el_primer_paso_a_la_justicia

El primer paso a la JusticiaExperiencia del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos y de ProJusticia

Diseño y realización: Trama Dirección de Arte: Rómulo Moya Peralta

Arte: María Gabriela Loza Pinto Gerente de Producción: Juan Moya Peralta

Preprensa: Trama

Trama Juan de Dios Martínez N34-367 y Portugal.

Quito - EcuadorTelfs.: (5932) 2246315 -2246317

[email protected] | www.trama.ec

RAfAEL CoRREA DELGADo Presidente Constitucional de la República del Ecuador

José sERRANo sALGADo Ministro de Justicia, Derechos Humanos y Cultos

NATACHA REyEs sALAzARDirectora Ejecutiva de ProJusticia

EfRéN GuERRERo sALGADoPAoLA CARRERA IzuRIETA DIEGo VITERI NúñEz MAyRA oRMAzA MACíAsDirección Técnica

RoCío ARGuDo BusTAMANTE ANDREA ARCos CERóNComunicación y Atención al Ciudadano

Derechos de Autor: ProJusticia. Diseño y Diagramación Trama fotografías: Archivo ProJusticia Imprenta: Easy Print

Quito, Ecuador 1ra. Edición: Mayo 2011

ProJusticia Copyright Av. Amazonas N37-101 y uNP, Corte Nacional de Justicia, piso 3 Quito-Ecuador Teléfono (593 2) 2465314, 2255361 www.projusticia.gob.ec

se autoriza la reproducción, previa cita de la fuente

El primer paso a la JusticiaExperiencia del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos y de ProJusticia

a unidad de Coordinación para la Reforma de la Administración de Justicia, ProJusticia, nació como el ente encargado para la organización y ejecución de proyectos trascendentes, que apunten a mejorar de manera significativa el acceso a la justicia por parte de todos los ciudadanos y que así la administración de justicia cumpla con su misión constitucional y democrática de proteger los derechos en el marco de un sistema de justicia independiente, eficaz y confiable.

Este que fue un programa de desarrollo sirvió en su momento como un medio de hacer patente un hecho primordial: la más grande deuda histórica del Ecuador con su gente ha sido la posibilidad de que todos y todas, en condiciones iguales y de manera técnica y científica, podamos acudir, y lo

más importante de todo, confiar, en una organización de jueces y tribunales capaces de resolver los diversos conflictos jurídicos que forman parte natural de la vida en sociedad. Pero un programa no cambia estructuralmente la vida de la nación.

El camino para saldar esta deuda fue y será de múltiples dificultades y retos, por ello el gobierno de la Revolución Ciudadana decidió crear en el año 2007, una cartera de Estado que estuvo ausente de las políticas públicas, porque sencillamente no se la veía como un servicio, sino como una prerrogativa generalmente de uso de los poderosos de todo nivel. Así surgió el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, como una respuesta a la necesidad de diseñar desde el Estado respuestas a un clamor nacional: una nueva justicia.

LPresentación

5

Desde el año 2007, el Ecuador es testigo de un cambio estructural, radical y permanente de las instituciones y de las relaciones de los ciudadanos con la administración pública. Para que este cambio sea efectivo, la reforma de la administración de justicia es un imperativo que este Gobierno ha tomado sin dilaciones y de manera urgente. sin una auténtica justicia, el ejercicio de la democracia es imposible y sin democracia, el desarrollo de la nación es irrealizable.

Las páginas del presente documento encierran la experiencia, los logros y los desafíos de una institución que ha alcanzado jugar un papel fundamental en esta necesidad de cambio. Las actividades relatadas son únicamente un pequeño reflejo del trabajo denodado de hombres y mujeres que aceptaron hacer las cosas de manera diferente y marcar distancia con las

estructuras de poder fáctico, que durante años han maniatado la actividad de jueces y funcionarios judiciales.

finalmente, este texto ilustra los retos a futuro de nuestro sistema de justicia y de las instituciones encargadas de la ejecución de la política pública. Entre estos el más importante es la ejecución de una Agenda de Transformación de la Justicia. Probablemente es la prueba definitiva para el Estado ecuatoriano y sus habitantes.

En este marco, desde cualquier espacio de la política, el gobierno del Presidente Rafael Correa continuará como todos estos años, en la construcción de una justicia más equitativa y a través de ella, un país mejor.

José Serrano Salgado Ministro de Justicia,

Derechos Humanos y Cultos

6

n medio de la oscuridad, un haz de luz nos permite conectarnos con las estrellas. sólo allí entendemos que somos seres cósmicos, pero a veces actuamos con una aridez mental similar a la de las piedras de rodado de las canteras, somos incapaces de trascender y nos resignamos con ser un guijarro a la vera del tiempo.

Cuando el Ministro José serrano salgado, abogado joven y aguerrido me pidió asumir la dirección ejecutiva de ProJusticia en su condición de Ministro de Justicia y Derechos Humanos, yo era un guijarro más que había visto como frente a mis ojos había pasado una etapa de amplias aspiraciones por cambiar a la administración de justicia las que no cuajaron pese al ímpetu inicial de varios impulsadores de procesos de cambio, sin llegar a dilucidar a qué se debía.

Desde niña y por razones personales colgué las zapatillas de ballet por verme algún día en la posibilidad de disminuir la injusticia usando a la ley como una herramienta. Pasaron unos buenos años intentando hacerlo pero fue más fuerte el peso de la realidad: aquella señora que representa a la justicia de

los ojos vendados se había convertido en un ser gordo, deforme, aborrecible y lleno de defectos, entonces así como con las zapatillas, guardé los códigos, pensé que era preferible dedicarse a otra cosa, hasta que el Ministro serrano me propuso impulsar el cambio para que esa señora volviera a ser lo que fue como ideal: alguien que vela -sin mirar a quien- para que sus derechos se cumplan en el tiempo que le tocó vivir.

Para hacerlo, había que conocer el sensible proceso de modernización y reformas por el que transita hoy la sociedad ecuatoriana y singularmente sus instituciones, por ello se consideró imperioso describir, estudiar y enfocarse en aquellos factores del sistema político institucional que deben ser adecuados y reformulados frente a las nuevas demandas ciudadanas, las cuales se localizan desde una perspectiva más participativa y protagónica demandado desde las instituciones del estado, prontitud, transparencia y calidad en el cumplimiento de sus derechos. La comprensión de que sin justicia no hay democracia y sin democracia no hay desarrollo, invitaron a hacer este texto en pos de la búsqueda del buen vivir.

EPresentación

7

Por ello se establecieron entre otros principios de política pública, investigar el estado de situación de la justicia desde los procesos de reforma ejecutados por las instituciones encargadas de su diseño y ejecución, así, se creyó que lo más óptimo era averiguar cómo había sido la incidencia de ProJusticia desde su creación en 1995 y del propio Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos en el período 2007-2010.

Este texto constata la debilidad político-institucional del sector dedicado a impartir justicia, tanto en sus estructuras como en sus dinámicas establecidas, y de cómo hay un déficit analítico que ha implicado un recurrente retraso frente a los criterios contemporáneos de modernización, pero también da cuenta de una trayectoria por mejorar en múltiples aspectos, aunque no se haya podido por razones de tiempo hacer un análisis exhaustivo, ni completo.

No se encontrará aquí el trabajo ministerial en pos de la Consulta Popular del 7 de Mayo de 2011, que elaboró el Plan de la Reforma a la Justicia con apoyo de la Asesoría Alianza de Chile, el proceso de Evaluación a Jueces y fiscales con la universidad de Talca, los resultados en

texto de la expresión ciudadana del Acuerdo Nacional por una Nueva Justicia, la sistematización del evento internacional Justicia, Democracia y Desarrollo que contó con más de dos mil participantes en una semana de reflexión previa a la jornada democrática aprobada por mayoría en las urnas. Tampoco alcanzamos a evidenciar en profundidad los aportes del observatorio de los Derechos de las Mujeres, ni del Manual de Prácticas Ambientales, entre otros hitos impulsados desde ProJusticia de Agosto de 2010 a Mayo del 2011.

serán otras generaciones las que capitalicen ese conocimiento como elementos para construir nuevas canteras que con otras herramientas esculpan una cara de esperanza a esa nueva justicia, a esa que necesita en Ecuador más de un haz de luz.

Natacha Reyes SalazarDirectora Ejecutiva ProJusticia

8

MiNiStRoS DE JuStiCia, DERECHoS HuMaNoS y CultoSGustavo Jalkh Robens (2007)Néstor Arbito Chica (2009)José serrano salgado (2010)

MiNiStErio dE JuSticia, dErEchoS huMaNoS y cultoS2007 - 2010

10

l hablar de la Justicia en el Ecuador, la primera reflexión y reacción que surge entre su población es que el Estado Nacional mantiene, desde hace varias décadas, una gran deuda con sus ciudadanos y ciudadanas, debido a los agudos déficit que presenta el Sistema de Administración de Justicia en su conjunto. Déficit que se traduce, por un lado, a nivel estructural, en una falta de independencia del sistema en general, la presencia de prácticas y funcionarios/as corruptos, una exacerbada ineficiencia, una débil profesionalización de los servidores públicos, y, en altos costos de acceso a la justicia, etc. y, por el otro, en una crisis de credibilidad por parte de la población en general, la misma que percibe a la justicia y al sistema judicial del país como un sistema corrupto, burocrático, discriminatorio, de mala calidad, lento.

Esta realidad compromete también los procesos de consolidación de la democracia en nuestro país, pues esta prolongada crisis judicial no solo que reproduce, sino que también ahonda las profundas desigualdades sociales, culturales y económicas en nuestro territorio. Es una situación que persiste en el Ecuador del siglo

XXI, pese a los diversos ensayos de reforma del sector justicia que se han realizado desde la década de 1990, dentro de los procesos de democratización que se vive en Latinoamérica desde los años 80 del siglo pasado.

Lamentablemente, estos intentos de cambio y mejoramiento de la función Judicial en el Ecuador dieron resultados poco alentadores debido, sobre todo, a la aplicación parcial de tales reformas, por lo cual “el balance puede calificarse… de insatisfactorio” (Grafe et al., 2010: 19)

Es necesario resaltar que hacia finales de los años noventa, en específico, en la Constitución de 1998, se plantea ya la unidad Jurisdiccional como principio básico de un nuevo proceso de reforma y modernización del sector Justicia. si bien es en aquel entonces cuando se plantea tal principio, es solo casi una década después cuando se inicia, de forma sostenida, un camino en esta dirección, primero, con la creación en 2007 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; y, posteriormente, con la promulgación y aprobación de la nueva Constitución de la República

Aintroducción

11

del Ecuador (2008) y la definición del Código orgánico de la función Judicial.

En efecto, mediante Decreto Ejecutivo N° 748 inscrito en el Suplemento del Registro Oficial 220, del 27 de noviembre de 2007, en el gobierno del Presidente Rafael Correa, se crea el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos como ente de la función Ejecutiva encargado de optimizar y apoyar los planes y proyectos impulsados desde los distintos órganos del sector Justicia y demás instituciones relacionadas, como se expone en los considerandos del decreto mencionado:

La creación de esta nueva institución constituye un hito central en este proceso de reforma y mo-dernización del sector justicia, pues por primera vez en el Ecuador se cuenta con una instancia –a nivel ejecutivo– encargada de apoyar los proce-sos de mejoramiento del sistema de Administra-ción de Justicia, así como el de coordinar e im-pulsar todas las acciones, políticas y mecanismos que garanticen el efectivo acceso a una justicia de calidad a las y los habitantes del país.

En 2008 la promulgación de la Nueva Carta Magna del Ecuador, la misma que marca una

DECRETO N° 748CREACIÓN DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Rafael Correa DelgadoPRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

Considerando:

Que de conformidad con el inciso segundo del artículo 176 (151) de la Constitución Política de la República es facultad del Presi-dente de la República determinar el número de ministerios, su denominación y las materias de su competencia;

Que la justicia y la rehabilitación social exige un trabajo coordinado y conjunto de todos los operadores de justicia, por lo que es necesaria la creación de un ente de la Función Ejecutiva que optimice los planes y proyectos que tengan la Función Judicial, el Ministerio Público, la Dirección de Rehabilitación Social y demás instituciones relacionadas con el Sistema de Justicia;

Que la referida coordinación se debe dar en todas las áreas de la administración de justicia; y,

En ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 171 numeral 9 (147, numeral 5), 176 (151) inciso segundo de la Constitución Política de la República y 11 letras f ) y g) del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva,

Decreta:

art. 1.- Créase el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que ejercerá las funciones que se determinan en el artículo 179 (154) de la Constitución y leyes de la República, el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva y demás normas legales atinentes.

Art. 2.- El Ministro de Justicia y Derechos Humanos determinará las funciones y facultades del Ministerio a su cargo, para lo cual aprobará el Estatuto Orgánico de la institución previo dictamen de la Secretaría Nacional Técnica de Desarrollo de Recursos Humanos y Remuneraciones del Sector Público, SENRES.

12

ruptura paradigmática respecto de la Constitu-ción anterior al erigirse como una Constitución Garantista del Derecho y de la Justicia. Efectiva-mente, mientras la Constitución de 1998 estaba centrada en el principio de legalidad (la ley, lo legal), apuntando a la seguridad jurídica, en la Constitución de 2008 la centralidad está dada en la justicia, los derechos de las personas y el bien común, poniendo en el centro de lo jurídico, ya no a la Ley sino a la Justicia y la protección de los derechos de las personas como base para lograr la justicia.

En este sentido, el fin último del Estado es: 1) De-fender los derechos de todas las personas, de allí que se plantee el sumak kawsay, el respeto a la dignidad de las personas y las colectividades; y 2) defender el derecho de la naturaleza, por lo que se invoca la relación con la Pachamama. En bre-ve, la Constitución Política de 2008, contiene al principio del Buen Vivir, tanto en la parte dogmá-tica donde se hace referencia a los “Derechos del buen vivir”; como en la parte orgánica, en donde se hace mención al “Régimen del buen vivir”.

se trata de una ruptura paradigmática que, al apostar por hacer del Estado Ecuatoriano un

Vida PlENa

PorVENir JuSto y coMPartido

aMPliaciÓN dE dErEchoS, liBErtadES,

oPortuNidadES y PotENcialidadES

arMoNÍa coN ElMEdio aMBiENtE

rÉGiMEN dEl BuEN ViVir

uNidad EN ladiVErSidad

Código orgánico de la Función Judicial (CofJ), que constituye el mecanismo y la norma central que regula la forma en que deberá rees-tructurarse la Función Judicial, a fin de garanti-zar y defender los derechos de las personas y de la naturaleza. El CofJ plantea un cambio en la estructura institucional orientado a mejorar los

Estado Constitucional de Derechos y de Justi-cia, debe necesariamente apostar por una trans-formación radical que trascienda las reformas centradas en los cuerpos legales, y que apunte a cambios integrales en la organización y gestión del sector Justicia. Es desde esta comprensión que se define e inicia la puesta en marcha del

13

ProcESo dE rEForMa dE la JuSticia (2007)

1. Ruptura conceptual: Al pasar de una visión le-galista de la Justicia, a una visión garantista de los dere-chos de las personas y la naturaleza, como base para alcanzar la justicia que es el fin último..

2. Ruptura a nivel de la organización y gestión del Sector Justicia, puesto que:

Antes los jueces tenían a su cargo tanto la parte “ju-risdiccional” (resolución de controversias) así como la responsabilidad de administrar el sistema (personal, disciplina, infraestructura, tecnología, capacitación, gestión), lo cual entorpecía el cumplimiento de su rol central que es la resolución judicial de las controversias.

Con reforma se plantea que la función única de jueces sea trabajar en los procesos judiciales y en su resolución; mientras que la administración del sistema de justicia se encargue al Consejo de la Judicatura, el cual se constituye en el órgano de gobierno, adminis-tración y vigilancia de la Función Judicial.

(Juan Morales, 2010)

oBJEtiVoS EStratÉGicoS

1) Coordinar estrategias de mejoramiento de los servi-cios que prestan las instituciones del sector justicia e impulsar políticas transversales que garanticen la plena vigencia de los Derechos Humanos.

2) Contar con un sistema penitenciario que garantice los Derechos Humanos.

3) Coordinar estrategias para el logro de una rehabili-tación social efectiva de las personas privadas de la libertad con sentencia.

4) Contar con un sistema de internamiento de adoles-centes infractores que garantice los derechos con-sagrados en el Código de la Niñez y la Adolescencia y responda a políticas socio – educativas.

5) Promover una sociedad libre del consumo de sus-tancias estupefacientes y psicotrópicas.

6) Generar propuestas de leyes y reformas legales que garanticen el ejercicio de los derechos ciudadanos y el fortalecimiento de la gestión institucional del sistema de justicia.

7) Crear un sistema de información que facilite la ges-tión institucional y la implementación de mecanis-mos adecuados de difusión de Derechos Humanos e información legal.

8) Lograr la consolidación y el desarrollo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

MiSiÓN

Su misión es garantizar el acceso a justicia opor-tuna, independiente y de calidad, asegurar rehabil-itación social efectiva, promover la paz social y la plena vigencia de los derechos humanos mediante políticas, programas y la coordinación de acciones con las instituciones relacionadas con el sistema de justicia

ViSiÓN dE Futuro

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos será una institución de alta credibilidad y transparencia efectiva y eficiente que transforme el sistema de justicia ecuatoriano en un referente de gestión pú-blica a nivel internacional.

nudos críticos, tanto de la organización de los servicios de justicia como de la atención que se brinda a la ciudadanía.

Con estos antecedentes, el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, define su misión, su visión de futuro y los objetivos estratégicos que guiarán su accionar:

Este esfuerzo lo ha impulsado, desde 2009 y con el concurso de todas las subsecretarías y unida-des que conforman esta Cartera de Estado, se-gún se detalla en su organigrama:

14

COORDINACIÓN ZONAL DE JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y CULTOS PARA

LAS ZONAS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

PROJUSTICIA

UNIDAD TRANSITORIA DE CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE REHABILITACIÓN SOCIAL

UNIDAD TRANSITORIA DE DEFENSA PÚBLICA

PENAL

COORDINACIÓN GENERAL DE

PLANIFICACIÓN

Dirección de Información,

Seguimiento y Evaluación

Dirección de Planificación e

Inversión

Dirección de Auditoría Interna

Dirección de Comunicación

Social

VICEMINISTERIO DE JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y CULTOS

SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN DE

ATENCIÓN INTEGRAL A PPL

SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO DEL

SECTOR JUSTICIA

SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO

NORMATIVO

SUBSECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS

Y CULTOS

Dirección Técnica de Desarrollo

Normativo Dirección de

Administración de CAI

Dirección de Coordinación de Proyectos

del Sector Justicia

Dirección de Respuesta

Judicial

Dirección de Políticas de

Regulación para el libre ejercicio

de cultos

Dirección de Políticas de Derechos Humanos

Dirección de Relación con

la Comunidad

Dirección de Gestión

Inter-instituciona

l

Dirección Técnica de

Construcción de CRS y

CDP

Administración de CAI

Operación

Salud Desarrollo

Logística

MINISTERIO DE JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y

CULTOS

COORDINACIÓN GENERAL

ADMINISTRATIVA FINANCIERA

COORDINACIÓN GENERAL DE

ASESORÍA JURÍDICA

Dirección Administrativa

Dirección Financiera

Dirección de Tecnología de la

Información y Comunicaciones

Dirección de Administración de

Recursos Humanos

SECRETARÍA GENERAL

ORGANIGRAMA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y CULTOS, AÑO 2011

15

coordinación General de Planificacióndirecciones

Dirección de Planificación e Inversión; y, Dirección de Información, Seguimiento y Evaluación

Funciones

a) Definir los lineamientos estratégicos de corto, mediano y largo plazo que orientarán la política pública sectorial (que serán aprobados por el Ministro del sector).

b) Brindar elementos técnicos e información de calidad que faciliten a la autoridad ministerial la toma de decisiones en el marco de sus competencias.

c) Detectar necesidades de política a través de un análisis sectorial y territorial cuya satisfacción fomente la equidad y cohesión social.

d) Coordinar la articulación de la política sectorial con los procesos de planificación del desarrollo territorial.

e) Asegurar la coherencia de la planificación en los distintos niveles de gestión y de las unidades ministeriales desconcentradas en el territorio.

f ) Facilitar, gestionar y coordinar la articulación de los procesos de formulación de la política sectorial y su ejecución con la planificación estratégica y institucional.

g) Establecer estándares e indicadores que fomenten la calidad de la inversión del Ministerio y la gestión por resultados.

h) Coordinar y facilitar la elaboración de los planes estratégicos, sectoriales, plurianuales y operativos del Ministerio.

i) Coordinar con la Subsecretaría de Inversión Pública de SENPLADES las acciones requeridas durante el ciclo de los programas y proyectos de inversión pública, para el sector y la institución.

j) Coordinar y facilitar la elaboración del plan anual de inversión pública ministerial y de sus entidades adscritas y dependientes, en concordancia con el Plan Nacional del Buen Vivir, el mismo que servirá de base para estructurar la proforma de inversión del sector.

objetivos Impulsar, coordinar y articular con todos los niveles de gestión sectorial los procesos integrales de formulación y ejecución de política pública y de planificación estratégica y operativa, realizados sobre la base de un análisis estratégico ajustado a los objetivos nacionales determinados por el Plan Nacional del Buen Vivir.

Programas centrales

- Plan de Implementación del Código Orgánico de la Función Judicial - PICOFJ (el más relevante); y dependientes de éste, también están:- El Plan de Inversión de la función Judicial (construido con base en el PICOFJ y presentado a SENPLADES para su priorización); y, - El Plan emergente del sector justicia (que nace del documento PICOFJ presentado al Presidente Rafael Correa, el 10 de Agosto 2010).

16

La Coordinación General de Planificación, du-rante 2009 y 2010, tuvo a su cargo el Programa de inversión “Plan de implementación del Có-digo orgánico de la función Judicial y transfor-mación de la justicia”, que juega un papel rele-vante para cumplir con los propósitos de esta instancia.

• El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos (MJDHC) tiene como una de sus prio-ridades la implementación del Código orgánico de la función Judicial, instrumento normativo que desarrolla las bases del nuevo sistema de Administración de Justicia, dando cumplimiento a la disposición transitoria primera de la Consti-tución de la República del Ecuador, aprobada en septiembre del 2008.

• En este contexto, dicho Ministerio –a través de su Subsecretaría de Planificación– define como uno de sus proyectos principales el deno-minado: Proyecto Plan de implementación del código orgánico de la función judicial y Trans-

Proyecto presentado a AGECI y SENPLADES

Proyecto presentado por Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos

Área Geográfica / Localidad Ecuador / Quito

Entidad(es) Responsable(s)Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos: Responsable de la gestión

administrativa, financiera y técnica.

Otras entidades participantes (Contrapartes operativas)

Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Consejo Judicatura, Corte Nacional, Fiscalía General y Defensoría Pública.

Fecha ejecución/ Período 01 enero 2010 – 31 diciembre 2010. Período: 12 meses

Entidad(es) financiera(s)Agencia Ecuatoriana de Cooperación Internacional - AGECI, beneficiaria de una

subvención de AECID

Costo total del proyecto 306.459,80 dólares

Aportaciones: AGECI: 301.360 dólares (no reembolsables) Fiscales: 5.099 dólares

PNUD: 45.000 dólares (asistencia técnica)

Monto ejecutado a Dic. 2010 178.950,35 dólares

17

formación de la Justicia; a partir del cual se busca definir las bases para que en el período 2011 – 2013 se implemente lo contenido en el Código orgánico de la función Judicial (CofJ), en las distintas instituciones correspondientes, y que sea el vínculo de la gestión de la función judicial para transformar la justicia y brindar un servicio efectivo a las y los ciudadanos ecuatorianos.

OBJETIVOS

El objetivo general que se define en el convenio es:

•Diseñado el Plan de Implementación de las Instituciones y Procesos previstos en el Código orgánico de la función Judicial

Para lograr su propósito, se propusieron los si-guientes objetivos específicos:

- Diseñar el modelo organizacional del Consejo de la Judicatura como órgano de gobierno, ad-ministración y control disciplinario de la fun-ción Judicial.

- Diseñar el sistema de Carrera Judicial.

- Diseñar la Escuela judicial.

PROYECTOS COMPONENTES

I.SERVICIOS JUDICIALES

1. Elaboración de un plan articulado de creación de unidades judiciales.

2. Diseño de un sistema de información y gestión de los órganos auxiliares.

3. Estudio para la fijación de competencias de las judicaturas.

4. Estudio de las necesidades de infraestructura física y equipamiento de la Función Judicial.

5. Plan de infraestructura tecnológica: equipamiento informático.

6. Inter conectividad de las redes informáticas entre el Consejo de la Judicatura y las capitales de provincia de los Órganos Jurisdiccionales del Ecuador y de los entes autónomos de la Función Judicial.

7. Elaboración de un plan de adecuación del SATJE, SIAF, SIDEP para la implementación de un sistema integrado y automatizado de justicia

8. Diseño de un plan para el funcionamiento de la Dirección de Estadística y Archivo Central de la Función Judicial.

II.FORTALECIMIENTO

INSTITUCIONAL DEL SECTOR JUSTICIA

1. Formulación de políticas para la Función Judicial

2. Código de Ética para la Función Judicial.

3. Elaboración del proyecto de estatuto orgánico de la FJ

4. Diseño de las carreras de la Función Judicial: Carrera Judicial, Carrera Fiscal, Carrera de la Defensoría Pública, Carrera Administrativa

PLAN DE IMPLEMENTACION DEL COFJ Entre septiembre y octubre 2009 se organiza este Plan en

CUATRO GRANDES PROYECTOS (Primera versión)

18

II.FORTALECIMIENTO


5. Diseño de un sistema de planificación para la FJ.

6. Diseño del modelo organizacional de la FJ.

7. Diseño de un plan de fortalecimiento de la Escuela Judicial para todos los órganos de la FJ.

8. Diseño de un plan de comunicación.

9. Diseño y realización de la V Cumbre de los Poderes Judiciales de UNASUR.

III.DEFENSORÍA PÚBLICA

1. Diseño del plan de prácticas pre-profesionales y pasantías de Abogacía.

2. Diseño de la normativa para la acreditación de: -Los consultorios jurídicos de las universidades y otras instituciones.-Los servicios de patrocinio, defensa y asesoría jurídica para personas de escasos recursos económi-cos y grupos de atención prioritaria

IV. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

3. Diseño de un plan de implementación de la Defensoría Pública

PROYECTO TRANSVERSAL A LOS TRES ANTERIORES

Fuente: Morales Ordóñez, Juan, 2010.

PLAN DE IMPLEMENTACION DEL COFJ Entre septiembre y octubre 2009 se organiza este Plan en

CUATRO GRANDES PROYECTOS (Primera versión)

- Diseñar el plan de comunicación del progra-ma de implementación.

- Diseñar el plan de acompañamiento a la im-plementación del Código orgánico de la fun-ción Judicial para la Cooperación Internacio-nal.

FASES O MOMENTOS

La definición del Plan pasa por tres momentos o fases, aunque siempre conservó su objetivo original, a saber:

• Primer momento: Taller para elaborar el Plan operativo de Transición para el Cambio de la función Judicial (Quito, 2009) con funcio-narios de todos los órganos del sector justicia y del MJDHC, y conformación de una Comisión Interinstitucional para afinarlo. Presentación del Plan al Consejo Consultivo de la función Judi-cial, instancia que realiza ajustes, lo aprueba y crea una comisión técnica para velar por su cumplimiento y para operativizar el Plan para su presentación a la sENPLADEs, bajo un nuevo nombre de proyecto: Plan de implementación

19

del Código orgánico de la función Judicial (PI-

CofJ).

• Segundo Momento: La Comisión Técnica organiza el Plan en cuatro grandes proyectos: 1) servicios Judiciales; 2) fortalecimiento Institucio-nal del sector Justicia; 3) Defensoría Pública; y, 4) Seguimiento y financiamiento, concebido como un proyecto transversal a los tres anteriores.

• Tercer Momento: Durante el proceso de ajuste del Plan se decide hacer un solo proyecto que articule las líneas de inversión identificadas y que cuente con un presupuesto integrado para el sector justicia para período 2011-2013; se lo denomina Proyecto de Inversión. El diseño de este proyecto de inversión se financió con el aporte técnico (no financiero) de todas las instituciones integrantes del Consejo Consul-tivo + el MJDHC. y, con el presupuesto de la subvención que la AECID y el PNuD mantienen con el Ministerio de Justicia (y que se especifi-ca en recuadro 2.1.). Para la implementación de este Proyecto de Inversión se mantienen los 3 componentes antes mencionados y se definen 8 grandes ejes de acción o proyectos.

COMPONENTES GRANDES EJES DE ACCIÓN

I.SERVICIOS JUDICIALES

1.Plan articulado de creación de unidades judiciales, infraestructura y equipamiento de la FJ (Juzgados, fiscalías, defensores públicos)

2. Sistema de información e interconectividad del sector justicia

II.FORTALECIMIENTO


1. Modelo Organizacional del sector justicia

2. Plan de Comunicación

3. Escuela Judicial y Carrera Judicial

III. FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA

1. Plan de Implementación de la Defensoría Pública

2. Plan de prácticas pre-profesionales y pasantías

3.Plan de acreditación de los consultorios jurídicos de las universidades, servicios de patrocinio, defensoría y asesoría para grupos de atención prioritaria.

PROYECTO: PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL COFJ (Segunda versión)


El 24 de agosto de 2010 se presentó el Plan al Presidente Rafael Correa, quien lo respaldó y coincidió con los planteamientos de las autori-dades judiciales de que el tema justicia debe ser

tratado como parte integrante de las políticas de Estado. En esa misma reunión, la Comisión Técnica del Consejo Consultivo de la función Judicial se comprometió a elaborar y ejecutar

20

PROYECTOS

1.Implementación de un Plan articulado de optimización de unidades judiciales, infraestructura y equipamiento del Sistema Judicial (Juzgados, fiscalías, defensores públicos)

2. Implementación de un Sistema de información e interconectividad del Sistema Judicial

3. Comunicación integral de la Función Judicial.

4. Carreras Judiciales

5. Escuelas Judiciales

6. Plan de prácticas profesionales y pasantías de Abogacía

7.Plan de acreditación de los consultorios jurídicos de las universidades, servicios de patrocinio, defensoría y asesoría jurídica para grupos de atención prioritaria.

8. Plan de Implementación de la Defensoría Pública

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS INSTITUCIONES Y PROCESOS ESTABLECIIDOS EN EL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL

(Versión presentada a SENPLADES, 23 agosto 2010)


un Plan Emergente para el mejoramiento del sector Justicia

RESULTADOS

Los principales resultados obtenidos en el mar-co del Plan, a diciembre del 2010, son:

• Plan diseñado con el apoyo político, técnico y operativo del MJDHC; y presentado a la sEN-PLADES para su priorización. Mediante Oficio No. sENPLADEs-sIP-dap-2010-128, del 23 de febrero del 2010, sENPLADEs emite dictamen favorable a este proyecto.

• Documentos de los 8 proyectos que conforman el Programa PICofJ elaborados y presentados a sENPLADEs.

• Documento del Programa enviado a la Secre-taría Técnica de la Cooperación Internacional.

• 23 reuniones realizadas para la difusión del Plan.

• Adhesión y apoyo, por parte de los/las parti-cipantes, al enfoque jurídico que sustenta el cambio en el sistema de administración de justicia.

21

• Estudio del modelo de gestión y diseño estruc-tural del Consejo de la Judicatura realizado, in-cluyendo propuesta de un nuevo modelo.

• Propuesta de Modelo Organizacional del Sec-tor Justicia diseñada y presentada al Consejo Consultivo de la función Judicial.

• Línea de Base cualitativa y cuantitativa de la producción judicial realizada sobre el período 2002 – 2008.

• Proyecto de Carrera Judicial y proyecto de Escuela Judicial diseñados y presentados a sENPLADEs y a la secretaría Técnica de la Co-operación Internacional.

• Diagnóstico y línea base del Proyecto de Es-cuela Judicial realizado.

• Discusiones referentes al diseño y a la malla curricular de la Escuela Judicial avanzadas

• Nuevo modelo de Escuela Judicial y sus estra-tegias de implementación diseñadas: a) Dise-ño de la estructura y organización de la Escue-la; b) Malla curricular; y, c) informe técnico de la ejecución de convenio entre MJDHC y CoMJIB.

• Proyecto “Implementación de procesos de la comunicación institucional integral de la fun-ción Judicial Ecuatoriana” diseñado y presen-tado a la sENPLADEs.

• Plan de acompañamiento a la implementación del CofJ para la Cooperación internacional diseñado con definición de prioridades.

A más de los resultados específicos de este pro-ceso, cabe señalar como avances generales muy significativos:

1) El salto de un enfoque legalista de justicia hacia una concepción que prioriza los derechos, las garantías y la justicia misma, como sustento para el diseño del PICofJ, mecanismo central para operativizar la norma constitucional del Ecuador.

2) El disponer, por vez primera, de una herra-mienta de acción común y coordinada entre los distintos órganos del sector justicia y el MJDHC, la misma que es el resultado de un proceso de diálogo y de concertación entre diversos actores del sector justicia.

3) El haber hecho del diálogo y la concertación una estrategia básica para el diseño del PICofJ,

pero sobre todo, una estrategia para garantizar el “equilibrio de poderes” al involucrar en el proceso tanto a representantes del nivel político (Consejo Consultivo), como técnico (Comisión Técnica) y operativo (directores de áreas) de ta-les instancias.

4) La voluntad política por parte de las máximas autoridades del MJDHC y del Consejo Consulti-vo de la función Judicial, que se concreta en la decisión de unificar en el PICOFJ los presupues-tos de los distintos órganos que lo conforman.

5) El disponer de un marco general y orientacio-nes específicas para el diseño de las carreras ju-dicial y fiscal, así como de otros emprendimien-tos, acordes a la realidad nacional, y, orientadas a superar, desde “entradas” más integrales, las limitaciones que presenta hoy en día el sistema de Administración de Justicia. Ello supone, por ejemplo, apostar por nuevos enfoques en los procesos de profesionalización del recurso hu-mano, a saber: acercamientos a la Justicia desde la sociología jurídica, la antropología del dere-cho, los derechos humanos, etc.

22

Direcciones Dirección Técnica

FuncionesObservar, estudiar, analizar y comentar los proyectos de ley que se generan en las diversas áreas del Ministerio. El resultado de este análisis es usado como insumo para las discusiones en la Asamblea Legislativa, para su aprobación y posterior publicación en el Registro Oficial

ObjetivosNormar el quehacer jurídico en función de los mandatos constitucionales de interrelación de principios, soberanía popular, responsabilidad frente a los derechos y la supremacía constitucional.

Principios

Los principios que rigen el accionar de esta subsecretaría son: a) Se apoya en los derechos constitucionales a la igualdad, vida, salud, soberanía alimentaria, seguridad social, educación, trabajo, derechos laborales, cultura, recreación, familia, comunicación, desarrollo. b) Respalda su accionar en los derechos a la resistencia, integridad, libertad, identidad, personalidad, reputación, intimidad, justicia, debido proceso, rehabilitación, reparación integral, participación política, y todos los que protegen a los pueblos y nacionalidades, grupos vulnerables. c) Sustenta su accionar en todos los derechos que garantizan a los ecuatorianos y ecuatorianas el Buen Vivir.

Ejes de trabajo

Esta subsecretaría focaliza su accionar en tres ejes de trabajo:- Creación de cuerpos legales (desarrollo normativo) - Generación de doctrina jurídica (publicaciones), y - Fortalecimiento interno.

Programas y/o proyectos No tiene proyectos de inversión

Subsecretaría de desarrollo Normativo

Fuente: Web MJDHC. MJDHC, 2009. MJDHC – Subsecretaría Planificación, 2010.

23

RESULTADOS POR EJES DE TRABAJO

La subsecretaría de Desarrollo Normativo con-centra sus esfuerzos en dos ejes: creación de cuerpos legales y generación de doctrina jurídica, cuyos resultados se sintetizan a continuación.

Resultados Eje 1: Creación de cuerpos legales

Entre los principales objetivos del Ministerio de Justicia y, en particular de la subsecretaría de Desarrollo Normativo, se encuentra aquel referido a impulsar las reformas normativas que garanticen la plena vigencia de los derechos humanos. Con el fin de establecer bases sólidas que permitieran avanzar hacia el cumplimiento de tal objetivo, durante el año 2008, el accionar de esta subsecretaría se concentró, fundamen-talmente, en la ejecución de un sinnúmero de consultorías y estudios que permitieran contar con diagnósticos especializados en diversas ma-terias, como insumo para orientar los procesos de propuesta, creación y/o reforma de cuerpos legales.

En el cuadro se recogen los objetivos y alcances de las consultorías y estudios realizados, y que

dan cuenta de parte de los principales resulta-dos alcanzados por esta subsecretaría en los tres primeros años de existencia.

Varios de los documentos producto de las con-sultorías expuestas han sido presentados y dis-cutidos con diversos actores/as representantes de distintos sectores de la sociedad. En sus tres años de existencia (Cuadro 3) esta subsecretaría ha desarrollado 26 talleres de discusión, eva-luación, validación, difusión y socialización de anteproyectos y proyectos de leyes y códigos, de propuestas, de reformas legales y de proce-dimientos judiciales, abonando así al fortaleci-miento institucional de la función Judicial.

Todo este proceso ha permitido contar con los siguientes resultados:

• un Diagnóstico Socio-jurídico referido a normas penales elaborado con elementos conceptuales y ajustados a la realidad social para la reforma del sistema penal en su fase normativa, que permita la aplicación efecti-va de las normas de rango constitucional, en base de los principios de dignidad humana, proporcionalidad, legalidad y debido proceso.

se cuenta con un borrador del anteproyec-to de ley de Garantías Penales que, para el 2009, se encontraba en fase de validación.

• Diagnóstico socio-jurídico y Propuestas normativas en torno a la Justicia indíge-na, y, Pueblos No Contactados elaborado. Este estudio y el desarrollo de tales propues-tas es un elemento fundamental en el proceso de construcción del Estado Ecuatoriano Pluri-cultural.

• Un Proyecto de Ley Orgánica de Garan-tías Jurisdiccionales y Control Constitu-cional diseñado de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos. El pro-yecto de Ley fue presentado y aprobado por la Asamblea Nacional en octubre de 2009.

• Un borrador del Anteproyecto del Códi-go de Movilidad Humana diseñado, el cual abarca las temáticas de migración, refugio y desplazamiento. éste se concreta posterior-mente en la Ley de Movilidad Humana.

• ley de igualdad y No Discriminación diseñada, como producto final de todo un

24

Año Título Consultoría Objetivos Alcance Duración y

Costo

Diagnóstico sobre la Ley orgánica de

Control

Constitucional del Ecuador.

Elaborar un diagnóstico integral de la Ley Orgánica de Control

Constitucional vigente, que brinde los

insumos necesarios para la formulación de un proyecto de Ley de

Control Constitucional.

- Identificar los elementos normativos contenidos en la Ley Orgánica de Control Constitucional que han incidido, positiva y negativamente, en la

estructura y el funcionamiento de la Justicia Constitucional, y en especial en:

a) – Los rasgos de la justicia constitucional: Institucionalidad, independencia, eficacia y eficiencia.

b) - El control abstracto y concreto de constitucionalidad.

c) - Garantías judiciales de amparo, habeas corpus, habeas data y acceso a información

4 meses

$ 12.000

Diagnóstico integral

que permita diseñar y

desarrollar un proyecto de ley que

reforme la actual Ley

Orgánica de la

Función Judicial.

Elaborar un diagnóstico integral que

permita diseñar y desarrollar un

Proyecto de Ley Orgánica de la Función Judicial ajustada a estándares

internacionales de justicia y derechos

humanos, y que permita un sistema de

administración de justicia democrático, transparente, eficiente y que asegure el

igual acceso, y la tutela efectiva,

imparcial y expedita de los derechos humanos de las personas, grupos de

personas y pueblos.

- Determinar la adecuación de la Ley Orgánica de la Función Judicial a los

estándares nacionales e internacionales de justicia y derechos humanos.

- Evaluar el impacto de la aplicación de la Ley Orgánica de la Función Judicial a nivel institucional, en especial en el acceso a los órganos de administración

de justicia; el régimen administrativo y disciplinario; el control y la

participación social; la carrera judicial; la defensa pública; y, la justicia de paz

y los mecanismos alternativos de solución de conflictos.

- Establecer el nivel de cumplimiento de la Ley Orgánica de la Función

Judicial.

2 meses

$ 7.000,00

20

08

Diagnóstico sobre la

aplicación de la pena de privación de la

libertad.

Elaborar un diagnóstico a nivel social e

institucional que evalúe el impacto de la aplicación del sistema normativo en

la ejecución de la pena de privación de

la libertad.

- Evaluar la aplicación, a nivel social e institucional, de la aplicación de la pena

de privación de la libertad, en el sistema de administración de justicia y en el sistema penitenciario.

- Evaluar el grado de cumplimiento de las normas relativas a ejecución penal

en la privación de la libertad.

2 meses

$ 7.000

Diagnóstico integral

sobre movilidad

humana.

Elaborar un diagnóstico integral sobre

movilidad humana en el Ecuador, con

énfasis en temas específicos

- Diagnóstico integral sobre movilidad humana en el Ecuador, y específico de

los diversos ámbitos.

- Propuesta de índice para el proyecto de Código de movilidad humana.

8 semanas

$ 15.000

Detalle de consultorías impulsadas desde la Subsecretaría de Desarrollo Normativo: 2008 - 2010

25



Costo

Estudio que permita

definir las reformas

legales en el ámbito Administrativo y

Penal para proteger

derechos de los Pueblos No

Contactados.

Articular el régimen punitivo vigente

en el ámbito administrativo y penal en

materia de la protección de los derechos de los Pueblos No

Contactados, y transversalmente, a los

derechos ambientales y derechos de la naturaleza, de acuerdo con la nueva

Constitución, la legislación comparada

y la normativa internacional vigente sobre la materia

a) - Evaluar la aplicación de los tipos penales en materia ambiental y en materia

de protección a los Pueblos No Contactados (PNC).

b) - Evaluar la aplicación de las normas administrativas en relación con la protección de los derechos de los PNC y ambientales y de la naturaleza.

c) - Evaluar el régimen administrativo e institucional en el ámbito administrativo

aplicable a la protección del los derechos de los PNC, ambientales y de la naturaleza.

d) - Elaborar propuestas de reforma en el ámbito administrativo que permitan la defensa de los derechos de los PNC, derechos ambientales y de la naturaleza.

e) - Elaborar una propuesta de reforma al Código Penal, o la formulación de nuevos tipos penales, que incluyan conductas típicas que sancionen la

afectación de los derechos reconocidos por la legislación vigente –nacional e

internacional- de los PNC, ambientales y de la naturaleza.

3 meses

$ 16.000

Proyecto de Ley de

Control

Constitucional.

Colaborar en la elaboración de un

Borrador de Proyecto de Ley Orgánica

de Control Constitucional (LOCC), de acuerdo con los lineamientos fijados

por la Constitución Política y los

estándares internacionales de derechos

humanos y de control constitucional.

- Realizar una asesoría para revisar y dar recomendaciones para el Borrador

del Proyecto de LOCC, elaborado con el equipo del MJDHC.

- Elaborar una propuestas normativa para la LOCC sobre: a) Las funciones de la Corte Constitucional que no hacen parte ni del control

abstracto ni del control concreto constitucional, y que corresponden a las fijadas en la Constitución Política;

b) Disposiciones transitorias.

- Elaborar un artículo para publicación sobre la Justicia Constitucional.

1 mes

$ 8.000

Validación de

Proyecto de Ley de

Control Constitucional.

Realizar dos asesorías especializadas

para evaluar el borrador del Proyecto

de Ley de Control Constitucional, de acuerdo con los estándares

internacionales de Derechos Humanos

y control constitucional.

- Revisión del borrador del Proyecto de Ley de Control Constitucional y

elaboración de informe con observaciones y recomendaciones.

- Participación en un taller para la reformulación del borrador del Proyecto de Ley orgánica de Control Constitucional.

- Elaboración de informe final con las directrices que deben tenerse en cuenta

para la reelaboración del proyecto.

3 semanas

$ 3.300

26

Año Título Consultoría Objetivos Alcance

Duración y

Costo

Estudio que permita

definir los derechos de los Pueblos No

Contactados (PNC)

Realizar un estudio que permita definir

las reformas legales en el ámbito administrativo y penal para proteger

los derechos de los Pueblos No

Contactados.

- Informe sobre Pueblos en Aislamiento Voluntario.

- Borrador de Anteproyecto de Ley titulado “Ley para Protección de los Derechos de los Pueblos No Contactados”

- Propuesta de Ley para la Protección de los Derechos de los Pueblos no

contactados para incluirla en el Código del Ambiente. - Propuesta de Decreto Ejecutivo y de Acuerdo Ministerial para la Protección

de los Pueblos no Contactados.

4 meses

$ 16.000

Diagnóstico socio-

jurídico para la Ley Orgánica de

Coordinación y

Cooperación de Justicia Intercultural

Elaboración de un Diagnóstico socio-

jurídico para la elaboración de la Ley Orgánica de Coordinación y

Cooperación entre la Jurisdicción

Indígena y la Jurisdicción Ordinaria.

No Data No Data

$ 17.455,5

20

09

Elaboración y

validación de un

Proyecto de Ley que regule la Movilidad

Humana en el

Ecuador

Elaborar y validar participativamente,

un Proyecto de Ley integral, coherente,

unitario y ajustado a estándares nacionales e internacionales de

derechos humanos, que regule el

tratamiento jurídico e institucional de la movilidad humana en el Ecuador

- Recolección y procesamiento de información jurídica y social por ámbitos de

movilidad humana.

- Borrador de Proyecto de Ley Integral de Movilidad Humana en el Ecuador (incluye 7 ensayos preliminares).

- Talleres de discusión (informe sistematización)

- Documento de Ley Integral de Movilidad Humana en el Ecuador (Incluye 7 ensayos finales)

9 meses

$ 55.000

Elaboración de

diagnóstico socio-

jurídico para la implementación de la

reforma y aplicación

de un sistema punitivo de mínima

intervención.

Elaborar un diagnóstico socio-jurídico

que permita la implementación de la

reforma y aplicación de un sistema punitivo de mínima intervención en el

marco de la aplicación del garantismo

constitucional, para la concentración y adecuación jurídica de las normas

penales sustantivas, adjetivas y

ejecutivas dentro de un Código de

Garantías Penales.

Este diagnóstico socio-jurídico servirá de sustento para la posterior elaboración

del Código de Garantías Penales, el mismo que responda y sea compatible con

los mandatos constitucionales relativos a esta materia.

3 meses

$ 15.659


27


Costo

Elaboración del

Anteproyecto del

Código Contencioso Administrativo

Elaborar el Anteproyecto del Código

Orgánico Contencioso Administrativo.

- Simplificación de los procesos judiciales en contra del Estado.

- Efectiva defensa de los Derechos Constitucionales de los ciudadanos en esta sede judicial.

- Limitación del abuso de la vía constitucional de impugnación cuando la vía Contencioso Administrativa esté disponible.

- El Anteproyecto debe estar dividido en libros, títulos, capítulos, parágrafos y artículos que incluya, al menos una sección relativa a: principios, instituciones

del derecho administrativo, procedimientos judiciales, etc.

2 meses

20

10

Preparación del

Proyecto:

Diagnóstico socio-

jurídico para la Ley Orgánica de Justicia

Indígena,

coordinación y cooperación

intercultural

Realizar un diagnóstico socio-jurídico

que identifique, sistematice y analice

las costumbres, normas de derecho

propio, prácticas y procedimientos ancestrales de la justicia indígena que

tradicionalmente realizan las

comunidades, pueblos y nacionalidades, de acuerdo a las

disposiciones establecidas en la

Constitución de 2008, e incorpore los

estándares internacionales sobre administración de justicia indígena y

derechos colectivos respecto de la

integración de sus autoridades y organización, y las normas y

procedimientos para desarrollar la

justicia.

Obtener elementos conceptuales y ajustados a la realidad social para la

regulación de la justicia indígena; y, que permita el igual acceso y la tutela

efectiva, imparcial y expedita de los derechos de las personas, comunidades,

pueblos y nacionalidades sobre la base de su cultura y los derechos humanos; así como su coordinación y cooperación intercultural respecto de las justicias

ordinaria, constitucional y de paz.

4 meses

$ 9.000

Fuente: Documentos de consultorías, contratos y actas de entrega, Sub-secretaría de Desarrollo Normativo del MJDHC. Y, Pazos, Rina. 2011: “Información requerida para PROJUSTICIA” - Memorando No. MJDH-SDN-0117-11.Elaboración: Equipo Consultor


28

proceso de elaboración y revisión de proyec-tos normativos en esta materia.

• Revisión de proyectos de leyes prioriza-das por el Ejecutivo, a saber: Ley de economía Popular y solidaria, Ley de Control del Merca-do, Ley de Mercado de Valores, Ley de Policía Nacional, Ley orgánica de la Provincia de Ga-lápagos; Ley de seguridad Pública del Estado, Ley de Telecomunicaciones, Ley de soberanía Alimentaria, y, Ley de los Consejos Nacionales para la Igualdad.

Resultados Eje 2: Generación de doctrina jurídica

Entre las actividades desarrolladas dentro de este eje está la publicación de 19 libros de la se-rie denominada Justicia y Derechos Humanos, Neoconstitucionalismo y sociedad, Dichas pu-blicaciones abonan a la comprensión de la Jus-ticia desde enfoques más integrales y amplios. Esta producción se encuentra clasificada por te-mas en el gráfico 2 y cuantificada en el gráfico 3.

Complementan a los resultados expuestos, aquellos referidos a la difusión que se ha he-

Producción Judicial por Tema

Fuente: Pazos, Rina. 2011. “Información requerida para PROJUSTICIA” – Memorando No. MJDH-SDN-0117-11. 14 de abril 2011.

29

cho de este material desde la subsecretaría de Desarrollo Normativo: 13.000 ejemplares de los libros antes referidos han sido entregados entre el 2008 y 2009, a operadores de justicia, aboga-dos/as, personal docente y público en general; 7 de los 20 volúmenes que conforman la serie “Justicia y Derechos Humanos” han sido publi-cados en el año 2010.

La contribución que estas publicaciones hacen al desarrollo y difusión de conocimiento espe-cializado en materia de justicia y derechos es innegable, más aún cuando éstos abordan temá-ticas y problemáticas acordes a nuestra realidad socio-cultural.

Número de documentos publicados según temática: 2008 a 2010

0

500

1000

Gráfico No.PPL en educación regular, según nivel de instrucción. Años 2008 a

Alfabetización 354 448 293Primaria 606 702 820Secuandaria 498 571 465Superior 27 41 37

Año 2008 Año 2009 Año 2010

Gráfico No.Número de documentos publicados según temática, años 2008

a 2010

26%

53%

16% 5%

Tema Constitucionalismo

Tema Justicia y Derechos

Tema Justicia y Sociedad

Otros

0

5000

Gráfico No.PPL en educación informal y en actividades culturales.

Años 2008 a 2010

Año 2008 1369 1617Año 2009 4826 2633Año 2010 1850 757

Educación Actividades

349

130

328

25

25

110

JurídicoLaboral

LiderazgoIntegración

Escuela para padresFortalecimiento de lazos familiares

Gráfico No.Número de PPL capacitadas, sgún temas, en el Proyecto de Fortalecimiento de Vínculos Familiares, Años 2009 y 2010

0

20

CRS 13 4CDP 2 4

Existentes Nuevos

Gráfico No.Tendencia del crecimiento de la

PPL

1816717426

15624 16100

140001500016000170001800019000

Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010

Gráfico No.Nivel de Hacinamiento en los CRS (en%)

Años 2007 a 2010

171

14991

56

050%

100%150%200%

Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010

-65%

-64%

-55%

-51%

-70% -60% -50% -40% -30% -20% -10% 0%

Año 2007

Año 2008

Año 2009

Año 2010

Gráfico No.Porcentaje de Déficit/Superávit de espacio físico en CRS

Años 2007 a 2010

26%

53%

16% 5%




Otros

CAI 3 3

138

21

1944

63

1515

30

4767

114

0 50 100 150

Indicadores Estructurales

Indicadore de Proceso

Indicadores de Resultado

Total

Indicadores Construidos en la Fase 1 del SIDERECHOS por tipo de Indicador, según Derechos

Total de IndicadoresConstruidosIndicadores construidosDerecho a No TorturaIndicadores construidosDerecho al Trabajo

7747

4794

15675

1618

228

Causas asignadas a Centros Legales enQuito, Guayaquil, Manabí, Esmeraldas y Azuay

Causas patrocinadas por abogados de plantade la UTGDPP de Quito y provincias

Asistencia a Audiencias Orales porabogados UTGDPP Quito y Provincias

Indultos gestionados por abogadosUTGDPP Quito y Provincias

Prelibertades, deportaciones y otros

Causas Gestionadas en Materia penal por la UTGDPP. Años 2007 a 2010

3850

5712

Causas asignadas de oficio por los jueces degarantías penales a defensores UTGDPP

Asesorías (acompañamiento versiones -primera declaración en el proceso- y

atención al cliente)

Causas gestionadas de Oficio y Asesorías Legales de la UTGDPP. Años 2007 a 2010

5108

2898

6216

1153

Causas resueltas por abogados Centros LegalesQuito, Guayaquil, Manabi, Esmeraldas y Azuay

Causas resueltas por abogados de planta de laUTGDPP Quito y Provincias

Libertades en Audiencias Orales (Flagrancia,Formulación de cargos, Preparatorias, Juicio)

Libertades por Indultos

Causas Resueltas por la UTGDPP. Años 2007 a 2010

Fuente: Pazos, Rina. 2011. “Información requerida para PROJUSTICIA”Memorando No. MJDH-SDN-0117-11. 14 de abril 2011.

Subsecretaría de coordinación de atención integral a Personas Privadas de libertad (PPl)

DireccionesDirección de Administración de Centros de Internación de Adolescentes Infractores CAIDirección Técnica de Construcciones de CRS y CDP

Misión“Orientar la rectoría de Políticas Públicas para las personas privadas de libertad y coordinar, ejecutar, monitorear, evaluar los programas y proyectos del Sistema de Rehabilitación Social y administrar los Centros de Internamiento de Adolescentes en conflicto con la ley, garanti-zando la plena vigencia de los Derechos Humanos”.

Visión “Ser un referente internacional de los Sistemas de Rehabilitación Social e Internamiento de las personas privadas de libertad.”

Objetivos Estratégicos

a)Definir e implementar modelos de intervención integral que garantice la ejecución de la política pública para la atención de las personas privadas de libertad (PPL). b) Establecer mecanismos de coordinación permanente con organismos públicos y privados que viabilicen la ejecución de los programas y proyectos orientados a la atención integral de las PPL.c) Contar con una Estrategia Comunicacional que fortalezca la intervención de la Subsecretaría.d) Coordinar y planificar las actividades entre las direcciones técnicas de la Subsecretaría.e) Contar con un sistema penitenciario que garantice los Derechos Humanos.f) Coordinar estrategias para lograr una rehabilitación social efectiva.g) Implementar un sistema de protección integral y reinserción social para adolescentes en conflicto con la ley, acorde a la política pública y a los estándares establecidos en instrumentos nacionales e internacionales, garantizando la plena vigencia de los DDHH.

Principales Programas y Proyectos

- Censo Social y Demográfico Penitenciario del Ecuador (CSP)- Plan de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad.- Modelo de Atención Integral Socio-Psico-Pedagógico a Adolescentes Infractores.- Construcción de nuevos CRS, CDP y CAI y adecuación de los existentes.- Proyecto de Profesionalización Penitenciaria en el Ecuador.- Sistema Integrado E- SIGPEN.

30

31

De acuerdo con los mandatos de la Constitu-ción del Ecuador, referentes a los derechos de las personas privadas de libertad (Art. 51); a la disposición de que el sistema de rehabilitación social tendrá como finalidad la rehabilitación in-tegral de las personas sentenciadas penalmente (Art. 201); y, al PNBV cuya Política 9.5 es “Im-pulsar un sistema de rehabilitación social que posibilite el ejercicio de derechos y responsabi-lidades de las personas privadas de la libertad”; esta subsecretaría ha realizado su trabajo.

CENTROS DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD

El sistema Nacional Penitenciario del Ecuador se compone de 42 albergues para personas de 18 años y más, que se distinguen por su función en: 35 Centros de Rehabilitación social (CRs), 4 Centros de Detención Provisional (CDP) y 3 Casas de Confianza (CC).

Los Centros de Rehabilitación social (CDR), se-gún establece la Constitución, son lugares don-de permanecen las personas privadas de liber-tad, quienes cumplen una sentencia dictada por el juez competente.

CRS, CDP y Casas de Confianza, según provincias y ciudades de localización: Año 2010

región Provincia ciudad

Sierra

Carchi CRS Tulcán

Imbabura CRS Ibarra

Pichincha

CRS Quito Varones No 1



CRS Quito No 4

CRS Quito Clínica De Conducta

CDP 24 de Mayo Quito

CDP Quito

CRS Quito Mujeres

Centro de Confianza No.1 Quito

Centro de Confianza No.2 Quito

Santo Domingo de los Tsáchilas CRS Santo Domingo de los Tsáchilas

Cotopaxi CRS Latacunga

Tungurahua CRS Ambato

Bolívar CRS Guaranda

Chimborazo CRS Riobamba

CRS Alausi

CañarCRS Azogues

CRS Cañar

32

Los Centros de Detención Provisional (CDP) son los lugares o establecimientos donde deben per-manecer custodiadas las personas privadas de su libertad en razón de detención preventiva o cual-quier otra medida cautelar, ordenadas o decreta-das por autoridad o tribunal competente.

Las Casas o Centros de Confianza (CCC) son instituciones que se caracterizan por mantener un régimen de salidas reglamentadas y en con-tacto con el entorno social más amplio que el régimen cerrado, partiendo de criterios de asis-tencia, control y seguridad sustentada. Están destinadas a los internos que hayan cumplido con normas y requisitos establecidos en la ley y cuya conducta permite pronosticar su integra-ción a la sociedad.

Situación de las personas privadas de libertad en Centros de Rehabilitación Social antes del 2007

En el año 2004, a propósito de la generalización de las protestas de las personas privadas de la li-bertad, la CEDHu escribía: “La crisis del sistema Fuente: Subsecretaría de Atención Integral a PPL – Dirección Nacional de Rehabilitación Social.

región Provincia ciudad

SierraAzuay

CRS Cuenca Varones

CRS Cuenca Mujeres

Loja CRS Loja

Costa

Esmeraldas CRS Esmeraldas Varones

CRS Esmeraldas Mujeres

Manabí

CRS Bahía De Caraquez

CRS Jipijapa

CRS Portoviejo El Rodeo

CDP Portoviejo

Guayas

CRS Guayaquil Varones No.1

CRS Guayaquil Varones No 2

CRS Guayaquil Mujeres

CDP Guayaquil

Centro de Confianza Guayaquil

Los Ríos

CRS Quevedo

CRS Babahoyo

CRS Vinces

El OroCRS Machala

CRS Zaruma

Amazonia

Sucumbíos CRS Sucumbíos

Napo CRS Archidona

Morona Santiago CRS Macas

Total 19 42

CRS, CDP y Casas de Confianza, según provincias y ciudades de localización: Año 2010

33

carcelario ecuatoriano se ha ido agravando pro-gresivamente, sin que aparezca en el horizonte una salida relativamente clara. La indolencia ofi-cial e incapacidad de los gobiernos para afrontar la situación se refleja en la infraestructura obso-leta, el hacinamiento carcelario, las frecuentes ‘muertes anunciadas en las prisiones del país, la deficiente alimentación, la insuficiencia de per-sonal idóneo para atender las necesidades de la población recluida….A esta situación se suman las pésimas condiciones de higiene, la falta de asistencia médica y de ocupación laboral…”.

La situación penitenciaria ha sido uno de los pro-ductos de todas las crisis que ha sufrido el país. En ella se observa la ausencia de una atención integral para las personas privadas de libertad, que permita contar con un enfoque humanista y estrategias metodológicas para orientar su inclu-sión en la sociedad.

Con estos antecedentes, mediante Decreto Eje-cutivo No. 441, de 26 de junio de 2007, el Presi-dente Rafael Correa, declaró en estado de emer-gencia al sistema penitenciario de todo el país, con el fin de remediar las graves deficiencias encontradas en él.

CENSO SOCIAL Y DEMOGRÁFICO PENITENCIARIO DEL ECUADOR

En ese contexto, surge la necesidad de contar con una línea de base de la situación de las per-sonas privadas de libertad (PPL), con informa-ción que permitiera la formulación, seguimiento y evaluación de políticas públicas de rehabilita-ción y reinserción social con enfoque de dere-chos humanos. Para ello, en el 2008 se realizó el Censo Social y Demográfico Penitenciario, que a través de 69 preguntas levantó información de las condiciones de las PPL en los centros de rehabilitación social del país, y de las personas que cumplían su sentencia por causas legales en Centros de Detención Provisional, cuarteles de Policía, de las fuerzas Armadas, en Casas de Confianza, Hospitales y Clínicas y quienes se en-contraban en arresto domiciliario. El Censo cu-brió a 13.532 PPL, correspondientes al 96% del universo poblacional total.

Principales resultados del Censo

Caracterización social y demográfica de las PPL: La mayoría de PPL son hombres (89%) jóvenes (el 79% tiene menos de 37 años de edad), per-

sonas que mantiene unión conyugal (55%), de nacionalidad ecuatoriana (88%), auto identifi-cados/as como blanco/mestizos (75%), con ni-vel de instrucción secundaria (45%) y primaria (42%). Casi la mitad de las PPL realizan alguna actividad laboral al interior del CRs,

Historial procesal y penal: un tercio está acusa-do de delitos relacionados con estupefacientes o drogas, el 30% por delitos contra la propiedad, el 15% por delitos contra las personas, el 10% por delitos sexuales, entre las principales. La ma-yoría (85%) ha sido detenida una sola vez y el 45% no tiene sentencia. Esto significa que en el año 2008 estaban detenidas sin sentencia más de 6.000 personas a nivel nacional. un número similar de PPL informó que no tenía ningún tipo de defensa pública ni privada.

salud: Todas las enfermedades respiratorias, in-testinales, nerviosas, de órganos internos y de transmisión sexual han sido más contraídas en el CRs que antes de ingresar a él. Destaca que la presencia de depresiones se multiplica por 5 veces. El 70% evaluó como mala o muy mala la atención de salud en el CRs.

34

Embarazo: 1% de las mujeres viven con sus hijos en el CRs. El 16% estuvo en embarazo dentro del CRs del total de las mujeres privadas de la libertad. El 5% de este grupo tuvo su hijo dentro del CRs y el 5% lo tuvo sin ninguna atención.

Servicios, gastos y ayudas: El 56% califica de mala o muy mala la alimentación del CRs. un 12% no tiene acceso a celda. El 3% de celdas no tiene luz, el 5% no tiene agua, el 8% no tiene servicios higiénicos, el 25% no tiene cama, el 35% no tie-ne ducha. solamente un 10% no tiene gastos de ningún tipo en el CRs.

Hacinamiento: según la encuesta de “Condicio-nes y Estado Actual de la Infraestructura de los CRS del Ecuador”, realizada en febrero de 2008, el espacio promedio disponible para las PPL, era de 4 m2, frente al promedio mínimo de 20 m2 de acuerdo a las convenciones internacionales; por tanto existía un déficit de 80% de espacio.

PLAN DE ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSO-NAS PRIVADAS DE LIBERTAD (PPL)

De acuerdo con la política adoptada por el actual Gobierno y con base en los resultados del Censo Penitenciario, la subsecretaría de Coordinación de Atención Integral a PPL, se encuentra ejecu-tando un proceso de reforma penitenciaria que

incluye la implementación del Plan de Atención

Integral a las PPL en el sistema Penitenciario Na-

cional, y la construcción de nuevos centros de

privación de libertad y la adecuación de los ya

existentes. Para ello, se ha desarrollado y ejecu-

tado un Modelo de Atención, cuyos ejes se ilus-

tran en el diagrama 1.

EducaciÓN rEcrEaciÓN y

cultura

traBaJo yProductiVidad

ViNculoSFaMiliarES

BiENEStardE laS

PPlSalud

iNtEGral

35

PPL en educación regular, según nivel de instrucción: 2008 a 2010

0

500

1000



Año 2008 Año 2009 Año 2010


a 2010

26%

53%

16% 5%




Otros

0

5000


Años 2008 a 2010

Año 2008 1369 1617Año 2009 4826 2633Año 2010 1850 757


349

130

328

25

25

110

JurídicoLaboral




0

20

CRS 13 4CDP 2 4

Existentes Nuevos


PPL

1816717426

15624 16100

140001500016000170001800019000

Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010


Años 2007 a 2010

171

14991

56

050%

100%150%200%

Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010

-65%

-64%

-55%

-51%

-70% -60% -50% -40% -30% -20% -10% 0%

Año 2007

Año 2008

Año 2009

Año 2010


Años 2007 a 2010

26%

53%

16% 5%




Otros

CAI 3 3

138

21

1944

63

1515

30

4767

114

0 50 100 150




Total



7747

4794

15675

1618

228







3850

5712





5108

2898

6216

1153






0

500

1000



Año 2008 Año 2009 Año 2010


a 2010

26%

53%

16% 5%




Otros

0

5000


Años 2008 a 2010

Año 2008 1369 1617Año 2009 4826 2633Año 2010 1850 757


349

130

328

25

25

110

JurídicoLaboral




0

20

CRS 13 4CDP 2 4

Existentes Nuevos


PPL

1816717426

15624 16100

140001500016000170001800019000

Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010


Años 2007 a 2010

171

14991

56

050%

100%150%200%

Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010

-65%

-64%

-55%

-51%

-70% -60% -50% -40% -30% -20% -10% 0%

Año 2007

Año 2008

Año 2009

Año 2010


Años 2007 a 2010

26%

53%

16% 5%




Otros

CAI 3 3

138

21

1944

63

1515

30

4767

114

0 50 100 150




Total



7747

4794

15675

1618

228







3850

5712





5108

2898

6216

1153





Causas Resueltas por la UTGDPP. Años 2007 a 2010 Fuente: Subsecretaría de Coordinación de Atención Integral a PPL.

PPL en educación informal y en actividades culturales: 2008 a 2010

Fuente: Subsecretaría de Coordinación de Atención Integral a PPL.

Desde el año 2008 se ha dado especial impor-tancia a las actividades que permitan a las PPL su reinserción social cuando salgan de los CRs.

Educación, recreación y cultura

En el año 2009 se firmó un Acuerdo entre el Mi-nisterio de Educación, el Ministerio de Justicia y la Dirección Nacional de Rehabilitación social con el fin de fortalecer el Subprograma VOLUN-TAD, y para que las personas privadas de libertad

que no contaran con los documentos que acre-ditan su nivel educativo, pudieran rendir un exa-men de ubicación y acceder al año de educación formal correspondiente.

Respecto al programa de Educación Regular de las PPL, en el año 2008 participaron 1.485 perso-nas, en el año 2009, 1.762 y en el año 2010, 1.615. En el siguiente gráfico se observa el número de personas, según niveles de instrucción.

Además de los cursos de educación regular las PPL han tenido acceso a cursos de educación in-formal y a variadas actividades culturales (Cine, radiodifusión, artesanías, música, etc.)

Es importante destacar el incremento significati-vo de PPL que participan en actividades deporti-vas y de recreación, las mismas que pasaron de 201 en 2008 a 1.275 en 2010.

36

Salud

La situación de salud de la PPL es uno de los as-pectos más críticos y en los que se expresa de manera fehaciente las condiciones de mayor vulnerabilidad y riesgo de esta población. El año 2009 marca un hito de cambio significativo en la atención de salud de las PPL, con el Diseño de la Política de salud Integral para el sistema de Atención Integral a PPL y la elaboración e inicio de implementación del Plan Interinstitucional de Atención Integral en salud para PPL. En ese marco, entre 2009 y 2010 se realizaron acciones y se obtuvieron importantes resultados, a saber:

• El 15 de enero de 2009 se suscribió un Con-venio entre el Ministerio de salud Pública, el Ministerio de Justicia y la Dirección Nacional de Rehabilitación social con el propósito de que las PPL accedan a la atención de salud y tratamiento de enfermedades; y otro convenio para opera-tivizar el Convenio Marco para la provisión de

medicinas e insumos de forma gratuita para la atención de las PPL y garantizar que en casos que así lo ameriten, se reciba y atienda de manera inmediata a las PPL, en las unidades de salud u hospitales del Ministerio de salud Pública.

• Se realizaron más de 300 campañas de salud cuyo objetivo fue la prevención y combate a las principales enfermedades padecidas por las PPL:

- Vacunación al 80% de PPL a nivel nacional en Hepatitis B, Difteria, Tétanos, AH1N1 y fiebre Amarilla.

- fumigaciones a los CRs.

- Campaña de prevención del VIH-sIDA a nivel nacional.

- Campaña de Pruebas de Tamizaje para VIH en los CRs de Quito, Guayaquil y Manabí con la realización de 3.396 pruebas de tamizaje, 7.772 consejerías.

- Campaña de Estilos de Vida saludables.

- Distribución masiva de preservativos.

• Plan de control y reducción de VIH-SIDA, que incluyó capacitación al personal, a las PPL y a visitas, como también el diseño e implementa-ción de una política con las siguientes acciones: a) Mecanismos de prevención, con una dota-ción permanente de preservativos; b) oferta de pruebas rápidas. se realizaron cerca de 6.000 pruebas en campañas; y, c) Tratamiento gratui-to a pacientes en las clínicas del sIDA del MsP. Recibieron tratamiento 21 PPL en el 2008 y 31 en el 2009.

• Plan de control y reducción de la tuberculosis. En coordinación con el MsP se ha iniciado el mejoramiento de tres procesos: a) sistema de detección temprana; b) sistema de informa-ción c) sistemas de apoyo a PPL se encuentra en revisión final la Guía de atención en Tuber-culosis para PPL.

• Acciones de control y reducción de patologías frecuentes y prevalentes en PPL, como las far-macodependencias, enfermedades respirato-rias y gastrointestinales.

• Atención especial a las necesidades de salud reproductiva de las mujeres privadas de liber-

37

tad para el control prenatal, parto y puerperio y otras acciones de planificación familiar, así como la atención de salud de los niños que conviven con ellas.

• Ejecución en CRS de Quito del Plan Piloto de la Escuela de formación de Promotores de salud Integral: 40 personas (Guías penitencia-rios, PPL y familiares)

• Taller con Directores y Jefes Médicos de los CRs del país, para la socialización de los pro-cedimientos en salud para el sistema Peniten-ciario: 61 participantes.

• Talleres nacionales de elaboración de están-dares para licenciamiento de las unidades de salud de los CRs (40 participantes).

• Se creó un plan de respuesta a la Influenza AH1N1, con los más altos estándares de pre-vención de la enfermedad, lo cual ha permi-tido tener solo un caso confirmado dentro de los CRs.

• Al momento se cuenta con Ambulancias en los CRs de Quito y Guayaquil, El Rodeo y Cuenca,

las cuales permiten atender de mejor manera las emergencias.

• Se ha recuperado la clínica de atención Psi-quiátrica de El Rodeo donde actualmente se encuentran 30 pacientes en tratamiento. se realizó la primera jornada de salud Mental Pe-nitenciaria, dentro de las Jornadas Internacio-nales de Psiquiatría Critica.

• En el año 2008 se realizaron 47.314 atenciones a PPL en los CRs y 54.312 en el 2010

• Dentro del Programa de Asesoría Familiar Sis-témica, en el año 2008 participaron 571 PPL y en el año 2009, 678 PPL, en 22 Centros del país.

Trabajo y productividad

Entre los años 2007 y 2010 se observa una ten-dencia levemente creciente del número de PPL ocupadas en actividades productivas: de 3.790 en el 2007 a 4.347 en el 2010.

Es importante mencionar el esfuerzo realizado por las autoridades con el fin de capacitar a las

PPL en artes y oficios de su interés, así como en otras materias, lo que les permitirá mejorar sus posibilidades de reinserción laboral y social: 4.913 PPL en el año 2008 y 4.255 en el año 2009.

En el año 2010 se ejecutó el proyecto de capa-cidades productivas y producción en los CRs de Archidona, Riobamba, Azogues, Bahía de Cara-quez, santo Domingo de los Tsáchilas, Esmeral-das, Tulcán, Quito, sucumbíos y Cuenca, que consistió en la instalación de huertos orgánicos, de lombricultura, crianza de cuyes y avicultura, y benefició a 120 PPL. De igual manera se instaló y está en producción un huerto orgánico en el CRs Nº 1 Varones de Guayaquil.

Vínculos familiares

El Proyecto de fortalecimiento de Vínculos familiares se desarrolló en Quito, Ambato, Es-meraldas y Guayaquil en los años 2009 y 2010. se realizaron talleres con 1.800 personas: 832 familiares y 967 PPL. Como resultado se confor-maron Comités de familiares de PPL en los CRs Varones Quito Nº 1 y 2, CRs Varones de Esme-raldas y CRs Varones y Mujeres de Ambato.

38

LOS CENTROS DE ADOLESCENTES INFRACTORES (CAI)

Los centros de adolescentes infractores son lu-gares donde permanecen adolescentes menores de 18 años y que incurrieron en faltas graves. En el país existen 11 Centros de Adolescentes In-fractores: 7 de varones, 2 de mujeres y 2 mixtos.

En conformidad con el marco legal del país y con la política del Plan Nacional Para el Buen Vivir

de “fortalecer las capacidades de las entidades responsables de la atención a adolescentes en conflicto con la ley; y, promover el ejercicio efec-tivo de derechos de los y las adolescentes priva-dos de libertad” (Política 9.5), el Ministerio de Justicia propone algunas políticas encaminadas a superar las falencias detectadas, principalmen-te en el Diagnóstico hecho por DNI y el MJDHC (2008), en cuanto a garantizar los derechos de las y los adolescentes infractores, y de ofrecerles condiciones adecuadas de detención.

Número de PPL capacitadas, según temas, en el Proyecto de Fortalecimiento de Vínculos Familiares: 2009 y 2010

Fuente: Subsecretaría de Coordinación de Atención Integral a PPL.

Modelo de Atención Integral Socio-psico-pedagógico a Adolescentes Infractores en los CAI

Este Modelo de Atención Integral se inició en septiembre de 2010, con el fin de garantizar “que las y los adolescentes en conflicto con la ley penal y que ingresan a los Centros logren su integración o reintegración familiar, social y comunitaria a través de un acompañamiento in-tegral apegado a la garantía y plena vigencia de los Derechos Humanos”.

Sus objetivos específicos son: a) Asegurar que el Centro se constituya en una comunidad educa-tiva; b) Incorporar en el proceso educativo a la familia como un actor clave con responsabilidad en la actuación del adolescente; y, c) Entregar herramientas para el registro del proceso educa-tivo que se desarrolla en el CAI.

Dentro del Modelo de Atención se están tra-bajando 5 componentes: a) Autoestima / Iden-tidad; b) Vínculos Afectivos; c) Educación; d) salud; y, e) formación ocupacional. Los resul-tados iniciales son:

0

500

1000



Año 2008 Año 2009 Año 2010


a 2010

26%

53%

16% 5%




Otros

0

5000


Años 2008 a 2010

Año 2008 1369 1617Año 2009 4826 2633Año 2010 1850 757


349

130

328

25

25

110

JurídicoLaboral




0

20

CRS 13 4CDP 2 4

Existentes Nuevos


PPL

1816717426

15624 16100

140001500016000170001800019000

Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010


Años 2007 a 2010

171

14991

56

050%

100%150%200%

Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010

-65%

-64%

-55%

-51%

-70% -60% -50% -40% -30% -20% -10% 0%

Año 2007

Año 2008

Año 2009

Año 2010


Años 2007 a 2010

26%

53%

16% 5%




Otros

CAI 3 3

138

21

1944

63

1515

30

4767

114

0 50 100 150




Total



7747

4794

15675

1618

228







3850

5712





5108

2898

6216

1153






39

Centros de Adolescentes Infractores CAI, según provincias y ciudades de localización. Año 2010

Fuente: Dirección de Administración de Centros de Adolescentes Infractores.

• Se ha acordado la suscripción de un convenio con el Registro Civil para la cedulación y vali-dación de datos de los y las adolescentes de los CAI.

• Se ha gestionado la suscripción de un Convenio con el sistema Nacional de Educación a Distan-

cia “Leonidas Proaño” (SINEDE), para que las y

los adolescentes accedan a la educación duran-

te su internamiento.

• En el CAI Loja se está trabajando con 3 progra-

mas educativos: educación regular, programa

de educación popular permanente en el área de talleres y el sINEDE.

• En vista que el Ministerio de Educación está implementando el nuevo Bachillerato General Unificado, existe la disposición de abrir exten-siones en todos los CAI.

• Se están elaborando los procesos educativos que respondan al tiempo impuesto para el cumplimiento de las medidas socio-educativas de cada adolescente.

• Para el cuidado y seguimiento del estado de salud de los y las adolescentes, se ha firmado un Convenio con el Ministerio de salud, que asegura visitas periódicas y permanentes de un médico y un odontólogo a los CAI.

• Se ha mejorado la asistencia psicológica en los 11 Centros, con la contratación de Psicólogos clínicos para dar apoyo emocional y psicológi-co a los y las adolescentes.

• Se ha elaborado un protocolo de atención en “Prevención y tratamiento psicológico para dro-godependientes”, el cual está siendo validado.

Región Provincia Ciudad

Sierra

Imbabura CAI Ibarra Varones

Pichincha CAI Quito Varones

CAI Conocoto Mujeres

Tungurahua CAI Ambato Varones

Chimborazo CAI Riobamba Mixto

Azuay CAI Cuenca Varones

Loja CAI Loja Mixto

Costa

Esmeraldas CAI Esmeraldas Varones

GuayasCAI Guayaquil Varones

CAI Guayaquil Mujeres

El Oro CAI Machala Varones

Total 9 11

40

• Se han ejecutado capacitaciones a funciona-rios/as para mejorar el manejo de alimentos y la alimentación de de las y los adolescentes ingresados en los CAI.

• 11 Centros cuentan con una planificación en temas de salud. En su mayoría existe colabora-ción con los Centros de salud de cada ciudad y se incluye capacitación a los adolescentes en varios temas relacionados con el cuidado de su salud.

• En los 11 CAI se ejecutan talleres de capaci-tación en: Belleza, Manualidades, Panadería, Carpintería, sastrería, Mecánica, Metalmecá-nica, serigrafía, Electricidad, Computación y Avicultura.

Proyecto de Inversión 2010- 2011

Este Proyecto de “Implementación del Modelo de Atención Integral para Adolescentes Privados de Libertad en los Centros de Internamiento de Adolescentes Infractores”, busca lograr: una gestión administrativa eficiente, que permita el mejoramiento continuo de sus funcionarios; que las y los adolescentes privados de libertad desarrollen sus capacidades; y, que los Centros cuenten con la infraestructura y equipamiento necesaria para cumplir con las disposiciones del Código de la Niñez y la Adolescencia.

Los resultados alcanzados por este proyecto, son los siguientes:

• Los 11 centros cuentan con el personal básico y con herramientas de comunicación para su funcionamiento.

• Cada CAI se encuentra en permanente comuni-cación con la policía, para garantizar la seguridad.

• Los Centros a nivel nacional han sido dotados de: Equipos y materiales para talleres ocupa-cionales en artes y oficios (capacitación y pro-ducción)

• Se han realizado capacitaciones a los funciona-rios de los Centros y de la Dirección de los CAI en: Modelo de Atención Integral, temas Ad-ministrativos y financieros, Justicia Penal Ju-venil, Protocolo de Alimentación, Protocolos Legales, Protocolo Psicológico, entre otros.

• Se firmaron 2 convenios para la administra-ción de los CAI de Quito y Riobamba.

• Se realizó la evaluación al desempeño de los y las funcionarias que ingresaron por contrato en los Centros de Adolescentes Infractores del país.

41

recientemente inaugurado, tiene una capacidad para 594 internos. Cuenta con un área de 10.164 y con instalaciones para usos múltiples. En el CRs de santo Domingo de los Tsáchilas se cons-truyeron los pabellones de máxima y mínima se-guridad con una capacidad para 292 PPL.

se realizó la adquisición de dos terrenos donde se construirán los Centros de Rehabilitación más

grandes del país, el de la Regional Litoral con ca-pacidad para 2.000 PPL y el de la Regional sierra Centro Norte con capacidad para 1.000 PPL.

Se encuentra en trámite la firma de un Convenio con el Municipio de Quito para que se asignen terrenos para el CDP Quito-Sur que será defini-tivo y para los de La Mena y Calderón que son provisionales.

Número de CRS, CDP y CAI, intervernidos y propuestos: 2009 y 2010

0

500

1000



Año 2008 Año 2009 Año 2010


a 2010

26%

53%

16% 5%




Otros

0

5000


Años 2008 a 2010

Año 2008 1369 1617Año 2009 4826 2633Año 2010 1850 757


349

130

328

25

25

110

JurídicoLaboral




0

20

CRS 13 4CDP 2 4

Existentes Nuevos


PPL

1816717426

15624 16100

140001500016000170001800019000

Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010


Años 2007 a 2010

171

14991

56

050%

100%150%200%

Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010

-65%

-64%

-55%

-51%

-70% -60% -50% -40% -30% -20% -10% 0%

Año 2007

Año 2008

Año 2009

Año 2010


Años 2007 a 2010

26%

53%

16% 5%




Otros

CAI 3 3

138

21

1944

63

1515

30

4767

114

0 50 100 150




Total



7747

4794

15675

1618

228







3850

5712





5108

2898

6216

1153






Fuente: Informes de Gestión del MJDHC, años 2009 y 2010.

• Se llevó a cabo asesoría legal en Centros de Adolescentes Infractores.

• Trabajo coordinado con Juzgados y Fiscalía, así como con la DINAPEN para garantizar que se respete el debido proceso y los derechos de los y las adolescentes que ingresan en los CAI, así como con otros actores (Consejo Na-cional y Locales de la Niñez y Adolescencia, Juntas Cantonales de Protección de la Niñez, Municipios)

CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD Y CENTROS DE ADOLESCENTES INFRACTORES, Y ADECUACIÓN DE LOS EXISTENTES

La unidad Transitoria de Gestión Emergente para la Construcción de Centros de Rehabilita-ción social (uTGECC), en los años 2009 y 2010 trabajó en la reestructuración y/o adecuación de los centros ya existentes y en la construcción de nuevos centros: 17 CRs, 6 CDP y 6 CAI.

Durante el año 2010 concluyeron las obras fí-sicas de los pabellones de Máxima y Media se-guridad en santo Domingo de los Tsáchilas y el nuevo CRs en sucumbíos. El CRs de sucumbíos,

42

X

XX

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

##

!

!

!

LOJA

AZUAY

PICHINCHA

COTOPAXI

CARCHI

CHIMBORAZO

BOLIVAR

CAÑAR

IMBABURA

TUNGURAHUA

MANABI

GUAYAS

ESMERALDAS

LOS RIOS

EL ORO

SANTA ELENA

GUAYAS

SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

PASTAZA

NAPO

ORELLANA

SUCUMBIOS

MORONA SANTIAGO

ZAMORA CHINCHIPE

±0 190 38095

Km.

CDP, CRS y CAI intervenidos a partir del año 2009

Leyenda! Centro de Adolecentes Infractores

# Centro de Detención Provisional

X Centro de Rehabilitación Social

GALAPAGOS

cdP, crS y cai intervenidos a partir del año 2009

43

CDP, CRS y CAI intervenidos en el 2009 - 2010 y nuevos propuestos

Región Provincia Ciudad Año 2009 Año 2010 Proyección Nuevos

Sierra

Imbabura CRS Ibarra Reversión de ordenanza munici-pal sobre el terreno.

Pichincha

CRS Quito Varones Nº 1 Se reforzó el talud

CRS Pichincha Se evalúan alternativas de terrenos (Machachi y Latacunga)

CDP 24 de Mayo Quito Reestructuración

CDP Quito En proceso definición del modelo conceptual CDP

CDP Quito-Zona Sur En estudio

CDP Calderón En estudio

CDP La Mena En estudio

Santo Domingo de los Tsáchilas

CDP Santo Domingo de los Tsáchilas Propuesta de creación

CRS Santo Domingo de los Tsáchilas Pabellones de mediana y máxima seguridad construidos.

Salas, canchas, comedor e instalaciones construidas

Recuperación integral de infraestructura de talleres.

Cotopaxi CRS Regional Sierra Centro Norte (Poaló). Terreno adquirido. Estudios técnicos en marcha

Azuay

CRS Cuenca Varones Prospección arqueológica en ejecución.

CRS Regional Sierra Centro Sur - Parroquia rural Ñuca Turi (Cuenca)

Proyecto de construcción aprobado por SENPLADES. Estudios en ejecución

CAI Cuenca Varones Reestructuración Terreno propiedad del MJDHC.

Loja CRS Loja Información física sobre este centro, recopilada.

44

Fuente: Informes de Gestión 2009 y 2010 del MJDHC

Región Provincia Ciudad Año 2009 Año 2010 Proyección Nuevos

Costa

Esmeraldas

CRS Esmeraldas Varones Información física sobre este centro, recopilada.

CAI Esmeraldas Reestructuración

CAI Wínchele (parroquia Vuelta Larga, Cantón Esmeraldas) Construcción.

Manabí CRS Portoviejo El Rodeo Información física sobre este centro, recopilada.

Guayas

CRS Guayaquil Varones Nº 1 Taller de metalmecánica ha-bilitado y pabellón de media

seguridad construido

CRS Regional Guayas Estudios técnicos en marcha

CAI Guayaquil Reestructuración culminada

El Oro CRS Machala Constitución comodato con Ministerio de Defensa

Amazonía

Sucumbíos

CRS Sucumbíos Pabellones y cerramiento concluidos

CRS construido y todos los edificios habilitados

CAI Nueva LojaEstudios técnicos concluidos. Realizado desbroce del terreno y conformación de

plataformas.

Napo CRS Archidona Elaborados términos de referen-cia para estudios

Morona Santiago CRS Macas Elaborados términos de referen-cia para estudios

Total 13 18 12 8 11

CDP, CRS y CAI intervenidos en el 2009 - 2010 y nuevos propuestos

45

!

!

!

##

#

#

X

X

X

X

LOJA

AZUAY

PICHINCHA

COTOPAXI

CARCHI

CHIMBORAZO

BOLIVAR

CAÑAR

IMBABURA

TUNGURAHUA

MANABI

GUAYAS

ESMERALDAS

LOS RIOS

EL ORO

SANTA ELENA

GUAYAS


PASTAZA

NAPO

ORELLANA

SUCUMBIOS

MORONA SANTIAGO

ZAMORA CHINCHIPE

±0 190 38095

Km.

Nuevos CDP, CRS y CAI propuestos, en estudio y en construcción a partir del año 2010

Leyenda! Centro de Adolecentes Infractores

# Centro de Detención Provisional

X Centro de Rehabilitación Social

GALAPAGOS

Nuevos cdP, crS y cai propuestos, en estudio y en construcción a partir del año 2010

46

involucrados en la rehabilitación social”, de la Política 9.5 del Plan Nacional para el Buen Vivir, el Ministerio de Justicia implementa este pro-yecto e inicia el proceso de selección de las ins-tituciones educativas de nivel superior del país, para llevar a cabo esta propuesta.

El proyecto se encuentra estructurado en tres fases:

formación Inicial: Dirigido para el personal que desempeñarán sus funciones en los nuevos Cen-tros de Rehabilitación social construidos por el Estado. En el año 2010, 152 aspirantes culmina-ron esta fase. Luego del curso, el personal pasó a formar parte del cuerpo de vigilancia y seguri-dad del servicio Penitenciario Nacional.

formación Continua: Dirigido a los actuales fun-cionarios del sistema penitenciario. Al momento 716 guías penitenciarios han sido capacitados en esta fase.

Carrera Penitenciaria: Esta carrera técnica, de tres años de duración, se dirige al personal de seguridad y vigilancia que labora en el sistema

Capacitación a Guías Penitenciarios

Penitenciario Ecuatoriano. Esta carrera será im-partida por la EsPE a partir del año 2011.

SISTEMA INTEGRADO E-SIGPEN

se estableció la coordinación con la unidad de Tecnología del MJDH y el área de Gestión Tec-nológica de la Dirección Nacional de Rehabilita-ción social para la implementación del sistema e-sIGPEN y monitoreo de su funcionamiento en los centros de 15 CRs.

PROYECTO DE PROFESIONALIZACIÓN PENI-TENCIARIA EN ECUADOR

Consistente con la estrategia de “fortalecer la institucionalidad responsable de la atención in-tegral a personas privadas de la libertad a través de la implementación de la carrera penitenciaria y la formación integral de guías y demás actores

Inauguración Pabellones de Máxima y Mediana seguridad en Santo Domingo de los Tsáchilas.

47

Subsecretaría de Fortalecimiento del Sector Justicia

DireccionesDirección de Respuesta JudicialDirección de Coordinación de Proyectos del Sector JusticiaDirección de Gestión Interinstitucional

Misión

1. Generar los espacios de coordinación necesarios, con todas las entidades del Sector Justicia;2. Proponer al Ministerio la ejecución de acciones de interés transversal en las instituciones del Sector Justicia;3. Monitorear el cumplimiento de los compromisos adquiridos por cada una de las instituciones del Sector, para el mejoramiento de los

servicios que prestan;4. Coordinar con el Consejo Nacional de Sustancias, Estupefacientes y Psicotrópicas (CONSEP), la elaboración, la implantación y la difusión

de las campañas de prevención y erradicación del consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas;5. Supervisar todos los procesos de extradición activa y pasiva;6. Monitorear, evaluar y controlar la ejecución de programas y proyectos encargados al área.

Visión

a) Acceso a la Justiciab) Cultura de Pazc) Gerencia de serviciosd) Promoción de una sociedad libre del consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicase) Gestión de Repatriacionesf) Supervisión de extradicionesg) Participación ciudadana en el Sistema de Justicia a nivel nacionalh) Coordinación interinstitucional para el fortalecimiento del sistema judicial

48

Objetivos Estratégicos

- Justicia de Paz- Jueces Itinerantes- Juzgados de Servicios Compartidos- Juzgado Multijuez- Modelo de Juzgado Piloto- Investigación de los procesos legales relacionados con el Estado y sus unidades adscritas en la Ciudad de Guayaquil- Arbitraje de Consumo- Observatorio ciudadano del Sistema de Justicia- Programa Piloto de prevención de drogas- PRADICAN - Proyecto de capacitación y formación a profesionales en políticas de drogas - Repatriaciones- Proyecto de Inversión: Retorno de PPL a sus países de origen- Otros Proyectos

PRINCIPALES RESULTADOS

De las políticas: Acceso a la Justicia y Cultura de Paz

Dentro de esta política se propusieron y se

están ejecutando varios proyectos: Justicia

de Paz, Jueces itinerantes, Juzgado Multi-juez y Arbitraje de consumo, cuyos princi-pales resultados hasta diciembre de 2010, son:

• 240 jóvenes de agrupaciones juveniles de Guayaquil y Esmeraldas participaron en el

Campamento por la Paz, logrando acuer-dos mínimos de convivencia pacífica.

• 350 jóvenes de agrupaciones juveniles de la ciudad de Esmeraldas participaron del segundo Congreso por la Paz, la No Vio-lencia y la Educación entre pares.

Subsecretaría de Fortalecimiento del Sector Justicia

49

de causas, con recomendaciones para adap-tarla o sustituirla en los Juzgados de servicios Compartidos.

• Diseño en marcha de un módulo de forma-ción y capacitación para la implementación de un nuevo Modelo de Gestión de Juzgados Penales con servicios Compartidos.

De la política: Promoción de una sociedad libre del consumo de sustancias estupefa-cientes y psicotrópicas

Para llevar adelante esta política se están ejecu-tando varias iniciativas: a) Programa piloto de prevención de drogas en los CRs femeninos de Quito, Guayaquil y Esmeraldas, y CAI Virgilio Guerrero de Quito; b) Programa anti-drogas ilícitas en la Comunidad Andina - “PRADICAN”; c) Proyecto de capacitación y formación a profe-sionales en políticas de drogas; y, d) Prevención integral de drogas en comunidades urbanas. En-tre los resultados obtenidos, se mencionan:

• 200 PPL capacitadas en prevención del uso y consumo de drogas en la comunidad peniten-ciaria, quienes han replicado la capacitación a 800 PPL adicionales.

• Apoyo a los países miembros de la Comuni-dad Andina en su lucha contra las drogas ilíci-tas, en el marco de la implementación del Plan Andino de cooperación para la lucha contra las drogas ilícitas y delitos conexos

• Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, participa activamente, a nivel interins-titucional e internacional, en la elaboración de políticas, directrices, toma de decisiones, vinculadas a la temática de las drogas.

• Malla Curricular de una especialización supe-rior en el tema drogas en ejecución.

• Estudiantes de colegios de la provincia de Pi-chincha capacitados sobre el uso de drogas, la prevención de su consumo, y en derechos humanos.

De las políticas: Gestión de repatriaciones y supervisión de extradiciones

En casos de repatriación, los procedimientos a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, son: supervisión de los procesos de extradición; y, ejecución de los trámites de

• 2.500 jóvenes de grupos juveniles urbano al-ternativos de la provincia de Esmeraldas capa-citados en mediación y cultura de paz, a través del fútbol callejero.

• Alrededor de 17.000 personas de la provincia de Esmeraldas capacitadas en métodos alterna-tivos de solución de conflictos y cultura de paz.

• Taller sobre Arbitraje de Consumo para fun-cionarios del MJDHC realizado.

• Manual de Arbitraje de Consumo elaborado.

De la política: Gerencia de Servicios

forman parte de esta política el proyecto de Juzgados de Servicios Compartidos; la defini-ción del Modelo de Juzgado Piloto para mejorar la calidad de servicios y acceso a la justicia; y la realización de la Investigación, identificación, evaluación, control, análisis, informe y estadís-ticas de los procesos legales relacionados con el Estado y sus unidades adscritas en Guayaquil. Los avances de estas iniciativas, son:

• Diagnostico en ejecución de la herramienta informática actual que se utiliza en la gestión

50

repatriación en aquellos casos en que Ecuador sea signatario de convenios de traslado de per-sonas privadas de libertad (PPL). Para cumplir con estas competencias, esta subsecretaría ha trabajado en repatriaciones y extradiciones y ejecuta el Proyecto de inversión retorno de PPL extranjeras hacia el país de su nacionalidad. Los resultados obtenidos hasta 2010, son:

• Una repatriación pasiva realizada y dos casos de atención prioritaria identificados.

• Cinco repatriaciones activas concretadas.

• Convenio suscrito con Colombia para la re-patriación de PPL, cuyos primeros resultados son: 10 ciudadanos colombianos repatriados, y 1 ciudadana ecuatoriana retornada (Marzo 2011).

• Capacitaciones sobre repatriación realizadas a PPL, guías, personal penitenciario y funciona-rios de consulados y embajadas.

• Reglamento interno sobre repatriaciones ela-borado de acuerdo con la legislación nacional e internacional.

De la política: Participación Ciudadana en el Sistema de Justicia

Para ejecutar esta política se formuló el Proyecto observatorios Ciudadanos del sistema de Jus-ticia en el Ecuador. Los dos principales resul-tados de esta política, son:

• Observatorios ciudadanos creados y en fun-cionamiento en las ciudades de Guayaquil, Quito, Cuenca y Esmeraldas, con miembros de diferentes sectores sociales, permitiendo un acercamiento entre la población y la fun-ción judicial.

• Elaborado proyecto de reglamento del Con-sejo Nacional Ciudadano sectorial del sistema de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.

De la política: Coordinación interinstitucional para el fortalecimiento del sistema Judicial

De acuerdo con el propósito de coordinación

y el mandato de la subsecretaría de fortaleci-miento del sector Judicial, se han impulsado acciones, participado en instancias interins-titucionales y se han obtenido los siguientes resultados:

• Tabla de pensiones alimenticias elaborada conjuntamente con el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, el Consejo de la Judica-tura y otros actores sociales.

• Creada Comisión del MJDHC para monitorear la elaboración del Programa de moderniza-ción y mejoramiento de los Juzgados de Ni-ñez y Adolescencia por parte del Consejo de la Judicatura y realizar reportes a la Asamblea Nacional.

• Elaborado borrador del Instructivo de devolu-ción de bienes en delitos contra la Propiedad e iniciada validación con miembros de la Co-misión del sistema Penal.

• Realizadas acciones para la articulación e im-plementación de políticas interinstitucionales sobre acceso a la justicia, a saber: a) socializa-ción de la Propuesta del Código orgánico de

51

Garantías Penales; b) Conversatorio con Con-sultores Internacionales sobre los avances en la implementación del Código orgánico de la función Judicial; c) Taller con representantes del sector justicia de Guayas para coordinar trabajo en temas de seguridad nacional; d) Reunión de Presidentes de los Poderes Judi-ciales de los países integrantes de uNAsuR; y, e) Reunión de coordinación interinstitucional con la secretaría Nacional de Transparencia de Gestión y el Ministerio Coordinador de la Política.

De acciones de capacitación

Además de las capacitaciones mencionadas, des-tacan las siguientes:

• Seminario Internacional de Derecho Admi-nistrativo realizado en Guayaquil, con la par-ticipación de jueces de lo contencioso- admi-nistrativa.

• Taller de Capacitación sobre Trata de Perso-nas efectuado con la participación de opera-dores de justicia del país.

De otras acciones relevantes

Caso Bosco Wisuma

se investigó el caso determinando que los per-digones encontrados en más de 40 policías he-ridos, durante las protestas indígenas del 30 de septiembre del 2009, tienen la misma composi-ción química que el perdigón que mató al profe-sor Wisuma, por tanto, se descartó que los pro-yectiles pudieran provenir de la Policía Nacional.

Sucesos 30 de septiembre

El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos impulsó la investigación y realizó denun-cias en contra de personas de la Policía Nacional que participaron en los hechos del 30s, para “evitar que el intento de golpe de Estado y de asesinato en contra del presidente de la Repú-blica quede en la impunidad”.

52

Subsecretaría de derechos humanos y cultos

DireccionesDirección de Relación con la CiudadaníaDirección de Políticas en Derechos HumanosDirección de Políticas de Regulación para el libre ejercicio de Cultos

Atribuciones

1. Promocionar una estructura ciudadana de exigibilidad de derechos humanos.2. Capacitar a funcionarios públicos en derechos humanos.3. Fortalecer mecanismos que permitan a la ciudadanía acceder a información legal y procesal.4. Definir políticas de estado que regirán la promoción de los derechos humanos.5. Institucionalización de la Defensa Pública.6. Vigilancia activa de Derechos Humanos.7. Cumplimiento de disposiciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos

Proyectos y Acciones Relevantes

- Diagnóstico sobre el conocimiento de la ciudadanía sobre DDHH y su exigibilidad.- Campañas de difusión de DDHH- Planes y Programas de Capacitación y Formación en DDHH- Oficina de Atención a la Ciudadanía- Sistema Integral de Indicadores de Justicia y de Derechos Humanos en Ecuador- Planes para combatir la Trata de Personas- Plan de Erradicación de la Violencia de Género- Cumplimiento de disposiciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos

53

ACCIONES Y RESULTADOS

Promoción de una estructura ciudadana de exi-gibilidad de derechos humanos

En este ámbito, se realizaron diversas activida-des, con los siguientes resultados:

• Diagnóstico en 29 ciudades sobre el conoci-miento de la ciudadanía sobre sus derechos y mecanismos de exigibilidad, el cual mostró que solo el 25% de las personas podía enun-ciar un derecho humano.

• Campaña televisiva de difusión de mecanis-mos de exigibilidad de los derechos humanos realizada.

• Campaña artística sobre derechos humanos presentada en las ferias ciudadanas de los ga-binetes itinerantes.

- obra “Diálogo para ciudadanos despista-dos” de Arístides Vargas sobre los derechos humanos, puesta en escena en 7 provincias para un total de 2.000 espectadores, en co-legios, universidades y otros escenarios

- Obra “Corre” de Charo Francés, con un mensaje de convivencia y comprensión del

drama humano del refugio, fue presentada en varias ciudades y escenarios, para un to-tal de 270 espectadores.

• Semana de los Derechos Humanos realiza-da con actividades culturales y de difusión, como la proyección del audiovisual “Derecho a la Memoria” en Quito, Guayaquil y Cuenca; y, el ofrecimiento de disculpas públicas a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, y a sus familias.

Capacitación a funcionarios públicos

Acogiéndose al mandato constitucional y a las recomendaciones de varios organismos interna-cionales de derechos humanos, la subsecretaría de Derechos Humanos y Cultos, en coordina-ción con otras dependencias estatales, guber-namentales y de la sociedad civil, ejecutó varias capacitaciones sobre: igualdad y no discrimina-ción, seguridad ciudadana, género y diversida-des sexuales, combate a la trata de personas, movilidad humana; todas articuladas con los De-rechos Humanos. Las capacitaciones realizadas hasta 2010 se sintetizan en el siguiente cuadro.

Este esfuerzo se acompañó de otras actividades, cuyos resultados fueron:

• Material pedagógico producido: a) Guía de movilidad humana y DDHH; b) Cartilla sobre Derechos de las personas sexualmente diver-sas; c) Cartilla sobre el lenguaje de género; y, d) Manual de Derechos Humanos, dirigido a la Policía Nacional.

• Módulos de capacitación en Derechos Hu-manos diseñados en temas específicos, para: jueces; funcionarios de los CAI, personal del Ministerio de salud, CoNsEP y CNT, opera-dores de justicia y funcionarios de la salud, guías penitenciarios.

• Diplomado “Justicia, Género y Derechos Hu-manos”, llevado a cabo por la FLACSO.

• Campaña radial nacional sobre derechos hu-manos, efectuada.

• Herramientas diseñadas para la conformación de grupos de promotores en DDHH, en los Centros de Rehabilitación social.

54

Capacitaciones sobre Derechos Humanos. Años 2008, 2009 y 2010

Fuente: Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.

• Convenio firmado con la Corporación Nacio-nal de Telecomunicaciones para capacitar a 6.000 funcionarios públicos en DDHH.

• Material sobre derechos humanos en kichwa y shuar, en elaboración.

Fortalecimiento de mecanismos que per-mitan a la ciudadanía a acceder a infor-mación legal y procesal

La estrategia adoptada dentro de esta línea de trabajo fue la creación, en mayo de 2009, de la Oficina de Atención a la Ciudadanía (oAC), con el fin de dar asesoramiento jurídico en te-mas legales y procesales y orientación psicoso-cial gratuita a los ciudadanos ecuatorianos. La atención brindada busca generar efectos repara-dores, a través de un enfoque integral e interdis-ciplinario que respete y valore la dignidad del ser humano.

Las oAC funcionan en Quito, Guayaquil, Am-bato, Cuenca y Cañar. Cada una cuenta con

Destinatarios Número de participantes Características de las capacitaciones

Policía Nacional

2.417

Efectuadas en: Azuay, Carchi, Pichincha, Santo Domingo, Cañar, Sucumbíos, Esmeraldas, Los Ríos, Manabí, Guayas, El Oro, Tungurahua, Chimborazo y Orellana.

80 Formación de capacitadores / replicadores a 3.000 miembros de la policía en la frontera norte

110 Formación de capacitadores para replicar a 42.000 miembros de la policía nacional

MJDHC y Ministerio del Interior 80Formación de capacitadores en Derechos Hu-manos, con énfasis en movilidad humana

Fiscales 26 Fiscalía del Carchi

Juezas y jueces 80Capacitación / validación de módulos para la Escuela Judicial

Fuerzas Armadas S/I Primer curso de DDHH para las Fuerzas Armadas

Autoridades cantonales de Chimborazo 60Solicitada por el Centro Ecuatoriano de Derechos Humanos y Ambientales

Miembros de KNH 10 Solicitada por la ONG Kindernothilfe – KNH

Funcionarios de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones

90 Realizada en Quito, Cuenca y Manta

55

profesionales del Derecho, asistentes legales, trabajadoras sociales y psicólogas. Desde abril de 2008 hasta diciembre de 2010, han atendido más de cinco mil (5.000) peticiones ciudadanas en el país.

La Oficina de Atención a la Ciudadanía (OAC) tiene los siguientes proyectos:

• Implementación de la línea telefónica 1800 JusTICIA (587-842) a nivel nacional, para que las personas que requieran acceder a los ser-vicios de la oAC tengan un mecanismo fácil y directo de acceso.

• Campaña de difusión de mecanismos jurídi-cos para el ejercicio de derechos.

• Establecimiento de mecanismos de protec-ción y restitución de derechos humanos con otras instancias del Estado.

• Implementación de un espacio adecuado para la recepción de peticiones ciudadanas que asegure la confidencialidad; así como un espa-cio para la atención de niños/as que acompa-ñan a las personas adultas.

• Instalación de un sistema informático que sir-va para sistematizar las peticiones ciudadanas.

Definición de políticas de Estado para la promoción de los derechos humanos

Sistema Integral de Indicadores de Justicia y de Derechos Humanos

El objetivo de este proyecto es contar con un sistema de indicadores que permita monitorear el cumplimiento de los derechos humanos en el país. Hasta la fecha se ha ejecutado la fase pi-loto del Proyecto sIDERECHos, adaptando a la realidad nacional la metodología propuesta por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones unidas de Derechos Humanos (oACNuDH). Esta adaptación se hizo mediante la realización de reuniones y talleres con funcionarios públi-cos, representantes de oNG, personal del MJD-HC y de la oACNuDH.

En esta fase se construyeron indicadores sobre un derecho socioeconómico, el Derecho al tra-bajo, y un derecho civil y político, el Derecho a no ser sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Para ello se

recopiló información estadística de diversas ins-tituciones públicas y organizaciones de la socie-dad civil, y se procesaron censos y encuestas na-cionales, como también el Censo penitenciario.

El trabajo descrito se tradujo en la construcción del sistema para los dos grupos de derechos, con un total de 114 indicadores (estructurales, de proceso y resultado), más de 600 cuadros (tablas de datos desagregados según distintas categorías - sexo, año, provincia, región, área de residencia, etnicidad, nivel de instrucción, entre otras), 113 gráficos y 15 mapas. Los 114 indicadores construidos cuentan con fichas de metadatos El detalle de resultados se observa en el siguiente cuadro.

Plan para combatir la trata de personas

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos preside el Plan Nacional para combatir la trata, tráfico y explotación de personas de 2006, el cual tiene tres ejes principales: a) Prevención; b) In-vestigación, sanción y protección; y c) Reparación y restitución de los derechos de las víctimas.

Por la complejidad de los temas que en Plan se incluyen, las instituciones participantes se han

56

Plan de erradicación de la violencia de género

En el año 2007, y por primera vez en la histo-ria ecuatoriana, el Gobierno Nacional mediante Decreto Ejecutivo No. 620 del 10 de septiembre de ese año, dispone la elaboración e implemen-tación del Plan Nacional para la erradicación de la violencia de género contra la niñez, adoles-

cencia y mujeres, concebido desde un enfoque

intersectorial y multidisciplinario. Dicho Plan

contiene cinco ejes de trabajo: 1) Transforma-

ción de patrones socioculturales; 2) Construc-

ción de un sistema de registro; 3) Construcción

de un sistema de protección integral; 4) Acceso

a la justicia; y, 5) Institucionalidad.


0

500

1000



Año 2008 Año 2009 Año 2010


a 2010

26%

53%

16% 5%




Otros

0

5000


Años 2008 a 2010

Año 2008 1369 1617Año 2009 4826 2633Año 2010 1850 757


349

130

328

25

25

110

JurídicoLaboral




0

20

CRS 13 4CDP 2 4

Existentes Nuevos


PPL

1816717426

15624 16100

140001500016000170001800019000

Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010


Años 2007 a 2010

171

14991

56

050%

100%150%200%

Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010

-65%

-64%

-55%

-51%

-70% -60% -50% -40% -30% -20% -10% 0%

Año 2007

Año 2008

Año 2009

Año 2010


Años 2007 a 2010

26%

53%

16% 5%




Otros

CAI 3 3

138

21

1944

63

1515

30

4767

114

0 50 100 150




Total



7747

4794

15675

1618

228







3850

5712





5108

2898

6216

1153






Fuente: Informe Final Fase 1 SÍDERECHOS, UASB, 2010

concentrado casi exclusivamente en la trata de personas. La participación de la sociedad civil y el aporte de la cooperación internacional, han sido fundamentales para la creación e impulso del Plan, así como de las acciones concretas que se han realizado en la intervención de casos. Destacan:

• Constitución y funcionamiento de la Mesa de trata de personas.

• Conformación y puesta en marcha de la Red Anti trata “Ayuda-T”.

• Mesa Anti trata conformada por impulso de la Comisión de Equidad y Género del Municipio de Quito, la cual ha apoyado al desmantela-miento de algunas redes de tratantes en el país.

Con el apoyo estatal se han realizado capacita-ciones a funcionarios públicos, y se han desarro-llado protocolos y hojas de ruta para la interven-ción en casos.

57

En su ejecución participan cinco ministerios, entre ellos Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos; la fiscalía y otras instancias gubernamentales. El MJDHC ha apoyado con la ejecución de acciones en sus áreas de interven-ción, como es la realización del Diplomado de Género, Justicia y DDHH, la elaboración de mó-dulos y la capacitación de jueces y juezas.

Institucionalización de la Defensa Pública Penal (DP)

La subsecretaría de Derechos Humanos promo-vió la discusión y aprobación de la normativa que regula la creación del servicio de Defensa Pública, para lo cual impulsó varias acciones y obtuvo resultados importantes:

• Incluyó en una propuesta de texto constitu-cional a la institución de la Defensa Pública como órgano de la función Judicial. Dicha propuesta fue acogida y la Constitución la reconoce como uno de los órganos jurisdic-cionales autónomos (Art. 178) y establece sus características y facultades.

• Apoyó el diseño del Código Orgánico de la función Judicial, el mismo que fue aprobado

en 2009 y contiene una sección referida a la Defensa Pública.

• Desde el 2008 y hasta octubre de 2010 reali-zó el seguimiento del servicio prestado por la unidad Transitoria de Gestión de Defensoría Pública Penal (uTGDPP).

Unidad Transitoria de Gestión de Defensoría Pú-blica Penal

Mediante Decreto Ejecutivo 563, de 17 de agos-to de 2007, se crea esta unidad, con el objeti-vo de garantizar una defensa penal de calidad y gratuita a aquellas personas privadas de libertad (PPL) que, por su exclusión económica y social, no pueden pagar un abogado privado que los defienda.

En el año 2009 se inició con el proceso de ins-titucionalización de la Defensoría Pública y se consiguieron los siguientes resultados:

• Extensión de la cobertura de los servicios en el área penal a nivel nacional.

• Alrededor de 13.700 causas gestionadas.

• 7.682 causas fueron resueltas.

• Contratados 70 nuevos defensores públicos de planta.

• 12 centros legales contratados.

• Dos oficinas de la Defensoría Pública instala-das en las principales ciudades.

• 100% de los defensores públicos capacitados en técnicas de litigación oral.

• Plan de trabajo para el área de pensión de ali-mentos elaborado.

• Proyección por zona geográfica de abogados de-fensores para el 2010, en materia de alimentos.

• Consultorios jurídicos gratuitos creados.

• 4.429 casos atendidos en la Defensoría Pública en el año 2010.

Desde su creación y hasta septiembre de 2010, la uTGDPP gestionó 30.062 causas en materia penal, y 9.562 causas de oficio y asesorías legales. El total de causas resueltas alcanzó la suma de 15.375.

58

Causas Gestionadas en Materia penal por la UTGDPP: 2007 a 2010

0

500

1000



Año 2008 Año 2009 Año 2010


a 2010

26%

53%

16% 5%




Otros

0

5000


Años 2008 a 2010

Año 2008 1369 1617Año 2009 4826 2633Año 2010 1850 757


349

130

328

25

25

110

JurídicoLaboral




0

20

CRS 13 4CDP 2 4

Existentes Nuevos


PPL

1816717426

15624 16100

140001500016000170001800019000

Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010


Años 2007 a 2010

171

14991

56

050%

100%150%200%

Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010

-65%

-64%

-55%

-51%

-70% -60% -50% -40% -30% -20% -10% 0%

Año 2007

Año 2008

Año 2009

Año 2010


Años 2007 a 2010

26%

53%

16% 5%




Otros

CAI 3 3

138

21

1944

63

1515

30

4767

114

0 50 100 150




Total



7747

4794

15675

1618

228







3850

5712





5108

2898

6216

1153






0

500

1000



Año 2008 Año 2009 Año 2010


a 2010

26%

53%

16% 5%




Otros

0

5000


Años 2008 a 2010

Año 2008 1369 1617Año 2009 4826 2633Año 2010 1850 757


349

130

328

25

25

110

JurídicoLaboral




0

20

CRS 13 4CDP 2 4

Existentes Nuevos


PPL

1816717426

15624 16100

140001500016000170001800019000

Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010


Años 2007 a 2010

171

14991

56

050%

100%150%200%

Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010

-65%

-64%

-55%

-51%

-70% -60% -50% -40% -30% -20% -10% 0%

Año 2007

Año 2008

Año 2009

Año 2010


Años 2007 a 2010

26%

53%

16% 5%




Otros

CAI 3 3

138

21

1944

63

1515

30

4767

114

0 50 100 150




Total



7747

4794

15675

1618

228







3850

5712





5108

2898

6216

1153






Fuente: UTGDPP – MJDH-C. Reporte al SIGOB de 15/09/2010

Causas gestionadas de Oficio y Asesoría Legales la UTGDPP: 2007 a 2010

59

Cumplimiento de disposiciones del Siste-ma Interamericano de Derechos Humanos

En virtud del Decreto Ejecutivo 1317 expedido el 09 de septiembre del 2008 se confirió al Minis-terio de Justicia y Derechos Humanos la respon-sabilidad de “coordinar la ejecución de senten-cias, medidas cautelares, medidas provisionales, acuerdos amistosos, recomendaciones y resolu-ciones originados en el sistema Interamericano de Derechos Humanos y en el sistema universal

0

500

1000



Año 2008 Año 2009 Año 2010


a 2010

26%

53%

16% 5%




Otros

0

5000


Años 2008 a 2010

Año 2008 1369 1617Año 2009 4826 2633Año 2010 1850 757


349

130

328

25

25

110

JurídicoLaboral




0

20

CRS 13 4CDP 2 4

Existentes Nuevos


PPL

1816717426

15624 16100

140001500016000170001800019000

Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010


Años 2007 a 2010

171

14991

56

050%

100%150%200%

Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010

-65%

-64%

-55%

-51%

-70% -60% -50% -40% -30% -20% -10% 0%

Año 2007

Año 2008

Año 2009

Año 2010


Años 2007 a 2010

26%

53%

16% 5%




Otros

CAI 3 3

138

21

1944

63

1515

30

4767

114

0 50 100 150




Total



7747

4794

15675

1618

228







3850

5712





5108

2898

6216

1153





Causas Resueltas por la UTGDPP. Años 2007 a 2010Causas Resueltas por la UTGDPP: 2007 a 2010

Fuente: UTGDPP – MJDH-C. Reporte al SIGOB de 15/09/2010

de Derechos Humanos, y demás obligaciones surgidas por compromisos internacionales en esta materia”.

El sistema Interamericano de Derechos Huma-nos cuenta con dos organismos supervisores del cumplimiento de los tratados que componen su marco normativo: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamerica-na de Derechos Humanos. En el ejercicio de sus competencias, éstas han conocido varios casos

en contra del Estado ecuatoriano y han dispues-to algunas medidas de reparación.

En este marco, la subsecretaria de Derechos Hu-manos ha sido la encargada de ejecutar dichas medidas de reparación.

El MJDHC ha llevado a cabo una importante la-bor en la ejecución de las medidas para

reparar las violaciones que, por acción u omi-sión del Estado, se causó a las personas en su jurisdicción. Para ello, cuenta con la participa-ción de las víctimas de manera que se pueda establecer sus necesidades reales y las formas de reparación y protección adecuadas, conforme a su situación. Las dificultades han sido muchas pero los avances han sido mayores, y todavía faltan muchas medidas por ejecutar y a muchas víctimas que reparar.

Otras acciones relevantes

Entrega del Informe de la Verdad: El 29 de oc-tubre de 2010, el Ministro de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, entregó en Washington a la Comisión Interamericana de Derechos Huma-

60

Medidas de Reparación implementadas por el Estado Ecuatoriano y beneficiarios: 2008, 2009 y 2010

Medidas de Reparación Beneficiarios Responsabilidad estatal asumida. Medidas de Reparación otorgadas

• Juan Chaparro

• Freddy Lapo

Detención ilegal, incomunicación y

negación del debido proceso.

Eliminación de sus nombres de los registros

públicos en los que aparecían con

antecedentes penales; y en los registros de

la Asociación de Bancos Privados,

Superintendencia de Bancos; otros bancos

y, de las Embajadas de Chile y EEUU.

Restitución: Restablecimiento de la libertad,

disfrute de los derechos humanos, identidad,

ciudadanía, retorno a su lugar de residencia,

devolución de sus bienes y empleo.

• Daira Levoyer Detención ilegal, incomunicación y

torturas psicológicas.

Eliminación de nombres de los registros

públicos

• Wilmer Zambrano

• José Miguel Caicedo • Segundo Olmedo

Muerte extrajudicial. En 2010, el MJDHC pagó a cada uno los

hijos de las víctimas $138,32 y a cada una de las compañeras $1.060,42.

• Daniel Tibi

Detención ilegal, víctima de torturas y

luego declarado inocente.

En 2010 se pagó $ 50.735,42 dólares

• Floresmilo Bolaños

Detención ilegal, privación de la libertad

por 7 años sin sentencia, luego fue

declarado inocente

Se acordó el pago de un monto, el cual se

entregó en 2009.

Indemnización: Compensación monetaria por

daños y perjuicios que se concede de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la

violación, de acuerdo a las circunstancias de

cada caso y que considere todos los daños

materiales, físicos y morales.

• Juan Carlos Chaparro

• Freddy Lapo



En enero de 2010 pagó $ 8.914,04.

• Nelson Iván Serrano Sáenz Detención ilegal y deportación arbitraria

a EEUU, donde fue condenado a muerte.

Contratación de una abogada especialista en

apelaciones en materia de pena de muerte a

fin de que asuma su defensa.

Rehabilitación: Atención médica y

psicológica, así como servicios legales y

sociales que ayuden a las víctimas a

readaptarse a la sociedad • Karina Montenegro y

cuatro mujeres más

detenidas en CRS

Violación de derechos a la libertad,

protección judicial, integridad, a una vida

sin violencia y a los derechos de los

niños. No se reemplazó la prisión preventiva por arresto domiciliario a

pesar de estar embarazadas o ser adultas

mayores.

Atención médica a Martha Cadena, debido

a su estado de salud y edad avanzada.

Creación de guarderías en los CRS del país:

2 en los CRS de Quito y Guayaquil, para el cuidado de las hijos/as de las PPL.

Satisfacción: Verificación de los hechos,

conocimiento

público de la verdad y actos de desagravio; las

sanciones contra perpetradores; la

conmemoración y tributo a las víctimas"; es

• Consuelo Benavides

• Wilmer Zambrano

• José Miguel Caicedo

• Segundo Caicedo

• Daniel Tibi

Graves violaciones a los derechos

humanos.

El 10 de diciembre de 2008, el Estado

Ecuatoriano ofreció disculpas públicas a los

familiares de las víctimas de graves

violaciones a los derechos humanos, sea por

acción u omisión, del Estado. Se realizó y

61

Medidas de Reparación Beneficiarios Responsabilidad estatal asumida. Medidas de Reparación otorgadas

• Juan Chaparro

• Freddy Lapo



Eliminación de sus nombres de los registros

públicos en los que aparecían con

antecedentes penales; y en los registros de

la Asociación de Bancos Privados,

Superintendencia de Bancos; otros bancos

y, de las Embajadas de Chile y EEUU.

Restitución: Restablecimiento de la libertad,

disfrute de los derechos humanos, identidad,

ciudadanía, retorno a su lugar de residencia,

devolución de sus bienes y empleo.

• Daira Levoyer Detención ilegal, incomunicación y

torturas psicológicas.

Eliminación de nombres de los registros

públicos

• Wilmer Zambrano

• José Miguel Caicedo • Segundo Olmedo

Muerte extrajudicial. En 2010, el MJDHC pagó a cada uno los

hijos de las víctimas $138,32 y a cada una de las compañeras $1.060,42.

• Daniel Tibi

Detención ilegal, víctima de torturas y

luego declarado inocente.

En 2010 se pagó $ 50.735,42 dólares

• Floresmilo Bolaños

Detención ilegal, privación de la libertad

por 7 años sin sentencia, luego fue

declarado inocente

Se acordó el pago de un monto, el cual se

entregó en 2009.

Indemnización: Compensación monetaria por

daños y perjuicios que se concede de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la

violación, de acuerdo a las circunstancias de

cada caso y que considere todos los daños

materiales, físicos y morales.


• Freddy Lapo



En enero de 2010 pagó $ 8.914,04.

• Nelson Iván Serrano Sáenz Detención ilegal y deportación arbitraria


Contratación de una abogada especialista en

apelaciones en materia de pena de muerte a

fin de que asuma su defensa.

Rehabilitación: Atención médica y

psicológica, así como servicios legales y

sociales que ayuden a las víctimas a

readaptarse a la sociedad • Karina Montenegro y

cuatro mujeres más

detenidas en CRS

Violación de derechos a la libertad,

protección judicial, integridad, a una vida

sin violencia y a los derechos de los

niños. No se reemplazó la prisión preventiva por arresto domiciliario a

pesar de estar embarazadas o ser adultas

mayores.

Atención médica a Martha Cadena, debido

a su estado de salud y edad avanzada.

Creación de guarderías en los CRS del país:

2 en los CRS de Quito y Guayaquil, para el cuidado de las hijos/as de las PPL.

Satisfacción: Verificación de los hechos,

conocimiento

público de la verdad y actos de desagravio; las

sanciones contra perpetradores; la

conmemoración y tributo a las víctimas"; es

• Consuelo Benavides

• Wilmer Zambrano

• José Miguel Caicedo

• Segundo Caicedo

• Daniel Tibi

Graves violaciones a los derechos

humanos.

El 10 de diciembre de 2008, el Estado

Ecuatoriano ofreció disculpas públicas a los

familiares de las víctimas de graves

violaciones a los derechos humanos, sea por

acción u omisión, del Estado. Se realizó y


• Freddy Lapo

• Rigoberto Acosta

• Rafael Iván Suárez

difundió el documental "Derecho a la

Memoria".

• Marco Zambrano

• Javier Rada

Denegación de acceso a la justicia a los

familiares de los niños muertos

Placa conmemorativa con los nombres de

los niños, colocada en el Colegio Vicente

Rocafuerte en 2008.

• Nelson Serrano Detención ilegal y deportación arbitraria


Reconocimiento público de violaciones

cometidas, en rueda de prensa del 29 de

enero de 2009

• Karina Montenegro y

otras

Violación a los derechos NNA y de las

mujeres

Publicación, en el Registro Oficial 635 de

julio de 2009, del Acuerdo de Solución

Amistosa de este caso,

• Laura Susana Albán Víctima de mala práctica médica. Denegación de acceso a la justicia a sus

familiares

El 3 de marzo de 2010 se publicó la sentencia en el Diario El Comercio, como

fuera acordado con las víctimas

• Daniel Tibi Detención ilegal y tortura. Publicación en un diario de Francia, el

reconocimiento de la responsabilidad del

Ecuador por las violaciones cometidas, y

disculpas públicas.

• Floresmilo Bolaños Detención ilegal, privación de la libertad Publicación en la prensa las disculpas

públicas y el reconocimiento de la

responsabilidad del Ecuador por las

violaciones cometidas.

decir, medidas que involucren un admisión

pública del mal causado

• Consuelo Benavides Desaparición, tortura y asesinato Se colocó su nombre en una plazoleta de

Tulcán y en una calle de la parroquia

Rocafuerte, y en una Unidad Educativa del

Milenio en San Lorenzo.

Publicación de su biografía en la página web del MJDHC.

Garantía de no repetición: Cambios

legislativos, reformas

judiciales/institucionales, promoción y respeto

de los DDHH, capacitación a funcionarios y

operadores de justicia

• Daniel Tibi

• Juan Chaparro

• Fredy Lapo

• Laura Susana Albán

• Nelson Serrano

Violaciones a los derechos humanos

arriba mencionadas

La Corte IDH dispuso esta medida. El

MJCHC ha cumplido con ella, mediante la

capacitación de policías, jueces, guías

penitenciarios y operadores de la salud en

todo el país.

Medidas Cautelares: Protección preventiva • Caso Shushufindi. Comité Amenazados por llevar adelante Se firmó "Carta de compromiso de


62

cuando se verifica la existencia de un daño

inminente y una situación de daño irreparable.

de Derechos Humanos de

Shushufindi

investigación sobre violaciones a

derechos humanos.

ejecución de obligaciones internacionales”;

entregó un carné de beneficiario de

Medidas Cautelares; se les capacitó sobre

su uso y alcance; se realizó rondas

policiales en la zona.

Se apoyó restauración de sede del Comité

de DDHH.

• Comunidades indígenas de

Sarayacu

Pueblo Indígena Sarayacu, afectado en

su territorio por las actividades de la

petrolera argentina CGC.

Se entregó carné de beneficiario a las

personas más vulnerables, de acuerdo con la

comunidad.

Mantenimiento a la pista aérea. Se extrajo y destruyó 14 kilos pentolita. En

estudio métodos para extracción sin causar

daños ambientales.

• Esther Landetta Activista de Derechos Humanos Se firmó una "Carta de compromiso de

ejecución de medidas cautelares" y se le

entregó el carné de beneficiaria. Se le

asignó personal policial para su protección

y la de su familia.


• Freddy Lapo

• Rigoberto Acosta

• Rafael Iván Suárez

difundió el documental "Derecho a la

Memoria".

• Marco Zambrano

• Javier Rada

Denegación de acceso a la justicia a los

familiares de los niños muertos

Placa conmemorativa con los nombres de

los niños, colocada en el Colegio Vicente

Rocafuerte en 2008.

• Nelson Serrano Detención ilegal y deportación arbitraria


Reconocimiento público de violaciones

cometidas, en rueda de prensa del 29 de

enero de 2009

• Karina Montenegro y

otras

Violación a los derechos NNA y de las

mujeres

Publicación, en el Registro Oficial 635 de

julio de 2009, del Acuerdo de Solución

Amistosa de este caso,

• Laura Susana Albán Víctima de mala práctica médica. Denegación de acceso a la justicia a sus

familiares

El 3 de marzo de 2010 se publicó la sentencia en el Diario El Comercio, como

fuera acordado con las víctimas

• Daniel Tibi Detención ilegal y tortura. Publicación en un diario de Francia, el

reconocimiento de la responsabilidad del

Ecuador por las violaciones cometidas, y

disculpas públicas.

• Floresmilo Bolaños Detención ilegal, privación de la libertad Publicación en la prensa las disculpas

públicas y el reconocimiento de la

responsabilidad del Ecuador por las

violaciones cometidas.

decir, medidas que involucren un admisión

pública del mal causado

• Consuelo Benavides Desaparición, tortura y asesinato Se colocó su nombre en una plazoleta de

Tulcán y en una calle de la parroquia

Rocafuerte, y en una Unidad Educativa del

Milenio en San Lorenzo.

Publicación de su biografía en la página web del MJDHC.

Garantía de no repetición: Cambios

legislativos, reformas

judiciales/institucionales, promoción y respeto

de los DDHH, capacitación a funcionarios y

operadores de justicia

• Daniel Tibi

• Juan Chaparro

• Fredy Lapo

• Laura Susana Albán

• Nelson Serrano

Violaciones a los derechos humanos

arriba mencionadas

La Corte IDH dispuso esta medida. El

MJCHC ha cumplido con ella, mediante la

capacitación de policías, jueces, guías

penitenciarios y operadores de la salud en

todo el país.

Medidas Cautelares: Protección preventiva • Caso Shushufindi. Comité Amenazados por llevar adelante Se firmó "Carta de compromiso de


63

nos (CIDH) el Informe de la Comisión de la Verdad.

Judicialización de casos: Como una forma de reparación de las graves violaciones contra los derechos humanos investigadas por la Comisión de la Verdad, este Ministerio solicitó a las fiscalía la judicialización de 40 casos.

Programa de Protección de Víctimas y tes-tigos: se ha fortalecido este programa de la fis-calía General del Estado.

Medidas cautelares: El 10 de mayo del 2006 la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de los pueblos Taromenani y Tagaeri (Proceso MC-91-06), de forma casi inmediata a la petición reali-zada por la organización Ciudadanos por la De-mocracia. Con este antecedente se dio inicio al Plan de implementación de Medidas Cautelares a favor de estos pueblos no contactados, las mis-mas que contemplan: intangibilidad, autodeter-minación, reparación, protección, no contacto, diversidad cultural, precaución, igualdad y res-peto a la dignidad humana.

Informe al Comité contra la Tortura: El MJDHC presentó en Ginebra los avances y los resultados de las acciones realizadas por Ecua-dor en la lucha contra este crimen, durante la 45° Reunión de trabajo de este Comité, celebra-da en noviembre de 2010.

Medidas de reparación: se ha dado cumpli-miento a las medidas de reparación por viola-ción de derechos humanos a los ciudadanos: Bosco Wisuma, Rafael Cuesta y Marco Duche, además de las reportadas en el cuadro anterior.

64

Principales logros y retos

Los programas, proyectos y actividades impul-sadas por el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos -ya sea por iniciativa propia y/o como apoyo a iniciativas de las distintas ins-tancias de la función Judicial- han aportado de manera muy significativa al avance en el cumpli-miento de los mandatos constitucionales, de los objetivos del PNBV y de los propios objetivos institucionales, pese a los pocos años de exis-tencia de esta Cartera de Estado. Más lejos aún, y si bien queda un largo camino por recorrer y varios retos por superar, todos estos esfuerzos sin duda están abonando a la concreción de la apuesta y compromiso gubernamental e insti-tucional por impulsar un proceso sostenido de reforma integral del sistema de Justicia Ecua-toriano; un sistema que mantiene una deuda histórica con su población y que ha constituido uno de los principales frenos de los procesos de democratización del país.

Todos los avances experimentados hasta el momento se han logrado tanto a través de los proyectos de inversión llevados adelante por las distintas subsecretarías y unidades adjuntas, cuanto mediante la producción de nuevos cuer-pos legales, o su reforma, así como gracias a la generación de doctrina jurídica desde enfoques más holísticos, aspecto central en los procesos de creación de nuevo y más amplio conocimien-to en la materia.

Así, entre los principales logros alcanzados hasta el momento, por el accionar de este Ministerio, destacamos los siguientes:

1.acercamiento a la Justicia desde entra-das más integrales: En sintonía con la decla-ración y defensa constitucional de reconocer al Ecuador como un Estado de Derecho, Plu-rinacional e Intercultural, desde el MJDHC se ha hecho un acercamiento a la Justicia y a las

propuestas de reforma desde entradas más in-tegrales que articulan, por ejemplo, los enfo-ques de interculturalidad y derechos humanos, lo cual en nuestro país representa un “salto de ciento ochenta grados” en relación a la forma de antaño de ver y hacer justicia, centrada en una noción puramente legalista. Este salto, sin duda, ha permitido, entre otros avances, dar pasos concretos e importantes hacia la armonización entre la justicia indígena y la justicia ordinaria, entendida como política de Estado; así como a la promoción de un ordenamiento jurídico acorde al carácter plurinacional del Estado Constitucio-nal de Derechos y Justicia (Políticas 9.2 y 12.1 del PNBV); todo lo cual abona a la construcción del Ecuador como un Estado democrático para el Buen Vivir (objetivo 12 del PNBV).

2.Promoción del pluralismo jurídico (Po-lítica 9.1., PNBV) al reconocer la existencia de

65

otros sistemas jurídicos (indígena, regional, in-terregional, etc.), pero sobre todo al viabilizar y/o fortalecer prácticas o estrategias que garan-ticen, desde esa pluralidad, el acceso igualita-rio a la administración de justicia por parte de todas las personas, en especial de aquellas que requieren de atención prioritaria por su condi-ción económica, por razones étnico-culturales, de género, edad, ubicación geográfica, etc. En esta dirección aportan de manera muy significa-tiva los proyectos de Cultura de Paz; el de Jue-ces de Paz, entre los principales, que abonan al cumplimiento de los mandatos constitucionales relacionados a este tema (Art. 189 y 190). Auna-do a ello están los aportes que hace el MJDHC para erradicar las prácticas de violencia contra las personas, pueblos y nacionalidades (Política 9.4), tan arraigadas en nuestro país, a través, por ejemplo, del diseño de: 1) propuestas y ante-proyectos de la Ley de Igualdad y No Discrimi-nación, que por primera vez pone en el centro de la atención a los sectores más vulnerables y excluidos del país, como es el caso de la pobla-ción con discapacidad; o, 2) de las propuestas normativas en torno a la Justicia Indígena, y, Pueblos No Contactados.

3. Comprensión y tratamiento jurídico más amplio de ciertas problemáticas so-ciales, que han sido tradicionalmente aborda-das desde su criminalización, como es el caso de las adicciones y consumo de sustancias es-tupefacientes y psicotrópicas. Así, por medio de los proyectos: PRADICAN, Proyecto de Capaci-tación y formación a profesionales en políticas de drogas, o, del Programa Piloto de prevención de drogas –por mencionar algunos- se hace un abordaje más holístico de este hecho social, visto ya no como un crimen en sí mismo, sino como un problema de salud pública, respecto del cual el Estado tiene: 1) La responsabilidad de desarrollar “… programas coordinados de información, prevención y control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento y rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos…”, sin permitir su criminalización ni la vulneración de los dere-chos constitucionales de las personas inmersas en esta situación (Art. 364). y, 2) la obligación de adoptar medidas orientadas a proteger y pre-venir en niños, niñas y adolescentes, el uso de estas sustancias, o cualquier otra que sean “…

nocivas para su salud y desarrollo” (Art. 46. Nu-meral 5).

4. Promoción de una atención integral y rehabilitación social de las personas priva-das de libertad, garantizando el respeto de sus derechos constitucionales: La puesta en marcha, por ejemplo, del Plan de Atención Integral a las Personas Privadas de Libertad (PPL), al igual que la Construcción de Nuevos CRs y la Adecuación de los existentes a nivel nacional, han permiti-do: 1) Una significativa mejora en las condicio-nes de detención de esta población, traducida, por ejemplo en el de-crecimiento de alrededor de un tercio en el nivel de hacinamiento de las PPL, pasando de una tasa de hacinamiento de 171,4 registrada para el 2007 a una de 56,4 en 2010 . y, 2) una importante disminución de la población privada de libertad (PPL) en el mismo período, registrándose la puesta en libertad de poco más de 2.500 personas solo entre 2007 y 2009. Todo esto expresa no solo la voluntad po-lítica, sino el accionar concreto del Estado por avanzar en la observancia de los compromisos internacionales suscritos por el Ecuador; y, por avanzar en la garantía de los derechos de esta

66

población, consagrados en la Constitución de la República y viabilizados mediante objetivos y políticas específicas contenidas en el Plan Nacio-nal del Buen Vivir (PNBV); y que dicen relación, por ejemplo, a:

• El derecho de las PPL a ser tratadas como gru-pos de atención prioritaria (Art. 51 y objetivo 3 del PNBV), y por consiguiente de contar con una rehabilitación integral que garantice su reinserción social (Art. 201; y, Política 9.5 del PNBV).

• Su derecho a la participación política (Art. 62), al haber posibilitado, por ejemplo, el que casi 2.500 PPL sin sentencia condenatoria ejecutoriada estén habilitadas para votar en los sufragios del 24 de abril de 2009. se tra-ta de una situación que constituyó un hecho sin precedentes en América Latina, y que da cuenta del avance de la legislación nacional en el reconocimiento de los derechos de partici-pación política de estos grupos de población,

Tendencia del crecimiento de la PPL: 2007 a 2010

0

500

1000



Año 2008 Año 2009 Año 2010


a 2010

26%

53%

16% 5%




Otros

0

5000


Años 2008 a 2010

Año 2008 1369 1617Año 2009 4826 2633Año 2010 1850 757


349

130

328

25

25

110

JurídicoLaboral




0

20

CRS 13 4CDP 2 4

Existentes Nuevos


PPL

1816717426

15624 16100

140001500016000170001800019000

Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010


Años 2007 a 2010

171

14991

56

050%

100%150%200%

Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010

-65%

-64%

-55%

-51%

-70% -60% -50% -40% -30% -20% -10% 0%

Año 2007

Año 2008

Año 2009

Año 2010


Años 2007 a 2010

26%

53%

16% 5%




Otros

CAI 3 3

138

21

1944

63

1515

30

4767

114

0 50 100 150




Total



7747

4794

15675

1618

228







3850

5712





5108

2898

6216

1153






tradicionalmente excluidos de este ejercicio democrático. y,

• Su derecho a contar con una tutela judicial efectiva y gratuita… y de su derecho a la de-fensa (Art. 76), y que se viabiliza por medio de la Defensoría Pública. En este sentido, un logro importante es la institucionalización de la Defensoría Pública, instancia que se la reco-

noce como uno de los órganos jurisdicciona-les autónomos, junto con la fiscalía General del Estado (Art. 178); y entre cuyas facultades específicas están las de “garantizar el pleno e igual acceso a la justicia de las personas que, por su estado de indefensión o condición eco-nómica, social o cultural, no puedan contratar los servicios de defensa legal para la protec-ción de sus derechos” (Art. 191).

Fuentes: Subsecretaría de Atención Integral a personas Privadas de Libertad.

67

Nivel de Hacinamiento en los CRS (en %): 2007 a 2010

Hacinamiento en Centros de Rehabilitación Social (En %). Años 2007 a 2010

0

500

1000



Año 2008 Año 2009 Año 2010


a 2010

26%

53%

16% 5%




Otros

0

5000


Años 2008 a 2010

Año 2008 1369 1617Año 2009 4826 2633Año 2010 1850 757


349

130

328

25

25

110

JurídicoLaboral




0

20

CRS 13 4CDP 2 4

Existentes Nuevos


PPL

1816717426

15624 16100

140001500016000170001800019000

Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010


Años 2007 a 2010

171

14991

56

050%

100%150%200%

Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010

-65%

-64%

-55%

-51%

-70% -60% -50% -40% -30% -20% -10% 0%

Año 2007

Año 2008

Año 2009

Año 2010


Años 2007 a 2010

26%

53%

16% 5%




Otros

CAI 3 3

138

21

1944

63

1515

30

4767

114

0 50 100 150




Total



7747

4794

15675

1618

228







3850

5712





5108

2898

6216

1153






Fuentes: Subsecretaría de Atención Integral a personas Privadas de Libertad, Años 2007 a 2010; MJDH-C. Informe de Gestión, año 2009.

*La capacidad instalada en el 2010 incluye los nuevos centros de rehabilitación social de Guayaquil N. 2, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos.Fuentes: Subsecretaría de Atención Integral a PPL.

Años PPL Capacidad Instalada Porcentaje de Hacinamiento

2007 18.167 7.000 171,4

2008 17.426 7.000 148,9

2009 15.624 8.200 90,5

2010 16.100 10.296 56,4

5. Comprensión y conocimiento más inte-gral del estado de situación del Sistema de administración de Justicia como paso funda-mental para la toma de decisiones y de acciones hacia procesos de reforma más sostenidos: Los diversos estudios, diagnósticos y líneas de base -impulsados desde el MJDCHC en coordinación con otras instancias– han trascendido el análisis de los aspectos centrados en cuestión de leyes, apuntando a un acercamiento más complejo a la dinámica de la Justicia en el Ecuador. Esto ha permitido contar, hoy en día, con un estado de situación integral sobre el funcionamiento, la gestión, la administración y la producción del sistema de Administración de Justicia, incluida la actuación de jueces y juezas; información cla-ve que ha servido de base para:

• El diseño y puesta en marcha de una serie de proyectos específicos para la reforma judicial, como es el caso de los 8 proyectos que confor-man el Plan de Inversión del Código orgánico de la función Judicial, PICofJ; instrumento y guía central para alcanzar la mencionada reforma.

• La creación de nuevos cuerpos legales, y/o la reforma de los ya existentes, desde visiones

68

Déficit/superávit de espacio físico en Centros de Rehabilitación Social: 2007 a 2010

Fuentes: Subsecretaría de Atención Integral a personas Privadas de Libertad.

cional (publicada en octubre 2009); la Ley de Movilidad Humana (resultado de un proceso de discusión y elaboración participativa, con base en un diagnóstico y propuesta de ante-proyecto previos); y, la Ley de Igualdad y No Discriminación.

• La producción y difusión de doctrina jurídi-ca que aborda temáticas que abarcan análisis desde la constitucionalidad, hasta otros más específicos referidos a derechos humanos de población migrante, indígena, niños y niñas, etc.; particularmente mediante la publicación y difusión de la literatura jurídica. Con lo cual, además, aporta a la promoción del conoci-miento y de procesos de formación jurídica para la población (Política 9.6 del PNBV), y con ello a la promoción de la participación ciudadana en asuntos de interés público , así como en la fiscalización de actos del poder pú-blico, como es el poder judicial (Art. 61 de la Constitución). y,

• A la producción de indicadores que permitan medir, monitorear y evaluar los avances en la garantía de los derechos humanos de las y los ecuatorianos y extranjeros/as viviendo en el

más integrales y apegados también al enfoque

de interculturalidad; entre los que destacaría-

mos: Los anteproyecto de Ley Reformatorio al

Código orgánico de la función Judicial (pre-

sentado a la Asamblea Nacional en el 2010) y

de Ley de Garantías Penales (validado en ta-

lleres realizados en el 2009); las propuestas

normativas en torno a la Justicia Indígena, y,

Pueblos No Contactados; la Ley orgánica de

Garantías Jurisdiccionales y Corte Constitu-

0

500

1000



Año 2008 Año 2009 Año 2010


a 2010

26%

53%

16% 5%




Otros

0

5000


Años 2008 a 2010

Año 2008 1369 1617Año 2009 4826 2633Año 2010 1850 757


349

130

328

25

25

110

JurídicoLaboral




0

20

CRS 13 4CDP 2 4

Existentes Nuevos


PPL

1816717426

15624 16100

140001500016000170001800019000

Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010


Años 2007 a 2010

171

14991

56

050%

100%150%200%

Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010

-65%

-64%

-55%

-51%

-70% -60% -50% -40% -30% -20% -10% 0%

Año 2007

Año 2008

Año 2009

Año 2010


Años 2007 a 2010

26%

53%

16% 5%




Otros

CAI 3 3

138

21

1944

63

1515

30

4767

114

0 50 100 150




Total



7747

4794

15675

1618

228







3850

5712





5108

2898

6216

1153






69

país. En relación a este último punto cabe re-saltar el aporte muy significativo que ha hecho el MJDHC con el apoyo que ha dado a una se-rie de investigaciones en torno a las actuacio-nes del sistema judicial en su conjunto, las que han incluido evaluaciones cuantitativas y cuali-tativas de producción judicial; represamiento de causas; desempeño técnico y profesional

de jueces y juezas; etc. Pero sobre todo, con

el impulso y apoyo a la implementación del

proyecto sistema Integrado de Indicadores de

Justicia y Derechos Humanos - sIDERECHos.

6. Producción y manejo de información que

orienta la definición de política pública:

Gracias a los estudios antes mencionados,

Número de documentos publicados según temática: 2008 a 2010

Fuente: Pazos, Rina. 2011. “Información requerida para PROJUSTICIA”

pero sobre todo al proyecto sIDERECHos, se cuenta, en la medida de lo posible, con infor-mación e indicadores desagregados por sexo, grupos de edad, nivel de instrucción, etnia, nacionalidad, localización geográfica, área, etc. que son dimensiones clave que se requie-re dentro del enfoque de derechos humanos. Esto permite visualizar de manera efectiva y objetiva a: 1) los beneficiarios/as de los dere-chos y a los grupos de población que han sido excluidos de los mismos. y, 2) a las víctimas de las violaciones de los derechos humanos y las acciones u omisiones del Estado para prevenir que estos hechos sigan ocurriendo, sancionar a los responsables y reparar efecti-vamente a las víctimas. se trata, por tanto, de un sistema fundamental para orientar el pro-ceso de reforma, pues toda la información que arroje este sistema sin duda es un aporte muy importante para el diseño de política pública focalizada, así como adecuada para garantizar el cumplimiento de los compromisos naciona-les e internacionales en materia de derechos humanos y justicia. y, desde el punto de vista económico, como de información, permite el uso eficiente de recursos.

0

500

1000



Año 2008 Año 2009 Año 2010


a 2010

26%

53%

16% 5%




Otros

0

5000


Años 2008 a 2010

Año 2008 1369 1617Año 2009 4826 2633Año 2010 1850 757


349

130

328

25

25

110

JurídicoLaboral




0

20

CRS 13 4CDP 2 4

Existentes Nuevos


PPL

1816717426

15624 16100

140001500016000170001800019000

Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010


Años 2007 a 2010

171

14991

56

050%

100%150%200%

Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010

-65%

-64%

-55%

-51%

-70% -60% -50% -40% -30% -20% -10% 0%

Año 2007

Año 2008

Año 2009

Año 2010


Años 2007 a 2010

26%

53%

16% 5%




Otros

CAI 3 3

138

21

1944

63

1515

30

4767

114

0 50 100 150




Total



7747

4794

15675

1618

228







3850

5712





5108

2898

6216

1153






70

7. auspicio de la igualdad, la cohesión y la integración social y territorial mediante el proyecto sIDERECHos, pues con la aplicación de este sistema se facilitaría el conocimiento de la situación de acceso a la justicia en diver-sos puntos del territorio nacional (más allá de los principales centros urbanos), permitiendo impulsar políticas focalizadas de acuerdo a las necesidades de los grupos poblacionales prio-ritarios. otro ejemplo es la creación de nuevos centros de rehabilitación social y de los Centros de Adolescentes Infractores que se han cons-truido y/o adecuado en varias localidades del país. Con esto se contribuye al cumplimiento del objetivo 1, del Plan Nacional del Buen Vivir, pero también a los mandatos constitucionales respecto de garantizar el acceso a la justicia sin discriminación alguna.

8. Consolidación progresiva de la lucha contra la violencia de género como una polí-tica transversal en el gobierno y sus estructuras, mediante el Plan de Erradicación de la Violencia

de Género. Esto está permitiendo, entre otros aspectos, impulsar y defender el derecho a la “reparación colectiva para las víctimas de vio-lencia de género a través de la historia”, como estipula esta política. La definición y puesta en marcha de esta política, luego de años de invi-sibilización de esta problemática social y de la profunda impunidad que ha existido en torno a la violencia contra las mujeres, constituye “…un acto de reparación social para las mujeres y manifiesta el compromiso del Estado de buscar (ojalá ToDos) los medios para asegurar la No repetición de ese tipo de violación de derechos” (Herrera, 2011). Además, con el mencionado Plan se han logrado resultados positivos para las mujeres, niñez y adolescencia porque se me-joran y amplían geográficamente los servicios y, también porque se ha logrado una alta inci-dencia en la opinión pública posicionando un mensaje de no violencia de género. En este pro-ceso se debe destacar el rol de la Comisión de Transición hacia el Consejo de las Mujeres y la Igualdad de Género que ha sido motor del Plan.

9. avances hacia el fortalecimiento del Sis-tema Judicial, a lo cual han abonado, de

una u otra manera, todas las acciones, proyectos y programas impulsados por el MJDHC y que han sido analizados a lo largo de estas páginas. se trata de un fortalecimiento impulsado no solo desde la creación y reforma de cuerpos legales, sino a través de todo un proceso que apunta a un mejoramiento integral del sistema: en su gestión, en su administración, en su producción judicial, y en el desempeño de las y los opera-dores de Justicia. En este sentido los procesos de capacitación en derechos humanos, dirigidos a funcionarios/as públicos (alrededor de 3.500 personas capacitadas), así como los eventos de intercambio profesional, los talleres de discu-sión, socialización y validación de leyes y refor-mas, o, la capacitación dada a funcionarios/as ju-diciales con expertos internacionales, son claves en este fortalecimiento del sistema judicial.

En esta misma dirección está el aporte hecho por la oficina de atención a la ciudadanía, la mis-ma que permite a la población acceder a infor-mación rápida y básica sobre las competencias del Ministerio; a la vez que posibilita contar con un registro más detallado en cuanto a los casos que ingresan a esta dependencia. Así mismo, ha

71

posibilitado actualizar una base de datos de ins-tituciones a nivel nacional, contribuyendo a que las gestiones interinstitucionales, como parte de las respuestas a determinados casos, arrojen buenos resultados en la mayoría de ellos. otro de los logros en este sentido ha sido el segui-miento que se lleva a cabo en los casos más complejos, especialmente en aquellos que invo-lucran a los grupos de atención prioritaria, bien sea a través de los/as mismos/as ciudadanos y ciudadanas, como a través de las instituciones a las que se les remite dichos casos.

10. Contribución al ejercicio de la plena ciudadanía, entendida, entre otros aspec-tos, como la garantía que tienen todas las per-sonas de gozar del derecho al acceso a la justicia bajo los principios de de gratuidad, calidad, efi-ciencia y eficacia (Art. 75 y Arts.168 y 169 de la constitución, y política 9.3 del PNBV). En esta dirección han aportado, principalmente, los proyectos de Justicia de Paz, Jueces Itinerantes, Juzgados de servicios Compartidos, Juzgado Multijuez, Modelo de Juzgado Piloto, Investiga-ción de los procesos legales relacionados con el Estado y sus unidades adscritas en la Ciudad

de Guayaquil y Arbitraje de Consumo. También están los proyectos relacionados con las perso-nas privadas de libertad, y aquellos orientados a la atención de adolescentes infractores, con los cuales se responde, además, a los esfuerzos a mejorar la calidad de vida de la población, y de manera específica, de aquellos grupos conside-rados como de atención prioritaria (objetivo 3, PNBV).

Como vemos, los logros alcanzados por el MJD-HC –pese a sus poco más de 3 años de funciona-miento- han sido muy significativos, pues están respondiendo de manera directa a la obligación que tiene el Estado de garantizar a todas las per-sonas, sin discriminación, el libre y eficaz ejerci-cio de los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacio-nales vigentes (Art. 3, número 1); así como de respetar y hacer respetar tales derechos (Art. 11, numeral 9).

rEtoS1. El principal reto es onsolidar los procesos ini-ciados que permiten ampliar el acceso a la justi-cia a la población en general, y en particular a los grupos de atención prioritaria.

2. De igual manera, profundizar los procesos de reforma del sector justicia con la implementa-ción de modalidades más eficientes y acordes a las necesidades de determinados grupos de población, por características de género, étni-cas, de edad y localización geográfica, entre los principales.

3. otro reto central, para hacer realidad este proceso de reforma, es cómo “bajar” la norma o estos nuevos y/o reformados cuerpos norma-tivos/legales a la práctica institucional y ejercicio profesional, a fin de romper las prácticas corrup-tas e ineficientes que se han afincado en nuestro país desde hace mucho tiempo atrás. Es decir, cómo lograr erigir prácticas institucionales que respondan realmente a los principios y nueva noción de justicia basada en: a) El Derecho Hu-mano; b) el Bien Público y c) la constitución y mantención de un real sistema de servicios.

72

4. una vez que ha sido diseñado y aprobado el Plan de Implementación del Código orgánico de la función Judicial, PICof (tarea que ha ocu-pado gran parte del 2009 y del 2010), un desafío importante que hoy se le presenta al Ministerio y demás órganos involucrados en la reforma del sistema de Justicia, es poner en marcha la –y de manera sostenida y estratégica- los ocho macro proyectos definidos como prioritarios para lo-grar tal reforma. Esto supone, pasar (aunque no necesariamente abandonar) de las acciones inicialmente concentradas en los diagnósticos, hacia acciones centradas en el cambio y trans-formación de las lógicas y prácticas nefastas que han imperado en el Ecuador.

5. Consolidar y potenciar la coordinación in-terinstitucional para la implementación de las políticas públicas que orientan el quehacer ins-titucional, como estrategia central para impulsar –conjuntamente con los órganos de la función Judicial y otras instancias involucradas- este proceso de reforma de la Justicia en el país, y

saldar así una de las deudas más agudas del Esta-do Ecuatoriano para con su población. En esta misma línea, pero refiriéndonos de manera más específica a la implementación del PICOF en su conjunto, de una forma eficiente y efectiva, es fundamental consolidar una acción conjunta y coordinada del MJDHC y las instituciones del sector justicia en general, lo cual demandará, de manera permanente: 1) fortalecer las acciones de relacionamiento técnico entre estas instan-cias; 2) consolidar los espacios de trabajo con-junto construidos en el proceso de definición de dicho plan; 3) articular las iniciativas impulsadas por los organismos de la función Judicial y por el MJDHC con relación a la puesta en marcha del PICofJ; y, 4) consolidar la información dis-persa y afianzar las relaciones de intercambio de información.

6. Para garantizar que la voluntad política expre-sada hacia la reforma integral del sistema de ad-ministración de justicia, y que los procesos ini-ciados en esta dirección se vayan concretando acorde a lo planificado, se hace imprescindible definir metas e indicadores parciales claros y concretos, así como diseñar y poner en marcha

un sistema de monitoreo y seguimiento, y, de evaluación de las acciones y procesos impulsa-dos. Ambos sistemas deben ser integrales y co-ordinados entre todas las subsecretarías y unida-des que conforman este ministerio.

7. Aunado a las ideas anteriores, está también como un reto para garantizar una verdadera reforma del sistema de Justicia, el construir un espacio de diálogo permanente con la ciudada-nía y mejorar los canales de información al pú-blico sobre los resultados y potencialidades del PICofJ y del proceso de reforma en su conjun-to, exponiendo resultados claros y verídicos, en relación con las metas e indicadores previstos.

8.El profundizar en la reflexión crítica, genera-ción de conocimiento y de propuestas de cuer-pos legales que incluyan el enfoque de género, a más de los de interculturalidad y derechos humanos. solo así se podrá avanzar en el cum-plimiento de los mandatos constitucionales que dicen relación a la garantía, promoción y respe-to de los derechos de las mujeres de diversas edades, condición económica, pertenencia étni-co-cultural, etc.

73

En este aspecto más específico (derechos de las mujeres), por ejemplo, algunos retos centrales están relacionados con la necesidad de: 1) Lo-grar servicios de prevención y atención ágiles para mujeres víctimas de violencia, con respues-tas que impacten tanto en las victimas como en la población en general. 2) Dar sostenibilidad a una propuesta educativa que pueda cambiar mentalidades y transformar las “violentas” rela-ciones de género. La comunicación como proce-so debe ser potenciada, profundizados los men-sajes de contra-cultura machista, cuestionado el poder autoritario que expresa esa cultura sexista tanto en la casa como en la calle. 3) Acelerar la construcción del sistema de registro de infor-mación. Estos aspectos aquí mencionados son claves pues el acceso a la justicia sigue siendo el gran drama nacional y el gran pendiente para los casos de violencia de género.

9. Dar continuidad y garantizar la sostenibilidad de las inversiones realizadas y de los procesos iniciados en materia de mejoramiento de las condiciones de detención de la PPL (construc-ción de nuevos centros; implementación de modelo de atención integral; mejora de la ges-

tión del sistema penitenciario, etc. proyecto sIDERECHos, y otros), para alcanzar una verda-dera e integral transformación que efectivice la protección y ejercicio de los derechos de estas personas.

10. Mejorar cualitativamente el sIDERECHos, como herramienta clave dentro de esta apuesta por garantizar el acceso a la justicia por parte de todas y todos. Esto supone superar los actuales problemas de disponibilidad de información que se concretan, de manera central, en: 1) la no disposición de información desagregada en todas las categorías / indicadores requeridos de acuerdo con el enfoque de derechos huma-nos; 2) la poca discriminación de la información disponible en las instituciones públicas, que impiden visibilizar y conocer con exactitud los diferentes casos; 3) las falencias en cuanto a falta de organización, sistematización y archivo de la información levantada, de allí que en varias ins-tituciones no se cuente con una base de datos que permita el registro permanente de la infor-mación, su procesamiento y análisis; y, 4) la falta de armonización de los conceptos utilizados por las distintas instituciones, así como de los forma-

tos de recolección de información, entre otros. solo entonces se podrá contar con información confiable, oportuna, permanente y desagregada por las categorías requeridas de acuerdo al enfo-que de derechos humanos.

11. Profundizar en los procesos de formación de las y los funcionarios públicos y operadores de justicia, para lo cual es importante, además, avanzar hacia la adecuación de contenidos en derechos humanos para los diferentes progra-mas y escuelas de formación orientados a esta población, a fin de garantizar un verdadero ade-lanto en el acceso a la justicia y la gestión demo-crática de conflictos que requiere el país.

12. fortalecer la participación ciudadana para garantizar que los procesos de ampliación de acceso de la población a la justicia e implemen-tación de modalidades más eficientes, se lleven con transparencia y respondan efectiva y consis-tentemente a las necesidades identificadas.

74

DiRECtoRES PRoJuStiCiaJosé María Pérez (1996)Iñigo salvador Crespo (1997)Miguel Hernández Terán (1998)Víctor Mora Marfetán (2000)Gustavo Jalkh Robens (2002)Néstor Arbito Chica (2005)Gustavo Jalkh Robens (2006)Néstor Arbito Chica (2007)Karina Peralta Velásquez (2008)Karolina Aguas Andreouli (2009)Ana Lucía Jaramillo (2009)Natacha Reyes salazar (2010)

ProJuSticiauNidad dE coordiNaciÓN Para la rEForMa dE la adMiNiStraciÓN dE la JuSticia EN El Ecuador1995 - 2010

trayEctoria dE ProJuSticia

77

En 1991, Ecuador había alcanzado 161 años de vida republicana, sin embargo, fue un período caracterizado por la inestabilidad institucional y la falta de independencia en las funciones del Estado. una muestra de dicha inestabilidad es que durante ese lapso de tiempo el país tuvo 169 presiden-tes de Corte suprema. La crisis institucio-nal se manifestó en la función ejecutiva, la legislativa y la judicial, y fue percibida como expresión de la debilidad del sistema democrático y también como una de sus causas fundamentales. Por ese motivo, en el marco de las políticas neoliberales, la modernización del Estado se vuelve una exigencia continental y mundial.

En ese contexto, el Banco Mundial rea-liza una serie de recomendaciones para reformar y modernizar a la justicia. Luego de ello, el Ecuador realizó una evaluación del sector con el apoyo de usAID (united

states Agency for International Develop-ment). En junio de 1991 se hace público el estudio realizado por el Centro para la Administración de Justicia, que describe el papel de los principales actores de la admi-nistración de justicia y realiza un diagnós-tico de sus problemas más notables. Com-prende dos aspectos: los administrativos (administración interna, administración de personal y sistemas de información) y los jurídico institucionales (distribución de la competencia y el procedimiento).

Este estudio-diagnóstico resalta la nece-sidad de entender a la administración de justicia como una actividad de la que son partícipes no solamente los jueces, sino además el Ministerio Público, la Policía y los establecimientos penitenciarios, aun-que institucionalmente no sean parte de la función Judicial. De esta manera, con-cluye con una recomendación general de

elaborar una política global sobre el sector justicia y de diseñar una estrategia para su aplicación, evaluación y revisión periódica.

una vez que el Gobierno de Ecuador iden-tificó la reforma y la modernización de la administración de justicia en el país como una de sus prioridades, y con base en el diagnóstico mencionado, se conformó un Grupo de Trabajo conjunto, liderado por el poder judicial a través de la Corte suprema de Justicia, y en el participó un represen-tante del poder Ejecutivo, el Procurador General de la Nación y el fiscal General. Dicho grupo elaboró el Primer Plan Inte-gral de Reformas Judiciales y el programa de trabajo para la década 1995-2005.

El Plan Integral de Reformas de 1995 reco-ge las necesidades y prioridades de refor-ma en la administración de justicia en el país y, de acuerdo con los resultados del diagnóstico, comienza a trabajar en dos pi-

Breve reseña histórica

EtrayEctoria dE ProJuSticia

ProJusticia fue creada con el objetivo de llevar adelante la reforma y la modernización de la administración de justicia que, como se señala en los considerandos del Decreto Ejecutivo, era una prioridad fundamental del estado ecuatoria-no. De ahí que se decidió que esta unidad se encuentre adscrita a la Presidencia de la Repú-blica. Esta política se alineaba con la ley de mo-dernización del Estado de 1993, así como con el objetivo del Banco Mundial de “fortalecer, en Latinoamérica, el estado de derecho apoyado en un sistema de justicia confiable como prin-cipio básico para el sostén social y el desarrollo económico” .1

hitos institucionales de Projusticiahito 1: crEaciÓN y PaSoS iNicialES, coMo uNidad adScrita a la PrESidENcia dE la rEPúBlica: 1995 - 1997

lares fundamentales: Administrativos y Jurídico-institucionales. Para su ejecución, contó con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, la Agencia de Estados unidos para el Desarrollo Internacional (usAID) y del Instituto Latinoamericano de Naciones unidas para la prevención del delito y el tratamiento del delincuente (ILANuD).

Con estos antecedentes, el 30 de agosto de 1995, mediante Decreto Ejecutivo N° 3029, se crea la unidad de Coordinación para la Reforma de la Administración de Justicia, denominada ProJusticia. A partir de entonces, ProJusticia ha desarrollado un proceso en el que se pueden di-ferenciar cuatro hitos.

1 http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic2_ecu_anexo28.pdf

Dentro de las políticas y lineamientos generales en la Reforma y Modernización de la Administra-ción de Justicia (Registro Oficial 186: 7 de mayo de 1999), se establece que la Comisión Consul-tiva encargada de su implementación, contará con la asistencia de ProJusticia para realizar las gestiones de tipo nacional e internacional enca-minadas a lograr el apoyo a sus políticas y propó-sitos (Art. 4) y que coordinará con esta instancia para la ejecución de las acciones necesarias para llevar adelante el proceso de reforma. (Art. 5)

En 1996, ProJusticia definió los estudios e inves-tigaciones que se ejecutarían en el marco del proceso de cambio, partiendo del diagnóstico realizado, del Plan Integral de Reformas y, sobre todo, de las observaciones sustantivas respecto de la institucionalidad jurídica en el país, plan-teadas en el documento “Evaluación del sector Justicia en Ecuador”.

Este primer hito institucional está delineado por la suscripción en 1996 de tres convenios, a saber:

78

79

- Convenio con el Banco Mundial, bajo la mo-dalidad de Deuda Pública Externa, por un monto de 10.700.000 mil dólares americanos para ejecutar el “Proyecto de Modernización y Fortalecimiento de la Justicia”, con aporte de contraparte Ministerio de Economía y finan-zas. (BIRf - 4066 EC)

- Convenio de cooperación técnica no reem-bolsable con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con aporte de contraparte en especie, para llevar adelante el “Proyecto de Modernización del sistema Jurídico (ATN 87)”.

- Convenio de cooperación técnica no reem-bolsable con la Agencia para el Desarrollo de los Estados unidos (usAID), con aporte de contraparte en especie. (usAID 518-120).

resultados hito 1:Los principales resultados de este primer mo-mento son:

•La consolidación de la Unidad de Coordinación para la Reforma de la Administración de Justicia, ProJusticia.

PROJuSTICIA nace como el ente encargado de la coor-dinación y ejecución de proyectos trascendentes que apunten hacia el objetivo de lograr que la administración de justicia cumpla con su misión constitucional y demo-crática de proteger los derechos de los ciudadanos, en el marco de una justicia independiente, eficaz y confiable.

•La planificación y definición de sus líneas de trabajo.

• La suscripción de convenios y la obtención de fondos de organismos multilaterales y de cooperación, como también del Estado ecua-toriano.

Es de subrayar que ProJusticia se modela y va conformando sus políticas desde un sitio inter-medio entre la sociedad civil, el Poder Ejecutivo y la función Judicial. En ese sentido, parte de ser una unidad adscrita a la Presidencia, para co-operar en la canalización de fondos internacio-nales en los temas de reforma de la administra-ción de justicia; para luego, en correspondencia con su mandato, incorporarse al sistema judicial, de manera que pasa a ser una instancia adscrita a la Corte suprema de Justicia.

80

hito 2: ProJuSticia coMo uNidad adScrita a la cortE SuPrEMa dE JuSticia, PriMEra FaSE: 1997 - 2002

Dado que los lineamientos de trabajo de ProJus-ticia están íntimamente relacionados con la mo-dernización de la justicia en el país, se establece una estrecha relación entre la Corte suprema de Justicia y la unidad de Coordinación adscrita a la Presidencia de la República. Considerando los propósitos de ProJusticia, los intereses del Esta-do y la oportunidad de canalizar recursos de la cooperación internacional focalizados en la mo-dernización de la justicia, se decide cambiar la adscripción de esta unidad a la Corte suprema de Justicia, tal como lo dictamina el Decreto Eje-cutivo N° 199 del 7 de abril de 1997.

Desde su nueva ubicación, a mediados del mis-mo año, ProJusticia inició la ejecución de los proyectos suscritos en la fase anterior.

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA JUSTICIA

Este proyecto, que fue impulsado por el Banco Mundial, se desarrolló entre 1996 y 2002, guiado por los objetivos definidos en el convenio.

OBJETIVOS

• Incrementar la eficacia y transparencia en el proceso judicial.

• Expandir el uso de mecanismos alternativos de resolución de disputas dentro del sistema judicial.

• Mejorar el acceso a la justicia por parte del pú-blico en general y de las mujeres en particular.

• Fomentar iniciativas de reforma del sistema judicial, investigación legal y educación.

• Mejorar la infraestructura de los tribunales y juzgados del país.

COMPONENTES

Para alcanzar los objetivos propuestos, se defi-nieron y trabajaron cuatro componentes:

Mejoramiento de los sistemas de gestión:

Diseño e implementación de un sistema de ges-tión administrativa de procesos, y a la incorpo-ración de tecnología automatizada en el sistema judicial.

Centros de Mediación: Creación de dos ofici-nas piloto de mediación en Quito y Guayaquil, con el fin de que el usuario tenga la opción de resolver sus problemas a través del diálogo y de la utilización de un medio alternativo; y de que la mediación contribuya a la descongestión del sistema.

Fondos “Derecho y Justicia”: Asignación de recursos para el mejoramiento de la autonomía financiera de la Función Judicial y la descentrali-zación y modernización de los servicios judicia-les; el establecimiento de servicios de asistencia legal a mujeres de escasos recursos; la difusión y aplicación de medios alternativos de solución de conflictos; el mejoramiento en la calidad de la enseñanza legal; y, la modernización de los sistemas de registro.

Remodelación de la estructura física de los tribunales: Desarrollo de prototipos de “módu-los corporativos de judicaturas funcionales” para que sean aplicados a la remodelación física de las

81

judicaturas de primera instancia con mayor carga procesal en Quito, Guayaquil y Cuenca.

PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA JURÍDICO

Este proyecto también se inició en el año 1997, fue financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo BID, y se ejecutó durante seis años.

OBJETIVOS

De acuerdo con el convenio tres objetivos gene-rales orientaron su accionar:

•Apoyar el desarrollo constitucional, legal y re-glamentario que facilite la reforma judicial.

• Disminuir las barreras del acceso a la justicia.

• Fortalecer la independencia, imparcialidad y calidad de los jueces a través del establecimien-to de un sistema de capacitación y formación descentralizado.

COMPONENTES

Para cumplir con dichos propósitos, se definieron y desarrollaron cuatro grandes componentes:

Desarrollo legislativo: Impulso para reformar las normas sobre carrera judicial, el Consejo Na-cional de la Judicatura y la Ley orgánica de la fun-ción Judicial; realización de los estudios sobre el papel del Ministerio Público dentro del sistema penal ecuatoriano, con recomendaciones para su mejoramiento y sobre el fortalecimiento e insti-tucionalización de la Defensoría Pública; y accio-nes de difusión y generación de consensos sobre la importancia del proceso de reforma.

Capacitación, formación y sistema disci-plinario: fortalecimiento de la independencia, imparcialidad y calidad de los jueces a través del establecimiento de un sistema de capacitación y formación continua.

Fortalecimiento administrativo de la Fun-ción Judicial: Mediante el apoyo al desarrollo constitucional y reglamentario y el impulso a la reforma del sistema de administración de la función Judicial en Ecuador, tanto a nivel insti-tucional como también en el nivel de la gestión de procesos.

Acceso a la justicia y sociedad civil: Invo-lucramiento de la sociedad civil en el tema ju-

dicial, a través del financiamiento de servicios y proyectos de organizaciones de la sociedad civil, que contribuyan a mejorar el acceso a la justicia de la población con menores recursos o en si-tuación de vulnerabilidad.

CONVENIO CON LA AGENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS ESTADOS UNIDOS - USAID

La Agencia para el Desarrollo de los Estados uni-dos, fue parte del proceso de modernización de la justicia 1991, pues financió el estudio realizado por el Centro para la Administración de Justicia. De ahí que haya suscrito este convenio para con-tinuar apoyando el proceso de reforma de la ad-ministración de justicia en el Ecuador:

OBJETIVOS

Este convenio contempló dos objetivos funda-mentales orientados a apoyar la reforma de la justicia:

• Apoyar a ProJusticia en su trabajo prepara-torio de planificación y programación de los recursos que el BIRf, BID, y otros donantes le

miento y reforma del sistema judicial en Ecua-dor y suscribe convenios con el fondo de las Naciones unidas para la Infancia (uNICEf), la Embajada de francia y la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) para ejecutar algunos proyectos específicos en este campo.

CONVENIO ENTRE UNICEF Y PROJUSTICIA

Este convenio apoyado por el fondo de las Nacio-nes unidas para la Infancia (uNICEf) se suscribe con el fin de impulsar el reconocimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en la Constitución de 1998, y de iniciar un proceso de reformas legales, institucionales y administrativas que aseguren plenamente la vigencia efectiva de los derechos humanos de la niñez.

OBJETIVOS

• Actualizar la investigación, el análisis y las dis-cusiones sobre diversas áreas que comprende el derecho de menores.

• Realizar actividades orientadas a la reforma del Código de Menores para garantizar la vigencia de los derechos de los menores de edad.

• Organizar el Grupo de Concertación para par-ticipar en la redacción de las propuestas de reforma constitucional sobre infancia, presen-tadas a la Asamblea Nacional Constituyente.

OTROS APOYOS

ProJusticia también recibió una contribución de la Embajada de francia para la visita al Ecua-dor de dos expertos de la Corte de Casación de París, a fin de compartir la experiencia francesa sobre la casación con los magistrados de la Cor-te suprema de Justicia y de Cortes superiores de los distritos del país. Esta acción formó parte del Programa de Capacitación sobre las Nuevas Responsabilidades del Ministerio Público en el Ecuador.

Por su parte, en el año 2000, la Agencia Española de Cooperación Internacional apoyó al Programa de Modernización de Justicia con el diseño y ela-boración del marco reglamentario de la Escuela Judicial Ecuatoriana.

En este período, diversas instituciones naciona-les como universidades, fundaciones y organis-mos no gubernamentales también interactuaron

brindaron para el fortalecimiento de las insti-tuciones responsables de la administración de justicia en Ecuador.

•Generar consensos sobre el Plan Integral de Reformas del sector de Justicia, para apoyar a la reforma.

Entre las acciones emprendidas en el marco de este convenio se destaca el apoyo al proceso de reformas a las leyes procesales, particularmen-te al Código de Procedimiento Penal y algunas actividades dirigidas al fortalecimiento del Mi-nisterio Público, sobre todo la capacitación de fiscales y jueces en el proceso de transición al nuevo sistema procesal. También, con la partici-pación de organizaciones de la sociedad civil, se llevaron adelante actividades orientadas a facili-tar el acceso a la justicia a la población indígena y a mujeres de escasos recursos.

A partir de 1997, ProJusticia establece nuevas alianzas para continuar el proceso de fortaleci-

82

83

con ProJusticia, ejecutando proyectos dirigidos a grupos en situación de vulnerabilidad, sobre todo los desarrollados con recursos del fondo Especial de Acceso a la Justicia y sociedad Civil.

resultados y logros hito 2Durante este período, la ejecución de los pro-yectos macro y de cada uno de sus componen-tes permitió contar con resultados específicos que constituyeron un avance en el proceso de reforma y modernización del sector judicial. En este período, los principales logros y resultados obtenidos a partir del trabajo de ProJusticia, jun-to con otros actores, son:

• Promulgación de la Ley de Arbitraje y Media-ción (1997) que crea la figura de la derivación procesal, la cual permite que un juez, en cual-quier estado de la causa, pueda derivar un caso a una oficina de mediación. Este procedimiento contribuye a la descarga y descongestión de ca-sos que se tramitan en las judicaturas de país.

• Reconocimiento, en la Constitución de 1998, del arbitraje, la mediación y otros procedi-

mientos alternativos como mecanismos idó-neos para la solución de conflictos, en ma-terias en las que por su naturaleza se pueda transigir. (Artículo No. 191)

• Implementación y puesta en funcionamiento de centros de mediación para la ciudadanía en general, y de servicios comunitarios y centros de conciliación para la solución de conflictos aplicando el derecho consuetudinario de los pueblos indígenas.

• Fortalecimiento de la Defensoría del Pueblo, como resultado de la realización del Diagnós-tico de impacto y viabilidad económica de la Defensoría Pública, el diseño del Plan de im-plementación del funcionamiento de la De-fensoría Pública, la definición del marco legal de su estructura orgánica, y la elaboración del anteproyecto legislativo.

• Fortalecimiento del Ministerio Público me-diante la capacitación a sus funcionarios, la elaboración del marco reglamentario de la Escuela Judicial, y el diseño del modelo ad-ministrativo descentralizado del Ministerio Público, que incluye la descentralización del sistema administrativo, a través de la insti-

tucionalización del Consejo Nacional del la Judicatura.

• Mejoramiento de los sistemas de gestión del sector judicial a través del diseño de un mode-lo de gestión administrativa de los procesos, la implementación de un sistema de reorgani-zación interna, la introducción de tecnología automatizada y la utilización de un programa (software) para realizar el seguimiento de las causas por parte de jueces y funcionarios del poder judicial.

• Avances significativos y ampliación de los de-rechos de niños, niñas y adolescentes en la Constitución de 1998, como resultado del tra-bajo mancomunado de del Comité Consultivo y del Grupo de Concertación, apoyado por ProJusticia y uNICEf.

• Creación de servicios de asistencia legal, ase-sorías y puesta en marcha de consultorios jurídicos gratuitos, con especial énfasis en la atención a mujeres de escasos recursos eco-nómicos.

• Ejecución de programas de educación le-gal, capacitación y difusión de los Derechos

84

Humanos con diversos grupos de población, prestando especial atención a los jóvenes.

• Desarrollo de estudios e investigaciones jurí-dicas sobre nuevos temas y actores: formas indígenas de administración de justicia, Acce-so a la justicia de la población afroecuatoriana, campesina e indígena.

• Publicaciones con resultados y sistematiza-ciones de los proyectos desarrollados por ProJusticia.

• Elaboración de Proyecto de Ley Orgánica de la función Judicial y del Anteproyecto del Códi-go de familia.

hito 3: ProJuSticia coMo uNidad adScrita a la cortE SuPrEMa dE JuSticia, SEGuNda FaSE: 2002 - 2007En este nuevo hito en la trayectoria de ProJus-ticia, se busca incentivar el ejercicio de los de-rechos ciudadanos, los derechos políticos y los derechos humanos, poniendo especial atención a la población pobre del país. A partir del año 2002, con la suscripción del Convenio de Dona-ción TDf-051227 entre la República del Ecuador y el Banco Mundial, ProJusticia ejecuta el “Pro-yecto Derecho y Justicia para los Pobres”.

PROYECTO DERECHO Y JUSTICIA PARA LOS POBRES

Este proyecto que contó con el apoyo financiero del fondo de Desarrollo social Japonés, se eje-cutó entre el año 2002 y el 2005.

OBJETIVO

El objetivo general propuesto fue:

• Mejorar el acceso a medios alternativos de re-solución de conflictos y a la representación legal

calificada para las comunidades pobres rurales y urbanas, personas indígenas, mujeres y niños en territorio Ecuatoriano, a través de los compo-nentes de: Justicia Indígena, Cultura de Paz, Me-dios Alternativos, Defensoría social y Monitoreo Evaluación. Este proyecto tuvo alcance nacional y se orientó a mejorar los canales de acceso a la justicia, fomentando el uso de los medios alter-nativos de resolución de conflictos y asumiendo la representación legal calificada de indígenas, mujeres, niñas y niños de comunidades rurales pobre, urbano-marginal y urbana.

COMPONENTES

Cuatro fueron los componentes de este proyecto macro, cada uno de los cuales llevó adelante dis-tintas actividades y ejecutó pequeños proyectos:

Justicia indígena: a) Desarrollo de propuestas a la legislación sobre justicia indígena; diseño y ejecución de programas de construcción de me-canismos alternativos de solución de conflictos en comunidades indígenas; y, b) Realización de programas educativos para comunidades indí-genas sobre los procesos legales disponibles y los métodos formales e informales de resolu-ción de conflictos.

85

Servicios de resolución alternativa de con-flictos: ia Apertura de centros de mediación en lugares de difícil acceso, donde no existían instancias judiciales para facilitar la solución de conflictos; b) Creación del centro de promoción y fomento de mecanismos alternativos de solu-ción de conflictos.

Servicios de Defensa Pública: a) Diseño del modelo de aplicación del sistema de asistencia legal gratuita y ejecución del programa nacio-nal de capacitación para los operadores de este servicio; y, b) Puesta en marcha de servicios de asistencia legal gratuita.

Cultura de paz: a) Diseño y ejecución de pro-gramas de educación en valores y prevención del conflicto; b) Diseño de un programa educativo sobre mecanismos alternativos de resolución de conflictos y derechos humanos, y aplicación en colegios ubicados en zonas con altos niveles de conflictividad social, en sectores urbanos margi-nales y rurales; y, c) Diseño y desarrollo de pro-grama de educación en mecanismos alternativos de resolución de conflictos y reconocimiento, convivencia y participación ciudadana orienta-

dos a la construcción de una cultura de paz en colegios con presencia de pandillas juveniles.

resultados hito 3A través de la ejecución de los proyectos y ac-tividades descritas, y dando continuidad a las iniciadas en los años anteriores, los resultados obtenidos en este período fueron los siguientes:

• Promulgación del Código de la Niñez y Adoles-cencia (2003) que garantiza y regula la defensa de los derechos de este grupo poblacional, en concordancia con los mandatos de la Constitu-ción de 1998.

• Actualización de la Ley Orgánica de la Función Judicial.

• Estudios realizados y publicados sobre Dere-cho consuetudinario y/o indígena, con aportes para el desarrollo de la legislación sobre justicia indígena y el diseño y ejecución de programas para la construcción de métodos alternativos de solución de conflictos en comunidades indí-genas.

• Programas educativos diseñados y ejecutados sobre formas alternativas de resolución de conflictos, dirigidos a diversos grupos de po-blación, con énfasis a los que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Entre ellos, se des-taca el Diplomado sobre “Derecho Indígena y pluralismo jurídico “

• Centros de mediación creados en lugares con mayores dificultades para acceder a la justicia en varias provincias del país; funcionando de acuerdo a manual operativo y al plan de soste-nibilidad elaborados.

• Constitución de centro de promoción y fo-mento de mecanismos alternativos de solución de conflictos, materiales de consulta (Vade-mecum) elaborados y conformada Red con la participación de 42 instituciones relacionadas a Medios Alternativos de Solución de Conflictos.

• Defensoría Pública fortalecida al contar con información proveniente del censo carcelario, de la elaboración del Modelo de aplicación de asistencia legal gratuita, de la definición de re-comendaciones para mejorar su desempeño, y de la capacitación de los abogados que prestan

86

EJES dE traBaJo ProJuSticia: 1995 - 2007

1

2

3

4

5

Fortalecimiento institucional: Gestión de despacho

Formas establecidas de resolución de conflictos: Mediación

Derechos Humanos y Acceso a la justicia

Infrastructura, equipamiento y tecnología

Capacitación

este servicio, mediante el Diplomado sobre De-fensa Publica.

• Servicios de atención legal gratuita implemen-tados o mejorados en varias provincias del país, y conformada red de abogados que prestan este tipo de servicio.

• Programas educativos que fomentan una cultu-ra de paz (Educación en valores, prevención del delito, derechos humanos, manejo de conflic-tos, liderazgo y autoestima) diseñados, material didáctico elaborado y procesos de capacitación desarrollados con la comunidad educativa, principalmente con estudiantes de escuelas y colegios.

87

lÍNEaS dE traBaJo dE la cooPEraciÓN iNtErNacioNal Para El SEctor JuSticia dE Ecuador Período 1995-2007

LÍNEAS DE TRABAJO DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL SECTOR JUSTICIA DE ECUADOR.Período 1995-2007

Banco Mundial

Banco Interamericano de Desarrollo

Agencia para el Desarrollo

de los Estados Unidos

Fondo de Naciones Unidades

para la Infancia

Agencia española de Cooperación Internacional

Embajada de Francia

Gestión de Despacho

Desarrollo Legislativo

Infraestructura

Acceso a la Justicia

Mediación

Acceso a la Justicia de la

Sociedad Civil

Capacitación, Formación y

Sistema Disciplinario

Infraestructura y

Equipamiento Informático

Fortalecimiento del Ministerio

Público

Reformas Legislativas

Acceso a la Justicia de la

población indígena y mujeres de

escasos recursos

Apoyo a reformas de

la constitución relacionadas

con la infancia

Apoyo a la reforma del Código de Menores

Investigación y análisis sobre el

Derecho de Menores

Intercambio Profesional

Marco Reglamentari

o de la Escuela Judicial

Ecuatoriana Capacitación

judicial

Fortalecimiento del Ministerio

Público

88

hito 4: traNSiciÓN y adScriPciÓN dE ProJuSticia al MiNiStErio dE JuSticia, 2007 – 2010

FaSE i: El año 2007 y el inicio del nuevo gobiernoEn el marco de la asunción a la Presidencia de la República del Econ. Rafael Correa, con una pro-puesta innovadora para reformar el Estado, se impulsa una serie de acciones para profundizar la reforma de la justicia en el país, incluyendo la instalación de la Asamblea Nacional Constitu-yente para elaborar una nueva Constitución, la misma que fue aprobada en 2008. Este cuerpo legal amplió los derechos y garantías ciudada-nas, a la vez que creó el marco necesario para llevar adelante la reforma del sector justicia.

• Orientar las decisiones de financiamiento de programas de la cooperación internacional.

Dentro de este Plan Integral de Reformas del Sector Justicia se define, también, tanto la mi-sión del sector justicia como la visión de futuro del mismo.

En ese contexto, se elabora el Plan integral de Reformas del Sector Justicia 2007-2011 (PiR), con los siguientes propósitos:

• Concienciar a los actores sociales sobre la ur-gencia y complejidad de las reformas del sec-tor Justicia.

• Ser una herramienta de comunicación y de diálogo entre la ciudadanía y las instituciones del sector Justicia para unir esfuerzos en pro de una acción común.

• Disponer de un documento que contribuya a facilitar la coordinación interinstitucional en el sector Justicia.

• Servir de guía para orientar los procesos de planificación estratégica de cada una de las instituciones que integran el sector justicia.

• Constituirse en un insumo para la generación de políticas de estado para el fortalecimiento del sector justicia.

• Concienciar a las autoridades del ejecutivo y del legislativo de la urgencia de atender las necesidades de reforma del sector justicia.

MiSiÓN dEl SEctor JuSticia

Garantizar a la ciudadanía el ejercicio de

sus derechos y obligaciones mediante el

acceso a un sistema de justicia autónomo e

independiente, a través de la prestación de

servicios transparentes y de calidad, afian-

zando el estado social de derecho y gene-

rando seguridad jurídica que incremente la

credibilidad y satisfacción de la sociedad.

89

En este mismo año, ProJusticia, con más de diez años de experiencia en la coordinación de pro-yectos trascendentales al interior de la función Judicial, apoya a la Corte suprema de Justicia en la elaboración del Plan Estratégico de la función Judicial para el Mejoramiento de los servicios de Justicia 2007-2012, el cual fue estructurado so-bre la base de la actualización del Plan Integral de Reformas del sector Justicia.

PLAN ESTRATÉGICO DE LA FUNCIÓN JUDI-CIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SER-VICIOS DE JUSTICIA 2007-2012

El objetivo del Plan fue desarrollar un documen-to estratégico de intervención en la función Judicial del Ecuador, que permita identificar las políticas de optimización y mejoramiento de los servicios para contar con un sistema judicial acorde a la necesidad de satisfacción de servicio por parte de la ciudadanía.

En este documento se recogen los esfuerzos por definir, de manera institucional, el camino para la consolidación de un sistema de justicia acorde con las necesidades de la ciudadanía y los reque-rimientos de un estado social de derecho. Así,

sobre una base de planificación consensuada al interior de la Corte suprema de Justicia, y con diferentes actores relacionados, se elabora una herramienta para guiar el futuro institucional.

Dentro de este Plan Estratégico de la función Judicial se definieron las líneas de intervención para mejorar los servicios, siendo las principa-les: seguridad jurídica, acceso a la justicia, go-bernabilidad del sector justicia, desarrollo de re-cursos humanos, mecanismos de accesibilidad, inclusión social e independencia y transparencia del sistema.

resultados hito 4 (Fase i)Entre las actividades ejecutadas por ProJusticia y los resultados obtenidos en el marco de este Plan, se destacan las siguientes:

• Realización del Encuentro de Presidentes de Cortes supremas de Justicia de la Región An-dina, el cual tuvo lugar en Quito entre el 28 y 29 de junio del 2007. En este evento se ratificó la importancia de la independencia judicial y el acceso a la justicia, tal como consta en las Memorias del Encuentro.

ViSiÓN dE Futuro dEl SEctor JuSticia 2007-2011

El sector justicia consolidará su inde-

pendencia y autonomía técnica, admi-

nistrativa y financiera, convirtiéndose en

un referente válido de liderazgo, gestión

ética, efectiva y eficiente para otras orga-

nizaciones; por garantizar la aplicación de

los derechos de los ciudadanos, facilitar el

acceso de los sectores vulnerables a la

justicia, promover la permanencia de un

verdadero sistema democrático, formu-

lar propuestas de políticas públicas para

afianzar el estado social de derecho, e

intervenir como agente de cambio para

lograr un sistema social más justo.

90

• Levantamiento de información judicial (1997), tanto cuantitativa como cualitativa, incluyen-do los factores que directa o indirectamente afectan el correcto desempeño de la adminis-tración de la justicia. se realizó un estudio de oferta y demanda de los servicios judiciales en todo el país, consultando a los usuarios del sistema judicial, para lo cual se entrevistó a 1.529. personas de las distintas regiones del Ecuador para conocer: los obstáculos en el acceso a la justicia por parte de la población; la opinión acerca de la posibilidad que la fun-ción Judicial implemente el sistema oral en los procesos judiciales; la carga procesal versus la capacidad de resolución, así como el estado de situación de la carga procesal; y, el número de personas que labora en cada una de las de-pendencias judiciales, entre otros temas.

• Concreción de dos instituciones, cuya exis-tencia se había diseñado y planificado con el soporte de ProJusticia: la Defensoría Pública y la Escuela Judicial.

• Elaboración del Anteproyecto del Código de Procedimiento Civil, documento que se hizo con la finalidad de crear el marco legal para hacer efectiva la oralidad en la sustanciación de procesos civiles.

FaSE ii: Projusticia adscrita al Ministerio de Justicia, derechos humanos y cultos (2008 – 2010)Como parte de la reestructuración del Estado que lleva adelante el nuevo Gobierno, en no-viembre de 2007 se crea el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y ProJusticia pasa a for-mar parte de esta cartera del Estado en enero de 2008. Este paso institucional se da porque se considera “necesario evitar la repetición de es-fuerzos, la duplicación de competencias y garan-tizar la optimización de los recursos” (Decreto Ejecutivo No. 883) y porque los objetivos que

MiSiÓN dE ProJuSticia

Somos una Unidad Ejecutora de proyec-

tos encaminados a facilitar el acceso a la

justicia de los ciudadanos y las ciudada-

nas a través de la modernización de los

servicios judiciales, mediante financia-

miento nacional y cooperación interna-

cional comprometida con la defensa de

los derechos ciudadanos.

persigue ProJusticia desde 2007, concuerdan con el trabajo que se encomienda a esta nueva instancia ejecutiva.

A partir de 2008, como unidad adscrita al Minis-terio, se establece la visión, misión y objetivos estratégicos de ProJusticia.

91

dEcrEto EJEcutiVo No. 883 – 24 dE ENEro dE 2008

En ejercicio de las facultades que le confieren la Constitución y la ley, Decreta:

art. 1.- Adscríbase la unidad de Coordinación para la Reforma de la Administración de Justicia

en el Ecuador (ProJusticia), contemplada en el artículo 1 del Decreto Ejecutivo 3029, publicado en

el Suplemento del Registro Oficial No. 772 de 1 de septiembre de 1995, y su reforma contenida en el

Decreto Ejecutivo No. 199 de 4 de abril de 1997, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

art. 2.- El artículo 2 del Decreto Ejecutivo 3029, publicado en el Suplemento del Registro Oficial

No.772 de 1 de septiembre de 1995, y su reforma contenida en el Decreto Ejecutivo No. 199 de 4 de

abril de 1997, dirá:

“art. 2.- El Director Ejecutivo de la Unidad de Coordinación para la Reforma de la Administración de

Justicia en el Ecuador, será designado por el señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos y tendrá

rango de Subsecretario de Estado.”

art. 3.- De la ejecución del presente decreto, que entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin

perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, encargase a los ministerios de Justicia y Derechos

Humanos y de Coordinación de la Política Interna y Externa.

ViSiÓN dE Futuro dE ProJuSticia

Somos una Unidad Ejecutora de proyectos

encaminados a facilitar el acceso a la justicia

de los ciudadanos y las ciudadanas a través

de la modernización de los servicios judi-

ciales, mediante financiamiento nacional y

cooperación internacional comprometida

con la defensa de los derechos ciudadanos.

Desde 2008 hasta la fecha, ProJusticia ha ejecu-tado los siguientes proyectos que contribuyen al cumplimiento de sus objetivos estratégicos institucionales:

1. Creación de Nuevas Judicaturas y Moderniza-ción de los servicios de Justicia en el Ecuador

2. Acceso de la Justicia Penal Ecuatoriana

3. Paz urbana

92

oBJEtiVoS EStratÉGicoS dE ProJuSticia

1. Realizar la gestión, monitoreo y evaluación de proyectos que amplíen la cobertura de los servicios de justicia, el acceso de los ciudadanos a la justicia y el mejoramiento de los siste-mas de despacho de causas en las instituciones del sector justicia.

2. Estudiar y evaluar la pertinencia técnica y financiera de las intervenciones con recursos nacionales y de cooperación internacional, destinados al mejoramiento de la gestión pública de las instituciones del sector justicia.

3. Desarrollar propuestas para el diseño de proyectos que apoyen la gestión del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la coordinación interinstitucional con el sistema de admi-nistración de justicia.

4. Gestionar la implementación de programas y proyectos relacionados con las diferentes áreas de la gestión institucional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

A continuación (Parte II) se detallan los objeti-vos, componentes, actividades, resultados y lo-gros de los proyectos ejecutados por ProJusticia en este período.

93

Autor/a Título Año

ProJusticia y Corte Suprema de Justicia.Memorias del Encuentro Cortes Supremas de Justicia Región Andina. Inde-

pendencia Judicial y Acceso a la Justicia.2007

Fondo de Desarrollo Social Japonés, Banco Mundial, ProJusticia.

Sistematización “Proyecto Derecho y Justicia para los Pobres” 2002-2006. 2006

Vladimir Serrano, Coordinador. Panorámica del Derecho Indígena Ecuatoriano. ProJusticia. 2005

ProJusticia y Defensa del Niño Internac-ional.

Irukpash Sisapash. Yachana Ukupi. Kawsanakuypa Muyukuna. Quito. (Publi-cación integra en Kichwa.)

2005

Banco Mundial Projusticia y CUESRevista MASC Ecuador, N°1 Noviembre 2005. CIDES. Banco Mundial y

ProJusticia. Quito. 2005

Banco Mundial Projusticia VADEMECUM, CIDES. 2005

ProJusticia, Banco Mundial y Universidad San Francisco de Quito

Mediación y Acceso a la Justicia en el Ecuador. Proyecto apertura de centros de mediación en lugares de difícil acceso 2004 – 2005. Quito.

2005

ProJusticia y Procuraduría General del Estado

Documentos básicos del sistema interamericano de protección de los derechos humanos.

2005

ProJusticiaPor los Caminos del Quijote. Programa Educativo en Derechos Humanos de la

APDH. Adopción de Ternura.2005

María del Carmen Farfán y Estela BenítezMétodos alternos para solución de conflictos. MASC. 1999 - 2000. Fun-

dación Leónidas Proaño, ProJusticia.s/f

Publicaciones ProJusticia. Período 1995 – 2007

94

Alberto Wray; Franco Sánchez y Norman Wray

Derecho Procesal Constitucional. Volumen 1 y 2. Materiales para la cátedra. ProJusticia, Banco Mundial. Fondo Editorial del Colegio de Jurisprudencia de

la USFQ.2002

Rocío Salgado La puerta estrecha. Corporación Mujer a Mujer- ProJusticia. 2002

Facultad de Jurisprudencia de la Universi-dad de las Américas

Gestión Alternativa de Conflictos. 2001

Facultad de Jurisprudencia de la Universi-dad SEK del Ecuador

Diseño de Cátedra: Ciudadanía y Derecho fundamentales: Teoría y práctica. 2001

ProJusticia Memoria I Cumbre Judicial de las Américas. 2001

ProJusticia Sistematización: La sociedad civil y el acceso a la Justicia. 2000

ProJusticia Nuevas cátedras. Educación jurídica para el futuro. 1999

Mónica Palencia NúñezIntroducción a la investigación Jurídica. Una propuesta de cátedra universi-

taria.1999

Ariosto Reinoso HermidaEl juicio acusatorio oral en el nuevo Código de procedimiento penal – ecu-

atoriano. 2001

Eduardo Bermúdez CoronelDebido proceso: prisión preventiva y amparo de libertad en el contexto de los

derechos humanos.2001

ProJusticia y Corte Suprema de Justicia La Unidad Jurisdiccional. Anteproyecto de Ley Orgánica. 2000

Publicaciones de ProJusticia. Período 1995 – 2007

95

Publicaciones de ProJusticia. Período 1995 – 2007

fotos

ProJusticia - Banco Mundial-USAID Modernización y fortalecimiento de la administración de justicia en Ecuador. 1996

Corte Suprema de Justicia y ProJusticia Reforma del Sistema de Justicia: Plan Estratégico Integral 1999-2004. Quito. 1999

CEPAM , Quito y Guayaquil Tu voz es nuestra fuerza. ProJusticia. 2002

ProJusticia Propuesta de justicia de paz para el Ecuador. 2007

ProJusticiaProyecto de Código de Procedimiento Civil. Ministerio de Justicia y Derechos

Humanos.2007

ProJusticia Revista Institucional. No. 1. 2007

ProJusticia y Corte Suprema de Justicia.Plan Integral de reformas del Sector Justicia 2007 – 2011 y Proceso de

Participación y Consulta de la Sociedad Civil.2007

Alfredo Paredes Asociados Cía. Ltda.Plan Estratégico de la Función Judicial para el Mejoramiento de los Servicios

de Justicia 2007 – 2012.2007

ProJuSticia 2008 - 2010

97

Proyecto de creación de Nuevas Judicaturas y Modernización de los Servicios de Justicia en el Ecuador1

n el marco de la Constitución aprobada en 2008, del objetivo 9 del Plan Nacional para el Buen Vivir que se plantea: “Garantizar la vigencia de los derechos y la justicia” y de la Declaración de Emergencia por la grave conmoción en el sistema Penitenciario, del 6 de julio de 2007, el Consejo Nacional de la Judicatura presentó a la sENPLADEs este Proyecto, el cual fue calificado como prioritario por esta secretaría.

Este proyecto se propuso cubrir las si-guientes falencias identificadas, las mis-mas que impiden que el Estado garantice el acceso a la justicia para todos y todas los ecuatorianos/as:

- Insuficiencia de dependencias judiciales eficientes (638 hasta el 2007).

- falta de institucionalización de medios alternativos de resolución de conflictos, situación que contribuye a la saturación

de causas en las dependencias de la jus-ticia ordinaria.

- Carencia de sistemas eficientes de mo-nitoreo y evaluación que permitan la evaluación objetiva de los jueces, lo que ha impedido la realización de un moni-toreo adecuado sobre el desarrollo de la función judicial y sus necesidades.

OBJETIVO

Con el fin de superar los problemas detec-tados, el objetivo general del proyecto fue:

•Contribuir a la consolidación de la segu-ridad jurídica por medio de la garantía y la ampliación al acceso de la Justicia para los ecuatorianos, de manera que se asegure la transparencia, efectividad y agilidad en la prestación de sus servicios.

COMPONENTES

Para alcanzar el objetivo propuesto, este proyecto desarrolló cinco componentes, cada uno de los cuales tiene áreas de tra-bajo específicas, tal como se detallan a continuación.

Componente 1: Gestión de Despacho en Cortes Provinciales

La finalidad de este componente apunta-ba a ampliar la cobertura de estas instan-cias, para lo cual se propuso crear una Corte Provincial en los lugares donde no se cuente con esta dependencia judicial. Cada Corte deberá contar con una sala única multicompetente y con una unidad para la Presidencia de la Corte.

Este componente incluyó cuatro áreas de trabajo, a saber:

EProJuSticia 2008 - 2010

98

- Creación de Cortes Provinciales: El obje-tivo de esta actividad fue la creación de insti-tuciones judiciales de apelación o de instan-cias que faciliten a los ciudadanos el acceso a justicia, para lo cual se realizó una evaluación de los espacios físicos donde funcionarían las cortes, se suscribieron convenios con las di-recciones regionales del Consejo de la Judica-tura y, se procedió a implementar las Cortes previstas.

- Creación de Salas temporales en Cortes Provinciales: Esta área de trabajo tuvo como objetivo incrementar la oferta de servicios para resolver y reducir las causas represadas. Para determinar el número de salas y los luga-res donde éstas se crearían se hizo un estudio que orientó la toma de decisiones sobre los lugares donde se crearían las salas temporales y, finalmente, se procedió a realizar las ade-cuaciones e implementación de las mismas.

- Sistema de Gestión de la Corte Nacional de Justicia: Con el propósito de implemen-tar un sistema informático que contribuya a la eficiencia del despacho judicial en la Corte Nacional, en las salas de lo Contencioso Tribu-

Institución Ejecutora

Consejo de la Judicatura en colaboración con Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos y su Unidad de Coordi-nación para la Reforma de la Administración de Justicia en el

Ecuador, ProJusticia

ContrapartesProcuraduría General del Estado, varias Municipalidades del

país, ONG, fundaciones, organizaciones sociales y de Derechos Humanos, corporaciones y universidades

Fecha prevista de inicio Agosto 2008

Fecha prevista de finalización Abril 2011

Monto de inversión

Total US$ 22’700.000,00Año 1: $ 287.935,27

Año 2: $ 6.435.117,93Año 3: $ 6.435.117,93Año 4: $ 6.435.117,93Año 5: $ 3.106.710,93

Ámbito de cobertura Nacional

Beneficiarios/as directos

-Usuarios de instancias de la Función Judicial para resolver conflictos: 193.000 casos sin resolución

-12´156.608 potenciales usuarios de servicios de justicia;-Promedio de 277.000 procesos que ingresan anualmente y

requieren despacho.

tario y Contencioso Administrativo, se contrató a una firma consultora especializada en el desa-rrollo y aplicación de software en materia legal.

- Plan de acciones para los Juzgados de Tránsito de la provincia de Guayas: Con el fin de mejorar el desempeño de estos juz-gados, ProJusticia realizó un diagnóstico en el que se identificaron los principales problemas y se formuló una serie de recomendaciones para resolverlos. Con base en ellas se hizo e implementó un plan de acción.

Resultados componente 2: Gestión de Despacho en Tribunales Penales

Este componente se propuso dos objetivos: a) aumentar el número de Tribunales Penales, en los lugares donde la carga y congestionamiento judicial sea crítica, con la creación de 20 Tribu-nales Penales; y, b) incorporar herramientas de apoyo informático, en todos los tribunales pena-les del país.

Las principales áreas de trabajo y actividades programadas dentro de este componente son las siguientes:

- Depuración de carga procesal acumula-da: Para cumplir con su objetivo de organizar y digitalizar todos los datos de las causas ju-diciales y así atender más eficientemente a la ciudadanía, se hizo inventario y se procedió a depurar la carga procesal de los Tribunales Penales,

- Gerencia de sistema de trabajo: Con el objetivo de superar la actual descoordina-ción en los sistemas de gestión de trabajo y evacuación de carga procesal, se planteó la necesidad y se trabajó para separar el área ne-tamente judicial, de las áreas administrativas, de manera que el personal de ésta área priori-ce la preparación de las audiencias judiciales y se logre la comparecencia de todos los sujetos procesales, testigos, peritos y de la prueba en general.

- Capacitación y desarrollo humano: Con el fin de que el personal de estas dependencias judiciales mejore su desempeño se efectuaron eventos de capacitación en gerencia en manejo de casos, uso de herramientas informáticas, de-sarrollo de destrezas para el sistema acusatorio oral, atención al público y calidad en el servi-

cio. Igualmente, con la finalidad de optimizar el flujo de procesos penales, se consideró impor-tante incorporar una actividad de capacitación en “salidas alternativas al juicio oral”, dirigida a jueces penales y agentes fiscales.

- Herramientas tecnológicas e informáticas: Con el fin de desarrollar un software de calen-darización de audiencias de juicio, se dotó de equipos (hardware) a los Tribunales Penales y se trabajó para que en dichas instancia se in-corpore el sistema sistema automatizado de trámites judiciales del Ecuador (sATJE) desa-rrollado para éstas instancias judiciales.

Componente 3: Gestión de despacho en Judicaturas de la Niñez y Adolescencia

Este componente tuvo dos objetivos: a) Precau-telar el interés superior que tienen los niños, ni-ñas y adolescentes y asegurar el ejercicio de sus derechos; y, b) ampliar este servicio y mejorar la calidad de atención a las personas que acuden a laos Judicaturas de la Niñez y Adolescencia (JNA).

Para conseguir su propósito se definieron 4 áreas de trabajo con sus respectivas actividades:

100

- Depuración de carga procesal acumu-lada: Con el fin de organizar y digitalizar la información de las causas, se realizó un inven-tario y se hizo la depuración de la carga pro-cesal de los Juzgados de Niñez y Adolescen-cia, La clasificación de procesos judiciales se hizo conforme a tres categorías: a) Procesos pasivos sin posibilidad de secuela; b) Proce-sos pasivos con posibilidad de secuela, y, c) P rocesos activos o en trámite.

- Gerencia de sistema de trabajo: Con el ob-jetivo de mejorar la gestión de las Judicaturas de la Niñez y Adolescencia se procedió a separar las funciones al interior de cada judicatura, diferen-ciando el área judicial de la administrativa.

- Capacitación y desarrollo humano: Con el objetivo de mejorar los conocimientos y destrezas de los funcionarios de los JNA se les capacitó en habilidades de gerencia para el manejo de casos, uso de herramientas in-formáticas y sobre atención a los usuarios y

calidad en el servicio. También se incluyó una capacitación específica y paralela en asuntos de carácter procesal.

- Herramientas tecnológicas e informáti-cas: Con el objetivo de mejorar la respuesta institucional, facilitar el trabajo del personal y atender de forma adecuada al público, se reali-zó la adquisición de equipos (hardware) tanto de estaciones de trabajo para los operadores del sistema, y la incorporación de la aplicación sistema sATJE desarrollado para las Judicatu-ras de Niñez y Adolescencia.

Componente 4: Mediación y acceso a la justicia de la ciudadanía

Con el objetivo de garantizar el acceso efectivo de la ciudadanía a la justicia y ofrecer servicios para la resolución de conflictos a través de la creación de 9 centros de mediación y el forta-lecimiento de 9 ya existentes y del desarrollo de un programa de formación y capacitación teóri-co - práctica para mediadores.

Para alcanzar las metas propuestas, ProJusticia realizó un mapeo geográfico de servicios alter-

nativos de resolución de conflictos, determinan-do el acceso que tiene la población a ellos, la oferta institucional y la cantidad de casos repre-sados; e, hizo un análisis poblacional con énfasis en los niveles de conflictividad en las distintas localidades. Esta información permitió identifi-car los lugares/ciudades con altos porcentajes de casos represados y/o con o mayor conflicti-vidad, criterios a partir de los cuales se calificó las áreas prioritarias de intervención. Luego de ello, ProJusticia realizó un exhaustivo trabajo de campo, a fin de identificar socios estratégicos que contaran con credibilidad, reconocimiento y pudieran asumir en forma responsable e im-parcial la administración de los nuevos centros de mediación.

Componente 5: Red Nacional de Información Judicial

Con el objetivo de fortalecer la coordinación y la comunicación entre las diferentes dependencias e instancias judiciales, se propuso uniformizar e integrar la gestión de la información en todas las instancias de justicia del país. El diseño de este proyecto tuvo un enfoque modular para cubrir gradualmente la gestión de la totalidad de las

101

cortes, tribunales y juzgados del país. Para con-cretarlo se realizó un análisis para determinar el nivel de cobertura de la red y de las instancias judiciales que serían interconectadas. Se definió que se realizaría una interconexión a nivel na-cional y, otra, a nivel local, para lo cual se ad-quirieron e instalaron los equipos informáticos necesarios y se conectó a red a las instancias judiciales. También se ejecutaron otras activida-des para dotar de recursos informáticos o inter-conectar a distintas instancias judiciales.

RESULTADOS

En este acápite se exponen los principales resultados obtenidos en cada componente del proyecto.

Resultados componente 1: Gestión de Despacho en Cortes Provinciales

A continuación se sintetizan los resultados al-canzados por cada una de las áreas de trabajo de este componente.

Creación de Cortes Provinciales: Tal como lo especifica el Cuadro anterior, entre 2008 y 2010

Fuente: ProJusticia. Informes de Actividades 2008, 2009

cortes Provinciales creadas en el período 2008 - 2010

región Provincia ciudad cortes Provinciales creadas

Sierra (1)Santo Domingo de los

Tsáchilas Santo Domingo de los Tsáchilas 1

Costa (1) Santa Elena Salinas 1

Amazonia (1) Orellana Orellana 1

Total Nacional 3 3 3

se creó una Corte Provincial en cada región del país. Cada una de estas nuevas instancias cuenta con un equipo de entre 10 a 15 personas, las mis-mas que han sido seleccionadas y capacitadas por el Consejo de la Judicatura. El espacio de las Cor-tes consta de las siguientes áreas: a) Presidencia de la Corte; b) área de secretaría; c) área de ayu-dantes; d) recepcionista; y, e) área de casilleros judiciales. El costo promedio de las adecuaciones fue de alrededor de 500.000 dólares.

Creación de Salas temporales en Cortes

Provinciales: si bien con base en un estudio

previo, se propuso la creación de 8 nuevas salas

de Conjueces Temporales de Cortes Provincia-

les, en el año 2009 fueron creadas solo 2 salas,

las cuales cuentan con tres ministros jueces

(cada uno con su propia oficina); una sala de

reuniones y área para dos auxiliares. El monto

invertido fue 38.000 dólares

102

Sistema de Gestión de la Corte Nacional de Justicia: Entre los productos y/o resultados de la contratación de una firma especializada en el desarrollo y aplicación de software en materia legal, actualmente se cuenta con los siguientes productos:

• Flujograma del proceso en materia de lo con-tencioso tributario y de lo contencioso admi-nistrativo aprobados.

• Sistema parametrizado implementado y fun-cional de acuerdo con el proceso y las accio-nes en las materias y salas indicadas.

• Realizadas pruebas de ingreso de causas en el sistema con los usuarios de cada sala, y de funcionamiento del sistema.

• Informe de resultados sobre la aplicación de la solución informática en el período de prueba, y de casos ingresados en el sistema en uso.

• Portal Web con acceso al público.

• Personal técnico de la Función Judicial capaci-tado para brindar apoyo informático a la Corte Nacional de Justicia.

Plan de acciones para los Juzgados de Tránsito de la provincia de Guayas: De conformidad con el plan, se ejecutaron distintas acciones, cuyos resultados hasta hoy, han sido:

• Cinco Juzgados de Tránsito de Guayaquil reci-bieron computadoras e impresoras.

• Equipos para interconexión de los juzgados adquiridos e instalados.

• Propuesta de que los jueces de tránsito des-pachen solamente las contravenciones impug-nables y dejen de ocuparse de la no impugna-bles, incorporada en el nueva Ley de Tránsito.

Resultados componente 2: Gestión de Despacho en Tribunales Penales

Creación de Tribunales Penales: Entre 2008 y 2010 se crearon 20 Tribunales Penales y 1 Juz-gado de Adolescentes Infractores en 10 ciuda-des de las tres regiones del país.

Cada uno de los tribunales creados cuenta con: a) Oficinas particulares para cada uno de los 3 jueces; b) Área de secretaría; c) Área para tres ayudantes; d) Área de recepción; e) sala de au-diencias; f) una celda; g) Dos áreas para testi-gos; y, h) un área para deliberaciones. El costo promedio de las adecuaciones fue de 220.000 dólares en las capitales provinciales y de 120.000 en las demás ciudades.

Depuración de carga procesal penal: Las actividades ejecutadas dentro de esta área de trabajo, produjeron los siguientes resultados:

• Identificada la carga procesal real de los Juz-gados de Garantías Penales de Guayaquil (31.998 causas represadas reales vs. 11.043 diagnosticadas en inicio).

• Identificación de lugar de concentración de la carga penal: aproximadamente el 50% se ubi-ca en 2 juzgados de la ciudad de Guayaquil.

• Depuradas 11.097 causas represadas en 8 Ju-gados de Guayaquil.

• Interconexión de red de 44 Tribunales Pena-les, más los 21 recientemente creados.

* Incluye un Juzgado de Adolescentes Infractores | Fuente: ProJusticia. Informes de Actividades 2008, 2009.

tribunales Penales creados en el período 2008 - 2010

Región Provincia Ciudad Tribunales Penales Creados

Sierra (7)Carchi Tulcán 1

Imbabura Ibarra 1Pichincha Quito 5

Costa (12)

Guayas Guayaquil* 8

Milagro 1Santa Elena Salinas 1

Los Ríos Babahoyo 1El Oro Machala 1

Amazonía (2)Napo Tena 1

Orellana Orellana 1Total Nacional 9 10 21

carga Procesal depurada por Juzgado Penal- Guayaquil - año 2010

13.5

2.3

25.6

24.2

7.8

9.4

10.2

7.1

Vigésimo cuarto

Vigésimo noveno

Décimo quinto

Décimo cuarto

Décimo tercero

Décimo segundo

Noveno

Quinto

0102030405060708090

85

140,6 0,4

Contencioso General Especiales AdolescentesInfractores

ACCS Constitucionales

Causas Pasivas16%

Causas Activas84%

Fuente: Informe Final ISVOS, marzo 2010.

Depuración carga procesal Penal.

Proceso de ordenamiento de archivos

Depuración carga procesal Penal.

Estado después de la depuración

Resultados componente 3: Gestión de despacho en Judicaturas de Niñez y Adolescencia

Creación de nuevas judicaturas especiali-zadas en materia de niñez y adolescencia: Los principales resultados de esta área de traba-jo son tanto de orden cuantitativo como cualita-tivo, como detallamos a continuación:

• 40 Juzgados de la Niñez y Adolescencia (JNA) creados, debidamente adecuados y entregados según la distribución geográfica prevista (Di-ciembre de 2009). El costo promedio de ade-cuación de los juzgados fue de 60.000 dólares.

• Avance significativo en cuanto a la cobertura del servicio y al “acercamiento” de la justicia a niños, niñas, adolescentes y sus familias.

• Realizada investigación sobre la respuesta de los JNA a las demandas por pensión de alimen-tos, la cual: a) Recoge las percepciones de las mujeres sobre estos servicios; b) Define una

línea de base cualitativa (fortalezas y nudos críticos) de la atención/respuesta de los JNA; y, c) Hace recomendaciones de políticas pú-blicas y toma de decisiones para garantizar el acceso a la justicia en estos casos.

• Difusión de los resultados de la investiga-ción a través de un boletín informativo (2000 ejemplares)

• Capacitación realizada a equipos técnicos de oNG y lideresas de organizaciones de mujeres de 9 provincias, sobre veedurías ciudadanas al cumplimiento del derecho a la pensión de alimentos.

• Cartilla de Alfabetización Legal sobre el “Dere-cho al control social y a la pensión de alimen-tos” elaborada y publicada (1.000 ejemplares)

• Guía de facilitadoras de Alfabetización Legal y CD con material de apoyo elaborada, validada y publicada (200 ejemplares)

105

Juzgados de la Niñez y adolescencia creados por provincia y región: 2008 - 2010

región Provincia ciudad Número de Juzgados creados

Sierra (15)

Imbabura Ibarra 1

Otavalo 1

Pichincha Quito 6

Machachi 1

Santo Domingo de los Tsáchilas Santo Domingo de los Tsáchilas 1

Cotopaxi Riobamba 1

Tungurahua Ambato 1

Bolívar Guaranda 1

Chimborazo Latacunga 1

Loja Loja 1

Costa (23)

Esmeraldas Esmeraldas 1

Quinindé 1

Manabí

Portoviejo 1

Chone 1

Manta 2

Bahía 1

Guayas

Guayaquil 7

Milagro 1

Daule 1

Durán 1

Playas 1

Santa Elena Salinas 1

Los Ríos Babahoyo 1

El OroMachala 2

Pasaje 1

Amazonía (2)Sucumbíos Nueva Loja 1

Pastaza Puyo 1

Total 16 27 40

Fuentes: Projusticia, s/f. y Projusticia, 2009.

Depuración de la carga procesal de los Juz-gados de la Niñez y Adolescencia de Quito: Este proceso incluyó varias actividades que arro-jaron los siguientes resultados:

• Identificadas y contabilizadas la totalidad de causas represadas en 11 de los 12 Juzgados de Quito, evidenciando que más de 240.000 juicios se encuentran acumulados.

• 76.216 causas de 11 Juzgados de Quito proce-sadas y depuradas, las mismas que represen-tan el 32% del total de juicios acumulados en esta ciudad.

• Validación del Sistema Automatizado de Trá-mite Judicial (sATJE) realizada, mediante el procesamiento de 300 expedientes.

• Equipo técnico y profesional de los JNA ca-pacitado en procedimientos en el ámbito de niñez y adolescencia, configuración y manejo del sAJTE y en administración sistematizada de documentos.

• Estudio realizado con recomendaciones para mejorar desempeño de los JNA.

106

Estado de causas acumuladas en Juzgados de la Niñez y adolescencia

13.5

2.3

25.6

24.2

7.8

9.4

10.2

7.1

Vigésimo cuarto

Vigésimo noveno

Décimo quinto

Décimo cuarto

Décimo tercero

Décimo segundo

Noveno

Quinto

0102030405060708090

85

140,6 0,4



Causas Pasivas16%

Causas Activas84%

13.5

2.3

25.6

24.2

7.8

9.4

10.2

7.1

Vigésimo cuarto

Vigésimo noveno

Décimo quinto

Décimo cuarto

Décimo tercero

Décimo segundo

Noveno

Quinto

0102030405060708090

85

140,6 0,4



Causas Pasivas16%

Causas Activas84%

tipos de Procedimientos, JNa - Quito (En %)

Depuración de Juzgados de la Niñez y Adolescencia

Fuente: UNAP, 2010.

Fuente: UNAP, 2010.

107

Resultados componente 4: Mediación y Acceso a la Justicia de los ciudadanos

Luego de cumplir con las actividades previstas dentro de este componente, los principales re-sultados obtenidos entre 2008 y 2010, fueron:

• Creación y equipamiento con mobiliario, pa-neles, instalaciones eléctricas y climatización, a 18 centros de mediación

• Fortalecimiento de 9 centros de mediación creados con anterioridad.

• Desarrollo de un extenso plan de capacitación para la formación de potenciales mediadores y el reforzamiento de mediadores en ejercicio, mediante el cual se capacitaron 331 personas de distintas provincias del país.

• Talleres de actualización dictados en Lago Agrio, Cuenca y Guayaquil, con la asistencia de 80 participantes de distintos lugares del país.

• 145 funcionarios de la Función Judicial capaci-tados sobre la mediación y sus ventajas.

• Elaborado y ejecutado Plan de monitoreo y seguimiento para verificar el correcto funcio-namiento de los Centros de Mediación.

• Campaña de difusión de la mediación como método alternativo, legal y oficial de resolu-ción de conflictos, realizada en 35 colegios públicos localizados en 15 provincias

• Atendidos 1.407 requerimientos de informa-ción de la ciudadanía sobre casos de media-ción, a través de la línea 1800-JusTICIA.

• Creación y equipamiento, en 2010, de 4 cen-tros de mediación en la sierra y en la Costa, de 4 centros de mediación comunitaria en la sierra y 1 centro de mediación itinerante en Tulcán.

• 100 dirigentes indígenas y de organizaciones sociales de las provincias de Pichincha, Tun-gurahua, Bolívar y Cañar capacitados para de- sempeñarse como mediadores comunitarios.

• La unidad de comunicación y atención al ciu-dadano de Projusticia, publicitó la mediación comunitaria por medio de cuñas radiales, y

con material impreso informativo. Todo el material de mediación comunitaria fue impre-so también en quichua.

• 20 personas de las parroquias cercanas de Muisne, 40 personas de Manta, 20 personas pertenecientes a los cantones cercanos a Ven-tanas recibieron formación para actuar como mediadores en los 5 centros creados en el año 2010.

• En coordinación con los Colegios de Aboga-dos de Tungurahua, Esmeraldas y El oro, Pro-justicia realizó talleres de mediación dirigidos a profesionales y estudiantes de Derecho, en las ciudades de Ambato, Esmeraldas y Macha-la, con la asistencia de un total de 800 perso-nas.

• Censo nacional de centros de mediación rea-lizado, como una línea de base para la conso-lidación del proyecto de Creación de Nuevas Judicaturas y Modernización de los servicios en el Ecuador. Se identificaron 104 centros de mediación inscritos en el Consejo de la Judica-tura, de los cuales 85 se encontraban en fun-cionamiento. En el año 2009, de las 9.000 cau-

108

sas tramitadas en los 85 centros censados, el 55% concluyó con la firma de actas de acuerdo total entre las partes, el 20% con la firma de actas de acuerdo parcial y el 25% con actas de imposibilidad de acuerdos.

Fuente: ProJusticia. Informes del Proyecto 2008, 2009 y 2010

Beneficiarios de las capacitaciones y talleres de mediación, actualización y campañas de difusión de ProJusticia: 2008 - 2010

0 200 400 600 800 1000

Colegios públicos campaña dedifusión de la meditación

Profesores y estudiantes de derechocapacitados con talleres de mediación

Personas capacitadas conactualización en mediación

Funcionarios judicialescapacitados en mediación

Pobladores capacitadosen mediación

35

800

80

145

511

Creación Centros de Mediación

Campaña de Mediación

109

Resultados componente 5: Red Nacional de Información Judicial

En concordancia con el objetivo prioritario de este componente se realizó una serie de activi-dades para la interconectividad e implementa-ción de redes, con los siguientes resultados:

• Los Tribunales Penales creados en Quito y Guayaquil fueron puestos en red.

• Se adquirió e instaló los equipos para imple-mentar el foro de Abogados

• Un centro de cómputo fue instalado en la Casa Judicial en Cuenca.

• Interconexión establecida entre las capitales provinciales con sus respectivos cantones, la cual abarca a 93 cantones de 14 provincias. In-cluyó la entrega de equipamiento activo y la capacitación al personal del área de sistemas del Consejo Nacional de la Judicatura. El valor de esta actividad fue 1’248.000 dólares.

Firma de convenio ProJusticia - Ministeriosde agricultura (MaGaP)

Dra. Natacha Reyes, Directora de ProJusticia e Ing. Ramón Espinel, Ministro de Agricultura.

110

!

!

!

!

!

!

!

!

!#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

##

#

LOJA

AZUAY

PICHINCHA

COTOPAXI

CARCHI

CHIMBORAZO

BOLIVAR

CAÑAR

IMBABURA

TUNGURAHUA

MANABI

GUAYAS

ESMERALDAS

LOS RIOS

EL ORO

SANTA ELENA

GUAYAS


PASTAZA

NAPO

ORELLANA

SUCUMBIOS

MORONA SANTIAGO

ZAMORA CHINCHIPE

±0 170 34085

Km.

Centros de Mediación Creados y Fortalecidos por ProJusticia - Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos (Años 2008 a 2010)

LeyendaCentros de Mediación# Creación

! Fortalecimiento

#GALAPAGOS

centros de Mediación creados y Fortalecidos por ProJusticia - Ministerio de Justicia, derechos humanos y cultos: 2000 - 2010

111

centros de Mediación creados y Fortalecidos por ProJusticia - Ministerio de Justicia, derechos humanos y cultos: 2000 - 2010

NO. AÑO EJECUCIÓN PROVINCIA CIUDAD SOCIO ESTRATÉGICO

1 2008 Fortalecimiento Guayas Guayaquil Procuraduría General del Estado

2 2008 Fortalecimiento Chimborazo Riobamba Procuraduría General del Estado

3 2008 Fortalecimiento Loja Loja Procuraduría General del Estado

4 2008 Fortalecimiento Manabí Portoviejo Procuraduría General del Estado

5 2008 Fortalecimiento Azuay Cuenca Procuraduría General del Estado

6 2008 Fortalecimiento El oro Machala Procuraduría General del Estado

7 2008 Fortalecimiento Santo Domingo de los Tsáchilas Santo Domingo de los Tsáchilas Gestor Corp.

8 2008 Fortalecimiento Orellana Coca Fundación Ayllu Huarmicuna

9 2008 Fortalecimiento Sucumbíos Lago Agrio Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio, FEPP

10 2008 Creación Sucumbíos Lago Agrio Esc. Polit. Ecológica Amazónica

11 2008 Creación Esmeraldas Esmeraldas Juntas Parroquiales

12 2008 Creación Esmeraldas Rocafuerte Juntas Parroquiales

13 2008 Creación Manabí Manta Fundación Ad Litem

14 2008 Creación Imbabura Ibarra Esc. Polit. Ecológica Amazónica

15 2008 Creación Morona Santiago Macas Esc. Polit. Ecológica Amazónica

16 2008 Creación Napo Tena Esc. Polit. Ecológica Amazónica

17 2008 Creación Galápagos San Cristóbal Procuraduría General del Estado

18 2008 Creación Santa Elena Santa Elena Procuraduría General del Estado

19 2010 Creación Esmeraldas Muisne Municipio de Muisne

20 2010 Creación Manabí Manta Municipio de Manta

21 2010 Creación Pichincha San Miguel de los Bancos Fundación Comunidad, Ambiente y Desarrollo

22 2010 Creación Los Ríos Ventanas Fundación Comunidad, Ambiente y Desarrollo

23 2010 Creación Carchi Tulcán Asamblea Permanente de Derechos Humanos

24 2010 Creación Pichincha Quito CEDIME y Red de Defensores Indígenas

25 2010 Creación Tungurahua Ambato CEDIME y Red de Defensores Indígenas

26 2010 Creación Bolívar Guaranda CEDIME y Red de Defensores Indígenas

27 2010 Creación Cañar Cañar CEDIME y Red de Defensores Indígenas

112

!

% %%

%

!%%%

%

!

%

%

%%%

%

!% %

%

%

!

%

!%

%

%

%

%

!

%

%

%%

%%

!

%

%

%

%%%

% %% %

%

!

%

%

%

%

!%%%

%

%%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

! % %%

%

%

%

%

%

%

%

%

!

%

%

%

%%

%

%!

%

%

%

%

%

!

%

%

%

LOJA

AZUAY

PICHINCHA

COTOPAXI

CARCHI

CHIMBORAZO

BOLIVAR

CAÑAR

IMBABURA

TUNGURAHUA

MANABI

GUAYAS

ESMERALDAS

LOS RIOS

EL ORO

SANTA ELENA

GUAYAS


PASTAZA

NAPO

ORELLANA

SUCUMBIOS

MORONA SANTIAGO

ZAMORA CHINCHIPE

±0 190 38095

Km.

Provincias y cantones interconectados con el SATJE

Leyenda% Cabeceras

! Capital

Interconexión

GALAPAGOS

Provincias y cantones interconectados con el Sistema automatizado de trámites Judiciales - SatJE

113

Provincias y cantones interconectados con el Sistema automatizado de trámites Judiciales - SatJE

Campaña de Mediación

Región Provincia Cantón

Sierra (44)

Carchi (4) Bolívar, Montúfar (San Gabriel), Espejo (El Ángel), Mira

Imbabura (5) Otavalo, Cotacachi, Antonio Ante, Ibarra, Pimampiro

Pichincha (7) Quito, Rumiñahui, Mejía, Cayambe, Pedro Moncayo, San Miguel de los Bancos, Pedro Vicente Maldonado

Cotopaxi (4) Pangua, La Maná, Pujilí, Saquisilí

Tungurahua (2) Ambato, Baños

Bolívar (5) Chimbo, Chillanes, Caluma, Echeandía, Las Naves

Chimborazo (6) Guano, Colta, Pallatanga, Guamote, Chinchi, Alausí

Loja (11) Saraguro, Gonzanamá, Espíndola, Sozoranga, Zapotillo, Pindal, Célica, Puyango (Alamor), Paltas, Chaguarpamba, Macará

Costa (39)

Esmeraldas (5) San Lorenzo, Eloy Alfaro (Limones), Esmeraldas, Atacames, Quinindé

Manabí (16) Pichincha, Montecristi, Manta, Santa Ana, 24 de Mayo, Sucre, Jipijapa, Paján, Rocafuerte, Junín, Chone, Tosagua, Bolívar, Flavio Alfaro, El Carmen, Pedernales

Guayas (11) Milagro, Naranjito, San Jacinto de Yaguachi, Durán, Samborondón, El Triunfo, Naranjal, Playas, Daule, El Empalme, Balzar

Los Ríos (7) Babahoyo, Montalvo, Baba, Vinces, Pueblo Viejo, Urdaneta, Ventanas

Amazonía (10)Morona Santiago (6) Gualaquiza, Limón Indanza, Santiago, Sucúa, Macas, Palora

Zamora Chinchipe (4) Chinchipe (Zumba), Zamora, Centinela del Cóndor, Yantzaza

Total 14 93

Fuente: ProJusticia. Dirección de Nuevas Tecnologías

114

otras actividades también fueron ejecutadas den-tro de este componente, cuyos resultados hasta 2010, son los que se enuncian a continuación:

• Oficinas de la Defensoría Pública de Quito adecuadas y dotadas de servidores, cableado estructurado y equipos de computación.

• Oficinas cuentan con equipamiento tecnoló-gico en la Defensoría Pública en Guayaquil, en la Policía Judicial y en el Centro de Rehabilita-ción social de Varones No. 1 de esa ciudad.

• Interconexión realizada en el Juzgado de Ado-lescentes de Guayaquil.

• Suscrito convenio entre ProJusticia y el Minis-terio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, MAGAP, para crear un Centro de Media-ción para atender los conflictos por tierras.

• Diseñado el espacio para la adecuación de un Centro de Mediación y en marcha proceso de

adquisición de equipos informáticos y de co-municaciones para el centro del MAGAP.

• Adecuados Juzgados de Garantías Penales de flagrancia en Quito, Guayaquil y Manta.

• Efectuada capacitación en computación bási-ca a los funcionarios de los Juzgados de Trán-sito de la provincia del Guayas, instancia que recibirá equipamiento activo por parte de Pro-Justicia.

Al momento de cerrar está publicación, como parte de este componente, se encontraban en ejecución las siguientes iniciativas:

• Proceso de adecuación de la Biblioteca Digital para 3800 personas privadas de libertad en el Centro de Rehabilitación social de Varones No. 1 de Guayaquil.

• Desarrollo de una Propuesta conceptual de equipamiento urbano e infraestructura tecno-lógica para la administración de justicia.

• Implementación del Gestor Documental (BPM) para digitalización e indexación de 55.000 documentos de ProJusticia.

• Diseño, desarrollo, implementación e instala-ción del portal Web de ProJusticia

115

Proyecto acceso a la Justicia Penal Ecuatoriana2

ara el año 2008, la realidad jurídica del país

mostraba algunas deficiencias que limita-

ban el acceso al sistema de Justicia Penal

para gran parte de la población ecuatoria-

na. Las causas aparecen registradas en re-

lación a varios factores:

- falta de aplicación de la oralidad en los

juicios, no obstante su vigencia desde el

año 2002.

- Ausencia de coordinación sobre la es-

tandarización de los procesos externos,

lo que reduce la agilidad de los proce-

sos judiciales. En cuanto a los procesos

internos si bien las judicaturas operan

con procedimientos similares, las herra-

mientas informáticas no son iguales o se

administran bajo criterios propios.

- La distribución territorial de las judicatu-ras no es accesible a toda la población, situación que incide para que esta po-blación abandone los casos y no ejerza sus derechos, además de violentarse el principio de acceso a Justicia.

- Existe un enorme represamiento y acu-mulación de causas, pues de acuerdo a las estadísticas levantadas por el Conse-jo de la Judicatura, el número de causas represadas ascendía a 204.098, pero no se conocía si requerían de juzgamiento, si habían sido desestimaciones o aban-donadas, pues no se había realizado la depuración de la carga procesal para de-terminar el trámite que debían seguir.

Ante esta problemática, en el año 2008 se aprobó el Código orgánico de la fun-ción Judicial, el cual busca asegurar:

- El derecho constitucional de las perso-nas y comunidades a acceder a una justi-cia eficaz, transparente y rápida.

- El acceso geográfico a la justicia según las necesidades de las personas y colecti-vidades.

- La justicia integral por parte de todos los operadores judiciales, con la finali-dad de servir a la comunidad y garantizar los derechos de todas las personas.

En este contexto, el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, conjunta-mente con el Consejo de la Judicatura delinearon este “Proyecto de Acceso a la Justicia Penal”, el mismo que fue presen-tado y aprobado por sENPLADEs y cuya ejecución se inició en el año 2010.

P

116

Institución Ejecutora

Consejo de la Judicatura y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MJDH) a través de la Unidad de Coordinación de la

Reforma de la Administración de Justicia en el Ecuador – ProJus-ticia

Contrapartes / Actores RelacionadosTodos los Actores del Sector Justicia, Organizaciones de la Socie-

dad Civil, Organizaciones Conservacionistas

Fecha prevista de inicio Enero 2010

Fecha prevista de finalización Abril 2011

Monto de inversión USD $ 5´524.820

Ámbito de cobertura Nacional

Beneficiarios/as directosLa población que será atendida por el proyecto asciende a 1.180 funcionarios judiciales penales. La población que se beneficiará

con el proyecto está constituida por los 13'978.182 ecuatorianos

Es necesario subrayar que el proyecto en cues-tión (Acceso a la Justicia Penal Ecuatoriana) aún está en ejecución, de manera que en esta publicación sólo se reseñan las actividades y resultados obtenidos hasta inicios del 2011. Además, vale señalar que no todo el proyecto está a cargo de ProJusticia, sino que algunos de sus componentes están siendo ejecutados por el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, por tanto sus avances se describen en la parte I que recoge la memoria de esta cartera de Estado.

OBJETIVOS

El proyecto se plantea como objetivo general:

• Mejorar el acceso a la justicia penal en el Ecuador en cuanto a cercanía a la población, cobertura y celeridad en sus procesos.

Adicionalmente, se definen los siguientes obje-tivos específicos:

• Mejorar la celeridad en los procesos e incre-mentar la cobertura en la gestión de las Judi-caturas.

117

• Administrar la información judicial en un siste-ma de información geográfica que permita el establecimiento y monitoreo de los puntos de acceso a la justicia.

• Crear Judicaturas penales para cubrir la deman-da poblacional de estos servicios judiciales.

COMPONENTES

Para alcanzar los objetivos de este proyecto, fueron definidos 3 componentes, cada uno de los cuales corresponde a uno de los objetivos específicos. A continuación se describe cada componente y los procesos o actividades que lo conforman..

Componente 1: Celeridad en los procesos e incre-mento de cobertura en la gestión de Judicaturas

Como estrategia para la ejecución de este com-ponente, se planteó la participación de los fun-cionarios de las judicaturas penales de primera, segunda y tercera instancia, para que desde su experiencia formulen recomendaciones adecua-das a la realidad ecuatoriana.

Este componente está conformado por cinco procesos:

• Ingeniería de valor: Esta metodología que se utiliza para resolver problemas y/o reducir costos, y mejorar los requerimientos de cali-dad, fue la adoptada para mejorar los proce-sos de gestión en las Judicaturas Penales. Con el fin de desarrollar la ingeniería de valor se contrató una consultoría para “diseñar un proceso de gestión estandarizado en materia penal, para optimizar los recursos y garantizar eficiencia del despacho judicial, de acuerdo a los nuevos modelos contenidos en el Código Orgánico de la Función Judicial”. Para este di-seño, se partió del diagnóstico y verificación del funcionamiento de los Juzgados y Tribu-nales de Garantía Penales, salas Penales de Cortes Provinciales de las ciudades de Qui-to, Ambato, Cuenca, Guayaquil, Portoviejo, Esmeraldas, Lago Agrio, Macas, Loja, Tulcán, Machala, Puyo, El Guabo; y salas Penales de la Corte Nacional de Justicia.

• Diseño del modelo de funcionamiento: una vez obtenida la información del levanta-miento de procesos y con el análisis estadísti-

co de carga procesal, gestión interna de las ju-dicaturas penales, escenarios de distribución de competencias y redistribución de jurisdic-ción para cada una, se elaboró una propuesta de modelo de funcionamiento para cada una de las judicaturas penales del país

• Manejo de información: Este proceso in-cluye la implementación de campañas de di-fusión. En primear instancia se desarrollará la campaña que ya fue diseñada por el MJDH y la Comisión del sistema Penal, para dicho efecto se contará con los servicios profesionales de una empresa de medios; y progresivamente se utilizarán los espacios públicos para difundir los deberes y derechos de los ciudadanos en cuanto a los procesos judiciales.

• Capacitación a funcionarios judiciales en servicio de atención al público: Con el objetivo de motivar a los funcionarios de la función Judicial Penal para mejorar el servicio de atención al usuario, se plantea capacitar a los funcionarios judiciales en: manejo de he-rramientas informáticas, atención al usuario, motivación y relaciones humanas.

118

• Difusión de medios alternativos de re-solución de conflictos: Con el fin de dar a conocer los medios alternativos para la solu-ción de conflictos, se plantea informar a la po-blación al respecto, utilizando medios como radio, televisión y prensa.

Componente 2: Información judicial administrada en un sistema de información geográfica para el establecimiento y monitoreo de puntos de acceso a la justicia

Este componente se basa en el principio de equidad de acceso a la justicia para todos los ciudadanos y propone escenarios óptimos de distribución y creación de judicaturas, tomando en cuenta variables como población, acceso vial o fluvial, jurisdicción, entre otros. Su ejecución está prevista para el año 2011.

Contempla los procesos:

• Territorialización de la información judicial penal en un sistema de información geográfi-

ca: Incluye 3 actividades: a) Depuración de la base de datos proporcionada por el CJ sobre la ubicación y jurisdicción de los servicios de justicia, así como de la base territorial (límites políticos administrativos, red vial) digital pro-porcionada por sENPLADEs; b) construcción del archivo territorial en donde se ubicará es-pacialmente los actuales servicios de justicia a nivel nacional; y, c) ingresar la base de datos de carga procesal en el sistema.

• Análisis de variables que se utilizarán para la óptima distribución geográfica de los nuevos juzgados: una vez ingresada la información de las judicaturas al sistema de información geográfico (SIG) se determinará la cobertura del servicio de justicia en el Ecuador según la cobertura por área territorial y la capacidad de atención de las judicaturas.

• Diseño de un modelo de administración SIG de las variables territoriales para la distribu-ción y acceso territorial del servicio judicial penal: Luego de haber definido las variables que se usarán para el análisis geográfico, se propondrán escenarios de redistribución de jurisdicción de los juzgados existentes has-

ta el 2009. Posteriormente se determinará el escenario óptimo para la creación de nuevas judicaturas.

• Identificación de los lineamientos y criterios para el monitoreo de la cobertura y acceso del servicio de justicia penal: una vez que esté en funcionamiento el sIG judicial se procederá al ingreso de información judicial relevante y la administración misma del sistema con cober-tura nacional.

Componente 3: Judicaturas penales creadas para cubrir la demanda poblacional de estos servicios judiciales

En coherencia con la estrategia nacional de go-bierno, la prioridad de implementación serán la frontera norte y los sectores desprotegidos en cuanto acceso a la justicia.

Este componente comprende los siguientes procesos:

• Diseño de un plan integral de adecuacio-nes a la infraestructura de las judicatu-ras: La elaboración del plan supone algunas

119

actividades: a) Definir, con representantes del sector judicial, de los estándares básicos que requieren las judicaturas para funcionar de forma adecuad; b) hacer un inventario de los bienes inmuebles de propiedad del Consejo de la Judicatura; y c) realizar un informe técni-co con los estándares básicos para las adecua-ciones de las judicaturas que se crearán.

• Determinación del número de nuevas ju-dicaturas que se crearán para atender la carga procesal: Esto se hará con base en los resultados del análisis geográfico territorial y las estadísticas sobre carga procesal y gestión de despacho de las judicaturas.

• Creación de nuevas judicaturas penales: Para hacerlo se tomará en cuenta los criterios acordados sobre el modelo de gestión, com-petencias y jurisdicción: Una vez definidas las localidades en las que funcionarán las nuevas judicaturas, se procederá a su implementa-ción.

• Diseño del plan de implementación de jueces de contravenciones: Este plan debe-rá incluir una matriz de competencias de los

nuevos juzgados y será diseñado recogiendo las opiniones de autoridades representantes del sector justicia. Con ello y de acuerdo con lo establecido en el Código orgánico de la función Judicial, se hará un documento téc-nico que será socializado a través de eventos y de los medios de comunicación.

• Otras iniciativas desarrolladas por el proyecto

Los componentes y procesos expuestos son los previstos en el proyecto, sin embargo se debe indicar que, en la medida que algunas actividades fueron asumidas directamente por el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, ProJusticia decidió ejecutar algunas iniciativas que no constaban en la planifica-ción inicial y que se incorporaron y fueron financiadas con los fondos asignados a los dis-tintos componentes del proyecto.

• Acuerdo Nacional para una Nueva Justi-cia y el fin de la impunidad en Ecuador: Esta iniciativa que se incorporó al compo-nente 1 del proyecto en septiembre de 2010, respondió a la necesidad de realizar una es-

trategia comunicacional con actores sociales y ciudadanos, con el fin de promover y suscribir un Acuerdo Nacional para una Nueva Justicia y contra la Impunidad en Ecuador. Este Acuer-do se propuso ser “una hoja de ruta para una ciudadanía activa y demandante, y guía para autoridades y responsables políticos del cam-bio”. El proceso comprende las siguientes etapas:

- Propuesta estructurada de campaña de difu-sión del Acuerdo Nacional para una Nueva Justicia y el fin de la impunidad en Ecuador.

- La adhesión ciudadana a este Acuerdo.

- Afianzamiento y posicionamiento del Acuer-do.

• Intercambio Profesional: Esta iniciativa también se añadió al componente 1 y tuvo dos objetivos:

a) Motivar al personal de la función judicial penal para ofrecer un óptimo servicio, a través de un proceso de co-aprendizaje, que les permita contar con mejores herramientas y destrezas que redunden en una mejor atención a los usuarios.

120

b) Validar el método de intercambio profesional con jueces del Ecuador (a manera de piloto), e identificar el nivel de interés de los partici-pantes, con el fin de analizar la posibilidad de replicarlo en todo el país.

• Supervisión de actividades de la Comi-sión de la Verdad: Esta Comisión fue crea-da el 3 de mayo de 2007 mediante Decreto Presidencial No. 305, con el propósito de “in-vestigar y esclarecer e impedir la impunidad respecto de los hechos violentos y violatorios de los derechos humanos, ocurridos entre 1984 y 1988 y otros períodos”. En su informe final, La Comisión de la Verdad concluyó que en ese período, 456 personas fueron víctimas directas de 831 diferentes violaciones a los derechos humanos; 365 víctimas denuncia-ron haber sido torturadas. Además, la Comi-sión realizó recomendaciones en materia de satisfacción, de restitución, de rehabilitación, de indemnización y de garantías de no repeti-ción.

El 18 de agosto de 2010, mediante Acuerdo Ministerial No. 219 el Ministro de Justicia, De-rechos Humanos y Cultos, resolvió prorrogar la vigencia de la Comisión de la Verdad. En este marco, se firmó el Convenio de Cooperación In-terinstitucional entre ProJusticia y la Comisión de la Verdad, el 27 de agosto de 2010, con el fin de ejecutar el mencionado Acuerdo Ministerial y desarrollar acciones que aporten al Programa de Mejoramiento de Justicia Penal, por lo que esta iniciativa fue asumida como parte del compo-nente 3 de este proyecto. según el citado acuer-do, las obligaciones de ProJusticia se resumen en: aportar la suma de 471.020 dólares, super-visar y coordinar las actividades de la Comisión.

• Campaña Comunicacional de Acceso a Justicia Penal “Construyendo Justicia”: Con el objetivo de sensibilizar y concienciar a la ciudadanía acerca del debido proceso, el rol de los actores del sistema judicial, así como de sus derechos y deberes en el marco de la justicia penal, ProJusticia planteó la necesidad de diseñar esta campaña, incluyendo la pro-ducción y difusión de distinto material publi-citario. Esta actividad se realizó entre junio y

diciembre de 2010, dentro del tercer compo-nente del proyecto.

• Creación del Juzgado de los Derechos de la Naturaleza: En septiembre de 2010, la Dirección del Parque Nacional Galápagos y varias organizaciones conservacionistas plan-tearon a ProJusticia la “necesidad de estable-cer judicaturas especializadas en derechos de la naturaleza…en la provincia de Galápagos” y que esta propuesta sea encaminada hacia el Consejo de la Judicatura. En vista de la justifi-cación y fundamentación de hecho y de dere-cho presentada, se acoge y da trámite a esta solicitud.

• Manual Penal Ambiental: ProJusticia ve la necesidad de especializar a la función Judicial en materias ambientales, y a las juezas y jueces en la aplicación del derecho penal relativo, por lo que decidió elaborar un Manual Penal Ambiental que contribuya al cumplimiento del régimen especial de Galápagos y a la con-servación de este patrimonio natural. Esta ini-ciativa se incorporó al componente 3 de este proyecto.

121

• Estudio sobre la percepción de los usua-rios de los servicios de justicia en el Ecua-dor: Dentro del componente 3 del proyecto se incluyó la realización de este estudio con el ob-jetivo de conocer el impacto de las acciones de-sarrolladas desde 2007 por ProJusticia (proyec-tos ejecutados y en ejecución), de acuerdo con las percepciones de los usuarios internos y ex-ternos del sistema de justicia en el Ecuador, con énfasis en el acceso a la justicia penal. Los ob-jetivos específicos propuestos fueron: a) Iden-tificar un mapa de actores y usuarios internos y externos del sistema de justicia; b) establecer niveles de satisfacción de los usuarios del siste-ma en comparación con la oferta de servicios de justicia previo a la ejecución de los proyectos; c) determinar si existe mejoría en los niveles de efi-ciencia de los servicios de justicia con la imple-mentación de infraestructura y tecnología; y, d) detectar las necesidades y requerimientos de los usuarios con miras a ejecutar acciones concretas de corto, mediano y largo plazo para mejorar los niveles de satisfacción.

RESULTADOS

A continuación se presentan los principales re-sultados de las acciones realizadas al interior de cada uno de los componentes del proyecto.

Resultados componente 1: Celeridad en los pro-cesos e incremento de cobertura en la gestión de Judicaturas

Ingeniería de valor: Diseño realizado de pro-ceso de gestión estandarizado en materia penal, acorde con los modelos contenidos en el Código orgánico de la función Judicial, que contiene:

• Descripción de las actividades, roles y funcio-nes de acuerdo al tipo de procedimiento que se sigue en las Judicaturas penales.

• Diagramas de flujo de los procesos que utili-zarán, teniendo como referencia la matriz de valor agregado elaborada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

• Propuesta de Organigrama de la Estructura organizacional Interna de Procesos, una pro-puesta de esquema de delegación, de perfiles ocupacionales y de requisitos mínimos.

• Estudio comparativo de los resultados del le-vantamiento de procesos que se sigue en las judicaturas analizadas, en relación con la nor-mativa penal vigente.

• Propuesta de un Sistema de Gestión clasifica-do por tipo de procedimiento penal, enlistado y diagramado, de acuerdo con los nuevos mo-delos contenidos en el Código orgánico de la función Judicial, a partir de un análisis de agregación de valor.

• Informe de datos y estadísticas levantadas en el desarrollo del estudio.

• Manual de procesos y procedimientos que in-tegran la caracterización, diagramas de flujo y descripción detallada de actividades de todos los procesos que serán sometidos a discusión previa su aprobación por la comisión en pleno del Consejo de la Judicatura.

acuerdo Nacional para una Nueva Justicia y el fin de la impunidad en el Ecuador: En la primera fase del Proyecto (septiembre 2010 a enero 2011) se determinaron los públicos objetivo y se diseñaron los mensajes, medios

122

y acciones de la campaña comunicacional; se

identificaron los actores para la construcción

del Acuerdo; se realizó el diagnóstico y se reco-

gieron las propuestas ciudadanas en el Encuen-

tro Nacional de Quito (12 y 13 de noviembre de

2010); y, se emprendió en la socialización de las

propuestas ciudadanas. Como resultado de es-

tas acciones se tienen los siguientes productos:

• Informe del proceso de construcción del

acuerdo que incluye:

- un video sobre justicia e impunidad y la Agen-

da estratégica de Justicia del Ecuador.Dr. José Srrano S., Ministro de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.

Acuerdo Nacional para una Nueva Justicia y el Fin de la Impunidad

123

- Dos videos sobre la impunidad en el país y su relación con los derechos humanos

- seis productos respecto al desarrollo del Acuerdo.

- un informe de difusión de las piezas produci-das, un reporte de pautaje y sintonía.

• Documento del Acuerdo Nacional para una Nueva Justicia y el fin de la Impunidad, con líneas de acción desarrolladas y acordadas con la ciudadanía.

• Documento elaborado sobre “Propuestas para el cambio y diseño de políticas públicas para el sector Justicia”.

Intercambio Profesional: En esta experiencia participaron 15 jueces de tribunales selecciona-dos de Cotopaxi, Imbabura, Guayas, Pichincha y santo Domingo de los Tsáchilas. Luego del intercambio, se observaron los siguientes resul-tados entre los jueces participantes:

• Mejoramiento en las sentencias emitidas (as-pectos de forma y fondo) que se expresa en:

• Mejor calificación promedio de las sentencias revisadas entre el inicio y final del intercam-bio, subiendo en casi dos puntos porcentuales (de 7,3 a 9,1).

• Mejor calificación con relación específica a los aspectos jurídicos, pues subió de un 7,9 hasta 8,9.

• Mayor porcentaje de sentencias con mejores niveles de legibilidad y comprensión para no abogados/as, al inicio solo el 54% de senten-cias eran legibles y claras para no profesio-nales en la materia, frente al 78% al final del intercambio profesional;

• Cuatro de seis tribunales han implementado un nuevo estilo de sentencias (no dejan espa-cios en blanco) y han implementado un estilo moderno (más fácil de leer y comprender, me-jor estructuradas, más cortas sin perder conte-nido).

• Numerosos errores corregidos en la interpre-tación de las leyes, Constitución y tratados in-ternacionales.

Acuerdo Nacional para una Nueva Justicia y el Fin de la Impunidad

• Tribunales se esfuerzan por incluir teoría dog-mática y tratados internacionales para motivar (argumentar) su decisión sobre responsabili-dad/inocencia de los acusados.

124

Resultados componente 3: Judicaturas penales creadas para cubrir la demanda poblacional de estos servicios

Supervisión de actividades de la Comisión de la Verdad: Entre agosto de 2010 y enero de 2011, esta iniciativa realizó algunas actividades preliminares, cuyos resultados son:

Atención de nuevos casos:

• 33 nuevos casos atendidos y depurados, 25 cuentan con suficiente credibilidad para conti-nuar su investigación y entregarlos a la fiscalía; y, dos peritajes técnicos balísticos efectuado (Casos Damián Peña y Edwin Barros)

• Seguimiento dado a una acción de protección para la Comisión la cual ha sido reconocida como inocente en primera y segunda instan-cia.

• Se han entregado 116 expedientes a la Fisca-lía, se han abierto 40 indagaciones previas.

• Se cuenta con estadísticas mensuales sobre el número de testigos que se han acogido al sistema protección, bajo las acciones de la Co-misión, y derivadas de la fiscalía.

Ley de víctimas:

• Contrato suscrito con expertos internaciona-les para preparar un anteproyecto de Ley

Unidad Especial encargada de la investigación:

• Seguimiento a la conformación de una Unidad Especial encargada de la investigación. Acom-pañamiento al proceso de la unidad Especial de Investigación. se cuenta con una unidad instalada con 7 fiscales.

Estrategia de comunicación y acciones de difusión pública:

• Realizada encuesta de opinión “Comisión de la Verdad, Imagen y Conocimiento de Ges-tión” e informe presentado.

• Estrategia de comunicación y difusión prepa-rada con base en los resultados de la encuesta de opinión.

• Efectuado “Foro Internacional Derecho a la Justicia y a la Memoria”, con la participación de expertos de EEuu y Argentina.

• Taller de presentación del Informe de la Co-misión de la Verdad realizado para integrantes de la fiscalía.

• Realizadas 10 presentaciones del documental y del informe final de la Comisión de la Ver-dad, en Loja, Esmeraldas, Latacunga y Quito.

• Presentación del informe de la Comisión de la Verdad en la Reunión del Comité contra la Tortura de la oNu; y en la Corte Interame-ricana de Derechos Humanos. se han hecho socializaciones del informe en tres espacios internacionales.

• Realizada traducción al inglés del documental y del resumen ejecutivo del informe de la Co-misión.

• Página Web de la Comisión de la Verdad se en-cuentra activa y actualizada.

• Reimpresión hecha de 3000 ejemplares del re-sumen ejecutivo y 500 del Informe final de la

Fuente: ABP. Informe Final de Campaña. Año 2010

campaña “construyendo Justicia:” - 2010

0

10

Al inicio 7.3 7.9

Al �nal 9.1 8.9

Mejor cali�cación promedio de las sentencias revisadas

Mejor Cali�cación en relación especí�ca a los aspectos

0%

100%

Valores obtenidos 54% 78%

Al inicio Al �nal

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Año 2010

SI 0.908969494 0.56104788 0.56128632

NO 0.091030506 0.422143912 0.452257866

¿Le parece importante que el Ministerio de Justicia nos

mantenga informados sobre los

¿Recuerda alguna campaña informativa del Ministerio de

Justicia sobre como funciona el

¿Asocia la frase"construyendo justicia"con esta campaña?

9,389

8,192

1,197

1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000

Total Cuñas

Cuñas en radio

Cuñas en televisión

13%

27%70%

21%

15%41%

0% 20% 40% 60% 80%

Estaciones de Trabajo

Escritorios

ArchivadoresLíneas telefónicas

Aparatos telefónicos

Grabadoras

0

200

400

Número de dependenciasjudiciales 170 249

Año 2007 Año 2010

Comisión de la Verdad; y, 3.000 copias repro-ducidas del DVD “Archivos de Verdad”.

• Pautaje realizado en 13 radios de las provin-cias de Pichincha y santo Domingo de los Tsá-chilas, con un total de 835 cuñas.

• Se cuenta con la estructura y contenido de 10 programas de radio, con un CD que contiene los programas en formato mp3, y con material informativo relativo a la protección de DDHH y el trabajo de la protección.

Capacitación:

• Taller de Procedimientos Periciales realizado.• Dictado Curso de especialización en crímenes

de lesa humanidad, organizado por la Comi-sión de la Verdad y el Centro Internacional de Justicia Transicional.

• Talleres y cursos realizados en Esmeraldas, La-tacunga y Lago Agrio.

• Un taller realizado para la Asociación Nacional de Jóvenes.

Campaña comunicacional de acceso a jus-ticia penal “Construyendo Justicia”: La cam-

paña fue realizada en todo el país, para lo cual se produjo distinto material de difusión masiva y se realización de una serie de actividades, cuyos resultados se detallan a continuación:

• 7.200 plegables, 3.755 afiches, 2.000 guías/ma-pas; 10 estructuras de aluminio; y 2.000 DVD con video promocional, spots de televisión y cuñas radiales, producidos y distribuidos.

• Campaña en televisión hecha durante 45 días, en 15 canales de televisión; se pautó un total de 1.197 cuñas, con un promedio diario de 26,4 cuñas.

• Campaña de radio realizada en español y en quichua durante 45 días, a través de 41 emiso-ras que emitieron 8.192 cuñas, con un prome-dio diario de 182 cuñas.

126

Fuente: ABP Publicidad Producción. Informe Final de la Campaña de Comunicación sobre los Derechos y Obligaciones en el Sistema de Justicia Penal “Construyendo Justicia”

impacto de la campaña “construyendo Justicia”: 2010.

0

20

40

60

80

100

SI 91% 56% 56%

NO 9% 42% 45%


mantenga informados sobre los derechos ciudadanosdel sistema judicial?

sistema penalen el Ecuador?


Justicia sobre como funciona el ¿Asocia la frase"construyendo justicia"con esta campaña?

• Visita informativa realizada a 10 colegios de las ciudades de Quito (4), Guayaquil (4) y Cuenca (2) para difundir la campaña: presentación de video, realización de foros y entrega de ma-terial impreso. Participaron 4.454 estudiantes que recibieron información sobre el sector

justicia, los derechos y las obligaciones de los

actores involucrados.

• Informe de impacto de la campaña elaborado,

con base en una encuesta de 4 preguntas en

6 ciudades de las tres regiones (Quito, Gua-

Campaña “Construyendo Justicia” en colegios de Guayaquil y Quito

127

SOBRE LA NECESIDAD DE UNA JUDICATURA ESPECIALIZADA EN LA

NATURALEZA EN GALÁPAGOS

“Siendo el Ecuador el primer país del mundo en constitucionalizar el reconocimiento de los dere-chos de la naturaleza, es fundamental contar una Función Judicial especializada, que sea visualizada como actora protagónica en la aplicación de la ley en Galápagos, parque nacional ecuatoriano y patrimonio natural de la humanidad. Para ello, la Función Judicial debe contar con órganos especia-lizados para atender asuntos de naturaleza ecoló-gica. Y el artículo 246 del nuevo Código Orgánico de la Función Judicial nos presenta una oportuni-dad histórica para especializarla; oportunidad que guarda absoluta conformidad con las políticas para la transformación judicial, previstas en el artículo 3 del Código Orgánico de la Función Judicial”.

(Documento de ALEGATO presentado por ProJusticia al Consejo de la Judicatura, año

2010)

Creación del Juzgado de los Derechos de la Naturaleza: ProJusticia, luego de analizar el marco legal (Constitución y Ley orgánica de Régimen Especial para la Conservación y uso sustentable de la Provincia de Galápagos) y to-mando en cuenta que algunos hechos que allí ocurre constituyen infracciones penales, acoge la solicitud de crear este juzgado especializado y presenta el Alegato correspondiente ante el Consejo de la Judicatura. Dicho alegato contie-ne ocho acápites: 1) Galápagos: área protegida por la legislación nacional y tratados internacio-nales; 2) Amenazas a la conservación en Galápa-gos; 3) Judicialización de infracciones ambien-tales; 4) oportunidad histórica para especializar la función judicial; 5) fundamentos de hecho; 6) fundamentos de derecho; 7) Criterio sobre competencia de la judicatura de la naturaleza; y, 8) solicitud.

yaquil, Cuenca, Ambato, Portoviejo y Lago Agrio). En el Gráfico se presentan los resul-tados a las preguntas 1, 2 y 3. En cuanto al medio por el cual supo de la campaña, la te-levisión fue el principal canal de información, excepto en Lago Agrio, donde la radio ocupó el primer lugar.

Manual Penal Ambiental: El resultado de esta iniciativa es un Manual elaborado para profesio-nales del derecho y operadores de justicia. El Manual contiene un análisis jurídico de los delitos ambientales aplicables en el marco de la legisla-ción especial vigente en Galápagos. Incluye, ade-más, un estudio sobre los tratados jurídicos apli-cables para la protección del patrimonio natural y la biodiversidad del archipiélago. El análisis jurí-dico se complementa con un análisis de carácter biológico, que explica la importancia de conser-var el patrimonio natural de las áreas protegidas de Galápagos. sin duda, la perspectiva biológica añade un importante valor agregado al Manual.

Estudio sobre la percepción de los usuarios de los servicios de justicia en el Ecuador: El estudio fue realizado a mediados del año 2010 y levantó información a nivel nacional, regional, provincial y cantonal. Los principales resultados conteni-dos en el informe de investigación son:

Situación de las Dependencias Judiciales en los años 2007 y 2010

• En el año 2007, las dependencias judiciales te-nían 2.997 funcionarios judiciales; mientras en

128

el 2010 fueron registrados 3.754 funcionarios (20% de aumento), distribuidos de la siguien-te manera: 53% en la sierra, 40% en la Costa, 6,4% en la Amazonía y 0,4% en Galápagos.

• Del 2007 al 2010 el promedio de funcionarios judiciales por dependencia judicial aumentó de 4,2 a 4,9, cifras que varían de una región a otra del país. Así, en 2010, mientras el pro-medio de funcionarios por dependencia en la sierra era 5 y en la Costa 5,2, la cifra desciende a 3,8 en la Amazonía y a 3 en Galápagos. Los jueces representan el 16% del total de funcio-narios judiciales.

• Se observa un incremento de funcionarios con instrucción superior y más, que alcanza el 91% en el año 2010, frente al 88% en el 2007.

• En el período considerado es significativo el cambio tecnológico en las dependencias ju-diciales, en lo que respecta a computadores e impresoras. El acceso a Internet y correo electrónico se incrementó, de manera que en

Fuente: 1) Levantamiento de Información Judicial, ISVOS 2007; 2) Informe de resultados del Estudio de percepción de los usuarios sobre los servicios de justicia en el Ecuador, ISVOS 2010.

incremento en % de mobiliario y equipos entre el año 2007 y 2010

0

10

Al inicio 7.3 7.9

Al �nal 9.1 8.9



0%

100%


Al inicio Al �nal

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Año 2010

SI 0.908969494 0.56104788 0.56128632

NO 0.091030506 0.422143912 0.452257866






9,389

8,192

1,197

1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000

Total Cuñas

Cuñas en radio


13%

27%70%

21%

15%41%

0% 20% 40% 60% 80%


Escritorios



Grabadoras

0

200

400


Año 2007 Año 2010

129

el 2010 el 60% de dependencias contaban con este servicio.

• Es significativo el mejoramiento de las con-diciones generales de las dependencias judi-ciales, debido al incremento de mobiliario y equipos.

• El servicio a los usuarios ha mejorado, pues se incrementó en 46% el número de depen-dencias judiciales que cuentan con sala para audiencias. Del total de dependencias que cuentan con sala para audiencias, más de la mitad (56%) están aptas para el sistema de procedimiento oral. El 52% disponen de sala de archivo; entre el 2007 y el 2010 ha habido un aumento de 71 salas en el país, lo cual re-presenta un incremento del 22%.

Cambios en la percepción de los usuarios de los servicios de justicia

• El 85% considera que las dependencias ju-diciales están bien ubicadas y que el horario

Fuente: 1) Levantamiento de Información Judicial, ISVOS 2007; 2) Informe de resultados del Estudio de percepción de los usuarios sobre los servicios de justicia en el Ecuador, ISVOS 2010.

dependencias Jurídicas que cuentan con Salas para audiencias- 2007 y 2010

0

10

Al inicio 7.3 7.9

Al �nal 9.1 8.9



0%

100%


Al inicio Al �nal

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Año 2010

SI 0.908969494 0.56104788 0.56128632

NO 0.091030506 0.422143912 0.452257866






9,389

8,192

1,197

1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000

Total Cuñas

Cuñas en radio


13%

27%70%

21%

15%41%

0% 20% 40% 60% 80%


Escritorios



Grabadoras

0

200

400


Año 2007 Año 2010

130

de atención es el adecuado; el 83% considera que la atención es oportuna y buena; el 64% dice que recibió un buen trato; y, el 84% que la información proporcionada fue suficiente y clara.

• Señalan que hay una mejora sustancial en el tiempo de tramitación de las causas (33% en el 2010 frente al 17% en el 2007); aunque tie-nen la percepción de que es insuficiente el personal y que se requiere crear nuevas de-pendencias judiciales (81% en el 2010 frente al 57% en el 2007);

• En el 2007 el 82% de usuarios encuestados de-bieron realizar estos pagos, frente al 15% en el 2010.

• En cuanto al sistema oral no ha habido cam-bios significativos: Alrededor del 42% conoce este sistema y de ellos el 78% lo califica como bueno o muy bueno.

• El 70% mantiene poca confianza en el Siste-ma de Justicia del Ecuador. Para el 34% de los usuarios encuestados lo más importante que debe mejorarse en las dependencias judiciales es “la honestidad”.

Percepción de los funcionarios judiciales

• El 66% considera que la creación y fortaleci-miento de los Centros de Mediación no ha contribuido a disminuir la carga procesal.

• El 70% considera que en este período ha me-jorado la eficiencia en el manejo de los proce-sos y el 91%. El 97% piensan que el acceso a la justicia ha mejorado.

• En el 2010, el 54% de funcionarios judiciales consideran que la situación actual de la De-pendencia en espacios físicos, independencia, mobiliario y equipamiento, en comparación con la de antes, es mucho mejor o mejor.

• El 66% considera que la Función Judicial no está en capacidad de implementar el sistema oral en todos los procesos

• El 80% opina que el apoyo de Projusticia a procesos de mejoramiento del funcionamien-to de las dependencias judiciales ha sido sig-nificativo; y el 85% considera que éstos han contribuido para que la población ecuatoriana mejore el acceso a la justicia.

• En su criterio, lo que debe mejorar en las dependencias judiciales son: “el personal” (35%), “la capacitación” (27%) y “la tecnología (22%).

131

Proyecto Paz urbana3

rente al surgimiento y al incremento en la última década de las agrupaciones ju-veniles urbano alternativas, comúnmente denominadas “pandillas juveniles”, la ten-dencia generalizada desde la sociedad civil y desde el Estado ha sido estigmatizarlas y percibirlas únicamente como sinónimo de violencia e inseguridad social. En conse-cuencia, las medidas que han desplegado las distintas instancias nacionales y locales han tenido una perspectiva asistencialista (las menos), pero sobre todo un enfoque represivo y criminalizante. En cuanto a las políticas públicas, por lo general han sido focalizadas, de corto plazo, y no han posi-bilitado la puesta en marcha de programas integrales de atención a esta población jo-ven y adolescente.

En contraposición a tales enfoques, se plantea la necesidad de acercarse a este hecho social desde una perspectiva distin-

ta que posibilite entender dicha problemá-tica desde una dimensión más integral, a la vez que reconocer la potencialidad de es-tos/as jóvenes y de sus agrupaciones para constituirse en actores sociales del desa-rrollo comunitario, “capaces de construir proyectos de vida positivos” (Documento de Proyecto) y de desarrollarse como mo-vimiento social y cultural.

Es desde esta perspectiva y acorde al es-quema garantista del Estado Ecuatoriano, según su actual Carta Magna, que el Mi-nisterio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos –a través de ProJusticia– propone desarrollar el proyecto Paz urbana, en las ciudades de Guayaquil y Esmeraldas.

se trata de un proyecto que, sustentado en este “otro enfoque”, busca intervenir en los distintos estratos o capas de los gru-pos juveniles urbano alternativos (GJuA),

desde una entrada propositiva orientada a garantizar a estos jóvenes el acceso a la justicia, así como a desarrollar, junto a ellos/ellas, destrezas que les permita resol-ver sus conflictos de formas no violentas y realizar procesos de pacificación entre de dichas agrupaciones.

Para ello, se apoyan en experiencias pre-vias de trabajo que ProJusticia ha tenido con estos sectores, principalmente desde el año 2005 cuando impulsa algunas accio-nes de formación sobre resolución pacífi-ca de conflictos y mediación, entre las que destacan: a) formación de jóvenes promo-tores de Paz y líderes mediadores juveni-les, ejecutado con la Asamblea Permanen-te de Derechos Humanos; b) Resolución pacífica de conflictos en parroquias rurales de Pichincha y ciudades fronterizas; y, c) la Campaña de información sobre mediación dirigida a jóvenes de 35 colegios del país.

F

132

Institución EjecutoraMinisterio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, a través de

ProJusticia

ContrapartesVicariato Apostólico (Esmeraldas) y Fundación Ser Paz (Guayaquil)

Fecha prevista de inicio Enero 2010

Fecha prevista de finalización Diciembre 2011

Monto de inversiónUS$ 188.882,00Año 1: $84.000 Año 2 $104.882

Monto ejecutado en 2010 US$ 70.000 aproximadamente

Ámbito de cobertura Provincial: Guayas y Esmeraldas

Beneficiarios/as directos Jóvenes miembros de grupos urbano alternativos

OBJETIVOS

El proyecto se plantea como objetivo general:

• Fortalecer y desarrollar mecanismos pacíficos de solución de conflictos que ofrez-can, a los jóvenes agrupados en Esmeraldas y Guayaquil, una alternativa para solucionar sus conflictos de una manera constructiva

Define, adicionalmente, cinco objetivos especí-ficos, encaminados a alcanzar el objetivo general propuesto y que se concretan en lo que serían los cinco componentes del proyecto.

COMPONENTES

según se detalla en el documento del proyecto, los componentes son:

Componente 1: Creación de un centro de resolu-ción de conflictos

Este componente incluye las siguientes activida-des:

Local: Parte de la identificación de un espacio físico para el funcionamiento del centro de me-diación, seguida de la negociación con el fin de

133

conseguir en comodato dicho local, para luego proceder a su adecuación y equipamiento.

Capacitación de mediadores: Con el fin de for-mar a jóvenes líderes para desempeñarse como mediadores para la resolución de conflictos uti-lizando métodos alternativos; se capacitará a 30 líderes de mandos altos de los GJuA, de manera que puedan encargarse de la dirección y funcio-namiento del centro.

Levantamiento de una línea de base: Conjun-tamente con los líderes capacitados como me-diadores se levantará una línea de base sobre el acceso a la justicia de jóvenes miembros de las agrupaciones urbano alternativas. Dicha línea de base se actualizaría al confrontar tales datos iniciales con los casos atendidos/resueltos en el centro de mediación especializado.

Componente 2: Capacitación en resolución de conflictos

Con el fin de proveer herramientas para resol-ver los conflictos de forma pacífica, se incluyó la capacitación a líderes de mandos medios de las agrupaciones urbano alternativas y a miembros de la comunidad. La capacitación estará a cargo

de algunos de los líderes de mandos altos pre-viamente formados como mediadores, conjun-tamente con instructores especializados en este tema y en el trabajo con jóvenes.

Componente 3: Institucionalización y fortaleci-miento de los ‘Cascos Blancos’

La estrategia para ejecutar este componente es la ejecución de un congreso nacional de grupos juveniles en el que participen los líderes máxi-mos de los GJuA de ambas ciudades y de otras agrupaciones que deseen integrarse al proceso. Los líderes participantes delinearán “los aspec-tos que deban ser consultados a los miembros de sus agrupaciones,…, para construir un con-senso acerca de la aprobación de: a) Reconoci-miento a los Cascos Blancos; b) quiénes los con-forman; c) campo y procedimiento de acción”, etc. La ejecución de este componente está pre-vista para el segundo año.

Componente 4: Desarrollo de campamentos juve-niles por la Paz

Contempla el desarrollo de un campamento lú-dico – formativo por ciudad, en el que se capa-cite a las y los jóvenes participantes en: a) Temas

referidos a métodos alternativos de resolución de conflictos, y, b) actividades relativas al arte urbano (break-dance; graffiti; etc.).

Componente 5: Evaluación y difusión

Comprende una auditoría del proyecto, un in-forme final del mismo, así como la definición y puesta en marcha de una estrategia de difusión de los principales resultados.

RESULTADOS

Paz urbana es un proyecto de dos años de dura-ción que se inicia en marzo 2010. Los resultados que se presentan a continuación son los alcanza-dos hasta diciembre del mismo año.

Resultados componente 1: Creación de un centro de resolución de conflictos

A pesar de que se realizaron actividades de corte más operativo y de negociación orientadas a la consecución –vía comodato– del espacio físico en donde se adecuaría y se pondría en marcha el Centro de Mediación, esto no pudo concretarse. En cambio se avanzó con la formación de media-dores y el resultado fue:

134

• 30 jóvenes de mandos altos de agrupaciones urbano alternativas de Esmeraldas y Guayaquil formados como mediadores, mediante 72 ho-ras de capacitación teórico-práctica.

• 6 líderes de GJUA Esmeraldas y 6 de Guaya-quil (solo 1 mujer) desempeñándose, dentro del proyecto, como capacitadores en méto-dos alternativos de resolución de conflictos (MARC), en el marco de los talleres de réplica dirigidos a los mandos medios.

Resultados componente 2: Capacitación en reso-lución de conflictos

Los resultados obtenidos de la capacitación dada a jóvenes mujeres y hombres de agrupa-ciones urbano alternativas, a diciembre 2010, son las siguientes:

• 4 talleres de réplica en Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos realizados (2 de ellos realizados en el Centro de Adolescentes

Infractores, CAI, de Guayaquil), con una dura-ción de 25 horas cada uno.

• 77 líderes de mandos medios de GJUA y de la comunidad capacitados/as en MARC. De ellos: a) 47 son jóvenes y adolescentes varones del CAI, Guayaquil. b) 30 son jóvenes pertene-cientes a GJuA de Esmeraldas y Atacames.

Resultados componente 3: Desarrollo de campa-mentos juveniles por la Paz

En el primer año de ejecución del proyecto, se alcanzaron los resultados previstos en este componente:

- 2 campamentos (denominados “Arte Paz” y “Haz Paz”) realizados en el área de interven-ción del proyecto (uno por localidad), con la participación de 120 jóvenes de distintos GJuA por evento.

- 240 jóvenes miembros de agrupaciones juve-niles, participantes en campamentos, sensibi-lizados en MARC y capacitados en actividades lúdico-ocupacionales de su interés, teniendo como “eje transversal … la construcción de

espacios de socialización e identidad de los participantes a través del arte”.

Resultados componente 4:

Conforme a lo previsto, se publicaron y difundie-ron en la página Web de ProJusticia notas infor-mativas sobre la realización de los campamentos por la paz, y de los talleres de capacitación.

Proyecto Paz urbana

135

retos ProJusticia 2011• Construcción de Biblioteca en Penitenciaría del Litoral.

• Implementación física y equipamiento de nuevos Cen-tros de Mediación.

• Lanzamiento del Manual de Aplicación del derecho penal ambiental como Instrumento de Protección de las áreas naturales de Galápagos, realizado en el marco de una alianza de sea shepherd Conservation society, World Wil-dlife fund, Galapagos Academic Institute for the Arts and sciences (GAIAs), y ProJusticia.

• Lanzamiento del libro Tensiones, Políticas y Propuestas para una Reforma Ciudadana en Justicia de autoría de Patricio Rivas Herrera.

• Lanzamiento de los libros: Sistema de reclutamiento y selección de personal para la función judicial y Los de-rechos humanos y la Justicia en el Ecuador de autoría del Dr. Marco Tulio Cordero.

• Asistencia técnica en el Diseño y Presentación del Plan para la Nueva Justicia, con Asesoría Grupo Alian-za Chile.

• Asistencia técnica en la Evaluación de jueces y fisca-les respecto a sus actuaciones, con la universidad de Talca- Chile.

136

logros de ProJusticiaLa ampliación de la cobertura de los servicios judiciales con la creación de nuevos juzgados, cortes, salas y de centros de mediación; y la sig-nificativa mejora en la gestión y atención a tra-vés de la intervención en aspectos organizativos, estructurales y tecnológicos de las judicaturas; capacitación e investigación, ProJusticia ha contribuido a:

1) Concretar los mandatos constituciona-les (2008), en específico los referentes:

• Al derecho al acceso a la justicia; al debido proceso y al sistema Procesal (Art. 75, 76, 168 y 169)

• Al sistema nacional de inclusión y equidad so-cial (Art. 340 y 341)

• A la creación de Nuevas Judicaturas procuran-do la equidad territorial y social (Art. 186)

• A los grupos de atención prioritaria, como niños, niñas y adolescentes, madres, grupos juveniles urbanos alternativos (Art. 35)

• A los derechos de niños, niñas y adolescen-tes, apoyando a que se promulguen leyes y se creen instancias de justicia especializada para este grupo de población (Art. 44 y 175)

• Al reconocimiento del arbitraje, mediación y otras formas alternativas de solución de con-flictos (Art. 190)

• Los derechos de la naturaleza (Art. 71 a 74) mediante la propuesta para crear el Juzgado de la Naturaleza y la elaboración del Manual Penal Ambiental.

2) la ejecución del Plan Nacional del Buen Vivir 2009 - 2013, en especial en relación al objetivo 9 relativo a: “Garantizar la vigencia de los derechos y la justicia” y a la política 9.3 que

137

art. 169.- EI sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades.

art. 340.- EI sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo….

art. 341.- El Estado generará las condiciones para la protección integral de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y principios reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos grupos que requieran consideración especial por la persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su condición etárea, de salud o de discapaci-dad…

art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas…

art. 175.- Las niñas, niños y adolescentes estarán sujetos a una legislación y a una administración de justicia espe-cializada, así como a operadores de justicia debidamente capacitados, que aplicarán los principios de la doctrina de protección integral. La administración de justicia especializada dividirá la competencia en protección de derechos y en responsabilidad de adolescentes infractores

art. 190.- Se reconoce el arbitraje, la mediación y otros procedimientos alternativos para la solución de conflictos. Estos procedimientos se aplicarán con sujeción a la ley, en materias en las que por su naturaleza se pueda transigir....

coNStituciÓN dE la rEPúBlica dEl Ecuadorpropone trabajar para asegurar una justicia autó-noma, transparente, eficaz, oportuna, eficiente e integral.

Las acciones desarrolladas por ProJusticia tam-bién han aportado al cumplimiento de los si-guientes objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir:

- objetivo 1: Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y territorial en la diversidad.

- objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la po-blación.

• Coordinar las acciones para garantizar el efec-tivo acceso a una justicia de calidad y opor-tuna como derecho fundamental de todos los habitantes de la República

3)avanzar hacia el cumplimiento objeti-vos Estratégicos del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. Los principales aportes de ProJusticia han sido:

• Apoyar al proceso de mejoramiento de los ser-vicios que prestan las instituciones del sector

138

1. Transformar y fortalecer institucionalmente el poder judicial, garantizando su independencia interna y externa.

2. Generar espacios de coordinación entre el poder judicial y otros sectores para crear políticas de transfor-mación de la justicia.

3. Profesionalizar los servidores judiciales que asegure una administración de justicia eficiente, integral, es-pecializada, socialmente comprometida y transformadora de la realidad social.

4. Implementar la evaluación y el control de gestión judicial para un ejercicio de la justicia profesional, ética, con vocación de servicio público, crítica y comprometida con la transformación del sistema judicial.

5. Fortalecer e implementar la oralidad procesal.

6. Promover la participación ciudadana y control social en el seguimiento y evaluación a la gestión judicial, como mecanismo para promover la transparencia y erradicar la corrupción.

7. Atender las especificidades en los servicios de justicia para mujeres y grupos de atención prioritaria.

8. Fortalecer integralmente la investigación especializada en temas de justicia.

9. Fortalecer el sistema de atención a víctimas y testigos.

10. Fortalecer capacidades en investigación en casos de delitos sexuales desde un enfoque de derechos, género y protección especial.

PlaN NacioNal Para El BuEN ViVir 2009 – 2013

justicia, impulsando políticas de ampliación de cobertura de estos servicios de acuerdo a estándares de calidad (Art. 169 Constitución), a través de ejecución coordinada de progra-mas de gestión eficiente, viabilizando los me-dios económicos, financieros, materiales y tecnológicos.

• Coordinar las acciones para garantizar el efec-tivo acceso a una justicia de calidad y opor-tuna como derecho fundamental de todos los habitantes de la República.

• Impulsar la implementación de mecanismos adecuados de difusión de derechos humanos, información legal y procesal.

4) Identificación de orientaciones para mejorar el acceso a la justicia. A través de los procesos de depuración procesal se deter-minaron los ámbitos, niveles y aspectos críticos sobre los que habría que intervenir con el fin de agilizar el despacho, con la consecuente mejora

* Incluye un Juzgado de Adolescentes Infractores | Fuente: ProJusticia. Informes de Actividades 2008, 2009 y 2010

Fuente: ProJusticia. Informes de Actividades 2008, 2009 y 2010

Judicaturas Existentes y creadas por ProJusticia, según tipo, en el período 2008 – 2010

Tipo de JudicaturaNúmero de

Judicaturas en funcionamiento hasta 2008

Número de Judicaturas creadas entre 2008 y 2010

Número de Judicaturas al 2010

Porcentaje de incremento

Cortes Provinciales 20 3 23 15%

Salas Temporales en Cortes 49 2 51 4%

Tribunales Penales* 44 21 65 48%

Juzgados de Niñez y Adolescencia 42 40 82 95%

Centros de Mediación 77 18 95 23%

incremento de Judicaturas, según tipo, en el periodo 2008 a 2010

0

20

40

60

80

100

3 2 21 40 18

Número de Judicaturas creadas en el período 2008 a 2010Número de Judicaturas en funcionamiento hasta 2008

20 49 44 42 77

Cortes Provinciales Salas Temporales en Cortes Tribunales Penales* Juzgados de Niñez y

AdolescenciaCentros de Mediación

cortes Provinciales, tribunales Penales, Juzgados de la Niñez y adolecencia y Salas temporales en cortes Provinciales, creadas y adecuadas por ProJusticia (años 2008 a 2010)

X

X

X

!

!

^

^

^

^^

^^

^ ^^

^^^^^

^^

^

^

^

^

%

%

% %

%%

%%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%%

%

%

%

%%

%%

%

%

%

%%

%

%

%

%%%

%

%

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

##

#

#

#

#

#

LOJA

AZUAY

PICHINCHA

COTOPAXI

CARCHI

CHIMBORAZO

BOLIVAR

CAÑAR

IMBABURA

TUNGURAHUA

MANABI

GUAYAS

ESMERALDAS

LOS RIOS

EL ORO

SANTA ELENA

GUAYAS


PASTAZA

NAPO

ORELLANA

SUCUMBIOS

MORONA SANTIAGO

ZAMORA CHINCHIPE

±0 190 38095

Km.

Cortes Provinciales, Tribunales Penales, Juzgados de la Niñez y Adolescencia y Salas Temporales en Cortes Provinciales, Creadas y Adecuadas por ProJusticia (Años 2008 a 2010)

Leyendamap

# Centro de Mediación

X Corte Provincial

! Sala Temporal

^ Tribunal Penal

% Juzgado de NNA

#GALAPAGOS

cuadro cortes Provinciales, Salas temporales en cortes Provinciales, tribunales Penales, Juzgados de la Niñez y adolescencia y cen-tros de Mediación creados y adecuados (años 2008 a 2010

Región Provincia Ciudad Cortes Provinciales Creadas

Salas Temporales en Cortes Creadas

Tribunales Penales Creados

Juzgados de NNA Creados

Centros de Mediación

Creados

Sierra

Carchi Tulcán 1 1

Imbabura Ibarra 1 1 1

Otavalo 1

Pichincha

Quito 2 5 6 1

San Miguel de los Bancos 1

Machachi 1

Santo Domingo de los Tsáchilas Santo Domingo de los Tsáchilas 1 1

Cotopaxi Riobamba 1

Tungurahua Ambato 1 1

Bolívar Guranda 1 1

Chimborazo Latacunga 1

Cañar Cañar 1

Loja Loja 1

Costa Esmeraldas

Esmeraldas 1 1

Rocafuerte 1

Muisne 1

Quinindé 1

Fuente: ProJusticia. Informes de Actividades 2008, 2009 y 2010

142

cuadro cortes Provinciales, Salas temporales en cortes Provinciales, tribunales Penales, Juzgados de la Niñez y adolescencia y cen-tros de Mediación creados y adecuados (años 2008 a 2010

Región Provincia Ciudad Cortes Provinciales Creadas

Salas Temporales en Cortes Creadas

Tribunales Penales Creados

Juzgados de NNA Creados

Centros de Mediación

Creados

Costa

Manabí

Portoviejo 1

Chone 1

Manta 2 2

Bahía 1

Guayas

Guayaquil 8 7

Milagro 1 1

Daule 1

Durán 1

Playas 1

Santa Elena Salinas 1 1 1 1

Los Ríos Babahoyo 1 1

Ventanas 1

El OroMachala 1 2

Pasaje 1

Amazonia

Sucumbíos Nueva Loja 1 1

Napo Tena 1 1

Orellana Orellana 1 1

Pastaza Puyo 1

Morona Santiago Macas 1

Galápagos San Cristobal Puerto Baquerizo Moreno 1

Total 22 37 3 2 21 40 18

143

en el servicio, factores que facilitarían el acceso a la justicia a la población.

5) Generar conocimiento, pues a través de las acciones y estudios realizados se ha posibili-tado un acercamiento a:

•A la realidad del Sistema de Justicia en el país, tanto desde el interior de la institucionalidad (Depuraciones, líneas base, censos, ingeniería de valor) cuanto desde la percepción de las personas (Encuestas, investigaciones).

•Al tema jurídico desde una visión más política y estratégica (necesidades de la población).

6) una mayor equidad territorial del servi-cio de Justicia: La ampliación de los servicios, el incremento y capacitación del personal en to-das las regiones del país, la creación de nuevas judicaturas en zonas más apartadas han aporta-do en ese sentido.

Fuente: ABP. Informe Final de Campaña. Año 2010

Número de alumnos participantes en la campaña por ciudad: 2010

-

2,000

4,000

6,000

Alumnos 1,836 610 2,008 4,454 Quito Cuenca Guayaquil Total

11,097

76,216

87,313

Juzgados de GarantíasPenales

Juzgados d ela Niñez yAdolescencia

Total

0

1000

2000

Año 2007 1629 1136 219 13

Año 2010 1999 1499 241 15

Sierra Costa Amazonia Galápagos

144

7) una mayor equidad social en relación al acceso a la justicia: La creación y el forta-lecimiento de distintas judicaturas dirigidas a la población más relegada o en situación de vul-nerabilidad ayudan a la consecución de dicho objetivo. También se destaca la depuración de la carga procesal, los estudios centrados en la población indígena, sobre derechos de la niñez, la formación de mediadores para integrantes de agrupaciones juveniles urbano alternativas, indí-genas y otros líderes, como también la puesta en marcha de centros de mediación y el posicio-namiento de este mecanismo para la resolución de conflictos.

8) Reconocimiento de prácticas consuetu-dinarias del sistema de justicia indígena A través de estudios, propuestas, participación so-cial, cabildeo y difusión de dichas prácticas que, entre otros aspectos, incluyen la mediación para la resolución de conflictos.

Fuente: Informe Final ISVOS, marzo 2010; UNAP, 2010.

Número de causas depuradas, según tipo de Juzgado

-

2,000

4,000

6,000


11,097

76,216

87,313



Total

0

1000

2000

Año 2007 1629 1136 219 13

Año 2010 1999 1499 241 15


145

9) Promover una cultura de diálogo y de la Paz, poniendo énfasis en la diversidad de jó-venes mujeres y hombres, concibiéndolos como los principales promotores de nuevas actitudes en este campo.

10) integrar nuevos enfoques en el sector justicia frente a ciertos fenómenos socia-les: Pasar de una visión legalista a una de de-rechos; transitar desde visiones represivas a visiones no criminalizantes y a acciones de pre-vención, por ejemplo, el trabajo realizado con las agrupaciones juveniles urbano alternativas.

11) Desarrollar nuevas metodologías de capacitación: Experiencias de capacitación “entre pares”, como las aplicadas en el proyec-to de Paz urbana, de Intercambio Profesional, y de Mediación. se incluye también la producción de material didáctico, de difusión en quichua.

Fuente: 1) Levantamiento de Información Judicial, ISVOS 2007; 2) Informe del Estudio sobre la percepción de los usuarios sobre los servicios de justicia en el Ecuador, ISVOS 2010.

Número de Funcionarios, Judiciales, según región: 2007 y 2010

-

2,000

4,000

6,000


11,097

76,216

87,313



Total

0

1000

2000

Año 2007 1629 1136 219 13

Año 2010 1999 1499 241 15


146

BibliografíaEcuador, 1974. “Decreto Supremo 891”, Registro Oficial 636 de 11 de septiembre de 1974.

Ecuador. 2009. “Plan para la erradicación de la violencia de género en la niñez, adolescencia y mujeres”. En Red de Mecanismos de la Mujer Región Andina, REMMA <http://remmandina.org/sTGR/archivos/imagenesfk/file/erradicar_violencia/PLANNac_erradicarviolencia_Ecuador.pdf>

Espinoza, Gabriela, 2011. “Cumplimiento de disposiciones del Sistema Interamericano”. En Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos. Dos años de gestión, Quito: IMPRESSA, Publicidad Gráfica.

Estrella, sylvia, Poema Carrión, y Natalya unda, 2011. un espacio de servicio interdisciplinario. En Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos. Dos años de gestión, Quito: IMPRESSA, Publicidad Gráfica.

Gobierno Nacional de la República del Ecuador – Comisión de Transición hacia el Consejo de Igualdad de las Mujeres y de Género, 2010. “Respuesta al cuestionario segunda Ronda de Evaluación Multilateral. MECSEVI”. Quito.

Grafe, Fernando, et al, 2010. “Informe final del análisis del modelo de Gestión del Consejo de la Judicatura del sector Justicia”. Quito.

Constante, soraya, 2010. “Hacinamiento en las Cárceles del Ecuador”, jueves 18 de marzo de 2010. Número 122. En <www.diagonalperiodico.net>

Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Reparaciones y Costas”. sentencia de 17 de agosto de 1990. serie C N° 9, pp. 25.

Dávila, Elías, 2010. “VIH y Tuberculosis en el sistema de Rehabilitación Social”. Quito.

Dávila, Elías, 2011. “Informe de Actividades del año 2010”. Dirección de Salud de la Subsecretaría de Atención Integral a PPL. Quito.

Defensa Internacional del Niño (DNI) - MJDHC, 2008. “Adolescentes detenidos por la Policía y los procesos de internamiento”. Quito.

Dirección de Administración de Centros de Adolescentes Infractores, 2011. “situación de los Centros de Adolescentes Infractores a nivel nacional. Año 2010”. Quito.

Ecuador, 2009 Código Orgánico de la Función Judicial. Registro Oficial del 14 de marzo del 2009.

Ecuador, 1983. Ley Orgánica de la Función Jurisdiccional (dada por Ley N° 131, publicada en Registro Oficial 500, de 26 de mayo de 1983.

AECID-MJDHC, 2010. Informe de seguimiento – Proyecto “Plan de Implementación del Código orgánico de la Función Judicial y Transformación de la Justicia – 2010”. Quito.

Carbonell yánez, María Isabel 2011. “Indicadores de Derechos Humanos”. En Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos. Dos años de gestión, Quito: IMPREssA, Publicidad Gráfica. Carrión sarzosa, Poema, 2011. “Acciones en trata de personas”. En Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos. Dos años de gestión, Quito: IMPREssA, Publicidad Gráfica.

CEDHu, 2004. Sistema carcelario viola derechos fundamentales. Quito.

Chicaiza, Martín, 2011. “El arte como medio para la difusión de los derechos humanos: de la teoría a la práctica”. En Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos. Dos años de gestión, Quito: IMPREssA, Publicidad Gráfica.

Cóndor salazar, Mercedes y francisco Albuja Varela, 2011. “La materialización del derecho de acceso a la justicia a través de la Oficina de Atención a la Ciudadanía del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos”. En Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos. Dos años de gestión, Quito: IMPRESSA, Publicidad Gráfica

147

Herrera Aguirre, Ana Lucía, 2011. “El derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia: memoria y desafíos para un Estado responsable”. En Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos. Dos años de gestión, Quito: IMPRESSA, Publicidad Gráfica. Larrea, Carlos, 2010. “Informe Narrativo de la fase Piloto del SIDERECHOS”. Quito.

López, yadira, 2011. “Informe de Actividades del año 2010”. Quito.

Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, MJDHC, 2009. “Informe de Gestión 2009”. Quito.

MJDHC, 2010. “Memoria Institucional” 2010. Quito.

MJDHC, 2010. Convenio Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos con AGECI, 22 de mayo de 2010..

MJDHC, 2010. “Perfil del MJDHC” En <http://www.minjusticia-ddhh.gov.ec/>

MJDHC, 2010. ”Modelo de Atención Integral Socio-Psico Pedagógico para ser aplicado en los Centros de Internamiento de Adolescentes Infractores”. Quito.

MJDHC y Subsecretaría de Planificación, 2010. “Informe de Gestión de Enero a Diciembre 2010”. Quito.

MJDHC y subsecretaría de Desarrollo Normativo, 2010. Contratos de Consultorías y Actas de Entrega de productos comprometidos, años 2008, 2009 y 2010. Quito.

Morales ordóñez, Juan, 2010. Memoria Plan de Implementación del Código Orgánico de la Función

Judicial. Quito: MJDHC, Corte Nacional de Justicia, Consejo de la Judicatura, fiscalía General del Estado y Defensoría Pública.Naciones unidas, 2009. “Informe de la Relatora Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños”, AlHRC/I 0/16,20 de febrero de 2009.

OACNUDH, 2008.” Informe sobre los indicadores para promover y vigilar el ejercicio de los derechos humanos. Resumen”. Documento disponible HRI/MC/2008/3.

ojeda Rivadeneira, María del Cisne, 2011. “Capacitaciones: Policía Nacional, fuerzas Armadas, Jueces, fiscales y Ciudadanía”. En Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos. Dos años de gestión, Quito: IMPRESSA, Publicidad Gráfica.ojeda segovia, Lautaro, 2010. Violencia, Delincuencia e Inseguridad en el Ecuador. Instituto de Investigaciones de la universidad Alfredo Pérez Guerrero. uNAP, Quito.

Oña, Dimitri, 2008. “Informe final: diagnóstico sobre el conocimiento de la ciudadanía de sus derechos y los mecanismos de exigibilidad”, Quito: MJDHC.

Pásara, Luis, s/f. “Plan de acompañamiento a la implementación del Código orgánico de la función Judicial para la cooperación internacional”. Quito.

Pásara, Luis, s/f. “Línea de base de la producción judicial – Aspectos cualitativos”. Quito.

PNuD – MJDHC, s/f. Contratos de servicios Especiales para realización de consultorías, año 2008. Quito.

Pazos, Rina, 2011. “Información requerida para PROJUSTICIA” – Memorando No. MJDH-SDN-0117-11.

Dirigido a Javier Córdova, Viceministro. 14 de abril 2011. Quito.

sENPLADEs, 2009. Plan Nacional para el Buen Vivir, 2009 – 2013. Construyendo un Estado Plurinacional e Intercultural. Quito.

sP Investigación y Estudios, 2008. Producto 1. “Resultados del Censo Social y Demográfico Penitenciario del Ecuador”, Quito.

Torres Núñez, Fernando Javier, 2011. “La Oficina de Atención a la Ciudadanía frente a las quejas en contra de los/as operadores/As de justicia. Debate entre el principio de independencia judicial y la responsabilidad de los/as funcionarios/as judiciales”. En Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos. Dos años de gestión, Quito: IMPRESSA, Publicidad Gráfica.

universidad Andina simón Bolívar, 2010. Informe final fase 1 síDERECHos, Quito.

UTGDPP – MJDHC. “Reporte al SIGOB de 15/09/2010”. Quito

Este libro se terminó de imprimir en Quito - Ecuador, mayo 2011Realizado por Trama Ediciones

www.trama.ec | www.libroecuador.com

el_primer_paso_a_la_justicia

Documents