendan modificar la Ley 160 de 1994, que hacia trámite en la comisión quinta del senado de la República en junio de 2019,

o El 6 de abril de 2019 se participó en Audiencia Pública sobre implementación del PDET correspondiente a la subregión Montes de María y los procesos de restitución de tierras de la misma región, convocada por la Comisión Quinta del Senado de la República, realizada en la Universidad de Sucre, en Sincelejo.

o El 01 de agosto de 2019 se participó en el Encuentro con el Senado de la República, realizado en el marco de la Asamblea General de la ANUC referente a la agenda legislativa del sector campesino Proyectos de ley 055 de 2018 Cámara y 165 de 2018 Senado, sobre asociatividad rural y formalización de la propiedad rural.

o El 3 de septiembre de 2019 se participó en el Debate de Control Político de la Comisión quinta de la Cámara de Representantes al Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural frente al Acuerdo Suscrito con los Paneleros de Colombia el 5 de julio de 2019.

Igualmente se realizaron observaciones a los siguientes proyectos de Ley:

o Proyecto de Ley 261 de 2018 de la Cámara de Representantes “Por medio del cual se fortalecen los canales de comercialización de los pequeños y medianos productores y se promueven acuerdos comerciales con la agroindustria y el empresariado formalmente constituidos”,

o Proyecto de Ley 55 de 2019 de Cámara de Representantes “por medio del cual se dictan normas para la constitución y operación de las Asociaciones Campesinas y Asociaciones Agropecuarias, se facilitan sus relaciones con la Administración Pública, y se dictan otras disposiciones”.

o Proyecto de Ley 321 de 2019 de Cámara de Representantes “por medio del cual se promueve la soberanía alimentaria, mercados campesinos y se dictan otras disposiciones”.


A través de las actividades realizadas la Defensoría del Pueblo cuenta con insumos para el ejercicio de la magistratura moral por parte del Defensor del Pueblo, que permita realizar un llamado de atención a las entidades responsables de la política para que las mismas cuenten con un enfoque de derechos y sean el mecanismo para garantizar los derechos de la población campesina.

De esta manera se cuenta con los siguientes documentos:

I. Estudio y recomendaciones al gobierno sobre el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito – PNIS

II. El tratamiento penal diferenciado para pequeños agricultores y agricultoras de cultivos de uso ilícito III. Propuesta de revisión y modificación del decreto ley 896 de 2017 IV. Informe de seguimiento a los programas de acceso a la tierra: análisis de los efectos de las modificaciones

implementadas a los programas de acceso a tierras por el Decreto Ley 902 de 2017. V. Propuesta de proyecto de ley para la creación de la jurisdicción especial agraria. VI. Documento de análisis de Implementación de la Jurisdicción ambiental y agraria en Colombia.


la meta.



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SNARIV- URT Seguimiento en etapa Posfallo a sentencias de restitución de Tierras (21/06/2019)

III. Meta del Plan Estratégico Institucional3

En el marco del Objetivo Estratégico No. 2.2: Prevenir la violación de derechos humanos en los escenarios de conflictividad social en el contexto del pos acuerdo, la Delegada para Asuntos Agrarios y Tierras desde el nivel Central se propuso en el año.

Atender las solicitudes de asesoría, información, acompañamiento, coadyuvancia o intervención recibidas en la Delegada para Asuntos Agrarios y Tierras Nivel Central (250 gestiones)

Atender las solicitudes de asesorías o información por parte de Regionales y demás Dependencias (30 atenciones).

A nivel nacional, con el acompañamiento de las Defensoría Regionales se planteó realizar atención especializada a 1.300 personas y realizar seguimiento a casos emblemáticos para defensa de derechos de los campesinos, realizar atención seguimiento acompañamiento y defensa de los derechos de la población campesina en escenarios de conflicto a 400 personas, y acompañar a 1.600 pobladores rurales en mesas de trabajo con entidades y comunidad para la garantía e impulso de los derechos de la población campesina víctima.


En cumplimiento de sus funciones la Defensoría Delegada para Asuntos Agrarios realiza atención y orientación a la población rural que considera vulnerados sus derechos en los temas relacionados con los asuntos agrarios, rurales y de tierras tanto desde el nivel central, como desde las Defensorías Regionales. La Delegada realiza seguimiento a las actuaciones del Estado frente a estas vulneraciones, brinda acompañamiento en mesas de diálogo entre comunidades y entidades del orden nacional, regional y local para la solución de las problemáticas campesina, presta asesoría para interponer acciones, recursos judiciales o mecanismos de protección de derechos fundamentales para el restablecimiento de los derechos vulnerados. Algunos casos concretos de acompañamiento y seguimiento realizado por la Delegada, se listan a continuación





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o Programas de acceso a tierras que han sido focalizados para la Inspección El Porvenir (Puerto Gaitán -

Meta) o Seguimiento e impulso a la implementación del PNIS en el Bajo Cauca, Córdoba y Urabá o Proceso de revocatoria directa contra las resoluciones de adjudicación de baldíos del predio “El Brasil”,

ubicado en el municipio de Puerto López – Meta. o Desalojo por la Sociedad de Activos Especiales, en predios ubicados en las veredas La Reforma y La

Laguna de la Inspección Pachaquiaro, municipio de Puerto López – Meta. o Desalojo habitantes vereda Santa Rosa del municipio de Pitalito, Huila. o Saneamiento y adjudicación de predios a favor de ASODESPAZ o Proceso de sucesión y continuidad del proceso de adjudicación del predio "La Liliana", ubicado en el

municipio La Primavera – Vichada o Desplazamiento masivo de la Isla Zura Municipio Tenerife o Vulneración de derechos humanos de campesinos que habitan al interior del Parque Nacional Natural

Chiribiquete, ubicado en el departamento de Guaviare. o Problemáticas de uso y tenencia sobre las zonas de ciénagas y playones en Sucre - San Benito Abad. o Cumplimiento del Acuerdo 065 de 2014, por el cual se formulan lineamientos para la agricultura urbana y

periurbana de la localidad de Suba. o Plan de ordenamiento social de la propiedad rural, correspondiente al municipio de Puerto Gaitán – Meta. o Cumplimiento de la orden judicial impuesta por la Corte Constitucional, mediante sentencia T-488 de 2014

que ordena la elaboración del plan nacional de clarificación de los terrenos baldíos de la Nación. o Situación actual de la Zona de Reserva Campesina del Pato Balsillas o Condición resolutoria a familias del predio Sandrana y Samaria del municipio de Guadalajara de Buga - Valle

del Cauca. o Afectaciones de campesinos por la falla geológica del municipio de San Eduardo – Boyacá. o Programas de acceso a tierras, respecto del predio denominado “Corinto”, corregimiento de Tilodirán,

municipio de Yopal – Casanare. o Programas de acceso a tierras, respecto de los predios denominados “Quimbaya”, y “Potosí o Primavera",

Vereda La Ceiba, municipio de Puerto Salgar-Cundinamarca. o Cumplimiento a la orden de la sentencia T-1025/2007 dirigida a la Defensoría del Pueblo - Para propiciar la

construcción de la confianza mínima necesaria entre las instituciones y la Comunidad de Paz de San José de Apartadó

o Seguimiento compromisos pueblo Kogui – Sierra Nevada de Santa Marta o Casos emblemáticos Caño Palomo, El Vichal, Las Pavas y El Guayabo o Cumplimiento a la medida cautelar que ampara al Pueblo Nukak o Reubicacion campesinos predio Potosí - Tolima o Plan de Acción de Reasentamiento formulado por la Empresa Minesa o Compromisos del gobierno con comunidades campesinas de Piñuña Blanco y Perla Amazónica, municipio

Puerto Asís - Putumayo o Seguimiento medida cautelar restitución de tierras comunidades indígenas Mapayerri y Sikuani Awia

Tuparro o Conflicto territorial Yukpa - Campesinos Serranía Perijá o Saneamiento y adjudicación predio Playones de Sincerín - Bolívar o Seguimiento a cumplimiento Sentencia T-302 de 2018 sobre el saneamiento de la situación de nutrición de

los niños y niñas del pueblo Wayuu. o Seguimiento proceso de adjudicación y reubicación ASODESPAZ o Seguimiento destinación predio Potosí en el municipio de Armero Guayabal -Tolima o Formulación e implementación del POT de la ciudad de Bogotá e implicaciones en la localidad de Sumapaz o Resolución 058 de 2010 - sobre acceso y tenencia de la tierra en el departamento de Córdoba



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o Caso Hacienda Primavera-Guaduas (Cundinamarca) o Caso Asoviccamcol o Afectación medida de protección patrimonial de municipio de Colombia (Huila) o Seguimiento programa Agricultura Urbana y Periurbana o Caso La Lengüeta o Caso Consejo Comunitario La Larga y Turmaradó COCOLATU o Sentencia SU 383 Min Interior o Erradicación forzosa en la vereda Brisas del municipio de San Miguel – Putumayo o Sentencia T-361 en relación al derecho a la participación en la delimitación del páramo de Santurbán y

especialmente del Distrito de Manejo Integral del Páramo de Berlín, en Santander. La Delegada para Asuntos Agrarios y Tierras realiza seguimiento al cumplimiento de las sentencias por parte de las entidades responsables y presenta informes periódicos a los jueces de los tribunales:

Sentencia SU-235 de 2016, sobre el acompañamiento al proceso de recuperación de baldíos, su posterior división material y adjudicación, y situación de las familias campesinas ocupantes de la antigua Hacienda Bellacruz.

Sentencia T-052 de 2017, sobre derechos del pueblo indígena Bari y la comunidad campesina del Catatumbo ASCAMCAT.

Misiones Humanitarias Se realizó acompañamiento al señor Defensor del Pueblo a la Misión de verificación de derechos humanos en el Bajo Cauca Antioqueño, Meta y Guaviare. Posteriormente se han realizado misiones para hacer seguimiento a los compromisos realizados por el señor Defensor en el bajo Cauca Antioqueño, Sucre. Intervenciones ante la Corte Constitucional El 18 de febrero de 2019, la Delegada para los Asuntos Agrarios y Tierras en conjunto con la Defensoría Delegada para los Asuntos Legales y Constitucionales y la Delegada para los Derechos Colectivos y del Ambiente, prepararon el concepto técnico de análisis de constitucionalidad del artículo 10 de la Ley 1930 de 2018, por parte de la Defensoría del pueblo, para su radicación ante la Corte Constitucional, dentro de la demanda de inconstitucionalidad en curso. Igualmente elaboraron la intervención de la Defensoría del Pueblo en la Audiencia Pública convocada por la Corte Constitucional, mediante Auto 554 de 2019 y celebrada el pasado 6 de noviembre de 2019. En dicho documento, se concluyó que la conservación de estos ecosistemas estratégicos, dada su indiscutible importancia para la vida, es un fin valido, pero su consecución no resulta constitucionalmente admisible si se lleva a cabo sacrificando los derechos de quienes les han ocupado ancestralmente. Por ello, la Defensoría del Pueblo estimó que la Corte Constitucional debe llevar a cabo un ejercicio de armonización concreta de principios desde la perspectiva de la justicia ambiental, la cual parte del reconocimiento de un trato justo, así como de una distribución proporcional de cargas y beneficios en la implementación de políticas ambientales que tengan incidencia en la esfera social, económica y cultural de la ciudadanía. Rutas de acceso a derechos de la población campesina Se elaboraron los siguientes documentos que sirven de insumos para la atención que se presta a la población campesina para la garantía de sus derechos:

Resolución, transformación y gestión de los conflictos de la población rural y campesina que permita



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conceptualizar y apoyar la atención, asesoría y acompañamiento que la Defensoría del Pueblo proporciona a la población campesina y rural víctima, relacionada con la prevención y resolución de conflictividades sociales que afectan a la población campesina víctima.

Acceso a proyectos productivos integrales agropecuarios, Acceso al crédito agropecuario, Asociatividad rural, Vivienda Rural y Extensión Rural.

Documento orientador para la población campesina y rural víctima asentada o colindante con áreas de especial interés ambiental, sobre los derechos de los campesinos en materia ambiental, los instrumentos nacionales e internacionales que tienen para la protección de sus derechos, las autoridades responsables, y los contenidos el Acuerdo de Paz sobre la materia, así como recomendaciones para hacer exigibles su derechos.


Se Impulsó ante las entidades responsables la garantía de los derechos de la población rural frente a las diferentes solicitudes de asesoría, acompañamiento y atención para la superación de las condiciones y vulnerabilidades a que están expuestos las poblaciones rurales. Desde el Nivel Central, de enero a noviembre de 2019 Se han realizaron 208 gestiones y se han atendido 58 solicitudes de regionales y otras dependencias de las Defensoría. A nivel nacional, se asistieron técnicamente 2002 personas frente a casos emblemáticos para defensa de derechos de los campesinos y 413 personas en defensa de los derechos de la población campesina en escenarios de conflicto, y se acompañó a 1.586 personas pobladores campesinos en espacios institucionales para la solución de las problemáticas que los aquejan.


la meta.

Acompañamiento Mesa de Concertación Comunidades Pueblos Indígenas Pastos Quillasingas - Conpes

Agropecuario 3811 y Pacto Agrario. Pasto, Nariño, 28 de marzo de 2019



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Atención especializada - Puerto Berrio, Antioquia, 2 de Mayo de 2019

Sesión Mesa Campesina. Casa de la Moneda Popayán Cauca, 12 de junio de 2019

formato de preparaciÓn de informaciÓn para la … · 2020-06-12 · formato de preparaciÓn de...

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