La Ley de Costos y Precios Justos: una lectura politológica. Página 2. John Magdaleno

La ley de costos y precios justos:

una lectura económica. Página 9. José Guerra

La CELAC vista desde El Silencio: la declaración de Caracas. Página 11 Xavier Rodríguez Franco.

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Entorno Político |N° 3. Diciembre 2011 | Derechos Reservados © Polity. Consultores en Asuntos Públicos

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Editorial:

emos llegado a nuestro último informe del año 2011, en el que destacamos, como tema central, los impactos de la Ley de Costos y Precios Justos, al que se dedican dos artículos de esta edición: el primero, desde una perspectiva politológica, a

cargo de quien escribe, y el segundo, desde una óptica propiamente económica, a cargo de José Guerra. Indiscutiblemente, el instrumento legal, que entró en vigencia el 22 de noviembre, tendrá impactos relevantes sobre el sector privado y sólo queda por evaluar el modo en que será implementado por el Gobierno Nacional.

No podía quedar por fuera una evaluación de la “Declaración de Caracas”, firmada por los 33 gobiernos asistentes a la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC), celebrada entre los días 2 y 3 de diciembre, y alrededor de la cual estuvieron puestas las miradas de buena parte de la sociedad internacional. El evento, es necesario decirlo, se produce en el contexto de una de las más importantes crisis financieras habidas hasta la fecha, cuyas repercusiones en Europa no se han hecho esperar. El tema es abordado por Xavier Rodríguez Franco con el rigor de costumbre.

Los lectores habrán notado que hemos efectuado un ligero cambio en la marca de nuestro Informe: de “Entorno” a “Entorno Político”. El objetivo esencial, conforme a la sugerencia de varios de nuestros lectores, ha sido contribuir a perfilar aún más nuestra publicación, enfatizando lo que queremos y sabemos hacer bien: analizar el entorno político nacional e internacional, con apoyo de las más diversas técnicas de investigación y análisis provenientes de las ciencias sociales.

A largo de estas ediciones, varios de nuestros lectores nos han hecho llegar estimulantes comentarios sobre el informe y su aparición, sobre el formato y la diagramación, o sobre los artículos y su contenido. Conservamos en nuestros archivos diversos correos electrónicos, de especial significación para nosotros, en los que nos felicitan y alientan a continuar y ampliar el alcance de este esfuerzo. Queremos aprovechar esta ocasión para agradecer tales palabras de estímulo, así como el interés mostrado por todos nuestros lectores con esta nueva publicación electrónica.

A partir del mes de enero, tal y como ha sido anunciado desde anteriores ediciones, Entorno Político circulará exclusivamente por suscripción, ya sea mensual, trimestral, semestral o anual.

Un grupo de lectores ya ha decidido suscribirse anualmente, de modo que invitamos a quienes todavía no lo han hecho a contar con nuestros servicios durante el año 2012, un año en el que usted y su empresa seguramente necesitarán tener a la mano los análisis políticos más profesionales.

Adicionalmente, estamos abriendo la opción del patrocinio mensual, trimestral, semestral o anual de nuestro informe, de modo tal que nuestros lectores tengan la posibilidad de colocar sus anuncios y publicitar las marcas de sus empresas, productos o servicios en nuestras páginas. Nuestra base de datos incluye más de doscientos cincuenta (250) contactos de primer orden, que incluye una amplia lista de ejecutivos, directivos y gerentes de alto nivel de empresas nacionales o multinacionales con operaciones en Venezuela y en algunos otros países de América Latina, académicos nacionales y extranjeros, líderes políticos, comunicadores sociales y relacionistas públicos.

Por todo ello, a partir de enero le haremos llegar a todos los lectores de nuestra base de datos un abstract o resumen del contenido de la edición del mes, y a los que ya se han suscrito bajo cualquiera de las modalidades antes señaladas el informe mensual completo. Si usted o su empresa desean suscribirse a nuestro informe Entorno Político, escriba al correo john.magdaleno@gmail.com y con mucho gusto procesaremos su solicitud. Del mismo modo, visite nuestra página web para informarse sobre las áreas de desempeño y actividad profesional de nuestra empresa (www.polityconsultores.com)

Finalmente, queremos hacerle llegar a nuestros lectores un afectuoso saludo navideño y nuestros mejores deseos de paz y bienestar para ustedes y sus respectivas familias.

John Magdaleno Director Ejecutivo

Polity. Consultores en Asuntos Públicos.

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La Ley de Costos y Precios Justos: una lectura politológica.

Por John Magdaleno (@johnmagdaleno)

El 22 de noviembre próximo pasado, entró en vigencia la Ley de Costos y Precios Justos. El instrumento legal, publicado en la Gaceta Oficial Nº 39.715, de fecha lunes 18 de julio de 2011, estableció en su artículo primero el objeto: “establecer las regulaciones, así como los mecanismos de administración y control, necesarios para mantener la estabilidad de precios y propiciar el acceso a los bienes y servicios a toda la población en igualdad de condiciones, en el marco de un modelo económico y social que privilegie los intereses de la población y no del capital”.

En virtud de los impactos que previsiblemente tendrá la ley sobre el sector privado, valdría la pena hacer un análisis de las eventuales motivaciones de fondo que la originaron, así como de algunos de sus más importantes efectos. En esta tarea nos concentraremos en las próximas páginas.

El espíritu de la ley: la exposición de motivos.

Con el objeto de emprender nuestro análisis del modo más riguroso posible, sería de suma utilidad intentar registrar cuál es el espíritu de la ley, que se comunica de modo explícito en la exposición de motivos de la misma, de la cual reproducimos la mayor parte. Veamos:

“Los abusos flagrantes del poder monopólico en muchos sectores de la economía han originado que la base de acumulación de capital se materialice en los elevados márgenes de ganancia que implica el alza constante de precios sin ninguna razón más que la explotación directa e indirecta del pueblo. Sabido es que las asimetrías de los agentes en la dinámica económica han derivado en precios altos y en daños incalculables a la economía de los consumidores. El poder monopólico o monopsónico y la cartelización, se han constituido en la política aplicada, por los empresarios, para dominar el mercado, siendo ellos quienes fijan los precios y condiciones comerciales, que no se corresponde a referentes

internacionales, ni obedecen a una estructura de costos justificable. La generalización de prácticas especulativas produce niveles de inflación exacerbados, que terminan erosionando no solo el poder adquisitivo de la población, sino el potencial de las pequeñas y medianas empresas (PyME's) y con el comercio minorista, impidiendo el desarrollo económico de alternativas productivas y de mayor número de iniciativas empresariales. La existencia de precios altos en el mercado de Insumos y en los servicios, reduce la rentabilidad mínima necesaria y resta capacidad para financiar nuevas inversiones. El pago de precios altos por parte de los consumidores reduce la capacidad de adquirir otros bienes o de ahorrar. Las utilidades que legítimamente podrían obtener las empresas de menor tamaño, o del ahorro que sería posible para los consumidores, son transferidas en forma de precios altos a empresas que realizan prácticas especulativas”.1

Varios elementos saltan a la vista tras la lectura de la exposición de motivos. En primer lugar, lo que pareciera constituir el foco de la preocupación del gobierno: la inflación; en segundo lugar, el fenómeno de origen que, en opinión de los redactores de la ley, explica su origen: el poder monopólico, la cartelización y las prácticas especulativas, y; en tercer y último lugar, los actores a quiénes se responsabiliza del fenómeno que preocupa al gobierno: los empresarios.

Dicho de otro modo, según la exposición de motivos de la ley, la inflación sería la consecuencia de “prácticas especulativas”, que incluyen la determinación unilateral, por parte de los empresarios, de “estructuras de costos injustificables” (y, por tanto, de precios extraordinariamente elevados), que terminan afectando tanto el poder adquisitivo de los consumidores como el

1 Gaceta Oficial n° 8331. Páginas 1 y 2. Las negritas son nuestras. (http://entornoparlamentario.files.wordpress.com/2011/12/gaceta-habilitante-ley-de-costos-18-06-11.pdf)

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potencial de las pequeñas y medianas empresas (PyME's). La cosmovisión se completa cuando se alude a los “márgenes de ganancia”, en cuya base se encuentra el proceso de “acumulación de capital”.

Ni el enfoque ni esta última frase son fortuitos o casuales. Responden a la visión ideológica del gobierno, en la cual resulta indiscutible –aunque en grado variable, dependiendo de los actores que sean considerados- la influencia de Karl Marx. Si esta afirmación le pareciera, estimado lector, una exageración pedagógica, nada mejor que recurrir al propio Marx para que sea él quien lo exponga. En el Tomo I de su obra más importante, El Capital, Marx señaló lo siguiente:

“Como el capital produce todos los años una masa de plusvalía, una parte de la cual se incorpora anualmente al capital originario; como este incremento de capital crece también todos los años al crecer el volumen del capital ya puesto en movimiento; y, finalmente, como bajo el estímulo del afán de enriquecerse, por ejemplo al abrirse nuevos mercados, nuevas esferas de inversión de capitales a consecuencia del desarrollo de nuevas necesidades sociales, etc., la escala de la acumulación puede ampliarse repentinamente con sólo variar la distribución de la plusvalía o del producto en capital y renta, las necesidades de acumulación de capital pueden sobrepujar el incremento de la fuerza de trabajo o del número de obreros…”.2

Y más adelante, Marx señala:

“Así como la reproducción simple reproduce constantemente el propio régimen del capital, de un lado capitalistas y de otro obreros asalariados, la reproducción en escala ampliada, o sea, la acumulación, reproduce el régimen del capital en una escala superior, crea en uno de los polos más capitalistas o capitalistas más poderosos y en el otro más obreros asalariados. La reproducción de la fuerza de trabajo, obligada, quiéralo o no, a someterse incesantemente al capital como medio de explotación, que no puede desprenderse de él y cuyo esclavizamiento al capital no desaparece más que en apariencia porque cambien los capitalistas individuales a quienes se vende, constituye en realidad uno de los factores de la reproducción del capital. La acumulación del capital supone, por tanto, un aumento del proletariado”.3

Aunque existen muchos más pasajes de El Capital que podrían citarse (o incluso, de los conocidos Grundrisse publicados por el Instituto Marx-Engels-Lenin, IMEL, de Moscú), la lectura y comparación de la exposición de motivos de la ley y estos párrafos de Marx demuestran el parentesco ideológico entre ambos. De modo que, pese a que pudieran existir propósitos coyunturales que la ley buscaría satisfacer -como en efecto se argumentará-, el

2 Carlos Marx. El Capital. Tomo I: Crítica de la Economía Política. Fondo de Cultura Económica. México, 1999 (Tercera edición), pág. 518. Las negritas son nuestras. 3 Idem.

espíritu de la misma es compatible con el planteamiento ideológico del gobierno de avanzar en la “transición al socialismo”. No perdamos de vista este elemento a la hora de comprender su finalidad esencial.

La ideología como hilo conductor: los documentos de los años 2004 y 2007.

Con motivo de un Taller de Planificación Estratégica celebrado en Fuerte Tiuna en noviembre de 2004, del que existe un documento público elaborado por Marta Harnecker que recoge las intervenciones del Presidente Chávez, éste señaló: “La nueva batalla profunda está comenzando, el enemigo está intacto, ocupando sus posiciones, más allá de las gobernaciones, más allá de las alcaldías, más allá de lo visible, más allá de lo nacional…”4; y agregó: “Bueno, entonces no basta para nada eso, tenemos que demoler el viejo régimen a nivel ideológico”.

Poco después, en el marco de tal intervención, el Presidente insistió:

“Por todos lados, la idea, la idea, la idea, la idea, la vieja idea, hay que golpearla, golpearla, golpearla, pero golpearla sin clemencia por el hígado, por el mentón, todos los días, en todas partes, las viejas costumbres. Si no lo hacemos, si no las demolemos, ellas nos van a demoler tarde o temprano y tendríamos que terminar la vida diciendo: Otra vez, pudo Gómez, como gritó Maisanta el día en que murió. Otra vez hemos arado en el mar, otra vez Jesucristo, Don Quijote y nosotros los grandes majaderos de la historia”.

Más adelante, estableció el séptimo objetivo del Plan Estratégico que en esa fecha discutía con los presentes: “Acelerar la construcción del nuevo modelo productivo, rumbo a la creación del nuevo sistema económico”. O dicho de otro modo, tal y como el mismo Presidente lo enunciara:

4 Taller de Alto Nivel: “El Nuevo Mapa Estratégico”. Intervenciones del Presidente de la República. Caracas, 12 y 13 de noviembre de 2004. Las negritas son nuestras. Las citas que siguen provienen de este documento.

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“Trascender el modelo capitalista”: “El objetivo de largo plazo, en lo económico, nadie puede tener duda de ello, es trascender el modelo capitalista. El modelo económico capitalista es inviable, imposible, nosotros los líderes, sobre todo los líderes, debemos tenerlo muy claro”.

Tras esto, el Presidente formuló una llamativa pregunta:

“¿Es el comunismo la alternativa? ¡No! No está planteado en este momento, aquí están los grandes rasgos de la Constitución Bolivariana, del modelo económico social, la economía social, la economía humanista, la economía igualitaria. No nos estamos planteando eliminar la propiedad privada, el planteamiento comunista, no. Hasta allá no llegamos, no. Nadie sabe lo que ocurrirá en el futuro, el mundo se va moviendo. Pero en este momento sería una locura, quienes se lo plantean no es que están locos, no. No es el momento… En este instante, nosotros, a menos que queramos caer en utopía, debemos plantearnos la creación del nuevo sistema económico. ¡Eso no se hace en dos ni en cinco años!, ¡sería una mentira!”.

De estos párrafos resaltan, por un lado, los objetivos explícitos de transformar: a) las principales creencias y valores de la sociedad venezolana (partiendo, en las palabras del Presidente, de la “demolición” de las viejas creencias y costumbres) y, b) el sistema económico imperante; y por otro lado, la conciencia que parecía tener el Presidente Chávez en tal fecha sobre los tiempos o plazos que dicho proceso de transformación involucraría. Nótese que ya en 2004 el primer mandatario indicaba que cinco (5) años no serían suficientes para completarlo.

Por su parte, en la exposición de motivos del Proyecto de Reforma Constitucional presentado por el Presidente Chávez ante la Asamblea Nacional, el 15 de agosto de 2007, se señala lo siguiente:

“Para construir un nuevo orden con preeminencia del ser social colectivo, es necesario superar los obstáculos generados por las relaciones sociales capitalistas, manifestados en la imposición de los intereses de las minorías por encima de los intereses del poder originario, la concentración de la propiedad en pocas manos, la dificultad política para democratizar el poder, una institucionalidad que propicia el establecimiento de un cuerpo burocrático amparado en una superestructura ideológica que mantiene a nuestro pueblo encadenado a la miseria, alienado y alejado de su propia realidad. Estas estructuras de poder se fundamentan en la imposición de un saber que les garantiza la supremacía y dominación a través del control de las ideologías, la cultura, la educación y de los medios de comunicación”.5

5 Proyecto de Reforma Constitucional presentado por el Presidente Chávez ante la Asamblea Nacional (material impreso y

Adicionalmente, en la sección IV, dedicada al “Modelo Productivo Socialista”, del Proyecto Nacional Simón Bolívar (Primer Plan Socialista para el período 2007-2013) se estableció lo siguiente:

“La producción en la búsqueda de lograr trabajo con significado se orientará hacia la eliminación de la división social del trabajo, de su estructura jerárquica actual y a la eliminación de la disyuntiva entre satisfacción de necesidad y producción de riqueza.

El modelo productivo responderá primordialmente a las necesidades humanas y estará menos subordinada a la reproducción del capital.

La creación de riqueza se destinará a satisfacer las necesidades básicas de toda la población de manera sustentable y en consonancia con las propias exigencias de la naturaleza en cada lugar específico.

El Estado conservará el control total de las actividades productivas que sean de valor estratégico para el desarrollo del país y el desarrollo multilateral y de las necesidades y capacidades productivas del individuo social.

Esto conlleva identificar cuál modo de propiedad de los medios de producción está mayormente al servicio de los ciudadanos y quiénes la tendrán bajo su pertenencia para así construir una producción conscientemente controlada por los productores asociados al servicio de sus fines”.

Finalmente, recuérdese que en ese mismo documento se representaba el peso relativo de las empresas privadas capitalistas, las empresas capitalistas del Estado y las empresas de economía social en el sistema, en contraste con la situación futura a la que se aspiraba.

distribuido por la Asamblea Nacional). Las negritas y cursivas son nuestras. Las citas que siguen corresponden a este documento.

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Como puede verse, el recorrido que hemos hecho a lo largo de los tres documentos citados (“El Nuevo Mapa Estratégico” de 2004, el “Proyecto de Reforma Constitucional presentado por el Presidente ante la Asamblea Nacional” en agosto de 2007 y el “Proyecto Nacional Simón Bolívar”), sugiere la existencia de un hilo conductor bastante nítido o, para decirlo de un modo más preciso, de un enfoque ideológico cuya raíz marxista es irrefutable.

A efectos de lo que aquí se trata, no tiene importancia saber si el Presidente Chávez es un “revisionista”, en lugar de un “marxista ortodoxo”; o la eventual influencia de algunos de los planteamientos tácticos de, por ejemplo, Trotsky y Mao Tse Tung en su visión; o incluso, como ocurre en algunos círculos, si el primer mandatario habría efectuado una lectura –ya sea exhaustiva y detenida, o incompleta y fragmentaria- de El Capital de Marx. Pues en el discurso oficial se encuentra, en no pocas ocasiones, un sincretismo ideológico, dada la apelación a varios referentes simultáneos de la tradición socialista, al margen de la escasa coherencia interna que esta operación dibuja. Pero de lo que no queda duda es de la influencia del marxismo y su traducción política, el socialismo, en contraposición al reformismo de E. Bernstein.

Así las cosas, la importancia estratégica, de largo plazo, de la Ley de Costos y Precios Justos es que le permite al gobierno avanzar en la transformación del sistema económico, en este caso interviniendo el proceso de fijación de precios, con lo cual, desde una óptica estrictamente marxista, se estaría interviniendo el proceso de acumulación, conforme a las tesis de Marx.6

La utilidad de la Ley de de Costos y Precios Justos: una lectura de opinión pública

Pero esto no es lo único que resuelve la ley, desde lo que pareciera ser la óptica gubernamental. En los estudios de las principales encuestadoras del país efectuados durante el año 2011, entre ellas Datos, Datanalisis, Consultores 21 y el IVAD (dirigido el Prof. Félix Seijas), se viene registrando un deterioro de la situación del país, especialmente si se compara la evaluación reciente con la que los entrevistados hacían años atrás. En todos los casos se registra una pendiente negativa que habla elocuentemente sobre el deterioro de

6 Esto último, que pareciera una tautología, no lo es, por cuanto a lo largo de dos siglos se han registrado tantas variantes del marxismo y del socialismo como exponentes habidos, desde el socialismo utópico pre-marxista pasando por el marxismo ortodoxo y el marxismo-leninismo hasta el post-estructuralismo, que es la etiqueta más reciente que han aceptado diversos intelectuales, algunos de ellos mejor conocidos como los post-modernos.

las percepciones en torno al estado del país hoy.

Incluso, destaca, en esos mismos estudios, la presencia de la inflación como uno de los principales problemas del país y hasta uno de los más importantes problemas personales de los entrevistados, situándose, en la mayor parte de estos estudios, en el segundo, tercero o cuarto lugar en orden de importancia, según la pregunta de que se trate.

Y para completar el cuadro, mencionamos dos datos de particular relevancia. En un estudio de Datos efectuado durante el primer trimestre de este año se registró: 1) que el 44% de los entrevistados del Pulso Nacional –la tradicional encuesta trimestral de Datos, de cobertura urbana, efectuada entre una muestra de 2.100 entrevistados- responsabilizó directamente al Presidente Chávez por la inflación, y; 2) que frente a la pregunta “¿Cuáles deberían ser los tres temas más importantes sobre los que debería hacer leyes la actual Asamblea Nacional?”, el 31% señaló “Leyes para disminuir la inflación/ Mejorar la economía”, ubicándose esta demanda en el cuarto lugar, muy cerca de “Leyes para garantizar la seguridad social”, que fue mencionada por el 33% y se ubicó en el tercer lugar.7

De modo que las conclusiones a las que pudo haber llegado el alto gobierno parecieran ser la siguientes: a) uno de los temas de mayor impacto sobre el clima de opinión del país, esto es, que en mayor medida está afectando las percepciones y opiniones sobre la situación del país, es la inflación; b) el Presidente está siendo responsabilizado directamente por este tema por casi la mitad de una muestra de cobertura urbana, lo que impone la transferencia de la mayor parte de la responsabilidad a otros actores para evitar un deterioro de la imagen presidencial, y; c) el tema era una demanda sentida a inicios de 2011, al punto que casi un tercio (1/3) de la población lo ubicaba dentro de las cinco prioridades legislativas de la nueva Asamblea Nacional.

7 Las primeras menciones fueron: “Leyes para disminuir la inseguridad pública”, señalada por el 66% de los entrevistados, y “Leyes para aumentar el empleo/ resolver el problema del desempleo”, señalada por el 43% de la muestra. Los porcentajes señalados se refieren, en todos los casos, al “Total de Menciones”, sin discriminar entre la primera y las demás menciones.

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Si nuestro análisis es correcto, la Ley de Costos y Precios Justos habría sido el resultado de la doble exigencia a la que estaba sometido el oficialismo, obviamente tomando en consideración la ideología dominante en su seno: por un lado, la necesidad estratégica de largo plazo de seguir avanzando en la “transición al socialismo” y, en particular, el imperativo socialista de debilitar el poder –entendido como capacidad de influencia- de las “empresas privadas capitalistas”, interviniendo el proceso de “acumulación del capital”, en el que la “fijación de los precios” es vital; y por otro lado, enfrentar un problema de coyuntura que potencialmente podría afectar aún más la imagen presidencial, y con ello, las perspectivas electorales de cara al 2012, intentando comunicar que el gobierno tiene voluntad para detener el alza de los precios y toma medidas concretas en esa dirección, mientras procura trasladar la responsabilidad a otros actores.

Los efectos de la ley: una lectura desde la “Teoría de los Juegos”

Hasta aquí, si utilizamos un enfoque predominantemente politológico, veremos que los efectos que eventualmente pudo haber perseguido la ley son los siguientes:

Como objetivo estratégico general, uno que ya fue señalado: seguir avanzando en la “transición al socialismo”, proceso en el cual, desde una perspectiva marxista, es imprescindible alterar las “relaciones sociales de producción”, esto es, modificar el estado actual en que se encuentra “la propiedad de los modos de producción” (por ejemplo, por intermedio de expropiaciones o confiscaciones en sectores considerados estratégicos por el Estado) y, en los casos en que se reconozca la existencia y permanencia de las “empresas privadas capitalistas”, debilitar su poder, interviniendo el proceso de “acumulación del capital”, en el que la “fijación de los precios” es central.

Como objetivos estratégicos específicos, el gobierno podría haberse planteado los siguientes:

- Intentar controlar la inflación en un año electoral, mostrándole a los empresarios las consecuencias negativas de un eventual aumento de precios. Es decir, inhibir eventuales aumentos de precios, llevando a los empresarios a evaluarlos sólo en los casos en que se consideren imprescindibles para mantener las operaciones. - Consideradas sector por sector, identificar las estructuras de costos y márgenes de ganancia de las diferentes empresas que operan en cada uno, de modo que logren apreciarse las divergencias existentes y se establezcan los rangos en que tantos los costos como las ganancias varían de una empresa a otra. Todo ello quizás para intentar legitimar la intervención de precios, o más aún, de la empresa y eventualmente del sector en cuestión. - Procurar que del problema de la inflación sean responsabilizados los “empresarios especuladores” o, dicho de otro modo, transferir la responsabilidad atribuida hoy al gobierno nacional y al Presidente a otros actores.

- Comunicar que el gobierno se preocupa por los temas de interés de la mayoría de la población y que actúa para enfrentar los principales problemas, con lo cual buscaría afirmar su legitimidad en sentido sociológico. Formulado

de otra manera: evitar que los impactos de la inflación sigan deteriorando la base de apoyos del oficialismo y, en particular, del gobierno nacional y del Presidente Chávez (objetivo que sería la contracara del anterior).

Ahora veámoslo desde otra perspectiva. Imagínese por un momento el lector que podemos simular los efectos de la Ley de Costos y Precios Justos sobre un sector económico determinado, valiéndonos de la lógica del “Dilema del Prisionero”, un conocido modelo de la “Teoría de los Juegos”. Y figurémonos, por un momento, que para representar la dinámica desatada por la ley en dicho sector reducimos el universo de competidores a sólo dos grupos: los que poseen “márgenes de ganancia razonables” (supongamos, entre 10% y 24%) y aquellos que poseen “márgenes de ganancia elevados” (hipotéticamente, entre 25% y 40%), tomando en consideración para ello la distancia existente entre sus estructuras de costos y el precio final de los productos o servicios.8

El “Dilema del Prisionero” fue un modelo de la “Teoría de los Juegos” formulado en 1953 en la RAND CORPORATION por Dresher y Tucker. El planteamiento básico es el siguiente:

Dos individuos son arrestados y acusados de un mismo crimen.

Una vez encarcelados, se le propone, a cada uno por separado, el siguiente trato: si uno de ellos denuncia al otro será liberado (tendrá 1 año de prisión) por su contribución a la ley, mientras que el otro prisionero (si no confiesa) será castigado con la máxima pena prevista para este crimen (10 años).

8 El establecimiento de los rangos de márgenes de ganancia son, en este ejercicio, ciertamente arbitrarios y no responden a un cálculo económico riguroso ni a las peculiaridades de algún sector en particular. No obstante, no son casuales en el sentido de que el primer rango de ganancias -el de los llamados “razonables”- corresponde a lo que en el discurso de algunos voceros oficiales pareciera reconocerse como “márgenes aceptables”, mientras que el segundo rango, en contrapartida, asume como premisa lo contrario, como quien intenta, en matemáticas, hacer una demostración mediante la “reducción al absurdo”.

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Si ninguno confiesa ni denuncia, sólo podrán ser acusados de un delito menor (se les impondrá la pena de 2 años).

En cambio, si los dos presos se denuncian mutuamente, entonces ambos serán condenados, aunque con cierta indulgencia por su buena intención (5 años).

Aceptando el supuesto de que ambos individuos no pueden concertar y que por lógica desconfían el uno del otro acerca de cuál será la estrategia que el otro usará, ¿cree usted que se inclinarán por confesar o no confesar?

Más de 500 experimentos realizados en la RAND CORPORATION con individuos confirmaron que en el “Dilema del Prisionero” la estrategia más frecuentemente escogida era la “deserción” o “no-cooperación”.

Pero, ¿qué pasa si los dos presos, que en el “Dilema del Prisionero” no pueden tener comunicación –y ésta es una premisa básica del modelo, no aplicable a la simulación que estamos intentando hacer con fines pedagógicos- deciden cooperar, esto es, no se acusan mutuamente?; ¿qué pasaría si, en lugar de acusarse, deciden defenderse mutuamente? Este es el escenario de cooperación (en contraste con la competencia resultante en los tres escenarios restantes), en el que se obtiene la más alta ganancia conjunta o, visto en contrapartida, se alcanza la más baja pérdida conjunta.

Pues bien, reinterpretemos ahora la Ley de Costos y Precios Justos a la luz de la lógica subyacente en el “Dilema del Prisionero”, y consideremos que nuestros actores son los dos tipos de empresas antes señalados: uno, con “márgenes razonables de ganancia”; otro, con “márgenes elevados de ganancia”.9 Supongamos por un momento que, si nuestro análisis es correcto, conforme a uno de los objetivos que pudiera haber perseguido el gobierno nacional con la ley, éste desea contrastar las estructuras de costos y los márgenes de ganancia de todas las empresas de un sector, quizás con el propósito ulterior de reducirlos, tomando como referencia, para ello, los costos y márgenes del grupo de empresarios con “márgenes más razonables”.

E imaginemos adicionalmente que la solicitud de esta información por parte de los órganos competentes del Ejecutivo, en la medida que revelaría las eventuales discrepancias de costos y márgenes de ganancia existentes, fuese el equivalente a la “delación” o “acusación entre los presos” (pues la presentación de la información a los órganos competentes es obligatoria y no podría ser considerada en estricto sentido como la “delación” o “acusación” del modelo original).

En tal caso, “la estrategia de la cooperación” luce, sin duda, como la más conveniente. De modo que si su empresa, amigo lector, no ha tratado el tema sectorialmente, pareciera hora de hacerlo; no para actuar como un “cartel” sino, sobre todo, para articular una estrategia conjunta que proteja al sector de una eventual intervención o ajuste de precios, especialmente si éste pone en riesgo las operaciones de algunas de las empresas.

9 El ejercicio también pretende demostrar que la decisión acerca de lo que se considera “razonable” o “elevado” está en manos del gobierno nacional, lo cual evidentemente incrementa los riesgos de la ley para el sector privado.

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La Ley de Costos y Precios Justos va a cambiar la forma en que se fijan los precios en Venezuela. Es una de las leyes de contenido económico más importante que se hayan aprobado en el país. Su Exposición de Motivos expresa en toda su magnitud el alcance de ese instrumento legal. Parte de varias premisas, ninguna de ellas verificables y otras falsas de toda falsedad. Veamos.

Se asume, de entrada, que existe un poder monopólico en el sector privado de la economía, lo que se traduce en la fijación de altos precios y que ello genera elevados márgenes de ganancia. Pero, para colocar un ejemplo palpable, un examen detallado y objetivo echa por tierra el dogma según el cual la economía venezolana se caracteriza por la presencia de monopolios en el sector productor de alimentos. En efecto, cuando se valoran adecuadamente los alimentos más importantes se aprecia que existe competencia entre diversos productores de esos rubros, con lo cual se desmiente la tesis de la monopolización de la economía nacional. Hay un monopolio cuando existe un solo productor que elabora un determinado bien y sólo basta con asistir a un establecimiento comercial para darse cuenta que esto no tiene fundamento en la Venezuela de hoy. Mientras el consumidor pueda escoger entre varias marcas, elaboradas por distintos productores, no puede hablarse de la existencia de un monopolio.

Lo que resulta absolutamente falso es el hecho de que precios elevados impliquen alta inflación. Una cosa es que los precios sean elevados y otra que los precios suban permanentemente como sucede en un cuadro inflacionario como el que vive Venezuela desde hace años. Por ejemplo, en Japón los precios de los bienes son elevados pero no aumentan de manera consecutiva, lo que implica que la tasa de inflación es muy baja. Contrariamente, en Venezuela, los bienes son caros y al mismo tiempo suben sostenidamente a lo largo del tiempo.

Donde sí existe monopolio es en el caso de los bienes y servicios que provee el Estado. Al observar lo que ocurre con insumos tales como el cemento, el acero, el aluminio, la gasolina, la telefonía fija y la electricidad, entre otros, es claro que los mismos son producidos por una sola empresa estatal. Esto sí es, irrefutablemente, monopolio. Además, en la distribución de alimentos, el Estado cuenta con alrededor del 30% del mercado, si sumamos la participación de las redes Mercal, Pdval y Abastos Bicentenario.

El objeto de la ley parece ser, conforme a la declaración de algunos voceros oficiales, la regulación y el control de los precios con el propósito de bajar la inflación. Pero si la inflación disminuyera apelando a una ley, no habría inflación en el mundo porque bastaría con un decreto-ley para que los precios disminuyeran.

Si analizamos desprejuiciadamente la cuestión, y en especial, si comparamos las experiencias de países con baja y estable inflación a lo largo de períodos prolongados de tiempo, se concluye que ello es posible gracias a la combinación –o convergencia- virtuosa de tres elementos. En primer lugar, gobiernos que mantienen sanidad en sus gestiones fiscales –esto es, un manejo prudente de las finanzas públicas-, lo cual implica que el gasto fiscal se mantiene en niveles financiables sin recurrir a la impresión de dinero. En segundo lugar, bancos centrales concentrados en la estabilidad de los precios, usando instrumentos de política en procura de esa estabilidad. Cuando el banco central se desvía de ese cometido, sucede el lamentable resultado de Venezuela, en el que los precios se incrementan permanentemente en vista de que dicha institución funciona como “caja chica” del gobierno. En tercer lugar, los países que han logrado bajar la inflación son aquellos donde se promueve la competencia y la entrada de nuevos productos y productores, y donde se fortalecen las cadenas de comercialización.

La Ley de costos y precios: una lectura económica.

Por José Guerra

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Desafortunadamente, ninguno de estos tres atributos o componentes del círculo virtuoso antes aludido se manifiesta en la economía nacional en este momento y no creemos que la ley revierta esta circunstancia, pues el ámbito de aplicación de la misma comprende todos los bienes y sectores que comercian o producen bienes y servicios.

Aunque en la ley se señala la expresión “ganancias excesivas” éstas son definidas con relación a los costos. Sin embargo, la ganancia es un tema más complejo en tanto y en cuanto en determinados sectores pudiesen existir altas ganancias transitorias tratándose de nuevos productos o de una demanda sostenida, ganancia que tenderá a la baja tan pronto entren otros productores al mercado, seguramente atraídos por esos elevados márgenes. Y ello guarda relación con los incentivos económicos básicos requeridos para que nuevos productores superen las “barreras de entrada” que posee cada sector.

Por otro lado, todos los productores y prestadores de servicios están en la obligación de registrarse en una macro-institución cuyo nombre ya es lo suficientemente elocuente: Superintendencia Nacional de Costos y Precios. Este organismo tendrá a su cargo el registro de las estructuras de costos de todos los productos, esto es, de todos los productores, lo cual incluye toda la variedad de bienes y servicios que se elaboran hoy o se producirían mañana, de modo tal que los precios de venta deberán contar con el visto bueno de la Superintendencia para poder ser negociados en el mercado.

Habrá que imaginar la cantidad de estructuras de costos con las cuales tendrá que lidiar ese organismo. Piense en el examen, por parte de esa burocracia, de las estructuras de costos de mil (1.000) empresas que fabrican, en suma, por lo menos cinco mil (5.000) productos diferentes y cuyos precios dependan del análisis detallado de dichas estructuras. Eso fue lo que se trató de hacer con la

planificación central cuando todavía regían las economías comunistas (el llamado “Socialismo Real” del siglo XX), donde un buró intentaba determinar los precios sin tomar en cuenta las condiciones económicas. El resultado fue un fracaso monumental, que incluyó hasta la quiebra de las empresas estatales.

Adicionalmente, la ley se convierte en un gran inhibidor de la innovación en la medida que una empresa que quiera lanzar al mercado un nuevo producto debe contar con la autorización del gobierno para poder colocarlo. Dicho de otro modo, se “filtra” o frena el emprendimiento y la creatividad empresarial y se la somete al criterio de la burocracia. Lamentablemente, la experiencia histórica sugiere que, así como el mercado sin la intervención del Estado produce distorsiones, el Estado tampoco es el mejor “asignador” de recursos, especialmente si es dejado “a sus anchas”.

La Ley entró en vigencia el 22 de noviembre y se han dictados varias providencias administrativas referidas al registro de las empresas en la Superintendencia de Costos y Precios Justos, tanto sobre los criterios que regirán para notificar los precios y costos como sobre los que regularán la determinación del precio final de los bienes. Del mismo modo, se sabe que una providencia congeló los precios de diecinueve (19) productos, al tiempo que se les exigió a las empresas productoras una lista exhaustiva contentiva de todo tipo de información sobre los bienes producidos, los insumos usados y sus costos primarios, entre otros indicadores.

Naturalmente, todavía están por verse los impactos de la ley dependiendo de la forma como sea “administrada” por parte de los organismos competentes, pero es necesario resaltar que la plataforma jurídica que podría permitirle al Estado una aún mayor intervención sobre la actividad empresarial ya está creada.

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La CELAC vista desde El Silencio: la declaración de Caracas.

Por Xavier Rodríguez Franco (@xfranco22).

Es sábado en la noche, y desde el céntrico sector caraqueño llamado “El Silencio”, paradójicamente el bullicio se hace presente. Aunque no lo parezca, se trata de una discusión sobre política que nuevamente se convierte en ruido: cacerolazos de protestas por la Cumbre de la CELAC, que intentaron ser acallados por fuegos de artificio de una celebración anticipada a una declaración que aún no había nacido. Estallidos que hasta llegaron a interrumpir en ocasiones las comparecencias de los jefes de Estado presentes en el evento10.

Ruido de protesta, quizá de incomprensión, aunque también de júbilo planificado. Lo que nos llega a los ciudadanos de la integración latinoamericana, pareciera un rumor lejano, un sonido que solo se entiende en la frecuencia de onda presidencial. La integración sigue siendo un imperativo político, con un déficit ciudadano reiterado y poca visibilidad en la vida cotidiana de nuestros países11.

Estructura institucional: aún en construcción.

Si bien la iniciativa de lo que hoy se denomina CELAC fue impulsada por el ex-Presidente Luiz Inácio Da Silva, le correspondía a Caracas -en el marco de la “pompa y circunstancia” bicentenaria- plantear buena parte de las sugerencias recogidas en las reuniones anteriores de Salvador de Bahía, de 2008, y Cancún, de 2010. En especial, debían plantearse avances en los patrones institucionales y funcionales de esta instancia política aún en construcción. La declaración de Caracas12, aprobada por consenso, adelanta muy tímidamente algunos elementos organizacionales concretos, así como algunos objetivos en materia de políticas públicas que se especifican tanto en el “Plan de Acción de Caracas”13 como en los “Estatutos para el funcionamiento orgánico de la CELAC”14.

10 En el enlace encontrará el vídeo de la intervención de la Presidenta argentina Cristina Fernández haciendo alusión sobre el particular: http://goo.gl/xGMx0 De forma similar ocurrió durante la intervención de Raúl Castro, la cual sería interrumpida (desde el minuto 09:07 hasta 09:45 del vídeo) por lo que el Presidente Chávez denomina el “cohetazo en homenaje a la CELAC (…) a lo cual se le suma que llegó diciembre”: http://goo.gl/AMvbS 11 Lo cual se manifiesta en el escaso intercambio demográfico, cultural, tecnológico y económico entre nuestros países. En efecto, con respecto a este último aspecto, si sumamos las balanzas de pagos de los 33 países, encontraremos que casi un 20% del intercambio es intra-regional. Fuente Banco Interamericano de Desarrollo (BID): http://www.iadb.org/dataintal/TotalGeneral.aspx?Tipo=B. 12 En el enlace documento completo: http://goo.gl/UX1jv 13 En el enlace documento completo: http://goo.gl/BKlYk 14 En el enlace documento completo: http://goo.gl/deh11

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Pudiéramos asegurar que se trata de un “acuerdo de mínimos”, en el que además de incluir los habituales automatismos diplomáticos15 y repeticiones de mantras sobre “la unidad de los pueblos”, se manifiesta la clara intención de ser un foro de diálogo y concertación política orientado a fortalecer la integración de los Estados latinoamericanos y caribeños (artículo 31). De tal manera que, por los momentos, no existe mención alguna a un tratado fundacional o algún otro instrumento de derecho internacional público que suponga personalidad jurídica alguna para la CELAC.

A partir de la lectura de la Declaración de Caracas se ratifica que la CELAC será una reunión anual de Presidentes y Jefes de Estado, que buscará amplificar el diálogo político sobre las circunstancias que condicionan la integración y el desarrollo de la región, enmarcada en la más amplia variedad de perspectivas sobre su utilidad y funcionamiento futuro; siendo lo más saliente el planteamiento que sugiere la cancillería venezolana para que la CELAC sea el “único mecanismo de diálogo y concertación” que agrupe a estos 33 Estados (artículo 28), lo cual supondría apoyarse en el historial de acuerdos alcanzados en el marco del Grupo de Río (en funciones desde 1986) y la Cumbre de América Latina y el Caribe sobre la Integración y Desarrollo (CALC) (artículo 32). Todo ello deberá ser evaluado y eventualmente ratificado en la próxima reunión a celebrarse en Chile en el año 2012.

Lo único claro: la troika y la fórmula consensual

Dentro de las observaciones que fueron planteadas y ratificadas desde la reunión de Cancún del 2010, destaca la necesidad operativa de organizar una troika. Se trata de una figura de coordinación compuesta “por el Estado que haya sido designado para dirigir la Presidencia Pro-Témpore para el 2012-2013, el último Estado que haya dirigido la Presidencia Pro-Témpore del Grupo de Río y el último que haya desempeñado la Presidencia de la Cumbre América Latina y el Caribe sobre integración y desarrollo (CALC)”16. La troika le hará seguimiento a los planteamientos plasmados en los documentos adjuntos a la Declaración de Caracas. Esta instancia de articulación representa en la práctica la única figura de autoridad con competencias definidas hasta la fecha. En primera instancia, la troika deberá gestionar la agenda política, a través de las reuniones de coordinadores nacionales, para canalizar los objetivos planteados desde la Cancillería venezolana en materias como comercio, infraestructura, erradicación del hambre, protección al ambiente, cultura y asistencia humanitaria, entre otros objetivos muy

15 Tales como estar inspirado por la obra heroica de los libertadores, la defensa a los principios de autodeterminación de los pueblos, la resolución pacífica de los conflictos, la determinación por la lucha contra la pobreza, compartir la aspiración común de construir sociedades justas, democráticas y libres, entre otros planteamientos que ocuparon casi ¾ de la Declaración de Caracas. 16 Disposiciones transitorias del Estatuto de procedimientos de la CELAC (p. 18). Consúltelo en línea en el enlace: http://goo.gl/deh11

genéricamente sugeridos en el Plan de Acción de Caracas17.

Otro de los aspectos que caracterizan a la organización es el polémico y parsimonioso criterio consensual18, una fórmula de adopción de decisiones que no fue eximida de importantes cuestionamientos durante el encuentro en Caracas, tal como lo hicieron saber las delegaciones de México, Costa Rica y Ecuador, por citar sólo algunas. Lo cual hace suponer un ritmo mucho más pausado y, trascendiendo lo evidente, que quizás hay conciencia de las importantes divergencias políticas existentes entre los miembros del grupo. Esta circunstancia contrasta abiertamente con el tono de “refundación continental”19 que le ha querido imprimir el eje La Habana-Caracas, en clara alusión a su intención de que la CELAC sustituya a la Organización de Estados Americanos (OEA). Sin embargo, el tenor de las declaraciones de los demás mandatarios y jefes de Estados20, la hace ver como una de las muchas perspectivas políticas presentes entre las 33 naciones.

Aspiraciones, realidades y antinomias

Dentro de una región que reúne 550 millones de habitantes y un territorio de más de 20 millones de kilómetros cuadrados, la CELAC entraña un compendio importante de aspiraciones, que pudiera tener como denominador común la importancia de la cooperación y la gestión política compartida como fórmula de defensa colectiva ante la crisis financiera global que persiste desde finales del 2008.

Cada mandatario aprovechó su intervención para plantear sus inquietudes, sus realidades y sobre todo sus aspiraciones, lo cual reafirmó la más amplia diversidad de posturas en torno a la integración. En efecto, mientras algunos países buscaban expandir sus mercados en la región y fortalecer mecanismos políticos que les resguarden de eventuales procesos de desaceleración económica (por ejemplo, República Dominicana, Brasil y Costa Rica), otros aprovecharon la ocasión para ventilar sus problemas internos (Ecuador, Nicaragua y Paraguay) mientras que otros buscaban afianzar su agenda ideológica y anti-estadounidense (Venezuela, Cuba y Bolivia).

17 Sección: “Complementariedad y cooperación entre los mecanismos regionales y Subregionales de integración ”. p. 4 et seq. http://goo.gl/BKlYk 18 Mecanismo especialmente inconveniente para la celeridad en la toma de decisiones. Por ejemplo, en el caso venezolano ha resultado todo un impedimento formal a los intereses de incorporación, como miembro pleno al Mercosur, tras las reiteradas negativas del senado paraguayo: http://goo.gl/Tk6x5. 19 Raúl Castro a su llegada a Venezuela aseguró que “por primera vez en la historia vamos a tener una organización de nuestra América [Por lo que la CELAC es] el acontecimiento más grande en los 200 años de semi-independencia”. Véase aquí el vídeo: http://goo.gl/g3ec9 20 Buena parte de ellas fueron blanco de la desproporcionalidad en la cobertura de prensa, coordinada por la política comunicacional del Estado venezolano.

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Ciertamente, las mayores divergencias se encuentran en los diseños institucionales, las prácticas políticas y sobre todo en las concepciones de lo que debe ser la democracia. Circunstancia que ocurre paradójicamente en la región del mundo con mayor concentración de “Repúblicas”. Aquí radica la expectativa compartida de algunos gobiernos -en especial, del bloque radical anti-estadounidense- que aspiran un modo alternativo de asociación regional, que sea menos rigurosa en términos de las formas de gobierno; que no tenga mayores miramientos en lo concerniente a la independencia de los poderes públicos, las libertades de prensa, el rechazo a la tentación reeleccionista, la descentralización administrativa o el respeto a los derechos civiles de las minorías. Situación que representa una antinomia importante, que difícilmente la CELAC será capaz de dirimir en el corto y mediano plazo.

Otra antinomia importante se presenta en el análisis del espíritu de integración que sostiene la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) y su realidad comercial, hoy más signada por su dependencia respecto de la economía norteamericana, un testimonio vivo de la disparidad presente entre los discursos y los hechos21.

En este sentido, la región latinoamericana presenta realidades más apremiantes que atender y que van más allá de las aspiraciones manifiestas por el gobierno anfitrión de la cita, el cual pareciera haber empezado a celebrar antes de haber acordado las razones concretas para ello. Es aquí cuando el ruido festivo lució su atuendo de propaganda oficial. La realidad concreta de la integración es su moratoria política, su precariedad institucional, sus enormes barreras arancelarias, su invisibilidad ciudadana y, sobre todo, el endémico temor a la soberanía colectiva y los sacrificios que ella supone22, circunstancias que difícilmente podrán ser revertidas con discursos emotivos sobre nuestros orígenes pre-colombinos, coloniales, neo-coloniales, bolivarianos, sanmartinianos, o’higginianos o martianos. Las

21 Hablemos de hechos: Ecuador después de varios años de gobierno de un presidente economista, socialista, nacionalista y conocido orador antiimperialista, no ha sido capaz de sostener una moneda nacional distinta al dólar, ni tampoco ha podido negarse a las bondades mercantiles que ofrece su flamante TLC con los EEUU. Nicaragua por su parte, en los últimos años ha duplicado sus exportaciones al “coloso del norte”, situación similar que reporta la Cámara Venezolano Americana (Venamcham) en relación al intercambio comercial binacional, el cual ha presentado un incremento de un 35% en el 2010 y de un 42,4% en el septiembre de 2011: http://polisfmires.blogspot.com/2011/12/fernando-mires-celac-entre-la.html?spref=tw 22 Como hemos reportado analíticamente: La CELAC y la incombustible quimera integracionista. Parte I (http://issuu.com/polityca/docs/entorno_septiembre_2011) y parte II (http://issuu.com/polityca/docs/noviembre2011)

dificultades de hoy para invertir, exportar, importar o viajar desde y para la región latinoamericana son un crudo testimonio que habla más que decenas de discursos sobre el alcance real de la integración, tal y como de manera muy

similar llegó a señalar uno de los mandatarios asistentes a la Cumbre.

La percepción de la brecha norte-sur y toda la influencia que, durante décadas, ha tenido en el desarrollo de la cultura política hemisférica, contrasta con una realidad económica global inminente: la nueva brecha Pacífico-Atlántico. El acelerado crecimiento de los países que conforman la cuenca del Océano Pacífico, el acelerado encumbramiento de las inversiones Chinas en la región y el declive de los mercados anglosajones y europeos, ofrece la potencialidad de un nuevo clivaje hemisférico manifiesto en la pasada reunión de noviembre en Honolulu (Hawaii) del grupo de Cooperación Económica Asia-Pacífico23 (APEC por sus siglas en inglés).

Este bloque de países constituye uno de los espacios económicos más grandes del mundo, y a pesar de las fuertes divergencias políticas, militares, económicas y culturales que expresan sus miembros, la APEC adelanta acuerdos políticos que podrían ofrecer oportunidades estratégicas de gran repercusión para los próximos años. Ya América Latina tiene su grupo sub-regional (Chile, Perú, México, Colombia y Panamá como observador) denominado “Alianza del Pacífico”24. ¿Qué ajuste se prevé asumir la CELAC al respecto?

Esta nueva “brecha vertical”, pudiera condicionar abiertamente el mapa de la integración latinoamericana para los próximos años. Lo cual pudiera llegar a suscitar un “nuevo bullicio”, pero ahora sí de deliberada protesta por las oportunidades perdidas.

23 Grupo al que pertenece Perú, México, Canadá, Chile y los Estados Unidos de América, país que ejerce actualmente la autoridad pro-témpore. 24 Reunidos recientemente (el 05/12/2011) en Mérida (México) acordaron la fundación de este grupo de países, ya para el próximo 04 de junio de 2012, se prevé la formulación de su Tratado Constitutivo en Chile y en el que se ha propuesto la creación de un Mercado Integrado Latinoamericano (MILA). Cabe destacar que también será el país austral el anfitrión de la próxima reunión de la CELAC. http://www.elnuevoherald.com/2011/12/10/1081513/dos-americas-latinas.html

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Libros sugeridos por POLITY

La sociedad abierta y sus enemigos es una de las más importantes obras de Karl Popper, el reputado filósofo, sociólogo y teórico de la ciencia que, sin duda, se convirtió en uno de los intelectuales más emblemáticos del siglo XX. Se trata del mismo académico a quien se le debe la columna vertebral de las tesis del falsacionismo, mejor conocida por la metáfora del cisne negro, cuyo aporte al debate sobre la lógica y los métodos la ciencia fue fundamental. En contraste con el marcado tono epistemológico de La lógica de la investigación científica –su otra obra fundamental-, en La sociedad abierta y sus enemigos Popper emprende una fuerte crítica contra el legado intelectual de tres pensadores de envergadura, cuya influencia –se esté de acuerdo o no con ellos- es indiscutible en el pensamiento occidental. Nos referimos a Platón, Hegel y Marx. En el prefacio, Popper justifica su postura: “Si en este libro se habla con cierta dureza de algunos de los más grandes rectores intelectuales de la humanidad, el motivo que nos ha movido a hacerlo no es, ciertamente, el deseo de rebajar su méritos. Tal actitud surge, más bien, de la convicción de que si nuestra civilización ha de subsistir, debemos romper con la deferencia hacia los grandes hombres creada por el hábito. Los grandes hombres pueden

cometer grandes errores y, tal como esta obra trata de demostrarlo, algunas de las celebridades más ilustres del pasado llevaron un permanente ataque contra la libertad y la razón. Su influencia, rara vez contrarrestada, continúa impulsando por una senda equivocada a aquellos de quienes depende la defensa de la civilización, suscitando divisiones en su seno”. La sociedad abierta y sus enemigos es, hoy en día, considerado un “clásico”, y recomendado en los programas académicos formales de estudios en ciencias políticas, sociología y hasta filosofía, en particular de filosofía política. La reinvención de la política. Obama, internet y la nueva esfera pública (2010).

Se trata de un trabajo analítico que se presenta como un “corte transversal” del fenómeno de la

política 2.0 como nuevo paradigma de gestión pública y comunicación política, vista desde la

perspectiva de la campaña electoral que llevaría a Barack Obama (#Obama08) a la Presidencia

de los Estados Unidos de América. Si bien es cierto que el internet supone un cambio socio-

cultural de hondas implicaciones, Diego Beas mantiene a raya la tentación de muchos

tecnófilos de sobredimensionar la variable tecnológica, con una narrativa adjetival selectiva

que destaca aquel telón de fondo, que escapa de la comprensión coloquial que cada proceso

electoral plantea. En consecuencia, este texto permite entender, que el uso de las redes

sociales, los dispositivos electrónicos y el internet supone una era de transformación

epistémica sobre los asuntos públicos, en el que su manifestación electoral es solo la punta del

iceberg, representará en lo próximo un nuevo modelo de gestión gubernamental, ampliando y

complejizando aún más la esfera pública.

Puede que este político afrodescendiente, de trato llano y pragmático proceder, tenga asegurado su puesto en la historia

(principalmente por la frivolidad analítica que supone su condición racial) sin embargo es innegable que también será

recordado por haber amplificado de manera viral las formas de comunicación política, por medio del manejo estratégico de

las web 2.0. A pesar de las dificultades prácticas que supone la política en el plano institucional y en el plano intransparente

en el que los lobbies actúan con ferocidad, la gestión gubernamental de la administración http://www.barackobama.com

hace del internet un mecanismo de amplio rango que mantiene vibrante la expectativa de “alcance” e “interactividad” entre

ciudadanos y sus representantes.

En este sentido, este libro permite ahondar en las cuestiones que nos plantea la comunicación del sigo XXI. ¿Cómo por

medio de un diseño web estratégicamente concebido y con un sustrato eminentemente democratizador, pudo hacerse un

espacio, entre los pocos intersticios del encorsetado ajedrez político estadounidense un mensaje de cambio? Consiguiendo

además, objetivos de gran importancia como: revitalizar el entusiasmo en la opinión pública, romper el circuito mediático

tradicional y además alcanzar la movilización masiva de activistas, escépticos, abstencionistas y demás grupos minoritarios

tras la consigna del “yes we can”.

Que un candidato ya no tenga que hacer el circuito mediático de los últimos 50 años, supone un planteamiento

sensiblemente diferente que vale la pena analizar en detalle, en términos de la ecuación de poder en el siglo XXI. A 3 años de

aquella victoria electoral del representante demócrata, y conocidos ya los fuertes cuestionamiento que ha tenido su

condición de estadista, muchos analistas aseguran que la política no será cambiada por el internet, pero ésta sin duda se

servirá de él, no solo en la dirección que ambiciona el poder, sino también en la que los ciudadanos también decidan darle.