El negocio del agua

“Es un negocio de alta rentabilidad, entre otras cosas porque no tiene apenas morosidad”

• Batacazo a la gestión privada en Italia – 2011

• Catalunya - venta de A igües de T er- L lobregat – 2012

• La troika avala la gestión público-privada – 2013

• Subidas en la factura del agua antes de su concesión a empresas privadas – 2013

• Desobediencia contra el expolio del agua anunciado por la Generalitat – 2014

• Qui és qui en el negoci actual de l’aigua? - 2016

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Una cosa tan común como es el agua que utilizamos para cocinar, ducharnos, limpiar nuestracasa, ropa y utensilios, y regar nuestras macetas, se ha convertido de unos años a esta parte,en un bien negociable de especulación.

Hemos recopilado una pequeña muestra de los artículos que tocan el tema del agua en el

periódico madrileño Diagonal, y en el periódico catalán Directa que pueden ayudar para

que nos hagamos una idea sobre los intereses que mueven esa especulación, que afecta nosólo a España, a Cataluña, o a Europa, sino a todo el mundo.

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El negocio del agua en Europa - Batacazo a la gestión privada en Italia

Los grupos italianos del sector del agua calculan que perderán entre un 10 y un 20% de su flujo de caja después de la negativa popular a la privatización.

Giuseppe Bottazzi / Milán (Italia) Diagonal 06 julio 2011

26 millones de personas no secundaron la propuesta del primer ministro (“ iros a la playa”) y han acudido alas urnas para votar cuatro consultas: de las preguntas, dos atañen al futuro del agua: con un rotundo 95%,los transalpinos han dejado claro que no quieren ni que su agua pase a manos de empresas privadas ni quese remunere, a través de los recibos, el capital invertido en el servicio.

El voto referendario, que por primera vez en 15 años ha superado el 50% de participación, no ha sido sólouna bofetada al Gobierno derechista italiano. Ha sido sobre todo la victoria de años de lucha en contra de laprivatización de los servicios públicos.

El camino comenzó en 2006 en la periferia de Roma con un foro de los movimientos en defensa del aguapública: allí nació la primera propuesta de ley de iniciativa popular presentada al Parlamento con 450.000firmas. Sin embargo, los partidos, muchos de aquellos que ahora desde la oposición reivindican el resultadodel voto, prefirieron olvidarse del tema y no sacar adelante la propuesta. En 2009, con la nueva ley,impulsada por el Gobierno, que rinde obligatoria la privatización de los recursos hídricos, los movimientosretoman la marcha: en julio de 2010, presentan un millón y medio de firmas al Tribunal Constitucionalitaliano para promover la consulta del 11 y 12 de junio. El resultado del voto ha premiado sus esfuerzos.

La mala gestión privada

Con la ley sobre la privatización aprobada en noviembre de 2009, las empresas empezaban a proyectarcómo convertir la gestión del agua en un negocio rentable; las grandes transnacionales como Veolia y Suez,además de muchas empresas públicas que, en los últimos años, habían empezado a cotizar en Bolsa. Lasnormas indicaban el fin de la gestión pública del agua en diciembre de 2011: a partir de esa fecha, losgobiernos estarían obligados a convocar una subasta, y a destinar la gestión del servicio hídrico a empresascon presencia de capital privado superior al 40%. Éste fue el modelo que los italianos rechazaronrotundamente, en vista de los numerosos ejemplos de mala gestión privada que se ha constatado en variasprovincias del país.

Una ley de 1994 contempla la posibilidad de gestionar el servicio a través de compañías de capital mixtopúblico- privado. En las 21 provincias italianas donde se ha experimentado este sistema en los años pasadosno sólo los precios han subido considerablemente, sino que también se ha verificado un notableempeoramiento del servicio. El emblema de la mala gestión privada es Acqua latina, sociedad de la ItaliaCentral, participada al 46% por la transnacional Veolia, que ha llegado a aumentar los recibos hasta el 200%.

Un trago para las multinacionales

Si el primero de los referendos (sobre la gestión privada) ha roto los sueños de consejeros delegados ypolíticos transigentes, el segundo, que aborda la remuneración del capital invertido, ha golpeado a losempresarios donde más les duele: en sus balances de cuentas. Como consecuencia del voto popular, lascompañías han tenido que bloquear 2.000 millones de inversiones.

Además, a la hora de conocer los resultados del referéndum, los analistas financieros recortaban juicios yprevisiones, mientras en Bolsa sus títulos se desplomaban. Según los últimos estudios, muchos de losgrupos italianos del sector podrían sufrir un recorte entre el 10 y el 20% de su flujo de caja: es decir, cadaempresa tendrá que enfrentarse con una pérdida de entre 200 y 300 millones de euros sobre lo previsto.

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Catalunya - venta de Aigües de Ter-Llobregat

El Govern acelera la venta de las aguas

El Área Metropolitana de Barcelona otorga una licitación sin concurso a la multinacional Agbar.

Adrián Crespo, Barcelona - Diagonal 21 noviembre 2012

En 2010 París recuperó la totalidad de su compañía de agua, y pasaba a ser pública tras 25 años detitularidad mixta.

Viena, Múnich o Amsterdam son puestos como modelos ejemplares de gestión del agua pública yprogresista. El Canal de Isabel II de Madrid, a pesar de todo y por el momento, sigue siendo público. El 90%,en fin, del suministro de agua domiciliado en todo el mundo es gestionado de un modo u otro por el Estado.Mientras tanto, la administración catalana se deshace de lo poco que le quedaba de este bien común enfavor de las grandes compañías del sector.

El servicio en alta

Aigües de Ter-Llobregat (ATLL) y la Agencia Catalana del Agua (ACA) son los dos organismos públicos que elGobierno de Artur Mas ha dejado caer.

En 2011, la Ley Ómnibus ya daba un primer varapalo a ambos mediante importantes recortespresupuestarios, y abría la puerta a la privatización. Fue a principios de este año cuando el Governanunciaba que iba a poner a la venta ATLL, compañía que distribuye el agua desde la fuente hasta losdepósitos de 121 municipios catalanes, lo que se conoce como servicio en alta.

La adjudicación, que durará medio siglo, garantiza una espectacular fuente de negocio para la empresabeneficiaria. Dos empresas competían por la gestión de Aigües Ter-Llobregat: Agbar, la omnipresentecompañía que antaño fue Aguas de Barcelona y que es hoy propiedad de la multinacional francesa Suez, yAcciona, de la familia Entrecanales, con una oferta de tarifa más barata aunque sin experiencia en el sectordel agua.

Según el digital Ara.cat, la adjudicataria ha sido esta última. En julio, el consejo de administración de ATLLaprobó un incremento del 70% en las tarifas. La empresa niega que tenga que ver con la futuraprivatización, aunque admite que el objetivo es “reequilibrar las finanzas”, por lo que no es difícil vinculareste saneamiento de las cuentas a la voluntad de vender.

Este incremento tarifario lo van a tener que pagar las empresas de distribución en baja, es decir las quellevan el agua desde los depósitos hasta los hogares, que acabarán repercutiendo parte de estos costes alconsumidor final.

Así pues, sean cuales sean las condiciones con las que la empresa concesionaria adquiera ATLL, laciudadanía catalana verá subir los precios del agua.

El servicio en baja

En el ámbito municipal, al final del ciclo del agua, también cuecen habas. Y más escandalosas si cabe. Tal ycomo denuncian la plataforma Aigüa és Vida y Global Water Intelligence, el Área Metropolitana deBarcelona ha adjudicado a Agbar durante 35 años, y a dedo, la concesión del ciclo integral del agua en suámbito.

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Sencillamente no ha habido licitación pública de ningún tipo. Agbar, que probablemente se acabequedando también con ATLL, gestionaba hasta la fecha el abastecimiento de agua de 28 de los 36municipios del área.

Cuando, desde la oposición, Ricard Gomà (ICV) cuestionó la decisión, se le dijo, según Global WaterIntelligence, que,

“Dado que Agbar ya disfruta de un monopolio en la provisión de agua en el área metropolitana, eslegítimo otorgar la concesión sin licitación abierta”.

Cabe recordar, además, que dicho monopolio efectivo de Agbar se sustenta sobre un acuerdo de boquilla,más propio de un apaño de Los Soprano que de una ciudad como Barcelona.

En octubre de 2010 un juez constataba que Agbar, en la ciudad, “presta el servicio municipal deabastecimiento domiciliario sin el título preceptivo” y que, por lo tanto, su gestión es ilegítima y, las tarifascobradas, ilegales.

La sentencia remite a 1966, cuando el Ayuntamiento de Barcelona aprobó las bases para el convenio con laSociedad General de Aguas de Barcelona, sin licitación pública y contra las mismas leyes del Franquismo.Por todo ello, y tras reclamar infructuosamente a la compañía la documentación necesaria, el juez afirmaque la concesión no adjudicada en los términos requeridos “sería un acto radicalmente nulo”.

Pero es que, además, ni siquiera hay contrato más allá de un “simple proyecto de adjudicación que no llegóa consumarse”. El juez constata que, “hoy por hoy, la gestión del abastecimiento de aguas en la ciudad deBarcelona y la actuación de la SGAB, en tanto que concesionaria del servicio, son actuaciones ilegítimas”.

O sea, que tras 45 años de aquella especie de ‘acuerdo verbal’, la relación entre Barcelona y Agbar seaguanta en precarias condiciones. La sentencia fue inmediatamente recurrida por la compañía.

Una empresa pública ejemplar

Según afirmaban Quim Pérez y Eloi Badia, de Ecologistes en Acció, en un artículo publicado en el número demarzo de la revista Carrer, no hay argumentos técnicos para dicha privatización: ATLL fue considerada en2010 la segunda mejor empresa pública del mundo según los Global Water Awards. Gracias a las obras demantenimiento, sus infraestructuras están en muy buen estado, cosa que contrasta, por ejemplo, conciertas instalaciones del Grupo Agbar, que se postula como nuevo propietario de la empresa.

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La troika avala la gestión público-privada

Una directiva de la Comisión Europea para tomar el oro azul (agua). La troika intenta extender sumodelo en los países periféricos.

Giusseppe Bottazzi, Milán – 16 abril 2013 Diagonal

En Italia lo intentaron pero fueron bloqueados por un referéndum; en Grecia, Portugal e Irlanda, sinembargo, se está llevando a cabo, y se preparan para extender su radio de acción a toda Europa.

La privatización del agua es el próximo desafío de las instituciones europeas y de los grandes grupostransnacionales del sector, que se preparan para hacer negocios con la crisis en la europeriferia. El marcode referencia es una directiva sobre las concesiones en los servicios públicos que, impulsada por laComisión Europea, ya ha sido rechazada una vez por las comisiones del Parlamento europeo, y ahora tendráque ser examinada en el plenario de Estrasburgo.

Se trata de una medida que, aseguran desde Bruselas, “no lleva a la privatización del agua” sino que selimita a “definir las características del servicio”. Es decir, que en vez de obligar a la privatización, Europaintentará poner a cada Gobierno local tantos límites que éstos acabarán privatizando de su propia mano.

El borrador de la directiva, de hecho, prevé que los ayuntamientos quedarán libres de ofrecer por sí mismosel servicio de aguas sólo si su compañía pública copa más del 80% en el territorio municipal. Si, al contrario,abastece a otros ayuntamientos se tendrá que subastar el contrato, lo que abre las puertas a los agentesprivados.

Las justificaciones de Bruselas se esconden en el marco neoliberal del “mercado único europeo”. El objetivo,subraya una nota oficial de la Comisión explicando las razones de la directiva, es “completar la realizacióndel mercado interno (…) asegurando que las empresas europeas tengan acceso a oportunidades de negocioy que las autoridades públicas obtengan la mejor relación calidad-precio”.

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Este razonamiento se funda en la lógica de la eficiencia del mercado: “El gasto público que, en un númeropreocupante de casos, ha sido autorizado sin ninguna transparencia ni responsabilidad, aumentando alcontrario el riesgo de fraudes y hasta de corrupción”, denuncian desde la Comisión. ¿Su solución? Laprivatización o el partenariado público-privado que, aseguran, permitirá las inversiones para asegurar “unservicio de alta calidad”.

En realidad, las primeras experiencias de privatización han tenido un resultado muy diferente: por eso, laprotesta en contra de la directiva europea no sólo se ha producido en los Estados más afectados, sinotambién en aquéllos que, como Alemania, temen que se extienda la privatización al corazón de la Eurozona,sobre todo viendo lo que la UE, el BCE y el FMI han llevado a cabo en países como Portugal, donde losprecios no han bajado en el nombre de la competencia y del mercado –como intenta demostrar Bruselas–sino que han subido hasta el 400%.

Las cláusulas de los acuerdos de rescate de la troika imponen la privatización de los servicios hídricos enPortugal, Grecia e Irlanda. En Lisboa, la empresa pública Aguas de Portugal lleva tiempo en la lista de lascompañías que el Gobierno quiere vender, y para sellar el matrimonio con las grandes empresas del sector–empezando por la francesa Veolia Water– sólo falta un acuerdo sobre el precio.

Grecia va un paso por delante: el país ya vendió en 2010 en Bolsa participaciones de los servicios hídricosde Salónica y Atenas, y ahora el Gobierno heleno se prepara para aprobar la privatización total de las dosempresas.

Mientras, Irlanda ha estrenado en enero su nuevo holding público, Irish Water, cuyo objetivo es reunir a losoperadores locales e impulsar la privatización, o como explica su recién nombrado consejero delegado, JohnTierney, crear “una autoridad de nivel mundial que asegure un servicio excelente”. El resultado es que hastaahora en el país los hogares no pagaban el agua, considerada un bien abundante y público. En el futurotendrán que acostumbrarse a tener un nuevo recibo en el buzón.

El aumento vertiginoso del precio siempre es el primer efecto de la privatización del agua: la ComisiónEuropea explica que es porque en este sector “se necesitan con urgencia nuevas inversiones”.

Sin embargo, quien ha experimentado la gestión privada no ve mejorías, sino sólo especulación.

La denuncia de los efectos de la privatización, de hecho, ha resultado clave en Italia, donde hace un año unreferéndu m derogó las leyes que obligaban a los ayuntamientos a privatizar sus servicios. Casos como el deAcqualatina –partenariado público-privado participado por Veolia y en el centro de un escándalo por losrecortes masivos del servicio a los ciudadanos– han ayudado a construir un consenso alrededor de laplataforma Agua Bien Común.

De momento, en el país transalpino el proceso de privatización se ha parado. Pero, señalan losmovimientos, es pronto para cantar victoria: la austeridad y la troika siguen al acecho.

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Subidas en la factura del agua antes de su concesión a empresasprivadas

El río que nos lleva hacia la privatización. Las denuncias por las concesiones de agua por parte delas administraciones llegan a los grandes del sector, Suez y FCC.

Pablo Elorduy, Ter García, Redacción – Diagonal 16 abril 20 13

Subidas del 30% en Huelva, del 75% en La Unión (Murcia) y del 70% en Avilés (Asturias) en el último año. Denorte a sur, la factura del agua se dispara, especialmente unos meses antes de la adjudicación del servicio, ode parte de éste, a empresas privadas, o en los años siguientes a la adjudicación.

En Barcelona el agua subió tres veces en 2012. En Madrid, donde opera el aún público Canal de Isabel II, lasubida en la factura en 2012 llegó en algunos casos hasta el 30%.

La falta de transparencia explica sólo a medias la disparidad en el acceso a este recurso común en lasprincipales ciudades del Estado. Así, mientras en municipios como Lugo o Palma de Mallorca la cuota fijapor el suministro de agua es de 9,4 euros cada tres meses y 9,2 euros cada dos y el primer tramo deconsumo no llega a los dos céntimos por metro cúbico en el primer caso, en Almería, donde opera laempresa Aqualia, la cuota de servicio asciende a los 17 euros cada 60 días, y en Alicante, donde el serviciodepende de la empresa mixta Aguas Municipalizadas de Alicante, la factura del agua contempla una cuotafija mensual de 7,21 euros.

Charcos de ‘knowhow’

Desde 1996 hasta 2006, el porcentaje de población abastecida por sistemas de gestión privada deservicios de agua ha pasado del 37 al 53%, según datos de la Asociación Española de Operadores Públicosde Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS), que calcula que a finales de este año el 57% de la poblaciónespañola dependerá del sector privado para abastecerse de agua.

Mientras el modelo de Chile, primer lugar de ensayo del modelo de privatización del agua, suponía la ventaa grandes empresas de los acuíferos del país, y el de Reino Unido, con Margaret Thatcher, ponía en manosprivadas las infraestructuras relativas al servicio del agua, en España se ha generalizado un tercer modelode privatización, también implantado en sanidad: el partenariado público privado (PPP), que supone laprivatización de la gestión del servicio por medio de concesiones administrativas, a cambio de unadeterminada cantidad de dinero, el llamado canon concesional.

Pedro Arrojo, profesor de la Universidad de Zaragoza detalla a DIAGONAL:

“Es un modelo mucho más sofisticado políticamente. Permite entrar levantando un mínimo desospecha o reacción social, y buena parte de la izquierda, por ignorancia, incluso lo ha terminadoimpulsando”.

En la mayoría de los casos la concesión del servicio del agua se realiza a través de la creación de unaempresa mixta en la que la estructura existente, municipal, metropolitana, o regional, mantiene el 51% delas acciones frente al 49% que se apropia el capital privado.

No obstante, es este último (capital privado) el que ejerce un control efectivo sobre la empresa mixta,explica Arrojo:

“Siempre hay una cláusula en la que se argumenta –en nombre del know-how y el savoir faire, esdecir, de la complejidad tecnológica–, que la responsabilidad gestora de la empresa mixta va a serdel socio minoritario, de manera que éste, el privado, pasa a tener un control efectivo, no por lamayoría accionarial, sino por el control de la información”.

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Este mando efectivo deriva en el control de las compras y adjudicaciones relacionadas con este servicio, queterminan recayendo de forma automática en filiales del mismo grupo privado. Esto, explica este portavoz dela Red Agua Pública, genera una espiral de beneficios que quedan encubiertos entre los costes de laempresa y que se ve reforzada por una tercera clave en este tipo de negocios, el largo periodo de concesióndel servicio, que suele oscilar entre los 20 y 40 años.

La rescisión del contrato puede suponer un coste hasta 15 veces mayor al canon pagado al Ayuntamientopor parte de la empresa y, en ciudades como Girona, la empresa privada ha puesto en marchainfraestructuras cuando terminaba la concesión para que se produjese su renovación automática. “ Es comovender barata tu primera residencia para después alquilarla cara”, define Arrojo.

Suez, La Caixa y FCC

En la gestión del agua, sea ésta pública o privada, hay un “monopolio natural”, ya que dicha gestión seproduce a través de un único operador.

Casos como el del Canal de Isabel II, que en 2011 obtuvo 135 millones de beneficio, demuestran larentabilidad del control del acceso al agua.

Quien abre el grifo se convierte en cliente cautivo –no puede elegir quién le presta el servicio– y esemonopolio natural da paso a una competencia en la que el pez grande se come al chico.

A nivel global, dos grandes grupos controlan la porción creciente de servicios privatizados de agua. Veolia,antes grupo Vivendi, y Suez Environment copan dos tercios del mercado mundial, en el que aún esmayoritaria la gestión pública o comunal del recurso.

En el Estado español, Aqualia, propiedad del grupo constructor FCC, gestiona más de 850 concesiones yrecientemente ha obtenido licencias por valor de 1.100 millones de euros. Entre los últimos contratos deFCC destacan la gestión integral del ciclo del agua, en Jerez de la Frontera, y la prórroga de la concesión enGirona.

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En segundo lugar por volumen de negocio enla península aparece Aguas de Barcelona(Agbar), en la que el grupo Suez y La Caixase reparten las acciones en una proporción75-25%. Este grupo opera por medio deAquagest, que a su vez está dentro del grupoAquology, que participa en mercados comoel de la seguridad, los campos de golf, laenergía, la química o el papel. Tanto Suez como FCC, que mantiene una alianza en Latinoamérica con Veolia,continúan su expansión internacional, aunque el mercado europeo supone más de la mitad de su negocio.

La llamada guerra del agua en Catalunya, que ha abierto una brecha en CiU, es una muestra de lacompetencia por el territorio. Esa guerra tiene dos batallas. La primera es la que se libra en torno a laadjudicación de Aigües Ter-Llobregat a Acciona, impugnada por Agbar-Aquagest.

El segundo frente está abierto en el área metropolitana –el primero en tamaño de Catalunya– desde que unusuario con el agua cortada, a quien Agbar reclamaba un pago de 6.000 euros, denunciara a esta empresacentenaria.

El juez Eduardo Paricio, quien posteriormente ha participado en distintas actividades de la FundaciónAgbar y ha intervenido decisivamente en el caso Ter-Llobregat, dictaminó que no existía relacióncontractual entre el área metropolitana de Barcelona y Agbar para la prestación de este servicio. Tras elescándalo derivado de este pacto no escrito –y de larga duración– la empresa opera desde una empresamixta, Aguas de Barcelona Empresa del Ciclo Integral del Agua.

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La organización Ingeniería Sin Fronteras ha presentado un informe a la Fiscalía Anticorrupción en el que sedenuncian indicios de prevaricación y apropiación indebida, como explica a este periódico uno de susportavoces, Eloy Badía. En los juzgados se encontrará con más de media docena de contenciososrelacionados con ese caso.

Agbar ha anunciado que va a abrir otro frente contra la Generalitat por daños y perjuicios tras laadjudicación a Acciona del servicio en Aigües Ter-Llobregat; a su vez, el Gobierno catalán ha presentado unrecurso contra el órgano administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña, formado por un soloejecutivo dependiente de la Generalitat, después de que éste impugnase la adjudicación al grupo deEntrecanales, lo que deja en suspenso el concurso.

Si no hay pacto entre los actores implicados, los tribunales determinarán en los próximos años si es legaluna adjudicación que permitió a Andreu Mas-Colell, responsable de Economía de la Generalitat, “suavizar”la cifra de déficit en 2012, ya que contabilizó como ingresos los 995 millones que Acciona prometió enconcepto de inversiones.

La gestión de las empresas del grupo Agbar también ha salido a la palestra tras las revelaciones en torno ados tramas de corrupción en la cornisa cantábrica, los casos Pokemon y Manga. La justicia investiga lasconcesiones en Llanes (Asturias) y Ourense. Eloy Badía resume la cadena de acontecimientos que rodeanlos procesos de privatización:

“Un municipio con las arcas vacías ve que puede vender, o que puede especular, y el agua pasa aconvertirse en un activo financiero. Se produce una privatización por un precio de entre 30 y 50millones. Se suben las tarifas unos meses antes de cambiar de manos el servicio, y a cambio seproduce la entrega de un maletín. El resto se va dando a lo largo de la concesión”.

El recurso al dinero fácil del agua está prohibido por la directiva marco del agua vigente en Europa, ya que elbeneficio obtenido por las administraciones locales debe reinvertirse en el llamado ciclo del agua, quecontempla factores de sostenibilidad medioambiental.

En 2011, 39 ciudades españolas de más de diez mil habitantes fueron denunciadas por no depurar susaguas residuales urbanas en zonas acondicionadas. Además, de este a oeste se suceden las denuncias por lafalta de declaraciones de impacto ambiental en decenas de infraestructuras para el transporte del oro azul.Sin embargo, el beneficio empresarial baja por otro río:

“Hasta hace unos años se consideraba que uno no se ganaba la vida con este recurso, ahora estánllegando a unos volúmenes de 300 millones de beneficios anuales, y sólo la matriz, sin contar lasfiliales”, explica Badía.

Pilar Diego, de la Plataforma contra la Especulación Urbanística y Ambiental de Candeleda explica:

“Es un negocio de alta rentabilidad, entre otras cosas porque no tiene apenas morosidad”.

En este municipio de Ávila de 5.000 habitantes, querecibe el agua directamente de la sierra de Gredos,la concesión del servicio ha sido impugnada porqueuno de los tres ingenieros que resolvieron elconcurso de adjudicación había trabajado en laempresa que se llevó el gato al agua, Aqualia, queopera también en la capital de provincia.

El caso está en los juzgados, y la plataforma contra laprivatización también anuncia acciones legales trasrealizar diversos actos informativos y unamanifestación a la que acudieron más de un millar

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Mario Valverde

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de personas. Como explica Pilar Diego, una vez se entra en la trampa, los municipios comienzan a generardeuda con la concesionaria.

“Aquí se pagan 17 euros cada seis meses. La empresa va a pasar a cobrar trimestralmente y esperarecaudar como mínimo el doble”.

Diego considera que en la gestión pública hay cosas que mejorar, pero hay vías que se pueden poner:

“El objetivo no es el beneficio económico, sino el beneficio de la ciudadanía”, concluye.

Remunicipalización

Casos como el de Candeleda muestran la aceleración de una tendencia que no se traslada a otrosterritorios, donde la gestión sigue siendo pública, a través de consorcios, o mancomunada.

La expansión de la Directiva de Servicios Europeos y la ley de Administración Local está generando un efectode concentración en torno a las entidades administrativas más grandes.

En abril se ha sabido que el Canal de Isabel II ha hecho una oferta para obtener la concesión del servicio deaguas de Lanzarote durante 30 años. El Ejecutivo de Ignacio González asumirá el 60% de la inversión (63millones de euros) y el resto (42 millones de euros) vendrá por créditos bancarios. La Plataforma por laDefensa del Canal de Isabel II de Madrid critica la “aventura empresarial” del Ejecutivo regional, que“pueden pagar caro los ciudadanos madrileños si fracasara la operación”, e incrementará la tarifa enLanzarote un 1% más que el IPC a partir de 2016, después de que el Consorcio del Agua aumentara hasta un40% las facturas en 2012.

En paralelo a este proceso de concentración y privatización del servicio del agua, otra tendencia estáganando peso. “Se está dando un fuerte proceso de remunicipalizacion”, explica Luis Babiano, de Aeopas,que señala cómo Francia, la cuna del modelo PPP, comenzó en 2010 el camino de vuelta al modelo público.

En el Estado español más de 20 municipios de Andalucía y Catalunya han abandonado el capital privadopara volver a la gestión pública.

Dos operadores en Bizkaia y dos formas de entender el acceso al agua

Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaiaes el principal operador de Bizkaia,una provincia en la que la gestiónse la reparten dos entidadespúblicas, el citado Consorcio, en elque están representados elGobierno vasco, la Diputación y losdistintos municipios consorciados.

El de Busturialdea, en el queparticipan las ciudades de Bermeoy Gernika junto a otros trecemunicipios, ha sido el únicosuperviviente de la concentración en torno al consorcio bilbaíno. Como dice Iratxe Arriola, presidenta delConsorcio de Busturialdea, el crecimiento de Bilbao Bizkaia “a priori no tiene que ser negativo, pero se hanusado varias herramientas de persuasión y se ha ahogado a la mayoría de los pequeños gestores. La Ley deTerritorios da más fuerza a la Diputación, lo que ha dado entrada a un cuello de botella”.

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Esta concejala de Bildu ve la sombra de la privatización tras este movimiento del consorcio bilbaíno, y criticalas presiones para revisar al alza las tarifas (la factura en Bilbao aumentó un 10% en 2012). Para Arriola, lagestión del agua actual se caracteriza por depender de pocos acuíferos, algo contra lo que pelea suConsorcio:

“Nosotros hacemos una gestión capilar, recogemos el agua de 56 captaciones de nuestra propiacomarca”.

Los motivos para hacerlo son distintos, desde la independencia hasta la sostenibilidad y el respeto delcaudal ecológico, aunque Arriola reconoce que en veranos secos como el de 2012, faltan recursos. Por esto,este concierto ha optado por establecer más tramos de los habituales en sus tarifas para premiar elconsumo responsable y gravar más el uso estacional y desmesurado del recurso.

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Desobediencia contra el expolio del agua anunciado por la Generalitat

El decreto quiere entregar los ingresos del principal impuesto del agua a la multinacional Agbar

El Gobierno de la Generalitat de Catalunya "regala" los impuesto del Agua a AGBAR. La viabilidad de laAgència Catalana de l’Aigua en grave riesgo. El coste total de la operación será de 1.600 millones de eurosque deberá pagar la ciudadanía.

Luis Babiano , De la plataforma Aigua és Vida – Diagonal 03 julio 2014

La torre Agbar preside parte del paisaje metropolitano de Barcelona. / Pedro Belleza

La Generalitat desea ceder a la Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) el control del canon del agua quepagamos en nuestro recibo, a cambio de 800 millones de euros que le entregaría la entidad metropolitana.No obstante, este impuesto no quedaría en manos públicas como cualquier otro si no que estaría en poderde Agbar, que es quien realmente controla el agua en la AMB. De hecho, Agbar ya ha creado una filial paraemitir bonos a cuenta de los ingresos futuros del canon, ampliando el coste de la operación dados los costesfinancieros de dichos bonos.

Tal y como avanzó Aigua és Vida el Gobierno de la Generalitat lanzó un decreto que era toda una cortina dehumo, diciendo que pretendía ingresar 800 millones de euros para la gestión del agua en la ÀreaMetropolitana de Barcelona. Lo que realmente supondrá el decreto es entregar los ingresos del principalimpuesto del agua a la multinacional Agbar. Esta operación pondrá en grave riesgo la viabilidad de laAgència Catalana de l’Aigua (ACA), el agente regulador del agua en Catalunya, que desde su creación sefinanciará mayoritariamente con este canon, es decir, supone una venta de las famosas “estructuras deEstado”.

Ante la votación de este decreto el 10 de julio en el Parlament de Catalunya, ayer mismo desde laPlataforma Aigua és Vida lanzamos una propuesta de batería de preguntas a todas las fuerzas políticas delParlamento de Catalunya. Estos son los temas de fondo que se recogen:

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• Los 800 millones de euros que entregará la AMB se darán a cuenta de la cesión de diferentesinfraestructuras de saneamiento del Agua y de su explotación, que pasarán a manos de laGeneralitat. Sin embargo, gran parte de estas infraestructuras ya fueron pagadas con fondos decohesión europeos que no se han de devolver y el resto, prácticamente, ya han sido pagados por laciudadanía en años anteriores. Es decir, los vecinos y vecinas de la AMB pagarán por segunda vezunas instalaciones ya amortizadas, toda una estafa a la economía familiar y a las cuentas públicas.

• La Agència Catalana de l’Aigua perderá más de un tercio de su financiación anual, dado que las cifrasde donde parte la negociación para el retorno de este crédito a la AMB son de 150 millones deeuro/año. El presupuesto actual de la ACA es de 416 millones de euro/año, cosa que significa quecon 150 M€ menos deberá de hacer frente a sus obligaciones de pago de personal, planificaciónhidrológica, medidas de seguimiento y control de la calidad del agua, saneamiento, medidas paracumplir la Directiva Marco del Agua, etc. Por otro lado, es importante destacar que aún será másinviable su misión si este modelo se extrapola al resto de cuencas y/o sistemas de Catalunya. Estaoperación, supone el desmantelamiento de la ACA como administración responsable de gestionar yplanificar el ciclo del agua con una visión integradora de los sistemas acuáticos de Catalunya.

• Finalmente, los 800 M€ en bonos de 30 años que emitirá Agbar para pagar esta operación,generarán del orden de unos 800 millones de euros adicionales en concepto de interesesfinancieros que pagaremos entre todos y todas. Es decir, tendremos que pagar 800 millones deeuros más, que en vez de convertirse en inversiones en el ciclo integral del agua a toda Catalunya, eldestino actual que la ACA da al Canon, serán lucro de inversores especulativos.

El Govern de la Generalitat pretende obligar a la ciudadanía a pagar 1.600 millones de euros, la mitad ainversores especulativos, a cambio de la venta de activos públicos de saneamiento, de aumentar elendeudamiento, de la pérdida de capacidad inversora en la gestión del agua para todo el territorio catalán,y en definitiva, de la obtención de un peor servicio a coste político, económico, social y ambientalinaceptable. En esta operación tenemos mucho que perder, hasta la propia Generalitat de Catalunya, y sólogana un actor, Agbar, de la multinacional francesa Suez y participada con un 24% por la Caixa.

Aigua és Vida: no a la entrega de nuestro país

Hace falta poner fin a la entrega de nuestro país a las multinacionales que se lucran con los servicios másbásicos, que mercadean con la vida. Por ello, hacemos un llamamiento a todas las fuerzas políticas,especialmente ERC y PSC, partidarias a fecha de hoy de esta operación, a negarse a la aprobación de estamedida a la Generalitat.

Pero también nos dirigimos a la ciudadanía para que no se someta al mandato de unas instituciones quehace años han dejado de preocuparse por el bien común, y han dejado de defender el Interés General. Éstaes una operación únicamente financiera, que en ningún caso tiene como objetivo mejorar la gestión delciclo del agua o la calidad del agua en el medio, o para uso de la población. Estos cálculos especulativos nitan siquiera tienen en cuenta el Derecho Humano al acceso universal al agua o al saneamiento y no sepreocupan ni de la sostenibilidad financiera de las administraciones, ni de hacer más asequible el coste delagua a las familias o empresas que más sufren de la crisis y no pueden sobrevivir por sí mismas.

El próximo 10 de Julio no sólo se hablará de agua en el Parlament de Catalunya, se hablará de qué paísdeseamos, se hablará de quien vive bajo el mandato de la Caixa y los fondos especulativos.Por todo ello,será imprescindible encontrar mecanismos para defendernos de agresiones de estas características, seránecesario pensar en una campaña de desobediencia civil que imposibilite que con nuestros impuestos losfondos especulativos y la multinacional Agbar-Suez haga negocio con un bien común que nos da la vida.

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Qui és qui en el negoci actual de l’aigua?

La multinacional Agbar domina un mercat de grans corporacions que han mantingut, omantenen, vincles amb dirigents del PSC, CDC, el PP o ICV

Xavier Puig Sedano - 30 novembre 2016- Estirant del Fil

Macroempreses amb bones connexions polítiques. Aquest és el perfil de la majoria de grups que gestionenl’aigua a bona part dels Països Catalans. Agbar s’emporta gran part del pastís, però també en mosseguen untros Aqualia (Fomento de Construcciones y Contratas, FCC), Fomento Urbano de Castellón, Veolia, el GrupGimeno i fins i tot La Caixa, que té participacions en algunes empreses municipals mixtes a través deCriteria.

D’esquerra a dreta i de dalt a baix: Miquel Roca i Junyent (Aigües de Barcelona Mixta), JordiValls i Riera (Suez Mèxic), Francesc Homs i Ferrer (Criteria), Josep Grau i Serís (Aigües delSegarra Garrigues SA), Angel Simón Grimaldos (Agbar) i Enrique Gimeno Escrig (Facsa).

Si prenem les vint-i-cinc ciutats més grans com a referència, Agbar i el seu entramat empresarial sónresponsables de la gestió de l’aigua a setze d’aquestes poblacions. Entre elles, l’Hospitalet de Llobregat,Alacant, Elx (via Hidraqua), Barcelona o Girona. En aquestes dues darreres, la gestió la fa per mitjà d’unaSocietat d’Economia Mixta (SEM), a la qual també participa La Caixa.

En el cas de la capital gironina, cal sumar-hi Aqualia, filial de la multinacional FCC, en mans de la famíliaKoplowitz, i que té com a matriu el magnat mexicà Carlos Slim. Aquesta empresa també gestionadirectament Aigües de Lleida, a part de controlar el subministrament a diversos municipis de les comarquesgironines i de les Illes Balears.

Al seu torn, la gestió de les aigües de Perpinyà està en mans de Veolia. L’empresa francesa és l’actorinternacional de recursos hídrics més important, segons el portal d’informació econòmica Factiva. Seguint la

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mateixa font, Suez SA, propietària d’Agbar, ocuparia la segona posició d’aquest rànquing. Tot i desmarcar-sede les granS empreses multinacionals, a València, Gandia i Castelló, la gestió d’aquest bé públic queda enmans d’empreses amb un fort poder d’influència territorial: Fomento Urbano de Castellón, les duesprimeres i el Grup Gimeno, via Facsa, la tercera. D’aquestes 25 ciutats, només Mataró, Palma, Reus iManresa tenen la gestió municipalitzada.

A prop del poder polític

Si hi ha una persona de pes en la gestió de l’aigua als Països Catalans, és Angel Simón Grimaldos, presidentd’Agbar. Segons la base de dades empresarial Sabi, també és president d’unes altres quatre empreses degestió de recursos hídrics, i conseller del Cercle d’Economia, i de Suez SA, entre altres.

Tal com va publicar l’Anuari Mediacat 2012, Simón és una persona estretament vinculada al PSC, des que vaser gerent de l’Àrea Metropolitana de Barcelona entre 1989 i 1995.

El director general d’Agbar, Arsenio Olmo, també va ser tècnic de l’entitat metropolitana. Alhora, Jordi Vallsi Riera, que va ser conseller de Treball i Indústria el 2006, durant el govern de Pasqual Maragall, és directorexecutiu de Suez Mèxic, després de passar per Aguas Andinas i Agbar United Kingdom –ambduesdependents d’Agbar.

Els vincles entre el PSC i Agbar arriben fins a Girona, segons va publicar L’Ariet. Tomàs Sobrequés, que va serregidor del govern de Joaquim Nadal durant 24 anys, és membre del consell d’administració de Girona SA,que controla Aigües Girona, Salt i Sarrià de Ter (AGISSA) i Aigües de Blanes.

Les connexions polítiques de l’empresa barcelonina, però, van més enllà del grup socialista.

Una investigació d’anticorrupció va revelar que Agbar és una de les empreses que hauria pagat el suposat3% a CatDem.

Entre 2008 i 2012, la fundació de CDC va rebre donacions per valor de 895.000 euros per part de la galàxiade societats mercantils que integren el Grup Agbar.

En aquesta investigació, també es destapaven unes donacions de 175.000 euros efectuades entre 2008 i2009 per part de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), propietària d’Aqualia.

El 2015, tres anys després dels pagaments, Miquel Roca i Junyent, el que va ser mà dreta de Jordi Pujol aCDC, va ser nomenat membre del consell d’Aigües de Barcelona Mixta en representació dels interessosd’Agbar i Suez SA.

A més, Josep Grau i Serís, conseller d’Agricultura durant la sisena legislatura de Jordi Pujol (entre 1999 i2003), és –des de 2011– conseller d’Aigües del Segarra Garrigues SA, de la qual Agbar ostenta un 22% de lesaccions i FCC un 24%.

Els vincles amb ICV també han estat recurrents. Fins a quatre persones de l’entorn ecosocialista hanmantingut vincles laborals amb Agbar. L’exregidora de Barcelona Imma Mayol i l’exconseller de MediAmbient Francesc Baltasar van treballar, entre 2011 i 2012, com a assessors d’Agbar.

A la vegada, la que va ser directora de Serveis quan la conselleria estava en mans de Baltasar, Elisenda Rius,va treballar de responsable de Relacions Humanes d’Agbar. Finalment, Eduard Pallejà, secretari generaldurant el mateix mandat, fa tasques d’assessorament per mitjà de la seva empresa KM2.

Agbar també ha sabut teixir relacions amb el Partit Popular al País Valencià. L’actual regidor popular del’Ajuntament d’Oriola, Francisco Manuel Sáez Sironi, ha ocupat diversos càrrecs de direcció a empreses comAquagest, Aigua i Sanejament d’Elx i Hidraqua, totes elles propietat d’Agbar.

Facsa, l’empresa que gestiona l’aigua a Castelló, també té vincles amb el PP. El seu president, EnriqueGimeno Escrig, apareix a les peces valencianes de la trama Gurtel per haver finançat la campanya electoral

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popular de 2008 amb 405.668 euros. A la vegada, Piluca Bertolin, dona d’Esteban González Pons (portaveudel PP al Parlament Europeu), és directora creativa d’Aigües de València SA. L’empresa és propietat deFomento Urbano de Castellón, el president de la qual és Eugenio Calabuig Gimeno, que va reconèixer haverpagat 375.000 euros a Iñaki Urdangarin a canvi de serveis de recerca d’inversors a l’estranger, en el marc dela investigació del cas Noos.

Els tentacles de La Caixa

Si es parla de la gestió de l’aigua, tampoc no es pot obviar el paper que hi juga La Caixa.

El 2014, la multinacional financera catalana va vendre el 24% d’Agbar que posseïa a Suez SA a canvi del 7%d’accions de la multinacional francesa, que va passar a controlar el consell d’administració de l’empresad’aigües.

Més enllà d’això, La Caixa té un 15% d’Aigües de Barcelona Mixta (Agbar en té un 70% i l’AMB el 15%restant) a través de Criteria. Cal destacar que, entre els patrons de Criteria, hi ha el conseller d’Economia dePujol entre 2001 i 2003, Francesc Homs i Ferret.

La Caixa també és l’accionista majoritària d’AGISSA, amb un 34% de les accions (Agbar en té un 33% iAqualia l’altre 33%). En aquest cas, els vincles arriben pel convergent Miquel Noguer, vicepresident de laDiputació de Girona, que –com va destapar la Directa– va rebre 1,35 milions d’euros de La Caixa, com amembre del consell d’administració, entre 2005 i 2013.

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