CONTENIDO

Lecciones de paz entre Colombia y Filipinas: una experiencia de análisis comparado .................................. 2

Protección de los civiles: en procesos bloqueados, lo primero es la protección de la población y el protagonismo no violento de la sociedad civil .......................................................................... 4

Por Camilo González Posso

Diez lecciones de Filipinas para Colombia ...................................................................................................... 11

Por Marta Ruiz

Participación de la sociedad civil en los procesos de paz: comparación entre Filipinas y Colombia .......................................................................................................................................................... 17

Por Mauricio García Durán, S.J.

Los afectos y las oportunidades para la paz ................................................................................................... 25

Por María Ginés Quiñones

Filipinas y Colombia: aprendizajes mutuos en la diversidad y en los derechos indígenas ............................ 28

Por Henry Caballero Fula

Una mirada al conflicto armado interno en Filipinas: coincidencias y aprendizajes ..................................... 33

Por Patricia Buriticá Céspedes

El auge de la minería en Colombia y Filipinas ................................................................................................. 38

Por Yamile Salinas Abdala

La arquitectura internacional del proceso de paz en Mindanao .................................................................... 42

Por Tathiana Montaña

Lecciones de paz entre Colombia y Filipinas: una experiencia de análisis comparado

En los meses de junio y julio de 2010 se realizó un intercambio entre misiones de paz de Filipinas y Colombia. Una delegación de 10 personalidades filipinas vinculadas a diversos aspectos de la búsqueda de la paz en ese país visitó Colombia entre el 5 y el 13 de junio y luego la misión de paz de Colombia viajó a Filipinas a entrevistarse con los más significativos actores del conflicto y de los ensayos de paz en ese país.

En cada caso, la delegación se integró desde la diversidad. En la de Colombia participaron Martha Ruíz (periodista de la revista Semana), Mauricio García SJ - Director del CINEP-, Tatiana Montaña - Docente de la Universidad Jorge Tadeo Lozano-, el General (r.) Henry Medina, María Ginés, dirigente afro y de organizaciones de mujeres, Patricia Buriticá de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, Yamile Salinas Abdala – especialista en Derecho Ambiental y de Tierras, Henry Caballero – exdirigente del Movimiento Armado Quintín Lame, y Camilo González Posso, Presidente de INDEPAZ.

El intercambio realizado forma parte de un proyecto de apoyo a las iniciativas de paz promovido por Conciliation Resources de Londres y que en Colombia, en acuerdo con INDEPAZ, se viene desarrollando desde 2004 con eventos y publicaciones académicas de análisis comparado de procesos en diversos países sobre temas relevantes para la búsqueda de la paz. El Gobierno de Noruega, que tiene un papel activo en la mediación y monitoreo de los acuerdos entre la guerrilla y el gobierno de Filipinas, fue promotor de este dialogo entre múltiples actores colombo - filipinos.

Para preparar el intercambio en Colombia se propiciaron consultas sobre lo que se ha denominado la Vía Ciudadana para Construir la Paz y se publicaron ensayos de análisis comparados elaborados por Kristian Herbolzherimer, Coordinador del Proyecto de Aprendizaje Comparado Colombia-Filipinas, en Conciliation Resources. Estos ensayos, publicados por INDEPAZ, hacen una presentación sintética de la situación en Filipinas y destacan diferencias y similitudes en los conflictos armados y en las rutas hacia su resolución. En lo relativo a Colombia, se parte de la hipótesis de que la clave de la paz está en la sociedad civil que se organiza y moviliza, tanto social como políticamente, para ganar espacios de democracia, justicia y equidad en una perspectiva de construcción de paz en un proceso donde las negociaciones entre la guerrilla y el gobierno no son el centro de la estrategia sino un capítulo subordinado a las dinámicas no violentas.

Los integrantes de las dos misiones identificaron temas específicos de interés en el amplio abanico de los conflictos y la búsqueda de soluciones políticas, a partir de lo cual se desarrollaron agendas que significaron decenas de reuniones en cada país. Los miembros de la delegación colombiana a Filipinas sostuvieron 35 reuniones en Manila y en las provincias de Mindanao y Negros. Recibieron testimonios, información documentada, evaluaciones y ensayos de interpretación en reuniones con más 400 personas de entidades y organizaciones activas en las agendas de paz. La agenda – coordinada por la red nacional Sulong CARHRIHL (Adelante con el Acuerdo Incluyente de Respeto a los Derechos Humanos y al DIH) por Balay Mindanao, y por Paghiliusa sa Paghidaet-Negros (PsPN) en Negros - incluyó representantes del gobierno, del alto mando de las fuerzas armadas, de la comunidad internacional, academia, ONGs, voceros de las guerrillas moras, comunidades de paz, comunidades afectadas por macroproyectos

mineros y de agroindustria, asociaciones campesinas de influencia de la guerrilla maoísta, comunidades religiosas, periodistas, entidades estatales de derechos humanos, de asuntos indígenas, instancias conjuntas guerrilla-gobierno de monitoreo, mediadores y negociadores de paz.

Protección de los civiles: en procesos bloqueados, lo primero es la protección de la población y el protagonismo no violento de la sociedad civil

Por Camilo González Posso

Presidente de Indepaz

Las lecciones de un ejercicio de análisis comparado son leídas desde los prejuicios del observador y en mi caso desde la percepción de un largo ciclo de violencias y conflictos armados en Colombia que se han degradado por la reiteración de crímenes atroces contra la población civil y que continúan en un contexto en el cual el recurso a las armas carece de toda justificación, legitimidad o papel de resistencia o de reivindicación en las luchas de poder. Mirando el espejo de largos conflictos armados como los de Filipinas, asombra la capacidad destructiva y la alta intensidad de la violencia contra la población civil que se ha visto en Colombia. En Filipinas, con su historia de resistencia a la ocupación extranjera y a las dictaduras durante casi todo el siglo XX, con la existencia de guerrillas de mayor influencia, han estado lejos de la atrocidad que caracteriza las formas de violencia armada en Colombia.

En Colombia, los registros más serios hablan de 50.000 muertes por los conflictos armados en los últimos 40 años, de cuatro millones de desplazados forzados por acciones de la guerrilla, los paramilitares o la fuerza pública, de 32.000 desapariciones entre las cuales 8.000 documentadas como detención y desaparición forzada, y de 10.000 secuestros. Y a pesar de los pactos de 1991, con 5 guerrillas que pasaron a la vida civil, y de la desmovilización de grandes estructuras paramilitares entre 2005 y 2007, la violencia armada ha continuado. En ella actúan más de 12.000 guerrilleros y 7.000 naracoparamilitares, enfrentados por unas fuerzas armadas que son tres veces mayores que las de las Filipinas - en proporción a la población - y que cuentan con la asesoría y el apoyo estratégico del Comando Sur del ejército de los Estados Unidos. En los últimos ocho años, no obstante la disminución de la violencia en el país, se registran más de 2 millones de desplazados y 2.500 ejecuciones extrajudiciales en investigación, además de otros miles confundidas en fosas comunes.

Filipinas no ha escapado a las graves violaciones a los derechos humanos con más de 12.000 homicidios políticos desde la dictadura (1972 - 1986) hasta hoy. Esto se observa en los registros de monitoreo entre junio de 2004 y junio de 2010 realizados por la comisión conjunta: 1.348 ejecuciones extrajudiciales atribuidas a las fuerzas armadas, 449 ejecuciones por parte de las guerrillas, cobro armado del llamado impuesto revolucionario. En el último año han aumentado las acusaciones por el uso de minas antipersona por parte de las guerrillas (2 eventos) o el ejército (28 eventos) y por la formación de grupos campesinos e indígenas antiguerrilla que colaboran como paramilitares legales tipo Convivir. No obstante estas cifras que indican la continuidad de las confrontaciones armadas, si se comparan con las de Colombia, su impacto relativo es menor y la presión por la reducción es más fuerte desde que se retomó en 2004 el seguimiento al Acuerdo Incluyente de Respeto a los Derechos Humanos y al DIH (Comprehensive Agreement on Respect to Human Rights and International Humanitarian Law - CARHRIHL)

Para un filipino es motivo de asombro la degradación de los conflictos armados en Colombia. Les suena familiar el recuento histórico que muestra cómo desde la guerra de mediados del siglo XX, conocida como La Violencia, las confrontaciones armadas han estado vinculadas a luchas de poder político, a formas de enriquecimiento y al uso de la violencia y del control del Estado para beneficio de negocios legales e ilegales. Pero se hacen muchas preguntas sobre el papel del narcotráfico y sobre la formación de carteles y de ejércitos privados, que es el capítulo más conocido de la historia reciente de la violencia en Colombia, sobre todo entre 1995 y 2007. Los más entendidos preguntan ¿Cómo es eso de la simbiosis de narcotráfico, paramilitarismo y guerra por la apropiación de bienes, territorios y rentas públicas? ¿Qué significa que en las últimas décadas se hayan aliado narcotraficantes y políticos llegando a controlar buena parte del país, del Congreso de la República, y de los organismos de inteligencia del Estado, y que llegan a la misma coalición de gobierno? Y no faltan por supuesto los interrogantes sobre la degradación de la guerrilla al escalar en los métodos atroces de control territorial, de poblaciones, de finanzas y hasta la vinculación con redes del narcotráfico.

En filipinas se observa una mayor dispersión de las armas que en Colombia y una mayor relación entre jefes políticos y ejércitos privados, con un mayor impacto político de las acciones guerrilleras, especialmente en la región de Mindanao, pero una menor intensidad de las confrontaciones y de las agresiones a la población civil.

Entre tantos temas de reflexión que resultan de la comparación de estas búsquedas de la paz, tal vez lo que puede tener un sentido práctico inmediato es el pacto de respeto a la población civil, suscrito en Filipinas desde 1998. ¿Será posible, oportuno, útil intentar en Colombia algo similar, centrado en el respeto a las normas del Derecho Internacional Humanitario?

Algunos nos aproximamos a la situación de conflictos armados en Filipinas con esa inquietud central y al final llegamos a la conclusión de que en medio de tantas diferencias y complejidades, tal vez en esta experiencia humanitaria se encuentren las primeras lecciones por aprender.

El pacto de 1998 y 2004

El Acuerdo de respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario suscrito en 1998 entre el Gobierno de la República de Filipinas (GRP) y el Frente Democrático de Filipinas (NDFP), que incluye al Partido Comunista de Filipinas y al Nuevo Ejército del Pueblo, es una muestra de las dificultades y posibilidades de la solución política a los conflictos armados en ese país. Después de 12 años de haberse firmado ese acuerdo ha sido imposible pasar a los otros puntos de la agenda pactada que incluyen “1. Las reformas socioeconómicas; 2. Reformas políticas y constitucionales y 3. Fin de las hostilidades y disposición de fuerzas”. Resulta ilustrativo de las dificultades el hecho de que sólo en 2004 se haya logrado reanimar ese pacto con la firma del Declaración de Oslo que reafirma los compromisos y establece la Comisión Conjunta de Monitoreo entre el GRP y el NDFP.

El Pacto de 1998 es muy concreto en lo que se refiere a la observancia incondicional de las normas del DIH y en este terreno muestra los mayores avances. En los otros temas relativos a los derechos humanos se incluyen puntos que trascriben enunciados de convenios internacionales sobre derechos civiles y políticos, libertades fundamentales y derechos económicos, sociales y culturales. Algunas de esas declaraciones de principios o derechos están incorporados a la Constitución Política y otros son de aplicación progresiva y de interpretación según la orientación política de los gobiernos.

La declaración de Oslo desde 2004 ha sido referencia obligada en la difícil relación entre el NDFP y el gobierno. La Comisión Conjunta de Monitoreo, integrada paritariamente, ha recibido denuncias de incumplimientos, en particular a las normas del DIH, y en el debate público han continuado hasta hoy las exigencias de gestiones efectivas para que la guerrilla filipina y sus dirigentes sean retirados de las lista de terroristas elaboradas por la Unión Europea y Estados Unidos. Otro asunto álgido ha sido el reclamo de cumplimiento de los acuerdos de reparación a las víctimas de la dictadura de Marcos.

El Pacto de 1998, refrendado en Oslo en 2004, evidentemente no ha conducido a un periodo de negociaciones de paz o de diálogos formales sobre la agenda pactada, pero ha operado como un instrumento útil en la protección de la población civil y la deslegitimación de infracciones al DIH, entre ellas algunos crímenes atroces tipificados en el Estatuto de Roma. En Filipinas se ha logrado que todos los sectores de la sociedad, del Estado y de todos los grupos armados se reclamen campeones de los derechos humanos y de las normas humanitarias, y esté por fuera de toda discusión el rechazo a prácticas como la toma de rehenes, el secuestro y la desaparición forzada, los homicidios de persona protegida o la ejecuciones extrajudiciales, el reclutamiento de niños, el uso de armas de destrucción indiscriminada, el daño a bienes civiles, el desplazamiento o el ataque a la misión médica y a otras entidades o personas neutrales. Semejante proclama o reafirmación de la observancia del DIH no es irrelevante en una situación de conflictos armados prolongados y aunque no han faltado las infracciones, el pacto del 98 ha servido de instrumento de empoderamiento de la sociedad civil y de reducción del daño en medio de las confrontaciones.

En esta experiencia de pacto humanitario en Filipinas ha sido importante también el lugar asignado por las partes a un tercero facilitador. Los firmantes de la Declaración de Oslo reconocen al gobierno noruego como facilitador para apoyar a los paneles negociadores y ofrecer a solicitud de las partes “recomendaciones, opiniones y sugerencias”; además se le compromete a apoyar al Comité Conjunto de Monitoreo y a la implementación del CARHRIHL.

La aplicación del CARHRIHL ha contado con la presencia activa de la sociedad civil de Filipinas, organizada en redes para hacer un monitoreo independiente y presionar a las partes al efectivo respeto de los derechos de la población.

Sulong CARHRIHL es el nombre de la alianza de ONGs, iglesias, universidades y organizaciones sociales y comunitarias, que en todas las regiones de Filipinas se ha encargado de fortalecer la capacidad de reacción de la población frente a acciones violentas en medio del conflicto o de las estrategias de guerra. Esta red nacional se ha propuesto divulgar las normas del DIH en todos los sectores, apoyar a las organizaciones defensoras de derechos humanos, hacer ese monitoreo independiente y promover su incidencia entre agentes del Estado y estructuras del NFDP y de las guerrillas para la plena observancia de los compromisos.

En Colombia no se ha llegado muy lejos en acuerdos específicos para la observancia de todas las normas del Derecho Internacional Humanitario y cada vez que el tema ha estado en la agenda pública, nos hemos encontrado con discursos generales llenos de salvedades sobre la interpretación o justificación de prácticas como el secuestro, toma de rehenes, el desplazamiento o el asesinato de civiles acusados de combatientes camuflados, infiltrados o cosas por el estilo. Así que acercarse a la experiencia de Filipinas en esta materia puede ser muy útil para la protección de la población civil y el des-escalamiento de las confrontaciones armadas.

Ante procesos bloqueados y congelados, las claves de la paz están en el papel central de la sociedad civil

La otra cara de la recuperación de la experiencia filipina con el pacto humanitario es el reconocimiento de la dificultad de pasar a negociaciones sustantivas de reformas como paso previo a un acuerdo final de paz. ¿Qué hacer entonces en estas situaciones de largos procesos de conflictos armados, de intentos fallidos de negociaciones y cuando la determinación de los gobiernos y de los insurgentes es escalar la guerra hasta doblegar la voluntad del contrario para imponer las condiciones?

En el primer discurso sobre el estado de la nación, pronunciado el pasado 27 de julio, el Presidente Benigno Aquino hizo una breve alusión a la política de paz señalando que retomaría las negociaciones con el MILF en Mindanao, pero no dio señales para el trámite de la agenda pactada y congelada desde 1998 con la guerrilla maoísta del NPA. Este informe a la nación, que es considerado como la hoja de ruta del nuevo gobierno, se centró en los temas de la corrupción, el crecimiento económico, la lucha contra la pobreza y en relación a los conflictos armados solo le dio importancia a las tensiones en la región de predominio de población musulmana, en donde las reivindicaciones de autonomía o independencia son recogidas por la guerrilla mora.

Durante la administración de Gloria Macapagal Arroyo, que culminó el pasado 28 de junio, se adelantaron intentos de solución en el sur y se avanzó en la definición de los territorios ancestrales, logrando un acuerdo que a la postre, en 2008, fue declarado inconstitucional por la corte. No obstante esta dificultad, se ha mantenido un cese al fuego prolongado y las hostilidades se han reducido considerablemente si se las compara con la situación al inicio de la década.

En Mindanao se siente un ambiente extraño desde la mirada de un colombiano. La fuerza pública sabe dónde están los jefes del MILF, sus campamentos y los barrios donde viven los milicianos con sus familias. Los visitantes internacionales interesados en la paz pueden llegar hasta esos sitios e incluso son transportados por los militares que los esperan para luego llevarlos de regreso al hotel o a un evento en los cuarteles.

Civiles y militares coinciden en que “Es más fácil el diálogo con la guerrilla mora, pero terminar los acuerdos es muy complicado porque se trata de muchos asuntos mezclados, comenzando con el problema de la independencia o la autonomía reivindicada por la población musulmana desde hace siglos”. “Los armados del frente moro de liberación son solo siete o cinco mil, pero su influencia no se puede medir por esas cifras. Es un problema nacional que tiene una base religiosa y una historia de resistencia desde la colonización y evangelización católica española hasta hoy”. Ese 6% de población musulmana, en el total de 93 millones de habitantes, se concentra en Mindanao y allí convive con católicos cuya presencia ha sido fomentada, llegando ya al 63% del total de la población de la isla, segunda en importancia en ese archipiélago.

Mientras el nuevo gobierno ha reanimado el panel negociador con el MILF, la línea a seguir con el NPA parece mantenerse en los lineamientos de mano dura sostenidos en los últimos 9 años por el gobierno de Arroyo. Después de la declaratoria de guerra al terrorismo por la administración Bush, en Filipinas como en Colombia, el gobierno promovió que se incluyera a las guerrillas como grupos terroristas en las listas de Estados Unidos y la Unión Europea. La determinación fue arreciar la ofensiva militar, poner como condición para cualquier dialogo el cese al fuego y de hostilidades, y la determinación de ir a la dejación de las armas; se fomentó la deserción o reintegración de

excombatientes y, al final de la administración Arroyo, se anunció que la guerrilla maoísta había sido reducida desde 25000 efectivos armados a menos de 4500. La pérdida de incidencia en las redes sociales y políticas, que desde la época de la dictadura han sido la principal fortaleza de esa guerrilla, es demostrada con la crónica de pugnas, divisiones y ajuste de cuentas con centenares de muertos. Pero son más elocuentes las cifras de los pobres resultados del NDF, el frente político de la guerrilla que actúa en la legalidad, en las elecciones al nuevo Congreso: no logró ninguna curul en la Cámara, donde antes había estado representado, y menos en el Senado.

El paso de lo humanitario a la agenda de reformas ha sido postergado y hasta la fecha el NPA se niega a volver a la mesa en condiciones de cese al fuego. Reclama como condición ser retirado de las listas de terroristas, el estatus de inmunidad a la delegación de negociadores y la suspensión de operativos militares en las zonas rurales de su influencia.

Dada la situación política con un gobierno que se inicia con el respaldo de más del 60% de la población a su programa anticorrupción y de disminución de la pobreza, y con el balance de éxitos militares de la acción antiguerrilla (antiterrorista dicen los militares filipinos), es poco probable que el gobierno se embarque en una negociación de reformas, comenzando por la agraria o para una nueva constitución. Benigno Aquino, que es una figura de prestigio con un discurso democrático liberal, no tiene condiciones ni interés alguno en alterar la estructura de poder del país donde tradicionalmente han tenido un lugar central los grandes hacendados y hoy la alianza con poderosas multinacionales agroindustriales.

Todos los que hacen análisis comparados comienzan diciendo que no son iguales ni siquiera dos gotas de agua y que cada país con su historia de conflictos es peculiar, único e irrepetible. Pero a renglón seguido anotan que no obstante esas salvedades hay factores históricos, globales o regionales que constituyen realidades con semejanzas entre países, y esta verdad no deja de venir a la mente cuando comparamos las situaciones del conflicto y del bloqueo de posibilidades de negociación o pacto final de cese de hostilidades en Colombia y Filipinas.

Como en Filipinas con el NPA, el nuevo gobierno de Juan Manuel Santos ha declarado que su política con las FARC y el ELN es arreciar la ofensiva militar para desmantelarlos o colocarlos en derrota definitiva antes de 2014. Por eso endurece las condiciones para un diálogo exigiendo liberación unilateral de todos los secuestrados y fin del terrorismo como paso previo a cualquier diálogo. Y la guerrilla desde su orilla, cuando le exigen someterse a las normas humanitarias y hacer gestos que le den credibilidad a sus intenciones de paz, habla en general de su disposición al diálogo y de su agenda de reformas sustantivas para una futura mesa de negociaciones. Mientras en Filipinas la agenda de negociaciones permanece congelada con el NPA en Colombia no hay agenda a la vista.

En uno y otro país está en crisis el modelo de búsqueda de la paz entendido como solución de los conflictos armados y de los problemas nacionales mediante la negociación entre la guerrilla autodefinida como marxista o maoista y el gobierno. En uno y otro país estas guerrillas se encuentran en retroceso, no son reconocidas como voceras de una parte importante de la población y su proyecto de lucha armada por el poder está desfasado de la realidad política nacional e internacional y está condenado al fracaso. Ni la guerrilla, que aún mantiene reservas y capacidad de hostigar, puede imponer los términos de una negociación para compartir el poder y darle sentido a reformas profundas, ni el poder vigente está dispuesto a someter sus intereses y sus planes de negocios y definiciones del sistema político a una mesa de pactos.

En medio de tanta dificultad para llegar al fin de las hostilidades, en Filipinas se mantiene la solución política de los conflictos con alguna dinámica en el sur y prendida del hilo del pacto humanitario de 1998 en lo que respecta al NPA. Esta circunstancia le permite a un militar decir que “es difícil reanudar las conversaciones con el NPA pero si se logra volver a la mesa de negociación, puede ser más fácil llevarlas a término que con el MILF. El pacto del 98 ayuda, los asuntos a resolver están más delimitados pero se necesita un cese al fuego prolongado.”

Conflictos arcaicos

Al hablar de violencia política y conflictos armados de más de 40 años en Colombia y en Filipinas, no podemos olvidar los cambios en el régimen político que en un caso han estado asociados al fin de una dictadura de 20 años que impuso la ley marcial, cerró el congreso y suspendió libertades civiles y que en el otro caso siguieron a la terminación del Frente Nacional, a 30 años de Estado de Sitio y a una etapa cruenta de guerra declarada por los grandes carteles del narcotráfico y de ascenso de la insurgencia guerrillera en los años setenta y ochenta. En Filipinas triunfa una revuelta pacífica en contra de la dictadura y se inicia una transición democrática dirigida por las élites más modernizantes y neoliberales. En Colombia se impone un levantamiento ciudadano sin armas en respuesta a la crisis del régimen post frente nacional y al ascenso de la violencia y de los conflictos armados; ese levantamiento lleva a acuerdos de paz de una parte de las guerrillas y a una Asamblea Constituyente que introduce importantes modificaciones y aprueba una nueva constitución como pacto de paz.

Esas transiciones llevan a pactos parciales de paz y a regímenes que significan democratización frente al pasado y al mismo tiempo recomposición de las élites gobernantes con predominio de aquellas mas ligadas a la globalización dirigida por las multinacionales y a las grandes potencias.

Las guerrillas que se mantienen hasta hoy en Colombia y Filipinas no han interpretado adecuadamente el sentido de los cambios nacionales y del contexto internacional después del viraje chino al socialismo de mercado en un solo país y del colapso de la URSS. Con obstinación han mantenido lo fundamental de sus estrategias y programas para justificar la continuidad de la lucha armada. El aislamiento internacional del proyecto de lucha armada contra democracias neoliberales ha sido mayor después del 11 de septiembre de 2001 y no sólo se han cerrado las posibilidades de toma militar del poder sino también han disminuido las posibilidades de negociar el poder para imponer un modelo económico y político antagónico o de transacción. En ese contexto, la reivindicación de autonomía en Mindanao es considerada legítima por los más diversos sectores, pero en lo relativo al NPA, sus discursos suenan anacrónicos en el nuevo panorama internacional y de cada país. La pretensión de viejas guerrillas de lograr la toma del poder mediante la guerra o de hacer la resistencia armada a la globalización imperial es vista como una estrategia inviable en el nuevo contexto de poder.

En un país post dictadura y que ha dejado de ser rural para transformarse en industrial, agroindustrial y de servicios ligados a las nuevas tecnologías, es una curiosidad la guerrilla maoísta que transcurre paralela al post maoísmo en China y que sigue con sus ideas de la guerra popular prolongada para cercar a las ciudades desde el campo y hacer la revolución democrática.

En Colombia después de la Constitución de 1991 y la confrontación por darle contenido al Estado Social de Derecho, es incomprensible para la inmensa mayoría la persistencia de guerrillas que mantienen los programas de reforma de los años sesenta y que ocultan el sentido de sus reivindicaciones al darle prioridad durante más de una década a la pretensión de reconocimiento como

beligerantes, utilizando para ello métodos antihumanitarios (minas, desplazamiento, secuestro, etc) y la demanda de canje de rehenes o prisioneros de guerra.

Las vías ciudadanas hacia la paz

El recuento de estos procesos bloqueados o congelados nos lleva a resaltar el protagonismo de la sociedad civil, no sólo en las dimensiones humanitarias de protección de la población, reducción del daño o garantía de derechos de las víctimas. En los dos países los hitos más importantes de resistencia o transformación democrática han estado determinados por la acción no violenta de la sociedad civil.

Como se ha señalado atrás, en Filipinas han experimentado dos revolcones pacíficos del sistema político bajo el lema del poder popular; una con el levantamiento en contra de la dictadura y la ley marcial, y la otra en contra de un gobierno corrupto y autoritario que estaba llevando el país al colapso. En la historia reciente de Colombia, las grandes transformaciones de signo democrático han estado sustentadas por la movilización de millones de ciudadanos declarados en desobediencia civil contra la violencia y el poder arbitrario: después del levantamiento democrático por la Constituyente, se presenció la movilización de multitudes contra la guerra y por la paz. Han sido estos movimientos sociales y políticos los que han permitido espacios de resistencia y la construcción de instrumentos para avanzar en un camino de democracia y equidad.

Esta puede ser la lección mayor de una mirada a la historia de guerras y búsqueda en Colombia y Filipinas: en estos procesos de violencia crónica y conflictos armados prolongados y cada vez más extraños a la población, comenzando por los más pobres que más los padecen, la suerte de la paz depende de la sociedad civil y de su acción por la construcción de paz y democracia. En otras palabras, la paz ha dejado de ser un asunto de negociación entre los que hacen la guerra y los pactos de democracia, y las reformas estructurales dependen más de la realidad de las fuerzas políticas y sociales en la civilidad que de la correlación de fuerzas en los escenarios de guerra.

Diez lecciones de Filipinas para Colombia

Por Marta Ruiz

Periodista de la revista Semana

En un mapa del mundo, Colombia y Filipinas parecen encajar uno en el otro, a no ser porque los separa el Océano Pacífico. A miles de kilómetros de distancia, las dos naciones se han convertido en antípodas, con una historia colonial en común, con una estructura social similar, y con prolongados y complejos conflictos armados. Dos continentes distintos (Asia y América) y la barrera de poseer idiomas diferentes no son obstáculo para un aprendizaje mutuo sobre los avatares de la guerra y la paz, especialmente para los colombianos, que enarbolamos con frecuencia la idea de que nuestro conflicto es excepcional, diferente al resto, y por tanto exento comparaciones. Sin embargo, la experiencia Filipina, sin ser exitosa, arroja datos que podrían ser de interés para los colombianos.

1. No tirar la llave de la paz

En su discurso de posesión, el presidente Juan Manuel Santos afirmó que “no ha tirado al mar las llaves de la paz”. En realidad, en Colombia la llave reposa en arenas profundas y lo que le tocará al nuevo gobierno es rescatarla. La apuesta de los últimos años, tanto del gobierno colombiano, en cabeza de Álvaro Uribe, como de su “padrino” el gobierno de Estados Unidos, ha sido el lograr un punto de quiebre estratégico-militar en el conflicto con las FARC, con un resultado relativamente exitoso. Allanar el camino de la negociación sobre la base de la humillación militar del adversario ha tenido, sin embargo, un altísimo costo humano. Por razones del conflicto, en promedio, cada año mueren 3.000 personas, hay más de 2.000 eventos de minas antipersonales, se desplazan 200.000 personas (no sólo por el conflicto con las Farc) y en las cárceles hay unos 800 detenidos, mientras 22 militares y policías cumplen más de una década en cautiverio. Si se tiene en cuenta que hoy tanto el nuevo gobierno como los militares admiten en voz baja que un triunfo militar es improbable, y que se requiere un nuevo escenario de negociación, la pregunta es qué tan sensata ha sido una declaratoria de guerra total, tan prolongada, y con tan pocos resquicios de negociación parcial, de acuerdos humanitarios, por ejemplo. El caso de Filipinas es bien diferente. En lugar de guerra perpetua uno podría decir que allí hay un perpetuo proceso de paz, con múltiples escenarios, iniciativas, actores nacionales e internacionales, civiles y gubernamentales, que por momentos dan la sensación de desorden y de falta de conducción política. A ritmos diferentes, Filipinas mantiene abiertos 6 procesos de paz, cuatro de ellos en Mindanao, el principal con el Moro Islamic Liberation Front (MILF), con el que hay un cese de hostilidades, varios mecanismos de verificación y se avanza hacia un acuerdo final. Con el grupo comunista-maoísta New People’s Army (NPA), aunque están suspendidas las negociaciones, se mantiene un mecanismo de seguimiento a un acuerdo humanitario con observación de Noruega. Si bien el camino de 15 o más años de negociaciones no ha arrojado acuerdos definitivos, vale la pena señalar las ventajas comparativas que ha tenido el camino Filipino. Por un lado, el daño humano ha sido infinitamente menor. Los ceses de hostilidades y los acuerdos humanitarios que se han firmado con los diferentes grupos han menguado el daño sobre civiles por muchos períodos. Y eso no es poco.

Segundo, aunque, al igual que en Colombia, los conflictos afectan a regiones marginales y no al “centro de poder”, lo cual hace que la opinión pública y los medios tiendan a menospreciarlos, el tema de la paz está en la agenda del país y es central en su agenda internacional, que es mucho más diversa que la colombiana, e incluye a naciones de diferentes tendencias ideológicas y políticas. Filipinas no tiene miedo de hablar del tema de la paz, y ello en parte por una segunda lección: al parecer, a nadie se le ocurriría negar que allí hay un conflicto.

2. Admitir que hay un conflicto

En Filipinas parece haber un consenso en el reconocimiento de que existe un conflicto, que éste está asociado a exclusiones políticas (en el caso de los musulmanes) o a fallas del Estado (en el caso de los comunistas), y que ponerle fin no es un asunto que se logre de un día para otro. El Comandante de la Sexta División de Infantería del Ejército en Cotabato, Mayor General Anthony Alcántara, dice en Cotabato, Mindanao, la zona más conflictiva del país, que la derrota militar de las guerrillas es viable y posible pero no su derrota política. A diferencia de Colombia, donde las Farc y el ELN son fuertes más por sus estructuras financieras y militares, el MILF tiene un fuerte arraigo en la comunidad musulmana de esta región al sur del país. Aunque esta comunidad represente apenas un 8% de la población (que en un total de 90 millones no es poco, pero son el 20 % en Mindanao) y aunque ha declinado su poder militar, no está en cuestión la legitimidad de sus reclamos. El hecho de nunca abandonar el sentido de la política, y de reconocer siempre al interlocutor, ha propiciado que aún en crisis profundas del proceso, las puertas se vuelvan a abrir y se mantengan espacios de confianza, garantizados casi siempre por los mediadores de la comunidad internacional.

Es diferente con los comunistas. Diversas personas coincidieron en explicar que la fuerza política del NPA es proporcional al abandono estatal. Dado que los comunistas buscan derrocar el Estado actual (mientras los musulmanes buscan autonomía), son considerados verdaderos “enemigos”. Gobiernos anteriores levantaron la inmunidad que por más de dos décadas ha tenido la dirigencia comunista, exiliada en Holanda, e incluyeron a la cúpula en las listas de terroristas. Pero José María Sison, el fundador de esta guerrilla, logró que la justicia de Holanda reconociera su carácter político y no criminal. En todo caso, la inclusión-exclusión en estas listas ha demostrado ser un elemento de presión política, y no una caracterización de la naturaleza del enemigo. Países como Noruega y Suiza, que no son de la UE, han jugado un papel importante en garantizar que la dirigencia del NPA mantenga interlocutores, especialmente Noruega, que se mantiene como mediador. “Si debilitas al enemigo, éste se radicaliza” dice alguien involucrado en el proceso para explicar por qué es importante mantener el carácter político del diálogo. Algo que en Colombia habrá que empezar por recuperar, y que tiene obstáculos muy fuertes como el involucramiento de las Farc en el narcotráfico.

3. Aceptar mediaciones

También en su discurso de posesión, el Presidente Santos declinó amablemente cualquier mediación para resolver las graves diferencias del gobierno colombiano con el de su vecino Hugo Chávez. La tradición de Colombia ha sido desconfiar de la participación de la comunidad internacional en los esfuerzos para resolver su conflicto interno. Por lo menos para resolverlo por la vía del diálogo, porque por la vía militar sí que hay participación de Estados Unidos. En los años de Uribe, Colombia quiso que los países vecinos se involucraran en la guerra contra las Farc (o contra el terrorismo como diría el ex presidente Uribe) pero no en los esfuerzos humanitarios ni de paz, con el agravante de que durante su gobierno los propios facilitadores internacionales terminaron acusados de servir a la insurgencia (caso

del facilitador suizo Jean Pierre Gontard o del Presidente Hugo Chávez), porque no han logrado construirse marcos claros de actuación de éstos en el proceso y se ha hecho de manera coyuntural y caprichosa.

En el país asiático hay diferentes mecanismos y niveles de participación, tanto de gobiernos como de organizaciones no gubernamentales locales y extranjeras. Existe por ejemplo el grupo de contacto, donde hay una docena de países, y una verificación directa del cese de hostilidades hecha por Malasia, que lidera el International Monitoring Team, ambos para el caso del MILF en Mindanao. Si bien toda la puesta en escena de la participación internacional parece un poco excesiva, tiene un impacto positivo en la medida en que hay transferencia de experiencias, apertura a iniciativas y exploración de caminos diversos para llegar al objetivo de firmar un acuerdo de paz.

4. Dialéctica entre confidencialidad y consulta

Parte de la preservación de la confianza en una negociación proviene de una paradoja: la de la confidencialidad. En Filipinas, justamente porque la comunidad internacional mantiene unos códigos más o menos universales de discreción en estos temas, las conversaciones han estado lejos de los flashes y de la profusión de entrevistas y declaraciones unilaterales. Sin embargo, esa reserva se convirtió en bumerang para el proceso con el MILF, dado que en 2008, cuando el grupo negociador estaba a punto de firmar el acuerdo, éste fue rechazado por la Corte Constitucional porque excedía los límites de la Constitución. En realidad, lo que faltó fue mayor construcción de consensos y pedagogía del acuerdo, pues se había hecho a puerta cerrada.

De hecho, varias iglesias presentes en la región de Mindanao se unieron para realizar una consulta entre la población, que arrojó una serie de valores que la gente esperaba que se incluyeran en el acuerdo de paz: sinceridad, seguridad, reconciliación, solidaridad, espiritualidad y sostenibilidad. La consulta no le gustó a las partes, especialmente al MILF, que siempre ha dicho que su negociación es directa con el gobierno y que no quiere sociedad civil en la mesa como tal.

Como el acuerdo no se pudo firmar sin que medie una reforma constitucional, la guerrilla se sintió traicionada y por un período de casi dos años volvió a la actividad militar.

Haber negociado de manera confidencial puede garantizar la confianza entre las partes, pero incrementar la desconfianza en la comunidad. Especialmente si como señala Melinda Quintos de Jesús, del Center for Media Freedom and Responsability “la prensa se centra en los fracasos sin explicar la complejidad de un proceso de paz y termina por reforzar los prejuicios”.

5. Monitoreo del cese de hostilidades.

Malasia ha cumplido desde hace casi un año, por segunda ocasión, el papel de verificar el cese de hostilidades entre el MILF y el gobierno. El director de la misión, con sede en Cotabato, dice con orgullo que desde su llegada el número de violaciones del cese ha sido de cero. Los mecanismos de verificación hacen parte del trabajo del IMT, pero no se reducen sólo a la vigilancia. Los acuerdos están hechos de manera que la fuerza pública pueda mantener acciones contra los grupos que no están en procesos de paz, o contra criminales y paramilitares. Hay que observar, sin embargo, que el cese es sólo de hostilidades y no se verifican aspectos como el reclutamiento y otras acciones. Esta experiencia permite entender por qué Filipinas ha decidido negociar bajo una tregua y no bajo las balas, como se hizo en Colombia durante el Caguán, experiencia ampliamente criticada y hoy irrepetible. Pero también

demuestra cómo es posible en un territorio complejo, con múltiples grupos armados, establecer mecanismos de verificación, con participación tanto de guerrilla como de gobierno y sociedad civil. Algo se puede aprender de la mecánica de los procesos, para evitar frustraciones que a último momento han dado al traste con procesos de diálogo como el que se intentó durante la era Uribe con el ELN, y que fracasó justamente por falta de acuerdo en la “minucia” de cómo verificar un cese del fuego.

6. Negociación y presencia del Estado no son contradictorios

Tanto alcaldes, por ejemplo el de Cagayán de Oro, como militares de alto rango como el General Raymundo Ferrer, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas acantonadas al oriente de Mindanao, coinciden en que gran parte del conflicto tiene que ver con ausencia o fallas del Estado, especialmente en las zonas de influencia del NPA. Pero se considera que los planes para intervenir en estas regiones, con recursos propios o de cooperación no se contradicen con la posibilidad de una negociación. De hecho, Ferrer reconoce que son los órganos civiles del gobierno y las ONG y organizaciones quienes son gestoras de estas iniciativas de desarrollo. “Siempre que hay un conflicto, por pequeño que este sea, hay que negociar” dice el alcalde de Cagayán de Oro, Oscar Moreno, al tiempo que muestra las inversiones realizadas.

En Colombia, en el pasado, estas dos variables intentaron estar fusionadas, especialmente con la experiencia del Plan Nacional de Rehabilitación, que nació en el contexto de las negociaciones de paz con las guerrillas, y que redundó en la llegada de inversión a zonas muy marginales. Hoy ocurre todo lo contrario. La presencia del Estado, en términos de inversión y desarrollo, se entiende como una prolongación de la estrategia militar, y se ha visto agenciada por las Fuerzas Militares. Desde diversos sectores se ha criticado que en el modelo llamado de consolidación, las comunidades de las zonas de conflicto actúan como receptoras de bienes y servicios gubernamentales, no como agentes de desarrollo.

7. Prepararse para el fin del conflicto

En Filipinas, por lo menos un sector importante de las Fuerzas Armadas se viene preparando para el posconflicto. El General Ferrer cree que la paz es una construcción, un proceso y no un estado permanente. Vale la pena observar que en Filipinas las Fuerzas Armadas y de Policía han acogido entre sus filas a los desmovilizados de los grupos armados de negociaciones anteriores y al parecer la experiencia ha sido positiva. Adicionalmente, los militares han estrechado relaciones con organizaciones de la sociedad civil. No hay que olvidar de ningún modo que los militares hicieron parte de la “revolución” pacífica que sacó a Marcos del poder, y eso le ha dado un lugar muy diferente en la democratización del país de lo que ha ocurrido en Colombia. Además si bien Estados Unidos mantiene programas de cooperación militar fuertes, especialmente para monitorear la isla Sulú donde actúa un grupo islamista radical vinculado a Al Qaeda, desde hace años las bases militares de USA fueron cerradas y la adhesión a las políticas del Pentágono son menos visibles que en Colombia. Aquí habría por lo menos que buscar una ruptura de la cultura de “gueto” de las Fuerzas Armadas y estimular su vínculo con la sociedad, con los sectores críticos, sin estar atados a una polarización tipo guerra fría, y en ese sentido se deberían enfilar muchos de los esfuerzos si se quiere un clima propicio para volver a hablar de paz. Abundante información evidencia que las peores olas de violaciones de derechos humanos se han presentado como reacción a los procesos de paz de Belisario Betancourt en los ochenta y de Andrés Pastrana en los 90. En ambos casos las alianzas de las élites locales con mafias y la agencia de las fuerzas militares han sido el motor de estos episodios.

8. Separar procesos y permitir que tengan peculiaridades.

La institucionalidad de paz de Filipinas tiene muchas limitaciones como que el Alto Comisionado es una especie de coordinador de grupos o paneles de negociadores delegados que finalmente no tienen poder. Eso tiene como limitación que no hay una política coherente, que el gobierno puede “hacerse el loco” con los acuerdos, y que en general no hay un compromiso fuerte como el que por ejemplo garantiza en Colombia el hecho de que el Comisionado sea un directo negociador a nombre del Presidente. Pero tiene una ventaja: permite que diferentes negociadores se sensibilicen con las demandas y peculiaridades de cada grupo o proceso y haya soluciones más creativas. Un ejemplo es el del RPMM en Mindanao, un grupo pequeño de influencia local cuya demanda ha sido negociar en un esquema de exhaustiva participación de la sociedad civil, al punto que una ONG, Balay Mindanao, hace la secretaría técnica del proceso, y desde hace meses se está desarrollando un proceso de consulta censal en sus territorios. No se sabe si esto es un camino eficiente y expedito, pero han tomado el riesgo de diferenciar procesos.

En Colombia en cambio hay la tendencia a unificar modelos. Mucho se discutió en el pasado si el modelo del M19 era el correcto para negociar con otros grupos. Después, con las AUC, el gobierno se negó a abrir mesas paralelas con grupos que parecían idénticos pero no lo eran. Algunos piensan que esto contribuyó al canibalismo interno de los paramilitares. Con las Farc y el ELN nunca se ha logrado separar definitivamente los procesos, por lo menos en sus lógicas, y se ha intentado medir a las guerrillas con la misma vara que a las AUC, con el argumento de que en sus métodos ambos fenómenos son iguales. Pero no sólo la naturaleza de ambos fenómenos es diferente, sino aún más, hay diferencias regionales aún dentro de las mismas organizaciones.

9. Colombia también enseña

La masacre de 57 personas el año pasado, entre otros 33 periodistas, a manos de un grupo paramilitar al servicio de un político local muestra que el factor de violencia principal de Filipinas y el riesgo más alto son estos grupos paramilitares. Se trata de grupos legales, especies de Convivir, bajo la responsabilidad directa y formal de las Fuerzas Armadas y la Policía, pero que en la práctica son ejércitos privados de políticos, involucrados en Ridos (peleas de clanes) y en la defensa de un orden social y económico feudal. El padre Jung Mercado, conocedor de los conflictos de Mindanao como pocos, se muestra escéptico de que el nuevo presidente Benigno Aquino cumpla la promesa de desarmar estos grupos. Al fin y al cabo, los políticos fueron su soporte en las elecciones y Aquino ya dio un primer paso en falso al echar para atrás la prohibición del porte de armas. Todas las autoridades reconocen que hoy los paramilitares son el principal factor de violencia en Filipinas. Esta es una lección que Colombia puede darle al país asiático. La creación de grupos paramilitares degrada el conflicto y lo criminaliza. Y no sería extraño que se conviertan en un obstáculo de la negociación.

10. Dialéctica entre paz y derechos humanos o falta de justicia.

Un último elemento interesante es que en Filipinas no se está planteando hoy la discusión sobre la justicia transicional. El debate nacional y el propósito de actuación están más centrados en la paz que en la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas; en parte porque no ha habido una degradación tan profunda como en Colombia, con heridas difíciles de cerrar; también en parte porque los acuerdos parciales han puesto límites a la violencia contra civiles, sin desconocer que haya daños brutales en muchos casos. También porque quizá los grupos armados tienen soporte social y político. No es así

con los paramilitares en Colombia, que crecieron sobre la base del terror y la coerción, ni con la guerrilla que ha destruido con mano propia la empatía que muchos sectores excluidos sentían por ella. De todos modos, las víctimas en Colombia emergen como un actor social, mientras en Filipinas eso todavía es un proceso incipiente. Todavía, porque tarde o temprano el debate estará sobre la mesa y será un reto más para las partes. En ese momento, quizá Colombia pueda también ser un espejo para los filipinos.

Participación de la sociedad civil en los procesos de paz: comparación entre Filipinas y Colombia Por Mauricio García Durán, S.J.

Director del CINEP

Introduccion

La posibilidad de visitar las Filipinas, como parte del Proyecto de Aprendizaje Comparativo promovido por Conciliation Resources, ha sido una gran oportunidad para tomar contacto en directo con una realidad que tiene muchas semejanzas con el caso colombiano y que permite profundizar el aprendizaje sobre lo que sería necesario realizar para alcanzar la paz en ambos países. La reflexión que sigue es un intento por poner en palabras el esfuerzo que hice de comparar la manera como la sociedad civil en ambos países ha participado en los procesos de paz que se han desarrollado. No pretende ser un ejercicio exhaustivo, lo cual iría más allá de las posibilidades de este intercambio. Sólo busco llamar la atención sobre algunos puntos que me han impactado y que pueden dejar sobre el tapete aspectos sobre los que habría que profundizar y traducir en lecciones aprendidas que se puedan socializar.

Dos países con conflictos prolongados y largas búsquedas de paz

Colombia y las Filipinas han enfrentado conflictos armados en los últimos cuarenta años, conflictos que han oscilado en el nivel de confrontación, pero que se mantienen hasta el día de hoy. En ambos países han existido y aún existen guerrillas de origen marxista, con la configuración de distintos grupos que reflejaban el espectro de las distintas posiciones en el mundo comunista. Ahora bien, hay diferencias en el tipo de conflicto que se vive en ambos países en tanto que en las Filipinas existen además de la guerrilla comunista, otros grupos guerrilleros que hunden sus raíces en la exclusión y despojo que ha vivido la población mora (musulmana) que en otros tiempos controlaba la isla de Mindanao. Por otro lado, en las Filipinas no existe el problema de narcotráfico que se ha conectado con la dinámica del conflicto en el caso colombiano.

En ambos países se han dado procesos de paz en distintos momentos - en Colombia en los años noventa, con distintos grupos guerrilleros (M19, EPL, Quintín Lame, PRT, Milicias Urbanas de Medellín, CRS y otras disidencias/grupos menores) – lo cual llevó a la desmovilización de entre 6.000 y 7.000 guerrilleros, de los cuales sólo un pequeño grupo se integró a aparatos de seguridad (DAS) como parte de los esquemas de seguridad. Sin embargo, los grupos guerrilleros mayoritarios (FARC, ELN) se mantienen activos hasta el día de hoy, no obstante el esfuerzo militar del gobierno por derrotarlos en los últimos años. Por su parte, en las Filipinas en 1996 se llegó a un acuerdo de paz con el MNLF, lo cual supuso la integración de unos 7.000 excombatientes en las fuerzas armadas de Filipinas. Propiamente no hubo un proceso de DDR, lo cual significó que quedó gente armada “por ahí…”. No obstante, la dinámica generada por este proceso de paz continúa. También siguieron activos otros grupos guerrilleros con los que se han emprendido diversos procesos de paz en los últimos años (MILF, RPM-M, NPA), con momentos en que el conflicto se ha escalado significativamente. Ahora bien, se puede percibir mayor continuidad en los procesos de paz en las Filipinas que en Colombia.

Hoy, en ambos países hay nuevos presidentes que podrían ser una oportunidad para la paz, si logran sumar la credibilidad y respaldo que tienen (Aquino y Santos) con una perspectiva pragmática que ponga entre paréntesis la polarización que se ha dado por una perspectiva más ideológica y permitan que las fuerzas de la sociedad civil favorables a la dinámica de paz puedan desplegar todas sus posibilidades como agentes constructores de paz.

Formas de participación de la sociedad civil en procesos de paz

Al revisar la literatura internacional sobre el tema (Cf. en especial McKeon, 2005; también, Barnes, 2002; Harris & Reilly, 1998), es posible identificar las siguientes formas de participación y roles desempañados por sectores de la sociedad civil a favor de un proceso de paz:

1) Promoviendo una opinión pública favorable a un proceso/acuerdo de paz, promoviendo el diálogo como una alternativa a la violencia armada.

2) Facilitando el diálogo entre las partes, desempeñando un papel de mediación y acercamiento entre las partes enfrentadas.1

3) Monitoreando el cumplimiento y/o violación de los compromisos que se van pactando a lo largo del proceso del paz, específicamente de las infracciones al Derecho Internacional Humanitario que afectan a la población civil.

4) Participando en la mesa de negociaciones: a través de distintos mecanismos se ha dado la participación de actores de la sociedad civil en los procesos mismos de negociación. Los distintos mecanismos son (Barnes, 2002):

a. A través de mecanismos de consulta para aportar insumos a la mesa de negociación.

b. Con representante(s) con capacidad de decisión en la mesa de negociación.

c. A través de mecanismos de participación directa, que por razones de escala, normalmente se dan a

nivel local o regional.

5) Movilizándose para presionar la negociación: hay momentos en que la sociedad civil ejerce presión a favor de una negociación por medio de la movilización social (masiva).

6) Validando democráticamente un acuerdo de paz: es decir, sometiendo a la aprobación de la población lo que se ha acordado entre las partes a través de un plebiscito o referéndum.

Estas formas de participación se han aplicado en distintos países en la búsqueda de un acuerdo de paz para poner fin a los conflictos armados existentes allí. Según las condiciones de cada país, la participación ha sido mayor o menor, y los resultados de dicha participación han logrado más impacto en el proceso, siendo ciertamente crucial en algunos de los casos para destrabar los atascos en la negociación. Entre más amplia ha sido esta participación, mayor ha sido la legitimidad del proceso de 1 “En algunas situaciones, actores de la sociedad civil podrían involucrarse en proveer asistencia a una de las partes enfrentadas ayudándoles a considerar los potenciales beneficios de comprometerse en un proceso de paz y ayudándolos a prepararse [para la negociación]” (McKeon, 2005: 569).

paz y la apropiación (ownerwhip) del mismo por parte de la sociedad en sentido amplio, garantizando mejores condiciones para la fase post-acuerdo.

Comparación en las formas de participación de la sociedad civil en los procesos de paz en las

filipinas y en Colombia

Luego del recorrido que hemos realizado en Filipinas, puede ser iluminador realizar un balance comparativo de cuáles han sido los mecanismos de participación más usados, resaltando algunas lecciones y retos para la participación de la sociedad civil colombiana y filipina en las negociaciones de paz que están en curso o que se puedan dar en el futuro. Las organizaciones de la sociedad civil en ambos países, particularmente aquellas relacionadas con la paz y los derechos humanos, tenemos el reto de aprender del pasado de forma tal que podamos tener una incidencia más honda y efectiva en la búsqueda de una solución negociada en los años por venir.

• En cuanto a promover una opinión pública favorable a un proceso de paz. Esta ha sido una de las constantes de la movilización por la paz en Colombia desde comienzos de los ochenta, la cual alcanza su clímax en octubre de 1997. Muy distintos sectores sociales han abogado por el diálogo como una alternativa a la violencia, y han promovido experiencias concretas en este sentido. Vale la pena destacar la valiente posición de las mujeres y de los indígenas para decir “no a la violencia de todos los actores armados” y reivindicar la necesidad del diálogo y la negociación. La búsqueda de una solución política negociada al conflicto armado ha sido una de las demandas que han estado en el centro de la movilización por la paz, la cual durante casi veinte años legitimó el esfuerzo por una salida negociada, con expresiones paradigmáticas como el Mandato por la Paz. Pero la frustración por una negociación sin resultados (durante la administración Pastrana) llevó a un viraje que legitimó la vuelta a la búsqueda de una salida militar del conflicto armado (administración Uribe). La búsqueda de una salida negociada, aprendiendo de las lecciones de estos años, sigue siendo uno de los retos de la sociedad civil.

En las Filipinas, la emergencia de grupos de la sociedad civil con gran capacidad de movilización se da durante la lucha contra la dictadura de Marcos con el “People Power” (1986). Después de esto y al ritmo de las distintas negociaciones de paz que se inician, surgen una serie de grupos y plataformas para favorecer la búsqueda de la paz, tanto a nivel nacional (basadas en Metro Manila) como a nivel regional, específicamente en Mindanao, donde se van articulando distintas plataformas a favor de la paz (por ejemplo, el Mindanao People’s Caucus, el Bishops-Ulama Forum y el Bangsamoro Civil Society Organization). Los espacios de diálogo ecuménico e interreligioso van a jugar un papel importante en este esfuerzo por generar dinámicas de acercamiento y abrir puertas para iniciativas de paz. Igualmente, los grupos indígenas (lumad) y las organizaciones de mujeres se involucraran en este esfuerzo por promover una opinión pública favorable al proceso de paz. Las semanas por la paz aportan en esta dirección de promover un ambiente político para un acuerdo de paz. Sin embargo, en tanto las negociaciones se alargan y parecen no tener fin, se comienza a generar fatiga en los sectores de la sociedad civil y en la opinión pública, generándose un sentimiento de frustración por la falta de resultados.

El gran reto que tienen las organizaciones de la sociedad civil que trabajan por la paz en Colombia y las Filipinas es alcanzar un apoyo amplio a la solución negociada del conflicto armado, superando el cansancio y frustración debidos a la falta de resultados en los procesos de paz que se han vivido hasta el

momento. Ello implica hacer frente a una opinión favorable a una solución militar, particularmente en el caso colombiano. Pero también se requiere articular propuestas que logren aprender de las experiencias anteriores de forma tal que se superen los errores que se han cometido hasta el momento. Para ello se requiere la articulación de frentes sociales y políticos amplios que permitan consolidar la ‘masa crítica’ que se requiere para revertir el cansancio, frustración y deseo de salidas unilateralmente militares hoy existentes. Para poder lograr ello, es necesario promover un acuerdo amplio, al menos en dos puntos centrales. Por una parte, se requiere que se aboque adecuadamente el tema de seguridad, en cuanto es una demanda concreta de las sociedades colombiana y filipina, pero hacerlo de forma tal que no sea opuesto a una solución política negociada y que esté vinculado a dinámicas políticas de real contenido democrático, y no una democracia que encubre dinámicas autoritarias y corruptas. Por otra parte, es necesario consolidar en las sociedades filipina y colombiana un consenso de la no aceptación del uso de la violencia como instrumento para hacer política, ni desde la izquierda ni desde la derecha.

• En cuanto a facilitar el diálogo entre las partes, es una de las formas de participación que la sociedad civil colombiana ha practicado de muy distintas maneras. Por una parte, representantes de la sociedad civil han participado en algunos de los mecanismos oficiales de negociación (Comisión de Paz, Mesas de Análisis y Concertación, Consejo Nacional de Paz, Mesa de Diálogo y Negociación, Audiencias Públicas, entre otros); por otra parte, algunos sectores de la misma sociedad civil han jugado el papel de facilitadores, tutores morales del proceso, facilitadores, mediadores. En este sentido hay que destacar el papel que representantes de la Iglesia Católica, algunos intelectuales y líderes sociales han desempañado. Los plurales sectores de la sociedad civil colombiana han hecho una contribución sustancial al propósito de alcanzar una paz integral y duradera, pero este aporte puede ser fácilmente absorbido por la dinámica del conflicto político y armado, especialmente dada la disputa en curso por definir los marcos de una comunidad política en Colombia.

En el caso de Filipinas, un caso interesante de facilitación del diálogo entre las partes ha sido el que ha jugado Balay Mindanao2 en el proceso de paz entre el Gobierno de la República de Filipinas (GRP, por la sigla en inglés) y el RPM-M, en el cual Balay Mindanao actúa como mediador (Independent Secretariat) de la negociación; ellos tienen el reto de ser confiables y creíbles por ambas partes en la negociación. Es un proceso que implica una doble dinámica: por una parte, una negociación formal (de élites) entre el gobierno y el grupo guerrillero; y por otra, un proceso de consultas de paz con las comunidades y tribus, orientadas a buscar soluciones y una paz sostenible en las comunidades. También Balay Mindanao ha participado en el proceso de consulta con las comunidades, en un proceso de crear redes y construir coaliciones que favorezcan la construcción de una paz sostenible. Además, ha sido importante el apoyo brindado por esta ONG a la capacitación de los militares como constructores de paz, lo cual ha incidido en la manera como éstos manejan la confrontación con la insurgencia. Este papel de mediador, capacitador y animador del proceso en las comunidades no ha sido fácil. Balay Mindanao ha tenido que presentar al gobierno tres veces renuncia como mediador porque el proceso se estancó, por la falta de cumplimiento del gobierno en responder a las comunidades.

De ahí que la agenda de la sociedad civil en Colombia y en las Filipinas no pueda ser simplemente la agenda de una de las partes enfrentadas; las organizaciones de la sociedad civil requieren tener claras sus propias demandas, vinculadas ciertamente a los requerimientos de construir una sociedad en paz y

2 ONG en Mindanao que tiene como misión: “Ayudar a construir comunidades empoderadas sostenibles, ayudar a construri la paz”

profundizar la democracia. De ahí el profundo reto que implica buscar el papel de facilitación en los diálogos entre las partes sin perder la autonomía y capacidad de distancia crítica frente al actor armado o al Estado. Por otro lado, las organizaciones de la sociedad civil tienen el reto de comprender las exigencias distintas que tienen las tareas de mediación y facilitación en el contexto nacional y en los contextos regionales, manteniendo al mismo tiempo la relación entre estas dos dinámicas. Colombia puede aprender lecciones importantes de Filipinas en este sentido, así como lo pueden hacer las ONG y organizaciones de derechos humanos de Balay Mindanao.

• En cuanto a monitorear el cumplimiento y las violaciones de acuerdos a lo largo del proceso, el papel de la sociedad civil en Colombia ha sido limitado, aunque en algunos momentos clave. Sólo en un comienzo, durante la administración Betancur, representantes de la sociedad civil hicieron presencia en las comisiones de verificación que se establecieron, las cuales mostraron límites para poder cumplir realmente su tarea. Complementariamente, algunas de las comisiones de facilitación o acompañamiento han podido llamar la atención a alguna de las partes sobre alguna violación. Pero ciertamente el papel más importante a este nivel ha sido el monitoreo independiente y denuncia de organizaciones de la sociedad civil a las infracciones del Derecho Internacional Humanitario por parte de todos los combatientes. Ello ha puesto de presente algunas violaciones que son inaceptables en el horizonte de consolidar un proceso de paz. Ha sido importante el énfasis que se ha dado al tema de las víctimas, mostrando cómo una adecuada justicia transicional (que tenga en cuenta la verdad, justicia y reparación para las víctimas) es una condición fundamental para la construcción de una paz sostenible.

En el caso de Filipinas se ha dado una activa participación de la sociedad civil en las dinámicas de monitoreo y seguimiento de los acuerdos, más que en el caso colombiano. En concreto, en lo pertinente a los acuerdos para el respecto de los derechos humanos y el DIH en 1998 (Cf. Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law – CARHRIHL). En este sentido se han dado dinámicas a nivel nacional, como la promovida por Sulong CARHRIHL, que como plataforma de la sociedad civil ha buscado capacitar y organizar a la población para que reclamen el cumplimiento de lo acordado. Pero también se han puesto en marcha dinámicas a nivel local en Mindanao en el proceso de paz con el MILF, a través de los Comités Conjuntos de Cese al Fuego (joint cease fire committees), que interactúa con la Misión de Monitoreo Internacional. En concreto, los equipos locales de monitoreo están compuestos por un representante del gobierno local, uno escogido por el gobierno nacional, otro por la guerrilla y otro representante del sector religioso. Estos equipos de monitoreo local son “los ojos y los oídos” de la Misión de Monitoreo Internacional. Ahora bien, en las Filipinas este seguimiento y monitoreo de las violaciones de derechos humanos no ha llevado a profundizar en un dinámica de justicia transicional, que dé adecuada cuenta de las demandas de verdad, justicia y reparación por parte de las víctimas de estos abusos.

El reto que tienen las organizaciones de la sociedad civil en Colombia es asumir sin dilaciones ni compromisos con ninguna de las partes este monitoreo de los abusos que puedan cometer las partes involucradas en el conflicto; y en esto las organizaciones de la sociedad civil colombiana pueden aprender de las Filipinas. Pero más allá de ello, la sociedad civil tiene que asumir un compromiso a fondo para que la perspectiva de las víctimas sea introducida en los acuerdos que se logren en el tema de derechos humanos. Por sí mismos, los actores armados, tanto oficiales como insurgentes, no buscarán ahondar en la responsabilidad que han tenido en los abusos cometidos durante el conflicto, particularmente en las múltiples infracciones al Derecho Internacional Humanitario. En las Filipinas pueden aprender de Colombia sobre los retos que plantea la aplicación de una perspectiva de justicia

transicional. Sólo una perspectiva clara de parte de la sociedad civil, en este sentido, puede llegar a ejercer una presión suficiente para que en los acuerdos de paz se reconozcan los mínimos aceptables para las víctimas en términos de verdad, justicia y reparación.

• En cuanto a participar en la mesa de negociaciones, en el caso colombiano no hemos tenido los casos de representantes elegidos a la mesa con capacidad de decisión, como en Irlanda del Norte, ni de mecanismos de participación directa, como en Malí. Distintos gobiernos han nombrado representantes de la sociedad civil en los equipos negociadores, ya sea como negociadores mismos o como acompañantes y tutores del proceso. En cuanto al uso de un mecanismo de consulta, se podría decir que las Mesas de Análisis y Concertación en el proceso con el M-19 jugaron este papel y que las Audiencias Públicas y el Comité Temático Nacional habrían podido jugar un papel semejante si el pro-ceso de paz con las Farc durante la administración Pastrana hubiera avanzado a un acuerdo de paz.

En el caso de Filipinas, además del papel que ha jugado Balay Mindanao en el proceso de paz con el RPM-M, también hay una participación de ONG internacionales (como Conciliation Resources) en el Grupo Internacional de Contacto para el proceso del MILF. Más allá de esto, se han dado distintos mecanismos a través de los cuales la sociedad civil ha participado en procesos de consulta para ofrecer insumos a la mesa de negociación. Es el caso de la Comisión Nacional de Unificación en las Filipinas, que ha ofrecido a la mesa de negociación consideraciones y propuestas de solución sobre algunos de los temas sustantivos que se negocian, normalmente construidos como documentos de consenso (Barnes, 2002). Igualmente en el caso específico de Mindanao, distintas instancias de la sociedad civil han construido agendas y plataformas para la paz en la isla. Un ejemplo de ello es la consulta realizada en Mindanao por la Conferencia de obispos y líderes religiosos musulmanes (Ulama), que supuso la realización de más de 300 grupos focales para poder recoger las visiones, voces y valores de la gente de las comunidades en Mindanao como una contribución a una verdadera agenda de paz (Konsult Mindanaw, 2010). En la misma línea, la organización de la sociedad civil Bangsamora ha consolidado una agenda de desarrollo, para que sirva como hoja de ruta en la construcción de autodeterminación en la región Bangsamoro, expresión de sus reales aspiraciones (BM-CSO Development Agenda, 2009).

El reto que tienen las organizaciones de la sociedad civil en ambos países es impulsar su participación con unos mecanismos claros para la misma, que garanticen la representación de todos los sectores en los mecanismos de consulta que se establezcan y se pueda alcanzar la incidencia adecuada a partir de estos consensos. Sin esto no habrá apropiación (‘ownership’) del proceso y de sus resultados por parte de la misma sociedad civil. La sociedad civil en esta participación tiene que cuidarse de no dejarse “utilizar” por ninguna de las partes, ya sea la insurgencia, ya sea el gobierno. Es necesario que tenga claridad sobre su agenda, sobre sus propias reivindicaciones, para poder defenderlas en el proceso y en los espacios y dinámicas en las que se dé su participación. Sólo cuando logra definir con claridad una agenda para la paz que logre articular una “fórmula de paz” (“peace formula”) que haga frente a las causas estructurales del conflicto, será posible avanzar como sociedad hacia una paz sostenible y duradera.

• En cuanto a movilizarse para presionar la negociación, es claro en el caso de Colombia que gran parte de la movilización por la paz ha sido favorable a las negociaciones de paz. 15% de las acciones colectivas por la paz tuvieron como razón para la movilización el interés por apoyar un proceso de paz, mostrando un ascenso cada vez que la sociedad colombiana quería presionar por la solución negociada, y descendiendo, ya sea cuando un acuerdo de paz era alcanzado o cuando el

proceso de paz arrancaba. La gran movilización entre los años 1995 y 1998, incluyendo el masivo Mandato por la Paz, presionó y legitimó el inicio de una negociación de envergadura del gobierno Pastrana con las FARC en 1998.

En Filipinas también se ha dado una movilización social importante para presionar las negociaciones con las distintas guerrillas, tanto comunistas como musulmanas. En Mindanao se han dado marchas para exigirle al Gobierno de Filipinas y al MILF sentarse a la mesa de negociación. Además, hay una activa participación de organizaciones de la sociedad civil en las instancias gubernamentales que se han creado para impulsar la construcción de la paz, tanto a nivel nacional como en el caso específico de Mindanao. Ese es el caso de los Consejos Provinciales de Paz. Por ejemplo, en la Provincia de Misamis Oriental, Balay Mindanao (ONG) comparte la presidencia del Consejo con el Gobernador.

El reto que tienen las organizaciones de la sociedad civil en ambos países es traducir la capacidad de movilización por la paz en pasos sólidos hacia la construcción de una paz durable. Lo importante no es la cantidad de gente que se movilice a favor de la paz, sino la capacidad para incidir en los que tienen poder para cambiar las causas estructurales que subyacen al conflicto. Por tanto, las organizaciones de la sociedad civil tienen el reto de consolidar a su interior los consensos mínimos que hagan posible lograr una movilización amplia y convergente a favor de una salida negociada que pueda efectivamente afectar dichas causas estructurales del conflicto. Las organizaciones que lideran la movilización social no pueden descargar la responsabilidad del proceso de paz en el gobierno y la insurgencia; dicha movilización debe ser elemento sostenido de presión para que se avance en la dirección requerida por las comunidades y organizaciones de base.

• En cuanto a validar democráticamente los acuerdos de paz, en el caso colombiano no hemos concurrido a las urnas para aprobar por referéndum un acuerdo de paz. Sin embargo, en gran medida se podría considerar que la elección de los miembros de la Asamblea Constituyente en diciembre de 1990 jugó ese papel. No sólo la reforma constitucional fue parcialmente resultado de los procesos de paz que se estaban viviendo en ese momento (M-19, EPL, PRT, Quintín Lame), sino que la significativa votación a favor de la AD-M19 operó como una validación democrática de los acuerdos de paz alcanzados. Fue un voto a favor de la paz.

En el caso de Filipinas, sólo se ha dado una validación democrática de los acuerdos con el MNLF, en tanto la población participa en las elecciones en la Región Autónoma de Mindanao Musulmán (ARMM, por su sigla en inglés) en 1996. Ahora bien, existe un reto grande con relación a la Constitución de Filipinas para aceptar un nivel de autodeterminación y autonomía de las zonas con mayoría de población musulmana, bangsamora,3 particularmente en lo que respecta al derecho que tienen las comunidades a las tierras ancestrales (ancestral domain). De hecho, la Corte Suprema de Justicia tumba el acuerdo que se había firmado entre el Gobierno Filipino y el MILF en este sentido en el 2001 en Trípoli. Ello pone de presente la necesidad de una reforma constitucional que abra espacio para un tipo de acuerdo como éste, lo cual demandará un tipo de validación democrática de un aspecto que afecta el orden constitucional.

Lo cierto es que una paz duradera y sostenible exige ahondar la democracia en las sociedades colombiana y filipina. El gran reto que tienen las organizaciones de la sociedad civil es promover la necesidad que ambos países tienen de terminar el conflicto armado con la renovación de un pacto de 3 Los bangsamoro sólo controlan 5 provincias de las 28 que conforman el país y son sólo el 19% de la población.

legitimidad y gobernabilidad en el constituyente primario. Dado que una paz justa y duradera afecta aspectos críticos del orden constitucional e institucional de los dos países, se requiere llegar a una validación de los acuerdos alcanzados con la insurgencia y de los cambios socio-políticos requeridos. Sólo una activa participación de las organizaciones de la sociedad civil y su apropiación (ownership) del proceso, garantizará que se pueda avanzar positivamente en esta dirección.

Referencias y bibliografía

Arguillas, Carolyn O. (2003) “Enlarging spaces and strengthening voices for peace: Civil society initiatives in Mindanao”. En: Accord, Update Issue 6, pp. 12-16.

Barnes, Catherine (2002) “Democratizing peacemaking processes: strategies and dilemmas for public participation”. En: Accord, Issue 13, pp. 6-12.

García-Durán, Mauricio (Ed.) (2004) Alternativas a la guerra: Iniciativas y Procesos de Paz en Colombia. Bogotá: Cinep/ Conciliation Resources [También en edición en inglés: (2004) Alternatives to war: Colombia’s peace processes – Accord 14. London: Conciliation Resources].

________ (2006) Movilización por la Paz en Colombia 1978-2003. Bogotá: CINEP / UNDP / Colciencias.

Harris, Peter y Reilly, Ben (Eds.) (1998) Democracy and Deep-Rooted Conflict: Options for Negotiators. Stockholm: Institute for Democracy and Electoral Assistance – IDEA.

Konsult Mindanaw (2010) Visions, Voices and Values – People’s Platform for Peace in Mindanao. Iligan City: The Bishops-Ulama Conference.

McKeon, Celia (2005) “Civil Society: Participating in Peace Process”. En Paul van Tongeren et.al. (Eds.), People Building Peace II – Successful Stories of Civil Society. Boulder/London: Lynne Rienner Publishers, pp. 567-575.

The Bangsamoro Civil Society Organization (BM-CSO) Development Agenda (2009). Davao: The BangsaMoro CSO Congress.

Los afectos y las oportunidades para la paz

Por María Ginés Quiñones Dirigente afro y de organizaciones de mujeres

El lenguaje es la expresión más significativa del ser humano, más cuando en él se imprime una carga emocional por las causas que le rodean, que acompañado con gestos y actitudes forman un conjunto complejo que nos transporta a los diferentes hechos que conforman nuestras vidas. Se hace mención a lo anterior porque en la búsqueda de la paz de nuestro país hay varios vocablos impregnados de una carga emocional que ha llevado a pensar que sólo su total inclusión garantizará la paz: VERDAD, JUSTICIA, REPARACION, RECONCILIACION, MEMORIA. Y es ahí donde los afectos confluyen de diversas maneras y el lenguaje tiene un significado implacable y los gestos dicen más o menos de lo que se espera de ellos, excluyendo expresiones que podrían hacer más viable el camino hacia la paz.

Cuando se habla de conflicto, las imágenes que acompañan esta expresión causan una serie de sentimientos relacionados generalmente con el dolor, la muerte, la violencia, la destrucción. La idea de conflicto pareciera no poder incluir ninguna otra opción, puesto que la negatividad que implica no ofrece posibilidades. De ahí que sea necesario buscar alguna manera que genere una transformación de su razón de ser y su necesidad de abordarlo para la resolución del mismo.

La búsqueda de una resolución de los conflictos ha llevado a plantear y proponer fórmulas con o sin resultados, búsqueda que no concluye porque hay conflictos que como el colombiano pareciera que no encuentra solución, ya que a medida que avanza, se incluyen más y más circunstancias que lo tornan más complejo, menos comprensible, llegando en un momento a preguntarse, cuál fue el origen o en otros a considerar absurdas esas razones, pues siendo un conflicto fratricida, el dolor se halla en cualquier hogar y las pérdidas son incalculables, representadas en el gran número de colombianos que han perecido.

Este conflicto aún no mira su salida porque hemos llegado al punto, en que nos acostumbramos a él; hace parte de la cotidianidad y por tanto, se incluye dentro de las variables de análisis de dificultades; sin embargo, sigue el dolor, sigue la angustia, la pérdida, pero afortunadamente, sigue la búsqueda de salidas y de salidas que no impliquen ganadores y perdedores, sino menos perdedores. En esa búsqueda, se propician aprendizajes y es así como podríamos enriquecer la gama de posibilidades de solución incluyendo los afectos y los sentimientos, como oportunidad, para generar nuevas miradas y construir alternativas menos dolorosas y más humanas. Ese cambio de actitud puede surgir si intentamos interiorizar que somos muchos los que queremos ver un nuevo amanecer y anhelamos disfrutar de este preciado don de la vida, de la mano de quienes amamos y por tanto, considerarnos responsables para buscar alternativas de solución. Reflexionando sobre el ejercicio monumental de Consulta en Mindanao y del cual sólo hasta hace unos días tuve oportunidad de conocer en una fugaz entrevista en Manila con Fc. Albert Alejo, SJ PhD, coordinador y partícipe de la misma, así como el testimonio de lo que ha sido la formación en cultura de paz para miembros de las Fuerza Militares, encuentro que la esperanza reverdece, mostrándose la oportunidad de explorar otras vías para la paz.

Al leer un documento básico informativo sobre la Consulta de Mindanao titulado “Visiones, Voces y Valores. Plataforma del Pueblo para la Paz en Mindanao”4, reflexioné sobre el su contenido. Encontré elementos interesantes que coinciden con algunas experiencias en Colombia, pero a la vez, descubrí miradas diferentes y enriquecedoras que pueden ser consideradas en el esfuerzo por recoger lecciones aprendidas que reafirmen el deseo de las comunidades por construir una paz duradera. Los sentimientos o expresiones que se constituyen en los pilares de la consulta a las comunidades de Mindanao, al ser sujetos de reflexión, ofrecen construcciones colectivas en las que su comprensión les hace más cercanos a la realidad cotidiana, porque no son una conceptualización o definición desde la gramática, sino que recogen sentimientos, experiencias, deseos, saberes y sobre todo, explicaciones convincentes y orientadoras sobre lo que esperan que comprendan aquellos que se abrogan el derecho a decidir. Es ahí donde se marca la diferencia y en donde Colombia y quienes trabajamos en iniciativas de paz encontraríamos lecciones aprendidas y con buen resultado, que podríamos intentar imitar o al menos ayudarían a una reflexión sobre lo que puede estar haciendo falta para la tan anhelada paz. Trataré de hacer una breve reseña del sentido que tienen los que llamaré “pilares” de la consulta de Mindanao y referiré una apreciación que involucre la mirada hacia Colombia. Se inicia con Sinceridad, como “…consistencia y coherencia en las acciones”, pero además piden que amen a Mindanao!!! y vaya si hace realmente falta que haya coherencia de quienes intentan la paz y que muestren que aman a nuestra querida Colombia. Hasta el momento en Colombia, es muy escasa la coherencia y, por consiguiente, podría decirse que la sinceridad no está presente. Por tanto, la primera lección sería que los involucrados en la búsqueda de la paz intenten hacer coincidente el decir con el actuar. En relación a la Seguridad mencionan que “quieren vivir sin miedo” y expresan muchos de los miedos que no desean tener, pero también como se reflejaría: con diálogos que no lleven a perder el tiempo, acciones que permitan volver a la normalidad y atención a la población. En Colombia, el miedo se convirtió en una impronta y, por ello, se ha tergiversado el verdadero significado de seguridad, Consideran que la Sensibilidad debe tratar el dolor de la gente y respetar la autodeterminación, reconocer la importancia del territorio y respetar los diferentes pactos de paz que pueden construirse en las regiones. En este caso, mucha de esa sensibilidad al tratar el conflicto colombiano podría dar paso a encontrar innumerables alternativas que se descartan porque no se acepta la posibilidad de que otro pueda intentarlo. La Solidaridad es entendida como “una acción colectiva de diferentes grupos que trabajan para un mismo fin”. Es canalizar el deseo de la gente a participar en los procesos de paz. Si en Colombia se aplicara la solidaridad desde esta conceptualización, reconoceríamos los esfuerzos y aportes que desde todas las orillas han hecho hombres y mujeres, en el entendido de que la paz se construye desde lo que somos y lo que tenemos. Quizá al igual que a mí, les inquiete que se incluya como pilar la Espiritualidad. Ésta es considerada como la expresión en la cual se reconoce la paz como un estado externo e interno de respeto a los lazos que se tiene con la naturaleza, con el entorno, con los demás. Es este aspecto el que se ha roto en Colombia, pero que a la vez se intenta reconstruir cuando hablamos de reconciliación, de perdón, de no 4 Visions, Voices an Values. People’s Platform for Peace in Mindanao. Konsult Mindanaw. Aproyect of the bishops – Ulama Conference. Philipines 2010.

repetición. Son esos lazos invisibles los que van emergiendo a medida que interiorizamos que el conflicto se debe transformar. Y el concepto de Sostenibilidad, es “la necesidad de prolongar los efectos, esfuerzos y las resoluciones de conflictos”. Es aquí donde está la responsabilidad de todos, la necesidad de disponer de los esfuerzos para que la paz se mantenga y fortalezca a la sociedad. Junto con esta corta reflexión, encontré que si los diferentes actores del conflicto no son incluidos en el dialogo abierto, siempre habrá algo que haga falta, alguien que no se sienta comprometido, omitiendo entonces un eslabón de la cadena. Es allí donde el diálogo para alcanzar la paz no es entre amigos, sino que la posibilidad de construir la paz debe darse con los diferentes en todas las concepciones, para que se incluya el percibir de todos, los anhelos, de tal manera que se exprese aquello que oprime el corazón, las ambiciones y hasta los más absurdos sentimientos, porque es en ellos en donde se encuentra la razón del conflicto y hay que conocer esos sentires para buscarles su encausamiento, sin que genere dolor u destrucción, sino que por el contrario, sea la oportunidad para reconocer que hay pasiones y emociones que mueven al ser humano en direcciones contrarias a las que la sociedad ha trazado, o que se requiere de una transformación para que sienta que está donde desea. Desde esta óptica, en Colombia seguimos insistiendo en los diálogos de sordos, en las acciones para unos, en omitir aquello que no responde a nuestras expectativas, en buscar ganar a costa de lo que sea, pero por sobre todo, en pensar que es el otro el que ha causado el daño o genera el conflicto. Valdría el ejercicio de empezar preguntando qué entendemos por sinceridad y desde allí avanzaríamos encaminándonos a buscarle sentido a los inamovibles (verdad, justicia, reparación, memoria) acompañándolos de otros vocablos que quizá digan lo mismo, pero que comprometen a cada uno a sentirse responsable por hacerlo válido en las comunidades. Porque la magia de la Consulta de Mindanao está en que cada uno se sintió responsable, pero a la vez beneficiario de la paz.

Filipinas y Colombia: aprendizajes mutuos en la diversidad y en los derechos indígenas

Por Henry Caballero Fula Exdirigente del Movimiento Armado Quintín Lame

Resalta de entrada en Filipinas la vivencia de la diversidad cultural. Pareciera que la débil presencia de la colonia española (en comparación con su presencia en América) permitió que a la salida de dicha situación colonial no se generara un colonialismo interno o una situación fuerte de poscolonialidad sino que los habitantes de la hoy Filipinas se encontraron en la situación ideal de pensarse y construirse ellos mismos, haciéndolo desde sus más de ochenta lenguas y grupos étnicos, desde sus miles de islas, desde sus agrupaciones geográficas.

Hoy cada filipino habla dos lenguas como mínimo; seguramente en un esfuerzo de conservar lo propio de cada cultura y región, de tener una lengua común, no para remplazar las existentes sino para facilitar la comunicación; esta lengua común es el Tagalo, pero también, en el nivel del forcejeo con la relación en el resto del mundo, la lengua Inglesa (ciertamente desde la imposición y dominio colonial de los EEUU durante casi toda la primera mitad del siglo XX). En cada una de las grandes regiones de Filipinas se hablan las lenguas Bicol, Ilocano, Ilonggo, Bisaya, Maranao… otras muchas. Lo que quiero resaltar acá es que en la construcción de Filipinas ha tenido presencia decisiva la intención de estar todos incluidos en ella, de tener en cuenta a cada uno (en este caso: cada región, cada cultura, cada lengua). La Nación no fue dada de antemano, no fue una herencia colonial, como en el caso de las colonias españolas en América, sino un momento histórico que señala una idea de “Filipinas” que puede construirse en común. De ahí la perplejidad y el dolor en el alma que muestra cada persona filipina cada vez que recuerda que España vendió su territorio a EEUU por veinte millones de dólares, luego de ser derrotada militarmente; de ahí el reclamo reconocido como legitimo en el sentir mayoritario de la Nación cuando la región de Mindanao recuerda que España no solamente no podía vender el territorio filipino, pues no era suyo, sino que particularmente, en el caso de Mindanao ello no tenía ninguna sustentación ya que España no nunca había podido invadir este territorio ni anclar allí una mínima institucionalidad colonial.

La construcción de una Nación desde la diversidad es más compleja que desde el pensamiento unidimensional del autodenominado “occidente”. Pero es compleja porque así es la realidad, hacerla simple es negar ésta. Simple podría ser decir: existe la Nación, hágase, comuníquese y cúmplase. Los moros reclaman que ellos llegaron muchos siglos antes que los españoles pero no a invadir ni a imponer sino que establecieron relaciones de comercio con los indígenas, de amistad, de familia, establecieron instituciones como los sultanatos y algunos indígenas se adhirieron al Islam, siendo ahora conocidos como bangsamoros. Esa relación de construcción conjunta inició en el siglo XIII y aún no termina; es una construcción que ya no interpela solamente las relaciones al interior de Mindanao sino la relación con el resto de Filipinas y de Filipinas con el mundo.

La construcción de Nación desde la complejidad implica incluso ir variando la concepción de la misma con el paso del tiempo; particularmente parece que en Filipinas, dadas sus grandes situaciones históricas, ha sido más fácil identificar en el tiempo lo que no se debe ser como Nación que identificar

de manera positiva lo que se debe ser. Me enseñaba un filipino que José Rizal termina una de sus principales novelas señalando que el alma filipina siempre se podrá identificar con el NO. Los filipinos y filipinas saben que su Nación no se construye sobre la imposición, no se construye desde el colonialismo (de ahí la lucha masiva y popular contra el colonialismo de los EEUU), no se construye negando al otro (como quiso Occidente desde el colonialismo español y/o estadunidense: negar culturas y conocimientos). Si se sabe lo que no se quiere ser o el proceso que no se debe asumir, será más fácil llegar al abanico de lo que se quiere y puede ser.

En la definición de ese NO desde la construcción de la Nación Filipina ha jugado un gran papel y es un hito moderno la lucha contra la dictadura de Marcos. Desde las grandes movilizaciones de la sociedad civil se constituyen como referentes y objetivos los DDHH, el DIH y la democracia; pero ello desde la legitimidad como actores para todos los sectores, porque todos participaron: nadie podrá ser negado. La miseria en las calles, las bicimotos, las villas miseria en las grandes calles de las ciudades, los yipni como transporte popular masivo, junto a las modernas infraestructuras y grandes edificios, pueden ser interpretados como ese derecho ganado por el pueblo de hacer parte decisoria en la construcción de la Nación. Seguramente no faltarán los tecnócratas que desde las concepciones universalizantes del Desarrollo, del DH y de la Democracia, pretendan que esta realidad debe ser negada, ocultada, invisibilizada, impedida legalmente, quizá perseguida y asesinada; pero el pueblo en las calles, con sus derechos a existir, a desplegarse, ganados con la participación en la revolución, los hace exigibles junto a la premisa implícita de que cualquier solución es desde lo realmente existente, sin negarlo ni menospreciarlo, así sea para cambiarlo.

El vivir esa diversidad y esa construcción de Nación desde todos los sectores permite a la vez una cultura no violenta (en el sentido de no recurrir a la violencia para resolver los conflictos, incluso de no convertir todo en conflicto); esta cultura por ejemplo se vive, se siente, en las grandes avenidas de Manila, de Ciudad Quesón, de Davao, en donde no se podría entender el trafico si no es partiendo de que cada uno de los conductores busca más entender lo que está haciendo el otro que exigirle o imponerle lo que debe hacer acorde con la abstracta norma. La muestra mayor de la no violencia ha sido la de las grandes movilizaciones populares que se convirtieron en revoluciones, logrando deponer a los gobiernos de Marcos en 1986 y al de Estrada en 2001.

Pero si esta es una cultura no violenta, ¿cómo explicar entonces la existencia de varios grupos armados y por tanto la existencia de un conflicto armado? Sin contestar ello, aventuraría cinco hipótesis relacionadas, basadas en lo que sentí en la gente: a) la no negación del otro permite que se vea a los grupos armados como una realidad que surge a partir de contradicciones realmente existentes, y sobre todo con fundamento histórico y social. El NPA (1969) surge como oposición a la dictadura de Marcos y que habría esperado de la revolución la real concreción de una reforma agraria que hasta el momento no se ha dado a pesar de que si se ha hecho una ley de reforma agraria CARP y se ha venido implementando. El MNLF (1972) y MILF (1984) surgen también en el contexto de oposición a la dictadura que además de las reivindicaciones democráticas y de DH plantearon a la revolución una reivindicación de autonomía regional para el pueblo moro y bangsamoro, la cual hasta el momento sienten que no se ha realizado a pesar de algunos acuerdos ya alcanzados b) La declaratoria del NPA como organización terrorista por EEUU y la UE no ha logrado constituirse en un motivo suficiente de descalificación por la opinión pública de Filipinas c) El no desconocimiento del otro permite que, a pesar de que la resolución de conflictos en Filipinas por medio de la vía armada no sea aceptada por los más amplios sectores de la sociedad civil, no se descalifique de entrada por éstos al conflicto armado

sino que se exija su solución política y negociada, exigencia que se hace por igual al Estado como a las guerrillas. Ello ha conllevado que a pesar de varios rompimientos de los procesos de paz, y de la guerra total declarada por los sucesivos gobiernos, no se rompa del todo la relación entre el Gobierno y las guerrillas y que los acuerdos previos siempre sean un referente y una obligación para las partes, exigidos desde la sociedad civil d) los grandes ideales expresados en la revolución contra Marcos y Estrada se expresan en movimientos y partidos políticos con incidencia que, por ello, deslegitiman la continuidad de un proceso armado sin dialogo y sin resultados; la deslegitimación tiene canales a su vez para expresarse políticamente y obligar a avances significativos, tanto al Estado como a las guerrillas. Actores armados no estatales y Estado son deslegitimados también, en la medida en que en el conflicto armado se violentan los derechos humanos y el DIH, y las comunidades son altamente involucradas a la vez viendo truncado su derecho a la autonomía y desarrollo propio e) la prolongación del conflicto armado es aprovechada e incentivada por intereses económicos de sectores del capital interesados en los recursos naturales y la minería, los cuales pueden apoyar económicamente a los diferentes bandos para atentar contra la población, involucrarla y causar una situación confusa en la que puedan pescar en rio revuelto.

Lo que en un proceso comparado puede realzarse como aporte del proceso en Colombia al de Filipinas y viceversa, respecto a la situación de los pueblos indígenas y el conflicto armado.

- El planteamiento de la constitución colombiana (1991) de reconocimiento de la diversidad étnica y cultural de la nación ha tenido poco desarrollo. El desconocimiento de la diversidad en la constitución de 1886, vigente más de un siglo, generó una cultura unidimensional que niega al otro. La vivencia de la diversidad cultural debería ser vista desde referentes americanos (Estado multinacional: Bolivia y Ecuador) pero también desde un país como Filipinas, colonizado por España más o menos en el mismo tiempo histórico, que tuvo otros desarrollos, con diferencias muy marcadas al respecto. Ahora que se habla del análisis de la llamada independencia, y hay un sentir en algunos sectores, particularmente los indígenas, de que ello debe servir para interrogarnos sobre la construcción de la Nación; este análisis comparado podría darnos elementos que nos permita pensarnos, no sólo mirándonos hacia adentro sino en un contexto más amplio5. Este análisis debe ir más allá de la iniciativa indígena para concitar a las fuerzas de Colombia, pues a todos compete.

- El nivel de organización nacional y regional indígena en Colombia puede ser un referente y una posibilidad de diálogo entre las comunidades indígenas de los dos países. A pesar de los grados de incidencia de las comunidades indígenas como participantes de una movilización popular en Filipinas, y de su consecuente participación en organizaciones políticas que asumen por tanto las principales propuestas de estas comunidades, se nota un gran vacío en la muy débil existencia de organizaciones nacionales o regionales de los pueblos indígenas en este país6.

5 No solo el análisis comparado sino el rescate de héroes filipinos como José Rizal y la valoración de sus textos literarios y políticos, permitiría comenzar a pensarnos no solo comparativamente sino como partes de un mismo proceso descolonizador.

6 Las comunidades u organizaciones indígenas con las que me reuní no tenían como referencia ninguna organización indígena nacional o regional en la que estuvieran incluidas o con la que tuvieran alguna relación. Particularmente COMIPPA (Coalition of Mindanao Indigenous People For Peace Advocacy) ha estado estableciendo relaciones con la ONIC. Las comunidades indígenas que participan en Sulong CARHILHL, aprovechando esta instancia de encuentro, plantearon tener instancias de coordinación nacional.

- El dialogo Sur-Sur nos debe permitir mirar problemas y plantear salidas comunes. Una de estas problemáticas que engloban todo el planteamiento de desarrollo nacional (y también planetario), y que tiene como escenarios fundamentales los territorios o dominios ancestrales de las comunidades indígenas, es el de las minas y los recursos naturales7. Historias vividas, estrategias, luchas, con sus avances y retrocesos, pueden ser aleccionadoras para unos y otros. Pero también el desarrollo de una dinámica más allá de lo nacional se torna una consecuencia lógica para resistir y plantear salidas ante el modelo de globalización dominante (para el cual todos estos territorios deben ser puestos al servicio de la explotación del capital, independientemente del sentir y de la suerte de las comunidades locales8).

- El uso de instrumentos internacionales por parte de las comunidades indígenas de Filipinas y de su concreción en instrumentos legales nacionales, a pesar de tener similitudes con el caso colombiano, permite entender la dinámica nacional e internacional al respecto. Filipinas, a diferencia de Colombia, no es signataria del convenio 169 de la OIT. Sin embargo la IPRA (Ley sobre derechos de los pueblos indígenas, 1997, Filipinas) avanza más allá de este convenio pues incluye claramente el consentimiento previo, libre e informado. Igualmente, aunque en un momento de las votaciones en UN Filipinas pareció abstenerse de votar la declaración de derechos de los pueblos indígenas, al final la votó positivamente; Colombia en cambio se abstuvo. Para la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas CHR (Institución creada por artículo constitucional) la declaración de derechos de pueblos de los pueblos indígenas es un mandato en Filipinas y ello lo acepta el Gobierno (aunque con manejos que le han sido criticados). En cambio en Colombia, para el gobierno esta declaración no es aceptada como mandato.

- Otro aspecto a resaltar en el uso de instrumentos internacionales por parte de las comunidades indígenas es la experiencia importante que tienen las comunidades de Filipinas como en el caso de la Convención internacional contra todas las formas de discriminación racial. Me parece que las comunidades de este país han hecho más uso de estos instrumentos en tanto que en Colombia, por contar con los instrumentos de sistema Interamericano de DDHH como la Corte y la Comisión, así como en sus diferentes Declaraciones y Convenciones, se ha acudido más a éstos que a los de la ONU. En la medida en que los problemas van siendo comunes, varios de las situaciones que se van presentando en Colombia ya pueden tener asimilación con situaciones y soluciones presentadas en los instrumentos de la ONU. En medida similar, desde Colombia se podría valorar dialogadamente con las comunidades de Filipinas, sobre la importancia o no de instrumentos regionales, y que podrían facilitar una reflexión en Asia.

- Aunque el tema de conformación regional del país en Filipinas no está cruzado de manera inmediata por lo indígena, sí compete de manera importante a estas comunidades; por ejemplo, las dos regiones autónomas reconocidas por la Constitución son a su vez las regiones en que se encuentra la mayoría de población indígena del país. En Colombia, la reflexión que se hace por ejemplo desde la UAIIN9 ha mostrado que la discusión indígena y la práctica legal y territorial

7 Tanto en Filipinas como en Colombia el desarrollo nacional se pretende hacer con base en la minería como sector de punta, y en ambos países mucho más de la mitad de los territorios previstos para exploración y/o explotación se encuentran en territorios o dominios ancestrales de pueblos indígenas.

8 Los participantes en la “Alyansa Tigil Mina” de Filipinas han hecho algunas relaciones con Organizaciones indígenas del Perú, respecto a una reunión intercontinental sobre el tema, y mostraron un gran interés en relacionarse con la ONIC en Colombia.

9 Universidad Autónoma Indígena Intercultural (del Consejo Regional Indígena del Cauca).

sobre regiones autónomas tiene un mayor avance en países como Nicaragua y Panamá, y ahora en Bolivia y Ecuador. Tratándose de Universidades indígenas que en este caso han asumido el intercambio en America del Centro y del Sur10, esta discusión podría seguramente ser más fructífera si logra ese relacionamiento también con Filipinas. Para Filipinas el tema es importante, ya que en los últimos gobiernos, y también en los procesos de paz, el tema de regionalización del país ha sido uno de los más recurrentes, hablándose ya no sólo de las dos regiones autónomas, sino de la regionalización total del país. Para Colombia, el tema ha sido definido constitucionalmente desde 1991 con la figura de Regiones y Provincias (en complemento con las entidades territoriales hoy existentes: municipios y departamentos) pero no se ha logrado concretar. La Constitución colombiana también plantea la existencia de los territorios indígenas como Entidades Territoriales (ETI). Hoy el Gobierno vuelve a retomar en su agenda legislativa la Ley Orgánica de Ordenamiento territorial. Ello conlleva temas como gobiernos, presupuestos, recursos naturales, minería, autonomías, funciones, etc.

- El intercambio permanente entre Sulong CARHILHL (compuesta por organizaciones de mujeres, jóvenes, indígenas e iglesia) en su trabajo por el seguimiento a los acuerdos de paz y el acompañamiento a las comunidades más vulnerables, con iniciativas de paz en las que se encuentran los indígenas colombianos podría ser muy beneficioso para los indígenas y organizaciones de ambos países11.

10 Otras universidades además de la UAIIN son la URACCAN (de la región autónoma del Atlántico Norte de Nicaragua) y la Amawtay Wasi (de la CONAIE Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador).

11 El Consejo Regional Indígena del Cauca tiene una comisión de paz y participa con otras organizaciones en la construcción de un proceso de construcción de propuestas de paz desde la base en compañía de comunidades locales de varias regiones del país y de algunas ONGS.

Una mirada al conflicto armado interno en Filipinas: coincidencias y aprendizajes

Patricia Buriticá Céspedes Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación

Filipinas es un país como Colombia, con una larga historia de colonización Española, Japonesa y de Estados Unidos. El inicio de su conflicto armado interno data de 1968, época contemporánea con la de Colombia en 1964. Se han conformado y actúan diferentes grupos, unos de corte comunista, otros musulmanes en lucha por el territorio y algunos grupos indígenas en resistencia igualmente en lucha por el territorio y la autonomía étnica, como ocurre con dichos grupos en Colombia.

En Filipinas y Colombia persiste el conflicto a pesar de los intentos, acuerdos y hasta negociaciones que aún no concluyen. El acuerdo de 1986 con el NPA, establece 4 puntos, de los cuales sólo hay algunos desarrollos en el primero sobre DDHH y DIH. Llama la atención este proceso como una negociación de acuerdos parciales, que podría analizarse en Colombia, donde siempre se ha trabajado en la lógica del “todo o nada”.

El proceso generado desde el acuerdo sobre DDHH y DIH es una oportunidad. En Colombia podría implementarse, en algún momento el ELN lo planteó, sólo que no se ha podido salir del círculo vicioso de las precondiciones.

En cuanto al papel de la sociedad civil:

Igual que en Colombia, la sociedad civil organizada toma distancia de los grupos armados, comparten la exigencia de cambios estructurales en el campo democrático, en lo social, en lo político, en lo económico, lo territorial y lo étnico, mas se apartan de compartir la lucha armada. Su participación es activa en los espacios de construcción de negociación como en el CARHIHL, en la elaboración de agendas y compatibilización de ellas con diversos intereses como los indígenas, campesinos, académicos y otros, con bastante participación de sectores comprometidos de la iglesia, como se evidenció en la visita a Mindanao.

Igualmente, las consecuencias humanitarias en pérdida de vidas, desplazamiento forzado, desapariciones, masacres, ejecuciones extrajudiciales y asesinatos son similares, aunque la magnitud de Colombia es mucho mayor. Lo que parecería un poco incoherente es que el compromiso con los acuerdos en DDHH y DIH no cuente con unos mecanismos de seguimiento, monitoreo, o de denuncia, o una forma de trabajar sobre estos asuntos en su investigación o esclarecimiento de la verdad. Además de pensar en cómo tan solo se estudian los casos de violaciones en el caso de las dos partes firmantes del acuerdo, es interesante si se piensa en Colombia cómo podría tener un alcance mayor.

Conflicto y construcción de democracia:

Sobre la construcción de Estado y democracia, los dos países guardan coincidencias que nos sirven, para mediatizar el análisis del conflicto con respecto a la sociedad que lo enfrenta y las formas en que se le buscan salidas.

No es lo mismo la negociación en la Colombia antes del 91 que después de varios años de construir Estado y democracia con una Constitución que abrió posibilidades de conseguir cambios por las vías políticas y no las armadas, es decir, que mostró otro camino. Igualmente, en Filipinas no es lo mismo la negociación recién terminada la dictadura, que más de 20 años después, cuando han pasado varios gobiernos en el marco de la construcción democrática y de Estado.

Por lo anterior, Colombia y Filipinas pueden tener lógicas similares en la forma como se ha enfrentado el conflicto y en las explicaciones del por qué no avanza su solución. También pueden coincidir en la búsqueda de soluciones en el presente.

Colombia, con los acuerdos de paz de 1991, establece una nueva Constitución y se da mayor impulso a la construcción democrática y al Estado Social de Derecho, en medio de la continuación del conflicto armado interno; en Filipinas, con la caída de la dictadura, igualmente hay un entorno favorable para la construcción de Estado y democracia, también en medio del conflicto.

Pero hay una diferencia importante a resaltar. En Colombia, la participación en el proceso del 91 no tuvo el carácter masivo, como sí lo tuvo en Filipinas para la caída de la dictadura y en 2001 para destituir al presidente Estrada.

A su vez, filipinas en 1987 y Colombia en 1991 en sus nuevas constituciones reconocen derechos en las tierras y territorios para los indígenas (Ley de los pueblos indígenas de 1997) y establece reformas importantes en procesos de desarrollo, cambios y consolidación de Estado y democracia que tan solo llevan menos de tres décadas.

Son dos países que llevan muy poco tiempo para que se pueda medir el impacto de los avances en el campo de la lucha política por cambios estructurales y para medir en la percepción ciudadana las implicaciones de los cambios por la lucha política y las expectativas de ellos en la lucha armada. Además son dos países que no logran salir del conflicto; es decir, no es lo mismo construir democracia y reformas políticas, económicas y sociales en situaciones de post conflicto que hacer lo mismo en medio del conflicto.

Colombia y Filipinas son dos países “que se han hecho al conflicto”, donde ni los gobernantes ni la sociedad atribuyen prioridad a la solución, justamente porque han podido vivir mucho tiempo en medió de él.

Si en Colombia no hay reconocimiento de los actores armados como interlocutores válidos, en Filipinas si se da, tienen inmunidad, tienen garantías sus líderes y tampoco se llega al fin. Después de analizar mucho Colombia y ver Filipinas he llegado a una tesis: que en estos dos países se viene dando un “desvanecimiento del conflicto” con predominio de la acción política y construcción de Estado cada vez mas fuerte, acción de los partidos, de la sociedad civil y todas las fuerzas internas que trabajan por la democracia y la construcción de estado, superando lo determinante de los grupos armados en los cambios. Pero a su vez los armados se orientan a objetivos y acciones más delincuenciales que políticas.

Estas reflexiones las había intuido para Colombia; sin embargo al conocer el conflicto Filipino puedo tener más claridad sobre mi afirmación.

Sobre las víctimas:

Me llama la atención la ausencia de visibilidad de las víctimas, en general para todos los grupos armados. Sólo se mencionan las víctimas de la dictadura, y a pesar de que existe una organización de víctimas de desaparición forzada, es poco frecuente hablar de organizaciones de víctimas, o de organizaciones de desplazados, o de organizaciones que trabajen con las víctimas de los grupos armados. Sólo se habla muy tangencialmente de las victimas de agentes del estado en las ejecuciones extrajudiciales.

No existe normatividad transicional. Los temas de verdad, justicia y reparación no se mencionan. En el anexo de los acuerdos, se habla de la indemnización para las víctimas del dictador Marcos, pero no para el resto de las víctimas de un conflicto tan largo como el de Colombia.

Se sienten presentes y se habla de las masacres y de graves violaciones a los DDHH y al DIH. Sin embargo, no se mencionan comisiones de la verdad, u otras que pudieran trabajar la verdad, la justicia y la reparación. En ello se podría afirmar que “el supuesto es que éstas aparecen una vez que se termine el conflicto” y se tenga culminada una negociación. En Colombia se trabaja en una Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación en medio del conflicto. Como inquietud, me ha quedado la pregunta de si para filipinas pudiera crearse una comisión de verdad o de reparación o una instancia que, sin depender de los acuerdos finales, pueda impulsar los derechos de las víctimas.

En Colombia, el proceso actual ha permitido visibilizar a las víctimas y sus organizaciones. Ellas se han convertido en una masa crítica y activa en la construcción de políticas a favor de sus derechos y de exigencia del cumplimiento de los DDHH y el DIH. Esto es una buena situación si se lograran acuerdos sobre DDHH y DIH entre las partes del conflicto, como en Filipinas, y si el gobierno asume otra actitud frente al tratamiento a los mismos, por ejemplo el respeto y la consideración por las ONGs que trabajan en ellos.

En Filipinas, a diferencia de Colombia, el gobierno ha reconocido los abusos cometidos por la Fuerzas Armadas durante la dictadura de Marcos; es decir, ha hecho reconocimientos de responsabilidad del Estado en violaciones de DDHH y DIH. En Colombia ha sido un asunto que ha tenido que sortearse en los Tribunales, unos internos y otros internacionales.

En temas de verdad y reconciliación, la experiencia del AFRIN sobre los programas en las escuelas y colegios para trabajar sobre la historia de Mindanao es innovadora para construir memoria. Desde involucrar a la educación y de trabajar en culturas de paz, es una de las experiencias sobre las cuales en mi campo desearía trabajar más y llegar a plantear estas prácticas más institucionales y masivas. Es una experiencia de la que podemos aprender.

Sobre las tierras:

La lucha por la tierra con similitudes en Colombia, se convierte en uno de los principales ejercicios de acción, tanto de los indígenas como de los campesinos, al ver que es desde la expedición de la nueva Constitución donde éstos se concretan en normatividad, y se da inicio a titulaciones, encontrando que llegar al derecho real y efectivo es tan complicado y largo como en Colombia.

Las tierras se asignan, aunque sin tocar las grandes plantaciones que tienen garantías por parte del Estado. En la región de Mindanao, donde el 40% de la economía es agrícola, existen las mayores plantaciones y los indígenas luchan por la titulación de sus territorios. Tal como en Colombia, ellos tienen enfrentamientos con los grupos comunistas y están apareciendo grupos privados de vigilancia, de manera muy similar como se fueron consolidando los paramilitares en Colombia.

En la región de Mindanao, donde se concentra más del 50% de la población indígena, ellos han empezado a construir sus propias agendas y hoy reclaman un panel paralelo de negociación con los indígenas. Toman distancia con los grupos armados musulmanes y comunistas, y construyen su propia voz y representación, para establecer sobre los territorios ancestrales su autodeterminación.

Una interesante reflexión es cómo los indígenas en Filipinas hablan de una negociación paralela. Expresan y creen en las vías de diálogo con el gobierno para llegar a la titulación de sus territorios ancestrales y se ubican en una Coalición Indígena por la Paz, muy similar a la postura de los indígenas en Colombia.

En las diversas conversaciones y negociaciones está presente el tema de los recursos naturales y las tierras. Sin embargo, lo que encontramos es unos grupos con fuertes procesos organizativos y queriendo ellos mismos discutir y negociar sobre lo que les corresponde.

Lo anterior tiene relación con dos cosas; una, es muy poco probable que una negociación sobre tierras, territorios y recursos naturales se haga sin una participación directa de los grupos organizados de interés, indígenas y campesinos, tanto en Colombia como en Filipinas; dos, esta conciencia no es tan clara, aún en los gobiernos y tomadores de decisión en el tema en los dos países. Por ello, veo con mayor claridad y factibilidad el planteamiento de la negociación paralela. En mi análisis, esto refuerza la tesis del desvanecimiento.

En Filipinas, ellos se plantean la negociación paralela como una oportunidad para empoderarse, tanto frente al gobierno como frente a los armados. Los musulmanes tienen un mayor respeto por ellos, mientras los comunistas los amenazan y los hostigan.

Tienen grandes dificultades para hacer desarrollos productivos autónomos y se ven obligados a rentar sus tierras a las grandes plantaciones, que cuentan con cuantiosas inversiones. No se puede comparar una reforma agraria y las medidas para el campesinado con lo que ocurre con la producción y desarrollo de las grandes plantaciones.

En Filipinas como en Colombia, los intereses por la paz se encuentran con barreras de intereses económicos al construir acuerdos, cuando éstos bloquean las soluciones. Tanto en uno como en otro, el esquema de negociación debe contemplar diferentes esquemas de participación y el reto es cómo involucrar todos los sectores de interés social, político y económico.

Reflexiones finales:

1. Colombia y Filipinas tienen muchas coincidencias en el contexto actual para entrar en una etapa de concluir el conflicto armado. Políticamente, los dos gobiernos entrantes y recientes tienen una mirada de resolución del conflicto, de reabrir o reactivar las negociaciones. Además, existe un desvanecimiento de los grupos armados con objetivos políticos claros y están hacia su transformación en grupos con otros objetivs no políticos.

2. Existen propuestas que en uno y en otro país se pueden explorar:

a. Ampliar los acuerdos parciales en DDHH y DIH.

b. Las negociaciones paralelas.

c. Las comisiones de investigación, de verdad, de reparación, de atención a las víctimas, de ver a las víctimas como un poder en las negociaciones.

3. La restitución de tierras y las definiciones sobre territorios colectivos es un tema maduro para ser trabajado y sobre el cual la sociedad civil y las organizaciones sociales, de indígenas, campesinos y para nuestro caso también de afrodescendientes, tienen mucho que hacer y aportar en procesos que contribuyen a la paz.

4. En un contexto de negociación o de acuerdos y de constitución de comisiones, es indispensable involucrar a sectores económicos internos y externos. Los temas de intereses globales, el medio ambiente, los recursos naturales y otros de la economía mundial siempre inciden en negociaciones, para que ellas no se frustren más adelante.

5. Conocer de cerca un país, tan similar a Colombia en el conflicto, abre la mente en el análisis y en ver otras posibilidades. Permite salirse del mismo esquema y es como ver la realidad Colombiana en un espejo para el caso de Filipinas.

6. La presencia de las mujeres es evidente en las organizaciones, en las acciones y en los espacios. Sin embargo, el tema de la violación de los derechos de las mujeres en medio del conflicto y las afectaciones específicamente como mujeres está perdida, es una lástima porque un buen número de los dirigentes son mujeres extraordinarias.

El auge de la minería en Colombia y Filipinas

Por Yamile Salinas Abdala

Especialista en Derecho Ambiental y de Tierras

Son varias las similitudes que existen entre Filipinas y Colombia, pese a las diferencias en cuanto a su tamaño y número de habitantes. En Filipinas, con una superficie de 300 mil kilómetros cuadrados, conformada por 7.100 islas e islotes, que equivale a una cuarta parte del territorio colombiano, habitan más de 94 millones, es decir el doble de los habitantes de Colombia.

Los dos países ostentan el legado español y la fuerte presencia de la iglesia católica. En los dos países se han intentado diversas fórmulas militares y de negociación en la búsqueda de la superación del conflicto y la consecución de la paz. Sin embargo, existen algunas particularidades, entre ellas las características de las guerrillas. En Filipinas, el NPA (New People’s Army), con influencia maoísta y el MILF (Moro Islamic Liberation Front) que reivindica los derechos de la población musulmana localizada principalmente en Mindanao al sur del país. Estos grupos demandan reformas constitucionales y legales, en especial las encaminadas a transformar la tenencia de la tierra, que al igual que en Colombia se encuentra concentrada en un grupo reducido de la población, que tradicionalmente ha estado vinculado a las decisiones políticas y económicas. En Colombia las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y el ELN (Ejército Popular de Liberación Nacional) han sido permeados por el negocio de las drogas ilícitas y se encuentran disminuidos por el accionar militar del gobierno de Uribe Vélez.

Los dos países estrenan nuevos presidentes (Benigno Aquino y Juan Manuel Santos) quienes ganaron las elecciones con el compromiso de abordar temas cruciales, entre ellos la lucha contra la corrupción, la superación de las problemáticas relacionadas con la tierra y el territorio, el respeto y garantía de los derechos humanos y el mejoramiento de las condiciones de vida de los grupos más vulnerables que habitan en las zonas rurales y urbanas.

En los dos países existe un gran debate sobre la expansión de la minería a gran escala promovida como fórmula para propiciar el crecimiento económico, que ha sido ampliamente cuestionada por sectores ambientalistas, étnicos y sociales. Justamente, en estos dos países que hacen parte del grupo de los 17 estados más mega-diversos del mundo, existe un alto potencial minero. Filipinas es considerado el quinto país del mundo con más minerales en su territorio y ocupa el tercer lugar en minas de oro, el cuarto de cobre y el quinto de níquel. Por su parte, Colombia, primer país productor de esmeraldas, ha identificado importantes yacimientos de carbón y oro, entre otros minerales.

El potencial de los dos países ha originado la expedición de la respectiva normativa para propiciar su exploración y explotación por compañías internacionales. Coincidencialmente, la normativa minera en Colombia y Filipinas ha sido objeto de demandas ante las respectivas Cortes Constitucionales, originadas en inquietudes sobre los efectos de dicha actividad, principalmente en lo que respecta a la protección y conservación de los recursos naturales y el medio ambiente, y los derechos de los grupos étnicos, en Colombia pueblos indígenas y comunidades negras, y en Filipinas los primeros.

Quizás como efectos de la herencia común española, los dos países cuentan con una prolija y avanzada legislación étnica y ambiental que emana de sus respectivas constituciones y de la ratificación de tratados internacionales en dichas áreas. Sin embargo, es común en Colombia y Filipinas el desconocimiento de los mandatos legales por parte de servidores públicos y empresas, así como la desregulación vía normas de inferior categoría. A esto se suma la descoordinación entre las agencias estatales encargadas de los temas mineros, ambientales, agrarios y étnicos, y la primacía de las decisiones de las autoridades mineras sobre las otras. Todas estas agencias son cuestionadas por privilegiar los intereses de las compañías transnacionales y por el uso de prácticas de corrupción en el otorgamiento y seguimiento de las concesiones mineras y de los permisos, en especial de los ambientales, que requiere la explotación de los recursos naturales.

Similarmente, en los dos países se desconocen reiteradamente los derechos de los grupos étnicos, en especial los derechos sobre los territorios ancestrales constituidos o no formalmente, en los que se encuentran gran parte de los yacimientos priorizados para su explotación. Si bien es cierto que a diferencia de Colombia, en Filipinas se exige el consentimiento previo, libre e informado (CPLI)12 y no sólo la consulta, se aplican análogos subterfugios para soslayar el derecho fundamental a la participación de estos grupos, tales como la desinformación, la falsificación de documentos - el uso de las actas de asistencia a reuniones de divulgación como actas de acuerdo-, la división de las comunidades – mediante promesas y “compras” de líderes y miembros de comunidades - y la intimidación.

Adicionalmente, en los dos países se presentan debilidades y vacios en la formulación, aprobación y seguimiento de los estudios de impacto ambiental y social de los proyectos mineros. Son comunes las situaciones en que estos estudios son realizados directamente por las empresas sin la participación de las comunidades afectadas y sin que se garantice su difusión y conocimiento con el fin de que puedan hacer el respectivo seguimiento y formular las reclamaciones a que haya lugar. Asimismo, son limitados los alcances en cuanto a la tipificación de las amenazas e impactos acumulativos potenciales a la biodiversidad y al desarrollo sostenible, tales como la identificación de zonas de protección ambiental, las áreas críticas de las cuencas hidrográficas, y las zonas agrícolas, boscosas y de protección de derechos de los grupos étnicos.

De igual manera, en los dos países son usuales las prácticas para menoscabar los derechos de los campesinos. Por una parte, Filipinas y Colombia comparten la ineficacia en la puesta en marcha de programas de reforma agraria y de formalización de los derechos sobre la tierra, y por otra, son frecuentes las acciones para desconocer los limitados avances en la entrega de tierras (adjudicaciones de baldíos y ocupación de baldíos no adjudicables derivados de procesos de colonización promovidos por el Estado o de la historia de desplazamiento en Colombia y contratos para el uso y conservación de las reservas forestales en Filipinas).

12 El derecho a la CPLI se define como el consenso de todos los miembros de las comunidades culturales indígenas y los pueblos indígenas, obtenido de conformidad con sus respectivas leyes y prácticas consuetudinarias, de manera libre sin manipulación, interferencia o coerción externa, después de la exposición completa de la intención y del alcance de la actividad, en un idioma y términos que sean comprensibles para la comunidad (Indigenous Peoples Rights Act, Chapter III Section 3 g.). Traducción de la autora. Ver: Derechos de los Pueblos Indígenas (IPRA, 1997), Código de Minería (Ley de la República 7942, 1995) y Declaración de Pueblos Indígenas de Naciones Unidas ratificada por el gobierno filipino.

Los intereses en los territorios para la explotación de minerales en los dos países están asociados a violaciones de derechos humanos, entre ellas la militarización de las zonas mineras por actores armados legales e ilegales, las amenazas, asesinatos y desapariciones forzadas de defensores de derechos humanos y de líderes que se oponen a la minería o exigen la entrega de tierras, y las acciones de las guerrillas, entre ellas el cobro de extorsiones a las empresas y amenazas contra las comunidades.

Los efectos de las explotaciones mineras a gran escala son comunes en Colombia y Filipinas. Entre estos se destacan la deforestación de los bosques; la destrucción de las fuentes de agua –otorgamiento de concesiones en zonas de páramos y cuencas hidrográficas-; los conflictos por el uso y aprovechamiento de los recursos hídricos y de las tierras, desconociendo que proveen de la subsistencia y seguridad alimentaria a las comunidades asentadas en las zonas mineras; la desculturización de las comunidades étnicas – concesiones en territorios étnicos ancestrales incluyendo los sitios sagrados-, y el desplazamiento derivado de la violencia o de razones económicas.

Pese a las denuncias de las diversas entidades estatales creadas en los dos países para la garantía y el respecto de los derechos humanos (Defensorías y comisiones de derechos humanos, entre otras) y de organizaciones sociales nacionales e internacionales, son nimias las acciones para investigar y sancionar a los responsables y combatir efectivamente la impunidad.

Ahora bien, los dos países cuentan con organizaciones de base, comunitarias y sociales que abogan por la construcción de paz y el pleno respecto y garantía de los derechos humanos, entre los cuales se encuentran los de las poblaciones más vulnerables afectadas por el modelo de desarrollo que privilegia iniciativas de carácter meramente extractivo como la explotación de los recursos naturales. Igualmente, cuentan con instrumentos normativos derivados de sendos acuerdos plasmados en sus constituciones, en Filipinas, como resultado del derrocamiento de la dictadura de Marcos en 1986, y en Colombia, de la Asamblea Constituyente de 1990.

En este orden de ideas, el reto de los nuevos mandatarios de Colombia y Filipinas es propiciar un desarrollo que privilegie actividades y proyectos que sean compatibles con sus riquezas ambientales y culturales. No en vano, aún hacen parte de los países con mayor diversidad del planeta. Ello exige abordar profundamente los desafíos que impone la puesta en marcha de un desarrollo sostenible, lo que implica actuar en perspectiva de las generaciones futuras y no sólo de intereses económicos de corto plazo que solo benefician a algunos, (“Winners Curse” o “Maldición de los Ganadores” 13).

Lo anterior parte de de los propósitos también comunes a los dos gobiernos entrantes: el combate a todas las formas de corrupción de servidores públicos y empresarios nacionales y transnacionales; y la superación de la pobreza y la inequidad como forma de culminar las violencias y la existencia de grupos armados ilegales. Si bien es cierto que en los dos países estos grupos han sido asimilados a terroristas, existen algunas diferencias que ameritan su análisis. En efecto, en Filipinas la superación de la violencia y el conflicto está asociada aún a la necesidad de avanzar en temas como la construcción de acuerdos que garanticen la realización de los derechos humanos, entre ellos los derechos a la tierra vía la reforma agraria, y a la definición de ordenamientos territoriales, especialmente en Mindanao, calificado como la despensa agrícola de ese país. Entretanto, en Colombia las guerrillas son consideradas meramente

13 United Nations Conference on Trade and Development 2005 Economic Development in Africa Rethinking the Role of Foreign Direct Investment www.unctad.org/en/docs/gdsafrica20051_en.pdf

terroristas y narcotraficantes, lo que impide avanzar en diálogos en los que se incluyan la revisión y adopción de reformas estructurales en clave de superar las causas de las violencias.

En esta medida, la experiencia filipina muestra que el diálogo no puede reducirse a los actores armados bajo condiciones como el cese a las hostilidades sino que debe implicar a actores que reclaman y reivindican la exigibilidad de derechos como primicia fundamental en la construcción de verdaderos estados sociales de derechos. Al respecto, existen situaciones en Filipinas que pueden ser ejemplo para Colombia, como la búsqueda de una región autónoma para los musulmanes en Mindano, la que puede contribuir a desarrollar el articulo inédito de la Constitución Colombiana sobre el ordenamiento territorial, en el que, como lo reclaman los pueblos indígenas filipinos, deben participar todos los actores involucrados.

De igual forma, Colombia y Filipinas pueden compartir información y experiencias sobre la responsabilidad de las empresas en las violaciones de los derechos humanos y sobre los mecanismos a aplicar, entre ellos los principios de empresas y derechos humanos de Naciones Unidas y los principios multiactores de responsabilidad social empresarial.

Asimismo, los dos países tienen experiencias de las que pueden sacar lecciones provechosas para definir su futuro. La aplicación de las políticas de ajuste estructural de los organismos multilaterales sustentados en el simple aprovechamiento de sus recursos naturales no ha sido exitosa ni ha resuelto las inequidades sociales que les son comunes. Prueba de ello es el fracaso de las iniciativas del Banco Mundial que promovió el aprovechamiento de los bosques naturales, lo que además de contribuir al deterioro ambiental y a intensificar los riesgos de catástrofes naturales, demostró el favorecimiento y enriquecimiento de pequeñas, pero poderosas élites políticas y económicas, representadas por los dos nuevos mandatarios, en detrimento de amplios sectores poblacionales.

Los gobiernos entrantes de los dos países deben y pueden optar por ser reguladores de la minería o ser sus promotores activos. Lo primero exige la aceptación, el reconocimiento y la aplicación de sus normas internas concordantes con los estándares internacionales. Lo segundo significa “abrirse” a modelos que han demostrado su incapacidad de construir sociedades justas y equilibradas.

Filipinas y Colombia son países reconocidos por su pluralidad, sus avances legislativos y sus conflictos y violencias internos derivados de múltiples causas, entre ellas los efectos de la dinastía Marcos y los ingentes esfuerzos para combatir las drogas ilícitas en Colombia. En consecuencia, pueden reclamar la corresponsabilidad de los organismos multilaterales y de los países desarrollados en la construcción de alternativas diversas sobre el uso y aprovechamiento de sus recursos naturales de manera sostenible que contribuya eficazmente a aliviar la pobreza y la inequidad, así como el cumplimiento de los estándares internacionales de empresas y derechos humanos y de responsabilidad social empresarial por parte de inversionistas y compañías interesadas en explotar sus riquezas mineras. Además, los dos países tienen la oportunidad de exigir la aplicación del principio de precaución: En tanto no sabemos los daños que producimos para las generaciones futuras, mejor nos abstenemos- para oponerse a la minería a gran escala impuesta por instancias foráneas que desconocen su tradición y diversidad ambiental y cultural.

La arquitectura internacional del proceso de paz en Mindanao

Por Tathiana Montaña Docente de la Universidad Jorge Tadeo Lozano

Cómo intervienen los actores internacionales: ¿Quiénes y por qué participan en Filipinas?

Filipinas es un país conformado por 7.100 islas en el sudeste asiático. Desde 1.520 hasta 1.898, Filipinas hizo parte del Reino de España. Posteriormente y desde 1.898, mediante el Tratado de Paris, en el marco de la segunda colonización europea, este territorio fue cedido a los Estados Unidos. Durante la II guerra mundial, Filipinas fue instrumento de guerra de los japoneses y sólo hasta el año 1.946 se proclama República independiente.

Aunque la independencia de Filipinas como nación es relativamente reciente, algunos de sus conflictos armados internos representan crisis prolongadas que datan de varias décadas, como en el caso de la guerrilla musulmana más antigua del mundo, el Frente Islámico de Liberación Nacional MILF (Moro Islamic Liberation Front) en la región de Mindanao, al sur del archipiélago. Tras varios intentos fallidos en el pasado, finalmente el Gobierno de la República de Filipinas – GRP – inició un nuevo proceso de paz con el MILF. El 23 de julio 2009 la Presidente Arroyo ordenó la suspensión de operaciones militares (SOMO) y posteriormente el MILF declaró la suspensión de acciones militares (SOMA) el 25 de julio de 2009. Este apertura, con la facilitación de Malasia, despertó rápidamente el interés de diversos actores de la comunidad internacional, que entraron a participar en las distintas instancias del proceso.

La estabilidad política de las Filipinas, un país de gran importancia a nivel geopolítico y geoestratégico en la región del sudeste asiático, es vista con gran interés por los países que tuvieron una relación directa en la historia de Filipinas (España, Estados Unidos y Japón), así como por sus vecinos (Malasia e Indonesia) quienes juegan un papel directo en los paneles de diálogo del proceso de paz filipino, donde suministran apoyo de tipo político, técnico y financiero para que se lleven a cabo.

El grupo de apoyo internacional al proceso entre el GRP y MILF, se compone de tres cuerpos:

1. Un facilitador al proceso de paz: Malasia, desde el año 2002

2. Un verificador de acuerdos, el International Monitoring Team (IMT)

3. Y un grupo mixto, países y organizaciones internacionales de la sociedad civil, Internacional Contact Group

(ICG)

La participación de actores de la comunidad internacional en procesos de paz en países en situación de conflicto armado buscan, en términos generales, mejorar las condiciones de la democracia y la gobernabilidad en el marco del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos que al menos en sus propósitos constituyen los principios rectores del sistema de Naciones Unidas.

¿Cuáles son los intereses de esos los actores, para ayudar a gestionar un clima propicio para hablar de paz?

Importancia de los vecinos: Malasia y el IMT

Malasia es un país vecino de Filipinas. Comparte frontera por el Norte, con la Isla de Borneo. El 60% de la población de Malasia es musulmana, seguida por el 19.4% de budistas. El comercio entre Malasia y Filipinas se caracteriza por ser básicamente de servicios e intercambio de productos agrícolas, gas natural y petróleo.

De manera desprevenida, pero con certeza, se podría atribuir a Malasia su gestión mediadora desde el año 2002, a los lazos históricos que comparte con Filipinas: la vecindad y el Islam. Recordemos que en Mindanao la población musulmana alcanza el 6% de un total de 20% en todo el país.

Tras el acuerdo del alto al fuego de 2003, Malasia lideró el IMT (Equipo Internacional de Monitoreo), contando luego con el apoyo de otros países como Japón, Brunei o Libia, que fue implementado tras el acuerdo de alto al fuego de 2003 para supervisar la aplicación del mismo. Malasia goza de la confianza de las partes del proceso de negociación, y adicionalmente es un país vecino al cual no sólo le interesa mantener estabilidad sino además, de alguna forma, protagonismo a nivel regional. El objetivo del IMT es, como su nombre lo indica, monitorear la implementación del Acuerdo de Paz entre el GRP y el MILF del 22 de junio de 2001 y los acuerdos adicionales: el Acuerdo sobre Asuntos de Seguridad, del 7 de agosto de 2001, la Implementación del componente Humanitario, el de Rehabilitación y desarrollo del 22 de junio del año 2001, establecido en el Acuerdo de Trípoli, y el Acuerdo de Protección a la Población Civil del 27 de octubre de 2009.

El mandato del IMT es monitorear, verificar y reportar las acciones violentas contra la población civil, en el marco del cese de hostilidades acordado por las partes, en el territorio limitado en los “Términos de Referencia”14 en cinco (5) sectores, cada uno monitoreado por un equipo móvil (Cotabato City, Iligan City, Zamboanga City, General Santos City y Davao City).

La responsabilidad del IMT consiste en reportar mensualmente a los paneles de paz y a la secretaría malaya las actividades y el desarrollo del cese de fuego, los asuntos humanitarios y los aspectos de asistencia socioeconómica. El mandato de la IMT tiene una duración de 12 meses, excepto el componente de protección a la población civil.

En ese sentido, los términos mandato del IMT contemplaron cuatro componentes en donde participan otros actores internacionales (Estados y organizaciones internacionales):

1) Seguridad, en donde participan Malasia, Libia, Brunei y Noruega,

2) Humanitario, de rehabilitación y de Desarrollo en el que participa la Unión Europea,

3) Asistencia socio económica en el cual se hace presente Japón, y

14Terms of Reference The International Monitoring Team (IMT), 9th of December2009 Kaula Lumpur, Malasia. Firmado por Rafael E. Seguis por el GRP; Mohagher Iqbal por MILF y Datuk Othman Bin Abdul Razat, facilitador del Gobierno de Malasia.

4) Protección a la población civil, del que hacen parte varias organizaciones como Mindanao Peoples Caucus y Mindanao Human Rights Action Center, algunas de las cuales son movimientos que agrupan varias organizaciones de distintos países, como en el caso de Non-Violent Peace Force (Fuerza de Paz No Violenta)

El IMT representa varias ventajas en el proceso de paz:

De una parte, compromete internacionalmente a las partes implicadas en el proceso de negociación (MILF-GRP) a respetar las normas humanitarias. Una vez más, se vislumbra la importancia que merece la implementación del DIH en el marco de conflictos armados prolongados en el siglo XXI. Uno de los asuntos que más llama la atención en este conflicto en particular es la aceptación de la plena vigencia del DIH por parte de las guerrillas y de las FFAA de Filipinas. En muchas ocasiones escuchamos de boca de altos mandos militares la importancia que tiene respetar y garantizar las normas humanitarias. Es por esto que muchas veces se comentó al interior del grupo Colombiano la diferencia en términos humanitarios que existe entre el conflicto filipino y el conflicto colombiano.

De otra parte, compromete a los actores internacionales a monitorear, verificar y reportar infracciones. En este sentido, el papel del IMT es fundamental. Es claro que la participación del IMT, coordinado por Malasia, se ha hecho posible porque las partes así lo determinaron. Pero también tiene un importante significado a nivel regional, porque se pone manifiesto la voluntad política de los países y las organizaciones que han intervenido y su coherencia política para restablecer la paz en la región. Por ejemplo, las obligaciones financieras para el funcionamiento (salarios del personal del IMT) son suministradas por los respectivos gobiernos de los Estados que hacen parte del grupo. Con esto, la cooperación para la paz en Filipinas consta no sólo de apoyo asistencialista, sino que también permite demostrar la voluntad política de quienes conforman el IMT.

El mandato termina en el momento en que las partes no cumplan con sus responsabilidades y sus propósitos estipulados en los acuerdos. Esto quiere decir que se respeta la voluntad de las partes y desde ningún punto de vista se desconocen los principios de la no intervención, la soberanía y la autonomía.

Percepciones sobre el papel de la Unión Europea (UE)

Gabriel Múnera, representante de la delegación Europea en Filipinas, afirmó que la cooperación europea para Mindanao se acercaba a los 100 millones de dólares antes de año 2008, entregados para apoyar los programas de desarrollo de comunidades en riesgo de desplazamiento. Después de 2008, la UE hace un mayor esfuerzo para asistir humanitariamente en Mindanao, debido al desplazamiento masivo que hubo en este año.

Durante los dos últimos años, la UE ha asumido una participación más política en procesos de paz para Filipinas. Por ejemplo, trabaja con organizaciones de la sociedad civil filipina como People Force en el componente de protección a la población civil.

El inicio de la participación de la Unión Europea en Mindanao surge gracias a invitación que le hizo el MILF. La Conferencia Islámica prestó sus Buenos Oficios para el acercamiento con la UE. Cuando el gobierno de Filipinas conoció los avances, aceptó esta participación y consideró que era un buen paso para retomar los diálogos. El 15 de mayo de 2008, en Bruselas, la UE aceptó participar y apropió

recursos para esto. Su objetivo principal era hacer efectivo el Acuerdo de Trípoli de 2001, por su componente humanitario.

Con todo lo anterior, el delegado de la UE afirma que no tienen ninguna “agenda geoestratégica” en Filipinas, que tiene algunas dudas sobre el compromiso real de las partes en el proceso y sostiene que la sociedad civil filipina debería estar más involucrada en el proceso. También preocupan a la UE las divisiones internas que presentan los musulmanes y, más aún, sobre las relaciones que puedan existir entre disidencias musulmanas filipinas que no participan en el proceso de paz, con algunas organizaciones terroristas que actúan en el sudeste asiático.

Es posible que Filipinas no sea una prioridad para la UE. Como bien lo anota Múnera, la prioridad está en los Balcanes. Sin embargo, la delegación europea en Filipinas ha crecido en los últimos 10 años. En 2004 sólo había 18 personas; en el año 2010 trabajan para la delegación 52 personas, de las cuales 17 son europeas.

¿Qué hace el Grupo Internacional de Contacto?

El Grupo Internacional de Contacto (ICG) surge en el marco del proceso de paz GRP- MILF que se reactiva en 2009. Tras una serie de rondas para acordar el Marco de Acuerdo para la formación del Grupo Internacional de Contacto, en Kaula Lumpur, Malasia, el 15 de septiembre de 2009 inicia sus actividades. Es un grupo sui generis, que está integrado por países interesados en apoyar los diálogos: Japón, Reino Unido y Turquía, y por organizaciones internacionales no gubernamentales, The Asia Fundation, Conciliation Resources, Muhammadiyah y Humanitarian Dialogue Centre. Tiene la particularidad de asumir una doble función: de un lado hace parte de los paneles de negociación y de otro, juega el papel de facilitador.

Sobre esto hace referencia la sección 2 del Acuerdo de Formación del ICG; “Composición: El IGC consistirá de países interesados para que acompañen el proceso de paz, preferiblemente pertenecientes a la Conferencia Islámica (OIC) y a la Unión Europea (UE), al igual que ONGs internacionales reconocidas que sean invitadas por las partes en consulta con el tercero facilitador”. Con base en esto, la intervención de Turquía (solicitud del la OIC) y del Reino Unido (por la UE). Las organizaciones internacionales seguramente generaron confianza, no sólo a las partes del proceso, sino también a las organizaciones de la sociedad civil filipina.

El ICG es un grupo ad hoc que busca afianzar la confianza entre las partes, mantener los intereses de éstos y hacer consistentes a nivel internacional los acuerdos a los que lleguen el gobierno y la guerrilla.

Dentro de sus funciones también está la de atender y observar las negociaciones directas, siempre y cuando haya sido invitado por las partes, y facilitar espacios de diálogo con expertos para crear posibilidades y salidas a problemas que se generen en las negociaciones.

Es notable el compromiso con el proceso por parte de la organización no gubernamental británica Conciliation Resources, patrocinadora de la visita de la delegación colombiana a Filipinas, y la confianza que genera a las partes. Su función, también referida en el Marco de Acuerdo de septiembre de 2009, es la de generar puentes de comunicación entre el gobierno, la guerrilla, los facilitadores y la sociedad civil, promover el debate para comprender diferentes puntos de vista y mantener los canales de comunicación de manera impecable.

Sin lugar a dudas, el trabajo del ICG requiere de mucha filigrana en donde no sólo se ha depositado confianza, sino que los países y las organizaciones que lo conforman deben sostener unas relaciones diplomáticas y una real voluntad para sacar adelante el proyecto de paz para Filipinas.

Llama la atención la cantidad de actores que intervienen en este proceso. Sería muy interesante profundizar sobre la participación específica del Reino Unido, de Japón y de Turquía. Japón cumple un papel de cooperación al de desarrollo económico en la región de Mindanao. El Reino Unido hace parte del ICG desde 2009 y según Chris Wright, jefe de la sección política de la Embajada Británica en Filipinas, el interés del Reino Unido en el proceso es hacer aportes para el desarrollo y trabajar por un sudeste asiático libre de terrorismo, punto que comparte con los Estados Unidos, pero con algunas reservas respecto a algunos sectores europeos. Frente a este asunto, el delegado británico en Manila afirma que las relaciones con la Unión Europea son diplomáticas en este proceso específico.

¿Y los Estados Unidos?

Una de las preguntas frecuentes en las rondas de conversaciones que sostuvo la delegación colombiana en Filipinas con diferentes actores locales, fue conocer sus opiniones sobre el papel que juegan los Estados Unidos en Filipinas.

Para algunos, Filipinas continua siendo un enclave norteamericano en el sudeste asiático. Para otros, un punto estratégico para afrontar la lucha contra el terror. Pero llamó la atención una apreciación mucho más altruista que todas las anteriores y que vale la pena resaltar: los Estados Unidos están muy interesados en mantener el proceso con MILF de bajo perfil, porque podría ser una experiencia de negociación, tal vez única por estos tiempos, con grupos musulmanes.

Según los informes de “The Asia Fundation”15, organización no gubernamental que hace parte del Grupo Internacional de Contacto para los diálogos de paz, el papel de Estados Unidos en Asia es muy relevante en el Sudeste asiático. Seguramente, Mindanao es una excepción. Las razones se pueden enumerar de la siguiente manera:

1. Terrorismo. “Los Estados Unidos han tenido preocupaciones legítimas sobre actividades terroristas en la región”16. Después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, los Estados Unidos toman estricta atención sobre la importancia del sudeste asiático, pues algunas células de Al-Qaeda llevaron a cabo acciones terroristas en Indonesia y Filipinas. En ese sentido, el interés norteamericano se focalizó desde 2002 en estrechar las relaciones con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático- ASEAN- en materia de seguridad, asunto neurálgico de la política exterior norteamericana en la primera década del Siglo XXI. Sobre este propósito, nos recuerda el informe 2008 que “Los Estados Unidos tienen tratados bilaterales de defensa con las Filipinas y Tailandia, y ambas

15 The Asia Fundation es una organización no gubernamental norteamericana creada en los años 60 que tiene como misión trabajar por la justicia, el desarrollo y la paz, a través de 17 oficinas en Asia y oficiales en Washington y San Francisco. Según Steven Road, Representante en Filipinas y Consejero regional para gobiernos locales de la Fundación, la organización se ha caracterizado por mantener una opinión crítica al gobierno norteamericano, incluso en temas tan espinosos como la democracia, la seguridad y la paz en la región del Sudeste asiático.

16 Ídem

naciones han sido destacadas como aliados especiales de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)”17.

2. Comercio. “Los Estados Unidos son el Segundo socio comercial de ASEAN y el principal inversionista extranjero directo”18. Estados Unidos ha reforzado su política de intercambio a través de la implementación de tratados de libre comercio con Singapur, Malasia y Tailandia. Señala el informe de The Asia Foundation, “En resumen, ASEAN es un socio comercial y de inversión más importante que América Latina, Rusia, el Medio Oriente y África”. El tránsito de petróleo y gas natural por esta región es 3 veces mayor que el tránsito por el Canal del Suez y 15 veces mayor que el tránsito del canal de Panamá.

En este respecto, vale la pena anotar que Mindanao contribuye con el 40% al PIB de Filipinas y es foco de cooperación económica en el Sudeste asiático.

3. La democracia. “En consideración a la manera tolerante como se practica el Islam en el Sudeste Asiático, los Estados Unidos cuentan con una mayor oportunidad de ganar los corazones y las mentes de los musulmanes que en cualquier otra región del mundo.”19

El sudeste asiático tiene la particularidad de ser la región más poblada del mundo y adicionalmente la región en donde coexisten las más diversas culturas y regiones: budistas, musulmanes y cristianos principalmente. Un vecino de gran importancia para Filipinas, y por supuesto para los Estados Unidos, ha sido Indonesia. Este es el país que contiene la mayor población musulmana del mundo -el 86% de 241 millones de habitantes, son musulmanes- y que adicionalmente ha logrado introducir la democracia, según el proceso y los resultados de las elecciones presidenciales de octubre de 2004 asistidas por los Estados Unidos.

En Malasia la historia es parecida. Malasia tiene 25 millones de habitantes, de los cuales el 60% son musulmanes, y los Estados Unidos se han ocupado de implementar mecanismos para presentar un país moderno y democrático.

La sumatoria de estos tres factores nos da idea de la importancia que merece para los Estados Unidos el conflicto armado en Mindanao.

Perspectivas para la arquitectura internacional

Queda claro que las arquitecturas internacionales en procesos de paz son difíciles de imitar. Cada conflicto presenta particularidades y, en ese sentido, los actores que intervienen desde afuera lo hacen de acuerdo a intereses, ya sean históricos, geopolíticos, militares o democráticos.

La participación de la comunidad internacional en Filipinas es amplia y goza de un valor agregado que posiblemente otros conflictos en otros contextos no tengan: el compromiso político que existe para lograr un acuerdo de paz en una de las regiones que presenta un conflicto armado de casi sesenta años, con una guerrilla que lucha por autonomía y que es además musulmana. Adicionalmente, cabe

17 Ídem

18 Ídem

19 Ídem

preguntarse ¿hasta dónde es buena tanta intervención política, facilitadora, observadora, de ayuda al desarrollo, en una región sumamente rica en recursos y con diversidad étnica y religiosa como las Filipinas? Una respuesta ligera apuntaría a decir que toda intervención en el marco del derecho internacional es válida en la medida que aproxime a las partes para terminar la guerra e iniciar el camino de la reconciliación y la reconstrucción social. Sin embargo, en un mundo globalizado, en donde los intereses mayores provienen de las naciones y actores privados diferentes a los estados, vale la pena recordar que detrás de un conflicto armado siempre estarán los ciudadanos del común que deben llevar a cuestas la ausencia de justicia, de paz y de desarrollo.

Finalmente, la lección es que a pesar del paso de los años y del deterioro de las condiciones para hacer acuerdos de paz, el diálogo es posible y la participación internacional es ante todo necesaria: los vecinos, los Estados Unidos y las organizaciones internacionales no gubernamentales. Este último es un avance fundamental que la diplomacia tradicional, de primera vía, no contemplaba: el papel que pueden jugar las OING de aportar términos, fórmulas, caminos para restablecer el diálogo en conflictos armados que han desdibujado sus razones estructurales y en procesos de paz estancados que deben acomodarse a las nuevas demandas del orden internacional.

Las razones las da la historia; y las condiciones para negociar, los intereses actuales. Y se debe subrayar que unas y otras son tareas no sólo de las partes del conflicto, sino también de los vecinos, de los socios comerciales y de las grandes naciones empeñadas en mantener hegemonías en el siglo XXI.

Referencias

- Arenal Celestino (1981). La génesis de las Relaciones Internacionales como Disciplina. En: Revista de Estudios

Internacionales, Universidad Complutense, Vol. 2. Núm. 4. Octubre-diciembre. Internet

http://www.cepc.es/rap/Publicaciones/Revistas/14/REI_02_004_007.pdf

- Caramés, Albert (2009) Pasado, presente y futuro en Mindanao, En: Quaderns de construcio de Pau, Escola

de Cultura de Pau, Barcelona.

- The World Fact book https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/id.html

- Government Peace Negotiating Panel (2010). Breakthough. Ed. Central Book Supply, Quezon City.

- International Contact Group. Framework Agreement on the formation of the International Contact Group for

the GRP-MILF peace process, 15th of September of 2009, Kaula Lumpur, Malaysia

- International Monitoring Group. Terms of Reference (IMT), 9th of December 2009, Kaula Lumpur, Malaysia.

- International Monitoring Team. Agreement of the Civilian Protection Component (IMT), 27th of October 2009,

Kaula Lumpur, Malaysia

- The Asia Fundation (2008). America`s role in Asia. Recommendations for US policy from both sides of the

Pacific. New York. Internet http://asiafoundation.org/program/overview/americas-role-in-asia

- Togores Sánchez, Luis Eugenio (1990). Imperialismo, Relaciones Internacionales y derecho internacional en

el Extremo Oriente (Filipinas) 1830.1898-1914, En: Quinto Centenario, número 16, Ed. Universidad

Complutense, Madrid. Internet http://revistas.ucm.es/ghi/02116111/articulos/QUCE9090110141A.PDF