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¿Estado débil, Estado ausente o reconfiguración del campo estatal local?: aproximaciones al

fenómeno “Bacrim” en Cáceres, Caucasia y Tarazá, Bajo Cauca antioqueño, entre los años 2006-

2013

Ricardo León Cruz Baena

Trabajo de investigación presentado como requisito para optar al título de Magíster en Ciencia Política

Asesor: Julián Andrés Muñoz Tejada

Magister en ciencia política de la U.de.A

Grupo de investigación: Hegemonía, guerras y conflictos

Línea: seguridad, conflictos, violencias y políticas Universidad de Antioquia

Maestría en Ciencia Política Instituto de Estudios Políticos (IEP)

Medellín, Colombia 2016

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Tabla de contenido

Introducción 4

Capítulo I: El Bajo Cauca: configuración de la región y sus actores sociales 9

1.1. El Estado: nociones para su comprensión 11

1.1.1. Los estudios sobre el Estado en Colombia 15

1.2. Configuración del campo estatal: conflictividades y singularidades 20

1.2.1. La paradoja fundacional del Bajo Cauca antioqueño como región 20

1.2.2. Las disputas políticas que permitieron el surgimiento del campo estatal local 21

1.2.3. El aparato económico informal-ilegal 27

1.2.3.1. Bloque Mineros 32

1.2.3.2. Frente Nordeste, Bajo Cauca y Magdalena Medio del BCB 35

Capítulo II: La fragmentación violenta de un dominio hegemónico criminal 40

2.1. Aproximaciones al fenómeno paramilitar 40

2.2. La percepción de estabilidad 46

2.3. Fenómeno “Bacrim”: ¿Expresión criminal o continuidad paramilitar? 50

2.4. La reingeniería criminal 55

2.5. Reconfiguración de las luchas regionales 58

Capítulo III: Fortalecimiento del campo estatal 63

3.1. Las Autodefensas Unidas de Colombia (Agc) 68

Conclusiones 72

Bibliografía 77

Cibergrafía 82

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Agradecimientos

La presente investigación nació en los pasillos del bloque 12 de la Universidad de Antioquia. Fue producto de largas conversaciones sostenidas con colegas, amigos y algunos alumnos del pregrado de Periodismo de este claustro. A lo largo de este proceso investigativo recibí importantes contribuciones que hicieron posible que esta propuesta llegara a buen puerto. Ever siempre estuvo dispuesto a conectarme con cada rincón de su región; como siempre, Juan Diego me brindó información y asesoría que resultó fundamental; Carlos siempre estuvo dispuesto a compartir sus apreciaciones teóricas sobre el Bajo Cauca antioqueño. Alba Lucía estuvo pendiente de todo mi proceso y al final, me regaló un libro que resultó de importancia capital para este trabajo. Julián cumplió a cabalidad con su rol de asesor: orientó, corrigió, exigió y llamó la atención siempre que fue necesario. Para todos ellos, mil gracias.

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Introducción

La presente indagación tiene como génesis el cubrimiento periodístico que por años he realizado de

una región cautivadora, contradictoria y compleja como lo es el Bajo Cauca antioqueño. Mi primera

visita a la región la realicé en 2005. En ese momento fui testigo del grado de dominio y control

alcanzado por el Bloque Mineros y el Frente Nordeste, Bajo Cauca y Magdalena Medio de las

Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) en municipios como Cáceres, Caucasia y Tarazá. Estas

poblaciones encerraban una particularidad: el paramilitarismo había alcanzado tal grado de poder

que eran ellos quienes ejercían como autoridad policial a la vez que impartían justicia; decretaban

normas de comportamiento, cobraban tributos, regulaban la economía local y hasta habían

construido parques, escuelas y hospitales que pusieron a disposición de la comunidad1. En el

imaginario de los habitantes de dichas localidades, quién realmente tenía la capacidad de regular la

vida social eran ‘Don Cuco’ y ‘Macaco’, máximos comandantes paramilitares; y no a las instituciones

estatales. En ese momento comencé a preguntarme si era posible que alguien, de manera individual

o colectiva, pudiera desplazar, usurpar, cooptar o reemplazar al Estado en sus funciones o si, en

efecto, fenómenos como el que presencié se explicaban por la llamada ausencia del Estado en las

regiones más aisladas de Colombia.

Mis visitas al Bajo Cauca antioqueño se volvieron asiduas, la mayoría de las veces motivadas por los

serios problemas de orden público que comenzaron a aquejar la región: las fumigaciones a los

extensos sembradíos de hoja de coca y las duras protestas de los cocaleros; la oleada violenta

desatada por las denominadas bandas criminales “Bacrim”, grupos armados integrados por un

número importante -aún no corroborado por autoridades oficiales- de excombatientes de las Auc

que decidieron continuar en armas con el fin de mantener el control sobre actividades económicas

ilegales y que generó una guerra a muerte entre estas estructuras; la delicada crisis humanitaria de

las comunidades urbanas y rurales de la región producto de lo que podría denominarse la

fragmentación violenta del dominio hegemónico criminal construido a sangre y fuego por los jefes

paramilitares Ramiro Vanoy Murillo, alias ‘Cuco Vanoy’; y Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’; el

auge de la minería informal y, aparejada a esta, la emergencia de complejos fenómenos como la

minería criminal; la usurpación de tierras por parte de actores armados, entre otros. En cada visita,

además de obtener información empírica de cada una de estas situaciones, también conocía un

funcionario vinculado, de manera directa o indirecta, con el Plan Nacional de Consolidación y

Reconstrucción Territorial, quien me exponía los ingentes esfuerzos que el Estado venía realizando

en el Bajo Cauca antioqueño.

Según la definición consignada en su visión estratégica, el Plan Nacional de Consolidación y

Reconstrucción Territorial tiene como objetivo “garantizar la gobernabilidad, legitimidad, presencia

y confianza de los ciudadanos en el Estado a través de acciones sociales y económicas en regiones

del país afectadas por la presencia de grupos armados ilegales, cultivos ilícitos y débil presencia

1 Ejemplo de lo anterior son las obras que el exjefe paramilitar Ramiro Vanoy Murillo, alias ‘Cuco Vanoy’, construyó en el municipio de Tarazá: Ver más en: http://www.verdadabierta.com/jefes-de-la-auc/4218-el-para-estado-de-alias-cuco-vanoy. Consultado el 5/12/2015.

5

institucional”. Es decir, en términos prácticos, las acciones del Plan Nacional de Consolidación en el

Bajo Cauca antioqueño apuntan concretamente a fortalecer en estas localidades el aparato de

justicia, mejorar la infraestructura de la Fuerza Pública, adelantar proyectos de sustitución de

cultivos ilícitos, vincular el aparato económico local al circuito económico nacional, mejorar la

confianza de los ciudadanos en sus instituciones. En resumen, el Plan de Consolidación apunta a

recuperar un atributo fundamental del Estado: su soberanía, entendida esta como “el desarrollo de

monopolios financieros, la concentración de los recursos de coerción, la unificación de la fuerza y la

disposición de la ley como marco de acción en un espacio determinado y bajo una autoridad única

y excluyente” (Alonso & Vélez, 1998:43).

Mientras más me adentraba en las problemáticas que aquejaban a la región, mientras más conocía

en detalle el Plan Nacional de Consolidación y Reconstrucción Territorial, más se incrementaba mi

necesidad de comprender las dinámicas que se escondían tras los hechos empíricos que

recolectaba. Hasta ese entonces, un número amplio de lecturas que había realizado, recomendadas

por amigos profesionales de las ciencias sociales, sugerían que los actores ilegales se fortalecen

precisamente allí donde el Estado es débil, en especial en sus márgenes, haciéndolo vulnerable a

ser tomado por redes clientelares y gamonales que, en asocio con grupos con poderío económico

producto de rentas del narcotráfico, lo cooptan y reconfiguran para beneficios privados (Duncan,

2006; Romero, 2011). Sin embargo, con relación al Bajo Cauca antioqueño, me inquietaba el hecho

de que, pese a las acciones adelantadas en los últimos diez años por el gobierno nacional tendientes

a fortalecer el aparato estatal2 y, además, reconfigurar, recomponer y revertir las relaciones de

poder que habían construido los grupos paramilitares, la región experimentaba una pervivencia y

una rápida reproducción de un fenómeno de naturaleza criminal protagonizado por los grupos

armados postdesmovilización, denominados por el gobierno nacional como bandas criminales,

“Bacrim”.

Estas inquietudes solo podrían ser abordadas mediante una investigación de corte cualitativo, de

análisis empírico, en tanto se trataba de un fenómeno eminentemente social. La maestría en Ciencia

Política del Instituto de Estudios Políticos (IEP) de la Universidad de Antioquia surgió como la mejor

posibilidad para desarrollar mi proyecto de investigación. El acumulado teórico del IEP en aquellos

temas de la realidad social que siempre me han inquietado como las violencias, tanto urbanas como

rurales; el conflicto armado interno y sus orígenes, consecuencias y dinámicas; el narcotráfico y los

retos que plantea a las instituciones del Estado; la democracia, sus fortalezas y amenazas, entre

otros, me sirvieron de importante piso teórico para desarrollar un proyecto que venía madurando

con el paso de los años por cuenta de mi ejercicio profesional y que, ahora, busca inscribirse en el

2 El informe de gestión presentado por la Unidad Administrativa Especial para la Consolidación Territorial al Congreso de la República, el 17 de junio de 2014, destaca que desde la implementación de la política de Consolidación Territorial, en 2006, se han alcanzado importantes logros en Antioquia como: reducción en el área sembrada con cultivos ilícitos (5.300 ha en 2010 a 2.699 en 2012); más de 50 proyectos agrícolas acompañados con inversiones cercanas a los 600 millones de pesos; formalización de más de 1.500 predios rurales en la región, entre otros.

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campo de la ciencia política en tanto busca problematizar uno de los objetos más estudiados por

esta disciplina: el Estado.

En efecto, pretendo indagar por qué, justo cuando el gobierno nacional puso en marcha una

ambiciosa política pública tendiente a ampliar su oferta institucional y fortalecer los atributos

estatales (la monopolización de la violencia, la centralización y concentración de los capitales

jurídicos, económicos, sociales y simbólicos3), que además coincidió con la desmovilización de los

bloques paramilitares que ejercieron poder y dominio en el Bajo Cauca antioqueño (año 2006), se

fortaleció el fenómeno de violencia protagonizado por estos grupos armados postdesmovilización

al punto de convertirse en la principal amenaza a la seguridad ciudadana4. Así, el objetivo

fundamental de esta investigación es explicar el surgimiento y la continuidad del fenómeno de las

bandas criminales que vivió la región del Bajo Cauca antioqueño entre los años 2006-2013, donde

además se evidenciaron simultáneamente signos de fortalecimiento del aparato estatal o, dicho de

otra manera, donde han sido constantes las acciones para recuperar o fortalecer atributos

esenciales del Estado como la credibilidad, legitimidad, gobernabilidad y convertirse en el único

capaz de monopolizar el uso de las armas y la violencia legítima; imponer la ley y administrar justicia.

Mi punto de partida son estas dos premisas hipotéticas: a) como lo señaló Foucault en su momento,

“el Estado no tiene ni la unidad, ni la individualidad, ni la funcionalidad religiosa que suele

atribuírsele; y hablando francamente, esta importancia” (1984: 149); y b) no es posible plantear

una separación entre Estado y sociedad y, por tanto, es necesario comprender, desde otras

dimensiones analíticas, el proceso de configuración de este objeto desde lo regional y, desde allí,

explicar las lógicas violentas y criminales que coexisten en una región determinada. Por ello, la

propuesta teórica del “Estado en la sociedad” de Migdal constituye el referente teórico principal de

este trabajo. Según este autor, “en toda sociedad hay diferentes grupos que compiten entre sí para

imponer orden (…) es decir que el Estado no es nunca el único actor capaz de generar normas. Al

contrario, es siempre uno entre varios, muchos actores, más o menos institucionalizados, más o

menos formales, de radio más o menos amplio: iglesias, familias, clientelas, redes, corporaciones,

comunidades…y el Estado no es obvia, natural e inmediatamente superior a todos los demás actores

en esa serie, aunque aspire a serlo” (2011: 11). De acuerdo con Migdal, “el Estado es un campo de

poder acotado por la amenaza del uso de la fuerza, configurado a la vez por una imagen y un

conjunto de prácticas que no siempre van en el mismo sentido. Concretamente, configurado por la

imagen de una entidad coherente, autónoma, racional, ajena al conflicto social, y de otra parte por

3 El término capital proviene de Pierre Bourdieu. Alonso condensa en buena medida la definición que formula el sociólogo

francés sobre el Estado: “un campo estratégico de relaciones de poder cuya función es garantizar el orden en medio de la contingencia, mediante la concentración de diversos tipos de capital que dan forma al poder político del Estado” (2014: 142). Bourdieu planteaba que dichos capitales pueden ser jurídicos, económicos, políticos, pero también culturales y simbólicos. 4 En su parte motiva, el Decreto 2374 de 1 de julio de 2010, mediante el cual se crea la Comisión Interinstitucional contra las Bandas y Redes Criminales, consigna: “que no obstante nuestro marco jurídico incluye elementos para la aplicación de las medidas de aseguramiento privativas de la libertad y de las condenas intramurales, en la práctica se han observado dificultades que impiden la aplicación de estos institutos, con graves efectos en la seguridad y la convivencia ciudadanas, lo cual amerita la definición de acciones en procura de su resolución”; añadiendo además la dificultad de las autoridades para enfrentar el fenómeno de las bandas criminales, catalogándolo como una seria amenaza para la seguridad ciudadana.

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el comportamiento en la práctica de una larga serie de funcionarios, policías, representantes y

autoridades, que solo hasta cierto punto obedecen a la lógica puramente impersonal, mecánica que

supone la teoría” (íbid.: 13).

Dicha propuesta teórica presupone abandonar la idea del Estado como un monolito férreamente

cohesionado, dotado de un poder supremo que le permite imponerse ante los demás actores

sociales e imponerles el conjunto de reglas que determinan cómo debe vivir la gente en sociedad.

Por el contrario, el planteamiento de Migdal de concebir al Estado como un campo de poder y de

fuerzas en el que se “enjaulan” diversos agentes, bien sea los llamados hombres fuertes; bien sea

los clanes o las tribus, bien sea las entidades estatales; no solo permite comprender la competencia

que libran cada uno de ellos por el control de los recursos disponibles para transformar e imponerse

al interior de dicho campo, lo que posibilita además la transformación más o menos continua del

mismo; sino que además visibiliza “la rica interacción, negociación y resistencia que ocurre en toda

sociedad humana entre múltiples sistema de reglas” (Migdal, 2011: 34).

En este trabajo, la propuesta de Migdal dialogará con los planteamientos sobre gubernamentalidad

hechos por Michel Foucault, quien señalara en sus famosas lecciones del College de France en 1978

que, más importante que el análisis del Estado como aparato era comprender cuáles eran ese

conjunto de tácticas, cálculos, procedimientos, reflexiones que permiten ejercer una forma

específica de poder (poder estatal) sobre las poblaciones, pues consideraba que el gobierno no se

ejerce sobre un territorio sino sobre la relación que se establece entre los hombres y el territorio y

que por ello, la soberanía radicaba en el gobierno de las poblaciones. Con el abordaje del fenómeno

criminal de las denominadas “Bacrim”, también espero poner en consideración crítica los

planteamientos de la “nueva perspectiva económica del crimen”, cuerpo teórico que se instauró en

la década de los noventa en Colombia como el “nuevo paradigma interpretativo” de los fenómenos

criminales.

La presente es una investigación de análisis empírico que se construyó mediante el método

abductivo de las ciencias sociales, el cual pretende establecer un punto intermedio entre la

investigación deductiva, donde se parte de una verdad considerada preestablecida y se procede a

construir un discurso para probar o falsear dicha proposición recurriendo a datos empíricos; y la

investigación inductiva, cuyo punto de partida son las evidencias recuperadas para ir construyendo

categorías analíticas sobre las cuales se soportan los resultados investigativos. Este método emergió

como el más adecuado para categorizar y vincular un cúmulo de información empírica, en apariencia

descontextualizada e inconexa, pero que en conjunto, arrojó importantes insumos para la

contrastación teórica. En el método inductivo el centro del ejercicio investigativo son los problemas

de investigación, por encima de las técnicas o los referentes teóricos. Así, lo que permitió este

método fue poder organizar información empírica recogida en sondeos y entrevistas focalizadas,

informes descriptivos realizados por organizaciones no gubernamentales y entidades estatales,

observaciones personales y sentencias judiciales en categorías analíticas que permitieran “capturar”

un fenómeno social. En ese orden de ideas, se construyeron las categorías de “rentas”; “campo

estatal”; “configuración histórica regional”; “conflicto armado”; “fenómeno criminal”; “orden” y

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“poder político”. Después de organizar la información, se sistematizó y codificó para hallar allí

patrones que dieran pie a la formulación de premisas hipotéticas, que luego fueron contrastadas a

la luz de los referentes teóricos y datos cuantitativos para luego formular afirmaciones teóricas.

El resultado de dicho proceso es el presente ensayo, el cual está dividido en cuatro capítulos: a) El

Bajo Cauca antioqueño: configuración de la región y sus actores sociales; b) La fragmentación

violenta de un dominio hegemónico criminal; c) Fortalecimiento del campo estatal; y d)

Conclusiones. Entre estas, cabe destacar a) el aparato estatal no llegó como un agente externo a

“implantarse” en las localidades de Caucasia, Cáceres y Tarazá, ni tampoco brotó espontáneamente

ni mucho menos, obtuvo la capacidad de monopolizar el uso de la violencia para tramitar los

conflictos, concentrar los recursos económico-tributarios y convertirse en fuente de legitimidad y

regulación de las actividades sociales, políticas y económicas; b) se configuró un campo estatal

sumamente volátil y con baja capacidad de gobernanza para finales del siglo XX; que luego, por

cuenta de la hegemonía criminal de los grupos paramilitares mantuvo un estado de “soberanía en

vilo” y que ahora muestra una naturaleza reaccionaria y represiva, dispuesto a someter mediante el

uso legítimo de la violencia cualquier expresión de ilegalidad; y c) la violencia desplegada por los

grupos armados postdesmovilización en el periodo analizado (2006-2013) no puede ser entendida

ni explicada como una “debilidad del Estado”. Por el contrario, las disputas y confrontaciones entre

los actores “enjaulados” en el campo estatal no presuponen un mal funcionamiento del Estado, su

captura, disolución o debilidad, sino que evidencian las modalidades y formas de su funcionamiento

en contextos históricos determinados.

Por último, esta indagación pretende realizar un aporte a las discusiones que el IEP, a través de su

grupo “Hegemonía, guerras y conflictos”, cuyo acumulado teórico sobre el Estado y la guerra en

Colombia es quizás uno de los más relevantes del país, viene realizando sobre el concepto campo

estatal y su relación con fenómenos violentos, en este caso el fenómeno “Bacrim”. Además, vale la

pena señalar que el presente trabajo se inscribe en el terreno amplio de los estudios políticos o,

como lo nombrara Restrepo et al, en el campo de la “ciencia política integradora”, que propone la

integración de múltiples dimensiones (filosófica, histórica, ideológica, hermenéutica) para el

abordaje de los problemas políticos. Esta propuesta reconoce que los problemas a investigar

constituyen el centro del oficio investigativo y que son ellos quienes determinan las teorías y las

metodologías más adecuadas para su abordaje. Según Restrepo et al, “esta visión es retadora

porque supone que para construir conocimientos y pensamientos rigurosos y pertinentes de la

política; para construir mejores interpretaciones de los problemas y avizorar sendas

transformadoras y emancipadoras es imprescindible involucrar, al mismo tiempo, las teorías

políticas clásicas y contemporáneas, los datos empíricos cualitativos y cuantitativos, el material

historiográfico, la interpretación de los relatos y los discursos, el diseño y el funcionamiento de las

instituciones” (2013:33).

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1. El Bajo Cauca antioqueño: configuración de la región y sus actores sociales

Fuente: Gobernación de Antioquia

La configuración de la región que hoy se conoce como Bajo Cauca antioqueño5 ha estado

determinada por una intensa lucha por los recursos económicos, sociales, culturales y políticos entre

diversos actores sociales. Así lo describió García dos décadas atrás, añadiendo además que fue

precisamente esta lucha la que posibilitó no solo la creación de “identidades culturales, relaciones

sociales, intercambios y relaciones de dominación que hacen que a ese colectivo se le perciba como

diferentes de otros de similar estructuración” (1993:26); sino que además delineó los contornos de

la región, diferenciándola de otras configuraciones territoriales de igual magnitud.

Para esta autora, la palabra “lucha” es la esencia que define el carácter constitutivo de toda región.

Para el caso del Bajo Cauca antioqueño, estas luchas no solo han sido constantes sino que además,

con el paso de los años, han experimentado un proceso de reconfiguración al igual que los actores

5 La región del Bajo Cauca antioqueño se encuentra ubicada en el nordeste de Antioquia, siendo esta una de las nueve

subregiones en que se divide este departamento. La integran los municipios de Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechí, Tarazá y Zaragoza. Con 8.485 kilómetros cuadrados, su extensión territorial corresponde al 13 por ciento del total del departamento. Información extraída de: Gobernación de Antioquia (2009). Perfil Subregional del Bajo Cauca.

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sociales que participan activamente por el control de los recursos o capitales6 económicos, sociales,

culturales y/o políticos. Esta particularidad, la de esa constante lucha por los capitales ya

mencionados, ha llevado a varios académicos a catalogar el Bajo Cauca antioqueño como un

territorio donde históricamente han imperado las ilegalidades y las violencias, en franca

competencia con lo que podría denominarse el ejercicio de la soberanía estatal, entendida esta

como “el desarrollo de monopolios financieros, la concentración de los recursos de coerción, la

unificación de la fuerza y la disposición de la ley como marco de acción en un espacio determinado

y bajo una autoridad única y excluyente” (Alonso & Vélez, 1998:43).

Al referirse al fenómeno paramilitar en Tarazá durante los años 1997-2010, Sierra consignó que:

“hay algunas regiones que se constituyen como “espacios de la violencia”; es decir, donde por la

acción de actores armados (Estado, guerrilla, paramilitares, crimen organizado) la violencia se

convierte en un elemento recurrente para la solución de conflictos, la consolidación del poder y la

regulación de la vida social. Estos espacios se caracterizan por tener altos índices de homicidios

relacionados principalmente por la confrontación armada entre diversos actores, desplazamiento

forzado de población, procesos de captura y reconfiguración cooptada del Estado (Garay, 2010: 218-

220), y la regulación de la economía legal e ilegal por parte de un actor armado irregular”. (2011: 24)

Al analizar el fenómeno de los grupos armados postdesmovilización denominados “bandas

criminales”, Prieto planteó que estos grupos tienden a reproducirse con facilidad en contextos de

ilegalidad, siendo el Bajo Cauca uno de ellos, cuyas condiciones obedecen a:

“1) ausencia estatal; 2) herencia o experiencia con mercados y redes ilegales acorde a factores

geoestratégicos -fronteras, por ejemplo; 3) dificultades de las comunidades y del departamento para

hacer parte funcional del circuito económico nacional que redujeron las posibilidades de diversificar

y ampliar la actividad económica y por lo tanto, limitaron la baraja de oportunidades económicas

legales para la población; y 4) afabilidad cultural, entendida como la aceptación, apropiación y

perpetuación de valores dispares al orden constitucional, (lo que) resulta relevante a la hora de

entender la existencia de un grupo social altamente tolerante con ciertas prácticas ilegales

(contrabando) y con su perpetuación” (2013: 12).

En su análisis sobre la dinámica que registra en el Bajo Cauca antioqueño el grupo armado

postdesmovilización conocido como “Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), también

conocido como “Clan Úsuga” o “Urabeños”, Restrepo enfatizó:

“[El Bajo Cauca] ha sido un espacio de ilegalidades. Su característica minera, que hace que su

población sea flotante; su desarticulación del centro del departamento, que lo debilita

institucionalmente; y su ubicación geoestratégica, que lo conecta con regiones donde predominan

los cultivos de hoja de coca para uso ilícito y corredores de movilidad hacia puertos marítimos, hacen

6 En este trabajo emplearemos el término “capitales”, en clara alusión a Bourdieu, quien consideraba que la génesis del Estado era un proceso durante el cual se operaba toda una gama de concentraciones de diferentes formas de recursos, entre ellos los simbólicos como: la concentración de recursos información (estadísticas, informes); capital lingüístico (lengua oficial que adquiere carácter dominante en detrimento de otras lenguas); capital cultural legítimo, capital económico, capital político.

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atractivo su dominio y por ello las Agc decidieron dominar esta región, clave para sus rentas” (2015:

4).

Lo anterior suscita varias preguntas: ¿qué tan débil ha sido el Estado en el Bajo Cauca antioqueño?

¿Cómo puede comprenderse dicha debilidad, catalogada también a veces como “ausencia estatal”?

¿Es posible plantear que la denominada “debilidad estatal” es el elemento causal para explicar por

qué existen territorios donde la ilegalidad es norma y la violencia la vía expedita utilizada por todos

los actores sociales para resolver los conflictos y configurar órdenes alternos, tal cómo se señala al

Bajo Cauca antioqueño? Para responder dichos interrogantes, es preciso abordar en primer lugar

las nociones clásicas sobre el Estado y su constitución para luego plantear el porqué de la concepción

de Estado que aquí se asumirá. Tal como lo propone el método abductivo, se partirá planteando

una pregunta hipotética que guié el desarrollo de este primer momento: ¿existen otras dimensiones

analíticas que permitan entender el proceso de construcción del Estado desde lo regional y, desde

allí, explicar las lógicas violentas y criminales que coexisten en un territorio determinado?

1.1. El Estado: nociones para su comprensión

Según Torres Bustamante, una de las dificultades que entraña el concepto de Estado,

principalmente cuando se tiende a analizar el caso colombiano, es que este suele retratársele como

una entidad abstracta con la capacidad de erigirse per se cómo autoridad suprema, como “una

institución claramente limitada y distinta de la sociedad. Se trata de una mirada propia de los

estudios del Estado relegados a la teoría política, a la economía y a la sociología, disciplinas que

tienden a retratarlo [al Estado] como un aparato o un actor unitario, coherente y autónomo que

posee o debe poseer una autoridad suprema para regular territorios y poblaciones” (2007: 204).

Regularmente, dichas interpretaciones toman como punto de partida los modelos explicativos del

surgimiento del Estado moderno europeo.

Así, tal como lo señala Gabriel, si bien hablar de Estado es referirse a una forma específica de

organización de poder político, cuyo componente principal es la existencia de un complejo

institucional organizado sobre un territorio determinado en el que es capaz de ejercer con eficacia

razonable los monopolios de la violencia (legítima) y la legislación sobre las personas bajo su

jurisdicción, también es cierto que este no es un invento ni de la modernidad ni estrictamente

europeo (Gabriel, 1997). Lo que sí constituye invención del Viejo Continente es el tipo concreto de

Estado que se impuso en algunos reinos europeos occidentales durante los siglos XVI y XVII, que se

impuso en todo el orbe y que surgieron:

“en un proceso lento de superación de pluralismo de poderes en el interior de los reinos que

caracterizaron a la Europa feudal. El rey aglutinó apoyos de distintos sectores de la sociedad

estamental para financiar una máquina militar que le permitiera actuar en un contexto de guerra casi

continua entre los distintos reinos. Esos apoyos los recibió en gran medida mediante la integración y

articulación de los estamentos en el aparato y en los intereses del Estado. Como resultado, consiguió

asociar a una empresa común de carácter estatal y por procedimientos no despóticos, buena parte

de la energía y de los recursos de su reino. Al ponerlos bajo un único mando, el Estado moderno

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adquirió un fabuloso poder y terminó imponiéndose a cualquier otra forma de organización política”

(íbid.: 51).

El surgimiento de esta forma concreta de organización del poder político no hubiera sido posible si,

paralelamente, no hubieran surgido dos elementos fundamentales sobre los que terminó

cimentándose el Estado moderno: por un lado, la emergencia de un cuerpo administrativo

especializado –o burocracia- y, por otro, la formación de monopolios. Para Max Weber, el

surgimiento del aparato burocrático hizo posible la acción estatal en un territorio determinado.

Según este autor, el Estado era “aquella comunidad humana que en el interior de un determinado

territorio —el “territorio” es esencial a la definición— reclama para sí (con éxito) el monopolio de

la coacción física legítima. Porque lo específico de la actualidad es que a las demás asociaciones o

personas individuales solo se les concede el derecho de la coacción física en la medida en que el

Estado lo permite. Este se considera, pues, como fuente única del “derecho a la violencia” (2002:

1056). Michael Mann (1997) sostenía por su parte que, tal como el proceso de secularización de la

política, la burocracia supuso una separación entre la lucha política y la administración. El

surgimiento de la burocracia, según Mann, implicó pasar de formas de administración del Estado

(absolutista o dinástico) segmentadas, particularistas y privadas a un modelo centralizado,

generalista y público.

Elías (1989) y Tilly (1992), por su parte, aluden al surgimiento de monopolios como parte constitutiva

del surgimiento del Estado, aunque por vías diferenciadas. Mientras para Tilly la guerra encierra un

valor fundamental en tanto permitió la creación de dependencias burocráticas permanentes

dedicadas a la gestión de recursos para el mantenimiento de una fuerza armada burocratizada,

generando procesos de concentración de recursos y monopolización de la Fuerza Armada; para

Elías, la constitución primaria de un monopolio supone una lucha donde triunfa el más fuerte, que

a su vez implica la exclusión de una porción de la sociedad y que da lugar a la acumulación. Y esto

supone una situación: los recursos pueden ser tan amplios que necesariamente deben estar a cargo

de otras personas para su administración; personas que a su vez dependen del monopolista para

solucionar sus necesidades. Estos recursos acumulados terminarán convirtiéndose en un complejo

aparato social que escapará al control absoluto del monopolista, donde “el monopolio privado de

algunos individuos se socializa y se convierte en un monopolio de clases sociales enteras, en un

monopolio público, en un órgano central del Estado” (Elías, 1989: 349). El desarrollo de la sociedad

capitalista, que supuso procesos de diferenciación de la sociedad y de división del trabajo, sumado

a la constitución de monopolios, se fue ensamblando en un proceso de configuración histórica que

para Elías significó un salto evolutivo en la sociedad. Todo porque la lucha se condicionó y orientó

por el monopolista. Quienes compiten en ese estadio del desarrollo de la sociedad no buscan la

destrucción de los monopolios, sino cómo insertarse en ellos, cómo sacar provecho de los mismos,

pero en razón de las capacidades, habilidades y conocimientos, lo que supone una profunda

diferenciación de la sociedad con relación a sus funciones. Es en este punto donde surgen “aparatos

administrativos permanentes y especializados”, que gestionan y manejan un monopolio que

paulatinamente hace su tránsito desde lo privado hacia lo público. Para Elías, solo en este punto

13

histórico, donde surge este aparato administrativo y permanente de dominación, se puede hablar

de Estados.

Con los años, a las conceptualizaciones sociohistóricas sobre el surgimiento del Estado moderno se

le antepusieron, principalmente, las teorías marxistas, las cuales consideraban al Estado como un

instrumento más de la dominación de clases, cuyas funciones se reducían al control de las fuerzas

productivas o la reproducción de relaciones de producción. Uno de los primeros en ilustrar mejor

este axioma fue el filósofo alemán Friedrich Engels (1982), para quien el surgimiento del Estado

estaba ligado a la lucha de clases generada por el desarrollo de la economía capitalista, donde se

privatizan los medios de producción que a su vez genera un desequilibrio en la sociedad. Así, cuando

las diferencias de clase se hicieron irreconciliables, surgió el Estado. La siguiente cita extraída de su

famosa obra El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, lo ilustra mucho mejor:

“El Estado es un producto de la sociedad al llegar a una determinada fase de desarrollo; es la

confesión de que esta sociedad se ha enredado consigo misma en una contradicción insoluble, se ha

dividido en antagonismos irreconciliables, que ella es impotente para conjurar. Y para que estos

antagonismos, estas clases con intereses económicos en pugna, no se devoren a sí mismas y a la

sociedad en una lucha estéril, para eso se hizo necesario un Poder situado, aparentemente, por

encima de la sociedad y llamado a amortiguar el conflicto, a mantenerlo dentro de los límites del

'orden'. Y este Poder que brotó de la sociedad, pero que se elevó por encima de ella, y que se fue

divorciando cada vez más de ella, es el Estado” (1982: 177).

En la doctrina marxista, el concepto de “clases” resulta fundamental en la construcción de una

definición de “Estado”. Therbon, por ejemplo, definió al Estado como una institución material,

separada, “que funciona como punto nodal de las relaciones de poder existentes dentro de la

sociedad, El Estado en cuanto tal no posee poder alguno: es una institución en la que se concentra

el poder social. De acuerdo con los axiomas del materialismo histórico, el Estado y las clases se

condicionan mutuamente; donde no hay clases, no hay Estado” (1979: 155).

En su Teoría del Estado, dada a conocer en la década del setenta del siglo pasado, el también

marxista Nicos Poulantzas cuestionó algunos de los planteamientos del marxismo clásico y, a partir

de allí, redefinió al Estado como “un campo donde se desenvuelven los conflictos sociales y se lucha

por la hegemonía. El Estado mismo es una relación social” (Poulantas (1979), cit. en Zelik, 2012:

160). Según lo anterior: “el Estado no es ni el depositario instrumental (objeto) de un poder-esencia

ni una entidad ‘poseyente de tanto poder como arrebate a las otras clases’ (Íbid.: 161). Con esta

tesis Poulantzas contradice por un lado a la izquierda, que por mucho tiempo interpretó al Estado

como un instrumento de la clase dominante; y, por otro, al pensamiento hobbesiano, que define al

Estado como una instancia que, al monopolizar el uso de la fuerza, bloquea el estado natural de

guerra entre grupos e individuos” (Íbid.: 162). Dado que el Estado es el campo donde se lucha y se

organiza la hegemonía7 o, dicho de otra forma, es allí donde se da la articulación política, social y

7 Para comprender mejor este punto, bien vale la pena aclarar el término hegemonía. Uno de los autores que más trabajó este concepto fue el filósofo italiano Antonio Gramsci, quien definió hegemonía como la “capacidad de unificar a través de la ideología y de mantener unido un bloque social que, sin embargo, no es homogéneo, sino marcado por profundas

14

económica entre clases dominantes y grupos subalternos, integración que siempre supone

resistencias por parte de los grupos subalternos; entonces, la hegemonía siempre está en disputa

en el modelo de Poulantzas. En esta disputa, El Estado no es un simple agente pasivo o neutro:

cuenta con aparatos coercitivos para imponer la fuerza y la ley en beneficio de las clases

propietarias. Pero, paradójicamente, los conflictos sociales de esta naturaleza tienden también a

reconfigurar al Estado. De ahí que este greco-francés defina al Estado como la condensación

material y específica de una relación de fuerzas: “captar el Estado como condensación material de

una relación de fuerzas, significa que hay que captarlo también como un campo y un proceso

estratégicos, donde se entrelazan nudos y redes de poder que se articulan, y presentan a la vez

contradicciones y desfases entre sí” (Íbid.: 163).

Desde Francia, Pierre Bourdieu formuló un planteamiento que rompió con la tradición interpretativa

del Estado como aparato cohesionado, unificado y rigurosamente poderoso. El sociólogo francés

advertía sobre las altas probabilidades de que las estructuras de la conciencia con las que

construimos el mundo social y este objeto que hemos denominado Estado, fuera un producto del

mismo Estado. Esto en virtud de que la mayor parte de escritos consagrados a este objeto, bajo la

apariencia de pensarlo, participaban, de manera más o menos eficaz, más o menos de forma directa,

en su construcción y entonces, en su existencia misma. En otras palabras, lo que señalaba Bourdieu

era que, muy seguramente, la representación que nos hacíamos del Estado fuera una idea

prediseñada por este mismo objeto que, en principio, él definió como “el nombre que damos a los

principios ocultos, invisibles –para designar a una especie de deus absconditus– del orden social y,

al mismo tiempo, tanto del dominio a la vez físico y simbólico como de la violencia física y simbólica”

(2014: 11). El sociólogo francés concebía al Estado como un principio oculto de organización que

lograba integrar “el orden social”, entendiendo por este las estructuras mentales, de percepción y

de pensamiento interiorizados por los agentes sociales que a su vez constituyen el fundamento de

las relaciones sociales. Dicho principio de organización se constituyó en dominación tanto en el

plano físico como en el simbólico. De ahí que Bourdieu considerara que el Estado se presenta como

una especia de reserva de recursos simbólicos y de capital simbólico.

Según lo expuesto en su obra, una de las principales funciones del Estado es la producción y

canonización de clasificaciones sociales, la producción de identidad social legítima así como de

categorías sociales. Bourdieu compartía la idea según la cual, la estadística, la estratificación social,

la adopción de calendarios, de usos horarios y de unidades de medida nacieron con el surgimiento

del Estado. De ahí que el sociólogo francés considerara la génesis del Estado como un proceso por

medio del cual se operaba toda una gama de concentraciones de diferentes formas de recursos,

entre ellos los simbólicos: la concentración de recursos de información (estadísticas, informes);

contradicciones de clase. Una clase es hegemónica, dirigente y dominante mientras con su acción política, ideológica y cultural logra mantener junto a sí un grupo de fuerzas heterogéneas e impide que la contradicción existente entre estas fuerzas estalle, produciendo una crisis en la ideología dominante y conduciendo a su rechazo, el que coincide con la crisis política de la fuerza que está en el poder” (1975). Para Gramsci, la hegemonía no solo era política; también era un hecho cultural, moral, de concepción del mundo (íbid).

15

capital lingüístico (lengua oficial que adquiere carácter dominante en detrimento de otras lenguas);

capital cultural legítimo.

Como se puede observar, cada uno de estos cuerpos teóricos entiende el surgimiento del Estado a

partir de parámetros como el control absoluto y soberano de poblaciones en un territorio

determinado. Se trata de una racionalidad estatal fundada en una forma de organización del poder

político único y excluyente. Sin embargo, los procesos de estatización no obedecen a reglas

generales lógicas de naturaleza histórica ni tampoco a un ejercicio de cálculo racional. Ni los

procesos de diferenciación de la sociedad, ni la concentración de recursos, incluso simbólicos, no

agotan las explicaciones sobre la emergencia de esta arquitectura social. En este sentido, la

apreciación de Zelik puede considerarse válida en tanto afirma que:

“la estatalidad es la institucionalización de unas relaciones de fuerza cambiantes, y su análisis, por lo

tanto, siempre está ligado a un momento concreto (…) el Estado como ente integrador racionalmente

estructurado y al servicio del bien común es una quimera. Al contrario de lo que afirman

recurrentemente las narraciones liberales, ningún Estado se ha conformado con base en una norma

idealista. La estatalidad realmente existente ha sido siempre el resultado de un afianzamiento y una

juridificación de intereses conflictivos” (2012: 159).

Disciplinas como la antropología aportan nuevos elementos para comprender este asunto. Veena

Das y Deborah Poole plantean, por ejemplo, cómo este este cuerpo disciplinar y más aún, su método

por excelencia: la etnografía, permite acceder al mundo de la experiencia, ese campo donde se

materializan los intercambios intersubjetivos que dan vida a la realidad social. En ese orden de ideas,

la etnografía permite entender las prácticas cotidianas ejercidas por los individuos en aquellos

lugares entendidos comúnmente como los “márgenes territoriales” y que parecen desdibujar y

erosionar el poder del Estado y a su vez, construir una imagen de aquellos territorios como “tierra

de nadie”. Su propuesta analítica se resume en lo siguiente: “nuestra estrategia analítica y

descriptiva fue distanciarnos de la consolidada imagen del Estado como forma administrativa de

organización política racionalizada que tiende a debilitarse o desarticularse a lo largo de sus

márgenes territoriales y sociales” (2008: 19).

1.1.1. Los estudios sobre el Estado en Colombia

Dentro de la tradición de estudios sobre el surgimiento del Estado en Colombia8, vale la pena

destacar la propuesta de la “presencia diferenciada del Estado en el espacio y en el tiempo”, de

8 De acuerdo con Fernán González, los estudios sobre el surgimiento del Estado en Colombia han estado estrechamente

ligados con el desarrollo de múltiples investigaciones sobre las violencias que han azotado al país. En poca palabras, el interés que ha despertado la incidencia de la economía del narcotráfico en la vida política y social; los efectos de la violencia política en la construcción de orden y el papel de los actores armados ilegales en la vida pública han suscitado una profunda reflexión teórica y conceptual sobre cómo funciona el Estado en Colombia (2014: 39). Dentro del abanico de propuestas teóricas que han puesto como objeto principal de estudio al Estado colombiano como tal, González destaca el concepto desarrollado por Paul Oquist (1974) sobre el “colapso parcial del Estado”; los trabajos de Daniel Pecaut sobre la precariedad del Estado (2001); los planteamientos de María Teresa Uribe (2001) sobre las soberanías en vilo; el análisis de Colombia como ‘Estado fallido’, realizados en 2005 por Foreing Policy Review; y más recientemente el de reconfiguración cooptada del Estado, de Luis Jorge Garay (2008).

16

González, Bolívar y Vázquez (2003). El planteamiento hecho por este grupo de investigadores

sociales buscaba controvertir la idea del “colapso parcial del Estado”, hecho por Oquist (1978)9; y el

de “precariedad del Estado”, de Pécaut (2001)10, al proponer un nuevo enfoque basado en el

proceso de poblamiento de regiones periféricas y la consiguiente construcción de instituciones

estatales que van integrándose en un proceso paulatino al Estado central. Así, la propuesta de la

presencia diferenciada del Estado “pretende diferenciar la manera cómo funcionan las instituciones

estatales en las regiones más integradas del país, de aquellas con la cual operan en el mundo rural

y las periferias. Es el resultado del proceso gradual de incorporación de nuevos territorios y

poblaciones al Estado-nación en su conjunto, tanto en el ámbito económico como en el político”

(González, 2014: 60).

González et Al enfatizaron en que los fenómenos violentos que aquejan al país pueden entenderse

mejor si se abandonaba la idea del Estado como monolito inquebrantable y se indaga mejor por las

formas como ese Estado hace presencia en las regiones y se articula con los poderes existentes allí.

Otros estudios también han comenzado a asumir dichas posturas. La investigación de Torres

Bustamante sobre el surgimiento del Estado en el Valle del Guamez, Putumayo, de entrada

problematizó la visión normativa del Estado que asumen las investigaciones sobre el tema en

Colombia: “parecería, entonces, que el poder del Estado radicara precisamente en dicha abstracción

que le permite erigirse en autoridad suprema”. De ahí la importancia de develar, como lo propone

Timothy Mitchell, “las prácticas políticas concretas a través de las cuales se crea y se recrea esta

abstracción mistificada llamada el Estado” (Mitchel (2003), cit. en Torres, 2005: 179)”.

Según esta perspectiva, existe una escasa producción académica nacional que dé cuenta del

surgimiento y funcionalidad del aparato estatal en zonas de frontera, situación que puede estar

relacionada con una idea bastante arraigada y es la de una total y prolongada “ausencia del Estado”

en amplias regiones marginales del país:

“La sociología colombiana ha hecho un gran esfuerzo por estudiar la fundación de nuevos centros

poblados en las áreas periféricas, haciendo énfasis en los procesos de colonización, las formas de

regulación comunitaria establecidas por los campesinos y sus relaciones con las guerrillas, así como

los cambios sociales introducidos por la economía cocalera. Sin embargo, en estas investigaciones el

Estado (con mayúscula) aparece principalmente cuando se quiere destacar que sus agentes se ponen

del lado de los hacendados y de los comerciantes, en detrimento de los campesinos, a la hora de

9 Tras estudiar la violencia de los años 50, Oquist planteó que la dominación estatal coexistió con otro tipo de poderes políticos, estableciendo una clara distinción entre regiones centrales y de control estatal directo, con aquellas donde el poder estatal era muy tenue. Por ello, al plantear su tesis del ‘colapso parcial del Estado’, Oquist aludía a la pérdida de legitimidad del Estado en regiones periféricas, la apelación de este a prácticas terroristas, a su ausencia física en grandes porciones del territorio nacional y las contradicciones internas entre mismos aparatos del Estado, principalmente las fuerzas militares (González, 2014: 56). 10 Para Daniel Pécaut, el problema de la violencia en Colombia iba más allá del abandono o la ausencia del Estado en

buena parte del territorio nacional; el sociólogo francés consideraba problemático la incapacidad de las instituciones estatales para regular la vida social, sustentando su afirmación en los fracasos de los intentos intervencionistas del Estado colombiano en materia económica, política y social (González, 2014: 58).

17

dirimir los conflictos agrarios. Se hace, así, poca referencia explícita a la formación embrionaria de

las instituciones estatales en estos contextos rurales y periféricos” (Íbid.: 205).

De ahí que a lo largo de su trabajo, Torres Bustamante haya hecho marcado énfasis en tres aspectos:

[…] “el primero es la insistencia en la dimensión cultural de la formación del Estado. El segundo es un

llamado a sustraerse de la abstracción y del aura de misterio que rodea al Estado y a contribuir a

develar las prácticas, rutinas, espacios y discursos que hacen posible hablar de “el Estado”. En este

punto se trata de dirigir la lupa analítica hacia los procesos locales y cotidianos de su construcción. El

tercer aspecto es la necesidad de problematizar la división tajante entre estado y sociedad” (Íbid.:

210).

Por ello, esta investigación pretende problematizar aquella idea según la cual, la violencia, como eje

de pervivencia histórica en regiones como el Bajo Cauca antioqueño, obedece, entre otras razones,

a la debilidad estatal o en casos puntuales, a su total ausencia. No se trata de una idea infundada.

Por el contrario, este esfuerzo investigativo pretende sumarse a planteamientos teóricos ya

expuestos por autores como Torres Bustamante, González et Al y más recientemente por Zelik,

quien señala:

“El Estado colombiano, pese a la fragmentación descrita y a la inaccesibilidad de sus instituciones

para la mayoría de la población, no puede ser considerado ‘fallido’. Este Estado no es ni débil ni

irracional. Cualquiera que haya acompañado a activistas de derechos humanos o a sindicalistas en

Colombia, podrá confirmar que el Estado sí está presente. La presión de la Policía, del estamento

político y de la justicia contra los movimientos de oposición es generalizada. El Estado cuenta con

modernas estructuras de control: sus órganos de seguridad disponen de tecnologías muy avanzadas

de vigilancia, que se apoyan en recursos satelitales de los servicios estadounidenses de inteligencia.

Además, el Gobierno emplea técnicas complejas de acción, que abarcan registros estadísticos,

sofisticadas estrategias de comunicación, sistemas de incentivos, etc. (…) habría que plantear

entonces que el problema del Estado colombiano no reside en su supuesta debilidad sino en su

carácter y configuración concreta, es decir, en el hecho de que es excluyente, extremadamente

violento, y está al servicio de intereses oligárquicos particulares (…) El jurista colombiano Alejandro

Aponte (2004: 33) esbozó el dilema de la siguiente manera:

“Hay que relativizar el discurso de la debilidad del Estado colombiano en el sentido en que [...] no se

trata de propagar un Estado [fuerte] que en realidad genere todavía más violencia y caos (…) por

debilidad de Estado habría que entender, más bien, la incapacidad […] de promover y defender los

derechos humanos, de prestar servicios públicos en todo el territorio nacional y de crear una

infraestructura que permita la producción y el crecimiento económicos. [...]” (2012: 160).

Lo anterior lleva a entender al Estado como un actor social más que participa de la configuración de

la región –y por ende, de sus luchas que determinan su carácter-. Quien mejor plantea lo anterior

es Migdal con su propuesta teórica del “Estado en la sociedad”, según la cual:

“en toda sociedad hay diferentes grupos que compiten entre sí para imponer orden (…) es decir que

el Estado no es nunca el único actor capaz de generar normas. Al contrario, es siempre uno entre

varios, muchos actores, más o menos institucionalizados, más o menos formales, de radio más o

18

menos amplio: iglesias, familias, clientelas, redes, corporaciones, comunidades…y el Estado no es

obvia, natural e inmediatamente superior a todos los demás actores en esa serie, aunque aspire a

serlo” (2011: 11).

De acuerdo con este autor:

“el Estado es un campo de poder acotado por la amenaza del uso de la fuerza, configurado a la vez

por una imagen y un conjunto de prácticas que no siempre van en el mismo sentido. Concretamente,

configurado por la imagen de una entidad coherente, autónoma, racional, ajena al conflicto social, y

de otra parte por el comportamiento en la práctica de una larga serie de funcionarios, policías,

representantes y autoridades, que solo hasta cierto punto obedecen a la lógica puramente

impersonal, mecánica que supone la teoría” (Íbid.: 13).

Entender al Estado como un campo de poder y fuerzas presupone abandonar la idea del Estado

como un monolito férreamente cohesionado, dotado de un poder supremo que le permite

imponerse ante los demás actores sociales e imponerles el conjunto de reglas que determinan cómo

debe vivir la gente en sociedad. Por el contrario, la propuesta de Migdal de concebir al Estado como

un campo de poder y de fuerzas en el que, en términos de Alonso, se “enjaulan” diversos agentes,

bien sea los llamados hombres fuertes11; bien sea los clanes o las tribus, bien sea las entidades

estatales; no solo permite comprender la competencia que libran cada uno de ellos por el control

de los capitales disponibles para transformar e imponerse al interior de dicho campo, posibilitando

de paso “la conservación o transformación, más o menos continua, del campo estatal (Bourdieu

(2000b, p. 5) cit. en Alonso, 2014: 143); sino que también visibiliza “la rica interacción, negociación

y resistencia que ocurre en toda sociedad humana entre múltiples sistema de reglas” (Migdal, 2011:

34).

Dicho planteamiento puede dialogar con la propuesta teórica sobre gubernamentalidad, del filósofo

francés Michel Foucault. En sus obras Seguridad, territorio y población y Nacimiento de la

biopolítica, Foucault planteó que el Estado había sido sobrevalorado pues se le reducía,

generalmente, a funciones específicas como la monopolización de la violencia, el desarrollo de

fuerzas productivas o la reproducción de relaciones de producción. Para Foucault, el Estado no había

tenido en el transcurso de la historia ni la unidad, ni la individualidad ni la funcionalidad rigurosa

11 En su teoría sobre el “Estado en la sociedad”, Migdal apunta a que en su proceso de formación, el campo estatal debe

enfrentar-competir o delegar funciones en organizaciones que pre-existen o que se fortalecen paralelamente al campo estatal. Son ellas los clanes familiares, los caciques, los terratenientes, los prestamistas, los caudillos, entre otros. Ahora, si se tiene en cuenta que si algo ha caracterizado al Bajo Cauca ha sido el conflictivo poblamiento del territorio, sumado a una presencia histórica de actores armados que se han disputado la hegemonía en él, es posible entender por qué no existe una comunidad política fuerte y cohesionada en toda la región y porque, a su vez, los paramilitares terminaron erigidos como esos ‘hombres fuertes’. Ello se evidencia en la poca capacidad organizativa que tienen los habitantes del Bajo Cauca antioqueño. Estudios de la Gobernación de Antioquia indican que la participación ciudadana en el Bajo Cauca antioqueño constituye una “estrategia de legitimación poco vinculante de la postura de los ciudadanos y sin muchas posibilidades de ser medio real para la transformación social (…) la región apenas cuenta con 375 Juntas de Acción Comunal en toda la región y una Asocomunal, 11 cabildos indígenas ubicados en Zaragoza, cuatro Consejos Comunitarios en El Bagre, tres Consejos Territoriales de Planificación (CTP) en los municipios de Caucasia, El Bagre y Zaragoza. La red de Asocomunales, una iniciativa regional, apenas se encuentra en su fase de promoción a través de la Federación Comunal

de Antioquia” (Gobant: 2009)

19

que suele atribuírsele. Para el filósofo francés, más importante que el análisis del Estado como

aparato era comprender cuáles eran ese conjunto de tácticas, cálculos, procedimientos, reflexiones

que permiten ejercer una forma específica de poder (poder estatal) sobre las poblaciones pues

consideraba, como lo hiciera La Perrieré12 en su momento, que el gobierno no se ejerce sobre un

territorio sino sobre la relación que se establece entre los hombres y este; por ello, la soberanía

radicaba en el gobierno de las poblaciones pues eran los hombres, a partir de sus hábitos y

costumbres particulares, quienes entablan vínculos permanentes con las riquezas y los recursos del

territorio y que, por tanto, no se trataba de imponer leyes o castigos sobre los hombres que

habitaban un territorio, sino de desplegar técnicas y tácticas de gobierno que les permitieran

conducirse de tal forma que sus acciones pudieran generar un aumento de riquezas para el Estado.

De ahí que Foucault señalara que soberanía, disciplina y gestión gubernamental constituían una

triada donde la gestión tenía como blanco la población y cuyos mecanismos esenciales eran los

dispositivos de seguridad.

Así, para Foucault la gubernamentalidad supone:

“el conjunto constituido por las instituciones, los procedimientos, los análisis y reflexiones, los

cálculos y las tácticas que permiten ejercer esa forma bien específica, aunque muy compleja, de

poder que tiene por blanco principal la población, por forma mayor de saber la economía política y

por instrumento técnico esencial los dispositivos de seguridad. Por gubernamentalidad entiendo la

tendencia, la línea de fuerza que, en todo Occidente, no dejó de conducir, y desde hace mucho, hacia

la preeminencia del tipo de poder que podemos llamar ‘gobierno’ sobre todos los demás: soberanía,

disciplina, que indujo, por un lado, el desarrollo de todo un aparato específico de gobierno (y por

otro) el desarrollo de toda una serie de saberes. Por último, creo que habría que entender la

gubernamentalidad como el proceso, o mejor, el resultado del proceso en virtud del cual el Estado

de justicia de la Edad Media, convertido en Estado administrativo durante los siglos XV y XVI, se

gubernamentalizó poco a poco” (1984: 136).

En esencia, Foucault nos pone frente a una nueva perspectiva analítica: el Estado abordado, no

como aparato o entidad cohesionada, dotada de un poder soberano per se, sino como un conjunto

de tácticas, cálculos, procedimientos, reflexiones que permiten ejercer una forma específica de

poder (poder estatal) sobre las poblaciones, pues como él mismo lo señaló en su clase del 8 de

febrero de 1978, “nunca se gobierna un Estado, nunca se gobierna un territorio, nunca se gobierna

una estructura política. Los gobernados, con todo, son gente, hombres, individuos, colectividades

(…) en principio y fundamentalmente, al menos a través de este primer señalamiento, aquellos a

quienes se gobierna son los hombres” (1984: 149).

Así, es posible concluir que existen otras dimensiones analíticas que permiten entender el proceso

de construcción del Estado desde lo regional y, desde allí, explicar las lógicas violentas y criminales

12 Se trata de un texto de La Perriere (1955) citado por Foucault en su clase de 1 de febrero de 1978 y que lleva por título

Le miroir politique, contentant diverses manieres de gouverner & policier les républiques.

20

que coexisten en un territorio determinado. Por ello, si tal como lo plantea García, las luchas por el

control de los recursos naturales, económicos, sociales, políticos y culturales son las que determinan

el carácter de las regiones, entonces: “el papel que el Estado juega en una región que apenas se

construye, no puede concebirse como un proceso mecánico de ‘implantación’ de instituciones y

poderes ya formados que debe ‘hacer presencia’ en el nuevo territorio y ‘operar’ con eficacia. Por

el contrario, las instituciones y la normatividad inherente a ellas se construyen simultáneamente

con la fisonomía propia de la sociedad regional” (García (1996), cit. en Torres, 2007: 207).

Por ello, el presente ensayo investigativo presentará una explicación sobre la configuración del

denominado campo estatal en el Bajo Cauca antioqueño, particularmente, en los municipios objeto

de este estudio: Caucasia, Cáceres y Tarazá, durante el siglo XX, tratando de rescatar los principales

hitos que fueron moldeando el carácter de esta región durante dicha centuria.

1.2 Configuración del campo estatal: conflictividades y singularidades

1.2.1. La paradoja fundacional del Bajo Cauca antioqueño como región

El trabajo de García, pionero en este campo, pone de presente una paradoja fundacional: si bien el

Bajo Cauca antioqueño fue uno de los primeros territorios en Antioquia donde se asentó la

colonización española, también fue una de las regiones donde la colonización campesina se dio más

tardíamente. Zaragoza y Cáceres, fundados en 1580 y 1576, respectivamente, fueron los principales

epicentros de la explotación minera en Antioquia durante la Colonia y vivieron un gran esplendor

durante el siglo XVII, pero comenzaron a decaer en importancia y en población a partir de inicios del

siglo XVIII para quedar finalmente condenadas al ostracismo a finales de esta misma centuria. Según

Correa, varias fueron las razones que explican este decaimiento: por una parte, el fuerte descenso

de la población indígena, diezmada por la dureza del yugo español y las pandemias. Los indígenas

eran fundamentales para el trabajo de la minería dado que la población negra traída de África

protagonizó constantes rebeliones. De otro lado, se registró un fuerte descenso de la actividad

minera de aluvión, característica de esta región, por cuenta del hallazgo de depósitos del metal

precioso en localidades como Remedios y Segovia que, por contar con la particularidad der ser minas

de veta, garantizaban mayores réditos económicos. A lo anterior se sumaron problemáticas como

el contrabando que terminaron por afectar seriamente la explotación del mineral en Zaragoza y

Cáceres: “para la segunda mitad del siglo XVII, el fiscal de la Audiencia, Fernando Prado, sostenía

que dicho fraude [el contrabando] habría alcanzado el 80 por ciento y que lugares como Zaragoza

sacaban cerca de 60.000 pesos anuales mientras registraban 12 o 14.000 pesos anuales” (Correa,

2001:18).

De acuerdo con García, son escasas las referencias con respecto al Bajo Cauca en un amplio

interregno que va desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX debido a:

“los climas severos y malsanos y el aislamiento de la zona con respecto de los centros administrativos

y de producción agrícola. El Bajo Cauca prácticamente desaparece de la historia narrada. Son

escasísimas las referencias que al respecto se encuentran. Como quien dice, Antioquia y el país se

21

olvidaron del Bajo Cauca. Y si no hay proyectos económicos y políticos en pie sobre un territorio

determinado, si no hay actores sociales en lucha por el control del mismo y por la imposición de sus

propios proyectos dentro de él, entonces, no hay región” (1993: 34).

Lo más significativo en este periodo es la llegada en el año 1934 de la compañía minera Pato

Consolidated, que introdujo las primeras dragas eléctricas a tierras de lo que hoy es el municipio de

Nechí, lo que generó un lento repoblamiento de viejos asentamientos como Zaragoza y Cáceres y

dando nacimiento a otros nuevos como Caucasia, inicialmente llamado “Cañafístula” (Melo, 1974).

Ello coincide con la llegada de campesinos provenientes de los departamentos de Córdoba, Sucre y

Bolívar quienes se asientan en las llanuras del Bajo Cauca, alejados de los distritos mineros, dando

así un tibio impulso inicial a la actividad ganadera en la región.

Ya entre los años 40 y 70 del siglo XX comenzó a tomar forma la dinámica de poblamiento en el Bajo

Cauca gracias a varios procesos que se dieron paralelamente. Primero, la apertura del territorio

gracias a la construcción de la Troncal a la Costa Norte, corredor vial que conectó a Antioquia y el

centro del país con el Caribe colombiano y que atravesó al Bajo Cauca antioqueño; segundo, la

llegada masiva de campesinos de diversas partes del país que huían de la violencia partidista que a

su vez, comenzaron procesos de invasión de las haciendas existentes; tercero, la consolidación de

un comercio ganadero entre estas haciendas y las ciudades costeñas de Montería y Sincelejo; y

cuarto, el incremento en los precios del oro que tuvo lugar en la década del 70, que generó una

fiebre minera que atrajo a pobladores de Bolívar, Chocó, Córdoba y Antioquia. La región dejó de ser

un simple lugar de tránsito entre el centro del departamento y la Costa Atlántica y en lo que antes

eran inmensas llanuras comenzaron a fundarse pueblos como Tarazá y El Bagre. Con el vertiginoso

crecimiento poblacional13 sobrevinieron las luchas por el control de los capitales económicos,

sociales, culturales y políticos entre las diferentes comunidades asentadas en el Bajo Cauca

antioqueño, las cuales fueron retratadas por García así: los pescadores, que dependían

económicamente del río Cauca, contra los mineros que adelantaban sus labores de extracción allí

mismo; los mineros, que buscaban tierras para desarrollar su actividad, contra los ganaderos,

poseedores de extensas hectáreas de tierra; los ganaderos, azotados por el robo de sus reses; contra

las bandas de cuatreros y asaltantes; los pobladores de los cascos urbanos contra las nacientes

instituciones estatales locales demandando obras de infraestructura y de servicios públicos.

1.2.2. Las disputas políticas que marcaron el surgimiento del campo estatal local

También hubo otro nivel de lucha entre los nacientes poderes políticos de los centros poblados que

generó fracturas político-administrativas que dieron lugar al nacimiento de varios municipios de la

región. Luego del Plebiscito de 1957, mediante el cual se instaura el Frente Nacional en el país, en

las localidades del Bajo Cauca antioqueño también comenzó la alternancia en el poder de los

partidos tradicionales. Diversos autores han planteado que bajo este régimen, el Estado comenzó

13 Según los datos recolectados por Clara Inés García, la región del Bajo Cauca pasó de tener 19.530 habitantes en 1951 a más de 70 mil en 1973. Ver más en: García, Clara Inés (1993). El Bajo Cauca antioqueño, cómo ver las regiones. Bogotá: Cinep.

22

un proceso de expansión y fortalecimiento, ampliándose el aparato de los gobiernos central,

regional y municipal, pero de forma diferenciada, en ocasiones bajo el principio de paridad

burocrática de los dos partidos tradicionales, colectividades que terminaron controlando los

servicios del Estado. Zambrano sostuvo que “el crecimiento del Estado durante el Frente Nacional

se tradujo en la movilización de recursos para satisfacer las necesidades políticas de los grupos

partidistas según sus caudales electorales” (1992: 27). Bejarano y Segura, por su parte, plantean que

durante el Frente Nacional el Estado experimentó un crecimiento selectivo, liderado por el Ejecutivo

en detrimento de las otras ramas del poder público, donde las cuotas burocráticas jugaron un papel

fundamental en tanto se buscó despolitizarlas para que no se convirtieran en nueva fuente de

disputas bipartidistas, pero “no se logró hacerlo de manera moderna, es decir, con la creación de

una burocracia independiente de las instancias partidistas” (2010: 258).

Así, por ejemplo, con el inicio del Frente Nacional comenzó también un periodo de alternancia en el

poder local en el municipio de Zaragoza. La presidencia del Concejo de este municipio se convirtió

en un botín político importante que comenzó a ser disputado entre los líderes de las veredas y

corregimientos con alto valor electoral. Dicha lógica perjudicó notablemente a los voceros políticos

del corregimiento El Bagre. Finalizando la década de los setenta y luego que los concejales, mediante

acuerdos políticos, no accedieran a entregar la presidencia del Cabildo a los ediles del corregimiento

de El Bagre, estos impulsaron un movimiento separacionista que tuvo frutos el 22 de octubre de

1979. Ese año, la Asamblea de Antioquia, mediante Ordenanza No. 22, ordenó la creación del

municipio de El Bagre14. En su libro “El milagro de Tarazá”, Gustavo Angulo Mira consigna cómo

luego de las elecciones para Concejo de Cáceres, en 1976, el entonces corregimiento de Tarazá logró

ubicar mayoría de ediles en el cabildo, por encima de la cabecera municipal (es decir, Cáceres). Con

el bloque mayoritario, los concejales comenzaron a demandar de la administración municipal obras

para su corregimiento, lo que generó fuertes pugnas políticas con el alcalde de aquel entonces, León

Álvarez Palacio. Comenzó a fraguarse entonces un movimiento cívico y político que abogó por erigir

a Tarazá como municipio ante las constantes diferencias políticas con la administración de Cáceres.

La “causa separacionista” fue ampliamente capitalizada por Rogerio Osorio Mejía, reconocido

dirigente del Partido Liberal, quien gracias a lo anterior logró un escaño en la Asamblea de Antioquia

en el año 1978. Una vez en la Duma, Osorio Mejía continuó impulsando dicha causa, propuesta que

vería la luz el 22 de noviembre de este mismo año, gracias a la Ordenanza No. 41 mediante la cual

se ordena segregar 1.560 kilómetros cuadrados de Cáceres para que se conviertan en el nuevo

municipio de Tarazá, se definen sus límites territoriales y “se destinan dos millones de pesos como

auxilios para cubrir los gastos que demande la iniciación de actividades como ente municipal”15.

En cuanto a Caucasia, si bien su existencia como centro poblado se remonta al año 1886, este fue

declarado municipio tan solo en 1942, gracia a la Ordenanza 056 del 7 de Julio de ese año. Previo a

ello, Caucasia, anteriormente llamado Cañafístula por los primeros colonos que llegaron

provenientes del sur de Bolívar, también hizo parte de las luchas político-administrativo que libraron

14 Ver más en: http://www.elbagre-antioquia.gov.co/informacion_general.shtml 15 Ordenanza No 41. Asamblea Departamental de Antioquia. Noviembre 22 de 1978.

23

varios de los recién fundados pueblos del Bajo Cauca antioqueño. Caucasia perteneció inicialmente

a Cáceres por espacio de 26 años. Pero luego, en 1912, el corregimiento Margento, que pertenecía

a Cáceres, fue separado de esta localidad para ser erigido municipio y Cañafístula pasó entonces a

ser corregimiento del nuevo municipio. Pero 24 años después, en 1936, Nechí, que pertenecía a

Zaragoza, logra su condición de municipio y por lo tanto Margento pierde su categoría y pasa, junto

con Caucasia (cuyo nombre sustituyó el de Cañafístula mediante Ordenanza 20 de 1927) a ser parte

de la nueva jurisdicción territorial, hasta el año 1942, cuando la Asamblea de Antioquia decide darle

la categoría de municipio16.

Promediando la década de los ochenta, el Bajo Cauca antioqueño era una región con seis municipios

con historias diametralmente opuestas: Zaragoza y Cáceres pasaron de ser las localidades más

antiguas e importantes de la región durante la Colonia a municipios condenados a un ostracismo

durante todo el siglo XX; Caucasia pasó de puerto sobre el río Cauca a ser considerada la “capital de

la subregión” gracias al dinamismo económico que le imprimieron pescadores, mineros, ganaderos

y comerciantes; Nechí y El Bagre: segregados de Zaragoza, mantuvieron su tradición minera pero en

medio de una condiciones de marginalidad económica, política y social, incluso, frente a sus vecinos;

Tarazá se convirtió en la nueva puerta de entrada al Bajo Cauca. Sin embargo, varios factores

comunes subyacen en los procesos de poblamiento de cada una de estas localidades. El primero de

ellos es el carácter masivo, espontáneo y no dirigido que tuvo la colonización campesina de

mediados de siglo XX; colonización que se dio en los márgenes de las representaciones sociales de

las instituciones departamentales17, desconectada además de los circuitos económicos del

departamento y de la Nación. Lo anterior encierra otra paradoja. En su conjunto, la región desarrolló

una actividad económica de naturaleza extractiva pero en los márgenes del desarrollo capitalista

que se consolidaba en el centro del departamento; es decir, la intensa explotación aurífera no tuvo

como correlato la creación de entidades estatales con funciones regulatorias; no implicó el

desarrollo de una estructura que hiciera sostenible la actividad en el largo plazo; mucho menos se

hizo siguiendo el ordenamiento legal referente a la adquisición de títulos mineros o contratos de

concesión minera. De aquí que la actividad minera, si bien ha tenido un carácter masivo, esta ha

sido mayoritariamente informal y de pequeña y mediana escala. Solo la empresa Mineros de

16 Con información de: sitio web oficial del municipio de Caucasia; entrevistas realizadas durante trabajo de campo los días 15-16 y 17 abril de 2015; y de García, Clara Inés (1993). El Bajo Cauca antioqueño. Cómo ver las regiones. Cinep. Bogotá. 17 Afirmaciones tales como “gente promiscua” que “no tiene el menor respeto por la autoridad”, “acostumbradas a vivir

sin Dios y sin Ley”, “sin sentido de la moral ni del bien ni del mal” fueron algunos de los epítetos consignados por un visitador de la gobernación de Antioquia luego de su periplo por el Bajo Cauca antioqueño meses después del asesinato del dirigente liberal Jorge Eliécer Gaitán. Estos fragmentos fueron recopilados a su vez por Mary Roldán en su obra Sangre y fuego (2003). De acuerdo con la autora, estos dejan entrever la percepción de las autoridades departamentales sobre la naturaleza indómita de los habitantes del Bajo Cauca antioqueño, descritos a su vez como culturalmente inferiores en comparación con el ideal de antioqueñidad que promovían las élites departamentales asentadas en Medellín, lo que llevó a la clase dirigencial a considerarlos como “territorios marginales”, expresión reformulada por Roldán para describirlos como “territorios de frontera”.

24

Antioquia S.A (hoy Mineros S.A)18, uno de los actores económicos más importante de la región, ha

desarrollado su actividad a gran escala y dentro de los parámetros exigidos por la Ley.

El otro factor común es la emergencia de fuertes conflictos sociales, por lo general vinculados a la

tenencia de la tierra, bien para explotación minera, bien para ganadería, bien para ser ocupadas por

colonos. A estos se les sumó las demandas por servicios públicos domiciliarios y mayores niveles de

seguridad. Las respuestas por parte de las entidades estatales locales para tramitar dichas

conflictividades fueron escasas, casi nulas, ya que aún en aquellos municipios antiguos como

Cáceres y Zaragoza, estas estaban emergiendo, construyéndose y reconfigurándose a la par que

tomaban fuerza las dinámicas de poblamiento del territorio19. De nuevo Migdal es útil para explicar

esto, pues:

“el Estado se construye y se reconstruye, se inventa y se reinventa mediante sus interacciones como

un todo y de sus partes con otras. No es una entidad fija: su organización, objetivos, medios, socios

y reglas operativas cambian cuando se alía o se opone a otros dentro y fuera de su territorio. El Estado

se transforma continuamente” (Migdal: 2011: 45).

Entrevistas realizadas en las localidades de Caucasia, Cáceres y Tarazá, durante el mes de abril de

2015, dejan entrever cómo la dinámica de poblamiento obligó a la reconfiguración de las entidades

estatales locales. La siguiente entrevista corresponde a una mujer oriunda de Cáceres, que laboró

por espacio de 35 años en la Alcaldía de este municipio20:

Entrevistador (E): ¿En qué año ingresa a trabajar en la Alcaldía?

Exempleada: (Ex): Como en el (19)54.

E: ¿Cómo se trabajaba en la alcaldía?

Ex: Funcionaba con el alcalde, secretario y escribiente y citador. Él era quien mandaba para citar personas para declaraciones. Él se iba por las regiones a buscar la gente. E: La alcaldía ¿cómo comienza a crecer? Ex: Eso fue en el (19)61. La Alcaldía tenía su secretario, escribiente citador y siempre la misma función, trámite completo de sumarios. E: ¿Qué obliga a la alcaldía a nombrar más funcionarios? Ex: Acumulación de trabajo y la creación de la Inspección de Policía. La alcaldía no daba abasto. En esencia, lo que aquí se advierte es que el Estado, entendido como ese campo de poder donde se

configuran y se tejen las disputas, competencias y alianzas para transformar dicho campo, no llegó

18 Mineros S.A llega a la región del Bajo Cauca en 1974, cuando le compra los activos de la Pato Consolidated y de la Chocó Pacific a la empresa estadoudinense International Mining Co. Esta a su vez había adquirido los derechos de propiedad y de explotación de estas empresas de origen inglés durante la primera década del siglo XX. Cabe aclarar que finalizando el siglo XIX, buena parte de la explotación aurífera a gran escala llevada a cabo en el país era realizada por compañías inglesas, pero, en la primera parte del siglo XX, estas deciden vender sus activos a compañías norteamericanas. 19 Lo anterior puede observarse en las ordenanzas departamentales mediante las cuales se crean los municipios de El

Bagre, Caucasia, Nechí y Tarazá, donde se consigna expresamente la transferencia de recursos del orden departamental que, a manera de auxilios, permitan la consecución de enseres, oficinas y demás aspectos logísticos que requiera el nuevo cuerpo administrativo-burocrático para comenzar a funcionar. 20 Entrevista realizada en el municipio de Cáceres, el día 17 de abril de 2015.

25

como agente externo a “implantarse” en las localidades, ni tampoco brotó espontáneamente ni

mucho menos, obtuvo inmediatamente la capacidad de monopolizar el uso de la violencia para

tramitar los conflictos, concentrar los recursos económico-tributarios y convertirse en fuente de

legitimidad y regulación de las actividades sociales, políticas y económicas. Por el contrario, en este

proceso de surgimiento, transformación y reconfiguración, este ha tenido que competir con

diversos grupos sociales, armados, políticos, entre otros, en procura de imponer el conjunto de

reglas que determina cómo debe comportarse la gente, a quién debe obedecer, que está permitido

y qué no. Lo anterior resalta nuevamente la importancia de la dimensión territorial en los estudios

sobre el Estado en Colombia y, a partir de allí, entender el tipo de interacción que desarrolla con los

demás actores inmersos en ese campo de poder y de fuerzas así como las relaciones de poder que

se tejen al interior del campo estatal.

Esta perspectiva analítica ofrece luces para entender, por ejemplo, el carácter de la acción del

gobierno central para enfrentar el avance de las guerrillas en el Bajo Cauca antioqueño, que

encontraron en la región tierra fértil para el cultivo de sus propuestas contraestatales por cuanto:

a) se convirtieron en la primera oferta de seguridad; b) apoyaron las luchas campesinas por acceso

a la tierra; y c) ante el descontento por la falta de acción de las entidades estatales, su discurso

radical contra el Estado caló entre los campesinos.

El primero en llegar a la región fue el Eln21, a finales de los años 70, asentándose en Zaragoza,

Cáceres y Nechí. Fieles a su bandera política contra las grandes empresas, este grupo subversivo

comenzó a extorsionar a empresa Mineros S.A, al punto que en 1979 los obligó a dejar inactivas

varias de las dragas que tenía explotando oro en el río Nechí. La incidencia del Eln en la población

llegó a tal punto que le “propuso a la comunidad la adopción de un reglamento con procedimientos

para la explotación del recurso no renovable, así como para la distribución de las tierras”

(Observatorio de DD.HH, 2006: 9). Luego llegaron las Farc22, una guerrilla que se involucró en el

movimiento campesino que por aquellos años se gestaba en Caucasia, Cáceres, Tarazá, Zaragoza y

Valdivia para acceder a la tierra y a los servicios públicos. A esto se sumaba que, desde el Bajo Cauca,

los grupos subversivos podían salir al Urabá antioqueño, a través del Parque Natural Nacional

Paramillo, así como a la Serranía de San Lucas, el sur de Bolívar y el Magdalena Medio, convirtiendo

esta región en lo que Salas Salazar definió como un territorio estratégico: “espacios geográficos de

la región configurados a partir de la confluencia de dos o más corredores estratégicos identificados

en ella, y que los actores armados pretender controlar por su importancia geoeconómica, dada la

presencia de cultivos de coca y recursos naturales, o geoestratégica, dada por la facilidad de

movilidad en la región y hacia afuera” (2010: 28).

21 El Eln aparece en el Bajo Cauca antioqueño por medio del frente Camilo Torres. Luego ingresarían los frentes José Antonio Galán, María Cano, Compañero Tomas y la Compañía Anorí, estos dos últimos aún con presencia en la región (Observatorio DD.HH: 2006). 22 Según documentación realizada por la Fundación Ideas para la Paz: “La guerrilla de las Farc llega a la región en 1973 con sus frentes 5, 18 y 36, pertenecientes al Bloque Noroccidental, ahora conocido como Bloque Iván Ríos. Su ingreso al Bajo Cauca y al nordeste antioqueño se da en el marco de su proyecto de ampliación de cobertura a nivel nacional por ser una zona militarmente estratégica” (2014: 15).

26

En respuesta, el gobierno central decidió incluir a todos los municipios del Bajo Cauca antioqueño

entre las zonas priorizadas por el Plan Nacional de Rehabilitación (PNR); política creada por el

entonces presidente Belisario Betancur en el marco de los diálogos de paz con las guerrillas de las

Farc, Eln, M-19 y Epl y cuya finalidad era “enfrentar los diversos factores que habían engendrado la

violencia en el país” y para ello se planteaba como una “estrategia de participación comunitaria que

buscaba erradicar de las regiones afectadas por la presencia de organizaciones armadas al margen

de la ley, las condiciones objetivas23 que las hacen proclives a la violencia” (Observatorio de DD.HH,

2006: 5). Se trató de un gran despliegue de ofertas institucionales por parte del Estado pero cuya

lógica obedecía más a desactivar conflictos sociales o, si se quiere, imponerse en su competencia

con las guerrillas, más que a generar vínculos permanentes de la región con el cuerpo de la Nación,

con el orden estatal y con el circuito económico departamental y nacional, lo que mantuvo latente

un conflicto entre la población y el Estado por cuenta de la naturaleza de la relación entre ambos

actores. La apuesta por rehabilitar territorios mediante la erradicación de la pobreza y la

reconciliación del Estado con amplios sectores marginales de la sociedad también le apuntó a

fortalecer el aparato coercitivo estatal a fin de recuperar el monopolio de la violencia legítima. El 1

de junio de 1992, el Ejército Nacional de Colombia activó el Batallón de Infantería Aerotransportado

No 31, Rifles, con sede en Caucasia, el cual comenzó a ser parte de la Décima Primera Brigada del

Ejército, constituyéndose además en la punta de lanza de las fuerzas militares en su lucha frontal

con las guerrillas.

Los resultados del PNR no fueron los deseados por cuanto se enfrentó a serias dificultades tales

como una interpretación de la noción de desarrollo regional impuesta desde el centro,

desconociendo las capacidades y vocaciones económicas territoriales; los problemas para la

participación de las comunidades locales, las trabas burocráticas para el desembolso de recursos

económicos. Pero sin duda, uno de los mayores obstáculos fue que:

“en contravía de las macrotendencias que señalan la persistencia de altos ritmos de migración

campo-centros urbanos y la reducción del peso del sector agropecuario dentro del PIB, se cumplió

en algunas regiones del país el proceso de ampliación de la frontera económica, en donde se ha

configurado una estructura productiva marginada y altamente conflictiva; sin duda alguna, en la

mayoría de estas regiones el proceso estuvo impulsado coyunturalmente por la economía de la coca

pero sus causas básicas deben localizarse en la persistencia de la inequitativa estructura agraria del

interior del país y en el lento crecimiento del empleo en los centros urbanos” (Mora & Corredor,

1989: 62).

23 Durante la década del setenta, y parte de los ochenta, un grupo de intelectuales colombianos, conformados por

sociólogos, historiadores y demás profesionales del área de las ciencias sociales y las humanidades a los que se les conoció como los ‘violentólogos’, plantearon que la violencia en Colombia obedecía a unas causas objetivas como la exclusión política, la pobreza, los profundos desequilibrios sociales y la desigualdad. Sus reflexiones quedaron consignadas en textos como el de Sánchez, Pizarro León-Gómez et Al (1987). Colombia, violencia y democracia. Universidad Nacional.

27

1.2.3 El aparato económico informal-ilegal

El final de la década de los ochenta se caracterizó por los procesos de compras masivas de tierras

por parte de hombres vinculados al negocio del narcotráfico. Municipios como Caucasia y Tarazá

fueron epicentro de negocios de compra-venta de extensos predios para instalar allí tanto

laboratorios para el procesamiento de base de coca como pistas clandestinas para exportar el

alcaloide. Lo anterior hizo que se agudizara aún más el problema en la tenencia de la tierra en la

región, caracterizada ya por un alto índice de informalidad. La Gobernación de Antioquia reseñó:

“otra problemática que afecta al Bajo Cauca es la alta concentración en la propiedad de la tierra,

fenómeno asociado en gran medida a factores de violencia, narcotráfico, ganadería extensiva y

explotaciones mineras, entre otros. En esta lógica, el conflicto interno contribuye en gran medida a

aumentar dicha desigualdad, ya que los dineros provenientes de los negocios ilícitos, son destinados,

por lo general, a la adquisición de tierras (desde comienzos de los años ochenta) y al financiamiento

de los grupos armados al margen de la ley” (2009: 15).

Los resultados del coeficiente de Gini24 del año 2011 muestran que la región del Bajo Cauca es, junto

con el Urabá antioqueño, una de las más inequitativas en cuanto a la distribución de la tierra.

Cuadro No. 1

Cáceres 0.705054

Caucasia 0.698935

El Bagre 0.587777

Nechí 0.641474

Tarazá 0.656345

Zaragoza 0.565399

Fuente: Departamento de Planeación-Gobernación de Antioquia.

Fueron precisamente narcotraficantes llegados al Bajo Cauca antioqueño así como la guerrilla de las

Farc quienes iniciaron los cultivos de hoja de coca, generando una nueva bonanza económica que

terminó por desplazar a la minería, venida a menos desde principios de los años 80 por cuenta de la

caída de los precios del oro en los mercados internacionales. Los primeros sembradíos del alcaloide

se ubicaron en la región montañosa de Tarazá y en Valdivia, localidad limítrofe con el Bajo Cauca,

situación que motivó una nueva ola de colonización, esta vez, de campesinos atraídos por la

24 Este coeficiente es una medida de concentración del ingreso entre los individuos de una región, en un determinado

periodo. Esta medida está ligada a la curva de Lorenz, toma valores entre 0 y 1; donde 0 indica que todos los individuos tienen el mismo ingreso y 1 indica que solo un individuo tiene todo el ingreso. En resumen, este coeficiente mide el grado de desigualdad de la distribución o de la riqueza de una región.

28

bonanza cocalera. Una líder comunitaria del corregimiento La Caucana de Tarazá, fue testigo del

crecimiento de su pueblo por cuenta de los cultivos de hoja de coca25:

Entrevistador: ¿Cómo pasa la gente de sembrar maíz y arroz a sembrar coca? AB: Yo le voy a decir… Usted sabe que… que cultivar maíz, el pobre campesino es más lo que le invierte que lo que le queda, por que pongamos si sacan diez o veinte cargas de maíz ¿Cuánto no tiene que dar de flete? Entonces ¿Qué le queda al pobre dueño del maíz? ¡Nada! Entonces cuando ya llegó lo de la coca… E: ¿Y quién la trajo? ¿O cómo llegó? (la hoja de coca) AB: En ese entonces, cuando llegó la coca aquí, aquí al corregimiento, fue por medio de un señor llamarse Pedro Arroyave, un señor Alonso Sucerquia (sic) pues como los que yo más recuero, porque también hubo un señor que también se llamaba Aldair, pero creo que ya se murió, ah y también otro que se llamaba Darío Bolívar, creo que ya también murió. O sea, esos son los que más me acuerdo. E: ¿Y ellos quienes eran? AB: Ese señor eran productores normales, pero entonces venían de otras tierras donde ya conocían la coca. Entonces vieron que por aquí nadie tocaba esta zona por acá, ni la ley ni nada, es que la Ley no había hecho presencia sino hasta ahora, de poco tiempo para acá… entonces vinieron y sembraban, esos que tenían pues más formita, venía y le daba a la lata a la gente “bueno, vamos a echar un trabajo de tantos palos, yo le doy la comida y usted pone el trabajo”, en compaña todo (sic) y así fue que mucha gente tuvo coca aquí en la caucana. E: O sea, esta gente llegaba y trae los primeros palitos para sembrar… AB: Exactamente, de ahí sacaban la semilla y ya se iba creciendo… E: Y digamos que, ellos cuando empezaron a sembrar ¿les empezó a ir bien económicamente?, ¿Se les veía plata? AB: En ese entonces sí, porque en ese entonces venían compradores y la compraban como ellos la sacaban. Cuando eso no se quimiquiaba bien en forma… E: ¿Y el que haya llegado la coca influyo para que el pueblo creciera? AB: Si, porque llego mucha gente de otras partes a trabajar… E: ¿Y se quedó a vivir? AB: Y se quedaron viviendo, si, para qué…. De todas maneras fue unas de las formas donde el pueblito creció. Ya llegaba gente de una parte y de otra. Ellos conseguían fincas, sino arrendaban tierras. Incluso por decir en la vereda mía cuando hubo la bonanza de la coca había buena gente, bastante, esa escuela era llena de niños, bastante… Así, la década de los 90 del siglo XX representó el auge de los cultivos de hoja de coca en el Bajo

Cauca antioqueño, situación que se convirtió en un círculo vicioso. A medida que crecían los cultivos

más personas llegaban a municipios como Tarazá y Cáceres, con la intención de amasar fortuna

derivada de la bonanza cocalera. Y entre más gente llegaba a la región, más se extendían los

sembradíos de hoja de coca y por ende, más se fortalecía esta actividad económica ilegal. Al

respecto, los reportes anuales realizados por el Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci)26

25 Entrevista realizada en el corregimiento La Caucana, municipio de Tarazá, el día 15 de abril de 2015. 26 Unodc ha estado apoyando la implementación de un Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos en Colombia (Simci)

desde 1999, contando con el apoyo logístico de la Policía Antinarcóticos colombiana (Diran) y en coordinación con la Dirección Nacional de Estupefacientes (Dne). Simci es un proyecto conjunto entre la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) y el Gobierno de Colombia, representado por la Dirección Nacional de Estupefacientes (Dne), la

29

de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) muestran la progresión de

la extensión de los cultivos en Antioquia. Vale aclarar que, de acuerdo con los mapas de esta entidad,

los municipios de Tarazá, Cáceres, Nechí, El Bagre y Zaragoza concentra más del 90 por ciento de los

sembradíos del departamento, mientras que el otro 10 por ciento se esparce en los municipios del

Nordeste antioqueño, región que limita con el Bajo Cauca antioqueño. El cuadro No. 2 muestra la

progresión que mostraron los cultivos de hoja de coca en el departamento durante la década de

2000. Vale la pena aclarar que las mediciones de hectáreas sembradas con hoja de coca, las cuales

se realizan mediante fotografía satelitales, solo se implementaron en Colombia a partir del año

2001:

Cuadro No. 2

Fuente: Simci

Así, con la llegada de la hoja de coca el aparato económico de la región experimentó un tránsito de

la informalidad a la ilegalidad. Según Portes y Haller, citados por Giraldo y Muñoz, las economías

informales son “todas aquellas actividades económicas que hacen caso omiso al costo que supone

el cumplimiento de la las leyes y las normas administrativas que rigen las relaciones de propiedad,

el otorgamiento de licencias comerciales, los contratos de trabajo, los daños, el crédito financiero y

los sistemas de seguridad social” (Giraldo & Muñoz, 2012: 15). De acuerdo con este par de autores,

si bien las economías informales e ilegales comparten características similares principalmente en lo

referente a los incentivos para su emergencia, existe un elemento fundamental que las diferencia:

mientras las actividades informales se desarrollan en el marco de una actividad tolerada de

explotación a mediana y pequeña escala de mercancías lícitas por fuera del sistema político, las

economías ilegales se caracterizan por el desarrollo de actividades ilegales con alta rentabilidad o

Policía Antinarcóticos (Diran) y la Agencia Colombiana de Cooperación Internacional (Acci). La contraparte nacional y dirección del proyecto recae en la Dirección del Dne.

Año hectáreas

2002 3.030

2003 4.273

2004 5.168

2005 6.414

2006 6.157

2007 9.926

2008 6.096

2009 5.069

2010 5.350

2011 3.104

2012 2.725

2013 991

2014 2.293

30

legales a través de métodos violentos. En el Bajo Cauca antioqueño, particularmente en los

municipios de Caucasia, Cáceres y Tarazá, la emergencia de una economía ilegal merece una

consideración adicional, tal como lo plantean Giraldo & Muñoz: “¿cuándo estas actividades se

convierten en un problema para una sociedad poniendo en riesgo el crecimiento y la estabilidad de

un país? La respuesta que surge es: cuando las economías informales convergen con estructuras de

crimen organizado” (2012: 18).

Si tanto la explotación aurífera que se llevó a cabo en el Bajo Cauca antioqueño hasta finalizando la

década de los ochenta, como las actividades económicas que giran alrededor de la coca (siembra,

cosecha, elaboración de pasta de coca, procesamiento de base) se desarrollaron por fuera del

control de las entidades estatales locales, ¿quién fungió como regulador entonces de la economía

derivada de la hoja de coca? Y más allá de eso ¿Qué obtuvieron por cuenta de dicha regulación? La

evidencia empírica, así como diversos estudios de corte académico y recientes sentencias proferidas

por los Tribunales de Justicia y Paz, en el marco de la aplicación de la Ley 975 (de Justicia y Paz),

señalan que los grupos paramilitares, principalmente en municipios como Cáceres, Caucasia y

Tarazá, ejercieron no solo un control total sobre las actividades económicas ilegales, en este caso el

narcotráfico, sino también un control de las actividades políticas. En decisión proferida por la Sala

de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín contra Ramiro Vanoy Murillo, los magistrados

declararon al exjefe paramilitar responsable por ordenar la muerte de ocho personas al interior de

un apartamento en el barrio Los Colores de Medellín, en hecho conocido como “Masacre de Parques

del Estadio”, perpetrada el 28 de febrero de 2004. El hecho tiene como antecedente el intento de

robo de 360 kilogramos de base de coca que pretendían hacer los hermanos Fredy y Hugo Berrío

Torres en junio de 2002. Ambos negociaban alcaloides para el Bloque Mineros en Tarazá. Por este

hecho, el máximo comandante de este bloque paramilitar los declaró objetivo militar, pues violó la

principal regla impuesta por los paramilitares: no vender un solo gramo de base de coca a gente

externa27. Lo particular de este hecho es que la masacre fue cometida por miembros activos de la

IV Brigada del Ejército, con sede en Medellín, quienes recibieron a cambio un pago de 500 millones

de pesosi28 por parte del exjefe paramilitar, lo que evidencia los vasos comunicantes que desde su

génesis existieron entre el paramilitarismo y la Fuerza Pública.

Sierra, por su parte, citando fragmentos del portal periodístico VerdadAbierta.com, consignó:

“El Bajo Cauca se convierte en uno de los principales focos del negocio del narcotráfico, lo que se

expresa en el crecimiento de las áreas de cultivo y el papel de Ramiro Vanoy como uno de los

proveedores de cocaína más importantes de las Auc. Según Mancuso, en versión desde los Estados

Unidos, Vanoy proveía a las Autodefensas con dos toneladas mensuales de cocaína, además allí como

vimos existían pistas de aviones que transportaban la mercancía hacia México y era un corredor

27 Para saber más sobre esta masacre se puede consultar: Tribunal Superior de Medellín. Sala de Justicia y Paz. Decisión:

sentencia contra Ramiro Vanoy Murillo, alias “Cuco Vanoy”. Febrero 2 de 2015; ver más también en: http://www.verdadabierta.com/imputaciones/551-bloque-mineros/2974-cuco-vanoy-salpica-a-miembros-de-la-fuerza-publica-en-masacres. Consultado el 16/11/2015. 28 Íbid.

31

estratégico hacia rutas de salida en las costas de Córdoba y Sucre y por el Urabá Antioqueño” (2011:

45).

Entrevistas realizadas en los municipios objeto de esta investigación, también coinciden en señalar

el papel que jugaron las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) en la regulación de la economía de

la coca:

“Pero cuando ya empezaron a llegar los grupos paramilitares, que ya empezaron a decir que

tenían que limpiarla, sacarla al cero por ciento de humedad (…) ya la cosa empezó a ponerse

más maluquita. Ya los paramilitares empezaron a meterse más y ya no dejaron a que otros

compraran como hacían primero (…) primero llegaba cualquiera y compraba, cuando eso

¡no! Cuando ya empezaron a venir los paramilitares tenían que comprar eran ellos (…) ellos

eran los que la compraban. Ya ellos vinieron con el reglamento de que tenía que ser cero

humedad, nada de sucio, que no la fueran a ligar porque había gente que la ligaba para que

pesara más y le pagaran más. Ya ellos llegaron y pusieron que no la podían ligar, que cero

humedad, nada de sucio, no podían sacar más de un gramo para afuera. Ya ellos empezaron

a delimitar todo eso. O sea, ya ellos empezaron de que (sic) todo el que produciera (sic) coca

tenía que vendérsela a ellos”29.

Por su parte, la Fundación Ideas para la Paz (FIP), en su informe Dinámicas del conflicto armado en

el Bajo Cauca antioqueño y su impacto humanitario (2014) explica la relación entre los grupos de las

Auc con presencia en esta región y el narcotráfico:

“En Tarazá fue donde Vanoy creó el Bloque Mineros, por ser una troncal que conduce a la costa

Atlántica, con salida directa al golfo de Morrosquillo, utilizado como puerto por el narcotráfico.

Posteriormente, el dominio del Bloque se extendió hasta la zona rural de Cáceres al igual que a los

municipios de Valdivia, Briceño, Ituango y Anorí. Además de Vanoy, el Bloque Mineros era

comandado por alias ‘Picapiedra’, antiguo integrante del Epl, y José Higinio Arroyo alias ‘Caballo’ u

‘8.5’, antiguo miembro de las Farc. Sus principales fuentes de financiación fueron la minería en

lugares como El Bagre y Zaragoza, y el narcotráfico en Tarazá pero también en El Bagre y Zaragoza,

donde se calcula que para 2005 había 2.700 hectáreas sembradas de coca, que controlaban en

conjunto con el Bloque Central Bolívar” (pp, 25).

Tal como se puede apreciar, fueron los grupos paramilitares los que generalizarían la siembra de

hoja de coca en el Bajo Cauca antioqueño. Todo ello de la mano, primero, de Ramiro Vanoy Murillo,

alias ‘Cuco Vanoy’, un viejo socio de Henry Pérez, fundador de las Autodefensas Campesinas de

Puerto Boyacá, que llegó a la región a finales de los años 80 para liderar el Bloque Mineros de las

Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), estructura creada por petición expresa de

mineros, ganaderos y comerciantes de la región, según lo han confesado ante fiscales de Justicia y

Paz en años recientes desmovilizados de esta estructura paramilitar. Luego, a mediados de la década

de los noventa, llegó Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’, quien, al igual que ‘Cuco Vanoy’, controló

toda la cadena productiva del narcotráfico: desde la siembra de la hoja, pasando por su

29 Entrevista realizada a líder comunitaria del corregimiento La Caucana de Tarazá, el día 15 de abril de 2015.

32

procesamiento hasta su exportación, lo que le dejaba suficientes utilidades para garantizar la

estabilidad financiera de su estructura armada.

Dado el papel determinante que jugaron las Auc en el control de las rentas ilegales en el Bajo Cauca

y la importancia que encierra el análisis de las economías ilegales para esta investigación, se

realizará una breve caracterización de las dos estructuras que ejercieron dominio y control sobre

los municipios de esta región: el Bloque Mineros, liderado por Ramiro Vanoy Murillo, alias ‘Cuco

Vanoy’; y el Frente Nordeste, Bajo Cauca y Magdalena Medio del Bloque Central Bolívar, al mando

de Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’.

1.2.3.1. Bloque Mineros30.

Gracias a los aportes realizados por los 35 excombatientes del Bloque Mineros postulados a los

beneficios de la Ley 975 de 2005, conocida como Ley de Justicia y Paz, la Fiscalía General de la Nación

ha logrado reconstruir la historia de esta estructura paramilitar que fuera liderada por Ramiro Vanoy

Murillo, alias ‘Cuco Vanoy’31, figura clave en la expansión y consolidación de este bloque en el Norte,

Nordeste y Bajo Cauca antioqueño. Vanoy Murillo nació el 31 de marzo de 1948 en el municipio de

Yacopí, Cundinamarca. Durante su juventud estuvo radicado en varios departamentos: Arauca,

Magdalena, Santander, Norte de Santander. Fue en ese último donde, según narró ante fiscales de

la Unidad de Justicia Transicional (antes Justicia y Paz), ocurrió el evento que terminó determinando

su animadversión por la guerrilla:

“Encontrándose Vanoy Murillo en el municipio de Puerto Santander, Norte de Santander, en los

límites con los municipios de Cúcuta y Tibú, realizando actividades de barequeo, militantes de la

guerrilla de las Farc mataron a golpes a su padrino Manuel Álvarez y a raíz de este acontecimiento se

distancia de la subversión”32.

A principios de la década de los ochenta, Ramiro Vanoy viaja a Puerto Boyacá, donde conoce a Henry

Pérez, quien lo invita a unirse a las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá, que él lideraba.

Vanoy Murillo termina vinculado a los grupos paramilitares, inicialmente, en funciones específicas

de obtención de recursos para sostener el aparato militar que Pérez estaba creando. Es así como

30 La siguiente caracterización se realiza con información extraída en su totalidad de: Tribunal Superior de Medellín. Sala

de Justicia y Paz. Decisión: sentencia contra Ramiro Vanoy Murillo, alias “Cuco Vanoy”. Febrero 2 de 2015; Tribunal Superior de Medellín. Sala de Justicia y Paz. Auto de control de legalidad postulados Bloque Mineros José Higinio Arroyo Ojeda, Roberto Arturo Porras, Rolando de Jesús Lopera, Luis Carlos García Quiñones, Luis Alberto Chavarría Mendoza, Eucario Macías Mazo. Junio 11 de 2014. 31 Ramiro Vanoy Murillo, alias ‘Cuco Vanoy’, actualmente se encuentra recluido en una cárcel del Estado de Miami, Estados Unidos, donde purga una condena de 24 años y cuatro meses de prisión por el delito de conspiración para el tráfico de cocaína, que le impuso la Corte Federal para el Estado Sur de Florida. Fue extraditado a ese país el 13 de mayo de 2008 por orden del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. Pese a ello, ‘Cuco Vanoy’ continuó con su participación en el proceso de Justicia y Paz, al cual ha comparecido desde su sitio de reclusión mediante videoconferencia. El 2 de febrero de 2015, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín profirió sentencia en primera instancia, donde se le concede el beneficio jurídico de la pena alternativa de ocho años de prisión, de los cuales, ha cumplido siete. La decisión está pendiente de su ratificación por parte de la Corte Suprema de Justicia. Tomado de: Tribunal Superior de Medellín. Sala de Justicia y Paz. Decisión: sentencia contra Ramiro Vanoy Murillo, alias Cuco Vanoy. Febrero 2 de 2015 32 Íbid.

33

conoce y traba amistad con los más importantes narcotraficantes de la época: Gonzalo Rodríguez

Gacha, los hermanos Rodríguez Orejuela; y Pablo Escobar Gaviria. Luego, promediando el año 1984,

Henry Pérez le pide a Vanoy Murillo que se traslade al municipio de Caucasia para que apoye y

supervise el grupo de autodefensas campesinas que venía conformándose en la región de la mano

de alias “Walter” y Alfonso Fuentes Baranoa, alias “4-1”, amigos personales de Pérez.

Se trataba de un grupo de no más de 40 hombres armados dedicados a repelar a las guerrillas de las

Farc y el Eln, así como a los lugartenientes de Pablo Escobar que durante la década de los ochenta,

se dedicaron a comprar tierras en el Bajo Cauca antioqueño para el montaje de laboratorios para el

procesamiento de alcaloides y pistas de aterrizaje para avionetas. Por orden de Henry Pérez, Vanoy

Murillo asume la dirección de este grupo de autodefensas campesinas y la responsabilidad por su

expansión y consolidación. Dicha situación lo lleva a conocer, finalizando el año 1989, a Fidel

Castaño, quien para la época se encontraba asentado en Valencia, Córdoba, conformando un grupo

de extrema derecha conocido como “Los Tangueros”. La guerra que desató Pablo Escobar contra

todos los comandantes paramilitares de la época obligó a Vanoy Murillo a trasladarse a la ciudad de

Cali, donde permaneció hasta después de la muerte del capo33. Iniciando el año 1994, Vanoy Murillo

regresa al Bajo Cauca antioqueño, con la intensión de reorganizar y fortalecer el grupo de

autodefensas que comenzó a gestarse una década atrás y que logró sostenerse en su ausencia,

gracias a los recursos económicos que enviaba desde la ciudad de Cali y que, a su vez, provenían de

los hermanos Rodríguez Orejuela. Para ello, convoca a ganaderos, terratenientes y mineros de la

región para pedirles apoyo en su causa contrainsurgente. De esta reunión nació el nombre con el

que se conoció la estructura paramilitar: el Bloque Mineros.

Su primer “gran golpe” fue arrebatar la hacienda Ranchería, ubicada en la vereda Pecoralia,

corregimiento La Caucana de Tarazá, propiedad del narcotraficante Luis Alfonso Berrío, pero que se

encontraba en poder de la guerrilla de las Farc. Una vez asentado allí, Ramiro Vanoy comenzó su

proceso de expansión. Primero, expulso a sangre y fuego a las Farc de los corregimientos Guáimaro

y La Caucana. En este último instaló su centro de operaciones y allí creó varias escuelas para la

formación de nuevos reclutas. Desde allí coordinó las incursiones paramilitares a los corregimientos

Versalles y Uré, Montelíbano, Córdoba, limítrofes con La Caucana, localidades que se convirtieron

en zona de retaguardia y uno de los centros de acopio de pasta de coca que tuvo el Bloque Mineros

en la región. Luego, lanzó incursiones por toda la Troncal hasta llegar el municipio de Valdivia, donde

la recién creada estructura paramilitar cometió dos masacres. No serían las únicas. En 1996, Vanoy

Murillo, junto con los jefes paramilitares Salvatore Mancuso y Carlos Castaño Gil, decidieron

incursionar en Ituango, perpetrando la masacre del corregimiento La Granja (11 de junio de 1996).

Para los años 1997-1998, toda la carretera Troncal, desde el municipio de Valdivia hasta Caucasia,

33 En su libro Guerras recicladas, la periodista María Teresa Ronderos expone en detalle las razones que llevaron al jefe

del Cartel de Medellín a declararle la guerra a los comandantes de las nacientes Autodefensas. En síntesis, se trató de un ultimátum lanzado por Escobar a Henry Pérez y su gente para que se unieran en su guerra contra el Estado o de lo contrario, se atuvieran a las consecuencias. Además, por razones geoestratégicas, para Escobar resultaba fundamental controlar todo el Magdalena Medio, principalmente la parte boyacense, dominada en su totalidad por Pérez y sus Autodefensas, a quienes intentó expulsar de la región sin mucho éxito.

34

era controlada por el Bloque Mineros con un grupo de hombres comandados por César Augusto

Torres Luján, alias ‘Mono Vides’, hombre de entera confianza de ‘Cuco Vanoy’.

Para el año 2000, el Bloque Mineros ejercía fuerte control militar y social en los municipios de

Yarumal, Valdivia, Tarazá, Caucasia y el corregimiento Santa Rita de Ituango. Pese a ello, la guerrilla

de las Farc le propinó sendos golpes militares. El primero de ellos ocurrió en 2000. Vanoy Murillo

ordenó a sus hombres incursionar en el municipio de Briceño, Norte de Antioquia, por cuanto

consideraba que la localidad, además de servir de retaguardia a la Farc, presentaba también una

topografía ideal para el cultivo de hoja de coca. Pero hombres del Bloque José María Córdova de las

Farc emboscaron a los paramilitares, produciendo la muerte de 22 hombres. Luego, en el año 2001,

la guerrilla de las Farc lanzó un feroz ataque contra los hombres del Bloque Mineros asentados en

el corregimiento Santa Rita. La victoria militar de la guerrilla se tradujo en un repliegue de los

paramilitares hasta La Caucana. El 16 de mayo de ese año cerca de 500 guerrilleros de las Farc

ingresaron hasta el casco urbano de este corregimiento para atacar la base que los paramilitares

tenían en el corregimiento. Aunque se trató de un cruento ataque que se extendió por espacio de

ocho horas, este no logró expulsar las huestes paramilitares. Por el contrario, estas recompusieron

sus fuerzas, se instalaron con mayor fuerza en el corregimiento La Caucana, imponiéndoles a sus

pobladores un duro régimen de control y sometimiento.

Entre los años 2002-2005, luego de reorganizarse, el Bloque Mineros incursionó nuevamente en

Briceño, donde logró asentarse luego de cometer sendas masacres34; luego se extendió hasta los

municipios de Anorí, Nordeste antioqueño; Campamento y Gómez Plata, Norte del departamento.

Al momento de su desmovilización, el 20 de enero de 2006, en el marco de los acuerdos suscritos

entre el gobierno nacional y el Estado Mayor Negociador de las Auc, el Bloque Mineros contaba con

2.790 combatientes y ejercía presencia permanente en los municipios de Tarazá, Caucasia, Valdivia,

Ituango, Yarumal, Briceño, Peque, Toledo, Anorí, Yarumal, Campamento y Gómez Plata. Una de las

particularidades que encierra este bloque es que, para ganar base social, Vanoy Murillo realizó obras

y actividades de beneficio común en todo Tarazá. En La Caucana impulsó diversos proyectos

productivos; en el corregimiento El Guaimaro construyó una clínica; otra más en el casco urbano.

Contribuyó con los hogares de la tercera edad, con parques infantiles y hasta regaló computadores

para colegios de las zonas rurales35. Todo ello gracias a las cuantiosas rentas derivada del negocio

del narcotráfico, de las cuales, el Bloque Mineros dominó cada uno de los encadenamientos

productivos de esta actividad ilegal (siembra, cosecha, producción de pasta y procesamiento de

34 El ingreso del Bloque Mineros al municipio de Briceño en el año 2002, está enmarcado por dos masacres perpetradas

en el mes de mayo. La primera conocida como la masacre de Chorrillos, que tuvo lugar el 5 de mayo. Ese día, los paramilitares asesinaron a seis personas que se movilizaban en un vehículo de Medellín a Briceño, interceptándolos en un sector conocido como Chorrillos; seis días después, el 12 de mayo, los paramilitares ingresaron al casco urbano de Briceño, se dirigieron a una vivienda y asesinaron a cuatro personas, hecho que se conoce como la masacre de las hermanas Landeta. Tomado de: Tribunal Superior de Medellín. Sala de Justicia y Paz. Auto de control de legalidad postulados Bloque Mineros José Higinio Arroyo Ojeda, Roberto Arturo Porras, Rolando de Jesús Lopera, Luis Carlos García Quiñones, Luis Alberto Chavarría Mendoza, Eucario Macías Mazo. Junio 11 de 2014. 35 Ver más en: “El para-Estado de alias ‘Cuco Vanoy”. En: http://www.verdadabierta.com/jefes-de-la-auc/4218-el-para-estado-de-alias-cuco-vanoy. Consultado el 5/12/2015.

35

base de coca). Así, Vanoy Murillo se erigió en despiadado jefe paramilitar, que ordenaba asesinatos,

desplazamientos y desapariciones forzadas y, a su vez, en un hombre preocupado por su

comunidad, asumiendo para ello funciones propias del poder político.

“el caso de Tarazá es sumamente importante para develar la manera en que se impuso un orden

paramilitar fundado tanto en prácticas de exterminio como en la constitución de un discurso y una

serie de prácticas que buscaban reorganizar una sociedad, que para ser sustentable, debía contar con

sujetos que se reinscribieran dentro de unas normas sociales, políticas y económicas establecidas. De

esta manera, el paramilitarismo tuvo incidencia en las experiencias del campo político y la

democracia, regulando la participación electoral, la exigencia de derechos civiles, y administrando la

justicia, además de la vida cotidiana” (Sierra, 2011: 66).

1.2.3.2. Frente Nordeste, Bajo Cauca y Magdalena Medio del Bloque Central Bolívar (BCB)36

El Frente Nordeste, Bajo Cauca y Magdalena Medio fue uno de los nueve frentes que integró el

Bloque Central Bolívar (BCB), uno de los más grandes del proyecto paramilitar37. Su surgimiento no

hubiera sido factible si al Bajo Cauca antioqueño no llega un hombre con una extensa trayectoria

criminal: Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’ o ‘Javier Montañez’.

Jiménez nació en Envigado, Antioquia, el 26 de febrero de 1966. Estando muy pequeño, él y su

familia se mudaron al barrio Santa Teresa en Dosquebradas, Risaralda. En esta localidad adelantó

estudios hasta el tercero de bachillerato. Abandonó las aulas de clase para trabajar con su padre,

Mario Jiménez, en el expendio de carnes y en el comercio de ganado. En 1983, con 17 años de edad,

Jiménez Naranjo tomó la decisión de trasladarse a Puerto Asís, Putumayo, donde empezó a trabajar

con personas allegadas a su familia, quienes lo apalancaron económicamente para que incursionara

en el negocio de la venta de combustible. Las ganancias le permitieron arrendar un estadero

conocido como El Cosmos y una estación de gasolina llamada Los Recuerdos. Cinco años después,

'Macaco' conoció a la viuda Rosa Edilmira Luna Córdoba, extraditada actualmente por el delito de

narcotráfico, con quien se fue a vivir en la finca Animalandia, en Puerto Asís. En 1991, Rosa Edilmira,

heredera de las propiedades de su esposo muerto, fue secuestrada por el Frente 32 de la guerrilla

de las Farc a cargo de alias ‘Pedro’, quien se decía era hijo de fallecido comandante subversivo

Jacobo Arenas. El grupo guerrillero exigió al principio un pago de 250 millones de pesos, pero

Jiménez Naranjo logró negociar y reducir el pago a 125 millones más la entrega de dos motores

fuera de borda avaluados en 14 millones cada uno. No obstante, las amenazas en su contra

continuaron por varias razones: de un lado, se había negado a reunirse con las guerrilla en varias

ocasiones y, de otro, debido a que sus negocios eran frecuentados por funcionarios del DAS, fue

señalado por los insurgentes como "auxiliador" de las fuerzas del Estado.

36 La siguiente caracterización se realiza con información extraída del portal periodístico VerdadAbierta.com y Tribunal Superior de Bogotá. Sala de Justicia y Paz. Decisión: sentencia Rodrigo Pérez Alzate, ‘Julián Bolívar’. 30 de agosto de 2013. 37 El proceso de georeferenciación realizado por la Fiscalía 27 de la Unidad de Justicia Transicional de la Fiscalía (antes

Justicia y Paz) determinó que entre 2000-2006, el Bloque Central Bolívar tuvo presencia activa en 15 departamentos, más de 450 municipios del país y contó con más de 7.500 hombres en armas, lo que lo convierte en el bloque más grande y poderoso de las Auc.

36

La información aportada por desmovilizados del BCB a los fiscales de Justicia y Paz indican que detrás

de la administración de negocios de combustible se escondía la verdadera identidad de Jiménez: la

de un narcotraficante. El siguiente fragmento consignado en la sentencia contra Rodrigo Pérez

Alzate, alias “Julián Bolívar”, proferida el 30 de agosto de 2013 por la Sala de Justicia y Paz del

Tribunal Superior de Bogotá, así lo señala:

“Información allegada por la Fiscalía, señala que Carlos Mario Jiménez, durante el periodo de su vida

que estuvo en Putumayo (entre 1981 – 1991), fue relacionado con empresas como el comercio de

combustible y la administración de estaderos. Aunque igualmente, se expuso información en la que

víctimas y residentes de Puerto Asís, informan que nunca le conocieron una actividad lícita y que por

el contrario era publica su condición de sicario. Una de las entrevistas realizadas por las Fiscalía

General, evidencia que Carlos Mario Jiménez fue vinculado al grupo conocido como los ‘Masetos’ y

concretamente al homicidio de Daniel Lara Quiceno. Este proceso por el homicidio del ciudadano,

según la información de la Fiscalía, se perdió en un incendio. Igualmente se aseveró que en una

ocasión el domicilio de Rosa Edelmira y Carlos Mario Jiménez fue allanado y en él se encontraron

sustancias ilícitas”38.

En la misma providencia se consigna que, promediando la década de los noventa, Jiménez y su

esposa deciden trasladarse a la región del Bajo Cauca antioqueño, más concretamente al

corregimiento Piamonte de Cáceres. Allí adquiere varias propiedades: La Mojosa, La Esmeralda; La

Uno; El Cairo39. En este corregimiento Jiménez sufre un ataque armado por parte de la guerrilla del

Eln, a finales de 1996, lo que lo llevó a conformar su propio esquema de seguridad personal. Para

ello, contrata a los hermanos Vinicio Virgues Mahecha, alias ‘Jota Jota’ o ‘22’, Armando Virguez

Mahecha, alias 'Queso', Erbert Virguez Mahecha y a Héctor Edilson Duque, alias ‘Monoteto’ o ‘28’,

con quienes conformó su primer grupo de autodefensas que denominó ‘Los Caparrapos’ debido a

que la mayoría venían de Caparrapí, Cundinamarca40. En 1997, Vicente Castaño convocó a una

reunión en una finca ubicada cerca al municipio de Caucasia, a la que fueron invitados tanto

comandantes como líderes de las pequeñas estructuras que existían en la región para que se

integraran a las Autodefensas de Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu). En dicha reunión, Vicente

le asignó a Jiménez la margen izquierda del río Cauca, lo que incluye Cáceres, parte de Caucasia y

Zaragoza. Vicente le pidió a ‘Macaco’ que desde allí, iniciara su proceso de expansión hasta el sur

de Bolívar y Nordeste antioqueño. Para ello, Jiménez también controla toda la cadena productiva

38 Íbid. 39Sobre estas propiedades pesan actualmente solicitudes de restitución en la Unidad de Restitución de Tierras, pues se presume que el exjefe paramilitar las adquirió por medios violentos. Es el caso del predio Villa Yomara, cuyos antiguos propietarios alegan que hombres al servicio del jefe paramilitar les arrebataron violentamente su propiedad. Esta finca hace parte de la gran Hacienda La Uno, juntos con los predios La Esperanza, Las Cabañitas y Las Flores. Este inmueble figura en los registros del Fondo para la Reparación de las Víctimas como entregados por ‘Macaco’ para cumplir su compromiso de resarcir a sus víctimas, según consta en el acta N. 18 de Recepción de Bienes de la antigua Acción Social, fechada el 1 de diciembre de 2007. El ex paramilitar también entregó para reparación de las víctimas la finca El Cairo –integrada por los lotes Las Brisas, El Contento, Nueva Esperanza y Los Pilores –, y la Hacienda La Esmeralda, donde tuvo su campamento madre y la cual fue reclamada por su antiguo propietario ante los tribunales de Justicia y Paz de Medellín. 40 La presencia de este grupo de autodefensas en Cáceres generó graves problemas de desplazamiento. Según el Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia, el corregimiento Piamonte pasó de 3.500 habitantes en 1995 a menos de 400 en 2002.

37

del narcotráfico: desde la siembra de la hoja hasta su procesamiento y exportación a Europa y los

Estados Unidos, lo que le dejaba suficientes utilidades para garantizar la estabilidad financiera de su

estructura armada. Lo anterior, sumado a sus logros militares en su disputa territorial con la guerrilla

del Eln, le significó a Jiménez, quien comenzó a ser conocido al interior de las Auc con el alias de

‘Javier Montañez’, ganarse rápidamente la confianza de los hermanos Castaño.

La cercanía llegó a tal punto que Carlos Castaño designó a Jiménez como el comandante general del

Bloque Central Bolívar (BCB), una macroestructura paramilitar cuyos antecedentes se remontan,

por un lado, a las intenciones de Carlos Castaño de expulsar a la guerrilla del Eln del sur de Bolívar y

así, poder establecer un importante corredor estratégico para las Autodefensas; y, de otro lado, el

asesinato de Guillermo Cristancho Acosta, conocido como 'Camilo Morantes’, jefe de las

Autodefensas Campesinas de Santander y Sur del Cesar, el cual fue ordenado por el propio Castaño

por sus presuntos excesos contra la población. Tras la muerte de ‘Camilo Morantes’, el máximo jefe

de las Accu ordenó la fusión de todos los grupos de autodefensa que delinquían en el sur de Bolívar,

Santander, Puerto Berrío, Yondó, Bajo Cauca y Nariño bajo el nombre de Bloque Central Bolívar.

La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, consignó lo siguiente en su sentencia contra

Rodrigo Pérez Alzate, alias “Julián Bolívar”:

“se expuso en el desarrollo de la audiencia, información y fuentes que apuntaban a que al interior de

la cúpula de las Auc, más concretamente Vicente Castaño, alias ‘El Profe’, financió la expansión

territorial de los frentes y bloques paramilitares a través de la venta de franquicias a narcotraficantes.

En este periodo de ‘venta de franquicias’, según la información de varios ex miembros de las Auc,

llegaron a comandar estructuras narcotraficantes. Uno de los señalados concretamente es Carlos

Mario Jiménez Naranjo, quien, por versiones escuchadas en audiencia, de narcotraficante paso a

comandante paramilitar. Según lo expuesto, esto era funcional para ambas partes, i) por un lado las

Auc expandían estructuras a nuevos territorios; y ii) los narcotraficantes dejaban de ser simples

delincuentes organizados, para adquirir el rol de partes de un conflicto armado interno”41.

Los integrantes del Frente Nordeste, Bajo Cauca y Magdalena Medio lograron mantener un férreo

dominio en las localidades de Cáceres, Caucasia, Zaragoza, Segovia, Remedios y sur de Bolívar. Su

desmovilización se produjo el 12 de diciembre de 2005, en zona rural del corregimiento Santa Cecilia

de Remedios, Antioquia. Ese día, unos 1.922 combatientes hicieron entrega de sus armas al

entonces Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo.

Como se puede apreciar, fueron los grupos paramilitares, específicamente el Bloque Mineros y el

Frente Nordeste, Bajo Cauca y Magdalena Medio del BCB, quienes fungieron como únicos

reguladores de la actividad económica del narcotráfico. La pregunta que aún falta responder es ¿qué

obtuvieron los paramilitares por dicha regulación?

41 Tribunal Superior de Bogotá. Sala de Justicia y Paz. Decisión: sentencia Rodrigo Pérez Alzate, ‘Julián Bolívar’. 30 de agosto de 2013.

38

En primer lugar, les permitió consolidar un dominio hegemónico de las actividades criminales en la

región por poco más de una década: además de conquistar antiguos territorios de tránsito y

retaguardia de las guerrillas, sometió a sangre y fuego a todas las manifestaciones criminales de la

región, erigiéndose como autoridad en materia criminal. Producto del poder armado alcanzado

gracias a los réditos económicos derivados de los excedentes del narcotráfico, dominaron las

poblaciones. Así, el pleno dominio tanto del territorio como de las riquezas y las poblaciones

inmersas en él le permitieron a los paramilitares fortalecerse como actor fundamental en ese campo

de fuerzas y de poder que configura al Estado.

Lo anterior remite nuevamente a Migdal en tanto pone de presente que cada región y localidad

tiene una experiencia particular en el proceso de formación del Estado. Por ello, según lo recuerda

Alonso, ese conjunto de tensiones, interacciones, disputas, luchas y competencias que se dan al

interior del campo estatal se inserta en una racionalidad histórica que además, reconstruye y

reinventa permanentemente al propio Estado. “La conclusión lógica de este enunciado es que las

rivalidades y luchas entre los grupos dominantes y entre estos y sectores subalternos no presuponen

un mal funcionamiento del Estado, su captura, debilidad o disolución; evidencian, por el contrario,

las modalidades y formas de funcionamiento del campo estatal en contextos históricos

determinados” (2014: 146).

En ese orden de ideas es posible señalar que la construcción del Estado en el Bajo Cauca antioqueño

durante el siglo XX estuvo determinada por una intensa competencia por el control de los capitales

económicos, jurídicos, políticos, sociales y simbólicos que involucró a diversos actores tales como

las comunidades campesinas, los ganaderos, los mineros, las entidades estatales, movimientos

políticos alternativos a los partidos tradicionales, las guerrillas y los paramilitares que terminó por

configurar un campo estatal sumamente volátil, donde fueron permanentes además las tensiones

entre la región y el resto del cuerpo de la Nación por cuenta de las dificultades de vincularse con los

circuitos económicos nacionales y al orden estatal. Podría afirmarse entonces que lo anterior derivó

en dos situaciones que caracterizaron el fin del siglo XX en los municipios Caucasia, Cáceres y Tarazá.

En primer lugar, ante el avance de los grupos paramilitares y el dominio hegemónico criminal

alcanzado por estos, el Estado terminó “tercerizando” en ellos la función coercitiva como estrategia

para fortalecer su capacidad de gobernar e imponerse ante sus competidores políticos. Ello fue

posible gracias a la estrecha relación de delegación-cooperación42 que desde su génesis, tejió el

paramilitarismo con funcionarios estatales y de la fuerza pública. Sobre ello se volverá más adelante.

En segundo lugar, la relación de delegación-cooperación entre instituciones estatales y

paramilitares no implicó el sometimiento de los segundos al conjunto de normas que intentaron

imponer las primeras. En ese campo de fuerzas y de poder que es el Estado, los paramilitares

también usurparon funciones propias del poder político: impusieron normas de conducta y

convivencia a los pobladores de Caucasia, Cáceres y Tarazá; se autoerigieron como autoridades

42 Distinta a la relación de abierta confrontación que estableció con las guerrillas y movimientos políticos alternativos, o

de sometimiento con el resto de grupos subalternos.

39

tramitadoras de conflictos; regularon las actividades económicas tanto legales como ilegales y ello

terminó por configurar lo que Uribe denomina una “soberanía en vilo” (Uribe, 1998). Así, durante

un interregno que va de 1996 a 2006, en los municipios objeto de investigación el poder político

legalmente constituido, aquel que se elige en las urnas cada cuatro años, debió desenvolverse e

interactuar con el poder político alterno impuesto por los paramilitares. Y, como bien lo sustenta

Uribe, lo anterior termina por producir fenómenos de fragmentación institucional, inorgacidad y

precarización de la ciudadanía:

“una soberanía en vilo y una ciudadanía virtual, terminan por producir fenómenos de inorganicidad

y de fragmentación en la amplia y compleja fronda de la burocracia estatal. Alcaldes, concejales,

funcionarios locales o de institutos descentralizados del Estado, jueces, miembros de la rama

legislativa y funcionarios de diversa naturaleza, no desarrollan la gestión y la administración públicas

de acuerdo con el orden institucional que representan, sino que son imbricados y controlados por las

tramas y los complejos circuitos de los grupos armados de diferente signo, de tal manera que

fragmentos significativos de la burocracia estatal terminan desarrollando sus labores públicas en el

marco de los órdenes políticos alternativos y bajo las demandas concretas del conflicto armado”

(1998:31).

2. La fragmentación violenta de un dominio hegemónico criminal

2.1. Aproximaciones al fenómeno paramilitar

La complejidad que entraña el fenómeno paramilitar ha llevado a construir diversas

interpretaciones sobre este que, en todo caso, lo ubican como un actor fundamental tanto en

algunas ciudades capitales (el caso de Medellín es paradigmático en ese sentido) como en aquellas

regiones denominadas “de frontera” o “periféricas”, bien por su capacidad de construir órdenes

políticos alternos, bien por su papel en la reconfiguración del Estado, bien por su incidencia en la

degradación del conflicto armado interno. Si bien este ensayo investigativo no tiene como objeto

de estudio del paramilitarismo, bien vale la pena reseñar sucintamente las diferentes perspectivas

analíticas desde las cuales ha sido abordado a fin de contar con una línea teórica que permita

visualizar qué tipo de región, qué clase de actores y qué tipo de disputas fueron las que se dieron

en el Bajo Cauca antioqueño tras la desmovilización de los bloques paramilitares que ejercieron

poder y dominio en el Bajo Cauca antioqueño.

40

El estado del arte realizado por Cruz Rodríguez señala que:

“la evolución del fenómeno paramilitar ha sido estudiada desde tres tipos de relaciones: paramilitarismo y

Estado; paramilitarismo y actores locales-regionales; paramilitarismo, narcotráfico y otras fuentes de

financiación. Aunque la separación en el estudio de estas relaciones no es nítida, es posible clasificar la

bibliografía en cuatro enfoques: a) el primero concibe al paramilitarismo como un instrumento de

contrainsurgencia y guerra sucia del Estado; b) el segundo resalta en su potencial estratégico y de coaliciones

con actores locales y regionales; c) el tercero concibe al paramilitarismo como autor autónomo del Estado; y d)

la subordinación del paramilitarismo al narcotráfico y a la búsqueda de otras rentas” (Cruz: 2007: 118).

Dicha clasificación también puede ubicarse en periodos históricos puntuales. El estudio de Medina

Gallego sobre el caso Puerto Boyacá, publicado a finales de la década de los ochenta, constituye la

obra paradigmática sobre el fenómeno paramilitar como instrumento de guerra sucia por parte del

Estado43 para enfrentar la amenaza que representó en su momento tanto el movimiento guerrillero

como el surgimiento de un partido de izquierda con aspiraciones serias de poder como lo fue la

Unión Patriótica (UP). Finalizando la década de los noventa saldrían a la luz pública las

investigaciones realizadas por Fernando Cubides, primero; y Mauricio Romero, luego, donde

destacan la dimensión territorial-local del paramilitarismo y la confluencia de varios procesos tales

como: a) el rechazo de élites regionales a procesos que buscaban democratizar la riqueza y la

participación política en las regiones; y b) el surgimiento de escuadrones de la muerte patrocinados

por hacendados, ganaderos y terratenientes que luego mutaron a grupos paramilitares. En los

primeros años de la década de 2000 se posicionaron los estudios sobre la “autonomía relativa” del

paramilitarismo con respecto al Estado, postura que abrió un arduo debate que perdura hasta

nuestros días: ¿fue el Estado víctima de la ambición de poder y la codicia de un aparato armado

liderado por un grupo de hermanos que se autoerigieron como los abanderados de la causa

contrainsurgente? O, por el contrario, ¿el Estado cohonestó, favoreció, coadyuvó, motivó o

participó, bien por acción o por omisión, en el surgimiento y expansión del fenómeno paramilitar?44

Recientemente, estudios como los de Duncan (2006) proponen entender el paramilitarismo como

la cohesión de un aparato militar creado por los hermanos Castaño, sumado a la subordinación de

pequeños grupos de narcotraficantes presentes en los territorios de dominio paramilitar. Esto le

permitió al paramilitarismo aumentar considerablemente sus arcas por cuenta de los excedentes

del narcotráfico, dando lugar, primero, a la transformación del poder político regional toda vez que

los viejos barones electorales regionales (gamonales, terratenientes y ganaderos) para no perder su

incidencia y capacidad de movilizar a su clientela, debieron aliarse con los ‘paras’; y segundo, estos

últimos terminarían convirtiéndose en una fuerza autónoma, con gran injerencia en el negocio del

narcotráfico, pero también, con un poder de sometimiento del territorio, lo que Duncan ha

denominado Los señores de la guerra.

43Aunque con profundos matices, de este periodo también reseñarse estudios elaborados por Rodrigo Uprinmy; Jorge

Orlando Melo, Alejandro Reyes. 44 El texto de Rangel et al (2005) es quizás el más representativo de esta línea.

41

La perspectiva histórica evidencia que si bien existieron movimientos de autodefensas campesinas

en Antioquia, Santander, Cundinamarca, Tolima, entre otros, durante la década de los sesenta y

setenta (Roldán, 2003; Uribe, 2001; Ronderos, 2015), es el caso de Puerto Boyacá el que instaura

los cimientos del paramilitarismo tal como lo conoció el país a finales del siglo XX y principios del

XXI45. Este caso que ha sido suficientemente documentado por lo que no se ahondará en él. Lo que

sí vale la pena señalar es que, tal como lo muestra la reconstrucción histórica realizado por Ronderos

(2015), desde sus inicios el paramilitarismo trenzó fuertes lazos de cooperación con el Ejército46 y

autoridades del gobierno local. De igual forma, encontró en el narcotráfico su principal fuente de

financiación. Paralelo a ello es posible afirmar que en Colombia, el Estado ha tenido la tradición de

armar a los civiles, convertirlos en cuerpos de apoyo y movilizarlos en “pro de la defensa nacional”.

En 1965, el entonces presidente Guillermo León Valencia profirió el Decreto 3398 del 24 de

diciembre de ese año, mediante el cual “se organiza la defensa nacional” y se adoptan, entre otras

medidas, el amparo, la provisión y la venta de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares a

organizaciones civiles siempre y cuando sea para la defensa nacional. En este orden de ideas,

también es necesario recordar el Decreto-Ley 356 de 1994, “por el cual se expide el Estatuto de

Vigilancia y Seguridad Privada”, articulado que le dio vida legal a las famosas cooperativas de

vigilancia privada, más conocidas como “convivir”, las cuales nacieron como expresión de

autodefensas legales pero que luego fueron fundamentales en la expansión del paramilitarismo en

tanto permitieron no solo el blanqueo de capitales provenientes principalmente del narcotráfico,

sino también porque “militarizó la sociedad en función de la lucha contrainsrugente, pues lo que

normalmente hacían estos grupos era combinar la conformación de frentes de seguridad rural, con

acciones de tipo comando o sicarial contra los blancos de su ataques: dirigentes políticos de

izquierda, sindicalistas, estudiantes y demás sectores de la población civil”47.

En el caso particular del Bajo Cauca antioqueño, el fenómeno “paramilitar” no es exclusivo de las

últimas décadas del siglo XX. Una de las conclusiones más llamativas de Roldán (2003) es que debido

a la poca capacidad militar que tuvo en su momento el gobierno de Antioquia para contener la ola

de violencia que azotó a esta región entre los años 1952 y 1954, las autoridades departamentales

decidieron patrocinar la conformación de las llamadas “contrachusmas”, una especie de fuerzas

paramilitares conservadoras que reclutaron entre campesinos de la región, preferentemente

desempleados y sumidos en la pobreza, a quienes armaron para hacerle frente a la amenaza que

45 Ronderos (2015) por ejemplo, señala que finalizando la década de los setenta, la IV Brigada del Ejército, con sede en

Medellín, había promovido el surgimiento de grupos de autodefensas campesinas en la región del Magdalena Medio antioqueño. Entre ellas se destacan los “escopeteros” de Ramón Isaza, los “escopeteros del ‘Mono’ Celín, en Santander; y los “escopeteros” de Rigoberto Quintero en Yacopí, Cundinamarca. Roldán (2003) también documenta el surgimiento de contrachusmas conservadoras, al estilo de grupos paramilitares, en Antioquia durante la época de la violencia partidista. 46 Después de todo, los movimientos de autodefensa contaban con la legalidad que les confería el Decreto 3398 del 24 de diciembre de 1965. De igual forma, el trabajo de Zelik (2012), describe con rigurosidad las alianzas entre la Asociación de Ganaderos del Magdalena Medio (Acdegam), que fungió como fachada del grupo paramilitar de Henry Pérez, y los alcaldes de Puerto Boyacá durante la década de los ochenta. 47 Tribunal Superior de Medellín. Sala de Justicia y Paz. Decisión: sentencia contra Jorge Eliecer Barranco Galván & otros. Bloque Córdoba de las Accu. 23 de abril de 2015

42

representaban las guerrillas liberales que se habían asentado en Puerto Triunfo, Remedios y

Caucasia. Uno de los efectos más “perversos” de la aparición de estas “contrachusmas” fue que

terminó por desdibujar las causas de un conflicto que aterrorizaba a la región, en tanto que estas

fuerzas paramilitares conservadoras se convirtieron en “puerta de salvación laboral” para

desarrapados y desplazados.

Recientemente, decisiones judiciales han demostrado que el paramilitarismo en Colombia no

hubieran logrado la expansión que alcanzó sin el apoyo de las Fuerzas Militares y políticos

regionales, razón por la cual, hablar de la “autonomía de los paramilitares” constituye una falacia.

Exjefes paramilitares como Hebert Veloza, alias ‘H.H’; Fredy Rendón, alias ‘El Alemán’; Ramiro

Vanoy Murillo, alias ‘Cuco Vanoy’ y Salvatore Mancuso, entre otros, han declarado ante tribunales

de Justicia y Paz que sin el apoyo de la fuerza pública, estamentos judiciales y políticos locales, la

expansión paramilitar hubiera sido impensable48. Es así como en las sentencias proferidas por los

Tribunales de Justicia y Paz contra Ramón Isaza (mayo 29 de 2014); Dairon Mendoza Caraballo y

demás postulados del Bloque Élmer Cárdenas (agosto 27 de 2014); Jesús Ignacio Roldán Pérez

(diciembre 9 de 2014); Ever Veloza García (octubre 30 de 2014); Ramiro Vanoy Murillo (febrero 2

de 2015), se compulsaron copias para que se investigue penalmente la responsabilidad de decenas

de militares y agentes de Policía por sus presuntos nexos con grupos paramilitares. El propio Ramiro

Vanoy Murillo, alias ‘Cuco Vanoy’, quien fuera máximo comandante del Bloque Mineros, declaró

ante fiscales de Justicia y Paz que, en efecto, no hubiera logrado la expansión que alcanzó sin la

colaboración de la Fuerza Pública. El siguiente fragmento hace parte de una versión libre rendida en

junio de 2012 por Vanoy Murillo ante investigadores judiciales de la Fiscalía 15 de la Unidad de

Justicia Transicional (antes Justicia y Paz), el cual fue reproducido por el portal periodístico

VerdadAbierta.com:

“Este jefe paramilitar confesó que él personalmente destinaba cada mes 150 millones de pesos para el pago de

policías y militares para que sus hombres cometieran toda clase de crímenes: ‘Yo le entregaba el dinero a mi

sobrino (Danilo Linares) y él se lo entregaba a los comandantes militares y urbanos y ya ellos hacían el trabajo.

¿De dónde salía el dinero? Pues del narcotráfico. Nosotros teníamos una pista en el Bajo Cauca desde donde

enviábamos la droga. ¿Qué si la Fuerza Pública sabía? Seguro que sí, pero para eso estábamos pagando’, declaró

Vanoy ante fiscales de Justicia y Paz. Si bien alias ‘Cuco Vanoy’ no ha referido nombres, sus relatos dan cuenta

que durante la presencia del Bloque Mineros se pagó dinero a miembros de la estación de Policía de Caucasia,

así como a oficiales del Ejército destacados en el Batallón Rifles, ubicado a las afueras de esta localidad.

Asimismo, según conoció VerdadAbierta.com, actualmente cursa una investigación contra el exalcalde de

Caucasia, Juan Carlos Garcés, por el delito de enriquecimiento ilícito. Garcés, quien fue mandatario local entre

2004-2007, es acusado de ser testaferro de alias 'Cuco'Vanoy. Según las versiones de Vanoy, sus influencias

también se extendieron a la Fiscalía Seccional de Caucasia. Una de las funcionarias sobre las que las autoridades

tuvieron sospechas de tener nexos con los paramilitares fue contra la fiscal Gloria Emilse Pérez Guisao, quien al

final fue asesinada el 24 de marzo de 2010, en hechos que son investigados por la Fiscalía. La Fiscalía 15 de

Justicia y Paz, que investiga el Bloque Mineros, ha podido establecer que Pérez Guisao fue compañera

48Al respecto, ver más en: http://www.verdadabierta.com/imputaciones/5290-paramilitarismo-en-uraba-no-habria-sido-

posible-sin-fuerza-publica-fiscalia ; http://www.verdadabierta.com/justicia-y-paz/3932-qla-fuerza-publica-fue-clave-para-la-expansion-de-las-aucq-mancuso y http://www.verdadabierta.com/politica-ilegal/el-estado-y-los-paras/4087-cuco-vanoy-paramilitares-bajo-cauca-antioquia. Consultado el 27/12/2015.

43

sentimental de Miller Enciso Orjuela, alias ‘Juan Camilo’, uno de los primeros jefes urbanos que designó ‘Cuco

Vanoy’ para controlar Caucasia. Por cuenta de esta cercanía, Pérez Guisao filtró información sobre operativos,

capturas e investigaciones dirigidas contra los paramilitares”. ”49.

De otro lado, la reconstrucción histórico-jurídica hecha también en el marco de la justicia

transicional de masacres como La Gabarra; El Salado; Peque; La Horqueta; Parques del Estadio; El

Aro y La Granja, demuestran que hubo participación directa de altos oficiales del Ejército en cada

una de ellas. La sentencia proferida por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín

contra cuatro postulados del Bloque Córdoba de las Accu señala:

“el surgimiento de los grupos de autodefensas en Córdoba fue posible por la promoción e impulso

del Ejercito Nacional, quien invitaba a los ganaderos a conformar grupos armados que operaban

como grupos civiles de apoyo al Ejército, les vendía las armas legalmente amparadas y los dotaba de

radios de comunicación”50.

Con todo y ello, describir a los paramilitares como el aparato de guerra sucia por parte del Estado

no agota las explicaciones sobre este fenómeno. De otro lado, hablar de un ejército de mercenarios

que libró una guerra contrainsurgente pero que luego alcanzó un nivel suficiente de autonomía que

les permitió controlar territorios al estilo de señores de la guerra51, desconoce los profundos vasos

comunicantes y las relaciones de dependencia que siempre existieron entre los paramilitares y

agentes del Estado.

Es claro, entonces, que una de las principales características que ha desarrollado el Estado

colombiano, por lo menos en el último cuarto de siglo, es fomentar la creación de cuerpos armados

paralelos a su fuerza armada legalmente constituida para enfrentar amenazas violentas. Lo anterior

plantea una paradoja: si uno de los principales atributos estatales es el monopolio de la violencia

legítima, ¿por qué el propio Estado fomenta el socavamiento de este atributo fundamental? La

respuesta podría estar justamente en la configuración de lo que hemos denominado campo estatal.

Alonso nos señala que este no es un proceso de formación lineal, homogénea e incremental y, en

ese orden de ideas, las guerras civiles, en este caso, el conflicto armado interno, tampoco encierra

una naturaleza binaria y claramente delimitada y que aunque este enmarcado en un contexto

nacional, a nivel regional encierra sus propias particularidades, sus dinámicas y sus intereses

políticos privados (Alonso, 2014).

En este orden de ideas podría afirmarse que el Estado “tercerizó” el uso de la violencia en los

paramilitares para fortalecerse allí donde se libraba una fuerte competencia armada y política

(como en el caso del Bajo Cauca antioqueño) no solo con las guerrillas, sino también con grupos

políticos alternativos que también aspiraban al poder político. No en vano, decisiones proferidas en

49 Ver más en: Los tentáculos del Bloque Mineros. En: http://www.verdadabierta.com/politica-ilegal/el-estado-y-los-paras/4087-cuco-vanoy-paramilitares-bajo-cauca-antioquia Consultado el 29/03/2016. 50 Tribunal Superior de Medellín. Sala de Justicia y Paz. Decisión: sentencia contra Jorge Eliecer Barranco Galván & otros.

Bloque Córdoba de las Accu. 23 de abril de 2015 51 Hacemos alusión a los atributos que Duncan enumera para la emergencia de señores de la guerra: la toma del Estado

local; alcanzar una hegemonía política y militar; administrar justicia y explotar una economía de guerra (Duncan: 2006).

44

los distintos Tribunales de Justicia y Paz, sumadas a diversos estudios sobre el fenómeno paramilitar

en Colombia cuya seriedad y rigor los convierte en fuente indiscutible de consulta y contrastación52,

señalan que los principales blancos del paramilitarismo siempre lo constituyeron pobladores con

algún grado de representatividad local: sindicalistas, presidentes de juntas de acción comunal,

líderes campesinos, indígenas y afrocolombianos; estudiantes universitarios, activistas de derechos

humanos y políticos de izquierda. Lo anterior obedecía a la lógica de la guerra contrainsurgente que

el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso describió ante fiscales de Justicia y Paz: eliminar o expulsar

del territorio a todo presunto simpatizante de la guerrilla (que por lo general, siempre ubican en

sectores de izquierda); destruir tejido social mediante técnicas de terror (desplazamientos forzados,

desapariciones forzadas; masacres) para luego ocupar territorios, ejercer dominación y control

sobre las decisiones políticas allí53.

¿Cómo entender la expansión del paramilitarismo como un proceso de fortalecimiento del campo

estatal? Los planteamientos de Hibou y Zelik pueden ser útiles al respecto. Hibou señala que en el

mundo de hoy, donde se experimenta un “desintegración” del poder, donde la centralización y la

concentración, en especial de la autoridad política y el control económico, parecen diluirse en

nombre de la supremacía del mercado, hablar de retirada del Estado es una inconsistencia pues se

parte de una visión sustancialista y normativa del poder del Estado (2013: 43). Según esta autora,

quienes ofician como agentes privados pueden entenderse como puntos de la acción estatal dado

que:

“como el Estado se define, por ejemplo, según la soberanía, o como único poseedor del monopolio

de la violencia legítima y de la tributación, se concluye que el Estado entró en decadencia o que

compite con nuevos poderes (como las redes transnacionales, las mafias o las grandes

multinacionales de asesoría y evaluación, pero también los notables jefes guerreros locales). Por el

contrario, si se considera que los puntos de intervención del Estado pueden ir más allá de las

instituciones y que la cuestión de la soberanía es distinta al poder estatal, entonces la aparición de

estos actores, de este flujo y de estos poderes que aparentemente compiten con el Estado pueden

entenderse como puntos de su intervención, nuevos o no” (Íbid.: 50).

Por su parte Zelik, en su abordaje del fenómeno paramilitar en Colombia, concluye que:

“sería equivocado interpretar el paramilitarismo como expresión de una desintegración estatal. La

capacidad del Estado colombiano de crear una estructura paralela tan eficaz, y de dirigirla

informalmente durante tanto tiempo, es muestra de su capacidad de defensa. Combinando formas

regulares e irregulares de lucha, el Estado ha logrado imponerse exitosamente sobre los movimientos

populares y revolucionarios de la década de los ochenta. No obstante, es cierto también que el

paramilitarismo es fruto de un profundo déficit de legitimación estatal, ligado a la concentración de

tierras y al poder latifundista, cuyas raíces se remontan al siglo XIX (cf. 5.3 y Fajardo 2008). Por lo

tanto, habría que interpretar la tercerización de funciones estatales como una estrategia de crisis

52 En este sentido, el universo es amplio y variado, pero en este caso en particular hacemos alusión a los estudios de Raúl Zelik (2012); Gustavo Duncán (2006); Álvaro Camacho Guizado (2009); Alec Sierra (2011) y Vilma Liliana Franco (2009). 53 Tribunal Superior de Medellín. Sala de Justicia y Paz. Decisión: sentencia contra Jorge Eliecer Barranco Galván & otros. Bloque Córdoba de las Accu. 23 de abril de 2015

45

desarrollada para responder a la pertinaz rebelión social de algunos sectores de la población” (2012:

172).

Lo anterior no desconoce que, aupados en el discurso contrainsurgente, los grupos paramilitares

lograron edificar, de manera autónoma, un imperio criminal que tuvo por objeto rentables negocios

ilícitos como el robo de combustible, el narcotráfico, la extorsión; el acaparamiento (y usurpación)

de tierras para desarrollo de proyectos agroindustriales, entre otros. Dicho poder económico,

sumado a la hegemonía militar, les permitió ejercer control sobre el poder político de los territorios

bajo su dominio. Pero, tampoco se puede desconocer que sus máximos dirigentes, albergaban una

propuesta de país, cercano a los intereses de la gran propiedad y el gran capital, por lo que es válido

afirmar que no se trató solo de una confederación de grupos criminales54. En este orden de ideas,

la definición que Zelik arroja sobre los grupos paramilitares recoge en buena medida la complejidad

de este fenómeno en tanto estos constituyeron: “un híbrido entre: 1) una estructura paralela

‘tercerizada’ o externalizada con la que el Estado, fiel a las estrategias asimétricas modernas, trata

de reducir los costos políticos de la contrainsurgencia; 2) un ejército privado al servicio de amplios

sectores del gran empresariado, los terratenientes y la clase política; y 3) una estructura criminal

organizada que persigue fines económicos propios” (íbid.: 147).

De igual manera, para el caso concreto de los municipios de Caucasia, Cáceres y Tarazá, los exjefes

paramilitares se erigieron como “hombres fuertes”. Como fuerza contrainsurgente, fueron

funcionales a los intereses del Estado de combatir a sus competidores, en este caso las guerrillas y

movimientos políticos alternativos, sobre quienes finalmente terminaron imponiéndose. Ya se

advirtió cómo el Bloque Mineros y el Frente Nordeste, Bajo Cauca y Magdalena Medio del BCB

persiguieron fines económicos propios, que giraron en torno al tráfico de estupefacientes y cómo

lograron un dominio hegemónico criminal que les permitió no solo dominar el territorio y las

poblaciones inmersas en él sino también fortalecerse como actor fundamental con respecto al

conjunto de actores que compitieron por el control de los capitales políticos, sociales, económicos

y simbólicos al interior de un campo estatal volátil, característico de finales del siglo XX, donde

también concentraron funciones propias del poder político y configuraron lo que Uribe denominó

una “soberanía en vilo”.

A continuación, se realizará una caracterización de la región para el momento histórico de la

desmovilización de los grupos paramilitares; es decir, los primeros años del siglo XXI. También se

describirá la emergencia de nuevos actores y la reconfiguración de las disputas por el control de los

54 Al respecto, la Fiscalía Nacional Especializada para la Justicia Transicional (antes Justicia y Paz) ha documentado una serie de pactos suscritos entre exjefes de autodefensa y políticos regionales con fines electorales: pacto de Marisco, de Tierralta; de Ralito; entre otros. Sin embargo, existen otros proyectos que los paramilitares pretendían llevar a cabo en regiones y que develan su pensamiento político. Ejemplo claro de ello lo constituye el proyecto Urabá Grande y Unida, elaborado por el Bloque Élmer Cárdenas de las Auc. Este tuvo un componente social denominado Paso (programa alternativo social). Ver más en: http://www.verdadabierta.com/tierras/despojo-de-tierras/3330-la-telarana-de-los-paras-en-uraba. Consultado el 30/12/2015.

46

capitales económicos, políticos, sociales y culturales que acaecieron en un periodo que va de 2006

a 2013.

2.2. La percepción de estabilidad

En su definición sobre el Estado, Migdal consignó que este es “un campo de poder marcado por el

uso y la amenaza de violencia y conformado por: a) la imagen de una organización dominante,

coherente en un territorio, que es una representación de las personas que pertenecen a ese

territorio, y b) las prácticas reales de sus múltiples partes” (2011: 34). Alonso complementa el

anterior planteamiento al sustentar que “las prácticas del Estado, por el contrario, nombran el

desempeño de las instituciones, organismos, actores y sujetos que dan forma al campo estatal y

ellas pueden, por tanto, reforzar, cuestionar o debilitar la imagen que el Estado construye de sí

mismo” (2014: 142).

Así, una de las prácticas del Estado durante la segunda mitad de la década del 90 del siglo XX y los

primeros años del siglo XXI fue aprovechar el dominio hegemónico criminal alcanzado tanto por el

Bloque Mineros como por el Frente Nordeste, Bajo Cauca y Magdalena Medio del BCB para generar

entre los habitantes de la región una percepción de estabilidad, fortaleciendo de paso su imagen de

“entidad coherente, autónoma, racional, ajena al conflicto social” (Migdal, 2011: 13). Si se analiza

el comportamiento de los homicidios en las nueve subregiones de Antioquia entre los años 1995-

2005, se observa que en dicho lapso, el Bajo Cauca antioqueño registró los más bajos niveles de

violencia homicida en el departamento. A esto se suma un grupo de ocho entrevistas realizadas a

concejales y líderes comunitarios de los municipios objeto de indagación55, a quienes se les preguntó

por la seguridad en sus respectivos municipios antes de 2006 y después de este año. Todos

coincidieron en afirmar que durante los años de ocupación paramilitar la violencia homicida no

representó ningún problema pues, argumentaron, el dominio de estas estructuras era tal que no

tenían rivales en la región, lo que consolidó su posición como “hombres fuertes” en la región. A

continuación se exponen las respuestas más significativas.

Cuadro No.3

Entrevistados ¿En su opinión cómo era la seguridad del municipio para los años 2004-2006?

Entrevistado 1

(Municipio de Cáceres)

En ese año el orden público por este municipio era bueno, era tranquilo. Inclusive

esos fueron años que gozamos de tranquilidad porque en ese tiempo fue la parte

esta de la desmovilización, y me acuerdo muy claramente porque en ese tiempo

se hizo campaña, fue una campaña de política que se dejó hacer, sin ninguna clase

de prohibiciones, uno andaba libremente, no le daba miedo, entonces por este

55 Se realizaron un total ocho entrevistas en los municipios en cuestión durante los meses de diciembre de 2013 y febrero de 2014. Las personas entrevistadas fueron dos concejales del municipio de Cáceres, dos líderes comunitarios del municipio de Tarazá; un líder comunitario, un representante de víctimas y dos concejales del municipio de Caucasia.

47

municipio hasta el 2008 fue muy quieto, muy sano, a pesar que en el vecino

municipio de Caucasia, ya en el 2008 habían tendencias de criminalidad (…)

Entrevistado 2

(Municipio de Cáceres)

En el 2004 todavía existían las Auc. Tenían todo el control de la zona del Bajo Cuaca,

ellos se desmovilizaron en Ranchería, yo estuve allá. El cambio no fue bueno, fue

peor. Porque, entonces ellos tenían el control y tenían comprados al Gobierno, al

Ejército y a la Policía y la autoridad. Primero hicimos un compromiso con la

Gobernación, aquí vino el señor Landaeta, recuerdo bien, e hizo unos acuerdos con

la comunidad donde la Gobernación y los municipios se comprometían con la

sociedad civil a entregar unos recursos para inversión si recibíamos a los

desmovilizados (…)

Entrevistado 1

(Municipio de Tarazá)

No, no, no…….en el 2004 aquí prácticamente mandaban era los paramilitares, eso

no es secreto que en el pueblo andaban para arriba y para abajo como ‘Pedro por

su Casa’. En las veredas se mantenían diariamente. Después del 2007 que fue la

desmovilización de ellos, de ahí para acá ha mejorado mucho el orden público y en

este momento ha estado muy calmado la fuerza pública.

Entrevistado 2

(Municipio de Tarazá)

Estaba bien delicado eso, en cuanto a lo que tenga que ver con… porque es

delicado lo que pueda decir uno porque es que nosotros aquí sinceramente…..se

le salió de las manos al gobierno nacional el orden público de aquí, porque el orden

público lo tenían los grupos al margen de la ley, lo que es entre los años 98 hasta

el 2007, 2008…..todavía sigue pero en ese tiempo era bien complicado. La fuerza

pública, el poder aquí, no lo tenía para nada.

Entrevistado 1

(Municipio de Caucasia)

La seguridad para el 2004-2005-2006 en Caucasia era muy diferente a como era

hoy… no se presentaba homicidios, pero operaban las Auc, esa fecha concuerda

con la desmovilización de todos ellos, la desmovilización fue en el 2005, porque en

el 2004 se presentó una masacre en el Pajonal, que fue una guerra entre ‘Cuco’ y

‘Macaco’, yo creo que el proceso de paz fue en del 2005 y de ahí en adelante las

cosas estaban muy tranquilas en el municipio…

Entrevistado 2

(Municipio de Caucasia)

Era buena, la seguridad era buena, había 10 o 12 policías y con eso protegían al

pueblo. Dejábamos los carros y no pasaba nada, no se oía hablar de extorsión…era

muy buena…

El siguiente cuadro muestra el comportamiento del homicidio en las nueve subregiones de

Antioquia durante los años 1995-2005:

Subregión Año 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 TOTAL

48

Cuadro No. 4

Fuente: Secretaría de Gobierno de Antioquia.

El análisis subregional muestra que los municipios de Caucasia, Cáceres y Tarazá mantuvieron

comportamientos estables en materia de homicidios durante el mismo periodo.

Cuadro No. 5

Fuente: Secretaría de Gobierno de Antioquia.

De ahí que el desmonte del paramilitarismo implicara varios retos para las diferentes entidades

estatales locales a fin de mantener dicha percepción de región estable, tales como: a) el diseño una

Bajo Cauca 137 151 139 116 147 119 113 84 92 93 140 1.371

M/Medio 49 92 90 101 102 137 115 105 109 84 59 1.043

Oriente 560 702 647 539 683 1.026 1.407 1.130 820 677 516 8.707

Suroeste 422 473 576 477 400 538 404 357 351 248 193 4.419

Urabá 938 1454 769 425 485 580 420 299 156 203 212 5.908

Occidente 206 329 477 344 263 461 233 170 144 144 157 2.928

Norte 214 249 323 278 253 345 344 382 272 227 230 3.116

Nordeste 286 283 487 244 279 374 493 305 279 196 175 3.401

Valle de Aburrá 5.944 5.242 4.727 4.104 4.339 4.440 4.878 5.016 2.976 1.895 1.335 44.896

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 TOTAL

Cáceres 18 14 17 15 17 33 16 18 8 12 9 160

Caucasia 52 42 38 39 32 23 3 14 5 23 20 291

El Bagre 15 16 30 12 11 8 10 5 18 12 25 162

Nechí 8 2 10 5 6 0 3 1 1 1 7 44

Tarazá 50 51 31 25 62 39 61 33 49 37 62 500

Zaragoza 34 26 13 20 19 16 20 13 11 8 17 197

49

política pública que brindara opciones reales y dignas de reincorporación a la sociedad a los 4.792

excombatientes de ambos bloques; b) recuperar el uso legítimo de la coerción que había sido

“tercerizado” en los paramilitares y con ello, concentrar en el campo estatal todo el poder político

para superar el estado de “soberanía en vilo”; y c) desmontar las actividades económicas que

giraban en torno al cultivo y procesamiento de la hoja de coca y de paso, vincular la región al circuito

económico regional y nacional.

En cuanto al primer punto, vale la pena señalar que estudios realizados por el Centro Nacional de

Memoria Histórica (Cnmh) afirman que la política de reintegración de los desmovilizados de las Auc

se caracterizó por: a) no brindar opciones reales a los llamados “mandos medios”: de un lado se

estableció un tratamiento punitivo-alternativo para los máximos comandantes a través de la Ley

975 de 2005 y, de otro, un tratamiento psico-social a través de la Agencia Colombiana para la

Reintegración (Acr) para la tropa rasa; b) la situación jurídica del grueso de jefes paramilitares, los

cuales fueron extraditados a los Estados Unidos para que respondieran por delitos relacionados con

narcotráfico, incidió negativamente en el proceso; c) si bien un número alto de desmovilizados se

concentró en las ciudades capitales, otro porcentaje no menos importante ubicado en las regiones

terminó marginándose56; c) se registraron protuberantes fallas en los esquemas de seguridad para

la población desmovilizada (Cnmh: 2015).

Lo que sí es posible afirmar es que las intenciones del campo estatal de concentrar, centralizar y

monopolizar el control territorial así como de las poblaciones y las economías inmersas en él,

chocaron de frente con estructuras armadas que surgieron justo después de la desmovilización de

los bloques paramilitares. Estas tenían como características estar lideradas por excombatientes que

no se acogieron al programa de reinserción diseñado por el gobierno nacional y que además

contaban con entrenamiento militar, conocimiento del territorio y del negocio del narcotráfico así

como con algún grado de autoridad sobre la tropa. Estos hombres iniciaron un proceso de

reclutamiento tanto de desmovilizados asentados en la región como de nuevos integrantes, lo que

explica su crecimiento exponencial desde que comenzó a advertirse el fenómeno. Desde las

primeras alertas lanzadas por diversas entidades, entre ellas la Misión de Apoyo al Proceso de Paz

(Mapp) de la Organización de Estados Americanos (OEA) se recalcó en: a) su capacidad para

controlar militarmente antiguos corredores geográficos utilizados por las Auc; b) producto de lo

anterior, lograron ejercer férreo control sobre las poblaciones, convirtiéndose de paso en el

principal generador de violencia; c) un marcado interés por controlar negocios ilícitos más que por

combatir a las guerrillas.

56 Para agosto de 2006, Antioquia concentraba el mayor porcentaje de desmovilizados de las AUC con el 29% del total,

seguido por Córdoba (14%), Cesar (9%) y Magdalena (8%). Medellín, con 3.037 reinsertados registrados, se constituía en la ciudad capital con mayor población desmovilizada por encima de Montería (1.859), Valledupar (1.548) y Santa Marta (1.228). En cuanto a los municipios con una concentración significativa de desmovilizados figuraban: Caucasia, con 728 personas; Turbo, con 646; San Pedro de Urabá, con 467; Carepa, con 412; y Apartadó con 439 desmovilizados. Fuente: Agencia Colombia para la Reintegración (ACR).

50

Cabe anotar que el surgimiento de estas expresiones armadas no fue situación exclusiva del Bajo

Cauca antioqueño sino que se enmarcó dentro de un proceso mucho más complejo en todo el

territorio nacional. Cuando el gobierno nacional pidió a los máximos dirigentes de las Auc recluirse

voluntariamente en La Ceja, Antioquia, en octubre de 200657, varios de ellos, algunos de vital

importancia dentro del paramilitarismo, decidieron no presentarse. Jefes paramilitares como

Vicente Castaño (El Profe); Víctor y Miguel Mejía Múnera (Los Mellizos); Pedro Oliverio Guerrero

(Cuchillo); Ever Veloza (H.H); Luis Arnulfo Tuberquia (Memín), decidieron permanecer en la

clandestinidad. No es fortuito que varios de ellos hayan terminado como comandantes de peligrosas

estructuras armadas surgidas luego del proceso de desmovilización. Castaño fue el cerebro detrás

del nacimiento de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Acg); Guerrero terminó como máximo

líder del Ejército Revolucionario Popular Anti-subversivo de Colombia (Erpac), estructura que

delinque en lo que antes fuera bastión del Bloque Centauros (departamentos del Meta y Vichada);

Tuberquia, junto con Veloza, lideraron la conformación de una estructura armada en el suroeste

antioqueño. Ambos fueron capturados por las autoridades de Policía en 2008; Los hermanos Mejía

Múnera conformaron un grupo armado con antiguos desmovilizados y narcotraficantes de varias

regiones del país que tuvo por nombre “Los Nevados”. Este grupo tuvo injerencia en los

departamentos de Antioquia, Santander y Magdalena.

2.3. Fenómeno “Bacrim”: ¿Expresión criminal o continuidad paramilitar?

Antes de caracterizar lo ocurrido en los municipios de Caucasia, Cáceres y Tarazá entre los años

2006-2013, es necesario advertir que la dinámica del fenómeno de los grupos armados

postdesmovilización ha dado lugar a un intenso debate sobre cómo denominar a estos grupos y si

estos representan la continuidad del fenómeno paramilitar o, por el contrario, son una compleja

manifestación de crimen organizado. No se trata de una discusión meramente semántica ya que,

como lo advierte Massé, esta tiene alcances políticos, jurídicos y operativos:

“De su caracterización dependen las entidades encargadas de combatirlas. El debate sobre el carácter

político de las Autodefensas y de los nuevos grupos ha tenido también implicaciones sobre cómo

definir legalmente a estos grupos con base en estándares legales, nacionales e internacionales. A su

vez, la denominación de estos grupos con base en esos estándares ha tenido un efecto sobre la

política de asistencia a la población afectada (2011: 42)”.

Al respecto, el estudio elaborado en 2007 por Mauricio Romero para la extinta Comisión Nacional

de Reparación y Reconciliación (Cnrr), propuso las tipologías ideales de emergentes, disidentes y

rearmados:

“En resumen, los grupos disidentes mostrarían la permanencia de segmentos del paramilitarismo de

“segunda generación” y su transformación en organizaciones similares a las del crimen organizado;

los rearmados reflejarían la fragmentación de organizaciones que perdieron su antigua estructura y

la diáspora de personas desmovilizadas; y los emergentes expresarían la visibilización de la

criminalidad subyacente que operaba bajo la sombrilla de las AUC o la constitución de grupos de

57 Ver más en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3156142. Consultado el 2/1/2016.

51

diversa composición con el propósito de ocupar los vacíos de poder dejados por las antiguas AUC.

Los tres tipos evidencian la persistencia de organizaciones con un propósito marcado hacia el

narcotráfico, como queda evidente con la coincidencia entre los territorios de ubicación de estos

grupos y las zonas de cultivos de uso ilícito, pero también de control político local y coacción armada

hacia grupos de la sociedad civil, incluyendo las víctimas de las AUC” (Cnrr, 2007: 67).

En 2009, Granada, Restrepo y Tobón retomaron las tipologías construidas por Romero para analizar

el fenómeno de los grupos armados postdesmovilización pero desde una dimensión cualitativa que

incluyó las variables de: a) origen, con relación a la postura de estos grupos frente al proceso de

desarme, desmovilización y reinserción (DDR); b) tipo de organización, relativo a su estructura de

comando y control; c) objetivos de influencia o sus elementos de construcción de poder; d) objetivo

de combate, donde se evalúa si existe el carácter contrainsurgente (Granada et Al: 2009: 460). Con

base en lo anterior, los investigadores propusieron las tipologías de:

Nuevos ejércitos paramilitares (NEP): tienen como objetivo la contrainsurgencia y buscan la captura

del Estado. Son estructuras de corte militar, con uniformidad de sus miembros. Usan armamento

de guerra, son capaces de ejecutar operaciones de gran envergadura, combates directos y

generación de nuevos espacios de poder mediante el control poblacional y la contrainsurgencia.

Paramilitares dispersos (PAD): grupos disidentes con organización en red que realizan acciones

tendientes al logro de objetivos criminales. Son una marca que se reproduce en el territorio, la cual

es usada por grupos heterogéneos. No son ejércitos en el término estricto, pero aprovechan

espacios de poder para el logro de objetivos paramilitares.

Nuevas Autodefensas (NAU): grupos rearmados con estructura híbrida. La mayoría de los grupos

que pertenecen a esta categoría, al igual que los nuevos ejércitos paramilitares, ejecutan acciones

de contrainsurgencia y control sobre la población. Sin embargo, su tipo de estructura y su capacidad

de combate los diferencian.

Fuerzas Criminales Anexas (Fuca): de origen emergente, con estructuras tanto híbridas como

jerárquicas. La mayoría de estos grupos no presentan acciones de contrainsurgencia ni de captura

del Estado. Pueden estar constituidos por organizaciones criminales ya existentes que aprovechan

y son aprovechadas por el fenómeno neoparamilitar para el logro de sus objetivos primarios; es

decir, la criminalidad organizada (Granada et al: 2009).

Años después, el mismo Romero calificó a estas estructuras como “neoparamilitares”:

“Por neoparamilitares se entienden grupos reorganizados luego de la desmovilización de las AUC en

las diferentes regiones de influencia de esa organización. Participan en dicha reorganización antiguos

miembros de los diferentes frentes de las AUC, no desmovilizados y nuevos enlistados. Si bien estos

grupos no tienen un mando central como pudo aspirar Carlos Castaño, jefe de las AUC entre 1997 y

2001, y están vinculados al narcotráfico, también cumplen funciones locales de control social y

político muy similares a las de los antiguos paramilitares congregados bajo las AUC. (2010: 31)”.

52

Definición diametralmente opuesta propuso el gobierno nacional, que desde sus primeras

manifestaciones fue enfático en desligar el accionar de estas estructuras con un rebrote del

paramilitarismo. En 2010, el entonces presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, profirió el

Decreto 2374 del 1 de julio, “por medio del cual se crea la Comisión Interinstitucional contra las

Bandas y Redes Criminales”. Allí, el Ejecutivo nombró a estos grupos como bandas criminales

“Bacrim”, definiéndolas como “organizaciones de carácter multidelictivo, independientes unas de

otras, carentes de toda ideología, que se desplazan hacia zonas donde convergen las fases de la

cadena del narcotráfico, llegando incluso a consolidar alianzas con grupos terroristas como las Farc

y el Eln”. En el documento también se señala que estas bandas criminales actúan tanto en lo rural,

donde sus miembros poseen armas de guerra y tienen jerarquía, custodian, explotan y disputan

zonas estratégicas para el narcotráfico y otras modalidades delictivas; y también en lo urbano, a

través de redes criminales, que si bien no hacen parte estructural de la organización sí se identifican

como miembros de la “Bacrim”, poseen armas cortas y han sido absorbidas o financiadas

directamente mediante una especie de contratación informal para tareas específicas, como la de

incidir en la comisión de delitos como homicidios, extorsiones, secuestros, entre otros.

Diversos sectores han criticado fuertemente dicha denominación pues argumentan que, primero,

esconde el fracaso que significó el proceso de paz con las Auc y, segundo, desconoce un nivel de

violencia que estos grupos despliegan, en general, dirigida contra la sociedad civil, tal como lo

hicieron en su momento las Auc.

Echandía, sobre el particular, señaló lo siguiente:

“Con la denominación de bandas criminales se ha buscado poner en primer plano que la

desmovilización de las Autodefensas condujo al fin del paramilitarismo, ya que estas nuevas

organizaciones no tienen una orientación política. Sin embargo, la dimensión contrainsurgente no

fue el aspecto central de los grupos desmovilizados y, por lo tanto, las llamadas nuevas bandas

criminales presentan continuidad con las organizaciones que han existido en el país en los últimos

treinta años en estrecha relación con el narcotráfico (2012: 38)”.

Por su parte, Rico Chavarro también apuntó:

“Ante el aumento inusitado del fenómeno Bacrim en todas las regiones del país, expresado por todo

tipo de acciones ilegales que someten a la sociedad bajo el principio del miedo y la impunidad, se

evita poner de presente el fracaso del proceso (de desarme, desmovilización y reinserción de las Auc)

y la sistemática profundización de la situación humanitaria y de derechos humanos, con evidencia de

abusos graves y generalizados contra la población civil como masacres, ejecuciones extrajudiciales,

amenazas y extorsiones (2010: 41)”.

Para Medina Gallego, no existe mayor diferencia entre bandas criminales (bacrim) y

neoparamilitares más allá del énfasis que se hace de los primeros como administradores de

economías ilegales ligadas al narcotráfico, la explotación ilegal de recursos minero-energéticos y

agropecuarios y de los segundos en relación a su articulación al control territorial y el discurso

contrainsurgente:

53

“El fenómeno de las bacrim y del neo-paramilitarismo se desarrolla en los ámbitos rurales y urbanos

y no sólo en los territorios marginales, sino igualmente en centros de desarrollo económico, social y

político de importancia relevante, en las grandes ciudades, en los principales departamentos del país

y en las regiones de principal desarrollo económico; constituye la mutación de un fenómeno que

migró de la lucha anticomunista y antisubversiva, sin abandonarla, hacia la administración criminal

del territorio y de las actividades que posibilitan el desarrollo social, económico y político del mismo

(…) Las bacrim tienen una relación con otros agentes que pertenecen a organizaciones

institucionales, empresariales o delictivas que se unen para mostrar su potencial persuasivo y

violento en las zonas donde mantienen el control. Igualmente, cuentan con un sorprendente poder

económico construido en un proceso de acumulación criminal de capital que los obliga a contar con

agentes que cooperan en la administración de sus economías, señalándoles cómo deben moverse y

cómo actuar en los circuitos económicos” (2014: 26).

Prieto sostiene que pese a las denominaciones construidas hasta ahora, las cuales varían según sus

enfoques (origen, tipo de organización, objetivos y repertorios de violencia), existe consenso tanto

en los círculos académicos como en las organizaciones estatales frente a dos características

fundamentales de estos nuevos grupos armados postdesmovilización: el primero es su capacidad

para las actividades criminales de mediana y gran escala lo que les ha permitido conquistar y

controlar mercados ilegales, desplegando para ello repertorios de violencia utilizados en su

momento por los ejércitos paramilitares (desplazamientos forzados, desapariciones forzadas,

asesinatos selectivos, desmembramiento de cuerpos, masacres). En segundo lugar, la falta de

intencionalidades políticas que justifiquen su accionar (Prieto, 2013: 3). Por ello, propone centrarse

más en la dinámica del fenómeno como tal que en sus protagonistas, pues tratar de establecer

diferencias y similitudes entre las llamadas “bandas criminales” y los grupos paramilitares puede

conducir a una trampa epistemológica toda vez que se puede tender a exagerar y mitificar las

características del paramilitarismo a su vez que subestimar y minimizar el alcance de los grupos

armados postdesmovilización. (Íbid.: 8).

Más adelante se retomará esta discusión pero ya bajo el tamiz de los resultados que arrojó la

indagación por la dinámica que tuvo este fenómeno en los municipios objeto de esta investigación.

Por lo pronto, es posible afirmar, en la línea que propone Prieto, que pese al abanico de

denominaciones con las que se ha pretendido rotular a las “bandas criminales” existen mínimos

consensos frente: a) el origen de estos grupos. Si bien a finales de la década de los noventa

poderosos narcotraficantes crearon ejércitos privados para el cuidado de rutas, laboratorios, entre

otros; y en algunas regiones del país el paramilitarismo se apoyó en redes criminales ya existentes

(caso Medellín), es claro que fue la desmovilización de los bloques paramilitares -y la posterior

extradición de sus máximos dirigentes en 2008- el hito histórico del fenómeno “Bacrim”; b) su

carácter criminal. Aunque los grupos paramilitares persiguieron fines económicos propios,

consolidando también un imperio criminal, este se enmarcó dentro de una “tercerización” de

funciones coercitivas para el fortalecimiento del campo estatal en aquellas zonas donde se libraron

intensas competencias por el poder político, situación que no es posible afirmar en el caso de las

denominadas “Bacrim” toda vez que la violencia desplegada por estas no responde a una

“tercerización” de funciones coercitivas, ni se da en el marco de una competencia armada de

54

naturaleza política. Por el contrario, se advierte el afán de lucro y enriquecimiento, propio de las

organizaciones de crimen organizado; c) la complejidad de los repertorios de violencia. En el modus

operandi de estos grupos armados postdesmovilización se advierten desde actos terroristas,

pasando por ataques sicariales hasta confrontaciones directas de ejército irregular. No se trata

tampoco de un fenómeno exclusivo de regiones marginales o periféricas. Se registra tanto en los

principales centros económicos del país como en alejadas zonas rurales. La violencia desplegada por

las denominadas “Bacrim” ha tenido como finalidad destruir tejido social en aquellas zonas vitales

para los mercados ilegales, principalmente el narcotráfico. De ahí que un número significativo de

víctimas de estas organizaciones lo constituyan personas con algún grado de representatividad al

interior de las comunidades58.

2.4. La reingeniería criminal

Pese al desmonte de los bloques paramilitares que durante años ejercieron poder y dominio en el

Bajo Cauca antioqueño, la actividad económica del narcotráfico, tanto en su siembra como en su

procesamiento y comercialización, mostró comportamientos al alza en la región durante los años

2006 y 2012, lo que significó una oferta delincuencial permanente y elevada. No obstante los planes

de sustitución de cultivos ilícitos impulsados por el gobierno nacional así como las estrategias de

aspersión aérea y erradicación manual, los sembradíos de hoja de coca mostraron un

comportamiento intermitente tal como lo muestra el cuadro 5, que contiene los reportes del Simci

de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc):

Cuadro No. 6

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

6.157 ha 9.926 ha 6.096 ha 4.554 ha 5.350 ha 3.040 ha 2.699 ha

58 En sentencia proferida el pasado 28 de abril de 2016 por la Sala de Conocimiento de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal

Superior de Medellín contra José Higinio Arroyo Ojeda, alias ‘Caballo’ o ‘8-5’ y otros seis integrantes más del Bloque Mineros de las Auc, se consigna el papel de los mandos medios, bien en el fin de la guerra o bien en la continuidad de la misma. Destaca la providencia cómo los siete postulados en mención trasegaron por grupos armados ilegales (Farc-Epl-Eln) o de delincuencia organizada antes de ingresar a las Auc. En ese sentido, destacó la decisión judicial, la importancia de los llamados mandos medios en tanto poseen conocimiento del manejo de tropa así como la obtención de cuantiosos recursos por vías criminales, lo que los convierte en ‘mano de obra altamente calificada’ para el reciclaje de la guerra. En ese orden de ideas, consigna la decisión, “la Colegiatura es la llamada a dejar constancia histórica de la importancia que los procesos de justicia transicional comporten una talanquera al reciclaje de la guerra, pues se ha evidenciado no solamente dentro de este proceso sino de la demás tramitados ante esta Sala, que es una constante el círculo al cual ingresa quien es reclutado dentro de una estructura criminal como las que son objeto de juzgamiento dentro de la Ley 975 de 2005, continuidad de la cual no le es posible escapar hasta tanto no sea intervenido su actuar desde los aspectos más íntimos de su vida, con procesos de reinserción que realmente ofrezcan soluciones a largo plazo al problema del conflicto armado que aún subsiste y que desdibuja uno de los principales objetivos de la justicia transicional: la garantía de no repetición”.

55

Fuente: Simci.

Si, como se advirtió en su momento, los bloques paramilitares fueron los reguladores exclusivos de

la actividad económica del narcotráfico; actividad que resultó determinante para la vida de la región,

¿qué sucedió, entonces, con este negocio luego de 2006? ¿Qué transformaciones se registraron

desde entonces y cómo incidió en las dinámicas sociales, económicas y políticas de la región?

Antes de responder tal interrogante, vale la pena explicitar lo que significó el dominio hegemónico

criminal que por años mantuvieron el Bloque Mineros y el Frente Nordeste, Bajo Cauca y Magdalena

Medio del BCB. La sentencia proferida el 28 de abril de 2016 por la Sala de Conocimiento de la Sala

de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín contra José Higinio Arroyo Ojeda, alias ‘Caballo’

o ‘8-5’ y otro seis postulados del Bloque Mineros de las Auc, destaca en su análisis del accionar de

esta estructura paramilitar lo siguiente:

“El control sobre el monopolio de la violencia, así como del entorno social y territorial, se llevó a cabo a través

de órdenes impartidas a los integrantes de la organización, quienes las ejecutaron a través de prácticas

sistemáticas, generalizadas y reiteradas como la mal llamada “limpieza social”, la cual involucraba conductas

delictivas como homicidio y desapariciones forzadas de personas. Dichas conductas delictivas, que en criterio de

quienes simpatizaban o se beneficiaban de las mismas generaban lo que podría llamarse una falsa sensación de

seguridad pública, lo que realmente ocultaban era una política encaminada no a beneficiar a la población, sino

a obtener el completo monopolio de la delincuencia en las zonas de dominio paramilitar, ya que si bien, por

ejemplo, se asesinaba personas que cometían hurtos o consumían estupefacientes, lo cierto es que los

miembros del GAOML también ejecutaban dichos actos, los cuales permanecían en la total impunidad, ya que

cuando se denunciaban los mismos las víctimas eran asesinadas o desplazadas. Finalmente, se tiene que los

diversos comportamientos criminales ejercidos por los miembros del Bloque Mineros de las A.U.C. en el Bajo

Cauca antioqueño no fueron consecuencia de hechos aislados e independientes, sino que los mismos

obedecieron a un plan o política de la organización criminal ya que tenían unos fines específicos según se dejó

esclarecido en cada uno de los acápites correspondientes”.

Es claro entonces que el dominio hegemónico criminal ejercido tanto el Bloque Mineros como el

Frente Nordeste, Bajo Cauca y Magdalena Medio se enmarcó dentro de una “política” trazada por

ambas estructuras paramilitares tendiente a imponerse ante sus competidores criminales, controlar

territorio y poblaciones y de paso, como ya se advirtió, fortalecerse como un actor fundamental en

el campo estatal. Así, lo primero en señalar es que, tras la desmovilización de estos dos bloques

paramilitares sobrevino un proceso de fragmentación violenta de dicho dominio hegemónico

criminal que por años mantuvieron estas estructuras. Esto, a su vez, supuso una reingeniería

criminal que dio como resultado la emergencia de grupos armados con alta capacidad de fuego, con

aprendizajes heredados de la lucha contrainsurgente pero con marcados intereses en las actividades

económicas ilegales. Podría afirmarse que mientras lo bloques paramilitares ejecutaron una

“política del terror” para asegurarse el dominio hegemónico tanto de las actividades criminales

como de las poblaciones, lo que generó una falsa percepción de estabilidad; los nuevos grupos

armados postdesmovilización entraron en una competencia violenta por el control de actividades

económicas ilegales que generó una sensación de inseguridad e inestabilidad en la región. Si bien

las prácticas ejecutadas por estos nuevos grupos armados postdesmovilización son similares a las

56

ejecutadas por los paramilitares59, tanto las motivaciones como las intencionalidades marcan una

abrupta ruptura entre el periodo de la hegemonía paramilitar y la disputa violenta de estos nuevos

grupos, que a su vez, explica la reingeniería que experimentó la criminalidad en la región durante el

periodo 2006-2013.

Frente al surgimiento de estos nuevos grupos armados postdesmovilización en el Bajo Cauca

antioqueño, versiones entregadas a fiscales de Justicia y Paz por parte de antiguos combatientes del

Bloque Mineros permiten afirmar que existía la intención de mantener expresiones armadas en la

región para el control de las actividades económicas ilegales. El siguiente es un fragmento de la

diligencia de versión libre rendida ante fiscales de la Unidad de Justicia Transicional (antes Justicia y

Paz) por José Higinio Arroyo Ojeda, alias ‘85’, lugarteniente de Ramiro Vanoy Murillo, alias ‘Cuco

Vanoy’:

“Alias ‘Picapiedra’ (Wilson Mejía Salgado, comandante militar del Bloque Mineros), me dijo a finales

de 2005 que no entregáramos unos fusiles. Él y (alias) Puma (Germán Bustos Alarcón) quedaron al

mando del Bloque (Mineros) cuando el comandante ‘Cuco’ se concentró en Santafé de Ralito. Desde

allá nos dijeron: ‘recojan todos los fusiles que hay en las escuadras móviles para llevarlos a la

escuela60’ y no sé qué pasó con esos fusiles. Eran entre 160 y 200 fusiles”61.

Para finales de 2006 comenzó a advertirse la presencia de estos grupos armados

postdesmovilización. En su Informe VIII de febrero de 2007, la Mapp-OEA consignó:

“En la región del Bajo Cauca, municipios de Caucasia y El Bagre, se han realizado tareas de verificación

por parte de la Misión con resultados preocupantes. Se presume que en la zona opera una estructura

de desmovilizados del BCB con sesenta (60) integrantes aproximadamente. En los cascos urbanos

mantendrían el control de la población, vistiendo de civil y usando armas cortas. En el área rural

estarían patrullando de camuflado, realizando detenciones temporales y requisando viviendas. El

control social sobre las comunidades les permitiría monopolizar el control de las economías ilícitas”.

En octubre de 2007, la Misión señaló en Informe X:

“En el Bajo Cauca, luego de la desmovilización de las Autodefensas, la Misión verificó la permanencia de una estructura armada ilegal dirigida por integrantes del desmovilizado Bloque Central Bolívar, la cual centró su accionar en la venta de insumos y el acopio de la base de coca. En el primer semestre de 2007, la MAPP/OEA verificó una situación crítica, en los municipios de El Bagre, Zaragoza, Cáceres y Caucasia, lugares en los cuales la práctica de descuartizar los cuerpos y arrojarlos al río ha sido recurrente. Durante el mes de julio de 2007 la Misión verificó en el corregimiento de Puerto Clavel, en el municipio de El Bagre, la desaparición de tres personas, que fueron encontradas descuartizadas a lo largo del río Nechí. Luego de este hecho, la Fuerza Pública ha reforzado su presencia en esta zona, logrando avances en la recuperación del orden público; la banda criminal ha bajado su perfil,

59 También podría añadirse que los miembros de estos nuevos grupos son antiguos paramilitares. 60 La escuela a la que hace referencia el desmovilizado es centro de entrenamiento paramilitar ubicado en la Hacienda

Ranchería, vereda Pecoralia, corregimiento La Caucana, municipio de Tarazá. 61 Extracto de diligencia de versión libre rendida por José Higinio Arroyo Ojeda ante fiscales de Justicia y Paz, presentada por la Fiscalía 15 de Justicia y Paz en audiencia de control de legalidad ante la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín el día 24 de agosto de 2011.

57

manteniendo una influencia marginal en los cascos urbanos, donde aún ejerce presión sobre la población.

Para febrero de 2008, un año después de la primera alerta, el fenómeno ya mostraba niveles preocupantes, tal como lo consignó la Mapp-OEA en su Informe XI:

“En el Bajo Cauca antioqueño, se continúan presentando retenes ilegales que tienen como objetivo el control de movilidad. En municipios como Zaragoza y El Bagre forasteros que ingresaron a las zonas con propósito de establecer vínculos comerciales, sin autorización de la facción armada, fueron asesinados y sus cuerpos arrojados al río Nechí”.

El proceso de fragmentación se agudizó luego de la extradición a los Estados Unidos de 14 exjefes

paramilitares, entre ellos Ramiro Vanoy Murillo y Carlos Mario Jiménez, autorizada por el entonces

presidente, Álvaro Uribe Vélez, el 13 de mayo de 2008, para que respondieran por delitos de

narcotráfico. Con ello, las probabilidades de que los “hombres fuertes” del Bajo Cauca antioqueño

continuaran controlando tanto sus antiguos combatientes como el imperio criminal que llegaron a

construir se desvanecieron. Promediando 2009, en zonas rurales y en los cascos urbanos de

Caucasia, Cáceres y Tarazá se hablaba con insistencia de ‘Águilas Negras’, ‘Paisas’, ‘Rastrojos’, ‘Don

Mario’. Si bien es confusa la información disponible sobre el surgimiento de cada uno de estos

grupos armados postdesmovilización, es posible afirmar que en cada uno de ellos se advierte la

presencia de importantes mandos medios tanto de los bloques Mineros como del Frente Nordeste,

Bajo Cauca y Magdalena Medio del BCB. De igual forma, es notoria la injerencia de estas estructuras

en los territorios que antes dominaron las Auc62:

Águilas Negras: surgió en el corregimiento La Caucana de Tarazá, liderado por Rafael Álvarez Pineda,

alias ‘Chepe’; Germán Bustos Alarcón, alias ‘Puma’; y Antonio Mejía Salgado, alias ‘Picapiedra’,

antiguos lugartenientes del Bloque Mineros. Desde sus inicios tuvo como objetivo controlar las

zonas de cultivo y las rutas de exportación de alcaloides que otrora manejara Ramiro Vanoy Murillo,

alias ‘Cuco Vanoy’.

Los Rastrojos: a finales de la década de los noventa, Wilber Alirio Varela, alias Jabón, uno de los

cabecillas del Cartel del Norte del Valle, encargó a su jefe de sicarios, Diego Calle Serna, alias

‘Comba’; y a Diego Pérez Henao, alias ‘Diego Rastrojo’ para que crearan un ejército privado cuyo

objetivo fuera cuidar las rutas de narcotráfico y las zonas de cultivo en el occidente del país. Aunque

nacen en el Valle, “Los Rastrojos” iniciaron un proceso de expansión al sur del país (Cauca y Nariño);

luego coparon gran parte del departamento del Chocó y de ahí pasan al departamento de Córdoba

y a municipios de Antioquia, particularmente al Bajo Cauca antioqueño. En esta región se instalaron

con fuerza en Caucasia y Cáceres, específicamente en el corregimiento Piamonte de esta localidad.

Allí se erigió como máximo comandante de esta estructura Ángel de Jesús Pachecho Chancy, alias

‘Sebastián’, quien fuera hombre de confianza de Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’.

62 La siguiente caracterización se construye con información suministrada por la Fiscalía 15 de Justicia y Paz.

58

Los Paisas: aunque en diversas partes del país se advirtió el surgimiento de grupos armados

postdesmovilización que respondían al nombre de ‘Los Paisas’, en el caso concreto del Bajo Cauca

antioqueño este corresponde a un brazo armado de la facción de la denominada ‘Oficina de

Envigado’ que lideró Maximiliano Bonilla Orozco, alias ‘Valenciano’. Su origen respondió a la

necesidad de la ‘Oficina de Envigado’ de seguir contando con los suministros de base de coca que le

proveía el Bloque Mineros. Se trató de una organización híbrida compuesta por sicarios

provenientes de Medellín y antiguos excombatientes de las Autodefensas como Cesar Arturo Torres

Lujan, alias ‘Mono Vides’ y Roberto Arturo Porras, alias ‘La Zorra’.

Don Mario, los ‘Urabeños’, Autodefenas Gaitanistas de Colombia o ‘Clan Úsuga’: Dada la

importancia que reviste este grupo armado postdesmovilización su caracterización se dejará para

más adelante.

2.5. Reconfiguración de las luchas regionales

Las luchas que han determinado el carácter del Bajo Cauca antioqueño comenzaron a

reconfigurarse, no solo por la emergencia de nuevos actores, en este caso los grupos armados

postdesmovilización, integrados por antiguos combatientes de las Auc, con aprendizajes de guerra,

conocimiento del territorio y alta capacidad de confrontación; sino porque estas se dieron en el

escenario sumamente volátil de un mercado ilegal que también comenzó a transformarse, pues la

región pasó de la bonanza de la hoja de coca, producto de los continuas fumigaciones aéreas y la

intensidad de los programas de sustitución63, al resurgir de la bonanza del oro, gracias al incremento

del precio del metal en los mercados internacionales.

Este nuevo boom minero se desarrolló en otras condiciones regulatorias que terminaron por ser

nueva fuente de conflictos. En 2001, se aprobó la Ley 685 de 2001 (Código Minero), que introdujo

notables cambios en la explotación de minerales en el país, entre ellos: a) se pasó de un esquema

donde el Estado participaba de forma directa y real en la explotación minera (Estado empresario) a

través de los contratos en áreas de aporte minero64 a un modelo de promoción de la industria

minera mediante inversión privada (preferentemente extranjera) donde la función estatal también

se diversificaba: facilitador, promotor, regulador, fiscalizador, entre otros; b) se eliminaron las

categorías establecidas según el tamaño de explotación (pequeña, mediana y gran minería); y c) se

trazó una política de combate frontal contra la informalidad en la explotación minera y para ello se

inició un programa de formalización en todo el país. La nueva política tuvo efectos

contraproducentes, tanto en el plano del estímulo al inversionista como en la formalización minera,

según lo señaló la Contraloría General de la República:

63 Buena parte de estos planes de sustitución se enmarcan dentro de los planes de la Política de Consolidación Territorial,

de la cual se hablará más adelante. 64 El aporte minero constituía una forma de delegación de autoridad sobre áreas de explotación minera. En esta figura era optativa la participación del Estado en la explotación (el Estado empresario). Para la delegación, los proyectos debían incluir el denominado “beneficio de la Nación” (Contraloría: 2013).

59

“Las particularidades de esta política, que fueron implantadas al iniciar el milenio, obviamente se

enmarcan con claridad en el contexto de la apertura sectorial y la globalización. El desaparecimiento

de las diferencias entre tipos de minería en consideración a su tamaño, presentado como un

mecanismo para facilitar la administración del servicio minero, lo que representó fue una forma de

estímulo al gran inversionista minero pero a su vez un gran desestimulo al pequeño minero que no

encontró en esta figura un principio de equidad (…) el proceso de legalización actual, de acuerdo con

sus exigencias de tradición minera, es un programa dirigido exclusivamente a mineros con tradición.

Es decir que, durante 16 años y hasta 2010 existió un mecanismo para legalizarse de baja exigencia y

con pocos resultados en términos de cantidad de títulos legalizados. Hoy día, existe un mecanismo

más exigente, que implica al minero la demostración de su tradición” (2013: 4).

Por su parte, Giraldo y Muñoz plantearon que, particularmente en el Bajo Cauca antioqueño, la

fuerte presión militar ejercida contra los encadenamientos productivos del narcotráfico llevó a que

muchas personas dedicadas a esta actividad económica migraran hacia la minería, dando origen a

los llamados “mineros emergentes”, fenómeno que produjo serias distorsiones en cuanto que: a)

no se acogieron a la normatividad existente y por ende, además de informales, comenzaron a ser

catalogados como ilegales y por ello, ser objeto de persecución por las autoridades; b) sus métodos

de explotación produjeron devastadores daños ambientales; c) la convergencia de mineros

emergentes y grupos armados postdesmovilización terminó por incrementar el poder de estos

últimos gracias a la presencia de nuevas y cuantiosas rentas derivadas de acciones criminales sobre

un producto totalmente lícito (Giraldo & Muñoz: 2012).

El nuevo marco regulatorio no logró frenar el carácter informal de la minería en el Bajo Cauca

antioqueño. Por el contrario, aumentó y comenzó a ser catalogada como “ilegal”. Y esta interacción

entre alta informalidad y la presencia de estos nuevos grupos armados postdesmovilización

terminaron configurando una economía criminal, en el sentido de Giraldo y Muñoz65. La regulación

de esta actividad económica comenzó a ser objeto de una disputa que enfrentó a agencias estatales

del orden nacional con las del orden local; a estas con los grupos armados postdesmovilización, y

estos a su vez entre ellos mismos. Lo anterior dio como resultado un incremento en los niveles de

violencia que la región no había presenciado. Según el Observatorio de Derechos Humanos de la

Vicepresidencia de la República, los municipios de Caucasia, Cáceres, El Bagre, Nechí, Tarazá, y

Zaragoza, hicieron parte de un reducido grupo de localidades del departamento que entre los años

2010-2012 superaron la tasa de 36.6 homicidios por cada 100 mil habitantes. Dicha tendencia

obedeció al enfrentamiento entre las llamadas “Bacrim” por el control de las economías criminales.

La organización defensora de derechos humanos Instituto Popular de Capacitación (IPC), reseñó en

informe producido en 2013 cómo la violencia homicida en los municipios del Bajo Cauca antioqueño,

generada en buena parte por las confrontaciones entre las llamadas “bandas criminales”, aumentó

considerablemente las muertes violentas en toda la subregión, al pasar de 126 asesinatos en 2008

a 370 en 2011 (2013: 214). Así, la percepción de región estable, sustentada en bajos niveles de

65 Según este par de autores, definir “economías criminales” supone un análisis complejo, máxime cuando el crimen está asociado a principios religiosos o políticos. Sin embargo, un principio de definición de este concepto apunta a la interacción de economías informales productivas con organizaciones criminales.

60

violencia homicida, comenzó a fracturarse, dando paso a un imaginario de región con altas tasas de

inseguridad e inestabilidad. Y así como en los años de dominio hegemónico paramilitar se erigieron

centros alternos de poder como lo fueron los corregimientos La Caucana de Tarazá y Piamonte de

Cáceres, la fragmentación violenta también se sintió con mayor fuerza allí.

En los cuadros 7 y 8 se consignan los registros de homicidios cometidos entre 2006-2013 tanto en

las nueve subregiones de Antioquia como en los seis municipios del Bajo Cauca antioqueño. Allí se

puede observar cómo esta región, en tan solo ocho años, generó el doble de asesinatos que los

registrados en toda una década, convirtiéndose de paso en la región más violenta del departamento,

a excepción del Valle de Aburrá, cuyas cifras se explican por la inclusión de Medellín. De igual forma,

el análisis del comportamiento de la violencia homicida en los municipios de la región muestra que

si bien hubo un incremento generalizado en todos ellos, las mayores cifras de asesinatos se

concentraron en Caucasia, Cáceres, Tarazá y Zaragoza.

Cuadro No. 7

Fuente: Secretaría de Gobierno de Antioquia

Cuadro No. 8

Subregión Año 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL

Bajo Cauca 174 122 249 530 414 306 200 212 2.207

M/Medio 76 75 84 114 92 58 76 44 619

Oriente 372 301 223 226 196 222 161 157 1.858

Suroeste 243 190 165 198 172 177 167 164 1.476

Urabá 199 264 281 305 274 239 197 127 1.886

Occidente 158 107 103 133 134 123 100 73 931

Norte 265 254 221 279 246 224 197 135 1.821

Nordeste 145 184 180 201 237 198 403 170 1.718

Valle de Aburrá 1.223 1.175 1.468 2.937 2.763 2.170 1.682 1.296 14.714

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL

Cáceres 25 19 29 83 82 50 39 27 354

Caucasia 20 25 98 192 124 70 25 58 612

61

Fuente: Secretaría de Gobierno de Antioquia

Todo lo anterior tuvo lugar en un contexto de fortalecimiento continuo del campo estatal local.

Desde 2004, el poder ejecutivo estatal puso en marcha una intervención denominada Política

Nacional de Consolidación y Reconstrucción Territorial que, tal como su nombre lo indica, pretende

“garantizar la gobernabilidad, legitimidad, presencia y confianza de los ciudadanos en el Estado a

través de acciones sociales y económicas en regiones del país afectadas por la presencia de grupos

armados ilegales, cultivos ilícitos y débil presencia institucional”66. La implementación de dicha

política implicó la inyección de cuantiosos recursos económicos destinados al fortalecimiento de

entidades estatales del orden local tales como las Personerías, las Fiscalías y sus aparatos de Policía

Judicial; la Fuerza Pública y en general todo el sistema judicial. También significó fortalecer la acción

de entidades estatales como la desaparecida Acción Social (hoy Unidad de Víctimas y Departamento

para la Prosperidad Social), Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICbf); Instituto Colombia de

Desarrollo Agrario (Incoder), entre otros. Representó además llevar a la región programas de

asistencia del orden nacional como Familias Guardabosques y Familias en Acción, además de

desarrollar agresivos planes de sustitución de cultivos ilícitos en convenio con agencias de

cooperación internacional y agencias de Naciones Unidas como la Oficina en Colombia de Naciones

Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc). Lo anterior con la intención de concentrar todo el poder

político, sobreponerse a sus competidores y fungir como único generador de reglas y única instancia

de regulación política, económica, social y cultural de la región.

66 En términos prácticos, las acciones del Plan de Consolidación, por lo menos en el Bajo Cauca, apuntan concretamente a: fortalecer en estas localidades el aparato de justicia, mejorar la infraestructura de la Fuerza Pública, adelantar proyectos de sustitución de cultivos ilícitos, entre otros.

El Bagre 28 14 36 70 45 39 43 43 318

Nechí 9 13 13 23 36 10 10 5 119

Tarazá 66 45 52 114 38 44 45 27 431

Zaragoza 26 6 21 48 89 93 38 52 373

62

3. Fortalecimiento del campo estatal

Con su concepto de gubernamentalidad, el filósofo francés Michel Foucault67 propuso un nuevo

marco analítico: el Estado abordado, no como aparato o entidad cohesionada, dotada de un poder

soberano per se, sino como un conjunto de tácticas, cálculos, procedimientos, reflexiones que

permiten ejercer una forma específica de poder (poder estatal) sobre las poblaciones, pues como él

mismo lo señaló en su clase del 8 de febrero de 1978, “nunca se gobierna un Estado, nunca se

gobierna un territorio, nunca se gobierna una estructura política. Los gobernados, con todo, son

gente, hombres, individuos, colectividades (…) en principio y fundamentalmente, al menos a través

de este primer señalamiento, aquellos a quienes se gobierna son los hombres” (1984: 149).

Bajo este enfoque puede afirmarse que la Política Nacional de Consolidación y Reconstrucción

Territorial constituye lo que Foucault denominó una tecnología de gobierno68. Dicha tecnología,

67 Se trata de la propuesta teórica planteada por Michel Foucault en sus famosas lecciones del College de France de los

años 1978 y 1979 y que luego fueron publicadas bajo el título Seguridad, territorio y población y Nacimiento de la biopolítica. 68 Según Foucault, la soberanía radicaba en el gobierno de las poblaciones pues eran los hombres, a partir de sus hábitos y costumbres particulares, quienes entablan vínculos permanentes con las riquezas y los recursos del territorio y que, por tanto, no se trataba de imponer leyes o castigos sobre los hombres que habitaban un territorio, sino de desplegar técnicas, tácticas y tecnologías de gobierno (tanto discursivas como no discursivas, en este caso, las políticas públicas) que permitan a esos hombres conducirse de tal forma que sus acciones puedan generar un aumento de riquezas para el Estado.

63

según la describió el centro de pensamiento Fundación Ideas para la Paz se fundamenta

conceptualmente en tres pilares: a) la doctrina contrainsurgente; b) la continuidad de la política

antidroga desarrollada en el Plan Colombia; y c) un componente de desarrollo territorial (2011: 13).

Su génesis se encuentra ligada a la formulación y posterior implementación de la Política de Defensa

y Seguridad Democrática (PDSD), consignada en el Plan de Desarrollo 2002-206 Hacia un Estado

comunitario, del presidente Álvaro Uribe Vélez, que planteaba como objetivo fundamental

garantizar el Estado de Derecho en todo el territorio nacional, mediante el fortalecimiento de la

autoridad democrática. Para el logro de este objetivo, la PDSD contempló tres momentos de

intervención. El primero: recuperar aquellas zonas dominadas por grupos insurgentes mediante el

fortalecimiento de la presencia de la fuerza pública; segundo: una vez recuperado el territorio,

realizar un mantenimiento del mismo y; en tercer lugar: llevar toda la acción estatal a los territorios

recuperados. En consonancia con lo anterior, el gobierno nacional creó en 2004 los Centros de

Coordinación de Acción Integral (CCAI), cuyo propósito era el de garantizar la gobernabilidad,

legitimidad, presencia y confianza de los ciudadanos en el Estado, a través de acciones sociales y

económicas en regiones del país afectadas por la presencia de grupos armados ilegales y cultivos

ilícitos, además de una débil presencia institucional. Inicialmente se focalizaron once regiones, una

de ellas el Bajo Cauca antioqueño.

Esta estrategia sirvió para definir los lineamientos de una nueva política denominada Consolidación

y Reconstrucción Territorial, los cuales quedaron consignados en el Plan Nacional de Desarrollo

2006-2010, Estado Comunitario: desarrollo para todos; y que son: a) consolidar el control del

territorio y restablecer la autoridad del Estado en todo el territorio nacional; b) generar, a través del

uso legítimo de la fuerza y la política social, las condiciones de seguridad y bienestar social que

presionen a los grupos armados ilegales a entrar a una verdadera negociación política o a

desmantelarse; c) romper, en todos los eslabones de la cadena, la libertad y habilidad de los

narcotraficantes para desarrollar su negocio y con ello avanzar hacia la eliminación del narcotráfico

en Colombia; d) formar una fuerza pública moderna, con los más altos estándares éticos y morales,

que cuente con la confianza y el apoyo de la población; y e) desarrollar la doctrina de acción integral,

a través del esfuerzo combinado de la fuerza legítima, la política social y las acciones de las demás

instituciones del Estado (Marín, 2012: 163).

En 2009 comenzó el desarrollo legislativo de esta política para definir la articulación de las entidades

estatales tanto nacionales como regionales y locales. Con la Directiva Presidencial No. 01 de 2009,

se obtuvo una definición concreta de lo pretendido por la Política de Consolidación Territorial69:

El Plan Nacional de Consolidación Territorial es un proceso coordinado, progresivo e irreversible, por

medio del cual se busca afianzar la articulación de los esfuerzos estatales para garantizar de manera

69 La Política Nacional de Consolidación y Reconstrucción Territorial tuvo posteriores desarrollos legislativos a fin de fortalecer sus componentes y definir mejor la articulación de las entidades estatales. Mediante el Decreto 2933 de agosto de 2010 se crea el Sistema Administrativo Nacional de Consolidación Territorial; luego, la Ley 1450 de 2011 establece que la dirección de esta política queda en cabeza del Consejo de Seguridad Nacional. Mediante Directiva Presidencial 06 de 2011 se ordena la revisión estratégica de esta política.

64

sostenible un ambiente de seguridad y paz que permita el fortalecimiento de las instituciones

democráticas, en beneficio del libre ejercicio de los derechos ciudadanos y de la generación de

condiciones para su desarrollo humano. Para avanzar en la consolidación sostenible de forma más

eficiente, efectiva e integral se propone continuar con la Acción Inter-Agencial como herramienta de

actuación rápida y dinámica para producir los resultados esperados, incrementar la confianza y

credibilidad de los ciudadanos en el Estado, a través de: planeación conjunta y en paralelo, acciones

colectivas y ejercicios de coordinación de las múltiples instituciones que participan en la

implementación de la estrategia”. (Íbid: 165).

Como tecnología, la implementación de la Política de Consolidación Territorial implicó la creación

de instancias gubernamentales que articularan los programas, proyectos y políticas desarrolladas

por las diversas entidades estatales para el Bajo Cauca antioqueño. Así, mediante Decreto-Ley 4161

del 3 de noviembre de 2011, se creó la Unidad Administrativa Especial de Consolidación Territorial

-Uact-. Su objetivo fundamental es implementar, ejecutar y hacer seguimiento de los planes

trazados por la Política de Consolidación. Para el logro de este objetivo, la Uact ha desarrollado una

estrategia que busca: a) institucionalización del territorio, entendida como el establecimiento de

capacidades institucionales para el imperio de la Ley y del ordenamiento constitucional; b)

integración regional a la vida económica del país; c) buen gobierno local y participación ciudadana.

Previo a ello se crearon el Centro de Consolidación Regional (CCR) del Bajo Cauca (mediante circular

232 del 2 de septiembre de 2009); y el Centro de Fusión Bajo Cauca, Norte y Nordeste antioqueño.

Cabe señalar que la región de consolidación “Nudo de Paramillo” concentra los municipios de: Anorí,

Briceño, Cáceres, Caucasia, El Bagre, Ituango, Nechí, Tarazá, Valdivia y Zaragoza. A través de los

centros de fusión se articulan y se oferta una amplia gama de servicios estatales para las poblaciones

de estos diez municipios, que va desde la sustitución de cultivos ilícitos por proyectos agrícolas

alternativos; la implementación del primer laboratorio de formalización de minería de hecho,

pasando por acciones de formalización de la tenencia de la tierra, fortalecimiento del sistema

judicial y del aparato coercitivo (Ejército y Policía), hasta la implementación de programas que

conlleven a reducir la pobreza y la desigualdad de la región.

De acuerdo con el informe de gestión regional de la Uact, la acción coordinada de las estatales había

logrado, a 2014, lo siguiente: a) institucionalidad del territorio: se fortaleció el aparato de justicia

en la región. Se construyeron casas de justicia para dotar de sede propia a las Fiscalías de Cáceres,

Caucasia, Valdivia, Nechí. En el resto de municipios se realizaron 32 jornadas de acceso a la justicia.

Se realizaron talleres de capacitación a funcionarios públicos de los municipios objeto de

intervención en temas de género y justicia, violencia intrafamiliar, mecanismos alternativos para la

resolución de conflictos, justicia propia, entre otros. Se apoyó la conformación de comités locales

de justicia, espacios que sirven como escenario de coordinación para fortalecer la presencia y

efectividad de la justicia en los municipios de consolidación. B) integración regional: se logró la

adquisición de un partida de $2.000 millones de parte del Ministerio de Salud y Protección Social,

los cuales se destinarán para la dotación de la E.S.E. Hospital Cesar Uribe Piedrahita del municipio

de Caucasia, hospital que prestara servicios de nivel 2 y 3 de complejidad a toda la subregión del

Bajo Cauca. Se realizó la entrega de 2.340 computadores para los municipios de Anorí, Briceño,

65

Cáceres, Campamento, Caucasia, Dabeiba, Ituango, Mutatá, Nechí, Tarazá, Toledo, Valdivia y

Yarumal. Se aprobaron proyectos por la convocatoria de Capitalización Microempresarial en Nechí

y Tarazá en producción agroforestal de cacao para 39 familias por un valor de $ 29.932.020 y

producción de cacao seco y material vegetal para 13 familias por un valor de $ 19.690.620

respectivamente. Asimismo, se llevó a cabo alianza estratégica con la Superintendencia de

Notariado y Registro y las administraciones municipales de Zaragoza y El Bagre para la entrega de

340 y 360 títulos respectivamente, dentro del proceso de formalización urbana. Se firmó convenio

y se ejecutó la primera fase entre la Unidad de Consolidación, Fupad y el Incoder con el propósito

de alistar y resolver de fondo 1.112 solicitudes de titulación de baldíos. En Tarazá 142 solicitudes y

790 en Zaragoza. Dichas solicitudes fueron entregadas al Incoder a la espera de que se resuelvan de

fondo. En alianza con la Unidad de Restitución de tierras en el marco de los comités Operativos de

Restitución de tierras se micro focalizaron 4 veredas (Bella Palmira, La victoria, Luis Cano, El tigre, y

se ha recibido cerca de 3000 solicitudes de restitución de tierras, 25 demandas interpuestas antes

los jueces de restitución en los municipios de Caucasia, El Bagre y Nechí.

Igualmente, la Uact destaca logros en Antioquia como: reducción en el área sembrada con cultivos

ilícitos (5.300 ha en 2010 a 2.699 en 2012); más de 50 proyectos agrícolas acompañados con

inversiones cercanas a los 600 millones de pesos; formalización de más de 1.500 predios rurales en

la región, entre otros70. En 2010 se invirtieron más de 697 mil millones de pesos, lo que sirvió para

gestionar 1.051 proyectos de desarrollo social, 256 de infraestructura y 324 de desarrollo

económico. Así mismo se realizaron 896 misiones humanitarias, 116 jornadas interinstitucionales y

se entregaron 181 donaciones por valor de $15.397 millones. Por otra parte, más de 3.290 predios

–248.958 hectáreas– pertenecientes a familias desplazadas fueron protegidos; la cobertura en salud

en los 95 municipios focalizados aumentó hasta el 92,5 por ciento.

Si, tal como lo planteó Foucault, la población emerge como meta por excelencia del gobierno, pues

de lo que se trata no es de someter –e imponer bajo la lógica del soberano- sino de mejorar la suerte

de las poblaciones, sus riquezas, entre otros, ¿qué pasó entonces con las poblaciones de Caucasia,

Cáceres y Tarazá con la aplicación de esta tecnología de gobierno? En primer lugar, cabe recordar

que la Política Nacional de Consolidación y Reconstrucción Territorial surge como complemento a

la Política de Defensa y Seguridad Democrática y, en ese sentido, también encierra un fuerte

componente de fortalecimiento de la Fuerza Pública en el Bajo Cauca antioqueño. Así, a los

resultados Uact ya descritos es necesario añadir la creación del Distrito Especial de Policía Bajo

Cauca, con sede en Caucasia, que cuenta con más de mil uniformados, así como la construcción de

estaciones de Policía en corregimientos donde la fuerza pública ajustaba más de una década sin

hacer presencia71. Ahora bien, según estudios como el de Marín, el 85 por ciento de los habitantes

70 Ver más en:

http://www.consolidacion.gov.co/themes/danland/descargas/rendicion_cuentas/INFORME_ANTIOQUIA.pdf. Consultado el 6/1/2016. 71 Corregimiento La Caucana, de Tarazá; y Margento, de Caucasia, son claros ejemplos de ello. Allí, la Policía Nacional

retornó gracias a las acciones de la Política Nacional de Consolidación y Reconstrucción Territorial. La Policía también

66

de los municipios de Consolidación ha visto una mejora en los servicios educativos, mientras que el

53 por ciento percibe mejora en los servicios de salud. En el tema de fortalecimiento de la

gobernabilidad regional, el 49 por ciento de los encuestados en dicho estudio ha hecho parte de

una instancia de participación social y comunitaria de su municipio. Investigaciones como la de

Buriticá Mejía et Al¸ donde se analiza el impacto de esta política en el municipio de Cáceres también

concluyen que se mejoraron levemente indicadores de calidad de vida.

Con todo y ello, estas acciones de fortalecimiento de las técnicas de gobierno han chocado con

intensas manifestaciones de violencia que afectaron notablemente a las poblaciones de los

municipios objeto de esta investigación entre 2006-2013.

Así, al ya reseñado incremento de los homicidios entre el periodo 2005-2013 en los municipios de

Caucasia, Cáceres y Tarazá, se le sumaron un incremento en el desplazamiento forzado y un

comportamiento constante en el flagelo de la desaparición forzada.

Grafica No. 1 Desplazamiento forzado

Fuente: Red Nacional de Información de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas.

fortaleció su presencia en Cáceres y Caucasia mediante la adquisición de modernos equipos tecnológicos, de transporte y armamento.

Caucasia

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Cáceres

Tarazá

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Grafica No. 172 Desaparición forzada

Fuente: Red Nacional de Información de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas.

Así, lo que se advierte es que las entidades estatales buscaron, por un lado, vincular la región al

circuito económico nacional a través del nuevo marco regulatorio para las actividades mineras y,

por otro lado, fortalecer las capacidades de gobierno gracias a los esfuerzos de la Política Nacional

de Consolidación y Reconstrucción Territorial. Esto con el fin de convertirse en actor soberano en la

región; es decir, en términos de Bourdieu, concentrar y monopolizar los capitales económicos,

sociales, políticos, culturales, simbólicos y demás existentes al interior del campo estatal. Pero así

como a finales del siglo XX la intensa competencia entre actores tan diversos configuró un campo

estatal volátil, mientras que durante los primeros años de la década de 2000 dicho campo

permaneció en un estado de “soberanía en vilo” por cuenta de la hegemonía criminal paramilitar,

para el periodo que comprende este ensayo (2006-2013) la interacción de los actores “enjaulados”

al interior del campo redefinió nuevamente la naturaleza de este. Las entidades estatales se

fortalecieron con relación a sus competidores en tanto lograron concentrar mayor poder político,

además de fortalecer su aparato coercitivo. Con todo y ello, la competencia por los capitales

disponibles, característica histórica del proceso de formación del campo estatal, comenzó a

concentrarse en la regulación de las actividades económicas informales-ilegales y en la

concentración de capitales económicos. Y así como en el pasado se señalaron a las guerrillas como

los principales competidores en ese campo de poder que es el Estado (según Migdal) y luego se

“tercerizó” en los paramilitares la coerción violenta, los nuevos competidores fueron los grupos

armados postdesmovilización surgidos luego de la reingeniería criminal que dejó la fragmentación

violenta del dominio hegemónico criminal de las Auc. Estos nuevos competidores apelaron al

72 Cabe advertir que este flagelo presenta enormes subregistros debido al temor que infunde este acto criminal entre los

familiares de las personas desaparecidas.

Caucasia

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Caucasia

Cáceres

Tarazá

68

recurso de la violencia como parte de su repertorio para presionar o incidir en la reconfiguración

del campo estatal, ahora direccionada por las entidades estatales.

No obstante, cabe señalar que al interior de estos grupos -y entre ellos- también se libraron duros

enfrentamientos en el marco de una competencia armada que al final, dejó como vencedor a una

organización armada que hoy se catapulta como la única reguladora de las actividades criminales

en la región, que además ha sabido articular un discurso ecléctico (donde se combinan amenazas

contra la dirigencia corrupta, la izquierda armada y viejas reivindicaciones agrarias) con una enorme

capacidad operativa para las actividades de crimen organizado a gran escala: las Autodefensas

Gaitanistas de Colombia (Agc), también conocidas como ‘Urabeños’ o ‘Clan Úsuga’.

3.1. Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc)

Gracias a investigaciones adelantas por el Centro Nacional de Memoria Histórica (2015) y Restrepo

(2015), es posible afirmar que el hecho fundacional del grupo armado postdesmovilización

‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’ (Agc), también conocido como ‘Urabeños’ o ‘Clan Úsuga’,

puede ubicarse en la negativa de Vicente Castaño Gil de atender el pedido de reclusión voluntaria

hecho en octubre de 2006 por el entonces Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo73.

Al respecto, Restrepo consignó:

“Castaño Gil había dado órdenes en el norte de Urabá para crear una estructura armada que creció

exponencialmente sobre la base de desmovilizados de las AUC y que se llamó ‘Héroes de Castaño’. A

partir de ese momento se comenzó a referenciar en Antioquia a Daniel Rendón Herrera, alias ‘Don

Mario’, sobre todo en el norte del Urabá, donde su hermano, Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’,

fue amo y señor por más de una década bajo la figura de comandante del Bloque Elmer Cárdenas de

las AUC. En un principio se tejieron dos hipótesis acerca de la creación de este grupo armado ilegal y

las funciones que cumpliría una vez se desmovilizaron los distintos bloques y frentes de las AUC. De

un lado se comenzó a decir que era una nueva estructura con fuerte presencia en los municipios de

Necoclí y San Pedro de Urabá, que continuaría ejerciendo el control social, político y económico de

esa región, lo que incluía asuntos del tráfico de drogas. Del otro, se afirmaba que solo sería una

estructura que de alguna manera “administraría” la zona de embarque y exportación de

estupefacientes a los mercados internacionales previo pago de un “impuesto”, lo que dejaría al grupo

como una estructura al servicio del narcotráfico. Sin embargo, ambas circunstancias no eran

excluyentes y, por el contrario, se quedaron cortas en el análisis, pues ese nuevo grupo se constituiría

en una férrea estructura armada dispuesta a hacerle frente a todos aquellos que intentaran hacer

presencia en sus territorios” (2015: 11)

Organizaciones como International Crisis Group y la misma Mapp-OEA comenzaron a advertir en su

momento cómo ‘Don Mario’ estaba reclutando un amplio número de excombatientes de las Auc

asentados en Urabá, entre ellos, un grupo de reconocidos exparamilitares que a su vez compartían

un pasado en las filas de la guerrilla del Epl: los hermanos Dairo de Jesús y Juan De Dios Úsuga David,

Roberto Vargas Gutiérrez, alias ‘Marcos Gavilán’ y Francisco Morela, alias ‘Negro Sarley’.

73 Ver más en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3156142. Consultado el 2/1/2016.

69

Inicialmente, este grupo se conoció como ‘Héroes de Castaño’, el cual fue creciendo

paulatinamente. El 15 de octubre de 2008 se registró su primer hecho de impacto: argumentando

incumplimientos del gobierno nacional a la población desmovilizada de las Auc, promovieron un

paro armado que obligó al cierre del comercio y la suspensión del servicio de transporte público en

los municipios de Chigorodó, Carepa, Turbo y Apartadó. Las calles de estos municipios fueron

inundadas con panfletos alusivos a las “Autodefensas Gaitanistas de Colombia” (Agc).

Para principios de 2009 se identificaba su presencia en el Urabá antioqueño (San Pedro de Urabá,

San Juan de Urabá, Arboletes, Necoclí, Turbo, Apartadó, chigorodó), Urabá chocoano (Riosucio);

Córdoba (Montelíbano, Puerto Libertardor, Valencia, Tierralta, Montería, Moñitos, Los Córdobas y

Puerto Escondido) y Nordeste antioqueño (Anorí, Amalfi, Gómez Plata y Carolina del Principe)

(Observatorio de Derechos humanos: 2008). Sobre su ingreso al Bajo Cauca antioqueño se han tejido

varias hipótesis. Organizaciones no gubernamentales plantean que esto obedeció al interés de esta

banda criminal” de arrebatarle territorios aptos para los encadenamientos productivos del

narcotráfico bajo dominio de “Los Paisas”, “Las Águilas Negras” y “Los Rastrojos”. La Fiscalía 15 de

Justicia y Paz ha señalado que lo que desató la guerra entre “los gaitanistas” y “los paisas” y “los

Rastrojos” fue la muerte de Lázaro Rendón, hermano de Daniel Rendón Herrera, alias ‘Don Mario’,

primer gran cabecilla de “los gaitanistas”. Según el Ente Investigador, Lázaro Rendón fue asesinado

en febrero de 2008 en el corregimiento Piamonte de Cáceres y su cuerpo arrojado a las aguas del

río Cauca y fue hallado días después en inmediaciones de Caucasia. ‘Don Mario’ acusó de la muerte

de su hermano a los herederos del imperio criminal de Ramiro Vanoy Murillo, por lo que inició una

vendetta contra familiares del exjefe paramilitar y antiguos combatientes del Bloque Mineros. La

primera víctima de esta retaliación fue José Nelson Vanoy Murillo, hermano de ‘Cuco Vanoy’, quien

fuera asesinado el 21 de julio de 2008 en el municipio de San José de Uré, Córdoba.

El 15 de abril de 2009, miembros de la Policía Nacional capturaron en zona rural del municipio de

Necoclí, Urabá antioqueño, a alias ‘Don Mario’. Sin embargo, ello no supuso el fin de esta

organización. Tampoco lo fue la muerte de Juan Dios Úsuga David, alias ‘Giovani’ quien había

heredado el poder al interior de esta “banda criminal” y quien fuera abatido el 1 de enero de 2012

por integrantes de la Fuerza Pública. Por el contrario, los “gaitanistas” harían una demostración de

poder días después, al promover un paro armado que logró paralizar por completo más de 150

municipios en cuatro departamentos74. Lo anterior dejó al descubierto la capacidad de

recomposición y la flexibilidad de esta estructura criminal, destacándose a su vez como una de sus

principales características. Al respecto, Restrepo señaló:

“Las evidencias demuestran que las AGC tienen una gran capacidad de recomposición interna cada

vez que la fuerza pública afecta su estructura o cuando en la confrontación con otros grupos armados

ilegales algunos de sus mandos son asesinados. Diversos informes coinciden en advertir que su

presencia en diversas poblaciones del Antioquia, particularmente del Urabá, Bajo Cauca, Nordeste y

Medellín, se ha consolidado gracias a un complejo entramado de redes criminales que les permiten

74 Ver más en: http://www.verdadabierta.com/component/content/article/50-rearmados/3773-urabenos-demuestran-

su-poder-regional. Consultado el 5/1/2016.

70

tener el dominio territorial y, con ello, el control de la población y la regulación de diversas

actividades, tanto ilegales como legales. Documentos internos de las AGC permiten ilustrar su

estructura, que se asemeja a las antiguas AUC y a las guerrillas, en cuanto se organizan por bloques

y frentes de donde se desprenden un conjunto de unidades subordinadas, cada una de ellas con

presencia territorial definida (…) las AGC fueron alcanzando sus objetivos a través de una férrea

disciplina militar liderada por Dairo Úsuga David, alias ‘Otoniel’, quien asumió la jefatura, y de la

eliminación sistemática de sus oponentes, empleando tácticas como masacres, homicidios selectivos

y ataques con explosivos. En el campo de batalla fueron reducidos ‘Los Paisas’ y ‘Los Rastrojos’, así

como pequeños grupos armados que se les opusieron, sobre todo en áreas urbanas, y lograron

acuerdos con la llamada ‘Oficina de Envigado’, la otrora poderosa empresa criminal que dominó por

décadas el bajo mundo de la ilegalidad en Medellín y su área metropolitana” (2015: 15).

Hoy, los ‘gaitanistas’ tienen presencia en por lo menos en ocho departamentos, cuentan con una

estructura piramidal en cuya cúspide se encuentran ‘Otoniel’ y ‘Marcos Gavilán’, hombres que han

participado en varias guerras luciendo diferentes uniformes: guerrilleros del Epl, miembros de las

Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, jefes de las Auc y ahora máximos cabecillas de una

“banda criminal”. Junto a estos nombres también se han identificado las estructuras bajo las cuales

operan los ‘gaitanistas’. Hoy se sabe que en el Bajo Cauca opera el Bloque Pacificadores del Bajo

Cauca, conformado a su vez por los frentes José Felipe Reyes; Julio César Vargas y Libertadores del

Bajo Cauca. Por su parte, el Bloque Juan de Dios Úsuga, con presencia en el Occidente y Nordeste

de Antioquia, está conformado por los frentes Iván Arboleda Garcés; Héroes del Nordeste y Carlos

Mauricio García Fernández. Dichas estructuras han logrado establecer alianzas con frentes de las

Farc y el Eln para temas relacionados con rentas ilegales derivadas de minería y narcotráfico, las

cuales son inestables y volátiles, como sucede en el Bajo Cauca antioqueño, donde cada vez son más

frecuentes y fuertes los enfrentamientos entre ‘gaitanistas’ y ‘elenos’.

Según Restrepo:

“La consolidación de las AGC en el Bajo Cauca antioqueño ha incrementado los problemas históricos

que esta región ha arrastrado a lo largo de su historia: marginalidad social, afectación de métodos

productivos tradicionales, como la minería artesanal y a pequeña y mediana escala, limitaciones a los

derechos ciudadanos, impactos negativos en la producción, desplazamientos forzados y la

imposibilidad de gobernar buena parte del territorio” (íbid.: 51).

71

4. Conclusiones

A lo largo de este ensayo se puso de presente cómo el aparato estatal no llegó como un agente

externo a “implantarse” en las localidades de Caucasia, Cáceres y Tarazá, ni tampoco brotó

espontáneamente ni mucho menos, obtuvo la capacidad de monopolizar el uso de la violencia para

tramitar los conflictos, concentrar los recursos económico-tributarios y convertirse en fuente de

legitimidad y regulación de las actividades sociales, políticas y económicas. Por el contrario, lo que

se ha denominado campo estatal se configuró al calor, precisamente, de esas luchas por el control

de los capitales disponibles que han determinado el carácter de la región conocida como Bajo Cauca

antioqueño. Al interior de dicho campo se han tejido toda suerte de interacciones, tensiones y

disputas entre múltiples actores que han moldeado su configuración que, en todo caso, no

constituye un proceso fijo o acabado.

En ese orden de ideas, las entidades estatales locales han tenido que interactuar como un actor más

en lógicas de competencia-disputa-delegación-cooperación-sometimiento con diferentes actores

sociales, en momentos históricos particulares. Ha buscado imponerse como entidad única de

regulación del orden social y político, aparato exclusivo generador de reglas, como el “leviatián”

designado para proteger la soberanía territorial e instancia para la resolución de conflictos ante

mineros, ganaderos, campesinos y colonos. Ha combatido de múltiples formas y desde diversas

instancias la amenaza planteada por las guerrillas, quienes han tenido pretensiones de usurpar el

poder político regional en el marco de su lucha por derrocar al “Estado burgués”. De igual forma,

“tercerizó” en los paramilitares su función de coerción y uso legítimo de la violencia para

72

fortalecerse allí donde se libraba una fuerte competencia armada y política no solo con las guerrillas,

sino también con grupos políticos alternativos que también aspiraban al poder político. Desde 2006

busca imponerse ante el resto de sus competidores y someter a los grupos armados surgidos luego

del proceso de desmovilización para, así, concentrar, centralizar y monopolizar los capitales

políticos, económicos, sociales y simbólicos. El correlato de lo anterior fue la configuración de un

campo estatal sumamente volátil y con baja capacidad de gobernanza para finales del siglo XX; que

luego, por cuenta de la hegemonía criminal de los grupos paramilitares mantuvo un estado de

“soberanía en vilo” y que ahora muestra una naturaleza reaccionaria y represiva, dispuesto a

someter mediante el uso legítimo de la violencia cualquier expresión de ilegalidad75.

Para ello, las entidades estatales han buscado fortalecerse con relación a sus competidores. En este

caso en particular mediante la implementación de la Política Nacional de Consolidación y

Reconstrucción Territorial, tecnología que persigue fortalecer las capacidades de gobierno a la vez

que refuerza e incrementa el poder de su aparato coercitivo. Ahora bien, es posible concluir que se

requieren mayores investigaciones y abordajes analíticos que permitan evaluar los verdaderos

impactos de esta política en el Bajo Cauca antioqueño, toda vez que, pese al fortalecimiento de los

aparatos coercitivos en la región, del aparato judicial y, en términos generales, de toda la

institucionalidad en su conjunto, no ha logrado vincular exitosamente la región al circuito

económico nacional, mientras que fenómenos criminales como la extorsión, los homicidios, el

control de partes del territorio por parte de los grupos armados postdesmovilización, el

desplazamiento forzado, la desaparición forzada, el desarrollo de actividades económicas ilegales

como aquellas derivadas de los encadenamientos productivos del narcotráfico, continúan

aquejando fuertemente a los municipios objeto de esta investigación.

En todo caso, la violencia desplegada por estos grupos armados postdesmovilización en el periodo

analizado (2006-2013) no puede ser entendida ni explicada como una “debilidad del Estado”. Por el

contrario, Alonso nos recuerda que las disputas y confrontaciones entre los actores “enjaulados” en

el campo estatal no presuponen un mal funcionamiento del Estado, su captura, disolución o

debilidad, sino que evidencian las modalidades y formas de su funcionamiento en contextos

históricos determinados. La siguiente cita permite explicar mejor este planteamiento:

“La violencia no es una patología del Estado, como supondrían aquellos autores ubicados en el enfoque

del Estado-objeto, ni es una muestra de su debilidad, sino un episodio dentro de sus procesos de

integración social y territorial (Tilly, 2007). La violencia hace parte del repertorio con el que los distintos

actores sociales presionan o repelen un tipo específico de incorporación política, y en ese sentido,

pone en evidencia algunas manifestaciones de la tensión existente entre lo nacional y lo regional, es

decir, penetra y en algunos casos da forma a la tensión existente entre centralización y

descentralización de poder, y la tensión existente entre proyectos hegemónicos y resistencias a ellos”

(2014: 150)

75 El desarrollo de operativos policiales como “Troya”, que se ejecutó en todo el Bajo Cauca antioqueño entre 2011-2013, que involucró escuadrones especiales de Policía tendientes a neutralizar a los máximos cabecillas de los grupos armados postdesmovilización; sumados a los intensos operativos contra la minería ilegal desarrollados desde 2013 y hasta la fecha, constituyen ejemplo claro de esta intención.

73

Ahora bien, la naturaleza de estos grupos armados postdesmovilización ha planteado un debate que

perdura hasta la actualidad: ¿continuidad del paramilitarismo o complejo fenómeno criminal? Si

bien estos grupos emplean repertorios de violencia que en su momento fueron propios de los

grupos paramilitares, además de ejercer violencia contra personajes representativos al interior de

las comunidades a fin de romper tejido social, tal como lo hicieran los paramilitares, no es posible

concluir que esto es una continuidad del paramilitarismo, ya que los escenarios que caracterizan

cada fenómeno distan mucho entre sí. Para comenzar, si bien los grupos paramilitares persiguieron

fines económicos propios, consolidando también un imperio criminal, este se enmarcó dentro de

una “tercerización” de funciones coercitivas para el fortalecimiento del campo estatal en aquellas

zonas donde se libraron intensas competencias por el poder político, situación que no es posible

afirmar en el caso de los grupos armados postdesmovilización, toda vez que la violencia desplegada

por estas no responde a una “tercerización” de funciones coercitivas, ni se da en el marco de una

competencia por el poder político. Por el contrario, se advierte el afán de lucro y enriquecimiento,

propio de las organizaciones de crimen organizado. En ese orden de ideas, son entendibles las

alianzas de estos grupos con miembros de la fuerza pública, alianzas que, en primer lugar, no

alcanzan a llegar hasta las jerarquías más altas, y en segundo lugar, pueden catalogarse como

“operativas” en tanto persiguen el correcto transcurrir de las actividades criminales, al estilo mafia.

Asimismo, se pudo observar que en el Bajo Cauca antioqueño que estos grupos armados

postdesmovilización ejercen cierto tipo de poder político en los territorios de su influencia, pero

siempre en función de la acumulación de capitales por vías criminales76. En todo caso dicho control

no se da en el marco de una “política del terror”, tal como lo hicieran los paramilitares en su

intención de doblegar cualquier expresión criminal para convertirse en actor hegemónico capaz de

controlar territorio y poblaciones, que a su vez se enmarcaba dentro de la lucha contrainsurgente,

sino que obedece una dinámica propia del crimen organizado tendiente a asegurarse la

participación en un mercado ilegal y construir “crimen empresarial”, apelando para ello en

ocasiones a la violencia.

Lo anterior nos lleva a plantear una serie de preguntas que no alcanzamos a responder en este

ensayo investigativo pero que, creemos, pueden ser el inicio para nuevas investigaciones: ¿un

aparato económico en esencia informal es lo que fomenta el surgimiento de grupos ilegales,

76 Tal como lo plantearan Restrepo y Tobón en su análisis sobre el postconflicto en Guatemala (2011), crimen organizado

y territorio son variables complementarias pues no existe crimen organizado sin territorio. Ahora bien, cuando estructuras

de crimen organizado comienzan a controlar franjas del territorio deben enfrentarse al dilema de ¿qué hacer con las

comunidades asentadas allí? La evidencia empírica ha demostrado que las organizaciones de crimen organizado tienden

a salir de esta encrucijada de dos maneras: sometiéndolas a punta de terror para ganarse su obediencia o convertirse en

un actor político, capaz de irrigar excedentes económicos, ejercer autoridad e imponer ‘su ley’ entre la población con el

fin de ganarse su lealtad. En ambos casos, la finalidad no es otra que garantizar el flujo de las operaciones ilegales

generadoras de lucho. En todo caso, según este par de autores, estamos hablando de cómo el crimen organizado puede,

en determinados casos, desarrollar poder político.

74

justamente, para que funjan como reguladores de un mercado que carece de reglas? ¿Es entonces

la interacción entre economías informales-ilegales y grupos armados ilegales lo que explica los

niveles de violencia en una región determinada? ¿Las explicaciones sobre fenómenos violentos

deben estar atravesadas, entonces, por la perspectiva económica?

Cabe recordar, sin embargo, que en Colombia ya se intentaron responder varios interrogantes desde

lo que se conoció como la “perspectiva económica del crimen”, cuerpo teórico impulsado por Gary

Becker, quien en su texto Crimen and punishment: an economic approach (Crimen y castigo, una

aproximación económica), publicado en 1974, planteó que el crimen -como muchas otras

actividades de la vida- era el resultado de decisiones racionales donde se sopesaba el costo que

implicaba incurrir en una conducta ilegal versus el beneficio que se obtendría por ello. Así, si la

posibilidad de ser castigado (costo) resultaba menor que el lucro que se obtendría por cometer un

delito (beneficio), había ya un determinante para que el sujeto decidiera, en un claro ejercicio de

racionalidad individual, participar en actividades por fuera de la ley o no. Bajo este enfoque teórico,

autores como Albarán, Gaitán Daza y De León, entre otros, plantearon la tesis de concebir el crimen

como un oficio del cual la gente podía –y solía- vivir y que para enfrentarlo se requería un aparato

judicial lo suficientemente ágil, fuerte y eficaz, tanto en su etapa de investigación, como en la fase

de juzgamiento e imposición de la pena, que fuera capaz de atacar delitos de sistema y abandonara

la idea de perseguir simplemente criminales. El problema es que, el delito visto de esta forma no

puede generar preguntas distintas a las que generaría cualquier actividad humana tendiente a

generar riqueza: ¿quiénes pueden destacarse y consolidarse en un mercado criminal? ¿Cómo puede

ingresarse a ese mercado? ¿Cómo se resuelven los problemas que genera la competencia en

entornos capitalistas? ¿Qué distorsiones le introduce al sistema económico la acumulación de

capital producto de actividades ilegales? ¿Cómo puede un empresario del crimen mejorar sus

rendimientos y su competitividad? ¿Qué tipo de innovaciones han introducido las empresas

criminales en sus actividades?

Los planteamientos de los “economistas del crimen” dejan importantes vacíos interpretativos como:

¿qué explica, entonces, delitos de alta prevalencia como los delitos sexuales, la violencia de género

y la violencia intrafamiliar, bastante recurrentes (principalmente los dos primeros) en regiones de

dominio paramilitar, como el Bajo Cauca? Si, en última instancia, el crimen era producto de una

elección racional que poco o nada guardaba relación con la condición socioeconómica individual,

¿por qué estos nuevos grupos armados postdesmovilización, que operan al estilo de empresas de

crimen organizado, se concentraron en inmensa mayoría en los mercados informales que

predominan en los sectores socioeconómicos más bajos de la población? Si la unidad de medida

utilizada por los “economistas del crimen” es el homicidio, en tanto es la única que permite registros

confiables, ¿qué explica que aún ante una reducción drástica de los homicidios la percepción de

inseguridad continúe predominando entre la población, así como su desconfianza ante la justicia,

como sucede actualmente en el Bajo Cauca antioqueño? ¿Cómo medir el impacto de otros delitos

como la extorsión y el boleteo, que aquejaron a una porción importante de la población urbana y

rural del Bajo Cauca antioqueño durante los años 2006-2013?

75

Dichos interrogantes cobran pertinencia justo en momentos en que el país se apresta a enfrentar

un muy posible escenario de postconflicto tras la firma de un acuerdo de paz con la guerrilla de las

Farc. La experiencia internacional enseña que tras la finalización de conflictos armados de larga

duración, como el colombiano, emergen complejos problemas de violencia y criminalidad. En ese

orden de ideas, el hecho de que en el Bajo Cauca antioqueño persista un mercado informal- ilegal,

sea notoria la presencia de grupos armados con alta capacidad para las actividades de crimen

organizado y se mantenga una férrea competencia por la concentración de los capitales

económicos, la convierte en una región altamente vulnerable al reciclaje de expresiones criminales

propias de postconflicto que podrían amenazar seriamente la construcción de una paz estable y

duradera.

Por último, la dinámica observada en el grupo armado postdesmovilización llamado Autodefensas

Gaitanistas de Colombia (Acg) deja entrever unas continuidades propias de los grupos alzados en

armas de naturaleza insurgente y contrainsurgente –e incluso del narcotráfico, como pasó en los

años noventa con el Cartel de Medellín- que, en algún momento de la historia, han entablado

diálogos con el gobierno nacional: el uso de las armas por parte de sectores emergentes; la

construcción de un discurso que justifique el uso de la violencia77; una delgada línea que separa el

proselitismo político armado y las acciones criminales; la búsqueda de reconocimiento como actor

político armado. Quizás por ello, la dificultad que aún continúa acarreando la definición de este

fenómeno así como la caracterización de su violencia.

77 Tal como lo plantean Angarita & et al en el libro La construcción del enemigo en el conflicto armado colombiano (2015), los actores armados construyen discursos puesto que estos no solo constituyen espacios desde los cuales la confrontación también es posible sino que además permite construir esta alteridad contra la cual se combate.

76

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