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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA SECRETARA ELECTORAL Y DE

COMPETENCIA ORIGINARIA PROTOCOLO DE SENTENCIAS TOMO ...... AO 2014 ..... FOLIO ...................................................................

SECRETARIA ..

SENTENCIA NMERO: DIEZ.- En la ciudad de Crdoba, a los QUINCE das del mes de AGOSTO

de dos mil catorce, siendo las DOCE horas, se renen en Acuerdo Pblico

los Seores Vocales del Tribunal Superior de Justicia, Dres. Carlos Francisco Garca

Allocco, Domingo Juan Sesin, Ada Luca Teresa Tarditti, Luis Enrique Rubio,

Armando Segundo Andruet (h), M de las Mercedes Blanc G. de Arabel y Pilar Suarez

balos de Lopez, bajo la presidencia del primero, a fin de dictar sentencia en estos

autos caratulados: "CET S.A. C/ MUNICIPALIDAD DE RO CUARTO - ACCIN DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD SAC N 1804873" (Expte. letra "C", n 07, iniciado el seis de mayo de dos mil nueve) con motivo de la accin declarativa

de inconstitucionalidad deducida por CET S.A. -Concesionaria de Entretenimiento y

Turismo- en contra de la Municipalidad de Ro Cuarto por la que persigue la

invalidacin constitucional del art. 2 de la Ordenanza n 262/09 dictada por el citado

ente comunal, procedindose a fijar las siguientes cuestiones a resolver: ------------------

PRIMERA CUESTIN: Es procedente la accin de inconstitucionalidad interpuesta?- SEGUNDA CUESTIN: Qu pronunciamiento corresponde dictar?----------------------- A LA PRIMERA CUESTIN PLANTEADA LOS SEORES VOCALES DOCTORES CARLOS F. GARCA ALLOCCO, DOMINGO JUAN SESIN, ADA LUCA TERESA TARDITTI, LUIS ENRIQUE RUBIO, ARMANDO SEGUNDO ANDRUET (h), M. DE LAS MERCEDES BLANC G. DE ARABEL Y PILAR SUAREZ BALOS DE LOPEZ, EN FORMA CONJUNTA, DIJERON: ---------------------------------------

1. A fs. 38/62vta. el Dr. Sergio Mario Muzi, en nombre y representacin de CET S.A. -Concesionaria de Entretenimiento y Turismo-, inicia accin declarativa de

inconstitucionalidad, en los trminos del artculo 165, inciso 1, apartado "a" de la

Constitucin Provincial, en contra de la Municipalidad de Ro Cuarto, solicitando la

invalidacin constitucional del artculo 2 de la Ordenanza n 262/09 sancionada por el

Concejo Deliberante de la ciudad de Ro Cuarto y publicada en el Boletn Municipal el

cinco de mayo de dos mil nueve, haciendo extensiva dicha solicitud a toda otra norma

dictada en consecuencia, en cuanto genere a su parte un agravio constitucional.

Efecta reserva de requerir oportunamente el resarcimiento de los perjuicios que la

disposicin atacada pudiere ocasionar a su mandante.------------------------------------------

1

Explica que CET S.A. es una sociedad annima con sede en la ciudad de

Crdoba, cuya actividad se encuentra focalizada en la explotacin de salas de juegos

de azar en diversas localidades de la Provincia de Crdoba, habiendo emprendido

otras actividades con el objetivo de promover el turismo en la regin. -----------------------

Seala que result adjudicataria de la Licitacin Pblica Nacional e

Internacional convocada por el Gobierno de la Provincia de Crdoba, con el objeto de

implementar el Programa de Desarrollo Turstico, habindose celebrado el nueve de

diciembre de dos mil dos el correspondiente contrato de concesin entre Lotera de la

Provincia de Crdoba Sociedad del Estado (LPCSE) y su representada y otorgado la

respectiva licencia, instrumentos stos que fueron ratificados por decretos n 2173/02

y n 2243/02. -----------------------------------------------------------------------------------------------

Relata que dentro de las obligaciones asumidas en el marco de la concesin,

CET S.A. ha realizado oportunamente una concreta evaluacin econmica de la

actividad, efectuando su oferta y firmando los respectivos contratos en virtud a esa

evaluacin; y ha llevado a cabo inversiones de la mayor envergadura econmica en

diversas localidades de Crdoba y en el caso concreto de Ro Cuarto emplea a ms

de cien (100) personas en forma directa y treinta (30) personas en forma indirecta, en

su inmensa mayora provenientes de esa misma localidad, y ha procedido a la

construccin del hotel ms importante de la ciudad y nico en sus caractersticas. ------

En orden a admisibilidad formal de la accin y en cuanto al requisito de caso

concreto, alega que ste se configura en autos, puesto que se pone en conocimiento

del Tribunal una cuestin constitucional desprovista de toda otra connotacin litigiosa,

que no importa una violacin ya consumada sino una amenaza a una relacin jurdica

o a un derecho en trance de ser lesionado. Cita jurisprudencia y doctrina. -----------------

Aduce que tal situacin de conflicto se encuentra presente en el caso toda vez

que la Municipalidad de Ro Cuarto ha dictado una ordenanza que su parte considera

inconstitucional, generando una incertidumbre clara, dada por la posibilidad cierta de

sufrir un dao o perjuicio concreto con su inminente ejecucin. -------------------------------

En lo referente al recaudo de parte interesada, manifiesta que siendo la actora

la persona jurdica a la cual la Provincia ha concedido una licencia para explotar una

determinada actividad (juegos de azar), bajo un rgimen determinado (que incluye la

posibilidad de instalar y explotar mquinas de juego o slots en las diferentes

localidades existentes en la Provincia y de fijar un determinado horario y los das de

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funcionamiento), la normativa municipal que impone la reduccin de los horarios y das

de actividad, afecta a su mandante en forma personal y concreta, generndole la

incertidumbre de ver sus derechos amenazados por una autoridad local, cuando los

mismos han sido otorgados y asegurados por la Provincia de Crdoba en el marco de

competencias constitucionalmente atribuidas. -----------------------------------------------------

Expresa que, asimismo, en orden a la legitimacin pasiva de la demandada,

sta resulta ser la autoridad que ha sancionado la normativa impugnada y quien en

forma inminente har efectivos actos jurdicos que se consideran inconstitucionales y

lesivos de los derechos de su mandante. -----------------------------------------------------------

En relacin al carcter preventivo de la accin pone de resalto que si bien no

se ha ejecutado an ningn acto concreto que tienda a la materializacin de la

ordenanza impugnada, existen diversos elementos que demuestran la clara voluntad

de la Municipalidad demandada por llevar adelante sus disposiciones y la

impostergable necesidad de obtener un pronunciamiento de la judicatura que ponga

coto a un municipio que, mediante la normativa impugnada, arremete contra el

esquema de competencias delineado por la Carta Magna local y la legislacin dictada

en su consecuencia por la Legislatura provincial, colocando sus derechos de

propiedad y de ejercer industria lcita en serio trance de ser violados. -----------------------

1.1. Cuestin judiciable ------------------------------------------- Respecto de la procedencia de la accin intentada subraya que el presente

proceso est dirigido a demostrar que la norma municipal impugnada se ha alzado

contra textos constitucionales y legales expresos, extralimitando el marco de su

competencia, para arremeter contra un contrato celebrado por la Provincia de Crdoba

y su mandante, tendiente a satisfacer intereses generales de todos sus habitantes. ----

1.2. Poder de polica sobre los juegos de azar: La regulacin de la materia es competencia provincial -----------------------------------------------

Luego de hacer conceptualizaciones en torno al poder de polica, al que

concibe como una potestad y funcin del gobierno expresada en reglas jurdicas que

reglamentan las libertades y establecen un orden de convivencia al cual deben

adecuarse los comportamientos de las personas, aduce que su ejercicio corresponde

a todos los entes gubernamentales creados por la Constitucin y en el marco de las

funciones especficas que les incumbe a cada uno de ellos. -----------------------------------

3

Aclara que para deslindar el ejercicio del poder de polica entre Nacin y

provincias corresponde tener en cuenta que, en nuestro sistema federal, las provincias

conservan todo el poder no delegado al gobierno nacional, por lo que, como regla, su

ejercicio atae a las provincias. ------------------------------------------------------------------------

Refiere que tradicionalmente y actualmente el poder de polica sobre la

explotacin, administracin, regulacin y manejo de los juegos de azar est sujeto

exclusivamente al poder de polica provincial. ------------------------------------------------------

1.3. La autonoma municipal ---------------------------------------- Expresa que las consideraciones precedentes, referidas a la relacin

Nacin-provincias son extensibles a la relacin Provincia-municipios. -----------------------

Afirma que conforme a los artculos 5, 75 inc. 30 y 123, entre otros de la

Constitucin Nacional, es evidente que los municipios tienen jerarqua constitucional,

sin que puedan ser desconocidos por las provincias y disfrutan de cierta autonoma

institucional, poltica, econmica y financiera. ------------------------------------------------------

Estima que si bien la autonoma municipal importa el reconocimiento de un

status jurdico propio, ello no significa una equivalencia jerrquica, sino que sus

posibilidades de actuacin deben coordinarse y armonizar con el reparto de

competencias y atribuciones que efecta la Constitucin Nacional y tambin la

Provincial respecto de cada uno de esos niveles de gobierno. ---------------------------------

Alega que, conforme lo ha sealado este Tribunal, los municipios an cuando

sean autnomos, se hallan insertos en una unidad dentro de la cual se desarrollan y

adquieren su justo sentido. ------------------------------------------------------------------------------

1.4. Los municipios y los juegos de azar en la Constitucin Nacional ----- Refiere que uno de los argumentos que ha utilizado el Departamento Ejecutivo

Municipal al fundamentar el proyecto que finalmente diera lugar a la ordenanza objeto

de esta accin, est dado por una particular interpretacin de las normas de la

Constitucin Nacional, de los cuales surgira que es una competencia innata de los

Municipios la de fijar el horario y condiciones de funcionamiento de todos los

establecimientos que se encuentren situados en su territorio, entre ellos los juegos de

azar. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razona que semejante interpretacin constitucional ha sido suficientemente

rebatida por la propia Corte Suprema de Justicia de la Nacin en la causa "Cadegua"

en la que se seal que el ejercicio del poder de polica en materia de juegos de azar

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no es originario, natural y propio de los municipios, sino antes bien, es una potestad

reservada por la Constitucin Nacional a las provincias. ----------------------------------------

1.5. Normas de la Constitucin Provincial ---------------------------- En cuanto al marco normativo aplicable y tras dejar sentado que la explotacin,

administracin, manejo y regulacin de los juegos de azar no constituye una materia

esencial para la preservacin de la autonoma municipal seala que la Constitucin de

la Provincia de Crdoba, en su art. 104, inc. 39, establece que es atribucin del rgano

legislativo reglar el poder de polica en materia de autorizacin y represin de juegos

de azar, cuyo ejercicio compete en forma exclusiva a la Provincia, a travs de los

organismos que ella determina", lo que se corrobora igualmente aade- al analizar el

art. 186 de la Constitucin de Crdoba cuando al aludir a la competencia material de

los municipios excluye toda referencia a los juegos de azar y, en cambio, describe

detalladamente ciertas actividades como el faenamiento de animales destinados al

consumo, el abastecimiento de productos en las mejores condiciones de calidad y

precio o los servicios de previsin, asistencia social y bancarios". --------------------------

1.6. Normas reglamentarias ---------------------------------------- Otro tanto resulta, agrega, de la legislacin reglamentaria, la cual no puede

dejar lugar a dudas en este aspecto. La ley n 8665 que crea la Lotera de la Provincia

de Crdoba Sociedad del Estado (LPCSE), le asigna a sta todas las atribuciones y

derechos con respecto a las actividades vinculadas con los juegos de azar en todas

sus expresiones (art. 3), abarcativas no solamente de las que se traducen en la

explotacin de los juegos de azar, sino tambin de todas las actividades vinculadas

con ellos, sin distincin entre las primarias y secundarias. El Estatuto de LPCSE,

aprobado por la ley n 8665, establece que ella tiene por objeto la organizacin,

direccin, administracin y explotacin de juegos de azar (art. 2), clusula con la cual

se reglamentan los alcances del art. 104, inc. 39, de la Constitucin de Crdoba. -------

Menciona tambin disposiciones de la Ley n 8837 (arts. 62, 64, 67 y 70, entre

otros) y decretos reglamentarios tanto de una como de otra ley. ------------------------------

Finalmente, precisa que en ejercicio de la atribuciones que el art. 144 inc. 2 de

la Constitucin Provincial otorga al Gobernador, mediante Decreto n 1130/01 se

aprob la reglamentacin de la Ley n 8665 y el Captulo n 4 de la Ley n 8837. Esa

reglamentacin, con referencia especfica al conflicto de autos, dispone que las

licenciatarias determinarn libremente las horas de funcionamiento de los

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establecimientos de juego, pudiendo establecer distintos horarios para los das

laborales y festivos. De ello, se deber informar a la autoridad de aplicacin (punto

6.1.4.2). ------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.7. La concesin de CET ------------------------------------------ Correlaciona disposiciones del pliego de condiciones aprobado por Decreto

n 1344/02 con los trminos de su propuesta, la que fue aceptada por la autoridad de

aplicacin y en virtud de la cual se suscribieron los contratos de concesin y licencia

de mquinas de juego. -----------------------------------------------------------------------------------

De todo ello concluye que los municipios no pueden fijar los horarios de

funcionamiento de los establecimientos de juegos de azar, ni siquiera por razones de

moralidad, bienestar comn y proteccin de la minoridad, porque tal atribucin fue

otorgada al Poder Ejecutivo Provincial y a la autoridad de aplicacin mediante las

normas reglamentarias del art. 104, inc. 39 de la Constitucin de Crdoba. El poder de

polica en esta materia fue conservada por el gobierno provincial, sin incluirlo en las

potestades de tal ndole que tienen las comunas. -------------------------------------------------

1.8. Convenio suscripto por la Municipalidad de Ro Cuarto ------------- Invoca el Convenio celebrado el doce de enero de dos mil cuatro entre el Poder

Ejecutivo de la Provincia de Crdoba, la Lotera de la Provincia de Crdoba y once

municipios, entre los cuales se encuentra precisamente el de Ro Cuarto. Aduce que el

mismo fue aprobado por Ley n 9158 y por la Ordenanza n 1553/04 de Ro Cuarto de

fecha dieciocho de junio de dos mil cuatro. ---------------------------------------------------------

Precisa que en tal instrumento, entre otras cuestiones, el municipio reconoce la

jurisdiccin exclusiva de la Provincia de Crdoba en cuanto a la autorizacin de la

licencia y control para la instalacin y explotacin de mquinas de juegos y, a su vez,

declara conocer y aceptar el marco normativo vigente en dicha materia (clusula

quinta). -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Destaca que an cuando tal disposicin es en verdad superflua, ya que la

competencia provincial en la materia viene impuesta por disposicin constitucional y

normas reglamentarias, tiene un notable valor en cuanto no puede hoy uno de los

Municipios firmantes alegar ignorancia o falta de vinculacin jurdica al rgimen

normativo vigente en la materia, importando una suerte de confirmacin sobre los

alcances de esa normativa formulada bajo una modalidad contractual. ---------------------

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Esgrime que en este ltimo aspecto, como modalidad contractual, comienzan a

adquirir una indiscutible importancia los principios de buena fe y confianza legtima

cuya extrapolacin es perfectamente viable al mbito de las relaciones jurdicas entre

entidades de derecho pblico y que, incluso, es aplicable la teora de los actos propios.

1.9. La inconstitucionalidad de la ordenanza impugnada como nica solucin posible -------------------------------------------------------

De todo el plexo normativo (Constitucin Provincial, leyes, decretos

reglamentarios y pliego de condiciones), que fue convalidado por el municipio en virtud

del convenio ratificado por ordenanza, infiere que ste en el art. 2 de la Ordenanza n

262/09 se atribuye la competencia para regular una materia que dista de tener un

alcance local cuando ya existen normas provinciales sobre el particular. -------------------

En consecuencia, afirma que no hay margen para otorgar validez a la

ordenanza impugnada, en tanto colisiona con normas de jerarqua superior,

desconoce la atribucin de competencias previstas por la Constitucin y en sus

normas reglamentarias, e implica una inaceptable violacin a los principios de buena

fe, debida confianza y actos propios. -----------------------------------------------------------------

1.10. Inexistencia de justificativo constitucional para la ordenanza impugnada ------------------------------------------------------------

Analiza a continuacin una serie de posibles objeciones a sus conclusiones,

refutndolas, con lo cual, entiende, la inconstitucionalidad de la ordenanza impugnada

resultar an ms insalvable. ---------------------------------------------------------------------------

1.11. La hiptesis de facultades concurrentes ------------------------ Esgrime que si se aceptara que nos encontramos frente a una competencia

concurrente llegaramos a la misma conclusin: la norma atacada es inconstitucional.

Explica que al decir el art. 104 inc. 39 que el poder de polica en la materia

corresponde exclusivamente a la Provincia, es impensable que ese poder de polica no

suponga regular la actividad de los juegos de azar en lo atinente a la salubridad y

moralidad pblica. -----------------------------------------------------------------------------------------

En este aspecto, aduce, el municipio cuenta con facultades para regular

razonablemente, siempre y cuando no lo haya hecho la Provincia, todos aquellos

aspectos accesorios al funcionamiento de los locales de juegos de azar, como

cualquier otro establecimiento comercial, que estn vinculados con la seguridad o

salubridad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

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Afirma que si analizramos la problemtica desde la proclamada defensa de la

salud pblica, el resultado al cual arribaramos sera exactamente el mismo, ya que se

trata de una competencia concurrente entre el Estado Nacional, la Provincia de

Crdoba y los municipios. -------------------------------------------------------------------------------

Razona que en funcin de los artculos 59; 104 (incisos 1, 39 y 41); y 185 de la

Constitucin Provincial la defensa de la salud pblica a la cual hace referencia la

ordenanza excede en mucho el mbito territorial del Municipio. -------------------------------

Advierte que los horarios y das de funcionamiento as como la habilitacin de

las nuevas salas de juegos de azar ya han sido establecidas por normativas

provinciales que colisionan en forma clara con la ordenanza impugnada. ------------------

Sostiene que si nos encontrsemos ante un supuesto de facultades

concurrentes, y, si tal como surge del texto mismo de las normas, ellas son

inconciliables, corresponde indagar cul habr de prevalecer, para lo que formula

consideraciones relativas al principio de supremaca constitucional. ------------------------

Tomando el precedente "Caminos de las Sierras" de este Tribunal Superior de

Justicia, aclara que en dicha ocasin lo que estaba en juego no era la regulacin de

una materia reservada por la Provincia sino de facultades concurrentes ya que la

discusin se centraba en determinar si normas municipales en materia de trnsito

interferan con una concesin de obra pblica celebrada en el marco de acuerdos

entre la Provincia y la Nacin. -------------------------------------------------------------------------- Refiere que, a fin de compatibilizar el ejercicio de tales facultades concurrentes,

se precis que las formulaciones normativas municipales, atento al principio de

supremaca, ceden ante las provinciales. ------------------------------------------------------------

1.12. La intrascendencia del art. 2069 del Cdigo Civil ----------------- Seala que si eventualmente se pensara justificar la inexistente facultad del

Municipio en base al art. 2069 del Cdigo Civil, en cuanto dispone "Las loteras y rifas,

cuando se permitan, sern regidas por las respectivas ordenanzas municipales o

reglamentos de polica", igual se concluye en la absoluta falta de competencia de los

municipios. --------------------------------------------------------------------------------------------------

Esgrime que se trata de una contradiccin lgica notoria afirmar que al

momento de la sancin de la Constitucin Nacional las provincias se reservaron el

poder de polica sobre los juegos de azar, para luego concluir que el Congreso de la

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SECRETARIA ..

Nacin (art. 75 inc. 12 de la C.N.) ha podido vlidamente colocar esa potestad

regulatoria en cabeza de los municipios. ------------------------------------------------------------

Afirma que el nico valor que puede guardar el artculo mencionado est en el

hecho de constituir un reconocimiento expreso del Congreso respecto del carcter

local de la regulacin de los juegos de azar, pero cuando aqu se refiere a local, lo

hace como sinnimo de provincial y no de municipal, tal como pretende entenderlo la

expresin de motivos de la ordenanza atacada. ---------------------------------------------------

Con cita de doctrina, seala que una interpretacin razonable de la norma los

lleva a sostener que cuando el artculo menciona a las ordenanzas municipales y

reglamentos de polica alude en forma amplia a las potestades locales ya que como

regla, el ejercicio del poder de polica en materia de juegos le atae a las provincias

pero puede darse el caso de provincias que hayan establecido al respecto una

competencia concurrente con los municipios. ------------------------------------------------------

Concluye que el precepto analizado slo puede ser entendido como una

referencia genrica a normas provinciales y no como una inconstitucional formulacin

por parte del Estado Nacional a los Municipios. Solicita, en caso de no compartirse tal

interpretacin, su invalidacin constitucional. ------------------------------------------------------

1.13. El convenio marco, la buena fe y la confianza legtima ------------ Estima que resulta interesante ver que en el Convenio celebrado el Municipio

de Ro Cuarto, al igual que los otros municipios, reconocieron la jurisdiccin exclusiva

de la Provincia de Crdoba en cuanto a la autorizacin de la licencia y control de la

misma otorgada para la instalacin y explotacin de mquinas de juegos (slots) y

declaran conocer y aceptar el marco normativo vigente en dicha materia.------------------

Aduce que dentro de ese marco normativo vigente que los municipios

declararon conocer y aceptar se encuentra lo referente al horario y das de

funcionamiento de las mquinas de juegos, como se ha apuntado en los apartados

anteriores. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Colige que mal puede hoy el Municipio de Ro Cuarto, sin afectar la garanta de

la seguridad jurdica, volverse sobre sus propios pasos y sostener la invalidez de los

horarios libremente acordados entre la Provincia, la Lotera de Crdoba S.E. y

CET S.A. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

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Razona que la contradiccin expuesta en el apartado anterior importa una

conducta estatal que conculca la garanta de la seguridad jurdica y la confianza

legtima que debe regir en el marco del Estado de Derecho. -----------------------------------

Aclara que el principio de confianza legtima viene a complementar y habilitar la

aplicacin analgica de los principios de buena fe y de los actos propios del derecho

privado y que su funcin tutelar, por tanto, es la de supeditar el actuar del Estado a

una cierta permanencia y razonabilidad en aras de la seguridad jurdica de los

particulares. -------------------------------------------------------------------------------------------------

Concluye que la alteracin en la conducta del Estado puede traducirse en una

violacin a la seguridad jurdica y a la confianza legtima del administrado, y ello

habida cuenta que una decisin estatal inmotivada e inesperada, o un cambio en el

actuar de la Administracin, pueden afectar una situacin jurdicamente protegida de

un particular. ------------------------------------------------------------------------------------------------

Cita doctrina y jurisprudencia sobre el punto. ---------------------------------------------

1.14. Posicin de la Provincia de Crdoba ---------------------------- Expone que ante una controversia similar generada por una ordenanza

sancionada por la Municipalidad de Villa Carlos Paz, Lotera de la Provincia de

Crdoba S.E. remiti una nota dejando en claro que de conformidad con la normativa

vigente, la Municipalidad no contaba con facultades para regular el horario de

funcionamiento de las mquinas de juegos de azar, lo que motiv que el Intendente de

esa ciudad vetara el proyecto sancionado. ----------------------------------------------------------

Refiere asimismo que el Vicegobernador de la Provincia, de visita en la ciudad

de Ro Cuarto, ratific que el Municipio carece de atribuciones para regular el horario

de slots. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Finalmente, relata que la Legislatura provincial, a instancias del mismo partido

poltico al cual pertenece el Intendente de Ro Cuarto, se encuentra analizando un

proyecto de ley que procura establecer en el artculo 1 un Fondo de Lucha contra la

Ludopata, el cual habr de funcionar, segn lo previsto en el artculo 2, en el mbito

del Ministerio de Salud de la Provincia. --------------------------------------------------------------

Expone que dicho proyecto de ley tambin se ocupa de ratificar que todo lo

relativo a la autorizacin, operacin y funcionamiento de los juegos de azar es

competencia del Estado Provincial (artculo 5). ----------------------------------------------------

1.15. Derecho ----------------------------------------------------

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SECRETARIA ..

Esgrime que su pretensin encuentra fundamento jurdico en las previsiones de

los arts. 1, 5, 14, 17, 18, 121, 123 y cc. de la Constitucin Nacional y arts. 1, 39, 40,

59, 67, 104 y cc. de la Constitucin Provincial, as como en el resto de la normativa,

legislacin, doctrina y jurisprudencia citada a lo largo del escrito de demanda. -----------

Hace reserva de caso federal. ----------------------------------------------------------------

2. Mediante Auto nmero Treinta y tres de fecha siete de septiembre de dos mil nueve este Tribunal Superior de Justicia admite la accin declarativa de

inconstitucionalidad incoada y le imprime trmite. En mrito de ello cita y emplaza a la

demandada Municipalidad de Ro Cuarto para que en el plazo de seis das conteste la

demanda, ofrezca la prueba de que haya de valerse y, en su caso, oponga

excepciones. Cita adems a la Provincia de Crdoba en calidad de tercero interesado

y con iguales facultades y derechos que las partes (fs. 108/117vta.). ------------------------

3. A fs. 397/408vta. la Municipalidad demandada contesta el traslado corrido solicitando el rechazo de la accin incoada por la parte actora, con especial imposicin

de costas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Esgrime que as como no se puede discutir el poder de polica exclusivo de la

Provincia en materia de "autorizacin y represin de juegos de azar", segn lo

dispuesto por el art. 104 inc. 39 de la Constitucin Provincial, tampoco se puede

discutir el ejercicio del poder de polica de salubridad, seguridad y moralidad por parte

de la Municipalidad de Ro Cuarto. --------------------------------------------------------------------

Afirma que ningn punto de los pliegos de condiciones generales o especiales,

ni la licencia para la instalacin y explotacin de mquinas de juego, ni el contrato de

concesin suscripto por CET S.A. con la Provincia de Crdoba, ni ninguna ley o

decreto, especifica entre sus clusulas que el horario de funcionamiento de las salas

de entretenimientos ser de veinticuatro horas diarias, sino que simplemente dice que

en el plan de negocios, cada proponente deber detallar los das y horarios dentro de

los cuales atendern al pblico. ------------------------------------------------------------------------

Entiende que la Municipalidad de Ro Cuarto jams desconoci la potestad de

la Provincia de Crdoba de autorizar la radicacin de casinos o salas de

entretenimiento en el mbito de su jurisdiccin, pero nunca deleg, ya que es una

facultad propia y por ende indelegable, la atribucin de fijar los horarios. -------------------

Acusa que incluso en la Provincia de Crdoba, y segn consta en la pgina

web de Lotera de Crdoba, el horario de funcionamiento de las salas en Villa Carlos

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Paz, destino turstico por excelencia, es de 11.00 hs. a 7.00 hs., al igual que en

Cosqun, La Falda, Mina Clavero, Villa Mara, Ro Ceballos, Embalse, etc., mientras

que en Miramar es de mircoles a sbado de 22.00 hs. a 6.00 hs. y los domingos de

20.30 hs. a 05.00 hs. --------------------------------------------------------------------------------------

Arguye que desde el punto de vista de los contratos, stos deben siempre estar

sujetos a la moral y a las buenas costumbres y pueden ser alterados cuando su

ejecucin produzca una afectacin al bienestar general. ----------------------------------------

Estima que lo que pretende la Ordenanza n 262/09 es reducir los efectos que

las salas de slots estn generando en la poblacin, sobretodo en la de menores

ingresos, quienes manifiestan sntomas de ludopata. -------------------------------------------

Argumenta que no puede pretender la concesionaria, que se le aplique un

convenio, como el ratificado por la Ordenanza n 1553/04, cuando la Administracin

puede modificarlo por razones de oportunidad, mrito o conveniencia, que es al fin y al

cabo lo que ha hecho con la sancin de la Ordenanza n 262/09. ----------------------------

Sostiene que todo ello se ha efectuado con pleno respeto de la pauta de

razonabilidad requerida por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la

Nacin, como otro de los aspectos sustanciales para el ejercicio del poder de polica.-

4. Diligenciada la prueba ofrecida por las partes se corre traslado al seor Fiscal General de la Provincia (fs. 617), quien se pronuncia con intervencin de la

seora Fiscal Adjunta mediante Dictamen E n 1012 de fecha 15/11/2010 (fs. 620/632)

en el sentido que corresponde acoger la accin articulada por CET S.A. y declarar la

inconstitucionalidad de la Ordenanza n 262/09 de la Municipalidad de Ro Cuarto. -----

5. Dictado el decreto de autos (fs. 633) y firme ste (fs. 634/635) queda la causa en estado de ser resuelta. ----------------------------------------------------------------------

I. LA CUESTIN CONSTITUCIONAL --------------------------------- El thema decidendum canalizado a travs de la presente accin declarativa

versa sobre el examen de constitucionalidad del artculo 2 de la Ordenanza municipal

n 262/09 dictada por la Municipalidad de Ro Cuarto que establece un rgimen horario

determinado de funcionamiento de las salas o los locales de entretenimiento de juegos

de azar autorizados por el Gobierno de la Provincia de Crdoba (slots, bingo, etc.), en

tanto la parte actora sostiene la incompetencia del Municipio para reglamentar tal

materia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

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SECRETARIA ..

II. LOS PRINCIPIOS RECTORES DEL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD ------------------------------------------------

Es la Constitucin la que establece y delimita la organizacin administrativa del

Estado, los derechos y deberes fundamentales y los objetivos que se imponen para

satisfacer los intereses de la comunidad. De all devienen las reglas supremas que

aqulla debe respetar, como la unidad del ordenamiento jurdico, caracterizado por su

relacin internormativa jerrquica1. -------------------------------------------------------------------

No se trata de un mero prurito formal sino que en sentido material o sustantivo

las consecuencias jurdicas son diferentes. La estrategia o metodologa judicial no

debe construir su silogismo lgico jurdico en base al precepto aislado de la norma

especfica sino a partir de la amplia adecuacin a la unicidad del orden jurdico. Es

que, el principio de legalidad, comporta un axioma de derecho en virtud del cual la

norma emitida por una jerarqua piramidal superior prevalece respecto de la norma

inferior generada como consecuencia de la aplicacin de aqulla2. -------------------------

La Constitucin Argentina, siguiendo el modelo americano, consagra su

primaca jerrquica en los artculos 1, 28 y 31. Idntico criterio recepta la nueva

Constitucin de Crdoba en el art. 161, en concordancia con los artculos 174 y 165.--

Son los jueces, entonces, quienes tienen la atribucin-deber de analizar la

conformacin positiva o negativa de la norma aplicable a la luz de la Constitucin. -----

Al respecto, la doctrina del Tribunal Superior de Justicia acuada a partir del

fallo "Banco Social de Crdoba"3 seala que nuestro rgimen procesal conoce las dos

vas clsicas que aseguran la efectiva aplicacin del texto constitucional: la directa, por

accin o demanda de inconstitucionalidad y la indirecta o incidental. En tanto que esta

ltima puede ser juzgada por cualquier juez provincial, con conocimiento en instancia

ltima por va de recurso del Tribunal Superior; este Alto Cuerpo conoce de la primera

en va originaria con competencia exclusiva y excluyente (art. 165, inc. 1, apartado "a",

Constitucin Provincial). --------------------------------------------------------------------------------

1 T.S.J. en pleno, Secretara Electoral y de Competencia Originaria, "Cooperativa de Obras y Servicios Pblicos de Ro Ceballos Ltda.", Sentencia n 8 del 16/05/2003; "Cooperativa de Agua de Oro", Sentencia n 18 del 19/12/2003; "Banco de Galicia", Sentencia n 6 del 15/10/2009; "Sucesin Brandalise", Sentencia n 3 del 22/7/2010, entre otros. 2 Linares, Francisco, Fundamentos del Derecho Administrativo, Astrea, 1975, Bs. As., p. 343 y ss.; Kelsen, Hans, Teora Pura del derecho, Traduccin de la Segunda Edicin en Alemn por Roberto J. Vernengo, Universidad Autnoma de Mxico, Mxico, 1982, p. 232 y ss. 3 Sentencia n 50 del 05/08/83, L.L. Crdoba, 1984, p. 239 y ss.

13

Encontrndonos en este segundo supuesto y habiendo este Tribunal Superior

de Justicia admitido formalmente la accin declarativa de inconstitucionalidad

mediante Auto nmero Treinta y tres de fecha siete de septiembre de dos mil nueve;

corresponde al mismo, en favor de la tutela de la supremaca constitucional, realizar

una inteleccin de los enunciados de la ordenanza gestada en el seno de la

Municipalidad de Ro Cuarto, a los fines de determinar la pertinencia o no de las

censuras endilgadas a la misma. ---------------------------------------------------------------------

Ello por cuanto, la interpretacin "de" la Constitucin -dice Bidart Campos- es la

que "desde" ella facilita el descendimiento hacia las normas infraconstitucionales por

un riel que las adecua a la Constitucin y, simultneamente, a las circunstancias

propias de cada caso, de tal suerte que la decisin que se adopte tiene su fuente

normativa primaria en la propia Constitucin. -------------------------------------------------------

Se trata entonces de arbitrar una solucin para el caso concreto que partiendo

"desde" la Constitucin y orientndose "hacia" la norma infraconstitucional, preserve la

eficacia de los principios y valores que subyacen en la Ley Fundamental, subsanando

de ese modo las deficiencias de una formulacin normativa de menor jerarqua que

debe encontrar siempre como marco de referencia a la Constitucin4. ----------------------

En esa labor, es imperativo integrar armnicamente los preceptos

constitucionales y legales en juego con lo sustentado en reiteradas oportunidades por

la Corte Suprema, en el sentido que la ley debe interpretarse evitando darle un sentido

que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras, y

aportando como verdadero el que las concilie y deje a todas con valor y efecto, en una

armnica integracin5. -----------------------------------------------------------------------------------

Asimismo, va de suyo que cualquier conflicto interpretativo que se presente, de

no poder armonizarse la normativa en cuestin, deber ser zanjado a favor de aquella

que tiene supremaca jerrquica conforme la escala establecida en el artculo 31 de la

Constitucin Nacional y artculo 161 de la Constitucin Provincial, en tanto no se

vincule a materias exclusivas de los gobiernos locales6. ----------------------------------------

4 T.S.J. en pleno, Secretara Electoral y de Competencia Originaria, "Cooperativa de Obras y Servicios Pblicos de Ro Ceballos Ltda.", Sentencia n 8 del 16/05/2003; "Cooperativa de Agua de Oro", Sentencia n 18 del 19/12/2003; "Banco de Galicia", Sentencia n 6 del 15/10/2009; "Sucesin Brandalise", Sentencia n 3 del 22/7/2010; entre otros. 5 C.S.J.N., Fallos 243:46; 311:193; 312:1461; 330:1910; 331:858; y 331:1234. 6 T.S.J. en pleno, Secretara Electoral y de Competencia Originaria, "Cooperativa de Obras y Servicios Pblicos de Ro Ceballos Ltda.", Sentencia n 8 del 16/05/2003; "Cooperativa de Agua de Oro", Sentencia

14



SECRETARIA ..

La interpretacin "conforme" es un principio que se deriva directamente de la

Constitucin como norma que confiere fundamento y unidad al ordenamiento jurdico7.

Tal principio o mxima de hermenutica posibilita que, de entre varios entendimientos

posibles de una regla de derecho, el intrprete opte por aquel que "mejor se acomode

a los dictados constitucionales"8. ---------------------------------------------------------------------

La Corte Suprema de Justicia de la Nacin pone nfasis en el principio de

interpretacin referido cuando dice que la interpretacin de la Constitucin debe

realizarse de modo que resulte un conjunto armnico de disposiciones con una unidad

coherente. Para tal fin, cada una de sus normas debe considerarse de acuerdo al

contenido de las dems; la inteligencia de sus clusulas debe cuidar de no alterar el

equilibrio del conjunto (Fallos 296:432). En la bsqueda de esa armona y equilibrio

debe evitarse que las normas constitucionales sean puestas en pugna entre s, para lo

cual se debe procurar dar a cada una el sentido que mejor concierte y deje a todas con

valor y efecto9. --------------------------------------------------------------------------------------------

En aquellos supuestos de colisin normativa en donde no sea posible la

armonizacin, el mtodo de resolucin ser la ponderacin teniendo en cuenta los

condicionamientos fcticos correspondientes y circunscribiendo la decisin

exclusivamente al caso concreto10. ------------------------------------------------------------------

III. EL PODER DE POLICA PROVINCIAL EN CUESTIONES DE JUEGOS DE AZAR ----------------------------------------------------------------

La evolucin histrica de nuestra Nacin ha dotado de una fisonoma jurdica

particular a nuestro Estado Federal. Es por ello que las provincias, tomadas como

entidades preexistentes al dictado de la Constitucin Nacional, conservan todos

aquellos poderes no delgados expresamente a la Nacin, conforme se plasm en el

artculo 1 y en el artculo 121 de dicha norma fundamental. En tales preceptos se

condensa la sntesis de nuestro federalismo11. ----------------------------------------------------

As lo explica Joaqun V. Gonzlez al sealar "Nuestro sistema se distingue de

estas especies de alianzas en que las Provincias han construido una unin nacional

n 18 del 19/12/2003; "Banco de Galicia", Sentencia n 6 del 15/10/2009; "Sucesin Brandalise", Sentencia n 3 del 22/7/2010; entre otros. 7 Balaguer Callejn, Mara Luisa; Interpretacin de la constitucin y ordenamiento jurdico, Tecnos, Madrid, 1997, p. 111. 8 Jimnez Campo, J.; Enciclopedia jurdica bsica, Madrid, 1995, p. 3681. 9 C.S.J.N., Fallos 324:3219 in re Mill de Pereyra. 10 Gil Domnguez, Andrs, En el nombre de la justicia, la memoria y la verdad, LL 2005-C, 839. 11 Villegas Basavilvaso, Benjamn; Derecho Administrativo, t. V, Tipogrfica Editora, Bs. As., 1954, p. 121.

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ms estrecha con un gobierno comn perfecto dotado de toda la soberana y poder

necesarios para su existencia, desarrollo y engrandecimiento propios, con autoridad

sobre todas las Provincias en materias delegadas, las cuales bastan para constituir un

verdadero gobierno nacional capaz de proveer a la defensa comn y al bienestar

general. Las Provincias, al despojarse de las facultades delegadas en el Gobierno

Federal, se han reservado las dems, expresas o implcitas, suficientes para constituir

tambin en sus propios territorios, dentro de los lmites marcados por el pacto de

unin, gobiernos soberanos, perfectos y viables"12. -----------------------------------------------

Por su parte ha expuesto Juan A. Gonzalez Calderon "...en cuanto a la regla

general para deslindar los poderes del gobierno federal argentino y los de las

provincias, puede decirse que stas tienen, segn la Constitucin, todos los que son

inherentes a una plena capacidad de gobierno, sin ms limitaciones que las

expresamente establecidas por aqulla o que sean consecuencias necesarias de la

delegacin de ciertos poderes del gobierno federal"13.

De esta forma, el mbito de competencia provincial es residual, toda vez que

abarca todo el cmulo de funciones que no hayan sido expresamente delegadas a la

Nacin14; y en consecuencia -tal como lo afirma Alberdi- el "...poder reservado al

gobierno local es ms extenso, porque es indefinido y comprende todo lo que abraza

la soberana del pueblo"15. ------------------------------------------------------------------------------

En virtud de este principio cardinal, a las provincias corresponde darse sus

leyes de polica, y en general, todas las que juzguen conducentes a su bienestar y

prosperidad sin ms limitaciones que las enumeradas en el artculo 126 de la

Constitucin Nacional16. ----------------------------------------------------------------------------------

Esta regla central de nuestro sistema organizacional es aplicable a la materia

sometida a consideracin. En consecuencia, no encontrndose delegada tal atribucin

al gobierno federal, son, originariamente las provincias en el concierto federal

argentino las encargadas de establecer las normas de polica reguladoras de los

juegos de azar. En tanto el Cdigo Civil, a tenor de la prescripcin del artculo 75

inciso 12 de la Constitucin Nacional, regula las distintas vicisitudes de las cuestiones

12 Autor citado, Manual de la Constitucin Argentina, Estrada, Bs. As., 1897, p. 274. 13 Autor citado, Derecho Constitucional Argentino, t. I, J. Lajouane y Ca., Bs. As., 1923, p. 405. 14 Edkmekdjian, Miguel Angel, Tratado de Derecho Constitucional, Sur Editora S.R.L., Bs. As., 1999, p. 702. 15 Alberdi, Juan B.; Derecho Pblico Provincial Argentino, Ciudad Argentina, Bs. As., 1998, p. 146/147. 16 C.S.J.N., Fallos 7:373; 9:277; 150:419 y 320:619.

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SECRETARIA ..

contractuales y de derecho privado que supone la realizacin de tales actividades

ldicas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Situada en esta perspectiva, desde antiguo, la Corte Suprema de Justicia de la

Nacin seal que el mismo Congreso Nacional al sancionar el Cdigo Civil haba

reconocido a las provincias el derecho de reglamentar el juego en forma de leyes,

ordenanzas municipales o reglamentos de polica17. ---------------------------------------------

Bajo este prisma ya en mil novecientos veinticuatro el Cimero Tribunal, en la

causa "Manili" reconoci que los juegos de azar, al no estar comprendidos en la

legislacin penal de fondo, deben quedar sometidas al rgimen de los poderes locales

de la provincias y de los distritos federales18. ------------------------------------------------------

En este marco, nuestra Provincia de Crdoba, a travs del artculo 104

inciso 39 de su Constitucin, estableci que es atribucin de la legislatura reglamentar

el poder de polica en materia de autorizacin y represin de juegos de azar, cuyo

ejercicio compete en forma exclusiva a la Provincia, a travs de los organismos que

ella determina. ----------------------------------------------------------------------------------------------

IV. ALCANCES DE LA AUTONOMIA MUNICIPAL ---------------------- IV.1. Constitucin Provincial de 1987: Consagracin de la autonoma

municipal ------------------------------------------------------------- Desde la reforma constitucional de mil novecientos ochenta y siete en el

articulado de la ley fundamental se reconoce al municipio como una entidad poltica

autnoma, en consonancia con los postulados proclamados en el prembulo. -----------

En esta lnea, el presidente de la Comisin que trat el rgimen municipal en la

respectiva Convencin Constituyente expres que El rgimen municipal que

propiciamos, procura la descentralizacin poltica sobre la base de una organizacin

autnoma con finalidades amplias que relaciona a sta con toda la comunidad local19.

As, lo que hasta la fecha de la sancin de la misma constitua una hiptesis

doctrinaria qued perfectamente plasmado en nuestro texto constitucional en el

art. 180 al disponer Esta Constitucin reconoce la existencia del Municipio como una

comunidad natural fundada en la convivencia y asegura el rgimen municipal basado

en su autonoma poltica, administrativa, econmica, financiera e institucional. Los

Municipios son independientes de todo otro poder en el ejercicio de sus atribuciones,

17 Fallos 98:156; 101:126; 103:255; 140:15; y 141:217. 18 Fallos 141:217. 19 Scoles, Ricardo Mario; Convencin Constituyente de 1987, t. I, p. 920.

17

conforme a esta Constitucin y las leyes que en consecuencia se dicten. ----------------

De este modo se reconoce a la institucin poltica local una amplia gama de

atribuciones necesarias para atender todo lo atinente al bienestar de las comunidades

locales20. Sobre el tpico se ha pronunciado este Tribunal en pleno en autos

Municipalidad de Pampayasta Sud21, razn por la cual a continuacin traeremos a

colacin algunos de los conceptos all vertidos. ---------------------------------------------------

En dicho decisorio se expres que la consagracin constitucional de la

autonoma municipal implica el reconocimiento de potestades normativas originarias

de los municipios en relacin a competencias materiales propias, que se hacen

efectivas sobre las personas o las cosas que conforman su riqueza local, disponiendo

en relacin a estas ltimas su distribucin en el modo y alcance que estimen oportuno,

sin ms limitacin que la que surge del propio texto constitucional. En ese marco, sus

facultades son amplias, y el criterio de oportunidad, mrito o conveniencia con que se

materializa su ejercicio no resulta revisable por el Poder Judicial, siempre que en el

uso de dicha potestad no se exceda el marco de atribuciones reconocidas por el

Constituyente, o bien que su ejercicio comprometa el logro de los fines que la

Constitucin Nacional y la Constitucin Provincial atribuyen al gobierno federal o

provincial. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

En este orden dicha facultad explcita del municipio, le confiere independencia

de todo otro poder, en tanto y en cuanto el mismo sea conforme a la Constitucin y a

las leyes que en su consecuencia se dicten (art. 180 Constitucin Provincial). -----------

Ese marco de atribuciones propias de los Municipios presenta dos dimensiones

claramente delimitadas: una dimensin espacial (artculo 185, Constitucin Provincial)

y una dimensin material (artculo 186 ib.). ---------------------------------------------------------

La dimensin espacial est dada por la competencia territorial del municipio,

delimitada por la zona beneficiada o a beneficiarse con los servicios municipales, y

que incluso puede transponer ese lmite geogrfico cuando medie delegacin

legislativa por parte del Gobierno Provincial a favor del ente municipal, para ejercer el

poder de polica en zonas no sujetas a la jurisdiccin municipal (artculo 185,

Constitucin Provincial; y artculo 7, Ley Orgnica Municipal). --------------------------------

Desde la segunda dimensin, el artculo 186 de la Constitucin regla la

competencia material, supuestos entre los que se encuentra enumerada la atencin de

20 Scoles, Ricardo Mario; Convencin Constituyente de 1987, t. I, p. 921. 21 T.S.J. en pleno, Secretara Civil, Sentencia n 119 de fecha 29/09/2000.

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SECRETARIA ..

la salubridad, salud y centros asistenciales, higiene y moralidad; como as tambin la

de ejercer las funciones delegadas por el Gobierno Federal o Provincial y ejercer

cualquiera otra funcin o atribucin de inters municipal que no est prohibida por esta

Constitucin y no sea incompatible con las funciones de los poderes del Estado. -------

Dicha capacidad material, tal como ha sido diseada por los constituyentes,

recoge el sentimiento de las comunidades locales de ver satisfechas sus necesidades

por las autoridades municipales que son quienes, por razones de inmediatez, se

encuentran en mejores condiciones para atender los requerimientos del servicio

pblico22. En otras palabras, se reconoce que el municipio est ms cerca de los

ciudadanos y conoce mejor los problemas locales. ----------------------------------------------

Si se efecta un repaso a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de

la Nacin, se advierte que la naturaleza jurdica del municipio fue objeto de debate y

decisin, antes de la reforma constitucional de 1994, expidindose finalmente el ms

Alto Cuerpo en sentido favorable al carcter autnomo del municipio23. -------------------

IV.2. Jurisprudencia de este Tribunal Superior de Justicia ------------- Mucho antes de la reforma de la Constitucin Provincial de 1987, este Tribunal

Superior de Justicia, en una elaboracin pretoriana original, basada directamente en

los preceptos de la Constitucin Nacional de 1853, se pronunci a favor de la tesis que

sostena el carcter autnomo de los municipios, anticipndose en ms de veinte aos

a la expresa consagracin de la autonoma municipal establecida por la Reforma a la

Constitucin Nacional de 1994. As, in re Frigorfico Carnevalli S.A.I.C.24 se adhiri a

la conceptuacin del municipio como un nucleamiento poltico dotado de autonoma,

aunque sea de un cierto grado. -----------------------------------------------------------------------

Asimismo este Tribunal en el caso "Banca Nazionale del Lavoro"25, puntualiz

que la definicin constitucional en el mbito provincial de la autonoma municipal

comporta una novedad con relacin al antecedente constitucional inmediato de 1923,

donde fue minoritaria la mocin de consagrar ese carcter a las organizaciones

municipales. Dicho reconocimiento tiene grandes implicancias prcticas en el

posicionamiento que obtiene ese ente en sus facultades toda vez que pone en manos

22 Scoles, Ricardo Mario; Convencin Constituyente de 1987, t. I, p. 921. 23 C.S.J.N., Rivademar de fecha 21/03/1989, Fallos 312:326; Municipalidad de la ciudad de Rosario de fecha 04/06/1991, Fallos 314:495. 24 T.S.J., Sala en lo Civil, Comercial y Contencioso-administrativo, Sentencia del 30/10/1972, Boletn Judicial Crdoba, t. XVI, 1972, p. 345 y sgtes. 25 T.S.J., Sala Contencioso-administrativa, Sentencia n 206/1999.

19

de los gobiernos municipales, las mltiples cuestiones referidas a la cosa pblica

municipal, impidiendo la ingerencia en las mismas del orden poltico provincial. ---------

IV.3. Reforma de la Constitucin Nacional en mil novecientos noventa y cuatro ----------------------------------------------------------------

La reforma introducida a la Ley Fundamental de la Nacin en el ao mil

novecientos noventa y cuatro, complementa este bloque de constitucionalidad ya que

de manera novedosa, consagra la autonoma municipal desde el nivel federal, siendo

que, en el orden local, dicho carcter ya haba sido proclamado con anterioridad a la

reforma en los textos constitucionales de algunas provincias. ---------------------------------

Por su parte, el artculo 123 ib. precepta que Cada provincia dicta su propia

constitucin, conforme a lo dispuesto por el artculo 5 asegurando la autonoma

municipal y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, poltico,

administrativo, econmico y financiero. -------------------------------------------------------------

As, el juego armnico de los artculos 5, 75 inciso 30, y 123 de la Constitucin

Nacional, impone a las provincias la obligacin de asegurar la autonoma municipal, la

que presenta variedad de matices y modulaciones normativas, ya que por la

autonoma poltica los municipios eligen a sus propias autoridades, lo que supone una

base popular, electiva y democrtica de la organizacin del gobierno local; en el

aspecto administrativo organizan su propia estructura de gobierno y la prestacin de

servicios pblicos, sin interferencia de otras jurisdicciones del Estado; la autonoma

econmica y financiera que se traduce en la potestad de crear tributos libremente,

recaudar e invertir los fondos para el cumplimiento de sus cometidos esenciales y,

asimismo, la autonoma municipal en su aspecto institucional dota a los municipios de

la potestad de dictar sus propias Cartas Orgnicas, que se erigen en verdaderas

constituciones locales, adquiriendo con ello una autonoma plena26. ------------------------

En orden a este aspecto de la cuestin, la Corte Suprema de Justicia de la

Nacin in re Telefnica de Argentina declar De acuerdo con la distribucin de

competencias que emerge de la Constitucin Nacional, los poderes de las provincias

son originarios e indefinidos (art. 121), en tanto que los delegados a la Nacin son

definidos y expresos (art. 75) (Fallos 304:1186, entre muchos). Dentro de ese

contexto, cabe entender que las prerrogativas de los municipios derivan de las

26 Cfr. Zarza Mensaque, Alberto y Barrera Buteler, Guillermo; Introduccin al Derecho Municipal, Advocatus, Crdoba, 2010, p. 129/139; y Hernndez, Antonio Mara (h.); Derecho Municipal, 2 ed., Depalma, Bs. As., 1997, p. 386.

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SECRETARIA ..

correspondientes a las provincias a las que pertenecen (arts. 5 y 123)...27. De tal

suerte, que la determinacin de la naturaleza y alcance de las potestades de los

municipios, depende de la definicin que de ellos efecte el constituyente provincial. -- De all que se reafirma lo aseverado precedentemente en cuanto a que la

consagracin constitucional de la autonoma municipal, implica el reconocimiento de potestades normativas originarias de los municipios en relacin a competencias

materiales propias, siempre dentro del marco del propio texto constitucional; debiendo

ser ejercidas entre los mrgenes que le otorgue a la hora de su consagracin

constitucional cada Provincia (artculo 123, Constitucin Nacional). -------------------------- Para el caso concreto de autos, el reparto de competencias que emerge de la

Constitucin Nacional y de la Constitucin Provincial de Crdoba, habilita la existencia

de tres esferas de gobierno: federal, provincial y municipal. -----------------------------------

El municipio se inserta entonces en un mbito de actuacin ms amplio cual es

el delimitado a la Nacin y a la Provincia. Por tanto si bien la autonoma municipal

importa el reconocimiento de un status jurdico propio, ello no significa una

equivalencia jerrquica, sino que sus posibilidades de actuacin deben coordinarse y

armonizar con el reparto de competencias y atribuciones que efectan la Constitucin

Nacional y Provincial respecto de cada uno de esos niveles de gobierno. -----------------

De ello se desprende entonces que el ejercicio del poder de polica municipal

debe vincularse positivamente a los lmites jurisdiccionales de tales entes, evitando

situaciones de conflictos de leyes, que menoscaben o lesionen los derechos y

garantas reconocidos a los habitantes por la Constitucin Nacional o Provincial. -------

La autonoma, por su naturaleza, supone un poder limitado, por lo que no es

asimilable a la nocin de soberana; y ni siquiera esta ltima est exenta de lmites. De

all que los municipios, an cuando sean autnomos, se hallan insertos en una unidad

dentro de la cual se desarrollan y adquieren su justo sentido. --------------------------------- A la luz de estos conceptos puede concluirse por un lado que las atribuciones

conferidas a los municipios no pueden ser ejercidas extra muros del reparto

constitucional de competencias entre las provincias y la Nacin establecido por el

poder constituyente nacional y provincial, es decir que no pueden exceder los mbitos

en los que se desenvuelven anlogos poderes de la autonoma provincial y/o de la

Nacin, en el marco de un estado federal, lo que impone una necesaria coordinacin y

27 C.S.J.N., Fallos 320:619. 21

armonizacin del ejercicio de esas atribuciones. Por otro lado, stas deben ejercitarse

dentro del marco del artculo 123 de la Constitucin Nacional. --------------------------------- IV.4. La autonoma, el Poder de Polica municipal y sus limitaciones

propias --------------------------------------------------------------- La autonoma, como explica Mario Justo Lpez, implica fundamentalmente

competencia legislativa, es decir, facultad de dictar normas generales, pero

coordinadas necesariamente con un orden jurdico superior que establece lmites a

esa facultad28. ---------------------------------------------------------------------------------------------

As, las ordenanzas que emanan de un rgano de gobierno elegido por el sufragio ciudadano son, como la ley, una expresin soberana de la voluntad popular,

de la voluntad comunitaria organizada29. -----------------------------------------------------------

Una de las manifestaciones posibles de esa capacidad de autoregulacin o

autodelimitacin de un sujeto, consustancial con el concepto de autonoma, est dado

por el ejercicio del poder de polica. ------------------------------------------------------------------

La doctrina tradicional ha definido al poder de polica como una potestad

reguladora del ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes

constitucionales, como atribucin perteneciente al rgano legislativo30 o bien, como la

facultad o potestad jurdica por parte de la Administracin Pblica de establecer

limitaciones y ejercer coactivamente su actividad, con el fin de regular el uso de la

libertad personal y promover el bienestar general31. ---------------------------------------------

Esa vinculacin entre la autonoma y el poder de polica radica, pues, en que

las facultades que constituyen el contenido de esta prerrogativa son inherentes a las

esferas de gobierno que la Constitucin ha creado: Nacin, provincias, Ciudad

Autnoma de Buenos Aires y municipios. Es que el poder de polica es consustancial

al deber primigenio de todo gobierno en el marco de sus propias jurisdicciones, de

proteger la vida, la propiedad, la seguridad, la moralidad y la salud, entre otros

cometidos esenciales, de los habitantes comprendidos en el mbito subjetivo y

objetivo de actuacin de esas potestades. ---------------------------------------------------------

Ahora bien, ya sea que las formulaciones jurdicas elaboradas en virtud del

ejercicio de ese poder de polica sean consecuencia de un poder autnomo o de una

28 Autor citado, Introduccin a los Estudios Polticos, vol. II, Depalma, Bs. As., 1983, p. 224 y ss. 29 C.S.J.N., "Promenade", Fallos 312:1394; y T.S.J. Sala Civil y Comercial y Contencioso-administrativa, "Frigorfico Carnevalli", Sentencia del 30/10/1972, Boletn Judicial, t. 18, p. 620. 30 Marienhoff, Miguel S.; Tratado de Derecho Administrativo, t. IV, Abeledo Perrot, Bs. As., 1973, p. 514. 31 Bielsa, Rafael; Derecho Administrativo, J. Lajouane & Ca., Bs. As., 1921, p. 71

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SECRETARIA ..

delegacin legislativa; tal reglamentacin ser siempre antijurdica si repugna a algn

principio constitucional, o incurre en contradiccin con el texto o el espritu de la

Constitucin -Nacional o Provincial- o las leyes que en su consecuencia se dicten. -----

Reglamentar un derecho -ha dicho la Corte- es limitarlo, es hacerlo compatible

con el derecho de los dems dentro de la comunidad y con los intereses superiores de

esta ltima, pero esa facultad reguladora tiene un lmite que surge de los artculos 14 y

28 de la Constitucin Nacional32. ---------------------------------------------------------------------

Sabido es que los derechos y garantas que consagra la Constitucin no son

absolutos33, sino que estn sujetos, en su ejercicio, a reglas y limitaciones

indispensables para el orden y la convivencia social34. -----------------------------------------

De lo expuesto se concluye que, en el marco de nuestra organizacin

constitucional, la autonoma municipal y el ejercicio del poder de polica, no han sido

consagrados como potestades de regulacin incondicionados, sino que deben

ejercerse conforme a los valores, principios y texto Constitucional. -------------------------- V. ORGANIZACIN DEL ESTADO FEDERAL: ESTADO MULTINIVEL

PLURILEGISLATIVO ---------------------------------------------------- La organizacin de la Nacin Argentina como Estado Federal (artculos 5 y 129

de la Constitucin Nacional), importa el reconocimiento de cuatro niveles diferenciados

de gobierno (i.e. provincias, Ciudad Autnoma de Buenos Aires y municipios), lo que

se traduce en un sistema jurdico multinivel y plurilegislativo en el cual coexisten

diversos ordenamientos jurdicos, emergentes del ejercicio de potestades normativas

propias. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

El mbito de actuacin de cada uno de esos ordenamientos que conforman

nuestro sistema jurdico es susceptible de ser analizado a travs del prisma de su

dimensin espacial -principio de territorialidad-; de su dimensin material -principio de

competencia- y de su dimensin jerrquica -principio de supremaca-35. -------------------

El principio de competencia se refiere al mbito material de produccin de

normas vlidas, distinguiendo las materias constitucionalmente atribuidas a cada nivel

de gobierno como facultades reservadas, delegadas o concurrentes. ----------------------

El principio de territorialidad atiende al mbito espacial de vigencia y

32 C.S.J.N., "Ercolano", Fallos 136:161. 33 C.S.J.N., Fallos 199:149 y 483; 200:450; 249:252; 262:205, entre muchos. 34 C.S.J.N., Fallos 188:105. 35 Arce Janariz, Alberto; Comunidades autnomas y conflictos de leyes, Civitas, Espaa, 1987, p. 32 y ss.

23

aplicabilidad de las normas jurdicas. En lo referente a los municipios, el artculo 185

de la Constitucin Provincial y el artculo 7 de la Ley Orgnica Municipal han

delimitado la competencia territorial atendiendo a la zona beneficiada o a beneficiarse

con los servicios municipales, sin perjuicio que el Gobierno Provincial delegue a los

municipios el ejercicio de su poder de polica, en materias de competencia municipal

en las zonas no sujetas a su jurisdiccin territorial. -----------------------------------------------

El principio de supremaca, consagrado en el artculo 161 de la Constitucin

Provincial establece que Los tribunales y juzgados de la Provincia en el ejercicio de

sus funciones, aplican esta Constitucin y los tratados interprovinciales como la ley

suprema, concordante con el artculo 31 de la Constitucin Nacional que precepta

que Esta Constitucin, las leyes de la Nacin que en su consecuencia se dicten por el

Congreso y los tratados con las potencias extrajeras son la ley suprema de la Nacin.

El citado principio constituye una regla clsica admitida por los estados

federales como el nuestro, a fin de resolver los conflictos de normas, y que determina,

segn los casos, la prevalencia de la de mayor jerarqua en tanto no se vincule a

materias exclusivas de los gobiernos locales, ya que en esta ltima hiptesis, cabe

hacer excepcin al principio de supremaca a favor de la aplicacin prevalente de la

norma local atinente a una competencia exclusiva. ----------------------------------------------

Al respecto tiene dicho la doctrina que la supremaca, ms que un requisito de

control ...es un presupuesto del sistema que exige al ordenamiento jurdico su

establecimiento en forma jerrquica, encontrndose su vrtice ocupado por la

Constitucin36. --------------------------------------------------------------------------------------------

VI. EL PODER DE POLICA MUNICIPAL SOBRE LOS JUEGOS DE AZAR FRENTE AL NUEVO ESCENARIO FEDERAL --------------------------------

As entonces, conforme el diseo federal constitucional descripto

precedentemente en el que el municipio mantiene un rol protagnico al haberse

actualizado en un federalismo de cuatro niveles de gobierno; la potestad regulatoria

propia del Estado Provincial no anula las facultades legislativas de las que es titular el

municipio en orden a la moralidad, salubridad y seguridad pblicas, el cual, en virtud

de su autonoma y dentro de los lmites que sta importa, puede darse su propio

marco legal. ------------------------------------------------------------------------------------------------

36 Toricelli, Maximiliano; El sistema de control constitucional argentino, Depalma, Bs. As., 2002, p. 37. 24



SECRETARIA ..

Ello por cuanto la competencia legislativa reglamentaria es inherente a la

existencia misma de todo ente comunal como expresin del poder de polica que

ostenta en virtud del esquema trazado por nuestra Constitucin Provincial (art. 186 ib),

con las limitaciones ya sealadas, propias de su insercin en la Provincia y en la

Nacin. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

En esta orientacin se enmarca la posicin de la Corte Suprema de Justicia de

la Nacin en la causa "Cadegua S.A."37, ya que en primer lugar seala -siguiendo el

dictamen del Procurador General- que el ejercicio del poder de polica en materia de

juegos de azar no es originario, natural y propio de los municipios, sino antes bien, es

una potestad reservada a las jurisdicciones provinciales, en virtud del principio general

que rige la distribucin de competencias que surge del artculo 121 de la Constitucin

Nacional. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Sin embargo, a rengln seguido, claramente deja a salvo la competencia

municipal en la materia al poner de resalto que el artculo 123 de la Constitucin

Nacional incorporado por la reforma del ao mil novecientos noventa y cuatro ha

producido una trascendente reestructuracin del esquema federativo que trae

aparejadas claras consecuencias al admitir un marco de autonoma municipal cuyos

contornos deben ser delineados por las provincias, con el fin de coordinar el ejercicio

de los poderes que estas conservan -artculos 121, 122, 124 y 125, Carta Magna- con

el mayor grado posible de atribuciones municipales en los mbitos de actuacin

mencionados, y que las prerrogativas de los municipios derivan de las

correspondientes a las provincias a las que pertenecen y, por lo tanto, es atribucin del

Poder Constituyente provincial y de su legislacin reconocer y otorgar facultades a los

municipios, ya sea en forma exclusiva o en concurrencia con otros territorios o

servicios estatales, o bien, como propias o delegadas por el Estado Provincial. ----------

A la luz de tales postulados y conforme el esquema jurdico desarrollado,

instaurado por el artculo 186 de la Constitucin Provincial, al gobierno municipal le

han sido reconocidas y otorgadas facultades de reglamentacin sobre la temtica

relativa a los juegos de azar en cuanto se enhebran en las derivaciones del poder de

polica consustancial a ste. ---------------------------------------------------------------------------

De all la competencia del ente comunal para dictar dentro de su mbito de

gobierno aquellas regulaciones que considere idneas para el ejercicio de sus

37 C.S.J.N., Fallos 327:4103. 25

cometidos, facultad que debe estar inexorablemente sujeta a la gradacin normativa

construida en nuestro Estado Federal. --------------------------------------------------------------

En dicho sentido se enmarca el artculo 2069 del Cdigo Civil que comparte

tales directrices en cuanto norma que son las respectivas ordenanzas municipales o

reglamentos de polica los que regulan los juegos de azar. ------------------------------------

As, Bielsa ubica la polica del juego dentro de la polica de las costumbres y

sostiene que corresponde a las municipalidades la competencia policial en estas

cuestiones, porque se trata de una funcin relativa al orden inmediatamente local38. ----

Obsrvese adems que as lo reconoce la propia accionante en el libelo de su

demanda al sostener "En este aspecto el municipio cuenta con facultades para regular

razonablemente, siempre y cuando no lo haya hecho la Provincia, todos aquellos

aspectos accesorios al funcionamiento de los locales de juegos de azar, como

cualquier otro establecimiento comercial, que estn vinculados con seguridad o

salubridad" (fs. 51). ----------------------------------------------------------------------------------------

VII. RELACIONES DE COORDINACIN EN POS DEL FEDERALISMO DE CONCERTACIN -------------------------------------------------------

As, en materia de juegos de azar, como en tantas otras, luce patente la

esencia del Estado multinivel y plurilegislativo descripto anteriormente. Ello en tanto,

queda de manifiesto, una vez ms, que el federalismo argentino importa la

coexistencia armnica y coordinada, dentro del mismo territorio, de cuatro esferas o

niveles de gobierno. De all que los principios de naturaleza constitucional que

informan el concepto y la construccin del federalismo de concertacin deben ser los

pilares sobre los cuales ste se edifica. Es por ello que el constituyente ha elevado a la

jerarqua constitucional dicho federalismo, el que fuera tan claramente desarrollado por

Pedro J. Fras con anterioridad a la Constitucin Provincial de mil novecientos ochenta

y siete39. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

En efecto, el artculo 190 regla sobre "Convenios Intermunicipales" y seala

que "Las Municipalidades (...) pueden celebrar acuerdos con la Provincia, el Gobierno

Federal y organismos descentralizados, para el ejercicio coordinado de facultades

concurrentes e intereses comunes. -----------------------------------------------------------------

38 Bielsa, Rafael; Derecho Administrativo, 6 ed., La Ley, Buenos Aires, 1996, t. IV, p. 310. 39 T.S.J., en pleno, Secretara Electoral y de Competencia Originaria, "Caminos de las Sierras", Sentencia n 5 del 25/08/2005.

26



SECRETARIA ..

Vale aclarar que la puesta en prctica de un federalismo de concertacin o

cooperativo refuerza y no destruye las posibilidades efectivas de la autonoma40. -------

Es esta la perspectiva que debe guiar a los titulares de las distintas instancias

de nuestro gobierno federal en sus relaciones, las cuales, estn llamadas a propender

a la construccin de espacios de colaboracin y ayuda mutua enderezados a la

bsqueda del bien comn de aquellos de los que dependen de sus decisiones. ---------

Ahora bien, tal como lo seala la Corte Suprema de Justicia de la Nacin la

coordinacin de las atribuciones no debe buscarse a partir de premisas genricas o

enunciados abstractos sino atendiendo a las particularidades concretas de cada

caso41. En la especie, cabe sealar que existen referencias dirimentes para un

adecuado abordaje del escrutinio constitucional de la presente accin declarativa.-------

VIII. LAS PECULIARIDADES QUE RODEAN LA CAUSA ----------------- A esta altura del anlisis se torna necesario apuntar que amn de lo sealado,

en el caso, las peculiaridades observadas en la causa imponen una solucin singular

al balance de constitucionalidad planteado, de conformidad a las circunstancias y

eventos que se sealarn a continuacin. ----------------------------------------------------------

VIII.1. LA MUNICIPALIDAD DE RO CUARTO FIRM UN ACUERDO CON LA PROVINCIA QUE FUE APROBADO POR UNANIMIDAD POR LOS MIEMBROS DEL CONCEJO DELIBERANTE ------------------------------------------

En primer lugar cabe destacar que las premisas de coordinacin postuladas

anteriormente se plasmaron en un acuerdo firmado por la Provincia de Crdoba, la

Lotera de Crdoba y varios municipios -entre los que se halla Ro Cuarto-, el que

fuera aprobado por Ley Provincial n 9158 de fecha treinta de abril de dos mil cuatro.--

Dicho acuerdo fue ratificado por Ordenanza n 1553 promulgada el treinta de

junio de dos mil cuatro por la Municipalidad de Ro Cuarto, sancionada por unanimidad

por el Concejo Deliberante de dicha ciudad. --------------------------------------------------------

En efecto, en la 256 Sesin Ordinaria de fecha dieciocho de junio de dos mil

cuatro, bajo la presidencia del Concejal Omar Armando ISAGUIRRE A. y contando con

la presencia de los concejales Marisa Ins ARIAS DE CARRANZA; Juan Rubn JURE;

Roberto Csar BIRRI; Jos Ernesto LAGO; Bruno Ricardo BRICCA; Sonia Anglica

PEZ DE LOURENCO; Ramiro Hernn FERREYRA; Luis Marcelo PERALTA; Adriana

40 Garca de Enterra, Eduardo; La revisin del sistema de autonomas territoriales: reforma de estatutos, leyes de transferencia y delegacin, federalismo, Civitas, Madrid, 1988, p. 71. 41 C.S.J.N., Fallos 137:212.

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Isabel FOURCADE; Heraldo Daro REMONDINO; Miguel Rodolfo Marcelino GENTILE;

Pedro Eduardo ROSSI JAUME; Carlos Mario GUTIRREZ; Norma Angelina SENN DE

FERNNDEZ; Laura Susana IRIBARNE; Hernn Alejandro TERNENGO; Laura

Amanda IRUSTA y Elida Mara VERNA; se puso a consideracin de tales integrantes

el Expediente n 12.907 con el despacho de Ordenanza cuyo tratamiento era la

aprobacin del convenio propuesto por el Departamento Ejecutivo, el que se vot y fue

aprobado por unanimidad42. -----------------------------------------------------------------------------

Ahora bien, dirimente es para el caso analizado que en la clusula quinta de

dicho acuerdo las municipalidades reconocen la jurisdiccin exclusiva de la Provincia

de Crdoba en cuanto a la autorizacin de la licencia y control de la misma, otorgada

para la instalacin y explotacin de mquinas de juegos (slots), y declaran conocer y

aceptar el marco normativo vigente. ------------------------------------------------------------------

Represe que, conforme el texto del instrumento se determina que tendr

vigencia "por el trmino de la concesin y contratacin" de conformidad a la Licitacin

Pblica Nacional e Internacional convocada por el Gobierno de Crdoba por Decreto

n 1344/2002 y al contrato que en su consecuencia se celebr el nueve de diciembre

de dos mil dos, todo ratificado por los decretos n 2173 y n 2243. ---------------------------

El plazo de concesin se fija en veinte aos, contados a partir de la fecha

efectiva de la concesin (Punto 1.2, pg. 49, Expediente n 0171-008020/01,

0171-008159/01, Anexo nico en 237 fs., reservado en Secretara). Al respecto cabe

destacar que el contrato de concesin entre la Provincia de Crdoba y CET S.A.

(Concesionaria de Entretenimientos y Turismo) fue firmado el nueve de diciembre de

dos mil dos y su vigencia comenz al ser notificado el decreto de aprobacin o desde

la publicacin del mismo, lo que ocurriera primero (fs. 2 y 10 del citado contrato

obrante en Secretara); conforme surge del Pliego de Bases y Condiciones para el

otorgamiento de la concesin destinada a instalar, operar y explotar mquinas de

juego (slots) para la Licitacin Pblica Nacional e Internacional, tomando en

consideracin que el concesionario deba realizar importantes inversiones, tanto para

la provisin, instalacin y reposicin de slots, como para la mejora de inmuebles

existentes y construccin de nueva infraestructura turstica, como as tambin deba

42 Disponible y consultada en el sitio oficial del Concejo Deliberante de la ciudad de Ro Cuarto http://www.concejoriocuarto.gov.ar/?seccion=buscador&command=display&subcommand=exp&id=2008163100, entrada del 14/04/2014.

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http://www.concejoriocuarto.gov.ar/?seccion=buscador&command=display&subcommand=exp&id=2008163100http://www.concejoriocuarto.gov.ar/?seccion=buscador&command=display&subcommand=exp&id=2008163100



SECRETARIA ..

desarrollar un Plan de Negocios que significara un impulso concreto para la industria

turstica de la Provincia de Crdoba. -----------------------------------------------------------------

Sentado lo anterior, se yerguen las siguientes conclusiones que surgen de

dicho acuerdo: ----------------------------------------------------------------------------------------------

a. RECONOCIMIENTO DE COMPETENCIAS MUNICIPALES ORIGINARIAS EN LA MATERIA -------------------------------------------------------

La primera inferencia derivada de la rbrica del citado acuerdo es la que

evidencia que todos los firmantes reconocen la utilidad del Municipio para regular

cuestiones relacionadas con los juegos de azar. Esa es la nica razn que explica

porqu stos fueron convocados a la firma del acuerdo, sin cuya aquiescencia no

hubiera sido posible la plena o acabada concrecin del mismo. Como puede

apreciarse se consider pertinente y necesaria su participacin en el mismo. -------------

En efecto, si las partes no hubieran reconocido la capacidad material de los

municipios para regular aspectos comunales relacionados con la temtica planteada,

evidentemente no los habran llamado a intervenir porque no habra sido necesario

contar con su consentimiento. Ningn otro motivo explicara tal accionar. ------------------

Ms an, conforme surge de los dictmenes de los expertos consultados por el

Municipio incorporados a la causa (fs. 470/471, 494/502, 530/533), durante el ao dos

mil tres, CET S.A. haba realizado diversos trmites por ante la Municipalidad de Ro

Cuarto a los fines de lograr su radicacin en dicha ciudad, lo que pone en evidencia

que la empresa reconoca la competencia municipal en la temtica. -------------------------

b. LA MUNICIPALIDAD DE RO CUARTO REALIZ EN SU MOMENTO EL BALANCE DE MRITO SOBRE LA MORALIDAD FRENTE A LOS BENEFICIOS OFRECIDOS -----------------------------------------------------------

La segunda derivacin de la firma del convenio estriba en el hecho de que, en

dicha ocasin y sobretodo en los prolegmenos de la suscripcin del mismo, la

Municipalidad de Ro Cuarto cont con amplias posibilidades y facultades de realizar el

balance de mrito a los efectos de ponderar las implicancias de la radicacin de las

mquinas tragamonedas (slots) en la ciudad, bajo estndares de moralidad y

salubridad pblicas. --------------------------------------------------------------------------------------

Vale destacar que conforme las constancias de autos la Lotera de Crdoba le

haba informado a la Municipalidad las condiciones y el rgimen jurdico del juego a

nivel provincial toda vez que durante el ao dos mil tres, a raz de un pedido de

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instalacin de la empres

fallodeltsj

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