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Encontro Internacional Participação, Democracia e Políticas Públicas: aproximando agendas e agentes
23 a 25 de abril de 2013 UNESP, Araraquara (SP)
Título do Trabalho Reconfiguración de la participación a partir de la política social en contextos de
pobreza en América Latina. Desde el individuo objeto al individuo sujeto.
Lorena Araya Silva Doctoranda en Estudios Americanos – Mención Estudios Sociales y Políticos
Universidad de Santiago de Chile – USACH y
Becaria Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica – Conicyt
Reconfiguración de la participación a partir de la política social en contextos de pobreza en
América Latina. Desde el individuo objeto al individuo sujeto.
Resumen
Los procesos democráticos de América Latina no sólo generan avances en la concreción de la ciudadanía real,
también espacios de mayor reflexividad mediante hábitos democráticos, resignificando y redefiniendo el
ejercicio de la ciudadanía y de la participación. No obstante, los desfases entre las expectativas y los ejercicios
reales, plantea tensiones en particular en los individuos más pobres y los esfuerzos de los gobiernos
latinoamericanos para la superación de la pobreza. En este escenario, se generan espacios de participación en
los cuales se configura el sujeto entre los apremios vitales y democráticos y las interacciones sociales que lo
tensionan desde su identidad asumida, asignada y deseada (paradigma identitario). Lo que impone el desafío
de formular políticas sociales bidimensionales en el contexto material y social del cual participan agentes y
beneficiarios.
Palabras claves: espacio social participativo - paradigma identitario - pobreza y apremios sociales - políticas
sociales – sujeto.
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Introducción
En esta ponencia se intenta demostrar que la sociedad, por esencia, es un espacio participativo que se
construye mediante los intercambios sociales, en la relación con el otro y con los otros, donde se producen,
gestionan y usan los recursos necesarios para la mantención de la sociedad. Sin embargo, estos recursos,
dado su escasez, no se distribuyen homogéneamente, generando las desigualdades que caracterizan a
América Latina desde el periodo colonial, con el monopolio de los recursos económicos y dispositivos sociales,
hasta la actual concentración del poder económico y del poder político.
Más allá de este visible acaparamiento de los dispositivos de reproducción social por parte de las élites, existen
las llamadas capas medias y los pobres, los cuales también, desde su posición, contribuyen a la producción de
los recursos sociales y acaparan para sí, en distinto grado recursos, los gestionan y los utilizan en la
producción y reproducción de lo social, contribuyendo de manera participativa a la construcción de la sociedad
mediante los intercambios sociales con el otro y los otros. La consolidación de la democracia genera mayores
expectativas de participación en la producción, gestión y uso de los recursos sociales que no necesariamente
se concretan, generando tensiones entre los gobiernos y los ciudadanos, en particular entre la masa de los
ciudadanos pobres considerados como marginales en el acceso a recursos, pero atractivos a la hora de
capturar el voto ciudadano, transformándose en una preocupación central en casi todos los gobiernos de
América Latina en el actual contexto democrático.
La respuesta de los gobiernos a esta tensión se traduce en las promesas electorales de superación,
eliminación o reducción de la pobreza, las que luego se concretan en políticas sociales, generando
intercambios dinámicos entre los agentes de gobierno, los pobres y el resto de los sujetos sociales. Moldeando
desde esas dinámicas el tejido social y generando, por tanto, un espacio social participativo en contexto de
democracia, en el cual los pobres se configuran como sujetos entre la triada de su identidad asumida, la
identidad asignada y la identidad deseada (Bajoit, 2003), sometidos a fuertes tensiones vitales y democráticas.
La hipótesis que moviliza este trabajo, parte de esta premisa, el espacio social es eminentemente participativo,
debido a que se trata de individuos entrelazados que se producen a sí y a su vez a la sociedad, que en el caso
latinoamericano se produce una muy desigualdad distribución de los recursos sociales. En este sentido, se
sostiene que los sujetos pobres aun teniendo un acceso restringido a los recursos materiales, sociales,
culturales y políticos e inclusive nulo, tienen una capacidad de gestión de sí que se genera en las dinámicas de
participación como beneficiarios de los programas públicos, que los definen y redefinen como sujetos en los
intercambios sociales con los otros individuos (sujetos pobres y no pobres) y los agentes gubernamentales
(gestores), pero sometidos mayores tensiones vitales y las contradicciones que conlleva su identidad asignada.
Los objetivos de este trabajo, son fundamentalmente exploratorios para detectar las evidencias del trabajo de
configuración del sujeto a partir de su inserción en los programas sociales destinados a superar la condición de
pobreza. Asimismo, se plantea un segundo objetivo en las evidencias que plantea el objetivo anterior, develar
cuáles son algunas de las dinámicas en el ejercicio del sujeto cuando participa en un programa público, con la
finalidad de que puedan ser consideradas en las políticas públicas que se desplazan del individuo -objeto de
intervención al individuo sujeto de la intervención estatal, entendiendo como lo plantea Bajoit (2003), que es un
trabajo permanente del individuo a lo largo de su trayectoria vital.
Para encontrar evidencias empíricas que permitan cumplir, aunque sea en parte los objetivos anteriores, se
revisó investigaciones de organismos internacionales y nacionales que evidenciaran los elementos de contexto
democrático para precisar las tensiones vitales que enfrentan los latinoamericanos, desde el retorno de la
democracia; también, los resultados de la distribución de los recursos nacionales entre los individuos de forma
que dieran cuenta de la situación de pobreza y desigualdad que afecta a la población, las acciones que han
tomado los gobiernos destinadas a combatir y superar esa situación, algunas evaluaciones de programas
sociales para el caso chileno y las evidencias etnográficas en contextos de asistencialismo y clientelismo en la
Argentina de los noventa, que describe Auyero (2001) en “La política de los pobres”.
El resultado del trabajo, en la primera parte se expone el contexto democrático y social de América Latina
desde mediados de 1980 hasta la actualidad, luego se revisa cómo se produce y reproduce en ese sentido el
espacio social a partir del contexto político participativo entre las expectativas que trae la democracia y el
ejercicio de la democracia real, los contextos de pobreza que se generan en la democracia y las medidas que
toman los distintos gobiernos de la región. Se expone brevemente el paradigma identitario de Bajoit, elemento
teórico a partir del cual se articula el trabajo y, luego, la constitución del sujeto pobre a partir de ese paradigma
teórico cuando participa en programas de pobreza. Para ello se considero un caso argentino con políticas
clientelares y el caso de sujetos que participan en el Programa de Chile Solidario, en ambos casos se explora
como se articula el trabajo del sujeto a partir de los estudios existentes. Finalmente, a partir de las evidencias
empíricas de la gestión de sí del sujeto, se extraen algunas las dinámicas que se observaron y que deberían
considerarse en las políticas públicas.
El contexto democrático de América Latina
La democracia como régimen político implica un sistema de instituciones mediadoras entre el Estado y
sociedad que resuelve el problema de quién y cómo se gobierna, cómo se relacionan las personas con el
Estado y cómo se canalizan los conflictos y demandas sociales, en este tipo de régimen estos problemas se
resuelven a partir de los principios de soberanía popular, el Estado de derecho y las libertades públicas, la
igualdad de los ciudadanos ante la ley, la solución institucional y pacífica de los conflictos, la regulación y el
control legítimo de la violencia (Garretón, 1999: 50-51) En un sentido mínimo se puede precisar a la
democracia como la competencia electoral política, en oposición a un sistema político autoritario, la que debe
considerar al menos elecciones regulares, razonable participación en las elecciones, libres y limpias, una
democracia con énfasis en las instituciones. (Drake, 2009: 4- 5)
Esta democracia minimalista se alcanza en América Latina a contar de la década de 1970, cuando todos los
países de la región establecen el sufragio universal, el voto femenino y joven, el voto secreto, las elecciones
libres y limpias y una mayor protección de las libertades civiles y se responde de manera más completa a los
deseos de los votantes.(Drake, 2009: 5) Sin embargo, también la región experimentó constantes alternancias
entre el régimen democrático y las dictaduras. En 1978 sólo cuatro países tenían regímenes democráticos, la
fase democrática actual sólo comienza en la década de 1980. (Drake, 2009; Garretón, 1999; PNUD, 2004) El
proceso de democratización se realiza bajo las formas de transición negociada o tutela militar, el colapso del
régimen militar y la destitución de los dictadores. (Drake, 2009: 202; Garretón, 1999; Garretón et. al. 2004)
A contar de la transición, Drake plantea que las democracias latinoamericanas se vuelven institucionalmente
más democráticas pero tienden a ser menos democráticas en las dimensiones social e ideológica, debido a
que la estructura jerárquica del poder, frena los cambos sustantivos mediante la movilización democrática y los
beneficios a los pobres. (Drake, 2009: 204)
Cuadro 1. Tipo de transición experimentada por los países latinoamericanos
País Tipo de Transición
Democracia plena Drake)
IDD LAT Konrad
Adenauer 2002
IDD LAT Konrad
Adenauer 2002
Argentina Colapso del régimen militar 1983 5,247 5,664 Bolivia Transición negociada 1982 4,15 2,733 Brasil Transición negociada 1985 3,932 4,907 Chile Transición negociada 1990 8,757 9,962 Colombia R. Democrático 1958 5,254 3,968 Costa Rica R. Democrático 1948 8,575 10 Ecuador Transición negociada 1979 1,694 2,846 El Salvador Transición negociada 1993 5,544 4,362 Guatemala Transición negociada 1996 3,992 2,983 Honduras Transición negociada 1982 3,107 3,328 México Elecciones 2000 2000 6,34 5,373 Nicaragua Destitución de los dictadores 1990 2,963 2,892 Panamá Destitución de los dictadores 1994 8,309 6,048 Paraguay Transición negociada 1993 2,255 3,806 Perú Transición negociada 2000 4,352 5,696 República Dominicana
R. Democrático 1970
– 2,952 Uruguay Transición negociada 1984 10 9,612 Venezuela R. Democrático 1958 2,243 2,418 Promedio - - 5,101 4,975
Fuente: P. Drake. Between Tyrany and Anarchy, 2009.
Otro aspecto relevante que identifica Drake, durante el último periodo democrático, es el surgimiento de un
neo-populismo. Este fenómeno lo caracteriza por un estilo personal del líder, que desdeña las instituciones,
los partidos políticos y deplora las estrategias anteriores para apelar directamente a las clases populares
desorganizadas. Esta tendencia incluye líderes tanto de derecha y de izquierda como a los oponentes al
neoliberalismo económico, los que luego de instalados en el poder tienden, en su mayoría, a virar hacia la
derecha. Entre este tipo de líderes, Drake sitúa a los presidentes Fernando Color en Brasil, Carlos Menem en
Argentina y Alberto Fujimori en Perú como neo-populistas cercanos al populismo clásico y la movilización de
masas; al presidente Abdala Bucaram en Ecuador como neo-populista sin un programa de gobierno claro; al
presidente Hugo Chávez en Venezuela y Evo Morales en Bolivia como neo-populistas opositores al
neoliberalismo. (Drake, 2009: 204-205).
La democratización de América Latina, en sus diversas formas, se ha consolidado en una democracia electoral
y de sus libertades básicas; sin embargo, se plantea la necesidad de avanzar hacia la democracia de la
ciudadanía, donde las libertades políticas permitan afianzar la ciudadanía civil y social. (PNUD, 2004: 36) En
este sentido la democracia implicaría el estatus de ciudadanía con pleno reconocimiento de los derechos
civiles, políticos y sociales que plantea Marshall, en el sentido de reconocimiento de los derechos a los
individuos y la posibilidad efectiva de su pleno ejercicio. (Marshall, 2007) Por una parte, el Informe sobre La
Democracia en América Latina del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, da cuenta de los
avances en la democracia electoral (ciudadanía política) que evidencian el derecho universal al voto en todos
los países, elecciones limpias entre 1990 y 2002, a pesar de algunos problemas pero se evidencian avances
en el acceso a cargos públicos mediante elecciones, traspaso del mando presidencial, una tendencia positiva
en la libertad electoral. (PNUD, 2004; Drake, 2009)
No obstante, estos logros, también se evidencia un ejercicio de los derechos políticos irregular y niveles de
participación muy bajos en algunas naciones, una débil representación de los pueblos originarios y otros
grupos sociales, una crisis de representación de los partidos políticos y la consiguiente desconfianza hacia
ellos y algunas deficiencias en mecanismos de control de los ciudadanos hacia la acción del Estado. En cuanto
a la ciudadanía civil, se reconocen avances en la legislación pero deficiencias para garantizar el ejercicio de
esos derechos y una cierta incapacidad para controlar las violaciones a los derechos en las esferas
paraestatales. (PUND, 2004)
El Índice de Desarrollo Democrático Regional (IDD – Lat), calculado para los países de la región a contar del
año 2002 hasta 2012, del mismo modo da cuenta de los avances en la democracia electoral y pone de
manifiesto periodos de avances y retrocesos en la última década democrática. El IDD-Lat alcanza un valor
promedio superior en 2002 que en el año 2012, el valor máximo se observa durante el año 2009, luego una
fase de retroceso que se revierte en el último año, tanto en el valor promedio como en todos los países con la
excepción de Chile. Los países que en forma sistemática alcanzan un desarrollo democrático superior son
Chile, Costa Rica y Uruguay, en tanto que Nicaragua, Republica Dominicana, Bolivia, Guatemala, Venezuela y
Ecuador configuran los países de menor desarrollo democrático de la región. (Fundación Konrad Adenauer,
2012a)
Es interesante revisar las dimensiones del IDD-Lat, las que precisan los avances, retrocesos y desafíos
democráticos de la región para el año 2012. En la dimensión de los derechos y libertades civiles (democracia
de los ciudadanos), crece la participación política femenina y la participación en los procesos electorales, la
democracia de plenos derechos se ve impedida por la violencia, por volumen en Brasil y México e intensidad
en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua; en otros países se mantiene estable a pesar de una
percepción de inseguridad y violencia. En la dimensión de calidad institucional y la eficiencia de la política
(democracia de las instituciones), prevalece la democracia y no se evidencia riesgo de quiebres institucionales,
a pesar de emerger nuevos problemas de gobernabilidad agravados por la debilidad institucional de algunos
países, ataques a la prensa y a expresiones disidentes. En la dimensión poder efectivo para gobernar,
subdimensión desarrollo social y humano, se registra un fuerte descenso de la pobreza y aumento del ingreso
per cápita desde el año 2003, crecimiento de la clase media, reducción de la mortalidad infantil; sin embargo, el
promedio regional retrocede en el último año, empleos de baja productividad y sin protección social adecuada,
consolidación de la inequidad en algunos países y reducción regional del gasto en salud, empleo y pobreza. Y
en la subdimensión desarrollo económico, se registra un menor crecimiento que en los años post crisis,
retrocesos en precios de bienes exportables y menores costos en la producción en bienes con mayor valor
agregado. No obstante, la recuperación económica es desigual con una persistencia a la volatilidad externa y
una mayor integración de las economías más abiertas. (Fundación Konrad Adenauer, 2012a)
Estas evidencias plantean en términos generales, un proceso de consolidación democrática electoral, sin
embargo, evidencian ritmos diferenciados, mediados con avances y retrocesos, que imponen desafíos a cada
sociedad que debe tratar de resolver cómo avanzar de la ciudadanía política hacia la civil y social. En este
sentido la democracia como régimen político “es siempre una tensión entre una dimensión institucional y una
dimensión valórica y ética que sobrepasa las instituciones y que apunta a un ideal de sociedad” (Garretón,
1999: 52), o una forma de organización social para asegurar y expandir los derechos, de los cuales son
portadores los individuos, lo que define la democracia de ciudadanía. (PNUD, 2004: 54)
La producción y la reproducción social Durante el proceso de transición de las dictaduras hacia la democracia, la sociedad estaría constituida por
individuos entrelazados entre sí (Bajoit, 2003), en contextos de represión decreciente, que se producen por las
relaciones recíprocas entre individuos represores que van transfiriendo gradualmente el poder, en el caso de
las transiciones tuteladas y en menor medida en las caída de los regímenes militares o, simplemente, se les
arrebata el poder en el caso de las destituciones de los dictadores; y los individuos sometidos al régimen
autoritario, los cuales a su vez producen la sociedad mediante esos lazos. Es que a través de esas relaciones
y las categorías de poder que se originen en la gestión de la producción material, se resuelven las tensiones
vitales y las estrategias de sobrevivencia, cuando cada miembro de la sociedad acapara para sí los recursos
sociales por estructuras heredadas o una gestión de sí que le permita moverse entre categorías sociales con
movilidad ascendente o descendente. En este sentido, los recursos sociales se movilizarían hacia la
democratización (Garretón, 1999; Garretón et. al., 2004; Marshall, 2007)
Las nuevas prácticas democráticas, producen interacciones y espacios de mayor participación que en los
anteriores contextos políticos, se produce un aumento de las libertades físicas y de expresión, junto con el
aumento de los derechos políticos, al menos el derecho a elegir al presidente, previo procesos electorales que
a pesar de las primeras restricciones, generan instancias de reflexividad posibles de asociar a expectativas de
participación en el acto de elegir (para la mayoría) y ser elegido (para los menos). Cuando las prácticas
democráticas, se vuelven habituales, poco a poco se van consolidando los derechos políticos, mediando
espacios de consensos, disensos y movilización de nuevos sectores, van surgiendo nuevas demandas
políticas, civiles y sociales, los individuos y la sociedad han producido hábitos democráticos más asentados y
los van reproduciendo a través del tejido social.
En este sentido, se produce un significado y un sentido democrático, desde la ciudadanía política (democracia
mínima), la cual en el ejercicio va resignificando y redefiniendo ese sentido democrático hacia la ciudadanía
civil y social, dónde ya el énfasis no está centrado en la institucionalidad democrática, sino en la expansión de
los derechos civiles y sociales, los que luego de reconocidos, nuevamente la sociedad se va a producir y a
reproducir movilizando los recursos para la concreción de esos derechos, redefiniendo y resignificando
nuevamente el sentido democrático, hasta la concreción del ejercicio pleno de los derechos políticos, civiles y
sociales, como conquistas crecientes de la sociedad, las que suponen una dosis generalizada de reflexividad
que se diluye en el tejido social. Esto implicaría el desarrollo de la sociedad, dado que aumentaría la capacidad
de la sociedad para resolver los problemas vitales y la vida colectiva debe implicar eficacia económica y una
legalidad legítima (Bajoit, 2003: 56)
En este sentido, el PNUD plantea que la democracia es un resultado social histórico, producto de una intensa y
denodada experiencia social que se construye día a día en las realizaciones y frustraciones, acciones y
omisiones, quehaceres, intercambios y aspiraciones de los ciudadanos, grupos sociales y comunidades que
luchan por sus derechos y edifican de manera incesante su vida en común, y en un sentido de significación y
resignificación un modo de cómo la sociedad se concibe e intenta hacer funcionar su institucionalidad. (PNUD,
2004: 53)
En lo referido a la producción y reproducción, el espacio democrático implicaría una construcción voluntaria
(PNUD, 2004), sin embargo, esta producción no puede ni ha sido lineal para toda América Latina, cada país ha
producido sus propios individuos que se ven insertos en tejidos sociales particulares con construcciones de
individualidades diversas, dados los recursos materiales, políticos, sociales y culturales con que cuenta cada
uno, dando cuenta de los distintos grados de desarrollo democráticos de cada de las sociedades
latinoamericanas.
Las tensiones entre las expectativas y la concreción de los derechos No cabe duda que la democracia generó ofertas de promesas e ilusiones para los individuos de los países que
transitaron de contextos de apremios físicos y vitales como para el resto de la ciudadanía, que no tenía opción
de ejercer la ciudadanía política. Un clásico ejemplo es la campaña electoral de la Concertación Democrática
en Chile en 1988 con su campaña por el “NO”, en oposición a la continuidad de un gobierno militar con su
eslogan “La alegría ya viene”, sin embargo al cabo de dos periodos de gobierno democrático se evidencia un
profundo malestar en la sociedad chilena a pesar de un crecimiento económico y un aumento de las libertades
políticas y civiles y que ha perdurado en el tiempo. (PNUD, 1998, 2012).
El Programa del Desarrollo de la Naciones Unidas reconoce también que la democracia genera expectativas,
esperanzas y decepciones por la manera en que contribuye a organizar sus vidas en sociedad, por el modo en
que garantiza sus derechos y por la forma en que permite mejorar la calidad de sus existencias. (PNUD, 2004:
36) Debido al aumento de los espacios democráticos y a la ampliación en el ejercicio de la ciudadanía, como
se evidencia en el contexto democrático expuesto previamente, surgen mayores expectativas de participación
que se pueden asociar a un aumento de reflexividad que exige la vida democrática en los actos de elegir,
demandar y ejercer nuevos y crecientes derechos, los cuales muchas veces se contraponen a las dimensiones
en las cuales efectivamente se concretan. De este modo, se producen desfases entre el reconocimiento de los
derechos y su pleno ejercicio, generando tensiones ante estos y el desigual acceso a la concreción de la
ciudadanía y los recursos materiales, sociales, culturales y políticos que experimentan los individuos al interior
de cada nación. Esta asincronía entre las expectativas de desarrollo pleno de los individuos y las
oportunidades reales con que cuentan para su concreción, se torna trascendental en las políticas públicas que
tiendan a la mayor profundización y estabilidad democrática de América Latina.
La asincronía estaría dada, a su vez, por las expectativas que los individuos se generan ante la promesa de
resolución de los problemas vitales que impone la vida colectiva democrática como en el manejo de la
producción de la riqueza para producir los bienes que el conjunto de la sociedad demanda de manera
creciente, el orden interno para mantener la colectividad cohesionada y fuerte, la socialización de los roles
sociales y su respectiva integración y la consiguiente división del trabajo que ello supone, para adaptarse al
medio y asegurar la continuidad colectiva, el consenso y la solidaridad entre categoría sociales con intereses
diversos y las relaciones con otras colectividades. (Bajoit, 2003) Pero esas expectativas difieren de la forma en
que, efectivamente, se resuelven esos problemas, Bajoit introduce para estas tensiones el concepto de
apremio.
Para la resolución de estos problemas, Bajoit señala que la colectividad genera una forma de apremio sobre
los individuos que la conforman, para que contribuyan a la mantención de la sociedad y su reproducción. Sin
embargo, estos apremios implican el sometimiento de algunos de los individuos y otros individuos obligan a los
otros a someterse, lo que conduce a una diferenciación funcional dentro de la sociedad la que puede ir contra
las expectativas y deseos individuales, pero que la sociedad impone sí o sí a los individuos. Estos apremios se
refieren a la capacidad de la sociedad para obligar a unos a producir más bienes o riquezas de los que pueden
consumir para que el remanente sea consumido por los otros y la aceptación de una forma particular de
gestión de estas riquezas; la capacidad de someter a todos los miembros a las leyes y participar de un
determinado orden político interno, la capacidad de obligar a aprender y desempeñar roles sociales de manera
que se interesen en la división del trabajo; y la capacidad de respetar la solidaridad entre los miembros de la
sociedad, aceptando los compromisos entre sus intereses y proyectos. (Bajoit, 2003: 32-33)
Sin duda que en la forma como se resuelven los problemas vitales, los individuos acaparan, gestionan y
conservan los recursos sociales que pueden lograr cuando están sometidos a los apremios sociales, pero que
debido a los mismos apremios no se capturan de manera igualitaria, sino de manera muy desigual en especial
en América Latina que evidencia tasas de pobreza sobre el 40% y una de las mayores desigualdades del
mundo, aun en contextos democráticos. En este sentido y reforzado por la realidad latinoamericana, Bajoit es
enfático el caso del apremio del poder, precisar que entre los intercambios de los actores surgen
desigualdades: la apropiación del poder por algunos y la marginalización de otros y señala que:
“Cada uno, sujeto u objeto de apremio, está atrapado bajo el control de los otros y se encuentra así
socialmente comprometido a reproducir la relación tal cual o a tratar de cambiarla en beneficio propio.
Llamamos control social ese condicionamiento de la conducta de los individuos por los otros, en el marco de
las relaciones socialmente instituidas” (2003: 55)
Al respecto el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo constata en el estudio sobre democracia
latinoamericana que “No hay malestar con la democracia, pero hay malestar en la democracia”, además de
identificar los déficit y carencias de ésta, junto con reconocer las tensiones entre las demandas y la política
como el medio para canalizar las expectativas ciudadanas, destacando que la democracia es el régimen de
gobierno propio para abrir espacios de participación política y social, en especial para quienes más sufren: los
pobres y las minorías étnicas y culturales (PNUD, 2004, 38), es decir, es el camino para que los individuos
puedan cambiar la relación social en beneficio propio y de los demás. En este sentido, no resulta casual que
los mayores esfuerzos de la región estén orientados a las políticas para la “superación” y “eliminación” de la
pobreza, una tensión política para los gobiernos que deben enfrentar el rezago de una parte importante de los
ciudadanos que manifiesta de diversas formas su malestar, a pesar un cierto cuestionamientos a la democracia
en prácticamente toda América Latina es el régimen por el cual opta la mayoría aunque se refleja tasas de
desaprobación no poco significativas. (CEPAL, 2007)
El contexto de pobreza y desigualdad en América Latina En 1980, la denominada década pérdida, América Latina tenía 136 millones de personas vivían en la pobreza y
de éstos 62 millones eran indigentes, es decir, el cuarenta por ciento de la población tenía serios o muy graves
problemas para satisfacer sus necesidades básicas en los años que va retornando la democracia al continente.
(CEPAL, 2007) Durante la década siguiente, se producen las grandes reformas estructurales con la reducción
del Estado, la paulatina instauración de la economía de mercado, salvo en el caso chileno que ocurre durante
la dictadura militar. En la fase que retorna la democracia, se produce un importante retroceso en las
condiciones sociales de la región, los pobres alcanzan a los 200 millones de personas y la indigencia aumenta
a 93 millones, es decir, al 48,3% y 22,6% respectivamente. Producto del crecimiento económico y la
arremetida de programas sociales destinados a paliar esta debacle, se producen los grandes anuncios para
mejorar las condiciones de millones de personas. Sin embargo, los resultados no son homogéneos, a nivel
general las tasas se mantienen sobre el 40%, reduciéndose paulatinamente hasta que se consiguen avances
más significativos sólo a contar del año 2005.
Cuadro 2. Tasas de pobreza e indigencia para América Latina entre 1980 y 2011
Año Tasa pobreza
nacional Tasa indigencia
nacional 1980 40,5 18,6 1986 43,3 20,7 1990 48,4 22,6 1994 45,8 20,9 1997 43,5 19,0 1999 43,8 18,6 2002 43,9 19,3 2005 39,7 15,4 2006 36,2 13,3 2007 34,0 12,5 2008 33,5 12,9 2009 32,8 13,0 2010 31,0 12,1
América Latina 2011 29,4 11,5
Fuente: CEPAL, División de Estadísticas, año 2013.
En la última medición disponible para el año 2011, la pobreza se había reducido al 29,4% y al 11,5% la
indigencia, sólo durante la última década se visualizan un cierto éxito debido a una combinación de crecimiento
económico importante y diversas medidas sociales. (CEPAL, 2012b) Pero las cifras generales no dan cuenta
de la diversidad y magnitud del problema, algunos países de región, durante la década de 1990, tuvieron tasas
de pobreza sobre el 50% e incluso superiores al 70% durante casi todo ese periodo (Bolivia, Colombia, El
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay) o al menos en algún año (México). La misma medición
da cuenta de un grupo de países en que persisten altísimas tasas de pobreza sobre el 40% (Bolivia, El
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Republica Dominicana), otro grupo con tasas de
pobreza altas que varían entre el 40% y el 30% (Colombia, Ecuador, México), un grupo con tasas moderadas
entre el 30% y el 15% (Brasil, Costa Rica, Panamá, Perú) y, finalmente un grupo con bajas tasas de pobreza
inferiores al 15% (Argentina, Chile y Uruguay).
La CEPAL plantea la hipótesis de un posible cambio en la composición de la pobreza producto de la
modificación demográfica, la nueva estructura del mercado laboral, el contexto económico y las medidas
instituciones aplicadas. (CEPAL, 2012b) Asimismo, constata que la extrema pobreza se da en contextos
urbanos y rurales, la pobreza tiene una prevalencia mayor en los ámbitos urbanos, en las mujeres y existe una
tasa de ocupación alta en la mayor parte de la población pobre en edad activa, lo que da cuenta de la
precariedad laboral y plantea que cualquier tipo de empleo remunerado no es garantía de superación de
pobreza. (CEPAL, 2012b: 15-17)
La otra dimensión que evidencia graves problemas en el avance de la democracia ciudadana, es la persistente
y profunda desigualdad en los ingresos, con una alta concentración en el 10% de la población más rica que en
promedio recibe el 32% de los ingresos totales, mientras que el 40% más pobre recibe a penas el 15%. Los
niveles más altos de concentración de ingresos se observan en Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, Honduras,
el Paraguay y la República Dominicana, donde el promedio del 10% superior obtiene alrededor del 40% de los
ingresos y el decil más pobre entre el 11% y el 15%. Estas diferencias son algo menores en Bolivia, Costa Rica
y Panamá y los países con distribuciones más igualitarias son Argentina, Ecuador, El Salvador, México,
Nicaragua y el Perú en tanto que Uruguay y Venezuela presentan la menor concentración del ingreso. (CEPAL,
2012b: 20)
No obstante esta marcada y persistente desigualdad, el promedio del coeficiente de Gini para la región en la
década de 1990 fue de 0,552 (PNUD, 2004), se ha reducido la brecha de los ingresos en los últimos años,
sobre todo a comienzos de la década de 2000, manteniéndose la tendencia en los últimos años. Sin embargo,
durante el año 2011 la brecha disminuyó de manera moderada en Argentina, el Brasil, Colombia, el Ecuador y
el Uruguay, mientras que en los demás países no representen variaciones importantes con respecto al año
anterior, incluidos aquellos donde el índice de Gini es algo mayor que en el año 2010. (CEPAL, 2012b: 21)
Las políticas sociales de América Latina
Los objetivos de reducción de la pobreza y la desigualdad, no habrían sido objetivos prioritarios en las políticas
sociales en las dos décadas precedentes, sostiene Solimano, como tampoco fomentar la participación y el
impulso de las clases populares, la única apuesta que habría seguido la mayor parte de América Latina era
una estrategia basada en la reducción de la pobreza mediante el crecimiento económico, siendo el único
resultado positivo para el caso chileno a mediados de 1990. (Solimano, 2005: 46) En la misma línea de
argumentación sobre las políticas de superación de la pobreza, Gurrieri distingue tres tipos de propuestas: las
que plantean que con el ajuste estructural se produciría crecimiento pero se debía proteger a los pobres
durante el proceso, las que combinan el ajuste con una mayor preocupación social y las pro crecimiento
distributivo. (Devés, 2004)
Asimismo, Tokman en 1995, precisa cuatro hipótesis para la época que explicarían los magros resultados de
estas estrategias sobre la reducción de la pobreza: a) el crecimiento por sí no es suficiente para disminuir los
niveles de pobreza, b) un mejor nivel de ingreso no asegura mejores niveles de desarrollo humano, c) las
políticas antipobreza sobre la base de redistribución de ingresos no son viables en el largo plazo y d) sin la
expansión económica se limitan las posibilidades para enfrentarlas. (Devés, 2004) En 1999, se plantea que el
alivio a la pobreza debía ser un tema prioritario, la mayor equidad era un fin y un instrumento para la
superación de la pobreza (Tokman en Devés, 2004). Planteamientos que contrastan con las políticas
discursivas de los organismos internacionales que acompañan a la diversidad de estudios académicos durante
la década de 1990 y de los cuales los gobiernos de la región hacen eco, como el cumplimiento de los Objetivos
del Milenio en el tema de la reducción de la pobreza y la desigualdad. (Naciones Unidas, CEPAL, PNUD y las
diversas declaraciones presidenciales).
Las políticas sociales implementadas en la década de 1990, se caracterizaron por: a) el objetivo principal de
reducir la pobreza mediante la aceleración del crecimiento económico, luego que la adopción de las reformas
de mercado no contemplaran como prioridad explicita las disminuciones de la desigualdad en riqueza e ingreso
en contraste con los esfuerzo de las décadas anteriores (Solimano, 1998 en Solimano 2005); b) la asistencia a
los grupos más vulnerables siguiendo el principio de la focalización junto a fondos sociales de emergencia en
los periodos de crisis, destinados a otorgar ingresos complementarios y programas de apoyo a los grupos de
ingresos bajos; c) no distorsionar el mercado mediante el subsidio de bienes básicos de consumo, ya que el
mercado debía asignar los recursos, el ahorro y la inversión; d) la emergencia del sector privado en prestación
de servicios educativos, salud y pensiones, seguridad social impulsada por el modelo de desarrollo basado en
el mercado; y d) la flexibilidad laboral, reducción de indemnizaciones por despidos y menor importancia del
salario mínimo como política de apoyo al ingreso (Solimano, 2005: 47)
En tanto las políticas de la última década, se caracterizan según el estudio de la Fundación Konrad Adenauer,
por estrategias de “combate a la pobreza y la desigualdad”, basadas en: a) inversiones significativas en
educación y salud, tanto para ampliar y/o universalizar la cobertura como para asegurar mejoras en la calidad
de su provisión; b) inversión en infraestructura y servicios básicos; c) modernización del Estado con agilización
en el acceso a acceso a subsidios y pensiones, mejoras en los sistemas de información y registro, el sistema
impositivo, agilización de trámites y permisos, etc.; y d) programas de transferencias monetarias y no
monetarias directas, ya sean condicionadas o no condicionadas a las familias o a los individuos.(K. Adenauer,
2012b:. 6)
Evidentemente, se produce un viraje en la orientación y diseño de las políticas públicas para la “superación” y/o
“eliminación de la pobreza” entre la década de 1990 a la de 2000, se pasa tal como se planteasupra, de un
esquema basado en el mercado que por sí sólo sería suficiente para mejorar la vida de los latinoamericanos y
sólo focalizando en la población más carenciada, lo que no tuvo resultados muy positivos, salvo magras
disminuciones, a un esquema basado, en la mayoría de los casos, en la integración del sistema de protección
social y de la estructura de mercado, el caso de mayor éxito es Brasil; los sistemas que contemplan una
expansión de los derechos universales como en Argentina y Uruguay, sistemas de protección social altamente
focalizados en el caso de Chile. (CEPAL, 2007; Fundación Konrad Adenauer, 2012b). Esto implicaría la nueva
perspectiva de la política social basada en el reconocimiento de los derechos, que trata a los individuos como
ciudadanos con derechos y obligaciones y no como consumidores que enfrentan decisiones puramente
económicas como lo plantea Solimano, los que sin duda se deben articular con la política económica para
propiciar la creación de riqueza como la condición material básica para el ejercicio real de los derechos
ciudadanos. (Solimano, 2005: 46-50)
La gestión de sí mediante el paradigma identitario y la configuración de sujeto En el ámbito latinoamericano, se producen ciertas similitudes en el contexto democrático actual, pero cada país
ha resuelto de una manera y a un ritmo particular el avance hacia la democratización o la concreción de la
ciudadanía real o más aún la ciudadanía social, optado por estrategias diferenciadas en las políticas sociales
para enfrentar las tensiones que se derivan de los apremios a que se ven enfrentados sus habitantes. Cada
país en su espacio territorial, su población configura una organización particular que le permite su producción y
reproducción, en un contexto democrático y ciertos valores compartidos en la región latinoamericana,
configurando una sociedad (nacional), que Bajoit define como “una suma de individuos entrelazados, que se
construyen como individualidades propias por sus relaciones entre ellos, y que, por lo mismo, producen
también la sociedad, que por su parte les ofrece las condiciones materiales, sociales y culturales para que
puedan producirse”. (Bajoit, 2003: 24)
Los individuos insertos en la sociedad, a su vez, se ven enfrentados a las tensiones vitales que implica la vida
colectiva en la producción de riqueza (bienes), un orden interno, socialización en los diversos roles sociales y
su integración mediante una división del trabajo que asegure su adaptación y continuidad, el consenso y la
solidaridad entre las categorías sociales con intereses diversos y las relaciones con otras comunidades. (Bajoit,
2003) Es en el modo de resolución de estas tensiones donde se producen las diferencias y desigualdades en
el acceso, gestión y acaparamiento de los recursos materiales, sociales, políticos y culturales entre los
individuos, pero éstas se producen dentro del espacio social y en la relación con el otro y los otros individuos.
Por lo tanto se trata de una producción social participativa, a pesar de las profundas desigualdades que se
observan en los miembros de los países latinoamericanos.
En este marco, el ser humano se construye y se reconstruye sin cesar como individuo singular, un ser dotado
de identidad personal singular irreductible a la de ningún otro. Para Bajoit esta identidad personal es el
resultado, aunque siempre provisorio y evolutivo, de un trabajo del ser humano sobre sí mismo o el trabajo del
sujeto o la gestión relacional entre sí o el trabajo de construcción identitaria, donde se requiere movilizar
recursos para lograrla. (Bajoit, 2003) En la construcción y reconstrucción identitaria, el individuo tiene como
objetivo alcanzar tres sentimientos (bienes para Bajoit) indispensables y que trata de conciliar: a) la realización
personal que origina la identidad asumida, comprendida como los compromisos que adquiere consigo mismo
con lo que habría querido ser y que siente en lo más profundo de su ser (identidad deseada); b) el
reconocimiento social, busca conciliar la realización personal (identidad asumida) con lo que piensa que otros
esperan de él, lo que estima que se le asigna hacer y ser (identidad asignada); c) la consonancia existencial
conciliando la identidad deseada con su identidad asignada.
Estos tres sentimientos no siempre resultan compatibles, generando lo que Bajoit denomina “tensión
existencial”, la que se originaría en sensaciones de falta, insatisfacción, malestar o sufrimiento y que se pueden
asociar al malestar que experimentan los individuos en los actuales contextos democráticos, a pesar del mayor
crecimiento económico, mayores libertades y aumento general del bienestar social según lo evidencian
diversos estudios del PNUD, Fundación Konrad Adenauer, CEPAL. En este trabajo de sí y las tensiones
existenciales, surge el sujeto que no es sino es la capacidad del individuo de manejar sus tensiones
existenciales, es ser capaz de manejarse a sí mismo en la relación con los otros, a fin de reconstruir
constantemente su identidad personal y de alcanzar las tres finalidades. (Bajoit, 2003) La gestión de sí o la
construcción del sujeto en el individuo, se produce entre la:
a) identidad deseada: la idea de que el individuo se hace de lo quería llegar a ser, comprende el conjunto de
los proyectos identitarios que quisiera realizar, la imagen que tiene acerca de lo quería hacer para asegurar su
realización, su plenitud personal;
b) identidad asignada: la idea que se hace de las expectativas que los otros esperan de él, comprende la
percepción interiorizada e incorporada de las expectativas de los otros hacia él; es lo que cree que tiene que
hacer para conseguir de los otros el reconocimiento social que necesita;
c) identidad asumida: lo que el individuo llega a ser verdaderamente, comprende el conjunto de los
compromisos identitarios que asumió hacia sí mismo, que está realizando concretamente en sus relaciones
con los otros, es lo que hace con su vida.
En la práctica de las relaciones sociales es la instancia donde se conforma para Bajoit, el núcleo identitario del
individuo y la práctica de sí constituye al individuo sujeto, es lo que denomina como “paradigma identitario”. A
su vez, en la solidaridad compartida y en la socialización se forman identidades compartidas o colectivas,
atravesadas por lógicas de carácter expresivo o instrumental que constituyen al sujeto colectivo. En este
trabajo, la atención se centra en el sujeto individual, que puede o no compartir una identidad colectiva; sin
embargo, aún este sujeto individual tiene motivaciones instrumentales y de convicción, las que mediante la
comprensión de sus conductas se explicita una racionalidad sujetiva (Bajoit, 2003: 20),
El sujeto definido como “la capacidad del individuo de actuar sobre sí mismo para construir su identidad
personal, manejando las tensiones existenciales que le causan sus relaciones con los otros en el mundo”,
implica una dualidad: el individuo-objeto y el individuo –sujeto (Bajoit, 2003: 25). Es decir, el individuo es objeto
y sujeto de sus relaciones sociales, por lo tanto la intervención en lo social debería considerarla la dualidad del
individuo: como objeto de intervención y como sujeto de la intervención que se produce en el lazo social a
partir del cual se produce la gestión de sí.
Si se parte de los supuestos teóricos del paradigma identitario, donde la sociedad está configurada por las
relaciones entre los sujetos y éstos se configuran como tal entre una identidad asumida, una identidad deseada
y una identidad asignada de acuerdo al acceso, gestión y acaparamiento de los recursos para la solución de
las tensiones vitales; entonces siguiendo a Bajoit y producto de la natural división del trabajo productivo que
supone esa gestión de sí, las posiciones sociales resultantes difieren según los recursos acaparados por el
sujeto, produciendo desigualdades que conducen a unas posiciones superioridad e inferioridad, pero en una
mutua dependencia para la mantención de la sociedad. Lo que implica visualizar la solución de las tensiones
vitales mediante ciertos consensos que sólo pueden darse en espacios democráticos, que impliquen un
mejoramiento de esas tensiones. En América Latina una de las principales tensiones es la pobreza, donde los
sujetos que gestionan la reproducción social que podemos denominar gestores públicos, deben formular
mecanismos (las políticas sociales) que reduzcan las tensiones de los sujetos que tiene menos acceso, gestión
y acaparamiento de los recursos materiales, sociales, políticos, culturales que dispone la sociedad en su
conjunto, los sujeto pobres.
El sujeto pobre a partir de las políticas sociales Para una aproximación exploratoria al trabajo del sujeto pobre y “objeto de las políticas contra la pobreza”,
luego de examinar la variada literatura disponible sobre el tema, se optó por dos casos que si bien difieren en
los momentos históricos y el tipo de política de la cual fueron objeto y sujeto, permite comparar las prácticas
del sujeto en un contexto mediado por prácticas de clientelismo político y las prácticas de sujeto en un
programa que integra a la red de protección social existen con un apoyo psicosocial. Dos posibilidades de
construcción de sujeto que aparentemente puede estar diferenciadas, pero que también pueden revestir ciertas
dinámicas similares. El primer caso de análisis se basa en el trabajo etnográfico de Javier Auyero realizado en
la década de 1990 en una Villa Miseria de Argentina, marginada y estigmatizada, en el cual la ayuda de un
programa social se recibe mediante prácticas clientelares, el segundo caso se refiere al Programa de
Protección Social Chile Solidario y su componente Programa Puente, para cuyo análisis se utilizará las
diversas evaluaciones que se realizaron del programa con especial atención a la percepción de los
beneficiarios.
El caso “La política de los pobres” El contexto de la investigación de Auyero (2001), más que centrarse en un programa social, se articula a un
caso de clientelismo político, específicamente las prácticas clientelísticas del peronismo en contexto de
extrema privación, marginalización y estigmatización en el cono urbano de Buenos Aires, en los márgenes de
la ciudad donde los pobres pueden invisibilizarse, pero muy rico en lazos sociales y prácticas de sobrevivencia.
En la descripción del contexto social e histórico que hace en su investigación, rescata una serie de relaciones
clientelares que se entrelazan en torno a un agente público que provee la ayuda social para paliar en alguna
medida las enormes carencias de alimentos, asistencia social y otros aspectos del bienestar social de sus
empobrecidos habitantes, los cuales por contrapartida retribuyen esa ayuda mediante favores y servicios, en
especial lo que implica la conmemoración del natalicio de Perón, organizada como un acto de apoyo al líder
local envuelto en un escándalo de corrupción. La observación etnográfica realizada por Auyero, se desarrolla
en la “Villa Paraíso” (nombre ficticio para la Villa Esperanza), sobre las prácticas entre los mediadores políticos
ligados a la administración pública local y encargados del programa de transferencia de alimentos que
denomina “Plan Vida”, su colaboradores y los individuos residentes en la villa.
El contexto económico y político de la época, está dado por la gran mutación que se produce durante el
gobierno de Carlos Menem (1989 - 1999), quien había iniciado su periodo presidencial en medio de una crisis
hiperinflacionaria y saqueos. Esa crisis provocó la caída de los salarios reales, una fuerte contracción
económica, la suspensión de pagos y la dolarización y un consiguiente aumento de la pobreza al 47,3%.
(Lozarno, 2005 en Svampa, 2005) Situación que provoca un quiebre en el imaginario de la movilidad social
ascendente de la sociedad argentina y sólo después de aplicar severas medidas modernizadoras que
contemplaron un plan de ajuste y de estabilización, se redujo la pobreza en 1994 al 19,7%, pero con un
aumento en el desempleo del 156% y del subempleo en 115%, una reducción del gasto público, la
descentralización administrativa y el traslado de la gestión de la salud y la educación hacia los niveles
provinciales y municipales, atravesados por una fuerte polarización, lo que obligó al reforzamiento de las
estrategias de contención de la pobreza mediante distribución masiva de planes sociales y de asistencia
alimentaria a la poblaciones afectadas y movilizadas. (Svampa, 2005)
Este panorama condiciona, evidentemente, las oportunidades de los habitantes de la Villa Paraíso, si su
existencia estaba condicionada por una larga historia de pobreza y exclusión que se inicia en la década de los
años treinta, sus posibilidades individuales de insertarse en el mercado laboral son prácticamente mínimas, por
lo cual deben buscar distintas estrategias para sobrevivir y enfrentar sus tensiones vitales, bajo un apremio
adicional que el resto de la sociedad. Entre las estrategias más comunes de supervivencia estaba el trabajo
informal en la mayoría de los casos o el trabajo que se conseguía como pago de algún favor, la ayuda social, el
robo y la delincuencia y la solidaridad mutua entre los habitantes y sus redes de apoyo en la villa o fuera de la
villa. Lo que evidenciaría una identidad asignada de delincuentes, gente peligrosa, estigmatizados, pobres e
invisibles además de peronistas.
En este contexto de precariedad material, social y cultural, al igual que en el resto de Argentina a mediados de
1990, se repartía cajas familiares de alimentos secos consistente en leche en polvo, aceite, azúcar, cereales y
legumbres secas, en forma complementaria a la entrega de leche del Ministerio de Salud. (Britos, Sergio et. al.,
2003) El texto de Auyero, hace referencia al “Plan Vida”, como un plan de distribución de alimentos semanales
y una distribución mensual de un kilo de azúcar. El Plan era conducido por la esposa del gobernador de la
provincia de Buenos Aires, la distribución se organizaba a cargo de una encargada municipal, una
coordinadora de área y manzaneras (encargadas de una manzana), las cuales reciben y distribuyen la ayuda
en centros comunitarios. Adicionalmente, al reparto de los alimentos, el encargado de su distribución, debía
repartir información del Plan e información sobre el Partido Justicialista como el homenaje a Perón, por orden
de la encargada municipal, militante, ex secretaria del partido y en esos momentos concejal de la
municipalidad.
Los agentes públicos como la esposa del gobernador, el propio gobernador, la encargada del programa
municipal y la coordinadora establecen relaciones de superioridad en tanto disponen de los recursos
materiales, sociales y políticos, considerados por los individuos de la villa que reciben la ayuda como
portadores de esos recursos que posibilitarían una mejora en sus tensiones vitales diarias. Por otra parte,
existen otros sujetos intermediarios de la ayuda como el “brazo derecho” de la concejal, otros sujetos que en
establecen contacto con los villeros, sin pertenecer a esa comunidad ni ser pobres, y los propios individuos de
la villa, jóvenes drogadictos, desempleados, dueñas de casa, cesantes y las manzaneras que tiene el rol de
recibir ayuda y repartirla entre sus pares.
El estudio da cuenta a su vez de una red de relaciones de parentesco y lealtad entre los agentes públicos, de
cercanía y simpatía entre los colaboradores cercanos a la encargada municipal y otros sujetos con grado
creciente hacia los núcleos personales de poder (recursos y favores a distribuir), a los cuales los sujetos
intermediarios se aproximan para recibir la ayuda del programa, otras ayudas sociales que distribuye el
municipio como medicamentos, pero a su vez se requiere de ellos ciertos favores que van condicionando la
recepción de la ayuda social. A este tipo de relaciones Auyero, las identifica con formas de clientelismo
político, pero para fines de este trabajo constituyen las estrategias de sobrevivencia de tienen a su alcance los
habitantes de la villa, la forma de asegurarse la caja alimentaria sin correr el riesgo de ser excluido por pérdida
de simpatía de la encargada municipal. Esta agente, a su vez, no duda en pedir favores como la participación
en el acto, en la banda local y otras actividades a cambio de la remota posibilidad incorporarse al Plan como
manzanera, algún trabajo futuro, distribución de comida, bebida y marihuana a los colaboradores en
actividades políticas.
El trabajo del sujeto es un trabajo individual que se configura en el lazo social, en el caso de los habitantes del
villa, se da dentro de una red diferencia de poder y superpuesta, en que los sujetos están más o menos
cercanos del mediador o agente público de acuerdo a un grado de simpatía, cercanía y de agradecimiento por
su sacrifico en pos de los necesitados. Según Auyero los que reciben ayuda, no perciben el lazo con el
mediador como de poder, el clientelismo es una práctica habitual (Auyero, 2001, 169), pero en la medida que
crece la distancia se evidencian ciertas expresiones de incomodidad como “uso de las necesidades de la
gente con fines políticos”, “no hay suficientes actos para alimentar a una familia” o las expresiones de
disconformidad cuando no se obtiene el reconocimiento por el trabajo realizado, pero a pesar de ello se
mantienen en la red clientelar. No todos los villeros asisten a los actos políticos, otros los utilizan para viajes
gratis que no pueden pagar y distraerse, otros para estar con los amigos y otros por simpatía al agente o
mediador, en estas prácticas de intercambio de comida por apoyo, señala que se evidencia la existencia de
redes existentes con anterioridad a la manifestación pública y representaciones culturales compartidas, las que
no se siempre se construyen de forma cooperativa. (Auyero, 2001: 29)
Estos actos de concurrencia a las actividades políticas, a pesar del deterioro de la situación de los villeros, se
explicaría por los lazos, en los vínculos asiduos, en las relaciones continuas, en las memorias y en los
proyectos que se expresan, reactualizan y –a veces – renegocian durante esos encuentros. (Auyero, 2011: 30).
Esta explicación pone en evidencia el trabajo del sujeto receptor de ayuda social, en este contexto particular,
entre una identidad asignada de peronista, pobre, marginal y dependiente de la ayuda social, una identidad
deseada de un proyecto personal aspiracional que vendría de una oportunidad política, un trabajo como
recompensa por la paciencia y la colaboración o más ayuda social y, finalmente, la identidad asumida del
sujeto que tiene la opción de recurrir a la solidaridad mutua como estrategia de sobrevivencia, lo que decanta
en cada individuo de manera diferente de acuerdo a la acumulación de recursos y poder y que se desarrollan
en una expectativa de reconocimiento y realización personal. (Auyero, 2001: 32) En este sentido, Auyero
señala que las redes de ayuda mutua son frecuentes en Argentina como en el resto de Latinoamérica (Lomnitz,
1975, 1988; Hintze 1989 en Auyero, 2001) y las prácticas clientelares son elecciones prácticas aprendidas en
el tiempo que se experimentan en la vida cotidiana para resolver problemas. (Auyero, 2001: 177)
El caso de los beneficiarios de Chile Solidario El Programa Chile Solidario es un sistema de protección social con el objeto de superar la pobreza extrema,
más que un programa social es la articulación en el acceso de los participantes a un conjunto de programas y
beneficios sociales que se otorgan en diferentes ministerios y servicios públicos, se trata de una política
intersectorial que se pone a disposición de los usuarios a través de una ventanilla única encarnada en un
Apoyo Familiar o psicosocial. (Kaczynski, 2008 en Larrañaga y Contreras, 2010). El Programa tiene tres
componentes:
a) el primer componente se desarrolla mediante el Programa Puente, durante dos años con el
acompañamiento de un profesional o técnico social (apoyo psicosocial) a cada familia participante, que realiza
visitas a los hogares para identificar las limitaciones para salir de la pobreza, construir actitudes mediante las
cuales las familias puedan ser sujetos de su propio desarrollo, evaluar los logros de la familia y el seguimiento
posterior;
b) el segundo componente implica el acceso preferencial a programas públicos de los miembros dela familia a
los programas y beneficios adaptados a las familias en extrema pobreza; incluye la dimensión identificación
personal, la dimensión salud, la dimensión educación, la dimensión dinámica familiar, la dimensión
habitabilidad y la dimensión empleo e ingreso;
c) el tercer componente es el acceso garantizado a los subsidios monetarios que provee el Estado que les
corresponden más un Bono Chile Solidario, una transferencia transitoria pagada en mensualidades
decrecientes a la mujer jefa de hogar.
El programa opera sobre la base del cumplimiento de 53 condiciones que debería adquirir las familias luego del
periodo de acompañamiento psicosocial, tras lo cual se formarían las competencias en los sujetos pobres para
salir de la pobreza más que un énfasis en las transferencias monetarias. (Larrañaga y Contreras, 2010: 46-4;
Konrad Adenauer, 2012; Nun y Trucco, 2008) El contexto en el cual se origina el programa es durante los
primeros meses del gobierno de Ricardo Lagos (año 2000), como respuesta a las iniciativas de sus primeros
días de gobierno ante iniciativas sectoriales existentes que combatían la pobreza de manera aislada, en base a
la tesis de la existencia de un núcleo duro de pobreza que no respondía al crecimiento económico (Larrañaga y
Contreras, 2010: 46-47), en circunstancia que las tasas de pobreza a la fecha estaba estancadas en torno al
20% de la población, no retrocedía y sólo había descendido en los primeros años de la década anterior.
(Ministerio de Desarrollo Social de Chile, Encuestas Casen)
Se diseño como un sistema de protección y promoción social orientado a un trabajo integral con familias de
escasos recursos, con la finalidad de que éstas adquieran un rol activo en su integración a la red de servicios
públicos disponibles y en su camino de superación, dada la poca reflexividad que poseen estas familias al
inicio del Programa, requieren de un agente externo. (Nun y Trucco, 2008) A este programa se integran las
familias invitadas a participar y que habían sido seleccionadas previamente sobre los catastros de pobreza
(Ficha CAS y Ficha de Protección Social), cuya invitación declinaron un 5% de los potenciales beneficiarios
invitados (Raczynsky, 20008 en Larrañaga y Contreras, 2010: 51)
Los agentes públicos están dados por todos funcionarios públicos con los cuales se vincula la familia durante el
proceso de intervención de dos años y, principalmente, el apoyo psicosocial que establece un lazo cercano con
la familia mediante las visitas al hogar, los individuos de la intervención pública son las familias beneficiarias
seleccionadas, pero el lazo más fuerte se establece con la mujer jefa de hogar o la pareja del jefe de hogar, lo
que supone que ella cumple un puente entre el apoyo psicosocial y su familia, tal como el puente entre las
agencias públicas y la familia que establece el apoyo psicosocial. La única evidencia del trabajo o constitución
del sujeto de la jefa de hogar y los miembros de su hogar, es posible obtenerla mediante los discursos que
emanan de las jefas de hogar en las diferentes evaluaciones del programa que se realizaron durante los
primeros años de su implementación.
En este sentido, se puede rescatar el trabajo del sujeto a través de las prácticas discursivas durante las
entrevistas que sostuvieron con posterioridad a su participación. Algunas de las evaluaciones demuestran que
las aspiraciones de las familias tienden a ordenarse de forma tal, que las dimensiones materiales anteceden
siempre a las no materiales, evidenciando que el anhelo por ser más felices o vivir más tranquilos recién son
expresados una vez que las necesidades básicas de habitabilidad o ingreso son solucionadas. (Nun y Trucco,
2008) Lo que por un lado demostraría que el individuo se gestiona a sí de manera diferente durante el proceso
de intervención, se reordenan sus prioridades y la identidad deseada cobraría relevancia, sin embargo, la
mayor parte de los estudios evidencian una dependencia entre el apoyo psicosocial y la familia, lo que
determinaría que el agrado de aprobación de estrategias construidas entre la familia y el operador del
programa puede condicionar el resultado de la intervención y la construcción del sujeto. Pero, también da
cuenta que el proceso se gestión de sí se construye en un vínculo social de confianza y disposición con el otro
(el agente), pero ese lazo de dependencia podría actuar en detrimento del desarrollo de redes comunitarias
previas o por construir, dando cuenta en algunos casos de redes precarias dentro de las cuales el sujeto se
configura, como también de una profunda desconfianza hacia la acción colectiva, sin embargo, existiría entre
ellos el interés por organizarse y participar de este tipo de instancias. (Nun y Trucco, 2008)
En los casos de éxito las evaluaciones plantean que hay un “aumento del locus de control interno”, podría
darse un realce de la identidad deseada aquello que se desea internamente y no se había podido ni siquiera
imaginar llegar a ser, lo que en algunos casos dada la corta duración de la fase de apoyo no logra arraigarse
en una práctica ciudadana efectiva, debido a que “el término de la fase intensiva de apoyo psicosocial supone
una suerte de “vacío” de información y desvinculación con las redes institucionales en las familias” (Nun y
Trucco, 2008). Ello implica que la identidad personal se construye fuertemente entre la identidad asumida y
asignada y tal vez la identidad deseada experimenta un fuerte retraimiento en ese vacío, no logrando una
consonancia existencial.
Los estudios dan cuenta que en las familias muy vulnerables, las iniciativas promocionales no tienen asidero y
chocan con una ausencia casi total de activos que movilizar, lográndose más satisfacción de ciertas
necesidades mínimas gracias a las transferencias directas, implicando simplemente estrategias de
supervivencia a corto plazo, lo que no implica que no haya trabajo de sujeto ni su ausencia si no logra la
consonancia existencial, el sujeto se configura como proceso permanente y no tiene porque lograr un estado
determinado lo que se expresa en frases como “...para mi ha significado harto.. me ha servido porque he tenido
una ayuda de dinero, he tenido ayuda psicológica que nunca pensé tenerla, he tenido hartos adelantos, he
arreglado mi casa con el programa puente”, “ya tengo pa’ comprar pan, un poco de azúcar, algo pa’ hacer
comida… tenimos, porque antes no teníamos ni que agarrarse”. (Nun y Trucco, 2008) Simplemente la
participación puede ser considerada, por los individuos, como una estrategia de supervivencia y
acompañamiento.
Por otro lado en la evaluación del programa, se estima que se facilitan los frutos de éste cuando en la
vinculación con los servicios públicos y las organizaciones comunitarias, las mujeres se reconocen como
sujeto, o sea, reconstruyen su auto imagen, ya implicaría una ruptura previa los tres estigmas de la mujer
popular: las invisibilidad frente a las instituciones tradicionales, la determinación histórica hacia lo doméstico y
la dificultad de ser escuchadas desde su condición de mujer y las prácticas sexistas. Una mujer pobre es señal
de doble marginación. Los efectos en la dimensión “construcción de la auto imagen” han operado como la llave
que permite abrir puertas hacia el mundo social. (MIDEPLAN, 2006a) La autoimagen es parte de la identidad
asumida, en este trabajo de sujeto se reequilibrarían las identidades asumidas, la identidad deseada y la
identidad asignada, ello conduciría a la realización personal y al reconocimiento social. En este sentido Bajoit
habla de la capacidad de innovación, evolución progresiva de los roles sociales (Bajoit, 2003: 48)
Asimismo, los estudios se presentan cautelosos cuando los discursos son contradictorios entre el
agradecimiento y las quejas o críticas indirectas debido al miedo a perder la ayuda, la aprehensión frente a
alguien nuevo o quizás, la sencillez de las personas, evidenciando gratitud y avances pero negando aspectos
del programa que no se cumplieron (MIDEPLAN, 2006b), esto podría evidenciar una estrategia para mantener
la ayuda social al igual que en caso anterior. Por otro lado, un estudio de MIDEPLAN sobre las familias que no
participan en el Programa, recoge las percepciones de las familias que interrumpieron su participación y de las
familias que no participaron por diversos motivos. (MIDEPLAN, 2006c: 16-20) En el caso de las primeras, se
evidencian algunas dinámicas que dan cuenta de una construcción de sujeto en que la identidad asignada no
reflejaría una condición de pobre o ser tan pobre como los otros y como señala Bajoit “cada uno, sujeto u
objeto de apremio, está atrapado bajo el control de los otros y se encuentra así socialmente comprometido a
reproducir la relación tal cual o a tratar de cambiarla en beneficio propio” (Bajoit, 2003: 55)
Los pobres, como cualquier otro individuo de la sociedad, están sometidos a los apremios que imponen las
tensiones vitales como miembros de una sociedad, (Bajoit, 2003: 32-33) Sin embargo, existen tensiones vitales
adicionales que impone su reducido acceso a los bienes que se producen en la sociedad, lo que implicaría
mayores apremios que el resto de la sociedad lo que llevaría a los pobres, como objeto de los apremios, a
reproducir la relación social tal cual o tratar de cambiarla en beneficio propio, (Bajoit, 2003: 54) cuando siguen
sus estrategias de sobrevivencia.
Dinámicas a considerar en las políticas públicas A modo de conclusión, se puede precisar que si el espacio social se produce y reproduce en los lazos con el
otro, los otros y consigo mismo, entonces la producción material y reproducción de la sociedad sigue esa
dinámica de producción en un contexto eminentemente participativo; entonces las políticas sociales deben
considerar no sólo las formas materiales de reproducción de la sociedad sino las dinámicas de participación
mediante las cuales se produce y reproduce materialmente la sociedad, aún en las peores condiciones de
desigualdad de recursos materiales, sociales, culturales y políticos que caracterizan a América Latina.
Las relaciones entre los sujetos pobres y el resto de la sociedad, se producen en contexto de un doble
apremio, por una parte los apremios que la sociedad impone a todos su miembros en su existencia vital y,
adicionalmente, los apremios que se ocasiona su reducido o escaso acceso a los recursos sociales, es en este
contexto que los sujetos pobres desarrollan dinámicas y estrategias de sobrevivencia por muy precarias que
ellas sean. El individuo pobre se construye como sujeto, en su relación con los otros, en lazos diversos que
pueden constituir redes de diverso alcance y densidad, es a través del lazo social que desarrolla estrategias y
dinámicas con o sin participación en un programa público.
En los contextos clientelares como en la era Menem de los años noventa y eventualmente, en otros contextos
de neo-populismo (Drake, 2009), surgen las prácticas clientelísticas revisadas en el trabajo de Auyero, que si
bien no deben ser la únicas ni tampoco tendrían que ser iguales en contextos distintos, se evidencia ciertas
dinámicas para acceder al apoyo social o las redes que permiten acercarse a quien detenta un cierto poder, lo
que implicaría desde un ascenso en las categorías sociales o simplemente asegurar el acceso a la ayuda
social mediante técnicas y estrategias de sí que aseguren el reconocimiento personal y cierta realización de sí.
También se observa una cierta solidaridad compartida en el caso de una comunidad que intercambia
prestaciones por pagos o favores aunque puedan no conectarse en el tiempo de la entrega y su retribución,
siempre está el dejo de la simpatía y sacrificio del otro, el otro bueno que se sacrifica por él.
Dentro de estas solidaridades compartidas y también en el caso de Programa Chile Solidario, se detectan
estrategias de supervivencia de corto plazo, las que no implican tanto un compromiso con el programa sino
obtener “la caja de ayuda” o “las transferencias sociales” que permitan mejorar las condiciones básicas de una
familia. En un contexto clientelar, estas estrategias de supervivencia pueden estar arraigadas en las prácticas
habituales y cotidianas donde no sólo se “usa al pobre” sino que el pobre usa los mecanismos que se le
ofrecen para obtener los recursos que aseguren la supervivencia con un menor esfuerzo, sin que necesiten
cambiar sus valores culturales y sociales, sólo necesitarían demostrarse públicamente. Lo que no implica que
condicionen su identidad individual, se puede transformar en un juego de parecer y aparecer.
Tanto en el caso que expone Auyero como en Chile Solidario, surgen estrategias de articulación con los otros
de la sociedad y el uso de redes preexistentes, las que pueden o no ser aprovechadas por los programas
públicos, pero muchas veces están condicionadas a las dinámicas de una comunidad, lo que podrían
eventualmente hacer las políticas públicas es la ampliación y fortalecimiento de esas redes, mediante la
conexión social que pueda significar un programa de apoyo que no deseche su uso. Por otro lado, algunos
individuos desechan las redes de apoyo público cuando sienten que no cumplen sus expectativas y sólo
genera lazos dependientes, los que pueden o no implicar una estrategia de corto plazo y obtención de ayuda
asistida.
Dentro de estas dinámicas que se vuelven relevantes en las estrategias de mitigación de pobreza están la
construcción del lazo social, las que deberían tener cierta permanencia y no dejar a los sujetos a medio camino
con la sensación de “vacío”, el sujeto pobre se construye y se reconstruye, alterando el juego entre su
identidad asumida, asignada y deseada, en el caso de Chile Solidario un apoyo juega un rol sensible. Dado
que el espacio social es dinámico, no puede pensar al individuo sujeto pobre como objeto de un programa
público, aunque sean simplemente transferencias condicionadas o no condicionadas, sino que éste se
construye y se articula dentro de los intercambios sociales que se generan entre él y los intermediarios de las
ayudas. Emerge el ejercicio de sí, se articulan y rearticulan sus identidades asumida, asignada y deseada, con
la posible irrupción de una sobre la otra o el retraimiento de una de ellas en medio de las dinámicas que sigue
y los apremios a que está sujeto. Con respecto a las propuesta para el mejoramiento de las políticas sociales
en Brasil y la necesidad de una agenda de acceso de los pobres al mercado, y no lo inverso, Neri en este
sentido señala que es necesario dejar de tratar al pobre como agente pasivo, que solo recibe transferencias
oficiales del Estado.” (Neri, Marcelo et. al. en Fundación Konrad Adenauer, 2012b: 44)
Por lo tanto, la política social, debería por un lado mejorar las capacidades para acceder a los recursos para
resolver los problemas vitales y por otro lado, aminorar las tensiones que los individuos pobres tienen en la
construcción de sí, lo que plantea un desafío bidimensional centrado no sólo de los aspectos materiales sino
también en los lazos sociales, es decir, en la sociedad de la cual participan donde el sujeto se construye
tratando de alcanzar su realización personal, el reconocimiento y la consistencia existencial. Ser considerado
pobre es una marca de distinción fundamental en la sociedad y es un elemento asociado a la discriminación
(Araujo, 2009: 49), pero el sujeto se juega entre lo que cree que los otros creen de él, lo que desea llegar a ser
y lo que logra ser. (Bajoit, 2003)
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