en busca de la coherencia 1 algunos comentarios sobre: el...

9

REV

ISTA

DER

ECH

OS

Y V

ALO

RES

R E V I S T A D E R E C H O S Y V A L O R E S

"Nunca, nunca, nunca se debe creer que una guerra será sencilla y có-moda, o que quien se embarca en ese extraño viaje puede medir las mareasy huracanes con que se va a encontrar. El estadista que se abandona a laactividad bélica debe saber que una vez dada la señal, él ya no es amo de lapolítica sino esclavo de los acontecimientos incontrolables e impredecibles."

Sir Winston Churchill3

RESUMENCuánto quisiera que el gobierno comprendiera la naturaleza del conflic-

to que vivimos; que supiera realmente cómo se mueve el enemigo dentro yfuera del país, sin disparar un cartucho; cuánto daría porque se entendierapor parte de sus asesores, que la guerra va mucho más allá de lo bélico, quetrasciende lo político, lo jurídico, lo judicial y que se libra en un sinnúmerode campos y a través de muchas variables. Cómo quisiera que se estudia-ran los efectos que la línea argumentativa utilizada puede generar para elestamento castrense en una democracia de mínimos como la colombiana.

En busca de la coherencia1

Algunos comentarios sobre:El delito político y sus incidencias

Por. Jean Carlo Mejía Azuero2

1 El presente ensayo se circunscribe en la intervención en el tercer coloquio de la Universidad Militar Nueva Granadarelacionado con el delito político, en donde también participaron el senador Carlos Gaviria y el doctor Luis CarlosRestrepo, alto comisionado para la paz.

2 Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Militar Nueva Granada. Becario de la UMNG. Candidato a PhD dela Universidad Externado de Colombia. Asesor jurídico especializado. Docente de pregrado y postgrado.

3 My early life

10

REV

ISTA

DER

ECH

OS

Y V

ALO

RES

PALABRAS CLAVE:Delito político - guerrilla - terro-

rismo – conflicto armado - poder –militares – policías – democracia –coherencia – pueblo.

ABSTRACTI wish the government could

understand the nature of the conflictwe are facing and were aware of theenemy’s movements inside andoutside the country, without shootinga cartridge; I wish advisors couldcomprehend that war goes beyondthe warlike, that transcends thepolitical, legal and judicial sides andthat it is fought in many aspects andthrough several variables. I desire theeffects of this line of argument on thearmed forces and in Colombia’sdemocracy were studied.

KEY WORDS:Political crime, “guerrilla”,

terrorist, armed conflict, power, themilitary, the police, democracy,coherence, people.

4 Palabras del alto comisionado para la paz en el discurso “La caducidad del delito político”.

5 www.presidencia.gov.co SNE 18 de mayo de 2005.

Introducción

A MANERA DE PROEMIO

Recientemente el Presidente dela República ha abierto un nuevo de-bate en torno a la situación de vio-lencia que vive el país; esta vez hapropuesto estudiar la eliminación deldelito político en la Constitución po-lítica y en consecuencia en el orde-namiento penal4. En este sentido hamanifestado el mandatario de todoslos colombianos que en algún mo-mento se debe pensar en acabar coneste tipo de conductas delictivas, taly como ha sucedido en muchas de-mocracias profundas5, como las eu-ropeas.

El gobierno, en el sentido co-mentado, ha revelado algunos crite-rios para tener en cuenta en el deba-te académico. De esa forma se vieneindicando que Colombia es una de-mocracia en profundización; que enEuropa se ha eliminado por comple-to la tipificación de los delitos políti-cos; que quien intenta tomarse elpoder a través de las armas en las

11

REV

ISTA

DER

ECH

OS

Y V

ALO

RES


democracias profundas, no es un de-lincuente político sino un terrorista yfinalmente que el altruismo comoelemento subjetivo de este tipo deconducta ya no existe en Colombia.

Por otro lado el alto comisiona-do para la paz, doctor Luis CarlosRestrepo ha ido más allá de la sim-ple formulación de un debate; enverdad, ha propuesto la eliminaciónen Colombia del delito político. Loanterior, vale la pena aclarar, lo hamanifestado en varios escenariosacadémicos.6

Como se puede evidenciar aprimera vista, el pensamiento delgobierno es el de entronizar un dis-curso coherente sobre la situación deviolencia en el país; violencia quemuchos enmarcamos dentro de lacategoría de un conflicto intraestatalmuy cercano al conflicto regional.Dentro de la estrategia planteada porel Presidente Uribe con el fin de cam-biar la perspectiva de la violenciadesde la palabra, el lenguaje y el con-cepto, se pueden resaltar los siguien-tes esfuerzos:

1. Cambiar el pensamiento de la co-munidad nacional e internacionalsobre lo que pasa en Colombia entérminos de violencia. De esa for-

ma existe en Colombia una ame-naza terrorista, no un conflicto ar-mado.

2. Al no existir un conflicto armadode carácter no internacional, la ca-tegoría de los delitos políticosdebe desaparecer.

3. En consecuencia, no existen en elpaís guerrilleros ni paramilitares.En Colombia hay terroristas.

4. La guerra fría ha terminado; deigual forma la seguridad nacional,doctrina anticomunista ya no exis-te; hoy se debe recuperar la pazen Colombia a través de una polí-tica de seguridad democrática, endonde se piensa en la legitimidadinstitucional y en pluralismo comopilares fundacionales del enfrenta-miento armado con los grupos te-rroristas.

5. En la misma línea argumentativa,en Suramérica después de la caí-da del muro de Berlín, de la derro-ta internacional del ideario comu-nista, de la consolidación de lasdemocracias, no resulta aceptablehablar de gobiernos de izquierdani de derecha. Por lo tanto no exis-te una línea "Caracas" y otra Bogo-tá, ideológicamente hablando.

6 Puede consultarse el discurso del alto comisionado para la paz en la Universidad Central de Colombia. Conversatorio.Amnistía e indulto. ¿Una solución al conflicto colombiano? “Hemos hablado con el señor Presidente de la Repúblicay tomado la decisión de estudiar con toda la seriedad del caso presentar al Congreso de la República una iniciativapara reformar la constitución política de Colombia y acabar con el delito político. Una democracia que haceesfuerzos por sobrevivir no puede estar mandando ese mensaje tan equívoco, que si usted desconoce la autoridadlegítima avalada por el pueblo, entonces lo perdono. O más aún, no puede estar mandado el mensaje tan equívoco dedecir que ese delito es de mejor familia.”

12

REV

ISTA

DER

ECH

OS

Y V

ALO

RES

El propósito de las siguientesletras no es otro que el de realizar unaporte académico a un gobierno muybien intencionado pero lamentable-mente muy mal asesorado. Cuántoquisiera que el Presidente Uribe y suequipo de trabajo comprendieran lanaturaleza del degradado pero exis-tente conflicto colombiano; que su-pieran realmente cómo se mueve elenemigo dentro y fuera del país sindisparar un cartucho y obteniendoréditos invaluables; cuánto daría por-que se entendiera por parte de susasesores que la guerra, principalmen-te la revolucionaria, va mucho másallá de lo bélico, qué trasciende lopolítico, que se libra en un sinnúme-ro de campos y a través de miles devariables. Cómo quisiera que se es-tudiaran los efectos nocivos que lalínea argumentativa utilizada por elgobierno puede generar para el es-tamento militar y policial.

Me concentraré en mostrar loinconveniente que puede ser en estemomento el eliminar la categoría dedelito político en Colombia; para elloutilizaré una argumentación que des-nudará preocupantes incoherenciasdel gobierno presidido por el doc-tor Álvaro Uribe; estas críticas sonconstructivas y se sustentan en lacreencia personal de que una políti-ca de seguridad democrática debida-mente fundamentada y soportadadesde el poder del pueblo, puededoblegar por fin a un enemigo detes-table y sanguinario, terrorista y ase-sino. Y aludo al término terroristaporque como muchas veces lo he

demostrado, la existencia de una"amenaza terrorista" (agresión terro-rista) no es excluyente de la existen-cia de un conflicto armado.

II. LOS ERRORES DELGOBIERNO URIBE ENTORNO AL DELITOPOLÍTICO

Quiero manifestar en primer lu-gar que la incoherencia y las contra-dicciones son propias de la naturale-za humana y que se evidencian, porsupuesto, en la administración públi-ca y en las otras ramas del poderdentro de un Estado. Al minimizar lascontradicciones en un discurso conrepercusiones tan amplias para todauna nación, estamos garantizando unmayor entendimiento y compren-sión sobre lo que se quiere transmi-tir por parte del gobierno. En otraspalabras, el fin que persigue el actualgobierno es loable, y no tiene ante-cedente histórico comparable enColombia; la voluntad del presiden-te es admirable, y la mayoría demiembros de su equipo de trabajoson estructurados académica yprofesionalmente. Pero, ¿en dóndereside el error? En el desconoci-miento del enemigo, lo cual lleva algobierno a estructurar políticas queparten de premisas inexactas y enalgunos casos erróneas.

¿Cuáles son las premisas erró-neas de las que ha partido el gobier-no actual?

13

REV

ISTA

DER

ECH

OS

Y V

ALO

RES


1. Pretender que el conflicto ar-mado existió en Colombia pero quepor obra y gracia de la caída del murode Berlín desapareció. Hipótesis"Gaviria."7 El desconocimiento delenemigo, principalmente de lasautodenominadas Farc y Eln, le haceobviar al gobierno hechos tan impor-tantes como la sexta y séptima con-ferencias de las Farc, ratificadas porla octava conferencia del grupo en1993, en donde corroboraron su ori-gen marxista - leninista línea Moscú,pero desde una perspectivabolivariana y nacionalista.8 Miremosaquí unos breves apartes del cursoMultimedia de ideologías de lasFarc:

"Por eso esta guerra ha asumi-do en la actualidad un genuino ca-rácter nacional, que necesariamen-te incorpora en la lucha armada re-volucionaria a las más amplias ma-sas de nuestro pueblo contra los so-portes militares del régimen.

Por eso, las FARC EP se hanconstituido como una organizaciónpolítico militar que recoge las ban-

deras bolivarianas y las tradicioneslibertarias de nuestro pueblo paraluchar por el poder y llevar a Colom-bia al ejercicio pleno de su sobera-nía nacional y a hacer vigente la so-beranía popular. Luchamos por elestablecimiento de un régimen polí-tico democrático que garantice la pazcon justicia social, el respeto de losDerechos Humanos y un desarrolloeconómico con bienestar para todosquienes vivimos en Colombia." 9

Lo que pretendo demostrar esque a las autodenominadas Farc y alEln poco les importó la desaparicióndel comunismo, la desaparición dela cortina de hierro o el fin de la UniónSoviética; como buenos herederosde Vo Nguyen Giap10 aprendieron aacomodarse a la situación, lo cual espermisible en una guerra popularprolongada.

2. Deslegitimar al adversario.Desconocer que las autodenomina-das Farc existen, que el Eln atacaindiscriminadamente la infraestructu-ra del país, que las Aui son un actorcon un poder desbordado, es otro

7 Gaviria Vélez José Obdulio. Sofismas del terrorismo en Colombia. Editorial Planeta. Bogotá 2005. Pág. 32. “Esa fuela situación hasta los albores de una década fundamental: la de los noventa del siglo XX. Porque desde 1989 y,particularmente en 1991, las cosas cambiaron diametralmente, en Colombia y en el mundo.” Nada más ajeno a larealidad colombiana.

8 Algo mucho más ligada a la perspectiva del M -19 y sus lineamientos cercanos a los Tupamaros y los Montoneros delsur del continente.

9 Curso multimedia de ideología de las Farc. Elaborado por el bloque occidental de las Farc. Encontrado en un campamentoa finales del año 2003.

1 0 General vietnamita quien junto con Ho Chi Min les infringieron a los franceses y americanos uno de los más durosreveses militares de la historia. Escribió “El ejército del pueblo” en donde describe la importancia de las masas para larevolución.

14

REV

ISTA

DER

ECH

OS

Y V

ALO

RES

error inmenso. Otro error muy fre-cuente es pensar que so pretexto dereconocer su existencia y su statusde contraparte, se las puede llegar atratar como beligerantes. Como biense sabe, esta figura del derecho pú-blico internacional se encuentra en lasala de cuidados intensivos, víctimade una enfermedad terminal y condébiles signos vítales. 11

Quiero destacar a esta alturaotra contradicción en el discurso delgobierno, esta vez a través de laspalabras del alto comisionado parala paz, palabras dirigidas a un selec-to auditorio dentro del marco de lafirma del convenio de cooperacióncon la Universidad Militar Nueva Gra-nada. Veamos:

"Quiero, en consecuencia, hacerreferencia a otros argumentos plan-teados por el gobierno. Al aceptar laexistencia de un conflicto armadointerno damos a los grupos arma-dos ilegales la condición de "partes",lo que legitima de hecho su uso dearmas y uniformes, así como la de-finición de blancos militares que noson otros que nuestros soldados ypolicías." (negrillas propias) 12

¿Quién ha dicho que con el he-cho de reconocer la existencia de lacontraparte (en este caso lasautodenominadas Farc, Eln y las Aui),

se las está legitimando para usar ar-mas y uniformes en contra de los mi-litares y policías como presuntos"blancos" (sic) militares? ¿Acaso el sta-tus internacional de combatiente pre-sume de suyo un aval para cometeractos de terrorismo y barbarie? Todolo contrario. El status de combatienteobliga moralmente y las condenasmorales a nivel internacional cercan,constriñen y limitan el accionar decualquier grupo que pretenda algúnreconocimiento, por mínimo que sea.

Partamos del pragmatismo tansocorrido últimamente y pensemosen la exigencia moral de los sujetosde derecho internacional frente a lasacciones terroristas de los grupos almargen de la ley en el marco de unconflicto armado; ¿no es mejor utili-zar las normas internacionales exis-tentes sobre conflictos armados nointernacionales en relación con elenemigo, que pretender simples re-proches de alguno que otro Estadofrente a las acciones de unos gruposque se comportan en muchas ocasio-nes como terroristas? En otras pala-bras, el ordenamiento internacionalhumanitario se aplica per se13, a losgrupos armados en Colombia. ¿Noes mejor entonces que dentro de esemarco acabemos políticamente alenemigo en el exterior? Y finalmen-te, asumamos por fin y de formaabierta que los derechos humanos

1 1 Si se desea ampliar se puede consultar la obra sobre el tema de Alejandro Ramelli Arteaga.

1 2 Discurso “Hacia una política de seguridad y paz”.

15

REV

ISTA

DER

ECH

OS

Y V

ALO

RES


son un arma de guerra; ¿cómo con-trarrestarla? Pues desde los mismosderechos humanos. Pienso que ha-cer lo contrario es un error políticode consecuencias incalculables. Aho-ra bien, no somos Inglaterra, ni so-mos España para andar atacando lanormatividad que nosotros libre-mente decidimos adoptar.14

Volvamos sobre las contradic-ciones del discurso del gobierno através del alto comisionado para lapaz; en el precitado pronunciamien-to realizado en el segundo coloquiode la Universidad Militar el funciona-rio utilizó veintisiete veces los térmi-nos "guerrilleros"15 y "guerrilla"16 parareferirse a las autodenominadas Farcy el Eln; aquí nos cabe una preguntaobvia: si en Colombia no hay conflic-to armado, y por ende no existen gue-rrilleros sino terroristas, ¿qué cohe-rencia conceptual tienen los pronun-ciamientos del alto comisionado?

Lo anterior no sería tan grave siel discurso del gobierno en torno ala inexistencia del conflicto no exigie-ra precisión conceptual a nivel nacio-nal y sobre todo a nivel internacio-nal17, cuando el ejemplo no se estádando en casa. Con un ejemplo sepuede ver claramente cómo se sus-tenta mi afirmación:

"Creo que gran parte de las difi-cultades heredadas, que este gobier-no ha enfrentado con decisión, tienenque ver con abordajes conceptualesque terminan propinando políticascostosas para quienes estamos inte-resados en fortalecer las institucionesdemocráticas. Podemos decir sin te-mor a equivocarnos, que existe unaespecie de "guerra de los conceptos",que en principio debería adelantarseen un plano teórico y civil entre ciu-dadanos desarmados, pero que ine-vitablemente incide en el campo delas fuerzas enfrentadas, involucrando

1 3 “La obligatoriedad del derecho internacional humanitario se impone a todas las partes que participen en un conflictoarmado, y no sólo a las Fuerzas Armadas de aquellos Estados que hayan ratificado los respectivos tratados. No es pueslegítimo que un actor armado irregular, o una fuerza armada estatal, consideren que no tienen que respetar en unconflicto armado las normas mínimas de humanidad, por no haber suscrito estos actores los convenios internacionalesrespectivos, puesto que la fuerza normativa del derecho internacional humanitario deriva de la universal aceptación desus contenidos normativos por los pueblos civilizados y de la evidencia de los valores de humanidad que estosinstrumentos internacionales recogen. Todos los actores armados, estatales o no estatales, están entonces obligados arespetar estas normas que consagran aquellos principios mínimos de humanidad que no pueden ser derogados ni siquieraen las peores situaciones de conflicto armado.” Sentencia C- 225 de 1995.

1 4 Luego de mucho tiempo el Estado Colombiano por fin decidió introducir el Protocolo II de Ginebra, adicional a loscuatro convenios del 12 de agosto del año 1949, ley 171 de 1994, declarada exequible por la sentencia C – 225 de1995. M.P. Alejandro Martínez Caballero.

1 5 15 veces utilizó el término.

1 6 12 veces utilizó este término.

1 7 Hemos visto cómo el gobierno en un inexplicable pronunciamiento les exigió a los cooperantes internacionales através de una circular circunscribirse a utilizar un lenguaje afín a lo que está sucediendo en el país. Acnur se encuentraestudiando su salida del país por tal exigencia. www.eltiempo.com

16

REV

ISTA

DER

ECH

OS

Y V

ALO

RES

los intereses tanto de las fuerzas ar-madas institucionales como de losgrupos armados ilegales." 18

La guerra desde el aspecto pu-ramente militar puede que se ganedeslegitimando al adversario o ene-migo, utilizando una estrategiacontrarrevolucionaria y unas tácticasque partan de la combinación de to-das las formas de lucha (que sean le-gales);19 pero la paz no se alcanza sinoen una mesa de negociación en don-de en verdad la peor estrategia esdesconocer a quien está sirviendo decontraparte. Lo anterior viola todoslos principios de negociación.20

El argumento utilizado por elgobierno, según el cual otorgándo-les a las autodenominadas Farc, Eln

y Aui, la calidad de parte, se estaríacolocando al pueblo en posición deuna presunta neutralidad frente a lasfuerzas armadas del Estado, no esaceptable21. Veamos por qué:

1. El título II de la Constitución Políti-ca de Colombia en su capítulo Vestablece los deberes constitucio-nales de todos los colombianos;uno de esos deberes secircunscribe a colaborar con lasautoridades legítimamente cons-tituidas. "… 3. "respetar y apoyara las autoridades democráticas le-gítimamente constituidas paramantener la independencia y laintegridad nacionales". 22

2. Por otro lado, el título primero dela carta magna, atinente a los prin-

18 Palabras del doctor Luis Carlos Restrepo en el segundo coloquio de la Universidad Militar.www.altocomisionadoparalapaz.gov.co

1 9 Aspecto que para nada lo han tenido claro los gobiernos colombianos, incluyendo al del doctor Uribe que tiene algunasactuaciones intuitivas pero no sustentadas en fundamentos académicos, sobre todo por la falta de preparación demuchos de los asesores del ministerio de defensa

2 0 Para ampliar sobre el tema. Fisas Vicenc. Procesos de paz y negociación en conflictos armados. Editorial Paidos. SerieEstado y sociedad. Número 119. Barcelona España. Año 2004. igualmente Sáez Ortega Pedro. Guerra y paz en elcomienzo del siglo XXI. Una guía de emergencia para comprender los conflictos del presente. Centro de investigaciónpara la paz. Madrid España noviembre de 2002.

2 1 Sostiene el alto comisionado para la paz: “Es interesante observar cómo grupos pacifistas radicales o activistas deizquierda que se inclinan por una posición antiestatal, insisten en llamar por igual a los guerrilleros, autodefensas ymiembros de la Fuerza Pública Colombiana, “actores del conflicto”, tratándolos como partes equiparables, frente a lascuales los ciudadanos se pueden declarar neutrales. La postura extrema de los activistas que defienden a la Comunidadde Paz de San José de Apartadó, o las voces que se han levantado para pedir que la Fuerza Pública salga del cascourbano de Toribio para que las FARC cesen en sus ataques terroristas, son producto de este equívoco, que traslada elconcepto de “neutralidad profesional” propio de CICR o la Cruz Roja nacional, al campo de la neutralidad política. Poresta vía, por supuesto, se llega al exabrupto defendido por algunos grupos de derechos humanos que consideran lacolaboración ciudadana con la Fuerza Pública como una “vinculación de los civiles al conflicto”, por lo que el gobiernoestaría violando la normatividad humanitaria al llamar a los ciudadanos a cumplir con el deber de informar a lasautoridades legítimas sobre los riesgos que perciben en su entorno. Los civiles en Colombia no están cómodamentesentados viendo un partido de fútbol entre las fuerzas del estado y los terroristas, sino que están vinculados por estos,de la peor forma: como víctimas.”

2 2 Constitución Política de Colombia. Editorial Legis. Colección códigos básicos.

17

REV

ISTA

DER

ECH

OS

Y V

ALO

RES


cipios constitucionales, sostieneen su inciso segundo: "las autori-dades de la república están insti-tuidas para proteger a todas laspersonas en Colombia, en su vida,honra, bienes, creencias y demásderechos y libertades, y para ase-gurar el cumplimiento de los de-beres sociales del Estado y de losparticulares. En mi sentir, aquí seplantea como principio constitu-cional el apoyo irrestricto de lasautoridades para que los particu-lares (el pueblo), puedan cumplircon sus deberes y obligaciones,entre ellos colaborar activamenteen la recuperación del orden pú-blico. En consecuencia, la pobla-ción civil no es neutral, no puedeserlo constitucionalmente; porotro lado, el pueblo jamás puedeser tenido como neutral por unasencilla razón: lo más granado, lomás selecto, lo mejor del pueblocolombiano hace parte de la fuer-za pública. Nuestros soldados ypolicías son el mismo pueblo. Coneste argumento acabamos por finen Colombia la famosa trilogía deCarl Von Clausewitz, según la cuallas guerras se ganan con la siner-gia (término propio) entre el go-bierno, el pueblo y las fuerzas ar-madas. Este brillante teórico dela guerra, ideólogo de NapoleónBonaparte, sirvió y sirve de funda-mento a las teorías marxistasleninistas, trotskistas, maoístas,castristas y guevaristas sobre laimportancia del pueblo (la masa)en una guerra revolucionaria.

3. El artículo cuarto de la constituciónindica en su inciso segundo y tam-bién como principio constitucionalque es un deber de los nacionalesy extranjeros en Colombia el aca-tar el ordenamiento jurídico y"obedecer a las autoridades".

4. De esa forma el deber del puebloen relación con un conflicto arma-do es el de colaborar, ser ojos yoídos de lo que pasa en los cam-pos y ciudades; el incumplimien-to de este deber acarrea las san-ciones previstas en las normas co-lombianas, siguiendo loslineamientos del artículo sexto dela constitución política que previe-ne: " Los particulares sólo son res-ponsables ante las autoridadespor infringir la constitución y lasleyes…" aquí reside el fundamen-to constitucional de la red decooperantes, red integrada por elpueblo, sin que se viole en ningúnmomento el principio de neutrali-dad, el de distinción, u otros quepudieran esgrimirse por lasparcializadas organizaciones nogubernamentales defensoras delos derechos humanos. Por otrolado, existe un fenómeno respal-dado por las mismas ONG, que ensano criterio demuestra una vezmás mi hipótesis: se trata de lossistemas de alerta tempranaimplementados por la defensoríadel pueblo a través de la ayudaprestada por MSD y USAID; puesbien, las alertas podrían hacernoscreer que la neutralidad del pue-

18

REV

ISTA

DER

ECH

OS

Y V

ALO

RES

blo se ha perdido a favor del ac-cionar enemigo, pero no hay tal.En conclusión, la interpretaciónfrente a la neutralidad es indivisi-ble, es decir, para efectos del go-bierno debe entenderse la ayudadel pueblo frente al accionar ene-migo como un deber constitucio-nal; para las ONG las alertas tem-pranas también se constituyen enun deber del pueblo frente a lasautoridades, así el enfoque queestas organizaciones les den, deacuerdo con sus bajos propósi-tos, sea muy distinto.

De esa manera estamos observan-do cómo el gobierno tiene dificul-tades conceptuales graves; que sudiscurso en realidad se aleja de lacoherencia conceptual que exigea organismos nacionales e interna-cionales y que igualmente se ob-via la importancia de reconocer aun adversario que evidentemen-te ha vivido y operado en Colom-bia por más de cuarenta años.

3. Pretender indicar que Co-lombia es una democracia profun-da comparable con las europeas.

Uno de los errores más conno-tados del gobierno en relación conel debate propuesto sobre el delitopolítico es el relacionado con el tipo

de democracia que tiene Colombia.El argumento más socorrido por laclase dirigente en Colombia y poruno que otro mandatario en el exte-rior, es el de indicar que somos lasegunda democracia más antigua delhemisferio. La pregunta es contun-dente: ¿a qué costo hemos mante-nido una democracia como la colom-biana? Creo que a un precio dema-siado elevado. Veamos por qué:

a. Colombia es uno de los países conmás altas tasas de corrupción.23

b. Además de mantener la democra-cia Colombiana, hemos padecidodesde nuestra independencia unosniveles de violencia política intole-rables. Basta ver el número de gue-rras civiles, conflictos armados yconstituciones políticas en apenas186 años de vida republicana.

c. Los niveles de pobreza colombia-nos sólo son comparables enSuramérica con los del Brasil.

d. La deserción escolar es abismal lomismo que la deserción universi-taria que bordea el 50%, de acuer-do con estadísticas recientes. 24

e. A pesar de la existencia de unademocracia participativa (expre-sión tautológica), el nivel de parti-cipación real del pueblo a través

2 3 Para mayor ampliación, consultar mi artículo La corrupción empresarial, políticas de prevención. II jornada contrael terrorismo y la violencia. Publicado en Derechos y Valores de la UMNG. Año 2004. Igualmente, consultar elPrograma anticorrupción del gobierno.

2 4 www.eltiempo.com

19

REV

ISTA

DER

ECH

OS

Y V

ALO

RES


de los mecanismos constituciona-les y legales es muy bajo. 25

f. Colombia sigue siendo un Estadoen donde unos pocos controlan latierra y los medios de producción.Ahora nuestros grandes terrate-nientes son precisamente lasautodenominadas Farc y las Aui.

Pero entonces, ¿qué tipo dedemocracia tiene Colombia?

A pesar de que muchos consi-deran que la tradición democráticade Colombia es un buen indicador,otros creemos todo lo contrario. Enverdad, el pueblo colombiano se haacostumbrado a vivir entrecorruptos, a repartir el poder entreunos cuantos, ya sea en la legalidady también claro está, desde la ilegali-dad. En el caso colombiano la demo-cracia es una excusa que sirve paralos más disímiles propósitos. Tome-mos tan sólo un indicador para verel nivel de participación del puebloen la construcción del contrato socialdel 4 de julio de 1991: inferior a tresmillones de ciudadanos.

Las teorías modernas sobre lademocracia liberal sostienen que éstahace referencia a un sistema políticobasado en el poder popular (ya aquínos estamos desviando del concep-

to) en el sentido de que la titularidaddel poder pertenece al demos26,mientras que el ejercicio es confiadoa representantes periódicamente ele-gidos por el pueblo.27 El poder delpueblo, en consecuencia, debe serreal, efectivo, asequible,y no simple-mente formal o retórico. En AméricaLatina estamos hasta ahora en el pro-ceso de comprensión sobre el poderque tiene el pueblo y cómo se con-vierte a través de su soberanía en lí-mite del propio poder público.

Los lineamientos de una demo-cracia restringida de Schumpeter28

deben ser superados en paísescomo Colombia para acceder a unademocracia plena y en constanteprofundización; no profunda, térmi-no que para el ethos social se antojacomo una limitante. En otros térmi-nos, una democracia profunda noexiste por una sencilla razón: el pue-blo cambia constantemente, evolu-ciona, se encuentra en continuo mo-vimiento.

Por otro lado, encontramos aRobert Dahl como el autor más re-presentativo de la teoría pluralista dela democracia, que indica que ésta esun ideal imposible de realizar en lapráctica, por lo que deberíamos des-cartar el término "democracias rea-

2 5 No obstante existir la ley 134 de 1994, el pueblo en general desconoce los mecanismos de control del poder

2 6 Pueblo

2 7 Iriarte Alicia y otros. Democracia y ciudadanía. Reflexiones sobre la democracia y los procesos de democratización enAmérica Latina. Pág. 1. www.democracia.com

2 8 Schumpeter, J. Capitalismo, socialismo y democracia. Editorial folio, Barcelona. 1964.

20

REV

ISTA

DER

ECH

OS

Y V

ALO

RES

les".29 Dahl sostiene que lo que enverdad existe son unas prácticas rea-les o poliarquías, es decir combina-ciones de liderazgo con algún tipode control de los no líderes sobre loslíderes.

Una tercera visión de la demo-cracia, seguida principalmente porBachrach, Macpherson y Pateman,critica el elitismo y pone principalatención al término participacióncomo valor principal para limitar lastendencias oligárquicas. Estos auto-res afirman que la poca participacióny la desigualdad social están íntima-mente ligadas; para que haya unasociedad más equitativa se requiereun sistema más participativo. De esaforma la democracia participativa esesencial en la base de una pirámide,mientras que a medida que se esca-lan sus niveles, se va tendiendo ha-cia la democracia representativa.30

Si bien las democraciassuramericanas se entronizaron en ladécada de los ochenta, a través delos cambios que propiciaron la caí-da de los últimos regímenes milita-res, la situación de Colombia fueatípica respecto a la transición dicta-dura - democracia. Como nos es co-nocido, luego de la caída del tenien-

te general Rojas Pinilla el 10 de mayodel año 1957 y la llegada de la juntamilitar de gobierno que determinólos derroteros de la "transición" ha-cía la democracia, Colombia padeciólos terribles efectos de la concentra-ción del poder en manos de los libe-rales y conservadores, que de pasarde enemigos acérrimos se convirtie-ron en aliados sospechosos, en cóm-plices inmorales de un sistema queaparentaba ser democrático, peroque en realidad nunca lo fue. El fren-te nacional se constituye en la princi-pal causa del conflicto social y arma-do que estamos hoy viviendo.31 Porlo anterior, la transición en Colombiahacía una verdadera democracia tar-dó algo más de 30 años. Es decir,hasta el advenimiento de la Consti-tución de 1991. Un indicador cono-cido por todos nos puede ayudar acomprender el fenómeno: casi du-rante todo el período comprendidoentre los años 1958 y 1990 estuvi-mos bajo el estado de sitio.

Considero, en consecuencia,que luego de 14 años de lapromulgación de la nueva carta mag-na, sólo ahora estamos en un verda-dero proceso de consolidación de-mocrática. Parto de una premisa quepuede ser, si se quiere, académica-

2 9 Op.cit. Pág. 2

3 0 Mcpherson C.B., la democracia liberal y su época. Editorial Alianza. Buenos Aires. Argentina 1991. Pág. 31 y ss.

3 1 Además no permitió pasar a una etapa de posconflicto en relación con la situación vivida desde finales de la década delos cuarenta con la muerte del líder liberal Jorge Eliécer Gaitan. Por tanto el conflicto en verdad nunca se solucionodesde su causa primigenia. Lo que hoy estamos viviendo en un nuevo ciclo de violencia que presenta identidad con elanterior; lo mismo sucedió a lo largo del siglo XIX.

21

REV

ISTA

DER

ECH

OS

Y V

ALO

RES


mente debatida y es que la transiciónen Colombia no se dio sino con laconstitución política de 1991.

Guillermo O'donnell 32 identifi-ca dos momentos dentro del proce-so de construcción de regímenes de-mocráticos. Por un lado indica queexistirá una primera transición quecomprenderá el período que se ex-tiende desde el inicio de la descom-posición del régimen autoritario has-ta la instalación de un gobierno de-mocrático. (Esta primera transición latuvimos entre 1957 y 1958, cuandoasume el poder el liberal AlbertoLleras Camargo); y se presenta unsegundo momento de transición,que corresponderá al momento enel que el gobierno elegido democrá-ticamente se convierte en realidaden un régimen democrático. Esta se-gunda transición que O'donnell con-sidera consolidación, se presentó enColombia insisto, con lapromulgación de la Constitución Po-lítica de 1991, que previno en su artí-culo tercero que la soberanía resideen el pueblo y no en la nación; queademás el pueblo la ejerce directa-mente o a través de sus representan-tes. Ahora bien, personalmente tam-bién creo que el camino de la conso-lidación de la democracia formal enColombia apenas comenzó en el año

1994 con la promulgación de la ley134 que vino a reglamentar los me-canismos de participación ciudada-na; mecanismos que a estas alturas,en pleno año 2005, se antojan toda-vía desconocidos por la mayoría delpueblo; lo más grave es que el artí-culo 41 de la constitución política deColombia sostiene de forma prísti-na que es un derecho fundamentalde los colombianos la educaciónconstitucional y la enseñanza cívica.33

Al anterior argumento se leagrega uno totalmente preocupantey que ya fue mencionado, pero quevale la pena nuevamente traer: el altoíndice de deserción estudiantil entodos los niveles y una inadecuadapolítica de implementación del dere-cho fundamental previsto en el artí-culo 41 de la constitución política. Entérminos pragmáticos como le gus-ta al actual gobierno, nos estamosquedando con una democracia retó-rica, excelente para los discursos,pero con una consolidación de laexpresión del poder del pueblo muybaja. Por eso el argumento según elcual en una democracia como la co-lombiana, con un evidente conflictosocial,34 los mecanismos democrá-ticos existen para solventarlo, es unareal mentira.

3 2 O’donnell G. apuntes para una teoría del Estado. Documentos Cedes – FLACSO N° 9 Buenos Aires Argentina. 1997.igualmente en transiciones desde un gobierno autoritario. Editorial Paidos. Buenos Aires. Argentina. 1991.

3 3 Art. 41 C.P. “En todas las instituciones de educación, oficiales o privadas, serán obligatorios el estudio de la constitucióny la instrucción cívica. Así mismo, se fomentarán prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios yvalores de la participación ciudadana. El estado divulgará la constitución”. Concuerda este artículo con la ley 24 de1992, la ley 107 y la ley 115 de 1994.

3 4 Reconocido por el mismo gobierno.

22

REV

ISTA

DER

ECH

OS

Y V

ALO

RES

Entonces, ¿qué existe en Co-lombia? Para mí existe una demo-cracia mínima, en palabras deNorberto Bobbio; este tipo de de-mocracia está definida como un con-junto de reglas que:

1. Expresan quién está a cargo y au-torizado para tomar las decisionescolectivas.

2. Bajo qué procedimientos.

Es decir, si hay reglas capacesde garantizar efectivamente los ante-riores presupuestos, existirá en con-secuencia una democracia.

Además, la democracia mínimadebe contar con unos supuestos bá-sicos, a saber:

a. La participación política del mayornúmero de gente interesada enhacer actos de presencia en la vidapolítica.

b. La regla de la mayoría, es decir,tomar como criterio central paralas decisiones políticas la decisiónde la mayoría.

c. Derechos de comunicación usua-les, con lo cual se logra la selec-ción entre diferentes élites y pro-gramas políticos;

d. La protección permanente de laesfera pública. 35

Por otro lado, Bobbio es un fir-me defensor del marco legal quedebe acompañar al sistema demo-crático. El marco legal permite neu-tralizar, de acuerdo con el autor, "ladiscrecionalidad de los caudillismoscarismáticos, los autoritarismos ocualquier forma que se presentecomo novedosa pero que coarte li-bertades. Así, la principal función dela democracia mínima es la de ase-gurar la libertad de los ciudadanosfrente a algunos fenómenos de pre-potencia del Estado." Fenómenosque se antojan normales de acuerdocon la estancia de evolución en la quese encuentre una nación y su demo-cracia. Piénsense en el caso nuestrolas actitudes de un gobierno comoel actual que argumenta que la demo-cracia es profunda por un lado, peroenvía señales demasiado confusashacía el exterior, como la de expedircirculares con carácter internacional,exigiendo una precisión conceptuala los cooperantes en relación con lasituación de violencia en el país. Co-lombia tiene una democracia mínima,ni más ni menos, a pesar de que enalgunos momentos presente nivelesque puedan hacer presumir que taletapa se ha superado. Vuelvo e insis-to en que esto es normal en una re-pública joven como Colombia; lo pre-ocupante es pretender asimilarnos aalgunas democracias europeas.

3 5 Op.cit. Pág. 7

23

REV

ISTA

DER

ECH

OS

Y V

ALO

RES


Finalmente, Bobbio en su obrase preocupa por el poder invisibledel Estado, que gobierna más allá dela voluntad popular. "La opacidad dela información que circula referida alas compras y contrataciones del Es-tado, las decisiones que se toman yno se publican, las prebendas, laspresiones y mecanismos cliente-lares, la fuerza de las corporacionesy los lobbistas, pueden debilitar a ungobierno democrático hasta tornar-lo como representativo del interésgeneral".36 Quiero aclarar que Bobbiono vivió en Colombia y que cualquierparecido con la realidad que vivimoses mera coincidencia. (aclaro que nome refiero al gobierno actual, sino atodos los que lo antecedieron.)

La posición de Bobbio me llevaa sostener que desde la situación co-lombiana la democracia puede llegara entronizarse como simple discursoelectoral y oportunista; la captura delEstado, teoría que he venido trabajan-do para tratar de conceptuar las ame-nazas que se yerguen sobre Colom-bia, podría arrojarnos a una conclu-sión que el gobierno parece intuirpero a través de otras premisas; Co-lombia tiene una democracia amena-zada; en otras palabras, Colombia tie-ne una democracia mínima amenaza-

da. Y así, ¿cómo es posible que pre-tendamos insinuar que Colombia tie-ne una democracia profunda o enconsolidación? La respuesta quedapara la reflexión del lector.

Quiero rematar este acápite ci-tando a O'Donnell nuevamente paraque tratemos de mirar desde un au-tor foráneo algunos aspectos quepueden servirnos para evitar mayo-res trastornos democráticos. Elpluricitado autor indica:

"En las democracias delegativasexistirá una tendencia del electoradoa votar por lideres que asumen el rolde "salvadores de la patria" en esce-narios de crisis. Estas democracias secaracterizan por elegir líderes provi-denciales que los releven de sus res-ponsabilidades frente a situacionescríticas. Una de las diferencias con lasdemocracias liberales es el incremen-to de los componentes caudillistas,plebiscitarios y no institucionales.Este concepto ha sido utilizado pre-ferentemente para la caracterizaciónde la democracia en Argentina y enPerú de los años noventa." 37

De esa guisa, estamos en pala-bras de Sartori y para el caso colom-biano en una democracia confusa;

3 6 op.cit. pág. 8

3 7 Op.cit. En el mismo sentido precisa que un rasgo particular de los estados de estas nuevas democracias se presenta enla combinación de elementos democráticos y autoritarios. La crisis del Estado en tanto representación de la legalidady la consecuente incapacidad de hacerla cumplir en forma efectiva, lleva a la construcción de una democracia con unaciudadanía de “baja intensidad”. Se respetan los derechos participativos y democráticos de las poliarquías, pero se violael componente liberal de las democracias. Una situación en la que se vota con libertad y hay transparencia en el conteode los votos (esto ni siquiera se ha podido consolidar en Colombia), pero en la que no existe un trato correcto de lasautoridades policiales, ni indicadores altos de justicia.

24

REV

ISTA

DER

ECH

OS

Y V

ALO

RES

esto mismo sucede enLatinoamérica. La pregunta es:¿cuánta democracia tenemos, par-tiendo de la ya comprobada premi-sa de que somos una democraciamínima en la práctica y una democra-cia en consolidación en lo teórico?

III. EL DELITO POLÍTICOEN COLOMBIA Y SUSVICISITUDES

El delito político en Colombiaes una realidad que nos acompañadesde la Constitución de 1821; a pe-sar de que es una institución jurídicadecimonónica en nuestro país, deque las dificultades para definirla sub-sisten, de que tantos inconvenientesgenera al momento de fijarle sus lí-mites, la doctrina y la jurisprudencia,así como los instrumentos interna-cionales que hacen parte de lanormatividad colombiana se han en-cargado de enmarcarla de acuerdocon nuestra evolución histórica,nuestra realidad diaria y sobre todocon nuestras necesidades. Por todolo anterior, volver a creer que Co-lombia es Dinamarca y olvidar quevivimos en Cundinamarca, es un des-propósito de marca mayor.

El gobierno ha abierto un deba-te académico interesante, pero que

se torna demasiado confuso améndel lenguaje utilizado, de la indebidautilización de conceptos básicos dela dogmática jurídico penal, de ungalimatías de propósitos y en fin, dela falta de coherencia entre los me-dios y los fines propuestos. Veamospor qué:

A. La eliminación del delito po-lítico. En primer lugar el gobierno vie-ne planteando la eliminación en laConstitución Política del delito polí-tico. Por otro lado busca que seapruebe una ley que contenga un tipoespecial de sedición cometido porlos mal llamados gruposparamilitares.38

Luego indica que el delito po-lítico debe desaparecer en lo cons-titucional pero prevalecer en lo le-gal; en otras palabras, que no debeexistir un marco constitucional debeneficios para este tipo de conduc-tas. Y aquí surge una pregunta ¿yqué hacemos con las normas inter-nacionales que hemos aprobado yratificado y que hacen parte del blo-que de constitucionalidad del artícu-lo 93?39

En tercer lugar se previene queel marco normativo debe ser transi-torio, es decir, dentro de una leycomo la 782, que amplió y modificó

3 8 El artículo 64 del proyecto de justicia, verdad y reparación revivido, pretende en su inciso segundo ampliar el marcode la sedición a los mal llamados paramilitares. “Adiciónese al artículo 468 del código penal un inciso del siguientetenor: “También incurrirá en el delito de sedición quien conforme o haga parte de grupos de autodefensas cuyoaccionar interfiera con el normal funcionamiento del orden constitucional y legal. En este caso la pena será la mismaprevista en el delito de rebelión”.

3 9 Específicamente, la declaración americana de derechos humanos. Ley 16 de 1972.

25

REV

ISTA

DER

ECH

OS

Y V

ALO

RES


la ley 418 de 1997, que a su vez ha-bía sido reformada por la ley 548 de1999.

Como si fuera poco se indicaque en Colombia actualmente ningu-na conducta delictiva puede seraceptada, amén de la existencia deuna "democracia en profundización",como política, ya que en nuestra de-mocracia la solución de los conflic-tos sociales se puede dar por los cau-ces participativos. En consecuencia,la rebelión, la sedición y la asonadahan perdido su razón de ser.

El ingrediente subjetivo del de-lito político ha desaparecido en Co-lombia porque todas las acciones delas autodenominadas Farc y el Elnson terroristas.

Pero en otras oportunidades elgobierno no ha dicho que sea nece-sario eliminar el delito político, sinoque ha indicado que se deberedefinir; así mismo lo sostienen al-gunos tratadistas gobiernistas comoEduardo Posada Carbó.

Veamos qué ha dicho por ejem-plo el alto comisionado para la pazen recientes intervenciones y lo con-tradictorio de su afirmación:

"Esto tuvo una consecuenciaadicional muy interesante que tie-ne que ver con lareconceptualización del delito polí-

tico. El delito político tradicional-mente ha sido considerado comoun delito altruista. En nuestro con-cepto eso es anacrónico. Es anacró-nico decir que alguien mata porideales altruistas, que alguien se-cuestra por ideales altruistas, quealguien destruye poblados porideales altruistas. Eso hace parte deuna tradición liberal que yo creo lehizo bastante daño al siglo XX. Elsiglo XX es el siglo de los delincuen-tes políticos y de los grandes delin-cuentes políticos, Hitler y Stalin a lacabeza. Los más grandesgenocidios de la humanidad se hancometido por ideales políticos. Notiene sentido seguir justificando elcrimen por un ideal; al revés, yo creoque es doblemente culpable quiencomete un delito en nombre de unideal, porque se supone que es unapersona pensante, estructurada,que no actúa espontánea oirracionalmente. Está bien el delitocometido por alguien que en esta-do de ignorancia o de embriaguez,asesina a otro, pero quien delibera-da y conscientemente comete undelito, provoca daño a la sociedadpara modificar el orden político, yocreo que debe ser doblemente cul-pable." 40

Como se puede observar sinmayor esfuerzo el alto comisionadoen su discurso en la universidad cen-tral pretende acabar en Colombia

4 0 Discurso del alto comisionado para la paz en la Universidad central. www.altocomisionadoparalapaz.gov.co

26

REV

ISTA

DER

ECH

OS

Y V

ALO

RES

definitivamente con el delito políticopartiendo de la concepción subjeti-va del concepto. Es decir, el fin al-truista del delincuente político. En sucriterio este altruismo ha desapare-cido en el mundo.

No obstante, en el mismo dis-curso el doctor Restrepo brindó,frente al delito político, otro concep-to que empieza a enredar las cosas;veamos:

"Por la propia realidad que havivido Colombia, de estar expuestaa estos grupos armados ilegales,creemos todavía que ese delito con-tra el régimen constitucional y legal,es decir, delito de rebelión o delitode sedición, debe recibir un tipo debeneficio judicial expedito que nospermita, en caso de que estas per-sonas muestren buena voluntad yarrepentimiento, su reincorpora-ción a la civilidad."(Negrillas propias

"Pero ahí viene lo segundo. Te-nemos que delimitar de manera es-tricta el ámbito del delito político."

Si mal no entiendo y el castella-no no ha cambiado, el alto comisio-nado para la paz en el mismo discur-so pretende indicar que el delito po-lítico tiene que desaparecer, pero arenglón seguido lo que parece sos-tener es que debe delimitarse aúnmás; buen ejemplo de la limitacióndel delito político en Colombia lo te-nemos en la sentencia de la corteConstitucional C - 456 de 1997, cuyosalvamento de voto fue realizado porel actual senador Carlos Gaviria.

Más adelante nuevamente eldoctor Restrepo vuelve a insistir enla desaparición del delito político enColombia cuando sostiene:

"Hablando con el señor Presi-dente de la República y tomado (sic)la decisión de estudiar con toda laseriedad del caso presentar al Con-greso de la República una iniciativapara reformar la Constitución Polí-tica de Colombia y acabar con el de-lito político." (Negrillas propias)

Saquemos algunas conclusio-nes que nos podrían servir para vercuál es la finalidad del actual gobier-no respecto del delito político:

1. El gobierno pretende acabar conel delito político a nivel constitu-cional.

2. El gobierno pretende mantener anivel legal el delito político.

3. El delito político deberá existiren Colombia transitoriamentemientras sirva para procesos se-rios de paz.

4. Se debe mantener la asonada yla rebelión en el código penalpero con una nueva perspectivaque no sea la de delito políticocomo tal.

5. La premisa del gobierno es ob-viar el aspecto subjetivo y al-truista del delito político y privi-legiar el objetivo, definido en laley de la siguiente forma: delitos

27

REV

ISTA

DER

ECH

OS

Y V

ALO

RES


que atenten contra el régimenconstitucional y político del Es-tado" por el actual de "delitospolíticos". En otras palabrastipificarlos de acuerdo con elbien jurídicamente tutelado ac-tualmente.

6. Los beneficios se otorgaran sintener en cuenta que se trata dedelitos políticos.

7. La extradición dependerá exclu-sivamente del ejecutivo, ya quedesaparece la previsión del ar-tículo 35 de la Constitución Po-lítica.

8. La ley 782 que modificó a la ley418 de 1997, arregló el entuertode negociar con grupos que pre-viamente tuvieran un reconoci-miento político por parte del go-bierno. En otras palabras la nue-va ley permite negociar con gru-pos terroristas…

Quiero resaltar que la finalidaddel gobierno es altamente creativa,pero igualmente inconveniente, co-yuntural y totalmente desligada dela teoría del poder frente a la cualen el Estado liberal surgió la teoríadel delito político; esta posición enun futuro cercano y sustentado enhechos verificables en el ámbito deSuramérica nos podría llevar a con-siderar con facilidad la extradicióno entrega de nuestros militares ypolicías a estados o tribunales quelos consideren culpables de hechos

constitutivos de genocidio y críme-nes de lesa humanidad.

Pero todo se embrolla máscuando el alto comisionado en dis-curso ante el congreso de la Repú-blica de Colombia pronunciado eldía 18 de mayo de este año y enrelación con la sedición previstapara los mal llamados paramilitaressostiene, en relación con el delitopolítico:

"Nosotros estamos completa-mente de acuerdo con que el ám-bito del delito político sea restrin-gido simple y llanamente al delitocontra el orden constitucional y le-gal. Eso nos da una enorme segu-ridad. Creemos que es una puertagenerosa que tiene que dejar abier-ta el Estado, dada la realidad socio-lógica por la que atraviesa la Naciónde esta violencia crónica.

"Son muchas las personas,muchos los jóvenes que por igno-rancia -la mayoría de las veces- sehan visto involucrados en estosgrupos armados ilegales. Que noson responsables de delito dife-rente a la conformación de estosgrupos al porte ilegal de armas yal porte de prendas privativas delas fuerzas armadas, y creemosque frente a esas personas hayque mantener esa actitud genero-sa y facilitar su rápida reincorpora-ción." 41

4 1 www.altocomisionadoparalapaz.gov.co

28

REV

ISTA

DER

ECH

OS

Y V

ALO

RES

Frente a lo anterior quiero indi-car que más allá de la incoherenciadel gobierno, lo expresado por el altocomisionado en el congreso y aquíreseñado congloba un pensamientopropio de una verdadera democra-cia que tiende a la búsqueda de unposicionamiento real no teórico; unademocracia que comienza un verda-dero camino de consolidación. Esloable lo que aquí se indica frente atodas aquellas personas que están enla guerrilla y en los grupos de defen-sa civil ilegales42 y que no realizan ac-tos de barbarie, terrorismo o cruel-dad, ya que se garantiza la visión deun Estado social de derecho43 y seajusta a una realidad en donde noestamos preparados todavía paraeliminar el delito político. Qué lasti-ma que la falta de claridad concep-tual enrede tanto a ciertos funciona-rios del actual gobierno.

De esa forma frente al delitopolítico en Colombia debe entender-se que en las circunstancias actualesdel país, el debate se debe dar des-

de una perspectiva global y visiona-ria; razonada seriamente y no en for-ma sesgada y coyuntural, con el finde argumentar la inexistencia de unconflicto armado.

B. La eliminación del delitopolítico y las posibles consecuenciaspara el ente castrense.

Ahora bien, se hace de igualmanera imperativo tener presentesotras aristas que dificultan académi-ca y políticamente la desaparición enColombia del delito político, lo quenos lleva al tema de la juridicidad enrelación con la conveniencia.

La combinación de formas delucha empleada por el enemigo,principalmente en lo que se relacionacon la guerra jurídica 44 y la guerrajudicial45 tiene unas implicacionesrealmente graves, las cuales no hansido estudiadas a fondo. (la verdadni siquiera ha sido evidenciada) laposibilidad de una izquierdademocrática en el poder es cada díauna hipótesis más cercana, así elgobierno se empeñe por un lado endesconocer una realidad imperante

4 2 Término utilizado y aceptado por la ONU

4 3 Artículo primero de la Constitución Política de 1991.

4 4 Se entiende por guerra jurídica la utilización de la normatividad de un Estado o la de la comunidad internacional conel fin de obtener victorias psicológicas sobre el enemigo. La guerra jurídica plantea la penetración o infiltración en loscentros de producción normativa; verbigracia en el legislativo, en la administración pública y en la rama judicial.Igualmente existirá guerra jurídica a través de los órganos de control. La guerra jurídica dentro del ámbito de la luchapopular prolongada ha evolucionado en su definición lo que ha permitido separarla de la guerra política de la que sehablaba en los años cincuenta. La guerra jurídica permite crear un marco normativo que sirva para los propósitos delenemigo; en este tipo de guerra se persigue en primer momento brindar a los capturados por delitos políticos y conexostoda una serie de garantías inimaginables dentro de un conflicto armado; se persigue dejar sin piso todas las medidasexcepcionales so pretexto de una sistemática violación a los derechos humanos; se busca desprestigiar a los organismosde seguridad del Estado a fin de maniatarlos frente a las operaciones.

29

REV

ISTA

DER

ECH

OS

Y V

ALO

RES


en Suramérica y por el otro ladoreconozca, a través de susfuncionarios, que "somos tandemocráticos" que el segundo cargoen importancia en el país lo tiene laizquierda46. Otra de esascontradicciones conceptuales quenadie entiende.

Lo cierto es que podemos ver-nos abocados a un cambio en el po-der y al advenimiento de un gobier-no de izquierda en Colombia. Pen-semos por un momento, sólo por unmomento, las implicaciones o con-secuencias que podría acarrear la eli-minación del régimen constitucionaly legal del delito político. El que hoyescribe estas palabras, podría serhipotéticamente un peligroso ciuda-dano para el nuevo régimen. Y en-tonces sin delito político, ¿como pe-dir asilo? ¿Cómo protegerme de unaposible extradición o pretenderhipotéticamente ser privilegiado conun indulto?

La situación en nuestro vecino,Venezuela, puede aclararnos el pano-

rama de la limitación y la suspensiónde ciertos derechos fundamentales,e incluso la tipificación de conductasdelictivas contra la figura del Presi-dente de la República; esto, desdela óptica de un régimen de izquier-da, elegido democráticamente y quevino a suceder a un régimen de de-recha, de muchos, pero muchosaños.

Michel Foucault y su teoría delpéndulo nos podrían servir para nosubestimar los cambios radicales enel pensamiento y el comportamien-to del pueblo respecto del poder; deuna epísteme podríamos pasar aotra, con las consecuencias que paracierto sector del pueblo podrían dar-se. Uno de esos sectores seria el cas-trense o militar.

La verdad, sin eufemismo algu-no, en poco tiempo, en escasos añospodríamos vernos ante una persecu-ción incesante de nuestros militaresy policías dentro del propio territo-rio colombiano, acusados de terro-rismo, concierto para delinquir, por-

4 5 La guerra judicial dentro de la combinación de formas de lucha, viene a ser el resultado práctico del marco normativocreado a través de la guerra jurídica; se puede decir que una de las consecuencias de este tipo de guerra es la judicial. Enotros términos, la guerra judicial es la especie, la jurídica es el género. No siempre cuando hablemos de guerra jurídicaestaremos hablando de guerra judicial, por ello que surge la importancia de diferenciar estos términos. La guerra judicialcobra todo su esplendor en los juzgados, tribunales y cortes; la guerra judicial a nivel internacional se plasma como eljuzgamiento de sujetos de derecho público internacional o de personas naturales en el caso de la jurisdicción penalinternacional; así la corte interamericana de derechos humanos es un escenario de guerra judicial, ya que sus sentenciasson fruto de un debate de tal naturaleza (judicial); empero la actividad de la comisión interamericana de derechoshumanos, así como la del comité de derechos humanos de la ONU, entre otros es la típica actividad de guerra jurídica.La terrible guerra judicial permite la persecución directa o indirecta de funcionarios estatales, principalmentepertenecientes a las fuerzas armadas. (véanse de Mejía Azuero Jean Carlo: De qué lado juega la defensoría del pueblo.www.fac.mil.co La situación de la justicia penal militar en Colombia. (en prensa) Por mi culpa. (análisis de la sentenciade los 19 comerciantes)

4 6 Discurso del alto comisionado en el segundo coloquio de la Universidad Militar.

30

REV

ISTA

DER

ECH

OS

Y V

ALO

RES

te ilegal de armas y todas aquellasconductas que reemplazarían al deli-to político de acuerdo con el actualgobierno.

Como si no fuera suficiente, laextradición estaría colocando anuestros mejores compatriotas en elexterior; no habría protección cons-titucional al haber sido cambiada laConstitución Política, ni se tendríanen cuenta aspectos subjetivos yaltruistas de la rebelión y la sedición.

Tampoco existirían indultos niamnistías, y la entrega a la corte pe-nal internacional se haría más expe-dita amén del principio decomplementariedad propio de unajurisdicción penal internacional convocación de permanencia.

Es decir, al desaparecer el deli-to político en Colombia estaríamosobviando aristas que son esencialesen un debate como el actual, que secaracteriza por ser coyuntural y sinvisión. La falta de una política militaren Colombia, de una doctrina sobreel mismo sentido; la ausencia de unaideología militar y la falta deinterlocutores del sector castrense enel escenario político no han permiti-do observar los efectos altamentenocivos de una guerra en la que mu-chos todavía ni creen.

Geoffrey Regan en su maravi-lloso libro sobre la incompetenciamilitar sostiene:

"A los políticos les compete de-cidir qué tipo de política de defensadebe adoptarse y, si la ocasión lo de-manda, qué tipo de guerra debe librarel ejército, las fuerzas de campo. Eneste sentido su responsabilidad fren-te al combatiente es enorme, hasta elpunto de que sus errores los pagaráeste último con su propia sangre". 47

Y precisamente cabe preguntar-nos a esta altura de este breve análi-sis: ¿acaso no hemos dejado duran-te cuarenta y un años, solos a nues-tros hombres de uniforme frente aun enemigo al cual no se lo ha estu-diado en toda su dimensión? ¿No fueel sector político el causante de ladebacle militar cuando subestimó alas autodenominadas Farc y al Eln?¿No fue el mismo establecimiento elque permitió el surgimiento de losgrupos de autodefensas que se sa-lieron de cualquier cauce? ¿No sonlos militares constantemente los fu-sibles de las políticas gubernamen-tales?

Con reconocimiento de parte alas autodenominadas Farc y Eln o conel tratamiento de simples terroristas,nuestros soldados y policías segui-rán siendo asesinados sin misericor-dia alguna; con o sin reconocimien-to de terroristas, a nuestros militareslos van a perseguir las organizacio-nes no gubernamentales que sirvende brazo jurídico y judicial de lasautodenominadasFarc y Eln.

4 7 Regan Geoffrey. Historia de la incompetencia militar. Editorial Crítica. Barcelona España. Año 2001. Pág. 16

31

REV

ISTA

DER

ECH

OS

Y V

ALO

RES


Lo que hemos tenido en Co-lombia son políticos totalmente igno-rantes de la política militar, que ni si-quiera han prestado el servicio mili-tar y que tampoco han dejado quesus hijos lo presten. Citando nueva-mente a Regan, observemos cómose ve reflejada la culpa de los políti-cos en las derrotas de los militares:

"No obstante, los políticos pue-den ser a veces tan ignorantes de lanaturaleza del militar como el solda-do de la del político. Por consiguien-te los objetivos militares deben vin-cularse a la capacidad militar. De ellose deriva que los políticos deben tra-bajar en estrecha conexión con susconsejeros militares para evitar quepuedan perseguirse objetivos estra-tégicos quiméricos. La historiamuestra que cuando los políticoshan ignorado esa lección o han asu-mido el papel de comandantes su-premos durante la guerra, interfirien-do en las decisiones militares, suelehaberse producido fracasos." 48

Queda pues planteada una pre-ocupación que la academia a la querepresento tiene el deber de colocarsobre el tapete, ya que el gobiernono ha contado con los aspectos aquíenunciados; claro está, en este sen-tido la culpa no es toda del ejecuti-vo, sino que pasa muy cerca de nues-tros mandos militares que poco sehan preocupado por construir unadoctrina militar propia que permita

entronizar con base en valores y prin-cipios constitucionales la política mi-litar Colombiana.

IV. CONCLUSIONES

Quiero finalizar estas letras conalgunas conclusiones que el debatesobre el delito político, tal y comoestá planteado por el gobierno actual,arroja, no sin antes indicar la preocu-pación de la academia por el trata-miento que se le viene dando altema.

1. Las premisas sobre las cuales estátrabajando el gobierno en torno altema son falsas.

2. La coherencia del discurso delgobierno es sólo una apariencia;las contradicciones en el lenguajeutilizado, en los conceptos bási-cos se antojan realmentepreocupantes.

3. La política de seguridad democrá-tica que irradia la idea de la des-aparición del delito político se en-cuentra mal sustentada; no impor-ta que su finalidad sea tan loablecomo estoy seguro lo es, la argu-mentación que se está utilizandono es académicamente plausible.

4. Los asesores del gobierno enmateria de dogmática penal hancreado un verdadero galimatías endonde se violan principios básicos

4 8 ibídem. Pág. 155

32

REV

ISTA

DER

ECH

OS

Y V

ALO

RES

como la inescindibilidad de lasnormas y se podrían ver afectadosotros propios del núcleo del de-bido proceso. No es aceptabletratar de tomar lo mejor de cadanorma para construir una diferen-te de carácter transitorio.

5. La desaparición del delito políticode la carta magna plantea dificul-tades enormes en materia de de-rechos humanos, de derecho in-ternacional, de derechos huma-nos, de DIH; específicamente enlo que al bloque deconstitucionalidad se refiere.

6. El gobierno es contradictorio y asíse demostró a lo largo de esteacercamiento entre lo que preten-de con la ley de justicia y paz (¿ydónde dejaron la reparación?) y laley penal que se supone deberíatener una vocación de permanen-cia en el tiempo, en aras de la se-guridad jurídica.

7. Colombia está realmente muy le-jos de llegar a ser una democraciaprofunda; ni siquiera es una demo-cracia en consolidación; apenassomos una democracia de míni-mos, una democracia emergente.

8. La desaparición del delito políticoen Colombia debería acometer undebate profundo e integral, noobviando la importancia de la teo-ría del poder y los posibles cam-

bios que se podrían presentar eneste sentido.

9. El debate en Colombia debe dar-se en relación con la redefinicióndel delito político para efectos denegociación. Los delitos políticosno son taxativos; por el contrario,la creatividad en esta materia po-dría darse como sucedió ya en elgobierno del general Rojas Pinillacon la tipificación del delito de re-acción o como también acontecióen el mismo gobierno, cuando através del decreto 1823 de 1954se les dio alcance político a aque-llos delitos que pudieran explicar-se por extralimitación en el apo-yo al gobierno. En la misma líneapuede traerse el decreto - ley 328de 1958, que tipificó como delitospolíticos a aquellas conductas quehubieran tenido por causa "el ata-que o defensa del gobierno y lasautoridades. 49

10. Muchos de los beneficios deldelito político hacen parte del de-recho internacional público, y mu-chos de ellos tienen una vida jurí-dica latente y pletórica; verbigra-cia la extradición y el asilo, entreotros.

11. Los limites planteados frente alos delitos políticos a nivel latino-americano y en relación con losindultos generales y amnistías es-

4 9 De la Calle Humberto. Hallazgos del delito político. Semanario el espectador. 8 de mayo del 2005. www.elespectador.com

33

REV

ISTA

DER

ECH

OS

Y V

ALO

RES


tán delineados por el artículo 27de la declaración americana dederechos humanos, así como ladoctrina y la jurisprudencia del sis-tema interamericano.

12. La eliminación de los delitospolíticos podría perjudicar en unademocracia como la colombianay en un futuro a nuestros militaresy policías, a quienes debemos laexistencia y supervivencia de lasinstituciones.

13. Hoy en día no son aceptablesdesde ninguna perspectiva y den-tro de la teoría del delito políticotoda la serie de actos terroristas,de barbarie o pillaje. Así que loslímites vienen determinados des-de la comunidad internacional.

14. Jamás el narcotráfico puede te-nerse como un delito conexo conlos políticos; pretender lo contra-rio como lo ha afirmado PedroPablo Camargo es algo traído to-talmente de los cabellos.

15. El conflicto armado en Colom-bia existe. Así lo prevé nuestra le-gislación penal, nuestra jurispru-dencia constitucional, la academia,los doctrinantes serios; pero lomás importante, así lo hemossoberanamente aceptado cuandofirmamos, aprobamos y ratifica-mos los convenios de Ginebra del12 de agosto de 1949, y el proto-colo II de 1977.

16. Uno de los peores errores deun estadista, de un militar de alto

rango, de un negociador, es el dedeslegitimar a la contraparte. Pre-cisamente, vuelvo e insisto enesto: es precisamente desde lamisma órbita del conflicto desdedonde al enemigo se lo puededestruir moralmente; es desde elconflicto como al enemigo se lopuede señalar como perpetradorde toda clase de vejámenes y des-afueros contra la humanidad.

17. La falta de visión estratégica delEstado Colombiano rayana en loalarmante.

18. Los militares y policías, princi-palmente la reserva activa debe-rían preocuparse más por suscompañeros de armas en servicioactivo; que después no los cojansin confesarse. Y que tampocosalgan a decir que nunca se les haadvertido. La misión de mi facul-tad, su visión respecto a la situa-ción del conflicto en Colombiadesde la perspectiva jurídica espaladina. Defender a los miem-bros de la fuerza pública y ense-ñarles que sí existen civiles que losconocen y los defienden; ¡qué las-tima que no se encuentren en elministerio de la defensa!

Me duele tanto aceptar que aúnlos propios militares se hayan permi-tido parafrasear a Clausewitz poraños sin entenderlo. Esto lo aceptode nuestra clase política y tambiénde una academia como la colombia-na despreocupada por aspectos fun-damentales propios del arte de la

34

REV

ISTA

DER

ECH

OS

Y V

ALO

RES

guerra, razón por la cual han surgidotantos "sabios" oportunistas yfaranduleros a predicar sobre segu-ridad, defensa y democracia. Peroque los generales de la patria, concontadas excepciones50, no lo hayanpodido asimilar como ideólogo deuna guerra que ahora están padecien-do, jamás lo podré aceptar, compren-der, ni entender.

Quiero finalizar brindando unhomenaje a todos aquellos hombresy mujeres valientes que con el uni-forme y las armas de la patria, con elolvido y el desagradecimiento de lospolíticos, han terminado ofrendandolo mejor de sus años a Colombia yhan sido abandonados a una guerrapopular prolongada. Ellos son lasvictimas reales de este conflicto.

¿Quién les va a reparar todos sus sa-crificios?

Sólo quiero preguntarle al ac-tual gobierno partiendo de la premi-sa de una "amenaza terrorista" quetanto defienden ¿cómo se está en-frentando una agresión terrorista queutiliza los mismos medios de unaguerra revolucionaria, que combinatodas las formas de lucha y que nosplantea un desafío de guerra popu-lar prolongada? ¿Cómo estamos en-frentando ese setenta por ciento deesta guerra que no es militar?

"El paso inicial, más grande ydecisivo de un hombre de Estado ode un general, consiste en entenderel tipo de guerra en que intervieney no tomarlo por algo distinto o enno desear que fuese algo distinto".

Clausewitz 51

5 0 Generalmente los únicos generales que conocen de las repercusiones de la guerra revolucionaria son aquellos que la hanpadecido a través de la combinación de formas de lucha; principalmente la guerra jurídica y la guerra judicial.

5 1 Pd. Los expertos recomiendan leer mínimo tres veces para empezar a comprender.

Bibliografía.DE LA CALLE, Humberto. Hallazgos del delito político. Semanario el Espectador. 8 de mayo del 2005.www.elespectador.com

FISAS, Vicenc. Procesos de paz y negociación en conflictos armados. Editorial Paidos. Serie Estado ysociedad. Número 119. Barcelona España. Año 2004.

GAVIRIA VÉLEZ, José Obdulio. Sofismas del terrorismo en Colombia. Editorial Planeta. Bogotá 2005.

IRIARTE, Alicia y otros. Democracia y ciudadanía. Reflexiones sobre la democracia y los procesos dedemocratización en América Latina. www.democracia.com

MCPHERSON, C.B. La democracia liberal y su época. Editorial Alianza. Buenos Aires. Argentina 1991.

MEJÍA AZUERO, Jean Carlo. La situación de la justicia penal militar en Colombia. Memorias Primer Forode Derechos Humanos y DIH. Semillero de DDHH y DIH de la UMNG. Imprenta y publicaciones de lasfuerzas Militares. 2005.

MEJÍA AZUERO, Jean Carlo. De qué lado juega la defensoría del pueblo. www.fac.mil.co.

MEJÍA AZUERO, Jean Carlo. La corrupción empresarial, políticas de prevención. II jornada contra elterrorismo y la violencia. Publicado en Derechos y Valores de la UMNG. Año 2004.

35

REV

ISTA

DER

ECH

OS

Y V

ALO

RES


O’DONNELL,G. apuntes para una teoría del Estado. Documentos Cedes – FLACSO N° 9 Buenos AiresArgentina. 1997.

O’DONNELL, G. Transiciones desde un gobierno autoritario. Editorial Paidos. Buenos Aires. Argentina.1991.

RAMELLI ARTEAGA, Alejandro. Derecho internacional humanitario y estado de beligerancia. Universi-dad externado de Colombia. Serie teoría del derecho y filosofía del derecho. N º 12 segunda edición.Abril 2004.

REGAN, Geoffrey. Historia de la incompetencia militar. Editorial Crítica. Barcelona España. Año 2001.

RESTREPO, Luís Carlos. Discurso “hacía una política de seguridad y paz”.

www.altocomisionadoparalapaz.gov.co

RESTREPO, Luís Carlos. Discurso del alto comisionado para la paz en la Universidad central.www.altocomisionadoparalapaz.gov.co

RESTREPO, Luís Carlos. Segundo coloquio de la Universidad Militar.


RESTREPO, Luís Carlos. Universidad Central de Colombia. Conversatorio. Amnistía e indulto. ¿Unasolución al conflicto colombiano?


SAEZ ORTEGA, Pedro. Guerra y paz en el comienzo del siglo XXI. Una guía de emergencia para com-prender los conflictos del presente. Centro de investigación para la paz. Madrid España noviembre del2002.

SCHUMPETER, J. capitalismo, socialismo y democracia. Editorial folio, Barcelona. 1964.

Curso multimedia de ideología de las Farc. Elaborado por el bloque occidental de las FARC. Encontradoen un campamento a finales del año 2003.

Normas consultadas.Constitución Política de Colombia. Editorial Legis. Año 2005.

Ley 16 de 1972.

Ley 24 de 1992.

Ley 107 de 1994.

Ley 115 de 1994.

Ley 134 de 1994.

Proyecto de ley de justicia, verdad y reparación.Ley 975 del 2005.

Sentencias.

Corte Constitucional. Sentencia C- 225 de 1995. . M.P. Alejandro Martínez Caballero.

Páginas web.

www.eltiempo.com.

www.presidencia.gov.co

www.espectador.com


www.fac.mil.co

www.secretariasenado.gov.co

www.democracia.com

36

REV

ISTA

DER

ECH

OS

Y V

ALO

RES

en busca de la coherencia 1 algunos comentarios sobre: el...

Documents