estudio sobre necesidades de protección nacional e · etapa 1. revisión bibliográfica y...

Estudio sobre necesidades de protección nacional e

internacional de personas frente a la violencia generada

por el crimen organizado transnacional.

5

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Tabla de Contenido 5

I. Presentación 7

II. Metodología 9

Etapa 1. Revisión bibliográfica y análisis de informes nacionales y datos cuantitativos oficiales y de fuentes reconocidas disponibles 9

Etapa 2. Recolección de datos no sistematizados y levantamiento de datos socio-geográficos 10

Etapa 3. Interpretación y análisis de la información obtenida 11

III. Marco conceptual 12

IV. Antecedentes 15

V. Hallazgos 22

5.1. Nicaragua 22

5.2. Costa Rica 30

5.3. Panamá 41

VI. Análisis de impacto en el triángulo norte y el triángulo sur, sobre la necesidad de protección nacional e internacional 50

VII. Conclusiones y recomendaciones 56

Bibliografía 60

7

El presente estudio es el complemento del Diagnóstico “Desplazamiento forzado y

Necesidades de Protección, generados por nuevas formas de violencia y Criminalidad

en Centroamérica”, publicado en 2012 por el Centro Internacional para los Derechos

Humanos de los Migrantes CIDEHUM, con apoyo de ACNUR en esa ocasión.

CIDEHUM en el marco de los objetivos de trabajo vela para que los mecanismos de

protección nacional e internacional estén al alcance de las personas con necesidad de

protección. Esto debido a las múltiples formas de violencia que enfrentan las personas en

sus comunidades de origen como el hostigamiento, amenazas, violaciones sexuales, cobro

de cuotas, secuestros, entre otros, que han impuesto en toda la región Centroamericana

y México los Carteles del Crimen Organizado Transnacional (COT).

Gracias al apoyo de Pan Para el Mundo, este estudio se realiza para identificar estos

vacios de protección nacional e internacional y caracterizar a las poblaciones que están

siendo afectadas en los países del triángulo sur a causa de COT.

El COT se ha multiplicado no solamente en el triángulo norte centroamericano, sino también,

entre los demás países que conforman el cordón geográfico entre Colombia y México, en los

cuales no cesa el tránsito de colombianos solicitantes de la condición de refugiados.

Los países de Panamá, Costa Rica y Nicaragua enfrentan, aunque de forma diferente a

los países de triángulo norte, estrategias diversas de intervención territorial y control de

MIGRANTES, DESPLAZADOS FORZADOS Y REFUGIADOS EN EL TRIÁNGULO SUR DE CENTROAMÉRICA

8

recursos locales, para las cuales el objeto final es el mismo: traslado de drogas, armas,

tráfico de migrantes y trata de personas.

Este estudio pretende mostrar la situación actual que enfrentan los países del triángulo

sur a partir de la situación de violencia y criminalidad en la región centroamericana norte a

nivel urbano marginal y a nivel rural transfronterizo y la recepción de población desplazada

forzada solicitante de protección internacional.

En el complejo cuadro de violencia regional, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, mantienen

los flujos de origen, transito, destino y retorno de personas migrantes.

En los últimos años, se ha denotado un incremento de la movilización sur – sur, en busca

de protección, especialmente hacia Nicaragua, Costa Rica y Panamá, países en los cuales

se presentan tasas de homicidios e índices de violencia mucho más bajos que el resto de

Centroamérica o México. Ante esta situación es comprensible que las solicitudes de refugio

están aumentando progresivamente, sin embargo las tasas de reconocimiento de la condición

de refugiado en estos países son inferiores a un tres por ciento y en otros casos, nula.

En el curso de este estudio, se realiza un recorrido que evidencia las necesidades de

protección de las personas desplazadas forzadas que ingresan a Nicaragua, Costa

Rica y Panamá, así como las situaciones que enfrentan las poblaciones locales ante

el operar del COT en estos países y las posibilidades de protección que los Estados

receptores puedan brindar. En esta línea se analiza, en qué medida estos países están

en condiciones de recibir la población centroamericana que está huyendo de la violencia

organizada, impunidad y desprotección nacional, y cuáles son los principales vacíos que

enfrentan los espacios nacionales – intersectoriales de protección a víctimas de trata de

personas, tráfico ilícito de migrantes y desplazados forzados.

Dentro de este análisis se contempla el rol de auditorìa social de las organizaciones de

sociedad civil, ante la defensa y resguardo de las personas desplazadas forzadas y los

mecanismos que se aplican en los países para su protección.

Finalmente, se ofrece la geo-referenciación de las rutas del COT y las zonas de riesgo

ante el operar del mismo, para completar la Región Centroamericana con los países de

Nicaragua, Costa Rica y Panamá.

99

El objeto central de este estudio es evidenciar las necesidades de protección de

las personas desplazadas forzadas, que ingresan a los países del Triángulo Sur

Centroamericano en busca de protección y la descripción del modus operandi del COT

en estos países, para lo cual se desarrollaron 3 etapas:

En esta primera etapa metodológica se da inicio a la búsqueda de datos bibliográficos

y datos estadísticos de fuentes oficiales, organizaciones de sociedad civil y organismos

internacionales para su posterior sistematización.

A partir de esto, se evidencia el amplio sub- registro de datos cuantitativos que dimensionan

el desplazamiento forzado de personas desde sus lugares de origen y su ingreso a los

países receptores.

Como aproximación a datos de desplazados forzados, se utilizan los datos del International

Displacement Monitoring Centre IDMC y del ACNUR, que aproximan el número de

desplazados forzados a nivel global, además de los datos de solicitantes de refugio en

Nicaragua, Costa Rica y Panamá disponibles.

Etapa 1. Revisión bibliogRáfica y análisis de infoRmes nacionales y datos cuantitativos oficiales y de fuentes Reconocidas disponibles


10

Así mismo, se realiza una búsqueda por medios de comunicación, acerca de situaciones

vinculadas al COT en Nicaragua, Costa Rica y Panamá que permiten observar:

Aproximaciones al impacto de la violencia generada por el COT a nivel urbano

central y local, a nivel rural transfronterizo.

Modos de operar e intervenir territorialmente el COT en los países en estudio.

Localización de zonas de intervención y de posible riesgo.

Violación de DDHH por parte del COT.

Finalmente se actualiza el registro de los mecanismos nacionales e internacionales

vinculados a la protección de las personas desplazadas forzadas.

Se realizan visitas de terreno en Panamá, Nicaragua y Costa Rica, con el propósito de

recolectar datos no sistematizados cualitativos y cuantitativos.

Así mismo, se realizan entrevistas semi-estructuradas con actores claves, informantes

calificados, migrantes afectados, autoridades nacionales (direcciones de migración,

albergues, policía nacional, policía de frontera), organismos internacionales y

organizaciones de sociedad civil en los tres países, a efectos de profundizar en:

La dinámica migratoria actual de los países (flujos migratorios).

Presencia del COT y forma de operar a nivel urbano- marginal- loca y rural-

transfronterizo.

Localización de las zonas y comunidades apropiadas vinculadas con el accionar

del COT.

Existencia de casos de desplazamiento forzado interno, a causa del COT y las

formas de este desplazamiento.

Recepción de personas solicitantes de protección internacional, provenientes de

los países de Triángulo Norte de Centroamérica.

Violación a los derechos humanos que enfrentan las personas migrantes que

ingresan a estos países, durante la salida de sus países de origen y durante la

solicitud de de protección internacional.

Etapa 2. Recolección de datos no sistematizados y levantamiento de datos socio-geogRáficos


11

Necesidades de protección que enfrentan las personas desplazadas que ingresan

a los países y los mecanismos de protección nacionales e internacionales.

Se aplicaron además estudios de casos, observación y entrevistas en zonas urbanas-

locales, rurales y puestos fronterizos; así como levantamiento de información geográfica

y territorial estratégica1.

Etapa 3.inteRpRetación y análisis de la infoRmación obtenida

Se realiza una sistematización y compilación de datos (bibliografía e información de las

entrevistas en las vistas a los países).

Se procede a realizar un análisis e interpretación y la posterior definición de

recomendaciones, que permitan establecer las diferencias entre el triángulo norte y el

triángulo sur de Centroamérica respecto del modus operandi del COT, las necesidades

de protección de las personas desplazadas forzadas por la violencia y la criminalidad

organizada en la región centroamericana.

1 Anexo Entrevista semi-estructurada.

II. METODOLOGÍA

12

Considerando que existen miles de personas que se han visto afectadas por toda la

violencia que despliega el COT, este estudio es fundamental para identificar las necesidades

de estas personas y asegurarle por parte de los Estados la debida protección en el marco

del derecho nacional e internacional.

El concepto de protección2, es reconocido por el derecho internacional como principio

universal, es por ello, que desde las instituciones estatales, los organismos internacionales

y las organizaciones de sociedad civil, es prioridad re-pensar la realidad en el marco de

los vacios existentes en la región.

Tal como lo indica el Diagnóstico “Desplazamiento forzado y Necesidades de Protección,

generados por nuevas formas de violencia y Criminalidad en Centroamérica”, los niveles de

violencia generados por el COT en los países de Centroamérica y México han venido en

aumento. A pesar del sub registro de datos sobre el desplazamiento forzado3 en todos los

países de la región, se detecta un incremento en el número de personas que argumentan ser

desplazados internos a causa de la violencia que genera el COT, lo que finalmente incurre en

un desplazamiento externo con el cruce de frontera internacional.

2 OIM, 2006, Glosario sobre Migración. “Protección: Todas las actividades que tienen por finalidad obtener el respeto de los derechos individuales de una persona de acuerdo con la letra y el espíritu del orden jurídico (particularmente derecho internacional de los derechos humanos, derecho internacional humanitario, derecho internacional de la migración o derecho internacional de los refugiados).

3 El concepto de “desplazamiento forzado” remite al traslado forzoso de una persona de su hogar o país, debido, por lo general, a conflictos armados o desastres naturales (OIM, 2006, Glosario sobre Migración).


13

Las condiciones de pobreza extrema, desigualdad, inequidad de género, falta de

oportunidades educativas y laborales, altos índices de violencia, violencia urbana y

transfronteriza relacionada con el narcotráfico, el tráfico ilícito de migrantes y el delito

de trata de personas, son otras situaciones de violencia4, que han generado una alta

vulnerabilidad en las personas a verse inmersas en la rutas migratorias.

Estas “otras situaciones de violencia” (OSV), tal como lo conceptualiza el Comité

Internacional de la Cruz Roja, viene adquiriendo cada vez mayor visibilidad además

de los países del triángulo norte de Centroamérica y México, en el resto de la región,

particularmente Nicaragua, Costa Rica y Panamá.

Estas “OSV” han avanzado hasta extender sus consecuencias en similitud con las de un

conflicto armado, más allá de la violencia común o generalizada. Las personas afectadas

por las OSV con necesidad de protección, no necesariamente tienen un perfil de refugiado.

La Declaración de Brasil en diciembre de 2014: “Un Marco de Cooperación y Solidaridad

Regional para Fortalecer la protección Internacional de las personas Refugiadas,

Desplazadas y Apátridas en América Latina y el Caribe”, firmada en Brasilia, a pesar de

ser un avance, no es vinculante para los estados firmantes, por lo que aún se mantiene la

alta discrecionalidad de los funcionarios de frontera.

La vulnerabilidad de las personas víctimas del operar del COT se sitúa en el marco de la

“capacidad de un país para afrontar una crisis a corto plazo y para identificar los ámbitos de

las políticas que necesitan reforzarse para construir resiliencia a largo plazo5”. Se agrava sobre

todo en el marco de la fragilidad institucional, de las estructuras estatales y de los sistemas de

justicia, como consecuencia de la corrupción e impunidad en los países de la región.

Tal como lo indica el Director General de la OIM, William Lacy Swing, con motivo de la

celebración en Nueva York del II Diálogo de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre la

4 “Otras situaciones de violencia” (OSV) – un término acuñado por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que incluye situaciones de violencia prolongadas como disturbios civiles, motines, represión estatal, violencia post-elecciones, violencia de pandillas, manifestaciones, etcétera. Cuyas consecuencias podrían ser tan devastadoras y mortales como las de cualquier conflicto armado.

5 El marco macroeconómico de evaluación de la vulnerabilidad del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Informe sobre Desarrollo Humano 2014. Sostener el Progreso Humano: Reducir vulnerabilidades y construir resiliencia. PNUD.

III. MARCO CONCEPTUAL


14

Migración Internacional y el Desarrollo: “Nos enfrentamos hoy a una decisión difícil. Podemos

ir por mal camino y seguir como siempre. Por esta vía, los migrantes sufrirán la explotación y

el abuso, los tratantes, traficantes, reclutadores y empleadores sin escrúpulos se embolsarán

los beneficios, mientras se desaprovechan las enormes ventajas de la migración en materia

de desarrollo tanto para migrantes como para países de origen y acogida”.

En las últimas décadas Nicaragua, Costa Rica y Panamá son países de recepción de migrantes,

desplazados forzados, deportados y solicitantes de la condición de refugio, sin embargo, la

cooperación internacional no toma en cuenta estos países en la cooperación para la migración, el

desarrollo y la integración. Salvo en un solo aspecto: si se les asigna una función en el apoyo entre

los países para la lucha contra el COT desde una perspectiva interestatal, de seguridad nacional.

Para las organizaciones de sociedad civil, defensores y defensoras de derechos humanos6

de la región Mesoamericana, se ha convertido en una lucha constante el efectivo

reconocimiento de protección internacional para víctimas de desplazamiento forzado, ya

que al referirse al COT, los Estados, salvo escazas excepciones, no reconocen a este

como generador de huida o cruce por frontera internacional.

Al no aplicarse de manera efectiva el marco jurídico internacional de protección de

derechos humanos, tanto del Sistema Interamericano como de Naciones Unidas, se ha

generado nuevas categorías ad hoc de protección temporal, en donde los estados no se

comprometen a una efectiva protección de las personas con necesidad, salvo las visas

humanitarias, mismas que no cubren el universo de estas poblaciones.

Tal como lo expresan los datos del ACNUR y el reciente informe de ACAPS7, resulta de interés

como se ha generado un incremento en las solicitudes de refugio en países como México,

Nicaragua y Costa Rica. Así mismo, el incremento de personas deportadas desde Estados

Unidos y México, originarios del triángulo norte de Centroamérica, muestran la tendencia

naturalmente de estas poblaciones a recurrir al desplazamiento intrarregional, especialmente

a los países más cercanos y de manera irregular, siendo esta una forma de huir nuevamente

de la violencia organizada y de la persecución reiterada en sus países de origen8.

6 Declaración de las Naciones Unidas sobre los Defensores de los Derechos Humanos adoptada unánimemente por la Asamblea General de las Naciones Unidas 9 de Diciembre de 1998.

7 Otras Situaciones de Violencia en el Triángulo del Norte Centroamericano Impacto Humanitario. Assessment Capacities Project ACAPS, Mayo 2014.

8 ACNUR 2014, resultados preliminares, pendiente de publicación.

15

El incremento de la migración de mujeres, hombres y niños, niñas y adolescentes no

acompañados, desplazadas forzados por factores relacionados con el CTO es innegable;

aunado a esto, es importante reconocer que factores sociales y económicos como el

abuso de poder, la inequidad de género, la colusión del COT en los poderes del estado,

abuso de autoridad, impunidad y las desigualdades económicas en la región, son motores

que impulsan estos desplazamientos forzados, tanto internamente como internacionales.

En los países de triángulo norte de Centroamérica se reconoce por parte de las autoridades

“la situación de impunidad, vulnerabilidad y miedo colectivo, el temor a la denuncia y el

debilitamiento de las instituciones de los Estados por la infiltración que ha logrado el

COT en algunas de ellas. Se evidencia además, que existen dificultades para fortalecer la

institucionalidad del Estado y la gobernabilidad de la seguridad nacional ciudadana. Ante

esta situación, algunas víctimas del COT deciden huir cruzando una frontera en busca de

protección internacional”9.

Las tasas de homicidios de los países de la región centroamericana son una muestra

del mayor control territorial que expresan los sistemas criminales, que a su vez

vinculados con los bajos índices de desarrollo humano de los países, evidencian

9 Diagnóstico “Desplazamiento forzado y Necesidades de Protección, generados por nuevas formas de violencia y Criminalidad en Centroamérica”, CIDEHUM-ACNUR, 2012.


16

las vulnerabilidades de las poblaciones locales y migrantes en tránsito en busca de

protección nacional e internacional.

Según el Informe sobre Desarrollo Humano 201410 los países del triángulo norte de

Centroamérica El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, presentan índices de

desarrollo Humano11 que se encuentran en la escala de desarrollo medio, es decir,

mantienen su puntaje entre 0,550-0,699, inferiores al promedio de Latinoamérica y El

Caribe (0,740). Mientras que Costa Rica, Panamá y Belice presentan índices de desarrollo

altos, por encima del promedio regional, tal como lo indica el cuadro a continuación:

Cuadro 1. Índices de Desarrollo Humano, 2013.

PAÍS IDH

Panamá 0,765

Costa Rica 0,763

Belice 0,732

El Salvador 0,662

Guatemala 0,628

Honduras 0,.617

Nicaragua 0,614

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, 2014.

Todos los países de la región Centroamericana han experimentado en el periodo entre

1980 y 2013 un incremento general en los índices de desarrollo humano; sin embargo,

es evidente la desigualdad en la distribución de los componentes a nivel de la población

total de los países, particularmente en el acceso a la salud, la educación y los ingresos.

10 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD (2014) Informe sobre Desarrollo Humano 2014 Sostener el Progreso Humano: Reducir vulnerabilidades y construir resiliencia. Datos para el año 2013.

11 El IDH es una medida resumen para evaluar el progreso a largo plazo en tres dimensiones básicas del desarrollo del ser humano: una vida larga y saludable, acceso a conocimientos y un nivel decente de vida. Así, una vida larga y saludable se mide por la esperanza de vida. El acceso al conocimiento se mide a través de: i) el promedio de años de educación entre la población adulta, que es el número promedio de años de educación recibida en un tiempo de vida de las personas mayores de 25 años y más; y ii) los años de escolaridad esperada para los niños en edad de ingresar a la escuela, que es el número total de años de escolaridad de un niño en edad de ingresar a la escuela puede esperar recibir si los patrones prevalecientes de las tasas de matriculación específicas por edad se mantienen igual en toda la vida del niño. El nivel de vida se mide por el ingreso nacional bruto (INB) per cápita expresado en constantes de dólares internacionales, convierten a paridad del poder adquisitivo (PPA).


17

Es posible observar estas desigualdades a través del coeficiente de desigualdad humana12,

que para el caso de Guatemala constituye un 32%; Honduras 31.1%, El Salvador 26,2% y

Nicaragua 25,8%. Mientras que el coeficiente para Panamá (24,4%) y Costa Rica (19,1%)

sigue siendo inferior al promedio para el grupo de países de la región América Latina y

el Caribe; el coeficiente de desigualdad promedio es 24,5%, mediante el cual se refleja

que los países en estudio superan el promedio a excepción de los países del sur de

Centroamérica Costa Rica y Panamá.

Aunado a los componentes de desarrollo, ubicados en categoría media en el caso del

Triángulo Norte y superando el promedio de desigualdad en la región, estos países

además registran para el año 2012 y 2013 tasas de homicidios superiores al promedio

mundial, corroborando el control territorial del COT, reclutamiento forzoso de menores

en condición de vulnerabilidad, extorsiones, desplazamiento forzado por la presencia de

pandillas, y control directo en comercios y fronteras.

No así en los países del Triángulo Sur de la región, donde se encuentran tasas de

homicidios relativamente bajas y en donde se han catalogado como países seguros. Tal

es el caso de Nicaragua, en donde las autoridades Nicaragüenses indican ser “el país

más seguro de la región”.

Sin embargo, según informes nacionales de sociedad civil e informantes calificados en

cada uno de los países se reconoce por parte de las poblaciones amenazas por el operar

del COT y el aumento de los índices de violencia en los últimos dos años.

Tal como lo expresa el Global Overview13 para el año 2014: “a finales de 2013, había

por lo menos 33,3 millones de desplazados debido al conflicto armado, la violencia

generalizada y violaciones de los derechos humanos en el mundo. Esta cifra representa

un aumento de un 16% en comparación con 2012, y alcanza un récord histórico por

segundo año consecutivo”.

12 El Coeficiente de Desigualdad Humana es la desigualdad promedio en salud, educación e ingresos. PNUD, 2014.

13 Global Overview, 2014. People internally displaced by conflict and violence. Internal Displacement Monitoring Centre, Norwegian Refugee Council. Informe Global 2014: desplazados internos por los conflictos y la violencia, 2014.

IV. ANTECEDENTES


18

Es así como se puede observar para el año 2013, que en las Américas se contabilizan

aproximadamente 6 millones de desplazados internos, de los cuales sobresalen Colombia

y México. A pesar del sub registro de información sobre desplazados forzados internos

a causa de la violencia organizada en Centroamérica, actualmente se cuenta con datos

que ejemplifican la magnitud del desplazamiento interno en los países de Guatemala y

Honduras, no así en El Salvador.

Las pandillas o maras, extensiones urbanas y locales de los Cárteles de la Droga, y

las disputas entre los sistemas criminales que se han emplazado en estos países, así

como las causas estructurales y medio ambientales, han promovido el desplazamiento

forzado interno de 259.000 personas14, de los cuales 242.000 guatemaltecos

y 17.000 hondureños, han tenido que salir de sus lugares de origen. Entre estos

hay defensores y defensoras de derechos humanos que siguen siendo víctimas del

escenario de violencia y criminalidad.

Es así como se detecta y contabiliza posterior a este desplazamiento interno la búsqueda

de protección internacional a través de la solicitud de la condición de refugio, a causa de

la persecución estratégica del COT.

Las cifras de personas refugiadas y solicitantes de la condición de refugio no develan las

personas necesitadas de protección internacional o solicitantes de refugio. Es importante

rescatar que miles de personas que no acceden a la solitud de refugio, se mantienen

invisibilizadas de los sistemas de protección, quedando en situación migratoria irregular

en los países de tránsito y acogida.

Tal como se muestra en los gráficos a continuación es posible identificar el incremento en

el número de personas refugiadas de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, así

mismo el incremento de las solicitudes de la condición de refugiado.

Sólo en el periodo 2010-2013, según los datos del ACNUR, los solicitantes de refugio

provenientes de Guatemala, incrementan en 7.412 personas, mientras que de Honduras los

necesitados de protección solicitantes incrementan con una diferencia de 4.480 al año 2013.

14 Global Overview, 2014. People internally displaced by conflict and violence. Internal Displacement Monitoring Centre, Norwegian Refugee Council.


19

Así mismo, es evidente el número de solicitantes de El Salvador, el cual supera por mayoría

el incremento de los países del triángulo norte en 9.732 salvadoreños. Este dato permite

tener una aproximación a la realidad de los desplazamientos forzados tanto en estos países

expulsores como en los países receptores, especialmente Estados Unidos de América, Canadá

y otros países de América Latina como Nicaragua, Costa Rica, Panamá y finalmente Europa.

Tal como se indicó en el Diagnóstico de CIDEHUM – ACNUR15, “se tiene evidencias de que

sólo algunas de las personas que se ven forzadas a tomar la decisión de abandonar sus

comunidades de origen, solicitan la condición de refugiado en los países de acogida. Además,

solo una pequeña parte (entre 10 y 15%) de estas personas necesitadas de protección

internacional son reconocidas como refugiadas por las autoridades de los países de asilo”

Así mismo se recuerda, que dicho diagnóstico indicaba que el número de casos de

población víctima del CO que requiere de protección internacional irá en aumento durante

los próximos años.

Cuadro 2. Refugiados y solicitantes de la condición de refugiado de origen centroamericano. Comparativo 2010- finales de 2013.

REFUGIADOS Y SOLICITANTES DE LA CONDICIÓN DE REFUGIADO DE ORIGEN CENTROAMERICANO.

País de origen

Refugiados 2010

Refugiados 2013

Solicitantes de la condición de Refugiado 2010 Casos pendientes

Solicitantes de la condición de Refugiado 2013 Casos pendientes

Guatemala 5.675 9.638 1.030 8.442

Honduras 1.302 3.301 813 5.293

El Salvador 4.976 9.638 1.549 11.281

Nicaragua 1.431 1.538 157 515

Total 13.384 2.4115 3.549 25.531

Fuente: DATOS ACNUR, 2010- 2014.

15 CIDEHUM-UNHCR (2012) Forced Displacement and Protection Needs produced by new forms of Violence and Criminality in Central America. Costa Rica.

IV. ANTECEDENTES


20

Gráfico 1. Solicitantes de la condición de Refugiado, según país de origen. Casos pendientes en los países de solicitud. Comparación 2012- 2013.

SOLICITANTES DE LA CONDICIÓN DE REFUGIADO

CASOS PENDIENTESCOMPARACIÓN 2010-2013

2010

2013

1549

Guatemala

Honduras

El Salvador

Nicaragua

1128

8131030

8442

5293

515

157


21

Gráfico 2. Refugiados, según país de origen. Comparación 2012- 2013.

Tal como las solicitudes de refugiado, es importante destacar que a pesar de las bajas

tasas de reconocimiento en los países receptores de población con necesidad de

protección, también las cifras de solicitantes de los países graficados, han aumentado en

comparación con el año2010, en particular los países del triángulo norte.

IV. ANTECEDENTES

22

En los últimos años los países del triángulo norte de Centroamérica se han visto afectados

por la violencia causada por el COT, lo que se ha evidenciado a nivel mundial. Nicaragua,

Costa Rica y Panamá también están siendo afectados por el actuar e intervención de

las estructuras criminales organizadas transnacionales, que mantienen una fuerte

intervención territorial, de apropiación y operación en comunidades estratégicas para las

redes transnacionales.

Los sistemas violentos, masacres, violaciones, secuestros, el miedo y la huida son

expresiones de violencia que caracterizan el Triángulo Norte de Centroamérica. Mientras

en los países del sur de esta región, el COT opera de manera silente, cautelosa y

“negociable” con las poblaciones locales y los territorios, pero fuertes, articulados,

organizados y con poder.

Para el COT, Centroamérica funciona como un puente y escenario estratégico, entre los

países productores de la droga y los países de mayor consumo y mercado de las mismas.

Al contrario de los países del norte de la región, los sistemas criminales organizados no

requieren tener una presencia fuerte y violenta en el sur de la región centroamericana

para realizar sus actividades ilícitas, lo que es posible observar en las tasas de homicidios

e índices de violencia.


23

Posterior al conflicto armado de los años ochenta, la migración nicaragüense sigue

manteniendo una principal corriente de movilidad con flujo sur- sur hacia Costa Rica y

Panamá, representando aproximadamente las tres cuartas partes de la migración

intrarregional en Centroamérica.

Nicaragua se caracteriza por ser un país expulsor de población migrante, “se estima que

entre 800.000 y 900.000 nicaragüenses residen en el exterior, representando entre el

10% y el 13% del total de la población nacional”16.

La causa principal de la salida de nicaragüenses de sus lugares de origen, corresponde

especialmente a razones socioeconómicas, siendo para el año 2013, Costa Rica (448.832),

Panamá (40.327) y Estados Unidos (360.857) los principales países de destino17. Esta

migración es particularmente de carácter laboral, debido a la profundización de la pobreza,

el desempleo y la desigualdad en el país18.

Otra condición que caracteriza los principales movimientos migratorios nicaragüenses es

la movilidad de mujeres jefas de familia principalmente en busca de fuentes de trabajo y la

violencia doméstica. “Más de 6 de cada 10 mujeres, reconocen a la violencia intrafamiliar

como un problema social y de salud pública que afecta a sus familias. Sobresale la

violencia verbal, irresponsabilidad paterna, violencia física, violencia sexual. Alguna de las

causas desencadenantes son el machismo, el alcohol, los celos e inseguridad, la falta de

educación, la intolerancia”19.

Durante la visita realizada en Nicaragua, se pudo confirmar la existencia y presencia

de actores vinculados al COT, que operan en los límites del país de manera estratégica

interviniendo en zonas tanto del litoral atlántico como del pacifico.

16 Gonzales 2013: 37.

17 (División de Población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas, 2013).

18 Datos de la Red Nicaraguense de la Sociedad Civil para las Migraciones, 2014.

19 Verbal (53%), irresponsabilidad paterna (38%), violencia física (37%) y violencia sexual (12%). Diagnóstico comunitario “Mujer, Violencia y migración”, 2012-2013.

5.1. nicaRagua

V. HALLAZGOS


24

Estas intervenciones territoriales se localizan en zonas que permiten la movilidad

de mercancías, drogas, dinero, personas, y en las cuales la presencia del gobierno

nicaragüense a través del ejército y la policía nacional es mínima, nula o en algunas

ocasiones según los informantes calificados, actúan como facilitadores del COT.

La estructura operativa del narcotráfico, ha generado una base social muy importante a

las poblaciones locales, dinamizando sus economías e impactando de “manera positiva”

en cuanto a los ingresos, en el modo de vida ordinario de las estructuras familiares.

Esto es posible observarlo en el litoral Caribe de Nicaragua a través de la vinculación

con la industria turística y las poblaciones originarias indígenas, tanto en la RANN y la

RASS. La necesidad económica de estas poblaciones y la poca presencia de la policía

nacional y estructuras e instituciones de gobierno, convierten la zona en una panacea

para el fortalecimiento de las redes de narcotráfico, que completan en Nicaragua hacia la

Mosquitia en Honduras, la ruta del triángulo sur de Centroamérica hacia el norte.

El municipio de Bluefields, mantiene la conformación y fortalecimiento de “grupos locales

vinculados con el COT, constituidos como pandillas para el abastecimiento local de

drogas y sicariato. La violencia surge del enfrentamiento entre pandillas locales por servir

al COT, lo cual afecta a la población civil”20.

Específicamente en la zona Caribe norte en el paso hacia Honduras, zona la

Mosquita- Cabo Viejo, a lo largo del Río Coco, se ha identificado la compra de niñas y

adolescentes indígenas por parte de los grupos narcos organizados de Honduras, con

fines desconocidos. Según el informe sobre Trata de personas del departamento de

Estado de Estado de Estados Unidos, “mujeres, niños y niñas del Caribe nicaragüense,

son señaladas como las principales víctimas de explotación sexual y laboral dentro y

fuera del país”.

Zonas como Waspán, presentan desplazamiento forzado de las poblaciones locales,

presencia de bandas delincuenciales y presencia militar.

20 CIDEHUM-UNHCR (2012) Forced Displacement and Protection Needs produced by new forms of Violence and Criminality in Central America. Costa Rica.


25

La costa Pacifica Nicaragüense, particularmente Rivas, se constituye como un punto

crítico para el ingreso y paso de mercancías (drogas y dinero), zona en que la actividad

turística sirve como escenario para las actividades ilícitas.

Es en este departamento, donde se reconoce también desplazamiento forzado a causa

de la situación económica y en donde se reconoce como una zona de alto riesgo para

la explotación sexual comercial incluyendo niñas y adolescentes, y trata de personas,

particularmente en los municipios de Tolá y Cárdenas.

En el municipio de Cárdenas, las localidades de Sapoa y San Juan del Sur presentan una

gran intervención de los sistemas criminales, particularmente una narco actividad manifestada

en el trasiego de drogas y reclutamiento de jóvenes para formar parte de los grupos de

narcotráfico, como facilitadores al interior de las comunidades y el narcomenudeo.

Se identificó un desplazamiento forzado por parte de los familiares de jóvenes que

han sido reclutados, esto debido a las amenazas que hacen los narcotraficantes a los

jóvenes que se vinculan; ya que si son detenidos o brindan alguna información a la policía

nacional, estos van en busca de sus familiares y les dan persecución. Se detectan casos

de jóvenes asesinados en Costa Rica, víctimas de persecución desde Nicaragua.

Al igual que en el Caribe, en todo el departamento de Rivas hay una fuerte intervención en

las comunidades, particularmente para la movilización y el traslado de cargas pequeñas

de droga en lanchas de pescadores artesanos de la zona.

El departamento de Estelí, presenta altos índices de violencia común, sin embargo figura

un alto poder económico a través del lavado de dinero, expresado entre otras cosas en

la construcción de casas de habitación lujosas desocupadas con guardias de seguridad.

Así mismo presentan reclutamiento de jóvenes por parte del narcotráfico para el trasiego

de mercancías hacia el Sur de Honduras y El Salvador, particularmente hacia toda la zona

trasfronteriza y la movilización de dinero con flujo hacia el sur pasando por Costa Rica.

Existen por parte del gobierno fuertes golpes a la narco actividad, especialmente en la

costa pacífica, sin embargo, la costa atlántica sigue siendo una zona olvidada, tal como

lo indican las organizaciones de sociedad civil que intervienen en la zona.

V. HALLAZGOS


26

Finalmente, tanto en la costa Caribe como Pacifica, hay una naturalización consuetudinaria

de las actividades e intervenciones delictivas, en donde en muchos casos opera la

justicia comunitaria.

La ciudad de Managua, presenta la conformación de pandillas, especialmente integradas

por jóvenes en riesgo, hijos de migrantes. Estos realizan actividades de narcomenudeo de

drogas a lo interno de las propias comunidades urbanas. Zonas como Santo Domingo,

Barrio René Cisneros, Barrio el Recreo son especialmente áreas donde se localizan estas

poblaciones juveniles en riesgo.

A pesar de la percepción colectiva sobre los aportes positivos de la policía de

proximidad con las comunidades, quedan pendientes retos fundamentales referentes

a la política de trabajo con las poblaciones jóvenes que integran pandillas, a los que

se debe brindar oportunidades integrales de arraigo, empleo, educación, seguridad,

inclusión e integración social.

Expertos en seguridad independiente en Nicaragua indican: “La pobreza que existe en el

país puede convertirse en caldo de cultivo para el enraizamiento o nacimiento de nuevos

grupos locales, que, si se desarrollan, entrarían a competir por la hegemonía de las rutas

y el mercado con su consecuente violencia y desestabilización”21.

La tasa nacional de homicidios en Nicaragua es de 12,6 homicidios por 100.000

habitantes, representando el país centroamericano con la segunda tasa más baja en los

países de la región Centroamericana22.

Uno de los hallazgos y avances respecto del año 2012, es que en Nicaragua

actualmente, se reconoce por parte de las organizaciones de sociedad civil, la

existencia de desplazamiento forzado interno a causa del accionar del COT en algunos

departamentos del país.

21 Orozco, 2012.Experto seguridad independiente en Nicaragua.

22 Tasas de Homicidios Región Centroamericana: Costa Rica 10; Nicaragua 12,6; Panamá 21,3; Guatemala 38,9; Belice 39; El Salvador 70,2; Honduras 91,6. Informe sobre Desarrollo Humano 2014. Sostener el Progreso Humano: Reducir vulnerabilidades y construir resiliencia. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 2014.


27

A pesar de no ser en gran magnitud, este desplazamiento demuestra la intervención de

las estructuras criminales en el país, que completan el operar del narcotráfico y las redes

de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes en el triángulo sur hacia el norte de la

región Centroamericana.

Nicaragua enfrenta una crisis de violencia ciudadana, expresada en el monopolio por

parte del Poder Ejecutivo, a través de la manipulación de la información, limitación de

participación ciudadana, resquebrajamiento institucional y del sistema judicial.

Según organizaciones de sociedad civil, consultados durante la visita, Nicaragua muestra

una estrategia de seguridad nacional en la cual se priorizan acciones de seguridad y

movilización de recursos policiales hacia lo más visible, es decir: “cuidan lo que se ve”, lo

que contribuye a mantener la percepción del país más seguro de la región. Sin embargo,

es importante reconocer que Nicaragua mantiene altas cifras de robos y de violaciones

superiores a Guatemala y Panamá.

Según la última encuesta del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas

en Nicaragua, se demuestra como los principales problemas de seguridad

ciudadana a nivel nacional, están relacionados particularmente con “los robos

(63.1%), los accidentes de tránsito (32.3%), la violencia generada por pandillas

(29.6), violencia intrafamiliar (23.9), los asaltos (21.8%), y la violencia generada por el

narcotráfico (20.8%)”.23

La perspectiva general de la delincuencia en Nicaragua, demuestra que la población en

general no considera esta como un problema mayor, sobre todo, frente a las situaciones

de desempleo y pobreza en el país. Sin embrago, según las zonas del país donde se

aborde el tema de violencia, la perspectiva es variante, particularmente cuando se trata

de la región atlántica norte y sur del país.

Según expertos nicaragüenses, existen claras evidencias de que el COT infiltra e invierte

sus recursos e influencia en las estructuras estatales, especialmente en la policía nacional

de alto nivel. Así mismo, aseguran que existe un alto riesgo en cuanto a administración de

23 Cuadra, Elvira. Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas en Nicaragua. Vi encuesta de percepciones sobre la seguridad ciudadana 2013. Managua, Nicaragua 2014.

V. HALLAZGOS


28

la justicia se refiere, debido a la influencia política y económica, en donde la corrupción de

funcionarios públicos también tiene una estrategia que pasa por todos los niveles, desde

quién “entrega la citatoria, hasta el juez que resuelve el caso”24.

En consecuencia, por el imaginario colectivo referente a países que no enfrentan

situaciones de violencia como en los países del norte de la región, Nicaragua actualmente

enfrenta un incremento de las solicitudes de refugio, especialmente por ciudadanos de

los países de Guatemala, Honduras y el Salvador, mismos que han sido reconocidos en

su mayoría como refugiados en el país.

Se estima que ocho de cada diez mujeres que ingresan a Nicaragua solicitando la

protección internacional, provienen de los países de Guatemala, Honduras y El Salvador,

en donde han sido víctimas de las pandillas del COT. Estas vienen en muchos casos

acompañadas de sus hijos y presentan un perfil de mujeres jefas de hogar, emprendedoras

de microempresas y especialmente de bajos recursos económicos. Sus testimonios

dan cuenta de ser abusadas por integrantes de las pandillas, en algunos casos vienen

embarazadas y en otros han salido huyendo ya que han asesinado a sus parejas.

Nicaragua actualmente está teniendo una tasa de reconocimiento de la condición de

refugio positiva ante las solicitudes planteadas en los últimos dos años, lo que le sitúa en

un país de destino para personas víctimas de COT.

Finalmente, además de ser un país de origen y tránsito de personas migrantes, Nicaragua

es el escenario de las actividades del COT, las cuales se manifiestan tanto a nivel local

como transnacional, utilizando a las poblaciones locales como apoyo logístico para el

almacenamiento, transporte y preparación de mercancías que se dirigen hacia los Estados

Unidos y Europa.

Nicaragua como país expulsor y actualmente receptor de solicitantes de la condición de

refugio, cuenta con una serie de mecanismos internacionales de Derechos Humanos

ratificados, tal como se muestra en el Cuadro 3.

24 El narco contagia a Nicaragua. El gobierno mantiene una lucha frontal contra el crimen organizado y el narcotráfico, pero la delincuencia ya le ha ganado bastante terreno, sostienen expertos. 08/09/2014 00:07 Wilfredo Miranda Aburto/Especial


29

Cuadro 3. Mecanismos Internacionales de Derechos Humanos ratificados y firmados en Nicaragua.

Intrumentos RegionalesRatificados, firmados e incorporados por Nicaragua al marco jurídico nacional.

Convención sobre el estatuto de los Refugiados 1951

X

Convención de Viena sobre las relaciones consulares 1963

X

Convención sobre la eliminación de todas formas de discriminaciones contra la mujer 1979

X

Convención contra la tortura, y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes 1948

X

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 1966

X

Pacto Internacional de Derechos económicos, sociales y culturales 1966

X

Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial

X

Convención Internacional sobre los Derechos del niño

X

Convención Internacional sobre los Derechos humanos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares 1990

X

Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire 2000.

X

Protocolo para prevenir, suprimir y sancionar la trata de personas especialmente mujeres y niños 2000.

X

Convención Americana sobre Derechos humanos 1969

X

Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura 1985

X

Convención Interamericana sobre tráfico internacional de menores 1994

X

Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer 1994

X

Elaborado por: CIDEHUM

V. HALLAZGOS


30

En ese sentido, la Constitución Política en su artículo 46, indica que “En el territorio

nacional toda persona goza de la protección estatal y del reconocimiento de los derechos

inherentes a la persona humana, del irrestricto respeto, promoción y protección de los

derechos humanos y de la plena vigencia de los derechos consignados en la Declaración

Universal de los Derechos Humanos; en la Declaración Americana de Derechos y Deberes

del Hombre; en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; en

el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones

Unidas; y en la Convención Americana de Derechos Humanos de la Organización de

Estados Americanos.

Costa Rica sigue siendo uno de los principales países receptores de población migrante

en la región; así mismo, es país de tránsito de poblaciones andinas provenientes del sur

de América, extra-continentales, además de solicitantes de la condición de refugiado y

personas refugiadas. Los flujos de migrantes intrarregionales irregulares identificados,

provienen particularmente de: El Caribe: Cuba, República Dominicana y Haití; Sudamérica:

Colombia, Ecuador, Bolivia y Venezuela.

Los extra-continentales de Israel, Bangladesh, de Nepal, Ghana, Nigeria y Togo, pueden

ser solicitantes de la condición de refugiado o personas en tránsito hacia los Estados

Unidos de América, que han pagado traficantes ilícitos de migrantes para llegar a esta

frontera. Como Costa Rica en su frontera sur con Panamá no cuenta con centros

de atención administrativa para población en condición migratoria irregular, estos son

referidos al Centro de Aprehensión de Hatillo en San José, muchos de los cuales no

llegan al mismo. Este centro no cuenta con las condiciones adecuadas para las personas

migrantes en tránsito.

El 90% de los migrantes irregulares intrarregionales y extra continentales atraviesan Costa

Rica con destino hacia Estados Unidos y Canadá particularmente.

Según el Censo Nacional de Población 2011, presentado por el Instituto Nacional de

Estadística y Censo (INEC) de Costa Rica, la población migrante representa el 9% de la

población total que habita en el país, lo que corresponde a 419.572 extranjeros censados

para el año 2011. Este dato corresponde a la población registrada regularmente, sin

5.2. costa Rica


31

embargo es importante destacar que el número real de población total que contempla las

personas en condición irregular es superior, de los cuales no existen registros certeros.

De esta población registrada, el 72,34% son población nicaragüense, seguida de

colombiana (4,28%), estadounidenses (4,12%) y panameña (2,92%).

Entre el año 2009 y 2015, se presenta un aumento de población proveniente del triángulo

norte de Centroamérica: El Salvador, Honduras y Guatemala, los cuales solicitan protección

internacional a través del refugio en el país. Figuran además casos de solicitantes de

nacionalidad mexicana, algunos de los cuales han obtenido el estatus de refugiado. En

algunos de estos casos, los solicitantes advierten ser víctimas y perseguidos por las

estructuras criminales del COT.

Actualmente se enfrentan limitaciones para el reconocimiento del estatus de refugiado,

particularmente de las causas que presente el solicitante. Para el año 2014, en primera instancia

del proceso de solicitud de refugiado, la tasa de reconocimiento fue de 12%, mientras que

en segunda instancia es de 4%. Actualmente según miembros del Tribunal Administrativo

Migratorio TAM, la tasa de otorgamiento de la condición de refugiado es de 0%.

Las principales nacionalidades que han solicitado refugio en Costa Rica en el último

año, son de origen medio oriental particularmente de Israel, Bangladesh y asiáticos de

Nepal; de origen africano de Ghana, Nigeria, Togo y finalmente de América y el Caribe

provenientes de Colombia, El Salvador, Honduras, Venezuela, Cuba y Haití.

Según fuentes oficiales, los principales puntos de ingreso se localizan en su mayoría

en la zona sur fronteriza con Panamá, a través de Paso Canoas y en la zona norte en

Peñas Blancas.

Para setiembre de 2014, de las 128 resoluciones de primer conocimiento 9 (7%) son

aprobatorias, mientras tanto 118 (93%) son denegatorias. La mayor cantidad corresponde

a personas colombianas, con un total de 76 (59%) resoluciones.25

25 Dirección General de Migración y Extranjería Subproceso de Refugio. INFORME Subproceso de Refugio, setiembre de 2014.

V. HALLAZGOS


32

Tal como lo indica el cuadro a continuación, se demuestra el incremento de solicitudes de

refugio en Costa Rica particularmente, de originarios del triángulo norte en relación con

los solicitantes colombianos que son los de mayor proporción en el país.

Cuadro 4. Solicitantes de Refugio Centroamérica y Colombia, en Costa Rica, en el periodo 2012- 2014.

Año Centro América Colombia

2012 214 495

2013 219 519

2014 40526 54227

Fuente: Dirección General de Migración y Extranjería Subproceso de Refugio.2627

Es posible observar como los solicitantes de nacionalidad centroamericana incrementan

considerablemente hacia el 2014, pasando de 214 solicitantes en el 2012, a 405

solicitantes en 2014. La mayoría son provenientes de El Salvador, Honduras y Guatemala.

Así mismo, en el cuadro siguiente, los datos más recientes de la Dirección General de

Migración y Extranjería indican hacia noviembre de 2014, que la mayor cantidad de solicitudes

de centroamericanos coronaba las de nacionalidad Salvadoreña; lo cual representa un total

de 278 solicitudes, de las cuales únicamente fueron procesadas en primer conocimiento 19,

de las que 4 fueron aprobadas, mientras que 15 figuraran como denegadas.

Así mismo, se presentan 72 solicitudes de hondureños, de las cuales ninguna es aprobada

y 1 solicitud es denegada en primer conocimiento. Y finalmente, a noviembre de 2014,

únicamente se contabilizaban 7 solicitudes de guatemaltecos de las cuales 1 ha sido

denegada y las demás no cuentan con respuesta al primer conocimiento.

26 Proyección todo 2014: 405

27 Proyección todo 2014: 542


33

Cuadro 5. Solicitudes de refugio de personas del Triángulo Norte Centroamericano y aprobaciones y denegaciones en primer conocimiento en Costa Rica.

Nacionalidad Solicitantes de Refugio

Aprobadas en primer conocimiento

Denegadas en primer conocimiento

El Salvador 278 4 15

Honduras 72 0 5

Guatemala 7 0 1

Fuente: Dirección General de Migración y Extranjería Subproceso de Refugio.

A pesar de ser Costa Rica un país receptor de solicitantes de protección, este país se

mantiene como un paso estratégico para la circulación de drogas vía terrestre, marítima

y aérea, siendo una zona de tránsito y almacenaje, en donde la cocaína es el flujo más

importante proveniente del sur de la región, hacia Estados Unidos; es decir desde los

países de mayor producción a los de mayor consumo mundial de drogas.

Tal como lo indica el Organismo de Investigaciones Judiciales OIJ, “Desde hace algún

tiempo, se han identificado grupos de delincuencia organizada compuestos únicamente

por nacionales que han aprendido de la influencia extranjera - generalmente colombianos

y mexicanos-. Estos grupos se dedican principalmente al traslado de la droga (marihuana

o cocaína) desde el país de origen hasta la venta y distribución de la droga en las diferentes

zonas del país. En muchas ocasiones estos grupos colaboran en el traslado de droga y

la distribuyen según el pedido nacional”28.

Tanto en la zona norte de Costa Rica, como en la zona atlántica norte y sur y la

costa pacífica, se ha mantenido la intervención del COT a través de la presencia en

comunidades y mayor participación de población local, vinculada al narco menudeo,

trasiego de mercancías hacia el norte de la región y las redes de trata de personas y

tráfico ilícito de migrantes.

En general, se reconoce que la movilización de mercancías en Costa Rica se da de manera

periférica, especialmente por las costas del país, lo que en general no produce expresiones

28 Reporte de Situación Costa Rica, 2013. Tráfico de Drogas y Amenazas del Crimen Organizado en Costa Rica. Organismo de Investigación Judicial OIJ, 2013.

V. HALLAZGOS


34

de violencia hacia las poblaciones locales, sino más bien, se genera una prestación de

servicios (abastecimiento de drogas, combustible, alimentación, traslado etc.).

En las visitas realizadas en el marco de este estudio, fue posible re- confirmar en conjunto

con las autoridades nacionales y organizaciones de sociedad civil, la presencia activa y

operación del COT.

La costa Pacífica en general, presenta puntos de movilidad (ingreso y salida) de mercancías,

redes de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, particularmente zonas turísticas

como la Península de Osa, Parrita, Quepos, Golfo de Nicoya, Puntarenas, Bahía Ballena,

Liberia, Tamarindo, hasta alcanzar el perímetro transfronterizo con de Peñas Blancas.

Según autoridades de migración, en Peñas Blancas (ingreso frontera con Nicaragua), se

registran casos de personas de nacionalidad salvadoreña y guatemalteca, miembros de

pandillas de maras e integrantes de carteles Mexicanos, que solicitan visa para ingresar

en Costa Rica, habiendo pasado la frontera nicaragüense.

Estos son interceptados por la policía migratoria costarricense, quienes deniegan la

visa de ingreso a Costa Rica, al corroborar sus antecedentes pandilleros, con casos de

deportación reiterada. En algunos casos, estas personas muestran vínculos familiares o

de convivencia con personas costarricenses o con residencia en Costa Rica.

Al ubicarse en una frontera totalmente porosa, con rutas e ingresos clandestinos claramente

identificados, estas personas finalmente logran entrar al país de forma irregular, incluso

por los bordes cercanos del puesto fronterizo habilitado y en presencia de la policía, tanto

costarricense como nicaragüense.

En la visita in situ a la zona se identifica por parte de las autoridades la operación de la

banda familiar (costarricenses - nicaragüenses) “Los Catanos”, ubicados en el distrito La

Cruz. Esta banda opera en el trasiego de mercancías, drogas, dinero y tráfico ilícito de

migrantes, manteniendo el control en el distrito y la zona transfronteriza mediante el vínculo

con el narcotráfico que opera en la zona.

Dicha banda mantiene relaciones como parte de una red estructurada con otras bandas

identificadas en Nicaragua para la movilidad de personas en condición irregular. Una vez


35

en Costa Rica, la banda de contrabandistas (polleros, coyotes, enganchadores), moviliza

a las personas hasta San José, procurando en la ruta el hospedaje, alimentación, el

transporte y el cambio de dinero.

En el Cantón de La Cruz se identifican asentamientos y barrios en condición de alta

violencia a través de la presencia de pandillas tumbadrogas, entre estos se pueden

mencionar: Playa Cuajiniquil y Barrio Irvin.

Es importante destacar la presencia articulada de una pandilla de menores de edad,

llamada “Los Chigüines”, particularmente compuesta por niños y adolescentes entre los

7 y 13 años de edad, nicaragüenses, en situación migratoria irregular; los que han sido

devueltos a su país en reiteradas ocasiones. Estos menores son una banda que genera

robos en las playas, especialmente en Playa Flamingo, Playas del Coco y Tamarindo.

Así mismo, el Cantón de Liberia presenta asentamientos en los cuales se identifica presencia

y conformación de pandillas de jóvenes, en los cuales se identifican problemas importantes

de alcoholismo, drogadicción y violencia, entre los que sobresalen: Corazón de Jesús, San

Roque, Curime, Nazaret, Cucamonga, Barrio Las Brisas, Terreros, y La Guaria.

La zona norte del país, San Carlos de Alajuela, es afectada e intervenida por el COT,

en donde se ha identificado el emplazamiento de helipuertos, entierros de armas de

alto calibre y la construcción de un inmueble en la propiedad de aproximadamente 170

hectáreas, desde donde opera una reconocida banda narcotraficante, entre Nicaragua

y Colombia. Según las autoridades nacionales ésta se encuentra vinculada con otros

puntos operativos del CO y helipuertos en la zona Caribe.

La Fortuna, Pital y Cutris, especialmente las comunidades de Limoncito, Patastillo,

Crucitas, Chorreras y Chamorro, son escenarios para la movilización de agentes miembros

de estas pandillas que generan la logística local y transnacional de la droga.

La población local indica que se da continuamente el ingreso a las comunidades de

grupos de personas desconocidas, en vehículos modernos y lujosos de doble tracción,

así como el avistamiento de vuelos de helicópteros, siendo esto ya una situación común

para los vecinos de la zona.

V. HALLAZGOS


36

Ademas se observa con frecuencia el ingreso en Cutris de pandillas de jóvenes delincuentes

y bandas roba casas, particularmente conformadas por jóvenes, desplazadas desde La

Fortuna (San Jorge, Bella Vista y San Marcos).

Es de especial interés recalcar, que en las comunidades de Cutris se está experimentando

el reclutamiento forzoso de adolescentes, utilizando actividades de atracción como

las “Salas de Patines”. Consiste en un grupo que instala mensualmente en distintas

comunidades una sala de alquiler de patines, música y luces, lo que atrae a la población;

En esta actividad se ha detectado que los organizadores captan a los jóvenes de la

comunidad, ofreciéndoles dinero en efectivo, celulares y drogas, a cambio de trabajar con

ellos en las pandillas. Estos provienen de La Fortuna de San Carlos.

Esta zona, al caracterizarse por la producción de monocultivos como la piña, concentra

grandes grupos de población trabajadora migrante nicaragüense de primera y segunda

generación. Estas en general, se encuentran en condiciones migratorias irregulares y

empleadas por subcontratistas, sin garantías laborales adecuadas a su necesidades;

siendo los habitantes de estas comunidades tanto locales como extranjeros,

especialmente vulnerables a caer en las redes de trata de personas, tráfico ilícito de

migrantes y redes del narcotráfico.

Es posible indicar además que San Carlos está siendo una plataforma para la legitimación

de capitales, delito que, a través de la producción y exportación del cultivo de la piña,

puede movilizar grandes cantidades de dinero, afectando a los productores nacionales,

al colocar el producto a bajo costo en Europa29.

Estas situaciones se agravan, cuando la presencia de la policía nacional- fuerza pública-

no es suficiente, ni permanente en las comunidades de la zona, lo que genera una

desprotección y temor en los habitantes.

Otra de las zonas del país con amplio empoderamiento territorial por parte del COT, es el

Caribe, especialmente Barra de Tortuguero, Barra de Parismina, Limón, Sixaola, Guápiles,

Siquirres, Pococí y Guácimo. Estas ciudades y pueblos se caracterizan por ser de tránsito

29 http://www.nacion.com/sucesos/poder-judicial/Fiscal-general-carteles-mexicanos-ticos_0_1451654869.html


37

de mercancías provenientes de Panamá y Colombia, las que se abren paso hacia Sarapiquí,

para avanzar hacia Nicaragua por San Juan del Sur, abarcando la RAAN y la RAAS.

Mediante este estudio, se corrobora la firme presencia y operación del COT en la zona sur

del país particularmente en Pérez Zeledón, San Vito y Paso Canoas, en donde se localizan

las redes de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes emplazadas en zonas operativas

para el hospedaje, transporte y alimentación de las personas víctimas y traficadas. Así mismo

son puntos predominantes de ingreso de drogas, particularmente la zona transfronteriza,

donde se observa la construcción de casas de habitación de gran valor y bodegas de

almacenamiento de mercancías en el cordón transfronterizo con Panamá.

A partir del año 2012, se ha evidenciado la mayor presencia de agentes criminales en la

Gran Área Metropolitana, particularmente en San José, Goicoechea y Desamparados, en

donde es posible observar un incremento en la tasa de homicidios e índices de violencia.

En su mayoría, estos homicidios son generados por las disputas entre los grupos que abastecen

el consumo local, conformados por poblaciones juveniles en situaciones vulnerables social y

económicamente. Tal como lo muestra el gráfico siguiente, San José, Limón, Goicoechea y

Desamparados presentan los cantones con mayores homicidios en el país.

Gráfico 3. Homicidios por Cantón, Costa Rica, 2013.

Fuente: Denuncias al OIJ, 2013.

V. HALLAZGOS


38

Así lo corrobora el Ministro de Seguridad y el Jefe la Fuerza Pública San José, en

agosto 2014, ante los medios de comunicación, al indicar que estos homicidios están

“relacionados con la lucha de pandillas por drogas”.

Así mismo afirman que “los líos entre bandas y peleas por drogas, se han apoderado de

la zona de Desamparados” y que los mismos “estarían vinculados a una lucha de grupos

narco en este Cantón”30.

El mercado nacional de drogas tuvo un auge importante, lo que abrió las puertas a conflictos

territoriales y de poder, particularmente por que los pagos por servicios ilícitos vinculados ya

no serían con dinero si no con drogas, desatando el incremento de homicidios.

Las autoridades costarricenses han generado ya explicaciones recientes sobre indicios del

modus operandi similar a los países del norte de Centroamérica, a través del reclutamiento

forzoso de adolescentes, especialmente aquellos que se encuentran fuera de los sistemas

de educación y sin ocupación laboral, particularmente para el traslado y distribución de

mercancías al interior de las comunidades y fuera de ellas. Así mismo, se identifican las

extorsiones, a través del cobro de cuotas semanales en locales comerciales como tiendas

de abastecimiento, a cambio de seguridad frente a otras pandillas y evitar el asalto a los

negocios. Estas extorciones oscilan entre los 30 y 100 dólares estadounidenses.

Respecto de la aplicación de los tratados y convenios internacionales sobre

Derechos Humanos, ratificados en Costa Rica, tal como se observa en el cuadro 6,

la Constitución Política hace referencia en el Artículo 7, que “Los tratados públicos,

los convenios internacionales y los concordatos, debidamente aprobados por

la Asamblea Legislativa, tendrán desde su promulgación o desde el día que ellos

designen, autoridad superior a las leyes.”

30 CRHOY, Agosto 2014. http://www.crhoy.com/a-hoy-suman-seis-los-asesinatos-en-desamparados/ http://www.crhoy.com/en-lio-de-drogas-a-matan-pareja-de-hermanos-en-desamparados/


39

Cuadro 6. Mecanismos Internacionales de Derechos Humanos ratificados y firmados en Costa Rica.

Instrumentos RegionalesRatificados, firmados e incorporados por Costa Rica al marco jurídico nacional.

Convención sobre el estatuto de los Refugiados 1951

X


X


X


X


X


X


X

Convención Internacional sobre los Derechos del niño

X


No firmada ni ratificada


X


X

Convención Americana sobre Derechos humanos 1969

X


X


X


X

Elaborado por: CIDEHUM.

V. HALLAZGOS


40

Así mismo, en el Artículo 48, se indica que “Toda persona tiene derecho al recurso

de hábeas corpus para garantizar su libertad e integridad personales, y al recurso de

amparo para mantener o restablecer el goce de los otros derechos consagrados en esta

Constitución, así como de los de carácter fundamental establecidos en los instrumentos

internacionales sobre derechos humanos, aplicables en la República. Ambos recursos

serán de competencia de la Sala indicada en el artículo 10.”

En ese sentido, sobre la interpretación del artículo 48 de la Constitución, la Sala

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en los votos 3435-92 y 5759-93, hace

referencia que “al integrarse al ordenamiento jurídico al más alto nivel, valga decir, al

nivel constitucional, lo complementan en lo que favorezca a la persona”(6) y que, “(…)

los instrumentos sobre derechos humanos tienen un rango superior a los demás, y

que tienen otra característica adicional –la más importante– que complementan la

Constitución Política en su parte dogmática31”

En síntesis, tratándose de instrumentos internacionales de Derechos Humanos vigentes

en Costa Rica, estos tienen una fuerza normativa del propio nivel constitucional, es decir,

tienen no solamente un valor similar a la Constitución Política, sino que en la medida en que

otorguen mayores derechoso garantías a las personas, priman por sobre la Constitución.

En Costa Rica, debe haber un reforzamiento en la seguridad humana y aplicación de la

justicia eficiente y acorde con los compromisos internacionales ratificados, ya que es

evidente la existencia de múltiples situaciones que quedan impunes.

Si se continua con estas características de criminalidad e impunidad de los victimarios,

personas, instituciones y empresas coludidas con el COT, el país enfrentara índices de

violencia superiores a los actuales, siendo así considerado por la propia policía judicial.

31 El derecho internacional de los derechos humanos en el derecho positivo y la jurisprudencia constitucional costarricense, Dr. Alex Solis, Revista de Ciencias Jurídicas Nº 125 (145-174) mayo-agosto 2011, p. 155.


41

Por su cercanía con Colombia y siendo la entrada hacia Centroamérica, Panamá es el

escenario de importantes movimientos migratorios de personas extra continentales, de

origen andino y de las islas del Caribe, con rumbo hacia los países del norte. Así

mismo, es parte del contexto regional por donde ingresan mercancías, drogas y operan

las redes de trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y redes de narcotraficantes,

lavado de activos por su política bancaria, además de armas ilegales provenientes de

Estados Unidos y México.

La dinámica de los flujos migratorios en Panamá se enmarca principalmente en la recepción

de población colombiana en busca protección internacional a través de la solicitud de la

condición de refugio. Particularmente el flujo de población colombiana hacia Panamá es de

47.392 migrantes, entre 1990 y 201332.

Desde el año 2012, se presenta un incremento en la llegada de poblaciones intrarregionales

desde Nicaragua, Costa Rica y Ecuador, como efecto del desarrollo inmobiliario, comercial

y la ampliación del canal, particularmente la fuente de empleos para la construcción. Por

ejemplo, en este momento se contabilizan aproximadamente 40,327 nicaragüenses que

han ingresado en el último año al país33.

Panamá concentra una gran cantidad de poblaciones extra continentales provenientes

de Asia, África y Medio Oriente que ingresan a Centroamérica vía irregular, a través de

traficantes de migrantes y redes de trata de personas, para los cuales el país es zona de

tránsito hacia el norte.

Entre el año 2010 al 2014, las autoridades panameñas han generado un proceso para

facilitar la regularización migratoria llamado “Crisol de Razas”. Este proceso permitía a las

personas migrantes obtener un carnet temporal con el que podrán permanecer por dos

o diez años, al tiempo en que obtendrán un permiso para trabajar.

32 División de Población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas, 2013.

33 Datos a portados por la Red Nicaragüense de la Sociedad Civil para las Migraciones, 2014.

5.3. panamá

V. HALLAZGOS


42

En el programa varía el costo según la nacionalidad;.. Estos costos altos en todos los

países centroamericanos, además de generar una barrera para lograr regularizarse,

atentan contra los derechos económicos y sociales de una persona y su familia,

aumentando el riesgo de ser explotados laboralmente. Finalmente para el año 2014, se

generó la regularización temporal de aproximadamente 48.633 personas, principalmente

colombianos, nicaragüenses, dominicanos y venezolanos.

Para octubre de 2014, se llevó a cabo el último proceso de regularización. Este cierre,

dejó por fuera a aproximadamente 42,000 extranjeros que tenían que renovar su carnet

temporal, así como su permiso de trabajo para el año 2015. Situación que generó el

aumento de personas en condición migratoria irregular, ya que el carnet con que cuentan,

no da la posibilidad de regularizarse y la mayoría de estos migrantes no reúnen los

requisitos necesarios para optar a alternativas migratorias por vía regular.

Crisol de Razas ha generado reacciones xenofóbicas y discriminatorias por parte de

algunas autoridades y medios de comunicación, señalando que estos disminuirían las

fuentes de empleo, generarían un aumento en la criminalidad y aprovechamiento de los

servicios sociales.

Es fundamental destacar que se han detectado persecuciones hacia los migrantes

indocumentados y personas que se encuentran laborando sin permiso de trabajo, por

parte de algunos funcionarios de migración.

Así mismo, es importante señalar que en cuanto a las responsabilidades de los patronos,

se observa también la subcontratación de personas en condición administrativa irregular,

lo que facilita la explotación laboral y es otra barrera para el acceso a un trabajo con

garantías sociales. En los últimos dos años, Panamá, experimenta el aumento en la llegada

de migrantes del triángulo norte de la región, especialmente de El Salvador, caracterizadas

por conformar familias numerosas, integradas además por menores de edad.

Inicialmente, se da el ingreso de 2 o 3 integrantes de la familia y posteriormente la

reunificación de la misma, con la llegada de los otros miembros. En todos los casos, estos

argumentan salir de su país, a causa de las acciones del COT, entre éstas el reclutamiento

forzoso para las pandillas de Maras, las extorsiones, asesinatos de familiares y secuestros.


43

En algunos casos se registra el ingreso de menores no acompañados, perseguidos por

el COT; Huyendo, cruzan frontera internacional hasta llegar a Panamá, donde solicitan

la condición de refugiado, al igual que las familias salvadoreñas en busca de protección.

En la visita in situ, se han identificado con el apoyo de las organizaciones de la sociedad

civil casos documentados de mujeres migrantes de nacionalidad centroamericana, las

cuales ingresan en busca de trabajo y posteriormente solicitan protección para sus

familias que ingresan después de 2 o 3 meses por persecución del COT.

Según los datos de Ministerio de Gobierno y Justicia de Panamá y la Oficina Nacional

para la Atención de los Refugiados ONPAR, se registran en el país 2.237 refugiados.

A marzo de 2015, se contabiliza un promedio de 100 solicitudes de la condición de

refugiado mensuales. Ante las cuales la tasa de reconocimiento nacional es de 7%.

Es importante destacar el rezago de expedientes pendientes (600), sobre todo al enfrentar

diariamente la llegada a ONPAR, de 80 usuarios en busca de protección, en donde

sobresalen los nacionales de Colombia, Cuba y Centroamérica.

Según se pudo comprobar en la vista al Albergue Masculino del Servicio Nacional

de Migración, este cuenta con una sobrepoblación de hombres migrantes de

nacionalidad colombianos y centroamericanos, así como extra continentales.

Según la capacidad idónea del Albergue, este puede acoger 100 personas detenidas

con espacio suficiente, sin embargo tal como lo indican los oficiales, este ha llegado a

tener 180 detenidos a la vez. Las personas detenidas son mayormente colombianos

(59) y centroamericanos (46), particularmente nicaragüenses y salvadoreños, además

de extra continentales (9).

En los últimos dos años se observó un aumento de centroamericanos, detenidos en

mayoría por trabajar sin permiso de trabajo, también se observó aumento de extra

continentales, que llegan de Colombia en grupos mayores, así como cubanos. Algunas

razones para la detención de las personas migrantes son: no cuentan con documentos

de identificación, se encuentran en investigación para determinar la nacionalidad y donde

entraron, como ingresaron al país, Hay casos de retenidos después de una condena

V. HALLAZGOS


44

penal, a esperas de la deportación, solicitaron una visa o permiso de trabajo mediante

el Crisol de Razas, cuentan con antecedentes penales en su país y se les ha negado el

visado, visa vencida o sin ella.

Según el imaginario regional sobre la intervención del COT, Panamá al igual que Costa

Rica y Nicaragua, se cataloga por ser un país seguro, con tasas de homicidios e índices

de violencia por debajo del promedio mundial – regional.

Sin embargo, actualmente es posible reconocer el fortalecimiento y conformación

de nuevas pandillas vinculadas al COT, que operan al interior del país (zonas urbano

marginales) y en zonas costeras, las cuales están teniendo cada vez mas control territorial,

operando como células del narcotráfico y movilización de cocaína y armas.

Las mismas autoridades indican que el crecimiento de las pandillas en zonas de la

Ciudad de Panamá y en provincias como Colón, Chiriquí, Coclé y Herrera fortalecen la

operación estratégica y organizada de los sistemas criminales transnacionales en sus

rutas hacia el norte de la región, así como la movilización de armas ilegales desde el

norte México y Estados Unidos.

En los últimos dos años, es posible observar como el COT, ha intervenido en las

pandillas locales (dedicadas al narcomenudeo y tumbes de droga), modificando el

modus operandi en barrios como El Chorrillo, Santa Ana o San Joaquín, donde se

detecta el reclutamiento forzoso de niños y adolescentes entre los 13 y 21 años de

edad, que facilitan el trasiego de drogas de los grandes grupos organizados, venta de

drogas, asaltos, custodia de la droga y sicariato.

El crimen organizado, ha expandido sus operaciones más allá de la Cuidad de Panamá

y la provincia de Colón, abarcando otras provincias como Chiriquí, Veraguas, Coclé,

Herrera, y fortaleciéndose en distritos como Chorrera, Arraiján y San Miguelito.

Actualmente se contabilizan 250 pandillas que operan en Panamá, conformadas por

aproximadamente 6000 miembros, muchas de ellas están funcionando como células o centros

de apoyo operativo y asociación de pandillas para la creación de grandes bloques. Entre

estas, es posible mencionar dos bloques pandilleros importantes “Bagdad y Calor- Calor”.


45

Según informantes calificados, en Panamá no se percibe el mismo nivel de riesgo como

en los países del Triángulo norte de Centroamérica, sin embargo argumentan que,

aunque las pandillas juveniles no tienen una estructura macro, son claramente el caldo

de cultivo para la intervención de las estructura transnacionales.

Las organizaciones criminales transnacionales tienen como fortaleza la capacidad de

corromper las estructuras sociales e institucionales, las cuales tienen poder que beneficia

sus fines ilícitos, convirtiéndose en una amenaza a la seguridad nacional y el desarrollo.

Tal como indican informantes calificados y actores claves, es posible evidenciar que el

modo de operar las pandillas en Panamá, es similar a las “Oficinas de cobro”34 colombianas.

“Se trata de una nueva figura que se ha adherido a las redes del crimen transnacional para

mover droga, armas, dinero sucio y hasta para la trata de personas35”. Estos funcionan

como intermediarios con los grupos organizados transnacionales, para la movilización

expedita de las mercancías en los puertos y puntos de entrada y salida, provenientes de

Colombia hacia Estados Unidos y Europa.

Es en este momento, donde las células o pandillas locales distribuidas a lo largo del país

brindan los servicios (cobros, extorsiones, sicariato, prostitución, justica local etc.), que

dan soporte a las grandes operaciones de los Cárteles mexicanos y colombianos de paso

hacia el norte; estas se encuentran directamente vinculadas a los principales centros de

operación, las cárceles.

“Ahora el crimen organizado colombiano ha establecido oficinas de cobro en Panamá,

Honduras, Costa Rica, Argentina, Venezuela, Ecuador, Perú, España y Bolivia”36.

34 Una Oficina de Cobro, es una estructura criminal sofisticada, con diversos com ponentes y una gama más amplia de actividades delic tivas. Tiene su propio brazo armado, capaz de cometer asesinatos y otras acciones armadas. También posee un servicio especializado de lava do de dinero. Las oficinas casi siempre tienen lazos con el narcotráfico y brindan servi cios a organizaciones crimina les transnacionales. Las actividades criminales que realizan pueden ser: extorsión, secuestros, co bro de deudas, adminis tración de justicia local, microtráfico, servicios de sicarios (asesinos contra-tados), prostitución, juego, lavado de dinero; pueden brindar servicios relaciona dos con algunos eslabones de la cadena del narcotrá fico (laboratorios, acceso a cultivos de cocaína, etc.). Pueden penetrar unidades de la policía y el ejército en sus niveles más altos. Algu nas oficinas han incluido a jefes policiales locales entre sus filas. También pueden in fluir en la política local y poner de su lado a miembros del poder judicial, incluidos jueces. El rostro cambiante del crimen organizado colombiano. Jeremy McDermott. Friedrich Ebert Stiftung. Perspectivas, 2014.

35 http://www.panamaamerica.com.pa/tema-del-dia/pandilleros-operan-como-transnacionales-del-crimen

36 http://www.excelsior.com.mx/global/2014/10/25/988786

V. HALLAZGOS


46

A pesar del contexto nacional de presencia de pandillas, no se experimenta desplazamiento

forzado interno de las poblaciones locales en las comunidades. Sin embargo, si existe un

desplazamiento interno vinculado a megaproyectos turísticos e hidroeléctricos como la

minería en los cuales se ha detectado la persecución a líderes sindicales e indígenas, así

como a pescadores y campesinos en las zonas turísticas.

Mediante la vista in situ a la Provincia de Darién en Jaqué zona sur frontera con Colombia,

se detectó la fuerte presencia del COT, claramente estructurada para su funcionamiento

e ingreso al país vía terrestre y marítima.

La espesa región del Darién, además de ser controlada en gran manera por el Servicio

Nacional de Fronteras SENAFONT, dificulta el tráfico de grandes cantidades de drogas

vía terrestre.

Es de esta manera, que el COT, ha encontrado múltiples y alternas formas de movilizar la

mercancía, siendo los principales puntos de partida desde Colombia: el Golfo de Uraba

en la costa Atlántica y Jurado en el Pacifico.

Una vez ingresadas a zona marítima terrestre panameña, las embarcaciones

narcotraficantes desde Jurado se movilizan hacia Chimán, el Archipiélago de Las Perlas o

Ciudad de Panamá. Así mismo hay rutas desde Jurado, hacia Cerro Hoya en la Península

de Asuero y Veraguas.

De otra manera vía el Caribe, las mercancías provenientes del Golfo de Uraba, siguen rutas

que embarcan en San Blas, El Porvenir, Palenque, Portobello y Colón particularmente.

“Las cargas se consolidan en Panamá, a menudo en áreas que no son accesibles por

carretera, antes de ser enviadas hacia el norte. El país sirve de zona para almacenamiento

como para reenvío por tierra, mar y aire”37.

Zonas como Jaqué, Puerto Piña, Peñitas, Raya y Puerto Obaldía, así como las

comunidades Indígenas Emberá en Guayabo y Cocalito, son parte del escenario de

movilización de personas necesitadas de protección, narcotraficantes y mercancías de

37 Delincuencia Organizada Transnacional en Centroamérica y el Caribe: Una Evaluación de las Amenazas, 2012. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).


47

todo tipo que se abren paso hacia el interior de Panamá. Es así, como sus poblaciones

locales, se ven altamente vulneradas a ser parte del contexto de violencia social que

genera no solamente su posición geográfica, sino la violencia del COT.

La fuerte presencia del SENAFRONT, en la comunidad de Jaqué, resalta el control y

seguridad que hay en la zona. Así mismo, indican que su principal arma es el vínculo con

la comunidad para el desarrollo de actividades en las aéreas de religión, salud, migración,

niños, jóvenes y autoridades indígenas. “Nos vemos como equipo interinstitucional a

servicio de la comunidad”. Autoridades SENAFRONT en Jaqué.

Sin embargo, en la visita in situ algunos habitantes de la comunidad expresan desconfianza

ante la policía de frontera, lo que aumenta el temor ante los riesgos del operar del COT y

su cercanía con Colombia.

Jaqué, actualmente mantiene una crisis económica, falta de fuentes de empleo, oportunidades

educativas en secundaria y universitaria, así como altos índices de desnutrición en donde los

niños, niñas, adolescentes y personas adultas mayores son los más vulnerables.

Al ser un punto de entrada de migrantes en lanchas y embarcaciones marítimas desde

Colombia, Jaque es un punto de operación de las redes de tráfico ilícito de migrantes,

particularmente de extra continentales. “Esta área fronteriza, es un área narcoterrorista,

no podemos tapar el sol con la mano, con una alta incidencia delictiva organizada, es

un puente de contacto, un área segura o punto de servicio hacia el destino final de la

droga”. Autoridades SENAFRONT en Jaqué.

Es aquí, donde se empalma el contacto de los cabecillas de las redes, hacia la ciudad de

Panamá, desde donde se contacta al país de origen de los migrantes, solicitando envío

de dinero a las familias a través de empresas como Western Union. Al llegar el dinero

a la oficina de remesas en Panamá, estas son enviadas a Jaqué mediante la oficina

convencional de correos.

En el momento que se recibe el dinero en Jaqué, el migrante puede seguir su ruta guiado

por el traficante, mientras que aquellos que no reciben, son abandonados y deben

continuar solos la ruta. Estos casos se dan especialmente con los extra continentales,

asiáticos, especialmente nepalíes.

V. HALLAZGOS


48

Es importante recalcar que aquellos migrantes extra continentales que ingresan a

Jaqué, tienen paso libre en su ruta hacia ciudad de Panamá, en donde son acogidos

en el albergue de atención. Finalmente estos son raramente registrados por autoridades

migratorias, siendo únicamente contabilizados como números usuarios del albergue.

Es por ello que los migrantes, continúan su ruta hacia Costa Rica, sin tener ningún registro

posterior o solicitar protección como refugiado.

Por el contrario, aquellos migrantes colombianos o de otras nacionalidades, en muchos

casos no les son permitidos desembarcar en Jaque, siendo las mismas autoridades de

SENAFRONT, quienes no los dejan bajar de las lanchas en las que arriban, sin identificar

las causas y condiciones de las personas. Es así como se mantienen en vulnerabilidad y

riesgo de aquellos posibles solicitantes de protección internacional, que son perseguidos

desde sus países de origen, y en donde el representante de migración en algunos casos

toma los datos de los viajeros.

Puerto Piña, es una comunidad costera con gran intervención de los sistemas

criminales para la movilización de drogas, en donde los adolescentes son presa fácil

para la movilización de mercancías y servicios, pagados con drogas que sustentan el

narcomenudeo del puerto.

Así mismo, las estructuras sociales de Puerto Piña, también son impactadas por el auge

turístico que representan proyectos turísticos, en su mayoría de inversión Estadounidense,

que movilizan grandes cantidades de dinero, para el alojamiento y servicios de pesca

deportiva en alta mar y otras actividades turísticas en playas tropicales.

Los servicios son dirigidos a turistas selectos que pueden costear precios que oscilan

entre los $5,500.00 y $15,900.00 para una estadía de 6 noches. Estos provienen

particularmente de Estados Unidos y Europa, para quienes una vez llegados al

aeropuerto internacional en Ciudad de Panamá, son trasladados a la zona Sur vía aérea

y marítima hasta el Hotel.

Según informantes calificados, habitantes de la zona y oriundos, el proyecto turístico tiene

permisos de navegación en alta mar, en donde se han detectado situaciones, movimientos

y contactos para traslado de mercancías provenientes de Colombia.


49

Para comunidades como la de Puerto Piña, el proyecto turístico genera escazas fuentes

de empleo y no tiene mayor impacto al desarrollo de la comunidad.

Cuadro 7. Mecanismos Internacionales de Derechos Humanos ratificados y firmados en Panamá.

Instrumentos RegionalesRatificados, firmados e incorporados por Costa Rica al marco jurídico nacional.

Convención sobre el estatuto de los Refugiados 1951 X


X


X


X


X


X


X

Convención Internacional sobre los Derechos del niño X


X


X


X

Convención Americana sobre Derechos humanos 1969 X


X


X


X

Elaborado por: CIDEHUM.

V. HALLAZGOS

50

El control del territorio, actualmente se ha convertido en un factor vital para el desarrollo de

los intereses de los grupos dedicados al tráfico de drogas y el tráfico humano de personas.

La violencia es el medio de mantener el control y de resolver conflictos entre los grupos

criminales de alto calibre, la institucionalidad y las poblaciones; generando ajustes de

cuentas y ajusticiamiento local.

Actualmente, la región centroamericana enfrenta una evolución del COT, más

sistematizado, organizado y de mayor alcance, en donde las pandillas, las oficinas de

cobro y los carteles de la droga mantienen sus acciones coordinadas y estratégicas en

territorios totalmente vulnerables para la infiltración en las esferas políticas, la corrupción,

la impunidad y el abuso de poder.

Al controlar territorios estratégicos tanto en zonas urbano- marginales y rurales

transfronterizas, dentro de los Estados Centroamericanos, el COT, refuerza sus

acciones generando y emplazando “narcocomunidades” o “narcoterritorios”, en donde

las poblaciones locales se ven inmersas en un contexto sumamente violento, que ya


51

también se expresa en Nicaragua, Costa Rica y Panamá, con el fin último de fortalecer su

estructura operativa y abastecer el mercado de drogas.

Tal como lo indica el Organismo de Investigaciones Judiciales en Costa Rica y la Oficina

de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, “Centroamérica es una plataforma de

una alianza criminal para el tráfico ilícito de seres humanos”38.

A raíz de los hallazgos en las visitas a Nicaragua, Costa Rica y Panamá, complementando

las visitas realizadas en años anteriores al triángulo norte de Centroamérica, es posible

confirmar el incremento de casos vinculados al desplazamiento forzado por el COT y el

número de personas que requieren protección internacional.

Una de las modalidades del COT, son las “Oficinas de cobro”, siendo su estructura y

actividades criminales semejantes a las características del modus operandi del crimen en

los países de Nicaragua, Costa Rica y Panamá.

Tal como lo conceptualiza McDermott39, la estructura de una oficina de cobro, es una

organización criminal sofisticada, que contempla diversos componentes y una amplia

lista de actividades criminales delictivas, entre las que sobresalen: extorsión, secuestros,

cobro de deudas, administración de justicia local, microtráfico, servicios de sicarios,

prostitución, tráfico de migrantes, trata de personas, juego, lavado de dinero. Así como

en los países Centroamericanos, estas oficinas, tienen un equipo de sicarios capaces de

cometer asesinatos y vinculados directamente con el narcotráfico transnacional.

Una de las características más importantes, que se refleja en los países Centroamericanos,

es la capacidad de estas estructuras para infiltrar las diferentes instituciones del estado,

en los distintos poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial en los niveles más altos,

especialmente la policía nacional, la fuerza pública, el ejército, fiscalías y jueces.

38 http://internacional.elpais.com/internacional/2014/08/12/actualidad/1407858109_085021.html

39 El rostro cambiante del crimen organizado colombiano. Jeremy McDermott. Friedrich Ebert Stiftung. Perspectivas, 2014.

VI. ANáLISIS DE IMPACTO EN EL TRIáNGULO NORTE y EL TRIáNGULO SUR, SObRE LA

NECESIDAD DE PROTECCIóN NACIONAL E INTERNACIONAL


52

Tal como se observa en el mapa a continuación, la región centroamericana esta permeada

por el operar del COT, en sus múltiples actividades vinculadas al narcotráfico, trata de

personas y tráfico ilícito de migrantes.

Dichas actividades contemplan puntos de movilidad, ingreso y salida de mercancías, vía

marítima, terrestre y aérea, en donde las drogas como cocaína y marihuana, así como las

armas ilegales (flujo norte- sur), son los principales protagonistas.

De esta manera a través de los puntos distinguidos de movilización, se desprenden las

rutas que siguen los agentes criminales con rumbo al norte de la región Estados Unidos vía

intrarregional y por las costas; y hacia Europa desde La Mosquitia en Honduras- Nicaragua,

desde Puerto Limón en Costa Rica, Belice, México, pasando por las islas del Caribe.

Cada uno de estos puntos concentra grandes áreas de riesgo40 que han sido mapeadas

con el objetivo de identificar el impacto y alcance del modus operandi de las estructuras

criminales transnacionales. Es decir, cada punto de ingreso y salida de mercancías y personas

representa un alto riesgo para las personas, recursos naturales, sociales e institucionalidad de

los estados, convirtiéndose en áreas en donde se identifica el desplazamiento interno de las

personas, violaciones a sus derechos humanos y falta de seguridad nacional.

Así mismo, es importante recalcar que en este escenario regional se movilizan las redes

de tráfico ilícito de migrantes tanto intrarregionales como extra continentales de paso

hacia los países en desarrollo, en busca de mejores formas de vida y de protección ante

las situaciones de violencia y criminalidad. En este contexto tanto las personas que huyen

de la violencia, como desplazados por factores estructurales y medio ambientales, son

vulnerables al operar del COT durante todos los trayectos de la ruta; no solo en los países

de origen, sino en los de tránsito y destino.

En ese sentido, aumenta la vulnerabilidad respecto a las necesidades que enfrentan en los

recorridos, siendo presas fáciles ante las redes de trata de personas para la explotación

sexual comercial y explotación laboral.

40 Las áreas de riesgo son determinadas por los factores de violencia y formas de operar del COT. Estas áreas abarcan un radio de 5 kilómetros, es decir, las acciones que se dan por estos puntos, impactan mínimo a 10 km a la redonda del punto principal.


53

Mapa 1. Modus Operando del Crimen Organizado transnacional en la Región Centroamericana.

En síntesis, las acciones violentas e la inseguridad no solamente son superiores en

Guatemala, Honduras y El Salvador, sino son parte de la estrategia del COT, permitiendo

en la zona de ingreso del sur condiciones aptas, menos violentas y periféricas para la

movilización de mercancía en gran escala, mismas que van disminuyendo en el recorrido

al norte, ya que el COT paga con droga.

Sin embargo, es importante aclarar que el narcomenudeo interno, que se genera como producto

de los pagos a servicios, es una inversión que sujeta el comercio ilegal y facilita el fortalecimiento

de las células internas, pandillas, oficinas de cobro y Carteles de la droga transnacionales.

Finalmente, la criminalidad ha venido realizando una expansión hacia otras zonas y países,

sobre todo en el marco de las oportunidades que genera el debilitamiento de los estados, su

institucionalidad y su gobernanza.

1: Tapachula / 2: Ocos / 3: Sipacate / 4: Puerto San José / 5: Acajutla / 6: La Libertad / 7: La Herradura / 8: Chirilagua / 9: La Union / 10: Golfo Fonseca / 11: Tonala / 12: Chirilandega / 13: San Juan del Sur / 14: Peñas Blancas / 15: Tamarindo / 16: Puntarenas / 17: Quepos / 18 Paso Canoas / 19: Veraguas / 20: Pamaná / 21: Las Perlas / 22: Chimán / 23: Puerto Piña / 24 Guayabo / 25: Peñitas / 26: Raya / 27: Puerto Obaldía / 28: Kuna Yala / 29: Colon / 30: Bocas del Toro / 31: Limón / 32: San Juan / 33: Blue Fields / 34: Bilwi (Puerto Cabezas) / 35: La Mozquitia / 36: Waspan / 37 : Puerto Lempira / 38 Trujillo / 39: La Ceiba / 40: Tela / 41: Puerto Cortes / 42: Puerto Barrios / 43: River Town/ 44: Quintana Roo / 45: Jamaica / 46: Republica Dominicana




54

La región de América Central, ubicada estratégicamente entre Colombia y México, es el nicho

para las actividades delictivas, tanto para la comercialización doméstica como internacional.

El fortalecimiento de la seguridad nacional y regional en tanto infraestructura, capacitación

y equipamiento sigue manteniéndose como el principal eje en el marco de las políticas

contra el COT, dejando de lado la seguridad humana y las necesidades de protección de

las personas víctimas del desplazamiento forzado, que ello provoca.

El derecho internacional reconoce que los desplazados forzados independientemente de

las causas del desplazamiento necesitan protección y asistencia de parte de los Estados

para garantizar sus derechos fundamentales y la libertad personal.

En Nicaragua, Costa Rica y Panamá, la disponibilidad de mecanismos de protección

nacional son esenciales para atender las necesidades de las víctimas del COT en la región.

A pesar de los esfuerzos y avances en materia de la lucha contra el crimen organizado,

estos resultan insuficientes ante la voluntad política y el creciente número de personas

necesitadas de protección efectiva nacional e internacional.

La homologación de las legislaciones nacionales con los instrumentos internacionales de

los cuales son Estados parte, en Nicaragua, Costa Rica y Panamá, aún es un desafío.

En ese sentido llama la atención, el cumplimiento de los Estados ante las obligaciones

con la comunidad internacional, tanto a nivel de Naciones Unidas como del Sistema

Interamericano y de las estructuras subregionales (SICA, OCAM, CRM, entre otras).

En Centroamérica el desplazamiento forzado es parte de la primera categoría41, según

el derecho internacional, en ese sentido engloba aquellos que se ven obligados a salir

de sus comunidades o países por cuestión de violencia generalizada o causada por el

crimen organizado y que no encuentran la protección suficiente por parte de los actores

estatales que son normalmente los garantes de las misma.

Aunque Nicaragua, Costa Rica y Panamá firmaron hace 30 años la Declaración de

Cartagena en 1984, reconociendo la necesidades de protección de los desplazados

forzados así como la obligación nacional, regional e internacional de los Estados de

41 Situaciones de tensiones y disturbios o desastres naturales.


55

ofrecer una efectiva protección a estas personas, solamente Nicaragua incluyó en su

legislación nacional la definición ampliada de refugiados, incluyendo así las realidades de

la región en tema de violencia y actuación del COT.

El articulo 1 inciso C de la Ley de protección a refugiados de Nicaragua se reconoce la

condición de refugiados a persona que “haya huido de su país o del país donde antes tuviera su

residencia habitual, porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia

generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos

humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público”.42

En Costa Rica, el gobierno todavía no ha integrado en la legislación nacional la condición

de desplazado forzado para el reconocimiento del estatuto de refugiado.

Sin embargo, Costa Rica tiene obligaciones internacionales en el ámbito de los derechos

humanos que le obliga a ofrecer la protección internacional adecuada a las personas que

se encuentran dentro de sus fronteras. Además de la Convención Americana de derechos

humanos, Costa Rica incorporo en su legislación nacional sobre migración el principio de

Igualdad y no discriminación por cuestión de nacionalidad u otra condición social o migratoria43.

En Panamá, la situación es similar a Costa Rica, considerando que el Estado, 30 años

después de haber firmado la Declaración de Cartagena, todavía no incorporó en las leyes

nacionales panameñas las conclusiones y recomendaciones de la misma.

A nivel jurídico y social, solamente una respuesta regional e integral a las realidades que

conoce la región podrá ser adecuada y eficaz frente los problemas de violencia.

Sin embargo, el conjunto de derechos fundamentales como la vida, la integridad y

libertad personal, la dignidad y la seguridad44, reconocidos por los Estados, tanto en

la Constitución Nacional como a nivel de la aplicación de los instrumentos de Derecho

Internacional ratificados, obliga a los mismos a proteger los derechos como parte del

orden nacional, incluyendo los derechos de los desplazados forzados.

42 Ley No. 655 de protección a refugiados de Nicaragua, aprobada el 03 de Junio del 2008 publicada en La Gaceta N° 130 del 09 de Julio del 2008, Nicaragua, artículo 1 inciso C.

43 Ley 8764 Migración y Extranjería, Costa Rica,

44 Convención Americana sobre derechos humanos: artículos 4,5 y 7. Carta de Naciones Unidas: artículos 55-56.



56

Los países del triángulo sur de Centroamérica tienen el riesgo de quedarse en un lamento

silenciado de la violencia que enfrenta la región, lo cual no solamente incrementará los

efectos violentos del COT, sino aumentará la vulnerabilidad de las personas locales,

migrantes y solicitantes de protección, ante otras violencias como la institucional,

ciudadana política y de género.

De cara al crimen organizado, son dos los principales retos que se pueden focalizar, el

primero en referencia a la construcción de métodos efectivos para evitar la infiltración del

COT en las instituciones de estado, particularmente los cuerpos de seguridad nacional

de los países; mientras que el segundo reto tiene que ver con acciones regionales

transnacionales, que superen las redes emplazadas y las células estratégicas de los

sistemas criminales.

Más allá de un enfoque de seguridad, es urgente reaccionar a favor de la seguridad

humanitaria para las personas que tanto en sus lugares de origen como aquellos en

tránsito, ven vulnerados sus derechos.

Los Estados de la región en el ámbito legislativo internacional han ratificado y firmado los

principales instrumentos en materia de derechos humanos, migración y refugio. Estos tal


57

como se indica en cada país, en general en la medida que otorguen mayores derechos o

garantías, priman o se igualan a las constituciones nacionales.

Al no homologar las legislaciones nacionales a los tratados de protección internacional en

Derechos Humanos, tanto del Sistema de Naciones Unidas como del Interamericano, se

ha generado un debilitamiento de la protección internacional, regional y nacional para las

víctimas como los desplazados forzados por la violencia.

Mediante este estudio en el triángulo sur, se pudo observar que los países están luchando

contra el COT, sin embargo aún hay mucho terreno por recorrer.

El imaginario colectivo que se transmite es que estos son países excepcionalmente

pacíficos, incorruptos. Esto provoca la invisibilización de los problemas reales de

criminalidad organizada en Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Los medios de comunicación

incrementan la visibilización de los países del triángulo norte, desestimando las situaciones

que se viven en el sur de la región, siendo esto posiblemente parte de las acciones

estratégicas del COT,

Estos tres países, siguen siendo países receptores y de tránsito de personas con

necesidades de protección, incluso extra continentales, por lo tanto las soluciones para

programas de migración y desarrollo, deben tener en cuenta esta realidad, 0 de otra

manera se generará migración circular.

En ese sentido, cabe resaltar la apuesta sesgada de la cooperación internacional,

centralizada en el triángulo norte centroamericano y México. ¿A qué racionalidad responde

esto? Habrá que tener mucho cuidado en no cometer los mismos errores del pasado.

No es posible mantener a los países de la región simplemente como “el corredor migratorio

centroamericano”, sino, debemos situarnos en una realidad que tiene vínculos estratégicos

entre Colombia, México y los Estados Unidos de América, ligados a la violencia del COT

y el irrespeto de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes no acompañados,

trabajadores migrantes, aprovechamiento de los recursos naturales, explotación de las

tierras, megaproyectos de monocultivos, la informalización laboral y subcontrataciones;

siendo esto, el escenario para la movilización de los ilícitos en la región.

VII. CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES


58

Así mismo, se mantienen los desafíos en materia del fortalecimiento de programas e

iniciativas de apoyo a la Estrategia de Seguridad en cuanto a tecnología, armamento,

profesionalización y fortalecimiento de la Policía y los Ejércitos.

De igual manera y con mayor prioridad es importante el fortalecimiento sostenible de las

capacidades técnico- formativas en el manejo de los conceptos de la realidad actual,

incluyendo derechos humanos, equidad de género, desarrollo sostenible, protección de los

ecosistemas, desastres naturales, migraciones laborales y mecanismos internacionales,

tanto en funcionarios públicos, la sociedad civil organizada y los medios de comunicación.

En el marco de una región convulsionada por la violencia y las políticas restrictivas anti-

inmigrantes en los países del norte, los Estados de Centroamérica deben prepararse al

incremento de flujos migratorios hacia el sur de la región, sobre todo cuando se habla de

las deportaciones de personas migrantes, niños, niñas y adolescentes que no encuentran

en sus países de origen opciones para la reintegración sana, sostenible y equitativa.

Ante esto se recomienda:

1. Favorecer la aplicación de los instrumentos jurídicos regionales e internacionales

de derechos humanos para la protección adecuada y eficaz de los desplazados

forzados cruzando fronteras en América Central.

2. Es necesario reformar los marcos jurídicos migratorios nacionales, de tal

manera que se homologuen a Convenios y Tratados Internacionales ratificados

por los países.

3. Fortalecer los cuerpos de “Ombuds Person”, defensorías de los habitantes

y defensorías del pueblo en los países, para la atención y acompañamiento

de las personas víctimas del desplazamiento forzado generado por el CO que

presentan denuncias.

4. Debe haber un reforzamiento conceptual y operativo en las diferentes fuerzas

del orden, particularmente para zonas urbano marginales y rural transfronterizas

identificadas como zonas de riesgo ante el operar del COT.

5. Elaborar y ejecutar programas de formación sostenibles y duraderos dirigidos

a los operadores de justicia y funcionarios públicos, particularmente en la

conceptualización y detección de los delitos de trata de personas y tráfico ilícito de

migrantes, así como de la ruta critica para la judialización de los casos. Así mismo,


59

de manera fundamental capacitarles en derechos humanos, equidad de género,

desarrollo sostenible, desastres naturales, migraciones laborales y mecanismos

internacionales de protección de derechos humanos.

6. Es fundamental armonizar el marco conceptual de la gestión y política migratoria

de manera integral vinculando los derechos humanos, la , formalización del

trabajo, los flujos migratorios, refugiados y solicitantes de la condición de

refugiado nivel regional.

7. Generar bases de datos nacionales y regionales, de acuerdo a la magnitud de los

problemas, que permitan visibilizar la situación de estos países y sus poblaciones,

siendo respaldo para la generación de políticas y acciones que prevengan y

atiendan la situación de las personas de manera integral y con un debido enfoque

de derecho humanos, que conlleven al desarrollo integral.

8. Es urgente generar políticas públicas que permitan combatir la corrupción de

funcionarios y autoridades ante la grave situación de impunidad y corrupción en

los países en estudio.

9. Los espacios binacionales y regionales como el SICA, CRM y OCAM deben ser

fortalecidos en corresponsabilidad de los Estados, a favor del desarrollo integral

de las comunidades de origen y sus poblaciones, avanzando en el enfoque más

allá de las remesas de la diáspora.

10. Ante la persecución del COT, es urgente que los programas de retorno y

reintegración tengan presente si se trata de personas que huyeron de sus países

de origen por la violencia, evitando la re victimización de las personas migrantes

y sus familias.

11. Es fundamental que los países generen programas integrales y de respuesta

efectiva, ante la deportación numerosa de unidades familiares, niños, niñas

y adolescentes, deportados a sus lugares de origen o nacionalidad que en

algunos casos no son los lugares de “procedencia”. Es importante que se

diseñen programas que permitan responder a una reintegración efectiva, social,

económica y psicológicamente digna.

VII. CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES

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bIbLIOGRAfÍA


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